Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.248

Establece una subvención preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 18 de octubre, 2005. Mensaje en Sesión 55. Legislatura 353.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS SOCIO-ECONOMICAMENTE VULNERABLES.

SANTIAGO, octubre 18 de 2005

MENSAJE Nº 362-353/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

______________________________________________________

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer un proyecto de ley que tiene como idea matriz fundamental establecer una subvención escolar preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables, conforme se señaló en la última cuenta pública del 21 de mayo pasado.

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

1. Los avances.

Un eje central del Gobierno ha sido dar sentido social al crecimiento, para que éste se transforme efectivamente en mayor bienestar para todos los chilenos, reduciendo la pobreza y la desigualdad.

Esta vocación permanente por la igualdad se ha reflejado en numerosas iniciativas emprendidas desde 1990, tales como la reforma educacional, la reforma de la salud, la reforma judicial, la nueva justicia laboral y de familia, nuestros esfuerzos por ampliar las posibilidades de capacitación y empleo, entre muchas otras iniciativas. Todas estas acciones han contribuido a que los frutos del crecimiento se distribuyan entre todas las familias chilenas.

Estamos convencidos, por otra parte, de que el progreso personal y familiar está indisolublemente ligado a otorgar mayores oportunidades en educación, lo que nos ha motivado a trabajar de manera constante para que los pobres de nuestro país puedan acceder a más y mejores oportunidades en educación.

Fruto de ese afán, son los más de dos mil ochocientos nuevos establecimientos educativos entregados en los últimos cinco años, la extensión de la educación obligatoria a doce años, las más de 25 mil becas de retención escolar que se entregarán durante este año para que aquellos jóvenes con un mayor riesgo de deserción escolar completen su educación media. Ello se ha traducido en la ampliación de la Jornada Escolar Completa a nivel nacional, que hoy cubre a siete mil de los diez mil establecimientos educacionales, con lo cual más de dos millones de estudiantes acceden a ella. También hay que destacar la enorme expansión de la alimentación escolar y la distribución gratuita de textos escolares, lo que permite que hoy en nuestro país, se distribuyan un millón 600 mil raciones alimenticias diarias y se entreguen catorce millones de textos gratuitos al año.

2. Un paso más.

Sin duda se han alcanzado logros importantes en el objetivo de otorgar mayores oportunidades educativas para los niños que provienen de las familias más vulnerables. Sin embargo, los avances en infraestructura, recursos pedagógicos, remuneraciones de los educadores y modernización curricular, no bastan. Ahora debemos poner más energías y recursos para elevar la calidad de lo que ocurre al interior de cada “sala de clases” para todas las niñas y niños, particularmente para que los mas vulnerables aprendan más y mejor.

Aspiramos a ser una comunidad de iguales y no una comunidad estratificada, que tolera el castigo y diferenciación de sus ciudadanos simplemente por temas que éste no controla, cómo el hogar en que nació. Buscamos una sociedad justa que se esmera en disminuir el peso de las diferencias inmerecidas.

Todas las personas con un mismo nivel educacional, que muestren tener capacidades, deben tener oportunidades de movilidad social. La educación es, sin duda, un elemento central que permite o promueve dicha movilidad, en la medida que oriente sus esfuerzos a formar ciudadanos en igualdad de oportunidades y los prepare para enfrentar las tareas que demanda la sociedad en el mundo del trabajo.

Tener acceso a un sistema de educación de calidad, a cargos importantes en el mundo laboral, al poder político, por ejemplo, debiera basarse en los méritos personales de los ciudadanos, independientemente de su origen social, estatus socioeconómico, raza, sexo, etnia, religión, orientación política o cualquier otra forma de categoría social.

Sostenemos que la igualdad de oportunidades y el tratamiento justo de todos los ciudadanos que componen una sociedad democrática deben ser considerados valores esenciales que guíen la generación de políticas públicas, especialmente en educación.

Por todo ello, ha llegado el momento de que Chile elimine las inaceptables desigualdades entre quienes hoy se educan en escuelas subvencionadas por el Estado. No existe ningún sector de la sociedad, en especial las familias, que desconozca la importancia de enviar a sus hijos a la escuela. Se trata, entonces, de asegurar que la asistencia a estos establecimientos educativos cumpla con la finalidad para la cual los padres y madres envían a ellos a sus hijos: que éstos aprendan y desarrollen plenamente sus talentos.

La tarea del momento es igualar las oportunidades de aprender de los alumnos y alumnas para los cuales la situación económica y social de sus hogares genera una desventaja. Nuestras escuelas pueden y deben ser capaces de compensar estas desventajas. Ello es un requisito básico para que en nuestra nación ningún ciudadano sea discriminado por su origen social. Las escuelas de nuestro país deben esmerarse en disminuir el peso de las diferencias en sus resultados educativos que no guardan ninguna relación con el talento de estas niñas y niños.

Debemos dar más a los que tienen menos; compensar la desventaja. En este caso, pretender que todos reciban lo mismo cuando sus necesidades son distintas, es discriminar.

De ahí que nos proponemos realizar un cambio decisivo con relación a las escuelas subvencionadas. A partir de ahora, queremos dar más a los que más necesitan, entregando recursos a las escuelas para que lo hagan mejor, premiando a aquéllas que lo logren.

El instrumento que hemos diseñado para impulsar este cambio, eslabón fundamental de la reforma educacional, es la Subvención Escolar Preferencial para niñas y niños de familias vulnerables. Esta busca mejorar la calidad de la educación en aquellos lugares donde hay mayores carencias.

II. LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

La nueva subvención será entregada a las escuelas para que demuestren resultados eficientes en el mejoramiento del aprendizaje. Además, estas escuelas no podrán discriminar a ninguna niña o niño y no les podrán exigir a sus alumnos vulnerables forma alguna de financiamiento compartido.

Esta subvención estará dirigida a mejorar la calidad de la educación de las niñas y niños de familias vulnerables, orientando así los mayores recursos donde hay mayores carencias y donde mayor efectividad éstos pueden tener en compensar la desigualdad. Es por esto que concentraremos el esfuerzo inicial en los alumnos entre prekinder y cuarto básico, donde sabemos que debe concentrarse el mayor esfuerzo por superar las desventajas de origen en el aprendizaje.

Adicionalmente, la Subvención Escolar Preferencial introduce un cambio decisivo en la relación entre el Estado y las escuelas. Hoy entregamos los recursos sin importar lo que se haga con ellos ni los resultados que se obtienen. Con esta subvención no sólo queremos dar más a las niñas y niños que más lo necesitan sino que también queremos asegurarnos que los recursos públicos sean aplicados con efectividad al aprendizaje, condicionándolos a resultados educativos objetivos, basados en estándares nacionales de aprendizaje, y premiando a las escuelas que desarrollen adecuadamente los talentos de sus alumnas y alumnos.

Por lo anterior, la incorporación al sistema de Subvención Escolar Preferencial la realizarán los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados que suscriban y cumplan un “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa” con el Ministerio de Educación, en el que asumirán compromisos en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades, y se comprometerán a lograr resultados educativos de calidad, sostenibles en el tiempo. Desde ahora se pedirá no sólo la atención a los alumnos, sino que se exigirá también un compromiso de logro de aprendizajes de calidad de los alumnos, particularmente de los más pobres.

Con el cambio propuesto, por tanto, no sólo disminuiremos sustantivamente las desventajas que afectan a los niños y niñas de sectores más modestos. Reformaremos el sistema de manera de adaptar el sistema a las necesidades de los niños en lugar de abandonar a los niños a las limitaciones del sistema.

Sabemos que la actual subvención por sí sola no funciona para mejorar calidad y que los Programas de Mejoramiento ya ensayados no poseen la suficiente fuerza para producir el cambio. Sabemos, además, que hay que compensar las diferencias de origen y que no todas las niñas y niños rinden lo que pueden, debiéndose ello en parte a factores asociados al establecimiento educacional que los atiende. Sabemos también cuales son aquellos elementos que permiten a las escuelas servir a poblaciones altamente vulnerables y lograr altos puntajes en las pruebas nacionales de medición de la calidad.

En ese sentido, la nueva Subvención Escolar Preferencial se hace cargo de las insuficiencias de nuestro sistema de financiamiento y apoyo a los establecimientos educacionales arriba descritas al consagrar montos diferenciados de subvención escolar, al reconocer los diferentes capitales culturales de las familias de los alumnos, al establecer la condicionalidad en la entrega de la subvención contra resultados educativos y porque fortalece los sistemas de supervisión y apoyo técnico pedagógico.

En síntesis, la Subvención Escolar Preferencial aprende de las experiencias y nuevos conocimientos en el área y busca corregir limitaciones y déficits del sistema educativo que aún están presentes, tales como desigualdades en la calidad de la educación y pérdida de talentos por ineficiencia e ineficacia del sistema educacional y sus potenciales efectos negativos sobre el crecimiento y la equidad.

La tarea es de enorme magnitud y requiere de la unidad de todos. Sabemos que es lo que hay que hacer para que este propósito de justicia y equidad se cumpla. Pero éste sólo se logrará si todos, Estado, educadores, sostenedores y padres, somos socios en este esfuerzo y hacemos del mismo un compromiso nacional.

III. CONTENIDOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

El proyecto tiene los siguientes contenidos esenciales:

1. Destinatarios.

La nueva subvención educacional denominada preferencial, que el proyecto crea y regula, está destinada a los alumnos socio-económicamente vulnerables, a los que se denomina prioritarios, de los establecimientos educacionales subvencionados, que se encuentren cursando 1° ó 2° nivel de transición de la educación parvularia y desde 1° a 4° año de educación general básica. La calidad de alumno prioritario será determinada por el Ministerio de Educación mediante un instrumento que definirá el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) o considerando el nivel de escolaridad de la madre o, en su defecto, del padre o apoderado y la condición urbana o rural de su hogar.

Las niñas y niños hacia los cuales se quiere focalizar recursos públicos necesitan que los servicios educacionales que reciben mejoren significativamente para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Por medio de este proyecto de ley el Estado de Chile da un paso más en el fomento de la educación del sector más pobre que se encuentra en la base del sistema educacional. La calidad de la educación de estos niños es el bien jurídico superior que el proyecto busca proteger y promover, supeditando a éste otros bienes igualmente importantes, como la libertad de gestión educacional y derechos estatutarios.

2. Libertad para ingresar y para permanecer.

Enseguida, el proyecto consagra que todos los sostenedores de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados podrán postular libremente a este nuevo sistema de subvención, para que sus alumnos, con los requisitos para ser calificados como prioritarios, se beneficien con esta nueva subvención. La permanencia en el sistema tiene un límite mínimo de seis años, al final de los cuales los sostenedores tendrán la libertad de renovar o no su convenio.

3. Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.

Por otra parte, para incorporarse al régimen de subvención preferencial, el proyecto dispone que los sostenedores de los establecimientos educacionales deberán suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa por un plazo mínimo de seis años. Dicho convenio tiene un conjunto de cláusulas esenciales: exime de todo cobro a los alumnos prioritarios; elimina los procesos de selección, sin afectar la libertad de gestión de los establecimientos con proyecto educativo propio; mandata la retención de los alumnos prioritarios de ciertas condiciones; obliga a mejorar los resultados académicos de éstos, e impone el compromiso de mantener informados a sus padres y apoderados.

4. Establecimientos autónomos y emergentes.

A continuación, el proyecto señala que al primer año de entrada en vigencia de la nueva subvención, todos los establecimientos serán clasificados en las categorías de autónomos o emergentes.

Serán calificados como autónomos, aquellos establecimientos educacionales que hayan mostrado consistentemente buenos resultados educativos de sus alumnos en las pruebas SIMCE, de acuerdo a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

Los demás serán clasificados como emergentes y deberán elaborar y aplicar una estrategia de mejoramiento educativo.

Esta clasificación determinará el monto de subvención que efectivamente recibirá cada establecimiento por cada alumno prioritario que atienda.

Para los establecimientos educacionales autorizados para operar en forma autónoma, el valor será de 1,4 USE. Para los establecimientos educacionales autorizados como emergentes, el valor será de 0,7 USE.

