Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.602

Modifica ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en la forma que indica.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Edmundo Eluchans Urenda, Víctor Torres Jeldes, Enrique Accorsi Opazo, Lautaro Carmona Soto, Mónica Beatriz Zalaquett Said, Andrea Molina Oliva, María Angélica Cristi Marfil y Issa Kort Garriga. Fecha 11 de octubre, 2011. Moción Parlamentaria en Sesión 94. Legislatura 359.

1.2. Informe de Comisión de Superación de la Pobreza

Cámara de Diputados. Fecha 07 de mayo, 2012. Informe de Comisión de Superación de la Pobreza en Sesión 23. Legislatura 360.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 20.422 SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA FORMA QUE INDICA.

BOLETIN Nº 7.988-11

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social informa, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto mencionado en el epígrafe iniciado por moción de los señores (as) Diputados (as) Accorsi, don Enrique; Carmona, don Lautaro; Cristi, doña María Angélica; Eluchans, don Edmundo; Molina, doña Andrea y Torres, don Víctor.

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS

Para los efectos constitucionales, legales y reglamentarios pertinentes, se hace constar, en lo sustancial, previamente al análisis de fondo y forma de esta iniciativa, lo siguiente:

1°) Que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en eliminar una antinomia que existe en la ley N° 20.422, toda vez que su artículo 26 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda empero, el inciso sexto del artículo 1° transitorio, prescribe que “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.

2°) Que el artículo único de la iniciativa no requiere quórum especial para su aprobación.

3°) Que el proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por la unanimidad de los Diputados (as) presentes señores (as) Accorsi, don Enrique; Carmona, don Lautaro; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Romilio; Molina, doña Andrea y Robles, don Alberto.

4°) Que Diputada Informante se designó a la señora MOLINA, doña ANDREA.

***

Asistieron a la Comisión el señor Oscar Mellado, Subdirector de SENADIS, y la señora Elia Puentes, Fiscal de SENADIS. Concurren, además, los señores William Martínez, Director Regional de la VI Región de SENADIS; Marcelo Salamanca, Asesor de FENASOCH y las señoras Sandra Candia, Jefa de Gabinete de SENADIS y Victoria Silva, Apoderada del Instituto de la Sordera, INDESOR, y Andrea González, Intérprete de Sordos.

Concurrieron a la Comisión a expresar sus opiniones sobre materias relacionadas con la iniciativa a la sesión 42ª. de 28 de septiembre de 2011, los señores Fernando Ayala, Presidente; Juan Luis Marín, Vicepresidente; Christian Muñoz, Secretario, todos de la Federación Nacional de Sordos de Chile, FENASOCH y a la sesión 43ª. de 5 de octubre de 2011, además de los anteriores, los señores Melitón Bustinza, Intérprete de Sordos; Eduardo Casanueva, Telefonista de la Cámara de Diputados, y la señora Andrea González, Intérprete de Sordos.

II. ANTECEDENTES GENERALES

A. Antecedentes de hecho y de mérito que justifican la iniciativa

En la moción objeto de este informe se sostiene que la sordera ha sido convencionalmente definida como la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a la pérdida de una capacidad auditiva de orden parcial o total. Por ello una persona sorda será absolutamente incapaz de oír o bien tendrá dificultades para oír. Lo anterior a partir de causas genéticas o bien puede ser a consecuencia de una enfermedad, traumatismo, exposición continua al ruido o bien mecanismos nocivos para el nervio auditivo.

Estas anomalías de orden biológico y somático tienen grandes repercusiones en todos los ámbitos de la vida, muy especialmente en el plano social y consecuencialmente en el jurídico.

En efecto, la sordera puede afectar considerablemente la forma en que la persona se relaciona con su entorno, al encontrarse con una seria limitación en su capacidad de encontrar una vía de comunicación por el canal auditivo, es decir en el lenguaje oral.

Es así como este asunto se traspasa hacia el ámbito jurídico plasmando de alguna u otra forma los inconvenientes que en los hechos los sordos sufren en su vida cotidiana. Por ejemplo, el sordo en nuestra ley civil y cumpliendo con ciertos requisitos adicionales era considerado como un relativamente incapaz, vale decir debían actuar en el mundo del Derecho a través de un representante legal, en caso contrario sus actos eran nulos; posteriormente y en virtud de modificaciones al Código Civil y a la Ley de Matrimonio Civil, entre otras disposiciones, se ha incorporado el lenguaje de señas como elemento de validez de los actos y contratos en que tales personas intervienen, incorporando con ello, factores de mayor igualdad en las relaciones jurídicas en consonancia, por lo demás, con lo que la propia Constitución Política establece en materia de igualdad ante la ley, como asimismo, con los pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

La Constitución Política consagra el derecho constitucional de la Igualdad ante la Ley, en el artículo 19 número 2, el que consiste en que todos los hombres y mujeres son iguales ante el orden jurídico, sin que por lo mismo, existan privilegios ni prerrogativas de sangre, títulos nobiliarios, lugar de nacimiento, ni tampoco circunstancias personales de tales ciudadanos en cuanto a una discapacidad física o intelectual.

Pues bien, éste constituye el objetivo primario de la ley N° 20.422, o sea el asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con la finalidad de alcanzar su plena inclusión social, eliminando cualquier forma de discriminación a partir de la inhabilidad que invisten las individuos que la padecen. Establece además la ley en comento el deber del Estado de promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Los autores del proyecto de ley afirman también en la moción que la razón de ser de este instrumento legislativo no es otra que establecer principios o reglas lo suficientemente claras en materia de igualdad de derechos de estas personas, con la finalidad que la ley no se transforme en un conjunto de normas oscuras y sin valor práctico.

En efecto, el artículo 26 de la ley N° 20.422 establece expresamente que "se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda"; sin embargo, el inciso sexto del artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal prescribe "El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno". Existe en consecuencia una evidente antinomia en estas dos normas, toda vez que el artículo 26 de la ley N° 20.422 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda, empero el artículo 1° inciso sexto de la misma ley le niega tácitamente efectividad, al indicar que en un plazo determinado definirá el lenguaje de señas chileno.

La disposición del artículo 26 es la correcta, puesto que las lenguas no se definen, como lo pretende hacer la norma en el inciso sexto del artículo 1° transitorio, sino más bien se reconocen o declaran.

Con todo, el artículo 26 basta para el reconocimiento efectivo del lenguaje de señas, como una forma válida para el empleo de la comunidad sorda de nuestro país, el cual posee su propia sintaxis, gramática y léxico, la cual difiere del idioma castellano (chileno) como de otros lenguajes de señas.

Por lo demás, la misma ley de matrimonio le otorga plena validez al lenguaje de señas para poder contraer matrimonio, razón más que suficiente para el reconocimiento pleno del lenguaje de señas propio de nuestro país.

B. Disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el proyecto

1. El artículo 19 número 2° de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Consagra, asimismo, que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su artículo 2°, en materia de definiciones, entiende por “lenguaje” tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.

3. El artículo 26 de la ley N° 20.422 que establece expresamente que “se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda.”.

C. Contenido del proyecto

Deroga el inciso sexto del artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422 que prescribe:“El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.

III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO

A. Discusión general

El señor Oscar Mellado hizo entrega a la Comisión de un documento que en síntesis avala la presentación del proyecto de ley en esta materia, ya que puntualiza que el Servicio Nacional de la Discapacidad ha recogido la opinión de algunas organizaciones de personas con discapacidad auditiva, en el sentido de que no correspondería que el Estado fije una lengua de señas chilena.

En efecto, si bien puede señalarse que la idea de la ley N° 20.422 es fomentar el reconocimiento de la lengua de señas, no sería conveniente establecer la lengua de señas como oficial por cuanto podría limitar la posibilidad de la población con discapacidad de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de aprender, toda vez que no hay en este tema una opinión única, existiendo desde luego varios lenguajes de señas que pueden ser aplicables. De hecho, existen casi 10 dialectos de lengua de señas chilena, con diferencias importantes entre una y otra, por lo que al establecer que se deberá usar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso completo de certificación que es muy difícil de realizar. Incluso al interior de la comunidad sorda no existe unanimidad sobre la lengua de señas que se debe usar, ya que cada grupo aboga por la forma de lengua que usa en su comunidad particular.

El señor Juan Luis Marín explicó que dentro de las personas sordas hay una diversidad de realidades, desde personas que están en condiciones de aprender lectura labial hasta personas que no tienen la aptitud física para ello, para las cuales es más fácil comunicarse a través del lenguaje de señas. Por lo tanto, aclara que no es factible que todas las personas sordas puedan aprender a hablar.

En cuanto a la pregunta formulada por la Diputada señora Molina sobre la unificación del lenguaje de señas, indicó que las lenguas en regiones tienen distinto vocabulario, lo que es propio de éstas, de manera que nunca han pedido una unificación del lenguaje de señas, lo que sí han solicitado y necesitan las personas sordas es una ley de lenguaje de señas para que exista un reconocimiento legal, pero es imposible unificar a nivel nacional el lenguaje de señas.

El señor Fernando Ayala complementó la respuesta anterior, señalando que en el país existe una lengua de señas igual para todos, pero que tiene particularidades en el vocabulario dependiendo de la zona geográfica donde se emplee, de la edad y características del grupo social donde se utilice. Existe, por lo tanto, una lengua de señas chilena y lo que se requiere es su reconocimiento legal para facilitar la inclusión laboral y educacional.

El señor Christian Muñoz señaló que el año pasado se realizó una reunión de personas sordas de todo el país, donde se acordó que se tiene una sola lengua, en la que se emplean señas distintas para plasmar las diferencias de vocabulario que existen a lo largo del país, pero la lengua de señas es la misma.

El Diputado señor Browne sostuvo que ciertamente no todas las personas sordas tienen la capacidad para aprender a hablar, pero en el caso de las personas que tengan las aptitudes para ello es necesario que exista un subsidio o un centro de apoyo dependiente de algún organismo del Estado que permita que esas personas puedan acceder a la educación que requiere el aprender a hablar.

La Diputada señora Molina planteó que las personas con discapacidad auditiva hoy sólo pueden optar a colegios especiales porque los colegios regulares carecen de las condiciones necesarias para poder integrar a estos niños. Por su parte, las personas sordas que logran superar todos los obstáculos e ingresan a la educación superior tienen el problema que los monitores sólo se les entrega por un tiempo determinado, 1 año, con todos los problemas que eso genera para la persona sorda.

El señor Oscar Mellado explicó que el reglamento que debe dictarse para dar accesibilidad a la programación televisiva por parte de las personas con discapacidad auditiva se llevó a consulta ciudadana, donde estuvieron presente los representantes de FENASOCH y hoy está en la Contraloría General de la República a la espera del trámite de toma de razón.

En relación al lenguaje de señas, señaló que Senadis, luego de una serie de conversaciones con los diversos representantes de las personas sordas, solicitó a la Secretaría General de la Presidencia la presentación de un proyecto que derogue el artículo de la ley N° 20.422 que dispone que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno, porque se trata de un tema que ya está claramente definido.

Finalmente, informó que se modificó en el proyecto de financiamiento de intérprete de lengua de señas para estudiantes universitarios, la exigencia que el joven tuviera que cada año solicitar la renovación de este beneficio, de manera que cumpliéndose determinadas condiciones el monitor acompañará al estudiante durante toda su carrera. Esta modificación requiere ciertamente un incremento del presupuesto para poder financiar cada año no sólo a los estudiantes de continuidad, sino que también a los nuevos estudiantes sordos que ingresan a la educación superior y que requieren de este apoyo.

El señor Fernando Ayala hizo presente que el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422 que establece que “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno”, debe ser derogado porque basta con el artículo 26 de dicha ley que reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. De hecho, señaló que el lema de la marcha realizada por dicha comunidad el año pasado fue “la lengua de señas chilena existe, nada que definir.”.

El señor Muñoz expresó que la FENASOCH ignoraba que el SENADIS había solicitado a la Secretaría General de la Presidencia el envío de un proyecto de ley para derogar el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, por lo cual solicita que los temas relacionadas con las personas con discapacidad auditiva se trabajen en conjunto con la Federación, ya que en ella están representados las personas afectadas.

B. Discusión particular

Puesto en votación el artículo único del proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados (a) presentes señores (a) Accorsi, don Enrique; Carmona, don Lautaro; Chahin, don Fuad; Gutiérrez, don Romilio; Molina, doña Andrea y Robles, don Alberto.

IV. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN

Ninguno.

V. ARTÍCULOS QUE NO FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD

Ninguno.

Se han introducido al proyecto modificaciones formales que se recogen en el texto propuesto a continuación.

