Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.922

Modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Mensaje

Fecha 20 de mayo, 2015. Mensaje en Sesión 22. Legislatura 363.

Boletín N° 10.05706

Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S. E. la Presidenta de la República, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

MENSAJE Nº 305363/

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que fortalece la gestión y la profesionalización del personal municipal e introduce otras modificaciones legales, aumentando las funciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

I.- ANTECEDENTES

El presente proyecto de ley se fundamenta en el proceso de desarrollo de la descentralización del país a partir del fortalecimiento de las municipalidades. Tal cual señala mi Programa de Gobierno, una de las mayores desigualdades que existen en Chile es la de carácter territorial. No sólo son demasiadas las decisiones sobre aspectos relevantes para el desarrollo de los territorios que se toman en Santiago, sino que también son demasiado distintas las oportunidades que enfrentan las personas dependiendo del lugar donde nacen, trabajan, estudian o residen. Por ello, es necesario avanzar hacia una efectiva descentralización.

En el ámbito regional, nuestro Gobierno planteó al H. Senado en diciembre del año 2014 un proyecto de reforma constitucional destinado a posibilitar la elección popular de los intendentes. Asimismo, en enero de 2015 el Ejecutivo ingresó a trámite en la H. Cámara de Diputados una indicación sustitutiva al proyecto de ley que fortalece la descentralización.

Por su parte, en el ámbito local, se plantea la presente iniciativa, la cual busca dar respuesta al creciente aumento de responsabilidades de las municipalidades del país, fortaleciendo el ámbito de sus recursos humanos, y estableciéndoles obligaciones de información y rendición de cuentas en estas materias. Esto implica avanzar para que las municipalidades transiten de administraciones a auténticos gobiernos locales.

En efecto, debe tenerse presente que en el año 1994 fue la última vez que se definieron las plantas municipales. Luego de más de dos décadas, es evidente que ha llegado el momento de actualizar dichas plantas y adecuarlas a las funciones municipales y demandas ciudadanas. Este desafío no es tan sólo un acto de aumento del número de funcionarios o de sus remuneraciones, sino que se trata de proponer un nuevo diseño del municipio en cuanto a la gestión de sus recursos humanos.

Al respecto debe considerarse la relación existente entre el número de funcionarios y la cantidad de población a atender, la cual actualmente presenta una de las menores tasas a nivel OCDE e incluso de América Latina. Junto a lo anterior, debemos agregar que el nivel de profesionalización promedio de las municipalidades del país es bajo, siendo de tan sólo 1 profesional por 4 funcionarios municipales.

En consideración a dicho diagnóstico, mi Gobierno realizó un proceso de diálogo con Alcaldes y funcionarios. Fruto de ello, el 14 de Noviembre de 2014, firmamos junto a representantes de las municipalidades (Alcaldes) y de los funcionarios un Protocolo para la Modernización del Sistema Municipal Chileno. En dicho acuerdo, identificamos 4 ejes de modernización, a saber: 1) Responsabilidad Fiscal, 2) Recursos y Competencias, 3) Fortalecimiento de los Recursos Humanos y 4) Participación Comunal. Un primer producto de dicho Protocolo lo constituye la presente iniciativa legal, que traduce los acuerdos del capítulo sobre recursos humanos. Proyectos de ley complementarios, que abordan los acuerdos de los restantes capítulos, serán presentados al H. Congreso durante mi mandato presidencial.

El presente proyecto recoge, además, recomendaciones emanadas del Informe de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo de las Regiones. Dicha Comisión consideró necesario “Readecuar la Situación del Personal de las Municipalidades”, especificando que “Las decisiones que se adopten sobre la materia deben sustentarse en un diálogo que convoque a representantes de los funcionarios, de las Municipalidades y del Gobierno.”.

Junto a lo anterior, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración recoge consideraciones y propuestas contenidas en el Informe Final del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. En efecto, dicho Informe precisa que “Los gobiernos municipales son una pieza clave en la vinculación del poder público con los ciudadanos. Su relevancia radica en dicha proximidad y en su responsabilidad protagónica en la provisión de una gran cantidad de servicios y prestaciones a la comunidad local. Dicho de otro modo, la entidad municipal tiene una enorme importancia en la vida cotidiana y en las necesidades básicas de las personas.”

El Informe del Consejo Asesor identificó además factores que pueden generar riesgo de corrupción. Es el caso, entre otros, de los recursos públicos asociados a sus múltiples y diversas funciones; la falta de estándares adecuados de cumplimiento efectivo sobre ejecución presupuestaria y administración financiera; la falta de personal profesional idóneo, así como la débil estabilidad laboral en muchos cargos; la ausencia de un patrón compartido de comportamiento de probidad; y la falta de controles adecuados en las áreas sensibles, así como de las sanciones correspondientes a los funcionarios y autoridades locales por faltas e ilícitos en probidad y cumplimiento de normas. Por ello, el proyecto de ley considera diversas propuestas que efectuó el citado Consejo Asesor. Es así como en materia de personal se recoge la idea de considerar “un plan gradual de capacitación y profesionalización del personal que abarque diversos aspectos, destinado a ordenar las plantas, a otorgar mayores niveles de estabilidad en el empleo, y a una mayor profesionalización de funciones y unidades clave”. Por ello, el proyecto de ley establece “mecanismos que potencien la profesionalización del personal. Se busca que en ciertas unidades relevantes de la organización municipal, “sus funcionarios cuenten con los títulos profesionales idóneos”. Asimismo, la iniciativa legal restringe el uso de la facultad de efectuar modificaciones en la planta municipal en períodos cercanos a elecciones municipales.

Finalmente, considerando que la fijación de las políticas públicas y la elaboración de normas legales y reglamentarias aplicables a las municipalidades es responsabilidad de los órganos del nivel central, con el fin de disponer de información adecuada que permita determinar dichas políticas y propuestas de normas, el proyecto de ley obliga a las municipalidades a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, una serie de antecedentes relacionados con personal y recursos humanos. Por otra parte, cada vez que una municipalidad establezca modificaciones a su planta de funcionarios, deberá informar de ello a la citada Subsecretaría.

II.- CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY.

1.- Fijación y modificación de plantas municipales.

La iniciativa posibilita el aumento de las plantas municipales de la actual dotación, con especial focalización en cargos de profesionales y técnicos. Así, faculta a que sean las propias municipalidades las que determinen sus plantas de personal. Se dispone que se facultará a las municipalidades para que cada 10 años, a propuesta de los Alcaldes, con acuerdo de 2/3 de los integrantes en ejercicio del concejo y dentro de sus disponibilidades presupuestarias; fijen o modifiquen su respectiva planta.

Con el fin de asegurar debidamente la participación, se dispone que dentro del proceso de elaboración de la propuesta de planta se deberá consultar la opinión de las asociaciones de funcionarios vigentes al interior de la respectiva municipalidad, de aquellos regidos por el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales.

Asimismo, las citadas facultades en materia de plantas sólo podrán ejercerse cada diez años. Así, se podrán actualizar según las variaciones que experimente la realidad de la comuna respectiva. Para que en dicho proceso se consideren variables objetivas y se pueda adoptar las decisiones con la suficiente perspectiva, se dispone en el proyecto de ley que la fijación o modificación de plantas no podrá efectuarse en un año que corresponda a elecciones de Alcaldes o Concejales, debiendo ello realizarse dentro del año subsiguiente. En ese mismo sentido y en coherencia con lo anteriormente señalado, en normas transitorias se propone que la primera vez que se ejercerá la citada facultad será en el año 2018.

Por otra parte, la propuesta de planta de los Alcaldes deberá calcular la disponibilidad presupuestaria y su proyección, lo cual es relevante considerando que la planta debiese tener una vigencia de diez años. Para ello, deberá tener en cuenta los ingresos propios de la municipalidad y el gasto en personal del trienio inmediatamente anterior al año en el cual se determina la planta.

En el mismo sentido, el proyecto de ley considera la posibilidad de sancionar por notable abandono de deberes tanto a los Alcaldes como a los Concejales que hayan participado en un proceso de modificación de plantas municipales, el cual haya considerado una proyección de ingresos y gastos, injustificadamente errónea. El procedimiento aplicable será el hoy vigente, correspondiéndole a los órganos de la justicia electoral pronunciarse sobre la materia. También se considerará que existe notable abandono de deberes en los casos en los cuales las autoridades municipales no revisen y realicen ajustes en consideración a los informes trimestrales, elaborados por la unidad de control, referidos a estados de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales, aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, entre otras materias. El mismo ilícito se configurará en caso de desatenderse la representación que la citada unidad de control, efectúe por los déficits que advierta en el presupuesto municipal así como pasivos contingentes.

Por otro lado, y en la perspectiva de mantenerlo actualizado en forma permanente, un requisito esencial para poder fijar plantas será el disponer de escalafón de mérito vigente, el cual permitirá elaborar la propuesta considerando la situación y derechos del personal existente en la municipalidad.

Para incrementar la tasa de profesionalización municipal, se dispone que a lo menos un 75% de los nuevos cargos que se creen requieran para su ejercicio de título profesional o técnico. Ello tiene relación con las nuevas y complejas competencias que se le han conferido a las municipalidades en las últimas décadas. El proyecto propone las necesarias normas de encasillamiento de personal que se requieren en aquellos casos en los cuales se efectúen modificaciones a las plantas.

Asimismo, se considera la posibilidad de encasillar en las plantas a personal a contrata que tenga una antigüedad de diez años o más en la respectiva municipalidad. Se trata de reconocer la trayectoria de funcionarios públicos dotados de la experiencia y la expertiz necesarios para ingresar a las plantas municipales sin requerirse concurso público previo.

Finalmente, y para garantizar la legalidad en la adopción autónoma de la definición de la respectiva planta, la iniciativa legal que someto a vuestra consideración propone que el acto administrativo municipal que disponga la planta sea sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República.

Una vez que el respectivo acto sea publicado en el Diario Oficial y estando ya vigente (1 de enero del año siguiente al de su publicación), se entenderán derogadas las correspondientes normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país; es decir, los actuales decretos con fuerza de ley serán reemplazados por actos administrativos municipales, en concordancia con la normativa constitucional vigente en la materia.

2.- Modificaciones a límites máximos de gasto en personal y requisitos para el ingreso y promoción en los cargos de plantas.

El presente proyecto de ley propone ampliar el límite máximo del gasto en personal desde un 35% hasta un 40% de los respectivos ingresos propios municipales. De esta forma se posibilitará producir los aumentos de plantas descritos anteriormente. Para efectos de tener certeza sobre qué comprende el concepto de “gasto en personal”, el articulado del proyecto de ley proporciona una definición precisa y amplia de ello. Del mismo modo, la iniciativa legal precisa, para estos efectos, el concepto de “ingresos propios”.

Asimismo, se dispone la ampliación del límite máximo de gasto en personal a contrata desde un 20% hasta el 40% del gasto en personal de planta. Por su parte, en las municipalidades con planta de menos de 20 cargos, podrán contratarse hasta 8 personas y no 4 como se dispone en la legislación hoy vigente.

En cuanto a los requisitos para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades, el presente proyecto de ley traslada las normas hoy presentes en la ley N° 19.280, la cual posibilitó el anterior proceso de fijación de plantas municipales en los años 1993 y 1994, al articulado de la ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Así, en un mismo cuerpo legal quedarán comprendidos los distintos requisitos para ingresar a las plantas de las municipalidades del país. Sin perjuicio de las modificaciones formales descritas, se propone una modificación de fondo en los requisitos de ingreso a las plantas de auxiliares, a saber, haber aprobado la educación media o encontrarse en posesión de estudios equivalentes.

Debe considerarse, finalmente, que los nuevos requisitos contemplados en la propuesta legal, no se aplicarán al personal de planta y contrata hoy existente en las municipalidades, el cual continuará rigiéndose por las normas vigentes al momento de su ingreso a la carrera funcionaria, hasta su cese en ella.

3.- Asignación profesional.

Durante mi primer Gobierno, en julio de 2007, se publicó la ley N° 20.198, la cual dio inicio al proceso de homologación de los sueldos base de los funcionarios municipales, respecto de sus pares de ministerios y servicios. Posteriormente, la ley N° 20.624 permitió completar dicho proceso de homologación de sueldos base. En la misma dirección, el año 2014 la ley N° 20.723 dispuso la homologación de los porcentajes comprendidos en la asignación de mejoramiento de gestión municipal respecto de la asignación de modernización del nivel central (PMG). Más aún, la Ley de Presupuestos del Sector Público hoy vigente contempla un aporte fiscal para facilitar a las municipalidades el pago de dicha homologación.

Como parte del mismo proceso el proyecto de ley que someto a vuestra consideración dispone el pago a los funcionarios municipales de la asignación profesional. Así, los profesionales de municipalidades que se desempeñen en las plantas de directivos, profesionales y jefaturas percibirán una asignación similar a la de sus pares de nivel central.

Sin perjuicio de lo anteriormente descrito, y con el fin de preservar el principio de igualdad, el proyecto de ley que someto a vuestra consideración dispone que, fruto del pago de la asignación profesional, ningún funcionario municipal podrá obtener una remuneración bruta mensual superior a la de un funcionario del nivel central de igual grado regido por la escala única de sueldos. Por ello se dispone la obligación de efectuar un ejercicio comparado que, en casos calificados, implicará efectuar una reducción exclusivamente del monto de la citada asignación.

En cuanto a temporalidad, el proyecto de ley dispone que la asignación profesional se pagará progresivamente. Así, a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación, la asignación se pagará en un 17%; a contar del 1 de enero inmediatamente siguiente a dicha publicación será de un 34%; y a partir del 1 de enero del año subsiguiente al de publicación se pagará íntegramente en un 100%. El beneficio antes descrito no alcanzará a los jueces de policía local, dado que ellos tienen derecho a percibir una asignación mensual de responsabilidad judicial, según lo dispuesto en el artículo 5° de la ley Nº 15.231, Orgánica de los Juzgados de Policía Local. Del mismo modo, los Alcaldes no tendrán derecho a percibir tampoco la asignación profesional en consideración a que perciben la asignación de dirección superior contemplada en el artículo 69 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

4.- Bono post laboral de la ley N° 20.305.

Durante los últimos años se han dictado diversas leyes que buscan otorgar incentivos a funcionarios públicos para retirarse de la carrera funcionaria. En el caso del sector municipal, la última norma dictada fue la ley N° 20.649. Al respecto, existen beneficiarios del artículo 14 de dicho cuerpo legal que cumplían los requisitos para acceder al bono post laboral dispuesto en la ley N° 20.305, y que no se les concedió tal beneficio, fundándose en que no cumplirían con los plazos para solicitarlo y porque la excepción contenida en esa norma legal no les sería aplicable. Dicha interpretación es subsanada por esta iniciativa.

Por lo anterior, y considerando un universo acotado de beneficiarios que ya dejaron de ser funcionarios y que solicitaron en su momento el bono post laboral; se dispone para ellos el derecho de acceder a tal beneficio en la medida naturalmente, que cumplan con los requisitos exigidos para ello.

5.- Mejoras de grados, incorporación de personal a contrata a la planta respectiva y actualización de posiciones relativas.

Como una forma de reconocer la labor realizada por el personal de planta, la presente iniciativa legal dispone, al igual que lo dispusiera el artículo 2° de la ley N° 19.280, mejoras de grado para algunos funcionarios.

Específicamente, el personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares será encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular. Dicho beneficio alcanzará al personal que se haya encontrado en las citadas plantas entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive.

El citado encasillamiento operará por el sólo ministerio de la presente ley a contar el primer día del mes siguiente al de su publicación, correspondiéndole a la respectiva municipalidad dictar el acto administrativo que reconozca y formalice ello. El mismo personal que se haya beneficiado por el aumento de grado citado, tendrá derecho a acceder a un aumento adicional de grado a contar del 1 de enero del año 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, a contar del 1 de enero del año siguiente al de publicación del presente cuerpo legal, y por el sólo ministerio de ésta, se encasillaría en un grado superior al personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que al 1 de enero de 2015 se encontrare sirviendo como titular cargos entre los grados 10° al 14°, ambos inclusive.

Un requisito común para acceder a los beneficios descritos anteriormente, es que el respectivo funcionario deberá haberse desempeñado al menos durante 5 años, continuos o discontinuos con anterioridad al 1 de enero de 2015, en la misma municipalidad. Para ello podrá considerarse el tiempo servicio en la planta o a contrata.

Además de los beneficios antes descritos para el personal de planta, la presente iniciativa legal propone también efectuar un reconocimiento al personal a contrata. Por ello, se faculta a los Alcaldes a modificar los actos administrativos que dispusieron las contrataciones del personal a contrata asimilado a grados de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares. Lo anterior con el objetivo de disponer aumentos de grados en los mismos términos establecidos para el personal de planta. Se requerirá para ello de una antigüedad mínima de 5 años en la misma municipalidad, continuos o discontinuos, contados hacia atrás desde el 1 de enero de 2015.

Luego, se contempla que estos aumentos de grados se realicen con los cargos vacantes que existan en la planta municipal, y para el caso en que estas no sean suficientes, se propone facultar a los Alcaldes para modificar las plantas de personal durante el año de publicación de la ley. Se podrán crear al efecto los cargos necesarios para los fines descritos, asimismo, se entenderán suprimidos por el solo ministerio de la ley en el mismo número de cargos que se creen, aquellos cuya vacancia genere los funcionarios encasillados en grados superiores. No obstante lo anterior, y con el fin de conservar la escala, no se suprimirán en caso alguno los grados correspondientes al último de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, debiendo quedar, a lo menos y siempre, un cargo en cada grado de dichas plantas.

Las modificaciones de grado dispuestas en las normas transitorias de la presente iniciativa no constituirán como ascensos, conservando los funcionarios sus respectivos bienios.

Para efectos de facilitar los incrementos de grado, el proyecto de ley propone modificar las posiciones relativas sólo en los estamentos de auxiliares, administrativos y técnicos, en lo referido específicamente a la posición relativa del grado tope de cada estamento, pasando éste a ser el inmediatamente superior.

6.- Bono especial.

Los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional, tendrán derecho a percibir un bono especial, imponible y tributable que ascenderá al equivalente a cuatro veces el monto que les corresponda recibir por dicha asignación, es decir, y considerando la gradualidad del 17%, equivaldrá a un 68% de su monto mensual en régimen para aquellos que la reciban en su monto máximo.

Del mismo modo, quienes ejerciendo cargos en plantas de técnicos, administrativos o auxiliares que se encuentren al 1 de enero de 2015 entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive, podrán acceder a un bono especial. Dicho bono especial será equivalente a la diferencia mensual existente entre el total de haberes brutos que le corresponda a partir de la vigencia del incremento de grado y los existentes en forma previa al incremento de aquel, multiplicado por el factor 4.

7.- Incremento Previsional.

El decreto ley N° 3.501 de 1980 que fijó un nuevo sistema de cotizaciones previsionales dispuso que, a partir de su entrada en vigencia, esto es, el 1 de marzo de 1981, las cotizaciones gravarían las remuneraciones de los funcionarios dependientes que en dicho cuerpo legal se indican. Como consecuencia de ello, los trabajadores antedichos verían disminuida su remuneración líquida, puesto que al pasar del antiguo sistema previsional de reparto (administrado por múltiples cajas) al de capitalización individual (en manos de administradoras de fondos de pensiones) las cotizaciones previsionales pasarían a ser de cargo de ellos mismo.

Teniendo en cuenta ello, el decreto ley dispuso que se incrementaría la remuneración de los trabajadores, en la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981, utilizando para ello una serie de factores que se indican en el citado cuerpo legal.

Así, el artículo 4° del decreto ley dispuso que los incrementos previsionales sólo debieran producir el efecto de mantener el monto total líquido de las remuneraciones. En consecuencia, el decreto ley N° 3.501 estableció que los trabajadores que pasaren al sistema de pensiones creado por el decreto ley N° 3.500 de 1980, mantendrían el monto líquido de sus remuneraciones. Asimismo, dispuso que, se incrementaría el monto de la remuneración en la parte afecta a imposiciones al 28 de febrero de 1981. Fruto de lo anterior, el incremento en la remuneración se haría conforme los factores indicados en el decreto ley y el límite de cálculo para determinar el aumento sería el 28 de febrero de 1981. Del mismo modo, los incrementos no modificarían el monto de los beneficios y prestaciones en la parte no afecta a imposiciones previsionales.

Históricamente, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República dispuso que no procedía calcular el incremento previsional respecto de elementos remuneratorios creados o reconocidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto ley Nº 3.501, es decir, establecidas después del 28 de febrero de 1981. Ello conforme el texto expreso del decreto ley 3.501 de 1980 (Criterio reiterado en los dictámenes N° 27.108 de 1983; 28.993 de 1998; 40.282 de 1997).

No obstante ello, con ocasión del Dictamen N° 8.466 de 22 de febrero de 2008, la Contraloría señaló que “los trabajadores dependientes afiliados a las instituciones de previsión indicadas en el artículo 1° de ese cuerpo normativo (decreto ley 3.501 de 1980) mantendrán el monto líquido de sus remuneraciones, para lo cual se incrementarán éstas, en la parte afecta a imposiciones, mediante la aplicación de los factores que la misma norma indica.” Omitiendo en dicho dictamen a continuación de la palabra “imposiciones” la frase “al 28 de febrero de 1981”.

Amparados en dicho Dictamen, algunos municipios del país entendieron que la Contraloría había variado su interpretación de la norma, en el sentido de autorizar una nueva fórmula para determinar el aludido beneficio, razón por la cual comenzaron a pagar tal incremento calculándolo sobre el total de las remuneraciones imponibles, sin considerar la fecha límite impuesta por el legislador del 28 de febrero de 1981.

Luego de ello, la Contraloría debió precisar su interpretación y por medio del dictamen N° 44.764 de 18 de agosto de 2009, aclaró que el incremento debía calcularse aplicando el factor correspondiente sólo sobre las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se encontraran afectas a cotizaciones previsionales y no a las creadas o establecidas con posterioridad las que no gozan del beneficio establecido en dicha fecha por el legislador.

En este contexto, esa entidad de Control debió emitir el dictamen N° 50.142 de 9 de septiembre de 2009, donde señaló cómo proceder en los casos en que el pago del incremento se había verificado erróneamente. Así dispuso que, las autoridades comunales debían modificar su actuar y ajustar al cálculo del incremento, ordenando la devolución de las sumas mal pagadas. Además, los municipios que no habían procedido de ese modo, debían abstenerse de calcular ese beneficio aplicando el erróneo método de cálculo. Luego de emitido el dictamen N° 50.142, a través de un oficio circular solicitó a todas las municipalidades del país que informaran sobre pagos efectuados en virtud de la interpretación que se hiciera del cálculo del incremento.

Con la información recibida, en octubre de 2010, procedió a emitir resoluciones para cada una de las entidades edilicias que habían incurrido en pagos improcedentes, ordenado el reintegro de las sumas pagadas indebidamente y la restitución por parte de los funcionarios respectivos de los montos individualmente percibidos.

Al respecto dispuso que, en caso de pagos indebidos por concepto del incremento previsional, efectuados con posterioridad a la emisión de los dictámenes N°s. 44.764 y 50.142 de 2009, se iniciarían acciones civiles contra los responsables del detrimento causado al municipio. Asimismo, los servidores afectados podrían impetrar ante la Contraloría, el otorgamiento de facilidades o la liberación total o parcial de las sumas adeudadas, en relación con los pagos realizados con anterioridad a la emisión de los dictámenes N°s. 44.764 y 50.142 ambos de 2009.

Lo señalado precedentemente se traduce en el hecho que aún existen municipalidades que continúan pagando en forma errónea dicho incremento previsional; cuestión que ha creado una situación de profunda desigualdad, dado que la escala única de remuneraciones existente en el ámbito municipal se ha visto severamente afectada.

Por ello, he estimado conveniente someter a vuestra consideración dentro de la presente iniciativa legal una norma que ratifica en forma expresa el criterio interpretativo sostenido históricamente por el Órgano Contralor. Por ello se incorpora en el presente proyecto de ley una norma interpretativa del inciso segundo del artículo 2° del decreto ley Nº 3.501, de 1980, en el sentido de indicar expresamente que el incremento previsional contemplado en dicho cuerpo legal, debe ser calculado aplicando el factor que corresponde sólo sobre las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual, permanentes e imponibles que al 28 de febrero de 1981 se encontraren afectas a cotizaciones previsionales y no a las creadas con posterioridad a dicha fecha.

Por otra parte, con el fin de garantizar seguridad jurídica y, a la vez, no afectar el patrimonio de funcionarios o ex funcionarios municipales que recibieron de buena fe recursos calculados erróneamente por sus respectivas municipalidades empleadoras; se propone que las administraciones locales que, antes del 30 de abril de 2015, hayan calculado y pagado el incremento previsional aplicando el factor que corresponde a remuneraciones afectas a cotizaciones previsionales, creadas o establecidas con posterioridad al 28 de febrero de 1981, no puedan exigir de parte de los respectivos funcionarios devolución alguna por dicho concepto. Lo anterior contempla, además, el término inmediato de todos los procesos jurisdiccionales y acciones administrativas en curso iniciados con motivo de cálculos erróneos del citado incremento.

Junto a lo anterior, se proponen impedir que funcionarios o ex funcionarios que se hayan desempeñado en municipalidades que han pagado de forma jurídicamente correcta dicho incremento soliciten algún tipo de compensación. Del mismo modo, funcionarios o ex funcionarios que realizaron las devoluciones solicitadas en su oportunidad no podrán solicitar la devolución de dichos montos.

Para evitar que el problema descrito persista en el tiempo, se establece la máxima sanción administrativa (destitución) para aquellos funcionarios municipales que dispongan o perciban la citada asignación de incremento de una forma distinta a la dispuesta en la presente iniciativa legal. En el caso específico de los Alcaldes, lo anterior se considerará notable abandono de deberes.

8.- Nuevas competencias de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

La Constitución Política precisa en su artículo 122 que las municipalidades son órganos autónomos. Ello cobra especial relevancia en el hecho el Ejecutivo central no ejerce ninguna competencia fiscalizadora respecto de las administraciones locales. No obstante lo anterior, la fijación de las políticas públicas y la elaboración de normas legales y reglamentarias aplicables a las municipalidades es responsabilidad de los órganos del nivel central.

Por ello, y sólo con el fin de disponer de elementos que permitan determinar dichas políticas y propuestas de normas; se obliga a las municipalidades a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública una serie de antecedentes relacionados con personal y recursos humanos.

Por otra parte, cada vez que una municipalidad establezca modificaciones a su planta de funcionarios deberá informar de ello a la citada Subsecretaría.

9.- Aumento del aporte fiscal permanente al Fondo Común Municipal y normas especiales de financiamiento.

En la actualidad el Fisco debe efectuar todos los años, en la respectiva ley de presupuestos, un aporte fiscal al Fondo Común Municipal. Dicho aporte debe ser de 218.000 unidades tributarias mensuales. En la presente iniciativa legal se propone aumentar, a contar del año 2018, dicho aporte fiscal a 1.052.000 unidades tributarias mensuales. Lo anterior quiere decir que se propone casi quintuplicar el aporte que el Fisco efectúa anualmente y de forma permanente a las municipalidades.

Asimismo, y en consideración a los mayores gastos en los que deberán incurrir las municipalidades como consecuencia de las normas propuestas en el presente proyecto de ley; el Fisco efectuará un aporte especial y excepcional durante sus primeros años de implementación. Así, para el año 2015 se considera un aporte extraordinario para las municipalidades de M $ 12.000.000, el año 2016 M $ 24.000.000 y el año 2017 M $ 36.000.000. Dichos recursos serán distribuidos sólo para satisfacer los mayores costos que impliquen pagos de nuevas asignaciones, incrementos de grados y bonos especiales considerados en la presente iniciativa.

10.- Fortalecimiento de la Política de Recursos Humanos.

La presente iniciativa legal incorpora a la política de recursos humanos como un instrumento relevante en la gestión municipal. Además, establece nuevas obligaciones de información y rendición de cuentas en estas materias. De esta forma se incorporan propuestas del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.

En mérito a lo expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°. A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley N° 19.185 para los grados que resulten procedentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local.

Artículo 2°. Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el artículo precedente, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir la asignación profesional, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos grados y estamentos, de la Escala Única de Sueldos.

El funcionario podrá percibir el monto de la asignación profesional que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación profesional.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación del artículo 1º de la presente ley.

II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 3º del decreto ley Nº 479, de 1974;

d) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

e) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

f) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

g) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;y,

h) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación del artículo 1° de esta ley.

Artículo 3º. Los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron las bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, que habiendo presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº 20.305, al momento de solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso al pago del bono por haberse considerado inaplicables estas normas por no cumplir con los plazos de doce meses contemplados en los artículos 2º número 5) y 3º de la ley Nº 20.305; tendrán derecho a acceder al mencionado bono siempre que cumplan los requisitos para acceder a él.

El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que haya cesado en sus funciones.

Artículo 4°. Declárase interpretado el inciso segundo del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, respecto de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 y remunerados conforme al Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1980; en el sentido que, a contar del 1 de marzo de 1981, los factores que, por concepto del incremento previsional establecido en el ya mencionado artículo 2°, han debido determinarse considerando únicamente las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual, permanentes e imponibles que, al 28 de febrero de 1981, se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, los que para dichos funcionarios corresponden exclusivamente al monto del sueldo base que para cada uno de los grados estableció la escala contenida en el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980.

Artículo 5°. Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos que determine al efecto dicha Subsecretaría:

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal;

b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica;

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan contratación de personas sobre la base de honorarios;

d) Escalafón de mérito vigente;

e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la administración del Estado;

f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario; y,

g) Gasto total en recursos humanos.

La información remitida sólo podrá ser utilizada para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.

Artículo 6°. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su letra b) la conjunción “y”.

b) Reemplázase en su letra c), el punto final por una coma(,) y agrégase la conjunción “y”.

c) Agrégase la siguiente letra d) nueva:

“d) La política de recursos humanos.”

2) Reemplázase en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo “218.000” por “1.052.000”.

3) Agrégase en la letra a) del artículo 27 a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente:

“Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento y grado de remuneración. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

4) Agréganse, a continuación del artículo 49, los siguientes nuevos artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter:

“Artículo 49 bis. Los Alcaldes, en el reglamento interno de la municipalidad, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior, estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.

2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.

4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.

5. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley Nº 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley; en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.

6. Los Alcaldes deberán realizar consulta a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal.

7. Los Alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

8. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.

9. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad injustificadamente errónea; se entenderá que se configura un notable abandono de deberes tanto de parte de los Alcaldes como de los Concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

Asimismo, se configurará notable abandono de deberes por la no revisión y realización de los correspondientes ajustes en consideración a los informes trimestrales a que se refiere el literal d) del inciso primero del artículo 29 o la representación contemplada en el artículo 81, en caso que en dichos informes o representaciones se consideren déficits derivados de la fijación o modificaciones de plantas. En dichas situaciones se procederá según lo dispuesto en el inciso precedente.

Artículo 49 ter. Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior, sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, diez años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y, se encuentren calificados en lista N°1 de distinción, o lista N°2 buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, con aquellos que tengan más años de servicio en la respectiva municipalidad. En caso de empate, serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Alcalde.

c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52 y 53 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.

d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i. El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal.

ii. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación de derechos previsionales.

iii. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv. Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo 49 quáter. Las facultades conferidas en los artículos 49 bis y 49 ter, podrán ejercerse cada diez años y sólo dentro de dicho año; siempre que se cumplan los requisitos y límites que esta ley establece.

En caso de corresponder hacer uso de las citadas facultades en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse sólo durante el año subsiguiente a éstas; correspondiendo nuevamente la facultad al cabo de diez años siguientes a aquel, a menos que se verifique la situación a que se refiere el presente inciso.

La nueva planta de personal entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

5) Agrégase a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 56, que pasa ser punto seguido, la siguiente frase:

“Además, deberá presentar para aprobación del Concejo la política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación; y, egreso.”.

6) Introdúcense en el inciso segundo del artículo 67 las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase, en el literal g) la coma (,) y la conjunción “y” que le sigue por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra h) nueva, pasando la actual a ser letra i):

“h) Estado de la aplicación de la política de recursos humanos, y”.

Artículo 7°. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

1) Modifícase su artículo 2° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso cuarto el vocablo “veinte”, la primera vez que aparece, por “cuarenta”, y la expresión “cuatro” por “ocho”.

b) Agréguese el siguiente inciso final:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gastos en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.

2) Agrégase, en el artículo 7°, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

3) Agrégase, en el artículo 8°, el siguiente inciso final, nuevo:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:

a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil o de constructor civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Jefaturas: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título de técnico nivel medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.

6) Plantas de Auxiliares: Licencia de educación media o su equivalente. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.”.

4) Agrégase en el inciso primero del artículo 25 a continuación del punto aparte(.) que pasa a ser punto seguido(.) la oración siguiente: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.”.

Artículo 8°. Agrégase un inciso final nuevo al artículo 9° ter de la ley N° 19.803, que Establece Mejoramiento de la Gestión Municipal, del siguiente tenor:

“Para efectos de realizar la comparación del inciso primero, respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a la asignación profesional, también deberá sumarse, a las rentas señaladas en el numeral I del inciso cuarto, el valor que se pague por dicha asignación en el respectivo mes.”.

Artículo 9°. Derógase el artículo 1° de la ley N° 18.294, que Establece normas y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley 3.063, de 1979.

Artículo 10. Deróganse los artículos 11 y 12 de la ley N° 19.280, que Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Establece Normas Sobre Plantas de Personal de las Municipalidades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero. El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que a continuación se indican; será encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular, en el siguiente orden:

a) A contar del primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley, se procederá a encasillar sólo a los funcionarios de las plantas antes señaladas que se encuentren al 1 de enero de 2015, entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive.

b) A contar del 1 de enero del año siguiente a la publicación de la presente ley, se encasillarán a los funcionarios de esas plantas que se encuentre al 1 de enero de 2015, entre los grados 10º al 14º, ambos inclusive.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo Segundo. El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que está en posesión a esta última fecha.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo Tercero. Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los Alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo reglamento.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo, no quedará afecto a la limitación establecida en el inciso tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que se incorpora a través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en los últimos 36 meses.

Artículo Cuarto. Para efectos de la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se utilizarán los cargos vacantes de las respectivas plantas de personal.

Si aplicado el mecanismo anterior faltaren cargos, los Alcaldes estarán facultados para modificar las plantas del personal de las municipalidades, sólo con el objeto de crear los cargos necesarios para ello. A su vez, se entenderán suprimidos por el sólo ministerio de la ley, en el mismo número de cargos que cree, aquellos cuya vacancia generen los funcionarios a los cuales se encasille de acuerdo a los artículos primero y segundo transitorios de esta ley. Con todo, no se suprimirán los cargos correspondientes al último grado de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, y siempre deberá quedar, a lo menos, un cargo en cada grado de dichas plantas. Con todo, el número total de cargos de cada una de las plantas antes señaladas deberá ser, a lo menos, el mismo que existía con anterioridad al encasillamiento.

Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto en el inciso anterior deberán dictarse dentro de los noventa días siguientes a las respectivas fechas que fijan los artículos primero y segundo transitorios precedentes disponiendo los respectivos encasillamientos.

Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2° de la ley N° 18.883, incorporado por el literal b) del número 1 del artículo 7° de la presente ley, sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para la señalada aplicación.

Artículo Quinto. Los cambios de grado que determine la aplicación de los artículos primero a tercero transitorios de esta ley, no serán considerados como ascensos para los efectos previstos en la letra g) del artículo 97 de la ley N° 18.883.

Los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que estuvieren percibiendo, como asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo Sexto. El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2015 de M$ 12.000.000 (doce mil millones de pesos), en el año 2016 de M$ 24.000.000 (veinticuatro mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; anualmente determinará los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución especificará los criterios de priorización utilizados en la distribución de los recursos.

Para estos efectos, dichas municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad que determine dicha Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación del presente artículo.

Para dichos efectos los Alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que contendrá un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado tanto respecto de los funcionarios de planta y contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto, deberán ser enviados a la citada Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año correspondiente.

Para la entrega de los aportes respectivos a los años posteriores, los oficios deberán ser enviados a más tardar el 28 de abril de cada año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y artículos primero, segundo, tercero y octavo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a la escala de penas establecidas en el artículo 236 del Código Penal.

Artículo Séptimo. El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° de la presente ley ascenderá a un 17% (diecisiete por ciento)de su monto total desde el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de ese año; a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero del año siguiente a dicha publicación; y a un 100% de ella a contar del 1 de enero del año subsiguiente a la referida publicación.

Artículo Octavo. Concédese, por una sola vez, a los funcionarios municipales que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto ascenderá a:

a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° de esta ley en el mes siguiente al de su publicación, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en dicho mes.

b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se les aplique la letra a) del artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda al mes subsiguiente de la fecha de publicación de la presente ley y el total de haberes brutos del mes anterior a dicha publicación. Para efectos del presente literal, no se considerará la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Este bono se pagará en una sola cuota, en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley, sólo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.

Artículo Noveno. Las facultades concedidas en los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N°18.695, introducidos por el artículo 6° de la presente ley, podrán ejercerse por primera vez dentro del año 2018.

La modificación establecida por el número 2 del artículo 6° de la presente ley, entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3 del artículo 7° de la presente ley, no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalado.

Artículo Décimo. Deróganse las correspondientes normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país, a contar de la fecha de entrada en vigencia del primer reglamento que fije para cada municipalidad la nueva planta de personal establecida en virtud de los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, según corresponda.

Artículo Décimo Primero. Condónanse las cantidades que en exceso hayan recibido y no hayan sido restituidas por los funcionarios o ex funcionarios a que se refiere el artículo 4° de la presente ley, en virtud del pago del incremento previsional contemplado en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501 de 1980, en el período que media entre el 1 de marzo de 1981 y el 30 de abril de 2015.

Declárase que la condonación dispuesta en el inciso anterior bastará para regularizar la situación de los funcionarios o ex funcionarios ante las respectivas municipalidades, no pudiendo estas corporaciones exigir devolución alguna de parte de ellos por dicho concepto.

Asimismo, deberá procederse a poner término a todos los procesos administrativos o judiciales, cualquiera sea la etapa en que se encuentran, que tengan su origen en una interpretación diversa de la establecida en el artículo 4° de la presente ley.

Decláranse extintas las responsabilidades civiles, administrativas y criminales de funcionarios o ex funcionarios municipales, así como de Alcaldes, Concejales, ex Alcaldes y ex Concejales que se deriven de acciones u omisiones relacionadas con una estimación del incremento previsional contraria a lo estatuido en el artículo 4° de la presente ley.

Con todo, a contar de la fecha de publicación de la presente ley, en caso alguno y bajo ningún supuesto podrán pagarse remuneraciones a funcionarios municipales interpretándose el inciso segundo del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, de una forma diferente a la indicada en el artículo 4°. A aquellos funcionarios que dispusiesen o recibiesen pagos en forma contraria a lo señalado, sin hacer devolución de ellos, se les aplicará la medida disciplinaria de destitución de conformidad a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.883, que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Para el caso de Alcaldes, el incurrir en la conducta señalada en este inciso será considerado notable abandono de deberes, otorgándose acción pública para sustanciar el respectivo procedimiento, el que se sujetará a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Artículo Décimo Segundo. Las sumas que funcionarios o ex funcionarios municipales hubiesen restituido a las respectivas municipalidades, con motivo de pagos de remuneraciones que hubieren considerado el incremento previsional en una forma distinta a la señalada en el artículo 4° de la presente ley; no darán derecho a aquellos a ningún tipo de devolución, restitución o compensación.

Asimismo, los funcionarios o ex funcionarios municipales que, con motivo de pagos de remuneraciones hubieren percibido el incremento previsional en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la presente ley, no tendrán derecho a compensación alguna.

Artículo Décimo Tercero.- Las anotaciones, que hubieren recibido en su hoja de vida los funcionarios municipales regidos por la ley N° 18.883, y remunerados de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, sean éstas de demérito o que dieren cuenta de alguna medida disciplinaria, únicamente por razón de haberse interpretado erróneamente el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1981, con anterioridad al 30 de diciembre de 2014, se entenderán eliminadas por el sólo ministerio de la ley.

Dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación de la presente ley, la unidad encargada de personal, o a la que cumpla dichas funciones en la municipalidad, deberá tomar las medidas pertinentes para dejar constancia en la hojas de los funcionarios de la eliminación de las respectivas anotaciones. Dentro del mismo plazo deberá comunicar a los funcionarios correspondientes respecto de la eliminación de la anotación.

La presente norma solo tendrá efecto en las calificaciones, escalafones de mérito, o ascensos a contar del periodo calificatorio que se inicie en forma posterior a la fecha de publicación de la presente ley, sin que el funcionario pueda alegar perjuicio alguno, que signifique daño a su patrimonio o a su carrera funcionaria.

Artículo Décimo Cuarto.- El mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas en la presente ley será de cargo municipal.

Con todo, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia para los artículos 3° y sexto transitorio, se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

1.2. Primer Informe de Comisión de Gobierno

Senado. Fecha 19 de agosto, 2015. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 45. Legislatura 363.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

BOLETÍN Nº 10.057-06.

_________________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de presentaros su primer informe sobre el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

A algunas de las sesiones en que vuestra Comisión trató este proyecto de ley asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senador señora Lily Pérez, y señores Manuel José Ossandón, Carlos Montes y Víctor Perez. Asistió además el Honorable Diputado señor Marcelo Schilling.

Asistieron, además, De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: el Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes, el Jefe de la División de Municipalidades, señor Nemesio Arancibia; los Asesores, señores Álvaro Villanueva y Víctor Miranda, y el Periodista, señor Rodrigo O’Ryan. Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: la Asesora Legislativa, señora Yohanna Villablanca. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Asesor, señor Sergio Herrera. Del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local: el Presidente, señor Miguel Aguirre Torres y los Jueces, señores Alejandro Cooper y Cristian Arévalo. Del Colegio de Secretarios Abogados de la Policía Local A.G.: los representantes, señores Ricardo Oyarzún; Daniel González y José Miguel Huidobro. De la Asociación Chilena de Municipalidades: el Presidente, señor Sergio Puyol; el Subsecretario Ejecutivo, señor Marcelo Segura; el Secretario Ejecutivo, señor Iván Borcoski; la Jefa de Gabinete, señora Isabel Flores, y el Abogado, señor Malik Mograby. De la Asociación de Municipalidades de Chile: el Director Ejecutivo, señor Andrés Chacón, y el Alcalde de Rancagua, señor Eduardo Soto. De la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH): el Presidente, señor Víctor Mora; la Vicepresidenta, señora Marisol Pinto; el Tesorero, señor Moisés Vera; el Protesorero, señor José Escobar; el Secretario General, señor Antonio Parraguez; la Secretaria, señora Pamela Lizama; los Directores Nacionales, señora Ximena Ordenes y señores Fabián Caballero, Miguel Angel Gómez, Christian Gajardo y Marcelo Quezada; los Directores Regionales, señora Magaly Urbina, y señores Pedro Hernández, Fernando Bastarrica; los Dirigentes Regionales, señoras Diana Muñoz y María Yolanda Pacheco, y señor Carlos Bustamante; la Presidenta de UFEMUCH La Calera, señora Dixie Cabrera; el Tesorero de UFEMUCH La Calera, señor Angelo Flores, y el Secretario de UFEMUCH La Calera, señor Nelson Orellana; la Presidenta de UFEMUCH Curicó, señora Mirta Escalona; el Secretario de UFEMUCH Curicó, señor Gino Giambruno; los Asociados de UFEMUCH Curicó, señoras Elena Maureira; María Eugenia Peñaloza y Maribel Jara, y señor Darío Díaz. De la Asociación de Funcionarios Municipales de Coquimbo (ASFUM), el Presidente, señor Mauricio Santander. De la Federación Regional Metropolitana de Funcionarios Municipales (ARMEFUM): la Presidenta, señora Teresa Román; el Vicepresidente, señor Carlos Lagos y la Secretaria, señora Pamela Zura. De la Asociación de Funcionarios Municipales (ASEMUCH): el Presidente, señor Oscar Yañez; los Directores Nacionales, señoras Morelia Riobo, Ruth Oyarzún, Ruth Flores, Marcela Zúñiga y Lisetty Sotelo y señores Raúl Bustos, Juan Camilo, Arturo Villagrán, Víctor Concha, Ricardo Paredes, Juan Carlos Alegría, Roberto Paredes, Washington Sánchez y Ramón Chanqueo; los Directores, señores Carlos Lagos y Mario Mendoza; el Presidente de ASEMUCH Conchalí, señor Marcelo Ramírez; el Presidente de ASEMUCH San Felipe, señor Wladimir Tapia; el Presidente de ASEMUCH Valparaíso, señor Hermes Gutiérrez; la Presidenta de ASEMUCH San Joaquín, señora Ana Navarro; la Tesorera de ASEMUCH San Joaquín, señora Lilian Contreras; la Presidenta de ASEMUCH Aconcagua-Santa María, señora Elizabeth Sánchez, y el Secretario de ASEMUCH Aconcagua-Santa María, señor Elías León; el Tesorero ASEMUCH Independencia, señor José Bahamondes; el Presidente ASEMUCH Providencia, señor Mario Osorio; el Secretario ASEMUCH Til Til, señor Raúl Casanova; el Director ASEMUCH Providencia, señor Víctor Poblete; la Tesorera ASEMUCH La Pintana, señora Sofía Zaror; el Secretario ASEMUCH La Pintana, señor Cristian Bustamante; los Asociados de Maipú, señora Sara Huerta y señor Víctor Contreras; el Presidente ASEMUCH Isla de Maipo, señor Manuel González; los Asociados, señores Cristian Chateauneuf, David Santander, Manuel Gallardo, Juan Orellana y Daniel Quezada; los Dirigentes, señoras Marcela Muñoz y Jessica Miranda y señores Hermes Gutiérrez, Antonio Riquelme, Daniel Bravo, Marcelo Ramírez, y Daniel Quezada. De la Coordinadora Trabajador@s Públic@s a Honorarios Región Valparaíso: la Coordinadora, Dirigente Nacional y Regional, señora Natalia Corrales; el Dirigente Nacional, señor Washington Pasten, y la Dirigente Regional, señora Ondina Collao. De la Federación Nacional Cementerios Municipales, el Presidente, señor Luis Yévenes. De la Asociación de Funcionarios Conductores de la Municipalidad de Viña del Mar (AFUCOE): el Presidente, señor Luis Pérez, y la Dirigente, señora Mónica Soto. De la Asociación de Conductores de la Municipalidad de Valparaíso: el Presidente, señor Mauricio González. De la Asociación de Conductores de la Municipalidad de Coquimbo: el Presidente, señor Carlos Bravo. De la Asociación de Funcionarios Municipales de Coronel: el Presidente, señor Hugo Oñate; el Tesorero, señor Roberto Martínez, y el Secretario, señor Alexander Alarcón. De la Federación Regional de Funcionarios Municipales V Región: la Directora Regional, señora Rosita Tapia. Del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS: la Directora del Sindicato Valparaíso, señora Paulina Mardones. De la Biblioteca del Congreso Nacional: el Asesor, señor Rafael Hernández. El Asesor del Senador Alberto Espina, señor Andrés Longton. El Asesor del Senador Antonio Horvath, señor Arturo Rodríguez. El Asesor del Senador Rabindranath Quinteros, señor Jorge Frites. El Asesor del Diputado Claudio Arriagada, señor Cristian Mundaca.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Facultar a los alcaldes para que, con la aprobación de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del concejo municipal, fijen o modifiquen las plantas del personal de las municipalidades; Establecer la obligación del municipio de informar sobre la dotación y el personal a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Dictar normas sobre bonificaciones por retiro voluntario, e incremento previsional y asignación profesional; Conceder bono especial, y condonar lo recibido en exceso por error de cálculo del incremento previsional.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Prevenimos que el proyecto debe ser aprobado EN el carácter de norma de rango orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política, por modificar normas de ese carácter de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.

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Todos los documentos recibidos y los acompañados por los invitados fueron debidamente considerados por los miembros de la Comisión, y se contienen en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

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ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa legal, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. Ley N° 18.903, que establece Mejoramiento de Gestión Municipal.

3. Ley N° 18.883, que aprueba estatuto administrativo para funcionarios municipales

4.- Ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.

5.- Ley N° 20.649, que otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

Expresa el Mensaje que el presente proyecto de ley se fundamenta en el proceso de desarrollo de la descentralización del país a partir del fortalecimiento de las municipalidades, afirmando que una de las mayores desigualdades que existen en Chile es la de carácter territorial, no sólo porque las decisiones sobre aspectos relevantes para el desarrollo de los territorios se toman en Santiago, sino también por las distintas oportunidades que enfrentan las personas dependiendo del lugar donde nacen, trabajan, estudian o residen.

Precisa además, que la presente iniciativa legal se plantea con el objeto de dar respuesta al creciente número de responsabilidades que las municipalidades del país han ido asumiendo, asunto que implica avanzar para que los municipios transiten de administraciones a auténticos gobiernos locales.

En particular, destaca, se propone un nuevo diseño organizacional de las municipalidades basado en la gestión de recursos humanos, mediante la actualización y adecuación de las plantas y funciones municipales, desafío que no se asumía desde el año 1994, oportunidad en que se definieron las plantas municipales. Dicho objetivo apunta también, a elevar la tasa de relación entre número de funcionarios y población, así como el nivel de profesionalización de los funcionarios municipales.

Para el diagnóstico de la realidad municipal, señala el Mensaje, el Ejecutivo realizó un proceso de diálogo con alcaldes y funcionarios, arribando a la firma de un Protocolo para la Modernización del Sistema Municipal Chileno, donde se identificaron cuatro ejes: responsabilidad fiscal, recursos y competencias, fortalecimiento de los recursos humanos y participación comunal, asumiendo la presente iniciativa legal el capítulo vinculado a recursos humanos, la cual recoge, además, recomendaciones emanadas tanto del Informe de la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo de las Regiones, como del Informe Final del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.

Observa el Mensaje que el Consejo Asesor identificó diversos factores que pueden ocasionar riesgo de corrupción: recursos públicos asociados a múltiples funciones, falta de estándares adecuados de ejecución presupuestaria y administración financiera, falta de personal profesional idóneo e inestabilidad laboral, ausencia de patrón compartido de comportamiento de probidad, falta de control adecuado en áreas sensibles y de sanciones correspondientes a funcionarios y autoridades locales por faltas e ilícitos en probidad y cumplimiento de normas.

Con dicha finalidad, resalta el Mensaje, la presente iniciativa legal considera diversas propuestas en materia de personal, como el plan gradual de capacitación y profesionalización, destinado a ordenar las plantas, otorgar mayor nivel de estabilidad laboral y profesionalización de funciones, restringiendo, asimismo, la facultad de efectuar modificaciones en la planta municipal en períodos cercanos a elecciones municipales.

Finalmente, el Mensaje señala que el presente proyecto de ley obliga a las municipalidades a remitir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, antecedentes relacionados con personal y recursos humanos e informar las modificaciones a su planta de funcionarios.

b) CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

1. Fijación y modificación de plantas municipales.

La iniciativa posibilita el incremento de las plantas municipales, con especial focalización en cargos profesionales y técnicos, otorgando la facultad a las municipalidades para que cada diez años, a propuesta de los alcaldes con el acuerdo de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del concejo, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y en consulta a las respectivas asociaciones de funcionarios; fijen o modifiquen su respectiva planta. La fijación o modificación de plantas no podrá efectuarse en un año electoral municipal y sólo se podrá ejercer a partir del año 2018.

Para asegurar la viabilidad presupuestaria de una modificación de planta del personal municipal, el presente proyecto de ley considera la posibilidad de sancionar por notable abandono de deberes tanto a alcaldes como concejales que hayan participado en un proceso de modificación de plantas municipales, que haya considerado una proyección de ingresos y gastos injustificadamente errónea.

Para incrementar la tasa de profesionalización municipal, se dispone que a lo menos un 75% de los nuevos cargos que se creen requieran para su ejercicio de título profesional o técnico, proponiendo normas de encasillamiento de personal para el caso de modificación de plantas y antigüedad de funcionarios a contrata.

Por último, el acto administrativo municipal que disponga la nueva planta deberá ser sometido a toma de razón ante la Contraloría General de la República.

2. Modificaciones a límites máximos de gasto en personal y requisitos para el ingreso y promoción en los cargos de plantas.

El presente proyecto de ley propone ampliar el límite máximo del gasto en personal desde un 35% hasta un 40% de los respectivos ingresos propios municipales, posibilitando el incremento de plantas descrito anteriormente, precisando conceptos esenciales para dicho procedimiento, como gasto en personal e ingresos propios. Asimismo, se dispone la ampliación del límite máximo de gasto en personal a contrata de un 20% a un 40% del gasto en personal de planta.

En cuanto a los requisitos para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades, el presente proyecto de ley traslada las normas hoy presentes en la ley N° 19.280 a la ley N° 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, modificando los requisitos de ingreso a las plantas de auxiliares, con la exigencia de haber aprobado la educación media o encontrarse en posesión de estudios equivalentes.

3. Asignación profesional.

La iniciativa legal dispone también, el pago a los funcionarios municipales de la asignación profesional, homologando así la situación con los funcionarios de la administración central. Asimismo, con el objeto de evitar desigualdades, ningún funcionario municipal podrá obtener una remuneración superior a un funcionario del nivel central de igual grado, como consecuencia del pago de dicha asignación. Tal asignación se pagará progresivamente, alcanzando el 100% al tercer año desde la publicación del presente proyecto de ley.

El beneficio antes descrito no alcanzará a jueces de policía local, dado que perciben una asignación mensual de responsabilidad judicial ni a los alcaldes quienes perciben la asignación de dirección superior.

4. Bono post laboral de la ley N° 20.305.

Durante los últimos años se han dictado diversas leyes que buscan otorgar incentivos a funcionarios públicos para retirarse de la carrera funcionaria. En el sector municipal existen beneficiarios que cumplían los requisitos para acceder al bono post laboral, pero que no se les concedió tal beneficio porque no cumplían con los plazos para solicitarlo. Dicha interpretación es subsanada por esta iniciativa.

5. Mejoras de grados, incorporación de personal a contrata a la planta respectiva y actualización de posiciones relativas.

El presente proyecto de ley considera encasillar al personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular. Dicho beneficio alcanzará al personal que se haya encontrado en las citadas plantas entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive, aumento adicional que se podrá reiterar a contar del 1 de enero del año 2017. El beneficio también se contempla para el personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que al 1 de enero de 2015 se encontrare sirviendo como titular cargos entre los grados 10° al 14°, ambos inclusive.

El requisito común para acceder a los beneficios descritos, es que el respectivo funcionario deberá haberse desempeñado al menos durante 5 años, continuos o discontinuos, con anterioridad al 1 de enero de 2015, en la misma municipalidad. Para ello podrá considerarse el tiempo servicio en la planta o a contrata.

La presente iniciativa legal faculta también a los alcaldes, a modificar los actos administrativos que dispusieron las contrataciones del personal a contrata asimilado a grados de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, con el objetivo de disponer aumentos de grados en los mismos términos establecidos para el personal de planta.

Los mencionados aumentos de grados deben realizarse con los cargos vacantes que existan en la planta municipal, y para el caso en que éstas no sean suficientes, se propone facultar a los alcaldes para modificar las plantas de personal durante el año de publicación de la ley.

Las modificaciones de grado dispuestas en las normas transitorias de la presente iniciativa no constituirán ascensos, conservando los funcionarios sus respectivos bienios.

6. Bono especial.

Los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional, tendrán derecho a percibir un bono especial, imponible y tributable que ascenderá al equivalente a cuatro veces el monto que les corresponda recibir por dicha asignación, considerando la gradualidad ya señalada.

Del mismo modo, quienes ejerciendo cargos en plantas de técnicos, administrativos o auxiliares que se encuentren al 1 de enero de 2015 entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive, podrán acceder a un bono especial equivalente a la diferencia mensual existente entre el total de haberes brutos que le corresponda a partir de la vigencia del incremento de grado y los existentes en forma previa al incremento de aquel, multiplicado por el factor 4.

7. Incremento Previsional.

Con el objeto de evitar interpretaciones contradictorias en materia de cálculo de remuneraciones de los funcionarios municipales, la presente iniciativa legal ratifica en forma expresa el criterio interpretativo sostenido históricamente por el órgano contralor, en el sentido de indicar expresamente que el incremento previsional contemplado en el decreto ley N° 3.500, debe ser calculado aplicando el factor que corresponde sólo sobre las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual, permanentes e imponibles que al 28 de febrero de 1981 se encontraren afectas a cotizaciones previsionales y no a las creadas con posterioridad a dicha fecha.

Por otra parte, con el fin de garantizar seguridad jurídica y, a la vez, no afectar el patrimonio de funcionarios o ex funcionarios municipales que recibieron de buena fe recursos calculados erróneamente por sus respectivas municipalidades empleadoras; se propone que las administraciones locales que, antes del 30 de abril de 2015, hayan calculado y pagado el incremento previsional aplicando el factor que corresponde a remuneraciones afectas a cotizaciones previsionales, creadas o establecidas con posterioridad al 28 de febrero de 1981, no puedan exigir de parte de los respectivos funcionarios devolución alguna por dicho concepto. Lo anterior contempla, además, el término inmediato de todos los procesos jurisdiccionales y acciones administrativas en curso iniciados con motivo de cálculos erróneos del citado incremento.

Junto a lo anterior, se proponen impedir que funcionarios o ex funcionarios que se hayan desempeñado en municipalidades que han pagado de forma jurídicamente correcta dicho incremento soliciten algún tipo de compensación. Del mismo modo, funcionarios o ex funcionarios que realizaron las devoluciones solicitadas en su oportunidad no podrán solicitar la devolución de dichos montos.

Para evitar que el problema descrito persista en el tiempo, se establece la máxima sanción administrativa, destitución, para aquellos funcionarios municipales que dispongan o perciban la citada asignación de incremento de una forma distinta a la dispuesta en la presente iniciativa legal. En el caso específico de los alcaldes, lo anterior se considerará notable abandono de deberes.

8. Nuevas competencias de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Con el fin de disponer de elementos que permitan determinar políticas y propuestas de normas; se obliga a las municipalidades a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública una serie de antecedentes relacionados con personal y recursos humanos.

Por otra parte, cada vez que una municipalidad establezca modificaciones a su planta de funcionarios deberá informar de ello a la citada Subsecretaría.

9. Aumento del aporte fiscal permanente al Fondo Común Municipal y normas especiales de financiamiento.

Se propone aumentar, a contar del año 2018, a 1.052.000 unidades tributarias mensuales el aporte fiscal al Fondo Común Municipal. Asimismo, y en consideración a los mayores gastos en los que deberán incurrir las municipalidades como consecuencia de las normas propuestas en el presente proyecto de ley; el Fisco efectuará un aporte especial y excepcional durante sus primeros años de implementación.

10. Fortalecimiento de la Política de Recursos Humanos.

La presente iniciativa legal incorpora a la política de recursos humanos como un instrumento relevante en la gestión municipal. Además, establece nuevas obligaciones de información y rendición de cuentas en estas materias. De esta forma se incorporan propuestas del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción.

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DISCUSIÓN EN GENERAL

Al iniciarse el estudio del proyecto de ley en informe hizo uso de la palabra el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señor Ricardo Cifuentes, quien manifestó que este proyecto de ley forma parte de la agenda del Gobierno que, en términos generales, impulsa un proceso de descentralización político y administrativo del país.

Complementando lo anterior, puntualizó que Chile requiere impulsar un proceso de descentralización atrevido que resuelva inequidades territoriales prácticamente insostenibles en la actualidad, y que contribuya al desarrollo social y económico de los distintos territorios.

Sobre este punto en particular, mencionó que el proceso de descentralización es entendido como un fortalecimiento de la institucionalidad regional y local, de modo que manifestó su interés por que las competencias o atribuciones que hoy día se sostienen a nivel nacional, puedan ser delegadas tanto a las regiones como a los municipios.

Señaló que de acuerdo con el programa de Gobierno se debiese avanzar paulatinamente en la transformación de la administración municipal en un verdadero gobierno local, lo que requiere del fortalecimiento de la institucionalidad municipal, especialmente en áreas relacionadas con facultades en materia de administración de personal, y de oportunidades para enfrentar los problemas que plantea el desarrollo local.

Enseguida recalcó que desde el año 1994 las plantas municipales han permanecido prácticamente inmóviles, en circunstancias que evidentemente la realidad de las distintas comunas ha cambiado radicalmente. En este sentido hizo presente que los problemas que enfrentan los municipios para resolver los servicios que demanda los ciudadanos son de diferente carácter, cualitativamente muy superiores y más complejos de afrontar que lo que ocurría años atrás.

Junto con reconocer la importante labor que desarrollan los funcionarios municipales, destacó que con el proyecto de ley se fortalece la organización y se mejoran las condiciones de trabajo de los funcionarios municipales, en sus distintos niveles.

Agregó que al mismo tiempo se pretende avanzar en la descentralización entregando al alcalde y su concejo municipal la facultad para que en esa instancia se defina la planta municipal, que permita la existencia de un diseño de la estructura del municipio en función de sus particulares características y problemáticas, que varían en cada uno de los municipios y en cada comunidad.

Para ello se entrega al municipio la capacidad de que definir la planta más adecuada a su realidad y que esta pueda ser renovada y ajustada en diez años.

Dentro de este mismo contexto señaló que el proyecto de ley mejora la posición de los funcionarios, tanto de planta como de contrata y honorarios, pues la iniciativa viene financia un re encasillamiento de funcionarios municipales, y reconoce por primera vez en la historia la asignación profesional o la calidad de profesional de personas que históricamente han trabajado en los municipios y que tenían un distinto trato que el de los profesionales que trabajan en la administración central del Estado.

Reiteró que la iniciativa genera además flexibilidad para que las comunas puedan asumir de mejor manera el funcionamiento de sus municipios y con especial cuidado de su personal, de modo que la obligación del municipio de no gastar más de un 35% de su presupuesto en personal se cambia y se eleva al 40%, y en la misma línea se permite que se amplíe la dotación a contrata desde un 20% a un 40%.

A continuación, el Asesor Legislativo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva destacó que la iniciativa propone aumentar la actual dotación de las plantas municipales con especial focalización en cargos de profesionales y técnicos. En el mismo sentido, hizo presente que se facultará a las municipalidades para que cada 10 años, a propuesta del alcalde y con el acuerdo de los dos tercios del concejo y dentro de sus disponibilidades presupuestarias; fijen su respectiva planta.

Señaló que dentro del proceso de elaboración de la propuesta de planta se deberá consultar la opinión de las asociaciones de funcionarios, reiterando que las modificaciones podrán realizarse cada 10 años, subrayando la importancia que reviste el hecho que en la fijación de plantas se deba considerar elementos de responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Indicó que un requisito esencial para fijar plantas es disponer de escalafón de mérito vigente y que a lo menos un 75% de los nuevos cargos que se creen requieran para su ejercicio de título profesional o técnico.

Respecto de las normas de encasillamiento de personal, dijo que se deben respetar los derechos de los funcionarios de planta y los principios de la carrera funcionaria, es decir, estabilidad en el empleo y mantención de remuneraciones y antigüedad.

El proyecto considera la posibilidad de encasillar en las plantas a personal a contrata que tenga una antigüedad de 10 años o más en la respectiva municipalidad y para asegurar la autonomía y el debido cuidado de las finanzas de la municipalidad, el acto administrativo que fija nueva planta será sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República. Dicho esto, indicó que la facultad aludida conforme lo dispone la propia iniciativa, podrá aplicarse por primera vez el año 2018.

Enseguida, respecto de la Asignación Profesional señaló que los profesionales que se desempeñen en plantas de directivos, profesionales y jefaturas percibirán una asignación similar a la de sus pares de nivel central. En este sentido destacó que se establece una progresividad que se traduce en el pago de un 17% de ella a contar del primer día del mes siguiente al de publicación de la ley, de 34% a partir del 1 de enero del año siguiente al de publicación y, finalmente, del 100% a partir del 1 de enero del año subsiguiente al de publicación de la ley.

Luego, hizo presente que en las excepciones contempladas para el pago de dicha asignación se encuentran los alcaldes, porque gozan de una asignación de dirección superior que no reciben los demás funcionarios, y los jueces de policía local, que perciben una asignación mensual de responsabilidad judicial.

En este mismo orden de ideas, subrayó que se dispone que el Personal de plantas técnicos, administrativos y auxiliares al primero de enero de 2015, sea encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular, siempre que tengan una antigüedad mínima de cinco años continuos o discontinuos en la misma municipalidad y se encuentren entre los grados 15° al 20°, a contar del 1er día siguiente a publicación de la ley y por su sólo ministerio. Agregó que las mismas personas tendrán derecho a acceder a grado adicional a contar de primero de enero de 2017.

En el caso del Personal de plantas técnicos, administrativos y auxiliares al 01/01/2015 que se encuentren entre los grados 10° al 14°, serán encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular, a contar del uno de enero del año siguiente al de la publicación de la ley.

Con tal propósito se faculta a los alcaldes para modificar los actos administrativos que dispusieron contrataciones a contrata en las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, de modo que pueda disponer aumentos de grados similares, para lo cual también se exige una antigüedad mínima de cinco años en la misma municipalidad, continuos o discontinuos, contados hacia atrás desde el 1 de enero de 2015.

Establecido lo anterior, precisó que la iniciativa está modificando las denominadas posiciones relativas, con el fin de que aquellas personas que están en el tope de la planta respectiva, puedan efectivamente subir uno o dos grados de acuerdo a lo señalado anteriormente.

Señaló asimismo que otro aspecto a considerar es que dado que se está modificando la situación del personal de planta, ello va a obligar a que en los años sucesivos, hasta el 2017 según corresponda, deba modificar la planta pero sólo en lo referido a estas situaciones específicas, pues la facultad que permite fijar una nueva planta sólo podrá aplicarse el año 2018 y así sucesivamente cada diez años.

Respecto a la Bonificación Especial que contempla el proyecto de ley, el personero indicó que los funcionarios que tengan derecho a percibir asignación municipal tendrán derecho a percibirla, y que se trata de un bono equivalente a cuatro meses de pago de dicha asignación (68% de su monto mensual en régimen) que se otorga al personal que verá mejorado su grado el año 2015.

Agregó que las personas que ejercen cargos en plantas de técnicos, administrativos o auxiliares que estén entre los grados 15 al 20 al primero de enero de 2015 accederán a un bono equivalente a la diferencia mensual existente entre el total de haberes brutos que le corresponda a partir de la vigencia del incremento de grado ,y los existentes en forma previa a dicho incremento, multiplicado por factor 4. Además destacó que ambos beneficios alcanzarán a personal de planta y contrata.

Enseguida, subrayó que se está proponiendo que el actual aporte Fiscal al Fondo Común Municipal, de 218.000 UTM, se incrementará a contar de 2018 a 1.052.000 UTM. Igualmente, destacó que el aporte especial y excepcional fiscal considerado para el año 2015 es de M $ 12.000.000; el año 2016 de M $ 24.000.000 y el año 2017 de M $ 36.000.000.

Enfatizó que el proyecto se hace cargo de una problemática municipal, que se arrastra desde hace aproximadamente siete años, relativo al pago del Incremento Previsional. Indicó que se estableció una asignación para el momento de transitar desde el antiguo sistema previsional de reparto al actual de AFP que otorgaba una compensación para los trabajadores no perdieran poder adquisitivo, debido a que las cotizaciones previsionales pasaban a ser de cargo del trabajador. Agregó que en el caso de los funcionarios municipales se creó una asignación que se calculó y pagó de una forma similar hasta la década pasada, en que de acuerdo a un dictamen de la Contraloría General de la República se empezó a pagar en forma distinta por algunas municipalidades.

Señaló que para la base de cálculo de dicha asignación se incorporaban elementos remuneratorios posteriores al año 1981 en que se estableció, lo que hizo que desapareciera la escala única de remuneraciones porque un funcionario grado 10 de un municipio no ganaba lo mismo que un funcionario del mismo grado pero de otra municipalidad, como resultado de la diversa interpretación.

Posteriormente la Contraloría General de la República emitió dictámenes que de alguna forma volvieron al criterio tradicional o histórico, lo que significó que algunos municipios dejaron de pagar esta asignación y otros siguieron haciéndolo. Ello derivó a que en ciertos casos se judicializara la controversia. Agregó que fruto de juicios de cuenta liderados por el órgano contralor o vía demandas del Consejo de Defensa del Estado, actualmente hay alrededor de mil funcionarios municipales que están siendo requeridos por la justicia o ante el tribunal de cuentas, para hacer devolución de estos pagos que, en opinión de dichas entidades, no se ajustaban a la ley.

El proyecto de ley propone una norma interpretativa que define cómo se debió haber pagado y da por bien pagado los pagos realizados hacia atrás, estableciendo la imposibilidad de continuar con los requerimientos tanto de la Contraloría General de la República, en el tribunal de cuentas, como del Consejo de Defensa del Estado en la justicia civil, a fin de que estas personas vean normalizadas su situación y no tengan que efectuar la devolución de los dineros.

Señaló que el Ejecutivo optó por esa solución pues con ello logra garantizar la tranquilidad del personal municipal y también pata que exista una escala única de remuneraciones.

El Honorable Senador señor Quinteros destacó que todas las materias que están reguladas en este proyecto de ley son plausibles y parecen corresponder a un acuerdo alcanzado entre las asociaciones de municipios, los funcionarios y el Gobierno.

Agregó que, no obstante ello, pareciera faltar una mirada más integral en la iniciativa en el sentido que aunque atiende problemas de las plantas de funcionarios no considera una solución real para los problemas del municipio pues no incluye mayores recursos para otras actividades, todo lo cual hace necesario escuchar, en sesiones posteriores, los planteamientos de las distintas asociaciones de funcionarios.

Enseguida llamó la atención sobre el hecho de que sólo se consideran recursos para el aumento de las plantas de las municipalidades por dos o tres años, y también destacó que en una primera mirada no se comprende por qué no se ha considerado que las plantas empiecen a funcionar antes, pues su dilación pareciera postergar la solución.

Señaló que a su juicio el problema que tienen los municipios es grave y requiere de una solución integral, y que este proyecto de ley es el inicio de la respuesta al problema. Agregó que, por ejemplo, es manifiestamente contrario a que más del 50% de los funcionarios de los municipios de Chile estén a contrata o a honorarios, o bajo otras figuras que .

El Honorable Senador señor Espina concordó con la necesidad de escuchar los planteamientos de los representantes de los funcionarios municipales, de modo que instó a los presentes a asistir a una próxima sesión.

A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Bianchi quien manifestó que se ha producido un importante acuerdo y que debe destacarse el esfuerzo hecho para poder llegar hasta esta instancia.

No obstante, dijo que ese importante acuerdo logrado no significa que con más diálogo y trabajo no se pueda mejorar esta propuesta, haciendo presente su disponibilidad para trabajar en estas materias, pero en forma conjunta con los funcionarios municipales.

Luego, manifestó su preocupación por que exista un aumento del 20 al 40% de los funcionarios a contrata estimando que ello significa legalizar directamente la función a contrata en forma indefinida, en circunstancias que lo que se debe hacer es dar garantías a los empleados municipales para que tengan la posibilidad de tener un trabajo estable.

Señaló que otro de los temas es el del daño previsional, ya que debido a que los bonos que se otorgan no son imponibles se sigue afectando la previsión de los funcionarios, de modo que hay una cantidad importante de temas que es necesario resolver.

Finalmente felicitó la decisión de escuchar sin límites a dichos funcionarios en una próxima sesión, de modo que nadie se vea excluido de su participación para la búsqueda de un proyecto que permita aprovechar esta oportunidad de satisfacer los históricos requerimientos de cada uno de ellos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que este es un proyecto largamente esperado por los funcionarios municipales del país. Agregó que tuvo la oportunidad de participar en el protocolo de acuerdo con el Gobierno del que este proyecto debe ser su reflejo,

Señaló que habiéndose recogido un informe en el sentido que dicho acuerdo no estaría cumpliéndose, solicita al señor Subsecretario que en una próxima sesión hiciera llegar una respuesta a las observaciones efectuadas, de manera tal de aclarar ese tema en presencia de los dirigentes.

El Honorable Senador señor Ossandón hizo presente que el proyecto es una buena base. Sin embargo, agregó, le parece necesario ver la forma de transparentar en forma definitiva el tema laboral que existe en los municipios de Chile, porque su solución no debiera significar mayores gastos, si se hace en forma correcta.

Respecto de los grados, planteó que debiesen eliminarse en el mundo municipal los grados del 16 al 20, porque en el fondo los municipios no pueden seguir administrando sueldos de pobreza que se tratan de arreglar mediante las horas extra, ya que eso llega a determinar que los funcionarios terminen solucionando los problemas sociales de personas con menores problemas que los propios.

Destacó la importancia de la planta municipal pero enfatizó que, a su juicio, debiese existir un sistema mixto que permita a los alcaldes tener una planta municipal más su equipo de contrata por un período completo y no en forma anual. Agregó que además se debería dar la libertad para eliminar el sistema de incrementar la dotación con funcionarios a honorarios por cuanto hoy en día los municipios tienen enormes carteras en esas condiciones que cumplen funciones administrativas, de tal manera que es necesario transparentar esta situación y si se puede, crear una planta acorde a las necesidades.

También enfatizó que el Gobierno ha manifestado que terminaría con esa práctica a nivel central, sin que se conozca razón alguna para no hacer lo mismo en el nivel municipal, transparentando la situación y sin gastar más recursos.

Señaló que esta es la oportunidad de materializar el anuncio de la Presidenta de la República en esta materia y transparentar el problema, de modo que manifestó su más amplia disposición para ayudar a que los municipios gastando los mismos recursos puedan dar dignidad al trabajo de un número inmenso de personas que están en condición de honorarios o en programas sociales.

Manifestó que no se pueden seguir arrastrando un número importante de funcionarios con grados 19 y 20 que representan sueldos muy bajos, al punto que atienden personas pobres siendo ellos aún más pobres. Agregó que actualmente los municipios en el país gastan muchísimo más en materia laboral que lo que señala la ley, por la vía de contratar personas para ejecutar los distintos programas sociales.

El Honorable Senador señor Pérez Varela valoró la decisión de analizar este tema en una comisión abierta en que se pueda debatir, pues indicó que en los temas municipales hay una serie de discusiones pendientes, desde hace mucho tiempo, en las que se debe avanzar en la búsqueda de soluciones.

Sobre este tema en específico, subrayó que se trata de un problema de larga data en el que ha habido mucha discusión y movilizaciones por parte de los funcionarios municipales, donde además ha existido un protocolo de acuerdo, de modo que lo primero que se debe conocer es si el Gobierno tiene la voluntad de respetarlo.

Enseguida, hizo presente que dicho protocolo no está fielmente representado en el proyecto de ley en discusión, de modo que planteó que el protocolo tantas veces citado debiese ser el paso inicial para poder abocarse a los temas municipales.

Respecto del incremento previsional señaló que se trata de un tema extremadamente complejo que puede obstaculizar la discusión de este proyecto de ley, de modo que propuso tratarlo en un proyecto distinto, para lo cual requirió la opinión del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que la Comisión tiene plena conciencia de la labor que desarrollan los funcionarios municipales, que constituyen la representación del Estado más cercana a la ciudadanía. Agregó que incluso muchas veces son requeridos por la ciudadanía respecto de materias sobre las cuales no tienen competencia, para la cual no cuentan con recursos, lo que determina que deban soportar la presión de las personas sin contar con los instrumentos y herramientas para poder responder a sus demandas.