5. Estrategias de mejoramiento.

Las escuelas emergentes tienen que definir e implementar una estrategia de intervención orientada a lograr en un plazo de 4 años, metas de resultados que les habilitan para el tramo más alto de la Subvención Escolar Preferencial.

Para la realización de su Estrategia de Mejoramiento, deben adoptar medidas que apunten a lograr los estándares nacionales de aprendizaje, para lo cual deben coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar los problemas psicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios, además de establecer actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar.

Las escuelas emergentes con más de 15% de alumnos prioritarios, recibirán recursos adicionales para desarrollar la Estrategia de Mejoramiento Educativo.

6. Preocupación por los establecimientos con malos resultados educacionales.

Los establecimientos educacionales emergentes que en el plazo de un año contado desde la suscripción del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, no cuenten con una Estrategia de Mejoramiento Educativo aprobada o aquéllos que teniéndola no la apliquen, serán declarados por el Ministerio de Educación como establecimientos educacionales en recuperación. En la misma categoría serán clasificados aquellos establecimientos autónomos o emergentes que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos en las pruebas nacionales de medición de la calidad, de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para los establecimientos educacionales emergentes. Con ello, dejarán de recibir la subvención preferencial, percibiendo en reemplazo un aporte económico extraordinario de carácter transitorio, y comenzarán un proceso regulado de reestructuración de tres años de duración, conforme al Plan que acuerde un equipo tripartito conformado por un representante del Ministerio de Educación, por el sostenedor, o un representante que éste designe, y por una entidad externa con capacidad técnica sobre la materia.

Si en tres años el establecimiento mejora sus rendimientos conforme a lo exigido, será calificado como emergente o autónomo, según corresponda; pero si no logra este objetivo, quedará fuera del sistema y dejará de percibir esta subvención, pudiendo el Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial del establecimiento.

7. Evaluación y apoyo.

Enseguida, el proyecto señala que el Ministerio de Educación garantizará el buen uso de la nueva subvención mediante un proceso permanente de evaluación, seguimiento y a través de una supervisión evaluativa a todos los establecimientos del sistema, y de una supervisión pedagógica y de apoyo para la ejecución de las Estrategias de Mejoramiento Educativo y los Planes de Reestructuración para los establecimientos calificados como emergentes o en recuperación, respectivamente. Dicho proceso se realizará en forma directa o por medio de organismos externos habilitados para ejercer esta función.

8. Resultados de aprendizaje de calidad.

El logro de resultados se evaluará considerando el rendimiento educativo, la no discriminación y la retención de alumnos. La verificación de estos logros será realizada a través del uso de resultados en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), siendo ésta la medición determinante.

Al menos cada cinco años, el Ministerio actualizará los estándares nacionales de resultados, los que serán usados para comprobar avances de calidad de los establecimientos educacionales.

9. Establecimientos donde las mediciones no permiten hacer inferencias de su calidad. 10. El proyecto, con el objeto de permitir la clasificación de aquellos establecimientos cuya matrícula de 4° básico sea insuficiente para efectos de realizar inferencias estadísticas confiables acerca de sus resultados educativos, señala que el Ministerio de Educación adecuará el mecanismo de evaluación para las características de estos establecimientos. En estos casos, el Convenio de Igualdad de Oportunidades y de Excelencia Educativa deberá incluir, en aquellos casos en que sea posible, su funcionamiento como conjunto sistémico y articulado, o en red, con otros establecimientos de características similares. Mientras no se efectúe tal medición, todos los establecimientos en esa condición serán considerados como “emergentes”.10. Facultades y responsabilidades del Ministerio de Educación.

El proyecto determina el conjunto de responsabilidades y facultades que el Ministerio tendrá para permitir la adecuada operación del sistema de Subvención Preferencial.

11. Establecimiento de sanciones por no cumplimiento de los convenios.

Enseguida, el proyecto establece un conjunto de nuevas faltas y sus respectivas sanciones en razón del no cumplimiento del “Convenio de Igualdad y Excelencia Educativa” y de los compromisos del Plan de Reestructuración, en el caso de los establecimientos sujetos al sistema que se encuentren en la categoría en recuperación.

12. Información permanente y actualizada.

Por otra parte, el proyecto establece que el Ministerio de Educación deberá mantener una base de datos actualizada de los establecimientos que reciban subvención estatal de cada comuna del país. Adicionalmente, esta base registrará los montos y tipos de aportes destinados a cada establecimiento, con los resultados obtenidos por sus alumnos en las mediciones de la calidad de la educación y las evaluaciones asociadas a la subvención especial establecida en esta ley.

El reglamento de esta ley establecerá la forma en que deberá llevarse esta base de datos.

El Ministerio de Educación, en base a la información antes referida, deberá elaborar una ficha por cada establecimiento educacional del país que reciba subvención escolar, estando éstos obligados a informar a las familias que atienden sobre el contenido de la ficha.

13. Sistema de clasificación para todos los establecimientos subvencionados.

El proyecto, a continuación, consagra que, participen o no en el sistema de subvención preferencial, las escuelas subvencionadas serán clasificadas según categorías. En el caso que estas instituciones educativas tengan resultados similares a las que en el sistema se denominan “En Recuperación”, se identificarán como escuelas con “Necesidad de Medidas Especiales”.

14. Subvención escolar a primer nivel de transición de la Educación Parvularia (pre-kinder).

El proyecto establece una subvención universal al primer nivel de transición de la Educación Parvularia (pre-kinder) a partir del año escolar 2007.

15. Primer período.

Finalmente, el articulado transitorio del proyecto establece normas para el inicio del funcionamiento del nuevo sistema de subvención, a contar del primer mes del año escolar 2007.

IV. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se compone de dos títulos. En el primero se crea y regula un nuevo régimen de subvención escolar para la atención de niños socio-económicamente vulnerables, denominada subvención preferencial. El segundo introduce modificaciones a la actual Ley de Subvenciones Estatales para Establecimientos Educacionales, Decreto con Fuerza de Ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Mediante el Titulo Primero se crea y regula, entonces, una subvención destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios que estén cursando entre 1º nivel de transición y 4º año de enseñanza general básica, para lo cual define como alumnos prioritarios a aquellos niños y niñas para quienes la situación económica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo, y cuya calidad será determinada por el Ministerio de Educación, o el organismo que éste determine, mediante un instrumento de caracterización socioeconómica del hogar definido por el Ministerio de Planificación.

Tendrán derecho a adscribirse a este régimen de subvención los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que atiendan niños prioritarios.

El proyecto fija el procedimiento de postulación, el sistema de clasificación a que estarán afectos los establecimientos que postulen y las categorías que les corresponda. Asimismo, regula el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que deberán suscribir para incorporarse a dicho régimen de subvención.

Por otra parte, el proyecto establece las atribuciones del Ministerio de Educación para la supervisión permanente del desempeño pedagógico y de control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley. Adicionalmente, señala las infracciones y sanciones.

En materia de obligaciones y régimen jurídico aplicable a los establecimientos que se adscriban a esta subvención, el proyecto distingue según se trate de establecimientos clasificados como autónomos, emergentes y en recuperación, diferenciando el monto de la subvención preferencial que se otorga por cada alumno asistente, el aporte adicional o extraordinario, según el caso, que reciban los establecimientos en relación con las Estrategias de Mejoramiento Educativo o Planes de Reestructuración que deban abordar.

Concordante con lo anterior, se define el valor unitario mensual de subvención por alumno prioritario según la categoría de establecimiento educacional.

En materia de administración de este régimen de subvención preferencial, el proyecto de ley entrega dicha responsabilidad al Ministerio de Educación

También se crea un registro público de entidades técnico pedagógicas, las que prestarán apoyo a los establecimientos educacionales para la elaboración y ejecución de las estrategias de mejoramiento educativo y los planes de reestructuración.

En el Titulo segundo se introducen diversas modificaciones al DFL Nº2 de 1998, del Ministerio de Educación, que contiene la Ley de Subvención del Estado a establecimientos educacionales. Estas son las siguientes.

En primer lugar, se incorpora al régimen de la subvención al primer nivel de transición de la Educación Parvularia.

En segundo lugar, se modifica el artículo 50 de la referida Ley de Subvenciones, agregando nuevas infracciones, tales como el incumplimiento de la obligación de informar prevista en los artículos 64 y 65 de la Ley de Subvenciones que se agregan mediante esta ley.

En tercer lugar, se modifica el artículo 52 de la Ley de Subvenciones relativo a las sanciones, fijando limites a la sanción de multa, eliminando la sanción de suspensión del pago de la subvención, y estableciendo la medida precautoria de retención inmediata de la misma en los procesos que se instruyan por estas infracciones, atendida la naturaleza y cuantía de la presunta infracción.

En cuarto lugar, se establece que el Ministerio de Educación mantendrá una base pública de datos con información relevante de todos los establecimientos educacionales subvencionados, con el fin de que Consejos Escolares, padres y apoderados y la comunidad escolar puedan formarse una apreciación respecto del aporte del establecimiento al aprendizaje de sus alumnos. Asimismo, se contempla que esta información deberá ser entregada a la comunidad escolar mediante una ficha escolar que elaborará el Ministerio.

Por ultimo, se dispone que el Ministerio de Educación deberá clasificar a los establecimientos subvencionados del país, en función de los estándares que se establezcan en virtud del artículo 8° de la Ley de Subvención Preferencial, debiendo incluir dentro de esta clasificación a la categoría de Establecimientos con Necesidad de Medidas Especiales para aquéllos que obtengan rendimientos deficientes en forma sistemática, los cuales deberán adoptar las medidas que se establecen en la Ley de Subvención Preferencial para los establecimientos en recuperación

Finalmente, el proyecto de ley contempla diversas disposiciones transitorias que regulan la entrada en vigencia del régimen de subvención preferencial y, en especial, el mecanismo para determinar la clasificación de los establecimientos educacionales que manifiesten su intención de incorporarse a este régimen en tanto no se establezcan los estándares nacionales del articulo 8° del proyecto de ley.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

REGIMEN DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

Párrafo 1°

Subvención Preferencial

Artículo 1º.- Créase una subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios de los establecimientos educacionales subvencionados, que estén cursando 1° ó 2° nivel de transición de la educación parvularia y desde 1° hasta 4° año de educación general básica.

Artículo 2º.- Para los efectos de la aplicación de la subvención preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

La calidad de alumno prioritario será calificada por el Ministerio de Educación, o el organismo que éste determine, mediante un instrumento de caracterización socioeconómica del hogar definido por el Ministerio de Planificación.

Para aquellos alumnos cuyos hogares no cuenten con la caracterización socioeconómica de su hogar, se considerará la escolaridad de la madre del alumno y, en su defecto, se considerara la escolaridad del padre o apoderado con quienes viva el alumno y la condición urbana o rural de su hogar.

Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario tendrán la calidad de prioritarios por el solo ministerio de la ley.

Artículo 3º.- Los criterios y procedimientos específicos para realizar la calificación a que se refiere el artículo anterior serán definidos en un reglamento elaborado por el Ministerio de Educación, el cual llevará, además, la firma de los Ministros de Planificación y de Hacienda.

Artículo 4º.- Tendrán derecho a la subvención educacional preferencial los establecimientos educacionales regidos por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de Educación, de 1998, en adelante “Ley de Subvenciones”, cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere el artículo 6° de la presente ley. Esta subvención se pagará por los alumnos prioritarios matriculados en dichos establecimientos, según lo establecido en los artículos 12 y 13 de la presente ley.

Artículo 5º.- En todo lo no regulado expresamente en esta Ley, la subvención preferencial se regirá por las normas de los Títulos I y IV de la Ley de Subvenciones. La pérdida de los requisitos para percibir las subvenciones de dicha ley, y la privación o suspensión del pago de la misma, tendrán como efecto la suspensión o privación, según sea el caso, de la subvención preferencial y de los aportes regulados en esta ley.

Artículo 6º.- Para incorporarse al régimen de la subvención preferencial, los sostenedores deberán suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional correspondiente. Dicho convenio abarcará un período mínimo de seis años, que podrá renovarse por períodos iguales.