VI. TEXTO APROBADO O RECHAZADO POR LA COMISIÓN

En virtud de lo antes expuesto y de los antecedentes que dará a conocer oportunamente la señora Diputada Informante, la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Derógase el inciso sexto del artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.”.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 28 de septiembre, 5 de octubre de 2011, y 2 de mayo de 2012, con la asistencia de los Diputados (as) señores (as) Lautaro Carmona y Enrique Accorsi (Presidente), Pedro Browne, Fuad Chahin, Roberto Delmastro, Fidel Espinoza, Romilio Gutiérrez, Issa Kort, Alberto Robles, Jorge Sabag y las Diputadas señoras María Angélica Cristi, Andrea Molina y Mónica Zalaquett.

SALA DE LA COMISIÓN, a 7 de mayo de 2012.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO

Abogado Secretario de la Comisión

1.3. Discusión en Sala

Fecha 17 de mayo, 2012. Diario de Sesión en Sesión 30. Legislatura 360. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

DEROGACIÓN DE DISPOSICIÓN SOBRE LENGUAJE DE SEÑAS, CONTENIDA EN LEY N° 20.422 SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Primer trámite constitucional.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en la forma que indica.

Diputada informante de la Comisión de Superación de la Pobreza , Planificación y Desarrollo Social es la señora Andrea Molina.

Antecedentes:

-Moción, boletín N° 7988-11, sesión 94ª, en 11 de octubre de 2011. Documentos de la Cuenta N° 6.

-Informe de la Comisión de Superación de Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, sesión 23ª, en 8 de mayo de 2012. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Comunico a la Sala que el informe que entregará la diputada señora Andrea Molina y el posterior debate del proyecto serán transmitidos mediante lenguaje de señas a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados. Ello, para que las personas con discapacidad auditiva puedan seguir esta etapa de la tramitación legislativa de la iniciativa.

Tiene la palabra la diputada informante de la Comisión de Superación de la Pobreza.

La señora MOLINA , doña Andrea (de pie).- Señor Presidente , para mí es un honor informar este proyecto de ley, que es un sueño de muchos años y que contribuye a que avancemos en la inclusión social de las personas con discapacidad.

Para los discapacitados y sus familias -muchos de quienes nos acompañan hoy en las tribunas- este es un momento relevante.

En nombre de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, paso a informar el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, boletín N° 7988-11.

El proyecto fue iniciado por moción de los diputados señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; señora Cristi , doña María Angélica ; señor Eluchans, don Edmundo ; señora Molina , doña Andrea, y señor Torres, don Víctor .

El proyecto en informe consiste en eliminar una antinomia que existe en la ley

N° 20.422, toda vez que su artículo 26 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda. Empero, el inciso sexto del artículo 1° transitorio, prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.

Asistieron a la Comisión durante la discusión del proyecto el señor Oscar Mellado , subdirector del Senadis, y la señora Elia Puentes , fiscal del Senadis. Concurrieron, además, los señores William Martínez , director regional de la Sexta Región del Senadis ; las señoras Sandra Candia , jefa de Gabinete del Senadis, y Victoria Silva , apoderada del Instituto de la Sordera, Indesor, y Andrea González, intérprete de sordos.

También concurrieron los señores Fernando Ayala , presidente ; Juan Luis Marín , vicepresidente; Christian Muñoz , secretario; Marcelo Salamanca , asesor, todos de la Federación Nacional de Sordos de Chile, Fenasoch; la señora Victoria Silva , apoderada del Instituto de la Sordera, Indesor; Eduardo Casanueva , telefonista de la Cámara de Diputados, y el señor Melitón Bustinza , intérprete de sordos, a quien le envío un caluroso saludo, ya que he sabido que no se encuentra muy bien de salud.

En la moción objeto de este informe se sostiene que la sordera ha sido convencionalmente definida como la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a la pérdida de una capacidad auditiva de orden parcial o total. Por ello, una persona sorda será absolutamente incapaz de oír o bien tendrá dificultades para oír. Lo anterior puede tener su origen en causas genéticas o en una enfermedad, en un traumatismo, en exposición continua al ruido, o bien en mecanismos nocivos para el nervio auditivo.

Estas anomalías de orden biológico y somático tienen grandes repercusiones en todos los ámbitos de la vida, en especial en lo que se refiere al plano social y consecuencialmente en el jurídico.

En efecto, la sordera puede afectar considerablemente la forma en que la persona se relaciona con su entorno, al encontrarse con una seria limitación en su capacidad para encontrar una vía de comunicación por el canal auditivo, es decir en el lenguaje oral.

Es así como este asunto se traspasa hacia el ámbito jurídico, plasmando de una u otra forma los inconvenientes que en los hechos los sordos sufren en su vida cotidiana. Por ejemplo, el sordo en nuestra ley civil y cumpliendo con ciertos requisitos adicionales era considerado como un relativamente incapaz, vale decir, debía actuar en el mundo del derecho a través de un representante legal; en caso contrario, sus actos eran nulos.

Posteriormente, y en virtud de modificaciones al Código Civil y a la Ley de Matrimonio Civil, entre otros cuerpos legales, se ha incorporado el lenguaje de señas como elemento de validez de los actos y contratos en que tales personas intervienen, incluyendo con ello factores de mayor igualdad en las relaciones jurídicas, en consonancia con lo que la propia Constitución Política establece en materia de igualdad ante la ley, como asimismo, con los pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

La Constitución Política, en el número 2° de su artículo 19, consagra el derecho constitucional de la igualdad ante la ley.

La ley N° 20.422, tiene entre sus objetivos asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con la finalidad de alcanzar su plena inclusión social, eliminando cualquier forma de discriminación fundada, en este caso, en la sordera que las afecta. Además, la ley en comento establece el deber del Estado de promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

El artículo 26 de la ley N° 20.422 dispone expresamente: “Se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda”. Sin embargo, el inciso sexto del artículo 1° transitorio del mismo cuerpo legal prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.

En consecuencia, existe una evidente antinomia en estas dos normas, toda vez que el artículo 26 de la ley N° 20.422 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda, empero, el artículo 1°, inciso sexto de la misma ley, le niega tácitamente efectividad, al indicar que en un plazo determinado definirá el lenguaje de señas chileno.

La disposición del artículo 26 es la correcta, puesto que las lenguas no se definen, como lo pretende hacer la norma en el inciso sexto del artículo 1° transitorio, sino más bien se reconocen o declaran.

Contenido del proyecto.

Se deroga el inciso sexto del artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422, que prescribe: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.

Discusión general.

El señor Oscar Mellado hizo entrega a la Comisión de un documento que, en síntesis, avala la presentación del proyecto de ley en esta materia, ya que puntualiza que el Servicio Nacional de la Discapacidad ha recogido la opinión de algunas organizaciones de personas con discapacidad auditiva, en el sentido de que no correspondería que el Estado fije una lengua de señas chilena.

En efecto, si bien puede señalarse que la idea de la ley N° 20.422 es fomentar el reconocimiento de la lengua de señas, no sería conveniente -según él- establecer la lengua de señas como oficial por cuanto podría limitar la posibilidad de la población con discapacidad de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de aprender, toda vez que no hay en este tema una opinión única, existiendo desde luego varios lenguajes de señas que pueden ser aplicables. De hecho, existen casi diez dialectos de lengua de señas chilena, con diferencias importantes entre una y otra, por lo que al establecer que se deberá usar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso completo de certificación que es muy difícil de realizar. Incluso -señaló- al interior de la comunidad sorda no existe unanimidad sobre la lengua de señas que se debe usar, ya que cada grupo aboga por la forma de lengua que usa en su comunidad particular.

El señor Juan Luis Marín explicó que dentro de las personas sordas hay una diversidad de realidades, desde personas que están en condiciones de aprender lectura labial hasta personas que no tienen la aptitud física para ello, para las cuales es más fácil comunicarse a través del lenguaje de señas. Por lo tanto, aclara que no es factible que todas las personas sordas puedan aprender a hablar.

El proyecto de ley en informe fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados y diputadas presentes, señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; Chahín, don Fuad ; Gutiérrez, don Romilio ; señora Molina , doña Andrea, y Robles, don Alberto .

Discusión particular.

Puesto en votación el artículo único del proyecto, fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, señores Accorsi, don Enrique ; Carmona, don Lautaro ; Chahín, don Fuad ; Gutiérrez, don Romilio ; señora Molina , doña Andrea, y Robles, don Alberto .

Tratado y acordado en sesiones de fechas 28 de septiembre, 5 de octubre de 2011, y 2 de mayo de 2012, con la asistencia de los diputados señores Lautaro Carmona , Enrique Accorsi ( Presidente ), Pedro Browne , Fuad Chahín , Roberto Delmastro , Fidel Espinoza , Romilio Gutiérrez , Issa Kort , Alberto Robles , Jorge Sabag y de las diputadas señoras María Angélica Cristi , Andrea Molina y Mónica Zalaquett .

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- En discusión el proyecto de ley.

Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , en esta sesión se ha hecho sentir que los proyectos tratados en este Hemiciclo no se refieren solo a castigos, a través del Código Penal, a economía, a materias relacionadas con el Código Civil o a conductas señaladas en la Constitución Política de la República. Aquí, los principios de sentimientos sociales son tremendamente valorados.

La firma de un gran número de parlamentarios para ser parte de la donación de órganos demuestra que estamos en buen camino. Esto coincide con una carta que todos los diputados hemos recibido de parte de los funcionarios discapacitados de las plantas municipales, cuyos planteamientos podrían considerarse durante el estudio de este proyecto, que parece relativamente simple, pero que tiene un gran contenido.

En sus fundamentos se señala que se ha tomado conciencia de la necesidad de incluir a todas las personas que, por distintas razones, pertenecen a grupos que sufren algún tipo de discriminación. Quisiera que esta fuera una norma indiscutida; pero todavía nos falta mucho por hacer.

El caso concreto de las personas con discapacidad auditiva no es una excepción y, por eso, este proyecto apunta en la dirección de evitar que en la ley sobre inclusión de personas con discapacidad se mantenga la consagración de una aparente discriminación. A ese objetivo apunta el proyecto.

Considero que la intención de los autores de la iniciativa es muy loable, por lo mismo, deberíamos apoyarla. Al respecto, quiero señalar que quienes hacemos uso de la palabra tratamos de buscar los posibles errores de las iniciativas, a fin de discutirlos y lograr legislaciones adecuadas que beneficien realmente a quienes se pretende favorecer.

Quiero hacer notar que, al legislar sobre esta materia, corremos el riesgo de tener un problema de oportunidad. No sé si la diputada informante podría tomar nota de lo que digo, a fin de que me responda si estoy equivocado y si esta situación fue discutida en la Comisión. Reitero, al legislar en este instante, corremos el riesgo de tener un problema de oportunidad, ya que lo que se deroga es un inciso de una disposición transitoria, que establece un plazo perentorio de tres años para su aplicación; pero, debemos considerar que la ley N° 20.422 entró en vigencia el 10 de febrero de 2010 y que el plazo de tres años se cumple el 9 de febrero de 2013; es decir, dentro de ocho meses. Además, el proyecto está en primer trámite constitucional en la Cámara y, después, debe ir al Senado. Es decir, el tiempo sigue corriendo.

Por cierto, voy a aprobar el proyecto, pero espero que su tramitación posterior sea lo más rápida posible, porque puede ocurrir que, eventualmente, no se cumpla con su objetivo.

Por lo tanto, me gustaría que los autores de esta loable iniciativa tengan en cuenta esta situación, a fin de que la consideren durante la discusión que estamos iniciando en esta sesión.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la disputada señora Andrea Molina.

La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente , para responder la pregunta del diputado señor Jaramillo , puedo decirle que la situación que señaló fue discutida en la Comisión. Sin embargo, lo más relevante dice relación con otra materia.

Lo que queremos es terminar con una situación que ha impedido a la comunidad sorda ser parte de la sociedad como corresponde, porque quienes establecieron un plazo de tres años para generar un lenguaje de señas, tampoco se comunicaron con los discapacitados. De hecho, hoy la comunidad sorda dice: “La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con esto”.

Por eso, impulsamos este proyecto, precisamente, en respuesta a su solicitud. Se trataba de una discriminación sin sentido, debido a lo cual toda la comunidad sorda estaba de acuerdo con que se derogara la norma que establece tres años, porque ellos se entienden perfectamente a través de su lenguaje de señas. Por cierto, hay diferencias. Por ejemplo, los niños se comunican de una forma distinta. Sin embargo, todos nos entendemos, si queremos hacerlo de verdad.

Por eso, hemos puesto énfasis en sacar adelante este proyecto lo más rápidamente posible. Ya estamos en conversaciones con el Senado, porque creemos que un proyecto de esta naturaleza debiera ser aprobado a la mayor brevedad.