Señaló asimismo que la labor de los funcionarios muchas veces no es lo suficientemente difundida y comprendida, ya que no se repara que los funcionarios municipales no pueden resolver todos los problemas del país, aunque muchas veces la ciudadanía crea que todos los problemas pasan por las manos de las municipalidades.

En este orden de ideas, subrayó que existe una falta de equidad entre los derechos que tienen los funcionarios de la administración pública respecto de los funcionarios municipales, sin que se den razones que justifiquen que un funcionario de la administración central tenga más beneficios y recursos o perciba remuneraciones superiores a las de quienes ejercen una labor tan relevante respecto del servicio público como los servidores de las municipalidades.

Finalmente, señaló que en aquello en lo que exista coincidencia con los funcionarios se harán los planteamientos al Gobierno, con el objeto de poder generar en torno a este proyecto de ley un acuerdo que permita debatirlo de buena manera, de modo de satisfacer parte importante de las expectativa de las partes.

En la sesión siguiente el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Sergio Puyol, quién señaló que en primer lugar quería hacer presente que las plantas municipales tienen una historia, como casi toda la legislación del país. En primer lugar hay que tener presente las plantas municipales hasta el año 1973 se modificaban todos los años, y los dirigentes sindicales habían tomado los resguardos para evitar eventuales injusticias. Es así como para la supresión de un cargo específico se requería de un quórum especial y no se podía referir a personas determinadas.

Desde el año 1973 hasta 1994 rigió otra situación, que no puede describir porque ya no estaba en el mundo municipal. Agregó que estuvo hasta el año 1973, momento en que participó en la confección de la planta de la Municipalidad de Ñuñoa para el año 1974, y también tuvo el honor en la única creación de plantas que se realizó el año 1994.

Indicó que cuando en el parlamento se crea un cargo se establece sin ninguna posibilidad de llevarlo a efecto en la realidad. Señaló que, por ejemplo, se hace obligatorio el cargo de prevencionista de riesgo para las municipalidades sin considerar que tales cargos no existen en las plantas. En consecuencia la ley crea el cargo pero como no hay como cumplir la ley se llega a la vulneración de la misma por todos los municipios que, para evitar mayores problemas, tienen que recurrir a figuras como nombrar a alguien a contrata para un cargo permanente, si lo permite el cumplimiento de los porcentajes máximos que es posible destinar a gastos en personal. Si ello no es posible se le nombra a honorarios, lo que impide que pueda firmar los documentos necesarios para ejercer sus funciones, transformándose en un cargo inútil.

Ese es un ejemplo, que últimamente se ha repetido. Señaló que cuando se crean las plantas el año 1994 prácticamente no había personal idóneo para ser consultado, aunque recuerda la participación del especialista en derecho administrativo municipal don Luis Valenzuela Candela, que fue el fundador de lo que se llamó en ese tiempo como conferencia nacional de municipalidades que hoy es la asociación chilena de municipalidades, que aunque tenía gran experiencia le era imposible asesorar a todos los municipios del país.

Señaló que una consecuencia de lo antes expuesto fue que haciendo todos los esfuerzo necesarios para confeccionar las plantas que se presentaron el año 1994, al poco tiempo quedaron en evidencia múltiples inconvenientes que hacían necesario modificarlas, lo que suponían posible basados en la costumbre previa de adaptarlas prácticamente una vez al año, lo que hasta ahora no ha sido posible.

Indicó que, basado en el conocimiento adquirido con tales experiencias estima que permitir modificarlas cada diez años es fijar un plazo excesivo, que es la forma en que se permite modificar las plantas por el artículo 49 quáter que el artículo 6° del proyecto propone incorporar a la ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Señaló que en marzo de 2013 realizó una presentación a la asociación chilena de municipalidades de ese tiempo, mediante un anteproyecto que corresponde al proyecto que posteriormente llegó a tramitación a la Subdere, que fue modificando y decidiendo la iniciativa que hoy se discute.

Agregó que también le merece reparos el artículo 7° que fija el tope de 40% de los ingresos propios de la municipalidad para gastos en personal, estimando que resulta absolutamente insuficiente. Indicó que la falta de cupos en las plantas se ha suplido utilizando las modalidades de contrata y de honorarios, lo que pone a las municipios y los alcaldes en la mira de la Contraloría, que ha estimado que los honorarios deben cumplir con dos requisitos insoslayables: que no sea destinado al cumplimiento de las labores habituales de los municipios y que no sea una contratación permanente. Agregó que cumplir estrictamente tales criterios haría prácticamente imposible la contratación de personal a honorarios.

Señaló que esas exigencias normalmente no se cumplen, tanto porque casi no hay labor que no sea una función permanente de las municipalidades como porque la contratación se extiende por un plazo mayor al que estima razonable la Contraloría.

Informó que en el anteproyecto para plantas que presentaron en marzo de 2013 propusieron elevar el límite a 45%, lo que estimaron dejaría a la contratación a honorarios reservada para situaciones muy extraordinarias, y permitiría ajustar la situación de las plantas a la realidad actual.

Manifestó que también le parece excesiva la espera que establece el artículo noveno transitorio para el ejercicio de las facultades de crear o modificar las plantas, y a que nadie entusiasma tener que esperar hasta el año 2018 para ello, opiniones todas que ha plantead las planteado a la Subdere.

Por último agradeció la presentación del proyecto a trámite, y que el Gobierno haya considerado algunas de sus observaciones, esperando que las otras sean recogidas durante la tramiación de esta iniciativa.

A continuación el Alcalde de Rancagua, señor Eduardo Soto, en su calidad de Vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, manifestó el especial interés de sus representados por discutir los problemas de las plantas y avanzar en la búsqueda de soluciones en un ámbito en que se desempeñan hace muchos años.

Señaló que en la realidad práctica en el país existen cuatro tipos de funcionarios municipales, de las que hay tres categorías generalmente conocidas, constituidas por los funcionarios de planta, a contrata o a honorarios, a las que hay que agregar una nueva y creciente categoría conformada por aquellos que ingresan a prestar servicios vía proyectos que se realizan con distintos ministerios o el Gobierno.

Cada uno de ellos, agregó, tienen condiciones de trabajo distintas que naturalmente se quisiera equiparar, a al menos buscar dar mayor seguridad laboral respecto de quienes se desempeñan en las dos últimas de esas categorías y que cumplen funciones de importancia para la comunidad.

Respecto del proyecto presentado señaló que estiman que el encasillamiento propuesto así como la eliminación de los grados inferiores va en la línea correcta de mejorar las condiciones laborales, y que en general apoyan el proyecto. Por ejemplo, les parece muy pertinente extender el pago de la asignación de título para los profesionales.

Indicó que así como se requiere de quórums elevados para celebrar contratos que excedan del período alcaldicio, también son partidarios de establecer quórums lo más altos posibles para la modificación de las plantas por el concejo dada la importancia del tema, que afecta a la organización y al municipio.

Señaló que le merece reparos la norma que configura como causal de notable abandono de deberes del alcalde y concejales la existencia de una proyección de ingresos y gastos municipales injustificadamente errónea, pues aunque coincide en el propósito de cuidar los recursos públicos la gravedad de la sanción no se condice con la inexacta determinación de la conducta.

Señaló que el error en tal estimación puede deberse a múltiples factores que escapan al control del alcalde y concejales, e incluso del país, como ocurre cuando se producen crisis financieras que generan mermas en los ingresos, o cuando proyecciones de crecimiento razonables de la propia autoridad central resultan contradichas por la realidad, pues la economía puede verse afectada por las más variadas causas. Agregó que una decisión razonable con los antecedentes disponibles en su momento puede llegar a ser absolutamente errónea para todos, y ello no justifica necesariamente una sanción.

Expresó que tampoco concuerdan con la exigencia de tener 10 años de antigüedad en el trabajo como requisito para incorporar al personal a contrata, ya que con la mitad del tiempo, con cinco años, ya es posible conocer adecuadamente la trayectoria del funcionario, con la ventaja adicional de que tal período excede el del gobierno comunal, lo que evita todo tipo de suspicacias respecto de funcionarios que han permanecido en actividad durante dos administraciones distintas.

Señaló que también hace falta regular la situación que se produciría respecto de los funcionarios cuando la proyección de ingresos y gastos es errónea, porque nada se dice al respecto, ni se establece una forma de adecuar las plantas ante un cambio en la situación económica del municipio.

El proyecto no dice nada sobre el procedimiento para modificar las plantas en caso que se produzcan ajustes presupuestarios, ni sobre la situación de los funcionarios que ingresaron por tal error de cálculo.

Los eventuales aumentos de las plantas serán de cargo municipal, lo que genera una gran diferencia en la gestión municipal, en que los municipios con más recursos podrán contar con más personal que el de los pequeños, que es la situación actual, y que la brecha podría incluso aumentar si todo es de cargo municipal.

Indicó que también estiman excesivo el plazo para el incremento de las plantas, pues los trámites administrativos extenderán incluso los plazos previstos.

La asignación profesional para los funcionarios municipales beneficiará aproximadamente a 8800 funcionarios, pero sin incorporar a los funcionarios a contrata, que estima debieran estarlo para mantener la igualdad ante la ley, lo que también debiera ocurrir con las rentas asociados a metas de gestión.

Manifestó que hay aproximadamente 1600 funcionarios en las plantas de directivos, jefaturas o de profesionales que no cuentan con título profesional, que es un tema no tratado y que debe considerarse.

Señaló que además los numerosos funcionarios que se desempeñan como directivos, en jefaturas como profesionales no obtienen beneficio alguno con el proyecto, y estima que para ellos debiera buscarse un mejoramiento de grado o el establecimiento de una asignación, por ejemplo, de jefatura, para evitar toda discriminación.

Indicó que no se modifica el porcentaje del personal a honorarios, y respecto del tema del incremento previsional su opinión es que debe tratarse en un proyecto distinto y no mezclarse con el tema de los recursos humanos, porque son dos discusiones distintas.

Incorpora la política de recursos humanos como un instrumento relevante de la gestión municipal, lo que comparten plenamente.

Expresó que hay un tema muy relevante que dejó para el final, que es el que se incremente en cinco veces los recursos del Fondo Común Municipal, lo que constituye una de las fortalezas de esta iniciativa.

Expresó que el incremento del capital humano en los municipios beneficiar a la comunidad y a los usuarios, y que el determinar que cada diez años se podrá modificar las plantas da un plazo cierto para abordar los problemas que se presenten, lo que también constituye un avance respecto de la actual situación de indefinición.

El señor Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), don señor Oscar Yañez, manifestó que como Asemuch y como Confederación de Funcionaros Municipales de Chile quería recordar la génesis del proyecto, señalando que el mismo forma parte de la agenda salarial iniciada a raíz del desmedro existente con sus pares del sector público, particularmente del sector central y de los ministerios.

Expresó que desde el año 2009 se puso en debate el tema de la igualdad, buscando eliminar la brecha existente con ellos y también entre el propio sector municipal, la que era de importancia.

Para eso se buscó homologar el sueldo base, los ingresos por concepto de gestión municipal, igualar la asignación profesional, buscar solución al problema del incremento previsional derivado del dictamen 8466 de la Contraloría General de la República, la renovación de la ley de retiro voluntario, el financiamiento del bono para zonas extremas, la reestructuración y encasillamiento en las plantas municipales, y los temas de la asignación técnica y de la de responsabilidad.

Expresó que después de un movimiento que desarrollo la Confederación el año 2013, que duró 34 días, les fue posible fijar una agenda ante el Gobierno para la solución de tales problemas.

Resalto que con posterioridad Senadores de la Comisión de Hacienda buscando una solución lograron establecer un protocolo de acuerdo que contenía los puntos a negociar.

Ese protocolo permitió que se trabajara por más de un año con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para solucionar los temas planteados, lo que derivó en la firma de un protocolo en diciembre del año 2014, suscrito entre Asemuch, el Gobierno y la Asociación Chilena de Municipalidades.

Indicó que el centro del acuerdo consiste en mejorar los problemas de recursos humanos en los municipios.

Recordó que el 19 de mayo pasado la Presidenta firmó el proyecto de ley, sobre el cual presentó sus observaciones, que se acompaña al presente informe.

Manifestó que se realizó un gran esfuerzo y se trabajó mucho para llegar a construir el proyecto, y que en el que se presentó y está en discusión existen matices respecto del anteproyecto que conocieron en enero de 2015, que ahora no se consideraron.

En primer término se refirió a la asignación profesional, e indicó que como ella se había eliminado para los funcionarios municipales, en la década de 1980, pero se había mantenido para los funcionarios de la administración central, se solicitó que se repusiera en esta iniciativa.

Agregó que se propone la asignación profesional para las plantas de directivos, jefaturas y profesionales, haciendo presente que en tales plantas hay alrededor de 1700 funcionarios que no tienen título profesional por diversas causas, pero que tienen un título técnico o de otra naturaleza y la experiencia, pero que no recibirán tal beneficio.

Expresó que sobre la asignación profesional tienen otra discrepancia, pues la iniciativa señala que se pagará a contar del 1 de enero de 2016 pese a que el protocolo de acuerdo y en el anteproyecto del Ejecutivo se indicaba que se pagaría a contar del 1 de enero de 2015, y a que existen 12.000 millones de pesos disponibles para este año, sin que pueda aducirse que se debe a problemas de financiamiento.

Señaló que cuesta entender que a la empresa privada que retira la basura se le hayan entregado 15.695 millones de pesos para el pago de remuneraciones, pese a que tienen grandes utilidades, y que se llegue a sostener que no hay recursos para financiar este beneficio desde la fecha acordada.

Sobre este punto, indicó que su petición es que se respete el protocolo de acuerdo y lo indicado en el anteproyecto de enero de 2015, y que se pague el 17% de la asignación desde la fecha comprometida, el 34% el año 2016 y el 100% a partir del 1 de enero de 2017.

Manifestó que no tienen reparos sobre el bono post laboral, que viene a hacer justicia respecto de muchas personas que no lo recibieron.

Expresó que es un tema de gran preocupación el relativo al incremento previsional que contempla el proyecto, y que solicitan sea separado del mismo y tratado en forma separada.

Señaló que se trata de un problema respecto del cual hay juicios pendientes en que se busca cautelar las futuras pensiones de los trabajadores, y respecto del cual se ha planteado una queja contra el Estado de Chile ante la OIT en junio de 2011, generando un conflicto respecto del cual los dos últimos gobiernos no han dado respuesta ante la información solicitada por la OIT.

Manifestó que este estado de cosas le lleva a solicitar que no se incorpore en el tratamiento legislativo el problema del incremento previsional, que tampoco se incluyó en el protocolo de acuerdo.

En otra materia, indicó que están de acuerdo en la readecuación y fijación de plantas, pero no en que se haga el 2018, por lo que esperan que el proceso pueda anticiparse para los años 2015 y 2016.

Señaló que también solicitan modificar el artículo 49bis propuesto, para facultar a las municipalidades a crear sub escalafones, haciendo presente que, por ejemplo, en el escalafón de auxiliares hay funcionarios con tareas completamente diferentes, con trabajadores que cumplen funciones de estafeta y con otros que manejan maquinaria pesada, que deberían tener distinta regulación de acuerdo a sus labores propias.

Indico que el proyecto busca una creciente profesionalización de los funcionarios, elevando al 75% el porcentaje de técnicos y profesionales, pero que estima que ello debiera iniciarse con un porcentaje de 65%.

Respecto de las consultas a los funcionarios que establece el proyecto en el proceso de modificación de plantas, estimó que al mismo debiera aplicarse el convenio 151 de la OIT relativo a la materia, para que en el proceso de participación existan comités técnicos municipales que participen del proceso, asi como existen comités paritarios de higiene y seguridad, evitando que la consulta sólo tenga el propósito de dar el visto bueno.

En otra materia, señaló que el aumento de 20 a 40% de los funcionarios a contrata tenía el propósito de permitir que funcionarios a honorarios pasaran a esa calidad y que los de contrata, que cumplieran los requisitos, pasaran a la planta, tema que es muy sensible si se considera que hay alrededor de 40.000 funcionarios a honorarios en las 345 municipalidades del país.

En cuanto a la asignación profesional, agregó que ella se concede a directivos, jefaturas y profesionales, solicitando que tal beneficio se pague a todos los trabajadores con títulos profesionales de carreras de ocho semestres.

Finalmente señaló que en el protocolo de acuerdo se estableció que se pagaría a contar del 1 de enero de 2015, con efecto retroactivo, compromiso que solicitó respetar.

A continuación el señor Víctor Mora, Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), expresó que se refirió en primer término al iincremento previsional, tema que surgió por la interpretación que realizó la Contraloría General de la República, mediante el dictamen N° 8.466/ 2008, que estableció que se debía calcular sobre el total de las remuneraciones, cambiando de criterio en agosto del año 2009, produciendo con esto la judicialización de la materia, existiendo a este momento, diferentes situaciones que afectan a autoridades y funcionarios del país.

Expresó que atendida la envergadura del problema, la confederación considera que este tema debe ser analizado en un proyecto en forma independiente.

Respecto de la asignación profesional, la UFEMUCH considera que el monto indicado en el proyecto es el adecuado, no obstante lo cual considera que se deben introducir las siguientes modificaciones:

1.- La asignación profesional debe ser otorgada a todos los funcionarios que tengan título profesional, no importando la planta en que se encuentren, incluyendo a quienes se encuentren contratados por Jornadas parciales.

2.- La asignación citada, debe ser reconocida a contar del 1° de Enero del 2015 y pagada con efecto retroactivo a contar de la fecha señalada y por el monto total.

3.- Que no se condicione el derecho a la Asignación Profesional a la comparación de la Escala Municipal con la del Sector Público, porque ello no se reconoce la diversidad de tareas que ejecutan al interior de los municipios, desde la Fiscalización de la Ley de Rentas Municipales (SII), la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcción (MOP) (MINVU), Ordenanzas Locales (MTT), Emergencias (ONEMI).

Expresó que comparten la necesidad de que los funcionarios municipales con daño previsional puedan recibir el bono post laboral establecido en la ley N° 20.305 y que por una interpretación distinta al sentido de la ley N° 20.640 no lo recibieron, y que tal beneficio sea para todos aquellos contemplados en el artículo 14 de la ley N° 20.649.

Como una forma de contar con un catastro actualizado en todas las materias de Personal, como también el gasto en el cual se incurre, están de acuerdo en que exista la exigencia de remitir a un órgano central la información, debiendo entenderse esto, solo por transparencia y análisis y no como una medida más del centralismo y pérdida de la autonomía municipal.

Manifestó que después de analizar con detención las normas sobre encasillamiento, estiman que deben realizarse algunas modificaciones.

En primer lugar, el proceso se debe realizar en forma inmediata, es decir el año 2015, mediante un proceso bipartito de elaboración de la nueva Planta, en que participen representantes del Alcalde y de la o las Asociaciones de Funcionarios existentes, o por representantes elegidos por los Trabajadores.

Señaló que para optar a los nuevos cargos que se creen y respetar la carrera funcionaria, deben aplicarse las disposiciones de los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883.

Expresó que teniendo presente la autonomía municipal y las diversas realidades comunales del país, UFEMUCH considera que el municipio debe tener libertad para la creación de nuevos cargos sin establecer porcentajes para la creación de cargos en determinadas plantas, es decir, sin el límite rígido de contratar en un 75% de los cargos a profesionales y técnicos. Por otra parte, estima que al menos se debe garantizar la presencia de 4 funcionarios de planta por cada mil habitantes, teniendo presente lo propuesto por el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencia y la Corrupción.

Reiteró que al estimar que la vigencia del encasillamiento debe ser a partir del año 2015, toda materia relacionada al año 2018 debe ser modificada al año 2015.

Planteó que las facultades conferidas en los artículos 49 bis y 49 ter se debieran ejercerse dentro de un periodo que medie entre el 8º y 10º año, contados desde la última modificación de plantas, de tal forma que cada municipio evalúe y decida, conforme a su realidad, el año que ejerza esta facultad.

Adicionalmente y de manera excepcional, el primer encasillamiento debiera tener una vigencia no superior a un periodo de 5 años, esto debido al tiempo transcurrido; más de 20 años; en que no se ha ordenado las plantas municipales

Esta Confederación no comparte el aumento de Personal a Contrata, ya que históricamente hemos considerado que éste es un empleo precario, indicando en reiterados documentos que el máximo a permitir para este personal debe ser de un 10%, teniendo en consideración lo siguiente:

Como lo hemos planteado en forma reiterada, el personal a contrata, que tengan a lo menos 5 años en la municipalidad, debe ser pasado en forma inmediata a la planta en el mismo grado, con respeto de la carrera funcionaria.

No significa un mayor gasto para el municipio y aumentando en forma automática la planta, dando empleo digno a este personal.

De acuerdo a los estudios el gasto en Personal estable en la Municipalidad, no alcanza a 2 funcionarios por cada mil habitantes, siendo el mínimo de 5 a nivel de Sudamérica, todo esto avalado por estudios efectuados por la Subdere.

De acuerdo a lo planteado por esta Confederación, en relación a la necesidad de que a todos los funcionarios se les otorguen a lo menos 2 grados en forma inmediata

En relación al aumento de requisitos en las Plantas de Jefaturas y Auxiliares, esta Confederación no está de acuerdo, ya que por una parte, la Planta de Jefatura fue creada para poder hacer efectivo la carrera funcionaria y pensando en la utilización de la experiencia municipal y competencias que el mismo gobierno está promoviendo.

Por otro lado, el aumento de requisitos a la Planta Auxiliar creemos que va contra toda lógica, ya que esta planta lo que se necesita es personal capacitado con determinadas habilidades, que no necesariamente son adquiridas en la Educación Media.

Esta Confederación señala, como lo hemos reiterado y expuesto a los dos últimos gobiernos, que el Personal Municipal no ha tenido mejoramiento desde hace más de 20 años, fecha del último encasillamiento (1994) y como era histórico se otorgaba a lo menos un grado al personal cada 10 años. Por tal motivo se solicita otorgar dos grados en forma inmediata, a todo el personal, excluidos los funcionarios beneficiados con la ley 20.742, y para todo el personal titular, que se encontraba en el municipio al 01 de Enero del 2015, con efecto retroactivo a esta fecha; es decir 01 de enero del 2015.

Por último, consideró de justicia y necesario para el municipio que el personal a contrata pase en forma inmediata a la planta, solo con el requisito de tener a lo menos cinco años en el municipio en cualquier calidad al 31 de diciembre del 2014, en el mismo grado y planta.

Enseguida la Coordinadora de Trabajadores Públicos a Honorarios Región Valparaíso señora Natalia Corrales, señaló que en primer lugar se referiría al contexto de la situación de los trabajadores públicos a honorarios, señalando que tal modalidad de contrato representa la precarización de las relaciones laborales en general y de cómo se aborda el empleo en el sector público en particular.

Expresó que tal precarización llega a niveles mayores cuando vemos la situación de los trabajadores a honorarios incrustados en la propia institucionalidad, que adquiere importantes dimensiones al considera su cantidad y los grados de vulneración de derechos, la violación de tratados internacionales suscrito por los diversos Gobiernos de nuestro país.

El trabajo a honorario como forma de trabajo informal, ha significado, que no existe protección legal que ampare esta situación de dependencia y subordinación, ni derechos colectivos e individuales básicos, salvo los que quedan expresos en los convenios de prestación de servicio y que dependen de la voluntad de la autoridad de turno. Sin embargo, en la actualidad, la Corte suprema ha reconocido a través de sus últimos fallos sobre la materia, los derechos laborales de trabajadores a Honorarios desvinculados por instituciones públicas de nivel central y municipios, lo que representa un giro respecto a estos derechos fundamentales.

En síntesis, a los honorarios se les niega los derechos a la estabilidad laboral y a contratos indefinidos, existiendo en su lugar contratos disfrazados de “convenios de prestación de servicios” renovables, cada 12, 6 o incluso 3meses; pueden ser despedidos sin justificación alguna ni aviso previo; carecen de días administrativos, permisos con y sin goce de sueldo y vacaciones regulares; no cuentan con capacitación, actualización profesional o técnica, y cualquier beneficio que permita la superación laboral; sufren problemas por las licencias médicas, pre y post natal y seguro laboral, y para obtener bonificaciones por productividad y cumplimiento de metas a pesar de ser asignados a tareas específicas en metas de mejoramiento a la gestión.

La situación de los honorarios municipales no varía, salvo que la política salarial en los municipios está en desigualdad con el resto de la administración municipal, que no hay asignación profesional, técnica ni de responsabilidad.

Además, e los municipios no existe posibilidad de regularización y traspaso de honorarios a la condición de funcionario público en tanto la estructura de la dotación está estancada

Señaló que existe una cifra gris en la dotación real a honorarios en tanto nos hemos encontrado en la recogida de información con que muchos municipios declaran por transparencia sólo una parte de la totalidad de sus recursos humanos, cifra gris que es mayor que la que existe a nivel centralizado donde existe un sistema de seguimiento y medición de la estructura laboral más rigurosa.

Utilizando datos incompletos, de igual forma podemos concluir que de un total de casi 80.000 trabajadores municipales, 41.000 aprox. están bajo contratación a honorarios, 11.000 a contrata y 26.000 en planta. Es decir los honorarios representan casi un 53% de toda la dotación, llegando en municipios como Puente Alto a representar el 84%, o en la Municipalidad de Viña del Mar, posee un 50% de la dotación de trabajadores en calidad de honorarios.

Del presupuesto total para pago de remuneraciones de funcionarios municipales el 70,5% se destina a planta y contrata y el 29,5% a los trabajadores a honorarios, lo que no guarda relación con su porcentaje en la dotación total.

Esto quiere decir que el Estado racionaliza y ahorra recursos e a costa de mantener una estructura laboral precaria, con más del 50% de sus trabajadores municipales bajo relaciones de informalidad, desprotección, incertidumbre, desigualdad salarial, abuso laboral y vulneración de derechos fundamentales.

En relación al protocolo de acuerdo ASEMUCH-Gobierno, indicó que excluye cualquier avance directo en terminar con la desigualdad y precariedad en que mantiene más de la mitad del personal municipal. Expresamente sólo se toca las adecuaciones de plantas y contratas, que no trae necesaria ni obligatoriamente un proceso de regularización asociado, ni menos la prohibición de contratar más personal a honorarios bajo subordinación y dependencia en el ejercicio de funciones fundamentales de los municipios.

Pese a todo lo expuesto, manifestó que había puntos destacables porque se relacionan de alguna forma en las condiciones de existencia de los honorarios:

Expresó que el que cada 10 años, a propuesta del Alcalde y con acuerdo del concejo y de acuerdo a posibilidades presupuestarias se pueda aumentar el gasto en personal de un 35% a un 40% y el gasto en personal a contrata de un 25% a un 40% podría permitir mejorar las condiciones, a menos que no aumenten cupos de planta, sino que se utilicen otras formas de pago, como horas extras a puestos de confianza, lo que se ha traducido muchas ocasione en pago de sobresueldos.

Esto quiere decir que se abre una posibilidad de traspasar a un grupo de honorarios a contrata, cuya cifra es insignificante y además poco clara, ya que no plantea la homologación de los sueldos o reconocimiento de grados, pensando en los niveles de antigüedad que alcanzan algunos honorarios en la administración municipal, los que incluso llegan a 30 años de antigüedad.

Se mantiene la posibilidad de aumento de la plantas cada 10 años a propuesta del Alcalde y con acuerdo de los dos tercios de los concejeros, con previa consulta a las asociaciones de funcionarios regidas por estatuto administrativo, excluyendo expresamente las organizaciones legalizadas o de facto de los trabajadores municipales a honorarios.

Reiteró que el proyecto no asegura un proceso de regularización de honorarios y, lo más preocupante, no se menciona un mecanismo adecuado para limitar nuevos aumentos.

Se plantea que un 75% de los nuevos cargos que se creen requieran para su ejercicio de título profesional o técnico, excluyendo posibilidades de regularización de trabajadores auxiliares y obreros municipales a honorarios que, en municipios urbanos y de gran cantidad de dotación, representan un número importante de todo el personal.

Planteo que sus demandas, que espera sean escuchadas, son que se aborde la problemática de los trabajadores a honorarios bajo subordinación y dependencia laboral que existen en los Municipios de Chile, en cuya discusión deberán ser representados por la Unión Nacional de Trabajadoras a Honorarios del Sector Público.

Señaló que al regularizar la situación del personal con contratos a honorarios, para aquellos con labores permanentes y bajo subordinación, no se pretende eliminar la figura de honorario cuando se cumpla como tal, en labores transitorias y por servicios prestado sin subordinación ni dependencia.

Agregó que la mayor cantidad de trabajadores a honorarios de los municipios, casi un 60%, son contratados por programas o fondos externos provenientes del nivel central, traspasando la obligación contractual a los municipios.

Finalmente, expresó que esperan que el análisis, acuerdo y promulgación de esta ley se funde en discusiones tripartitas que incorpore a los trabajadores a honorarios que forman parte de la dotación de los Municipios del país, ya sea bajo fondos propios como externos, estableciéndose con ello un avance en el término de este tipo de contratación que precariza no sólo al trabajador sino también a sus familias.

Finalmente el Presidente de Colegio de Secretarios Abogados de la Policía Local A.G, señor Ricardo Oyarzún, manifestó que como cuestión previa al análisis del proyecto debe señalar que es necesario, e imprescindible reformar la Justicia de Policía Local para atender a una creciente demanda social insatisfecha.

La necesidad de garantizar la dignidad de todas las personas que componen la sociedad, no pasa sólo por reconocer en su texto legal principal, el respeto de sus derechos humanos básicos, sino también por desarrollar por parte de sus legisladores mecanismos que garanticen el conocimiento y el ejercicio de esos derechos por parte de sus integrantes. El no igualitario acceso a la justicia, de la naturaleza que sea, debilita la confianza de las personas hacia las estructuras de la Sociedad, ya que este acceso pasa a ser un privilegio sólo para algunos, involucrando pérdida de credibilidad y legitimación hacia las autoridades, de parte de quienes ven frustrados sus esfuerzos y expectativas de justicia.

Expresó que se ha señalado que las insuficiencias en el acceso y ejercicio de los derechos contribuyen directamente al empobrecimiento de las personas, ya que por ejemplo, los conflictos de vecindad, propios de comunas con mucha densidad poblacional, se transforman en problemas mayores al no existir mecanismos eficaces de solución de conflictos al alcance de las personas, quienes al no tener un órgano imparcial e igualitario a quien recurrir, o desconociendo la forma de hacerlo, muchas veces tratan de obtener justicia por sus propios medios, con los resultados que ello trae consigo. En consecuencia, siendo el acceso a la justicia un principio esencial de todo sistema jurídico, este debe implicar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y dar solución a sus conflictos en forma eficiente y oportuna.

Es prioritario reformar la justicia local por el número de personas involucradas que esta requiere atender, y que carece de dicha atención o la solución de sus conflictos es demorada en el tiempo innecesariamente.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas el año 2012, el total de ingreso de los Juzgados de Policía Local a nivel nacional superaron para ese año las 3.368.064 causas, y el año 2013 la no despreciable cifra de 4.187.159 y , como contrapartida, el total de ingreso de causas para el Poder Judicial, incorporándose en estas últimas, todas las de la justicia civil, criminal, laboral, menores y de familia, fue el año 2012 de 1.319.808, o sea la totalidad de ingresos en sede policía local, supera los ingresos de todo tipo de causas para un mismo año en sede poder judicial.

Agregó que parece obvia la necesidad de una reforma a la justicia local, para transformarla en una real justicia vecinal, cercana a la población, de fácil acceso y con procedimientos expeditos que incluso, pudiesen impedir que un sin número de causas de fácil solución, lleguen a la justicia civil o penal, descongestionando estos tribunales, si efectivamente se contará con la competencia, definida por Ley para ello.

Señaló que nuestro país ha desarrollado en los últimos quince años un fuerte y sostenido proceso de modernización de su sistema de administración de justicia, donde se han introducido cambios profundos como la inclusión de nuevos procedimientos inspirados en principios formativos como la oralidad, inmediación, continuidad; la introducción de formas auto compositivas del conflicto, y de mecanismos alternativos al litigio para la resolución de éste, los cuales en general pretenden tener un carácter preferente al procedimiento judicial; y la inclusión de un sistema de gestión de causas eficiente, y operado a través de medios electrónicos.

Agregó que a contrario sensu la realidad y la práctica diaria nos señala, que los Juzgados de Policía Local son visualizados por la ciudadanía solamente como una caja recaudadora de los Municipios, y entonces la cara visible de la justicia más próxima a la población se presenta sólo como un ente aplicador de multas en beneficio de la comuna que la financia, muchas veces provenientes de partes o citaciones cursados por los mismos órganos fiscalizadores municipales; con un juez lejano, inquisidor, que no necesita justificar gran parte de sus fallos, y que parece no escuchar descargos. De hecho es imposible razonablemente hacerlo cuando hay 200 o más citados a la audiencia de la mañana de cualquier día.

Estimó que esa es la sensación real y objetiva actual que tiene la gente común de su justicia local. Es más, la sensación mayoritaria de la comunidad apunta a considerar que la justicia local es de responsabilidad de la Municipalidad respectiva y de su Alcaide.

Por otra parte, la situación anterior se ve agravada por la falta de competencia sobre aquellos problemas comunes que viven los habitantes de una Comuna, donde esperan que el Tribunal más cercano a sus domicilios, les brinde la satisfacción o resolución de sus conflictos, como por ejemplo, en materia tales como las que emanan de la convivencia vecinal diaria, las cuestiones relativas a ocupantes de departamentos contiguos, filtraciones o daños ocasionados en techumbres y paredes, y las relativas a los daños ocasionados por árboles y plantas en predios colindantes, y otros de carácter patrimonial de menor cuantía, que son de ordinaria ocurrencia, entre otras materias, que motivan consultas permanentes en estos Juzgados, cuya solución rápida y eficiente, no es posible dar en la actualidad, por no existir facultad legal para hacerlo.

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Expresó que la designación de los Jueces no puede tampoco ser resorte de la autoridad política de la comuna sobre la base de una terna elaborada por la Corte de Apelaciones, debiendo crearse un sistema que privilegie en su nombramiento a personas que tengan experiencia en el sistema y no abogados externos, para privilegiar el conocimiento y la experiencia, por sobre la posición política o los contactos del postulante.

Una reforma a la Justicia de Policía Local, para hacerla más cercana a la gente, es en consecuencia un trabajo que hasta la fecha se encuentra pendiente y que añoramos todos quienes trabajamos o formamos parte de ella.

Finalmente indicó que un Juez y un Secretario Abogado con dedicación exclusiva, con funciones debidamente normadas especialmente respecto de la función a desempeñar, y una remuneración y encasillamiento acorde con la responsabilidad del cargo, son algunas de las reformas que necesitan realizarse en la materia, oero año a año, y proyecto tras proyecto, ninguna modificación propuesta llega a buen término, principalmente con la excusa de la falta de recursos.

En cuanto al proyecto propiamente tal señaló que consagra la aspiración de todos los empleados municipales en cuanto pretender equiparar su desempeño al resto de los funcionarios de la administración del Estado, y apoyan en ese sentido las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de funcionarios Municipales, Asemuch, y las formuladas por las otras Asociaciones de funcionarios.

Sin embargo hoy desea señalar a esta Comisión y al país que si este proyecto pretende fortalecer la gestión y la profesionalización del personal Municipal, si el objetivo, según el mensaje es "ordenar las plantas municipales", y conseguir una mayor "profesionalización de las funciones" se hace necesario e imprescindible solicitar una enmienda al Ejecutivo en cuanto a que el encasillamiento de los funcionarios municipales denominados Secretarios de Policía Local, no puede quedar al arbitrio del Alcalde, ni puede ser realizado de manera diversa o distinta en cada municipalidad.

Manifestó que es esta la oportunidad para de una vez por todas cumplir con la iniciativa expresada en el mensaje de la ley N° 20.554, que crea el cargo de Secretario Abogado en todos los Juzgados de Policía Local a nivel nacional, esto es: "la necesidad de unificar en todos los municipios la denominación y requisitos del cargo de Secretario, que presenta hoy situaciones muy disimiles"; hablamos de un objetivo incumplido hasta ahora.

La principal situación que queremos plantear, es que en este proyecto en definitiva se encasilla el personal de la planta profesional de manera discrecional y a voluntad del señor Alcalde, sin hacer ninguna referencia especial como creemos necesario, a los Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local, quienes hoy se encuentran encasillados de manera distinta y diversa y sin que esto obedezca a una lógica que no sea el desorden administrativo que se ha originado en distintas leyes que dieron origen a Juzgados de Policía Local con el cargo de secretario definido de muy diversa forma.

Es así como actualmente en una misma Comuna (Maipú y otros) hay Secretarios encasillados en grados diferentes según la ley que los creó, 9 y 7, a pesar de que estos Juzgados son de la misma categoría jurisdiccional y horaria. En otros Juzgados, como Arica, hay dos Secretarios encasillados en grado 8 y el último Juzgado creado, su Secretario es grado 9, el Oficial primero del Juzgado, se encuentra encasillado en grado superior, al de su Jefe directo, por cuanto ha sido merecedor de ascenso, a lo que el Secretario del Tribunal no tiene derecho, por cuanto su cargo se encuentra creado en la planta con un grado especifico, sin que este pueda ascender, a pesar de los años de servicios prestados.

Recordó que la ley N° 20.008 mejoró las remuneraciones de los señores magistrados, y la ley N° 20.554 concedió a estos la asignación municipal, que la anterior no les otorgaba, este mejoramiento de remuneraciones reconoce que los Juzgados de Policía Local han tenido en el último tiempo un considerable aumento de la competencia.

Agregó que la Contraloría General de la República en un dictamen inédito ha establecido que los Secretarios Abogados de Policía Local son funcionarios Municipales, que deben cumplir cabalmente la jornada laboral de 44 horas semanales, para poder optar a obtener remuneraciones por concepto de horas extraordinarias.

Los Secretarios Abogados que ejercen funciones en estos Juzgados, por su parte, se encuentran percibiendo actualmente remuneraciones inferiores casi en un 40% a los jueces, sus superiores jerárquicos.

Terminó su intervención expresando que por las razones latamente expuestas considera necesario señalar específicamente el grado en que debe quedar encasillado el Secretario Abogado de los Juzgados de Policía local porque, como lo ha dicho la Excma. Corte Suprema, este no puede quedar al arbitrio del Alcalde y/o de su Concejo Municipal, sino que debe quedar definido en esta la ley

En consecuencia la única forma de disminuir la brecha existente con similar función en el Poder Judicial, y ordenar las plantas, profesionalizar la función de unidades clave, y otorgarle la independencia y autonomía, necesaria a la administración de justicia en el ámbito de Policía Local, es justamente que los Secretarios Abogados sean considerados, al igual que en el resto de la judicatura, en un grado inferior al superior jerárquico, que subrogan.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, explicó que la importancia de la iniciativa en estudio radica en que, por primera vez, se podrán realizar las siguientes reformas por los municipios:

- Aumentar el número de funcionarios de planta en cada uno de los municipios del país,

- Modificar el número de funcionarios por estamento;

- Aumentar el número de funcionarios en un grado determinado;

- Modificar el número de funcionarios por grado;

- Se podrá reconocer la calidad profesional al funcionario que, sin perjuicio de poseer el título respectivo, no se ubique en un estamento profesional;

- Se podrá disponer de dos grados de diferencia con el alcalde a todo directivo que cumpla requisitos sin importar el número de habitantes de la comuna;

- Podrá modificarse el grado del alcalde.

Tales modificaciones, agregó, podrán realizarse teniendo presente ciertas limitaciones.

En primer lugar, el total de gastos en personal no podrá exceder el 40% de los ingresos propios del municipio. Cantidad, explicó, que si bien fue la cifra que se manejó originalmente, actualmente pudiese aumentarse hasta un 42%, señalando la disposición del Gobierno en ello.

En segundo orden, señaló que los nuevos cargos deben tener una especial orientación hacia la contratación de profesionales y técnicos, entendiendo que el objetivo del proyecto es modernizar, fortalecer y profesionalizar el sistema municipal.

Finalmente, agregó que no está considerada, en la presente iniciativa la facultad de que se puedan suprimir cargos o disminuir remuneraciones.

Por otro lado, señaló que se podrán modificar o crear los cargos de plantas necesarios para encasillar los empleos actualmente a contrata, debiendo contar con 10 años continuos en la misma Municipalidad a partir de la entrada en vigencia de la ley, teniendo como límite de gasto el porcentaje antes citado.

En lo referente al personal a honorarios, subrayó que estos últimos podrán pasar a la calidad jurídica de funcionarios a contrata a partir de la publicación de la ley, por efectos del aumento del límite del personal bajo dicha calidad, de un 20 a un 40%, pudiendo, asimismo, participar de los concursos a cargos funcionariales que se abran.

Por su parte, destacó que los funcionarios de los grados 10° al 20° aumentarán en un 16,3% sus ingresos entre los años 2015 a 2017, sin considerar los reajustes del sector público, reflejándose en un incremento promedio de $98.500 mensuales, sin perjuicio de que tales aumentos, de igual forma, produzcan sus efectos sobre el valor de las horas extras, los bienios y el PMG.

En lo relativo a la asignación profesional, señaló que esta última incrementa, en promedio, un 21,1% de los ingresos de los estamentos directivos, profesionales y jefaturas, lo que significa, aproximadamente, unos $333.283 mensuales adicionales en régimen.

A su vez, indicó que el proyecto en análisis crea la asignación especial para funcionarios que, teniendo un grado directivo, no poseen un título profesional, la cual asciende al 50% de la asignación profesional. Dichos funcionarios podrán, además, acceder a esta última asignación, de forma íntegra, cuando acrediten el requisito de título profesional.

Por su parte, mencionó que el proyecto, asimismo, establece el resguardo de que al menos una vacante se mantenga en cada grado y estamento, de manera de no hacer desaparecer la escala municipal.

A su turno, destacó que para la aprobación de la nuevas plantas, se requerirá que la propuesta alcaldicia sea acordada por los 2/3 de los concejales en ejercicio, debiendo luego el acto ser tomado razón por la Contraloría General de la República. Posterior a ello, la planta debe estar contenida en un reglamento dictado por la municipalidad respectiva.

Por último, explicó que el proyecto incorpora algunos elementos de responsabilidad fiscal, puesto que, en casos de financiar errónea o injustificadamente las nuevas plantas de personal, o el no realizar los ajustes presupuestarios derivados de los informes trimestrales, se configurará la causal de notable abandono de deberes de alcaldes y concejales.

Concluyó su exposición recalcando que la iniciativa en estudio es la medida más descentralizadora a la fecha, añadiendo que la periodicidad contemplada en el proyecto para crear o modificar plantas se pretende aumentar a ocho años, a fin de recoger las observaciones planteadas por los distintos actores.

El Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, señor Miguel Aguirre, comenzó su presentación valorando el avance que la iniciativa en estudio representa en materia de descentralización, entendiendo que su objetivo esencial es fortalecer la gestión y la profesionalización del personal municipal, aumentando, asimismo, las funciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, destacó que el proyecto de ley, en su artículo 1°, referente a la asignación profesional, excluye de su aplicación a los Jueces de Policía Local

De esa forma, indicó que tal exclusión no presenta una justificación razonable, siendo la misma arbitraria e inconstitucional. Lo anterior, explicó, a la luz del concepto jurídico de, precisamente, asignación profesional. Así, expresó que esta última es un beneficio de monto fijo que se otorga a aquellos funcionarios ubicados entre los grados “A al 23” de la Escala Única de Sueldos, que poseen título profesional otorgado por una universidad o instituto profesional. A su turno, añadió que en todos los grados de la Escala de Sueldos del Personal de la Administración del Estado, desde el grado A al grado 23, se paga la asignación profesional, conjuntamente con otras asignaciones de responsabilidad superior y las asignaciones especiales a autoridades de gobierno y jefes superiores de servicios.

En esa línea, expresó que no son explicables los argumentos plasmados en el propio Mensaje acerca de la exclusión de los Jueces de Policía Local. En efecto, agregó, en los fundamentos del proyecto se menciona que “el beneficio antes descrito no alcanzará a los jueces de policía local, dado que ellos tienen derecho a percibir una asignación mensual de responsabilidad judicial, según lo dispuesto en el artículo 5º de la ley N° 15231, orgánica de los juzgados de policía local”.

Tal argumento, explicó, no consta en los instrumentos fundantes del proyecto, a saber: 1º Protocolo para la modernización del sistema municipal chileno (ASEMUCH, ACHM, SUBDERE); 2º Informe de la comisión asesora presidencial en descentralización y desarrollo de las regiones y 3º informe final del consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.

Por consiguiente, no considera a la exclusión razonable desde una perspectiva jurídica.

Por su parte, y haciéndose cargo de la explicación del Ejecutivo acerca de la exclusión, señaló que la asignación de responsabilidad tiene una naturaleza distinta a la asignación profesional. Lo anterior, ya que la asignación mensual de responsabilidad judicial del artículo 5° de la ley Nº 15.231, Orgánica de los Juzgados de Policía Local, se estableció en la ley Nº 20.008, del año 2005. En efecto, expresó que en el inciso quinto de tal disposición se fijó que los Jueces de Policía Local, ”tendrán derecho a percibir , además una asignación mensual de responsabilidad judicial inherente al cargo”.

En tal sentido, explicó que entre los fundamentos de dicho proyecto, en lo que toca a esta asignación, estaba la consideración de las actuales competencias (en progresivo aumento) de los Juzgados de Policía Local y la situación desmedrada de sus remuneraciones en comparación con el resto de la judicatura del país, esto es, con las de los escalafones de jueces del Poder Judicial, concluyéndose que el aumento de remuneraciones para este sector es verdaderamente atendible y justificado.

Asimismo, durante la tramitación del proyecto, destacó las conclusiones arribadas en el informe de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, en el cual se señala que “se adecúa la desmedrada situación que mantienen los Juzgados de Policía Local respecto del nivel de remuneraciones que presenta el Poder Judicial. Si bien el mejoramiento no es satisfactorio ni llega a los niveles de éste, representa un avance positivo en la línea deseada.

A su turno, recalcó la intervención en este punto del entonces Diputado, el Honorable Senador señor Quintana, quien expresó en esa oportunidad que “del mismo modo, el incremento de las remuneraciones de los jueces de policía local también obedece a una aspiración de mucho tiempo, pues si se los compara con el resto de las autoridades del Poder Judicial nos damos cuenta que se encuentran en una situación bastante desmejorada”.

En consecuencia, manifestó que, como puede advertirse, de la historia de la ley, la asignación de responsabilidad judicial fue instaurada por la calidad de magistrados que reviste los jueces de policía local y no por su carácter de funcionarios municipales.

En esa línea argumental, explicó que las mismas razones presentes en el año 2008 se mantienen en la actualidad, a saber:

1º Aumento de competencias de los Juzgados de Policía Local: ley sobre derechos y deberes de los asistentes a los espectáculos de fútbol profesional, ley de protección al consumidor, infracciones por no pago del servicio del Transantiago, procedimiento de cobranza de facturas, normativa flora y fauna, normas de copropiedad, conductas discriminatorias a pacientes con VIH, infracciones de normas de seguridad privada, infracciones lguc, entre otras.

2º Desnivelada condiciones de remuneraciones en comparación a la judicatura del Poder Judicial. Dicha judicatura percibe, naturalmente, la asignación responsabilidad judicial y la asignación profesional.

Así, explicó que el objeto de la asignación profesional que contempla el proyecto es concluir el proceso de homologación de los sueldos de los funcionarios municipales respecto de sus pares de ministerios y servicios, idea que sería contradictoria de excluirse a los Jueces de Policía Local de este beneficio, ya que, por ejemplo, en todos los grados del escalafón primario del Poder Judicial se paga una asignación judicial (Decreto Ley N° 3058/79) y, además, la asignación profesional, conjuntamente. Tal situación, se replica de igual modo en la Administración Central.

De esa forma, agregó, de excluirse a los Jueces de Policía Local de la mentada asignación, podría darse el caso de que los grados más altos de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, perciban una remuneración bruta superior a la asignada al Juez de Policía Local de la misma comuna. En consecuencia, agregó, se desnivela la estructura remuneracional, en atención a lo dispuesto en el inc. 5º del art. 5º de la ley N° 15.231, que establece que “los jueces deberán tener el grado máximo del escalafón municipal respectivo”.

A su vez, se refirió al principio de la igualdad remuneracional en el sector público, indicando que dicha máxima es aplicada por la Contraloría General de la República en las decisiones que esta emite.

Dicho principio, se ha articulado a partir de lo dispuesto en los siguientes preceptos:

- Artículo 50 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado: “los regímenes legales de remuneraciones podrán establecer sistemas o modalidades que estimulen el ejercicio de determinadas funciones por parte de los empleados o premien la idoneidad de su desempeño, sin perjuicio de la aplicación de las escalas generales de sueldos y del principio de que a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos”.

- Artículo 48 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades: “en el sistema legal de remuneración de las municipalidades se procurará aplicar el principio de que a funciones análogas, que importen responsabilidades semejantes y se ejerzan en condiciones similares, se les asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos”

En tal sentido, destacó la afirmación efectuada por la ASEMUCH en la Agenda salarial del personal de las municipalidades de Chile, en la cual se señaló que: “se estima como un derecho establecer la asignación profesional para los funcionarios municipales, terminando con la discriminación que sufren los trabajadores de las municipalidades respecto de los funcionarios de la administración central.

Posteriormente, mencionó casos remuneracionales en donde el citado principio, a su juicio, no es observado:

- Abogado Directivo grado 3 Min. Justicia, Jefe Div. Judicial $ 6.625.422. Jefe Área Jurídica $ 5.537.704, Abogado Directivo grado 4 seremi $ 4.500.000 app.

- Abogado directivo grado 3 Min. del Interior, Jefe Div. Jurídica $ 6.676.086. Abogado directivo grado 4, Jefe de Oficina de Exonerados Políticos $ 4.746.314.

- Abogado directivo SVS grado 3 $ 6.688.243.

- Abogado directivo Superintendencia de Pensiones $ 5.418.673.

- Abogado directivo grado 4 Subdere $ 4.453.592

- Grado 3 Contraloría General de la República $5.662.596.

A continuación, y en el mismo sentido señaló, a su criterio un caso paradigmático respecto de la situación que critica, la situación del Ministerio público:

- Fiscal grado 3º (Asignación profesional, asignación de responsabilidad y hasta grado 7º asignación responsabilidad superior) $ 6.279.936. Fiscal grado 4º $ 5.868.905 (asignación profesional, asignación de responsabilidad y hasta grado 7º asignación responsabilidad superior).

Añadiendo a su vez que la Ley de fortalecimiento del Ministerio Público contempla un aumento total 577 funcionarios, lo que importa un alto compromiso financiero del Estado.

Por su parte, contrastó tales remuneraciones con diferencias de ingresos por parte de los propios cargos de Jueces de Policía Local.

-Jueza JPL Pto. Natales. (H. Senador Bianchi). Remuneración bruta mensual $2.905.090 (Asig. Zona y zona extrema).

- Juez JPL Lonquimay (H. Senador Espina). Remuneración bruta mensual $ 2.780.759.

- Juez JPL Panguipulli (H. Senadora Von Baer). Remuneración bruta mensual $ 3.045.483.

- Juez 1er. JPL Valdivia (H. Senadora Von Baer) grado 3º. Remuneración bruta mensual $ 3.863.529.

- Jueza JPL San Juan de la costa (H. Senador Quinteros). Remuneración bruta mensual $ 2.999.347.

- Jueza 2º JPL Curicó (H. Senador Zaldívar). Remuneración bruta mensual $ 3.710.105.

- Juez JPL Romeral (H. Senador Zaldívar). Remuneración bruta mensual $ 1.979.188.

Posteriormente, y a partir del siguiente gráfico, describió los porcentajes en los cuales se ubican los Jueces de Policía Local según el grado que poseen:

A su turno, y a fin de reforzar su punto, señaló que la institución que preside solicitó un Informe en derecho acerca de la situación al destacado jurista y ex miembro y Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justica don Urbano Marín Vallejo, cuyas conclusiones describió de la siguiente forma:

- La disposición del proyecto de ley que concede asignación profesional excluyendo a los Jueces de Policía Local, incurre en una doble discriminación, respecto tanto de los funcionarios municipales a quienes ella concede dicho beneficio, cuanto con los personales del poder judicial, con los de tribunales especiales y con los profesionales funcionarios que reciben actualmente la misma asignación.

- El hecho que los Jueces de Policía Local perciban la asignación de responsabilidad regulada en el artículo 5º de la ley N° 15.231, modificado por la ley Nº 20.008, no es motivo racional ni valedero que justifique debidamente ese trato diferenciado.

- La mencionada disposición del proyecto adolece de la arbitrariedad que proscribe el inciso final del nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por otro lado, y en lo relativo al impacto financiero que tendría la incorporación de los Jueces de Policía Local en la iniciativa en estudio, presentó las siguientes cifras:

Jueces de policía local en el universo Municipal:

1. Total funcionarios municipales (planta y contrata) 35.000 app. (2011);

2. Total directivos, jefaturas y profesionales = 8.700 app;

3. Total jueces de policía local 350 app. = 1% del total funcionarios municipales.

4. jefaturas y profesionales = 4% del total directivos.

Así, destacó que la incorporación de los Jueces de Policía Local importaría un costo fiscal marginal y un respeto a lo justo. En efecto, señaló que la asignación profesional para 8.700 funcionarios significará M$ 1.287 (2015), mientras que la asignación profesional para 350 Jueces de Policía Local significaría M$ 52 (2015) aproximadamente.

Finalizó su presentación señalando que, con el fin de lograr una adecuada armonía con los principios que, entre otros, inspiran este proyecto: inclusividad, nivelación y de justicia correctiva, el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local propone sustituir el inciso final del artículo 1°, que señala: ”Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local”, por el siguiente: “Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los alcaldes.”

El Asesor Jurídico de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, haciéndose cargo de los reparos efectuados por quien le precedió en la palabra, señaló que los Jueces de Policía Local reciben dos asignaciones que el resto de los funcionarios municipales no percibe, cuales son, en primer lugar, la asignación de incentivo a la gestión jurisdiccional, que dice relación con el desempeño en su calidad de jueces, sujetos a la evaluación de la respectiva Corte de Apelaciones, y en segundo lugar, la asignación por responsabilidad judicial.

No obstante ello, agregó, dichos magistrados, en su calidad de funcionarios municipales, reciben, por ejemplo, la asignación de mejoramiento a la gestión municipal, así como otras asociadas a esta última calidad.

Por consiguiente, en virtud de su cargo y de su situación híbrida, los Jueces de Policía Local reciben tanto asignaciones por labores judiciales como por labores funcionariales de municipio.

En esa línea, destacó que el debate de fondo, del cual este proyecto no puede referirse, en tanto no estar dentro de las ideas matrices o fundamentales del mismo, radica en definir si los Jueces de Policía Local serán funcionarios del Poder Judicial, y por lo tanto, asimilarse a la escala de remuneraciones de este último poder público, junto con, además, reunir los requisitos para ello, como son el paso por la Academia Judicial o la dedicación exclusiva; o bien, pertenecer al ámbito municipal con las complejidades que ello acarrea en virtud de las funciones jurisdiccionales que realiza.

El Presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, señor Óscar Yáñez, señaló que la organización preside se manifiesta positivamente respecto del proyecto en estudio, destacando que sólo existe controversia en algunos puntos, los cuales pasó a describir:

1. Retroactividad: el proyecto sólo contempla retroactividad en el pago por cuatro meses y sólo aplicable a los funcionarios de los grados 15° a 20°, excluyéndose, por consiguiente, a sus pares de los grados 10° a 14°.

Tal situación, explicó, no se condice con el protocolo que se tenía respecto del punto, cuestión que, en su criterio, se debía respetar plenamente en la estructuración de la iniciativa. Agregando luego que la inclusión de aquéllos no tendría una repercusión financiera mayor.

2. Incremento previsional: la forma en que el punto es regulado en el proyecto de ley no responde a conversaciones previas con los distintos actores y autoridades, en tanto se pretendía que aquél fuese tratado en iniciativas distintas a la actual, a fin de distinguir este tópico, por su especial relevancia, del resto de las materias.

3. Por último, señaló que el proyecto no regula de forma adecuada a aquellos funcionarios que se desempeñan en cargos directivos, pero que no cumplen con los requisitos de titulación necesarios, muchos de ellos, agregó, ad-portas de su obtención, debiendo contemplarse para ellos, de igual forma, algún beneficio coherente a su posición en la organización y las responsabilidades que por ello asumen.

El Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile, Víctor Hugo Mora, señaló que valorará que en el espacio posterior a la discusión general del proyecto, se acuerden de buena forma las indicaciones que se presenten al proyecto, con miras a mejorar su configuración actual.

En efecto, si bien apoya el esfuerzo que realiza el Gobierno en esta iniciativa, junto con agradecer la disposición de este último, en palabras del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, de aumentar el límite del gasto en personal hasta en un 42%, todavía existen, a su juicio, cuestiones de relevancia que se deben tratar de mejor forma.

Así, manifestó su crítica a que el proyecto contemple un aumento del 20 al 40% a los funcionarios a contrata bajo el argumento de permitir la incorporación del personal actualmente a honorarios, destacando que si bien ello es una posibilidad, la iniciativa no lo asegura de modo alguno, por lo que las modificaciones que se debatan posteriormente en la discusión particular deben enfatizar la estabilidad en el empleo de los funcionarios municipales.

Por su parte, señaló que la asignación profesional debiese concederse a todos los funcionarios que cumplan con los requisitos para ello, independientemente del cargo que desempeñen, tal como actualmente pasa en la Administración Central.

Posterior a tales intervenciones, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, sometió el proyecto a votación.

VOTACIÓN

- Sometido a votación, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer, y señores Espina Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Se hace presente que al momento de su votación, los Honorables Senadores miembros de la Comisión efectuaron las siguientes fundamentaciones:

La Honorable Senadora señora Von Baer, expresó que espera que en la votación en particular se subsanen algunos de los puntos de discrepancia hechos presentes por las asociaciones de funcionarios municipales, a fin de lograr los objetivos de la iniciativa en examen.

El Honorable Senador señor Zaldívar, señaló que el proyecto mejorará la posición de los funcionarios municipales, incluso si no se alcanza el ideal planteado por estos últimos. Por consiguiente, agregó, en la discusión particular del proyecto seguirá la pauta y los criterios acordados en el protocolo suscrito con anterioridad entre los distintos actores del sector y las autoridades.

El Honorable Senador señor Quinteros, destacó que el proyecto es inédito, por lo que sin duda es un notable avance en materia de descentralización, máxime, añadió, en tanto los funcionarios municipales son indispensables para la buena marcha de las entidades edilicias.

Sin perjuicio de lo anterior, dejó constancia que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° B de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se inhabilitará en la votación de los artículos decimoprimero al decimocuarto del proyecto.

El Honorable Senador señor Horvath, subrayó la importancia de la lucha de los funcionarios por un proyecto de la envergadura de la presente iniciativa, sin perjuicio de las mejoras que en la discusión particular se realicen, dentro de las cuales, agregó, sin duda debe ser el punto acerca del reforzamiento a la estabilidad en el empleo en el municipio.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, coincidió con las demandas planteadas por los funcionarios municipales, señalando que ellas obedecen al sentido común en este ámbito, recalcando que no es aceptable las diferencias que estos últimos presentan respecto de sus pares en el nivel central. Lo anterior, añadió, teniendo en cuenta que los primeros son los que se encuentran en una constante y directa relación con los ciudadanos, lo que los convierte en actores fundamentales para el adecuado funcionamiento de la comuna.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de proponeros que aprobéis, en general, el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley N° 19.185 para los grados que resulten procedentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local.

Artículo 2°.- Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el artículo precedente, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir la asignación profesional, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos grados y estamentos, de la Escala Única de Sueldos.

El funcionario podrá percibir el monto de la asignación profesional que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación profesional.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación del artículo 1º de la presente ley.

II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 3º del decreto ley Nº 479, de 1974;

d) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

e) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

f) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

g) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;y,

h) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación del artículo 1° de esta ley.

Artículo 3º.- Los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron las bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, que habiendo presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº 20.305, al momento de solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso al pago del bono por haberse considerado inaplicables estas normas por no cumplir con los plazos de doce meses contemplados en los artículos 2º número 5) y 3º de la ley Nº 20.305; tendrán derecho a acceder al mencionado bono siempre que cumplan los requisitos para acceder a él.

El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que haya cesado en sus funciones.

Artículo 4°.- Declárase interpretado el inciso segundo del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, respecto de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 y remunerados conforme al Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1980; en el sentido que, a contar del 1 de marzo de 1981, los factores que, por concepto del incremento previsional establecido en el ya mencionado artículo 2°, han debido determinarse considerando únicamente las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual, permanentes e imponibles que, al 28 de febrero de 1981, se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, los que para dichos funcionarios corresponden exclusivamente al monto del sueldo base que para cada uno de los grados estableció la escala contenida en el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980.

Artículo 5°.- Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos que determine al efecto dicha Subsecretaría:

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal;

b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica;

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan contratación de personas sobre la base de honorarios;

d) Escalafón de mérito vigente;

e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la administración del Estado;

f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario; y,

g) Gasto total en recursos humanos.

La información remitida sólo podrá ser utilizada para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su letra b) la conjunción “y”.

b) Reemplázase en su letra c), el punto final por una coma(,) y agrégase la conjunción “y”.

c) Agrégase la siguiente letra d) nueva:

“d) La política de recursos humanos.”

2) Reemplázase en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo “218.000” por “1.052.000”.

3) Agrégase en la letra a) del artículo 27 a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente:

“Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento y grado de remuneración. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

4) Agréganse, a continuación del artículo 49, los siguientes nuevos artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter:

“Artículo 49 bis.- Los Alcaldes, en el reglamento interno de la municipalidad, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior, estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.

2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.

4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.

5. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley Nº 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley; en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.

6. Los Alcaldes deberán realizar consulta a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal.

7. Los Alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

8. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.

9. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad injustificadamente errónea; se entenderá que se configura un notable abandono de deberes tanto de parte de los Alcaldes como de los Concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

Asimismo, se configurará notable abandono de deberes por la no revisión y realización de los correspondientes ajustes en consideración a los informes trimestrales a que se refiere el literal d) del inciso primero del artículo 29 o la representación contemplada en el artículo 81, en caso que en dichos informes o representaciones se consideren déficits derivados de la fijación o modificaciones de plantas. En dichas situaciones se procederá según lo dispuesto en el inciso precedente.

Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior, sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, diez años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y, se encuentren calificados en lista N°1 de distinción, o lista N°2 buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, con aquellos que tengan más años de servicio en la respectiva municipalidad. En caso de empate, serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Alcalde.

c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52 y 53 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.

d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal.

ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación de derechos previsionales.

iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo 49 quáter.- Las facultades conferidas en los artículos 49 bis y 49 ter, podrán ejercerse cada diez años y sólo dentro de dicho año; siempre que se cumplan los requisitos y límites que esta ley establece.

En caso de corresponder hacer uso de las citadas facultades en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse sólo durante el año subsiguiente a éstas; correspondiendo nuevamente la facultad al cabo de diez años siguientes a aquel, a menos que se verifique la situación a que se refiere el presente inciso.

La nueva planta de personal entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

5) Agrégase a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 56, que pasa ser punto seguido, la siguiente frase:

“Además, deberá presentar para aprobación del Concejo la política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación; y, egreso.”.

6) Introdúcense en el inciso segundo del artículo 67 las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase, en el literal g) la coma (,) y la conjunción “y” que le sigue por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra h) nueva, pasando la actual a ser letra i):

“h) Estado de la aplicación de la política de recursos humanos, y”.

Artículo 7°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

1) Modifícase su artículo 2° en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en el inciso cuarto el vocablo “veinte”, la primera vez que aparece, por “cuarenta”, y la expresión “cuatro” por “ocho”.

b) Agréguese el siguiente inciso final:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gastos en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.

2) Agrégase, en el artículo 7°, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

3) Agrégase, en el artículo 8°, el siguiente inciso final, nuevo:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:

a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil o de constructor civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Jefaturas: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título de técnico nivel medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.

6) Plantas de Auxiliares: Licencia de educación media o su equivalente. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.”.

4) Agrégase en el inciso primero del artículo 25 a continuación del punto aparte(.) que pasa a ser punto seguido(.) la oración siguiente: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.”.

Artículo 8°.- Agrégase un inciso final nuevo al artículo 9° ter de la ley N° 19.803, que Establece Mejoramiento de la Gestión Municipal, del siguiente tenor:

“Para efectos de realizar la comparación del inciso primero, respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a la asignación profesional, también deberá sumarse, a las rentas señaladas en el numeral I del inciso cuarto, el valor que se pague por dicha asignación en el respectivo mes.”.

Artículo 9°.- Derógase el artículo 1° de la ley N° 18.294, que Establece normas y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley 3.063, de 1979.

Artículo 10.- Deróganse los artículos 11 y 12 de la ley N° 19.280, que Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Establece Normas Sobre Plantas de Personal de las Municipalidades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que a continuación se indican; será encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular, en el siguiente orden:

a) A contar del primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley, se procederá a encasillar sólo a los funcionarios de las plantas antes señaladas que se encuentren al 1 de enero de 2015, entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive.

b) A contar del 1 de enero del año siguiente a la publicación de la presente ley, se encasillarán a los funcionarios de esas plantas que se encuentre al 1 de enero de 2015, entre los grados 10º al 14º, ambos inclusive.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo Segundo.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que está en posesión a esta última fecha.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo Tercero.- Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los Alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo reglamento.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo, no quedará afecto a la limitación establecida en el inciso tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que se incorpora a través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en los últimos 36 meses.

Artículo Cuarto.- Para efectos de la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se utilizarán los cargos vacantes de las respectivas plantas de personal.

Si aplicado el mecanismo anterior faltaren cargos, los Alcaldes estarán facultados para modificar las plantas del personal de las municipalidades, sólo con el objeto de crear los cargos necesarios para ello. A su vez, se entenderán suprimidos por el sólo ministerio de la ley, en el mismo número de cargos que cree, aquellos cuya vacancia generen los funcionarios a los cuales se encasille de acuerdo a los artículos primero y segundo transitorios de esta ley. Con todo, no se suprimirán los cargos correspondientes al último grado de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, y siempre deberá quedar, a lo menos, un cargo en cada grado de dichas plantas. Con todo, el número total de cargos de cada una de las plantas antes señaladas deberá ser, a lo menos, el mismo que existía con anterioridad al encasillamiento.

Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto en el inciso anterior deberán dictarse dentro de los noventa días siguientes a las respectivas fechas que fijan los artículos primero y segundo transitorios precedentes disponiendo los respectivos encasillamientos.

Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2° de la ley N° 18.883, incorporado por el literal b) del número 1 del artículo 7° de la presente ley, sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para la señalada aplicación.

Artículo Quinto.- Los cambios de grado que determine la aplicación de los artículos primero a tercero transitorios de esta ley, no serán considerados como ascensos para los efectos previstos en la letra g) del artículo 97 de la ley N° 18.883.

Los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que estuvieren percibiendo, como asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo Sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2015 de M$ 12.000.000 (doce mil millones de pesos), en el año 2016 de M$ 24.000.000 (veinticuatro mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; anualmente determinará los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución especificará los criterios de priorización utilizados en la distribución de los recursos.

Para estos efectos, dichas municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad que determine dicha Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación del presente artículo.

Para dichos efectos los Alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que contendrá un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado tanto respecto de los funcionarios de planta y contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto, deberán ser enviados a la citada Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año correspondiente.

Para la entrega de los aportes respectivos a los años posteriores, los oficios deberán ser enviados a más tardar el 28 de abril de cada año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y artículos primero, segundo, tercero y octavo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a la escala de penas establecidas en el artículo 236 del Código Penal.

Artículo Séptimo.- El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° de la presente ley ascenderá a un 17% (diecisiete por ciento)de su monto total desde el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de ese año; a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero del año siguiente a dicha publicación; y a un 100% de ella a contar del 1 de enero del año subsiguiente a la referida publicación.

Artículo Octavo.- Concédese, por una sola vez, a los funcionarios municipales que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto ascenderá a:

a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° de esta ley en el mes siguiente al de su publicación, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en dicho mes.

b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se les aplique la letra a) del artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda al mes subsiguiente de la fecha de publicación de la presente ley y el total de haberes brutos del mes anterior a dicha publicación. Para efectos del presente literal, no se considerará la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Este bono se pagará en una sola cuota, en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley, sólo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.

Artículo Noveno.- Las facultades concedidas en los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N°18.695, introducidos por el artículo 6° de la presente ley, podrán ejercerse por primera vez dentro del año 2018.

La modificación establecida por el número 2 del artículo 6° de la presente ley, entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3 del artículo 7° de la presente ley, no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalado.

Artículo Décimo.- Deróganse las correspondientes normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país, a contar de la fecha de entrada en vigencia del primer reglamento que fije para cada municipalidad la nueva planta de personal establecida en virtud de los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, según corresponda.

Artículo Décimo Primero.- Condónanse las cantidades que en exceso hayan recibido y no hayan sido restituidas por los funcionarios o ex funcionarios a que se refiere el artículo 4° de la presente ley, en virtud del pago del incremento previsional contemplado en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501 de 1980, en el período que media entre el 1 de marzo de 1981 y el 30 de abril de 2015.

Declárase que la condonación dispuesta en el inciso anterior bastará para regularizar la situación de los funcionarios o ex funcionarios ante las respectivas municipalidades, no pudiendo estas corporaciones exigir devolución alguna de parte de ellos por dicho concepto.

Asimismo, deberá procederse a poner término a todos los procesos administrativos o judiciales, cualquiera sea la etapa en que se encuentran, que tengan su origen en una interpretación diversa de la establecida en el artículo 4° de la presente ley.

Decláranse extintas las responsabilidades civiles, administrativas y criminales de funcionarios o ex funcionarios municipales, así como de Alcaldes, Concejales, ex Alcaldes y ex Concejales que se deriven de acciones u omisiones relacionadas con una estimación del incremento previsional contraria a lo estatuido en el artículo 4° de la presente ley.

Con todo, a contar de la fecha de publicación de la presente ley, en caso alguno y bajo ningún supuesto podrán pagarse remuneraciones a funcionarios municipales interpretándose el inciso segundo del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, de una forma diferente a la indicada en el artículo 4°. A aquellos funcionarios que dispusiesen o recibiesen pagos en forma contraria a lo señalado, sin hacer devolución de ellos, se les aplicará la medida disciplinaria de destitución de conformidad a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.883, que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Para el caso de Alcaldes, el incurrir en la conducta señalada en este inciso será considerado notable abandono de deberes, otorgándose acción pública para sustanciar el respectivo procedimiento, el que se sujetará a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Artículo Décimo Segundo.- Las sumas que funcionarios o ex funcionarios municipales hubiesen restituido a las respectivas municipalidades, con motivo de pagos de remuneraciones que hubieren considerado el incremento previsional en una forma distinta a la señalada en el artículo 4° de la presente ley; no darán derecho a aquellos a ningún tipo de devolución, restitución o compensación.

Asimismo, los funcionarios o ex funcionarios municipales que, con motivo de pagos de remuneraciones hubieren percibido el incremento previsional en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la presente ley, no tendrán derecho a compensación alguna.

Artículo Décimo Tercero.- Las anotaciones, que hubieren recibido en su hoja de vida los funcionarios municipales regidos por la ley N° 18.883, y remunerados de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, sean éstas de demérito o que dieren cuenta de alguna medida disciplinaria, únicamente por razón de haberse interpretado erróneamente el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1981, con anterioridad al 30 de diciembre de 2014, se entenderán eliminadas por el sólo ministerio de la ley.

Dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación de la presente ley, la unidad encargada de personal, o a la que cumpla dichas funciones en la municipalidad, deberá tomar las medidas pertinentes para dejar constancia en la hojas de los funcionarios de la eliminación de las respectivas anotaciones. Dentro del mismo plazo deberá comunicar a los funcionarios correspondientes respecto de la eliminación de la anotación.

La presente norma solo tendrá efecto en las calificaciones, escalafones de mérito, o ascensos a contar del periodo calificatorio que se inicie en forma posterior a la fecha de publicación de la presente ley, sin que el funcionario pueda alegar perjuicio alguno, que signifique daño a su patrimonio o a su carrera funcionaria.

Artículo Décimo Cuarto.- El mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas en la presente ley será de cargo municipal.

Con todo, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia para los artículos 3° y sexto transitorio, se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

Acordado en sesión celebrada el día 10 de junio, 13 de julio y 17 de agosto de 2015, con asistencia de los Honorables Senadores señor Espina (Presidente /a), señora Von Baer, y señores Bianchi (Horvath), Quinteros y Zaldívar.

Sala de la Comisión, a 18 de agosto de 2015.

Juan Pablo Durán G

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ENTREGA NUEVAS COMPETENCIAS A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

(BOLETÍN Nº 10.057-06).

I.- OBJETIVO (S) DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Facultar a los alcaldes para que, con la aprobación de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del concejo municipal, fijen o modifiquen las plantas del personal de las municipalidades; Establecer la obligación del municipio de informar sobre la dotación y el personal a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Dictar normas sobre bonificaciones por retiro voluntario, e incremento previsional y asignación profesional; Conceder bono especial, y condonar lo recibido en exceso por error de cálculo del incremento previsional….

II.- ACUERDOS: aprobado en general (5X0)

ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de 10 artículos permanentes 14 artículos tranitosios

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: …si las hay, colocar lo mismo que se consignó en el párrafo respectivo al inicio del informe.

V.- URGENCIA: suma

VI.- ORIGEN INICIATIVA: Senado, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidente de la República.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 20 de mayo de 2015

IX.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. Ley N° 18.903, que establece Mejoramiento de Gestión Municipal.

3. Ley N° 18.883, que aprueba estatuto administrativo para funcionarios municipales

4.- Ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.

5.- Ley N° 20.649, que otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional.

Valparaíso, a 19 de agosto de 2015

Juan Pablo Durán

Secretario de la Comisión

1.3. Discusión en Sala

Fecha 19 de agosto, 2015. Diario de Sesión en Sesión 45. Legislatura 363. Discusión General. Se aprueba en general.

FORTALECIMIENTO DE DISPOSICIONES APLICABLES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

La presente sesión fue especialmente convocada para tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.057-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2015.

Informe de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 45ª, en 19 de agosto de 2015.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Los principales objetivos de la iniciativa son facultar a los alcaldes para fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades; establecer la obligación del municipio de informar sobre la dotación y el personal a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; dictar normas sobre bonificaciones por retiro voluntario, incremento previsional y asignación profesional; conceder un bono especial, y condonar lo recibido en exceso por error de cálculo en el incremento previsional.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Cabe tener presente que esta iniciativa contiene normas de rango orgánico constitucional, por lo que, para su aprobación, se requiere el voto favorable de 21 señores Senadores.

El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 48 a 64 del primer informe de la Comisión.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

En discusión general.

Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, solo quiero solicitar que abra la votación de inmediato, porque varios de nosotros debemos ir a Comisiones y hacer otras cosas en paralelo.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

No creo que haya inconveniente.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación la idea de legislar.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Gobierno, el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , quiero entregar un informe en términos muy generales para que los señores Senadores dispongan de más tiempo para intervenir, considerando que, gracias a la gentileza de Su Señoría, se cambió a esta hora la sesión especial, que originalmente estaba fijada para el mediodía, decisión que permitió a la Comisión de Gobierno analizar el proyecto sobre creación de consejos comunales de seguridad pública, cuyo estudio prácticamente estamos terminando.