Mediante este convenio, el sostenedor se obligará a los siguientes compromisos esenciales:

a) Eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de la Ley de Subvenciones, referido a Financiamiento Compartido, así como de cualquier cobro que condicione la postulación o ingreso del alumno.

b) Aceptar a todos los alumnos que postulen al establecimiento dentro de las capacidades autorizadas que éste tenga, en los niveles de enseñanza en que se aplica la Subvención Preferencial.

En el evento que haya una cantidad de postulantes superior a la capacidad autorizada del establecimiento educacional, la incorporación de los alumnos se ceñirá estrictamente a un procedimiento público y transparente de postulación, que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del hogar ni el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante.

c) Informar, en el caso que el establecimiento educacional posea proyecto educativo institucional, a los padres y apoderados de dicho proyecto y del reglamento interno del establecimiento, entendiéndose que al concretarse la postulación hay una aceptación de los padres y apoderados a dicho proyecto y reglamento interno.

d) Retener en el establecimiento a los alumnos prioritarios con bajo rendimiento académico e impulsar una asistencia técnico pedagógica especial para mejorar su rendimiento escolar, no pudiendo excluir alumnos por razones académicas.

e) Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos concordadas con el Ministerio de Educación, en función de los resultados que se obtengan por aplicación del sistema de evaluación nacional a que se refiere el artículo 19 de la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, de acuerdo a lo establecido en el decreto a que se refiere el artículo 8° de esta ley.

f) Cumplir con cada una de las obligaciones que impone esta ley, según la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento.

En el caso de los establecimientos educacionales municipales, el convenio antes referido pasará a formar parte de los compromisos de gestión a que se refiere el artículo 70 bis del DFL Nº 1, de 1997, del Ministerio de Educación.

Artículo 7º.- Los establecimientos educacionales que postulen al régimen de subvención preferencial conforme lo establecido en este cuerpo legal, serán clasificados en las siguientes categorías:

a) Establecimientos Educacionales Autónomos: aquéllos que hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 19 de la Ley N° 18.962, conforme a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

b) Establecimientos Educacionales Emergentes: aquéllos que no hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 19 de la Ley N° 18.962, conforme a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

Los establecimientos educacionales nuevos podrán incorporarse al régimen de Subvención Educacional Preferencial cuando cuenten con al menos dos mediciones de acuerdo a los instrumentos mencionados.

Artículo 8º.- Los estándares nacionales y los criterios específicos para la calificación de los resultados educativos a los que se refiere el artículo anterior, se establecerán mediante Decreto Supremo del Ministerio de Educación, y deberán ser actualizados a lo menos cada 5 años.

El procedimiento para la determinación y verificación de los resultados educativos para los efectos de esta ley, será establecido en el reglamento de esta ley.

Artículo 9º.- Con el objeto de permitir la clasificación, en las categorías que señala el artículo 7°, de aquellos establecimientos cuya matrícula de 4° básico sea insuficiente para efectos de realizar inferencias estadísticas confiables acerca de sus resultados educativos, medidos conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 18.962, el Ministerio de Educación adecuará el mecanismo de evaluación antes referido para las características de estos establecimientos.

El Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que establece el artículo 6° de esta ley, en el caso de los establecimientos educacionales del inciso anterior, deberá incluir, en aquellos casos en que sea posible, la obligación de funcionar como conjunto sistémico y articulado, o en red, con otros establecimientos de similares características y cercanía geográfica, conforme los procedimientos que se establezcan en el reglamento de la presente ley.

Artículo 10.- La postulación para ingresar al régimen de subvención escolar preferencial se realizará en el mes de agosto de cada año en la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación, para incorporarse a dicho régimen a partir del año escolar siguiente.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación, durante los meses de septiembre y octubre, analizará la situación de cada establecimiento educacional que haya postulado y procederá a su clasificación en la categoría que corresponda, de acuerdo al artículo 7° de la presente ley. Cuando esa clasificación hubiere ocurrido previamente, según lo establece el artículo 66 de la Ley de Subvenciones, ésta será considerada como antecedente para los efectos de la postulación.

Artículo 11.- La resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación que establezca la clasificación indicada en el artículo 7° de esta ley, será notificada en forma personal o mediante carta certificada al postulante, y podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación dentro del plazo de 15 días desde la fecha de la notificación.

Artículo 12.- La subvención escolar preferencial tendrá el siguiente valor unitario mensual por alumno prioritario, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la categoría del establecimiento educacional establecida en la resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación, de acuerdo al artículo 7° de la presente ley:

Valor Subvención en USE

A.- Establecimientos educacionales autónomos 1,4

B.- Establecimientos educacionales emergentes 0,7

Artículo 13.- Los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes percibirán mensualmente la subvención preferencial establecida en esta ley. Su monto se determinará multiplicando el valor que corresponda conforme al artículo anterior por la asistencia media promedio de los alumnos prioritarios durante los tres meses precedentes al pago.

En los meses no comprendidos en el año escolar y en el primer mes del año referido se empleará el procedimiento establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la Ley de Subvenciones, aplicado a los alumnos prioritarios. Asimismo, respecto a la suspensión de clases o actividades escolares por un mes calendario, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo citado.

Artículo 14.- Los establecimientos incorporados a este régimen de subvención serán sometidos por el Ministerio de Educación a una supervisión permanente de su desempeño en los aspectos pedagógicos y a un control del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley, de acuerdo a los procedimientos, periodicidad e indicadores que especifique el reglamento de la presente ley.

Los resultados de la evaluación del quinto o anteriores años, según corresponda a la categoría en que se encuentre el establecimiento, serán notificados durante el año escolar siguiente a la última medición usada para la evaluación. Esta nueva clasificación se hará efectiva a contar del año escolar inmediatamente siguiente al de la notificación. Durante el año de la reclasificación, el establecimiento mantendrá la anterior categoría.

Párrafo 2°

Establecimientos Educacionales Autónomos

Artículo 15.- En los establecimientos autónomos se evaluará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, en especial las de retención de los alumnos prioritarios con dificultades académicas y la de cumplimiento de los logros académicos de todos los alumnos, conforme a los resultados obtenidos en las mediciones de carácter nacional aplicados al 4° año de educación general básica, durante el periodo a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 18.962.

La evaluación de estos establecimientos, según los logros académicos antes referidos, se realizará por el Ministerio de Educación al menos cada 5 años.

Si el resultado de esa evaluación, en lo referido a los logros académicos, indica que han cumplido con las obligaciones del inciso anterior, mantendrán su calidad de autónomos. En caso contrario, dichos establecimientos pasarán a la calidad de emergentes o de establecimientos en recuperación a que se refiere el párrafo 4° del Título I de esta ley.

Párrafo 3°

Establecimientos Educacionales Emergentes

Artículo 16.- El sostenedor del establecimiento educacional clasificado como emergente deberá asumir los compromisos adicionales que a continuación se indican, los que, una vez suscritos, quedarán incorporados al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa:

1. Elaborar durante el primer año una Estrategia de Mejoramiento Educativo, la que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Educación, para ser ejecutada en un plazo máximo de 4 años.

Esta Estrategia deberá contener al menos:

a) Un diagnóstico de la situación inicial del establecimiento y del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos, así como una evaluación respecto de los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta el establecimiento.

b) Un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el transcurso de la ejecución de la Estrategia. En todo caso, al cumplirse el plazo de ejecución de la Estrategia, el establecimiento educacional deberá lograr los estándares nacionales de aprendizaje.

2. Coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios.

3. Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar.

Artículo 17.- Los establecimientos educacionales calificados como emergentes que cuenten con una proporción de alumnos prioritarios superior al 15% de la matrícula de alumnos, considerada ésta desde 1° nivel de transición de educación parvularia hasta 4° año de educación general básica, tendrán derecho a percibir a partir del inicio de la ejecución de la Estrategia de Mejoramiento Educativo un aporte adicional de recursos para contribuir al financiamiento de dicha Estrategia.

Para la implementación de la estrategia a que se refiere el inciso anterior, los establecimientos allí señalados podrán utilizar los recursos adicionales para contratar servicios de apoyo de una entidad externa con capacidad técnica al respecto, la que en todo caso deberá estar incluida en el registro indicado en el artículo 26.

La suma anual de los recursos que reciban los establecimientos emergentes por la aplicación de la letra B.- del artículo 12 y el aporte adicional a que se refiere este artículo, no podrá superar lo que le correspondería recibir al mismo establecimiento si éste estuviera en la categoría de Autónomo.

El reglamento a que alude el artículo 3° establecerá los criterios para determinar el monto del aporte adicional.

Artículo 18.- El Ministerio de Educación realizará una supervisión pedagógica a los establecimientos emergentes que desarrollan su estrategia de mejoramiento educativo.

Asimismo, el Ministerio de Educación evaluará anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa por el sostenedor para cada establecimiento educacional emergente.

Artículo 19.- Si las evaluaciones señaladas en el artículo anterior, en lo referido a logros académicos, indican que un establecimiento educacional emergente ha logrado los estándares nacionales de la categoría de establecimientos autónomos a que se refiere el artículo 8° de la presente ley, el sostenedor podrá solicitar al Ministerio de Educación que dicho establecimiento sea clasificado en esa categoría a partir del año escolar siguiente, conforme el procedimiento que para este efecto fije el reglamento de esta ley.

Párrafo 4°

Establecimientos Educacionales en Recuperación

Artículo 20.- El Ministerio de Educación, mediante resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación, clasificará como establecimientos educacionales en Recuperación a aquellos establecimientos autónomos o emergentes incorporados al régimen de la presente ley que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.962 y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para los establecimientos educacionales emergentes. Se entenderá como resultados reiteradamente deficientes no cumplir, a lo menos durante 2 años, con los estándares nacionales de acuerdo a lo señalado en artículo 8° de la presente ley.

También serán clasificados en Recuperación los establecimientos educacionales emergentes que, en el plazo de un año contado desde la suscripción del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, no cuenten con la Estrategia de Mejoramiento Educativo señalada en el artículo 16 de esta ley. Igual clasificación recibirán aquellos establecimientos educacionales que, teniendo una estrategia aprobada, no la apliquen, situación que será verificada por el Ministerio de Educación en la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 de esta ley.

La clasificación de un establecimiento en la categoría en Recuperación podrá ser efectuada a partir del segundo año de suscrito el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, salvo que se trate de un establecimiento que deba entrar en esta categoría de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

El establecimiento que sea declarado en la categoría en recuperación mantendrá dicha clasificación y estará sujeto a las obligaciones que le impone esta ley a dichos establecimientos por tres años contados desde el año escolar siguiente en el que fue clasificado en tal categoría.

Artículo 21.- La resolución que declara a un establecimiento educacional en la categoría en Recuperación, conforme lo señalado en el artículo anterior, pondrá término al derecho a impetrar la subvención preferencial por parte del sostenedor del establecimiento, a partir del año escolar siguiente.

Dicha resolución será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor y podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación dentro del plazo de 15 días desde la fecha de su notificación.

Artículo 22.- Los sostenedores de los establecimientos educacionales en recuperación tendrán las siguientes obligaciones:

1) Lograr los estándares nacionales correspondientes a la categoría emergentes en un plazo máximo de tres años a partir del año escolar siguiente a la resolución del artículo anterior.

2) Cumplir el Plan de Reestructuración que establezca un Equipo Tripartito conformado por un representante del Ministerio de Educación, por el sostenedor, o un representante que éste designe, y por una entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, de aquéllas incorporadas en el registro al que se refiere el artículo 26 de esta ley.

Dicho Plan surgirá de un Informe de Evaluación de la Calidad Educativa del establecimiento propuesto por la entidad externa antes referida.

El Plan de Reestructuración abarcará tanto el área administrativa y de gestión del establecimiento como el proceso de enseñanza y aprendizaje y sus prácticas y deberá estar elaborado antes del inicio del año escolar siguiente al de la dictación de la resolución a que se refiere el artículo 20.

3) Aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el Plan.

En caso de proponerse la reestructuración del equipo de docentes directivos, técnico pedagógicos o de aula, a fin de superar las deficiencias detectadas por el Informe de Evaluación de la Calidad Educativa en el personal del establecimiento educacional, el sostenedor podrá aplicar las siguientes medidas, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como menoscabo para los docentes:

a) Redestinación de tareas y/o funciones;

b) Destinación del docente a otro establecimiento del mismo sostenedor que tenga la calificación de autónomo o emergente;

c) Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes, pudiendo recurrirse para ello a la totalidad o parte de la jornada laboral contratada.