Por otro lado, con su aprobación terminaremos con la discriminación que la comunidad sorda ha tenido que enfrentar durante muchos años. Al mismo tiempo, reivindicaremos la identidad de muchas personas que, hasta ahora, habían estado en el más completo anonimato y que han tenido que buscar formas para poder sobrevivir en un país lleno de prejuicios.

Aquí estamos reconociendo un lenguaje de señas que es único y universal y que permitirá a las personas sordas acceder no solo a la información, sino a todos los ámbitos de la vida cotidiana, llámese educación, salud, participación social o vida laboral. Estamos hablando de un reconocimiento absoluto de estas personas.

Esta modificación tiene algo muy particular. Ya no podremos afirmar que los sordos podrán integrarse a nuestra sociedad, porque lo han hecho desde siempre, con mayor o menor dificultad; seremos nosotros los que deberemos posibilitar la integración, seremos nosotros los que deberemos incorporarnos al mundo de la comunidad sorda, aprender a comunicarnos con los discapacitados, a mirarlos con los mismos ojos con que miramos al resto de las personas.

Quiero ser muy clara en esto. Debemos dar muchos pasos en esta materia. Como decía un colega, debemos ir avanzando paso a paso, para terminar con una discriminación que nosotros mismos hemos generado al subestimar a la comunidad sorda. Es cierto que no podrán escucharnos, pero tienen las facultades para realizar todas las actividades imaginables.

De manera que estamos ante un hermoso desafío. La discapacidad está en nuestras mentes, hecho que queda absolutamente demostrado con el caso de las personas sordas que hoy nos acompañan en las tribunas y a quienes deberíamos brindarles un aplauso. Los discapacitados están repartidos por todo el territorio nacional; solo debemos darles los espacios que necesitan, porque no son distintos a nosotros.

Ellos me han pedido especialmente que dé lectura -con esto termino- a los acuerdos que adoptaron en la asamblea que realizaron recientemente.

“La asamblea reconoce y acuerda, por unanimidad, con los delegados presentes de las organizaciones de personas sordas de todo el territorio nacional, que el uso correcto para denominar la lengua de señas usada por las personas sordas en Chile, como medio de comunicación, es la lengua de señas chilena, cuya sigla, en adelante, será LSCH.

Asimismo, acuerda que hay que respetar y validar el reconocimiento de la lengua de señas chilena utilizada por la comunidad de las personas sordas en nuestro país, cuya lengua es y ha sido siempre una, ya que dentro de una lengua existe variación lingüística que consiste en la concurrencia de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua.

Además, se debe reconocer y promover el valor lingüístico, cultural, social y patrimonial de la lengua de señas chilena como lengua de las personas sordas y de las actividades que estas realicen, asegurando el acceso universal inclusivo en igualdad de condiciones, para su pleno desarrollo en los diversos ámbitos: educación, salud, laboral, judicial y social, sin detrimento del uso de la pluralidad lingüística.

Se procede a firmar el acta, siendo las 18.00 horas, sin otro tema que tratar por la asamblea.”.

Me pidieron que leyera el acta, para que queden claros sus argumentos y por qué presentamos esta moción. Invito a todos los colegas a votarla favorablemente y al Senado a que la apruebe lo antes posible.

Este es un comienzo. Queremos que cuando llegue un sordo a un hospital, todos puedan entender lo que le sucede; que cuando se produzca una catástrofe en nuestro país, haya una persona, como ocurre actualmente, que les informe lo que pasa; que no terminen presos porque no escucharon o porque nadie les dijo lo que ocurría. Hay una serie de situaciones que demuestran que aún estamos a años luz en relación con otros países.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.

El señor MARTÍNEZ .- Señor Presidente , es evidente que en las políticas públicas relacionadas con el área social, principalmente en el ámbito educacional, se han hecho esfuerzos concretos por incorporar temas relacionados con la integración y la diversidad.

En ese contexto, en 2008, Chile ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, destinada a promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad y a promover el respeto de su dignidad.

En esa línea, el 10 de febrero de 2010, entró en vigencia la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, que se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social y tiene como objetivos establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad y velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas.

Esta ley y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas constituyen el marco legislativo sobre el tema de la discapacidad en Chile.

La problemática se deriva, tal como lo precisa el informe, por la colisión con lo dispuesto en el artículo 26 de la ley N° 20.422, al consagrar expresamente “el lenguaje de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda”, con lo establecido en el artículo primero transitorio, inciso sexto, del mismo cuerpo legal, que le niega tácitamente efectividad al disponer lo siguiente: “El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.

La inviabilidad de esta norma surge, como se ha dicho, porque dentro del universo de las personas con discapacidad auditiva existe una enorme diversidad de realidades, desde personas que están en condiciones de aprender lectura labial hasta las que no tienen la aptitud física para ello, para las cuales es más fácil comunicarse a través del lenguaje de señas. Por lo tanto, técnicamente, no es factible que todas las personas sordas puedan aprender a hablar.

Especialistas, como don Fernando Ayala , explican que en el país existe una lengua de señas igual para todos, pero que tiene particularidades en el vocabulario, dependiendo de la zona geográfica donde se emplee, de la edad y de las características del grupo social en que se utilice.

En consecuencia, existe una lengua de señas chilena, y lo que se requiere es su reconocimiento legal para facilitar la inclusión laboral y educacional. Pero, evidentemente, no es necesaria su definición, puesto que las lenguas no se definen, sino, más bien, se reconocen o se declaran.

Incluso más, si ello fuera posible, se limitaría la posibilidad de la población con discapacidad de acceder a otros lenguajes distintos, más modernos o más fáciles de aprender, debido a la existencia de casi diez dialectos de la lengua de señas chilena, con diferencias importantes entre uno y otro.

Por lo tanto, al establecer que se deberá utilizar la lengua de señas chilena, se está hablando de un proceso completo de certificación, lo que es muy difícil de realizar. Por lo tanto, basta con el artículo 26 de dicha ley, que reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda.

Precisado lo anterior, nos queda, desde mi perspectiva, la necesidad imperiosa, en términos de discapacidad, de generar una política pública articulada, clara y con un horizonte definido que permita determinar la forma de operacionalizar el enfoque de la discapacidad de manera inclusiva y transversal en todos los ámbitos de la sociedad.

Por lo tanto, invito a los colegas a votar favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag.

El señor SABAG.- Señor Presidente , solo para apoyar esta modificación a la ley sobre discapacidad, que, como se dijo, fue promulgada el 10 de febrero de 2010 por la Presidenta Michelle Bachelet , y que nos tocó tramitar durante el período legislativo anterior.

Esta es, si no me equivoco, una de las primeras enmiendas a esa ley, a fin de concordar algo que era lógico: que no corresponde fijar un lenguaje de señas, sino reconocerlo.

Hoy, lo que está haciendo el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) es certificar un lenguaje de señas único y universal para todo el país. Como se expresó, existen algunas variaciones a lo largo y ancho del país; pero así como en el lenguaje oral en español se producen algunas diferencias, y uno recurre al Diccionario de la Real Academia Española , también en el lenguaje de señas se debería acudir a una fuente. Eso es lo que está tratando de hacer el Senadis, a través de una certificación, lo cual me parece adecuado.

No obstante, sin perjuicio de valorar esta iniciativa legal, hay aspectos mucho más relevantes de la ley N° 20.422 que todavía están pendientes, como la dictación de los reglamentos que la hagan operativa. Así, por ejemplo, se debe dictar un reglamento para la accesibilidad a la programación televisiva por las personas con discapacidad auditiva -para tal efecto, se llevó a cabo una consulta ciudadana-, materia que todavía está en trámite para su toma de razón.

También está pendiente la dictación del reglamento para la importación de ayudas técnicas y automóviles para personas con discapacidad. La ley establece una serie de exenciones tributarias, pero todavía no se ha dictado el respectivo reglamento. Por lo tanto, no es operativa.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no ha dictado el reglamento en relación con el closed caption o de sistema de subtítulos para programas de televisión, en circunstancias de que la ley establece la obligación del Estado de transmitir la programación televisiva, los noticiarios, con subtítulos para las personas con discapacidad auditiva. Eso tampoco se ha dictado.

De manera que es importante esta adecuación legal; pero, a mi juicio, es mucho más importante que el Gobierno acelere la dictación de esos reglamentos que harán operativa la ley N° 20.422, cuyos beneficios recibirán las personas con discapacidad, que ascienden a 13,2 por ciento; es decir, cerca de 2 millones de compatriotas tienen algún tipo de discapacidad.

En el mundo de la discapacidad auditiva hay mucho que hacer. Reconocer que existe un solo lenguaje en el país, es un adelanto. También hay que avanzar en el reconocimiento de las personas con discapacidad auditiva en los ámbitos universitario y estudiantil en general.

En cuanto al financiamiento del intérprete de lengua de señas para estudiantes universitarios, cada año los respectivos jóvenes deben solicitar la renovación de ese beneficio. La idea es que, cumpliéndose determinadas condiciones, el monitor acompañe al estudiante durante toda su carrera.

Esta modificación requiere un incremento presupuestario para financiar cada año no solo a los estudiantes de continuidad, sino, también, a los nuevos estudiantes sordos que ingresan a la educación superior y que requieren de ese apoyo.

La idea de la ley -cabe recordar que la discapacidad fue ratificada por la respectiva convención internacional como una cuestión de derechos humanos- es precisamente avanzar en la inclusión social de las personas con discapacidad. La iniciativa va en esa dirección, pero existen muchos otros aspectos por mejorar en materia de comunicaciones, de educación. Para eso, la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social, presidida por el diputado Enrique Accorsi , ha estado abierta a todas las personas con discapacidad para escuchar sus demandas, como esta, que nació precisamente por una invitación que hicieron la diputada Andrea Molina y otros parlamentarios a la comunidad con discapacidad auditiva, y que pronto se transformará en ley.

Las puertas de la Comisión están abiertas para todas las personas con discapacidad. En dicha instancia pretendemos lograr una mayor inclusión social de esas personas y cumplir con esta ley que aprobamos en el período anterior.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.

El señor MEZA.- Señor Presidente , estamos discutiendo, en su primer trámite constitucional, el informe de la Comisión de Superación de la Pobreza, Planificación y Desarrollo Social sobre el proyecto que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidades, en este caso auditiva.

En Chile, el 11 por ciento de la población padecemos de algún grado de discapacidad. Se dice que nadie dice la verdad cuando señala que no sufre ningún tipo de discapacidad, pues todos, cual más cual menos, llevamos en nuestro organismo imperfecto algún grado de discapacidad. 2,5 millones de personas tienen capacidades diferenciadas en nuestro país; 90 millones en América Latina y 600 millones en el mundo. En su mayoría, son estigmatizados y marcados de por vida por ser diferentes.

Justamente, en la sesión de ayer, mientras rendíamos homenaje a la Gran Logia Masónica de Chile en sus 150 años de vida, hablábamos acerca de la importancia que tiene la tolerancia, el saber aceptar a quien es aparentemente “distinto” de la mayoría de la población, y de la importancia de respetar a quien piensa diferente, a quien no es hincha del mismo equipo de fútbol, al que no tiene la misma iglesia para llegar a Dios, a quien no pertenece al mismo partido político o no sustenta las mismas ideas políticas de sus semejantes.

En el caso de las personas con capacidades diferenciadas, la intolerancia se ha hecho presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, en el rubro del transporte, rara vez se ayuda a una persona que tiene dificultades para movilizarse; rara vez los organismos públicos cumplen con la ley N° 20.422, a pesar de que está llena de imperfecciones, según me han manifestado personas de diferentes clubes de discapacitados en mi distrito y en la Región de La Araucanía. Justamente, esta es una de ellas, pues a través de un artículo existe una condición para validar el lenguaje de señas en nuestro país, lo que no es necesario hacer a través de un reglamento, porque ya está reconocido dentro de la ley, más allá de los matices que puedan existir de una región a otra.

Entonces, cuando hablamos del cumplimiento de la ley N° 20.422, también nos damos cuenta de capacidades diferenciadas del Ejecutivo y del propio Parlamento, al no plantear muchas exigencias, como las que mencionó hace un momento el estimado colega Sabag.

No existe un reglamento en el ámbito del transporte público para hacer realidad lo que estipula la ley. El uso del sistema Braille lo solicitamos a través de diferentes proyectos que hemos aprobado con el objeto de que, en todas las reparticiones públicas, las personas privadas de la vista o con disminución de la agudeza visual tengan a su disposición este sistema, para que entiendan y enfrenten de mejor manera los trámites que deben realizar. Por ejemplo, si alguna persona con discapacidad quiere realizar algún trámite judicial, es preciso que se haga acompañar de un representante legal; de lo contrario, lo que diga carecerá absolutamente de legalidad.