Como dije, voy a informar de modo global los aspectos de la iniciativa en votación, originada en mensaje de la Presidenta de la República , que busca enmendar normas aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

En primer lugar, se establecen disposiciones sobre fijación y modificación de las plantas municipales.

Esta iniciativa posibilita el aumento de las plantas municipales, con especial focalización en los cargos de profesionales y técnicos. De ese modo, se faculta a las municipalidades para que, cada diez años, a propuesta de los alcaldes y con el acuerdo de dos tercios de los concejales en ejercicio, fijen o modifiquen sus respectivas plantas, siempre dentro de sus disponibilidades presupuestarias.

Luego se establecen enmiendas a los límites máximos de gasto en personal y a los requisitos para el ingreso y la promoción en los cargos de planta.

En este ámbito, se amplía el tope del gasto anual en personal desde un 35 por ciento hasta un 40 por ciento de los ingresos propios municipales.

Asimismo, se aumenta el límite superior del gasto en personal a contrata de 20 por ciento a 40 por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal, lo que permitirá pasar a aquella condición laboral a trabajadores a honorarios.

Además, en las municipalidades con planta de menos de 20 cargos se autorizará contratar hasta 8 personas y no 4, como dispone actualmente la ley.

Después se proponen normas sobre la asignación profesional.

Se dispone el pago de ella a los funcionarios municipales para que los profesionales de los municipios que se desempeñen en las plantas de directivos, profesionales y jefaturas perciban una asignación similar a la de sus pares en el nivel central.

Antes de seguir, quiero hacer una aclaración, señor Presidente . Estoy indicando lo que dice el proyecto en mi calidad de informante. Pero tenemos discrepancias no menores en muchas materias, las que serán objeto de debate en su oportunidad. En estos momentos me corresponde dar a conocer lo que plantea el texto de la iniciativa. Así que -por favor- no vayan a retar al cartero por entregar las noticias. Después cada señor Senador expresará qué le parece bien o mal de lo propuesto.

Continúo con mi informe.

También se establece que, como consecuencia del pago de la asignación profesional, ningún funcionario municipal podrá obtener una remuneración bruta mensual superior a la de un funcionario del nivel central de igual grado regido por la escala única de sueldos. Para ello, se dispone la obligación de realizar un ejercicio comparado, que, en casos calificados, implicará efectuar una reducción exclusiva del monto de la citada asignación.

Posteriormente, se incorporan disposiciones sobre el bono poslaboral de la ley Nº 20.305.

También se contemplan mejoras de grados; la incorporación de personal a contrata en la planta respectiva, y una actualización de las posiciones relativas.

Después se plantea un bono especial.

Quienes ejerzan cargos en plantas de técnicos, administrativos o auxiliares y se encuentren al 1 de enero de 2015 entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive, podrán acceder a dicho bono. Este será equivalente a la diferencia mensual entre el total de haberes brutos que corresponda a partir de la vigencia del incremento de grado y los existentes en forma previa al aumento de aquel, multiplicado por determinado factor.

En seguida, se plantea un tema muy controvertido: el incremento previsional.

La jurisprudencia de la Contraloría General de la República dispuso que no procedía calcular el incremento previsional respecto de elementos remuneratorios creados o reconocidos con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto ley Nº 3.501, es decir, a partir del 28 de febrero de 1981.

En su momento las municipalidades entregaron esos recursos y, posteriormente, el Órgano Contralor rechazó ese gasto. A raíz de ello, hoy existe una cantidad muy relevante de funcionarios municipales demandados para que devuelvan ese dinero.

Nos preocupa este asunto, y está incorporado en las normas del proyecto.

Algunos sostienen que esa materia debiera abordarse en una iniciativa de ley aparte, para no confundir los objetivos de esta propuesta con la necesidad de una solución definitiva al incremento previsional. La idea sería pronunciarse sobre el particular con el objeto de establecer una norma de evite que se persiga legalmente a los funcionarios municipales que percibieron dichos recursos, los cuales fueron entregados de acuerdo a las disposiciones que su propio municipio había establecido.

El señor PROKURICA .-

¡Ese gasto fue autorizado en su momento!

El señor ESPINA.-

Efectivamente. Había sido autorizado.

Además, se contemplan nuevas competencias para la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Se proponen un aumento del aporte fiscal permanente al Fondo Común Municipal y normas especiales para su financiamiento.

Y se incluyen disposiciones para el fortalecimiento de la política de recursos humanos.

Los señores Senadores podrán revisar en el informe todas las materias que he enumerado.

No he querido profundizar en ellas, señor Presidente, porque esta sesión termina en cuarenta minutos y los colegas tienen todo el derecho a hacer uso de la palabra.

Solo quisiera agregar dos comentarios, para no intervenir por segunda vez.

Los funcionarios municipales tienen toda la razón cuando piden al Gobierno que dé cumplimiento al Protocolo de Acuerdo para la Modernización del Sistema Municipal, de 14 de noviembre de 2014.

Ese documento fue firmado por el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes ; por el entonces Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Christian Vittori , y por el Presidente de ASEMUCH, don Oscar Yáñez .

Debo señalar que también participó en el Comisión, en forma permanente, el señor Víctor Mora , Presidente de UFEMUCH .

Los funcionarios municipales reclaman con razón, porque aspectos relevantes de dicho Protocolo no se estarían cumpliendo.

Aquí se evidencia un problema de recursos involucrados.

Piden respuesta respecto de una serie de materias: saber a quiénes se extenderá el beneficio de asignación profesional; precisar lo relativo al aumento del porcentaje a contrata.

Además, no existe igualdad real entre la remuneración de los funcionarios municipales y sus pares del nivel central. Los miembros de la Comisión creemos que esto refleja una enorme injusticia. Si hay autoridades o trabajadores que están en el primer frente de contacto con la ciudadanía, ¡son precisamente los que se desempeñan en los municipios!

En forma increíble, desde hace mucho tiempo los funcionarios municipales quedaron ganando menos que aquellos que pertenecen a los organismos de la Administración central. Y no existe una explicación razonable para ello.

Efectuamos varias sesiones en la Comisión, a las que asistieron los representantes de todas las organizaciones gremiales, tanto de alcaldes -las dos que existen- como de los funcionarios municipales, instancia en la que pudieron exponer con claridad sus puntos de vista.

Los miembros del órgano técnico aprobamos la idea de legislar esta semana, en consonancia a la urgencia con que el Gobierno calificó este proyecto. Estábamos obligados a hacerlo en ese plazo.

No obstante, advierto que esta iniciativa no será fácil de despachar en particular, ya que en algunos aspectos existen discrepancias muy de fondo.

En ese sentido, destaco la diferencia existente entre las legítimas aspiraciones de los funcionarios y el contenido del texto propuesto, sobre todo existiendo de por medio un Protocolo de Acuerdo, el que no se está cumpliendo en los términos suscritos. Esto obviamente motiva al personal municipal a pedir al Ejecutivo que se haga cargo de lo comprometido en dicho documento.

Es cuanto deseo informar en términos generales respecto del presente proyecto, con el propósito de que los demás señores Senadores y señoras Senadoras puedan hacer uso de la palabra en esta sesión, que es breve.

--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Entendemos la alegría que existe por la discusión de esta iniciativa de ley. Sin embargo, les solicito silencio a los asistentes en las tribunas, porque el Reglamento prohíbe las manifestaciones. Les sugiero mover las manos cuando estén contentos, pero no aplaudir.

Tenemos la siguiente situación: habíamos acordado ayer realizar esta sesión especial por dos horas, pero luego se planteó a la Mesa la posibilidad de resolver esta materia en menos tiempo, razón por la cual decidimos que la sesión durara una hora. Sin embargo, dada la cantidad de inscritos, no existe ninguna posibilidad de finalizar en el plazo fijado.

El señor CHAHUÁN.-

Que se acorte el tiempo de cada orador, señor Presidente.

El señor LARRAÍN.-

Sugiero que se abra la votación.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Ya se abrió, Su Señoría. Estamos en el fundamento de voto. Por tanto, se puede intervenir hasta por cinco minutos.

El problema es que, si cada uno de los inscritos habla por cinco minutos, nos pasaremos por mucho de la hora de término de la sesión.

¿Habría acuerdo para que se fundamente el voto hasta por tres minutos?

El señor LARRAÍN.-

Con excepción de los miembros de la Comisión.

El señor LETELIER.-

Sí.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Tres minutos, salvo para los integrantes de la Comisión, que podrían hablar hasta por cinco minutos?

El señor PÉREZ VARELA.-

¡No!

El señor NAVARRO.-

¡No hay acuerdo!

El señor PROKURICA.-

¡Me opongo!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Entonces, solo me queda decirles que en adelante no habrá posibilidad alguna de llegar a acuerdos, considerando que el compromiso asumido ayer por Sus Señorías no se está cumpliendo hoy.

Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , quienes nos hemos desempeñado en cargos de servicio público en gobiernos regiones y locales, justamente por nuestro conocimiento práctico, tenemos una motivación especial por contribuir a que se abra paso a la descentralización del Estado.

Desde el Senado, he podido constatar el desconocimiento, la incomprensión y hasta la desconfianza que afecta a la gestión de los gobiernos regionales y locales, lo que hace difícil todo avance en su fortalecimiento.

La larga historia de este proyecto de ley que modifica normas sobre funcionarios municipales es una expresión de esa realidad.

Ya en 1997 fue aprobada una reforma constitucional que radicó en los municipios la facultad para establecer sus propias plantas de funcionarios, materializando con ello el principio de la autonomía municipal.

En 2004 fue presentada una iniciativa que se denominó "de modernización municipal", que constituía una verdadera reforma y que, en mi calidad entonces de Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades , me correspondió negociar e impulsar.

Ese proyecto fue finalmente rechazado por el Senado en 2008.

El Gobierno del Presidente Piñera mantuvo el statu quo. Y ahora, en la segunda Administración de la Presidenta Bachelet, por fin estamos cerca de concretar esa aspiración.

La iniciativa en análisis es menos ambiciosa. No se trata de la reforma que han venido solicitando los municipios desde hace años, pues no se hace cargo de dotarlos de las atribuciones y recursos para cumplir efectivamente sus fines.

Tampoco es un proyecto que recoja todas las legítimas reivindicaciones de los funcionarios municipales.

Sin embargo, permitirá adaptar las plantas a las necesidades y a la realidad de cada municipio; regularizar la situación de muchos servidores públicos que se han desempeñado por años a contrata o a honorarios, y mejorar las remuneraciones de los funcionarios.

En cuanto a la posibilidad de modificar las plantas, la situación actual es insostenible. Hay comunas que multiplicaron varias veces su población, mientras sus municipios mantienen la misma planta desde 1994.

Tal situación generó una enorme traba para la gestión de esas corporaciones.

Conozco los problemas que acarrea la ejecución de un flujo creciente de miles de millones de pesos en proyectos de inversión que recaen en todo tipo de obras.

Sé lo que significa administrar decenas de programas sociales destinados a atender las necesidades de toda clase de personas.

Todo ello lo han hecho los municipios, con limitadas capacidades, con personal escaso y de menor calificación.

Esa tarea ha sido posible -hay que decirlo- gracias al sacrificio de miles de trabajadores a honorarios, que no han tenido la posibilidad de desarrollar su vocación a través de una carrera profesional ni han contado -durante años y a veces décadas- con derecho a la previsión.

También ha sido posible con el sacrificio de miles de funcionarios de planta que, históricamente, han sido tratados en forma discriminatoria, recibiendo remuneraciones inferiores en comparación con el resto de quienes laboran en la Administración Pública.

¿Por qué hasta ahora todos los funcionarios públicos con título profesional tienen derecho a la correspondiente asignación profesional, con la sola excepción de quienes se desempeñan en los municipios?

Esa desigualdad viene revirtiéndose durante los últimos años.

En síntesis, esta iniciativa constituye un importante paso para regularizar la gestión de los municipios y resolver las condiciones inequitativas en las que se han desenvuelto sus funcionarios de planta, a contrata y a honorarios.

Sin embargo, como mencioné, no resuelve todos los problemas y es susceptible de perfeccionamientos. El Ejecutivo ya escuchó algunas proposiciones y esperamos que acoja otras tantas durante el plazo para presentar indicaciones.

Por ejemplo, con relación al aumento de grados que recibirán los funcionarios de los escalafones de auxiliares, administrativos y técnicos, los ubicados en los lugares más bajos aumentarán en dos grados, mientras que los superiores en solo uno, lo cual me parece bien. Pero estos últimos solo percibirán el beneficio a contar de 2016.

El ideal sería que todos vieran a partir de este año un beneficio concreto en virtud de la ley en proyecto.

Señor Presidente, respetaré los cinco minutos de intervención.

Este proyecto viene a dar en parte una pequeña solución a los problemas municipales.

Espero que mediante indicaciones el Ejecutivo se allane a aportar mayor cantidad de recursos para ir convirtiendo a los municipios en verdaderos gobiernos locales.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , trataré de ser lo más breve que pueda, pues considero que el interés de todos, y principalmente el de los funcionarios municipales, es que este proyecto de ley se haga realidad lo antes posible.

En lo principal, cabe destacar que se suscribió un protocolo entre los funcionarios municipales y el Gobierno. Y algunos participamos al objeto de lograr el acuerdo que hoy se halla vigente.

Nuestra Comisión, cuando analicemos en particular la iniciativa, tendrá que vigilar que ese protocolo se cumpla en la forma establecida. Podrá haber interpretaciones en un sentido o en otro, pero lo relevante será despachar el proyecto de ley.

Esta iniciativa -muy bien se dijo en este Hemiciclo- cumple en parte importante ese protocolo. Aunque hay materias que sí se encuentran en discusión.

Me parece que está de acuerdo con el protocolo el hecho de entregarles facultades a las municipalidades para que cada ocho años fijen sus propias plantas, lo cual es un gran logro para ellas, pues les dará autonomía para manejar su política de personal.

Además, se aumenta el margen de los recursos municipales que pueden destinarse al pago de remuneraciones, del 35 por ciento actual a 42 por ciento.

Ese es otro logro importante.

Asimismo, se propone una modificación en el sentido de realizar un incremento de dos grados a los funcionarios ubicados más abajo en el escalafón y de un grado a quienes se encuentran más arriba.

Esa mejora se encuentra dentro del protocolo.

Luego, se establece un sistema de asignación profesional, de manera que los funcionarios municipales gocen del mismo beneficio que quienes laboran en el nivel central.

Lo anterior también es trascendente para esos trabajadores, porque se trata de una norma de equidad en la función pública.

El proyecto de ley contempla, además, la entrega de recursos para que las municipalidades solventen los beneficios contenidos en él, ya que un reclamo permanente de los municipios es que nosotros aprobamos iniciativas sin el suficiente financiamiento.

El Fisco efectuará aportes especiales durante tres años, llegando a entregar 36 mil millones de pesos en 2017, con lo que se logrará concretar todos los acuerdos.

Adicionalmente, a contar de 2018, se compromete un incremento del aporte fiscal al sector municipal hasta llegar a un millón 52 mil unidades tributarias mensuales, cifra que representa casi cinco veces más de lo que hasta ahora el Fisco entrega para gastos en personal.

Existe, sí, un asunto, que le representé al Gobierno y que debemos revisar, relativo a la fecha a partir de la cual rige la ley en proyecto. Por eso considero urgente aprobar y despachar la iniciativa.

Se dijo que esta legislación tendría efecto retroactivo a contar del 1 de enero, mientras el Gobierno está planteando más bien un bono equivalente a cuatro meses.

Si tomamos nota de ello, eso no coincide con la fecha 1 de enero.

Se trata de un aspecto que habremos de revisar y plantear. Como no poseemos iniciativa para formular indicaciones sobre la materia, el Ejecutivo tendrá que presentarlas.

Por todas esas razones, espero que el proyecto sea aprobado por la Sala -estoy seguro de que hay acuerdo unánime- y vuelva a la Comisión de Gobierno para que ojalá pueda convertirse en ley lo antes posible.

Cualquier demora irá en perjuicio de los funcionarios municipales.

Considero que, en sí, hay que lograr que el protocolo sea cumplido de buena fe por todas las partes.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente , nadie discute, aunque se avanza poco, la necesidad de fortalecer a los municipios y de preocuparse de la situación de los trabajadores municipales.

Uno podría decir que este proyecto va en la dirección correcta. Sin embargo, resulta claramente insuficiente.

De aprobarse tal como está, veremos que las remuneraciones de esos funcionarios crecerán de manera muy menguada.

Por lo tanto, no habrá una diferencia sustancial.

Pero nuestro problema con esta iniciativa no es ese.

Hoy discutimos la ley en proyecto porque en 2014 hubo una movilización de funcionarios municipales que terminó cuando el Gobierno se comprometió, mediante un protocolo, a enviar una iniciativa, trámite que se cumplió el 20 de mayo del año en curso.

De la sola lectura de las distintas normas del proyecto, se desprende que no se respeta el protocolo que el propio Ejecutivo firmó junto con las organizaciones de los funcionarios municipales.

Y aquí tenemos un problema, porque estamos discutiendo sin la presencia del Gobierno un proyecto en que el Ejecutivo incumple su palabra. El Gobierno no está aquí para decirle al Senado que está dispuesto a respetar lo acordado y que presentará indicaciones para modificarlo.

¿Va a ocurrir eso o no?

Porque, sin duda, la Cámara Alta no puede aprobar una normativa en la cual se les da vuelta la espalda a los funcionarios municipales.

Son varias las materias en las que este proyecto no da cuenta de lo firmado en noviembre de 2014.

Lo relativo al efecto retroactivo -como se dijo- no se respetó.

Y como la norma para cumplirlo es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo , el Senado, al aprobar este proyecto hoy día, da una especie de cheque en blanco, firma un documento en blanco sin saber si el Gobierno cumplirá o no su compromiso.

Habría sido importante que el Ministro del Interior estuviera presente para señalar si el Gobierno está dispuesto a respetar ese protocolo de acuerdo.

Por otro lado, se encuentra el tema de la asignación profesional.

No todos los profesionales que se desempeñan en las municipalidades recibirán la asignación profesional. Se dice que serán homologados con el nivel central, pero no es así. No hay una homologación exacta entre lo que percibe un profesional del nivel central y uno de las municipalidades. Por lo tanto, a muchos de ellos esto no les significará absolutamente nada.

Por otra parte, está lo relativo al incremento previsional.

Esa materia no fue parte del protocolo. Cuando los funcionarios municipales llegaron a acuerdo con el Gobierno no incorporaron entre los temas para levantar la movilización el que se legislara en este proyecto acerca del incremento previsional. Además, de la sola lectura queda demostrado que es un tema complejo, que ofrece una zanahoria, pero también un garrote.

Como lo han pedido las organizaciones de los funcionarios municipales, hemos planteado desde el principio que el Gobierno saque de esta iniciativa de ley lo relacionado con el incremento previsional, y que este tema lo tratemos, como su complejidad verdaderamente lo requiere, en un proyecto aparte. Porque -reitero- de la sola lectura se aprecia que hay una zanahoria para algunos y un garrote muy grande para la mayoría de los funcionarios municipales.

A mi juicio, señor Presidente , es clave escuchar al Gobierno, que este señale si está dispuesto a resolver las inconsecuencias existentes entre el protocolo de acuerdo y el proyecto de ley. Porque, si no, estaremos obligados a rechazarlo en la discusión en particular, pues el texto actual va a generar conflictos.

Espero que el Ejecutivo no esté pretendiendo dividir la organización de los trabajadores municipales, y que no se genere un cuestionamiento. Por el contrario, pienso que el Gobierno debe estar preocupado de avanzar para resolver las dificultades. Y, para ello, lo primero que tiene que hacer es cumplir con la palabra comprometida en el protocolo de acuerdo que firmó en 2014. Y eso, claramente, no lo está haciendo aquí.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Señor Presidente , quiero partir haciendo un reconocimiento.

Yo fui alcaldesa por más de diez años. Y, efectivamente, la labor que realizan los funcionarios municipales es de una importancia enorme para muchísimas personas, particularmente para las que están en condición de mayor vulnerabilidad.

Cuando se habla de regionalización, sin duda el poder más cercano a la gente es el municipio. Por lo tanto, debiera ser de interés de todos contar con instituciones municipales fuertes, potentes y sanas, que sean de verdad lugares no solo de servicio, sino también de realización para sus funcionarios.

Sin embargo, hay algo que me llama la atención.

Si este es un tema tan relevante y se le da la importancia que se supone debe tener, ¿dónde está el Ejecutivo en esta discusión?

El señor LETELIER.-

¡Ustedes no lo dejaron entrar! ¡El Subsecretario está afuera y ustedes no le permitieron el ingreso!

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

¿Y el Ministro?

Me parece que esta materia es de mucha importancia y me gustaría que estuviera aquí el Ministro del Interior . Esta discusión amerita su presencia, y me parece que de verdad debiera estar acá. Eso, en primer lugar.

En segundo término, la iniciativa no se ajusta al protocolo de acuerdo al que se llegó y que motivó el término de la movilización de los funcionarios municipales.

Uno podrá estar de acuerdo o no, compartir o no los términos de dicho acuerdo, pero este no se está respetando.

Ahora bien, yo conversé con las asociaciones de funcionarios municipales de mi zona. Ellos plantearon que celebraron una reunión con la SUBDERE y que existiría voluntad de subsanar las diferencias. Sin embargo, me habría gustado que ello se hubiese planteado en forma más clara. Porque, tal como sostuvo el Senador Pérez, nosotros estamos entregando un cheque en blanco, porque es un compromiso que hoy día queda en el aire. Es decir, así como no se cumplió el compromiso anterior, podría no respetarse este.

A mi juicio, el debate no debiera haberse realizado de esta manera.

Siempre se ha dicho que el Estado es un mal empleador. Y cuando hablo del Estado también me refiero a los municipios, porque estos tienen trabajando a muchas personas a plazo fijo, con contratos bastante precarios. Sin embargo, en el proyecto que nos ocupa se aumentan los funcionarios a contrata a un 40 por ciento. Pero eso no estaba en el texto anterior.

Entonces, de verdad creo que la iniciativa de ley tiene muchas deficiencias.

Si efectivamente terminamos en un proyecto en el cual se respete el protocolo de acuerdo, yo seré la primera en felicitar el trabajo realizado por las asociaciones de funcionarios, el Gobierno y cada uno de los parlamentarios que han integrado las Comisiones correspondientes, y concurriré con mucho agrado con mi voto favorable.

Voy a aprobar la idea de legislar. Pero, sinceramente, espero que en esta oportunidad se cumpla el acuerdo, y no como la vez anterior, en que a pesar de consensuar un protocolo, este no se respetó.

Por lo tanto, deseo que esta vez sí se cumpla lo acordado y que lo conversado con las asociaciones de funcionarios se respete, a fin de despachar un buen proyecto de ley que, de alguna manera, satisfaga sus necesidades, porque, por lo demás, el personal municipal es el que se halla en peores condiciones en todo el aparato público.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, voto a favor de la idea de legislar, expresando mi confianza y mi esperanza de que el proyecto signifique un real mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios municipales.

Durante la discusión en particular nos vamos a preocupar especialmente de tres materias que, por lo menos en la Región de La Araucanía, son extraordinariamente sensibles.

La primera dice relación con la forma en que la iniciativa está abordando el llamado "incremento previsional".

Cabe recordar que esta fue una materia no provocada por los funcionarios municipales. Fue la Contraloría General de la República la que emitió un dictamen que señalaba que los trabajadores del sector municipal tenían derecho a determinado monto que debían pagar los municipios.

Sucede que en la Región de La Araucanía prácticamente todos los municipios decidieron cancelarlo. Y ahora estamos ante varias situaciones extrañas: ciertos alcaldes tienen juicios de cuentas y demandas; algunos todavía están pagando, otros ya no lo están haciendo.

Sin embargo, ese desorden no es atribuible a los funcionarios municipales. Esto es absoluta y enteramente causado por una decisión que, en su momento, adoptó la Contraloría General de la República.

Por tal motivo, creo que ese aspecto, esa consideración, debe estar presente en la solución que se le dé al problema.

Segundo elemento: funcionarios municipales a honorarios.

Son varios miles los que se encuentran en esa situación. Y no llevan poco tiempo cumpliendo tareas a honorarios, sino 25, 20, 15 o 10 años. ¡Se imaginan el daño previsional que tienen esos trabajadores! ¡Es gigantesco! Muchos de ellos están llegando a las edades para jubilarse. ¿Cómo lo harán si no tienen las cotizaciones previsionales respectivas?

Entonces, el Estado ha de hacerse cargo de la situación que les afecta, que es francamente dramática.

Por su parte, también tenemos el tema de la asignación profesional, que es de toda justicia. Y por ser de toda justicia, ha de entregarse de forma íntegra. La iniciativa no debiera establecer que si se sobrepasa lo que recibe un funcionario de la administración central, al profesional de una municipalidad se le tiene que reducir la renta. Porque, entonces, estaríamos legislando, como tantas veces se dijo y se criticó, con letra chica.

Espero, señor Presidente, que en la discusión en particular seamos capaces de subsanar todos esos aspectos.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ossandón, ex alcalde de Puente Alto y de Pirque.

El señor OSSANDÓN.-

Primero de Pirque y luego de Puente Alto, señor Presidente.

Con los Senadores Guillier y Quinteros presentamos un proyecto de reforma constitucional que entrega a los municipios su verdadero rostro: que no sean simples administradores comunales, sino auténticos gobiernos locales.

Considero que eso es modernizar en serio el mundo municipal y, al mismo tiempo, efectuar un verdadero proceso de descentralización. Porque esta no pasa por los cores ni por los gobiernos regionales, sino por los municipios. Estas instituciones disponen de más personal y de funcionarios mejor preparados. Y, además, sus autoridades son elegidas democráticamente.

A mi juicio, el proyecto es una buena base. Pero hay que transparentar en forma definitiva el tema laboral existente en los municipios de Chile. Porque ello no va a significar, contrariamente a lo que dicen algunos, mayores gastos, por cierto si se procede en forma correcta. Porque, por ejemplo, hoy miles de personas laboran a honorarios en programas sociales disfrazados para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones de las plantas municipales.

Creo que también deberíamos aprovechar este proyecto para eliminar de una vez por todas los grados 16 a 20, donde figuran funcionarios que, no obstante ser parte de la misma pobreza, laboran con personas vulnerables.

Los municipios tienen dinero. Y, en nuestro país, la mayoría de los trabajadores arregla su situación vía horas extras. De manera que, como no se requieren mayores recursos, hay que evitar que la gente, para pagar sus deudas a fin de mes, deba inventar trabajo adicional en la semana o ir a laborar en día sábado. Entonces, hay que transparentar la situación y tener una escala que vaya del grado 1 al 15.

Asimismo, me parece que sería del caso aprovechar esta iniciativa para elaborar un sistema mixto. Porque los alcaldes no pueden tener contratas por el tiempo que dure su período -más bien, ellas son propias de los integrantes de su equipo-, pues en tal caso quienes ocupan cargos de esa índole ¡deben esperar a fin de año la llegada del Viejo de Pascua con el nuevo contrato...!

Todos los funcionarios deben tener la oportunidad de desarrollarse. Y no estoy hablando solo de los trabajadores municipales. Pero lo cierto es que quienes ocupan cargos de confianza están en ellos con contratas anuales o para insertarse en programas sociales inventados.

El que firma un contrato por cuatro años también puede proyectarse a ese plazo: pedir un crédito, planificarse familiarmente, en fin.

Los municipios deben tener hoy un trato más parecido al del nivel central. Las diferencias carecen de sentido.

Este proyecto, que constituye un avance, no transparenta la realidad.

Decir que estamos subiendo del 35 al 42 por ciento es teoría, porque actualmente las municipalidades, con los programas sociales, gastan muchísimo más de 42 por ciento.

A mayor abundamiento, debemos considerar que no se ha adecuado la población. Recordemos que se está operando sobre la base de un censo de hace más de quince años.

Por consiguiente, hago un llamado al Gobierno para que de una vez por todas sinceremos la realidad, tanto más cuanto que esto se puede cuadrar en cada administración con la misma plata que se gasta hoy: no existe costo alguno.

Como vimos en la última sesión, en el mundo municipal (también en el Senado) mucha gente no tiene imposiciones, ni por ende acceso a la salud, porque no somos capaces de transparentar la situación.

En mi concepto, es factible dejar cierto grado de libertad amarrado a la responsabilidad de cada autoridad. Y, como hay evaluación cada cuatro años, ella va a aquedarse o saldrá a patadas: una de las dos cosas le sucederá.

En consecuencia, reitero mi llamado al Ejecutivo para que sinceremos lo que acontece en los municipios.

Por supuesto, apoyaré esta iniciativa. Pero ojalá podamos modificarla y, sobre todo, eliminar los grados 16 a 20.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor Presidente , hoy debemos tomar una decisión difícil y compleja. Porque todos sabemos -y lo dijimos muchas veces en la Comisión de Gobierno- que los funcionarios municipales tienen gran relevancia: son la puerta de entrada al Estado. Entonces, es importantísimo que cumplan bien su trabajo. Y para eso deben contar con condiciones laborales adecuadas, estables, y no depender de un ciclo político de cuatro años. Como ellos mismos nos decían, la experiencia del trabajo en el municipio es indispensable para entregar un buen servicio a los ciudadanos.

Este proyecto de ley, tal como está ahora, constituye un avance, pues permite, después de harto tiempo, que las municipalidades cambien sus plantas de personal cada diez años. De modo que, en tal sentido, descentraliza.

Asimismo, exhibe responsabilidad presupuestaria, aspecto que debiera preocuparnos cuando observamos a países que enfrentan problemas con municipios que gastan más de lo que tienen. Y, por eso, en su articulado se dispone que a los alcaldes que cometan ese error -por decirlo así- se los podrá sancionar por notable abandono de deberes.

Es un avance, además, porque permite mejorar las condiciones laborales de los funcionarios municipales.

Sin embargo -y así lo vimos en la Comisión de Gobierno con los funcionarios involucrados-, esta iniciativa no cumple la palabra empeñada por el Ejecutivo .

Entonces, uno duda de si lo que propone el Gobierno va en la dirección que todos queremos: que el Ejecutivo cumpla completamente el Protocolo de Acuerdo.

En esa línea, se mencionaron varios puntos. Yo voy a repetir solo algunos.

Se planteó un reencasillamiento para todos por igual. Pero, como él se realiza en tiempos diferentes, va en detrimento de los grados favorecidos más tarde.

De otro lado, se comprometió retroactividad. Ello no está sucediendo completamente, pues solo se reconocen cuatro meses. De manera que en esta materia tampoco se cumple el Protocolo.

Y hay otros puntos que mueven a duda.

Por ejemplo, en el caso de la asignación profesional vemos una diferencia con lo que sucede en el gobierno central: en este se paga a todos, incluidos los grados más bajos, y en el proyecto, a los directivos, a los profesionales y a las jefaturas, pero no a los funcionarios municipales que se esforzaron por obtener su título y contribuir a la profesionalización de la planta respectiva completa.

Por otra parte, existe la situación de jefaturas que no tienen título profesional. Este punto es especialmente significativo, pues aquello sucede mucho en comunas pequeñas, en comunas alejadas, en comunas rurales, como las de la Región de Los Ríos. En ese caso el proyecto no otorga la asignación pertinente. El Gobierno dijo en la Comisión que algo iba a mejorar a ese respecto. Esperamos el mejoramiento.

Señor Presidente, por lo escaso del tiempo, no me referiré a otros puntos que deseaba tocar.

En todo caso, nosotros tenemos bien clarito qué está cumpliendo el Gobierno y en cuáles aspectos se halla en deuda.

Por último, quiero referirme a la precarización del trabajo de los funcionarios municipales.

Se sostiene que en este proyecto el límite máximo del gasto en personal a contrata se amplía de 20 a 40 por ciento. Y se añade -es la explicación que dio el Ejecutivo- que ello se hace para mejorar la situación de los honorarios. Sin embargo, el articulado no dice que quien está hoy a honorarios pasa a contrata. De manera que, para aquellos que trabajan a honorarios, la situación queda exactamente igual y con el mismo grado de precariedad.

Por eso, señor Presidente, la decisión es difícil: avanzamos o rechazamos esta iniciativa completa.

Lo conversamos con los funcionarios, y decidimos que "más vale pájaro en mano que cien volando".

Por eso, voto a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , debí tomar la decisión de no dejar entrar al Subsecretario de Desarrollo Regional porque desde hace meses estoy pidiendo, a través del Senado, un informe sobre la inversión de recursos en la Región de Atacama y, pese a que mediante un proyecto de ley aprobado en esta misma Sala se destinaron 500 millones de dólares a cinco comunas de ella más Taltal, solo recibí dos carillas que llegaron con un atraso de 19 días y no dicen nada que le pueda interesar a alguien.

Señor Presidente, o nos hacemos respetar como Parlamento, o seguimos aceptando que los ministros nos manden cualquier cosa solo por cumplir.

Le he pedido aquello al Ministro de Hacienda por todas las vías institucionales. Se demoró -repito- 19 días en contestar, y la verdad es que no cumplió.

Voy a remitir a la Mesa la respuesta que recibí.

Así que mientras no haya un detalle de los recursos pertinentes seguiré oponiéndome a que los subsecretarios ingresen a esta Sala.

No tengo otro mecanismo para lograr que se cumpla la legislación vigente.

Señor Presidente, hoy estamos debatiendo en general una iniciativa de ley muy esperada por los funcionarios municipales.

El mensaje señala que este proyecto se fundamenta en el proceso de desarrollo de la descentralización de nuestro país a partir del fortalecimiento de las municipalidades. Añade que a través de él se busca dar respuesta al aumento permanente de las responsabilidades de aquellas fortaleciendo el ámbito de sus recursos humanos e imponiéndoles obligaciones de información y rendición de cuentas en las materias pertinentes. Es decir, se trata de avanzar para que los municipios transiten de administraciones a auténticos gobiernos locales.

Luego expresa que 1994 fue el último año en que se definieron las plantas municipales.

Manifiesta en seguida que esta iniciativa no implica solo aumento del número de funcionarios o de sus remuneraciones, sino que, además, su idea es proponer un nuevo diseño del municipio en cuanto a la gestión de sus recursos humanos.

Por otro lado, dice que debe tenerse en cuenta la relación existente entre el número de funcionarios y la cantidad de población a atender, la que actualmente, si se la compara con la de las demás naciones de la OCDE o incluso con la de algunos países de América Latina, no calza para nada.

A ello se debe agregar que el nivel promedio de profesionalización de las municipalidades es bajo: tan solo un profesional por cada cuatro funcionarios.

En tal sentido, señor Presidente, recojo un punto que planteó la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra: no se trata de que los trabajadores no se interesen en profesionalizarse, aprender y mejorar sus competencias para prestar servicios en el municipio.

En efecto, sé de funcionarios de la Región de Atacama que, conscientes de que no iban a obtener una mayor remuneración ni una mejor condición laboral, estudiaron pagando con sus propios recursos las carreras respectivas. Hay ejemplos de ese esfuerzo en las Municipalidades de Chañaral y de Vallenar, entre otras; sin embargo, no existe una contraprestación que incentive a hacerlo.

La iniciativa que nos ocupa recoge diálogos con alcaldes y funcionarios, los que terminaron en el Protocolo para la Modernización del Sistema Municipal Chileno, de noviembre de 2014.

Empero, y conviniendo con la Senadora Von Baer, debo puntualizar que dicho Protocolo se cumple solo parcialmente en esta iniciativa.

Señor Presidente, los gobiernos municipales son una pieza clave en la vinculación del poder público con los ciudadanos.

En la idea de erradicar factores que puedan generar riesgos de corrupción, este proyecto de ley establece mecanismos que potencian la profesionalización del personal, en parte.

Además, restringe el uso de la facultad de efectuar modificaciones en la planta en períodos cercanos a elecciones municipales, en los que muchos funcionarios son castigados por no pertenecer a determinado sector político.

Por último, señor Presidente -me queda poco tiempo-, deseo referirme a la cuestión del incremento previsional, que fui uno de los primeros en abordar.

Ese problema debe resolverse, porque no solo están afectados los funcionarios que recibieron los dineros, sino también aquellos a los que el alcalde les dio la orden de autorizar los documentos, quienes ahora tienen sus bienes embargados.

La Contraloría dice no tener responsabilidad en esta materia (el Senador García describió muy bien la situación). Sin embargo, se trata de un dictamen de dicho órgano para una región y que algunos alcaldes quisieron aplicar en el resto del país. Al final de cuentas,...

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor PROKURICA.-

... se terminó perjudicando a muchos funcionarios, quienes hoy necesitan una solución para no perder sus casas y otros bienes por un asunto en el que no les cabe responsabilidad alguna.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Por razones de tiempo, señor Presidente , seré muy breve, pues comparto todo lo que se ha dicho.

Solo quiero hacer una reflexión: por algo están desprestigiados los políticos.

En parte, ello tiene que ver con la circunstancia de hacer promesas y no cumplirlas.

Es muy habitual que en las campañas los candidatos se floreen. Pero después, cuando ocupan los cargos a que postularon, no cumplen lo que ofrecieron.

Eso nos desprestigia. Y, aunque algunos no lo hagamos, igual quedamos en el grupo.

Sin embargo, mucho más grave es que el Gobierno firme un acuerdo y antes de un año, en su intento por cumplirlo, no haga honor a lo que empeñó en su palabra escrita.

Eso es un desprestigio para el Ejecutivo, pero que de nuevo afecta a la política en general.

No resulta aceptable que el Gobierno firme un compromiso y, en el transcurso de su mandato, se dé una vuelta en el aire.

Eso es feo, señor Presidente.

Considero fundamental que el Ejecutivo se haga cargo de sus compromisos. Y esperamos que en las indicaciones que formule durante la discusión particular los concrete.

Los funcionarios municipales llevan mucho tiempo esperando. Por eso, es hora de que se les cumpla.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Seré muy breve, señor Presidente .

Por cierto, voy a aprobar la idea de legislar.

Sin embargo, quiero decir que me habría gustado mucho que la reforma laboral presentada por el Gobierno, que no tiene nada de positivo para generar nuevos puestos de trabajo o mantener los ya existentes, hubiese incorporado medidas relacionadas con los trabajadores a honorarios, con los empleados públicos y con los funcionarios municipales.

Era muy importante hincarle el diente a aquello para hablar de una reforma laboral verdadera.

Con todo, voto a favor, pues este proyecto es un paso adelante, aunque insuficiente para lo que se necesita y para restablecer las confianzas en los municipios, máxime si todo el mundo, y en general los gobiernos, desconfía mucho de ellos.

Por último, recojo las afirmaciones del Senador Zaldívar en el sentido de que los miembros de la Comisión de Gobierno, órgano presidido por el Senador Espina, van a estar vigilantes como ministros de fe para que el Protocolo suscrito con el Ejecutivo se cumpla, en beneficio de los funcionarios municipales.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Senador Quinteros, entiendo que quiere hacer una precisión.

El señor QUINTEROS.-

Así es.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente, yo apruebo la idea de legislar, pero me inhabilito en los artículos transitorios relacionados con el incremento previsional.

Dejo constancia de tal situación.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Así se hará constar, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , si los puntos en comento constituyen un avance; si todo ello faltaba para mejorar la situación de los funcionarios municipales, la pregunta que uno debe hacer es por qué no se abordaron antes.

Ahora, si a los municipios se les aportarán extraordinariamente 12 mil millones de pesos en 2015, 24 mil millones en 2016 y 36 mil millones en 2017, espero que la ley en proyecto garantice firmemente que los mayores recursos estarán dirigidos a aumentos remuneracionales para los funcionarios y no a otros pagos.

Ojalá que con el Senador Espina, en el transcurso del debate que viene, podamos amarrar definitivamente los mayores recursos al financiamiento de la nivelación, del incremento remuneracional y de los otros aspectos de esta iniciativa, para evitar que se destinen a otras acciones que puedan emprender los alcaldes.

Del mismo modo, el aumento del porcentaje de funcionarios a contrata nos pone ante una cuestión de fondo: qué planta requieren las municipalidades. Porque si bien el proyecto establece que de aquí a ocho años los municipios podrán fijar sus propias plantas, me gustaría que ello quedara bien regulado. No pueden depender totalmente del alcalde de turno la fijación de la planta, el número de funcionarios de confianza que ingresará durante su período, etcétera. La planta debe estar acorde con las necesidades de la comuna.

Confío en que cuando abordemos el problema municipal en su globalidad podamos también reglar las facultades de los alcaldes, pues siento que existe una concentración de poder excesiva.

En mi concepto, hay que darles más poder a los concejales, a la ciudadanía. Y también se requiere tener mecanismos más eficaces para evitar el maltrato y los abusos de poder dentro de lo que yo llamo "feudalismo municipal", que va paralelo con la monarquía presidencial consagrada en el Texto Fundamental vigente, la cual permite que autoridades con mucho poder a veces no lo usen adecuadamente, vulnerando derechos esenciales de los ciudadanos, y en este caso de los funcionarios municipales.

Voy a votar a favor, señor Presidente.

Tenemos observaciones que plantear. Confío en que se avance en el acuerdo con las asociaciones de funcionarios.

Nos hemos reunido -al menos en la Región del Biobío- con diversos municipios. Y ellos han hecho presente la urgencia de aprobar esta iniciativa, que no resuelve todas las materias, pero constituye un avance.

Yo quisiera que quedara claro, cuando se despache el proyecto, si bien se trata de un avance, cuánto más nos falta. Ello, con el objeto de saber si lo que realizamos fue suficiente.

Voto a favor de esta iniciativa. Y esperamos que en la Comisión -tal como se señaló- vayamos a las cuestiones de fondo, y así saber exactamente cuánto vamos a avanzar y cuánto nos resta por hacer. Porque eso nos permite la Ley de Presupuestos para este año.

A propósito de esto último, todos queremos que la economía mejore. Si lo hace, me gustaría que se precisara la incidencia que eso tendrá en los funcionarios municipales.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Algún señor Senador o alguna señora Senadora no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (35 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional exigido, y se fija como plazo para la presentación de indicaciones el 28 de agosto, a las 12.

Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

1.4. Boletín de Indicaciones

Fecha 28 de agosto, 2015. Boletín de Indicaciones

BOLETÍN Nº 10.057-06

INDICACIONES

28.08.15

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ENTREGA NUEVAS COMPETENCIAS A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

ARTÍCULO 1°

Inciso primero

1.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el que se indica:

“Artículo 1°.- A contar del 1 de enero del 2015, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del Decreto Ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de todas las plantas municipales, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del Decreto Ley N° 479, de 1974; pudiéndose pagar las jornadas parciales, exceptuándose el requisito de 44 horas semanales.”.

2.- Del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar la expresión “, ni a los Jueces de Policía Local”.

Inciso tercero

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo.

ARTÍCULO 4°

4.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

ARTÍCULO 5°

o o o o o

5.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar como inciso primero, nuevo, el siguiente:

“Artículo 5°.- Para la readecuación de las plantas de funcionarios, las municipalidades deberán regirse según la tipología comunal utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en base a ello, asignar en forma técnica y con criterios de equidad nuevos grados y cargos, comenzando desde los Alcaldes hasta los grados auxiliares.”.

o o o o o

o o o o o

6.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Esta información se deberá mantener a disposición permanente del público, en la misma manera indicada en el artículo 7° de la Ley N° 20.285, estando sometido el cumplimiento de esta obligación al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.”.

o o o o o

ARTÍCULO 6°

o o o o o

7.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo numeral, del tenor que se señala:

“…) Agrégase al artículo 22 la siguiente letra d):

“d) Garantizar la participación ciudadana y comunitaria en todos los aspecto de la vida comunal. Para ello deberán contar con el personal y los recursos necesarios destinados a hacer efectiva dicha participación.”.”.

o o o o o

o o o o o

8.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente numeral nuevo:

“…) Incorpórase el siguiente artículo 27 bis:

“Artículo 27 bis.- A la Unidad de Recursos Humanos le corresponderá:

a) Asesorar al Alcalde en la Administración de los recursos Humanos de la Municipalidad.

b) Desarrollar y ejecutar las políticas y panes de capacitación que apruebe el Comité de Capacitación.

c) Programas y ejecutar todas las tareas propias.

d) Ejecutar la política de Recursos Humanos Municipal.”.”.

o o o o o

Número 4)

Artículo 49

bis

Inciso primero

9.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”.

Inciso tercero

Número 6

10.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación de la expresión “realizar consulta” el vocablo “vinculante”.

Número 8

11.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

12.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“8. Cuando hubiere controversia, cualquier concejal podrá sugerir aumentar el número de cargos y modificar los grados que contenga la proposición debiendo someterse a votación todas las propuestas, el alcalde podrá dirimir en caso de empate.”.

o o o o o

13.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar como nuevo inciso tercero, el que se consigna a continuación:

“Una vez concluido el procedimiento anterior, y en caso que los nuevos cargos no puedan ser ocupados mediante asensos del personal de planta, tendrán prioridad, en el concurso interno que deberá ser abierto, los funcionarios a contrata, honorarios y regidos por el código del trabajo, siempre que cumplan con los requisitos generales y especiales del cargo y que tengan una antigüedad de cincos años continuos o discontinuos.”.

o o o o o

Inciso cuarto

14.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente oración final: “Sin perjuicio de lo anterior, para determinar la acción “injustificadamente errónea”, se deberá tomar en consideración, los recursos técnicos y capacidad del personal que colabore en la determinación de la proyección de ingresos y gastos.”.

Inciso quinto

15.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “se consideren déficits”, la frase “, incluso aquellos”.

Artículo 49

ter

Letra b)

Párrafo segundo

16.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

17.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la expresión “diez años” por “un lustro”.

Letra c)

18.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán por concurso interno, gozando de preferencia para su nombramiento, el personal de planta, contrata, honorario y códigos del trabajo, siempre que tengan una antigüedad laboral de al menos cinco años continuos o discontinuos. Los cargos que quedaran vacantes, después de haber realizado los ascensos y concurso interno señalados en el párrafo anterior, estos se proveerán de conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.”.

Artículo 49

quater

Inciso primero

19.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

20.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el vocablo “diez” por “ocho”.

21.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la palabra “diez” por “cinco”.

22.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la expresión “y sólo dentro de dicho año”.

23.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “Una vez ejercidas dichas facultades, no podrán ejercerse nuevamente por los siguientes diez años.”.

Inciso segundo

24.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarlo.

25.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la palabra “diez” por “cinco”.

ARTÍCULO 7°

Número 1)

Letra a)

26.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Letra b)

27.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el guarismo “40%” por “42%”.

Número 2)

28.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarlo.

29.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el inciso segundo que propone, por el siguiente:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Alcaldes del grado 1 al 6, Directivos del grado 3 al 10, Profesionales del grado 5 al 12, Jefaturas del grado 8 al 12, Técnicos del grado 9 al 15, Administrativos del grado 11 al 15, Auxiliares del grado 13 al 15.”.

30.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el guarismo “8” por “7”.

Número 3)

Número 1)

Letra a)

31.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar después de las palabras “ingeniero civil” la expresión “, de ingeniero constructor civil,”.

o o o o o

32.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar después del número 3) los siguientes, nuevos:

“…) Intercálase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.

…) Agrégase, en el artículo 16, el siguiente nuevo inciso tercero: “No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, estos deberán incorporar los perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la Ley N° 20.742.”.”.

o o o o o

o o o o o

33.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“…) Agrégase en el artículo 20, a continuación de la voz “propuestas”, lo siguiente: “, con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16”.”.

o o o o o

Número 4)

34.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “a lo menos,”, lo siguiente: “mecanismos de participación ciudadana de la ley 20.500, lenguas de los pueblos originarios que habitan en el territorio de Chile, lenguaje de señas universal, ley Zamudio,”.

o o o o o

35.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar el siguiente numeral nuevo:

“…) Intercálase en el artículo 37, como inciso cuarto, el siguiente:

“Con todo, existirá un sistema de evaluación simple, a través de un registro diario, que será firmado mensualmente por el funcionario al final de cada mes. Dicho registro será considerado como un elemento de calificación a que alude el inciso anterior. Las anotaciones de demerito que se desee formular, serán recurribles por recurso de reposición y jerárquico en su caso.”.”.

o o o o o

o o o o o

36.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente numeral:

“…) Agrégase al artículo 63 el siguiente inciso final:

“Las actividades extraordinarias o impostergables, realizadas fuera del horario de trabajo o en días sábados, domingos o festivos, destinadas a dar cumplimiento a los Programas de Mejoramiento de Gestión, serán compensados con descanso complementario. Si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquéllos serán compensados con un recargo en las remuneraciones.”.”.

o o o o o

o o o o o

37.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un nuevo numeral, del tenor que se señala:

“…) Reemplázase en el inciso final del artículo 65 la expresión “y las demás asignaciones que determine la ley” por la siguiente: “y las asignaciones de antigüedad, la municipal y la profesional”.”.

o o o o o

ARTÍCULO 8°

38.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en el inciso final propuesto, a continuación de la expresión “asignación profesional”, la locución “o la asignación Directivo-Jefatura”.

39.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso final propuesto la expresión “dicha asignación” por “dichas asignaciones”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Segundo

Inciso primero

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la locución “en el grado inmediatamente superior” por “en el segundo grado inmediatamente superior”.

41.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “Asimismo, los funcionarios de las plantas directivas, profesional y jefaturas serán encasillados en el grado inmediatamente superior al que estuvieren en posesión en aquella misma fecha.”.

Artículo Tercero

Inciso primero

42.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir la palabra “reglamento” por “acto administrativo”.

Artículo Sexto

Inciso segundo

43.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la oración “Dicha resolución especificará los criterios de priorización utilizados en la distribución de los recursos.”, por la siguiente: “Dicha resolución deberá sujetarse a criterios técnicos consistentes en, a lo menos, el número de la población, la proporcionalidad de programas que tiene la municipalidad, así como la simulación entre gasto en personal e inversión.”.

Inciso séptimo

44.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar la conjunción “y” que sigue a la palabra “tercero” por una coma (,), y para intercalar a continuación de la palabra “octavo” la expresión “y décimo cuarto”.

Artículo Séptimo

45.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar a continuación de la palabra “ley”, la primera vez que aparece, la expresión “y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo Décimo Cuarto Transitorio”.

Artículo Octavo

Letra a)

46.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar a continuación del guarismo “1°” la expresión “o la asignación de Directivo-Jefatura del artículo Décimo Cuarto Transitorio”.

Artículo Noveno

47.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarlo.

48.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir el guarismo “2018” por “2017”.

Artículo Décimo Primero

49.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

Artículo Décimo Segundo

50.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo.

o o o o o

51.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para consultar a continuación del artículo décimo tercero el siguiente, nuevo:

“….- Concédase, a partir del día 1 del mes siguiente al de publicación de esta ley, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas y Directivos, una asignación especial de “Directivo-Jefatura”, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo, sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación directivo- jefatura:

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el presente artículo, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir los valores de asignación Directivo-Jefatura señalados en el número anterior según corresponda, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos gados del Estamento Directivo sin asignación profesional de la Escala Única de Sueldos.

Los funcionarios podrán percibir el monto de la asignación "Directivo-Jefatura" indicada que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación Directivo-Jefatura.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación directivo-jefatura del presente artículo.

II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

d) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

e) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

f) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675; y,

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación directivo-jefatura.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.”.

o o o o o

Artículo Décimo Cuarto

Inciso segundo

52.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el que se transcribe a continuación:

“Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto transitorio, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

- - - - - -

1.5. Boletín de Indicaciones

Fecha 04 de septiembre, 2015. Boletín de Indicaciones

BOLETÍN Nº 10.057-06

INDICACIONES

Nuevo plazo 04.09.15

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ENTREGA NUEVAS COMPETENCIAS A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

ARTÍCULO 1°

Inciso primero

1.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlo por el que se indica:

“Artículo 1°.- A contar del 1 de enero del 2015, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del Decreto Ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de todas las plantas municipales, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del Decreto Ley N° 479, de 1974; pudiéndose pagar las jornadas parciales, exceptuándose el requisito de 44 horas semanales.”.

Inciso tercero

2.- Del Honorable Senador señor Horvath, para eliminar la expresión “, ni a los Jueces de Policía Local”.

3.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo.

3A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para eliminarlo.

ARTÍCULO 4°

4.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

ARTÍCULO 5°

o o o o o

5.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para intercalar como inciso primero, nuevo, el siguiente:

“Artículo 5°.- Para la readecuación de las plantas de funcionarios, las municipalidades deberán regirse según la tipología comunal utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en base a ello, asignar en forma técnica y con criterios de equidad nuevos grados y cargos, comenzando desde los Alcaldes hasta los grados auxiliares.”.

o o o o o

o o o o o

6.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Esta información se deberá mantener a disposición permanente del público, en la misma manera indicada en el artículo 7° de la Ley N° 20.285, estando sometido el cumplimiento de esta obligación al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.”.

o o o o o

ARTÍCULO 6°

o o o o o

7.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo numeral, del tenor que se señala:

“…) Agrégase al artículo 22 la siguiente letra d):

“d) Garantizar la participación ciudadana y comunitaria en todos los aspecto de la vida comunal. Para ello deberán contar con el personal y los recursos necesarios destinados a hacer efectiva dicha participación.”.”.

o o o o o

Número 3)

7A.- Del Honorable Senador señor Horvath, para modificar el literal a) del artículo 27º), agregando después de su punto aparte nuevo, la siguiente oración: “También podrá proponer o asesorar al alcalde, la formulación de planes piloto para la mejor administración del recurso humano y la desburocratización de los procedimientos que debe llevar a cabo el personal.”.

o o o o o

8.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente numeral nuevo:

“…) Incorpórase el siguiente artículo 27 bis:

“Artículo 27 bis.- A la Unidad de Recursos Humanos le corresponderá:

a) Asesorar al Alcalde en la Administración de los recursos Humanos de la Municipalidad.

b) Desarrollar y ejecutar las políticas y panes de capacitación que apruebe el Comité de Capacitación.

c) Programas y ejecutar todas las tareas propias.

d) Ejecutar la política de Recursos Humanos Municipal.”.”.

o o o o o

Número 4)

Artículo 49

bis

Inciso primero

8A.- Del Honorable Senador señor Quinteros para reemplazar la frase “en el reglamento interno de la municipalidad” por la siguiente “a través de un reglamento municipal”.

9.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”.

o o o o o

13.- Del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar como nuevo inciso tercero, el que se consigna a continuación:

“Una vez concluido el procedimiento anterior, y en caso que los nuevos cargos no puedan ser ocupados mediante asensos del personal de planta, tendrán prioridad, en el concurso interno que deberá ser abierto, los funcionarios a contrata, honorarios y regidos por el código del trabajo, siempre que cumplan con los requisitos generales y especiales del cargo y que tengan una antigüedad de cincos años continuos o discontinuos.”.

o o o o o

Inciso tercero

Número 5

9A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para eliminar la frase “en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231”.

9B.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido lo siguiente: “Asimismo, los Jueces y los Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local tendrán asignados el grado más alto de los escalafones directivos y de profesionales respectivamente”.

Número 6

10.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación de la expresión “realizar consulta” el vocablo “vinculante”.

Número 7

10A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para eliminarlo.

Número 8

11.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

12.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“8. Cuando hubiere controversia, cualquier concejal podrá sugerir aumentar el número de cargos y modificar los grados que contenga la proposición debiendo someterse a votación todas las propuestas, el alcalde podrá dirimir en caso de empate.”.

Inciso cuarto

13A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para eliminarlo.

14.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar la siguiente oración final: “Sin perjuicio de lo anterior, para determinar la acción “injustificadamente errónea”, se deberá tomar en consideración, los recursos técnicos y capacidad del personal que colabore en la determinación de la proyección de ingresos y gastos.”.

Inciso quinto

14A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para eliminarlo.

15.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “se consideren déficits”, la frase “, incluso aquellos”.

Artículo 49

ter

Letra b)

Párrafo segundo

16.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

17.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la expresión “diez años” por “un lustro”.

17A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazar el guarismo “diez” por “cinco”.

Párrafo cuarto

17B.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazarlo por el siguiente:

“En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de estos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el alcalde.”.

Letra c)

18.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán por concurso interno, gozando de preferencia para su nombramiento, el personal de planta, contrata, honorario y códigos del trabajo, siempre que tengan una antigüedad laboral de al menos cinco años continuos o discontinuos. Los cargos que quedaran vacantes, después de haber realizado los ascensos y concurso interno señalados en el párrafo anterior, estos se proveerán de conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.”.

Artículo 49

quater

18A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazarlo por el siguiente:

“La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse cada cinco años, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse solo durante el año siguiente a estas.

La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de total tramitación del reglamento municipal que aprueba la planta respectiva y tendrá vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a dicha fecha.”

Inciso primero

19.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo.

20.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el vocablo “diez” por “ocho”.

21.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la palabra “diez” por “cinco”.

21A.- Del Honorable Senador señor Guillier para reemplazar el vocablo “diez” por “cinco”.

22.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la expresión “y sólo dentro de dicho año”.

23.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “Una vez ejercidas dichas facultades, no podrán ejercerse nuevamente por los siguientes diez años.”.

Inciso segundo

24.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarlo.

24A.- Del Honorable Senador señor Guillier para reemplazar el vocablo “diez” por “cinco”.

25.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la palabra “diez” por “cinco”.

Número 5)

25A.- Del Honorable Senador señor Horvath para modificar el inciso segundo nuevo del artículo 56º, agregando al final de la palabra “egreso” y después del punto aparte (.) que pasara a ser seguido, la siguiente oración: “Dicha política podrá incluir además diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral”.

ARTÍCULO 7°

Número 1)

Letra a)

26.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Letra b)

27.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el guarismo “40%” por “42%”.

27A.- Del Honorable Senador señor Guillier, para reemplazar el guarismo “40%” por “45%”.

Número 2)

28.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarlo.

29.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar el inciso segundo que propone, por el siguiente:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Alcaldes del grado 1 al 6, Directivos del grado 3 al 10, Profesionales del grado 5 al 12, Jefaturas del grado 8 al 12, Técnicos del grado 9 al 15, Administrativos del grado 11 al 15, Auxiliares del grado 13 al 15.”.

30.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el guarismo “8” por “7”.

Número 3)

Número 1)

Letra a)

31.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar después de las palabras “ingeniero civil” la expresión “, de ingeniero constructor civil,”.

Número 3)

31A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazarlo por el siguiente:

“Planta de jefaturas: Título profesional universitario o título profesional de una carrear de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por este, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta de técnicos”.

Número 6)

31B.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazarlo por el siguiente:

“Planta de auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción”.

31C.- Para agregar el siguiente nuevo inciso final al artículo octavo:

“Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos”.

o o o o o

32.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar después del número 3) los siguientes, nuevos:

“…) Intercálase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.

…) Agrégase, en el artículo 16, el siguiente nuevo inciso tercero:

“No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, estos deberán incorporar los perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la Ley N° 20.742.”.”.

o o o o o

o o o o o

33.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“…) Agrégase en el artículo 20, a continuación de la voz “propuestas”, lo siguiente: “, con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16”.”.

o o o o o

Número 4)

34.- Del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “a lo menos,”, lo siguiente: “mecanismos de participación ciudadana de la ley 20.500, lenguas de los pueblos originarios que habitan en el territorio de Chile, lenguaje de señas universal, ley Zamudio,”.

o o o o o

35.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar el siguiente numeral nuevo:

“…) Intercálase en el artículo 37, como inciso cuarto, el siguiente:

“Con todo, existirá un sistema de evaluación simple, a través de un registro diario, que será firmado mensualmente por el funcionario al final de cada mes. Dicho registro será considerado como un elemento de calificación a que alude el inciso anterior. Las anotaciones de demerito que se desee formular, serán recurribles por recurso de reposición y jerárquico en su caso.”.”.

o o o o o

o o o o o

36.- Del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente numeral:

“…) Agrégase al artículo 63 el siguiente inciso final:

“Las actividades extraordinarias o impostergables, realizadas fuera del horario de trabajo o en días sábados, domingos o festivos, destinadas a dar cumplimiento a los Programas de Mejoramiento de Gestión, serán compensados con descanso complementario. Si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquéllos serán compensados con un recargo en las remuneraciones.”.”.

o o o o o

o o o o o

37.- Del Honorable Senador señor Navarro, para incorporar un nuevo numeral, del tenor que se señala:

“…) Reemplázase en el inciso final del artículo 65 la expresión “y las demás asignaciones que determine la ley” por la siguiente: “y las asignaciones de antigüedad, la municipal y la profesional”.”.

o o o o o

ARTÍCULO 8°

38.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en el inciso final propuesto, a continuación de la expresión “asignación profesional”, la locución “o la asignación Directivo-Jefatura”.

39.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el inciso final propuesto la expresión “dicha asignación” por “dichas asignaciones”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Segundo

Inciso primero

40.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la locución “en el grado inmediatamente superior” por “en el segundo grado inmediatamente superior”.

41.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “Asimismo, los funcionarios de las plantas directivas, profesional y jefaturas serán encasillados en el grado inmediatamente superior al que estuvieren en posesión en aquella misma fecha.”.

Artículo Tercero

Inciso primero

42.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir la palabra “reglamento” por “acto administrativo”.

Artículo Sexto

Inciso segundo

43.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la oración “Dicha resolución especificará los criterios de priorización utilizados en la distribución de los recursos.”, por la siguiente: “Dicha resolución deberá sujetarse a criterios técnicos consistentes en, a lo menos, el número de la población, la proporcionalidad de programas que tiene la municipalidad, así como la simulación entre gasto en personal e inversión.”.

Inciso séptimo

44.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar la conjunción “y” que sigue a la palabra “tercero” por una coma (,), y para intercalar a continuación de la palabra “octavo” la expresión “y décimo cuarto”.

Artículo Séptimo

45.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar a continuación de la palabra “ley”, la primera vez que aparece, la expresión “y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo Décimo Cuarto Transitorio”.

Artículo Octavo

Letra a)

46.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar a continuación del guarismo “1°” la expresión “o la asignación de Directivo-Jefatura del artículo Décimo Cuarto Transitorio”.

Letra b)

46A.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

“Respecto de los funcionarios a quienes se les aplique la letra b) del artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia existente entre el grado de que es titular y el inmediatamente superior dentro del respectivo escalafón, en el mes subsiguiente al de la fecha de publicación de esta ley.”

Artículo Noveno

47.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarlo.

48.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir el guarismo “2018” por “2017”.

48A.- Del Honorable Senador señor Guillier para sustituir el guarismo “2018” por “2017”.

48B.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazar el guarismo “2018” por “2017”.

Artículo Décimo Primero

49.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

Artículo Décimo Segundo

50.- Del Honorable Senador señor Ossandón, para eliminarlo.

o o o o o

51.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para consultar a continuación del artículo décimo tercero el siguiente, nuevo:

“….- Concédase, a partir del día 1 del mes siguiente al de publicación de esta ley, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas y Directivos, una asignación especial de “Directivo-Jefatura”, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo, sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación directivo- jefatura:

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el presente artículo, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir los valores de asignación Directivo-Jefatura señalados en el número anterior según corresponda, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos gados del Estamento Directivo sin asignación profesional de la Escala Única de Sueldos.

Los funcionarios podrán percibir el monto de la asignación "Directivo-Jefatura" indicada que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación Directivo-Jefatura.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación directivo-jefatura del presente artículo.

II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

d) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

e) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

f) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675; y,

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación directivo-jefatura.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.”.

o o o o o

Artículo Décimo Cuarto

Inciso segundo

52.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el que se transcribe a continuación:

“Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto transitorio, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

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1.6. Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Senado. Fecha 25 de noviembre, 2015. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 82. Legislatura 363.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que Modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

BOLETÍN Nº 10.057-06

__________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de presentaros su segundo informe respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

A algunas de las sesiones en que vuestra Comisión trató este proyecto de ley asistieron, además de sus miembros, el Honorables Senador Navarro.

Asistieron, además, las siguientes personas:

- De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: el Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes; el Jefe de Gabinete del Subsecretario, señor Eduardo Jara; el Jefe de la División de Municipalidades, señor Nemesio Arancibia; los Asesores, señores Víctor Hugo Miranda y Álvaro Villanueva; la abogada de la Fiscalía señora Rosa Ester Huerta; el Periodista, señor Rodrigo O’Ryan, y la Fotógrafa, señora Silvana Gajardo.

- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Asesor, señor Felipe Ponce.

- De la Asociación Chilena de Municipalidades: el Presidente, señor Sergio Puyol, el Subsecretario Ejecutivo señor Marcelo Segura, la Jefa de Gabinete del Presidente, señora Isabel Flores; el Abogado señor Malik Mograby; y los asesores, señora Alejandra Urrutia y señor Marco Quintanilla.

- Del Instituto de Jueces de Policía Local: la Jueza de Colina, señora María Eugenia Espinoza, y la Jefa de Gabinete, señora Lorena Escobar y la Secretaria Abogada del Juzgado de Policía Local de Pudahuel señora Daniela González.

- De la Biblioteca del Congreso Nacional: el Asesor, señor Rafael Hernández.

- De la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH): el Presidente Nacional, señor Oscar Yáñez Pol; el Vicepresidente Nacional, señor Juan Camilo Bustamante; la Directora Nacional, señora Morelia Riobo; el Director Nacional, señor Raúl Bustos; los asociados, señoras Sabrina Montecinos y Marion Salazar y señores Juan Carlos San Martín, Víctor Contreras, el Dirigente, señor Ramón Chanque y Luis Neira.

- De ASEMUCH Región Metropolitana: el Señor Gabriel Rojas, Presidente ADIPROT Vitacura; Señor Marcelo Ramírez, Presidente ASEMUCH Conchalí; Señora Ana Navarro, Presidenta ASEMUCH Conchalí; Señora Lilian Contreras, Tesorera ASEMUCH Conchalí; Señora Jessica Miranda, Secretaria ASEMUCH San Joaquín.

- De ASEMUCH Regiones: Señor Hugo Constanzo, Tesorero ASEMUCH Victoria; Señora Marcela Muñoz, Presidenta ASEMUCH La Ligua; Señora Roxana Villarroel, Secretaria ASEMUCH La Ligua; Señora Sandra Saavedra, Presidenta Federación La Ligua; Señor Antonio Riquelme, Tesorero ASEMUCH Temuco; Señora Sandra Aravena, Tesorera ASEMUCH Valparaíso; Señor Wladimir Tapia, Presidente ASEMUCH San Felipe; Señor Hermes Gutiérrez, Presidente ASEMUCH Valparaíso.

- De la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH): el Presidente, señor Víctor Hugo Mora; la Vicepresidenta Nacional, señora Marisol Pinto; el Director, señor Christian Gajardo y Marcelo Quezada; el Secretario General, señor Julio Hermosilla; la Directora Nacional, señora Ximena Ordenes, y el Director Nacional, señor Fabián Caballero.

- De la Federación Metropolitana de Funcionarios Municipales (FEMEFUM): los Asistentes, señora Anastasuya Basyne y señor Mauricio Tonacca.

- De la Asociación de Funcionarios Conductores de la Municipalidad de Viña del Mar (AFUCOE): el Presidente, señor Luis Pérez, y el Tesorero, señor Patricio Ceballos.

- De la Federación Regional Metropolitana de Funcionarios Municipales (ARMEFUM): la Presidenta, señora Teresa Román; el Tesorero, señor Fernando Bertorrias, y el Director, señor Pedro Hernández.

- De la Federación de Funcionarios Municipales Novena Región de la Araucanía (FEDEFUM): el Presidente Federación Araucanía, señor Eduardo Silva.

- De la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar (AFUMUVI): la Directora, señora Mónica Soto.

- El Asesor del Senador Antonio Horvath, señor Arturo Rodríguez; el Asesor del Senador Alberto Espina, señor Andrés Longton; el Asesor del Senador Rabindranath Quinteros, señor Jorge Frites; el Asesor de la Senadora Ena Von Baer, señor Jorge Barrera.

Cabe hacer presente que el proyecto debe ser considerado, además, por la Comisión de Hacienda, según el trámite conferido a su ingreso a esta Corporación.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Prevenimos que los siete artículos permanentes del proyecto de ley, así como también las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, novena, décima y undécima deben ser aprobado en el carácter de norma de rango orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política, por modificar normas de ese carácter de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos que no fueron objeto

de indicaciones ni modificaciones: 3°, 9° y 10 (que pasan a ser artículos 2°, 6° y 7°, respectivamente) y artículos primero, segundo, quinto y décimo transitorios.

2.-Indicaciones aprobadas

sin modificaciones: números 4, 8A, 9, 14A, 17A, 17B, 20, 27, 30, 31, 31B, 31C, 33, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52.

3.-Indicaciones aprobadas

con modificaciones: números 6, 7, 8, 18A, 25 A, 32, 44.

4.-Indicaciones rechazadas: números 5, 7A, 10A, 11, 12, 13A, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21A, 22, 23, 24, 24 A, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 43.

5.-Indicaciones retiradas: números 18, 31A, 35, 36.

6.-Indicaciones declaradas

inadmisibles: 1, 2, 3, 3A, 9A, 9B, 10, 13, 27A, 37, 40, 41, 46A, 47, 48, 48A, 48B.

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Previo al estudio pormenorizado de las indicaciones, la Comisión recibió al Presidente Asociación de Conductores de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar señor Luis Pérez Castro

En primer término precisó que el concurre en representación de personas que pertenecen a la planta de auxiliares no obstante ser conductores de maquinarias u otros equipos de alta complejidad, y respecto de los cuales no se hace ningún tipo distinción que reconozca dicha característica. En este sentido, lamentó que el protocolo de acuerdo no consideró una asignación de especialidad, como tampoco lo hace la iniciativa en estudio.

Pese a ello, agregó, el proyecto contempla mayores exigencias para quienes ingresen a esta planta en materia de requisitos de escolaridad, lo que en la práctica significa ponerlos al mismo nivel de la planta de administrativos y, en el caso específico de los conductores además se les exige la licencia respectiva.

Expresó que no tiene sentido alguno que se introduzcan mayores requisitos a su respecto si al mismo tiempo no se incorpora a estos funcionarios en un rango distinto, que permita reconocerles económicamente su labor.

En este contexto, señaló que la aspiración de su sector es que se reconozca en el escalafón la labor que realizan los conductores y operadores de maquinaria, toda vez que son ellos, por ejemplo, los primeros que responden frente a las grandes catástrofes que sufre el país, siendo su labor de gran importancia para los distintos municipios.

A continuación expuso el Presidente de la Federación de la ASEMUCH Novena Región, señor Eduardo Silva, quien comenzó por recordar que las plantas son estructuras legales que establecen los cargos permanentes de un organismo administrativo, en tanto que los cargos a contrata son nombramientos o designaciones que extiende el Jefe Superior del Servicio, es decir, empleos transitorios.

Indicó que una de las más sentidas demandas de los trabajadores municipales era precisamente la ampliación de las plantas, lo que no sólo dice relación con la estabilidad o carrera funcionaria, sino que también tiene el sentido de custodiar la correcta utilización de los recursos municipales.

Señaló que, considerando lo anterior, uno de los puntos más importante de este proyecto es que para la restructuración de plantas tenga que existir participación de las asociaciones de trabajadores municipales, propósito con el cual han propuesto la creación de comités técnicos bipartitos, donde el alcalde nombre el 50% de sus integrantes y las asociaciones de trabajadores designe el resto. Agregó que su aspiración es que el proceso de restructuración se haga por primera vez en el curso de este año.

Refiriéndose a otras materias del proyecto, solicitó que las normas sobre incremento previsional sean revisadas en una normativa distinta y separada, haciendo presente que el tema no fue considerado en le protocolo de acuerdo que se alcanzó con el Gobierno respecto de esta iniciativa.

Finalmente destacó que frente a una reestructuración de las plantas su mayor preocupación es privilegiar la protección de la carrera funcionario, toda vez que su resguardo o vulneración influye directamente en la comunidad, de manera tal que dejar la reestructuración completamente al arbitrio de un alcalde no permitiría dar continuidad al Estado.

A continuación hizo uso de la palabra el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde señor Sergio Puyol, quien manifestó que le era necesario hacer algunas aclaraciones respecto a este proyecto de ley.

En primer término hizo presente que antiguamente existía una facultad en la ley que regulaba las municipalidades que permitía al Alcalde presentar un proyecto de modificación de plantas en todas sus partes, el cual debía ser aprobado por el Consejo. En este contexto, precisó que el proyecto en estudio no tiene el mismo carácter sino que sólo autoriza modificar las plantas en algunos aspectos, pero que en el fondo se hará conforme a un formato previamente preparado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional, lo que no es necesariamente el reflejo de una visión surgida desde la municipalidad.

Siempre en el contexto de la antigua ley, respecto a lo expuesto en relación con los conductores, indicó que cada municipalidad podía hacer uso de la ley cumpliendo algunos requisitos, como que estuviera financiada y contara con un certificado al respecto. En este sentido, recalcó que cumpliendo los requisitos el Alcalde podía crear todos los estamentos que quisiera, lo que permitiría solucionar el actual problema.

Enseguida, destacó que esa fórmula atendía las inquietudes antes planteadas ya que todo el poder se concentraba en el propio municipio, subrayando que el proyecto no permite recuperar la independencia perdida.

En término generales hizo presente que la opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades respecto al artículo 6° del proyecto –disposición mediante la cual se modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades-, es que las normas propuestas constituyen un verdadero atentado a la idea de modernización pues el período de diez años que se establece para cada modificación de planta no guarda relación con una rápida adaptación a la realidad cambiante, ni tampoco dice relación con evitar que ella se produzca en época de elecciones municipales. En esta línea, dijo, esperaban que la modernización y adecuación de plantas se produjera el primero de enero del año siguiente al proceso electoral, pues no debe postergarse un proceso necesario para los municipios, que cumplen un rol fundamental en materia de descentralización.

Sobre los recursos que según el proyecto las municipalidades podrán destinar a gastos en personal, -que la letra b) del número 1) del artículo 7° fija en el 40% de los ingresos propios percibidos por municipales el año anterior-, sugirió que se eleve al 45%, lo que a su juicio realmente permitiría profesionalizar las plantas municipales y resolver el trabajo permanente y precario de los prestadores de servicios a honorarios de los programas de atención a la comunidad.

Acto seguido, se refirió al artículo noveno transitorio que determina cuándo se podrán ejercer las nuevas facultades para modificar las plantas, indicando que también parecía excesivo que recién en el año 2018 se pudiera poner en marcha el proceso de las nuevas plantas, en circunstancias que ello debiese ocurrir apenas estuviera vigente la ley, toda vez que es perfectamente posible implementarlo en forma inmediata.

Respecto de la obligación de elaborar un reglamento de concursos públicos, consideró que si bien los concursos tienen lógica el que los perfiles ocupacionales sean definidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en Santiago, como lo propone la modificación propuesta para el artículo 16 de la ley de la ley N° 18.883, no guarda relación con la consideración de la realidad local, exacerba el centralismo y atenta contra la autonomía municipal.

Dentro de este contexto manifestó que las plantas no pueden ser iguales para todos los municipios del país sino que deben recoger las realidades locales, además de que existen grandes diferencias desde el punto de vista de los recursos entre unos y otros municipios, de modo que razonablemente no podrían tener el mismo esquema.

Por último, indicó que se le debe dar suficiente amplitud a esta materia porque se trata de resolver un problema que se arrastra desde hace veintidós años.