Dichas medidas deberán adoptarse teniendo en consideración el grado de deficiencia que debe superarse y de acuerdo a las posibilidades del sostenedor, incluido el aporte extraordinario a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 23.- Los sostenedores de los establecimientos educacionales declarados en recuperación recibirán a partir del año escolar siguiente a la resolución a que se refiere el artículo 20, un aporte económico extraordinario de carácter transitorio, dispuesto por el Ministerio de Educación, para diseñar y llevar a cabo las actividades señaladas en el artículo anterior.

La suma anual de este aporte extraordinario no podrá ser superior al monto que le correspondería al establecimiento educacional si se le aplicara la subvención establecida en la letra B.- del artículo 12 de esta ley por los alumnos prioritarios matriculados en el primer trimestre del año escolar, considerando el porcentaje de la asistencia media efectiva de los alumnos prioritarios registrada en los meses del año escolar inmediatamente anterior.

Estos recursos deberán ser aplicados a medidas de mejoramiento contenidas en el Plan de Reestructuración mencionado en el artículo anterior. La rendición de estos recursos deberá ser visada por la entidad externa.

Artículo 24.- Si concluido el plazo de 3 años establecido en el numeral 1 del artículo 22, el establecimiento educacional en recuperación alcanza los objetivos planteados con la reestructuración será clasificado como emergente o autónomo, según corresponda.

Por otra parte, si el establecimiento en recuperación no logra dichos objetivos en el plazo indicado, no podrá continuar en el Régimen de Subvención Educacional Preferencial ni obtener la subvención preferencial, pudiendo el Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial. Dicha resolución será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación y notificada al sostenedor por carta certificada.

Procederá recurso de apelación ante el Subsecretario de Educación, en un plazo de 15 días contado desde la notificación de la resolución.

Párrafo 5°

Responsabilidades del Ministerio de Educación

Artículo 25.- La Administración del Régimen de la Subvención Educacional Preferencial estará a cargo del Ministerio de Educación.

En virtud de estas funciones, corresponderá al Ministerio de Educación:

a) Clasificar a los establecimientos educacionales en las categorías del artículo 7° de esta ley e informar de ello a los establecimientos, a los Consejos Escolares, a los padres y apoderados, a la comunidad escolar y al público en general;

b) Suscribir los convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa y verificar su cumplimiento;

c) Efectuar una supervisión evaluativa de la ejecución de las Estrategias de Mejoramiento Educativo y del cumplimiento del convenio a que se refiere el artículo 6° de la presente ley;

d) Determinar los instrumentos y la oportunidad en que se verificará el cumplimiento de los compromisos contraídos por los establecimientos educacionales que forman parte del Régimen de la Subvención Preferencial;

e) Realizar una supervisión pedagógica para los establecimientos calificados como emergentes o en recuperación, la cual podrá efectuarse en forma directa o por medio de organismos externos habilitados para ejercer esta función;

f) Proponer estrategias y metodologías de mejoramiento educativo a los sostenedores;

g) Establecer la forma y periodicidad en que los sostenedores de establecimientos educacionales deberán informar al Consejo Escolar y a los padres y apoderados sobre la situación de los establecimientos bajo el régimen de subvención escolar preferencial, especialmente respecto de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los mismos;

h) Formar e integrar el Equipo Tripartito que se señala en el artículo 22 de esta ley;

i) Aplicar las sanciones referidas en el artículo 28, y

j) Todas las demás acciones necesarias para el cumplimiento y fines de esta ley.

Artículo 26.- El Ministerio de Educación elaborará un Registro Público de Entidades Técnico Pedagógicas, las que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales para la elaboración y ejecución del Plan de Reestructuración, para lo indicado en el artículo 17 y para todas las demás funciones señaladas en el artículo 22 de esta ley.

El reglamento a que alude el artículo 3° determinará los requisitos que deberán cumplir las entidades que formarán parte del Registro, a fin de que aseguren la calidad técnica y especialidad de dichas entidades.

Los sostenedores de zonas geográficas contiguas o de similares características podrán asociarse entre sí para recibir apoyo técnico de una misma entidad técnico pedagógica.

Los honorarios de cada entidad técnico pedagógica por dicho apoyo serán pagados por el sostenedor que requiera sus servicios.

Párrafo 6º

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 27.- Son infracciones graves a la presente ley, además de las consignadas en el inciso final del artículo 50 de la Ley de Subvenciones:

1) El incumplimiento de los compromisos esenciales señalados en las letras a), b), c) y d) del artículo 6°;

2) El incumplimiento de los compromisos adicionales establecidos en el artículo 16 para los establecimientos educacionales emergentes, y

3) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22 para los establecimientos educacionales en recuperación.

Artículo 28.- Las infracciones a la presente ley serán sancionadas conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Subvenciones y mediante el procedimiento establecido en el artículo 53 de dicha ley.

Las multas y retenciones que se apliquen en virtud de la presente ley lo serán respecto de las subvenciones de esta ley y de aquéllas de la Ley de Subvenciones.

Artículo 29.- En todo lo no previsto en este párrafo, en materia de infracciones, retenciones, descuentos y sanciones se aplicarán las normas del Título IV de la Ley de Subvenciones.

TITULO II

OTRAS NORMAS

Artículo 30.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación:

1) Sustitúyese, en todas sus disposiciones la mención “Educación Parvularia (segundo nivel de transición)” por “Educación Parvularia (primero y segundo nivel de transición)”.

2) Modifícase el artículo 50 en el siguiente sentido:

a) Agrégase al inciso segundo, a continuación de la letra d) la siguiente letra e) nueva:

“e) Incumplimiento de la obligación de informar prevista en el artículo 64 y 65 de esta ley;”;

b) Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la letra h), la siguiente letra i) nueva:

“i) Permanecer dos años a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificado en la categoría de establecimiento con Necesidad de Medidas Especiales, de conformidad a lo establecido en el artículo 66 de esta ley, sin haber aplicado las medidas propuestas por el Ministerio de Educación para superar esta categoría.”.

3) Sustitúyese el inciso primero del artículo 52 por el siguiente:

“Las sanciones consistirán en:

a) Multas, las que no podrán ser inferiores a un cinco por ciento ni exceder del cincuenta por ciento de una unidad de subvención educacional por alumno matriculado a la fecha en que se incurre en la infracción.

b) Privación de la subvención, que puede ser total o parcial, definitiva o temporal.

En caso de privación temporal, ésta no podrá exceder de doce meses consecutivos.

c) Revocación del reconocimiento oficial, e

d) Inhabilidad temporal o perpetua del sostenedor para mantener o participar de cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales subvencionados.”.

4) En el artículo 53, agrégase el siguiente nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Una vez notificado el sostenedor o su mandatario de la resolución que ordena instruir proceso, el Secretario Regional Ministerial de Educación podrá, como medida precautoria, ordenar, mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial, del pago de la subvención, atendida la naturaleza y cuantía de la presunta infracción.”

5) Agréganse los siguientes artículos 64, 65, 66 y 67:

“Artículo 64.- Para los efectos de esta ley, el Ministerio de Educación mantendrá una base de datos que contendrá la información relevante de todos los establecimientos educacionales subvencionados necesaria para que los Consejos Escolares y los padres y apoderados, así como la comunidad escolar, puedan formarse una apreciación respecto al aporte del establecimiento al aprendizaje de sus alumnos.

Esta base será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla.

Los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación necesaria para la mantención de esta base de datos, y en especial aquella información mencionada en el artículo 8º de la Ley Nº 19.979.

Un reglamento fijará la forma y modalidad en que deberá llevarse la base de datos, junto con la periodicidad, manera de actualización y la información que ésta deberá contener.

Artículo 65.- A partir de la información contenida en la base de datos establecida en el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relevante para los fines establecidos en el artículo anterior de cada establecimiento escolar sujeto a esta ley.

La Ficha Escolar será distribuida a los respectivos establecimientos educacionales, y será obligación de éstos su entrega a los padres y apoderados y también a los postulantes al establecimiento.

La información a que se refiere el inciso precedente estará siempre a disposición de cualquier interesado.

El reglamento determinará la periodicidad, modalidad e información que deberá contener la Ficha Escolar.

Artículo 66.- El Ministerio de Educación, de acuerdo a la información contenida en la base de datos a que se refiere el artículo 64, deberá clasificar a todos los establecimientos subvencionados del país, participen o no en el Régimen de Subvención Preferencial, según las diversas características que establezca el reglamento. Dicha clasificación deberá contemplar una categoría de Establecimientos con Necesidad de Medidas Especiales que incluirá a aquéllos que hayan obtenido resultados reiteradamente deficientes en el rendimiento de sus alumnos en función de los estándares nacionales que se establezcan para tal efecto en el decreto a que se refiere el artículo 8º de la Ley de Subvención Preferencial.

Para determinar la clasificación de los establecimientos se deberán considerar los resultados de aprendizaje de sus alumnos, medidos a través de los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para tal efecto. El número de mediciones en las cuales se muestren dichos resultados en ningún caso podrá ser inferior a dos.

Por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Educación, se determinarán los criterios y el procedimiento de clasificación de los establecimientos educacionales de que trata este artículo.

Asimismo, dicho decreto supremo establecerá los plazos en que los establecimientos educacionales serán sometidos a evaluaciones sucesivas que permitan reclasificarlos en otra categoría, si fuese procedente.

La resolución que clasifique a los establecimientos educacionales será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente.

De dicha resolución podrá apelarse ante el Subsecretario de Educación, en un plazo de 15 días contado desde la notificación de la resolución que determina la categoría en que es clasificado un establecimiento educacional.

Artículo 67.- En el caso de los Establecimientos Educacionales con Necesidades de Medidas Especiales señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Educación podrá proponer, anualmente, medidas para que dichos establecimientos superen esa categoría.

Los establecimientos que impartan a lo menos hasta cuarto año de educación general básica que permanezcan más de dos años en esta categoría a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificados, perderán el derecho a impetrar toda subvención, a menos que asuman las obligaciones y adopten las medidas establecidas en el artículo 22 de la Ley de Subvención Preferencial, caso en el cual tendrán derecho de recibir los apoyos establecidos en el párrafo 4º de la misma ley.”.

Artículo 31.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo a los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Artículos Transitorios

Artículo primero transitorio.- Los establecimientos que postulen y se incorporen al régimen de subvención preferencial durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, podrán ser clasificados en la categoría de autónomos si cumplen los siguientes requisitos relacionados con los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los 4° básicos por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.962, esto es:

a) Que su puntaje promedio como establecimiento sea mayor al puntaje promedio del establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

b) Que el porcentaje de alumnos sobre 250 puntos del SIMCE sea mayor que el porcentaje de alumnos sobre este puntaje que posee el establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

c) Que el porcentaje de alumnos sobre 300 puntos del SIMCE sea mayor al porcentaje de alumnos sobre este puntaje que posee el establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

Lo anterior deberá ocurrir en un número significativo de mediciones y sectores de aprendizaje, que no podrá ser, en el caso de las mediciones, inferior a dos. El procedimiento utilizado para clasificar a las escuelas a partir de estos criterios será establecido en el Reglamento correspondiente.

En el mismo periodo señalado en el inciso primero, la clasificación a que se refiere el artículo 7° de esta ley se realizará considerando grupos de establecimientos de similares características. Los criterios para realizar dicha agrupación quedarán establecidos en el reglamento de la presente ley. Estos criterios considerarán fundamentalmente el nivel socioeconómico de los alumnos atendidos y los recursos o aportes en dinero con que cuente o reciba el establecimiento educacional.

En el mismo periodo señalado en el inciso anterior, los establecimientos educacionales que se incorporen al régimen de subvención preferencial que no cumplan los requisitos de este y del siguiente artículo serán clasificados como emergentes.

Artículo segundo transitorio.- Durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, los establecimientos serán clasificados en la categoría en recuperación si cumplen las siguientes condiciones, con relación a los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los 4° básicos por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.962:

a) Que su puntaje promedio sea inferior a 220 puntos.

b) Que la proporción de alumnos sobre los 250 puntos del SIMCE sea inferior al 20%.