Por otra parte, el acceso adecuado de las sillas de ruedas a los organismos públicos está limitado; incluso, muchas municipalidades no cuentan con ellos. En varios edificios de distintos ministerios aún existen serios inconvenientes. Es más, los discapacitados ni siquiera pueden acceder a las playas o lagos de nuestro país en época de verano, porque no existe la posibilidad de que, por ejemplo, una persona que se encuentra en silla de ruedas se acerque, acompañado, a la orilla del mar.

Por lo tanto, falta mucho por hacer respecto de las necesidades de los discapacitados. Para ser importados, muchos elementos técnicos aún dependen de una reglamentación. Eso permitiría mejorar la calidad de vida de tantas chilenas y chilenos que nos miran con angustia y a quienes nosotros -digo “nosotros” en general, aunque yo no lo haga- miramos como personas que no tienen la posibilidad de integrarse plenamente a esta sociedad.

Por ello, es preciso que no solo la bancada del Partido Radical apruebe el proyecto -así será-, sino todas. Además, es necesario pedir al Ejecutivo que trabaje con más ahínco para reglamentar lo que está establecido así en la ley N° 20.422.

Hasta la Ley de Matrimonio Civil reconoce como válido el lenguaje de señas en nuestro país para contraer matrimonio entre personas sordas. Por lo tanto, no podemos sino eliminar el artículo que está condicionando la aceptación definitiva del lenguaje de señas en Chile.

Ojalá que el Estado, a través del Gobierno, adopte las medidas necesarias en el asunto y que los privados, los empresarios, entiendan y acepten que, al menos, uno de cada diez funcionarios que trabajen en sus reparticiones pueda tener algún grado de discapacidad en su cuerpo o intelecto, quienes pueden desarrollar perfectamente bien las tareas adaptadas a ellos.

Ojalá que la televisión chilena, que tanto daño ocasiona al desarrollo cultural de nuestro país y tanto menosprecio manifiesta por el intelecto y la cultura, que abraza y levanta a cada rato ídolos de barro en los que se mira nuestra juventud, que a cada rato impregna de sangre los noticieros y ahuyenta la cultura de sus espacios, tome nota de que resulta imprescindible incorporar nuevamente el sistema de closed caption y el lenguaje de señas en toda su programación.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín.

El señor CHAHÍN.- Señor Presidente , la ley N° 20.422, que establece un marco jurídico para la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en su artículo 26 reconoce la lengua de señas como el medio de comunicación natural de la comunidad sorda. Sin embargo, esta norma termina siendo meramente declarativa debido al inciso sexto del artículo primero transitorio, que intenta otorgar al Estado una facultad que es imposible de ejercer, como es definir efectivamente cuál será en definitiva el lenguaje de señas para Chile.

Como bien expresaron la diputada informante y autora del proyecto, señora Andrea Molina , y otros diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, las lenguas no se definen, sino que se reconocen y declaran. Por lo tanto, al entrar en contradicción estas dos normas -el artículo 26 con el inciso sexto del artículo primero transitorio del mismo cuerpo legal-, se transforma en una mera declaración, que no tiene una aplicación práctica.

Lo que en su momento buscó el legislador fue, justamente, que este reconocimiento como lengua natural de la comunidad sorda tuviese efectos no solo en la vida cotidiana, sino también en su vida jurídica, que se aceptara a nivel legal como su lenguaje propio y no se les exigiera darse a entender por escrito, como lo establece la legislación, para que sus actuaciones jurídicas tengan plena validez.

Por lo tanto, era necesario corregir la norma para darle aplicación práctica, para que pasara de ser una norma meramente declarativa a una de carácter sustantivo, que estableciera derechos permanentes que se puedan ejercer por la comunidad sorda.

Pero, como lo dijeron los diputados Sabag y Meza , esa ley, promulgada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet , de gran importancia y que generó muchas expectativas, presenta dificultades más profundas que las que hoy estamos corrigiendo para su aplicación práctica, que dicen relación con el retardo en la dictación y total tramitación de los reglamentos en materia de sistema de closed caption -de subtitulado-, en cuanto al transporte o respecto de la importación de ayudas técnicas.

Recientemente, en esta Cámara aprobamos un proyecto de ley, del cual soy uno de los autores, que declara inembargables tales ayudas técnicas.

Sin embargo, tenemos un déficit: el alto costo de las ayudas técnicas. Por lo tanto, es importante que se dicte el reglamento correspondiente para facilitar, por ejemplo, la importación de automóviles para personas con discapacidad.

Sería conveniente que nos explicaran hasta cuándo seguiremos esperando que se tramiten totalmente los reglamentos, para que esta ley, que generó muchas expectativas, signifique un cambio en la relación del Estado y la sociedad con las personas con discapacidad, que en el país asciende a aproximadamente 15 por ciento de la población.

Además, estamos trabajando -debemos reconocerlo- muy estrechamente con el Senadis y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a fin de mejorar los proyectos de ley originados en mociones -de algunas, soy autor; otras fueron elaboradas por distinguidos colegas-, que buscan mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, no solo con algún tipo de discapacidad física, sino también intelectual o cognitiva.

Pero, no solo queremos crear una cuota, también queremos que para llenarla se contrate a personas en un trabajo donde puedan desarrollar sus capacidades y sean un real aporte a la empresa o al servicio público.

No queremos imponer una cuota por ley, y que se contrate a esas personas solo para cumplir esa exigencia, pero que terminen en una especie de subtrabajo o, como se dice en la jerga pública, en la “huesera”. No queremos afectar la dignidad de esas personas. Ellos tienen muchas capacidades y, a veces, muy desarrolladas; por lo tanto, pueden hacer un aporte. Para eso hay que establecer incentivos y generar condiciones en los servicios públicos y en las empresas, para que esas personas no solo puedan tener un empleo y sean incluidas, sino que también aporten, con todas sus capacidades, al desarrollo de la comunidad, de la economía y del servicio público.

Por lo tanto, estamos generando una batería de medidas que nos pueden permitir dar el siguiente paso: el de la plena inclusión, no solo social, sino también laboral. Pero, para lograr ese objetivo, también tenemos que avanzar en cambios culturales.

En la medida en que los proyectos de ley se debatan, como ha ocurrido en este caso, y se perfeccione y mejore la legislación vigente, también se colocará la discapacidad como un tema de discusión en nuestra sociedad, porque a veces nos cuesta verlo o solo lo abordamos durante el período en que se realiza la Teletón. Pero la discapacidad requiere de una atención mucho más profunda, rica y permanente.

El proyecto corrige una dificultad en la aplicación práctica de la ley de discapacidad y elimina una norma del articulado transitorio. Aunque esto constituye un aporte, sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer. Insisto en que otras dificultades de la ley para su aplicación son distintas a las que corregimos hoy, pues dicen relación, más bien, con la necesaria tramitación total de los reglamentos para su plena operación.

Valoro esta iniciativa, especialmente la labor de sus autores, encabezados por la diputada Andrea Molina , y anuncio que vamos a respaldar, con entusiasmo, este sencillo pero importante proyecto de ley.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.

La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , me sumo a las expresiones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero me voy a enfocar en un tema básico para hacer real la posibilidad de que las personas con discapacidad se puedan integrar al mundo social.

En primer lugar, la ley sobre la discapacidad fue promulgada el 10 de febrero de 2010, pero aún, después de dos años y tres meses, no cuenta con los reglamentos para su aplicación, lo que ha significado que la norma no se cumpla como corresponde.

La citada ley se preocupa especialmente de hacer viable que las personas con discapacidades puedan entrar a los colegios de educación pública y también privada, de manera que los discapacitados puedan integrarse al sistema educacional y, por consiguiente, en el futuro, a la sociedad y al mundo laboral.

En tal sentido, se planteaba que los profesores deberían aprender el lenguaje de señas, con el objeto de que en los colegios con niños que padecen discapacidad auditiva puedan integrarse al conjunto de los compañeros de curso y desarrollar sus habilidades y conocimientos, porque no es justo que, por no poder escuchar, vean disminuido su aprendizaje.

En nuestro país, lo anterior no se ha cumplido. Por el contrario, los colegios particulares, habitualmente, rechazan a los niños con discapacidades diversas; los subvencionados, a los que el Estado asigna fondos especiales, también rechazan a los niños con discapacidades diversas, y los municipalizados son obligados a recibirlos.

En muchos casos sus padres pueden pagar colegios con ciertas características, pero esos niños terminan en escuelas especiales y se generan verdaderos guetos con los alumnos con discapacidades, aunque tengan posibilidades de aprender como cualquier otro niño. Simplemente, algunos no escuchan o no ven. Sin embargo, la ley señala claramente que los colegios deben tener los instrumentos necesarios para que esos niños se integren a los cursos.

Entonces, junto con reconocer el mérito del proyecto en discusión, que sencillamente suprime un inciso de un artículo transitorio, la Cámara de Diputados debe hacer hincapié en la necesidad de dictar los reglamentos que faltan y que, de acuerdo con nuestro rol fiscalizador, nos preocupemos de que se cumplan las leyes que aprobamos, para así lograr una sociedad más integral, en la que todos tengan los mismos derechos.

Con el objeto de que las personas se integren a la sociedad, los canales de televisión deben transmitir sus programas también con lenguaje de señas, pero eso no se hace.

La ley dice claramente que todos los servicios públicos deben adoptar las medidas necesarias para que las personas con diferentes discapacidades puedan acceder a ellos. Incluso, recomienda que se contrate a personas para que trabajen en el sistema de apoyo, ya que las discapacidades no impiden que las personas puedan desarrollar otras habilidades que les permitan desempeñarse en diversas funciones. Pero eso no se hace.

Entonces, por un lado, se dictan leyes, pero, por otro, no se fiscaliza ni se les hace un seguimiento a su cumplimiento, lo que constituye un defecto que debemos superar. Por lo tanto, es necesario dictar los reglamentos correspondientes de una ley que está en vigencia hace bastante tiempo. También esperamos que se cumpla con su normativa, para que el niño más pequeño con problemas de audición, de vista u otra dificultad física pueda integrarse a los colegios, ya sean municipalizados, subvencionados o privados, con el objeto de que cuenten con las condiciones adecuadas para ello.

He recorrido colegios de mi distrito, y me he dado cuenta de que un niño en silla de ruedas no puede acceder a un segundo piso, por lo que deben quedarse en el primero. Incluso, muchas veces, ciertos cursos deben trasladarse al primer piso para que esos niños puedan integrarse a la educación. Sin duda, nuestra sociedad tiene un déficit con las personas que sufren discapacidad.

Quiero hacer hincapié en que, además de derogar el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, con el objeto de que el lenguaje de señas se implemente con rapidez, debemos preocuparnos desde el nivel de enseñanza básica y media de los niños con discapacidades, a fin de que puedan integrarse a la educación, porque es la manera en que pueden tener un mejor futuro. Si bien ese lenguaje tiene características particulares en las diferentes regiones, es una lengua con un legado universal, porque cuando los sordos salen del país deben comunicarse con otras personas del resto del mundo que también tienen esa misma discapacidad.

Por último, solicito que la Mesa de la Corporación plantee a los representantes del Gobierno la necesidad de acelerar la dictación de los reglamentos para aplicar la ley, con el objeto de que se pueda dar cumplimiento a cabalidad con lo que establece la legislación sobre esta materia.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente , en primer lugar, antes de referirme al contenido del proyecto en discusión, felicito a quienes hicieron posible que por las pantallas de la Sala y del canal de televisión de la Cámara de Diputados se esté transmitiendo, además, con lenguaje de señas. Eso constituye un gran avance, modalidad que debería ser implementada en forma permanente, porque los debates de las sesiones de la Sala y de las comisiones de la Cámara de Diputados son seguidos solo por un determinado porcentaje de la población. Sin embargo, si aseguramos que las discusiones que se llevan a cabo puedan ser entendidas por todo el mundo, sin exclusiones, habrá mejor comunicación y un mayor grado de integración. De allí que ese lenguaje debería ser incluido, en forma permanente, en nuestras transmisiones.

El objeto del artículo único de la iniciativa es la derogación del inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, a fin de que se consagre lo que dispone el artículo 26 del mismo cuerpo legal. La disposición que se propone derogar preceptúa que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá el lenguaje de señas chileno, lo cual no corresponde.

Como diputado que integró la Comisión Especial de la Discapacidad, instancia en que se trató el proyecto original que terminó con la aprobación de la ley, sé que es importante que esa legislación sea objeto de modificaciones. Sin embargo, las adecuaciones normativas que se requieren deben llevarnos, principalmente, a resguardar y asegurar los derechos de la comunidad discapacitada, en particular en el caso de los sordomudos, con el propósito de asegurar su plena integración.