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DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el Honorable Senado, que se transcriben y de los acuerdos adoptados a su respecto por vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Artículo 1º

El texto aprobado en general es el que sigue:

“Artículo 1°.- A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley N° 19.185 para los grados que resulten procedentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local.”.

Inciso primero

La indicación número 1 del Honorable Senador señor Horvath, es para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 1°.- A contar del 1 de enero del 2015, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del Decreto Ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de todas las plantas municipales, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del Decreto Ley N° 479, de 1974; pudiéndose pagar las jornadas parciales, exceptuándose el requisito de 44 horas semanales.”.

Al explicar su indicación, el Honorable Senador señor Horvath indicó que, si bien se requiere el acuerdo del Ejecutivo para aprobar esta indicación, su contenido corresponde al acuerdo alcanzado al celebrase un protocolo de acuerdo el año pasado.

El Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que efectivamente el proyecto de ley es parte de un acuerdo que se ha trabajado desde hace muchos meses entre la asociación de funcionarios y los alcaldes del país.

Desde ese punto de vista, indicó que existe un esfuerzo muy especial por parte del Gobierno con miras a asimilar el nivel de remuneraciones general del sector municipal con el sector central de la administración del Estado. Agregó que este acuerdo se diseñó en un contexto económico muy distinto al actual, señalando que la iniciativa, si bien no resuelve todos los problemas del sector municipal, constituye un gran avance y representa un gran esfuerzo del Estado, y se enmarca en las disponibilidades presupuestarias existentes para este fin.

Inciso tercero

Respecto de este inciso se presentaron las siguientes indicaciones:

La indicación número 2 del Honorable Senador señor Horvath, es para eliminar la expresión “, ni a los Jueces de Policía Local”.

La indicación número 3 del Honorable Senador señor Ossandón, propone eliminarlo.

La indicación número 3A del Honorable Senador señor Quinteros, es para eliminarlo.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó que dejar fuera del pago de la asignación profesional a los jueces y a los Alcaldes le parecía injusto, ya que ellos no reciben la asignación que se recibe e nivel central por “funciones críticas”, de modo que excluir a las personas antes indicadas y a los directivos, significaría en su opinión, una falta al principio de justicia.

Enseguida, la Honorable Senadora señor Von Baer coincidió con lo señalado, no obstante que a su parecer, esta indicación es inadmisible. En el mismo sentido, agregó que faltaba considerar en esta asignación a los escalafones técnicos, administrativos y auxiliares en el caso que hayan hecho el esfuerzo por obtener un título profesional, a los que no es posible incluir en atención a que una indicación en tal sentido es de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República.

Dicho esto, enfatizó que esperaba que el Ejecutivo acogiera las peticiones formuladas en torno a que la ley comience a regir el primero de enero, que se considere a todos los escalafones en la asignación profesional y que se incluya a los jueces de policía local en el beneficio.

Luego, reconoció que efectivamente este es un avance, sin perjuicio de lo cual planteó que el Ejecutivo debiera reconsiderar la forma en que se propuso el proyecto de ley, y manifestó su voluntad en orden a votar en contra con el objeto de efectuar el debate en la Sala con una nueva propuesta por parte del Gobierno.

- Las indicaciones números 1, 2, 3 y 3A fueron declaradas inadmisible por el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

- Sometido a votación, el artículo 1° fue aprobado por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Horvath, Matta y Quinteros. En contra votaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Artículo 2°

El texto de la norma aprobada en general literalmente expresa:

“Artículo 2°.- Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el artículo precedente, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir la asignación profesional, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos grados y estamentos, de la Escala Única de Sueldos.

El funcionario podrá percibir el monto de la asignación profesional que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación profesional.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación del artículo 1º de la presente ley.

II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 3º del decreto ley Nº 479, de 1974;

d) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

e) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

f) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

g) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675, y|

h) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación del artículo 1° de esta ley.”.

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La Comisión acordó abrir debate respecto de esta norma, no obstante que no fue objeto de indicaciones.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que esta norma excluye a los grados más altos de la asignación profesional, y en ese entendido, consultó al Ejecutivo si podría un grado 6 sin asignación profesional recibir menos recursos económicos que un grado 7 con dicha asignación.

Recogiendo esta inquietud, el representante del Ejecutivo hizo presente que la asignación profesional está destinada a beneficiar a los estamentos directivos, profesionales y jefaturas desde los grados 3 al 12, de modo que la situación planteada no podría producirse.

Enseguida, el Honorable Senador señor Quinteros manifestó que a su juicio ello era un error o una mala interpretación por cuanto por efecto de la homologación en la escala única, esos grados no lo van a recibir, pues el artículo segundo dispone que podrá recibir el monto de la asignación profesional cuando no exceda del equivalente a la escala única de sueldos.

Luego, el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, hizo presente que lo antes planteado es correcto, ya que el protocolo acordado establece que en el caso de la asignación profesional se homologa a la condición de la escala única de sueldos. Agregó que desde el año 2012 se ha planteado como política pública la homologación en cualquiera de los casos en que se aplique a escala municipal, es decir, el valor en la escala municipal no puede ser mayor a su referente en la escala única de sueldos.

A mayor abundamiento, señaló que dicha homologación se viene haciendo desde el año 2007 y al hacer el ejercicio hay grados en que la homologación se cumple y en otros, la asignación profesional va a terminar de cumplir dicho ejercicio.

Acto seguido la Honorable Senadora señora Von Baer dijo entender que actualmente una persona entre esos grados recibe un determinado sueldo y la asignación profesional no se les pagará porque ya se encuentra homologado, es decir, habrá municipios que no van a pagar dicha asignación en el caso de los sueldos más altos.

Confirmando lo antes dicho, el Honorable Senador señor Quinteros dijo que efectivamente habrá funcionarios que no van a recibir la asignación en comento.

- Puesto en votación el artículo 2°, fue aprobado por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Horvath, Matta y Quinteros. En contra votaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Al fundamentar su voto, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que la forma en que se está planteando el tema es discutible, y agregó que homologar hacia abajo no es lo correcto pues habrá municipios que tendrán que hacer un gran esfuerzo para atraer a profesionales. En este sentido, señaló que su voto en contra tiene por objeto que en la discusión en la Sala el Ejecutivo proponga una solución distinta.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que no obstante haber votado favorablemente, esperaba que el Gobierno revisara esta norma y recogiera las inquietudes planteadas al momento de discutirse el tema en la Sala.

El Honorable Senador señor Espina al fundamentar su voto hizo presente que esta norma era de una enorme injusticia y que no parece comprensible que hubiese que castigar a un funcionario sólo porque si recibiera la asignación profesional tendría una remuneración superior al de la administración central.

Posteriormente, a solicitud de los Honorables Senadores señores Horvath y Quinteros, tal como se indica en la discusión del artículo 8° del proyecto, la Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar, reabrió el debate en torno al Artículo 2°.

- Sometido a nuevamente votación el artículo 2°, fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Artículo 3°

Esta norma no fue objeto de indicaciones, sin perjuicio de lo cual se solicitó su votación separada.

- Sometido a votación, el artículo 3° fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Matta y Quinteros.

Artículo 4°

El artículo aprobado en general expresa:

“Artículo 4°.- Declárase interpretado el inciso segundo del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, respecto de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 y remunerados conforme al Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1980; en el sentido que, a contar del 1 de marzo de 1981, los factores que, por concepto del incremento previsional establecido en el ya mencionado artículo 2°, han debido determinarse considerando únicamente las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual, permanentes e imponibles que, al 28 de febrero de 1981, se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, los que para dichos funcionarios corresponden exclusivamente al monto del sueldo base que para cada uno de los grados estableció la escala contenida en el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980.”.

Para este artículo se presentó la indicación número 4, del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

El Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que entendían que se trata de un tema interpretativo, no obstante que hizo presente que ha sido resuelto en reiteradas oportunidades por la Contraloría General de la República.

En ese sentido, precisó que, de conformidad a los antecedentes que poseen en la Subsecretaria, actualmente existen varios juicios en ejecución por cuanto el Consejo de Defensa del Estado ha demandado a 79 municipios, incluyendo en ese proceso a 5.902 funcionarios y agregó que, por su parte, la Contraloría General de la República tiene juicios de cuenta a otros 55 municipios que incluyen a 373 funcionarios.

Considerando lo anterior, indicó que se ha estudiado a fondo el tema y dijo entender que los trabajadores tienen una interpretación que incluye une demanda en la OIT que claramente el Ejecutivo no comparte. Sin embargo, enfatizó que la única forma de solucionar este problema es a través de la fórmula propuesta en la presente iniciativa.

El Honorable Senador señor Horvath quiso conocer la opinión de las asociaciones de municipios porque planteó que a través de la interpretación propuesta puede que se aclare esta situación pero, al mismo tiempo, podrían menoscabarse sus derechos.

Enseguida el Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, hizo presente que a lo largo de esta discusión, siempre han insistido en que el tema previsional sea abordado en forma separada, ya que ni siquiera está incorporado en el protocolo de acuerdo. Agregó que, en su opinión, este no es un tema para ser debatido a la luz de esta discusión dada la queja internacional vigente.

Acto seguido, el Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Víctor Hugo Mora, solicitó que esta norma fuera rechazada por los señores Parlamentarios, al tiempo que instó a que el gobierno ingrese un proyecto distinto que permita analizar a fondo todo los relativo al incremento previsional.

El Honorable Senador señor Quinteros indicó que esta norma permitiría dar tranquilidad a muchos funcionarios municipales que se encuentran actualmente demandados y con riesgo de perder sus bienes como consecuencia de cambios en interpretación de las normas aplicables.

En esta línea, el Honorable Senador señor Horvath planteó la necesidad de conocer más antecedentes respecto de la situación de los funcionarios que están siendo apremiados por la devolución de los fondos que, a juico de la Contraloría General de la República, no fueron bien pagados.

Luego, el Honorable Senador señor Espina indicó que la norma propuesta es el reflejo de una situación muy compleja, en el sentido que existen funcionarios que recibieron sus pagos legalmente y que posteriormente, al cambiar de criterio la Contraloría General, decidió perseguirlos para la devolución de los recursos lo que significa que esos funcionarios se encuentran sujetos a cobranza y en una posición muy difícil, existiendo al mismo otros que ante tal requerimiento con mayor o menor esfuerzo hicieron devolución de lo percibido. Dado lo anterior, manifestó su intención de abstenerse.

-Sometida a votación la indicación número 4, que propone suprimir el artículo 4°, se produce el siguiente resultado: Vota por su aprobación el Honorable Senador señor Horvath, por su rechazo los Honorables Senadores señores Matta y Quinteros, y se abstienen los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

-Repetida la votación, en conformidad al artículo 178 del Reglamento, y después de instar a los Honorables Senadores que se abstuvieron a emitir su voto, se produce el siguiente resultado: Votan por su aprobación los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Horvath, y por su rechazo los Honorables Senadores señores Matta y Quinteros.

En consecuencia, la indicación número 4, que propone suprimir el artículo 4° es aprobada por mayoría de votos.

Artículo 5°

La norma aprobada en general expresa:

“Artículo 5°.- Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos que determine al efecto dicha Subsecretaría:

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal;

b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica;

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan contratación de personas sobre la base de honorarios;

d) Escalafón de mérito vigente;

e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la administración del Estado;

f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario; y,

g) Gasto total en recursos humanos.

La información remitida sólo podrá ser utilizada para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.”.

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Respecto de este artículo se presentó la indicación número 5, del Honorable Senador señor Ossandón, que propone intercalar como inciso primero, nuevo, el siguiente:

“Artículo 5°.- Para la readecuación de las plantas de funcionarios, las municipalidades deberán regirse según la tipología comunal utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y, en base a ello, asignar en forma técnica y con criterios de equidad nuevos grados y cargos, comenzando desde los Alcaldes hasta los grados auxiliares.”.

En relación a la indicación, el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, planteó que esta indicación no considera que las municipalidades son distintas, y que ello tiene distintas expresiones en la práctica y en la realidad.

Dicho esto, destacó que la tipología comunal no es exactamente el instrumento que puede determinar la definición de las plantas, pues tal tipología no es suficiente para identificar todas las características que idealmente debe tener una planta de acuerdo con las características propias y vocación institucional municipal de cada comuna en particular, que varían sustancialmente según sus peculiares circunstancias, siendo notablemente distintas las necesidades del municipio de una comuna con intensa actividad minera, como Calama, de otra que puede tener el centro de sus actividades en el sector ganadero o turístico, por ejemplo.

Enseguida, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, manifestó su postura contraria a la indicación, expresando que ella quita autonomía a los municipios y les deja sujetos a tipologías elaboradas por la Subsecretaria respectiva, que pueden no corresponder a la realidad de cada municipalidad. En este sentido, señaló su apoyo al texto original presentado por el Ejecutivo.

A continuación la Honorable Senadora señora Von Baer dijo entender que la norma aprobada en general se refiere a la información que el municipio debe entregar a la Subsecretaría respecto del personal y de su planta, toda la cual en una primera lectura pareciera corresponder a información que por la ley de transparencia es pública. Sin embargo, en atención a que uno de los propósitos del proyecto es tratar de homologar al personal municipal con el de la administración central, consultó si en virtud de este deber de informar se establecen mayores exigencias para los municipios que para la administración central del Estado.

Además, consultó si se considera alguna sanción cuando la obligación no se cumpla a cabalidad o cuando la información no se entregue por los medios y formatos que establezca la Subsecretaria, recabando mayor información sobre tales medios y formatos.

Recogiendo las inquietudes planteadas, el Asesor de la Subsecretaría señor Víctor Hugo Miranda hizo presente que en la Administración Central esto es obligatorio y público con el detalle de las calificaciones, grado y otras condiciones. En este sentido, dijo que efectivamente se publica el escalafón de mérito.

En cuanto a los formatos, destacó que la Subsecretaría lo que hace es identificar los campos en que puede enviarse la información para efectos de carga masiva y eficiencia de la transmisión de dichos datos. Agregó que frente al incumplimiento en dicha transmisión, la Subsecretaría puede solicitar a la Tesorería General, el congelamiento del anticipo del Fondo Común Municipal.

-Sometida a votación, la indicación número 5 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Von Baer, Horvath, Matta y Quinteros, y por su aprobación el Honorable Senador señor Espina.

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La indicación número 6, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Esta información se deberá mantener a disposición permanente del público, en la misma manera indicada en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 [1], estando sometido el cumplimiento de esta obligación al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.”.

El Honorable Senador señor Horvath señaló que le merece dudas la norma en lo que dice relación con la publicación del escalafón de mérito vigente, pues si la idea es de esta forma hacer públicas las calificaciones al no le parece apropiado ni que ello contribuya al mejor funcionamiento de los municipios o a un mejor clima laboral.

Enseguida, el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, hizo presente que al incorporar esta información como parte de la ley de Transparencia se consideran indicaciones efectuadas en torno a este tema por la denominada comisión Engel, y que al mismo tiempo afianza y asegura que esta información, que estimó muy importante para la aplicación de la facultad de creación de las plantas o su modificación, sea conocida por toda la comunidad.

Agregó que respecto la norma del inciso final de la indicación no es contradictoria, por cuanto primero se busca la transparencia en la información pero también se define y limita su uso por parte de la Subsecretaría señalando que será empleada para proponer y evaluar políticas públicas.

A este respecto, la Honorable Senadora señora Von Baer indicó que de la sola lectura de la indicación aparecen sentidos incongruentes, por lo que sugirió cambiar su redacción con el objeto de aclarar que la información que se remita sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaria respectiva, propuesta que fue favorablemente acogida en el seno dela Comisión.

Dado lo anterior, se propuso la siguiente redacción de su inciso: “La información remitida sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.”.

En consecuencia, se propuso modificar la indicación número 6 a fin de introducir enmiendas al inciso final del artículo 5° propuesto, a fin de aprobarlo de acuerdo al texto antes transcrito.

-Sometida a votación la indicación número 6, modificada en la forma antes indicada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Matta y Quinteros.

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Artículo 6°

El artículo aprobado en general, mediante seis numerales, que se analizan separadamente, introduce modificaciones a la ley orgánica constitucional de municipalidades, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) Elimínase en su letra b) la conjunción “y”.

b) Reemplázase en su letra c), el punto final por una coma (,) y agrégase la conjunción “y”.

c) Agrégase la siguiente letra d) nueva:

“d) La política de recursos humanos.”

2) Reemplázase en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo “218.000” por “1.052.000”.

3) Agrégase en la letra a) del artículo 27 a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente:

“Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento y grado de remuneración. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

4) Agréganse, a continuación del artículo 49, los siguientes nuevos artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter:

“Artículo 49 bis.- Los Alcaldes, en el reglamento interno de la municipalidad, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior, estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.

2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.

4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.

5. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley Nº 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley; en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.

6. Los Alcaldes deberán realizar consulta a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal.

7. Los Alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

8. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.

9. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad injustificadamente errónea; se entenderá que se configura un notable abandono de deberes tanto de parte de los Alcaldes como de los Concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

Asimismo, se configurará notable abandono de deberes por la no revisión y realización de los correspondientes ajustes en consideración a los informes trimestrales a que se refiere el literal d) del inciso primero del artículo 29 o la representación contemplada en el artículo 81, en caso que en dichos informes o representaciones se consideren déficits derivados de la fijación o modificaciones de plantas. En dichas situaciones se procederá según lo dispuesto en el inciso precedente.

Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior, sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, diez años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y, se encuentren calificados en lista N°1 de distinción, o lista N°2 buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, con aquellos que tengan más años de servicio en la respectiva municipalidad. En caso de empate, serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Alcalde.

c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52 y 53 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.

d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal.

ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación de derechos previsionales.

iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo 49 quáter.- Las facultades conferidas en los artículos 49 bis y 49 ter, podrán ejercerse cada diez años y sólo dentro de dicho año; siempre que se cumplan los requisitos y límites que esta ley establece.

En caso de corresponder hacer uso de las citadas facultades en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse sólo durante el año subsiguiente a éstas; correspondiendo nuevamente la facultad al cabo de diez años siguientes a aquel, a menos que se verifique la situación a que se refiere el presente inciso.

La nueva planta de personal entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

5) Agrégase a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 56, que pasa ser punto seguido, la siguiente frase:

“Además, deberá presentar para aprobación del Concejo la política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación; y, egreso.”.

6) Introdúcense en el inciso segundo del artículo 67 las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase, en el literal g) la coma (,) y la conjunción “y” que le sigue por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra h) nueva, pasando la actual a ser letra i):

“h) Estado de la aplicación de la política de recursos humanos, y”.

Número 1)

Modifica el artículo 6°, relativo a los instrumentos de gestión municipal, incorporando entre ellos a la política de recursos humanos.

Este numeral no fue objeto de indicaciones, sin perjuicio de lo cual la Honorable Senadora señora Von Baer consultó si la no presentación de la política de recursos humanos sería o no causal de notable abandono de deberes, ya que más adelante, al modificar el artículo 67 [2] de la ley orgánica de municipalidades, se incluye el estado de aplicación de la política de recursos humanos en la cuenta pública anual del alcalde, norma cuyo incumplimiento es considerado causal de notable abandono de deberes. En la misma línea, el Honorable Senador señor Espina, consultó si el no cumplimiento de las otras hipótesis de este artículo constituía o no causales de notable abandono de deberes.

Recogiendo ambas inquietudes, el Asesor de la Subsecretaría señor Víctor Hugo Miranda enfatizó que ellos son elementos que puede considerar el Tribunal Electoral Regional al momento de definir esa causal.

Enseguida, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, destacó que la política de recursos humanos es incorporada, además, por este propio proyecto de ley en el artículo 56 inciso segundo de la ley orgánica constitucional de municipalidades, y desde ese punto de vista, está sancionado con el notable abandono de deberes, en caso de incumplimiento, en los mismos términos del plan de desarrollo comunal.

Finalmente vuestra Comisión consideró que en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, permitiendo la creación de los consejos comunales y los planes comunales de seguridad pública, correspondiente al boletín 9.601-25, el numeral 3) de su artículo 1° también propone incorporar una nueva letra a este artículo. En consecuencia, y encontrándose el proyecto en informe en primer trámite constitucional la Comisión optó por incorporar esta nueva letra como e), realizando las adecuaciones formales necesarias para ello.

-Sometido a votación, el numeral 1 del artículo 6° fue aprobado, con modificaciones formales, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Matta y Quinteros.

Número 2)

Modifica el artículo 14 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, relativo a la autonomía de las municipalidades para administrar sus recursos, y que establece el Fondo Común Municipal como un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades, para garantizar el cumplimiento de sus fines. Al establecer los recursos que integrarán el referido Fondo, en su número 5 se refiere al aporte fiscal que considerará anualmente la Ley de Presupuestos, que será del monto equivalente a 218.000 unidades tributarias mensuales.

Mediante este numeral se incrementa el referido aporte fiscal a 1.052.000 unidades tributarias mensuales.

El numeral no fue objeto de indicaciones, sin perjuicio de lo cual el señor Presidente de la Comisión lo sometió a consideración de la Comisión.

-Sometido a votación el numeral 2 del artículo 6°, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Matta y Quinteros.

o o o

El artículo 22 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, que el proyecto aprobado en general no modifica, es del siguiente tenor:

“Artículo 22.- La unidad encargada del desarrollo comunitario tendrá como funciones específicas

a) Asesorar al alcalde y, también, al concejo en la promoción del desarrollo comunitario;

b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el municipio, y

c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo.”.

La indicación número 7 del Honorable Senador señor Horvath, propone introducir un nuevo numeral, del tenor que se señala:

“…) Agrégase al artículo 22 la siguiente letra d):

“d) Garantizar la participación ciudadana y comunitaria en todos los aspecto de la vida comunal. Para ello deberán contar con el personal y los recursos necesarios destinados a hacer efectiva dicha participación.”.”.

El Honorable Senador señor Horvath, refiriéndose a la nueva letra d) que propone su indicación, sugirió cambiar la palabra “garantizar” por “promover”, haciendo presente es muy difícil garantizar la participación, especialmente si no se cuenta con los medios necesarios. Además, destacó que era una función relevante de los municipios el trabajar con la comunidad para detectar sus necesidades y las políticas que es necesario impulsar, para lo cual es indispensable la debida participación ciudadana, que es el propósito de la modificación que propone.

A su turno, el Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que apoyaba la indicación, no obstante ser algo redundante, pues la norma vigente precisamente se refiere se refiere a la promoción de la participación de las organizaciones comunitarias en el municipio, como una de las actuales funciones de la unidad municipal correspondiente.

Una opinión contraria manifestó el Asesor de la Subsecretaría señor Víctor Hugo Miranda quien hizo presente que la indicación en estudio introduce obligaciones al Alcalde y al Consejo desde el punto de vista presupuestario, pues obliga a tener personal y recursos destinados al fin propuesto, y consideró que escapaba al propósito del proyecto.

Vuestra Comisión concordó en que la segunda oración de la indicación resultaba inadmisible. Sin embargo, teniendo presente que la norma vigente se refiere a las organizaciones comunitarias, concordó con el propósito de la indicación de promover también la participación ciudadana. Para ello, acordó modificar la indicación en el sentido de incorporar la referencia a la participación ciudadana en la letra b) del artículo 22.

-Puesta en votación la indicación número 7, modificada en la forma antes expuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Matta y Quinteros.

o o o

Número 3)

El numeral recae en el artículo 27 de la ley orgánica de municipalidades, disposición que señala las funciones de la unidad encargada de administración y finanzas.

Su primera función, indicada en su letra a), es “Asesorar al alcalde en la administración del personal de la municipalidad.”.

En el numeral del proyecto aprobado en general, se agrega a la letra a) lo siguiente:

“Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento y grado de remuneración. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

En relación al numeral se presentó la indicación número 7A del Honorable Senador señor Horvath, para modificar el literal a) del artículo 27º), agregando después de su punto aparte nuevo, la siguiente oración: “También podrá proponer o asesorar al alcalde, la formulación de planes piloto para la mejor administración del recurso humano y la desburocratización de los procedimientos que debe llevar a cabo el personal.”.

El Honorable Senador señor Horvath indicó que este es un tema que se ha planteado en diferentes instancias y que los municipios y los servicios públicos, por extensión, tienen cada día más funciones y menores fondos en términos relativos. Sin embargo, enfatizó que ellos se encuentran sometidos a una serie de procesos administrativos, normativos y reglamentarios que hacen o impiden que ese servicio sea eficiente, de modo que esta indicación busca alcanzar esa eficiencia.

Enseguida, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades señor Marcelo Segura hizo presente que en la actualidad los municipios no pueden crear la división de recursos humanos porque ella está inserta dentro de la dirección de administración y finanzas, lo que ha sido muy malo.

En sesión posterior, el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, manifestó que, tal como está redactada, la norma aprobada en general establece claramente lo que debe hacer la municipalidad y que ello está en sintonía con los trámites permanentes que realizan las municipalidades hacia la Subsecretaría.

Hizo hincapié en que la indicación en estudio agrega funciones en detalle a la unidad de recursos humanos que no fue aprobada en los términos señalados, ya que lo que se aprobó es una indicación que faculta a las municipalidades para constituir organismos y unidades que considere pertinentes de acuerdo a su realidad. En este sentido, agregó que el texto no es aplicable a una unidad de recursos humanos que no está siendo aprobada en el proyecto de ley, que sólo incorpora la obligación de establecer una política de recursos humanos.

-Sometida a votación, la indicación número 7A fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Guillier, Espina y Zaldívar.

o o o

La indicación número 8 del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente numeral nuevo:

“…) Incorpórase el siguiente artículo 27 bis:

“Artículo 27 bis.- A la Unidad de Recursos Humanos le corresponderá:

a) Asesorar al Alcalde en la Administración de los recursos Humanos de la Municipalidad.

b) Desarrollar y ejecutar las políticas y planes de capacitación que apruebe el Comité de Capacitación.

c) Programar y ejecutar todas las tareas propias.

d) Ejecutar la política de Recursos Humanos Municipal.”.”.

El Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que la creación de una nueva unidad no es un tema que haya sido estudiado ni que se proponga en la iniciativa, razón por la cual su incorporación importaría crear una nueva unidad municipal, sin financiamiento.

Por otra parte, dijo que este tema corresponde a materias propias de la reforma de la estructura municipal, que el Gobierno presentará a futuro.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer señor Jorge Barrera, señaló que no se debe perder de vista que hay municipios pequeños que no estarán interesados en tener una nueva unidad, de modo que propuso que se considere este artículo nuevo la facultad de crear una unidad que se encargue especialmente de lo prescrito en la letra a) del artículo 27, es decir, de asesorar al Alcalde en la administración del personal de la municipalidad, lo que encontrándose ya incorporado en la ley no requeriría nuevos recursos, permitiendo quitar rigidez a la unidad de administración y finanzas de cada municipio.

Dentro de este contexto, el Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes recordó que existe un compromiso del Gobierno con los municipios en el sentido que cualquier nueva unidad o facultad deberá contar con el correspondiente financiamiento y por tanto, hizo presente que esta materia no se ha estudiado en profundidad ni se han estimado los costos, sin perjuicio de poder compartir la importancia de la materia.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que sistemáticamente se ha negado a la creación de nuevas unidades sin financiamiento, aunque en otros proyectos de ley el Gobierno no haya respetado tal criterio. No obstante, propuso una nueva redacción para esta norma respecto a la creación de la unidad de recursos humanos.

Por su parte, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, enfatizó que en la medida que la creación de la unidad sea facultativa los municipios no deberían tener problemas, agregando que en ocasione anteriores se han creado unidades sin financiamiento y se estableció que el municipio tendría que llamar a concurso para los cargos o proveerlos mediante ascensos, según determinó después la Contraloría General de la República.

El Honorable Senador señor Quinteros, a su turno, propuso que se estableciera en esta ley la facultad de los municipios para dividir las unidades, como la de administración y finanzas, lo que permitiría resolver todos problemas que se han venido planteando a este respecto ya que existiría una dedicada al personal, sin que ello importe aumento de cargos o costos para los municipios.

Sobre este último punto en particular, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, subrayó que la fórmula planteada le parece la mejor, porque les da más libertad a la administración municipal, sin que deba incrementar sus costos.

Por su parte el Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, manifestó que en opinión del Ejecutivo una norma como la propuesta en la indicación que permite crear unidades es de iniciativa legal exclusiva del Ejecutivo sea que se trate de crear los empleos o de determinar sus funciones o atribuciones, ya que precisamente el proyecto de ley, de ser aprobado, establece la forma y condiciones en que los alcaldes asumirán esa competencia respecto de los funcionarios municipales.

Finalmente el señor Presidente de la Comisión recabó el acuerdo de los miembros presentes de la Comisión Honorables Senadores señora Von Baer y señores Horvath y Quinteros para que sus asesores propongan una redacción facultando a las municipalidades para dividir la unidad de administración y finanzas y sus funciones.

En sesión posterior, los asesores señores Jorge Barrera y Jorge Frites, en conjunto con el señor Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, propusieron la siguiente nueva redacción para esta indicación, con el siguiente tenor:

“Agréguese la siguiente oración final al artículo 31 de la misma ley, pasando el punto aparte a ser punto seguido: Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear los órganos y unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones propias de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25, 27 y 28 de esta ley.”.

-Sometida a votación la indicación número 8 con el texto antes transcrito, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Número 4)

Mediante este numeral se agregan, a continuación del artículo 49, los nuevos artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter.

Artículo 49 bis

El artículo aprobado en general señala:

“Artículo 49 bis.- Los Alcaldes, en el reglamento interno de la municipalidad, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior, estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.

2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.

4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.

5. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley Nº 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley; en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.

6. Los Alcaldes deberán realizar consulta a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal.

7. Los Alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

8. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.

9. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad injustificadamente errónea; se entenderá que se configura un notable abandono de deberes tanto de parte de los Alcaldes como de los Concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

Asimismo, se configurará notable abandono de deberes por la no revisión y realización de los correspondientes ajustes en consideración a los informes trimestrales a que se refiere el literal d) del inciso primero del artículo 29 o la representación contemplada en el artículo 81, en caso que en dichos informes o representaciones se consideren déficits derivados de la fijación o modificaciones de plantas. En dichas situaciones se procederá según lo dispuesto en el inciso precedente.”.

Inciso primero

La indicación número 8A, del Honorable Senador señor Quinteros, propone reemplazar la frase “en el reglamento interno de la municipalidad” por la siguiente “a través de un reglamento municipal”.

La indicación número 9, del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, puso en discusión ambas indicaciones.

Respecto de ambas indicaciones el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, hizo presente que la ley orgánica de Municipalidades identifica en el artículo 12 [3] un conjunto de instrumentos que las municipalidades pueden utilizar para ordenar su función, entre los cuales se encuentra el reglamento. En este sentido, señaló que éste último es utilizado por los municipios para fines internos y para regular temáticas como el medio ambiente o la seguridad ciudadana, de modo que tal como lo señala el proyecto de ley, también pueden hacerlo para modificar las plantas.

Dado lo anterior, subrayó que el texto del proyecto del Ejecutivo identifica este instrumento como reglamento interno municipal pues regula las plantas de sus funcionarios.

Acto seguido, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, dijo entender la indicación que se refiere al reglamento, pues precisó que el reglamento interno del municipio es un reglamento de organización interna de la institución que establece las distintas unidades con sus respectivas funciones.

En esta línea, señaló que en su opinión, lo más razonable es regular la planta a través de un decreto o de un reglamento distinto a fin de evitar confundir los instrumentos, por lo que hizo presente la necesidad de que las plantas se fijaran a través de otro reglamento municipal o incluso un decreto alcaldicio, porque el reglamento se aprueba a través de éste último.

El Honorable Senador señor Quinteros precisó que a la indicación que presentó, se debe agregar, en conformidad al artículo 31 [4] de la ley orgánica constitucional de municipalidades, que el reglamento municipal debe ser acordado por el Concejo.

Por su parte, el Asesor de de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, recalcó que efectivamente en el fondo no existen diferencias entre el proyecto de ley en estudio y las indicaciones planteadas, en el sentido que se trata de una decisión municipal y también es una acto administrativo que dicta el Alcalde con aprobación del Concejo, para el cual la iniciativa en discusión fija un quórum aprobación de carácter especial.

En este escenario, destacó que el artículo 31 antes citado establece expresamente la organización de la municipalidad, por lo que la propuesta del Gobierno es precisamente que los Alcaldes en el reglamento interno consideren la planta, ya que ello se encuentra en la lógica de que sea el mismo reglamento el que considere la estructura y la planta, porque en términos formales no existe ninguna diferencia.

-Sometida a votación la indicación número 8A, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Quinteros.

Enseguida, el Asesor de la Subsecretaría señor Víctor Hugo Miranda hizo presente respecto de la indicación número 9, que el régimen interno municipal está entregado al señor Alcalde, lo que incluye funciones y plantas, lo que no quiere decir que no pueda considerar la opinión de las Asociaciones de funcionarios o de ellos en forma individual, que es lo que señala el proyecto del Gobierno.

Luego, enfatizó que trasladar la decisión sobre el personal a un comité bipartito como el que se plantea en la indicación en estudio, implicaría que los funcionario fueran jueces y parte en la decisión. Además, agregó, quien está mandatado por la soberanía para resolver sobre la propuesta del señor Alcalde es el Concejo municipal, por lo que desde el punto de vista del Ejecutivo es adecuado que se consulte permanentemente a los funcionarios sobre la propuesta técnica que tenga el equipo alcaldicio y que dichas opiniones también sean conocidas por el Concejo, dejando en claro que quien hace la propuesta y la presenta es el Alcalde.

El Asesor del Honorable Senador señor Espina, señor Andrés Longton, planteó que la indicación debiese ubicarse mas adelante en el articulado pues trata del aumento de la planta municipal y ese es un tema que se trata posteriormente en el proyecto de ley.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Quinteros si bien dijo estar de acuerdo con la participación de los funcionarios, destacó que no se debe perder de vista que no es necesario incorporar atribuciones facultativas, pues el alcalde siempre podrá consultar con quienes quiera, que es lo mismo que señala la norma propuesta en la indicación.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina hizo presente que no se pueden imponer obligaciones al Alcalde ya que se trata de materias de iniciativa legal exclusiva del Ejecutivo, no obstante, destacó que en su opinión la indicación está bien orientada independientemente de su ubicación.

A continuación, el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde señor Sergio Puyol, subrayó que normalmente, el Concejo no aprueba una cuestión que no esté consultada con los funcionarios, de modo que consideró absolutamente pertinente lo que se ha señalado a este respecto.

El Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, hizo presente que lo que ha planteado el Ejecutivo no se condice con la indicación en estudio, pues ella no sugiere que la propuesta sea vinculante sino todo lo contrario.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su opinión favorable respecto de que los funcionario deban ser oídos y que tal como se ha planteado, ello esté en términos facultativos. No obstante, sugirió que sea eliminada la palabra “bipartito”, para evitar confusiones, pues no se trata de una nueva instancia sino que de un sistema de consulta.

En este contexto, el Honorable Senador señor Espina hizo presente que ya se ha establecido que en la práctica normalmente los alcaldes consultan con los funcionarios y que ambas partes han manifestado su acuerdo con la indicación, y que a diferencia de lo planteado anteriormente le parecía que la palabra “bipartito“ limita el ámbito de acción a los funcionarios, el alcalde y quien éste designe, evitando que terceros se entrometan en una materia que no les corresponde por ser propia de la autonomía municipal.

Luego, el Honorable Senador señor Quinteros precisó que si realmente se quiere garantizar la participación de los funcionarios, basta con dejarlo claramente establecido en la ley, prescindiendo del Comité Bipartito, cuya integración podrá generar más burocracia y mayor conflicto en una materia en que se busca mejorar la eficiencia municipal adaptando las plantas a la realidad de cada comuna.

La Honorable Senadora señora Von Baer se manifestó de acuerdo con lo planteado anteriormente en el sentido que debiese quedar claramente establecido en la ley si se quiere oír a los funcionarios.

-Sometida a votación la indicación número 9, votó en contra el Honorable Senador señor Quinteros, a favor el Honorable Senador señor Espina y se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

- Repetida la votación en la sesión siguiente, en conformidad al artículo 182 del Reglamento, la indicación número 9 es aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra. Votan por su aprobación los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Zaldívar. Vota por su rechazo el Honorable Senador señor Quinteros.

Inciso segundo

El inciso no fue objeto de indicaciones. Sin embargo, el señor Presidente lo sometió a consideración de la Comisión.

-Sometido a votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Quinteros.

o o o

A continuación se analizó la indicación número 13, del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar como nuevo inciso tercero, el que se consigna a continuación:

“Una vez concluido el procedimiento anterior, y en caso que los nuevos cargos no puedan ser ocupados mediante asensos del personal de planta, tendrán prioridad, en el concurso interno que deberá ser abierto, los funcionarios a contrata, honorarios y regidos por el código del trabajo, siempre que cumplan con los requisitos generales y especiales del cargo y que tengan una antigüedad de cincos años continuos o discontinuos.”.

El Asesor del Honorable Senador señor Horvath, señor Arturo Rodríguez, destacó que esta propuesta busca que al generarse nuevos cargos a propósito de la adecuación de la planta municipal, cuando ellos no pueden ser cubiertos con los ascensos u otros procedimientos internos tengan alguna prioridad para ocuparlos los funcionarios que estén a contrata o a honorarios o regidos por el Código del Trabajo siempre que tengan una antigüedad de cinco años en el empleo, sugiriendo eliminar de la indicación la palabra “discontinuos”, para que el beneficio sea para aquellos que establemente y por largo tiempo han trabajado en el municipio.

Por su parte, el Asesor de la Subsecretaría señor Víctor Hugo Miranda señaló que esta indicación incorpora al proceso de encasillamiento y de formulación de plantas a una situación que no está considerada en el Estatuto Administrativo. No obstante dijo entender el objetivo de la indicación y destacó que los alcaldes no tienen impedimento para convocar en los concursos respectivos también a las personas mencionadas en dicha indicación si cumplen los requisitos del cargo.

A su turno, el Asesor de de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, destacó que la propuesta del Ejecutivo en la materia propone la incorporación a personal a contrata que tenga una determinada antigüedad en el proceso de encasillamiento, sin ningún tipo de concurso. Agregó que lo que se propone es someter al personal a contrata a un sistema de concurso interno, y en ese sentido, le pareció más adecuada la fórmula de pasar directamente a dicho personal a contrata a ser encasillado en la planta, sin mediar un concurso.

-Cerrado el debate, la indicación número 13, fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

o o o

Inciso tercero

Establece los límites y requisitos que deben observar los alcaldes al fijar o modificar las plantas.

Su número 5) señala:

“5. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley Nº 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley; en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.”.

De acuerdo a este número y las normas a que hace referencia dos de los límites referidos son que los jueces de policía local deberán tener el grado máximo de los cargos directivos de la planta municipal, y que el cargo de administrador municipal tiene el grado más alto dela planta de directivos correspondiente

En relación a esta norma se presentaron dos indicaciones:

La indicación número 9A, del Honorable Senador señor Quinteros, es para eliminar la frase “en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231”, y la indicación número 9B, del Honorable Senador señor Quinteros, propone agregar a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido lo siguiente: “Asimismo, los Jueces y los Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local tendrán asignados el grado más alto de los escalafones directivos y de profesionales respectivamente”.

Ambas indicaciones fueron debatidas en conjunto.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó que ambas indicaciones se encuentran relacionadas y atienden a un mismo problema, que dice relación con la situación de los Jueces de Policía Local y de los Secretarios Abogados de esos juzgados, y que su propósito es que el juez de policía local tenga el grado más alto del escalafón directivo, y que el secretario abogado del mismo tribunal tenga el grado más alto del escalafón profesional, pues en la discusión se ha hecho presente la distorsión que existe entre la renta del juez y la del secretario, pese a que las responsabilidades son de importancia, y que incluso son los habituales reemplazantes de los propios jueces.

Enseguida, la Secretaria Abogada del Juzgado de Policía Local de Pudahuel, señora Daniela González, señaló que, tal como se ha expresado, la labor del secretario abogado en cuanto funcionario municipal es ardua, y destacó que incluso cuando el juez no está es el secretario abogado quien debe ejercer su función jurisdiccional, con todas las responsabilidades que ello conlleva.

Agregó que a lo largo de todo el país existe una diferencia abismante en sus remuneraciones y, a modo de ejemplo, citó el caso de Puerto Montt donde los secretarios abogados tienen un grado X, en circunstancias que en Santiago el grado es mucho mayor aunque las funciones sean similares.

Por estas consideraciones, y reconociendo que esta es una oportunidad para mejorar dicha situación, enfatizó que se debe considerar que el tema de los secretarios abogados es un problema que se arrastra desde hace varios años, y que consiste en que sus ubicaciones relativas son absolutamente diversas en las plantas de los distintos municipios sin guardar relación con la de los jueces de policía local.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó votar separadamente este numero 5), manifestando su intención de abstenerse con el objeto de que el Ejecutivo en la Sala efectúe una nueva propuesta que corrija las actuales distorsiones entre las posiciones relativas de los jueces y de los secretarios abogados de los juzgados de policía local.

El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde señor Sergio Puyol, consideró muy justa la petición, haciendo presente que ella podría dar lugar a que se establezca un nuevo ordenamiento, más equilibrado, en las estructuras de los Juzgados de Policía Local.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que conocen las dificultades de las tareas de los secretarios abogados de esos tribunales, e incluso precisó que son ellos los jefes de servicio dentro de los juzgados porque el juez tiene otra tarea y que, por tanto, su función es asimilable a la de un jefe de dirección municipal más que a la del tope del escalafón profesional. Dicho esto, con respecto a la indicación en estudio, expresó que en su opinión es inadmisible porque su propone modificación de remuneraciones.

-Cerrado el debate, las indicaciones números 9A y 9B, fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

Atendiendo la petición antes formulada, la Comisión acordó someter a votación separada el número 5 de esta norma.

-Sometido a votación el número 5 del artículo 49 bis contenido en el Numeral 4), fue rechazado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Quinteros.

Número 6

El número 6 del artículo 49 bis aprobado en general expresa:

“6. Los Alcaldes deberán realizar consulta a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal.”.

Respecto del mismo se presentó la indicación número 10, del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar a continuación de la expresión “realizar consulta” el vocablo “vinculante”.

-La indicación número 10, fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

Número 7

El número 7 del artículo 49 bis aprobado en general es del siguiente tenor:

“7. Los Alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.”.

La indicación número 10A, del Honorable Senador señor Quinteros, propone eliminarlo.

El Honorable Senador señor Quinteros explicó que el quórum de los dos tercios exigido en la norma para la aprobación de las plantas le parecía exagerado teniendo en consideración que el proceso que termina con el encasillamiento no puede tener como consecuencia ni ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal, como lo indica el artículo 49 ter, y propuso que el quórum de aprobación fuera la mayoría de los concejales en ejercicio.

Enseguida, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, señaló que compartía el argumento antes señalado, y agregó que es razonable un quórum de dos tercios cuando se ejerce la facultad de suprimir cargos, que no es el caso, porque se trata de plantas que van a crecer y que sólo podrán generar nuevos cargos y aumentar grados, de modo que el quórum de los dos tercios no le parece justificado.

La Honorable Senadora señora Von Baer destacó que se está dando una facultad nueva a los municipios y que es importante que el concejo municipal esté de acuerdo respecto de la propuesta de planta, lo que podría ser incentivado mediante el establecimiento de un alto quórum de aprobación, solicitando conocer la opinión del Gobierno respeto al tema.

El Asesor de de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva indicó que las plantas municipales, como se están planteando en el proyecto, excederán el período de mandato de un Alcalde, y que la lógica de establecer un quórum especial y más alto es precisamente buscar la permanencia de dicha decisión y que no se esté modificando lo aprobado cada vez que exista un cambio de la mayoría en el municipio, lo que además permite garantizar un apoyo lo más amplio posible desde el punto de vista político.

-Sometida a votación la indicación número 10A, fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina, y votó por su aprobación el Honorable Senador señor Quinteros.

Número 8

El texto aprobado en general señala:

“8. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.”.

Respecto de este número se presentaron dos indicaciones. La indicación número 11, del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo, y la indicación número 12, del mismo señor Senador, para reemplazarlo por el que sigue:

“8. Cuando hubiere controversia, cualquier concejal podrá sugerir aumentar el número de cargos y modificar los grados que contenga la proposición debiendo someterse a votación todas las propuestas, el alcalde podrá dirimir en caso de empate.”.

-Puestas en votación, las indicaciones números 11 y 12 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Quinteros.

Inciso cuarto

El texto de la norma aprobada en general es el que sigue:

“En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad injustificadamente errónea; se entenderá que se configura un notable abandono de deberes tanto de parte de los Alcaldes como de los Concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.”.

Para este inciso se presentaron dos indicaciones. La indicación número 13A, del Honorable Senador señor Quinteros, para eliminarlo, y la indicación número 14, del Honorable Senador señor Horvath, que propone agregar la siguiente oración final: “Sin perjuicio de lo anterior, para determinar la acción “injustificadamente errónea”, se deberá tomar en consideración, los recursos técnicos y capacidad del personal que colabore en la determinación de la proyección de ingresos y gastos.”.

Ambas indicaciones fueron debatidas en conjunto.

La Honorable Senadora señora Von Baer inquirió mayor información al Ejecutivo con respecto al fundamento de esta norma.

Sobre el particular el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que en el inciso objeto de las indicaciones en estudio se establece una norma de responsabilidad fiscal. En este sentido, hizo presente que la formulación presupuestaria de la planta debe venir certificada por el Director de Control y por el Director de Administración y Finanzas basados en el análisis de los ingresos y gastos en personal de los últimos tres años, y que si esa proyección resulta ser injustificadamente errónea a la luz de los antecedentes señalados, se genera una causal de notable abandono de deberes.

La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que es notorio que se trata de una norma que pretende cautelar los gastos o finanzas públicas, pero consultó cual era en la práctica el contenido del concepto de la noción “injustificadamente erróneo”.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que en la práctica ello ocurriría cuando se proyecta una planta sin posibilidad alguna de financiarla, pues se genera una estructura cuya base no dice relación con la realidad presupuestaria del municipio, es decir, la planta propuesta provocaría un gasto que el municipio no podrá financiar con sus ingresos.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que su intención al presentar esta indicación es que la causal de notable abandono de deberes se vea en forma separada. Agregó que para acusar a un alcalde por esta causa se necesita la voluntad de un tercio de los miembros del concejo pero que como para aprobar la planta se requiere de la aprobación de los dos tercios de lo0s concejales en ejercicio, es muy difícil que llegue a producirse la acusación.

Dado lo anterior, insistió que ello debe ser regulado en una ley distinta pues las causales de notable abandono de deberes son muchas y requieren de otra discusión.

El Honorable Senador señor Espina señaló que coincidía en que la norma tiene un sentido de austeridad fiscal al tiempo que consideró que la expresión “injustificadamente errónea” no es la más acertada, ya que debiese requerirse “negligencia inexcusable” para generar la causal de notable abandono de deberes del alcalde y concejales, afirmando claramente la diferencia entre culpa y dolo, por lo que propuso reemplazar la expresión antes señalada.

En sesión posterior, el Honorable Senador señor Espina propuso una modificación al tenor de la norma aprobada en general, la que fue favorablemente acogida por la Comisión y que dice relación con los siguientes criterios: -mantener los dos tercios del concejo para la aprobación de la planta; - la acción por notable abandono de deberes podrá ser ejercida por un tercio del concejo o bien por aquellos concejales que la rechazaron; y - que una vez declarado el abandono por sentencia ejecutoriada, se debe hacer una nueva planta.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, hizo presente que existía acuerdo para incorporar la frase “negligencia inexcusable” y que en este caso la formulación de la planta que se consideraba en la presentación original no tendría validez, y que ella tendría que presentarse nuevamente con los requisitos que considera esta ley.

Subrayó que el hecho de que exista la negligencia inexcusable invalida todo acto de presentación de una formulación de planta, de tal manera que opinó que era innecesario consignar que se debe presentar de nuevo, ya que el mismo cuerpo legal lo establece en el sentido que una presentación que no tenga el debido financiamiento no es una presentación válida y más bien está sujeto a un notable abandono de deberes por la presentación realizada con negligencia inexcusable.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que esta materia es de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y que por lo tanto es necesario conocer algún texto que resuelva este tema para poder analizarlo, discutirlo y pronunciarse.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, hizo presente que en su opinión agregar elementos que son propios de un procedimiento de abandono de deberes, como la nulidad de la planta, es redundante y por tanto no es necesario incorporarlos.

Una opinión distinta manifestó el Honorable Senador señor Zaldívar quien señaló que era necesario establecer en la ley que en caso de notable abandono se debe hacer una nueva planta, pues de otra forma se permitiría que una planta aprobada con una propuesta casi dolosamente desfinanciada genere un daño permanente al municipio, generando pérdidas crónicas que afectarán su funcionamiento, a la población y a las finanzas públicas.

Agregó que era necesario establecer el efecto jurídico que tiene la declaración de notable abandono de deberes del alcalde y concejales respecto de la planta que fue aprobada, pues ello no se señala en el proyecto de ley, ya que del tenor de la norma se entiende que la planta queda vigente.

Enseguida, el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, insistió en que si la presentación al Concejo Municipal tiene el respaldo financiero erróneo y además la fijación de la planta se realiza por actuaciones realizadas con negligencia inexcusable, esa formulación de planta no puede avanzar en su tramitación y obliga al Alcalde a presentar una planta debidamente financiada y certificada. En este sentido, reiteró que ya con la definición de negligencia inexcusable anula la presentación de la autoridad comunal respectiva.

Por su parte, el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer señor Jorge Barrera hizo presente que respecto de este artículo se adoptaron algunos acuerdos: en primer término la invalidación de la planta en caso que existiera negligencia inexcusable y, en segundo término, determinar qué ocurre cuando solo uno de los concejales hubiese votado en contra de dicha planta y no pudiese recurrir por notable abandono de deberes por no contar con la legitimación necesaria. En este sentido, agregó que se consideró que cualquiera que hubiese votado, en contra o no, debía tener la posibilidad de poder recurrir de notable abandono de deberes respecto de este caso en particular.

Reafirmando los criterios expresados, el Honorable Senador señor Espina señaló que la norma exige que sea un tercio de los concejales quienes interpongan la acción de notable abandono de deberes, pero en el caso que dicho concejo sea de 6 y sólo uno no apoye la planta, éste no podrá recurrir y por ello debe considerarse esta situación en la redacción final de la norma.

El Señor Presidente de la Comisión informó que solicitó redactar un texto que dé cuenta de los planeamientos antes formulados, que sería el siguiente:

“Ejecutoriada la resolución que declare el notable abandono de deberes, él o los concejales que no concurrieron a su aprobación podrán solicitar que se declara la nulidad de la planta, caso en el cual ella deberá fijarse nuevamente de acuerdo a las normas de esta ley.”.

La abogada de la Fiscalía de la Subsecretaría, señora Rosa Ester Huerta, opinó que la redacción propuesta vendría a aumentar mucho más la burocracia Agregó que el abandono de deberes es la sanción a la falta a la norma de responsabilidad fiscal por haber supuesto ingresos superiores al momento de fijar la planta y, por tanto, dicha sanción es para el Alcalde. Agregó que la planta debe pasar por la Contraloría General de la República que con seguridad efectuará las observaciones, pero el tema a resolver, según dijo, es si esa planta va a seguir vigente mientras dure todos el proceso del abandono de deberes, razón por la cual planteó que basta con establecer que una vez acreditada la negligencia inexcusable en la proyección de ingresos y gastos se deberá crear una nueva planta con los requisitos que establece la ley.

Luego, el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera, recalcó que en este tema existen varios elementos a considerar: en primer término se debe considerar la suspensión de la vigencia de la planta una vez que se haya iniciado la acción de notable abandono de deberes; lo segundo según dijo, es que se trata de un caso excepcional en relación a una norma de responsabilidad fiscal. En este sentido, señaló que el problema con la Contraloría General es que no hace un análisis de legalidad en base al mérito del gasto, de modo que no necesariamente dejará sin efecto la planta en ese caso.

Enseguida, indicó que era necesario que para el caso en que exista y se haya determinado una causal de notable abandono de deberes respecto de las personas que concurrieron a la aprobación de la planta con negligencia inexcusable, sea también necesario que dicha situación se resuelva con la suspensión de la vigencia de la planta en tanto dicha acusación se resuelve y entonces, al no haber estado en vigencia, no existirá el problema de retrotraer sus efectos ni tampoco el de superposición de plantas.

Por su parte el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, enfatizó que se está tratando un tema muy excepcional, toda vez que consideró que difícilmente en un municipio se va a dar el caso de que un Alcalde no haya determinado bien sus ingresos para establecer el gasto de una planta.

En la misma línea, agregó que los ingresos son bastante manejables además porque son proyecciones de ellos, de manera que lo que va a ocurrir es que frente a una situación de presión para el Alcalde en orden a presentar un planta deficitaria, lo que tendrá que hacer es ajustar sus ingresos, donde demostrar que esos ingresos previstos no son reales es muy complicado.

A su turno, el Honorable Senador señor Zaldívar enfatizó que se trata de un problema muy complejo pues se está legislando respecto de una situación que tiene una sanción grave y, por tanto, planteó la necesidad de reglamentar esa circunstancia en aspectos como la vigencia de la planta, el organismo que va a resolver, quién puede solicitarlo, entre otros temas delicados.

El Honorable Senador señor Espina sugirió eliminar esta norma a objeto que la situación en ella considerada se rija por las reglas generales y solicitó un pronunciamiento del Ejecutivo a este respecto, en tanto que el Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que era necesario considerar que la fijación de una planta en forma injustificada desde el punto de vista de los ingresos, será causal de notable abandono de deberes.

Enseguida, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, manifestó que la norma en cierto modo es un poco excesiva, pues si se agrega a los concejales como quienes pueden pedir la nulidad de esa planta no queda claro ante quien la van a requerir. En este sentido, hizo presente que tal nulidad debiese ser pronunciada por un tribunal de justicia en procedimiento de lato conocimiento, lo que resulta bastante complejo en ese escenario.

Dicho esto, sugirió que se considere que una vez declarado por sentencia ejecutoriada el notable abandono de deberes, de inmediato se produzca el efecto de nulidad de la planta.

Por otra parte, hizo presente que la situación de que la planta no esté debidamente financiada, es de muy difícil ocurrencia en la realidad, por el certificado que tiene que dar el Director de Control y el de Administración y Finanzas respecto de la materia. Sin perjuicio de eso, podría también darse la situación de que pasando por la toma de razón de la Contraloría General con posterioridad se determine que esa planta no estaba ajustada a los ingresos del municipio, de modo que en ese caso también podría producirse la causal una vez que la planta ya se implementó y hubo encasillamiento de funcionarios, entre otras cosas.

Desde esa perspectiva, planteó que en su opinión lo mejor es dejar la norma tal como está, sólo agregando el tema de la negligencia inexcusable y que ello acarrea la nulidad de la planta respectiva.

Tomando la palabra, el Honorable Senador señor Guillier consideró que la redacción podría resultar confusa, en el sentido de que al utilizar la expresión negligencia inexcusable uno se podría preguntar si existe una negligencia que sea justificable.

Sobre el punto el Honorable Senador señor Espina señaló que dicha expresión denota una especie de agravante, o falta de buena fe, y denota una decisión casi maliciosa y luego el Asesor de la Subsecretaría señor Víctor Hugo Miranda indicó que última la propuesta formulada por el señor Presidente, antes transcrita, era, a su juicio, la adecuada para este caso.

Acto seguido, el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer señor Jorge Barrera también estuvo de acuerdo con dicha redacción y sugirió sólo modificar el inciso en el sentido que se refiera a “aquellos que han concurrido en su aprobación” en lugar de “que hayan participado de tal decisión”.

El Honorable Senador señor Zaldívar agregó que debe decir que se configura la causal de notable abandono de deberes que será resuelta por otra instancia.

Recogiendo las inquietudes formuladas, se sugirió una nueva redacción para el inciso cuarto del siguiente tenor:

“En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable se entenderá que se configura una causal de notable abandono de deberes tanto de parte del Alcalde o de él o los Concejales que hayan concurrido a su aprobación. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77. Ejecutoriada la resolución que declare el notable abandono de deberes, él o los concejales que no concurrieron a su aprobación podrán solicitar que se declare la nulidad de la planta, caso en el cual ella deberá fijarse nuevamente de acuerdo a las normas de esta ley.”.

Enseguida, el Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, enfatizó que la nulidad de la planta debería operar por el sólo ministerio de la ley sin necesidad de que exista una solicitud, toda vez que esta última puede ser discutida y cuestionada en el propio concejo de manera tal que podría resultar operando una planta desfinanciada, siendo necesario establecer la duración de la nueva planta en ese escenario.

Acto seguido, el Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Víctor Hugo Mora, señaló que era necesario establecer el período de duración de esa nueva planta, si sería por los ochos años o lo que falte para completar ese plazo desde que sea declarada la nulidad, porque pueden pasar algunos años desde que se declare la nulidad y es necesario saber los efectos en materia de remuneraciones, nombramientos u otros efectos relacionados.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que también era necesario conocer los efectos que se producen respecto de los actos que se hayan realizado con motivo de la nueva planta como consecuencia de la declaración de nulidad, como por ejemplo las remuneraciones o los actos propios del ejercicio de los cargos ejecutados con las nuevas relaciones jerárquicas que se declaran nulas, entre otros. Así, subrayó que es necesario conocer los efectos jurídicos más allá de la mera declaración de nulidad, y que en todo caso ellos deben estar reglamentados.

En este escenario, el Honorable Senador señor Guillier propuso que se estudie nuevamente el tema y se proponga una redacción que resuelva el problema, en tanto que el Honorable Senador señor Zaldívar manifestó no estar dispuesto a aprobar una norma que deje esta situación sin solución.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera, señaló que lo antes planteado le parecía tan atendible que incluso para los efectos de la solicitud de notable abandono de deberes debiese fijarse un plazo de preclusión o prescripción, principalmente para que una vez solicitado el abandono se suspenda la vigencia de la planta, es decir, que ella no entre en vigencia mientras esté pendiente la resolución sobre el notable abandono de deberes, pero que exista un plazo para ello, que podría ser por ejemplo el primer año presupuestario. En este sentido, señaló que ello contribuye a dar certeza jurídica a la planta y a los efectos que se señalaron previamente.

El Honorable Senador señor Zaldívar estuvo de acuerdo con las ideas expresadas anteriormente sobre todo en lo que dice relación con fijar un plazo, que no debiese ser excesivo, no más allá de 60 ó 90 días, en que se pueda reclamar que la planta no cumple con la norma de responsabilidad Fiscal, además de señalar quién resolverá si existe tal incumplimiento. Agregó que la planta no puede entrar en vigencia sino una vez que venza el plazo señalado, y que si es recurrida se debe suspender su aplicación hasta que sea resuelto aquello, y que sólo si no fue establecida con sujeción a la ley se deberá establecer una nueva planta.

Habiendo acuerdo en el seno de la Comisión respecto de los principios expresados por el Honorable Senador señor Zaldívar, el representante del Ejecutivo señaló que propondrían una nueva redacción en esa línea.

Al mismo tiempo, el Honorable Senador señor Espina indicó que además se debe consignar que el plazo de noventa días para reclamar comenzará a correr una vez que se cumpla con el trámite de toma de razón de la planta, configurándose la causal de notable abandono de deberes con los efectos anteriormente indicados.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que la precisión expresada por el Honorable Senador señor Espina era muy relevante, en el sentido que se debe decir expresamente que la planta rige una vez que transcurra el plazo que se indique.

Por su parte, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, indicó que la norma también debe relacionarse con el tema del encasillamiento toda vez que el plazo para realizarlo recién debiese comenzar a correr una vez vencido el lapso que se consigne en la norma, toda vez que respecto del encasillamiento no se toma razón sino que sólo se registra en la Contraloría.

El señor Presidente indicó que sometería a votación las ideas propuestas para que, de ser aprobadas, el Ejecutivo proponga las adecuaciones necesarias.

Sometidos a votación los criterios concordados durante la discusión, son aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Quinteros.

Sometidas a votación las indicaciones 13 A y 14, son rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Quinteros.

En sesión posterior el Ejecutivo, de acuerdo a lo solicitado, formuló indicación para sustituir el inciso cuarto del artículo 49 bis, por los siguientes:

“En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del Alcalde como del o los concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta, podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional, para solicitar el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la aprobación de la planta por parte del concejo municipal. Con todo, el Alcalde sólo podrá remitir a la Contraloría General de la República, el reglamento a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, sin que se haya interpuesto la acción a que dicho inciso establece o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado la acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del Tribunal Electoral Regional.”.

En primer término el Honorable Senador señor Zaldívar solicitó al Ejecutivo explicar el sentido de su propuesta y las modificaciones que propone.

Sobre la materia la asesora de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Rosa Ester Huerta, expresó que la propuesta del Ejecutivo atiende a la inquietud planteada en la Comisión durante la discusión del inciso cuarto del artículo 49 bis, en orden a que resultaba necesario establecer un plazo para entablar la acusación de notable abandono de deberes derivada de la aprobación de las plantas municipales con proyecciones de ingreso y gastos realizadas con negligencia inexcusable, como una forma de dar certeza a la creación o modificación de las plantas.

Con tal propósito, se propone que el plazo sea de 30 días corridos a contar de la aprobación de la planta por el concejo municipal, y que sólo vencido dicho plazo sin que se haya interpuesto la acción, o una vez rechazada, el alcalde podrá remitir el instrumento que las aprueba a la Contraloría General de la República.

El Honorable Senador señor Espina señaló que el plazo ha de ser referido a la solicitud para que se declare el notable abandono de deberes y no simplemente a que se declare el notable abandono de deberes como expresa la indicación. Por otra parte, agregó, se trata de dar certeza la planta y al mismo tiempo de permitir el ejercicio de tal acción cuando sea procedente, por lo que sugirió reemplazar los 30 días corridos propuestos, por treinta días hábiles.

Finalmente el Honorable Senador señor Zaldívar solicitó precisar que sólo transcurrido el plazo de 30 días hábiles el alcalde podrá remitir a la Contraloría al respectivo reglamento, pues resulta errónea la referencia al artículo anterior.

Enseguida el señor Presidente anuncia que someterá a votación la indicación reemplazando las expresiones “solicitar el notable abandono” por “solicitar que declare el notable abandono”, “30 días corridos” por “30 días hábiles”, “plazo señalado en el artículo anterior” por “plazo precedentemente señalado” y “dicho inciso establece” por “establece el inciso anterior”, respectivamente.

Sometida a votación la indicación del Ejecutivo, modificada en la forma antes señalada, es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Quinteros y Zaldívar.

Inciso quinto

El texto aprobado en general expresa literalmente:

“Asimismo, se configurará notable abandono de deberes por la no revisión y realización de los correspondientes ajustes en consideración a los informes trimestrales a que se refiere el literal d) del inciso primero del artículo 29 o la representación contemplada en el artículo 81, en caso que en dichos informes o representaciones se consideren déficits derivados de la fijación o modificaciones de plantas. En dichas situaciones se procederá según lo dispuesto en el inciso precedente.”.

Respecto de este inciso se presentaron dos indicaciones:

La indicación número 14A, del Honorable Senador señor Quinteros, que propone eliminarlo, y la indicación número 15, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, a continuación de la expresión “se consideren déficits”, la frase “, incluso aquellos”.

Puestas ambas indicaciones en debate, refiriéndose a este inciso el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, hizo presente que en la idea original se trata de establecer dos situaciones. Por un parte, una referida a la proyección de plantas con financiamiento equivocado o negligentemente inexcusable y, la otra, que dice relación con que en los informes trimestrales, que la unidad de control debe presentar al Concejo, se deberá considerar los ajustes no sólo a la planta sino que también a los informes presupuestarios, situación en que también habrá notable abandono de deberes, de modo que el inciso en estudio es también una norma de responsabilidad fiscal.

En relación con lo anterior, la Honorable Senadora señora Von Baer enfatizó que la norma en estudio se refiere a dos situaciones distintas, no necesariamente ambas vinculadas a las nuevas plantas municipales, sino que a cualquier déficit.

En primer término, expresó, se propone que se configure la causal de notable abandono de deberes cuando no se revisen los informes trimestrales a que se refiere la letra d) del inciso primero del artículo 29 [4], y que también sea causal de notable abandono el no realizar los ajustes correspondientes -supuestamente financieros-, que corresponderían de acuerdo a tales informes trimestrales. Además, a ello se agrega el considerar también como notable abandono el no atender a los déficit a que se refiere el artículo 81.

Señaló que la norma termina refiriéndose a cualquier déficit, pues de acuerdo a la indicación número 15 se aplica “incluso a aquellos” “derivados de la fijación o modificación de plantas”, es decir, a todos, por lo que solicitó que los representantes del Ejecutivo explicaran la disposición.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quinteros solicitó modificar la redacción del inciso quinto en los mismos términos en que se hizo con el inciso anterior, restringiendo y precisando la causal de notable abandono de deberes.

Enseguida el Honorable Senador señor Espina indicó que la norma parece establecer un nivel de sanción altísimo, ya que señalar que se considerará que existe notable abandono de deberes cuando frente a cualquier déficit que se le avise no se adopten las medidas necesarias para frenarlo parece muy bien en la teoría, pero en la práctica puede tener efectos no analizados.

El Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde señor Sergio Puyol, expresó que la norma propuesta le parece un cambio de enorme magnitud, una tremenda transformación del actual sistema, y agregó que en su opinión se aprovecha un proyecto de ley que dice relación con las plantas para legislar sobre los problemas derivados de los déficit municipales, tema complejo y ajeno a la materia.

Señaló que de aprobarse una norma semejante se crearía un nuevo escenario en que probablemente todos los alcaldes y concejales estarían incurriendo en esta causal. A mayor abundamiento, hizo presente que en materia de educación el alcalde debe elegir entre dejarla entregada a la corporación de educación o bien asumirlo directamente como un tema municipal para poder pagar sus gastos.

En el mismo orden de ideas, señaló que en este caso quedarían sometidos al criterio del director de control de modo que, a su juicio, esto parte de un error basado en el ejercicio fiscal propio del antiguo sistema, en que quien daba el certificado único de encuadre era la Tesorería Comunal, lo que a su juicio, era mucho mejor. Finalmente expresó que la propuesta le parecía exagerada e inaceptable en el marco de esta iniciativa.

-Sometida a votación, la indicación número 14A fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros. Por la misma votación, fue rechazada la indicación número 15.

Artículo 49 ter

El encabezado y la letra b) del artículo aprobado en general expresa:

“Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:”.

“b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior, sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, diez años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y, se encuentren calificados en lista N°1 de distinción, o lista N°2 buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, con aquellos que tengan más años de servicio en la respectiva municipalidad. En caso de empate, serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Alcalde.”.

Respecto de esta letra se presentaron tres indicaciones a su párrafo primero y una a su párrafo cuarto.

Letra b)

Párrafo segundo

Para este párrafo se presentaron la indicación número 16, del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirlo, la indicación número 17, del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la expresión “diez años” por “un lustro”, y la indicación número 17A, del Honorable Senador señor Quinteros, que propone reemplazar el guarismo “diez” por “cinco”.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó que estima exagerado el requisito de diez años de servicios continuos en la municipalidad para que un funcionario a contrata pueda ser el encasillado en la planta del personal, y que ello significa validar las situaciones de injusticia que se cometen en contra de los funcionarios municipales, lo que motiva su propuesta en orden a rebajar la antigüedad exigida a cinco años.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina consultó si era posible que en el servicio continuo que señala la norma se considerara el trabajo realizado en otras municipalidades, por ejemplo, por personal a contrata que no necesariamente tiene que haber prestado servicio en la misma municipalidad.

Sobre el particular, el Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes hizo presente que la idea era favorecer a la gente que tiene mayor cantidad de años de continuidad en los respectivos municipios.

-Sometida a votación la indicación número 17A, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Por la misma votación, fueron rechazadas las indicaciones números 16 y 17.

Párrafo cuarto

Para este párrafo se presentó la indicación número 17B, del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazarlo por el siguiente:

“En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de estos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el alcalde.”.

El Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que la indicación invertía los requisitos de la norma aprobada en general, pues estima de toda justicia que el efectuarse el encasillamiento de los funcionarios se considere primero la última calificación y después la antigüedad, pues el esfuerzo y la forma en que cumple sus funciones ha de ser el primer factor a considerar para que un funcionario a contrata sea incorporado en la planta.

Enseguida, el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Alcalde señor Sergio Puyol, destacó que esta indicación vuelve a la antigua ley en el sentido de considerar el mérito y luego la antigüedad, cuestión con la que se manifestó de acuerdo.

-Sometida a votación, la indicación número 17B fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Letra c)

El texto aprobado en general es el que sigue:

“c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52 y 53 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.”.

Respecto de esta letra se presentó la indicación número 18, del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirla por la siguiente:

“c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán por concurso interno, gozando de preferencia para su nombramiento, el personal de planta, contrata, honorario y códigos del trabajo, siempre que tengan una antigüedad laboral de al menos cinco años continuos o discontinuos. Los cargos que quedaran vacantes, después de haber realizado los ascensos y concurso interno señalados en el párrafo anterior, estos se proveerán de conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.”.

-Esta indicación fue retirada por su autor.

En sesión posterior, recogiendo las inquietudes surgidas en el seno de la Comisión a raíz del grado que correspondería a los alcaldes y tratando de contribuir a la solución de los problemas que pudiera generar el que sea el propio jefe comunal quién deba proponer su grado, los asesores de los Honorables señores Senadores miembros de la Comisión redactaron dos párrafos para el artículo, del siguiente tenor:

“Para los efectos de la fijación o modificación de las plantas de personal señalada en el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, la asignación del grado del Alcalde en la planta municipal respectiva, y en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7° de la ley N° 18.883, se regirá por una tipología municipal objetiva, la cual categorizará las municipalidades en base a su último ingreso anual total percibido y/o su número de habitantes, pudiendo adoptar autónomamente cada municipalidad, cualquiera de estos dos criterios.

Un reglamento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, visado por el Ministerio de Hacienda, y que deberá ser dictado con un plazo de seis meses de la entrada en vigencia de la presente ley, fijará la categorización referida sobre la base de los criterios descritos en el inciso precedente, la cual deberá se actualizada a lo menos dentro del año al que corresponda la fijación o modificación de la planta respectiva.”.

Sobre el particular el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, indicó que el texto busca acertadamente dar la oportunidad a que el grado de los Alcaldes, que comúnmente significan el mayor grado y por lo tanto establecen la prelación de grados hacia los otros estamentos, pueda ser modificado de acuerdo a los criterios señalados en la norma propuesta de acuerdo a una tipología objetiva, que surgirá del referido reglamento.

Dicho esto, indicó que de acuerdo a simulaciones realizadas utilizando datos del año 2014 la norma en principio significa que habrá una movilidad de los grados 6 a los grados 5 y 4, mayoritariamente. En este sentido, agregó que hay 203 Alcaldes con grado 6 y que con una u otra alternativa bajarán a 65, y que existen municipios cuyas condiciones han cambiado desde que se fijó la actual tabla, el año 2008, y en los que su condición financiera permitiría contar con los recursos necesarios.

Agregó que se han generado cinco tipologías de los municipios, que serán reglamentadas, que dicen relación con el grado del Alcalde (del 1 al 6) lo que permitirá cotejar su actual grado con aquel al que podrían acceder de acuerdo a los ingresos o población de la comuna.

Por último hizo presente que esta norma engloba movilidad, responsabilidad fiscal y aumentos de grado, de modo que el Ejecutivo hacía suya la propuesta.

-Sometida a votación la propuesta antes consignada, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Espina, Guillier y Zaldívar.

Posteriormente, el Ejecutivo formuló indicación para suprimir los dos párrafos antes transcritos, proponiendo establecer una norma sobre el grado de los alcaldes en el artículo 7° de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, disposición que modifica el número 2) del artículo 7° del proyecto aprobado en general, cuyo análisis se consigna en su oportunidad.

-Sometida a votación la supresión propuesta, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Quinteros y Zaldívar.

Artículo 49 quáter

La norma aprobada en general es la que sigue:

“Artículo 49 quáter.- Las facultades conferidas en los artículos 49 bis y 49 ter, podrán ejercerse cada diez años y sólo dentro de dicho año; siempre que se cumplan los requisitos y límites que esta ley establece.

En caso de corresponder hacer uso de las citadas facultades en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse sólo durante el año subsiguiente a éstas; correspondiendo nuevamente la facultad al cabo de diez años siguientes a aquel, a menos que se verifique la situación a que se refiere el presente inciso.

La nueva planta de personal entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.”.

Para el artículo propuesto se presentaron diez indicaciones.

La indicación número 18A, del Honorable Senador señor Quinteros, propone reemplazarlo por el siguiente:

“La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse cada cinco años, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse solo durante el año siguiente a estas.

La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de total tramitación del reglamento municipal que aprueba la planta respectiva y tendrá vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a dicha fecha.”.

Al comenzar el estudio de esta indicación el abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Malik Mograby, señaló que la postura de la entidad es que el plazo para modificar las plantas sea de cuatro años porque a partir de esta ley habrá nuevos planteamientos con respecto a la planificación del recurso humano que tendrán que ser propuestos por el Alcalde o el candidato a Alcalde, de modo que el plazo de cuatro años le parece un lapso suficiente entre cada adecuación de las plantas municipales.

Además manifestó que como no se ha presentado ninguna indicación con el plazo propuesto, apoyaba la idea de establecer el plazo de cinco años entre cada modificación de planta.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que se trata de evitar que sea un plazo muy breve que lleve a que el municipio esté constantemente revisando su planta, sin que exista un proceso de maduración y capacidad institucional para ir asumiendo estos cambios. Agregó que dos períodos de administración municipal son razonables para esta situación, y señaló que esto también tiene que ver con la fecha en que comience el proceso de nueva planta, pues es relevante que la adecuación de las plantas no coincida con un período de elecciones municipales.

Por su parte el Honorable Senador señor Quinteros subrayó que planteó el período de cinco años porque en su opinión no tiene sentido un plazo mayor si no existen facultades de supresión de cargos, pues el proyecto de ley en discusión sólo permite aumentar cargos o grados, para lo cual son suficientes los cinco años para determinar eventuales carencias o debilidades de la planta.

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo entender la propuesta realizada de poder adecuar las plantas en cada período alcaldicio, pero señaló que teniendo presente que ello razonablemente puede generar cierto grado de perturbación en el desempeño funcionario en definitiva es partidaria de establecer un mayor tiempo de duración de la planta. En cuanto al momento en que puede hacerse, señaló que comenzar el proceso antes de las elecciones tampoco resulta adecuado porque se puede transformar en un mecanismo de campaña, entre otros factores que a su juicio deben considerarse.

El Honorable Senador señor Quinteros agregó que respecto del año de elección, la ley soluciona esta situación en forma muy clara estableciendo que las facultades que crea se ejercerán el año subsiguiente al de una elección, y que su indicación propone que sea al año siguiente. Es decir, ninguna de las alternativas planteadas permite que la planta sea modificada en años de elecciones.

Sobre el mismo tema, el Honorable Senador señor Espina sugirió que considerar dos períodos completos es razonable, por lo que planteó acoger esta indicación y que siempre se haga al año siguiente si hay elección.

Dentro de este contexto, el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera explicó que la indicación en discusión trata de dos temas; por un parte se refiere al plazo y, por la otra, señala que en caso de corresponder a un año de elecciones dice que se haga al año siguiente (no subsiguiente).

Sobre el particular, el el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, recalcó que de la redacción propuesta se desprende que esto entraría en vigencia el año 2016.