Lo anterior deberá ocurrir en un número significativo de mediciones y sectores de aprendizaje, que no podrá ser, en el caso de las mediciones, inferior a dos. El procedimiento utilizado para clasificar a las escuelas a partir de estos criterios será establecido en el Reglamento correspondiente.

En tanto no se establezcan los estándares nacionales a que se refiere el artículo 8° de la presente ley, la clasificación del artículo 7° de la misma se realizará considerando grupos de establecimientos de similares características. Los criterios para realizar dicha agrupación quedarán establecidos en el reglamento de la presente ley. Estos criterios considerarán fundamentalmente el nivel socioeconómico de los alumnos atendidos y los recursos o aportes en dinero con que cuente o reciba el establecimiento educacional. En todo caso, el decreto supremo a que alude el artículo 8°, deberá ser dictado dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

El mismo procedimiento se aplicará para clasificar a los establecimientos educacionales con Necesidad de Medidas Especiales señalados en el artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

Artículo tercero transitorio.- Durante el primer año de vigencia de la ley, los establecimientos educativos cuyo sostenedor postule a la subvención Preferencial serán clasificados como autónomos o emergentes según cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo primero transitorio, no siendo aplicable en ese lapso la categoría en recuperación o la señalada en el inciso primero del artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

Artículo cuarto transitorio.- En el período comprendido entre la entrada en vigencia de la ley y la aplicación de los mecanismos establecidos en el artículo 9, los establecimientos educacionales referidos en dicho artículo serán considerados, para efectos de la Subvención Preferencial y del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que establece el artículo 6 de esta ley, como emergentes. En tanto no se apliquen dichos mecanismos no podrán cambiar de categoría.

Artículo quinto transitorio.- La presente ley regirá a contar del primer mes del año escolar 2007.”.

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

SERGIO BITAR CHACRA

Ministro de Educación

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro de Hacienda

1.2. Informe de Comisión de Educación

Cámara de Diputados. Fecha 07 de noviembre, 2006. Informe de Comisión de Educación en Sesión 104. Legislatura 354.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS SOCIO-ECONÓMICAMENTE VULNERABLES.

BOLETÍN Nº 4030-04

Honorable Cámara.

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación pasa a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en un Mensaje de S. E. el Presidente de la República, y con urgencia calificada de “simple”, a partir del 7 de noviembre de 2006, fecha en que se dio cuenta de la urgencia vigente en la Sala de la H. Corporación.

* * * * *

El objetivo central del proyecto se orienta a mejorar la calidad de la educación de aquellos alumnos calificados como prioritarios, mediante el establecimiento de una Subvención Escolar Preferencial que beneficiará a los establecimientos educacionales subvencionados que atiendan a dichos estudiantes prioritarios, esto es, a aquellos pertenecientes a familias SOCIO-ECONÓMICAMENTE vulnerables.

Tal objetivo se enmarca dentro de una política de gobierno que busca promover una mayor igualdad de oportunidades y la no discriminación en los beneficios que trae el desarrollo económico del país, orientando por ello mayores recursos hacia aquellos lugares donde existen mayores carencias y donde mayor efectividad éstos puedan tener en compensar las diferencias socioeconómicas y culturales que impiden hacer efectiva dicha igualdad de oportunidades.

* * * * *

I. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS.

1. IDEA MATRIZ DEL PROYECTO.

La idea matriz del proyecto es crear y regular una subvención escolar nueva, denominada “preferencial”, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación impartida a los niños y las niñas SOCIO-ECONÓMICAMENTE vulnerables o prioritarios que cursen primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia (pre-kinder y kinder) y desde 1° hasta 4° año de educación general básica.

Asimismo, busca adecuar y concordar las disposiciones de la Ley de Subvenciones con esta nueva subvención preferencial que se crea.

2. NORMAS QUE REQUIEREN DE QUÓRUM ESPECIAL.

a) Los artículos 24 (que pasa a ser 27), inciso segundo; 30 (que pasa a ser 36), Nº 3, letra c), y nuevo 37, Nº 2, del texto del proyecto aprobado por la Comisión, contenido al final de este informe, tienen rango orgánico constitucional. Los dos primeros, en consideración a que establecen la posibilidad de aplicar como sanción a los establecimientos educacionales la revocación del reconocimiento oficial, materia que tiene directa relación con lo preceptuado en el párrafo quinto del artículo 19, N° 11, de la Constitución Política de la República, el cual encarga a una ley orgánica constitucional establecer los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. El tercero, porque mediante el párrafo final de la nueva letra c) que incorpora al artículo 72 del Estatuto Docente, otorga una nueva atribución a los concejos municipales, que en virtud del artículo 119 de la Carta Fundamental es materia propia de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

b) El proyecto no contiene normas de quórum calificado.

3. NORMAS QUE REQUIEREN TRÁMITE DE HACIENDA.

Requieren ser conocidos por la Comisión de Hacienda los artículos 1°; 2°; 4°; 12; 13; 17; 21; 23; 24; 30, número 1); 30 bis y 31, permanentes (los que a partir del 12 inclusive pasan a ser 14, 15, 19, 23, 26, 27; 36, número 1; 38 y 39, respectivamente) y los artículos quinto, sexto, séptimo y noveno (antes quinto), transitorios.

4. APROBACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.

Que la iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de las diputadas y diputados presentes (12 votos a favor).

5. DIPUTADO INFORMANTE.

Se designó diputada informante a la señora TOHÁ, doña Carolina.

* * * * *

II. ANTECEDENTES GENERALES.

El mensaje y sus fundamentos.

En el mensaje que dio inicio a este proyecto ingresado a tramitación con fecha 2 de noviembre de 2005 el Primer Mandatario destaca que un eje central del Gobierno ha sido dar sentido social al crecimiento, para que éste se transforme efectivamente en mayor bienestar para todos los chilenos, reduciendo la pobreza y la desigualdad.

Agrega que tal vocación por la igualdad se ha reflejado en numerosas reformas, tales como la educacional, la de salud, la judicial, la de la nueva justicia laboral y la de familia, las referidas a la capacitación y el empleo, entre otras, las que han contribuido a que los frutos del crecimiento se distribuyan entre todas las familias chilenas.

Afirma que el progreso personal y familiar está indisolublemente ligado a otorgar mayores oportunidades en educación, lo que motiva a trabajar constantemente para que los pobres de nuestro país puedan acceder a más y mejores oportunidades en educación.

Fruto de ello, son los 2.800 nuevos colegios entregados en los últimos cinco años, la extensión de la educación obligatoria a doce años, las más de 25.000 becas de retención escolar que se entregarán este año (2005) para que los jóvenes con mayor riesgo de deserción escolar completen su educación media, la ampliación de la Jornada Escolar Completa, con más de dos millones de estudiantes accediendo a ella, la expansión de la alimentación escolar (1.600.000 raciones diarias) y la distribución gratuita de textos escolares (14.000.000 de textos al año).

No obstante dichos avances, anuncia la necesidad de aumentar las energías y recursos para elevar la calidad de lo que ocurre en cada “sala de clases”, particularmente para que los más vulnerables aprendan más y mejor.

Manifiesta su aspiración a ser una comunidad de iguales y no una comunidad estratificada, que tolere la diferenciación de sus ciudadanos según el hogar en que nació. Todas las personas con igual nivel educacional, que muestren tener capacidades, deben tener oportunidades de movilidad social. La educación es un elemento central que permite o promueve dicha movilidad.

Enfatiza que el acceso a una educación de calidad, a cargos importantes, o al poder político, debería basarse en los méritos personales del ciudadano, independientemente de su origen social, estatus socioeconómico, raza, sexo, etnia, religión, orientación política o cualquier otra forma de categoría social. La igualdad de oportunidades y el tratamiento justo a todo ciudadano deben ser considerados valores esenciales que guíen la generación de las políticas públicas, especialmente en educación.

Por todo ello, advierte que es el momento de que Chile elimine las inaceptables desigualdades entre quienes hoy se educan en escuelas subvencionadas por el Estado. Se trata de asegurar que la asistencia a ellas cumpla con la finalidad para la cual los padres y madres envían a sus hijos: que éstos aprendan y desarrollen plenamente sus talentos.

Agrega que la tarea es igualar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes para quienes la situación económica y social de sus hogares genera una desventaja. Nuestras escuelas pueden y deben ser capaces de compensar estas desventajas. Las escuelas deben esmerarse en disminuir el peso de las diferencias en sus resultados educativos que no guardan ninguna relación con el talento de sus estudiantes.

En consideración a lo anterior, propone dar más a los que más necesitan, para compensar la desventaja, porque pretender que todos reciban lo mismo cuando las necesidades son distintas, es discriminar. Por ello, el instrumento diseñado para impulsar este cambio es la Subvención Escolar Preferencial para niñas y niños de familias vulnerables, pues ella busca mejorar la calidad de la educación en aquellos lugares donde hay mayores carencias.

La subvención escolar preferencial.

La nueva subvención será entregada a las escuelas para que demuestren resultados eficientes en el mejoramiento del aprendizaje. Además, estas escuelas no podrán discriminar a ninguna niña o niño y no les podrán exigir a sus alumnos vulnerables forma alguna de financiamiento compartido.

Esta subvención estará dirigida a mejorar la calidad de la educación de los estudiantes de familias vulnerables, orientando mayores recursos donde hay mayores carencias y donde mayor efectividad éstos pueden tener en compensar la desigualdad.

Adicionalmente, la Subvención Preferencial introducirá un cambio decisivo en la relación entre el Estado y las escuelas. Hoy se entregan recursos sin importar que se haga con ellos ni los resultados obtenidos. Con la nueva subvención no sólo se desea dar más a los alumnos que más lo necesitan sino que también se quiere asegurar que los recursos públicos sean aplicados con efectividad al aprendizaje, condicionándolos a resultados educativos objetivos, basados en estándares nacionales de aprendizaje, y premiando a las escuelas que desarrollen adecuadamente los talentos de sus educandos.

Por ello, la incorporación al sistema de Subvención Preferencial la realizarán los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados que suscriban y cumplan un “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa” con el Ministerio de Educación, en el que asumirán compromisos en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades, y se comprometerán a lograr resultados educativos de calidad, sostenibles en el tiempo. A partir de ello se exigirá un compromiso de logro de aprendizajes de calidad de los alumnos, particularmente de los más pobres.

El cambio propuesto, no sólo disminuirá las desventajas que afectan a los niños de los sectores más modestos. Se reformará el sistema de manera de adaptarlo a las necesidades de los niños en lugar de abandonar a éstos a las limitaciones de aquel.

Se sabe que la actual subvención por sí sola no mejora la calidad y que los Programas de Mejoramiento ya ensayados no poseen la suficiente fuerza para producir el cambio. Asimismo, que hay que compensar las diferencias de origen y que no todos los educandos rinden lo que pueden, debiéndose ello en parte a factores asociados al colegio que los atiende. Se sabe también cuales son los elementos que permiten a las escuelas servir a poblaciones altamente vulnerables y lograr altos puntajes en las pruebas nacionales de medición de la calidad.

La nueva Subvención Preferencial se hace cargo de las insuficiencias de nuestro sistema de financiamiento y apoyo a las escuelas al consagrar montos diferenciados de subvención escolar, al reconocer los diferentes capitales culturales de las familias de los alumnos, al establecer la condicionalidad de su entrega sujetándosela a resultados educativos y porque fortalece los sistemas de supervisión y apoyo técnico pedagógico.

En síntesis, la nueva subvención aprende de las experiencias y conocimientos en el área buscando corregir las limitaciones y déficits del sistema educativo aún presentes.

* * * * *

III. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de las siguientes personas:

a) Autoridades y funcionarios de Gobierno, alcaldes y ediles.