En la actualidad, la televisión es uno de los canales principales de vinculación y de participación, además de ser un vehículo para la comunicación de las leyes, así como de entretención y recreación para muchas personas. Por lo tanto, ese es el medio en el que debemos consagrar y reconocer el lenguaje de señas, para asegurar que la transmisión sea igualitaria y accesible para todos los ciudadanos, sin importar su discapacidad.

Por eso, junto con valorar la iniciativa en debate -sin duda, será aprobada por unanimidad-, quiero invitar al Ejecutivo y a todos los actores públicos a asegurar la plena integración de las personas con discapacidad, porque esta es una tarea de Estado que debe ser mantenida en el tiempo.

Hemos dicho, con mucha fuerza, a lo largo de Chile, en nuestros distritos y en pequeñas ciudades, que la discriminación hacia los discapacitados es enorme, por ejemplo, en términos de las posibilidades que se les da para facilitar su acceso a una serie de establecimientos públicos, así como a colegios y hospitales. También se les discrimina en cuanto a sus posibilidades de desplazamiento en los medios de transporte público. En ese sentido, quiero hacer una recomendación relacionada con el Transantiago. Así como se invierte bastante dinero para la mantención de la tarifa y para equipar a ese sistema de la infraestructura que necesita, también debería ser dotado de lo que se requiere para que cualquier ciudadano del Gran Santiago, como en cualquier parte de Chile, pueda desplazarse como corresponde, sin inconvenientes.

También es importante seguir con el desarrollo de la capacidad de infraestructura y de gestión en favor de los discapacitados en regiones, en las que también son objeto de inequidad. Por ejemplo, los diputados que representamos distritos integrados por comunas con muchas zonas rurales -como Máfil, San José de la Mariquina , Lanco y Corral , en mi caso- sabemos que a los discapacitados les resulta prácticamente imposible acceder por sus propios medios a una lancha que les permita cruzar una bahía, así como desplazarse dentro de la zona en que viven. Debido a eso, generalmente deben hacerse acompañar por una o dos personas, lo que les genera muchos inconvenientes. Por eso, a propósito de la discusión de este proyecto, es fundamental que se refuercen las direcciones regionales del Senadis.

Sin embargo, como el presupuesto que se destina para lograr los objetivos señalados es muy exiguo, debemos avanzar en el establecimiento de leyes que consagren los derechos de todos los ciudadanos que tengan alguna discapacidad, para lo cual se deben contemplar los fondos necesarios.

El proyecto en discusión apunta en la dirección correcta, puesto que mejora y simplifica la utilización del lenguaje de señas y elimina la contradicción establecida en el artículo primero transitorio de la ley N° 20.422. Sin embargo, se requiere que el Ejecutivo dicte los reglamentos pendientes. Solo de esa manera se podrá aplicar a plenitud lo que dispone la ley sobre la materia. Pero eso debe ir acompañado de los recursos suficientes, de la conciencia que se necesita tener en relación con los discapacitados, de una legislación acorde con esos objetivos y de una labor permanente para la incorporación de la discapacidad en el centro de nuestras políticas públicas.

Por lo anterior, anuncio que votaré favorablemente el proyecto, puesto que debemos seguir dando pasos para la plena inclusión de todos los discapacitados y las discapacitadas en nuestra sociedad.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza

El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente , muy pocas familias de nuestro país pueden afirmar que dentro de su grupo familiar no tienen ningún miembro con algún grado de discapacidad, lo cual va en concordancia con las cifras que los colegas han dado a conocer: aproximadamente el 11 o 12 por ciento de la población tiene algún problema o grado de discapacidad o presenta capacidades disímiles, como se plantea desde el punto de vista conceptual en algunas esferas de nuestra sociedad.

Por lo tanto, tal como lo han señalado los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, la iniciativa en debate, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, constituye un avance importante, porque plantea la eliminación de una contradicción que existe en ese cuerpo legal. En efecto, su artículo 26 consagra, en forma expresa, el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda; empero, el inciso sexto del artículo primero transitorio prescribe que el Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.

Tal como lo señalaron los invitados que concurrieron a la Comisión técnica en la que se abordó el proyecto, como es imposible unificar el lenguaje de señas a nivel nacional, por las características que tiene, desde el punto de vista de las diferencias regionales existentes y de los distintos grupos etarios, se torna imperiosa la derogación de ese inciso, lo cual, sin duda, constituye un avance muy importante para la comunidad que tiene problemas auditivos.

Por lo tanto, junto con felicitar a los autores de la iniciativa, me interesa señalar que debemos seguir abogando por que en nuestro país se elaboren más proyectos de ley que apunten a eliminar la discriminación de que son objeto las personas con discapacidad, como en muchos casos ocurre en los establecimientos educacionales con los alumnos que tienen problemas auditivos, de visión o de otra índole, los que obviamente generan condiciones adversas para su buen desempeño. En muchos casos, quienes tienen alguna discapacidad desarrollan otras capacidades, como la inteligencia, por lo que son susceptibles de ser tratados como personas normales.

Por lo tanto, anuncio -como lo dijo la diputada Denise Pascal Allende- el voto favorable de nuestra bancada, de manera unánime, para apoyar esta iniciativa que, creemos, contribuye con un granito de arena para mejorar las condiciones de las personas que tienen algún grado de discapacidad en el país.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, comparto lo que han dicho sobre el proyecto los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

Sin embargo, en relación con la discapacidad, hay materias sobre las que es necesario abrir debate. Por ejemplo, en el tema de la educación, se dice que debe haber integración; pero creo que esto solo se puede decir si hay una evaluación de lo que ha ocurrido en la realidad, porque, originalmente, cuando se dictó la ley se optó por un modelo de integración forzada al sistema educativo, que no ha funcionado. Este es el modelo español, aunque en otras condiciones, que no ha funcionado, en parte porque hay colegios que no están preparados para acoger diferentes discapacidades o necesidades especiales o hay capacidad hasta un determinado momento, pero, después de un cierto desarrollo, no la hay para estimular una nueva etapa.

Aquí se requiere de un sistema educativo integrado, en que haya lugares especializados de apoyo cuando se llega a ciertos límites, para pasar a otra etapa, y después volver a integrarse.

La discusión sobre la educación pública tiene mucho que ver con esto. Cuando cada colegio es un negocio, es difícil tener un sistema integrado, y crear un procedimiento de subsidios integrados es prácticamente imposible y genera muchas inconsistencias.

Este modelo, que es el español, adolecía de estos problemas. El otro modelo que había era el cubano, que es mucho más exitoso y obtiene mejores resultados, porque contiene un sistema integrado, por cuanto las personas con discapacidad se incorporan a la escuela, pero también pueden volver a lugares más especializados en ciertas discapacidades.

Quería proponer esa reflexión, porque es necesario volver a discutir este tema. No se trata solo de que no se haya cumplido con la ley, sino que no estábamos preparados para ella.

Por otra parte, quiero hacer notar el tema de las pensiones a los discapacitados menores de 18 años. En Chile no existe un sistema previsional para ellos. Lo único que hay es un subsidio a la discapacidad intelectual, y es bien discutible qué se entiende por tal. Lo concreto es que no contamos con pensiones para los menores. Todos sabemos que un niño con discapacidad causa un enorme impacto en las finanzas de su familia, en las posibilidades de sostenerlo, porque se requieren muchas cosas y la sociedad no cuenta con ellas. En la materia hay un gran vacío en nuestro sistema previsional y en nuestra organización. Cuando se discuten reformas tributarias, este es el tipo de temas que debemos analizar. Esto tiene un costo, que no es pequeño, y por eso las diferentes administraciones de Hacienda tratan de evitarlo. Solo se logró que hubiera pensiones para los mayores de 18 años; pero es fundamental que aquellos menores con un porcentaje alto de discapacidad también tengan derecho a una pensión. Esto amerita un debate ligado a la reforma tributaria y, repito, es uno de los vacíos mayores que tenemos en nuestro sistema de protección social, con un grupo que requiere mayor preocupación que otros. Por eso, insisto en este punto.

En todo caso, el proyecto, en los términos en que está presentado, me parece muy claro, preciso e importante.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Mónica Zalaquett.

La señora ZALAQUETT (doña Mónica).- Señor Presidente , no quiero dejar de expresar mi apoyo a este proyecto y, sobre todo, mi alegría por ver que estamos conduciéndonos por el camino correcto.

Siempre he postulado que Chile está en deuda con un sector muy importante en nuestra sociedad: las familias que conviven con personas que sufren de algún grado de discapacidad. Mucho se habla de inclusión e integración, pero, en la práctica, lamentablemente, las cosas no ocurren de la forma en que debieran.

Además, comparto lo que manifestó el diputado Montes . He sido testigo de cómo muchos colegios, que acceden a ayuda del Estado por recibir niños con algún grado de discapacidad, cobran ese beneficio, pero la realidad es que los tienen segregados o no les importa que vayan o no a clases o, simplemente, esos menores no reciben ninguno de los beneficios que justifican la entrega de ese subsidio.

Entonces, espero que este sea el inicio de muchas otras iniciativas con las que promovamos la dignidad, la seguridad y la integración real de quienes padecen alguna discapacidad, y también un apoyo concreto a las familias de esas personas, porque quienes conocemos de cerca la discapacidad debemos entender que este problema trasciende a la persona misma, afecta a todo su entorno familiar, y nosotros, como sociedad, debemos hacernos cargo de ello.

Ojalá que este proyecto se convierta en ley en el menor tiempo posible, y que sirva como una motivación para que sigamos sacando adelante iniciativas como esta.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa Kort.

El señor KORT.- Señor Presidente, quiero unirme a las palabras de la diputada Zalaquett, porque muchas veces hablamos de intenciones, pero aquí hay resultados concretos.

En varias ocasiones he ocupado el tiempo de Incidentes para destacar las labores que realiza la Oficina de la Discapacidad de la ciudad de Rancagua. Aquí también estamos dando un paso importante en ese sentido.

Cuando integré la Comisión de la Superación de la Pobreza, pude percatarme del mundo real que tienen que enfrentar las personas con algún grado de discapacidad. Día a día esas personas nos demuestran que no por tener discapacidad o algún grado de ella -en verdad, son personas con capacidades diferentes-, es decir, no por sufrir algún tipo de problema físico, tienen menos derechos como ciudadanos; todo lo contrario.

Este es un avance importante, un paso más, un peldaño más de esta escalera; pero todavía queda mucho por hacer, y aquí existe el compromiso de seguir avanzando.

En consecuencia anunciamos nuestros votos favorables a este proyecto. Reitero, estamos avanzando de manera correcta, pero podríamos hacerlo de manera más rápida.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rojas.

El señor ROJAS.- Señor Presidente , uno desea participar en la discusión de esta clase de proyectos, por tratarse de un tema tan sensible, en especial para quienes, de una u otra forma, nos hemos ligado al trabajo con la discapacidad a través de nuestra profesión. Ciertamente, todo lo que hagamos en pro de este sector será positivo.

El lenguaje de señas, materia que tratamos hace un tiempo, estuvo presente en las transmisiones televisivas de la Cámara. Por eso, me alegra mucho que hoy la transmisión de la Cámara de Diputados lo incluya. Fue un éxito, un logro alcanzado en legislaturas pasadas. En la actualidad, se están perfeccionando asuntos tan importantes como la posibilidad de inserción del mundo de la discapacidad al desarrollo del país.

Fundamentalmente, quiero referirme a la posibilidad concreta, real, de que el mundo de la discapacidad pueda integrarse como corresponde. Lamentablemente, hoy existen muchas cosas negativas en relación con este desarrollo, por ejemplo, toda la infraestructura urbana. Tiempo atrás, en la Comisión Especial de Discapacidad conversábamos acerca de la importancia de que esta gente se integrara fuertemente al trabajo. Ellos no piden que les regalen nada, sino oportunidades, como cualquier otra persona. Debiéramos apoyar eso.

Acá, en esta Cámara, tenemos un ejemplo. Hicimos algunos cambios para que gente con discapacidad pudiera trabajar con nosotros. En ese sentido, a lo mejor muchos colegas no conocen a Eduardo, telefonista no vidente.

Entonces, el sector empresarial debe entregar oportunidades laborales a personas con capacidades diferentes. No sacamos nada con que empresarios regalen una limosna para ayudar a estas personas; queremos que les entreguen oportunidades. En suma, queremos que en el mundo laboral exista la posibilidad de que las personas que tienen capacidades diferentes puedan trabajar. Creo que ese es el mejor camino para tener una integración social como corresponde.