Recogiendo los distintos planteamientos, el Honorable Senador señor Espina propuso que se haga cada ocho años y siempre al año siguiente al que se efectuó la elección, en este caso, tendría que ser el año 2017.

Sintetizando las propuestas, el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, indicó que en caso de realizarse la elección en octubre de 2016, asumen en diciembre las nuevas autoridades, y en el proyecto lo que se ha planteado con respecto al año es que exista un período de un año calendario para diseñar una planta que se someta al concejo, la que operará una vez aprobado el acto administrativo, el reglamento, que va a toma de razón.

Enseguida, dijo que considerando lo anterior hay que tener claro que el proceso toma casi todo el año período durante el cual tensiona a la municipalidad por dentro, porque cada funcionario tiene muchas expectativas, y que terminado el proceso, al año siguiente entra en vigencia la nueva planta. Considerando lo anterior, el año 2017 debiese ser el año de diseño y aprobación y enero de 2018 el de vigencia de la planta con sus nuevos grados y estructura.

A su turno, el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera, indicó que se trata de dos situaciones distintas, una el proceso para estudiar y aprobar la planta, y otra cosa distinta es que una vez que el acto administrativo quede totalmente tramitado el alcalde tiene noventa días para producir el encasillamiento, y estimó de gran importancia el que se fije plazo para que el alcalde realice el encasillamiento.

-Sometida a votación la indicación número 18A, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Inciso primero

Respecto de este inciso se presentaron seis indicaciones.

La Indicación número 19, del Honorable Senador señor Navarro, propone suprimirlo.

-Sometida a votación, la indicación número 19 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

La indicación número 20, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el vocablo “diez” por “ocho”.

En el seno de la Comisión se tuvo presente que ello permite que el ejercicio las facultades que entrega la ley nunca coincidan con un año de elecciones municipales, lo que ocurre cada cuatro años, lo que si ocurriría de aceptarse los demás plazos propuestos.

-Sometida a votación, la indicación número 20 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

La indicación número 21, del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la palabra “diez” por “cinco”.

-Sometida a votación la indicación número 21 fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Indicación número 21A, del Honorable Senador señor Guillier, es para reemplazar el vocablo “diez” por “cinco”.

-Sometida a votación, la indicación número 21A fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

La indicación número 22, del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimir la expresión “y sólo dentro de dicho año”.

-Sometida a votación, la indicación número 22 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

La indicación número 23, del Honorable Senador señor Ossandón, propone agregar la siguiente oración final: “Una vez ejercidas dichas facultades, no podrán ejercerse nuevamente por los siguientes diez años.”.

-Sometida a votación, la indicación número 23 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Inciso segundo

Respecto de este inciso se presentaron tres indicaciones.

La indicación número 24 del Honorable Senador señor Navarro, es para eliminarlo.

-Sometida a votación, la indicación número 24 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

La indicación número 24A, del Honorable Senador señor Guillier, y la indicación número 25, del Honorable Senador señor Navarro, proponen reemplazar la palabra “diez” por “cinco”.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 24A y 25 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Número 5)

Mediante este número el proyecto aprobado en general agrega la siguiente frase final al artículo 56 [5] de la ley orgánica de municipalidades:

“Además, deberá presentar para aprobación del Concejo la política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación; y, egreso.”.

La indicación número 25A, del Honorable Senador señor Horvath, es para modificar el inciso segundo nuevo del artículo 56º, agregando al final de la palabra “egreso” y después del punto aparte (.) que pasara a ser seguido, la siguiente oración: “Dicha política podrá incluir además diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral”.

El Honorable Senador señor Horvath señaló que esta materia ya le fue planteada al representante del Gobierno con anterioridad, y dice relación con que a nivel municipal, y desde luego los servicios públicos regionales, puedan hacer estos programas pilotos para buscar líneas que actualicen las normas, reglamentos y todo tipo de instrucciones con el objeto de generar un mejor servicio.

Agregó que esto no puede desarrollarse como una política central, sino que la idea es que los municipios creen programas piloto en conformidad a sus características propias.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer consultó si era correcto entender que la no presentación de la política de recursos humanos podría significar notable abandono de deberes, lo que fue respondido en forma afirmativa por el representante del Gobierno.

-Sometida a votación, la indicación número 25A fue aprobada con modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Número 6)

La norma aprobada en general agrega una nueva letra al artículo 67, para establecer que el estado de la aplicación de la política de recursos humanos debe ser incluido en la cuenta pública que debe rendir el alcalde.

Esta norma no fue objeto de indicaciones, pero el señor Presidente la sometió a consideración de la comisión.

-Sometida a votación, este número fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Quinteros.

Artículo 7°

Esta norma introduce diversas modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Número 1)

Mediante este numeral se modifica el artículo 2° de la ley antes señalada.

Letra a)

Esta letra propone modificar el inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 18.883, que expresa literalmente:

“Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al veinte por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal. Sin embargo, en las municipalidades con planta de menos de veinte cargos, podrán contratarse hasta cuatro personas.”.

La indicación número 26 del Honorable Senador señor Navarro, es para suprimirla.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó su rechazo a esta indicación por cuanto el actual 20% le resta flexibilidad a la planta, y además porque con el 40% será posible la contratación de los honorarios, sin posibilidad que su número crezca porque tienen un límite que obedece al presupuesto de cada municipio.

Agregó que no se debe perder de vista que uno de los objetivos del presente proyecto de ley es evitar los vicios que hasta ahora han existido en esta materia en los distintos municipios, de tal manera que se deben dar las condiciones para que las reivindicaciones de los funcionarios sean acogidas de una vez.

-Sometida a votación, la indicación número 26 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Letra b)

Mediante esta letra se propone agregar el siguiente inciso final al artículo 2° de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 40% (cuarenta por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gastos en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.

Al explicar esta norma el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que ella tiene que ver básicamente con la posibilidad de que el municipio incorpore dentro de su dotación a contrata a funcionarios que hoy permanecen a honorarios, con lo que en su opinión, se mejoran las condiciones laborales de muchos funcionarios que se encuentran en esa situación.

Sobre este punto en particular, el Honorable Senador señor Horvath inquirió mayor información con respecto a los porcentajes reales que actualmente existen en las diferentes condiciones en que puede prestar servicio el personal en los municipios.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, expresó que el promedio nacional actual es del 26% de gasto en personal a contrata respecto del gasto en personal de planta. Así, agregó, se propone reconocer que por distintas vías o programas de instituciones centrales o por la mayor complejidad en la actividad municipal, el municipio ha maximizado su gasto en contrata en el promedio indicado.

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo entender lo que se quiere con esta norma. Sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que puede aumentar la contrata y los honorarios queden igual, lo que la lleva a mantener dudas respecto de la conveniencia de la norma.

Sobre el particular, el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, expresó que los municipios desarrollan ciertas tareas de fiscalización que no pueden realizar los funcionarios a honorarios, pero si aquéllos que se encuentran a contrata porque tienen responsabilidad administrativa, lo que también podría verse resuelto con la ampliación que se propone.

A su turno, el Vicepresidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Juan Camilo Bustamante, señaló que en el escenario descrito existiría la posibilidad de que el personal a honorarios, situación que alcanza a 38.000 funcionarios, pueda incorporarse a la contrata, pero destacó que el proyecto de ley no lo señala así.

Indicó que en la mesa del sector público se trabajó el tema de los honorarios en el sector centralizado y se incorporó una determinada cantidad para ser solucionada este año, cumpliendo determinados requisitos tales como desarrollar funciones de carácter permanente en la municipalidad, contar con una determinada cantidad de años en el desarrollo de la actividad y cumplir una jornada de trabajo de 44 horas.

Considerando los requisitos señalados, solicitó que quienes cumplan con ellos sean a quienes se les permita el ingreso en las vacantes a contrata que se crearían.

Por su parte, el Director de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH) señor Marcelo Quezada hizo presente que la gran alza de honorarios no está contemplada en el costo que se está asumiendo y, por tanto, ello no estará considerado dentro del gasto del 42% que está proponiendo el Gobierno. Dado lo anterior, agregó que no se garantiza que ese grupo de trabajadores pase a la calidad de contrata.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, subrayó que en esta materia, existen una serie de personas contratadas de acuerdo al Código del Trabajo que no se ven reflejadas en las cifras, al igual que los honorarios que están en programas del nivel central, de modo que indicó que su estimación respecto del personal que se desempeña a honorario en los municipios es de un total de alrededor de 100.000 personas.

Considerando lo anterior, enfatizó que uno de los objetivos que persigue este proyecto de ley es transparentar estas situaciones, para lo cual se obliga a los municipios a informar a la Subsecretaría, la que a su vez tendrá que transparentar la información.

Agregó que efectivamente no es posible resolver el problema de todos los funcionarios municipales por una limitación de recursos, y también por criterios de eficiencia municipal en el servicio a la comunidad, por la calidad de las prestaciones que éste ofrece. Dicho esto, destacó que se busca que dentro de las facultades y autonomía municipal exista un mecanismo que permita resolver este problema, que calificó como un problema mayor.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que compartía lo expresado hasta ahora, pero que en su opinión esto podría subsanarse si se consigna que en el aumento al 40% de los ingresos se destinará al personal que esté a honorarios cumpliendo funciones permanentes.

El abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Malik Mograby, estimó necesario destacar la importancia de la propuesta del Ejecutivo, pues viene a beneficiar tanto a los propios municipios como a los trabajadores a honorarios, al permitirles entrar a las plantas en calidad de contrata con los mismos derechos que los demás funcionarios, y también con mayores responsabilidades.

El Honorable Senador señor Espina expresó su opinión en el sentido estimar necesario llegar a un consenso en esta materia considerando que existen dos tipos de trabajadores a honorarios. Por una parte están aquellos que verdaderamente son funcionarios a honorarios y que cumplen una función o trabajo puntual y, por otra están los que encontrándose a honorarios tienen vínculo de subordinación y dependencia.

Además sugirió que se proponga una nueva redacción recogiendo lo planteado por el Honorable Senador señor Quinteros en cuanto a que en el 40% tendrán cabida aquellas personas que tienen contratos a honorarios con labores de carácter permanente.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, indicó que la Constitución Política establece el principio de autonomía municipal y por tanto, entendiendo que en la misma Carta Fundamental se establece la continuidad de una carrera, se entiende que lo que no corresponde a ella, es decir, personal a contrata, es parte del espacio de flexibilidad que tienen los alcaldes dentro de la autonomía en la administración de sus finanzas.

Enseguida la Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su preocupación haciendo presente que producto de los que se está planteando, a futuro se estaría precarizando el empleo. Agregó que no le parece bien dar la señal de que está bien que los municipios tengan el 40% del personal a contrata.

El Director de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Marcelo Quezada, indicó que ellos siempre han estado por mantener el límite de 20%, toda vez que ya se está aumentando el gasto en personal y, por ende, también aumentará el gasto en personal a contrata. Agregó que el gasto en remuneraciones de los trabajadores de los programas comunitarios tiene un tratamiento distinto, y ellos están fuera de los efectos de la ley no obstante haber crecido exponencialmente desde el año 2009.

El Honorable Senador señor Espina insistió en que debe consignarse en la ley que dentro del tope del 40% deberá incluirse a aquellas personas que están cumpliendo labores permanentes, términos bajo los cuales manifestó su intención de votar favorablemente la norma.

Por su parte la Honorable Senadora señora Von Baer solicitó dejar constancia que se abstendría en esta votación pues prefería que este fuera un tema de debate en la Sala, lo que no sería posible si se produce una aprobación unánime.

-Sometida a votación la letra b), fue aprobada con las modificaciones señaladas, por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Espina, Horvath y Quinteros. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

- - -

Posteriormente, con motivo de algunas dudas surgidas respecto del porcentaje de funcionarios que pasarían a la planta con motivo de este proyecto de ley, el Honorable Senador señor Espina solicitó la reapertura del debate del artículo, lo que la Comisión acordó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

En primer término El Honorable Senador señor Pizarro hizo presente que la realidad en los municipios es que hay un mayor número de funcionarios a contrata y a honorarios que funcionarios de planta. En este sentido estimó que la indicación busca ir corrigiendo esa situación anómala que se da en la actualidad, lo que permitiría también dar mayor estabilidad a los funcionarios, por lo que se manifestó a favor del aumento del porcentaje del gasto de la planta que puede significar el personal a contrata.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer reiteró que aumentar el gasto que se puede hacer en personal a contrata no significa necesariamente que no aumente después el gasto del personal a honorarios. Luego, insistió en que, tal como lo señaló en la sesión anterior, se puede entender que se está precarizando el empleo en el municipio.

Enseguida el Honorable Senador señor Espina hizo presente que el Gobierno ha sostenido que esta norma permite transparentar una determinada situación. Luego señaló haber alcanzado la convicción que al hacer eso se está estableciendo una precarización porque entonces se transforma en una meta el tener al 40% del personal a contrata y a un 60% de personas en la planta.

En esta línea, dijo que se debiese exigir que el 80% sean personas de planta y sólo el 20% a contrata y si ello no se cumple entonces deben adecuarse las plantas, que es el propósito de la iniciativa.

Dado lo anterior, subrayó que el criterio para los municipios no debe ser que la mayoría no sea de planta y se mantenga el elevado porcentaje del personal a contrata, pues esta última vía es, en su opinión, no sólo una precarización del empleo sino que además pone al funcionario en una situación menoscabada frente a su jefatura en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, indicó que la norma tiene el objetivo que planteó el Gobierno, pero además, dice relación con el actual escenario jurídico que existe en materia de honorarios, fundamentalmente por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

En este sentido, hizo presente que en los municipios existen básicamente dos grandes categorías de honorarios que a su vez, tiene otras dos subcategorías; en primer término, señaló que están los honorarios a suma alzada que están considerados dentro del límite de gasto de personal y no pueden ser más del 10% del gasto en planta; luego dijo que por la vía de estos honorarios los municipios, al igual que la administración central del Estado han debido tener personas con carácter permanente para poder suplir necesidades normales y habituales del municipio. En este sentido, destacó que hay gente que lleva diez años en esa categoría.

Luego, dijo que están los honorarios a suma alzada propiamente tales que se encargan de labores muy específicas; los honorarios de los prestadores de servicios a la comunidad que es un grupo que no está considerado dentro del límite de gasto en personal y que la municipalidad contrata en forma temporal o bien se trata de personas que están con labores permanentes dentro de la estructura municipal.

Dicho esto, indicó que la Excma. Corte Suprema ha emitido varias sentencias en que ha reconocido plenitud de derechos laborales a este último grupo, lo que ha significado grandes sumas indemnizatorias. Dado lo anterior, aseguró que la idea de los municipios es terminar con esos honorarios permanentes, cualquiera sea su naturaleza, y limitarlos a las labores que efectivamente les corresponden.

Enseguida, enfatizó que subir la contrata del 20% al 40% en una ley que permite readecuar la plantas recién en el año 2018, la parecía que era dejar a los municipios en una posición tremendamente debilitada, en orden a que pueden ser demandados en cualquier momento por trabajadores que prestan servicios a honorarios. A mayor abundamiento, dijo que la posibilidad que tienen los municipios es pasar a dichos trabajadores contratados a honorarios con carácter permanente a contrata, de modo que subrayó que la Asociación que representa defiende el incremento del 20% al 40% porque le permite a las municipalidades resolver un problema, además de establecer un límite al gasto en personal.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que el proyecto que está en estudio trata de problemas que desde hace años los funcionarios han planteado con el objeto que se adopte alguna medida para ir normalizando la situación que se vive en los municipios.

Además, hizo presente que esta propia normativa faculta al Alcalde para fijar una planta, y si han pasado tantos años opinó que era necesario favorecer al funcionario que está por años como funcionario a honorarios, de manera que no es posible concebir que un Alcalde opte por volver a tener tantos funcionarios a honorarios sobrepasando los gastos que le corresponden.

Enseguida, reconoció que si bien el proyecto de ley puede ser mejor, es necesario ir avanzando en su tramitación y no abordar las situaciones puntuales pues le pareció que no corresponden a esta etapa de la discusión.

Acto seguido hizo uso de la palabra el Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, quien precisó que desde el punto de vista de los derechos laborales, compartía plenamente la argumentación señalada en el sentido que el proyecto de ley en estudio en nada asegura que los funcionarios a contrata vayan a pasar a la planta municipal, pues se trata de una facultad que va a tener el Alcalde respectivo, a diferencia de lo que ocurrió con ocasión de la ley N° 19.280 [6] en que automáticamente los trabajadores municipales que tenían 10 años de antigüedad en el municipio pasaban a la planta. Dicho esto, enfatizó que aumentar del 20% al 40% el porcentaje del gasto de la planta que pueden representar los cargos a contrata implica un mayor espacio para tener trabajadores a contrata.

Por otro lado, subrayó que el proyecto tampoco señala que los trabajadores a honorarios vayan a pasar a ser contrata en forma automática, siendo también una facultad del Alcalde de acuerdo a esta iniciativa.

Por último, destacó que este debate se dio en años anteriores y fue rechazado en su momento, porque una norma de esta naturaleza implica, a su juicio, aumentar la politización en las municipalidades en perjuicio de la tecnificación.

- Sometida a votación la letra a) del Artículo 7°, votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Pizarro y Quinteros, por la negativa el Honorable Senador señor Espina, y se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

- Repetida la votación, en conformidad al artículo 178 del Reglamento, por el voto de abstención que determina que quede sin resolverse esta norma, se registró el siguiente resultado: votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Pizarro y Quinteros, por la negativa los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

- Repetida la votación, en conformidad al artículo 182 del Reglamento, por el empate existente, se registró el mismo resultado, quedando rechazada de inmediato la norma a causa de la urgencia con que está calificado el proyecto.

Enseguida, el señor Presidente anunció que reabierto el debate sobre el artículo correspondía votar nuevamente la letra b) del artículo.

-Sometida a votación, la letra b) fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros.

- - -

La indicación número 27, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para reemplazar el guarismo “40%” por “42%”.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, indicó que la propuesta significa un aumento respecto de la normativa vigente que establece un tope de un 35% de los ingresos propios para el gasto máximo en personal, y en función de una materia que planteó en su oportunidad la Asociación Chilena de Municipalidades, es que se ingresó esta indicación que propone aumentar dicho porcentaje del 40% aprobado en general al 42% respecto de los ingresos propios del municipio que constituirá el gasto máximo en personal.

Luego, señaló que otro elemento a destacar es que el nuevo inciso que incorpora la letra b) define lo que se debe considerar para calcular el gasto en personal y precisa el concepto de ingresos propios percibidos. En el mismo sentido, subrayó que en esta norma no se están fijando montos de remuneraciones, sino que se está estableciendo el límite, es decir, hasta dónde puede gastar el municipio.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer requirió mayor información respecto de la norma que establece el tope al que se ha hecho alusión y además, preguntó por qué se incluyó esta materia en circunstancias que ella no fue parte del protocolo de acuerdo.

Sobre el particular el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, hizo presente que efectivamente esta materia no estaba considerada en el texto del protocolo: Sin embargo, señaló, para poder ejecutar los aumentos de asignación profesional y directiva y los incrementos de grado, era necesario ampliar el umbral de gasto en personal.

Considerando lo expuesto, la Honorable Senadora señora Von Baer indicó que el aumento de recursos debería pagarlo el Gobierno central y eso hace innecesario aumentar el porcentaje de gasto en personal del municipio.

Para mayor claridad, el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, recalcó que en la actualidad, muchos municipios están sobre el 35% de sus ingresos en gastos en personal y, por lo tanto, lo que se está haciendo es reconocer la realidad de tal manera que se trata de un tema de límite legal que no tiene nada que ver con el financiamiento, que efectivamente está comprometido por el Ejecutivo en este proyecto de ley.

Con respecto a la norma que establece el tope del 35%, el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, señaló que ello es materia de la ley N°18.294 [7] que posteriormente se propone derogar en el proyecto, pues lo que se busca es que el aumento al 42% se agregue en el Estatuto Administrativo, con el objeto que la información esté concentrada en un solo cuerpo legal.

Acto seguido, el Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, manifestó su apoyo a esta propuesta del Ejecutivo por cuanto actualmente muchos municipios no tienen posibilidad de aplicar la a ley tal cual como está dada y están sobreexcedidos en el gasto en personal, por lo que la norma sincera esta situación y permite llevar profesionales a los municipios pequeños, beneficiando casi al 70% de los municipios del país, que son rurales.

Luego, el Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Víctor Hugo Mora, hizo presente que no obstante mejorar lo actual, ello resulta absolutamente insuficiente y apoyó la idea de crear una categorización de municipios dado que, en su opinión, no es posible que con un 42% se pueda financiar este proyecto de ley y allegarse esos profesionales que se esperan en los municipios pequeños.

-Sometida a votación, la indicación número 27 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros.

La indicación número 27A del Honorable Senador señor Guillier, propone reemplazar el guarismo “40%” por “45%”.

-La indicación número 27A fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

Número 2)

Este numeral agrega un inciso segundo nuevo en el artículo 7° de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Su texto, aprobado en general, es el siguiente:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Respecto de este numeral se presentaron tres indicaciones.

La indicación número 28, del Honorable Senador señor Navarro, para eliminarlo.

-Sometida a votación, la indicación número 28 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros.

La indicación número 29, del Honorable Senador señor Navarro, propone reemplazar el inciso segundo propuesto por el siguiente:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Alcaldes del grado 1 al 6, Directivos del grado 3 al 10, Profesionales del grado 5 al 12, Jefaturas del grado 8 al 12, Técnicos del grado 9 al 15, Administrativos del grado 11 al 15, Auxiliares del grado 13 al 15.”.

-Sometida a votación, la indicación número 29 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros.

La indicación número 30 de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para reemplazar el guarismo “8” por “7”.

Sobre el particular, el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva señaló que uno de los elementos esenciales del proyecto de ley es que dispone que cada municipalidad podrá establecer su propia planta de funcionarios, pero dentro del contexto que le fija la normativa. En ese sentido, precisó que se establecen las posiciones relativas, es decir, cada una de las plantas puede tener un mínimo y un máximo dentro de lo grados para ubicar a los distintos funcionarios.

Enseguida, hizo presente que en relación a la ley vigente, para el caso de los auxiliares administrativos y técnicos, ellos parte en el grado 14,12 y 10 respectivamente, sobre lo cual se plantea reemplazarlos por los grados 13,11 y 9 con el objeto de que esas personas puedan acceder al beneficio de subir dos grados, tal como lo establece la iniciativa en estudio en sus disposiciones transitorias.

Adicionalmente, subrayó que esta modificación permitirá que el personal que actualmente está en dichas plantas o que vaya a ingresar en el futuro, pueda tener una dentro de esa planta, una carrera más larga.

Luego, recalcó que la indicación extiende un beneficio similar para el personal de la planta de jefatura que hoy en día está ubicado del 8 al 12 y plantea que sea del grado 7 al 12, con lo que se cumple el objetivo del proyecto.

Acto seguido, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, indicó estar de acuerdo con la norma propuesta, no obstante considerar complejo en el actual escenario los alcaldes se aumenten el grado cuando modifiquen las plantas, y que en el caso que ello no curra esa situación se traduce en un freno hacia abajo en la carrera de los funcionarios municipales, en algunos casos. Dado lo anterior, sugirió que se busque alguna fórmula distinta para definir los grados de la primera autoridad comunal.

El Honorable Senador señor Quinteros se manifestó de acuerdo con lo hasta aquí expresado, haciendo presente que la situación antes descrita -que el alcalde proponga un aumento de grado para su cargo- puede generar mucho rechazo, razón por lo cual planteó la posibilidad de buscar otra fórmula o nombrar una comisión para que resuelva esta situación.

Enseguida, el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, planteó que el proyecto en su génesis establece que ya no es ni el Ejecutivo ni el Congreso Nacional como colegisladores, quienes determinarán las plantas municipales, sino que se establecen ciertos límites con el objeto de que cada municipio en forma autónoma, defina su propia planta. En este sentido, destacó que dentro de ese mecanismo está el fijar el grado del cargo del alcalde, y que ello deberá ser resuelto por cada municipalidad.

Agregó que también se debe considerar que hay algunos cargos que están relacionados y dicen relación con el grado del Alcalde. Sin embargo, agregó, forzar o establecer que tal o cual municipio no podrá subir el grado de su alcalde obligaría a hacer una suerte de tipología que no está considerada, y que puede ser volátil porque la realidad comunal es dinámica y va cambiando.

La Honorable Senadora señora Von Baer planteó que esta norma planteará un problema a todos los alcaldes, que para favorecer la carrera de otros funcionarios y dotarlos de mejor grado aparecerán elevándose el propio, situación que puede ser inadecuada o resultar malinterpretada para la ciudadanía, según sea el caso, por lo que sugirió buscar una solución distinta, como el establecer regular en un artículo transitorio la situación para la primera planta que se cree de acuerdo a esta ley.

Los Honorables Senadores señores Horvath y Quinteros, indicaron que este tema no podía dejarse sin solución en esta misma ley pues se puede transformar en un problema sensible y delicado para todas las municipalidades, por lo que instaron a que se adopte una decisión y se busque en conjunto una fórmula para lograr dilucidar este problema, que afecta a todo el personal municipal en cuanto su carrera se extiende hasta el cargo inferior al del alcalde.

Por su parte el Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, subrayó el espíritu original del proyecto de ley que dice relación con recalcar la autonomía y profundizar la descentralización, expresando que en ocasiones parece no quedar del todo claro que esa sea la intención. Agregó que en este caso en particular buscar otra fórmula es, a su juicio, un retroceso pues la descentralización conlleva riesgos y posibles errores que deben ser asumidos por parte de la autoridad municipal.

En el mismo sentido, agregó que no se han definido criterios para determinar el grado que uno u otro alcalde debe tener, toda vez que las complejidades que se dan en los distintos municipios son de diferente nivel, de tal manera que planteó que sin importar el criterio que se emplee en esta materia, este siempre será subjetivo.

Luego, el Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, manifestó su apoyo a la postura de los Honorables señora y señores Senadores, porque representa el sentir de los Alcaldes en las diferentes comunas pequeñas.

En este contexto, agregó que el Ejecutivo hace ya tres o cuatro años atrás aumentó la renta de los Alcaldes y fijó el grado mínimo, de modo que no ve inconvenientes para que lo haga nuevamente. En el mismo sentido, estimó que debiesen aumentar en un grado los Escalafones de Jefaturas, Profesionales y Directivos, para lo cual propuso que el tope sea el grado 7.

A su turno, el Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Víctor Hugo Mora, destacó que existen 216 Alcaldes en el país que tienen grado 6 de un total de 345, lo que significa que en más de la mitad de las municipalidades hay un freno a la carrera de los funcionarios determinado por el grado de su alcalde.

La Honorable Senadora señora Von Baer anunció que se abstendría en la votación de esta indicación, con el propósito que la materia sea debatida en la Sala y que en ella se pueda recibir una nueva propuesta del Ejecutivo.

-Sometida a votación, la indicación número 30 fue aprobada por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

En sesión posterior, y como se indicó al tratar del artículo 39 ter que propone el número 4) del artículo 6° del proyecto aprobado en general, el Ejecutivo formuló indicación para agregar el siguiente inciso a este número:

“Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de Alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que en la redacción de los párrafos del artículo 39 ter, que la indicación reemplaza, expresamente se indicaba que los municipios podían optar por alguno de los criterios que la norma señala para fijar la categoría de los municipios, es decir, por los ingresos anuales percibidos o por el número de habitantes de la comuna, lo que estimó adecuado mantener.

Desde otro punto de vista, agregó, también le parece conveniente mantener el plazo para dictar el reglamento que jerarquizará a los municipios según los criterios que señala la ley.

Sobre la materia, el Honorable Senador señor Quinteros coincidió en mantener la posibilidad que los municipios opten por aplicar uno de los dos criterios de jerarquización que la norma indica, para lo cual propuso agregar que los municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentre según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna “, a su elección”.

En relación al plazo para dictar el reglamento a que se refiere el inciso, el Honorable Senador señor Zaldívar propuso agregar a la norma que el reglamento deberá dictarse en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigencia de la ley.

El señor Presidente anunció que sometería a votación la indicación, con las modificaciones propuestas.

Sometida a votación, la indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Número 3)

Mediante este numeral se agrega un inciso final, nuevo, en el artículo 8° de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, disposición que expresa que la carrera funcionara se iniciará con el ingreso a un cargo de planta y se extenderá hasta el cargo de jerarquía inmediatamente inferior al del alcalde.

La norma aprobada en general incorpora un inciso nuevo, con seis numerales, del siguiente tenor:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:

a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil o de constructor civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Jefaturas: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título de técnico nivel medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.

6) Plantas de Auxiliares: Licencia de educación media o su equivalente. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.”.

4) Agrégase en el inciso primero del artículo 25 a continuación del punto aparte(.) que pasa a ser punto seguido(.) la oración siguiente: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.”.

Número 1)

Letra a)

La letra a) señala que para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniería civil o de constructor civil, de instituciones de educación superior del Estado o reconocidas por éste.

La indicación número 31 de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para agregar después de las palabras “ingeniero civil” la expresión “, de ingeniero constructor civil,”.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Horvath estuvo de acuerdo con esta indicación haciendo presente que se trata de una carrera nueva. Sin embargo, indicó que la duda se presenta por el lado de que la ley contempla que en ciudades con determinado número de habitantes no puede ocupar el cargo un Constructor Civil.

Agregó que desde hace años se arrastra un problema en la Región de Aysén porque la persona cargo de la Dirección de Obras Municipales es Constructor Civil bajo cuya dependencia se encuentran Arquitectos, lo que trae una serie de inconvenientes que no permiten desarrollar un adecuado trabajo desde el punto de vista de la formación académica.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, expresó que el proyecto en estudio considera que actualmente los requisitos para cada una de las plantas de los municipios, en términos de formación, están considerados en la ley N° 19.280 [7]. Agregó que, como se ha señalado con anterioridad, para concentrar todo en el Estatuto Administrativo y facilitar el manejo de la información lo que se propone es trasladar la norma desde la ley antes citada e incorporarla en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales pero con dos modificaciones: la primera dice relación con agregar la carrera de Ingeniero Constructor Civil como requisito para ser Director o Directora de la Unidad de Obras Municipales, y la segunda dice relación con la planta de auxiliares, respecto de los cuales la ley vigente dispone que se debe tener licencia de educación básica o equivalente y ahora se propone elevar el requisito estableciendo la licencia de educación media, con la salvedad que por una disposición transitoria no se afecta a las personas que hoy están en esa planta, y que ingresaron con el requisito señalado de la licencia de ecuación básica.

Agregó que esta modificación se fundamenta en que la Constitución Política garantiza el establecimiento de un sistema de educación pública gratuito en enseñanza básica y media, y que además se homologa las plantas de auxiliares de los municipios con las del nivel central, en que si se exige la licencia de enseñanza media.

Por su parte, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades señor Marcelo Segura indicó que elevar el requisito a licencia de enseñanza media para la planta de auxiliares puede generar graves problemas en muchos municipios.

Precisando sus dichos, hizo presente que ello va a obligar a externalizar servicios, pues hay municipios que prestan directamente ciertos servicios como el de recolección de residuos domiciliarios en que su personal tiene enseñanza básica, al igual que las empresas privadas que prestan el mismo servicio pero que no se verían afectadas por las normas de esta ley, lo que constituye un ejemplo de los problemas de elevar ese requisito.

Luego, el Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, agregó que si bien compartían los argumentos expresados por el representante del Ejecutivo en cuanto a la necesidad de profesionalizar las plantas y las normas de protección que la ley contempla para los actuales trabajadores, al mismo tiempo consideró que no era fácil dilucidar los efectos inesperados que ella podría causar.

-Sometida a votación, la indicación número 31 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros.

Número 3)

La norma aprobada en general, en este numeral establece los requisitos de la planta de jefaturas.

La indicación número 31A del Honorable Senador señor Quinteros, propone reemplazarlo por el siguiente:

“Planta de jefaturas: Título profesional universitario o título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por este, o título técnico que cumpla los requisitos fijados para la planta de técnicos.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que las carreras universitarias no necesariamente duran cuatro años de modo que se genera un problema porque puede haber un muy buen profesional que no estudie los años mencionados, de modo que propuso eliminar la mención a los ocho semestres de las plantas de Directivos y Jefaturas. Esta postura encontró respaldo en el Honorable Senador señor Espina quien manifestó que estar de acuerdo con que se elimine la frase indicada.

Una opinión distinta manifestó el Honorable Senador señor Horvath quien destacó que la exigencia de los ocho semestres que equivalen a cuatro años es un piso razonable para el ejercicio de un cargo de jefatura.

El Honorable Senador señor Pizarro señaló que se trata de ir mejorando el nivel profesional y garantizando calidad en la formación de quienes están ejerciendo esas funciones, ya que ella es de enorme relevancia para la gestión del municipio y para la calidad de vida de los habitantes de la comuna, que espera que quienes estén trabajando en él hagan bien su trabajo y tengan el conocimiento adecuado para ello.

En la misma línea, el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, reiteró que se trata de elevar los requisitos para los cargos municipales. De hecho, subrayó, se establece que un porcentaje de los nuevos cargos que se creen en la plantas, adicionales a los que hoy día existen, sean cargos profesionales toda vez que los municipios reciben crecientes demandas que requieren de personal aún más calificado de las que ya existen, e insistió en que las mayores exigencias sólo afectarán a quienes se incorporen con posterioridad a la publicación de la ley, ya que al personal de la planta vigente no se ve afectado por las nuevas reglas.

- El Honorable Senador señor Quinteros, en su calidad de autor de la indicación número 31A, procedió a retirarla.

Número 6)

Este número establece los requisitos de la planta de auxiliares, determinado que se debe contar con licencia de educación media o su equivalente, y que el ingreso o promoción en cargos de chofer deberá estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda al vehículo cuya conducción se asigne.

Respecto de este numeral se presentó la indicación número 31B, del Honorable Senador señor Quinteros, para reemplazarlo por el siguiente:

“Planta de auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción”.

El Honorable Senador señor Quinteros expresó que su indicación atiende la situación de los municipios más pequeños, en el sentido de que el requisito que se está imponiendo no refleja la realidad de algunos lugares del país y del personal que es posible o requiere contratar, razón por la cual se manifestó en desacuerdo con la redacción original del proyecto de ley que no considera la diversidad de situaciones existentes.

El Honorable Senador señor Espina manifestó estar de acuerdo con la norma original del proyecto de ley que eleva los requisitos para la planta de auxiliares, señalando que es la propia Carta Fundamental la que considera obligatoria a la enseñanza media y obliga al Estado a establecer un sistema gratuito, estimando que no es propio que un proyecto de ley disponga lo contrario y rebaje esa exigencia, en especial si no será exigible a los actuales funcionarios.

Enseguida, el Honorable Senador señor Pizarro subrayó que existe demasiada gente que está actualmente en esta condición con independencia de que hace algunos años la Constitución garantice gratuidad en la educación media, y agregó que si bien las escuelas de adultos funcionan con el nuevo requisito muchas personas quedarían imposibilitadas de postular siquiera a esas funciones en los municipios.

El Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, manifestó su absoluto respaldo a la indicación en estudio al igual que el Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, y el Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Víctor Hugo Mora.

-Sometida a votación, la indicación número 31B fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros.

La indicación número 31C del Honorable Senador señor Quinteros es para agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo octavo:

“Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos”.

El Honorable Senador señor Quinteros, al fundamentar su indicación, expresó que así como establecer requisitos generales para las plantas puede llevar a no considerar las distintas realidades locales, también es posible que en algunas de ellas se requieran otros que no sea posible vislumbrar desde una mirada general.

-Sometida a votación, la indicación número 31C fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros.

o o o

Enseguida se analizó la indicación número 32, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar después del número 3) los siguientes, nuevos:

“…) Intercálase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.

…) Agrégase, en el artículo 16, el siguiente nuevo inciso tercero:

“No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, estos deberán incorporar los perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la Ley N° 20.742.”.”.

La primera parte de la indicación propone intercalar un inciso segundo en el artículo 15 de la ley N° 18.883, disposición que señala:

Artículo 15.- El ingreso a los cargos de planta en calidad de titular se hará por concurso público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a éste que no hubieren podido proveerse mediante ascensos.

Todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho a postular en igualdad de condiciones.”.

-Sometida a votación, la primera modificación propuesta por la indicación número 32 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro, Horvath y Quinteros.

Por su parte el artículo 16 de la ley N° 18.883, en que recae la segunda modificación que la indicación propone, expresa:

“Artículo 16.- El concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará para seleccionar el personal que se propondrá al alcalde, debiéndose evaluar los antecedentes que presenten los postulantes y las pruebas que hubieren rendido, si así se exigiere, de acuerdo a las características de los cargos que se van a proveer.

En cada concurso deberán considerarse a lo menos los siguientes factores: los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes específicas para el desempeño de la función. La municipalidad los determinará previamente y establecerá la forma en que ellos serán ponderados y el puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo.”.

Respecto de esta parte de la indicación, el Honorable Senador señor Quinteros manifestó su voluntad en orden a rechazarla por cuanto opinó que ella afecta la autonomía municipal al determinar que los requisitos de los cargos de las plantas municipales deberán adecuarse a los que determine la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Horvath señaló que si bien el establecimiento de requisitos para ingresar a cargos públicos es materia de ley la norma sólo se refiere a perfiles ocupacionales. Sin embargo, destacó que resultaba muy difícil hacerse cargo de todas las realidades territoriales y de las características propias de las distintas comunas, situación que en su opinión no se ve reflejada en la ley. Agregó que si bien al momento de llar a concurso pueden tenerse en consideración por el municipio los perfiles que elabore Subdere, ellos no pueden ser un factor gravitante al momento de resolver.

La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que la indicación en estudio resulta un poco extraña dentro del contexto de esta ley que trata de dar mayor autonomía a los municipios, pues precisamente apunta en un sentido opuesto, por lo que se manifestó en contra de su aprobación y a favor de potenciar la autonomía municipal.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, expresó que el ánimo del Ejecutivo en esta materia es poner a disposición de los municipios los perfiles que en la academia de capacitación municipal y regional se han ido desarrollando en conjunto con los propios municipios, cumpliendo el rol de asesoría que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Agregó que respecto de ello, la propia academia financia programas de capacitación que están orientados a nivelar y eliminar brechas entre la situación actual de los funcionarios municipales y el deber ser establecido en esos perfiles.

-Sometida a votación, la segunda modificación propuesta en la indicación número 32 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

o o o

La indicación número 33 del Honorable Senador señor Horvath, propone introducir un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“…) Agrégase en el artículo 20, a continuación de la voz “propuestas”, lo siguiente: “, con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16”.”.

El referido artículo 20 expresa:

“Artículo 20.- El alcalde seleccionará a una de las personas propuestas y notificará personalmente o por carta certificada al interesado, quien deberá manifestar su aceptación del cargo y acompañar, en original o en copia autentificada ante Notario, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso señalados en el artículo 11 dentro del plazo que se le indique. Si así no lo hiciere, la autoridad deberá nombrar a alguno de los otros postulantes propuestos.”.

El Honorable Senador señor Horvath expresó que para que el concurso lleve a elegir el mejor candidato posible es necesario que al menos se consideren los factores a que se refiere, que son los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación; la experiencia laboral, y las aptitudes específicas para el desempeño de la función.

-Sometida a votación, la indicación número 33 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

o o o

Número 4)

Mediante este numeral se agrega en el inciso primero del artículo 25 a continuación del punto aparte(.) que pasa a ser punto seguido(.) la oración siguiente: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.”.

El referido inciso primero es del tenor que sigue:

“Artículo 25.- Las municipalidades deberán considerar en sus programas de capacitación y perfeccionamiento el tipo y características de la comuna y su beneficio para la eficiencia en el cumplimiento de las funciones municipales.”.

En relación a este numeral se presentó la indicación número 34, del Honorable Senador señor Navarro, para intercalar, a continuación de la expresión “a lo menos,”, lo siguiente: “mecanismos de participación ciudadana de la ley 20.500, lenguas de los pueblos originarios que habitan en el territorio de Chile, lenguaje de señas universal, ley Zamudio,”.

Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su voluntad en orden a rechazar la indicación porque consideró muy amplio el rango propuesto y planteó que le parece más apropiada la norma vigente, que determina que la capacitación debe considerar las características de la comuna y el beneficio para el cumplimiento de sus funciones, lo que debe ser determinado por el propio municipio y no por una enumeración de capacitaciones que la ley suponga las prioritarias para toda comuna.

El Honorable Senador señor Quinteros también se manifestó en contra de la indicación pues destacó que no todas las comunas son iguales, y es precisamente que por esas particularidades es que en algunas las lenguas originarias están en los currículums de sus establecimientos educacionales y en otras no, porque o no es necesario o existe otra prioridad.

-Sometida a votación, la indicación número 34 fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

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La indicación número 35, del Honorable Senador señor Horvath, propone incorporar el siguiente numeral nuevo:

“…) Intercálase en el artículo 37, como inciso cuarto, el siguiente:

“Con todo, existirá un sistema de evaluación simple, a través de un registro diario, que será firmado mensualmente por el funcionario al final de cada mes. Dicho registro será considerado como un elemento de calificación a que alude el inciso anterior. Las anotaciones de demerito que se desee formular, serán recurribles por recurso de reposición y jerárquico en su caso.”.”.

El citado artículo 37 expresa:

“Artículo 37.- La Junta Calificadora adoptará sus resoluciones teniendo en consideración, necesariamente, la precalificación del funcionario hecha por su Jefe Directo, la que estará constituida por los conceptos, notas y antecedentes que éste deberá proporcionar por escrito. Entre los antecedentes, se considerarán las anotaciones de mérito o de demérito que se hayan efectuado dentro del período anual de calificaciones, en la hoja de vida que llevará la oficina encargada del personal para cada funcionario.

Los jefes serán responsables de las precalificaciones que efectúen. La forma en que lleven a cabo este proceso deberá considerarse para los efectos de su propia calificación.

Constituirán elementos básicos del sistema de calificaciones la hoja de vida y la hoja de calificación.

La infracción de una obligación o deber funcionario que se establezca en virtud de una investigación sumaria o sumario administrativo, sólo podrá ser considerada una vez en las calificaciones del funcionario.”.

El Honorable Senador señor Horvath señaló que esta indicación fue redactada en conjunto con los funcionarios municipales de la Región de Aysén, porque el tema de las calificaciones es un drama en todos los servicios públicos y municipales.

Señaló que era importante saber si en dicho proceso calificatorio participan los representantes de los funcionarios, y agregó que la idea de esta indicación es que exista un registro y se establezca una cierta trazabilidad del desempeño del funcionario.

Enseguida, el Honorable Senador señor Quinteros expresó que la calificación es un proceso anual dentro del cual se considera una precalificación, y que es un proceso reglado en que participan los tres funcionarios de mayor jerarquía, un funcionario elegido por el personal y un miembro de la Asociación de funcionarios, y que parece excesivo agregar un registro diario para tal propósito, no obstante que un sistema de ese tipo que pudiera ser optativo para cada municipio que lo estime conveniente.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, hizo presente que el Ejecutivo coincidía en relación a las dificultades que tiene el sistema de calificaciones municipal, que no se ha modificado ni revisado en las últimas dos décadas, y agregó que un nuevo proceso se está revisando en el Consejo Técnico Asesor Municipal para presentar un proyecto, en conjunto con todos los actores municipales, que modifique el sistema actual de calificación.

Además, expresó que efectivamente un registro diario abulta el tráfico de información haciendo aún más burocrático un sistema que de suyo, con este mecanismo, no va a mejorar en nada, sino que más bien va a acrecentar la mala evaluación que tiene el sistema de calificaciones.

El Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, hizo presente que en las municipalidades, aparte de la evaluación final que se hace en el transcurso anual, también existen las calificaciones trimestrales o cuatrimestrales que es considerado en la calificación anual.

- El Honorable Senador señor Horvath, en su calidad de autor de la indicación número 35, procedió a retirarla.

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La indicación número 36 del Honorable Senador señor Horvath, para consultar el siguiente numeral:

“…) Agrégase al artículo 63 el siguiente inciso final:

“Las actividades extraordinarias o impostergables, realizadas fuera del horario de trabajo o en días sábados, domingos o festivos, destinadas a dar cumplimiento a los Programas de Mejoramiento de Gestión, serán compensados con descanso complementario. Si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquéllos serán compensados con un recargo en las remuneraciones.”.”.

El Honorable Senador señor Horvath destacó que muchos municipios para poder cumplir las metas de los programas de mejoramiento de gestión, necesariamente tienen que hacer actividades los fines de semana, y que la intención de la indicación era poner el tema en discusión.

El Honorable Senador señor Quinteros estimó que no es necesaria una regulación especial cuando se cumplen funciones relacionadas con los programas antes señalados (PMG), ya que la regulación de las horas extraordinarias es de carácter general, para todos los trabajos extraordinarios.

Enseguida, el Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que efectivamente tal como se ha señalado, la norma general es que si se debe cumplir con algún programa un día domingo por un servicio a la comunidad el jefe de servicio puede autorizar esas horas extraordinarias, ya sea compensando las horas o remunerándolas, con los límites conocidos, y que no se trata que una meta de gestión sea trabajar fuera de la jornada o de días hábiles, sino que puede que cumplir algún servicio municipal haga necesario trabajar en esas condiciones.

Es por ello, señaló, que hasta donde se ha visto no se conoce que esos programas hagan necesario tener un régimen especial de horas extraordinarias, sino que más bien se considera que los programas de mejoramiento de gestión (PMG) deben realizarse en el régimen horario normal.

- El Honorable Senador señor Horvath, en su calidad de autor de la indicación número 36, procedió a retirarla.

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La indicación número 37, del Honorable Senador señor Navarro, es para incorporar un nuevo numeral, del tenor que se señala:

“…) Reemplázase en el inciso final del artículo 65 la expresión “y las demás asignaciones que determine la ley” por la siguiente: “y las asignaciones de antigüedad, la municipal y la profesional”.”.

El artículo 65 expresa:

“Artículo 65.- El descanso complementario destinado a compensar los trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada, serán igual al tiempo trabajado más un aumento de veinticinco por ciento.

En el evento que lo anterior no fuere posible, la asignación que corresponda se determinará recargando en un veinticinco por ciento el valor de la hora diaria de trabajo. Para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo ordinario será el cuociente que se obtenga de dividir por ciento noventa el sueldo y las demás asignaciones que determine la ley.”.

La indicación número 37 fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, por tratarse de materias de la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

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Artículo 8°

El texto de la norma aprobada en general es el que sigue:

“Artículo 8°.- Agrégase un inciso final nuevo al artículo 9° ter de la ley N° 19.803, que Establece Mejoramiento de la Gestión Municipal, del siguiente tenor:

“Para efectos de realizar la comparación del inciso primero, respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a la asignación profesional, también deberá sumarse, a las rentas señaladas en el numeral I del inciso cuarto, el valor que se pague por dicha asignación en el respectivo mes.”.

Respecto de este artículo se presentaron dos indicaciones, que fueron analizadas y debatidas conjuntamente.

La indicación número 38, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para intercalar en el inciso final propuesto, a continuación de la expresión “asignación profesional”, la locución “o la asignación Directivo-Jefatura”, y la indicación número 39, también de Su Excelencia la Presidenta de la República, propone reemplazar en el inciso final propuesto la expresión “dicha asignación” por “dichas asignaciones”.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, indicó que esta norma modifica un artículo que se incorporó en la ley N° 19.803 [8] en el año 2013 en que se homologó los PMG a nivel central y nivel municipal, y en la lógica de avanzar en un proceso de homologación que comenzó con anterioridad a esa fecha.

Señaló que como una forma de hacer explícito que la homologación no se tradujese en que el resultado final fuera que funcionarios del mundo municipal terminaran obteniendo una remuneración más alta que los del nivel central, se estableció esta norma. En este sentido, agregó que como en este proyecto de ley se crean la asignación profesional y la asignación Directivo-Jefatura entonces se entiende que para efectos de los meses en que se tiene que calcular el pago del PMG, se tienen que incorporar esas nuevas asignaciones que percibirán algunos funcionarios municipales, con el fin de mantener el criterio de la homologación en el total haberes.

Agregó que ello es producto de que los funcionarios del nivel central reciben asignaciones distintas a las del mundo municipal, de modo que sin estas normas de cotejo lo que se produciría es que la homologación, que es el fin que tiene la norma, se perdería.

El Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, solicitó que se rechace esta norma ya que el mecanismo que se está incorporando persigue pagar de acuerdo al nivel del sector público, en circunstancias que se trata de situaciones que no son comparables. En este sentido, hizo presente que esta forma de homologación les ha traído numerosos problemas que podrán ser resueltos en esta instancia.

A mayor abundamiento, indicó que por el dictamen número 76.102 de la Contraloría General de la República, se ha hecho comparación de escalas de sueldos que no corresponden a la realidad, incluso ha llegado a separar en el escalafón directivo, directivos con y sin título profesional, situación que no corresponde.

Agregó que la disparidad que existe no se resuelve con esta norma y que la metodología impuesta ha significado en la práctica, una expropiación de las remuneraciones de los funcionarios municipales.

Enseguida, el Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Víctor Hugo Mora, señaló que estaban en total desacuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora y que en caso que se quiera persistir en la comparación esta debe hacerse grado a grado con el total de las remuneraciones del sector público, independiente del nombre de los estipendios y las leyes que los asignan. En este sentido, destacó que efectivamente hay sectores que tienen una remuneración bastante mejor, de modo que las comparaciones no se condicen con el sector municipal.

El Honorable Senador señor Horvath, frente a los argumentos vertidos, solicitó un pronunciamiento del Ejecutivo a este respecto y una reapertura del debate del Artículo 2° que dicen relación con esta materia.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quinteros manifestó que en su oportunidad al debatir el Artículo 2° ya se había planteado que para profesionalizar la planta no se debían escatimar recursos, incluso, agregó, no está de acuerdo con que se homologuen los funcionarios municipales con el nivel central por cuanto existen asignaciones a nivel central que no tiene los municipales, por lo que también apoyó la reapertura del debate del Artículo 2°.

-Sometido a votación, el Artículo 8° fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Al fundamentar su voto, el Honorable Senador señor Espina señaló que considera un profundo error la forma en que se ha presentado este artículo, porque en su opinión no es posible que se tenga que nivelar hacia abajo, por lo que estima que la norma es un mal precedente.

Enseguida el Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que es necesario cumplir con el protocolo que fue aprobado en su oportunidad con el Gobierno y las Directivas de los funcionarios. Dicho esto, señaló que era necesario aclarar cómo se hace la comparación porque de lo contrario, esta discusión se mantendrá por mucho tiempo.

Además manifestó su preocupación en el sentido que algún aspecto de la ley genere cualquier tipo de duda desde el punto de vista constitucional, toda vez que no es posible a la Comisión aprobar un mayor gasto como podría ocurrir al eliminar la norma que limita el efecto de la homologación. Finalmente expresó que esperaba que más adelante se aclare esta materia.

Por su parte el Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que en el contexto de los 12.000 millones considerados para el aumento de las remuneraciones en este proyecto, no se consideraban las limitaciones para la homologación que el Ejecutivo ahora propone mediante estas indicaciones, de donde concluyó que los recursos debiesen ser suficientes para los propósitos e la ley y que no se está ampliando el gasto propuesto por el propio Ejecutivo.

El Asesor de la Subsecretaría señor Víctor Hugo Miranda señaló que la homologación no tiene que ver con el informe financiero de este proyecto de ley, sino que ella dice relación con mayores o menores gastos de las municipalidades. En ese sentido, agregó que la homologación no va en detrimento de las remuneraciones al momento de realizarla, y enfatizó que no es exacto decir que se pierden remuneraciones por parte de los funcionarios municipales.

Indicó que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que en las disposiciones transitorias de este proyecto de ley, así como también en la ley N° 20.723 [9] se contempla que en ningún caso la rebaja a la homologación puede afectar más allá de la asignación que se está legislando, ya sea PMG del año 2013 o la profesional o directiva en este año.

Enseguida, señaló que ciertamente dicha homologación afecta directamente las finanzas municipales y es de responsabilidad de cada municipalidad financiar los PMG, y el proyecto de ley lo hace respecto de los incrementos y las asignaciones, tal como lo indica el informe financiero.

-Sometidas a votación, las indicaciones números 38 y 39 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Con igual votación la Comisión acordó reabrir debate respecto del artículo 2° de la ley, como se consigna en la discusión de esa norma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero

No fue objeto de indicaciones ni modificaciones.

Artículo Segundo

El texto de la norma aprobada en general es el siguiente:

“Artículo Segundo.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que está en posesión a esta última fecha.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.”.

Respecto de esta norma se presentaron dos indicaciones, ambas recaídas en su inciso primero.

La indicación número 40, del Honorable Senador señor Ossandón, para reemplazar la locución “en el grado inmediatamente superior” por “en el segundo grado inmediatamente superior”.

La indicación número 41, del Honorable Senador señor Ossandón, para agregar la siguiente oración final: “Asimismo, los funcionarios de las plantas directivas, profesional y jefaturas serán encasillados en el grado inmediatamente superior al que estuvieren en posesión en aquella misma fecha.”.

-Las indicaciones números 40 y 41 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, por tratarse de materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

Artículo Tercero

La norma aprobada en general expresa:

“Artículo Tercero.- Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los Alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo reglamento.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo, no quedará afecto a la limitación establecida en el inciso tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que se incorpora a través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en los últimos 36 meses.”.

Respecto de esta disposición se presentó la indicación número 42, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir la palabra “reglamento” por “acto administrativo”.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva indicó que se trata de una modificación de orden jurídico, pues el proyecto de ley establece que por el solo ministerio de la ley algunos funcionarios suben un grado y otros hasta dos grados. En el mismo sentido, recordó que el mismo beneficio se otorga a las contratas y como esa situación es facultativa para los municipios, lo que hace el Fisco es financiar ese aumento.

Agregó que dado que las contratas se formalizan a través de un acto administrativo la indicación corrige la propuesta original del Gobierno, de modo que se propone que si un alcalde decide cambiar a una persona de grado, dicho incremento tendrá financiamiento fiscal y entrará a regir cuando se tramite totalmente el acto administrativo que dispuso esa contrata, lo que explica el cambio de la expresión final del inciso primero que se propone.

-Sometida a votación, la indicación número 42 fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Artículo Cuarto

No fue objeto de indicaciones ni modificaciones.

Artículo Quinto

No fue objeto de indicaciones ni modificaciones.

Artículo Sexto

El texto de la norma aprobada en general es el que sigue:

“Artículo Sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2015 de M$ 12.000.000 (doce mil millones de pesos), en el año 2016 de M$ 24.000.000 (veinticuatro mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; anualmente determinará los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución especificará los criterios de priorización utilizados en la distribución de los recursos.

Para estos efectos, dichas municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad que determine dicha Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación del presente artículo.

Para dichos efectos los Alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que contendrá un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado tanto respecto de los funcionarios de planta y contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto, deberán ser enviados a la citada Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año correspondiente.

Para la entrega de los aportes respectivos a los años posteriores, los oficios deberán ser enviados a más tardar el 28 de abril de cada año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y artículos primero, segundo, tercero y octavo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a la escala de penas establecidas en el artículo 236 del Código Penal.”.

Respecto de esta disposición se presentaron dos indicaciones, signadas con los números 43 y 44, que recaen en sus incisos segundo y séptimo, respectivamente.

Inciso segundo

La indicación número 43, del Honorable Senador señor Ossandón, propone reemplazar la oración “Dicha resolución especificará los criterios de priorización utilizados en la distribución de los recursos.”, por la siguiente: “Dicha resolución deberá sujetarse a criterios técnicos consistentes en, a lo menos, el número de la población, la proporcionalidad de programas que tiene la municipalidad, así como la simulación entre gasto en personal e inversión.”.

Antes de iniciar el estudio de la indicación la Honorable Senadora señora Von Baer solicitó votación separada de este inciso expresando que no le parece adecuado entregar al arbitrio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional la determinación de los montos que anualmente entregará a cada municipalidad, por lo que no está de acuerdo en aprobar la norma, al menos en la forma en que ha sido propuesta.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, dijo que este artículo precisa los aportes fiscales extraordinarios a los municipios, a los cuales se deben sumar los aumentos al fondo común municipal, destacando que existe una cantidad importante de recursos destinados estos efectos.

En relación al acto administrativo que tiene que dictar la Subdere anualmente para determinar los montos a cada municipio, señaló que del cuerpo del artículo en estudio se desprende cómo se desarrolla este mecanismo. En este sentido, hizo presente que los recursos que se requieran serán distintos dependiendo de la particular situación de cada municipalidad, dependiendo de los aumentos de grados del personal de planta o a contrata y considerando los años 2015, 2016 y 2017 entendiéndose que el aumento será respecto de los recursos del Fondo Común Municipal.

Agregó que con tal propósito se establece un plazo de noventa días para que las municipalidades comuniquen a la Subsecretaría la cuantía de los recursos requeridos para la aplicación de este artículo, lo que genera un mayor aporte fiscal que sólo puede destinarse a financiar el mayor gasto en personal que se derive de los aumentos de grado mencionados y de la aplicación de las normas de los artículos primero, segundo, tercero y octavo transitorios, más el decimocuarto que propone el ejecutivo mediante indicación.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que el artículo debe aprobarse para que las normas de la ley cuenten con financiamiento, aunque coincidió en que la norma podría haberse redactado en una forma más simple y fácil de comprender y explicar, haciendo presente que variar la norma sobre financiamiento, que puede modificar su sentido y alcance, excede de las facultades parlamentarias.

Enseguida señaló que aprobada la ley la Subsecretaría de Desarrollo Regional tendrá que distribuir de acuerdo con los requerimientos reales que tengan todas y cada una de las municipalidades, de acuerdo con las obligaciones que nazcan por este proyecto de ley, y que al hacerlo deberá indicar los criterios utilizados, como lo indica la norma, ya que las actuaciones de la autoridad naturalmente no admiten arbitrariedad.

Por su parte, el Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, en primer término manifestó su acuerdo con la norma, sin perjuicio de lo cual estimó que existía un problema más de fondo que dice relación con que hasta el año 2017 los recursos son asignado en función del mayor gasto en personal que tiene los municipios. Luego, a partir del 2018 pasarían esos $36.000 millones al Fondo Común Municipal, que es un mecanismo de distribución de dineros entre los municipios que no guarda ninguna relación con el verdadero gasto que ellos tienen en personal ni con los aumentos que genera esta ley.

Señaló que, a mayor abundamiento, quería recordar que una situación similar se había producido con la dictación de ley N° 20.198 [10] en que se produjo un problema de interpretación de la Contraloría General de la República, y se inyectaron fondos por la vía del Fondo Común Municipal para compensar el mayor gasto que habían tenido los municipios fruto de un dictamen, en que hubo municipios que gastaron muchísimo más de lo que después recibieron y viceversa.

Dado lo anterior, subrayó que lo más razonable y equitativo en términos de estar ajustados al verdadero gasto en personal que tienen los municipios como resultado de la presente ley, sería que este mecanismo siguiera vigente por más tiempo, por las características del Fondo Común Municipal, de modo que planteó que los recursos no formen parte de dicho fondo.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que el problema es que será la Subsecretaría quien finalmente va a decidir la forma de distribución de los recursos, lo que en su opinión, puede ser sumamente discrecional porque dependerá del criterio que utilice, por lo que consultó de qué forma se puede solucionar el problema planteado respecto del Fondo Común Municipal que antes se describió, y sugirió incorporar algún criterio en la propia ley que le de objetividad a esta norma.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que el Fondo Común Municipal hace una distribución de los ingresos municipales territoriales, lo que tiene directa relación con los gastos de personal de cada una de las municipalidades.

Recordó que la ley N° 19.280 [11] se hizo en función de los ingresos propios municipales, componente que incorpora el Fondo Común Municipal dentro de sus parámetros de distribución. En este sentido, agregó que dicho fondo tiene un 88% de correlación con respecto a los gastos de personal, no obstante, enfatizó que ha sido validado como el mejor distribuidor que hay en relación con las administraciones locales.

Expresó que el proyecto de ley incorpora al aporte fiscal del Fondo Común Municipal los señalados $36.000 millones en régimen, que permitirán financiar a la gran mayoría de los municipios que tiene menores ingresos. Así, señaló que lo anterior asegura que los temores de una distribución antojadiza o discriminatoria no son posibles de acuerdo a la ley.

En cuanto a la forma de distribución de los tres años de aporte fiscal directo, indicó que en el inciso cuarto se contempla un proceso que contempla un certificado de los jefes de unidades de administración y finanzas y de control, pues se deben enviar a la Subsecretaría los costos asociados a cada uno de los funcionarios (planta y contrata) de las municipalidades, de modo que la variación que pueda existir a ese respecto, estará muy acotado y de acuerdo a la información que envíen las propias municipalidades.

Agregó que el Gobierno está llevando adelante un proyecto de Ley de Rentas Municipales que busca incrementar los ingresos para poder afianzar el financiamiento de este proyecto, como también de otras iniciativas que puedan tener los señores Alcaldes y señoras Alcaldesas, por lo que subrayó que como uno de los elementos fundamentales que implica el financiamiento de este proyecto está considerado, sea por la via del Fondo Común Municipal o por la de nuevos ingresos de un futuro proyecto de ley de rentas municipales.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera, indicó que los principales problemas de la norma no sólo dicen relación con la forma que se puede establecer en la ley para la entrega de los recursos, sino que también con el dejar entregado a la resolución que dictará la Subsecretaría la determinación de los criterios con que se distribuirán los fondos.

Manifestó que de acuerdo a la norma los criterios de priorización para la entrega de recursos serán determinados en una resolución del Gobierno de turno, de modo que se deja entregado a la discrecionalidad administrativa de la autoridad que corresponda.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que los recursos están destinados a financiar los incrementos de grado que se consideraron en el protocolo de acuerdo suscrito en noviembre de 2014, destacando que ella financia las asignaciones de Directivo- Jefatura y Profesional.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su opinión en el asentido que en lugar de dejar entregada a una resolución que no se conoce el establecimiento de criterios de priorización, era más propio que dichos criterios sean establecidos en la ley, particularmente si se sabe para que serán utilizados hasta el año 2017 priorizándolos que sea entonces el Subsecretario de Desarrollo Regional.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que sin perjuicio que la resolución debe ir al trámite de toma de razón, ella también incluye los criterios porque para la asignación profesional se financia al 82% de las municipalidades, de modo que incluye el elemento de distribución, no así el incremento de grado que si se financia al 100%.

La Honorable Senadora señora Von Baer expresó que de la propia discusión de la norma resulta evidente que realmente existe un espacio para la discrecionalidad y no un criterio de distribución establecido en la ley, porque a cierta cantidad de municipios no recibirán recursos porque no alcanzan para todos, siendo finalmente la Subsecretaría la que decidirá quienes recibirán dichos recursos hasta el año 2017.

Luego, el Honorable Senador señor Quinteros consultó si era efectivo suponer que los $12.000 millones considerados en el proyecto de ley en estudio, eran suficientes para cubrir todos los mayores gastos que se van a generar a partir de su entrada en vigencia.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Espina hizo presente que se ha informado que los recursos sólo cubren el 82% del total del costo de las asignaciones profesionales contempladas en este proyecto, de manera que existe un 18% de los recursos que no están considerados y respecto de los cuales, tampoco se señala cuál será su fuente.

Considerando los argumentos antes expuestos, el Honorable Senador señor Quinteros propuso eliminar de la última parte de la norma la frase “los criterios de priorización utilizados en”, para que no sea el criterio de la autoridad sino que las normas legales las que determinen la forma de distribución.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que no obstante eliminar la frase antes consignada, en nada cambia el sentido de la norma, pues seguirá existiendo un porcentaje que no recibirá los recursos y será la Subsecretaría quien determinará los fondos que recibirá cada municipio.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, subrayó que en el marco del protocolo de acuerdo suscrito entre el Gobierno, los Alcaldes y funcionarios municipales, se elaboró una tabla después de haber concordado con el Ministerio de Hacienda un monto, pues este proyecto está sujeto a ciertos límites fiscales de gasto. En este sentido, hizo presente que en dicha tabla se consignan los tipos de gasto considerados, el aporte fiscal para cada uno de los gastos y el número de municipios que se financia.

En relación con los gastos, indicó que dos de ellos se financian al 100% y uno de ellos sólo al 83,3%, de modo que subrayó que lo que falta agregar en la discusión, es el listado de municipios sobre los que se construyó la tabla señalada.

La Honorable Senadora señora Von Baer remarcó que frente a ese escenario, si ya están definidos los municipios que se financiará, no debiese haber problemas para discutir los criterios que por consiguiente ya se definieron, de modo que no se necesita el espacio de discrecionalidad que establece la ley. En este orden de cosas, solicitó mayor explicación con respecto a los criterios utilizados para definir los municipios que serán favorecidos.

Enseguida el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, precisó que se trata de cálculos preliminares que se hacen en base a la información que la Subdere tiene disponible, de tal manera, que hizo presente que requieren siempre de un criterio de flexibilidad que permita ajustarlos en el momento que corresponda.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que es necesario discutir los criterios y que dentro de ellos habrá un espacio de flexibilidad, pero no la total discrecionalidad que actualmente considera la norma. Dicho esto, solicitó explicitar los criterios, según los cuales se definirá la lista de municipios beneficiados, con el objeto de consignarlos en la misma ley.

El Honorable Senador señor Espina señaló que una forma de resolver esta situación es redactando una modificación que considere los criterios para la distribución, y agregó que en su opinión ello no tiene problemas de constitucionalidad.

En sentido contrario se manifestó el Honorable Senador señor Zaldívar, quien expresó que todas las normas relacionadas con la administración financiera del Estado son propias de iniciativas legal exclusiva del Ejecutivo.

Sin perjuicio de ello, señaló que si el Ejecutivo está de acuerdo, puede explicitar los criterios en la ley y explicar los planteamientos en torno a cómo va a hacer la distribución de recursos, destacando que existen formas de hacerlo tal como ocurre con el Fondo Común Municipal, que tiene un sistema para fijar las cantidades que corresponden a cada municipalidad y, en este caso, planteó que podría ser en relación al porcentaje de ingresos destinados al gasto de personal de cada municipio, pero en proporción inversa.

El Honorable Senador señor Horvath compartió los anteriores criterios y señaló que, dado que los fondos van dirigidos al personal de los municipios, también es posible establecer criterios como el número de habitantes de la comuna que atienden, su vulnerabilidad, u otros factores de similar entidad.

En sesión posterior, el Ejecutivo propuso una redacción del siguiente tenor en reemplazo de la oración final del inciso segundo:

“Dicha resolución dispondrá primeramente el financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios. El remanente que resulte luego de financiar el mencionado incremento se destinará al pago del resto de las asignaciones y bonos otorgados en esta ley. Para determinar los montos correspondientes a cada municipalidad se ordenarán éstas de acuerdo al mayor gasto en personal que origine el pago de las aludidas nuevas asignaciones, distribuyendo los recursos disponibles desde menor a mayor gasto hasta su total distribución.”.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que las municipalidades enviarán el detalle de sus gastos productos de esta ley, los que dicen relación con los recursos adicionales para financiar este proyecto de ley. Agregó que la forma de distribución es que los recursos financian los incrementos de grados en su totalidad. En el caso de las asignaciones profesionales, de acuerdo a los informes que manden las municipalidades de los gastos que concurren en cada una de ellas los funcionarios se ordenarán de menor a mayor, de modo que en esa correlación se distribuirán los fondos remanentes, lo que corresponde al total del 82% de las municipalidades, según los cálculos respectivos.

El Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, hizo presente que, respecto de la asignación Profesional y la Directivo- Jefatura, desde su punto de vista no sería un buen mecanismo establecer que se van a financiar en función de las que gastan menos en personal profesional. Así, le pareció más razonable establecer criterios en función de los recursos que tienen los municipios y desde esa perspectiva, estimó preferible utilizar los criterios del Fondo Común Municipal para efectuar dicha distribución.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, señaló que la indicación propuesta establece que a los municipios con menor gasto por este proyecto de ley se les financiará el 100% de los gastos en los que incurren por asignación profesional o la Directivo- Jefatura, hasta copar toda la distribución disponible. Agregó que ello significa que los municipios de menor gasto van a tener un financiamiento, dentro del 82%, con seguridad, ya que la correlación entre gastos de personal e ingresos es muy directa, de modo que a menos ingresos, menos gastos en personal.

Luego dijo que si se aplica el Fondo Común Municipal que está hecho para una distribución de actualización de la base tributaria, no se aplica directamente a la distribución por gasto en personal, además que ello significaría desaprovechar la información cierta que van a enviar las municipalidades con respecto al gasto, de modo que la idea, insistió, es financiarles ese gasto hasta la disponibilidad presupuestaria.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera, estimó que la indicación propuesta por el Ejecutivo establece criterios para la priorización de los recursos que quedarían fijados en la propia ley, que era la inquietud formulada anteriormente en la Comisión.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que efectivamente lo que solicito son criterios determinados en la ley que y ellos aparecen consignados en la nueva propuesta. Sin embargo, advirtió que en las municipalidades de menores ingresos y las más pobres tienen menos capacidad de seguir produciendo recursos como para afrontar los gastos de su planta, a diferencia de lo que ocurre con las más grandes o de mayores ingresos que tienen más capacidad financiera.

Así, señaló que es necesario encontrar una fórmula para compatibilizar estas situaciones e insistió en que el mecanismo que le parece adecuado es el del Fondo Común Municipal, que hasta ahora, ha funcionado muy bien.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, insistió en que lo que se está haciendo es financiar las asignaciones para el actual personal, no una nueva planta o una expansión de la misma, ni tampoco los recursos son para que los municipios incluyan nuevas asignaciones para nuevos funcionarios. En este sentido, precisó que la municipalidad informará sobre los profesionales, directivos y jefaturas que tiene vigentes, y en función de esa información serán financiados, en la forma descrita.

Agregó que el financiamiento de las plantas va por otra línea y tiene una disponibilidad presupuestaria distinta, que faculta a los municipios para poder ampliarlas o modificarlas, lo que es distinto que los beneficios que considera el proyecto que son los incrementos de grado y las asignaciones, que es la información que se recibirá y que permitirá financiar desde los municipios con menos gastos a los de más gastos en personal.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que en su opinión cuando se realicen las propuestas de financiamiento de la Ley Municipal a que se ha hecho referencia los incrementos de recursos deben hacerse utilizando el criterio del mencionado Fondo Común Municipal.

El Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, hizo presente que con anterioridad en la discusión se planteó que debía existir claridad con respecto a los criterios de distribución de recursos, cosa que en su opinión, no ocurre en la propuesta del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Espina enfatizó que el criterio que se está estableciendo es más bien de austeridad, debiendo existir un orden relativo al mayor gasto en personal que origine el pago de la asignación antes señalada, pero priorizando a aquellos municipios que gasten menos, cuyos incrementos de costos derivados de esta ley podrán ser cubiertas en su totalidad,

Cerrado el debate, el señor Presidente anuncia que someterá a votación el reemplazo de la oración final del inciso segundo por el texto propuesto por el Ejecutivo en en virtud del Artículo 121 del Reglamento del Senado.

En votación la propuesta del Ejecutivo es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Espina, Guillier y Zaldívar.

En sesión posterior el Ejecutivo formuló indicación para modificar la propuesta previamente aprobada, reemplazando sus expresiones “pago del resto de las asignaciones” por “pago de las otras asignaciones”, y “aludidas nuevas asignaciones” por “aludidas asignaciones”, respectivamente.

Sometida a votación la indicación fue es aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

- - -

Enseguida la Comisión analizó la indicación número 43, del Honorable Senador señor Ossandón, que propone reemplazar la oración “Dicha resolución especificará los criterios de priorización utilizados en la distribución de los recursos.”, por la siguiente: “Dicha resolución deberá sujetarse a criterios técnicos consistentes en, a lo menos, el número de la población, la proporcionalidad de programas que tiene la municipalidad, así como la simulación entre gasto en personal e inversión.”.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Zaldívar expresó que la indicación discurre sobre el mismo problema ya latamente discutido en el sentido de establecer criterios de distribución en la propia ley, materia que fue resuelta con la aprobación de la modificación propuesta por el Ejecutivo, ya que la materia es propia de la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, por lo que, sin perjuicio del contenido, la indicación en estudio es inadmisible.

-Sometida a votación, la indicación número 43 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

La indicación número 44, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para reemplazar la conjunción “y” que sigue a la palabra “tercero” por una coma (,), y para intercalar a continuación de la palabra “octavo” la expresión “y décimo cuarto”.

- Puesta en votación la indicación número 44, fue aprobada, con modificaciones formales derivadas del cambio de numeración de las normas transitorias, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Honorables Senadores señores Guillier, Espina y Zaldívar.

Artículo Séptimo

La norma aprobada en general expresa:

“Artículo Séptimo.- El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° de la presente ley ascenderá a un 17% (diecisiete por ciento)de su monto total desde el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de ese año; a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero del año siguiente a dicha publicación; y a un 100% de ella a contar del 1 de enero del año subsiguiente a la referida publicación.”.

Respecto de este artículo se presentó la indicación número 45, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar a continuación de la palabra “ley”, la primera vez que aparece, la expresión “y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo Décimo Cuarto Transitorio”.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, explicó que en este artículo se establece la gradualidad en el pago de la asignación profesional y que el mismo principio considera la indicación en estudio respecto de la asignación Directivo-Jefatura.

La Honorable Senadora señora Von Baer subrayó que de conformidad al acuerdo al que se llegó en su momento, este beneficio debía comenzar en enero de 2015 y que ahora se considera que empiece el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley, de modo que hizo presente que para dar cumplimiento al protocolo de acuerdo debiera considerarse la retroactividad de la norma.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva dijo que la indicación sólo se está planteando la gradualidad de la asignación profesional y de la asignación Directivo-Jefatura, sin modificar la fecha de los beneficios de la ley.

-Sometido a votación, el artículo séptimo transitorio fue aprobado por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Espina y Quinteros. Votó por su rechazo la Honorable Senadora señora Von Baer.

-Sometida a votación la indicación número 45, fue aprobada por mayoría de votos. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Espina y Quinteros. Votó por su rechazo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Artículo Octavo

La norma aprobada en general expresa:

“Artículo Octavo.- Concédese, por una sola vez, a los funcionarios municipales que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto ascenderá a:

a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° de esta ley en el mes siguiente al de su publicación, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en dicho mes.

b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se les aplique la letra a) del artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda al mes subsiguiente de la fecha de publicación de la presente ley y el total de haberes brutos del mes anterior a dicha publicación. Para efectos del presente literal, no se considerará la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Este bono se pagará en una sola cuota, en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley, sólo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.”.

Al comenzar el estudio particular de esta norma la Honorable Senador señora Von Baer manifestó que este artículo dice relación con el anterior en el sentido que al celebrar el protocolo de acuerdo lo que se había pactado era la retroactividad de las asignaciones, y que ahora se considera una gradualidad distinta para todos los bonos.

El Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, hizo presente que en su opinión este artículo representa un acto de gran injusticia social porque se ha debatido el artículo anterior respecto del financiamiento para los municipios, donde se establece que el año 2015 existirán $12.000 millones y así sucesivamente, y la injusticia se produce porque se le paga al escalafón y a los grados del 15 al 20, durante cuatro meses el 100% y lo mismo ocurre con los grados a que se les reconoce la asignación profesional o Directivo-Jefatura, dejando al margen el efecto retroactivo del grado 10 al 14 que es el rango en que está la mayor parte de los funcionarios con las menores rentas.