Señor Martín Zilic Hrepic, ex Ministro de Educación; señora Yasna Provoste Campillay, actual Ministra de Educación; señora Pilar Romaguera Gracia, Subsecretaria de Educación; señor Rodrigo González López, Jefe de la División Jurídica; señor Pedro Montt Leiva, Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación; señor Rafael Carrasco Hoecker, asesor técnico del Proyecto Subvención Preferencial; señores José Marcelo Henríquez, Mauricio Farías Arenas y señora Misleya Vergara, asesores de la Subsecretaría, todos del Ministerio de Educación; señor Cristián Martínez, Director Nacional de la JUNAEB; señora Amalia Cornejo, Jefa del Departamento de Planificación y Desarrollo de este organismo; señora Carla Tokman, analista del Ministerio de Hacienda; señor José Espinoza Fincheira, Jefe del Sector Educación de la Dirección de Presupuestos; señora Tania Hernández, asesora de la Subsecretaría de Hacienda; señor Claudio Arriagada, Alcalde de La Granja y Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades; señora Mafalda Fabbri, Directora de Comunicaciones de dicha entidad; señor Pablo Zalaquett Said, Presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades; señor Alejandro Koehler Vargas, alcalde de Panguipulli y Presidente de la Asociación Gremial de Corporaciones Municipales (AGCM); señor Fernando Echeverría, Secretario Ejecutivo de la AGCM; señora Teresa Donoso B, Coordinadora Nacional de dicha agrupación; señora Patricia Colarte Troncoso, Directora de la Comisión de Educación de la misma; señor Carlos Coronado, Director de Educación de la Municipalidad de Panguipulli; señora Cristina Girardi, Alcaldesa de Cerro Navia; señor Santiago Aranzaes Hernández, Director de Educación de la Corporación Municipal de Cerro Navia; señor Angelino Leal, alcalde de Máfil; señor Mario Olavarría, alcalde de Colina; señor Cristhian Díaz Ojeda, Jefe de Comunicaciones de esta municipalidad; señor Carlos Briceño Vásquez, Gerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar, y doña Gabriela Dazarola, investigadora de la Biblioteca del Congreso Nacional.

b) Académicos y representantes de entidades sociales, profesionales, docentes y estudiantiles.

Señoras Carolina Velasco, investigadora, y Paula Pinedo, abogada asesora, ambas de Libertad y Desarrollo; señor Claudio Sapelli, docente del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile; señor Juan Eduardo García-Huidobro, Director del Departamento de Educación de la Universidad Alberto Hurtado; señor Christian Bellei, consultor de UNICEF Chile; señor Pablo González, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile; señor Gregory Elacqua, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez; señor Julio Sagüés, investigador de la Fundación Chile; señor Juan Cassasus, investigador del Centro de Formación Índigo; señor Jorge Pavez Urrutia, Presidente del Colegio de Profesores de Chile A.G.; Hermano Jesús Triguero Juanes, Presidente Nacional de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE); señores Carlos Veas y Rodrigo Díaz, Secretario Ejecutivo y Abogado, respectivamente, de dicha entidad; señores Rodrigo Bosch Elgueta, Presidente Subrogante, y Alejandro Hasbún Ramírez, Director, ambos de CONACEP; los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, señores Germán Westhoff, Presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional; Javier Romero y Matías Gómez, del mismo establecimiento; César Valenzuela, Presidente del Centro de Alumnos del Liceo Confederación Suiza; Tomás Morán, del Colegio Carampangue de Talagante; Juan Pablo Gamboa, del Liceo Santa Teresa de Valparaíso, y señoritas María Huerta, del Instituto Superior de Comercio Nº 2; y Karina Delfino, del Liceo de Niñas Nº 1, ambas de Santiago, y los Presidentes de las Federaciones de Estudiantes de las Universidades de Chile, de Santiago, de Valparaíso, Católica de Chile y Diego Portales, señores Nicolás Grau, Néstor Marín, Juan Pablo Gajardo, Claudio Castro y Sebastián Llantén, respectivamente.

La síntesis de las exposiciones efectuadas por los personeros de Gobierno y de las opiniones vertidas por los demás invitados a la Comisión se encuentra en el Anexo Nº 1 de este informe.

c) Discusión y votación en general del proyecto.

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, compartiendo plenamente los fundamentos y los objetivos generales tenidos en consideración por el Ejecutivo para legislar en el sentido propuesto, y luego de recibir las opiniones, observaciones y proposiciones tanto de las autoridades de gobierno, como de los académicos, docentes, dirigentes estudiantiles y representantes de las instituciones individualizadas precedentemente, procedió a dar su aprobación a la idea de legislar, por la unanimidad de las diputadas y diputados presentes, señoras Tohá, Cubillos y Vidal; y señores Bobadilla, Errázuriz, González, Kast, Montes, Olivares, Rojas, Silber y Verdugo.

No obstante lo anterior, durante esta etapa de la discusión del proyecto los integrantes de la Comisión solicitaron a los representantes del Ejecutivo dar acogida a los siguientes planteamientos:

Extender el beneficio de la subvención preferencial a toda la enseñanza básica.

Uniformar el monto de la subvención preferencial, independientemente de la categoría de los establecimientos (autónomos, emergentes o en recuperación), estableciendo diferencias solamente respecto de la autonomía para administrar los recursos.

Estudiar algún mecanismo de solución al déficit presupuestario que aqueja a los sostenedores municipales debido a la insuficiencia de la subvención base para cubrir los costos derivados de la aplicación del Estatuto Docente.

Definir con mayor precisión el concepto de vulnerabilidad, tanto de las escuelas como de los alumnos, y entregar la subvención preferencial a las primeras en función del número de éstos, procurando asignar más recursos a los establecimientos con mayor concentración de alumnos prioritarios (compensar el efecto pares).

Incluir en los convenios exigencias relativas a métodos y prácticas pedagógicas, objetivos de aprendizaje y mejoras de gestión, sin perjuicio de convenir con cada establecimiento modificaciones acordes a su propia realidad y permitir efectuar ajustes al plan de mejoramiento durante su ejecución, para adaptarlo a los cambios sustanciales de las condiciones en que fueron concebidos (por ejemplo, variación del número de alumnos prioritarios atendidos).

Asimismo, otras de las aspiraciones manifestadas por los miembros de la Comisión, pero con menor grado de consenso, fueron las siguientes:

Que los consejos escolares participen en la celebración y ejecución del convenio.

Dar un tratamiento diferenciado a los establecimientos rurales con respecto a los urbanos.

Prohibir la selección de alumnos a todas las escuelas que accedan a la subvención preferencial.

Ligar la evaluación docente y el SNED a este proyecto.

Que el apoyo externo requerido por algunos establecimientos no se pague con cargo a la subvención preferencial.

Asegurar la aplicación de la subvención preferencial a los fines previstos en el proyecto, obligando a los sostenedores municipales, a través de los convenios, a no eliminar el aporte de recursos propios que actualmente estén efectuando, hasta que se dé una solución definitiva al déficit presupuestario educacional por otros medios.

Revisar el contenido de la ficha escolar que los establecimientos tendrán que entregar a los padres y apoderados.

* * * * *

d) Discusión y votación en particular del proyecto.

Al inicio de esta etapa del trámite del proyecto, la Ministra de Educación, señora Yasna Provoste C., refiriéndose al contenido y alcance de las indicaciones formuladas por el Ejecutivo, manifestó que con ellas se acoge el planteamiento del Colegio de Profesores, en el sentido que la escuela debe concentrar el aporte más significativo en los procesos de aprendizaje.

Asimismo, se mejora la definición y el método de identificación de los alumnos prioritarios. Básicamente, se trataría de los niños y niñas que integran familias adscritas al Programa Chile Solidario; aquéllos que de acuerdo al instrumento vigente –llámese ficha CAS o ficha de protección social— estén en la categoría de indigentes; aquellos niños y niñas que provengan de familias cuya estratificación para efectos de salud previsional corresponda al Grupo A de FONASA, y aquéllos que según la JUNAEB tengan prioridad, dados los niveles de escolaridad de sus padres.

Por otra parte, se intenta mejorar y reforzar los requisitos que deberán cumplir los sostenedores que voluntariamente quieran incorporarse al sistema de subvención preferencial, a través de varias normas referidas al convenio. Tal vez el aspecto más significativo es la prohibición de seleccionar alumnos que postulen a los niveles de pre-kinder a 4º básico. Pero cuando haya más postulantes que vacantes, sólo se podrá seleccionar a los alumnos tomando en cuenta si tienen más hermanos en el mismo establecimiento, o si son hijos de algún docente o co-docente del mismo. En su defecto, se deberán seleccionar por sorteo.

Otra enmienda importante apunta a fortalecer el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, a partir de la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos entregados en lo que se refiere a la estrategia que la propia unidad educativa haya diseñado para mejorar sus resultados de aprendizaje, tratándose de escuelas emergentes. También se mejora la acreditación, por parte de la escuela, del funcionamiento de ciertas instancias básicas que es necesario seguir perfeccionando, como el consejo escolar y la unidad técnico-pedagógica, entre otras.

Se recoge, además, el planteamiento de gran parte de los diputados y diputadas de la Comisión, en el sentido de extender gradualmente la entrega de la subvención preferencial a todos los alumnos de la enseñanza básica. Así, a partir del segundo año de vigencia de la ley en proyecto, los alumnos prioritarios que pasen a 5º año básico mantendrán el beneficio hasta llegar a 8º. Sin embargo, el monto del aporte por alumno será diferenciado. Los que cursen 5º y 6º recibirán una subvención de 12 mil pesos y los que estén en 7º u 8º percibirán sólo 6 mil pesos adicionales, según el tipo de escuela que los atienda.

En régimen, los 400 mil niños vulnerables que inicialmente serán beneficiarios de la subvención preferencial subirán a 730 mil.

Por otra parte, se elimina la gradiente de pago del beneficio. Se entregará a todas las escuelas el mismo monto de subvención por alumno prioritario, independientemente de su clasificación. Pero los establecimientos autónomos podrán administrar discrecionalmente el 100% de los recursos; los emergentes sólo el 50%, debiendo aplicar la mitad restante a un plan de mejoramiento de los aprendizajes, y aquellos que estén en la categoría en recuperación recibirán la misma cantidad, pero en calidad de aporte para desarrollar un plan, a través de un convenio, que explicite cada una de las acciones que el establecimiento y toda la comunidad escolar deberán desarrollar para mejorar los aprendizajes de sus alumnos.

Por último, se mejora también el sistema de clasificación de las escuelas en dos aspectos: 1º) incorporando indicadores de calidad complementarios al SIMCE, como las tasas de retención y repitencia, la inclusión de los padres y las condiciones de trabajo de los docentes, todo ello aprovechando la experiencia recogida a través del Sistema Nacional de Evaluación Docente, y 2º) incorporando un dispositivo de doble seguridad para aquellos establecimientos clasificados como "en recuperación", los cuales podrán apelar de dicha clasificación ante un panel constituido por expertos del Mineduc, de los sostenedores y de una agencia acreditada, que emitirá un juicio técnico sobre su situación, el que será altamente considerado por la autoridad para excluir eventualmente a la escuela de esa categoría.

* * * * *

A continuación, la Comisión dio al citado texto propuesto el siguiente tratamiento.

Artículo 1°.

Crea una subvención educacional preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios de los establecimientos educacionales subvencionados, que estén cursando 1º ó 2º nivel de transición de la educación parvularia y desde 1º a 4º año de educación general básica.

El Ejecutivo formuló una indicación para modificar esta disposición en el siguiente sentido:

1) Eliminar la frase "de los alumnos prioritarios";

2) Incorporar, a continuación de la palabra "subvencionados", la expresión "que se impetrará por los alumnos prioritarios", y

3) Eliminar la frase "desde 1º a 4º año de".

Todo ello, con el propósito de focalizar los recursos adicionales que se entreguen, por cada alumno prioritario, en los establecimientos que los atienden, por ser éstos los que deberán implementar eventualmente planes de mejoramiento en beneficio de todos sus educandos, y extender el beneficio a toda la enseñanza básica, lo que se hará gradualmente, según explicara la Ministra de Educación.

Se observó al respecto que la indicación asigna ahora la subvención preferencial a las escuelas, poniendo el acento en mejorar la calidad de la educación subvencionada en general, en lugar de compensar los déficit culturales de los alumnos más vulnerables atendiendo sus necesidades educativas específicas, cuyo era el propósito original de la iniciativa.