Este problema también existe en la educación; es difícil lidiar con él, porque muchas veces la infraestructura no es adecuada. Muchas veces, jóvenes con un gran talento, pero que padecen una discapacidad visual, auditiva u otra, no tienen la posibilidad de acceder a la educación y desarrollarse como uno quisiera. Son aspectos que, como sociedad, debemos ir cambiando, y este proyecto es un paso importante para ello.

No me cabe duda de que vamos a aprobar este proyecto, para avanzar rápidamente en el respeto a estas personas, que no son diferentes a nosotros, sino que tienen capacidades diferentes. Muchas de ellas tienen un talento que nadie puede negar; incluso más, en algunos aspectos están mucho más preparadas que nosotros.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con las opiniones que se han entregado respecto de la modificación legal que introduce este proyecto.

En los últimos años, la sociedad chilena ha ido generando, de menos a más, una incorporación de todas estas personas; pero, claramente, la discriminación siempre ha estado presente.

Este es un paso importante en el camino de las mil millas. Tengo confianza en que el actual gobierno, del Presidente Piñera , dejará sentadas las bases, la estructura, a fin de contar con un fortalecimiento de las políticas públicas en esta materia. Cada gobierno ha hecho su aporte. Es necesario dar tiempo al tiempo, pero no podemos seguir como hasta ahora.

Me he reunido en dos o tres oportunidades con el director subrogante y la directora titular de Senadis y con el ministro Lavín. La idea es solicitar al Presidente de la República medidas e iniciativas que apunten al fortalecimiento de este sector de la sociedad, tal como se hace con este proyecto de ley.

Creo que es un deber de todos los parlamentarios y los chilenos mirar a ese mundo que, muchas veces, está en silencio y que requiere no solo nuestra atención, sino nuestra voluntad política y del alma para mejorar la legislación y entregarle los recursos que necesita.

Por eso, sin perjuicio de anunciar que vamos a votar a favor este proyecto de ley, deseo reiterar la preocupación transversal, de todos los sectores políticos, en torno de esta materia. Cuando hablamos del mundo de la discapacidad, nos referimos a seres humanos; cuando hablamos de la discapacidad, jamás hablamos de color político, porque todos estamos de acuerdo en que siempre hay que avanzar.

He dicho.

El señor RECONDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Ulloa Aguillón Jorge; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica.

El señor MONCKEBERG, don Nicolás ( Presidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también queda aprobado en particular.

Despachado el proyecto al Senado.

1.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 17 de mayo, 2012. Oficio en Sesión 19. Legislatura 360.

?VALPARAÍSO, 17 de mayo de 2012

Oficio Nº 10184

AS.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo de la Moción, Informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente al boletín N°7988-11.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Derógase el inciso sexto del artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.”.

Dios guarde a V.E.

NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión de Salud

Senado. Fecha 11 de julio, 2012. Informe de Comisión de Salud

?INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en la forma que indica.

BOLETÍN Nº 7.988-11.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Salud tiene el honor de informar acerca del proyecto de la referencia, iniciado en Moción de las Honorables Diputadas señoras María Angélica Cristi Marfil, Andrea Molina Oliva y Mónica Zalaquett Said, y de los Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Lautaro Carmona Soto, Edmundo Eluchans Urenda, Issa Kort Garriga y Víctor Torres Jeldes, con urgencia calificada de “simple”.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, la Comisión discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, por tratarse de un artículo único y propone al Excelentísimo señor Presidente que en la Sala sea considerado del mismo modo.

Se hace presente que el artículo único del proyecto es propio de ley común y no atañe a la organización ni a las atribuciones de los tribunales de justicia.

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A las sesiones en que la Comisión analizó este asunto asistieron, además de sus integrantes, el Director Nacional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Oscar Mellado Berríos, acompañado por la Fiscal de esta entidad, señora Elia Puentes Garrido y por el abogado, señor David Pellizzari Ossa; el Coordinador y los asesores del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señores José Francisco Acevedo Alliende, Juan Ignacio Gómez y Víctor Blanco Cruz, respectivamente y la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Irina Aguayo Ormeño.

La Honorable Diputada señora Andrea Molina Oliva concurrió a la sesión celebrada el día 10 de julio de 2012.

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OBJETIVO DEL PROYECTO

Confirmar el reconocimiento del lenguaje de señas como el medio de comunicación natural que utiliza la comunidad sorda de nuestro país, consagrado en el artículo 26 de la ley N° 20.422. Para ello, se deroga la obligación contemplada en el inciso sexto del artículo primero transitorio de la misma ley, que establece un plazo de 3 años para definir un lenguaje de señas chileno, término que vence el 10 de febrero de 2013.

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ANTECEDENTES JURÍDICOS

El proyecto de ley en informe se vincula con los siguientes cuerpos normativos:

- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

- El decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil, de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos, de la ley Nº 16.618, de menores, de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.

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ANTECEDENTES DE HECHO

MOCIÓN

La Moción de las Honorables Diputadas señoras María Angélica Cristi Marfil, Andrea Molina Oliva y Mónica Zalaquett Said y de los Honorables Diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Lautaro Carmona Soto, Edmundo Eluchans Urenda, Issa Kort Garriga y Víctor Torres Jeldes señala que la sordera ha sido convencionalmente definida como la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a la pérdida de una capacidad auditiva de orden parcial o total.

Agrega que estas anomalías de orden biológico y somático tienen grandes repercusiones en todos los ámbitos de la vida, muy especialmente en el plano social y consecuentemente en el jurídico. En efecto, la sordera puede afectar considerablemente la forma en que la persona se relaciona con su entorno, al encontrarse con una seria limitación en su capacidad de encontrar una vía de comunicación por el canal auditivo, es decir en el lenguaje oral.

Continúa señalando que la Constitución Política de la República consagra el derecho constitucional de la igualdad ante la ley, en su artículo 19 número 2°, precisando que hombres y mujeres son iguales ante el ordenamiento jurídico.

Las autoras y los autores de la Moción resaltan que el objetivo primario de la ley N° 20.422 es asegurar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con la finalidad de alcanzar su plena inclusión social, y eliminar cualquier forma de discriminación a partir de la inhabilidad que invisten los individuos que la padecen. Además, la ley en comento establece que es deber del Estado promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

Para los firmantes del presente proyecto de ley, la razón de ser de este instrumento legislativo no es otra que establecer principios o reglas lo suficientemente claras en materia de igualdad de derechos de estas personas, con la finalidad de que la ley no se transforme en un conjunto de normas oscuras y sin valor práctico.

En efecto, el artículo 26 de la ley N° 20.422 establece expresamente "se reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda"; sin embargo, el inciso sexto del artículo primero transitorio del mismo cuerpo legal, prescribe lo siguiente: "El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno". En consecuencia, existe una evidente antinomia en estas dos normas, toda vez que el artículo 26 de la ley N° 20.422 consagra expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad sorda y el inciso sexto del artículo primero transitorio de la misma ley le niega tácitamente efectividad, al indicar que en un plazo determinado definirá el lenguaje de señas chileno.

Las parlamentarias y los parlamentarios mencionados expresan que el contenido del artículo 26 es el correcto, puesto que las lenguas no se definen, como lo pretende hacer la norma en el inciso sexto del artículo primero transitorio, sino que se reconocen o declaran.

Por lo demás, se hace presente que la misma Ley de Matrimonio Civil le otorga plena validez al lenguaje de señas para poder contraer dicho vínculo, razón más que suficiente para el reconocimiento pleno del lenguaje de señas.

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DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Esta iniciativa se estructura en un artículo único, que propone la derogación del inciso sexto del artículo primero transitorio, de la ley N° 20.422, que dispone lo siguiente:

“El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.”.

EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR NACIONAL (S) DEL SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

El Director Nacional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Oscar Mellado, inició su exposición dando cuenta de sus observaciones al proyecto de ley en estudio. En ese contexto, explicó que el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, fue introducido con el objeto de estandarizar completamente el lenguaje de señas utilizado en nuestro país, lo que se opone a los objetivos que persigue el referido cuerpo normativo, toda vez que éste sólo pretende reconocer dicho lenguaje como el medio de comunicación natural de las personas que padecen una discapacidad auditiva.

En ese contexto, reseñó que, sin perjuicio de la eventual eliminación de dicho inciso, se debe favorecer el establecimiento de un mecanismo homogéneo que uniforme algunos criterios generales del lenguaje de señas en nuestro país. Añadió que ello es de suyo relevante con la finalidad de organizar un sistema de servicios de apoyo a las personas que padecen de discapacidad auditiva, toda vez que, aun cuando ello se encuentra regulado en la ley N° 20.422, es preciso implementar una serie de políticas públicas a su respecto. Con ese propósito, agregó, se ha verificado un trabajo conjunto entre la referida institución y comunidades de personas sordas para establecer estándares comunes aplicables al efecto.

El Senador señor Ruiz Esquide indicó que, teniendo en consideración la multiplicidad de tipos de lenguaje de señas que se utilizan en nuestro país, sería necesario analizar el plazo dentro del cual se debería producir la uniformidad que consagra el artículo primero transitorio de la ley N° 20.422. En ese contexto, enfatizó que el plazo de tres años que dicha norma prescribe resulta ser excesivo.

El Director Nacional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Oscar Mellado, sostuvo que las comunidades de personas con discapacidad auditiva han indicado que, existiendo un lenguaje de señas respecto del cual sólo se advierten leves diferencias, no se requiere necesariamente de la uniformidad absoluta entre los términos utilizados. En efecto, explicó que, a propósito de la implementación de los servicios de apoyo que provee dicha institución han podido constatar que las respectivas comunidades abogan por la conservación de los distintos tipos de lenguaje que utilizan.

El Senador señor Ruiz Esquide manifestó que, a propósito del estudio de una serie de iniciativas de ley relativas al lenguaje de señas, algunas comunidades de personas con discapacidad auditiva manifestaron la necesidad de establecer parámetros unívocos de comunicación.

El Director Nacional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Oscar Mellado, reiteró que las observaciones que ha reseñado precedentemente han sido recabadas entre las personas que padecen discapacidad auditiva. En ese contexto, enfatizó que éstas han manifestado que no se requiere el establecimiento de un sistema uniforme de expresiones, sino que sólo se necesita el reconocimiento del lenguaje de señas como el mecanismo que utilizarán dichas personas en lo sucesivo, aun cuando tal criterio pudiera no ser compartido necesariamente por el Servicio Nacional de la Discapacidad. En cualquier caso, manifestó que ello no impide la consagración de estándares mínimos que permitan uniformar su utilización en nuestro país, con miras a que el referido Servicio pueda implementar adecuadamente sus planes y programas.

El Senador señor Chahuán indicó que, habida cuenta de la multiplicidad de tipos de lenguaje de señas que se utilizan en nuestro país, se deben establecer parámetros mínimos que favorezcan su utilización. En ese sentido, solicitó que se tome en consideración la opinión de la autora de la iniciativa de ley en estudio, como asimismo las observaciones que el Ejecutivo ha formulado al proyecto de ley en estudio. Agregó que esta materia incluso pudiera incorporarse durante la tramitación del proyecto de ley relativo a la televisión digital, de manera de consagrar como deber de los concesionarios de señales televisivas el incorporar dicho sistema de comunicación en sus transmisiones.

El Director Nacional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Oscar Mellado, añadió que se están realizando labores destinadas a certificar, con el Ministerio de Educación y comunidades de personas con discapacidad auditiva, los mínimos estándares requeridos para implementar los servicios de apoyo que provee la referida institución.

El Senador señor Uriarte consultó la opinión de dicho organismo en relación a la derogación del inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, en los términos que propone la iniciativa legal en estudio.

El Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Oscar Mellado, sostuvo que dicha entidad está de acuerdo con la derogación del referido inciso, toda vez que su eliminación no afectaría el reconocimiento de las particularidades propias del lenguaje de señas utilizado en nuestro país. Asimismo, añadió que ello permitiría introducir a su respecto las estandarizaciones mínimas que posibiliten su certificación, para lo cual resulta ser de suyo relevante el trabajo que pueda desarrollarse en conjunto con las respectivas comunidades de personas con discapacidad auditiva.

El Senador señor Ruiz Esquide acotó que la eliminación del inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422 podría generar la existencia de múltiples tipos de lenguaje de señas, lo que no sería conveniente.

El Director Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Oscar Mellado, reiteró que en cualquier caso las diferencias que pudieran detectarse entre los distintos lenguajes de señas son muy leves, por lo que la derogación de dicho inciso no generaría un problema de relevancia.