Dicho esto, enfatizó que al momento de trabajar este protocolo con la Subsecretaria de Desarrollo Regional siempre se consideró que los pagos se harían con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2015, agregando que los recursos están disponibles pues se consideró en el proyecto el financiamiento para el presente año.

De acuerdo a lo expresado la Honorable Senadora señora Von Baer consultó por qué no se paga desde enero de 2015 si están considerados los recursos para ello, lo que además se acordó con los funcionarios. Agregó que se suponía que este pago era retroactivo desde la fecha señalada, en circunstancias que el proyecto lo que hace es entregar sólo un bono por cuatro meses, y adicionalmente destacó que dentro del supuesto que propone el proyecto de ley hay funcionarios que no recibirán beneficio alguno por su aprobación.

En tales circunstancias, señaló, le era necesario consultar al Ejecutivo por qué no se cumple con la retroactividad desde el 1 de enero de 2015 y por qué dentro del bono de los cuatro meses hay funcionarios que no están considerados.

Enseguida, el Honorable Senador señor Quinteros señaló que siempre se ha dicho que existe un protocolo de acuerdo firmado, por lo que solicitó que se tenga a la vista para continuar la discusión y evitar errores en la toma de decisiones.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que el tema se lo ha hecho presente al Ejecutivo pues considera que existe un incumplimiento del protocolo señalado, pues entiende que efectivamente establecía aun mecanismo de retroactividad desde el 1 de Enero del presente año.

Agregó que se ha planteado esta solución por parte del Gobierno considerando las actuales restricciones financieras, pero enfatizó que si bien no hay facultades para modificar el proyecto en esta parte, y que lo aprobaría, el acuerdo alcanzado era distinto y consideraba la retroactividad. En el mismo sentido, inquirió mayor información con respecto a los motivos que dejan fuera a algunos funcionarios del pago de los bonos que contempla el proyecto de ley.

El Asesor de la Subsecretaría, señor Víctor Hugo Miranda, indicó que el protocolo firmado por las tres partes no establece fechas ni retroactividad alguna, y que sólo dentro de sus acápites se incorpora un elemento de gradualidad entre los años 2015 a 2020, de tal manera que el proyecto lo que hace es segmentar el aumento de grados entre el 10 y el 20 considerando exactamente los criterios consignados en el protocolo. y que ya se han explicado con anterioridad.

Señaló que en su opinión no había otra forma de entender el protocolo alcanzado y enfatizó que en el mencionado acuerdo no se consideró la retroactividad ni tampoco que lo devengado es a partir de la fecha que se ha señalado, por lo que no es posible considerarla en la ley.

El Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, manifestó que le causan molestia y sorpresa los dichos del Ejecutivo por cuanto en el acuerdo material se acordó considerar los grandes temas, pero siempre en el entendido que existía acuerdo respecto de la retroactividad, y señaló que le costaba entender que se estuviese desconociendo el trabajo y los acuerdos alcanzados en el proceso de elaboración del protocolo respectivo.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, reconoció que es un tema complejo y que no podía afirmar que lo señalado por el señor Yáñez no sea efectivo.

Agregó que el Ministerio de Hacienda ha autorizado para responder estrictamente al protocolo firmado, que no considera todas las aspiraciones de los funcionarios municipales.

El Honorable Senador señor Zaldívar precisó que en su momento se habló efectivamente de retroactividad pero no se hizo más porque se estimó que este proyecto de ley sería despachado con mucha celeridad y, por tanto, no se fijó la fecha con ese detalle en el protocolo. No obstante, manifestó su intención de aprobar la norma pues dadas las actuales restricciones presupuestarias manifestadas por el Ministro de Hacienda, el proyecto propone lo que efectivamente hoy se puede financiar.

Adicionalmente indicó que de haberse tramitado con la debida celeridad este proyecto de ley, el tema de la retroactividad no tendría tanta relevancia y que ese fue precisamente el espíritu con que se logró el protocolo.

El Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Víctor Hugo Mora, señaló que efectivamente existía la idea de que este proyecto de ley estaría totalmente tramitado al mes de abril del presente año, y que en ese entendido el proyecto considera cuatro meses por cuanto los fondos debiesen estar disponibles para este año.

Agregó que en la retroactividad, también se perjudica a los funcionarios municipales porque se está excluyendo a una parte importante del total bruto de las remuneraciones, como es la asignación de incentivo por el PMG que también está incorporada y que debiese eliminarse porque ello no da cuenta que se pague el retroactivo sobre el total bruto de las remuneraciones de carácter imponible.

El Honorable Senador señor Espina precisó que el proyecto de ley en estudio ingresó a esta Comisión el 19 de mayo del presente año, además hizo presente que los argumentos entregados por el Ejecutivo no tienen asidero ya que los recursos están considerados para el presente año.

Agregó que tampoco comparte los dichos del Subsecretario, pues los documentos o protocolos se celebran y elaboran con la buena fe de las partes, tal como lo ratifica su declaración cuando señala que no puede negar que el tema de la retroactividad se haya acordado.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que los recursos asignados para este año, independientemente que se fueran a utilizar en el mes de abril, tienen que estar disponibles al día de hoy, por lo que requirió el acuerdo de la Comisión para solicitar que el beneficio sea retroactivo.

Finalmente el Honorable Senador señor Horvath hizo presente que el protocolo de acuerdo fue firmado el 14 de Noviembre de 2014 y que la ley considera $12.000 millones para el presente año, de modo que le pareció lógico que se aplique la ley con esos fondos y no que quede un remanente para el próximo año.

El señor Presidente anunció que de acuerdo a lo solicitado sometería a votación el artículo aprobado en general.

-Sometido a votación, el artículo octavo transitorio fue aprobado por mayoría de votos. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Horvath, Quinteros y Zaldívar. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Al fundamentar su voto la Honorable Senadora Señora Von Baer indicó que los recursos para el financiamiento de los beneficios están disponibles desde el momento en que se presentó la iniciativa a tramitación, y que debe recogerse la obligación de realizar los pagos en forma retroactiva, razón por la cual hizo presente que esta norma debe discutirse más latamente en la Sala del Senado a fin de precisar el sentido del referido protocolo.

Por su parte el Honorable Senador señor Espina hizo presente que su voto en contra es una protesta frente al incumplimiento del protocolo de acuerdo, y señaló que para los funcionarios públicos resulta muy difícil llegar a acuerdos si posteriormente su resultado no traduce fielmente lo que se conversó y resolvió.

Finalmente el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, manifestó que desde el punto de vista del Gobierno el protocolo se ha cumplido, y que lo que se ha producido es producto de interpretaciones y consideraciones realizadas sobre borradores anteriores del documento definitivamente firmado.

Enseguida la Comisión pasó a considerar las seis indicaciones presentadas respecto del artículo.

Letra a)

El texto aprobado en general, ya antes transcrito, es el que sigue:

“a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° de esta ley en el mes siguiente al de su publicación, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en dicho mes.”.

La indicación número 46, de Su Excelencia la Presidenta de la República, propone agregar a continuación del guarismo “1°” la expresión “o la asignación de Directivo-Jefatura del artículo Décimo Cuarto Transitorio”.

- Sometida a votación la indicación número 46, se produce el siguiente resultado: Votan por su aprobación los Honorables Senadores señores Quinteros y Zaldivar, y se abstienen los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

El señor Presidente hace presente que en virtud del artículo 178 del Reglamento de la Corporación corresponde repetir de inmediato la votación, y que de persistir las abstenciones o votos distintos a los que se piden ellos serán considerados como favorables a la posición que haya obtenido mayor número de votos.

-Repetida la votación se produce el mismo resultado y con idéntica votación, resultando aprobada la indicación por cuatro votos a favor.

Letra b)

Respecto de esta norma se presentó la indicación número 46A, del Honorable Senador señor Quinteros, para agregar a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

“Respecto de los funcionarios a quienes se les aplique la letra b) del artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia existente entre el grado de que es titular y el inmediatamente superior dentro del respectivo escalafón, en el mes subsiguiente al de la fecha de publicación de esta ley.”

-La indicación número 46A fue declarada inadmisible por el señor Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, por recaer en materias propias de la iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

Artículo Noveno

El texto de la norma aprobada en general es el que sigue:

“Artículo Noveno.- Las facultades concedidas en los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N°18.695, introducidos por el artículo 6° de la presente ley, podrán ejercerse por primera vez dentro del año 2018.

La modificación establecida por el número 2 del artículo 6° de la presente ley, entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3 del artículo 7° de la presente ley, no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalado.”.

Respecto de este artículo se presentaron cuatro indicaciones:

La indicación número 47 del Honorable Senador señor Navarro, es para eliminarlo, y las indicaciones números 48, 48 A y 48 B, de los Honorables Senadores señores Navarro, Guillier y Quinteros, respectivamente que proponen sustituir el guarismo “2018” por “2017”.

En relación a la indicación 47, se manifestó que la norma establece un proceso gradual para la aplicación de las normas de la ley, y que su supresión tiene impacto financiero pues su supresión adelanta sus efectos a la fecha de publicación de la ley.

-Las indicaciones números 47, 48, 48A y 48B, fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina, por tratarse de materias de iniciativa legal exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65, inciso cuarto, de la Carta Fundamental.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión inquirió mayor información respecto de las razones por la cuales se redactó la norma en los términos antes consignados.

El Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes señaló que este fue un tema muy discutido y que siempre se tuvo en consideración al momento de redactar la norma que, tal como se acordó, no se crearán las nuevas plantas en años de elecciones municipales, lo que explica la redacción propuesta.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, agregó que también se había considerado un aspecto práctico ya que por el solo ministerio de la ley algunos funcionarios suben un grado en el año 2015 y otros el año 2016 y 2017, y en algunos casos ello obliga a que algunos municipios creen cargos en sus plantas, ya que no todos tienen los cargos que permitan el ascenso de grados considerado en el presente proyecto.

La Honorable Senadora señora Von Baer estuvo de acuerdo en que no es conveniente realizar el cambio de planta en año electoral, y al mismo tiempo destacó que para evitarlo en su momento se propuso realizarlo cada ocho años, lo que evitará que se produzca tal coincidencia en el futuro.

Artículo Décimo

No fue objeto de indicaciones no de modificaciones.

Artículo Décimo Primero

La norma aprobada en general literalmente expresa:

“Artículo Décimo Primero.- Condónanse las cantidades que en exceso hayan recibido y no hayan sido restituidas por los funcionarios o ex funcionarios a que se refiere el artículo 4° de la presente ley, en virtud del pago del incremento previsional contemplado en el artículo 2° del decreto ley N° 3.501 de 1980, en el período que media entre el 1 de marzo de 1981 y el 30 de abril de 2015.

Declárase que la condonación dispuesta en el inciso anterior bastará para regularizar la situación de los funcionarios o ex funcionarios ante las respectivas municipalidades, no pudiendo estas corporaciones exigir devolución alguna de parte de ellos por dicho concepto.

Asimismo, deberá procederse a poner término a todos los procesos administrativos o judiciales, cualquiera sea la etapa en que se encuentran, que tengan su origen en una interpretación diversa de la establecida en el artículo 4° de la presente ley.

Declárense extintas las responsabilidades civiles, administrativas y criminales de funcionarios o ex funcionarios municipales, así como de Alcaldes, Concejales, ex Alcaldes y ex Concejales que se deriven de acciones u omisiones relacionadas con una estimación del incremento previsional contraria a lo estatuido en el artículo 4° de la presente ley.

Con todo, a contar de la fecha de publicación de la presente ley, en caso alguno y bajo ningún supuesto podrán pagarse remuneraciones a funcionarios municipales interpretándose el inciso segundo del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, de una forma diferente a la indicada en el artículo 4°. A aquellos funcionarios que dispusiesen o recibiesen pagos en forma contraria a lo señalado, sin hacer devolución de ellos, se les aplicará la medida disciplinaria de destitución de conformidad a lo dispuesto en el Título V de la ley N° 18.883, que establece el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Para el caso de Alcaldes, el incurrir en la conducta señalada en este inciso será considerado notable abandono de deberes, otorgándose acción pública para sustanciar el respectivo procedimiento, el que se sujetará a lo dispuesto en el artículo 60 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.

En relación a este artículo se presentó la indicación número 49, del Honorable Senador señor Ossandón, para suprimirlo.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que esta norma considera un beneficio para los funcionarios cuya deuda condona, independientemente que se haya planteado por algunos d ellos que se discuta en forma separada el tema del incremento previsional.

El Honorable Senador señor Zaldívar subrayó que este es un tema muy delicado para los funcionarios municipales que están en diferentes situaciones y, por lo mismo, no resulta fácil encontrar una posición única sobre la materia, ya que tanto la situación de las distintas municipalidades como de los funcionarios son muy diversas y los resultados de la aprobación de la norma también son distintos según la situación de cada cual.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que siendo este problema muy serio y profundo se requiere que el Ejecutivo lo resuelva, por cuanto las municipalidades comenzaron a pagar el incremento previsional basados en una resolución de la Contraloría General de la República, pero que ya iniciados los pagos el mismo ente contralor emite otra resolución que señala que no se debieron hacer. Posteriormente el Consejo de Defensa del Estado interviene y se dirige en contra de los funcionarios que son las únicas víctimas de esta situación y ahora además, en este proyecto de ley se les dice que no se les seguirá pagando a los que aún lo perciben.

En este escenario, señaló que es el Gobierno e el llamado a buscar una solución integral para esta situación e intentar llegar a un acuerdo, pero no con el argumento de la restricción de recursos pues ellos lleva a poner a las partes en posiciones imposibles de compatibilizar.

Enseguida, el Primer Vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el Alcalde de El Bosque señor Sady Melo, manifestó su acuerdo con los planteamientos antes consignados, pero al mismo tiempo señaló que tenía dudas con respecto a que se logre estructurar un planteamiento distinto por parte del Gobierno con la celeridad necesaria para resolver este problema.

Agregó que no son todos los municipios los que están involucrados en este tema, ya que cuando se emitió el segundo dictamen por parte de la Contraloría General paulatinamente comenzaron a desechar este pago, en términos que actualmente son alrededor de cincuenta las municipalidades que están cancelando el referido incremento.

En este escenario reconoció que es una situación bastante compleja. Sin embargo, enfatizó que esta es una oportunidad para zanjar definitivamente el tema y poner un piso sobre el cual se debe hacer un debate sin cerrar la discusión, e insistió en aprovechar la oportunidad que brinda la discusión del presente proyecto de ley para evitar que se sigan produciendo las injusticias señaladas con respecto a la ejecución de funcionarios municipales.

La Honorable Senadora señora Von Baer subrayó que este tema aún no se ha discutido con la debida profundidad, de modo que tampoco puede considerar que sea esta la solución al problema del incremento pues existe un dejo de discriminación cuando se dice que no se va a seguir pagando en circunstancias que ha habido funcionarios a los que nunca se les pagó, además los problemas que genera el hecho de existir juicios pendientes en relación a la procedencia del pago, sugiriendo que se separe la discusión porque en su opinión, nunca se ha entrado al fondo del asunto y no debe dilatarse la aprobación de la presente iniciativa.

El Honorable Senador señor Quinteros también consideró que esta era la oportunidad para solucionar este problema en forma definitiva, ya que de los 345 municipios estimó que casi el 90% estaba pagando este incremento y actualmente no son más de 58 porque el Consejo de Defensa del Estado está a la espera de esta discusión para proceder a ejecutar a los funcionarios que recibieron los recursos.

Señaló que efectivamente algunos funcionarios lo han recibido y otros no, pero subrayó que el error se produjo a consecuencia de una mala interpretación que hizo la contraloría General y que indujo a error a todos los Alcaldes sobre su procedencia, lo que también ocurrió con los funcionarios.

Finalmente anunció que se inhabilitaría en esta discusión y posterior votación porque en su momento, cuando se desempeñó como Alcalde, tomó la opción de pagar a los funcionarios estimando que era la interpretación correcta la que indicaba su procedencia, no obstante que la Contraloría adoptó un criterio distinto y contradictorio al decidir que no se debía pagar.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, recordó que el año pasado el Senado aprobó dos proyectos de acuerdo que solicitaban al Ejecutivo resolver este problema. En ese sentido hizo presente que ya antes de eso la Subsecretaría en conjunto con otros profesionales hicieron grandes esfuerzos por resolverlo, para lo cual han oído a todos los involucrados. No obstante los esfuerzos realizados, dijo que no se encontró otra solución que la que se plantea en el presente proyecto de ley.

Agregó que de acuerdo al último informe elaborado por la Subsecretaría, la situación del incremento de los sueldos es diferente en las distintas municipalidades: están las que pagan, las que pagaron, las que dejaron de pagar y habría que considerar a las que nunca lo hicieron. Indicó que a la fecha son 58 municipios del país los que pagan y los funcionarios ven incrementadas sus remuneraciones creadas con posterioridad al 28 de febrero del año 1981, o que a esa fecha no eran imponibles. En cuanto a las que pagaron y dejaron de pagar, la situación normal es que las sumas percibidas fueron condonadas por al órgano contralor en un 100, 70 o menor porcentaje o bien, sin condonación, por lo que hay funcionarios municipales que se encuentran devolviendo las sumas pagadas, en todas esas diversas condiciones.

En síntesis, señaló, al mes de diciembre del año 2014 a nivel nacional, el Consejo de Defensa del Estado había iniciado 79 acciones judiciales en contra de 5.902 funcionarios municipales, y además en el Tribunal de Cuentas, a enero del presente año hay 373 funcionarios de 55 municipios que han sido demandados para que restituyan al Fisco una suma equivalente a 103.728 UTM.

Es en este escenario que la Subsecretaría se hizo cargo de una dificultad que actualmente afecta a más de 5.000 funcionarios, y que tiene a 373 demandados por los montos antes consignados.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su preocupación por despachar una ley que finalmente no de una solución definitiva a este problema, ya que hay gente que habiendo tenido sentencia hoy tiene un determinado ingreso, de modo que es muy complejo dejarlos ahora sin dicho incremento. En este sentido, señaló que no resolver el problema significa además, crear una suerte de discriminación entre los funcionarios.

Expresó que era de la idea de poder solucionar ahora este problema buscando fórmulas que destraben las situaciones pendientes y que detengan los temas judiciales, de modo que instó a revisar nuevamente la ley en otras sesiones para poder estudiar detenidamente el tema.

La Honorable Senadora señora Von Baer reiteró que el tema es muy complejo y que no se ha discutido a fondo dentro de esta ley, lo que aunque puede significar más demora podría discutirse en forma separada o votarlo tal como está, pero para ello es necesario un pronunciamiento de parte del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Espina propuso dividir la votación con el objeto de aprobar exclusivamente el tema de los indultos. Enseguida, señaló que el Gobierno debiese buscar una solución más integral ya que en su opinión, este es un problema de ley y no se puede esperar a que los funcionarios sean ejecutados y embargados por un hecho que no dependía de ellos.

El Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, destacó que desde el punto de vista jurídico no se debía perder de vista que en el país las remuneraciones del sector público, incluso tras este proyecto, se fijan por ley, pero en este caso desapareció la Escala única de Sueldos por el dictamen de la Contraloría, lo que significa que unos municipios pagan de una manera y otros de otra.

Agregó que la Contraloría interviene a través de un Tribunal de Cuentas por un dictamen de ella misma, de modo que al rectificar dicha resolución se da la impugnación de la resolución judicial que se pronunció sobre remuneraciones que afectaba a funcionarios de un servicio de salud de la Araucanía. En este sentido, señaló además que el Consejo de Defensa del Estado interviene solicitando la nulidad de derecho público de la sentencia judicial, en base a la cual se paga el incremento.

Dado lo anterior, en caso que se rechace la norma transitoria, considerando que la Comisión rechazó la norma permanente, lo que ocurre, según señaló, es que se soluciona el problema hacia atrás pero permanece hacia el futuro.

El Honorable Senador señor Espina insistió en que es el Gobierno quien debe solucionar este problema y que la solución que se ha propuesto en este proyecto de ley no resuelve esta situación y, por el contrario, resulta muy injusta. En este sentido, planteó la posibilidad de establecer una norma combinada que dé una solución global ya sea en esta ley o en otra distinta.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, manifestó que se ha dedicado mucho tiempo a buscar una solución, y que siendo segmentos muy desiguales unos y otros entonces el resultado también podría ser distinto, que en ese entendido el proyecto de ley resuelve hacia adelante el problema para todos, no obstante que no se refiere a lo que ocurrió hacia atrás.

En sesión posterior, el Honorable Senador señor Zaldívar insistió en que se trata de un tema muy complejo que tiene varios caminos de solución. Uno de ellos es el que se ha planteado en el proyecto de ley pero que supone una serie de dificultades en relación con los funcionarios municipales, por cuanto para poder cumplir con la ley habría funcionarios a los cuales se les debería disminuir su remuneración. Otra situación distinta es la de las personas que creen tener un derecho por tener una sentencia judicial que ha respaldado el pago, a pesar de que se han iniciado incluso por parte del Consejo de Defensa del Estado procesos para anular esos fallos, por considerar que adolecen de objeto ilícito.

Señaló que la situación en que se encuentran tanto municipalidades como funcionarios, a raíz de las opuestas interpretaciones que ha realizado la Contraloría General sobre el tema, son tan diversas que habiendo considerado este tema en conjunto con el Ministerio de Hacienda le parece que la solución al problema del incremento previsional debe ser abordado en otra ley.

No obstante insistir en que le hubiera gustado avanzar en la solución del problema, aun cuando fuera en forma parcial, señaló que le parece necesario que el tema sea más estudiado y detenidamente analizado, porque se trata de una diferencia sobre una gran cantidad de recursos acumulada en un período muy largo de tiempo.

El señor Subsecretario informó que efectivamente este tema ha sido tratado en reiteradas oportunidades, y agregó que además es un tema muy complejo de abordar, de manera que independientemente de la decisión que se adopte y cualquiera sea la solución ella generará grandes impactos para quienes pueden resultar perjudicados.

Reiteró que dentro de las motivaciones que tuvo en consideración el Gobierno para proponer esta iniciativa legal es que ella comienza a resolver el problema del incremento. Señaló que tal es así que no obstante llegar a la conclusión de que efectivamente no hay espacio en este proyecto para alcanzar dicha solución, dijo entender que el rechazo de las normas pertinentes supone que este proyecto siga avanzando en su tramitación para sí poner en práctica una serie de ventajas que este contiene y que son valoradas por los funcionarios.

El Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol, expresó que efectivamente el tema es complejo, y que se trata de un problema es muy delicado porque afecta el tema de las pensiones de los funcionarios. En este sentido, señaló que recibieron la notificación de la encargada del departamento de normas internacionales del trabajo de la OIT de que se ha acogido a tramitación una queja por la no aplicación de los Convenios Internacionales que dicen relación con la seguridad social, y que en este caso no se estarían cumpliendo.

Agregó que es necesario estudiar con mayor acuciosidad el tema dada la complejidad de este problema y que se arrastra hace bastantes años atrás.

Por su parte el Presidente de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), señor Víctor Hugo Mora planteó que desde un principio se manifestó por la opción de que este tema se abordara en un proyecto de ley distinto, porque a su juicio el proyecto sólo se hace eco de algunos dictámenes de la Contraloría.

Sobre el protocolo de acuerdo en que se basa este proyecto de ley, indicó que éste consideraba una solución política al tema del incremento previsional y que a su juico se ve reflejada en las disposiciones transitorias, no obstante que el problema radica en la interpretación que quiere hacerse de ellas, y manifestó que debiese existir la voluntad política para respetar el acuerdo antes señalado para poder terminar los procesos que están pendientes, por los recursos pagados.

El Honorable Senador señor Espina recordó en este punto que, sin ignorar este problema, la Comisión rechazó la interpretación del Ejecutivo que opta por el segundo dictamen de la Contraloría General que sostiene que no se debía pagar el incremento, y agregó que siendo un tema muy complejo cualquiera que sea el camino a seguir es necesario analizarlo y adoptar una decisión de carácter política a este respecto.

El Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, insistió en que el Gobierno ha estudiado este tema con todas las alternativas posibles, y que han plasmado en el proyecto de ley la solución que estimaron correcta y la mejor, aunque no ha sido entendida así, y manifestó su disposición para retirarla del proyecto en discusión con el objeto de viabilizar su despacho.

Destacó que existe toda la voluntad para seguir trabajando en otras soluciones pero que al mismo tiempo era necesario tener presente que existen interpretaciones de fondo tan diversas que probablemente lleve mucho tiempo dilucidar. En este punto recordó que ya se han encargado dos estudios con expertos en derecho, por distintos Gobiernos, y que aún así los trabajadores optaron por recurrir a la OIT con su demanda, la que tendrá que ser contestada por el Gobierno.

Además insistió en la necesidad de avanzar rápidamente en la tramitación de este proyecto que tiene grandes beneficios para los funcionarios municipales, y con el ánimo de no entrampar dicha tramitación sugirió que se rechacen los artículos pertinentes a fin de discutirlos en otra instancia.

El Subsecretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Segura, señaló que en principio estaban de acuerdo con la solución propuesta por el Ejecutivo reconociendo desde ya que se trata de un tema muy complejo. Sin embargo, dijo que desde un punto de vista financiero pagar el incremento previsional tal como lo están haciendo 58 municipios actualmente es insostenible para el sistema municipal, por lo que le parecía adecuada la solución contenida en el rechazado artículo 4° del proyecto y su interpretación a través de las normas transitorias, pero que dada la actual situación quizás resulte necesario resolver el problema mediante una reforma constitucional.

Luego, el Honorable Senador señor Zaldívar reiteró que este problema es de gran complejidad dado que todas las situaciones son distintas, no obstante señaló que debe hacerse el esfuerzo por encontrar una solución, haciendo presente que la propuesta del Ejecutivo en parte solucionaba el problema para algunos casos, pero que la diversidad de situaciones es tan grande que la única solución definitiva sería pagarles a todos los funcionarios, sin que existan recursos suficientes para ello.

-Sometida a votación, la indicación número 49 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Guillier, Espina y Zaldívar.

Artículo Décimo Segundo

La norma aprobada en general es la que sigue:

“Artículo Décimo Segundo.- Las sumas que funcionarios o ex funcionarios municipales hubiesen restituido a las respectivas municipalidades, con motivo de pagos de remuneraciones que hubieren considerado el incremento previsional en una forma distinta a la señalada en el artículo 4° de la presente ley; no darán derecho a aquellos a ningún tipo de devolución, restitución o compensación.

Asimismo, los funcionarios o ex funcionarios municipales que, con motivo de pagos de remuneraciones hubieren percibido el incremento previsional en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la presente ley, no tendrán derecho a compensación alguna.”.

Respecto de esta norma se presentó la indicación número 50, del Honorable Senador señor Ossandón, es eliminarlo.

En la Comisión se tuvo en consideración que la norma tiene directa relación con el artículo anterior, previamente rechazado.

-Sometida a votación la indicación número 50 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Guillier, Espina y Zaldívar.

Artículo Décimo Tercero

El artículo aprobado en general señala:

“Artículo Décimo Tercero.- Las anotaciones, que hubieren recibido en su hoja de vida los funcionarios municipales regidos por la ley N° 18.883, y remunerados de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, sean éstas de demérito o que dieren cuenta de alguna medida disciplinaria, únicamente por razón de haberse interpretado erróneamente el artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1981, con anterioridad al 30 de diciembre de 2014, se entenderán eliminadas por el sólo ministerio de la ley.

Dentro del plazo de treinta días contados desde la publicación de la presente ley, la unidad encargada de personal, o a la que cumpla dichas funciones en la municipalidad, deberá tomar las medidas pertinentes para dejar constancia en la hojas de los funcionarios de la eliminación de las respectivas anotaciones. Dentro del mismo plazo deberá comunicar a los funcionarios correspondientes respecto de la eliminación de la anotación.

La presente norma solo tendrá efecto en las calificaciones, escalafones de mérito, o ascensos a contar del periodo calificatorio que se inicie en forma posterior a la fecha de publicación de la presente ley, sin que el funcionario pueda alegar perjuicio alguno, que signifique daño a su patrimonio o a su carrera funcionaria.”.

En la Comisión se tuvo en consideración que esta norma tiene directa relación y es consecuencia de la disposición que proponía el artículo undécimo transitorio, previamente rechazado.

-Sometido a votación el Artículo Décimo Tercero fue rechazado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Guillier, Espina y Zaldívar.

o o o

La indicación número 51 de Su Excelencia la Presidenta de la República, para consultar a continuación del artículo décimo tercero el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“….- Concédase, a partir del día 1 del mes siguiente al de publicación de esta ley, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas y Directivos, una asignación especial de “Directivo-Jefatura”, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo, sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación directivo- jefatura:

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el presente artículo, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir los valores de asignación Directivo-Jefatura señalados en el número anterior según corresponda, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos gados del Estamento Directivo sin asignación profesional de la Escala Única de Sueldos.

Los funcionarios podrán percibir el monto de la asignación "Directivo-Jefatura" indicada que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación Directivo-Jefatura.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación directivo-jefatura del presente artículo.

II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

d) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

e) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

f) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675; y,

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación directivo-jefatura.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.”.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer señor Jorge Barrera indicó que esta asignación especial es para Directivo- Jefatura pero el inconveniente que tiene es que está redactado con los problemas de homologación que ya se trataron con anterioridad, con el agregado que en un mismo artículo se fija la asignación y su homologación, de modo que el bono se aprueba o rechaza en conjunto con la homologación, sien que en su opinión sea posible una votación separada.

- Sometida a votación, la indicación número 51 fue aprobada por mayoría de votos. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Horvath y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina.

El Honorable Senador señor Espina solicitó dejar constancia que su abstención tiene el propósito que el artículo sea debatido en la Sala del Senado.

El Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), señor Oscar Yáñez Pol enfatizó que esta norma significa una tremenda injusticia social junto al desconocimiento que se ha hecho del tema de la retroactividad, por lo que manifestó que ello significaba que el gremio se tomaría un plazo a nivel país y en caso de no obtener soluciones, adoptarían otras medidas.

Por último, el Presidente de la Asociación de Funcionarios Conductores de la Municipalidad de Viña del Mar (AFUCOE), señor Luis Pérez, expresó que, al margen del protocolo de acuerdo firmado y del presente proyecto, ha quedado de lado una sentida petición de los conductores y operadores de los diferentes municipios del país, en el sentido de que siguen siendo considerados en la planta de auxiliares sin reconocer las particulares responsabilidades que ellos tienen en el desempeño de sus funciones, que importan el manejo de maquinaria de muy alto costo, de gran dificultad y riesgo, así como la responsabilidad propia del traslado de personal, para todo lo cual se requiere cumplir las exigencias de las respectivas licencias de conductor profesional.

Artículo Décimo Cuarto

La norma aprobada en general es del siguiente tenor:

“Artículo Décimo Cuarto.- El mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas en la presente ley será de cargo municipal.

Con todo, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia para los artículos 3° y sexto transitorio, se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

En relación a este artículo se presentó la indicación número 52, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo su inciso segundo por el siguiente:

“Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto transitorio, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

-Sometida a votación, la indicación número 52 fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

- - -

MODIFICACIONES

En conformidad a los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado:

Artículo 1°

-Eliminar, en su inciso segundo, su frase final “, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley”.

(artículo 121 del Reglamento del Senado).

Artículo 2º

-Suprimirlo.

(unanimidad, 5x0).

Artículo 3°

Ha pasado a ser artículo 2°, sin enmiendas.

Artículo 4°

-Suprimirlo.

(unanimidad, 5x0, indicación 4).

Artículo 5°

Ha pasado a ser artículo 3°.

-- Reemplazar su inciso final por el siguiente:

“La información remitida sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.”.

(indicación número 6, unanimidad, 5x0).

Artículo 6°

Ha pasado a ser artículo 4°.

Número 1)

-Reemplazar su letra a) por la que sigue:

“a) En su letra b) reemplázase su expresión final “, y” por un punto y coma (;).”.

- Sustituir su letra b) por la siguiente:

“b) Reemplázase en su letra c) el punto final (.) por un punto y coma (;).”.

--En su letra c) reemplazar, en su encabezado y en la letra que propone, la referencia a “d)” por “(e”.

(unanimidad, 5x0).

o o o

Número 3), nuevo

--Incorporar como número 3), nuevo, el que sigue:

“3) En la letra b) del artículo 22 intercalar, entre la palabra “participación” y la expresión “en el municipio” lo siguiente: “y de la ciudadanía”.”.

(unanimidad, 5x0, indicación número 7).

o o o

Número 3)

Ha pasado a ser número 4), sin otra enmienda.

o o o

Número 5), nuevo

“5) Agrégase en el artículo 31, después del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear los órganos y unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones propias de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25, 27 y 28 de esta ley.”.”.

(unanimidad 5x0, indicación 8).

o o o

Número 4)

Ha pasado a ser número 6).

En el artículo 49 bis propuesto:

-En su inciso primero reemplazar la frase “en el reglamento interno de la municipalidad” por “a través de un reglamento municipal”, y agregar como oración final la siguiente: “En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”.

(unanimidad, 3x0, indicación 8A)

(mayoría de votos, 4x1, indicación N° 9).

-En su inciso tercero, suprimir su número 5, pasando sus números 6, 7, 8 y 9 a ser 5, 6, 7 y 8, respectivamente.

--Reemplazar su inciso cuarto por los siguientes:

“En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del Alcalde como del o los concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta, podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional, para solicitar que declare el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la aprobación de la planta por parte del concejo municipal. Con todo, el Alcalde sólo podrá remitir a la Contraloría General de la República el reglamento, a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el plazo precedentemente señalado sin que se haya interpuesto la acción que establece el inciso anterior, o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado la acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del Tribunal Electoral Regional.”.

- Suprimir su inciso quinto.

(unanimidad, 4x0, indicación 14 A)

En el artículo 49 ter propuesto:

-En el párrafo segundo de su letra b), sustituir la expresión “diez años” por “cinco años”, y agregar una coma (,) después de las expresiones “N° 1” y “N° 2”, respectivamente

.

(unanimidad, 4x0, indicación 17 A. Artículo 121 del Reglamento del Senado).

--En el cuarto párrafo de la letra b) reemplazar las frases “con aquellos que tengan más años de servicio en la respectiva municipalidad. En caso de empate, serán designados conforme al resultado de la última calificación obtenida,” por “de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad,”.

(unanimidad, 4x0), indicación 17B).

En el artículo 49 quáter:

--Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse cada ocho años, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse solo durante el año siguiente a estas.

La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de total tramitación del reglamento municipal que aprueba la planta respectiva y tendrá vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a dicha fecha.”.

(unanimidad, 4x0, indicación 18A)

(unanimidad 4x0, indicación 20)

Número 5)

Ha pasado a ser número 7.

-Consignar con minúscula la expresión “Concejo” de la frase que propone agregar, e incorporar como oración final, a continuación del punto que sigue a la palabra “egreso” la siguiente: “Dicha política podrá incluir además diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral.”.

(unanimidad, 4x0), indicación 25 A).

Número 6)

Ha pasado a ser número 8), sin enmiendas.

Artículo 7°

Ha pasado a ser artículo 5°.

Número 1)

--Sustituir el número 1), su letra a) y el encabezado de su letra b) por el que sigue:

“1) En el artículo 2°, agregase el siguiente inciso final:”.

--En el inciso final propuesto, reemplazar el porcentaje “40% por “42%” y “(cuarenta por ciento)” por “(cuarenta y dos por ciento)”.

(unanimidad 5x0, votación separada)

(unanimidad 5x0, indicación 27 y artículo 121 del Reglamento).

Número 2)

--En su encabezado sustituir “el siguiente inciso segundo, nuevo” por “los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos”.

(unanimidad, 5x0, artículo 121 del Reglamento del Senado).

-Reemplazar, en el inciso segundo, nuevo, que propone, el guarismo “8” por “7”.

(mayoría de votos, 4x1, indicación número 30).

--Incorporar como inciso, tercero, nuevo, el que sigue:

“Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de Alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría. Dicho reglamento deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de esta ley.”.

(Unanimidad, 5x0, artículo 121 del Reglamento del Senado)

Número 3)

-- En su encabezado, reemplazar la expresión “el siguiente inciso final, nuevo:” por “los siguientes incisos finales, nuevos:”.

(unanimidad, artículo 121).

--En la letra a) del número 1) del inciso final propuesto, agregar después de la expresión “ingeniero civil” la expresión “, de ingeniero constructor civil”.

(unanimidad, 5x0, indicación 31).

|- En su numeral 6), sustituir su frase “Licencia de educación media o su equivalente.” por “Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes.”.

(unanimidad, 5x0, indicación 31 B).

--Agregar a este número el siguiente inciso final:

“Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.”.

(unanimidad, 5x0), indicación 31 C)

o o o

Numero 4), nuevo

-Incorporar como número 4), nuevo, el siguiente:

“4) Intercálase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.”.

(unanimidad, 5x0, indicación 32, primera modificación).

o o o

Número 5, nuevo

-Agregar como número 5), nuevo, el que sigue:

“5) En el artículo 20 agrégase, después de las palabras “personas propuestas” la expresión “con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16”.”.

(unanimidad, 4x0), indicación 33).

o o o

Número 4)

Ha pasado a ser numero 6), sin enmiendas.

Artículo 8°

--Suprimirlo.

(unanimidad, 5x0, artículo 121).

Artículos 9° y 10

Han pasado a ser artículo 6° y 7°, respectivamente, sin enmiendas.

Disposiciones Transitorias

Artículo Tercero

-En su inciso primero, reemplazar su voz final “reglamento” por “acto administrativo”.

(unanimidad, 5x0, indicación 42).

Artículo Cuarto

-Reemplazar en su inciso cuarto la referencia a “el literal b) del número 1 del artículo 7°” por “el número 1) del artículo 5°”.

(artículo 121 del Reglamento del Senado).

Artículo Sexto

--Reemplazar la oración final de su inciso segundo por el siguiente texto: “Dicha resolución dispondrá primeramente el financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios. El remanente que resulte luego de financiar el mencionado incremento se destinará al pago de las otras asignaciones y bonos otorgados en esta ley. Para determinar los montos correspondientes a cada municipalidad se ordenarán éstas de acuerdo al mayor gasto en personal que origine el pago de las aludidas asignaciones, distribuyendo los recursos disponibles desde menor a mayor gasto hasta su total distribución.”.

(unanimidad, 3x0, artículo 121 del Reglamento).

(unanimidad, 5x0, artículo 121 del Reglamento).

-En su inciso tercero, sustituir la expresión inicial “Para estos efectos, dichas” por la voz “Las”.

(artículo 121 del Reglamento del Senado).

-Reemplazar, en su inciso cuarto, sus palabras finales “de planta y contrata” por “de planta como de los a contrata”.

--Sustituir, en su inciso séptimo, la expresión “tercero y octavo” por “tercero, octavo y undécimo”.

(unanimidad, 4x0, indicación 44 y artículo 121 del Reglamento).

Artículo Séptimo

--Intercalar, entre las palabras “ley” y “ascenderá” la expresión “y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo undécimo transitorio”.

(mayoría de votos, 2x1, indicación 45).

Artículo Octavo

--En su letra a), entre las expresiones “artículo 1°” y “de esta ley”, intercalar “o la asignación de Directivo-Jefatura del Artículo Undécimo Transitorio”.

(Unanimidad 4x0, indicación 46).

Artículo Noveno

--Reemplazar en sus incisos primero y segundo las referencia al “artículo 6°” por otras al “artículo 4°, y la contendida en el inciso tercero al “artículo 7°” por otra al “artículo 5°.

(artículo 121 del Reglamento del Senado).

Artículo Décimo Primero

-Suprimirlo.

(unanimidad, 3x0, indicación 49).

Artículo Décimo Segundo

-Eliminarlo.

(unanimidad, 3x0, indicación 50).

Artículo Décimo Tercero

-Suprimirlo.

(unanimidad, 3x0, artículo 121 del Reglamento)

o o o

--Consignar como artículo undécimo transitorio, nuevo, el siguiente:

“Artículo Undécimo.- Concédase, a partir del día 1 del mes siguiente al de publicación de esta ley, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo, sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación directivo- jefatura:

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el presente artículo, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir los valores de asignación Directivo-Jefatura señalados en el número anterior según corresponda, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos gados del Estamento Directivo sin asignación profesional de la Escala Única de Sueldos.

Los funcionarios podrán percibir el monto de la asignación Directivo-Jefatura indicada que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación Directivo-Jefatura.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación directivo-jefatura del presente artículo.

II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

d) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

e) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

f) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675; y,

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación directivo-jefatura.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.”.

(mayoría de votos, 3x1 abstención, indicación 51).

Artículo Décimo Cuarto

Ha pasado a ser artículo duodécimo.

--Reemplazar su inciso segundo por el que sigue:

“Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto transitorio, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

(unanimidad, 5x0, indicación 52).

- - -

TEXTO DEL PROYECTO:

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley N° 19.185 para los grados que resulten procedentes.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local.

Artículo 2º.- Los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron las bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, que habiendo presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº 20.305, al momento de solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso al pago del bono por haberse considerado inaplicables estas normas por no cumplir con los plazos de doce meses contemplados en los artículos 2º número 5) y 3º de la ley Nº 20.305; tendrán derecho a acceder al mencionado bono siempre que cumplan los requisitos para acceder a él.

El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que haya cesado en sus funciones.

Artículo 3°.- Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos que determine al efecto dicha Subsecretaría:

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal;

b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica;

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan contratación de personas sobre la base de honorarios;

d) Escalafón de mérito vigente;

e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la administración del Estado;

f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario; y,

g) Gasto total en recursos humanos.

La información remitida sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) En su letra b) reemplázase su expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Reemplázase en su letra c) el punto final (.) por un punto y coma (;).

c) Agrégase la siguiente letra e) nueva:

“e) La política de recursos humanos.”.

2) Reemplázase en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo “218.000” por “1.052.000”.

3) En la letra b) del artículo 22 intercalar, entre la palabra “participación” y la expresión “en el municipio” lo siguiente: “y de la ciudadanía”.

4) Agrégase en la letra a) del artículo 27 a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente:

“Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento y grado de remuneración. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

5) Agrégase en el artículo 31, después del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear los órganos y unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones propias de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25, 27 y 28 de esta ley.”.

6) Agréganse, a continuación del artículo 49, los siguientes nuevos artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter:

“Artículo 49 bis.- Los Alcaldes, a través de un reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda. En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior, estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.

2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.

4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.

5. Los Alcaldes deberán realizar consulta a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal.

6. Los Alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

7. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.

8. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del Alcalde como del o los concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta, podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional, para solicitar que declare el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la aprobación de la planta por parte del concejo municipal. Con todo, el Alcalde sólo podrá remitir a la Contraloría General de la República el reglamento, a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el plazo precedentemente señalado sin que se haya interpuesto la acción que establece el inciso anterior, o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado la acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del Tribunal Electoral Regional.

Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior, sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, cinco años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y, se encuentren calificados en lista N°1, de distinción, o lista N°2, buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Alcalde.

c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52 y 53 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.

d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal.

ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación de derechos previsionales.

iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse cada ocho años, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse solo durante el año siguiente a estas.

La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de total tramitación del reglamento municipal que aprueba la planta respectiva y tendrá vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a dicha fecha.

7) Agrégase a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 56, que pasa ser punto seguido, la siguiente frase:

“Además, deberá presentar para aprobación del concejo la política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación; y, egreso. Dicha política podrá incluir además diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral.”.

8) Introdúcense en el inciso segundo del artículo 67 las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase, en el literal g) la coma (,) y la conjunción “y” que le sigue por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra h) nueva, pasando la actual a ser letra i):

“h) Estado de la aplicación de la política de recursos humanos, y”.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

1) En el artículo 2°, agrégase el siguiente inciso final:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gastos en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.

2) Agrégase, en el artículo 7°, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevo:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de Alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría. Dicho reglamento deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de esta ley.”.

3) Agrégase, en el artículo 8°, los siguientes incisos finales, nuevos:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:

a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil, de ingeniero constructor civil o de constructor civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Jefaturas: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título de técnico nivel medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.

6) Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.

Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.”.

4) Intercálase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.

5) En el artículo 20 agrégase, después de las palabras “personas propuestas” la expresión “con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16”.

6) Agrégase en el inciso primero del artículo 25 a continuación del punto aparte(.) que pasa a ser punto seguido(.) la oración siguiente: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.”.

Artículo 6°.- Derógase el artículo 1° de la ley N° 18.294, que establece normas y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley 3.063, de 1979.

Artículo 7°.- Deróganse los artículos 11 y 12 de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Establece Normas Sobre Plantas de Personal de las Municipalidades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que a continuación se indican; será encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular, en el siguiente orden:

a) A contar del primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley, se procederá a encasillar sólo a los funcionarios de las plantas antes señaladas que se encuentren al 1 de enero de 2015, entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive.

b) A contar del 1 de enero del año siguiente a la publicación de la presente ley, se encasillarán a los funcionarios de esas plantas que se encuentre al 1 de enero de 2015, entre los grados 10º al 14º, ambos inclusive.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo Segundo.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que está en posesión a esta última fecha.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo Tercero.- Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los Alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo acto administrativo.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo, no quedará afecto a la limitación establecida en el inciso tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que se incorpora a través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en los últimos 36 meses.

Artículo Cuarto.- Para efectos de la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se utilizarán los cargos vacantes de las respectivas plantas de personal.

Si aplicado el mecanismo anterior faltaren cargos, los Alcaldes estarán facultados para modificar las plantas del personal de las municipalidades, sólo con el objeto de crear los cargos necesarios para ello. A su vez, se entenderán suprimidos por el sólo ministerio de la ley, en el mismo número de cargos que cree, aquellos cuya vacancia generen los funcionarios a los cuales se encasille de acuerdo a los artículos primero y segundo transitorios de esta ley. Con todo, no se suprimirán los cargos correspondientes al último grado de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, y siempre deberá quedar, a lo menos, un cargo en cada grado de dichas plantas. Con todo, el número total de cargos de cada una de las plantas antes señaladas deberá ser, a lo menos, el mismo que existía con anterioridad al encasillamiento.

Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto en el inciso anterior deberán dictarse dentro de los noventa días siguientes a las respectivas fechas que fijan los artículos primero y segundo transitorios precedentes disponiendo los respectivos encasillamientos.

Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2° de la ley N° 18.883, incorporado por el número 1) del artículo 5° de la presente ley, sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para la señalada aplicación.

Artículo Quinto.- Los cambios de grado que determine la aplicación de los artículos primero a tercero transitorios de esta ley, no serán considerados como ascensos para los efectos previstos en la letra g) del artículo 97 de la ley N° 18.883.

Los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que estuvieren percibiendo, como asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo Sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2015 de M$ 12.000.000 (doce mil millones de pesos), en el año 2016 de M$ 24.000.000 (veinticuatro mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; anualmente determinará los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución dispondrá primeramente el financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios. El remanente que resulte luego de financiar el mencionado incremento se destinará al pago de las otras asignaciones y bonos otorgados en esta ley. Para determinar los montos correspondientes a cada municipalidad se ordenarán éstas de acuerdo al mayor gasto en personal que origine el pago de las aludidas asignaciones, distribuyendo los recursos disponibles desde menor a mayor gasto hasta su total distribución.

Las municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad que determine dicha Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación del presente artículo.

Para dichos efectos los Alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que contendrá un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado tanto respecto de los funcionarios de planta como de los a contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto, deberán ser enviados a la citada Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año correspondiente.

Para la entrega de los aportes respectivos a los años posteriores, los oficios deberán ser enviados a más tardar el 28 de abril de cada año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y artículos primero, segundo, tercero, octavo y undécimo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a la escala de penas establecidas en el artículo 236 del Código Penal.

Artículo Séptimo.- El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° de la presente ley y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo undécimo transitorio ascenderá a un 17% (diecisiete por ciento)de su monto total desde el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de ese año; a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero del año siguiente a dicha publicación; y a un 100% de ella a contar del 1 de enero del año subsiguiente a la referida publicación.

Artículo Octavo.- Concédese, por una sola vez, a los funcionarios municipales que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto ascenderá a:

a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° o la asignación Directivo-Jefatura del artículo undécimo transitorio de esta ley en el mes siguiente al de su publicación, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en dicho mes.

b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se les aplique la letra a) del artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda al mes subsiguiente de la fecha de publicación de la presente ley y el total de haberes brutos del mes anterior a dicha publicación. Para efectos del presente literal, no se considerará la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Este bono se pagará en una sola cuota, en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley, sólo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.

Artículo Noveno.- Las facultades concedidas en los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, introducidos por el artículo 4° de la presente ley, podrán ejercerse por primera vez dentro del año 2018.

La modificación establecida por el número 2 del artículo 4° de la presente ley, entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3 del artículo 5° de la presente ley, no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalado.

Artículo Décimo.- Deróganse las correspondientes normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país, a contar de la fecha de entrada en vigencia del primer reglamento que fije para cada municipalidad la nueva planta de personal establecida en virtud de los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, según corresponda.

Artículo Undécimo.- Concédase, a partir del día 1 del mes siguiente al de publicación de esta ley, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo, sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación directivo- jefatura:

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el presente artículo, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir los valores de asignación Directivo-Jefatura señalados en el número anterior según corresponda, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos gados del Estamento Directivo sin asignación profesional de la Escala Única de Sueldos.

Los funcionarios podrán percibir el monto de la asignación Directivo-Jefatura indicada que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación Directivo-Jefatura.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I.- Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación directivo-jefatura del presente artículo.

II.- Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

d) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

e) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

f) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675; y,

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación directivo-jefatura.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.

Artículo Duodécimo.- El mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas en la presente ley será de cargo municipal.

Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto transitorio, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 7 y 8 de septiembre, 7 y 13 de octubre, 2 y 25 de noviembre de 2015, con asistencia de los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina (Presidente), Horvath, Quinteros (Guillier) y Zaldívar (Matta, Pizarro).

Sala de la Comisión, a 25 de noviembre de 2015.

Juan Pablo Durán González

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ENTREGA NUEVAS COMPETENCIAS A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

(BOLETÍN Nº 10.057-06)

I.- OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Facultar a los alcaldes para que, con la aprobación de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del concejo municipal, fijen o modifiquen las plantas del personal de las municipalidades; Establecer la obligación del municipio de informar sobre la dotación y el personal a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Dictar normas sobre bonificaciones por retiro voluntario, asignación profesional y conceder bono especial.

II.- ACUERDOS: Indicaciones:

Números

1.- Inadmisible.

2.- Inadmisible.

3.- Inadmisible.

3A.- Inadmisible.

4.- Aprobada por mayoría de votos 3x2.

5.- Rechazada.

6.- Aprobada con modificaciones unanimidad 5x0.

7. -Aprobada con modificaciones 5x0.

8.- Aprobada con modificaciones 5x0.

8A.-Aprobada unanimidad 3x0.

9.- Aprobada por mayoría de votos 4x1.

9A.- Inadmisible.

9B.- Inadmisible.

10.- Inadmisible.

10A.- Rechazada.

11.- Aprobada 3 x 2 en contra.

12.- Inadmisible.

13.- Inadmisible.

13A.-Rechazada.

14.- Rechazada.

14 A.- Aprobada unanimidad 4x0

15.- Rechazada.

16.- Rechazada.

17.- Rechazada.

17 A.- Aprobada unanimidad 4x0

17 B.- Aprobada unanimidad 4x0

18.- Retirada.

18 A.- Aprobada con modificaciones 4x0

19.- Rechazada.

20.- Aprobada 4x0.

21.- Rechazada.

21 A.- Rechazada.

22.- Rechazada.

23.- Rechazada.

24.- Rechazada.

24 A.- Rechazada.

25.- Rechazada.

25 A.- Aprobada con modificaciones 4x0.

26.- Rechazada.

27.-Aprobada 5x0.

27 A.- Inadmisible.

28.- Rechazada.

29.- Rechazada.

30.- Aprobada con modificaciones mayoría votos 4x1

31.- Aprobada con modificaciones 5x0

31 A.- Retirada.

31 B.- Aprobada con modificaciones 5x0

31 C.-Aprobada con modificaciones 5x0

32.- Primera modificación 5x0

33.- Aprobada con modificaciones 4x0

34.- Rechazada.

35.- Retirada.

36.-Retirada.

37.- Inadmisible.

38.- Rechazada.

39.- Rechazada.

40.- Inadmisible.

41.- Inadmisible.

42.- Aprobada 5x0.

43.- Rechazada.

44.- Aprobada con modificaciones 4x0.

45.- Aprobado por mayoría de votos 2x1.

46.- Aprobada por unanimidad 4x0.

46 A.- Inadmisible.

47.- Inadmisible.

48.-Inadmisible.

48 A.- Inadmisible.

48 B.- Inadmisible.

49.- Aprobada unanimidad 3x0.

50.- Aprobada unanimidad 3x0.

51.- Aprobado por mayoría de votos 3x1 abstención.

52.- Aprobada unanimidad 5x0.

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de siete artículos permanentes y doce normas transitorias.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Prevenimos que los siete artículos permanentes del proyecto de ley, como también las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, novena y undécima, deben ser aprobados en el carácter de norma de rango orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política, por modificar normas de ese carácter de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.

V.- URGENCIA: Suma.

VI.- ORIGEN INICIATIVA: Senado. Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero

VIII.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 20 de Mayo de 2015.

IX.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

X.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2.- Ley N° 18.903, que establece Mejoramiento de Gestión Municipal.

3.- Ley N° 18.883, que aprueba estatuto administrativo para funcionarios municipales.

4.- Ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.

5.- Ley N° 20.649, que otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional.

Valparaíso, 25 de Noviembre de 2015.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

[1]Ley N° 20.285. Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2° deberán mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos los siguientes antecedentes actualizados al menos una vez al mes: a) Su estructura orgánica. b) Las facultades funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos. c) El marco normativo que les sea aplicable. d) La planta del personal y el personal a contrata y a honorarios con las correspondientes remuneraciones. e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles para la prestación de servicios para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras y las contrataciones de estudios asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras en su caso. f) Las transferencias de fondos públicos que efectúen incluyendo todo aporte económico entregado a personas jurídicas o naturales directamente o mediante procedimientos concursales sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o servicios. g) Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. h) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano. i) El diseño montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios que entregue el respectivo órgano además de las nóminas de beneficiarios de los programas sociales en ejecución. No se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles esto es los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad tales como los hábitos personales el origen social las ideologías y opiniones políticas las creencias o convicciones religiosas los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. j) Los mecanismos de participación ciudadana en su caso. k) La información sobre el presupuesto asignado así como los informes sobre su ejecución en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año. l) Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y en su caso las aclaraciones que procedan. m) Todas las entidades en que tengan participación representación e intervención cualquiera sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. La información anterior deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y actualizada y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito. Aquellos órganos y servicios que no cuenten con sitios electrónicos propios mantendrán esta información en el medio electrónico del ministerio del cual dependen o se relacionen con el Ejecutivo sin perjuicio de lo cual serán responsables de preparar la automatización presentación y contenido de la información que les corresponda. En el caso de la información indicada en la letra e) anterior tratándose de adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas cada institución incluirá en su medio electrónico institucional un vínculo al portal de compras públicas a través del cual deberá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo servicio u organismo. Las contrataciones no sometidas a dicho Sistema deberán incorporarse a un registro separado al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional. En el caso de la información indicada en la letra f) anterior tratándose de transferencias reguladas por la cada institución incluirá en su sitio electrónico institucional los registros a que obliga dicha ley sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de la misma norma legal. Las transferencias no regidas por dicha ley deberán incorporarse a un registro separado al cual también deberá accederse desde el sitio electrónico institucional.
[2] Artículo 67.- El alcalde deberá dar cuenta pública al concejo y al consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil a más tardar en el mes de abril de cada año de su gestión anual y de la marcha general de la municipalidad. Deberán ser invitados también a esta sesión del concejo las principales organizaciones comunitarias y otras relevantes de la comuna; las autoridades locales regionales y los parlamentarios que representen al distrito y la circunscripción a que pertenezca la comuna respectiva. La cuenta pública se efectuará mediante informe escrito el cual deberá hacer referencia a lo menos a los siguientes contenidos: a) El balance de la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido efectivamente como asimismo el detalle de los pasivos del municipio y de las corporaciones municipales cuando corresponda; b) Las acciones realizadas para el cumplimiento del plan comunal de desarrollo así como los estados de avance de los programas de mediano y largo plazo las metas cumplidas y los objetivos alcanzados; c) Las inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el período y aquellos en ejecución señalando específicamente las fuentes de su financiamiento; d) Un resumen de las auditorías sumarios y juicios en que la municipalidad sea parte las resoluciones que respecto del municipio haya dictado el Consejo para la Transparencia y de las observaciones más relevantes efectuadas por la Contraloría General de la República en cumplimiento de sus funciones propias relacionadas con la administración municipal; e) Los convenios celebrados con otras instituciones públicas o privadas así como la constitución de corporaciones o fundaciones o la incorporación municipal a ese tipo de entidades; f) Las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal; g) Los indicadores más relevantes que den cuenta de la gestión en los servicios de educación y salud cuando estos sean de administración municipal tales como el número de colegios y alumnos matriculados; de los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones oficiales que se efectúen por el Ministerio de Educación; de la situación previsional del personal vinculado a las áreas de educación y salud; del grado de cumplimiento de las metas sanitarias y de salud a nivel comunal y h) Todo hecho relevante de la administración municipal que deba ser conocido por la comunidad local. Un extracto de la cuenta pública del alcalde deberá ser difundido a la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior la cuenta íntegra efectuada por el alcalde deberá estar a disposición de los ciudadanos para su consulta. Asimismo el alcalde deberá hacer entrega al término de su mandato de un Acta de Traspaso de Gestión la que deberá consignar la información consolidada de su período alcaldicio respecto de los contenidos indicados en el inciso segundo del presente artículo así como de los contratos y concesiones vigentes. Dicha Acta deberá ser suscrita por el secretario municipal y el jefe de la unidad de control. Sin embargo podrán no suscribirla si no estuviesen de acuerdo con sus contenidos debiendo comunicar ello al alcalde que termina su mandato. El Acta de Traspaso de Gestión se entregará tanto al alcalde que asume como a los nuevos concejales que se integrarán a contar de la sesión de instalación del concejo. El no cumplimiento de lo establecido en este artículo será considerado causal de notable abandono de sus deberes por parte del alcalde.
[3] L.O.C. Municipalidades N° 18.695: Artículo 12.- Las resoluciones que adopten las municipalidades se denominarán ordenanzas reglamentos municipales decretos alcaldicios o instrucciones. Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad. En ellas podrán establecerse multas para los infractores cuyo monto no excederá de cinco unidades tributarias mensuales las que serán aplicadas por los juzgados de policía local correspondientes. Los reglamentos municipales serán normas generales obligatorias y permanentes relativas a materias de orden interno de la municipalidad. Los decretos alcaldicios serán resoluciones que versen sobre casos particulares. Las instrucciones serán directivas impartidas a los subalternos. Todas estas resoluciones estarán a disposición del público y deberán ser publicadas en los sistemas electrónicos o digitales de que disponga la municipalidad.
[4] Ley N° 18.695: Artículo 31.- La organización interna de la municipalidad así como las funciones específicas que se asignen a las unidades respectivas su coordinación o subdivisión deberán ser reguladas mediante un reglamento municipal dictado por el alcalde con acuerdo del concejo conforme lo dispone la letra k) del artículo 65.
[5] Artículo 29.- A la unidad encargada del control le corresponderán las siguientes funciones: “d) Colaborar directamente con el concejo para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; asimismo deberá informar también trimestralmente sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal administrados directamente por la municipalidad o a través de corporaciones municipales de los aportes que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. En todo caso deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes que le formule un concejal;”.
[6] Artículo 56.- El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. En la condición antedicha el alcalde deberá presentar oportunamente y en forma fundada a la aprobación del concejo el plan comunal de desarrollo el presupuesto municipal el plan regulador las políticas de la unidad de servicios de salud y educación y demás incorporados a su gestión y las políticas y normas generales sobre licitaciones adquisiciones concesiones y permisos.
[7] MODIFICA LEY N° 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES Y ESTABLECE NORMAS SOBRE PLANTAS DE PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES
[8] Ley N°18.294 que Establece normas y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley 3.063 de 1979.
[9] LEY N° 19.280 MODIFICA LEY N° 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES Y ESTABLECE NORMAS SOBRE PLANTAS DE PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES.
[10] Ley N° 19.803 ESTABLECE ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL
[11] LEY NÚM. 20.723 MODIFICA LEY N° 19.803 QUE ESTABLECE UNA ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL PARA HOMOLOGARLA CON LA DISPUESTA EN LEY N° 19.553 QUE CONCEDE UNA ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
[12] LEY NUM. 20.198 MODIFICA NORMAS SOBRE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
[13] LEY N°19.280 QUE MODIFICA LEY N° 18.695 ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES Y ESTABLECE NORMAS SOBRE PLANTAS DE PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES.

1.7. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 16 de diciembre, 2015. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 82. Legislatura 363.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

BOLETÍN Nº 10.057-06

__________________________________

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, con urgencia calificada de “suma”.

A las sesiones en que la Comisión consideró este proyecto de ley asistieron, además de sus miembros, del Ministerio de Hacienda, la Coordinadora Legislativa, señora Macarena Lobos. De la Dirección de Presupuestos, la Analista del Departamento de Estudios, señora Lorena Escobar, y el Abogado, señor Diego Soto.

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, el Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes; el Jefe de Gabinete, señor Eduardo Jara; el Jefe de la División de Municipalidades, señor Nemesio Arancibia; las abogadas, señoras Doris Durán y Rosa Huerta, el periodista, señor Rodrigo O’Ryan, y el asesor en materia de Finanzas Municipales, señor Víctor Hugo Miranda.

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Coordinador de DIREPOL, señor Nicolás Mena, y los asesores, señores Giovanni Semería y Sergio Herrera.

De la oficina del Honorable Senador García, el asesor, señor Marcelo Estrella, y la Periodista, señora Andrea González.

El Jefe de Gabinete del Honorable Senador Zaldívar, señor Christian Valenzuela.

El Asesor del Honorable Senador Coloma, señor Álvaro Pillado.

Del Comité Partido Por la Democracia, el Asesor, señor Reinaldo Monardes.

De la Bancada del Partido Renovación Nacional, el Abogado, señor David Huina.

De la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), el Presidente Nacional, señor Víctor Hugo Mora, los Directores Nacionales, señores Ximena Órdenes y Christian Gajardo; de UFEMUCH La Calera, el Secretario, señor Nelson Orellana, el Tesorero, señor Angelo Flores, y el Dirigente, señor Alamiro Cabezas.

De la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH), el Presidente Nacional, señor Oscar Yáñez; el Vicepresidente Nacional, señor Juan Camilo Bustamante, el Tesorero Nacional, señor Arturo Villagrán, y los Directores Nacionales, señoras Lisetty Sotelo, Ruth Flores, Marcela Zúñiga, y los señores Juan Carlos Alegría; Washington Sánchez, Raúl Bustos y Ricardo Paredes; el Presidente de ASEMUCH Quilpué, señor Víctor Órdenes; el Presidente de ASEMUCH San Felipe, señor Wladimir Tapia, y el Presidente de ASEMUCH Valparaíso, señor Hermes Gutiérrez.

De la Asociación de Profesionales de la Municipalidad de Santiago, el encargado de la Comisión de Modernización, señor Darío Díaz, y la Secretaria del Directorio, señora Margaret Urrutia.

Del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, el Presidente, señor Miguel Aguirre; el Director, señor Cristián Acevedo; el Ex Presidente, señor Alejandro Cooper, y la asesora, señora Lorena Escobar.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Conforme a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, los siete artículos permanentes del proyecto de ley, como también las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, novena, undécima, décimo tercera y décimo cuarta, deben ser aprobados en el carácter de norma de rango orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política, por modificar normas de ese carácter de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.

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Se hace presente que la Sala del Senado, en sesión de 9 de diciembre de 2015, acordó la apertura de un nuevo plazo de indicaciones, para ser presentadas en la secretaría de vuestra Comisión hasta las 10:00 horas del día 14 de diciembre del corriente.

Las indicaciones que en esa oportunidad se formularon, fueron todas de Su Excelencia la Presidenta de la República, signadas, correlativamente, con las numeraciones 1 bis a 24 bis.

- - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de que la Comisión de Hacienda introdujo modificaciones respecto del texto que propone la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, las que recayeron sobre las siguientes disposiciones:

- Artículos 1°; 3°; 4°, numerales 4), 5) y 6); 5°, numerales 1) -letra b) que se propone-, y 3), permanentes, y artículos Primero; Sexto; Séptimo; Octavo; Undécimo; Duodécimo; Décimo Tercero, nuevo, y Décimo Cuarto, nuevo, transitorios. Las referidas enmiendas fueron aprobadas por unanimidad.

- Artículo 5°, numerales 1) -letra a) que se propone-, y 5), nuevo, permanente, y artículo Noveno transitorio. Estas enmiendas fueron aprobadas por mayoría de votos.

Se hace presente que esta constancia es complementaria del cuadro reglamentario contenido en el segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y sólo guarda relación con el trámite cumplido ante la Comisión de Hacienda.

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OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY

- Facultar a los alcaldes para que, con la aprobación de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del concejo municipal, fijen o modifiquen las plantas del personal de las municipalidades;

- Establecer la obligación del municipio de informar sobre la dotación y el personal a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo;

- Dictar normas sobre bonificaciones por retiro voluntario, e incremento previsional y asignación profesional, y

- Conceder bono especial, y condonar lo recibido en exceso por error de cálculo del incremento previsional.

- - -

De conformidad con su competencia, vuestra Comisión de Hacienda se pronunció acerca de los artículos 1°; 2°; 3°; 4°, numerales 2), 4), 5) y 6); 5°, numerales 1), 2), 3) y 5), nuevo; 6° y 7°, permanentes, y todas las disposiciones transitorias, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, como reglamentariamente corresponde.

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DISCUSIÓN

Previo a la consideración de los asuntos de competencia de la Comisión de Hacienda, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, planteó que el proyecto de ley busca fortalecer la organización municipal y avanzar en lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Política de la República para mejorar las plantas municipales y flexibilizar la dotación, entregando más facultades al alcalde y al concejo en su determinación.

Además, señaló que incorpora varias medidas para mejorar la situación laboral de los funcionarios municipales, creando la asignación profesional a este nivel, lo que representa un gran avance en la homologación de las remuneraciones de los trabajadores del sector municipal respecto de los funcionarios de la Administración central.

Observó que los reseñados son los dos objetivos principales de la iniciativa, sin perjuicio de que existen otros fines más particulares.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Víctor Hugo Miranda, indicó que, desde el punto de vista del financiamiento, existe un protocolo de acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, en que se estableció que el Ejecutivo contribuye con $36.000 millones al momento de encontrarse en régimen la iniciativa legal, financiando el 100% de los aumentos de grado que se disponen (un grado para quienes se encuentren en los grados 10 al 20, y un grado adicional para quienes se encuentren en los grados 15 al 20. En el año 2016 se financia el 82% de la nueva asignación profesional que se dispone y el 100% de los aumentos de grado, y en el año 2017 se aportan $36.000 millones para solventar el 100% de la asignación profesional y la totalidad de los aumentos de grado. Para el año 2018, acotó, estos fondos se incorporan en forma permanente dentro de los aportes al Fondo Común Municipal, lo cual llevará el aporte fiscal de $9.000 millones a $45.000 millones.

En otro aspecto, explicó que el límite de personal en base a contrata es del 20% de la dotación, porcentaje que, en la realidad, actualmente se encuentra en el 30% de la dotación municipal, y el proyecto de ley dispone que el referido límite sea de un 40% de la dotación, lo que permitirá pasar a dicha condición a personas contratadas en base a honorarios que cumplen funciones permanentes.

Añadió que el aspecto central del proyecto de ley es la posibilidad de generar más cupos en la planta municipal, adecuando la dotación a la realidad de la población de cada comuna, que, en general, se muestra muy deficitaria en su proporción. Además, se dispone una norma que considera como notable abandono de deberes el hecho de aprobar una planta que no cuente con el financiamiento necesario, y aquellos concejales que no aprueben la nueva planta podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional.

El Honorable Senador señor Zaldívar planteó que siempre se pensó que se trataría de un proyecto de ley que se despacharía con mucha urgencia por la relevancia de los beneficios que se otorgan, e incluso se propuso otorgar retroactividad a ellos. Agregó que la iniciativa legal establece un bono equivalente a cuatro meses de beneficios.

El Honorable Senador señor Montes consultó qué ocurrirá con los $12.000 millones que se contemplaban como aporte fiscal por el año 2015.

El señor Subsecretario manifestó que, previendo que el proyecto de ley no estará en vigencia durante este año, los recursos no se encontrarán disponibles, por lo mismo, antes se contemplaban tres años para la completa vigencia de las disposiciones y ahora se llegará a régimen en un período de dos años, con aportes de $24.000 millones en el año 2016 y $36.000 millones en el año 2017.

A continuación, la Comisión recibió a los representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (ASEMUCH) y de la Unión de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH).

El Presidente Nacional de ASEMUCH, señor Oscar Yáñez, expresó que existen algunas dudas acerca del pago de la asignación profesional, la que se establece –en el artículo séptimo transitorio- con ciertos tramos o gradualidad en su aplicación para llegar al 100% en el año 2017, lo que no se cumpliría debido a que la iniciativa legal no quedaría aprobada dentro del presente año.

Asimismo, mencionó que se debe resolver en el pago de la asignación profesional y de la asignación directivo-jefatura, lo relativo a la aplicación del reajuste del sector público, para que se contemple en la fijación de los valores que se tomarán en el año 2016.

Respecto del bono especial considerado en el artículo octavo transitorio, equivalente a cuatro meses de las asignaciones mencionadas precedentemente, señaló que el compromiso con el Ejecutivo fue que se pagara retroactivamente tomando como fecha de referencia el 1 de enero de 2015 y respecto no sólo de ambas asignaciones sino que, además, del aumento de grado. En cambio, en la referida disposición se contempla el pago sólo respecto de los grados que van del 15 al 20 y no del 10 al 14.

Agregó que si el proyecto de ley no se convierte en ley con prontitud, surge el problema de que recién en abril o mayo recibirían los primeros pagos relacionados con la ley, quedando tres o cuatro meses del año 2016 sin cobertura.

Sobre el alza de grado para aquellos que se encuentren entre los grados 10 a 14, se verifica el problema que dicha medida se concreta el año siguiente al de publicación de la ley, por lo que no ocurriría en 2016 como había sido comprometido.

Acerca de las escalas de sueldos correspondientes al sector municipal y al sector público centralizado, indicó que se eliminó en la tramitación del proyecto de ley la comparación entre ambas para la aplicación de la asignación profesional.

Finalmente, planteó que debiera incorporarse dentro de los beneficiados por la asignación correspondiente a aquellos funcionarios del escalafón profesional que cuentan con un título, pero que no es de aquellos de al menos ocho semestres, como se exige en el proyecto de ley.

El Presidente Nacional de UFEMUCH, señor Víctor Hugo Mora, expresó que consideran insuficiente que la asignación profesional del artículo 1° se contemple sólo para las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, dado que en todas las plantas de los municipios existen profesionales y en el sector público la asignación se concede a todo aquel que cuente con un título de ese tipo. Asimismo, refrendó la observación anteriormente planteada acerca de considerar a los profesionales de dicha planta que cuentan con títulos correspondientes a carreras de duración inferior a ocho semestres. Lo mismo ocurriría respecto de funcionarios que se encuentran en las plantas de jefatura o directivos y que no cumplirían los requisitos que se exigirán.

Reafirmó que el compromiso del Ejecutivo era que los beneficios de la futura ley se pagarían retroactivamente desde el mes de enero del año 2015, lo que lleva a plantear la pregunta de qué ocurrirá con los $12.000 millones contemplados en el presupuesto del año 2015 -que servirían para pagar las bonificaciones retroactivamente- y que se perderían al aprobarse el proyecto de ley en el año 2016.

Observó que en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización no se aprobó el aumento del porcentaje máximo de personal a contrata en la dotación de un 20% a un 40% y, en el entendido de que la finalidad que se buscaba es dar estabilidad a los funcionarios a honorarios que desarrollan funciones permanentes, lo que debiera hacerse es que, al menos, 10.000 funcionarios a contrata pasen a la planta por el solo ministerio de la ley, tal como se hizo en la ley N° 19.280, referida a normas sobre plantas de personal de las municipalidades, sin costo para el Estado y dejando los cargos vacantes para incorporar a los contratos en base a honorarios a la contrata.

El asesor de la Subsecretaría, señor Miranda, explicó que en las indicaciones que el Ejecutivo pretende presentar se resolvería el problema del desfase que se produciría en el artículo séptimo transitorio de modo de llegar al 100% de las asignaciones profesional y directivo-jefatura. Asimismo, respecto del incremento de grados, iniciarían dicha promoción todos los grados del 10 al 20 el próximo año.

Sobre el artículo primero transitorio, también se ajustarían las fechas mediante indicación, para que los cambios se verifiquen al mes siguiente al de publicación de la ley y no al año siguiente.

Añadió que el reajuste del sector público recientemente aprobado se considerará para efectos de los valores que se usarán para determinar los montos de las asignaciones a pagar.

Aclaró que el proyecto de ley faculta, al igual como se hizo en la referida ley N° 19.280, de 1993, a que, por el solo ministerio de la ley, se pasen funcionarios a contrata a la planta, lo que constituye una herramienta importante para dar movilidad dentro de las plantas municipales, lo que no ocurre desde 1994.

El Honorable Senador señor Coloma acotó que la única explicación que no le parece completamente adecuada, es la que se refiere a lo que ocurrirá con los $12.000 millones contemplados como aporte fiscal para el año 2015, dado que para el año 2016 se mantienen los mismos $24.000 millones consignados desde el inicio de la tramitación.

El señor Subsecretario respondió que, inicialmente, el proyecto de ley se estructuró para encontrarse en régimen en un período de tres años a partir de su publicación, y al haberse extendido la tramitación del mismo, lo que se dispone es que la fase de implementación se haga en dos años y no en tres.

El Presidente Nacional de ASEMUCH, señor Yáñez, indicó que el aumento propuesto de la dotación a contrata de un 20% a un 40%, permitiría que más personas lleguen a las municipalidades pero, también, otorgará un manejo discrecional político, cada cuatro años, muy fuerte a la autoridad de turno, en desmedro de los funcionarios de planta.

El Presidente Nacional de UFEMUCH, señor Mora, reiteró que serán los trabajadores municipales los que sufrirán la merma de $12.000 millones que se contemplaban en el año 2015 para beneficiarlos vía ascenso o asignación, los que se constituirán en un ahorro para el Fisco. Planteó que dichos recursos deben hacerse llegar a los funcionarios municipales.

Agregó que la ley debe consignar que todos los beneficios contemplados en ella se entenderán vigentes desde el 1 de enero de 2016.

El Honorable Senador señor Zaldívar planteó al Ejecutivo que existe la inquietud acerca de lo que ocurrirá con los $12.000 millones que se contemplaba gastar en el año 2015, los que, conforme al informe financiero, cubrirían el bono especial de $4.143 millones que se pagaría respecto de 2015.

Asimismo, si la ley se publica en abril o mayo del próximo año se dará que, durante un trimestre o un cuatrimestre, no se pagarán los beneficios que el proyecto de ley contempla, quedando sin ejecutarse parte de los $24.000 millones de aporte fiscal para el año 2016, por lo que debiera darse efecto a los referidos beneficios a contar del 1 de enero de 2016.