Por lo mismo, se pidió votación separada de los distintos numerales de la indicación, registrándose los siguientes resultados:

Los números 1 y 2 fueron aprobados por 8 votos a favor y 5 votos en contra.

El número 3 fue aprobado en forma unánime, en el entendido que la preposición “a”, de la frase que se elimina corresponde a la preposición "hasta" contenida en el texto del mensaje

Puesto en votación el artículo 1º, con la indicación, fue aprobado por 9 votos a favor y cuatro abstenciones.

Artículo 2º.

Su inciso primero considera prioritarios a los alumnos para quienes la situación económica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

Su inciso segundo dispone que la calidad de alumno prioritario será calificada por el Ministerio de Educación o el organismo que éste determine, mediante un instrumento de caracterización socioeconómica del hogar definido por el Ministerio de Planificación.

Su inciso tercero señala que, tratándose de alumnos cuyos hogares no cuenten con caracterización socioeconómica, se considerará la escolaridad de su madre y, en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno y la condición urbana o rural de su hogar.

Su inciso cuarto establece que los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario tendrán la calidad de prioritarios por el solo ministerio de la ley.

El Ejecutivo formuló indicación para modificar este artículo en la forma que sigue:

1) Introducir en el inciso tercero, a continuación de la expresión "se considerará", la frase ", en orden sucesivo, los ingresos familiares del hogar,";

2) Reemplazar en el mismo inciso la frase "y la condición urbana o rural del hogar" por ", en la forma que establezca el reglamento", y

3) Incorporar el siguiente inciso quinto, nuevo:

"La calidad de alumno prioritario será informada por el Ministerio de Educación a la familia de dicho alumno."

En primer término, y dado el alto grado de consenso habido entre los miembros de la Comisión para aprobar el inciso quinto, nuevo, que propone agregar el Nº 3 de la indicación del Ejecutivo, se acordó votar en primer término y por separado dicho inciso, siendo éste aprobado por 9 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención.

Por su parte, los diputados señores Bobadilla y Verdugo, no conformes con la idea de delegar en el reglamento la forma de identificar a los alumnos prioritarios, estableciendo para ello algunos parámetros cuya mayor o menor consideración quedaría librada al arbitrio de la autoridad de turno encargada de su dictación, formularon una nueva indicación, para fijar en la ley los criterios en base a los cuales se calificará la condición de alumno prioritario, según lo informado a la Comisión por el Director Nacional de la JUNAEB. [1]

Los representantes del Ejecutivo manifestaron que la fórmula propuesta rigidizaría innecesariamente la norma, mostrándose dispuestos a estudiar un mecanismo que concilie los objetivos de ambas indicaciones, otorgando certeza y transparencia al procedimiento de identificación de los alumnos prioritarios, pero también la flexibilidad suficiente para adaptarlo a los cambios que surjan en el futuro.

En consideración a lo anterior, los representantes del Ejecutivo, los diputados autores de la indicación y los demás miembros de la Comisión convinieron en reemplazar los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo en comento por el siguiente:

"La calidad de alumno prioritario será calificada por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste determine, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario tendrán la calidad de prioritarios por el solo ministerio de la ley.

b) Los alumnos de familias no comprendidas en la letra precedente serán considerados prioritarios, para los efectos de esta ley, cuando hayan sido caracterizados como indigentes por el instrumento de caracterización socioeconómica del hogar vigente.

c) Los alumnos de familias no comprendidas en las letras anteriores tendrán la calidad de alumnos prioritarios cuando sus padres o apoderados hubieren sido clasificados en el tramo A del Fondo Nacional de Salud.

d) Tratándose de alumnos cuyos hogares no cuenten con la caracterización socioeconómica de su hogar, de acuerdo con los instrumentos señalados precedentemente, o que no hayan quedado comprendidos en las letras anteriores, para los efectos de su calificación como prioritarios, se considerará, en orden sucesivo, los ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre y, en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno, en la forma que establezca el reglamento."

De esta manera, se explicó, se autoriza al Ministerio de Educación para efectuar la calificación aludida, directamente o a través de sus organismos dependientes, entre ellos la JUNAEB, sin que pueda delegarse dicha función en otros organismos no subordinados a él.

Por otra parte, se aclaró que la escolaridad de la madre o del padre o apoderado que viva con el alumno prioritario, si bien, constituye un elemento importante en los resultados de aprendizaje, tendrá una ponderación marginal a la hora de tenerlo en consideración para corregir errores de calificación que puedan producirse aplicando las variables enumeradas anteriormente, por lo que no es relevante que ella quede entregada al reglamento.

Asimismo, se explicó que la condición urbana o rural del hogar es una variable implícita en la caracterización socioeconómica del mismo, por lo que no resulta necesario hacer mención a ella, como estaba contemplado en el primitivo inciso tercero.

Puesto en votación el artículo 2º, incluidas las modificaciones acordadas y el inciso quinto, nuevo, que pasa a ser tercero, fue aprobado por unanimidad (7 votos a favor).

Artículo 3º.

Dispone que los criterios y procedimientos específicos para realizar la calificación a que se refiere el artículo anterior serán definidos en un reglamento elaborado por el Ministerio de Educación, el cual llevará, además, la firma de los Ministros de Planificación y de Hacienda.

El Ejecutivo formuló indicación para sustituir en este artículo la frase "de los Ministros de Planificación y" por "del Ministro".

Los diputados señores Bobadilla y Kast formularon a su vez una indicación para sustituir el artículo en comento por el siguiente:

"Artículo 3º. La forma de realizar la calificación de alumno prioritario será definida en un reglamento, mediante normas de carácter general, elaborado por el Ministerio de Educación, el cual llevará, además, la firma del Ministro de Hacienda."

Ello obedece a que los criterios para efectuar la calificación se encuentran establecidos en el artículo 2º, quedando por definir únicamente el procedimiento que se utilizará para ello.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad (10 votos a favor).

Artículo 4º.

Dispone que tendrán derecho a la subvención educacional preferencial los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación, en adelante "Ley de Subvenciones", cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere el artículo 6º (pasa a ser 7°), la que se pagará por los alumnos prioritarios matriculados en dichos establecimientos, según lo dispuesto en los artículos 12 y 13 (pasan a ser 14 y 15, y establecen el valor unitario por alumno del beneficio y la forma de determinar el monto total que percibirá mensualmente cada sostenedor).

Se aclaró, por los representantes del Ejecutivo, que el beneficio se otorgará a las escuelas por cada alumno prioritario matriculado, pero su monto se calculará multiplicando el valor unitario que corresponda (según la categoría del establecimiento) por la asistencia promedio de esos alumnos en los tres meses precedentes al pago.

El Ejecutivo formuló indicación para introducir en este artículo, a continuación de las palabras “Ley de Subvenciones”, la frase “que impartan enseñanza regular diurna”, precedida de una coma (,).

Su objeto es especificar de manera más explícita el tipo de establecimientos educacionales que podrá postular al régimen de subvención preferencial.

Fue aprobada por 7 votos a favor y una abstención.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 12 votos a favor y una abstención.

No obstante ser aprobado el artículo, se observó por algunos de los miembros de la Comisión que éste define la subvención preferencial como un derecho de los establecimientos y no de los alumnos prioritarios, poniendo en tela de juicio la portabilidad del subsidio, máxime porque sólo podrá seguir gozando del mismo el alumno que se traslade a otro establecimiento cuyo sostenedor haya suscrito el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa a que alude la norma, restringiendo la libertad de elección de los padres y apoderados.

En relación a lo expuesto, fue rechazada, por mayoría, una indicación que perseguía eliminar la frase “cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere el artículo 6º”.

Artículo 5º.

Hace aplicables supletoriamente a la subvención preferencial, en todo lo no regulado expresamente por esta ley en proyecto, las normas de los Títulos I y IV de la Ley de Subvenciones, precisando que la pérdida de los requisitos para percibir las subvenciones de dicha ley, y la privación o suspensión del pago de la misma, tendrán como efecto la suspensión o privación de la subvención preferencial y de los aportes regulados en esta ley en proyecto, según sea el caso.

En relación con este artículo, se observó que la Subsecretaría de Educación está facultada mediante el artículo 54 de la Ley de Subvenciones para dejar sin efecto la sanción de retención de la subvención escolar base, mediante resolución fundada, cuando la suspensión o privación de la misma comprometa gravemente la garantía del derecho a la educación consagrada en el artículo 19, Nº 10, de la Constitución Política.

Con el objeto de reproducir aquello, expresamente, respecto de esta nueva subvención preferencial, el diputado señor Errázuriz formuló indicación para agregar en este artículo, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

"No obstante, el Subsecretario de Educación podrá, mediante resolución fundada, ordenar que se deje sin efecto la medida de retención de la subvención preferencial cuando la suspensión del derecho a percibirla comprometa gravemente la garantía del derecho a la educación establecida en el artículo 19, Nº 10, de la Constitución Política de la República, y no podrá extenderse más allá del respectivo periodo escolar."

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 7 votos a favor y 3 votos en contra.

Puesto en votación el artículo 5º, fue aprobado por asentimiento unánime.

* * * * *

Artículo 5º bis, nuevo (pasa a ser 6°).

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar un artículo nuevo del siguiente tenor:

"Artículo 5º bis. Para que los establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 4º de esta ley, puedan impetrar el beneficio de la subvención preferencial deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de la Ley de Subvenciones, así como de cualquier cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento.

b) Aceptar a todos los alumnos que postulen al 1º y 2º nivel de transición de la educación parvularia y entre 1º y 4º año de la educación general básica dentro de las capacidades autorizadas que tenga el establecimiento.

En el evento que haya una cantidad de postulantes superior a la capacidad autorizada del establecimiento educacional, la incorporación de los alumnos se ceñirá estrictamente a un proceso de selección público y transparente, el que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del postulante, su rendimiento escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad o religión de los padres, origen étnico del postulante, ni otro criterio que permita la discriminación arbitraria de éste. En ese caso las vacantes sólo podrán asignarse por prioridad familiar o, en última instancia, por sorteo.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por prioridad familiar que el alumno postulante tenga hermanos matriculados o sea hijo de un docente o no docente del establecimiento educacional.

c) Informar a los padres y apoderados del proyecto educativo institucional y del reglamento interno del establecimiento, entendiéndose que al concretarse la postulación hay una aceptación de los padres y apoderados a dicho proyecto y reglamento interno.

d) Retener en el establecimiento a los alumnos prioritarios con bajo rendimiento académico e impulsar una asistencia técnico pedagógica especial para mejorar su rendimiento escolar, no pudiendo excluir alumnos por razones académicas.

e) Destinar los aportes que contempla esta ley a la implementación de las medidas contempladas en la estrategia de mejoramiento educativo o el plan de reestructuración en beneficio de los alumnos prioritarios, según corresponda."

Se objetó esta proposición por los siguientes motivos:

1º. Porque parece exigir a los sostenedores, antes de incorporarse al sistema de subvención preferencial, el cumplimiento de ciertos requisitos que en el texto del mensaje iban a constituir compromisos esenciales del convenio a que alude el artículo 6º (pasa a ser 7°). Se explicó, sin embargo, que tales requisitos serán condición necesaria para impetrar la subvención una vez que el sostenedor se haya incorporado al sistema y suscrito el convenio respectivo, por lo que su cumplimiento se exigirá de modo permanente.

2º. Porque prohíbe la selección de alumnos a todo evento, salvo en el caso de exceso de demanda (letra b), lo que impediría impetrar la subvención preferencial a los colegios particulares subvencionados cuyo proyecto educativo haga discriminaciones no arbitrarias por razones de sexo, religión u otros motivos, en circunstancias que ello forma parte de la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Política, la que no puede ser limitada en su esencia por condiciones que establezca la autoridad y es además necesaria para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Por lo demás, esta posibilidad de seleccionar alumnos fue defendida por los voceros de los estudiantes secundarios que concurrieron a la Comisión, como una forma de incentivar a los educandos a superarse, en la medida en que ellos puedan competir en igualdad de condiciones por los cupos ofrecidos.

Con el objeto de complementar la disposición propuesta por el Ejecutivo, los diputados señores Errázuriz, Olivares y Silber formularon una indicación para intercalar en el segundo párrafo de la letra b) de artículo en comento, a continuación de la palabra "transparente", la frase "en el marco del proyecto educativo institucional a que alude la letra c) siguiente", seguida de una coma (,).