EXPOSICIÓN DE LA HONORABLE DIPUTADA

SEÑORA ANDREA MOLINA OLIVA

La Diputada señora Molina, en su calidad de coautora de la iniciativa de ley en estudio, explicó que dicha propuesta tuvo en consideración las observaciones que ha recabado entre organizaciones de personas con discapacidad auditiva. Precisó que el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422 establece un plazo de tres años para que el Estado proceda a unificar el lenguaje de señas utilizado en nuestro país sin que, a la fecha, ello se haya verificado. Agregó que, en ese contexto, la totalidad de dichas comunidades le han solicitado la derogación de la referida norma, lo que así fue considerado durante el estudio de la iniciativa en su primer trámite constitucional.

Habida cuenta de ello, abogó por la aprobación de la iniciativa de ley en estudio con la finalidad de reconocer un único lenguaje de señas a nivel nacional, lo que resultaría de suyo relevante con miras a facilitar la integración de las personas con discapacidad auditiva, favorecer su acceso a servicios de utilidad pública y evitar que a su respecto se produzcan hipótesis de discriminación.

El Senador señor Ruiz Esquide sostuvo que, en cualquier caso, se deben tener en consideración las normas que contiene la ley N° 19.904, iniciada en una Moción de su autoría junto al Senador Zaldívar, don Andrés y los ex Senadores señores Matta y Páez -que introduce modificaciones al Código Civil y a la ley de Matrimonio Civil-, a objeto de permitir la utilización del lenguaje de señas por parte de las personas que sufren de discapacidad auditiva, debiendo evitarse la existencia de disposiciones contradictorias en esta materia.

Por su parte, el Senador señor Chahuán manifestó su conformidad con el establecimiento de un lenguaje de señas en la forma en que ha sido solicitado por las organizaciones de personas que sufren dicha discapacidad.

Seguidamente, el Senador señor Uriarte consultó acerca de los efectos que, en la práctica, generaría la aprobación de la iniciativa de ley en análisis.

El Director Nacional (S) del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Oscar Mellado, expresó que la aprobación de dicha propuesta permitiría uniformar el lenguaje de señas utilizado en nuestro país, lo que enriquecería su aplicación con la finalidad de resolver el conjunto de problemáticas de las personas con discapacidad auditiva.

Finalmente, el Senador señor Uriarte manifestó que luego de analizar el contenido de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y escuchar las distintas opiniones vertidas en la Comisión, coincidía con el propósito de darle pronta aprobación y dejó constancia de que su objetivo –particularmente en lo relativo a la derogación del inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422-, no queda comprendido dentro de las hipótesis de iniciativa exclusiva que en nuestro ordenamiento se le asigna al Presidente de la República, toda vez que dicha disposición establece una facultad que no constituye una función o atribución en los términos que consagra la Carta Fundamental.

- Puesto en votación en general y en particular este proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Chahuán, Girardi y Uriarte, en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.

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TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN DE SALUD

En conformidad con el acuerdo adoptado, la Comisión de Salud tiene el honor de proponer la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Derógase el inciso sexto del artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 3 de julio de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señores Gonzalo Uriarte Herrera (Presidente), Francisco Chahuán Chahuán y Mariano Ruiz-Esquide Jara y en sesión celebrada el día 10 de julio de 2012, con asistencia de los Honorables Senadores señores Gonzalo Uriarte Herrera (Presidente), Francisco Chahuán Chahuán, Guido Girardi Lavín y Mariano Ruiz-Esquide Jara.

Valparaíso, 11 de julio de 2012.

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria accidental de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUD, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY N° 20.422 SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA FORMA QUE INDICA (Lenguaje de señas).

(BOLETÍN Nº 7.988-11)

I. PRINCIPAL OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Confirmar el reconocimiento del lenguaje de señas como el medio de comunicación natural que utiliza la comunidad sorda de nuestro país, consagrado en el artículo 26 de la ley N° 20.422. Para ello, se deroga la obligación contemplada en el inciso sexto del artículo primero transitorio de la misma ley, que establece un plazo de 3 años para definir un lenguaje de señas chileno, término que vence el 10 de febrero de 2013.

II ACUERDOS: aprobado en general y en particular (Unanimidad 3x0) (Senadores señores Chahuán, Girardi y Uriarte).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: un artículo único.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no tiene.

V. URGENCIA: “simple”.

VI. ORIGEN e INICIATIVA: Cámara de Diputados. Moción de las Honorables Diputadas señoras Cristi, Molina y Zalaquett, y de los Honorables Diputados señores Accorsi, Carmona, Eluchans, Kort y Torres.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo trámite.

VIII.-APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 73 votos a favor; sin votos en contra ni abstenciones.

IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 22 de mayo de 2012.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

- El decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Justicia, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado delCódigo Civil, de la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, de la ley Nº 17.344, que autoriza cambio de nombres y apellidos, de la ley Nº 16.618, ley de menores, de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y de la ley Nº 16.271, de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.

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Valparaíso, 11 de julio de 2012.

PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR

Secretaria accidental de la Comisión

2.2. Discusión en Sala

Fecha 31 de julio, 2012. Diario de Sesión en Sesión 37. Legislatura 360. Discusión General. Se aprueba en general y particular sin modificaciones.

RECONOCIMIENTO DE LENGUAJE DE SEÑAS COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN NATURAL PARA PERSONAS SORDAS

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad en la forma que indica, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (7988-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 19ª, en 22 de mayo de 2012.

Informe de Comisión:

Salud: sesión 35ª, en 17 de julio de 2012.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

El objetivo de la iniciativa es confirmar el reconocimiento del lenguaje de señas como el medio de comunicación natural que utiliza la comunidad sorda de nuestro país, consagrado en el artículo 26 de la ley Nº 20.422.

Para ello, se deroga la obligación contemplada en el inciso sexto del artículo primero transitorio de dicho cuerpo legal, el cual establece un plazo de tres años para definir un lenguaje de señas chileno y que vence el 10 de febrero de 2013.

La Comisión de Salud discutió el proyecto en general y en particular por tratarse de aquellos de artículo único y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Chahuán, Girardi y Uriarte), en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.

El texto que se propone a la Sala se consigna en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

Señoras y señores Senadores, solicito el asentimiento unánime de la Sala para que ingrese un joven voluntario, que es profesor del lenguaje de señas, con el objeto de que pueda traducir a su comunidad el debate de este proyecto de ley.

Si no hay objeción, se autorizará.

--Así se acuerda.

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

En discusión general la iniciativa.

Tiene la palabra la Honorable señora Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , la verdad es que el proyecto en sí es muy simple: su objetivo es derogar el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, que establece un plazo de tres años para normar lo que sería el lenguaje de señas, en circunstancias de que todos reconocemos que ese es el lenguaje universal que permite efectivamente la comunicación a la comunidad de personas con déficit auditivo o sordas.

Sin embargo, junto con señalar que estamos por entero de acuerdo con lo anterior y reiterar que la iniciativa es muy sencilla, no quisiera dejar escapar la oportunidad para referirme a ciertos aspectos.

Ante todo, debo manifestar que tengo el orgullo de haber sido una de las que, desde el inicio, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Especial de la Discapacidad que creamos, trabajaron por muchos años en esta materia. Y durante ese tiempo logramos, entre otras cosas, que la televisión abierta transmitiera, en cierto horario repartido, las noticias a través del lenguaje de señas, porque teníamos claro que había esa falta de igualdad de oportunidades. Se argumentó, aparte de otros aspectos, que las personas con déficit auditivo, o simplemente con sordera, no eran capaces de seguir las noticias dadas a conocer por la televisión puesto que no estaba incorporado dicho lenguaje.

También conseguimos que se estableciera un formulario único para las COMPIN, ya que nos dimos cuenta de que podrían ser distintos en cada Región; en algunos casos de una página, y en otros, hasta de ocho, lo cual generaba muchísimos problemas. Y creo que ese fue otro de los logros que alcanzamos en años de funcionamiento de la Comisión Especial de la Discapacidad.

Asimismo, incorporamos lo relativo a los perros guías, que después se introdujo en la nueva normativa que reemplazó a la anterior ley sobre discapacidad.

Al respecto, señor Presidente , quisiera señalar que en nuestro país todavía sigue siendo un cierto eufemismo el que haya igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Todos sabemos que estas, lamentablemente, continúan sufriendo discriminación. Es cosa de ver en nuestra vida urbana cómo no todas las veredas se encuentran preparadas para que ellas puedan deslizarse en sillas de ruedas. Peor aún, podemos observar cómo los edificios públicos no cumplen la normativa de implementar el acceso universal. Es más, a veces presenciamos incluso, lo que es contrario a la ley, el levantamiento de edificios o la restauración de otros antiguos sin que se preserve ese tipo de acceso para las personas con discapacidad.

Hace poco salió en la prensa la queja, legítima, de una persona no vidente a la que simplemente no la dejaron subirse a un transporte público por el hecho de andar con su perro guía.

Es triste, señor Presidente -y por eso lo señalo-, saber que todavía, como sociedad, no hemos asimilado el concepto de la verdadera y real igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. No solo no les garantizamos eso, sino que además las discriminamos, lo cual las hace sentirse doblemente afectadas, pues su vida es más compleja que la del resto de la gente.

Por otro lado, deseo expresar, como testimonio a título personal, que hace muchos años que participo en el directorio de una fundación solidaria que crearon los ciegos de España: la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), que es una entidad única, en solidaridad con los ciegos de América Latina. Y uno de los principales proyectos que ha venido desarrollando por mucho tiempo es tremendamente importante, porque ha permitido, mediante cierta capacitación, la inserción laboral real de esas personas, es decir, con contrato de trabajo y bajo condiciones normales de empleo.

Es preciso reconocer, en consecuencia, lo significativo que ha sido ese programa para diversos países de América Latina, pues ha posibilitado en Chile y en otras naciones de nuestra región la incorporación al mundo laboral de no videntes, de personas ciegas, a través de determinada capacitación.

Y, en ese sentido, espero que el actual Gobierno y las futuras Administraciones, cualesquiera que sean y del signo que fueren, reconozcan que estamos siempre en déficit en cuanto a contar con una verdadera política de Estado sobre el particular, y que muchas veces nos ha costado -¡nos ha costado!- conseguir que el FONADIS tenga más recursos, o que los eleve. Por ejemplo, durante años el mencionado proyecto se llevó a cabo sin cargo alguno para el Gobierno, y hoy día lo único que conseguimos fue la módica suma de 12 millones de pesos. Ello es nada comparado con lo que significan las más de 500 personas que han logrado incorporarse en el último tiempo a través de aquel programa de inserción laboral.

Señor Presidente , deseo terminar señalando que esta -como dije al comienzo- es una iniciativa muy sencilla y que, naturalmente, corresponde aprobarla, porque el lenguaje de señas lo entendemos como el lenguaje natural de comunicación de la comunidad de personas sordas, y punto. No debe tener ningún otro alcance. Es por eso que estamos de acuerdo en derogar la norma.

Sin embargo, quisiera volver a reiterar lo que manifesté en su momento: daríamos un paso como sociedad si fuésemos capaces de acabar con la discriminación que, por desgracia, todavía existe en el mundo de los discapacitados.

Ojalá podamos ir realmente progresando en hacer cumplir la ley. Y no solo esto, sino también en ir ampliando cada vez más las oportunidades.

He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , el proyecto de ley que nos ocupa se originó en una moción de los Diputados señoras Cristi , Molina , Zalaquett y Kort y señores Accorsi , Carmona , Eluchans y Torres.

La iniciativa contempla un artículo único, y la Comisión de Salud por supuesto que la aprobó en general y en particular por unanimidad.

Su propósito es eliminar una discordancia que existe en la ley N° 20.422, cuerpo legal que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad y que reconoce expresamente el lenguaje de señas como medio de comunicación de la comunidad de personas sordas. Pero su artículo primero transitorio dispone que "El Estado, en conjunto con la comunidad de personas con discapacidad auditiva, definirá, en un plazo de tres años, el lenguaje de señas chileno.".

Y, como una forma de solucionar dicha discrepancia, se propone mediante la iniciativa en análisis derogar el mencionado párrafo de aquel precepto.

Durante la discusión del proyecto, el Director Nacional subrogante del Servicio Nacional de la Discapacidad explicó que la norma cuestionada apuntaba a homogeneizar el lenguaje de señas que se emplea en el país, aunque luego aclaró que, a juicio de las propias personas con discapacidad auditiva, solo hay leves diferencias entre los distintos códigos, por lo que no se requeriría de una normativa absoluta.

Del mismo modo, señaló que las comunidades de personas sordas han manifestado su acuerdo con la derogación propuesta en la presente iniciativa.

Por lo tanto, señor Presidente , habiendo sido ella aprobada en forma unánime por la Comisión de Salud, naturalmente que mi voto también es favorable aquí, en esta Sala.