Indicó que se requiere una respuesta previa del Ejecutivo, antes de entrar a la discusión particular de las normas de competencia.

El Honorable Senador señor Montes manifestó que debe aclararse lo que se ha planteado acerca de que existan 10.000 nuevos funcionarios de planta, lo que permitiría liberar cupos de contrata para que trabajadores con honorarios pasen a esa calidad.

Además, expresó que se debe diferenciar a las personas contratadas en base a honorarios que desempeñan funciones permanentes propias del municipio de aquellas que están contratadas en base a honorarios que desarrollan tareas de programas complementarios a los del municipio. Indicó que en el proyecto de ley no se efectúa ninguna distinción.

El asesor de la Subsecretaría, señor Miranda, explicó que, cuando en el respectivo programa presupuestario se coloca el contrato a honorarios en el ítem 03, este se refiere a quien desempeña funciones habituales y permanentes, y a esos trabajadores se apunta para que pasen a la contrata con la aprobación del concejo. Indicó que es en el artículo 4° del proyecto de ley –específicamente el artículo 49 ter que se propone- en que se faculta a encasillar a los funcionarios a contrata en los cargos que queden vacantes.

El Honorable Senador señor Coloma estimó que, respecto de fijar como fecha para dar efecto a los beneficios de la ley el 1 de enero de 2016, no debiese existir mayor problema de parte del Gobierno.

Con relación a los $12.000 millones que se contemplaba gastar por aporte fiscal en el año 2015, planteó que de perderse dichos recursos por no aprobarse el proyecto de ley en el año 2015, se sentaría un mal precedente, porque significaría que el hecho de hacer un debate más reflexivo y con tiempos adecuados de una iniciativa legal, puede tener como consecuencia la pérdida y no asignación de los recursos contemplados en un año presupuestario, debido a que no se pasan y transfieren al siguiente año presupuestario.

Acerca del aumento del límite de la dotación a contrata de un 20% a un 40%, señaló que no está de acuerdo, porque atenta contra la idea de formalizar plantas y adecuarlas a la realidad institucional.

El Honorable Senador señor Montes expresó que la finalidad de aumentar la proporción máxima de personal a contrata es poder incluir en esa condición a personas que actualmente trabajan en base a honorarios. Agregó que la opinión negativa de muchos funcionarios responde a que, encontrándose a contrata, de todas formas padecen una gran inestabilidad, lo que ilustran en que los bancos no les otorgan créditos o dependen de la absoluta discrecionalidad, que en ocasiones es arbitrariedad, del alcalde de turno para mantener su empleo.

El Honorable Senador señor Zaldívar explicó que los representantes de los funcionarios le han manifestado estar de acuerdo con el referido aumento de dotación máxima a contrata, en el entendido de que busca mejorar la precaria situación de quienes realizan funciones permanentes con contrato a honorarios.

El Honorable Senador señor Montes señaló entender que el alcalde puede crear nuevas unidades al interior de la municipalidad siempre que cuente con la aprobación del concejo, lo que ha sido ratificado por los representantes del Ejecutivo presentes en la sesión.

En la siguiente sesión, el Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo recogen varias de las inquietudes planteadas en la precedente sesión, como iniciar la vigencia de la ley a partir del 1 de enero del próximo año, manteniendo el bono especial de 4 meses a contar de esa fecha e incluyendo a los grados 10 al 14 dentro de esa bonificación. Además, el aporte fiscal para el año 2016 pasa de $24.000 millones a $32.000 millones.

A continuación, la Comisión recibió a los representantes del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, cuyo Presidente, señor Miguel Aguirre, expuso que el inciso tercero del artículo 1° contiene una exclusión explícita de la asignación profesional respecto de los jueces de policía local, la que estiman injustificada desde el punto de vista constitucional y financiero.

Manifestó que quizás existe una confusión acerca de la naturaleza jurídica de esta judicatura en el ordenamiento jurídico nacional. Expresó que los jueces de policía local son funcionarios municipales, consecuencia de lo cual es que sus remuneraciones se pagan con recursos municipales, considerando todas las asignaciones correspondientes, incluso una asignación por la gestión administrativa que deben cumplir. Adicionalmente, por tener funciones jurisdiccionales locales, se les otorga una asignación de responsabilidad judicial.

Respecto de la constitucionalidad de la exclusión, estiman, con base en informes en derecho, que sería inconstitucional por discriminar a una categoría de funcionarios que cumple con todos los requisitos para ser beneficiario de la nueva asignación.

Los fundamentos que expresó el Ejecutivo para excluirlos de la iniciativa legal fueron, indicó, que los jueces de policía local reciben la asignación de responsabilidad judicial, que, observó, dice relación con la función jurisdiccional que cumplen y en nada cambia su naturaleza de funcionarios municipales.

Mencionó que, en el pasado, existió un intento de excluir a los jueces de policía local de un beneficio otorgado a los funcionarios municipales, a propósito de una asignación de mejoramiento de la gestión municipal, lo que fue oportunamente corregido por el mismo argumento de tratarse de una discriminación injustificada.

Agregó que la judicatura local es la más cercana a la población y en los últimos años ha visto crecer sus competencias en varias materias, como, por ejemplo, las relativas a deberes y derechos en espectáculos deportivos y normas sobre protección a los consumidores.

Respecto de las razones financieras que justificarían –en opinión del Ejecutivo- la exclusión, planteó que no se sostienen dichas razones, porque la asignación beneficiaría a 8.700 funcionarios, excluyéndolos a ellos que sólo son 350 funcionarios, por lo que representan el 4% de dicho universo y un 1% del costo fiscal de la asignación. Además, se genera una medida sin precedente, al dejar fuera de una asignación profesional a una autoridad que dirige una judicatura y requiere ser abogado para ello.

Añadió que los jueces de policía local se ubican entre el grado 3 y el grado 9 de la escala municipal, y la mayoría de ellos, 70%, se encuentra entre los grados 5 y 9.

Aportó los siguientes datos, extraídos, algunos, del informe financiero de 8 de mayo de 2015 de la Dirección de Presupuestos: el costo total para el año 2015 es de $7.432 millones, que aumenta hasta llegar, en régimen, a $53.400 millones, con un costo de la asignación profesional para el año 2015 de $1.287 millones. El aporte fiscal para el año 2015 es de $12.000 millones, con un universo de funcionarios municipales de 35.000 al año 2011, de los cuales serían 8.700 los que pertenecen a directivos, jefaturas y profesionales, y sólo 350 son los jueces de policía local.

Concluyó reiterando que ante la injustificada exclusión, sin sustento constitucional o financiero, solicitan que se deje sin efecto y los jueces de policía local reciban la asignación profesional que les corresponde.

El Honorable Senador señor Coloma expresó que los jueces de policía local del Maule le plantearon los mismos argumentos expresados precedentemente y, adicionalmente, le explicaron que uno de los argumentos para justificar la exclusión es que existen jueces sin dedicación exclusiva al cargo, por lo que proponían que se considerara el otorgamiento de la asignación a los jueces que sí tienen dedicación exclusiva. Consultó si el Instituto que representan comparte el criterio expuesto, o no.

El Presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, señor Aguirre, respondió que en la judicatura ordinaria sí existe la referida exclusividad, tanto es así, que se paga una asignación específica por dicha condición, que es algo distinto a lo que se discute ahora, en que se trata de una asignación profesional que también reciben los jueces ordinarios, además de la exclusividad.

El Honorable Senador señor Zaldívar planteó que se está concluyendo el primer trámite constitucional y que el Ejecutivo debe tomar nota de las objeciones planteadas y estudiar la posibilidad de cambiar la medida durante el segundo trámite constitucional.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miranda, explicó que, además, de las modificaciones explicadas por el Presidente de la Comisión, las indicaciones proponen que los funcionarios que se encuentren en el estamento de profesionales, pero no cumplan con los requisitos para recibir la nueva asignación profesional, sean incluidos en la asignación directivo-jefatura. Asimismo, proponen que se cierre la objeción sobre el cotejo entre escalas de remuneraciones al momento de hacer la homologación respecto de la asignación profesional, por lo que se eliminarían varios párrafos del número 2 del inciso segundo del artículo undécimo transitorio, no aplicándose el referido cotejo entre escalas de remuneraciones.

El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que se ha planteado que en el Comité Bipartito que se considera en el nuevo artículo 49 bis, faltaría que se incluya que la integración es paritaria entre representantes de los funcionarios y representantes del alcalde.

El Honorable Senador señor Montes consultó si los $4.000 millones considerados para pagar el bono especial por los últimos cuatro meses del año 2015, se imputarán al presupuesto del año 2016 o de otra forma.

Del mismo modo, preguntó cuánto crecerán potencialmente las plantas municipales, para conocer la proporción que representarán planta, contrata y honorarios dentro de la dotación municipal.

Además, inquirió por el número de contratos a honorarios de acuerdo a las modalidades que se consignan en el numeral 1) del artículo 5°, en que se menciona honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. Agregó que pareciera que en esa disposición no se considera a los contratados en base a honorarios que se financian en función a programas y proyectos.

El asesor, señor Miranda, expuso que, en la situación hipotética de crecimiento al límite máximo de 42% de gasto en personal de planta y a contrata en cada municipalidad, de los 26.000 funcionarios de planta al año 2014, se debiera incorporar un 30% que vendría de la contrata, contratos a honorarios o externos al municipio.

Respecto de los funcionarios a contrata, indicó que son alrededor de 10.000 al año 2014, pero no todos cuentan con la antigüedad requerida para pasar a planta. Estimó que, entre 35% y 40% de los 10.000 funcionarios a contrata debieran concurrir al encasillamiento de planta que se producirá.

Sobre los contratos a honorarios, respondió que la norma vigente para el cálculo de gastos en personal no incluye los gastos de prestaciones de servicio comunitario, conocidos como programas, por lo que el actual límite de 35% de gasto en personal, se calcula respecto de la planta, contratas y contratos a honorarios con funciones habituales imputados al ítem 03 del subtítulo 21 del presupuesto municipal. Añadió que en la disposición citada por el Honorable Senador señor Montes lo que se hace es desagregar el referido ítem 03.

Informó que, al mes de diciembre del año 2014, el número de contratos a honorarios relativos al mencionado ítem 03 son del orden de 6.000 - 6.500 trabajadores, y los contratos a honorarios de las prestaciones comunitarias, conocidas como programas, son alrededor de 36.000 a nivel nacional.

El Honorable Senador señor García señaló que le preocupa que funcionarios con contratos a honorarios muy antiguos, como son aquellos pertenecientes a PRODESAL, Programa de Desarrollo Local, o los PDTI, Programa de Desarrollo Territorial Indígena, ambos ligados a INDAP, que pueden tener hasta 20 ó 25 años de labores en la municipalidad, verán cómo trabajadores también contratados en base a honorarios, pero con antigüedades de 5 años, pasarán a la contrata y ellos no.

Planteó que la situación descrita puede generar muchos conflictos al interior de los municipios.

Respecto de lo expuesto por los representantes de los jueces de policía local, señaló que es posible que la exclusión sea inconstitucional, no existiendo argumentos sólidos para dejarlos fuera de una asignación como la descrita, más allá del problema práctico que un juez de policía local podría quedar con una remuneración más alta que la del alcalde. Agregó que un problema práctico como el mencionado, puede producirse también respecto de jueces y secretarios de policía local.

El Honorable Senador señor Coloma planteó que las indicaciones presentadas resuelven la mayor parte de los conflictos expuestos. No obstante, desde su perspectiva, se mantienen dos objeciones a la iniciativa legal, una, la exclusión de los jueces de policía local de la asignación profesional, en que la misma redacción del artículo 1° demuestra que debieran estar incluidos al ser profesionales, dado que deben dejarlos fuera explícitamente sin dar razones para ello y, la segunda, que no le parece que se suba el límite máximo de personal a contrata dentro de la dotación a un 40%, especialmente por tratarse de una norma permanente, que cambia radicalmente la óptica de tratar de que el empleo en el sector público no sea precario y corresponda a la planta.

El Honorable Senador señor Montes expresó que debe quedar constancia de la situación precaria, desde el punto de vista laboral, que enfrentan los 36.000 trabajadores conocidos como de programas, por lo que existe un escenario prolongado en el tiempo de una gravísima insetabilidad laboral y de incumplimiento respecto de los derechos mínimos de los trabajadores que no puede mantenerse. Agregó que se trata de trabajadores que antes eran parte del Estado y fueron privatizados, tercerizados y no cuentan con prestaciones previsionales y de salud.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló estar de acuerdo con lo planteado, pero, observó, se trata de un problema muy complejo, debido a que se trata de trabajadores que son proporcionados desde la Administración central, por lo que no sería sencillo hacer que ingresen al sector municipal.

Respecto del referido límite de 40% de personal a contrata, expresó que debe tenerse en cuenta que está propuesto para mejorar la condición laboral de personas con menos estabilidad, como son los contratados en base a honorarios con funciones permanentes. Añadió que, por ese motivo, los representantes de los funcionarios municipales han cambiado de opinión y ahora son partidarios de que se apruebe la disposición.

El Honorable Senador señor Lagos compartió lo expresado por el Honorable Senador señor Montes, y estimó que lo que falta es sincerar la situación de las plantas –en el sentido que la dotación del Estado ha crecido exponencialmente desde el año 1990 a la fecha sin que aumenten significativamente las plantas- y revisar el estatuto que rige a los funcionarios públicos para adaptar su condición a la necesidad de que no exista una especie de cuasi inamovilidad en la función.

El Honorable Senador señor Montes planteó que, si bien, no necesariamente se trata de pasar a todos los trabajadores a la planta del Estado, al menos debe asegurarse que cuenten con prestaciones previsionales y de salud, lo que debe resolverse con la máxima urgencia.

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A continuación se describen o reproducen, según el caso, en el orden del articulado del proyecto, las citadas disposiciones de competencia de vuestra Comisión:

Artículo 1°

Su texto es el que sigue:

“Artículo 1°.- A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley N° 19.185 para los grados que resulten procedentes.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local.”.

En este artículo recayó la indicación número 1 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir en el artículo 1° la frase “A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley,”, por la siguiente frase: “A contar del 1 de enero del año 2016,”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, Lagos, Montes y Zaldívar.

El Honorable Senador señor Coloma solicitó la votación separada de la frase “, ni a los Jueces de Policía Local” del inciso tercero.

El Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Zaldívar, declaró inadmisible la petición de votación separada, porque de rechazarse el texto propuesto implicaría aumentar el gasto fiscal, incidiendo en la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en las materias contempladas en el artículo 65, incisos tercero y cuarto, N° 4°, de la Constitución Política de la República.

Artículo 2°

Establece que los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron las bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, que habiendo presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº 20.305, al momento de solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso al pago del bono por haberse considerado inaplicables estas normas por no cumplir con los plazos de doce meses contemplados en los artículos 2º número 5) y 3º de la ley Nº 20.305; tendrán derecho a acceder al mencionado bono siempre que cumplan los requisitos para acceder a él. El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que haya cesado en sus funciones.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo 3°

Su texto es el siguiente:

“Artículo 3°.- Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos que determine al efecto dicha Subsecretaría:

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal;

b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica;

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan contratación de personas sobre la base de honorarios;

d) Escalafón de mérito vigente;

e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la administración del Estado;

f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario; y,

g) Gasto total en recursos humanos.

La información remitida sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.”.

En este artículo recayó la indicación número 2 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente inciso final nuevo:

“Esta información, con excepción de la contenida en la letra d) anterior, se deberá mantener a disposición permanente del público, en la misma manera indicada en el artículo 7° de la ley N° 20.285, estando sometido el cumplimiento de esta obligación al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo 4°

Introduce modificaciones en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior.

Numeral 2)

Reemplaza en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo “218.000” por “1.052.000”. El numeral se refiere a que el Fondo Común Municipal está integrado por recursos que consideran un aporte fiscal anual de la ley de presupuestos del sector público, cuyo monto se modifica por este numeral.

Puesto en votación el numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Numeral 4)

Incorpora, en la letra a) del artículo 27, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la oración siguiente:

“Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento y grado de remuneración. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

El Honorable Senador señor Montes planteó que se agregue la obligación de informar al concejo municipal las labores desempeñadas por las personas contratadas en base a honorarios que cumplen funciones permanentes.

Puesto en votación el numeral fue aprobado, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Numeral 5)

Agrega en el artículo 31, después del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración final:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear los órganos y unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones propias de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25, 27 y 28 de esta ley.”.

En este numeral recayó la indicación número 3 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“5) Agrégase en el artículo 31, después del punto final (.), que ha pasado a ser punto aparte (.), los siguiente incisos:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.

Para la creación de dichas unidades será necesario que se justifique su necesidad mediante informe fundado emitido por la Secretaría de Planificación Comunal y la de Administración Municipal. El mencionado informe deberá ser conocido por el concejo en forma previa a la aprobación del reglamento. En ningún caso se podrán crear unidades que no cuenten con el debido financiamiento municipal para su funcionamiento.”.”.

El Honorable Senador señor Montes consultó cuál es el quórum necesario para aprobar por el concejo municipal el reglamento y la creación de nuevas unidades al interior del municipio.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miranda, señaló que la aprobación del reglamento se ubica dentro del régimen normal contemplado por la ley orgánica constitucional, por lo que se requiere la mayoría de los miembros presentes del concejo.

El Honorable Senador señor Montes preguntó a los representantes del Ejecutivo si les parece bien que sea ese el quórum requerido para aprobar una modificación relevante al reglamento municipal.

El asesor, señor Miranda, respondió que la experiencia que han recabado desde los municipios es que en la generalidad de los casos las modificaciones al reglamento se han logrado con amplias votaciones favorables, por lo que no pareciese necesario hacer cambios al respecto.

El Honorable Senador señor Coloma consultó si existen normas de protección respecto de los funcionarios que actualmente se desempeñan en las unidades del municipio, en el sentido que no ocurra que se creen nuevas unidades o funciones con el objetivo de apartar a un funcionario de una determinada labor.

El asesor, señor Miranda, afirmó que el estatuto administrativo contempla una norma de protección que impide efectuar cambios que vayan en detrimento de la remuneración y de la jerarquía de los funcionarios. Por tanto, estiman que en ningún caso un funcionario que sea trasladado a una nueva unidad podría perder el estamento, el encasillamiento, la prelación en el encasillamiento o ver disminuida su remuneración.

El Honorable Senador señor Coloma solicitó dejar constancia de lo indicado precedentemente.

El Honorable Senador señor Montes hizo presente su preocupación de que la creación de nuevas unidades y funciones no requiera un amplio acuerdo para concretarse, porque en base a esos cambios se puede apartar a funcionarios, sacándolos de las funciones que cumplen, como puede ser el caso de la Dirección de Obras, por ejemplo.

El asesor, señor Miranda, manifestó que se requiere un informe fundado que justifique la creación de la nueva unidad, además que no se pueden duplicar funciones, y el cambio debe estar debidamente financiado.

El Honorable Senador señor Zaldívar planteó que el Ejecutivo debiera estudiar una enmienda que exija un quórum de la mayoría de los concejales en ejercicio para la aprobación de este tipo de cambios al reglamento.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Cifuentes, comprometió el estudio de una enmienda como la señalada por el Honorable Senador señor Zaldívar precedentemente.

La indicación número 3 bis fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Numeral 6)

Agrega, a continuación del artículo 49, los siguientes artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter, nuevos:

“Artículo 49 bis.- Los Alcaldes, a través de un reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda. En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior, estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.

2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.

4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.

5. Los Alcaldes deberán realizar consulta a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal.

6. Los Alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

7. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.

8. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del Alcalde como del o los concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta, podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional, para solicitar que declare el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la aprobación de la planta por parte del concejo municipal. Con todo, el Alcalde sólo podrá remitir a la Contraloría General de la República, el reglamento a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el plazo precedentemente señalado en el artículo anterior, sin que se haya interpuesto la acción que establece el inciso anterior o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado la acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del Tribunal Electoral Regional.

Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior, sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, cinco años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y, se encuentren calificados en lista N°1, de distinción, o lista N°2, buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Alcalde.

c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52 y 53 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.

d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal.

ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación de derechos previsionales.

iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse cada ocho años, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse solo durante el año siguiente a estas.

La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de total tramitación del reglamento municipal que aprueba la planta respectiva y tendrá vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a dicha fecha.”.

En este numeral recayeron las siguientes indicaciones números 4 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis y 9 bis:

La indicación número 4 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar, en el inciso primero del artículo 49 bis, la oración:

“En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

La indicación número 5 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar, en el numeral 5 del nuevo artículo 49 bis, a continuación de su punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”.

Los Honorables Senadores señores García y Zaldívar plantearon la inquietud acerca de que se disponga que el Comité Bipartito tenga una integración paritaria de representantes de los funcionarios y representantes del alcalde.

El señor Subsecretario manifestó la conformidad del Ejecutivo con lo indicado precedentemente.

La indicación fue aprobada, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

La indicación número 6 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar el siguiente numeral 9, nuevo, al artículo 49 bis:

“9. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.”.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miranda, señaló que la indicación repone lo que originalmente se había aprobado, y que busca que al momento de encasillar se respete la prelación de grado de los jueces - artículo 5° de la ley N° 15.231-, que se respete la posición del administrador municipal -artículo 7° de la ley N° 19.602- y que se respete la posición de los directivos -artículo 16 de la ley N° 18.883- que fue modificada por la ley N° 20.742, que indica que deben encontrarse dos grados más abajo del alcalde.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

La indicación número 7 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para agregar, en la letra a) del nuevo artículo 49 ter, un segundo párrafo, nuevo:

“En el ejercicio de esta facultad, los Alcaldes podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, a los funcionarios titulares en una planta distinta a la que estos pertenecen en la medida que hayan quedado vacantes luego de la provisión indicada en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los requisitos propios del cargo y, además, los siguientes:

i) Que el funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se encasilla;

ii) Que el funcionario acepte previamente, por escrito el traspaso.”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

La indicación número 8 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en la letra c) del nuevo artículo 49 ter, la expresión “y 53”, por “, 53 y 54”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

La indicación número 9 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar en el inciso primero del artículo 49 quáter, a continuación de la frase "cada ocho años,” y antes de “siempre que se cumplan”, la frase “y dentro de los 2 años siguientes a contar del cumplimiento de dicho período,”.

El asesor, señor Miranda, indicó que, originalmente en el proyecto de ley se planteaba que todo el proceso de formulación, aprobación, toma de razón y encasillamiento se efectuara en un año, pero la Contraloría General de la República observó que existen dos procesos que son responsabilidad de ellos –puesta al día del escalafón de mérito y toma de razón del reglamento de planta-, por lo que les parecía más adecuado un plazo más amplio de dos años para que la municipalidad pueda cumplir todo el proceso.

Agregó que los escalafones de mérito no se encuentran actualizados.

El Honorable Senador señor Coloma sostuvo que la medida podría justificarse por una primera vez para permitir que se actualicen los escalafones de mérito, pero no debiera ser permanente. Así, debiera disponerse que al hacerse por primera vez exista un plazo de dos años y, posteriormente, el referido plazo sea siempre un año.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo 5°

Introduce modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Numeral 1)

Su texto es el siguiente:

“1) En el artículo 2°, agrégase el siguiente inciso final:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gastos en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.”.

En este numeral recayó la indicación número 10 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“1) Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a) Reemplazase en su inciso cuarto, el vocablo veinte, la primera vez que aparece, por “cuarenta”, y la expresión “cuatro” por “ocho”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gasto en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.

Respecto de la letra a) del numeral 1) se produjo el siguiente debate:

El Honorable Senador señor Coloma expresó que la disposición propuesta apunta en un sentido contrario al que debiera dirigirse la administración pública, dado que establece, en forma general y permanente, como límite máximo de la dotación a contrata el 40% del total, siendo que la norma básica en los estatutos administrativos es de un 20% y se debiera tender a que el trabajo en la Administración sea uno estable y no en condiciones de incerteza.

Aceptó que podría justificarse una norma como la que se propone si fuera excepcional y sólo para mejorar la condición de las personas contratadas a honorarios, pero no si se busca hacerla permanente.

El Honorable Senador señor Montes planteó que, junto con aumentar las contratas permitidas, debiera establecerse un límite máximo a los contratos a honorarios que cumplen funciones permanentes.

El Honorable Senador señor García manifestó que siempre existirá el límite de un 42% de gasto anual máximo en personal.

Asimismo, consultó si la modificación de “cuatro” por “ocho” responde a la misma lógica de aumento de límite máximo de dotación a contrata.

El asesor de la Subsecretaría, señor Miranda, señaló que en los municipios con menos de 20 cargos de planta se autorizaban hasta 4 cargos a contrata, por lo que se aumenta el límite a 8 cargos en esa condición.

El Honorable Senador señor García manifestó que aprobará la disposición, esperando que en el segundo trámite constitucional se deje como una medida temporal, y que la norma definitiva sea que la dotación máxima a contrata llegue sólo a 20% para que el resto sea de planta y cuente con la estabilidad laboral requerida por la dignidad funcionaria.

El Honorable Senador señor Coloma indicó que rechazará la letra a), porque es la única forma de presionar al Ejecutivo para que modifique su criterio, dejando 20% de dotación máxima a contrata como regla y, transitoriamente, un 40% para solucionar el problema de los contratos a honorarios, que sería lo más correcto.

El Honorable Senador señor Montes expresó que, no obstante concurrir a la aprobación de la letra a) para mejorar la situación de las personas con contratos a honorarios, debe abordarse el problema de fondo sobre la organización de los municipios, que afecta en general a los trabajadores con funciones permanentes, incluyendo a quienes se encuentran en planta, que también requieren una modernización de su estatuto.

Comentó que, cuando se incorporó al administrador municipal dentro del organigrama, se lo pensó como el jefe del equipo permanente del municipio y no como un ayudante más del alcalde, como fue en definitiva.

El Honorable Senador señor Lagos planteó que el tema que subyace –y que históricamente no se ha querido discutir- es la cuasi inamovilidad de los funcionarios de planta, que no se solucionará mientras no se adopte un sistema de calificaciones adecuado y que funcione correctamente, a diferencia del actual. Independientemente de ello, señaló que aprobará la disposición.

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que existe un problema de estructuración del Estado y de los municipios y cómo se enfrentan la flexibilidad versus la inamovilidad de la dotación, tratando de combinarlas. Señaló que es un problema que supera por mucho la materia que están discutiendo ahora. Estimó que, en este caso particular se debe aprobar lo que se propone, sin perjuicio de considerar que darle un carácter temporal a la medida parece muy adecuado.

El señor Subsecretario manifestó que la precariedad laboral en la Administración del Estado se encuentra en el sector municipal, con 36.000 personas con contratos a honorarios que no dependen del municipio y, dentro del escenario actual, lo que buscan es avanzar en resolver problemas humanitarios, para lo cual, la única herramienta que tienen disponible –mientras no se haga una discusión más profunda y estructural sobre el sistema de personal en el Estado- es recurrir a la contrata de la forma propuesta.

En votación la indicación número 10 bis, se registraron los siguientes resultados:

La letra a) del numeral 1) que se sustituye, fue aprobada por mayoría de votos. Votaron a favor los Honorables Senadores señores García, Lagos, Montes y Zaldívar, y en contra el Honorable Senador señor Coloma.

La letra b) del numeral 1) que se sustituye, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Numeral 2)

Agrega, en el artículo 7°, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de Alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría. Dicho reglamento deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de esta ley.”.

Puesto en votación el numeral, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Numeral 3)

Agrega, en el artículo 8°, los siguientes incisos finales, nuevos:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:

a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil, de ingeniero constructor civil o de constructor civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Jefaturas: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título de técnico nivel medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.

6) Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.

Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.”.

En este numeral recayeron las siguientes indicaciones números 11 bis y 12 bis:

La indicación número 11 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar en el N° 6), la frase “Haber aprobado la educación básica o encontrase en posesión de estudios equivalentes”, por la siguiente: “Haber aprobado la educación media o su equivalente”.

El asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miranda, señaló que se busca homologar los requisitos de la planta de auxiliares con lo que ocurre en la Administración central. Agregó que las tareas de los funcionarios de dicha planta se han ido ampliando, otorgando atención al público y manejando herramientas computacionales en muchos casos.

El Honorable Senador señor Coloma señaló entender que la modificación operará para situaciones futuras, por lo que la única duda es si en algunas comunas, rurales principalmente, se podría producir un problema práctico de falta de personal para llenar los cargos.

El Honorable Senador señor Montes planteó que se podría establecer un período de transición para hacer exigible el cumplimiento de los requisitos, más allá de que la tendencia marcada es a completar los estudios de educación media.

El asesor, señor Miranda, indicó que se recabó información de los sectores salud y educación, la que permitió concluir que no han existido problemas en los sectores rurales para incorporar personal con los referidos requisitos.

El Honorable Senador señor Coloma manifestó que aprobaría la indicación en virtud de la información otorgada por el Ejecutivo, aunque preferiría que existiese un período de transición para su aplicación.

La indicación número 12 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar su inciso final, que señala: “Las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.”.

Las indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

°°°

La indicación número 13 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para agregar el siguiente numeral 5), nuevo, pasando el actual número 5) a ser numeral 6):

“5) Añádase, en el artículo 16, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, estos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la ley N° 20.742.”.”.

El Honorable Senador señor Coloma sostuvo que la disposición resulta contradictoria con la indicación precedentemente aprobada.

El Honorable Senador señor Montes manifestó que los representantes de los funcionarios le indicaron que existe atraso en la definición de los perfiles ocupacionales, no obstante sería muy positivo que el Programa al que se hace referencia opere adecuadamente.

El Honorable Senador señor García inquirió más antecedentes acerca del Programa Academia de Capacitación Municipal.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Cifuentes, señaló que el Programa se desarrolla desde hace unos años y ha cobrado fuerza con la aprobación de la ley que crea el fondo para la profesionalización de los funcionarios municipales, que permite acceder a un subsidio para terminar estudios técnicos y profesionales. Además, se creó otro fondo –que se ha fortalecido desde el año pasado- para la capacitación técnica de los funcionarios municipales y de gobiernos regionales.

Agregó que cuentan con un presupuesto de, aproximadamente, $5.000 millones para ambos fondos, y la Academia se ha desplegado en todo el país, con capacitaciones en diversas materias, como perfeccionamientos para la toma de exámenes de conducir hasta la implementación de las normas medioambientales y de los tribunales ambientales.

El asesor de la Subsecretaría, señor Miranda, indicó que los perfiles ocupacionales aprobados y acreditados por la institución de acreditación nacional de perfiles ocupacionales, conocida como Chile Valora, son 37, por lo que la disposición que se propone permite aprovechar el esfuerzo estatal realizado, otorgando una facultad y no imponiendo una obligación.

El Honorable Senador señor García consultó quién otorga y certifica las capacitaciones.

El señor Subsecretario explicó que existen varias modalidades, y mirando experiencias comparadas, acotó que les gustaría ir hacia la constitución de un ente al estilo de las escuelas nacional francesa, la inglesa o la estadounidense, que desde hace 50 años forman a los funcionarios municipales.

Asimismo, se plantean como objetivo poder establecer una capacitación obligatoria para los nuevos alcaldes y el resto de las autoridades cuando ingresan a la administración municipal.

Observó que las capacitaciones actuales se hacen licitando con universidades de acuerdo a perfiles estudiados de la realidad municipal.

La indicación fue aprobada, con tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar, y dos abstenciones de los Honorables Senadores señores Coloma y García.

Artículo 6°

Deroga el artículo 1° de la ley N° 18.294, que establece normas y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley 3.063, de 1979.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo 7°

Deroga los artículos 11 y 12 de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Establece Normas Sobre Plantas de Personal de las Municipalidades.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero

Prescribe, textualmente, lo siguiente:

“Artículo Primero.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que a continuación se indican; será encasillado en el grado inmediatamente superior al que sirve en calidad de titular, en el siguiente orden:

a) A contar del primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley, se procederá a encasillar sólo a los funcionarios de las plantas antes señaladas que se encuentren al 1 de enero de 2015, entre los grados 15° al 20°, ambos inclusive.

b) A contar del 1 de enero del año siguiente a la publicación de la presente ley, se encasillarán a los funcionarios de esas plantas que se encuentre al 1 de enero de 2015, entre los grados 10º al 14º, ambos inclusive.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

En este artículo recayó la indicación número 14 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Primero.- A contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares entre los grados 10° al 20°, ambos inclusive, será encasillado en el grado inmediatamente superior siempre que se haya desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Segundo

Su texto es el siguiente:

“Artículo Segundo.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que está en posesión a esta última fecha.”.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.”.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Tercero

Es del siguiente tenor:

“Artículo Tercero.- Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los Alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo acto administrativo.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo, no quedará afecto a la limitación establecida en el inciso tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que se incorpora a través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en los últimos 36 meses.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Cuarto

Dispone lo siguiente:

“Artículo Cuarto.- Para efectos de la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se utilizarán los cargos vacantes de las respectivas plantas de personal.

Si aplicado el mecanismo anterior faltaren cargos, los Alcaldes estarán facultados para modificar las plantas del personal de las municipalidades, sólo con el objeto de crear los cargos necesarios para ello. A su vez, se entenderán suprimidos por el sólo ministerio de la ley, en el mismo número de cargos que cree, aquellos cuya vacancia generen los funcionarios a los cuales se encasille de acuerdo a los artículos primero y segundo transitorios de esta ley. Con todo, no se suprimirán los cargos correspondientes al último grado de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, y siempre deberá quedar, a lo menos, un cargo en cada grado de dichas plantas. Con todo, el número total de cargos de cada una de las plantas antes señaladas deberá ser, a lo menos, el mismo que existía con anterioridad al encasillamiento.

Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto en el inciso anterior deberán dictarse dentro de los noventa días siguientes a las respectivas fechas que fijan los artículos primero y segundo transitorios precedentes disponiendo los respectivos encasillamientos.

Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2° de la ley N° 18.883, incorporado por el número 1) del artículo 5° de la presente ley, sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para la señalada aplicación.”.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Quinto

Establece que los cambios de grado que determine la aplicación de los artículos primero a tercero transitorios, no serán considerados como ascensos para los efectos previstos en la letra g) del artículo 97 de la ley N° 18.883. En consecuencia, los funcionarios conservarán el número de bienios que estuvieren percibiendo, como asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Sexto

Su texto es el que sigue:

“Artículo Sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2015 de M$ 12.000.000 (doce mil millones de pesos), en el año 2016 de M$ 24.000.000 (veinticuatro mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; anualmente determinará los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución dispondrá primeramente el financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios. El remanente que resulte luego de financiar el mencionado incremento se destinará al pago de las otras asignaciones y bonos otorgados en esta ley. Para determinar los montos correspondientes a cada municipalidad se ordenarán éstas de acuerdo al mayor gasto en personal que origine el pago de las aludidas asignaciones, distribuyendo los recursos disponibles desde menor a mayor gasto hasta su total distribución.

Las municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad que determine dicha Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación del presente artículo.

Para dichos efectos los Alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que contendrá un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado tanto respecto de los funcionarios de planta como de los a contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto, deberán ser enviados a la citada Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año correspondiente.

Para la entrega de los aportes respectivos a los años posteriores, los oficios deberán ser enviados a más tardar el 28 de abril de cada año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y artículos primero, segundo, tercero, octavo y undécimo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a la escala de penas establecidas en el artículo 236 del Código Penal.”.

En este artículo recayó la indicación número 15 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Artículo Sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2016 de M$ 32.000.000 (treinta y dos mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Séptimo

Establece que el monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo duodécimo transitorio ascenderá a un 17% de su monto total desde el primer día del mes siguiente al de publicación de la presente ley y hasta el 31 de diciembre de ese año; a un 34% de su monto total desde el 1 de enero del año siguiente a dicha publicación; y a un 100% de ella a contar del 1 de enero del año subsiguiente a la referida publicación.

En este artículo recayó la indicación número 16 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Séptimo.- El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo Undécimo Transitorio de la presente ley ascenderá a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de ese año; y a un 100% (cien por ciento) de ella a contar del 1 de enero del año 2017.”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Octavo

Concede, por una sola vez, a los funcionarios municipales que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto ascenderá a:

a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° o la asignación Directivo-Jefatura del artículo undécimo transitorio de esta ley en el mes siguiente al de su publicación, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en dicho mes.

b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se les aplique la letra a) del artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda al mes subsiguiente de la fecha de publicación de la presente ley y el total de haberes brutos del mes anterior a dicha publicación. Para efectos del presente literal, no se considerará la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Asimismo, dispone que el bono se pagará en una sola cuota, en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley, sólo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.

En este artículo recayó la indicación número 17 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar la letra b), por la siguiente:

“b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se les aplique el artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda al en el mes de enero del año 2016 y el total de haberes brutos del mes anterior. Para efectos del presente literal, no se considerarán la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803, la bonificación contemplada en el artículo 3° de la ley N° 20.198, la bonificación anual del artículo 44 de la ley N° 20.883, las horas extraordinarias, ni ninguno de los beneficios que se concedidos por una sola vez, contemplados en la ley N° 20.883. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.”.

El Honorable Senador señor Coloma señaló entender que se trata de un bono que equivale a cuatro meses y que se paga dentro de los 90 días posteriores a la aprobación de la ley.

El Honorable Senador señor García expresó que el Ejecutivo debe explicar bien a qué corresponden las asignaciones y bonificaciones que se excluyen para el cálculo del bono, y asegurar que no existirá alguna distorsión que lleve a reclamos respecto del monto del mismo.

El asesor de la Subsecretaría, señor Miranda, explicó que las asignaciones y bonificaciones a las que se hace referencia, se incorporaron precisamente para que el cálculo se hiciera entre haberes permanentes, excluyendo elementos variables.

El Honorable Senador señor García solicitó dejar constancia de que el Ejecutivo ha explicado que para el cálculo del bono se consideran haberes brutos permanentes.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Noveno

Es del siguiente tenor:

“Artículo Noveno.- Las facultades concedidas en los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, introducidos por el artículo 4° de la presente ley, podrán ejercerse por primera vez dentro del año 2018.

La modificación establecida por el número 2 del artículo 4° de la presente ley, entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3 del artículo 5° de la presente ley, no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalado.”.

En este artículo recayó la indicación número 18 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar, en el inciso primero, la frase “por primera vez dentro del año 2018”, por “a partir del 1 de enero del año 2018, y hasta el 31 de diciembre del año 2019.”.

El asesor de la Subsecretaría, señor Miranda, explicó que la indicación acota cuándo comienza y cuándo termina por primera vez el plazo de dos años para efectuar la formulación y las modificaciones a las plantas.

El Honorable Senador señor Coloma señaló que le parece innecesaria esta disposición desde que se cambia el plazo de un año a dos años, más aún que se trata de una disposición transitoria y no una norma permanente.

La indicación fue aprobada con tres votos a favor de los Honorables Senadores señores Lagos, Montes y Zaldívar, y dos abstenciones de los Honorables Senadores señores Coloma y García.

Artículo Décimo

Deroga las correspondientes normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país, a contar de la fecha de entrada en vigencia del primer reglamento que fije para cada municipalidad la nueva planta de personal establecida en virtud de los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, según corresponda.

Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Undécimo

Es del tenor que sigue:

“Artículo Undécimo.- Concédase, a partir del día 1 del mes siguiente al de publicación de esta ley, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo, sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación directivo- jefatura:

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Respecto de los funcionarios a los cuales se les aplique lo dispuesto en el presente artículo, la remuneración bruta mensual que resulte de incluir los valores de asignación Directivo-Jefatura señalados en el número anterior según corresponda, deberá compararse con el total de la remuneración equivalente, en los mismos gados del Estamento Directivo sin asignación profesional de la Escala Única de Sueldos.

Los funcionarios podrán percibir el monto de la asignación Directivo-Jefatura indicada que, sumada a las demás remuneraciones que se señalan a continuación, no exceda al equivalente de la Escala Única de Sueldos considerando los componentes que se indican en el inciso siguiente. En caso de requerirse ajustes, se realizarán exclusivamente con cargo a la asignación Directivo-Jefatura.

La sumatoria de rentas que se compararán, corresponderán a los componentes de las escalas que se indican a continuación, procediendo el pago de los demás conceptos que percibe cada funcionario municipal de acuerdo a las normas que los rigen:

I. Escala municipal del personal regido por el Título II del decreto ley Nº 3.551, de 1981:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 24 del decreto ley Nº 3.551, de 1981;

d) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

e) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675;

f) Asignación del artículo 4º de la ley Nº 18.717;

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429;

h) Asignación del artículo 1º de la ley Nº 19.529; y,

i) Asignación directivo-jefatura del presente artículo.

II. Escala Única de Sueldos del personal regido por el artículo 1º del decreto ley Nº 249, de 1974:

a) Sueldo base;

b) Incremento del artículo 2º del decreto ley Nº 3.501, de 1980;

c) Asignación del artículo 6º del decreto ley Nº 1.770, de 1977;

d) Asignación del artículo 17 de la ley Nº 19.185;

e) Bonificación del artículo 3º de la ley Nº 18.566;

f) Bonificaciones de los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675; y,

g) Asignación del artículo 21 de la ley Nº 19.429.

En ningún caso, la aplicación de las normas señaladas en los incisos precedentes podrá significar una disminución de las remuneraciones de los funcionarios municipales que les hubieren correspondido sin la asignación directivo-jefatura.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.”.

En este artículo recayeron las siguientes indicaciones números 19 bis, 20 bis y 21 bis:

La indicación número 19 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir, en su inciso primero, la frase “a partir del día 1 del mes siguiente al de publicación de esta ley,” por el siguiente: “a contar del 1 de enero del año 2016,”.

La indicación número 20 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para intercalar, en su inciso primero, a continuación de la frase “de las plantas Jefaturas”, y antes de “y Directivos”, la expresión “, Profesionales”.

La indicación número 21 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para eliminar, en el numeral 2, los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto.

Las indicaciones fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

Artículo Duodécimo

Establece que el mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas en la presente ley será de cargo municipal. Con todo, los aportes extraordinarios del Fisco, indicados en el artículo sexto transitorio, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.

En este artículo recayó la indicación número 22 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir su inciso segundo por el siguiente:

“Con todo, los aportes extraordinarios del fisco, indicados en el artículo sexto transitorio se financiarán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y en lo que faltare con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

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La indicación número 23 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para agregar el artículo Décimo Tercero transitorio, nuevo:

“Artículo Décimo Tercero.- Las municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata en virtud de la modificación dispuesta por esta ley al artículo 2° de la ley N° 18.883, deberán priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorario que se encuentre contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del Presupuesto Municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.”.

El Honorable Senador señor Montes consultó cuál es el nivel de imperatividad que genera el deber de priorizar al personal a honorarios que contempla la indicación.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que implica que primero debe considerarse a quienes se desempeñen en la modalidad a honorarios consignada para llenar las vacantes, y sólo después de hacer ese llamado, pueden postular otras personas.

El Honorable Senador señor Montes consideró como ambigua la expresión “deberán priorizar”.

El asesor de la Subsecretaría, señor Miranda, sostuvo que las municipalidades deben cumplir con dar prioridad en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorario que se encuentre contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

La indicación número 24 bis de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para agregar el siguiente artículo Décimo Cuarto transitorio:

“Artículo Décimo Cuarto.- Los funcionarios que hayan ingresado a las respectivas plantas cumpliendo los requisitos exigidos al momento de su nombramiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.280, mantendrán su derecho a ser encasillados en las mismas plantas en que se encontraban a la fecha de publicación de esta ley.”.

El Honorable Senador señor García manifestó no entender qué busca resguardar la norma si se trata de funcionarios que ingresaron a las plantas cumpliendo los requisitos exigidos al momento de su nombramiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.280.

El asesor, señor Miranda, explicó que el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.280, de 1993, estableció para los funcionarios con más de 10 años en el cargo, el que fueran encasillados en los mismos cargos aunque no cumplieran los requisitos normales de ingreso del estatuto administrativo con las respectivas modificaciones, por lo que se cautelan sus derechos al igual como se hizo en 1993.

La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Zaldívar.

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FINANCIAMIENTO

- El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 8 de mayo de 2015, señala, de manera textual, lo siguiente:

“I. Antecedentes

El proyecto de ley en comento establece un conjunto de normas aplicables a los funcionarios municipales. Las principales medidas consideran el otorgamiento de una asignación profesional a los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas; permite que los beneficiarios del artículo 14 de la ley N° 20.649 puedan acceder al bono post laboral de la ley N° 20.305; el aumento, a partir del año 2018, del aporte permanente del fisco al Fondo Común Municipal; el encasillamiento en el grado superior para personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que cumplan los requisitos respectivos; la facultad para modificar las plantas del personal municipal y la modificación de los límites para la contratación de personal y de los requisitos de ingreso; la modificación de los grados topes en los estamentos técnico, administrativo y auxiliar; y el otorgamiento de un bono, por una sola vez, a los funcionarios municipales que se indican.

II.- Efectos del Proyecto de Ley en el Presupuesto del Gobierno Central

El proyecto tiene un costo global estimado para los municipios de $7.432 millones en 2015, el que se financiará con cargo al aporte especial de $12.000 millones incluido en la Ley de Presupuestos; de $30.235 millones en 2016 y de $53.400 millones anuales de 2017 en adelante, según el desglose que se detalla en la siguiente tabla. Para el financiamiento en 2016 se considera un aporte fiscal de $24.000 millones y para 2017 un aporte fiscal de $36.000 millones. A partir de 2018 se considerará un incremento por un monto equivalente al del 2017, en el aporte al Fondo Común Municipal.

- Posteriormente, se presentó un informe financiero sustitutivo, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 1 de septiembre de 2015, que señala, de manera textual, lo siguiente:

“I.- Antecedentes

El proyecto de ley, considerando la indicación presentada por el Ejecutivo, establece un conjunto de normas aplicables a los funcionarios municipales. Las principales medidas consideran el otorgamiento de una asignación profesional a los funcionarlos de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas; permite que los beneficiarios del artículo 14 de la ley N° 20.649 puedan acceder al bono post laboral de la ley N° 20.305; el aumento, a partir del año 2018, del aporte permanente del fisco al Fondo Común Municipal; el encasillamiento en el grado superior para personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que cumplan los requisitos respectivos; la facultad para modificar las plantas del personal municipal y la modificación de los límites para la contratación de personal y de los requisitos de ingreso; la modificación de los grados topes en los estamentos técnico, administrativo y auxiliar; el otorgamiento de un bono, por una sola vez, a los funcionarios municipales que se indican; la obligación de mantener información sobre personal en los respectivos portales de transparencia; el establecimiento de perfiles ocupacionales definidos para los cargos directivos; la creación de una asignación para funcionarios de las plantas de jefatura y directivos según requisitos; y establece normas referidas a la imputación presupuestaria de la presente iniciativa.

II.- Efectos de la Indicación sobre el Gasto Fiscal

El proyecto tiene un costo global estimado para los municipios de $ 6.214 millones en 2015; de $ 29.620 millones en 2016 y de $ 55.957 millones anuales a partir de 2017, según el desglose que se detalla en la siguiente tabla:

Para su financiamiento se considera, en 2015, un aporte fiscal especial de $12.000 millones incluido en la respectiva Ley de Presupuestos. Para 2016 y 2017 se considera un aporte fiscal extraordinario de $ 24.000 millones y $36.000 millones respectivamente. Los referidos aportes, según lo indicado en el artículo sexto transitorio de la presente ley, se financiarán con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público. A partir de 2018 se considera un incremento, por un monto equivalente al de 2017, en el aporte al Fondo Común Municipal.”.

- Finalmente, se presentó informe financiero sustitutivo, de fecha 14 de diciembre de 2015, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que señala, de manera textual, lo siguiente:

“I.- Antecedentes

El proyecto de ley, considerando la indicación presentada por el Ejecutivo, establece normas relativas a las facultades orgánicas de los municipios y un conjunto de disposiciones aplicables a los funcionarios municipales.

Las principales medidas respecto de beneficios para los funcionarios municipales, incluyen: otorgar una asignación profesional a los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas; permitir que los beneficiarios del artículo 14 de la ley N°20.649 puedan acceder al bono post laboral de la ley N°20.305; encasillar en el grado superior al personal de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares que cumplan los requisitos respectivos; modificar los límites para la contratación de personal; modificar los requisitos de ingreso y promoción en los cargos de planta del personal municipal; modificar los grados topes en los estamentos de jefaturas, técnico, administrativo y auxiliar; crear una asignación para funcionarios de las plantas de jefatura y directivos según los requisitos establecidos; y otorgar un bono, por una sola vez, a los funcionarios municipales que se indican;

Por otra parte, respecto de los municipios, el proyecto considera: facultar modificar periódicamente las plantas del personal municipal; establecer la obligación de remitir determinada información sobre personal a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y de mantener aquella en los respectivos portales de transparencia; establecer normas que fortalecen las políticas de recursos humanos; y establecer normas referidas a la imputación presupuestaria de la presente iniciativa.

Finalmente, el proyecto aumenta, a partir del año 2018, el aporte permanente del Fisco al Fondo Común Municipal.

II.- Efectos de la Indicación Sobre los Gastos Fiscales

El proyecto tiene un costo global estimado para los municipios de $38.652 millones en 2016 y de $54.101 millones anuales en 2017 en adelante, según el desglose que se detalla en la siguiente tabla:

Para su financiamiento se considera en 2016, un aporte fiscal de $32.000 millones, de los cuales $8.000 millones serán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y lo restante, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.

En 2017 se considera un aporte fiscal extraordinario de $36.000 millones con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público.

A partir de 2018, se considera un incremento en el aporte Fiscal al Fondo Común Municipal, por $36.000 millones anuales.”.

Se deja constancia de los precedentes informes financieros en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

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MODIFICACIONES

En conformidad con los acuerdos precedentemente consignados, la Comisión tiene el honor de proponer las siguientes enmiendas al proyecto de ley aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, en su segundo informe:

Artículo 1°

Inciso primero

Sustituir la frase “A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley,” por la siguiente: “A contar del 1 de enero del año 2016,”. (Unanimidad 4x0. Indicación número 1 bis).

Artículo 3°

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Incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

“Esta información, con excepción de la contenida en la letra d) anterior, se deberá mantener a disposición permanente del público, en la misma manera indicada en el artículo 7° de la ley N° 20.285, estando sometido el cumplimiento de esta obligación al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 2 bis).

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Artículo 4°

Numeral 4)

Sustituir, en la oración que se propone incorporar en la letra a) del artículo 27, la expresión “y grado de remuneración” por “, grado de remuneración y, respecto del personal a honorario contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados”. (Unanimidad 5x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).

Numeral 5)

Reemplazarlo por el siguiente:

“5) Agrégase en el artículo 31 los siguientes incisos segundo y tercero:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.

Para la creación de dichas unidades será necesario que se justifique su necesidad mediante informe fundado emitido por la Secretaría de Planificación Comunal y la de Administración Municipal. El mencionado informe deberá ser conocido por el concejo en forma previa a la aprobación del reglamento. En ningún caso se podrán crear unidades que no cuenten con el debido financiamiento municipal para su funcionamiento.”.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 3 bis).

Numeral 6)

Modificarlo del siguiente modo:

- En el artículo 49 bis:

Eliminar en el inciso primero la oración: “En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al Concejo Municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 4 bis).

Agregar, en el numeral 5 del inciso tercero, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado paritariamente por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 5 bis).

Incorporar en el inciso tercero el siguiente numeral 9, nuevo:

“9. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley, en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 6 bis).

- En el artículo 49 ter:

Agregar, en la letra a) del inciso primero, un párrafo segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“En el ejercicio de esta facultad, los Alcaldes podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, a los funcionarios titulares en una planta distinta a la que estos pertenecen en la medida que hayan quedado vacantes luego de la provisión indicada en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los requisitos propios del cargo y, además, los siguientes:

i) Que el funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se encasilla;

ii) Que el funcionario acepte previamente, por escrito, el traspaso.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 7 bis).

Sustituir, en la letra c) del inciso primero, la expresión “y 53”, por “, 53 y 54”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 8 bis).

- En el artículo 49 quáter:

Intercalar, en el inciso primero, entre la expresión “cada ocho años,” y los términos “siempre que se cumplan”, la frase “y dentro de los 2 años siguientes a contar del cumplimiento de dicho período,”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 9 bis).

Artículo 5°

Numeral 1)

Sustituirlo por el siguiente:

“1) Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso cuarto, el vocablo veinte, la primera vez que aparece, por “cuarenta”, y la expresión “cuatro” por “ocho”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gasto en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo, se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”. (Letra a): mayoría de votos, 4 a favor y 1 en contra. Letra b): unanimidad 5x0. Indicación número 10 bis).

Numeral 3)

Modificarlo de la siguiente manera:

- Sustituir, en el encabezamiento, la expresión “los siguientes incisos finales, nuevos”, por “el siguiente inciso final, nuevo”. (Adecuación formal).

- Reemplazar, en el N° 6) del inciso que se agrega en el artículo 8°, la frase “Haber aprobado la educación básica o encontrarse en posesión de estudios equivalentes”, por la siguiente: “Haber aprobado la educación media o su equivalente”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 11 bis).

- Suprimir el inciso final que se agrega en el artículo 8°. (Unanimidad 5x0. Indicación número 12 bis).

°°°

Intercalar el siguiente numeral 5), nuevo:

“5) Añádase, en el artículo 16, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, estos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la ley N° 20.742.”.”. (Mayoría de votos, 3 a favor y 2 abstenciones. Indicación número 13 bis)

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Numerales 5) y 6)

Pasan a ser numerales 6) y 7), respectivamente, sin enmiendas.

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Disposiciones transitorias

Artículo Primero

Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo Primero.- A contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares entre los grados 10° al 20°, ambos inclusive, será encasillado en el grado inmediatamente superior siempre que se haya desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 14 bis).

Artículo Sexto

Inciso primero

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2016 de M$ 32.000.000 (treinta y dos mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 15 bis).

Artículo Séptimo

Reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo Séptimo.- El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo Undécimo Transitorio de la presente ley ascenderá a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de ese año; y a un 100% (cien por ciento) de ella a contar del 1 de enero del año 2017.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 16 bis).

Artículo Octavo

Inciso primero

Letra b)

Sustituirla por la siguiente:

“b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se les aplique el artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda en el mes de enero del año 2016 y el total de haberes brutos del mes anterior. Para efectos del presente literal, no se considerarán la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803, la bonificación contemplada en el artículo 3° de la ley N° 20.198, la bonificación anual del artículo 44 de la ley N° 20.883, las horas extraordinarias, ni ninguno de los beneficios concedidos por una sola vez, contemplados en la ley N° 20.883. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 17 bis).

Artículo Noveno

Inciso primero

Reemplazar la frase “por primera vez dentro del año 2018”, por “a partir del 1 de enero del año 2018 y hasta el 31 de diciembre del año 2019”. (Mayoría de votos, 3 a favor y 2 abstenciones. Indicación número 18 bis).

Artículo Undécimo

Inciso primero

- Sustituir la frase “a partir del día 1 del mes siguiente al de publicación de esta ley,”, por la siguiente: “a contar del 1 de enero del año 2016,”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 19 bis).

- Intercalar, entre la expresión “de las plantas Jefaturas” y los términos “y Directivos”, la expresión “, Profesionales”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 20 bis).

Inciso segundo

Número 2

Suprimir los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto. (Unanimidad 5x0. Indicación número 21 bis).

Artículo Duodécimo

Inciso segundo

Sustituirlo por el siguiente:

“Con todo, los aportes extraordinarios del fisco, indicados en el artículo sexto transitorio se financiarán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y en lo que faltare con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 22 bis).

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- Incorporar el siguiente artículo Décimo Tercero transitorio, nuevo:

“Artículo Décimo Tercero.- Las municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata en virtud de la modificación dispuesta por esta ley al artículo 2° de la ley N° 18.883, deberán priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorario que se encuentre contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 23 bis).

- Agregar el siguiente artículo Décimo Cuarto transitorio, nuevo:

“Artículo Décimo Cuarto.- Los funcionarios que hayan ingresado a las respectivas plantas cumpliendo los requisitos exigidos al momento de su nombramiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.280, mantendrán su derecho a ser encasillados en las mismas plantas en que se encontraban a la fecha de publicación de esta ley.”. (Unanimidad 5x0. Indicación número 24 bis).

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TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley queda como sigue:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- A contar del 1 de enero del año 2016, concédase una asignación profesional a los funcionarios municipales regidos por el Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980 y por la ley N° 18.883, de las plantas de directivos, profesionales y jefaturas, así como a los funcionarios a contrata asimilados a grados de las señaladas plantas, siempre que cumplan con los demás requisitos del artículo 3° del decreto ley N° 479, de 1974.

Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico. Su monto será el mismo que establece el artículo 19 de la ley N° 19.185 para los grados que resulten procedentes.

Lo dispuesto en este este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local.

Artículo 2º.- Los ex funcionarios regidos por la ley Nº 18.883 que percibieron las bonificaciones por retiro voluntario en virtud del artículo 14 de la ley Nº 20.649, que habiendo presentado la solicitud para acceder al bono establecido en la ley Nº 20.305, al momento de solicitar dichas bonificaciones no se les hubiere dado curso al pago del bono por haberse considerado inaplicables estas normas por no cumplir con los plazos de doce meses contemplados en los artículos 2º número 5) y 3º de la ley Nº 20.305; tendrán derecho a acceder al mencionado bono siempre que cumplan los requisitos para acceder a él.

El bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente a aquel en que haya cesado en sus funciones.

Artículo 3°.- Las municipalidades estarán obligadas a remitir, a lo menos anualmente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, información referida a las siguientes materias, según los medios y en los formatos que determine al efecto dicha Subsecretaría:

a) Modificaciones efectuadas a la planta de personal;

b) Dotación incluyendo personal de planta y a contrata, honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica;

c) Identificación de las fuentes de financiamiento de programas que posibilitan contratación de personas sobre la base de honorarios;

d) Escalafón de mérito vigente;

e) Antigüedad del personal, tanto en la respectiva municipalidad como en otros órganos de la administración del Estado;

f) Conceptos remuneratorios variables según particularidad de cada funcionario; y,

g) Gasto total en recursos humanos.

La información remitida sólo podrá ser utilizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes al ámbito municipal, así como estudiar y proponer las normas aplicables a dicho sector.

Esta información, con excepción de la contenida en la letra d) anterior, se deberá mantener a disposición permanente del público, en la misma manera indicada en el artículo 7° de la ley N° 20.285, estando sometido el cumplimiento de esta obligación al control de transparencia activa del Consejo para la Transparencia.

Artículo 4°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior:

1) Modifícase el artículo 6° en el siguiente sentido:

a) En su letra b) reemplázase su expresión final “, y” por un punto y coma (;).

b) Reemplázase en su letra c) el punto final (.) por un punto y coma (;).

c) Agrégase la siguiente letra e) nueva:

“e) La política de recursos humanos.”.

2) Reemplázase en el numeral 5) del inciso tercero del artículo 14, el guarismo “218.000” por “1.052.000”.

3) En la letra b) del artículo 22 intercalar, entre la palabra “participación” y la expresión “en el municipio” lo siguiente: “y de la ciudadanía”.

4) Agrégase en la letra a) del artículo 27 a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente:

“Además, deberá informar trimestralmente al concejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior, individualizando al personal, su calidad jurídica, estamento, grado de remuneración y, respecto del personal a honorario contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, el detalle de los servicios prestados. También, en la primera sesión de cada año del concejo, deberá informar a éste sobre el escalafón de mérito del personal municipal y un reporte sobre el registro del personal enviado y tramitado en la Contraloría General de la República en el año inmediatamente anterior.”.

5) Agrégase en el artículo 31 los siguientes incisos segundo y tercero:

“Asimismo, en este reglamento, las municipalidades podrán crear unidades que estimen necesarias para su funcionamiento, pudiendo asignarle funciones de las unidades designadas en los artículos 21, 22, 23, 25 y 27 de esta ley, las cuales, en dicho caso, no serán ejercidas por aquellas mientras sean asignadas a la nueva unidad.

Para la creación de dichas unidades será necesario que se justifique su necesidad mediante informe fundado emitido por la Secretaría de Planificación Comunal y la de Administración Municipal. El mencionado informe deberá ser conocido por el concejo en forma previa a la aprobación del reglamento. En ningún caso se podrán crear unidades que no cuenten con el debido financiamiento municipal para su funcionamiento.”.

6) Agréganse, a continuación del artículo 49, los siguientes nuevos artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter:

“Artículo 49 bis.- Los Alcaldes, a través de un reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y fijar sus grados, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980, del Ministerio de Hacienda.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior, estará sometido al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República y se publicará en el Diario Oficial.

Para el ejercicio de esta facultad se deberán considerar los siguientes límites y requisitos:

1. El límite de gasto en personal vigente a la fecha del reglamento respectivo.

2. La disponibilidad presupuestaria. El cálculo de la disponibilidad presupuestaria y su proyección deberán considerar los ingresos propios y el gasto en personal de los tres años precedentes al proceso de fijación o modificación de las plantas; todo lo cual deberá ser certificado previamente por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control de la municipalidad respectiva.

3. Disponer de escalafón de mérito del personal actualizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de la ley N° 18.883.

4. En caso que se incremente el número total de cargos en la planta de personal, a lo menos un 75% (setenta y cinco por ciento) de los nuevos cargos que se creen deberán requerir título profesional o técnico.

5. Los Alcaldes deberán realizar consulta a las asociaciones de funcionarios regidos por la ley N° 18.883 existentes en la respectiva municipalidad, en el proceso de elaboración de la planta de personal. En este proceso, los Alcaldes podrán considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado paritariamente por funcionarios y representantes del Alcalde, la cual podrá ser presentada al concejo municipal en ejercicio con anterioridad a la readecuación de las plantas.

6. Los Alcaldes deberán presentar la propuesta de planta de personal y del reglamento que la contenga al concejo municipal, la que deberá ser aprobada por los dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

7. El concejo municipal no podrá aumentar el número de cargos ni modificar los grados que contenga la proposición y sólo podrá reducir o rechazar la proposición de planta.

8. La municipalidad deberá remitir copia del reglamento que determine la planta respectiva y sus antecedentes a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, dentro de los sesenta días posteriores a su dictación.

9. Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N° 15.231, en el artículo 7° de la ley N° 19.602 y en el artículo 16 de esta ley, en lo atingente a la posición de los cargos que allí se indican.

En caso que la fijación de la nueva planta haya considerado una proyección de ingresos y gastos para la municipalidad determinada con negligencia inexcusable, se entenderá que se configurará causal de notable abandono de deberes, tanto de parte del Alcalde como del o los concejales que hayan participado de tal decisión. Para dichos efectos se procederá según lo dispuesto en los artículos 60 letra c), 76 literal f) y 77.

El o los concejales que hubieren votado por rechazar la propuesta de planta, podrán recurrir al Tribunal Electoral Regional, para solicitar que declare el notable abandono de deberes, según lo dispuesto en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la aprobación de la planta por parte del concejo municipal. Con todo, el Alcalde sólo podrá remitir a la Contraloría General de la República, el reglamento a que se refiere el inciso primero de este artículo, una vez transcurrido el plazo precedentemente señalado en el artículo anterior, sin que se haya interpuesto la acción que establece el inciso anterior o una vez que el Tribunal Electoral Regional haya rechazado la acción. Lo dispuesto en este inciso será certificado por el Secretario del Tribunal Electoral Regional.

Artículo 49 ter.- Para los procesos de encasillamiento del personal que se originen en la fijación o modificación de plantas de personal de conformidad al procedimiento dispuesto en el artículo precedente, se seguirán las normas siguientes:

a) Los funcionarios de las plantas de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, se encasillarán en cargos de igual grado al que detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas no existieren los grados que tenían los funcionarios, por haber variado los grados de ingreso a ellas, estos se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.

En el ejercicio de esta facultad, los Alcaldes podrán encasillar de acuerdo al escalafón de mérito, a los funcionarios titulares en una planta distinta a la que estos pertenecen en la medida que hayan quedado vacantes luego de la provisión indicada en el párrafo anterior, siempre que se cumplan los requisitos propios del cargo y, además, los siguientes:

i) Que el funcionario, a lo menos tres años antes, esté realizando las funciones propias del estamento de la planta en que se encasilla;

ii) Que el funcionario acepte previamente, por escrito, el traspaso.

b) Una vez encasillado el personal de la letra a) precedente en los cargos que queden vacantes, se encasillará a los funcionarios a contrata asimilados a las referidas plantas, que se encuentren en servicio al 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del reglamento que fija o modifica la planta de personal.

Los funcionarios a contrata señalados en el párrafo anterior, sólo podrán ser encasillados siempre que tengan, a lo menos, cinco años de servicios continuos en la respectiva municipalidad anteriores al encasillamiento, cumplan con los requisitos generales y específicos del cargo correspondiente, y, se encuentren calificados en lista N°1, de distinción, o lista N°2, buena.

El nombramiento deberá realizarse en un cargo vacante que corresponda a la misma planta y grado al cual se encontraban asimilados. Con todo, aquellos funcionarios que hubieren experimentado mejoramiento de grado remuneratorio en los últimos treinta y seis meses anteriores al encasillamiento, sólo podrán ser encasillados en el grado que tenían con anterioridad a dicho mejoramiento.

En caso que existan más funcionarios a contrata que cargos vacantes, la provisión de éstos se efectuará, en primer término, de acuerdo al resultado de la última calificación obtenida y, en caso de empate, conforme a la antigüedad de servicio en la respectiva municipalidad, y en el evento de mantenerse la igualdad, decidirá el Alcalde.

c) Una vez practicado el procedimiento anterior, los cargos que queden vacantes se proveerán con los funcionarios señalados en la letra a) anterior, de acuerdo a los artículos 51, 52, 53 y 54 de la ley N° 18.883. Si después de este procedimiento quedaren aún cargos vacantes, estos se proveerán en conformidad a lo estatuido en el Párrafo I del Título II de la citada ley.

d) Lo dispuesto en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

i.- El encasillamiento no podrá tener como consecuencia, ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, cesación de funciones o término de la relación laboral del personal.

ii.- No podrá significar pérdida del empleo, disminución de sus remuneraciones, excepto en el caso contemplado en el párrafo tercero del literal b), ni modificación de derechos previsionales.

iii.- Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.

iv.- Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo 49 quáter.- La facultad conferida en el artículo 49 bis podrá ejercerse cada ocho años, y dentro de los 2 años siguientes a contar del cumplimiento de dicho período, siempre que se cumplan los requisitos y límites que establece esta ley.

En caso de corresponder hacer uso de la citada facultad en un año en el que se realicen elecciones municipales, dicho derecho podrá ejercerse solo durante el año siguiente a estas.

La facultad establecida en el artículo 49 ter deberá ejercerse dentro de los 90 días siguientes a la fecha de total tramitación del reglamento municipal que aprueba la planta respectiva y tendrá vigencia a contar del 1 de enero del año siguiente a dicha fecha.

7) Agrégase a continuación del punto final del inciso segundo del artículo 56, que pasa ser punto seguido, la siguiente frase:

“Además, deberá presentar para aprobación del concejo la política de recursos humanos, la cual deberá contemplar, a lo menos, los mecanismos de reclutamiento y selección; promoción y capacitación; y, egreso. Dicha política podrá incluir además diversos planes piloto relacionados con el recurso humano, a fin de permitir un mejor desempeño laboral.”.

8) Introdúcense en el inciso segundo del artículo 67 las siguientes modificaciones:

a) Reemplázase, en el literal g) la coma (,) y la conjunción “y” que le sigue por un punto y coma (;).

b) Agrégase la siguiente letra h) nueva, pasando la actual a ser letra i):

“h) Estado de la aplicación de la política de recursos humanos, y”.

Artículo 5°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales:

1) Modifícase el artículo 2°, en el siguiente sentido:

a) Reemplázase en su inciso cuarto, el vocablo veinte, la primera vez que aparece, por “cuarenta”, y la expresión “cuatro” por “ocho”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“El gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% (cuarenta y dos por ciento) de los ingresos propios percibidos en el año anterior. Se entenderá por gasto en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Asimismo, se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica. A su vez, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.”.

2) Agrégase, en el artículo 7°, los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:

“Las plantas municipales establecidas de acuerdo al inciso anterior tendrán las siguientes posiciones relativas:

Alcaldesdel grado 1 al 6

Directivos del grado 3 al 10

Profesionalesdel grado 5 al 12

Jefaturasdel grado 7 al 12

Técnicosdel grado 9 al 17

Administrativos del grado 11 al 18

Auxiliares del grado 13 al 20.

Para los efectos de establecer el grado asignado al cargo de Alcalde dentro de la planta municipal respectiva al momento de fijarla o modificarla de conformidad a lo dispuesto por el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, los municipios deberán ajustarse a la categoría en que se encuentren según el total de sus ingresos anuales percibidos o el número de habitantes de la comuna, a su elección. Un reglamento dictado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y suscrito además por el Ministro de Hacienda, fijará las categorías según los criterios antes indicados y el rango de grados posibles para cada categoría. Dicho reglamento deberá dictarse en los seis meses siguientes a la publicación de esta ley.”.

3) Agrégase, en el artículo 8°, el siguiente inciso final, nuevo:

“Para el ingreso y la promoción en los cargos de las plantas de personal de las municipalidades se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1) Plantas de Directivos: título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocido por éste.

No obstante, para los cargos de dirección destinados al mando superior de las unidades que se indican seguidamente, deberán cumplirse los requisitos específicos que se señalan:

a) Para la unidad de obras municipales se requerirá título de arquitecto, de ingeniero civil, de ingeniero constructor civil o de constructor civil, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

b) En la unidad de asesoría jurídica se requerirá título de abogado, habilitado para el ejercicio.

2) Plantas de Profesionales: Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

3) Plantas de Jefaturas: Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste.

4) Plantas de Técnicos: Título técnico de nivel superior otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera; o, en su caso, título de técnico nivel medio, en el área que la municipalidad lo requiera, otorgado por una institución de educación del Estado o reconocida por éste; o haber aprobado, a lo menos, cuatro semestres de una carrera profesional impartida por una institución del Estado o reconocida por éste, en el área que la municipalidad lo requiera.

5) Plantas de Administrativos: Licencia de educación media o su equivalente.

6) Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación media o su equivalente. Para el ingreso o la promoción a cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el vehículo que se asignará a su conducción.

4) Intercálase, en el artículo 15, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Las municipalidades deberán dictar un reglamento de concurso público.”.

5) Añádase, en el artículo 16, el siguiente inciso tercero, nuevo:

“No obstante lo anterior, en el caso de los requisitos para cargos directivos municipales, estos podrán considerar perfiles ocupacionales definidos por el Programa Academia de Capacitación Municipal y Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a que se refieren los artículos 4° y siguientes de la ley N° 20.742.”.

6) En el artículo 20 agrégase, después de las palabras “personas propuestas” la expresión “con especial consideración de los factores señalados en el inciso segundo del artículo 16”.

7) Agrégase en el inciso primero del artículo 25 a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente: “Dichos programas deberán contemplar, a lo menos, cursos sobre probidad administrativa, contabilidad y gestión financiera municipal, estas dos últimas materias preferentemente para aquellos funcionarios que se desempeñen en áreas afines.”.

Artículo 6°.- Derógase el artículo 1° de la ley N° 18.294, que establece normas y otorga facultades para instalación de nuevas municipalidades creadas en la Región Metropolitana de Santiago y modifica el decreto ley 3.063, de 1979.

Artículo 7°.- Deróganse los artículos 11 y 12 de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Establece Normas Sobre Plantas de Personal de las Municipalidades.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero.- A contar del 1 de enero del año 2016, el personal titular de planta, regido por la ley Nº 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que se encuentre nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares entre los grados 10° al 20°, ambos inclusive, será encasillado en el grado inmediatamente superior siempre que se haya desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo Segundo.- El personal de planta, regido por la ley Nº 18.883, que se haya encontrado nombrado al 1 de enero de 2015 como titular en un cargo de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares en los grados 15º al 20º, ambos inclusive, será encasillado a partir del 1 de enero de 2017 en el grado inmediatamente superior al que está en posesión a esta última fecha.

Para acceder a lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios titulares de planta deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido en la respectiva planta, sea en calidad de titular o a contrata asimilada a ella.

Artículo Tercero.- Sin perjuicio de las normas que regulan el empleo a contrata, los Alcaldes podrán, de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestaria, modificar los decretos que determinan al personal a contrata para efectos de aplicar en los mismos términos a este personal lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios anteriores. En este caso, las modificaciones de grados entrarán en vigencia a partir de la fecha de la total tramitación del respectivo acto administrativo.

Para acceder a lo establecido en el inciso precedente, los funcionarios a contrata deberán haberse desempeñado, a lo menos, durante cinco años, continuos o discontinuos contados con anterioridad al 1 de enero de 2015 en la misma municipalidad. Para dicho efecto se considerará el tiempo servido a contrata asimilado a la respectiva planta.

El personal a contrata al cual se le aplique este artículo, no quedará afecto a la limitación establecida en el inciso tercero de la letra b) del artículo 49 ter de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que se incorpora a través de la presente ley, respecto de los mejoramientos de grado remuneratorio en los últimos 36 meses.

Artículo Cuarto.- Para efectos de la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se utilizarán los cargos vacantes de las respectivas plantas de personal.

Si aplicado el mecanismo anterior faltaren cargos, los Alcaldes estarán facultados para modificar las plantas del personal de las municipalidades, sólo con el objeto de crear los cargos necesarios para ello. A su vez, se entenderán suprimidos por el sólo ministerio de la ley, en el mismo número de cargos que cree, aquellos cuya vacancia generen los funcionarios a los cuales se encasille de acuerdo a los artículos primero y segundo transitorios de esta ley. Con todo, no se suprimirán los cargos correspondientes al último grado de cada una de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, y siempre deberá quedar, a lo menos, un cargo en cada grado de dichas plantas. Con todo, el número total de cargos de cada una de las plantas antes señaladas deberá ser, a lo menos, el mismo que existía con anterioridad al encasillamiento.

Los actos administrativos que formalicen lo dispuesto en el inciso anterior deberán dictarse dentro de los noventa días siguientes a las respectivas fechas que fijan los artículos primero y segundo transitorios precedentes disponiendo los respectivos encasillamientos.

Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos primero y segundo transitorios de la presente ley, se podrá superar el límite establecido en el inciso final del artículo 2° de la ley N° 18.883, incorporado por el número 1) del artículo 5° de la presente ley, sólo hasta los porcentajes que sean necesarios para la señalada aplicación.

Artículo Quinto.- Los cambios de grado que determine la aplicación de los artículos primero a tercero transitorios de esta ley, no serán considerados como ascensos para los efectos previstos en la letra g) del artículo 97 de la ley N° 18.883.

Los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que estuvieren percibiendo, como asimismo, mantendrán el tiempo de permanencia en el grado para tal efecto.

Artículo Sexto.- El Fisco efectuará un aporte extraordinario a las municipalidades durante el año 2016 de M$ 32.000.000 (treinta y dos mil millones de pesos) y en el año 2017 de M$ 36.000.000 (treinta y seis mil millones de pesos).

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante resolución, que será visada por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda; anualmente determinará los montos que a cada municipalidad le corresponda. Dicha resolución dispondrá primeramente el financiamiento en su totalidad del incremento de grados dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios. El remanente que resulte luego de financiar el mencionado incremento se destinará al pago de las otras asignaciones y bonos otorgados en esta ley. Para determinar los montos correspondientes a cada municipalidad se ordenarán éstas de acuerdo al mayor gasto en personal que origine el pago de las aludidas asignaciones, distribuyendo los recursos disponibles desde menor a mayor gasto hasta su total distribución.

Las municipalidades deberán acreditar mediante los medios, forma y oportunidad que determine dicha Subsecretaría los costos involucrados para la aplicación del presente artículo.

Para dichos efectos los Alcaldes a través de un oficio solicitarán anualmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los fondos respectivos, documento que será acompañado por certificado emitido por los jefes de las unidades de administración y finanzas y control, el que además deberá ser suscrito por el respectivo secretario municipal en su calidad de ministro de fe, el que contendrá un resumen de los mayores costos por gastos en personal, clasificados por grado tanto respecto de los funcionarios de planta como de los a contrata.

Los oficios a que se refiere el inciso cuarto, deberán ser enviados a la citada Subsecretaría dentro de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, para efecto del pago de los beneficios del año correspondiente.

Para la entrega de los aportes respectivos a los años posteriores, los oficios deberán ser enviados a más tardar el 28 de abril de cada año.

Las municipalidades sólo podrán destinar los citados fondos aportados a financiar el mayor gasto determinado por la aplicación del artículo 1° y artículos primero, segundo, tercero, octavo y undécimo transitorios de la presente ley.

La no destinación de los fondos transferidos a los fines a que se refiere el inciso anterior será sancionada de acuerdo a la escala de penas establecidas en el artículo 236 del Código Penal.

Artículo Séptimo.- El monto de la asignación profesional establecida en el artículo 1° y de la asignación Directivo-Jefatura dispuesta en el artículo Undécimo Transitorio de la presente ley ascenderá a un 34% (treinta y cuatro por ciento) de su monto total desde el 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de ese año; y a un 100% (cien por ciento) de ella a contar del 1 de enero del año 2017.

Artículo Octavo.- Concédese, por una sola vez, a los funcionarios municipales que a continuación se indican, un bono especial, imponible y tributable, cuyo monto ascenderá a:

a) Respecto de los funcionarios municipales que tengan derecho a percibir la asignación profesional del artículo 1° o la asignación Directivo-Jefatura del artículo undécimo transitorio de esta ley en el mes siguiente al de su publicación, el bono ascenderá a cuatro veces el monto que le corresponda por ese concepto en dicho mes.

b) Respecto de los funcionarios municipales titulares de un cargo de las plantas de técnicos, administrativos o auxiliares a quienes se les aplique el artículo primero transitorio de esta ley, el bono ascenderá a cuatro veces la diferencia que resulte entre el total de haberes brutos que le corresponda en el mes de enero del año 2016 y el total de haberes brutos del mes anterior. Para efectos del presente literal, no se considerarán la asignación de mejoramiento de la gestión municipal establecida en la ley N° 19.803, la bonificación contemplada en el artículo 3° de la ley N° 20.198, la bonificación anual del artículo 44 de la ley N° 20.883, las horas extraordinarias, ni ninguno de los beneficios concedidos por una sola vez, contemplados en la ley N° 20.883. También tendrán derecho a dicho bono, los funcionarios a contrata que se encuentren en las mismas condiciones de los funcionarios de planta antes señalados y que se les aplique el artículo tercero transitorio de esta ley.

Este bono se pagará en una sola cuota, en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la presente ley, sólo a quienes se encuentren en funciones a dicha fecha.

Artículo Noveno.- Las facultades concedidas en los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, introducidos por el artículo 4° de la presente ley, podrán ejercerse a partir del 1 de enero del año 2018 y hasta el 31 de diciembre del año 2019.

La modificación establecida por el número 2 del artículo 4° de la presente ley, entrará en vigencia a contar del 1 de enero del año 2018.

Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establecen en el número 3 del artículo 5° de la presente ley, no serán exigibles respecto de los funcionarios municipales titulares y a contrata en servicio a la fecha de publicación de la presente ley. Asimismo, a los funcionarios municipales a contrata en servicio a dicha fecha cuyos contratos se prorroguen, no les serán exigibles los requisitos antes señalados.

Artículo Décimo.- Deróganse las correspondientes normas que fijaron las plantas de personal de las municipalidades del país, a contar de la fecha de entrada en vigencia del primer reglamento que fije para cada municipalidad la nueva planta de personal establecida en virtud de los artículos 49 bis y 49 ter de la ley N° 18.695, según corresponda.

Artículo Undécimo.- Concédase, a contar del 1 de enero del año 2016, al personal de planta y contrata, regido por la ley Nº 18.883, de las plantas Jefaturas, Profesionales y Directivos, una asignación especial de Directivo-Jefatura, siempre que no tengan derecho a la asignación del artículo 1° de esta ley. La asignación del presente artículo, sólo se concederá al personal antes señalado que se encontraba en funciones en las mencionadas plantas al 1 de enero de 2015.

El monto de la asignación se determinará conforme a las reglas siguientes:

1.- Valores asignación directivo- jefatura:

Los valores antes señalados se reajustarán en los mismos porcentajes y oportunidades que las remuneraciones del sector público.

2.- Esta asignación se pagará mensualmente, tendrá carácter imponible y tributable y no se considerará base de cálculo para determinar ninguna otra remuneración o beneficio económico.

Artículo Duodécimo.- El mayor gasto que irroguen las modificaciones dispuestas en la presente ley será de cargo municipal.

Con todo, los aportes extraordinarios del fisco, indicados en el artículo sexto transitorio se financiarán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y en lo que faltare con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.

Artículo Décimo Tercero.- Las municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata en virtud de la modificación dispuesta por esta ley al artículo 2° de la ley N° 18.883, deberán priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorario que se encuentre contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo Décimo Cuarto.- Los funcionarios que hayan ingresado a las respectivas plantas cumpliendo los requisitos exigidos al momento de su nombramiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.280, mantendrán su derecho a ser encasillados en las mismas plantas en que se encontraban a la fecha de publicación de esta ley.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 9 y 14 de diciembre de 2015, con asistencia de los Honorables Senadores señores Andrés Zaldívar Larraín (Presidente), Juan Antonio Coloma Correa, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber y Carlos Montes Cisternas.

Sala de la Comisión, a 16 de diciembre de 2015.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ENTREGA NUEVAS COMPETENCIAS A LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

(Boletín Nº 10.057-06)

I.OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

- Facultar a los alcaldes para que, con la aprobación de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del concejo municipal, fijen o modifiquen las plantas del personal de las municipalidades;

- Establecer la obligación del municipio de informar sobre la dotación y el personal a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo;

- Dictar normas sobre bonificaciones por retiro voluntario, e incremento previsional y asignación profesional, y

- Conceder bono especial, y condonar lo recibido en exceso por error de cálculo del incremento previsional.

II.- ACUERDOS:

Indicación número 1 bis. Aprobada por unanimidad (4x0).

Indicación número 2 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 3 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 4 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 5 bis. Aprobada con enmiendas por unanimidad (5x0).

Indicación número 6 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 7 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 8 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 9 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 10 bis:

Letra a) del numeral 1), aprobada por mayoría, cuatro a favor por uno en contra (4x1).

Letra b) del numeral 1), aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 11 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 12 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 13 bis. Aprobada por mayoría, tres a favor y dos abstenciones (3x2).

Indicación número 14 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 15 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 16 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 17 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 18 bis. Aprobada por mayoría, tres a favor y dos abstenciones (3x2).

Indicación número 19 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 20 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 21 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 22 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 23 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Indicación número 24 bis. Aprobada por unanimidad (5x0).

Petición de votación separada frase del inciso tercero del artículo 1°. Declarada inadmisible la petición.

Artículo 2°. Aprobado por unanimidad (5x0).

Numeral 2) del artículo 4°. Aprobado por unanimidad (5x0).

Numeral 4) del artículo 4°. Aprobado con enmiendas por unanimidad (5x0).

Numeral 2) del artículo 5°. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo 6°. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo 7°. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo Segundo transitorio. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo Tercero transitorio. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo Cuarto transitorio. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo Quinto transitorio. Aprobado por unanimidad (5x0).

Artículo Décimo transitorio. Aprobado por unanimidad (5x0).

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de siete artículos permanentes y catorce normas transitorias.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Conforme a lo consignado en el segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, los siete artículos permanentes del proyecto de ley, como también las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, novena, undécima, décimo tercera y décimo cuarta, deben ser aprobados en el carácter de norma de rango orgánico constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política, por modificar normas de ese carácter de la ley orgánica constitucional de Municipalidades.

V.- URGENCIA: suma.

VI.- ORIGEN INICIATIVA: Senado. Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 20 de mayo de 2015.

X.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

1.- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2.- Ley N° 18.903, que establece Mejoramiento de Gestión Municipal.

3.- Ley N° 18.883, que aprueba estatuto administrativo para funcionarios municipales.

4.- Ley N° 20.305, que mejora condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones.

5.- Ley N° 20.649, que otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional.

Valparaíso, 16 de diciembre de 2015.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

1.8. Discusión en Sala

Fecha 16 de diciembre, 2015. Diario de Sesión en Sesión 82. Legislatura 363. Discusión Particular. Se aprueba en particular.

FORTALECIMIENTO DE DISPOSICIONES APLICABLES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".

--Los antecedentes sobre el proyecto (10.057-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 22ª, en 20 de mayo de 2015 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 45ª, en 19 de agosto de 2015.

Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.

Hacienda: sesión 82ª, en 16 de diciembre de 2015.

Discusión:

Sesión 45ª, en 19 de agosto de 2015 (se aprueba en general).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Las Comisiones dejan constancia, para efectos reglamentarios, de que los artículos 3°, 9° y 10 permanentes (que pasaron a ser 2°, 6° y 7°, respectivamente) y los artículos segundo, quinto y décimo transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

Cabe dejar constancia de que se trata de normas orgánicas constitucionales y, por ello, para su aprobación se requieren 21 votos favorables.

Por su parte, el artículo cuarto transitorio del proyecto, que no fue objeto de enmiendas en la discusión en particular, precisa asimismo 21 votos a favor para su aprobación, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

La Comisión de Gobierno y la de Hacienda efectuaron diversas enmiendas al texto aprobado en general, la mayor parte de las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de aquellas que serán puestas en discusión y votación oportunamente, sin perjuicio de las votaciones separadas que han pedido algunos señores Senadores.

De las enmiendas unánimes, las recaídas en los artículos 1°, 3° y 4° permanentes y en los artículos primero, tercero, sexto, décimo tercero y décimo cuarto transitorios requieren para su aprobación 21 votos favorables, por ser también normas de rango orgánico constitucional.

Las modificaciones recaídas en el numeral 6) del artículo 4° y en los numerales 1), 2) y 5), nuevo, del artículo 5° permanente y en los artículos noveno y undécimo transitorios son también normas orgánicas constitucionales y se pondrán en discusión y en votación en su oportunidad, por haberse acordado por mayoría o existir diferencias entre las Comisiones informantes.

Hay que recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador solicite votación separada respecto de algunas de ellas o existan indicaciones renovadas.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado, que transcribe el texto aprobado en general; las enmiendas realizadas por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización; las modificaciones efectuadas por la Comisión de Hacienda, y el texto final que resultaría de ser acordadas.

De consiguiente, en primer término habría que dar por aprobadas las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, dejando constancia, naturalmente, del quórum orgánico constitucional pertinente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En discusión en particular.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , un asunto reglamentario.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero decir lo siguiente para que quede claro cómo vamos a votar.

Entiendo que se discutirán y votarán los artículos en que haya diferencias entre la Comisión de Gobierno y la de Hacienda.

Por tanto, pido que se puedan discutir todos los artículos en que existan modificaciones, acerca de muchos de los cuales no habrá debate.

Repito que en la gran mayoría de ellos -lo garantizo- no habrá discusión, porque estamos de acuerdo con los cambios que hizo la Comisión de Hacienda respecto de la de Gobierno. Pero hay algunos en que no lo estamos.

Quiero destacar dos a lo menos para que la Secretaría los tenga en cuenta: en la página 65, en lo referido a la licencia de educación media o su equivalente; y en la página 66, en lo concerniente a que las plantas podrán considerar requisitos específicos para determinados cargos.

Y como usted, señor Presidente, conduce la sesión con bastante equidad, insisto en que todos los artículos en los que tuvimos diferencias entre ambas Comisiones se puedan debatir.

Vuelvo a insistir: probablemente en la gran mayoría de los casos no habrá debate, pero en algunos sí se puede producir.

Esa es mi petición.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela, antes de que el señor Secretario aclare el punto.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente , a fin de ordenar el debate, como tenemos dos informes, uno de la Comisión de Hacienda y otro de la de Gobierno, creo que sería bueno para la Sala que ambos Presidentes dieran una breve cuenta de las modificaciones que se incorporaron en cada una de ellas.

En lo personal, me gustaría que se aclarara, con las normas respectivas, cuáles son las principales objeciones de los funcionarios municipales a esta iniciativa. Se trata del cumplimiento del Protocolo de Acuerdo suscrito con el Gobierno; y, por lo tanto, deseo saber en qué normas está reflejado ese documento, que tanto debatieron la Comisión de Hacienda del Senado y la de Gobierno.

Pienso que eso nos permitiría aclarar y acelerar el debate.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Señores Senadores, cuando el Reglamento habla de votar "sin debate", se refiere expresamente a aquellas modificaciones aprobadas por unanimidad en ambas Comisiones, sin perjuicio de que un señor Senador pueda pedir -como se hizo- su discusión y votación.

Pero en ese caso, esa petición tiene que ser acordada en forma unánime por la Sala.

Naturalmente, basta que en una de las dos Comisiones informantes no haya existido unanimidad para que la enmienda pertinente deba ser debatida y votada, al igual como sucede con las normas respecto de las cuales se pide votación separada, como las que ya han solicitado algunos señores Senadores.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Me parece bien la propuesta de que hablen primero los Presidentes de las Comisiones.

El señor CHAHUÁN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.-

Solo quiero pedir votación separada del número 2 del artículo undécimo transitorio.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Bien, señor Senador.

Si le parece a la Sala, le daré la palabra en primer lugar al Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , más que informar lo que hizo la Comisión, sugiero ir viendo artículo por artículo.

¡Es absurdo informar normas si el otro órgano técnico planteó algo distinto!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Muy bien. No hay ningún problema.

Me parece razonable el planteamiento.

Lo que pasa es que había una propuesta del Senador señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.-

¡Pareciera que no recuerda los artículos con problemas...!

El señor ESPINA.-

No. Me acuerdo perfectamente bien de todos ellos. Los tengo subrayados.

¡No le haga caso, señor Presidente ...!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Señor Presidente , más que referirme al aspecto procedimental planteado, quisiera hacer una exposición general de todos los temas vinculados al Protocolo que se firmó con los funcionarios municipales e indicar cómo este se cumplió.

Después de eso podemos entrar a la cuestión formal del debate.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Muy bien.

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El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Antes, pido autorización de la Sala para que pase a remplazarme en la testera el Honorable señor Tuma por unos minutos.

Acordado.

--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Tuma, en calidad de Presidente accidental.

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El señor TUMA ( Presidente accidental ).-

Continúe, Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , este proyecto efectivamente fue tratado por la Comisión de Gobierno, en la cual participo junto con el Senador Espina, quien la preside, y también por la de Hacienda, que yo dirijo.

En esta última instancia analizamos la iniciativa bajo un criterio -y se lo hicimos presente al Ejecutivo-: que había que cumplir el Protocolo acordado con los funcionarios municipales.

En virtud de ello, hice un punteo sobre los contenidos del proyecto.

1.- Se faculta al alcalde para que, con acuerdo del concejo municipal, consultado en forma previa un comité bipartito y paritario compuesto por funcionarios y representantes del jefe comunal, se creen o modifiquen las plantas de personal cada ocho años, a partir del 1 de enero de 2018.

Ese es el primer compromiso.

Dichas plantas no han experimentado cambios desde 1994. La creación de nuevos cargos o la modificación de los existentes nunca afectará -así se halla establecido en la iniciativa- los derechos adquiridos por los funcionarios municipales.

2.- La ley en proyecto fortalece la descentralización, en atención a que cada municipalidad fijará sus plantas según sus necesidades, teniendo como requisito que el gasto en personal no exceda el 42 por ciento de los ingresos propios.

Además, se promueve la profesionalización de los municipios: un 75 por ciento de los cargos que se creen deberá estar conformado por técnicos o profesionales.

3.- Se establecen normas de responsabilidad fiscal y de probidad para el proceso de fijación de plantas. Para esto, los ingresos propios a tener presentes deben ser tomados del promedio de los tres últimos años. Tal relato histórico determinará la cantidad de recursos que las municipalidades dispondrán para modificar las plantas.

4.- Se concede una asignación profesional -era uno de los compromisos relevantes acordados con los funcionarios municipales-, a partir del 1 de enero de 2016, al personal de los estamentos directivos, profesionales y jefaturas, homologándolos así con sus pares de los ministerios y servicios. Esta norma beneficiará a más o menos 8.700 funcionarios.

Asimismo, se crea una asignación especial de Directivo-Jefatura para los funcionarios que no posean título profesional, la que corresponde al 50 por ciento de la asignación profesional.

5.- Se mejoran las remuneraciones de quienes ocupan cargos en las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares: los que estén entre los grados 15° y 20°, ambos inclusive, subirán dos grados (uno en 2016 y otro en 2017), y quienes estén entre los grados 10° y 20°, ambos inclusive, lo harán en un grado el próximo año. Esto beneficiará a alrededor de 24 mil funcionarios, tanto de planta como a contrata.

6.- Todos aquellos que reciban asignación profesional o incrementos de grado tendrán, además, derecho a un bono equivalente a cuatro meses de sus mejoras, a pagar el año 2016.

7.- Se autoriza al alcalde para que el personal a contrata en el municipio que tiene cinco años de antigüedad pase a la planta sin exigírsele concurso. De esta forma, se hace un reconocimiento a esos funcionarios y se les da estabilidad.

8.- Se permite que los funcionarios ya retirados de los municipios accedan al bono poslaboral.

9.- A fin de que las municipalidades paguen las mejoras de su personal, se dispone de un aporte fiscal de 34 mil millones de pesos para 2016 y de 36 mil millones de pesos para 2017.

10.- Casi se quintuplica, a partir del año 2018, el aporte que el Estado debe efectuar al Fondo Común Municipal.

11.- Se establecen normas de participación al permitir consultas a las asociaciones locales de funcionarios y la constitución de un comité bipartito y paritario, como ya lo mencioné.

12.- Se modifica el límite de gastos en personal: de 35 por ciento se pasa a 42 por ciento de los ingresos propios, a objeto de incorporar funcionarios de planta y a contrata. En las vacantes que queden en cargos a contrata, se debe priorizar al personal a honorario.

13.- Se faculta a las municipalidades para que en el reglamento interno puedan crear nuevas unidades, asignándoles funciones que la ley les otorga a otras unidades que se indican.

14.- También se asignan nuevas funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la que deberá recepcionar la información de los municipios, etcétera.

15.- Finalmente, se prohíbe la supresión de empleo.

Señor Presidente , uno de los puntos más discutidos en la Comisión de Hacienda, una vez que la iniciativa fue despachada por la de Gobierno, fue el reclamo de los funcionarios por el efecto retroactivo que debiera contemplar la ley en proyecto. Al respecto, se llegó a un acuerdo con ellos, razón por la cual tales normas empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2016.

A pesar de establecerse esa vigencia, también se acordó mantener el bono de los cuatro meses contemplado para los funcionarios municipales, atendido el efecto retroactivo que se reclamaba desde cuando comenzó la tramitación de la iniciativa.

Pienso que esas son las razones, señor Presidente , que explican por qué la gran mayoría de las enmiendas fueron aprobadas por unanimidad tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Gobierno.

Las dos disposiciones en que hubo discrepancia entre ambas instancias legislativas son las que señaló el Senador Espina, las que deben ser tratadas por separado.

El señor TUMA ( Presidente accidental ).-

Le solicito al señor Secretario que vayamos viendo artículo por artículo.

Habrá que dejar pendiente la primera votación hasta que contemos con el quórum suficiente. Faltan dos señores Senadores.

Aprovecho de solicitar la unanimidad de Sus Señorías para que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, pueda ingresar a la Sala.

--Se autoriza.

El señor TUMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Señores Senadores, lo primero que corresponde hacer es pronunciarse sobre la votación separada solicitada por el Honorable señor Coloma . Es respecto del inciso final del artículo 1° (página 2 del boletín comparado), que dice: "Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los Alcaldes, ni a los Jueces de Policía Local .".

Su Señoría pide que se vote separadamente la expresión "ni a los Jueces de Policía Local".

Cabe precisar que la gran mayoría de las modificaciones propuestas son normas de quórum orgánico constitucional. De consiguiente, la aprobación de la norma que se ha pedido votar separadamente requiere cumplir con el quórum correspondiente.

El señor TUMA (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en primer lugar, deseo señalar que se pensaban asignar este año los justos beneficios económicos contemplados en el proyecto para los funcionarios del sector municipal.

En efecto, si miramos los artículos primero a sexto transitorios del texto aprobado en general, veremos que, originalmente, se contemplaba para 2015 un aporte extraordinario de 12 mil millones de pesos.

Como esta ley va a entrar en vigencia el próximo año, se cambiaron los montos: 32 mil millones de pesos para 2016 y 36 mil millones para 2017.

De todas maneras, ahí hubo un pequeño recorte. No queremos dejar pasar ese hecho. Inicialmente, se habían considerado más recursos. ¡Eso hay que seguir peleándolo!

En segundo término, cabe destacar que las normas propuestas se aplicarán por un período largo, más allá del término de la gestión de un alcalde. Este es otro de los puntos que las organizaciones de trabajadores municipales exigieron justamente. Nosotros no le dimos el vamos a una reforma constitucional -con la ley aparejada- porque aún no se contaba con esta garantía.

Respecto de lo que se ha puesto en discusión, me parece conveniente que la asignación profesional también se aplique a los jueces de policía local, independiente de que ellos cuentan con condiciones de trabajo bien distintas según la municipalidad de que se trate: diferencias en horarios, en situación laboral, en fin. De hecho, algunos asumen incluso la jurisdicción de otras comunas.

En mi opinión, si se les puede aplicar el beneficio, ¡en buena hora!

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, este es un proyecto positivo, que, como planteó el Senador que acaba de intervenir, cumple parcialmente las aspiraciones de la ASEMUCH.

Por eso vamos a votar a favor sus disposiciones.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones laborales y de vida de los funcionarios municipales, otorgándoles un alza en sus ingresos a través de un sistema de remuneraciones similar al de sus pares en la Administración central.

Sin embargo, para la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales esta propuesta legislativa no cumple con todos los compromisos contenidos en el Protocolo para la Modernización del Sistema Municipal Chileno -además, este documento permitió poner fin al paro-, acordado entre el Gobierno de la Presidenta Bachelet , los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y la ASEMUCH.

En efecto, no están incorporados todos los temas de dicho acuerdo.

Entre las materias contenidas en el Protocolo (de iniciativa exclusiva del Ejecutivo ) y el borrador de este proyecto de ley, destaco las siguientes que quedaron fuera:

-El aumento de un grado para los funcionarios de las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, encasillados en los grados 10º al 20º, a partir del 1 de enero de 2015.

-El pago de la asignación profesional y de la asignación Directivo-Jefatura, a partir del 1 de enero de este año.

-El pago de un bono, imponible y tributable, equivalente a la suma de las diferencias mensuales que represente la aplicación del aumento de grados entre el 1 de enero de 2015 y el mes siguiente a la publicación de la ley.

Entiendo que el Senador Zaldívar hizo algunas precisiones en esas materias.

Lamentablemente, tales omisiones han generado incertidumbre y molestia entre los funcionarios de las municipalidades del país. Por tanto, espero que el Ejecutivo introduzca las correcciones pertinentes en este proyecto o en uno posterior.

Esos puntos estaban contenidos en el Protocolo y después no se cumplieron.

Finalmente, deseo plantear algo que he discutido con los Senadores señores Horvath y Quinteros . Me refiero a un problema que afecta a los secretarios de los tribunales de policía local. Al respecto, me gustaría que el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Ricardo Cifuentes , nos diera su opinión.

En muchas partes dichos funcionarios se encuentran dos, tres y hasta cuatro grados por debajo del juez. Ante ello, se hace difícil conseguir abogados para cumplir esas labores. La lógica indica que deberían estar solo un grado por debajo del juez.

Cabe consignar que tal solución no significa mayor gasto fiscal, porque los juzgados de policía local cuentan con recaudación propia.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para abrir la votación?

El señor PROKURICA.-

Sí.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Pido la palabra.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

La tiene, Su Señoría.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , deseo hacer un alcance a la petición de votación separada que ha formulado el Senador Coloma .

Este asunto lo vimos en la Comisión. Entonces señalamos que una indicación en ese sentido adolece de inconstitucionalidad porque, al suprimir el inciso, automáticamente se les entrega la asignación profesional al alcalde y a los jueces de policía local.

No quiero pronunciarme sobre la necesidad de otorgar ese beneficio. Encuentro adecuada la norma para el alcalde, pues a este no se le puede dar una asignación profesional. Pero sí puede ser discutible que no se aplique para los jueces de policía local.

Pese a que estos tienen una asignación especial, concurrieron a la Comisión e hicieron ver que estarían siendo discriminados al no ser considerados en el otorgamiento de dicha asignación.

Le planteamos al Ejecutivo la necesidad de analizar esa materia, ya no en la Comisión ni en esta Sala -se acabaron los plazos para formular indicaciones-, sino en la Cámara de Diputados, en el segundo trámite constitucional.

Además, el Gobierno recibió de parte de los jueces de policía local un informe jurídico sobre la inconstitucionalidad de la discriminación de la que serían objeto.

He hablado con el señor Subsecretario sobre el particular, quien me ha dicho que efectivamente van a revisar ese tema.

Reitero: eliminar lo relativo a los jueces de policía local en el inciso tercero del artículo 1º conlleva un problema de constitucionalidad, porque esa supresión establece un beneficio, y ello es materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República .

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , respecto del artículo 1º, quiero referirme a dos temas.

El primero dice relación con un logro importante de las asociaciones gremiales: la fecha a partir de la cual rige la entrega de la asignación profesional.

Eso es lo que estamos estableciendo. Ese beneficio ya tiene un cierto perfil. Unos podrán reclamar que el monto era algo menor de lo acordado, pero, al final, lo que se debate es la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Se considera que su contenido refleja lo comprometido. Quedará la duda para la historia, pero eso es.

Lo relevante -y creo que es esencial para proyectos futuros- es que se fija la fecha de inicio del beneficio. Si ustedes miran el comparado, verán que, originalmente, se disponía: "A contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente ley". Eso fue redactado el 2015. Se suponía que esto se iba a pagar en el curso de este año. ¡Nadie pensó que esto se iba a demorar hasta el 2016!

Al final, los funcionarios municipales -voy a decirlo en castellano- pagan el pato por algo que no tiene que ver con ellos, sino con problemas de funcionamiento o con discordancias legítimas durante el trámite legislativo.

Este proyecto lleva como ocho meses de tramitación. ¡Debió haberse pagado el beneficio propuesto hace mucho rato!

Entonces, me parece muy bien el resguardo que contempla la iniciativa, equivalente a decir: "Esto podrá demorarse en salir un poco más o un poco menos, pero a partir del 1 de enero de 2016 se genera el derecho".

Imaginemos lo que sucedería con la norma original: en aprobarse el proyecto, ir al Tribunal Constitucional, promulgar la ley y esperar un mes más, estamos hablando de abril o mayo del próximo año.

Me parece sabio que se establezca una fecha para que empiece a regir, sí o sí, la entrega de la asignación profesional. Este es un logro muy importante y positivo, el cual fue planteado por la dirigencia gremial.

Lo segundo, señor Presidente, se refiere a un punto que discutimos en la Comisión -y quiero explicarlo-: el alcance de la asignación profesional.

Tal beneficio debe ser entendido en el amplio sentido de la palabra: a todos los profesionales. Eso me parece lógico porque guarda relación con el vasto alcance de aquellos que prestan servicios al Estado.

Ese es el sentido de dicha asignación.

Frente a ello, estimo que no es justo ni constitucional establecer una excepción. Lo considero, más bien, arbitrario.

No tengo nada a favor o en contra de los jueces de policía local. El caso de los alcaldes es distinto -y por algo no pedí votación separada respecto de ellos- porque algunos pueden no ser profesionales. Ahí no corresponde, pues no es un requisito la calidad de profesional. Pero sí lo es para un juez de policía local. Entonces, otorgar una asignación a todos, menos a ellos, no hace sentido de justicia.

Y por eso solicité la votación separada.

El Senador Zaldívar, cumpliendo con su rol, ha señalado que esto podría significar un mayor gasto, al incluir a un sector que está exceptuado. Lo que pasa es que, a mi juicio, la excepción es la inconstitucional. ¿Por qué la referencia a ellos? ¿Por qué no a los abogados, o a los ingenieros? No entiendo la lógica de la excepción. Y ese es un problema más del Gobierno.

Decida usted, señor Presidente, la admisibilidad o no de la solicitud. Yo creo que es perfectamente admisible, porque lo que estamos haciendo es evitar una inconstitucionalidad -en mi concepto-, una arbitrariedad respecto de algunos funcionarios municipales: los jueces de policía local.

Ese es el sentido de la petición.

Sin perjuicio de eso, me parece que en la Comisión de Gobierno, en un primer momento, y luego en la Comisión de Hacienda, con la colaboración de la SUBDERE y de los dirigentes municipales, avanzamos mucho en una legislación compleja. Se han explicado algunos detalles de ella. Los plazos, los bonos, los encasillamientos, los requisitos, en general, apuntaron a lograr un proyecto más bien consensuado.

Sin embargo, tengo discrepancias respecto de esta norma y sobre algo que me parece grave: la posibilidad de que los alcaldes tengan a contrata al 40 por ciento de la dotación y no al 20 por ciento, como había sido acordado. Pero eso lo veremos con posterioridad.

Pero como esta es una discusión particular, en la que se ve artículo por artículo, debo señalar que valoro la redacción que fija el 1 de enero, a cualquier evento, como fecha desde la cual se contabiliza la asignación profesional.

No obstante, insisto en que no se debe discriminar en perjuicio de los jueces de policía local, porque no alcanzo a entender por qué ellos, siendo profesionales, no tendrán tal asignación, en circunstancias de que todo el resto de los profesionales sí la percibirá.

Como no lo entiendo ni me parece justo, planteé la solicitud en el sentido indicado.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , voy a tratar de analizar en particular el proyecto, porque si en cada artículo vamos a debatir en general, la discusión puede ser eterna. Ya lo debatimos en general.

Sin embargo, siendo esta mi primera intervención, quiero señalar dos conceptos centrales.

El primero se refiere a que la ley en proyecto viene, en parte, a hacer justicia con respecto a una grave discriminación cometida por el Estado de Chile desde hace muchas décadas con los funcionarios municipales. Ellos son los que están más cerca de la ciudadanía. Son -como quien dice- a quienes les toca recibir a la gente, pero sin disponer, muchas veces, de facultades o atribuciones para resolver sus problemas.

Y el segundo dice relación con que dichos funcionarios, además, siempre se ven perjudicados respecto de los empleados de la Administración Central.

Por otro lado, aprovecho de agradecer, en nombre de la Comisión de Gobierno, a los cientos de funcionarios municipales, que nos hicieron llegar sus puntos de vista de manera muy respetuosa, y a quienes asistieron a nuestra Comisión en forma masiva, porque, no obstante ello, tuvieron un comportamiento ejemplar, a pesar de que había materias en las que sostenían opiniones distintas.

Del mismo modo, agradezco a las directivas de la ASEMUCH, encabezada por don Óscar Yáñez ; de la UFEMUCH, presidida por don Víctor Mora , y muy especialmente a don Marcelo Segura , de la Asociación Chilena de Municipalidades, que hizo un trabajo encomiable para ayudarnos a sacar adelante este proyecto.

Ahora bien, concretamente sobre este punto -quiero cumplir con lo que dije-, debo señalar que el avance en el otorgamiento de una asignación profesional a los directivos, a los profesionales y a las jefaturas es gigantesco. Representa un acto de justicia que se debería haber efectuado hace muchos años, y creo que es un punto valiosísimo de este proyecto.

Por lo tanto, nos parece muy bien lo propuesto, pero, además, que se haya logrado sin la homologación con el sector público. Porque esta iniciativa originalmente contenía una injusticia increíble: que si en virtud de esta asignación profesional un funcionario del sector municipal quedaba ganando más dinero que uno de la Administración Central, se le impedía obtener el beneficio completo, en circunstancias de que hay asignaciones percibidas por estos últimos que no están contempladas dentro de las que reciben los del sector municipal.

Por lo tanto, se trata de una norma de toda justicia.

Sin embargo, creo que la marginación de los jueces de policía local no tiene ninguna justificación. Es absolutamente injusta. No existe razón alguna para que a dichos funcionarios se les excluya de esta asignación.

Alguien podría decir que perciben otros beneficios. No obstante, señor Presidente , no es justo tal argumento, porque también reciben otras asignaciones -perdonen que lo diga- los funcionarios de la Administración Central.

Entonces, si se quiere que todos los funcionarios tengan la misma asignación, fantástico. Pero marginar a los jueces de policía local me parece una arbitrariedad. Así lo planteamos en la Comisión de Gobierno, y -según entiendo- ello también se hizo en la Comisión de Hacienda. Y tengo el deber de reiterarlo. A nosotros nos parece que esa marginación es un profundo error, y el Gobierno debiera contribuir a ponerle término. No hay ninguna razón para mantenerla.

En todo caso, el resto del artículo en cuestión -como quedó finalmente- nos parece un gran avance en comparación con lo que tenemos en la actual legislación.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Igual sería interesante conocer la opinión del Ejecutivo en cuanto a si efectivamente pedir votación separada para lo relativo a los jueces de policía local implica o no el desembolso de más recursos para el Estado.

En todo caso, estuvimos revisando las normas sobre petición de votación separada, y no se hace alusión a este tema.

Por tanto, sería importante escuchar el parecer del Ejecutivo , más allá de estimarse que corresponde incluir a los jueces de policía local en la asignación profesional. Naturalmente, los Senadores tienen derecho a votar a favor o en contra de la norma en cuestión.

Pero reitero la relevancia de conocer la apreciación del Gobierno en cuanto a si lo que se pretende implica o no más recursos.

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente , quiero plantear por su intermedio una consulta al señor Subsecretario -recién estábamos conversando sobre el tema- respecto de las asignaciones profesionales a funcionarios municipales, que están regidas por normas expresas, fijas. En el fondo, se establece su entrega a quienes hayan obtenido títulos universitarios en carreras de ocho o más semestres.

Sin embargo, en los municipios hay gran cantidad de personal que no tiene una carrera universitaria, pero sí estudios técnico-profesionales y numerosos cursos de especialización. Entonces, ¿qué pasa con esos funcionarios, que en muchos municipios son los que realmente mueven el gobierno local?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Subsecretario.

El señor CIFUENTES (Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo).-

Gracias, señor Presidente .

En términos generales, quiero decir que hay otro argumento importante que respalda a este proyecto: la descentralización. Porque, en esencia, se trata de una iniciativa descentralizadora: le devuelve -por fin- al alcalde y a su concejo la facultad para que el municipio defina su planta de personal.

Ese es el gran hecho histórico del proyecto en análisis.

Y eso resuelve varias de las interrogantes que aquí se han planteado, pues serán el propio alcalde y su concejo los que, después de haber realizado un estudio sistemático y de haber conversado con los funcionarios municipales, podrán diseñar una planta que sea pertinente a las necesidades de esa comuna y a la estrategia de desarrollo que quiera implementar el municipio en los siguientes ocho años.

Por lo tanto, lo relativo a los jueces de policía local puede ser resuelto bajo ese esquema.

Respecto de materias específicas que aquí se han manifestado, como la de la asignación profesional, claramente hay que señalar que este proyecto avanza en una solución para los funcionarios municipales, que han estado históricamente muy postergados, pero no resuelve todos los problemas.

Nosotros lo hemos sostenido desde el principio. Y eso tiene que ver en gran medida con la disponibilidad de recursos y la capacidad que tiene el Estado de ir resolviendo estos problemas.

Nosotros creemos que este es un gran avance -¡un gran avance!-, pero sin duda que nos quedan todavía materias por resolver.

En el caso de los jueces de policía local, efectivamente habrá un mayor gasto. Y ese es un problema objetivo. Reconocer una asignación profesional implica para los municipios incurrir en mayores gastos.

Pero hay otras dificultades adicionales que nosotros nos hemos comprometido a seguir estudiando.

Hemos creado, desde principios del año en curso, una comisión integrada por especialistas en el mundo municipal, por los propios funcionarios municipales, a través de sus organizaciones; por las asociaciones de alcaldes, en fin, y uno de los temas que queremos estudiar es precisamente el de los jueces de policía local, porque, en algunos casos, si uno reconociera la asignación profesional, podría aumentar el sueldo líquido de alguno de esos funcionarios hasta quedar por sobre la remuneración del alcalde.

Ahí hay una dificultad, y la tenemos que estudiar y resolver en cada caso.

Incluso hay informes en derecho a los que hemos tenido acceso en estos días, elaborados por los propios jueces.

Nos hemos comprometido también a estudiarlos en el curso de los próximos meses.

Gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

La Mesa está revisando la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 164 del Reglamento del Senado.

En nuestra opinión, es posible pedir votación separada. Pero se puede plantear un tema respecto de los recursos.

Entonces, resulta importante que, por último, en el trámite siguiente el Ejecutivo tenga una propuesta acerca de cómo resolver la situación.

Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , en primer lugar, me alegro de que por fin se vaya a hacer realidad la asignación profesional en el caso de los funcionarios municipales.

Resultaba muy irritante que los funcionarios de la Administración Central del Estado con títulos profesionales e incluso, en algunos casos, con títulos técnicos, tuvieran derecho a percibir la asignación profesional y los funcionarios municipales, no.

Eso cambiará a contar del 1 de enero de 2016, independiente de la fecha en que culmine el proceso legislativo de este proyecto.

También considero muy importante que se haya eliminado el artículo 2° de la iniciativa, que en el fondo otorgaba la asignación profesional, pero solo hasta el límite en que esta no significara sobrepasar los ingresos brutos de un funcionario de la Administración Central del Estado, porque si ello ocurría, inmediatamente tenía que disminuir la respectiva asignación profesional.

Eso, en realidad, era muy injusto.

Haberlo arreglado, conforme lo solicitaron las asociaciones de funcionarios, es un acto de entera justicia que me alegra mucho.

Respecto de la norma por la cual se ha solicitado votación separada, entiendo que crea un problema complejo, porque pronunciarse para que esta desaparezca tendría como resultado que la asignación profesional se haría extensiva también a los jueces de policía local.

Eso me parece total, completa y absolutamente justo. Son profesionales y, por lo tanto, deben tener derecho a la asignación profesional.

Pero, por otro lado, eso significaría mayor gasto público. Y nosotros estamos impedidos de llevar adelante indicaciones o separación de votaciones que impliquen aumento de recursos públicos.

Con ello, lo único que haríamos sería perjudicar el trámite del proyecto.

Votaré a favor del artículo en los términos en que está, porque los funcionarios municipales llevan mucho tiempo esperando por esta iniciativa.

Alguien lo mencionó recién: la idea era que la ley en proyecto comenzara a regir el 2015, y ya no está ocurriendo así. Queda todavía el trámite en la Cámara de Diputados. Y ojalá que allí se resuelva este problema.

Me asiste la convicción de que excluir a los jueces de policía local es una arbitrariedad. No hay ninguna razón para que al otorgar la asignación profesional ellos sean marginados, en circunstancias de que poseen título de abogado.

Francamente, se trata de una discriminación arbitraria, que nos puede traer problemas en el Tribunal Constitucional, perjudicando también a los propios funcionarios municipales, que quieren que este proyecto pronto sea ley.

Por eso, aspiro y confío en que esta situación se va a solucionar durante la discusión en la Cámara de Diputados.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Sobre el particular, hemos solicitado una decisión del Ejecutivo para el trámite siguiente, porque el tema da para discusión. El artículo 164 del Reglamento no supedita esto a lo planteado por el Senador señor García , pero efectivamente en la práctica implicará más recursos.

Por ello, reiteramos la petición al Gobierno para que en la Cámara de Diputados plantee una solución, porque esto en la práctica significará más gasto.

Si le parece a la Sala, abriremos la votación respecto de la frase "ni a los Jueces de Policía Local", acerca de la cual se pidió votación separada.

La señora VON BAER .-

¿Cómo debemos pronunciarnos quienes queremos suprimirla?

El señor ESPINA.-

"A favor" es eliminarla.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Los que estén de acuerdo con el Senador señor Coloma y con todos quienes han manifestado que debe haber asignación profesional para los jueces de policía local votan a favor de eliminar la frase.

El señor LAGOS .-

¿Es admisible la solicitud de votación separada?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

En efecto, hay dudas respecto de la admisibilidad. Por lo tanto, la otra alternativa es que la Sala se pronuncie.

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , escuchaba al Senador García y realmente se trata de un asunto que nos preocupa.

Soy partidario de otorgarles la asignación profesional a los jueces de policía local.

Por supuesto, el caso de los alcaldes es diferente. ¡Cómo se le va a dar asignación profesional a un alcalde!

El señor MOREIRA .-

Es un cargo político.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Puede que sea profesional o no. Su cargo no lo exige como requisito.

Pero en el caso del juez de policía local, a mi modo de ver, sí sería procedente.

En tal sentido, el Senador Coloma tiene razón. Puede suceder que en la revisión de constitucionalidad ese inciso sea objetado por la discriminación a que se ha hecho mención.

Pero me parece que crearíamos un problema, pues no tenemos la iniciativa para generar el gasto.

Le he planteado al Subsecretario que el Gobierno debiera recoger esta materia. Los jueces de policía local presentaron un informe de constitucionalidad sobre el particular.

El Ejecutivo debiera revisar esta iniciativa en la Cámara de Diputados, otorgando la asignación profesional a los jueces de policía local, a fin de evitar ese problema. Y ojalá haya un compromiso en el sentido de estudiar el tema.

Quedamos en una situación bien compleja al tener que votar por la constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Si me preguntan, tengo el mismo convencimiento del Senador García: creo que no es constitucional que nosotros por la vía de la supresión provoquemos un gasto al Estado. Es materia propia del Ejecutivo.

Por esta interpretación errónea, el día de mañana podría venir un artículo que dijera: "No se otorgarán beneficios de remuneración a tales funcionarios", ante lo cual nosotros podríamos pedir votación separada de la palabra "No", a fin de que quede "Se otorgarán beneficios...".

Eso no puede ser.

Es buscar por fuera algo que no tiene constitucionalidad.

Esta situación a uno lo complica.

Repito: el Ejecutivo la debería solucionar en la Cámara de Diputados.

En todo caso, si hay una revisión constitucional -porque debe haberla-, la tendrá que resolver el Tribunal Constitucional.

El señor COLOMA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Se han planteado dos puntos de vista, y vamos a decidir si se puede votar por separado lo que pide el Senador señor Coloma.

Pero antes de eso, en vista de que contamos con el quórum pertinente, solicito poner atención sobre lo siguiente.

Por un lado, corresponde dar por aprobadas las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Por otra parte, es preciso votar las enmiendas unánimes.

Finalmente, pido unanimidad para dar por aprobadas todas aquellas normas en que no hubo diferencias entre las Comisiones de Gobierno y de Hacienda.

Propongo aprobar lo señalado, dejando constancia del quórum.

--Se aprueban las normas mencionadas (22 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, propongo que intervenga un Senador para sostener la admisibilidad de pedir que se vote por separado la frase "ni a los Jueces de Policía Local" y otro para hablar en contra de la admisibilidad. Quizás podríamos dejar lo planteado por los Senadores señores Zaldívar y García como argumento en contra.

Hago esta sugerencia para no dilatar la discusión respecto de la admisibilidad.

Tiene la palabra el Senador señor Coloma para alegar en el sentido de que se puede pedir votación separada de la frase "ni a los Jueces de Policía Local".

Si hay alguien interesado en sostener después lo contrario, le pido que me lo haga saber.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , en primer lugar, es un derecho de los parlamentarios pedir la separación de la votación, y nadie podrá discutirlo.

Lo que sostengo es que, habiendo un beneficio -no otorgado por el Parlamento, sino por el Ejecutivo- de carácter general a los profesionales municipales -es lo que establece la asignación-, no me pueden forzar a votar a favor de una excepción a ese beneficio respecto de los jueces de policía local.

No hay ningún elemento o patrón objetivo que no sea "son profesionales, están trabajando en el municipio".

Entonces, si se concede una asignación de carácter general, instaurar una excepción, a mi juicio, es inconstitucional.

Tengo aquí un informe en derecho de don Urbano Marín -nos lo entregaron en la Comisión de Hacienda-, quien sostiene que no es legítimo que el legislador, cuando da una asignación vasta -es la palabra que usa-, la impida, sin explicar dónde está la diferencia, a determinados profesionales.

Entonces, a mí me asiste el derecho para decir: "No estoy de acuerdo con esa excepción".

Imagínese, señor Presidente , lo que ocurriría desde el punto de vista parlamentario si por esta vía a uno lo forzaran a avalar una excepción inconstitucional.

¡Eso no puede ser!

Si yo siento que una norma es inconstitucional, ¡cómo la voy a votar a favor!

Por eso pedí votación separada: justamente para no caer en la inconstitucionalidad.

A mi entender, la inconstitucionalidad es al revés. Si se saca adelante la disposición que consagra la referida excepción, entraremos en una inconstitucionalidad que, dicho sea de paso -me haré cargo de una situación que se planteó-, tornará mucho más lenta la tramitación de esta iniciativa.

Yo estoy completamente de acuerdo en que aquí se requiere velocidad. Por algo estamos trabajando lo más rápido posible, dadas las circunstancias, pues lo importante es que se entreguen la asignación, el bono; que se reencasille; que se avance en este proceso. Pero ello no puede ser a costa de una inconstitucionalidad a mi juicio flagrante, como la que se registra acá.

Entonces, soy partidario de permitir la votación separada: primero, porque ello es justo (la justicia siempre es importante), y segundo, porque de lo contrario consagraríamos la inconstitucionalidad de marginar de una asignación general a determinados profesionales.

Eso es improcedente.

¡Cómo no voy a poder solicitar votación separada para evitar una inconstitucionalidad!

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Para sostener la posición contraria, tiene la palabra el Senador señor Zaldívar .

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , partamos sobre la base de que estoy claro en cuanto a que es lógico que proceda la asignación profesional para los jueces de policía local.

Pero no podemos tratar de empatar constitucionalidades: empato esto porque, de la forma como viene propuesto por el Ejecutivo, es inconstitucional, y a su vez, reclamo que no lo puedo votar por separado (si bien se puede hacer), pero con el efecto de que se produce una inconstitucionalidad en una materia que es de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La única manera de resolver la inconstitucionalidad por la vía planteada por el Senador Coloma es que el Tribunal Constitucional, cuando revise esta disposición, llegue a la conclusión de que es inconstitucional y diga: "Esta materia hay que corregirla".

Pero si seguimos por ese camino -y tomen nota; se los digo con toda franqueza-, el día de mañana veremos que se repetirá esa misma situación en cualquier proyecto de ley.

Ello lo he observado en varias oportunidades aquí, en el Senado. Incluso me tocó enfrentarlo cuando era Ministro : se traía un reajuste y, por la vía de votar por separado una frase o una palabra, le cambiaban el sentido a una disposición. Y automáticamente eso se rechazaba por inconstitucional, ya que no procedía hacerlo.

En el caso que nos ocupa está pasando lo mismo: por la vía de suprimir un inciso se está generando un mayor gasto.

Personalmente, considero justo que se pague la asignación profesional. Pero creo que no podemos sentar un precedente sobre el particular.

En tal sentido, ¿cuál es nuestra obligación? Evitar que se aborde una materia que no es propia de la iniciativa parlamentaria. Y se incursiona en ella al votarse en contra del inciso en cuestión.

El número 4° del artículo 65 es muy expreso: habla de que fijar, conceder beneficios, remuneraciones de cualquier naturaleza es materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Y, por la vía de una votación negativa, torcemos la norma constitucional.

Entonces, pido que esta cuestión sea considerada por el Gobierno; que la plantee y la resuelva en la Cámara de Diputados.

Pero aquí, al pretender solucionar este asunto por una vía indirecta, como la votación separada -es un derecho que efectivamente nos asiste-, podemos llegar a una vulneración permanente de las normas constitucionales.

Insisto: yo soy partidario de darles asignación profesional a los jueces de policía local. Pero, a su vez, también me veo en la obligación -es mi convicción- de proceder aplicando la Constitución en forma estricta en este sentido.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Sin perjuicio de que habíamos acordado que hablara un Senador para sostener la admisibilidad de la votación separada solicitada y otro para rechazarla, algunos parlamentarios me han señalado que desean hacer uso de su derecho reglamentario a fundar el voto.

Entonces, vamos a abrir la votación.

Les recuerdo a Sus Señorías que ni siquiera hemos podido entrar a discutir el fondo del artículo 1°. Así que les insto a que sean breves.

En votación la admisibilidad de la votación separada de la frase "ni a los Jueces de Policía Local", contenida en la parte final del inciso tercero del artículo 1° del proyecto.

Quienes votan a favor son partidarios de la tesis del Senador señor Coloma ; y quienes los hacen en contra están de acuerdo con lo planteado por el Honorable señor Zaldívar y, en consecuencia, no se podría votar separadamente la referida frase, más allá de que todos estemos de acuerdo con la materia de fondo.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , yo tengo un argumento distinto para fundar la razón por la cual voy a votar por la supresión de esa parte del inciso que nos ocupa.

A mi juicio, no se pueden empatar inconstitucionalidades, como señaló con toda razón el Senador Zaldívar . Porque con ese criterio, si hay una norma inconstitucional, tengo que eliminarla para empatar.

Yo al menos trato de interpretar la Constitución, sea a favor o en contra de alguien, conforme a lo que ella dispone.

Lo que ocurre en este caso es que los representantes del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local -hecho que nunca fue desmentido por el Gobierno- sostienen que ellos siempre estuvieron incluidos en los recursos previstos para el pago de la asignación profesional.

La inconstitucionalidad supone que los dineros no existen.

Porque todo el argumento que ha aducido el Senador Zaldívar, con mucha lucidez, apunta a que suprimir una parte del inciso significa más gasto para el Estado.

Pero sucede que en la Comisión nunca se desmintió, a pesar de que lo consulté -y aquí está presente el señor Subsecretario-, la afirmación que hizo el Presidente del referido Instituto en el sentido de que los recursos para tal efecto siempre estuvieron considerados. De hecho, no se los excluía en el Protocolo.

Entonces, frente a una duda de tal envergadura, tenemos pleno derecho a decir: "Por qué no le voy a creer nada menos que al Presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, quien sostiene que los recursos estaban incluidos".

Luego, al votar para eliminar esa parte del inciso, el Gobierno tendrá oportunidad, si considera que los recursos no se hallan contemplados y lo demuestra, para reponerla y se podrá establecer en ese momento el camino señalado por el Senador Zaldívar.

Pero aquí está en duda si esos recursos se encuentran incluidos o no.

En reiteradas oportunidades -no tengo claro si el señor Subsecretario se hallaba en esa oportunidad; no quiero involucrarlo, a pesar de que concurrió a casi todas las sesiones de la Comisión- pregunté al Gobierno si los recursos estaban considerados.

Nunca nos pudieron decir que no. Porque, según recuerdo, originalmente los jueces de policía local no estaban excluidos de este beneficio.

Por consiguiente, no siento que se esté vulnerando la Constitución, pues si los recursos están incluidos, cualquier vicio de inconstitucionalidad cae de inmediato.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , estas discusiones son siempre complejas, porque depende del énfasis y del lado que uno mire la conclusión a la que se llegue.

Pero hay una situación que a mi juicio conduciría a desestimar una interpretación. Me refiero al caso absurdo de que no podríamos votar en contra una parte del inciso que nos ocupa porque significaría aumentar el gasto y, por lo tanto, contravenir la disposición constitucional que le entrega al Presidente de la República la iniciativa exclusiva sobre esta materia.

¡Eso es un absurdo! ¡Cómo no voy a poder pronunciarme negativamente respecto de una parte de un inciso!

De ser así, nuestras facultades quedarían minimizadas y tendríamos que votar en contra de todo el artículo.

El problema aquí es que se propone una norma general y se establecen excepciones. Si yo quisiera evitar las excepciones no podría hacerlo.

Me parece una situación absurda. Por lo tanto, no se trata de una interpretación correcta desde el punto de vista jurídico.

En tal sentido, pienso que es factible excluir. Y más todavía por una razón de fondo: las inconstitucionalidades por las cuales uno puede declarar la inadmisibilidad de una norma no son de fondo, sino formales. El contenido de fondo de una disposición puede ser inconstitucional e igual no ser susceptible de la inadmisibilidad de la que estamos hablando.

Pero en este caso se da también esa circunstancia, como ya se manifestó en un informe a que se hizo referencia con anterioridad.

Quiero ir más lejos todavía, señor Presidente .

Acá no solamente se está excluyendo a los jueces de policía local: también se le está otorgando la asignación de responsabilidad al secretario abogado del tribunal, ¡pero no al juez!

Entonces, hay además una discriminación muy notoria a ese respecto.

De consiguiente, por la absurda imposibilidad de votar en contra ciertas propuestas del Gobierno en el ámbito de sus atribuciones porque estaríamos invadiéndolas y por la absurda discriminación contenida en la parte del inciso que nos ocupa, me parece que deberíamos acoger la solicitud de votación separada y pronunciarnos sobre el particular.

Con respecto al fondo de este asunto, yo me alegro de que se haya corregido la fecha de entrada en vigencia de la asignación profesional.

Porque hubo un Protocolo -me tocó participar junto a otros Senadores y a dirigentes de los funcionarios municipales- que, entre otras cuestiones, acogió la solicitud de que el referido beneficio, de justicia e igualdad, entrara a operar a partir del 1° de enero de 2016, y no como se hallaba estipulado originalmente, esto es, "a contar del 1 del mes siguiente al de publicación de la presente la ley", que podría ser en un plazo mayor.

Por lo tanto, se ha hecho justicia.

Voto a favor.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente , compartiendo la aspiración legítima que manifestaron los jueces de policía local, creo que efectivamente tenemos un problema de admisibilidad en esta solicitud de votación separada.

Lo digo porque, más allá de que pueda ser legítimo que los jueces de policía local planteen que no es justo que se les excepcione de la asignación de responsabilidad, es la ley la que permanentemente establece ciertas diferencias que se denominan "discriminaciones".

La Constitución Política admite discriminaciones. Lo que no acepta son las discriminaciones arbitrarias e ilegales.

En este caso hay una distinción de carácter legal.

Requerido el Senado por un parlamentario para votar en forma separada la excepción, la solicitud pertinente es a mi juicio inadmisible, toda vez que votar separadamente una parte del inciso en cuestión y rechazarla significa, desde el punto de vista presupuestario, incrementar el gasto.

El artículo 65 de la Constitución Política señala las materias que corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República . Y en su numeral 4° dispone: "Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones".

La norma del número 4° no distingue si es para presentar proyectos de ley o para modificarlos. Lo que está haciendo es reservar a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República la facultad para modificar remuneraciones.

En la práctica, la eliminación de la parte final del inciso tercero del artículo 1° que el Senador Coloma propone votar separadamente significa modificar remuneraciones.

Vuelvo a insistir: más allá de la justicia del contenido de la norma en comento y de lo que se busca con su supresión, a mi entender esta petición de votación separada es inadmisible porque implicaría modificar remuneraciones y, por tanto, infringir el numeral 4° del artículo 65 de la Carta Fundamental.

La eventual aprobación de la Sala a esa solicitud podría generar un precedente no adecuado para futuras discusiones presupuestarias en las que se establecieran ciertas modificaciones que incidieran en el gasto público.

Por eso, voy a votar en contra.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

No hay más inscritos para referirse a este punto.

Reitero: quienes consideran admisible la solicitud de votación separada formulada por el Senador señor Coloma deben pronunciarse a favor; aquellos que la estiman inadmisible, en contra.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se declara inadmisible la solicitud (14 votos en contra y 12 a favor).

Votaron por la negativa las señoras Allende y Goic y los señores De Urresti, García, Guillier, Harboe, Lagos, Matta, Montes, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

Votaron por la afirmativa las señoras Lily Pérez y Von Baer y los señores Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón y Pérez Varela.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Corresponde votar el artículo propiamente tal.

El señor COLOMA.-

Perdón, señor Presidente : ¿no estaba pareado el Senador De Urresti?

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Se van a leer los pareos.

¡Ojo!: ellos no rigen en las normas de quórum especial.

El señor COLOMA.-

Pero lo que se votó no era de quórum especial.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

No lo era. Su Señoría tiene razón.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Están pareados la Senadora señora Van Rysselberghe y el Senador señor De Urresti .

Sin embargo, ese pareo no rige en la votación del artículo propiamente tal, que es de rango orgánico constitucional.

El señor COLOMA.-

Yo estoy hablando de la votación anterior.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Le encuentro razón al Senador señor Coloma en el punto que hace.

En todo caso, el resultado de la votación no cambia.

Ahora, es importante que se haga presente la situación, porque, efectivamente, había un pareo.

Repito: el resultado de la votación no cambia.

El señor COLOMA.-

Habría sido 13 votos contra 12.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Así es. Pero la consideración del pareo no habría incidido en el resultado de la votación.

En todo caso, Senador señor Coloma, es válido que haga el punto.

Señor Secretario , avancemos, pues queda mucho por votar.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Corresponde votar el artículo 1° propiamente tal, por cuanto es de rango orgánico constitucional.

El texto de esa norma está en las páginas 1 y 2 del boletín comparado.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

¿Habría acuerdo para darlo por aprobado?

En este instante hay en la Sala 21 Senadores.

Acordado.

--Se aprueba el artículo 1° (21 votos favorables), dejándose constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido.

El señor LETELIER.-

¿Por qué no se abren todas las votaciones de quórum especial, señor Presidente?

La señora MUÑOZ.-

En este momento están funcionando algunas Comisiones.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Hago un llamado a las señoras y señores Senadores que están en Comisiones.

Sé que en ellas se están debatiendo proyectos muy importantes: el de reforma laboral, en fin. Sin embargo, en la Sala nos hallamos ante normas de quórum orgánico constitucional y tenemos los votos justos. De modo que, si Sus Señorías no se encuentran aquí, vamos a tener problemas.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En la página 6 del comparado comienza el artículo 4° aprobado en general por el Senado.

La Comisión de Gobierno propone suprimir esa norma. Votaron por eliminarla la Senadora señora Von Baer y los Senadores señores Espina y Horvath . Se pronunciaron en contra de la supresión los Senadores señores Quinteros y Matta .

El señor COLOMA .-

¿En qué página está?

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En las páginas 6 y 7 del comparado, señor Senador .

En la segunda columna figura el texto aprobado en general por el Senado, que dice: "Declárase interpretado el inciso segundo del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980, respecto de los funcionarios regidos por la ley N° 18.883 y remunerados conforme al Título II del decreto ley N° 3.551, de 1980; en el sentido que, a contar del 1 de marzo de 1981, los factores que, por concepto del incremento previsional establecido en el ya mencionado artículo 2°, han debido determinarse considerando únicamente las remuneraciones, estipendios y asignaciones de carácter habitual, permanentes e imponibles que, al 28 de febrero de 1981, se encontraban afectas a cotizaciones previsionales, los que para dichos funcionarios corresponden exclusivamente al monto del sueldo base que para cada uno de los grados estableció la escala contenida en el artículo 23 del decreto ley N° 3.551, de 1980.".

El señor MONTES.-

Que se suprima por unanimidad, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Se resolvió que esta norma fuera en una ley posterior, señor Presidente.

Entonces, creo que hay unanimidad -y sugiero que así se acuerde- para aprobar la eliminación que plantea la Comisión de Gobierno.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para aprobar la supresión?

Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente , es lógica la supresión del artículo 4° (y el Artículo Décimo Primero transitorio también se elimina; yo pedí votación separada de su inciso tercero, pero solo para discutir el punto), pues la materia que aborda debe tratarse en otro proyecto.

Dicha materia cruza a todas las municipalidades en cuanto al reintegro por pago de los llamados "beneficios previsionales de 1980", cuando se cambió el sistema -valga la redundancia- previsional. Algunas han sido obligadas a devolver las platas involucradas; otras han obtenido sentencias favorables. La Contraloría primero falló en un sentido; luego, en otro. Entonces, no existe unanimidad sobre la forma de abordar el problema.

La cuestión es muy compleja. De ahí que se optó por suprimir asimismo el Artículo Décimo Primero transitorio.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Sobre la base de las consideraciones expuestas, ¿habría acuerdo para suprimir el artículo 4°?

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA .-

Señor Presidente , como el colega Zaldívar tiene una fórmula para resolver el problema, yo pediría dejar pendiente el artículo 4°.

El señor COLOMA .-

¡Si el propio Senador Zaldívar acaba de plantear su eliminación!

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

El camino es otro, Honorable colega.

El señor ESPINA .-

Tiene razón, Su Señoría: hay que suprimirlo, para que opere la fórmula ideada.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente , el incremento previsional, que no es atribuible a los funcionarios, ha generado un lío de grandes proporciones, pues la gente que firmó los cheques, a la que no le cabía responsabilidad alguna, ¡tiene embargados sus bienes personales! No se trata de los bienes municipales.

¡Para qué estamos barriendo hacia debajo de la alfombra!

Hay que buscar una solución.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Ahora viene.

El señor PROKURICA.-

¡No!

Señor Presidente, ya estoy acostumbrado a que me digan "En esta ley, no. Lo vamos a hacer en otra".

¡Dónde lo haremos!

Ha pasado el tiempo. Nos hemos reunido con el Subsecretario, quien dice estar de acuerdo en buscar una solución.

Entonces, ¡cómo vamos a chutear la cuestión!

¡El problema hay que resolverlo en la ley en proyecto!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Advierto que si continúo dando la palabra la discusión será eterna.

Por tanto, voy a someter a votación el punto: quienes quieren la supresión deben pronunciarse a favor; aquellos que la rechazan, en contra.

En votación.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba la supresión del artículo 4° (26 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Lagos, Hernán Larraín, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.

No votó, por estar pareado, el señor De Urresti.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Corresponde ir al artículo 6°, que pasó a ser 4°.

En la página 36 del comparado hay dos proposiciones discrepantes: mientras la Comisión de Gobierno sugiere un número 5), nuevo, mediante el cual agrega en el artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional una oración final, la Comisión de Hacienda plantea un número 5) en virtud del que adiciona al referido artículo 31 un inciso segundo y un inciso tercero.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Hacienda. Por consiguiente, solicito aprobarla.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Hay acuerdo para acoger la proposición de la Comisión de Hacienda?

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Nosotros también estamos de acuerdo, señor Presidente . Empero, quiero dejar constancia expresa -así se hizo en la Comisión de Hacienda- de que el ejercicio de la atribución pertinente no podrá afectar derechos ni menoscabar las funciones de los trabajadores que se desempeñan actualmente en las unidades respectivas.

El punto se discutió en la Comisión de Hacienda, donde quedó una constancia expresa a ese respecto.

Entonces, estando todos de acuerdo, es importante dejar testimonio de aquello en la historia de la ley.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para aprobar la proposición de la Comisión de Hacienda, con la constancia de que hizo mención el Senador señor Coloma?

Tiene la palabra el Honorable señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la creación de unidades dentro de un municipio puede ser bastante compleja si se procede de manera improvisada. Ello, por mucho que haya financiamiento.

Entonces, en la Comisión de Hacienda se sugirió que en la Cámara se revisara el quórum, para subirlo a dos tercios o por lo menos a mayoría de los miembros en ejercicio del concejo, para asegurar que la decisión sea de más largo plazo y no coyuntural.

Fue un acuerdo de todos los miembros de la Comisión de Hacienda.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Les parece a Sus Señorías aprobar la propuesta de la Comisión de Hacienda, con la constancia que explicitó el Honorable señor Coloma, por 25 votos afirmativos, correspondientes a los Senadores que se hallan en la Sala?

Acordado.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En la página 37 del comparado, la Comisión de Gobierno propone un número 4) -pasa a ser 6)- que modifica el artículo 49 bis aprobado en el primer informe.

A su turno, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, sugiere un número 6) que enmienda el aprobado por la de Gobierno.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Aceptamos la enmienda de la Comisión de Hacienda, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¿Le parece a la Sala aprobar unánimemente, por 25 votos favorables, la proposición de la Comisión de Hacienda?

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , solicito incluir mi pronunciamiento afirmativo en esta votación y en las votaciones anteriores.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Entonces, la propuesta de la Comisión de Hacienda queda aprobada por 26 votos favorables.

Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Honorable señor Horvath en los acuerdos precedentes.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor ESPINA.-

Vamos a la página 40.

El señor LABBÉ (Secretario General).-

Corresponde pasar a la página 58 del comparado.

El señor ESPINA.-

¿Y la 40?

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En la página 40 no tengo nada.

El señor GARCÍA .-

Hay que votar lo de la página 40, señor Presidente .

El señor ESPINA.-

Para ayudarlo a agilizar el trámite, señor Presidente , en la página 40 solicito aprobar lo que propuso la Comisión de Hacienda.

Se refiere al numeral 5 del número 6).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Eso fue unánime. Así que quedó aprobado en...

El señor ESPINA.-

Es que hay una diferencia entre lo que proponen ambas Comisiones. De modo que corresponde votar.

Ahora, la Comisión de Gobierno no tiene problema en que se apruebe la sugerencia de la de Hacienda.

Página 40.

El señor GARCÍA .-

Se refiere al Comité Bipartito.

El señor ESPINA.-

Así es: al Comité Bipartito, que estará conformado paritariamente.

Incluso, conversamos al respecto con las asociaciones de funcionarios, que están de acuerdo con la norma planteada.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

En la página 40 del comparado que obra en poder de Secretaría solo figura una modificación propuesta por la Comisión de Hacienda.

El señor ESPINA.-

¡Esa, pues!

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

No existe una enmienda de la Comisión de Gobierno.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

En todo caso, no habría problema, pues el Senador señor Espina está de acuerdo con la sugerencia de la Comisión de Hacienda.

El señor ESPINA.-

Que es unánime.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Precisamente por ser unánime, la Sala ya la aprobó.

El señor ESPINA.-

Está bien: es unánime.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Aunque sea unánime, señor Presidente , reviste gran importancia. Y por eso entiendo lo que dice el Senador Espina, quien tiene razón.

La cuestión no es menor (por ello hay que dejar una constancia): se refiere a la forma como los alcaldes deben consultar a las asociaciones de funcionarios para efectos de las plantas. En tal sentido, se instaló -esto se sugirió en la Comisión de Gobierno y se ratificó en la de Hacienda- la idea de "considerar la opinión de un Comité Bipartito constituido especialmente para este efecto, conformado paritariamente por funcionarios y representantes del Alcalde ".

Eso es bien relevante. No se trata de una cosa menor.

En consecuencia, sin perjuicio de la unanimidad, si vamos a hacer la historia de la ley, dejemos constancia de que tal fue la idea de las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, confirmada por el Ejecutivo.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

En consecuencia, se ratifica la aprobación unánime, dejándose la constancia pertinente.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

Página 58 del comparado.

En la cuarta columna, la Comisión de Hacienda, por cuatro votos a favor y uno en contra, propone una letra a) del siguiente tenor:

"a) Reemplázase en su inciso cuarto," -del artículo 2° de la ley N° 18.883- "el vocablo veinte, la primera vez que aparece, por `cuarenta', y la expresión `cuatro' por `ocho'.".

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Espina.

El señor ESPINA.-

Este es un punto donde hay una controversia, señor Presidente.

Les pedimos su opinión a las asociaciones de funcionarios, que estuvieron de acuerdo con la proposición.

Se trata de lo siguiente.

Hoy día veinte por ciento del presupuesto puede destinarse a personal a contrata. Sin embargo, eso no lo cumple prácticamente ninguna municipalidad.

El Ejecutivo plantea subir la cifra de veinte a cuarenta por ciento.

En la Comisión de Gobierno votamos dicha letra en forma dividida.

Finalmente, la Comisión de Hacienda dijo: "Subamos a cuarenta por ciento".

Por lo tanto, de ratificarse esta proposición, la norma diría: "Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento del gasto de remuneraciones de la planta municipal.".

Pero la referida Comisión agregó un Artículo Décimo Tercero transitorio -aparece en la página 112 del comparado- donde se dispone lo siguiente: "Las municipalidades que puedan aumentar la dotación a contrata en virtud de la modificación dispuesta por esta ley al artículo 2° de la ley N° 18.883, deberán" -obligatorio- "priorizar en las nuevas contrataciones bajo esa modalidad al personal a honorario que se encuentra contratado con cargo al subtítulo 21, ítem 03, del presupuesto municipal, a la fecha de publicación de la presente ley.".

El dilema es el siguiente.

A mí no me gustaría que el cuarenta por ciento de los funcionarios municipales no fuera de planta.

Sin embargo, por otro lado, ellos nos dicen, con razón, que se trata de un mecanismo para que la gente que trabaja a honorarios pase a contrata.

De consiguiente, al menos yo soy partidario de aprobar lo que sugiere la Comisión de Hacienda, porque de alguna forma arregla la dificultad existente a ese respecto.

Del mismo modo, en las municipalidades más pequeñas se eleva de cuatro a ocho la cantidad de funcionarios a contrata.

Tales son las modificaciones que plantea la Comisión de Hacienda.

Consultadas las organizaciones de funcionarios, conscientes de esa dualidad de interpretaciones, mayoritariamente nos dijeron ser partidarias de la fórmula sugerida por la Comisión de Hacienda, que resuelve, al parecer en definitiva, la tremenda injusticia existente en el caso de los funcionarios a honorarios, quienes, cumpliendo a veces la misma labor que los de planta, no tienen ninguno de los derechos laborales que asisten a estos.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Hay varios Senadores inscritos.

Sin duda, la materia es importante.

No sé si podemos votar la proposición que formula la Comisión de Hacienda -el Senador señor Espina, Presidente de la Comisión de Gobierno , dice que esta la acepta- y hablar en torno de ella.

¿Le parece a la Sala abrir la votación en los términos señalados?

Acordado.

En votación la propuesta de la Comisión de Hacienda, que es de quórum especial.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , solo quiero señalar que la sugerencia de la Comisión de Hacienda sincera lo que ocurre en los municipios con las personas que no pertenecen a la planta permanente ni a la de contrata, quienes exceden en demasía los cupos de honorarios. Ello, debido a que sus servicios son requeridos, pues para la gente la cara más cercana del Estado son las municipalidades, que carecen de facultades que les permitan contratar al personal indispensable para atender bien a la ciudadanía.

Aquí estamos posibilitando que los alcaldes o las referidas corporaciones pasen a la planta de contrata a quienes trabajan a honorarios.

Yo voy a votar favorablemente, pese a que la propuesta de la Comisión de Hacienda, si bien sincera la situación existente, no resuelve el problema de fondo, que deriva de que se siguen haciendo contratos precarios a personas que deberían pertenecer a las plantas de los municipios.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor Presidente , esta materia se discutió bastante en la Comisión de Gobierno.

Por supuesto, uno entiende que la situación de quienes laboran a honorarios es tremendamente precaria. De hecho, según los antecedentes disponibles, ella no estaría bien cuantificada. Al parecer, existen muchísimos contratos a honorarios en el nivel municipal, especialmente por todos los programas que bajan desde el Gobierno central.

Por lo tanto, hay en los municipios una situación de precariedad laboral tremendamente fuerte.

Entonces, cabe decir que es una buena noticia la posibilidad de que la gente a honorarios pase a la planta de contrata. Es un paso adelante en el sentido de que habrá un contrato de trabajo de mejor calidad.

Ahora, yo creo que en el artículo transitorio ya individualizado la Comisión de Hacienda soluciona parte del problema expuesto por los funcionarios.

Porque, en la forma como votamos la propuesta en la Comisión de Gobierno, aumentaba la cantidad de contratas en los municipios, pero no necesariamente con quienes trabajan a honorarios desde hace mucho tiempo, pues quedaba abierta la posibilidad de mantenerlos en tal condición e incorporar en la planta de contrata a personas que no laboran en las referidas corporaciones, lo cual habría sido profundamente injusto.

En tal sentido, creo que el artículo transitorio de la Comisión de Hacienda constituye un avance.

Sin embargo, señor Presidente , yo quiero ir al fondo del problema.

Los funcionarios municipales nos decían que a veces hay cupos en la planta, pero los funcionarios no son pasados a ella. ¿Por qué? Porque los alcaldes quieren tener discrecionalidad para que se aumente la cantidad de gente a contrata -o sea, que se desempeñe durante un tiempo específico-, porque puede ser echada después.

Y la presión que muchas veces se ejerce sobre ella -también nos contaron eso- para trabajar en campañas municipales, etcétera, es tremendamente fuerte.

Por lo tanto, me parece que tenemos que defender la carrera funcionaria. Aunque entiendo lo que aquí se está tratando de hacer, que es mejorar la condición laboral de las personas a honorarios al traspasarlas a contrata -y creo que está bien-, estimo que el fondo, al mismo tiempo, constituye una mala señal, porque estaríamos diciendo que la solución se logra por la vía de aumentar el número de contratas. En efecto, eso conlleva la precariedad laboral, ya que en cada mes de diciembre no se sabe si quienes se están desempeñando van a volver a ser contratados. Lo que debiera existir son carreras funcionarias reales, y eso significa cargos de planta.

Sintiéndome contenta con lo planteado por la Comisión de Hacienda, pues soluciona una parte de la cuestión, considero que si votamos a favor del fondo cometeremos un error serio, en la medida en que no es posible apoyar la precarización laboral.

La problemática se debiera resolver por la vía de pasar las contratas reales de mucho tiempo a la planta y los honorarios a la situación de contrata. No es posible que el alcalde de un municipio pequeño, que muchas veces es el empleador local más importante, pueda ejercer una presión política sobre los funcionarios respecto a quedarse o a perder su trabajo.

En este sentido, la Senadora que habla, al menos, se pronunciará por el rechazo, ya que juzga que esta no es la manera de solucionar el asunto.

--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Les ruego a los asistentes en las tribunas no hacer manifestaciones, porque el Reglamento lo impide.

Pueden hacer el gesto de aplaudir, en silencio, con lo cual no habrá ninguna dificultad.

Muchas gracias.

Puede intervenir el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente , creo que el punto efectivamente se halla mal resuelto. Esta debiera ser una norma transitoria, mientras se establecen las nuevas plantas municipales, porque lo razonable es que prime la relación ochenta por ciento de planta, veinte de contrata.

No contamos con ninguna indicación del Ejecutivo que permita pasar las contratas actuales a planta, lo que habría sido también otra forma de resolver el problema.

Espero que el carácter transitorio se obtenga durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados y que la norma permanente sea de 80/20 por ciento, pero que las personas con mucho tiempo a honorarios cumpliendo funciones permanentes puedan acceder a la contrata. Ello a mí me parece de la mayor justicia. Alguien en esa condición no cuenta con previsión ni amparo alguno, desde el punto de vista de la protección social, lo cual es tremendamente injusto.

Dar este paso, entonces, aunque no sea completo y resulte insuficiente, lo considero una señal correcta, contrariamente a lo que aquí se ha opinado en el sentido de que es mala. El objetivo es la protección de los trabajadores, no solo desde el punto de vista de sus remuneraciones, sino también de su protección social.

Ahora, la solución es absolutamente