Gracias.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Nos sorprendió, señor Presidente . Iba a comenzar mi exposición formulando un reclamo a la Mesa e, incluso, contra nosotros mismos, en el sentido de que el Senado discutiría el proyecto de ley sobre lenguaje de señas sin que hubiese una traducción para las personas sordas respecto de la materia que se está tratando.

¡Así que estoy gratamente sorprendido!

De verdad, felicito al Congreso Nacional por comenzar a dar el ejemplo en la materia y permitir que este tipo de discusiones lleguen a todas las personas, al margen de la capacidad distinta que puedan tener.

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

Permítame puntualizar, señor Senador, que debemos agradecer por ello a don Melitón Bustinza , Presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes e Instructores de Lengua de Señas Chilena, quien nos manifestó su disposición a contribuir en tal sentido.

El señor BIANCHI.-

Sin duda, señor Presidente . Y, como dije, felicito la medida adoptada, porque la creo absolutamente necesaria.

Ahora, más allá de concurrir a la aprobación de este proyecto de ley, deseo señalar que, a mi juicio, el Estado tendría que incluir el lenguaje de señas en las mallas curriculares de los colegios. Ahí, a través del financiamiento fiscal que se entregue a la educación pública con tal finalidad, debiera enseñarse esa forma de expresión, de manera optativa, a quienes quieran aprenderla o a quienes tengan necesidad de hacerlo. Pienso que esa es la mayor demostración que puede hacer el Estado de que desea integrar de verdad a las personas con capacidades diferentes.

Ahora, señor Presidente, quiero hablar de otros proyectos que he llevado adelante.

Entre ellos se encuentra uno que será necesario debatir pronto en nuestro país: el relativo al teletrabajo.

En el resto del mundo el teletrabajo constituye hoy una posibilidad para que las personas con capacidades distintas, y fundamentalmente las impedidas de desplazarse, trabajen desde su hogar. Y ya hay profesores y profesionales diversos que desempeñan una labor desde su casa.

Desgraciadamente, tenemos una deuda pendiente en esta materia.

Hace algunos años presenté un proyecto de ley en tal línea, pero no ha logrado avances. Y entiendo que el propio Gobierno se había comprometido a incentivar una forma distinta de trabajo, orientada fundamentalmente a aquellos que tienen capacidades diferentes.

Pero una de las situaciones más injustas que viven las personas con discapacidad es la relativa a las pensiones.

Cuando una criatura nace con un grado de discapacidad, recién puede acceder a una pensión por ese concepto al cumplir 18 años, salvo -y está consagrada la excepción- en caso de discapacidad mental, en que la recibe desde el momento de nacer.

¡Pero todas las pensiones son iguales! ¡No hay diferenciación de acuerdo al grado de discapacidad!

Ahí se aprecia una situación brutal, que no debiera existir. Las pensiones tendrían que guardar relación con el grado de discapacidad. Porque los costos son distintos en cada caso. Como es obvio, una discapacidad en que la persona está paralizada por completo, no puede desplazarse o no es autovalente le irroga a su familia un enorme gasto. Y este problema aún no está resuelto.

Otro de los proyectos que hicimos en su momento -lo vimos acá, y después quedó como indicación- tenía por finalidad colocar en los remedios una anotación en braille -estoy hablando de una patología como la diabetes, en la que es muy habitual, desgraciadamente, que la persona pierda la vista- para que los no videntes pudieran conocer el nombre de cada fármaco y su fecha de vencimiento.

En esa línea también avanzamos, señor Presidente .

Sin embargo, falta establecer, por ejemplo, la existencia del bastón amarillo (existe el blanco). Porque mucha gente pierde la vista gradualmente; o sea, no tiene ceguera total, pero ve muy borrosamente. Entonces, con respecto a esas personas se necesita una diferenciación, como la del bastón amarillo, que planteamos en algún momento.

Y, así, podríamos seguir.

Señor Presidente , me alegro de concurrir a la aprobación de esta iniciativa de ley. Pero le exigimos al Estado de Chile no solo que asuma una responsabilidad por vía de ella, sino también que financie, a través de la educación pública, el lenguaje de señas. Eso es absolutamente posible. Y con eso sí estaríamos avanzando como deseamos.

He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente , Honorable Sala, el proyecto de ley que nos ocupa, iniciado en moción de diversos Diputados, de distintas bancadas, reconoce plenamente el lenguaje de señas que utiliza la comunidad de personas con discapacidad auditiva en nuestro país; y para ello deroga el plazo de tres años contemplado en el artículo 1° transitorio de la ley N° 20.422, la que establece normas para la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.

Esta iniciativa posibilitará alcanzar la uniformidad en aquella forma de expresión, que les permite a quienes adolecen de discapacidad auditiva comunicarse adecuadamente.

Como el plazo de tres años que se fijó en dicho cuerpo legal está próximo a vencer y no se ha verificado la unificación del lenguaje de señas, es necesario derogarlo, pues constituye una limitación para tal efecto.

Según expresé durante el debate en la Comisión de Salud, se necesita establecer como obligación de los concesionarios de señales televisivas la incorporación de ese sistema de comunicación, que hasta ahora es voluntaria.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, donde se tramita el importante proyecto sobre televisión digital, instaré para que esa disposición quede materializada adecuadamente, como ha planteado un grupo importante de Senadores.

Felicito a los parlamentarios autores de la moción que originó este proyecto, dado que era menester modificar la ley mencionada.

Por tanto, emitiré entusiastamente mi voto favorable.

He dicho.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , Honorable Senado, en primer lugar, felicito a los autores de esta iniciativa, que efectúa un cambio simple, pequeño, pero indispensable para los discapacitados de la audición.

La ley en proyecto, al posibilitar la uniformidad del lenguaje de señas, establecerá un lenguaje común para la comunicación de aquellas personas.

Se trata, sin duda, de un paso importante.

Hace mucho tiempo, con el entonces Diputado Arturo Longton insistimos -es una legislación vigente- en que los canales de televisión contaran obligatoriamente en sus informativos con un espacio para la traducción en lenguaje de señas a fin de que las personas con dificultades auditivas pudieran conocer las noticias. Sin embargo, eso no ha sido fácil. Las estaciones televisivas se han mostrado más bien reacias a implementar tal medida. Algunas han cooperado; hay que reconocerlo. Pero el tema está pendiente.

Por tanto, quiero hacer un llamado a las autoridades para que, una vez que haya uniformidad en el lenguaje de señas, se les exija a los canales de televisión el cumplimiento irrestricto de la referida obligación.

En segundo lugar, sobre la base de que este proyecto generará una mayor integración de las personas con discapacidad auditiva a la comunidad, quiero hacer un llamado a la Comisión de Salud en términos de que tramite un proyecto de ley -lo presenté hace bastante tiempo- que apunta, corrigiendo una situación que ocurre hoy, a permitirles a los discapacitados conseguir lo que es más importante para ellos: su incorporación a la sociedad por la vía del trabajo y no como carga del Estado, o de su familia, o de la gente que les da limosnas en las calles.

En tal sentido, la mayor barrera que tenemos que derrumbar, curiosamente, se halla en el Estado. Porque el sector privado ha incorporado en áreas donde son competentes -en restoranes, en actividades culturales, en supermercados- a personas con discapacidad; y lo propio han hecho Carabineros y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la Administración Pública se exige salud compatible y se impone un número de requisitos que implica levantar respecto a esa gente una barrera de entrada.

El proyecto que presenté tiene por objeto obligar a que en los llamados a concurso público un porcentaje de las vacantes sea llenado por discapacitados. La idea es generar un espacio de competencia entre ellos a fin de determinar quién tiene las mejores condiciones para desempeñarse en el sector público.

Creo que eso originaría a la vez una mejor comprensión ciudadana. Porque nadie entiende que le hagamos tales exigencias al sector privado y que, sin embargo, el Estado sea el más intolerante con los discapacitados, el que menos los acoge.

Ahora, señor Presidente , no se trata de un invento nuestro. La medida se aplica en los países desarrollados: en los llamados públicos para proveer cargos de la Administración se fijan porcentajes destinados a los discapacitados; es decir, se abren espacios para ellos. Y esto, a mi juicio, también debiera existir en Chile.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Uriarte.

El señor URIARTE.-

Señor Presidente , junto con felicitar a los autores de esta moción -entre ellos, a la Diputada Andrea Molina -, quiero decir que esta es una gran oportunidad para el Congreso, en particular para el Senado, al efecto de acercarnos a una realidad marcada por el silencio, la desolación, la incomprensión; por la dificultad para comunicarse, y por una infinidad de experiencias muy duras que uno difícilmente puede entender si no ha pasado por ellas o no las ha conocido muy de cerca.

Por lo mismo, creo que estamos ante una gran iniciativa, que vale la pena respaldar.

Ella es simplísima; tiene una técnica legislativa elemental, pero se hace cargo de un problema que existe en la ley vigente, relacionado con el plazo de tres años fijado para definir "el lenguaje de señas chileno".

Obviamente, la fórmula empleada por dicha legislación no es la más feliz. Establece una pretensión bastante discutible en orden a definir un lenguaje para Chile, en circunstancias de que todos sabemos que los lenguajes, los idiomas, los dialectos y los medios de comunicación son por esencia dinámicos: cambian, van mutando. Por eso, no es conveniente quedarse aferrado a tal fórmula.

Además, la ley en vigor fija un plazo, que vence en febrero del próximo año.

Para sanear los problemas en comento surge este proyecto, de fácil comprensión y tramitación, y que, sobre todo, tiene la gran virtud de ratificar con rango legal el reconocimiento del lenguaje de señas como el medio de comunicación de las personas privadas del don de hablar.

Por todo lo dicho, votaré favorablemente esta iniciativa, que fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Salud.

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

No hay más oradores inscritos.

Cerrado el debate.

En votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor y un pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.

El señor ESCALONA (Presidente).-

Corresponde el pronunciamiento en particular.

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador quiere presentar indicaciones?

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Delo por aprobado en general y en particular, señor Presidente .

La señora ALLENDE.-

Con la misma votación.

El señor ESCALONA (Presidente).-

No podemos proceder así porque se incorporaron Senadores que no participaron en la votación anterior.

En votación particular la iniciativa.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor ESCALONA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (27 votos a favor y un pareo), y su discusión queda terminada en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Rossi, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).

No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.

El señor ESCALONA ( Presidente ).-

Agradecemos de nuevo al señor Melitón Bustinza, Presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes e Instructores de Lengua de Señas Chilena, por su contribución durante el estudio del proyecto que el Senado acaba de despachar.

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

2.3. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación sin Modificaciones . Fecha 31 de julio, 2012. Oficio en Sesión 63. Legislatura 360.

?Valparaíso, 31 de julio de 2012.

Nº 786/SEC/12

AS.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en la forma que indica, correspondiente al Boletín N° 7.988-11.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 10.184, de 17 de mayo de 2012.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CAMILO ESCALONA MEDINA

Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario General del Senado

3. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 01 de agosto, 2012. Oficio

?VALPARAÍSO, 1 de agosto de 2012

Oficio Nº 10296

AS.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, de origen en una moción suscrita por las Diputadas señoras María Angélica Cristi Marfil, Andrea Molina Oliva y Mónica Zalaquett Said, y por los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Lautaro Carmona Soto, Edmundo Eluchans Urenda, Issa Kort Garriga y Víctor Torres Jeldes, correspondiente al boletín N°7988-11.

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Derógase el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.”.

Dios guarde a V.E.

NICOLÁS MONCKEBERG DÍAZ

Presidente de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Secretario General de la Cámara de Diputados

4. Publicación de Ley en Diario Oficial

4.1. Ley Nº 20.602

Tipo Norma
:
Ley 20602
URL
:
https://www.bcn.cl/leychile/N?i=1044075&t=0
Fecha Promulgación
:
31-08-2012
URL Corta
:
http://bcn.cl/2cdab
Organismo
:
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL; SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
Título
:
DEROGA EL INCISO SEXTO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY 20.422
Fecha Publicación
:
25-09-2012

LEY NÚM. 20.602

DEROGA EL INCISO SEXTO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY 20.422

    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en una moción suscrita por las Diputadas señoras María Angélica Cristi Marfil, Andrea Molina Oliva y Mónica Zalaquett Said, y por los Diputados señores Enrique Accorsi Opazo, Lautaro Carmona Soto, Edmundo Eluchans Urenda, Issa Kort Garriga y Víctor Torres Jeldes.

    Proyecto de ley:

    "Artículo único.- Derógase el inciso sexto del artículo primero transitorio de la ley Nº 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.".

    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

    Santiago, 31 de agosto de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Joaquín Lavín Infante, Ministro de Desarrollo Social.

    Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Loreto Seguel King, Subsecretaria de Servicios Sociales.