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo que propone el artículo 5° bis, con la indicación precedente, fue aprobada por 8 votos a favor y 5 votos en contra.

Además, fueron rechazadas, por mayoría, tres indicaciones que perseguían, respectivamente, sustituir la letra a) y suprimir la letra b); suprimir la letra d); y, suprimir la letra e). Asimismo, otra indicación que perseguía también suprimir la letra c), fue declarada contradictoria con la idea ya aprobada en el párrafo segundo de la letra b), lo que hizo improcedente su votación en conformidad con el inciso noveno del artículo 281 del Reglamento.

* * * * *

Artículo 6º (pasa a ser 7°).

Su inciso primero dispone que, para incorporarse al régimen de la subvención preferencial, los sostenedores deberán suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional correspondiente, el cual abarcará un período mínimo de seis años, que podrá renovarse por períodos iguales.

Su inciso segundo señala que, mediante este convenio, el sostenedor se obligará a los siguientes compromisos esenciales:

a) Eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de la Ley de Subvenciones, referido a Financiamiento Compartido, así como de cualquier cobro que condicione la postulación o ingreso del alumno.

b) Aceptar a todos los alumnos que postulen al establecimiento dentro de las capacidades autorizadas que éste tenga, en los niveles de enseñanza en que se aplica la Subvención Preferencial.

Pero si hubiere una cantidad de postulantes superior a la capacidad autorizada del establecimiento educacional, se podrá seleccionar a los alumnos mediante un procedimiento público y transparente de postulación, que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del hogar ni el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante.

c) Informar a los padres y apoderados acerca del proyecto educativo institucional, si lo hubiere, y sobre el reglamento interno del establecimiento, entendiéndose que al concretarse la postulación hay una aceptación de los padres y apoderados a dicho proyecto y reglamento interno.

d) Retener en el establecimiento a los alumnos prioritarios con bajo rendimiento académico e impulsar una asistencia técnico pedagógica especial para mejorar su rendimiento escolar, no pudiendo excluir alumnos por razones académicas.

e) Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos concordadas con el Ministerio de Educación, en función de los resultados que se obtengan por aplicación del sistema de evaluación nacional (SIMCE) a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza [2], de acuerdo a lo establecido en el decreto a que se refiere el artículo 8° (pasa a ser 10) del proyecto.

f) Cumplir con cada una de las obligaciones que impone la ley en proyecto, según la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento.

Finalmente, su inciso tercero dispone que, en el caso de los establecimientos municipales, el convenio antes referido pasará a formar parte de los compromisos de gestión a que se refiere el artículo 70 bis del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación (Estatuto Docente).

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar las letras a), b), c) y d) del inciso segundo por las siguientes:

“a) Presentar anualmente al Ministerio de Educación un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención preferencial y de los demás aportes contemplados en esta ley. Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley.

b) Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar y del Centro General de Padres y Apoderados.

c) Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función técnico pedagógica en el establecimiento.”

La misma indicación propone, además, intercalar en la letra e), que pasaría a ser d), a continuación de la palabra “alumnos,” la frase “y en especial de los prioritarios,”.

El objeto de la indicación es incorporar, entre los compromisos esenciales que deberá incluir el convenio a que se refiere la norma en comento, el cumplimiento efectivo de dos obligaciones legales actualmente vigentes para los sostenedores, como son las señaladas en las nuevas letras b) y c), además de la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos provenientes de la subvención preferencial, en reemplazo de las exigencias contenidas en las letras a), b), c) y d) de la propuesta original, que se han trasladado al artículo 5º bis, nuevo, (pasa a ser 6°) como requisitos para impetrar la subvención.

Se objetó esta disposición, así como la indicación formulada, por los siguientes motivos:

1. Porque las menciones básicas del convenio no dan cuenta, a partir de las modificaciones propuestas, de sus objetivos de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, salvo la cláusula relativa a las metas de efectividad del rendimiento académico (letra e), original). Al respecto, se sugirió incorporar entre los compromisos esenciales del sostenedor, sin perjuicio de otros, el perfeccionamiento docente, la implementación de ciertos recursos pedagógicos básicos y el número de horas efectivas de clases que los profesores deberán impartir.

2. Porque las metas de resultados (de que trata la letra e), original) no serían concordadas con los sostenedores como allí se señala, sino que ellas serían fijadas por la ley sobre la base del SIMCE; debiendo aclararse que lo que habrá de concordarse en cada caso son las estrategias para alcanzar dichas metas.

3. Porque al exigir un informe anual sobre el uso dado a los recursos percibidos por concepto de subvención preferencial (nueva letra a), se pone énfasis en los procesos antes que en los resultados, que son los únicos objetivamente mensurables.

4. Porque el plazo seis años de duración de los convenios excedería el mandato de los respectivos alcaldes en el caso de los sostenedores municipales, poniendo en duda el cumplimiento de los compromisos contraídos por una administración local anterior. Se sugirió reducir a cuatro años la duración de los mismos.

5. Porque al hablar de compromisos esenciales, queda abierta la posibilidad de que el Ministerio de Educación imponga a los sostenedores otras obligaciones no previstas en la ley, sin ofrecerles por otra parte, financiamiento adicional para hacer posible su cumplimiento.

Fruto de lo anterior y dado que se presentaron diversas indicaciones a este artículo, tanto por parte del Ejecutivo como de los parlamentarios, se acordó analizar y votar separadamente cada inciso y letra contenida en ellos, con las respectivas indicaciones.

Inciso primero.

Los diputados señores Bobadilla y Rojas formularon una indicación para reemplazar en él la expresión "seis" por "cuatro", a objeto de reducir el plazo mínimo de duración del convenio y adecuarlo así a la duración del mandato de los alcaldes, sin perjuicio de su posible renovación.

Puesta en votación la referida indicación, fue aprobada por 10 votos a favor y una abstención.

Puesto en votación el inciso primero, con la indicación precedente, fue aprobado por 9 votos a favor y una abstención.

Inciso segundo, encabezamiento.

Puesto en votación el encabezamiento del inciso segundo, fue aprobado por 8 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

Además, durante la discusión del encabezamiento de este inciso, fueron rechazadas, por mayoría, dos indicaciones. La primera, para sustituirlo con el objeto de evitar la estandarización de los convenios y permitir que cada sostenedor pacte las condiciones que le parezcan esenciales, de acuerdo a la realidad y al proyecto educativo de cada establecimiento. La segunda, en subsidio de la anterior, para enmendarlo, enfatizando el carácter voluntario de los convenios.

Inciso segundo, letra a).

En base al texto sustitutivo propuesto por la indicación del Ejecutivo para esta letra precedentemente trascrito, el diputado señor Montes formuló, por su parte, una indicación para intercalar en ella, a continuación de la palabra "Educación", la frase "y a la comunidad escolar".

Su objeto es imponer al sostenedor el deber de informar a los padres y apoderados acerca de la utilización de los recursos que perciba por concepto de subvención preferencial, sin perjuicio de canalizar la misma información a través del Ministerio, tanto hacia la comunidad escolar de cada establecimiento como hacia el público en general.

Puesta en votación esta última indicación, fue aprobada por 9 votos a favor y dos abstenciones.

Puesta en votación la letra a) propuesta por el Ejecutivo, con la indicación precedente, fue aprobada por 8 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

Además, durante la discusión de esta letra a), en base al nuevo texto propuesto por el Ejecutivo, fueron rechazadas, por mayoría, dos indicaciones. La primera, para sustituirla a objeto de entregar a los padres y apoderados el control sobre la inversión de los recursos provenientes de la subvención preferencial, atendiendo a los resultados obtenidos más que a los procesos desarrollados para alcanzarlos. La segunda, en subsidio de la anterior, para enmendarla, eliminando su oración final.

Inciso segundo, letra b).

En base al texto sustitutivo propuesto por la indicación del Ejecutivo para esta letra precedentemente trascrito, los diputados señores Bobadilla, Errázuriz y Rojas formularon una indicación para agregar al final del mismo, a continuación de la expresión "Apoderados", la frase "el que no requerirá gozar de personalidad jurídica", precedida de una coma (,).

Su objeto es evitar que el sostenedor se excuse de cumplir la obligación que se le impone respecto de aquellos centros de padres que no cuenten con reconocimiento oficial.

Puesta en votación la indicación parlamentaria, fue aprobada por 9 votos a favor y dos abstenciones.

Por su parte, el Ejecutivo formuló una nueva indicación a la suya anteriormente trascrita, para intercalar, a continuación de la expresión "Consejo Escolar", la frase "del Consejo de Profesores", precedida de una coma (,).

Se explicó que, aun cuando se supone que el Consejo de Profesores debe existir para que un establecimiento pueda aplicar el reglamento disciplinario interno, lo que se pretende con esta modificación es que el sostenedor que acceda a la subvención preferencial acredite su funcionamiento efectivo y no solamente su existencia, en la forma que establezca el reglamento de la ley.

Puesta en votación la segunda indicación del Ejecutivo, fue aprobada por 7 votos a favor y 5 votos en contra.

Puesta en votación la primera indicación del Ejecutivo, sustitutiva de la letra b), original, con ambas indicaciones precedentemente aprobadas, fue aprobada también por 7 votos a favor y 5 votos en contra.

Inciso segundo, letra c).

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, sustitutiva de la letra c) anteriormente trascrita, fue aprobada por 10 votos a favor y dos abstenciones.

Con posterioridad, fue reabierto el debate de este literal, dado que el Ejecutivo formuló una nueva indicación para agregar en él, a continuación de la palabra “establecimiento”, la frase “y asegurar el cumplimiento efectivo de las horas curriculares no lectivas”, la que fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor).

Inciso segundo, letra d), nueva.

Los diputados señores González, Montes, Olivares, Paredes y Silber formularon una indicación para intercalar, en el inciso segundo del artículo en comento, una nueva letra d) del siguiente tenor:

"d) Cumplir acciones de mejoramiento educativo, acordadas con el Ministerio de Educación, en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente."

Su objeto es incluir en los convenios el compromiso de los sostenedores de contar con un plan de acción para mejorar la educación que se imparte en cada establecimiento, cuyo contenido se fija, a título indicativo, en un nuevo precepto que se agrega a continuación del artículo en debate.

Puesta en votación la referida indicación, fue aprobada por 6 votos a favor, 4 votos en contra y una abstención.

Posteriormente, se reabrió el debate de esta letra, pues el Ejecutivo formuló indicación para reemplazar en ella la frase “Cumplir acciones de mejoramiento educativo acordadas con el Ministerio de Educación” por “Presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con la comunidad del establecimiento educacional que contemple acciones”.

Por su parte, el diputado señor Montes formuló indicación para intercalar, en el texto sustitutivo propuesto, a continuación del vocablo “acciones”, la frase “desde pre-kinder hasta octavo básico”.

Fueron aprobadas ambas indicaciones por unanimidad (8 votos a favor).

Inciso segundo, letra e).

El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar en la letra e) primitiva, a continuación de la palabra “alumnos,” la frase “y en especial de los prioritarios,”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada en por 7 votos a favor y 5 votos en contra.

Puesta en votación la letra e), con la indicación precedente, fue aprobada igualmente por 7 votos a favor y 5 votos en contra.

Además, durante la discusión de esta letra fue rechazada, por mayoría, una indicación que pretendía sustituirla.

Inciso segundo, letra f), nueva.

Los diputados señores Errázuriz, González, Montes, Olivares y Verdugo, y señora Tohá formularon indicación a este artículo para intercalar en su inciso segundo la siguiente letra f), nueva:

"f) En el caso de los sostenedores municipales, señalar en el convenio cuál ha sido el aporte promedio en los últimos tres años e indicar cuál será el aporte mínimo que entregará anualmente el municipio a cada uno de los establecimientos que reciba subvención preferencial."

Esta indicación se funda en la necesidad de asegurar que los sostenedores municipales no interrumpan o disminuyan los aportes de recursos propios que actualmente hacen a los establecimientos de su dependencia, sustituyéndolos por los recursos provenientes de la subvención preferencial y de los aportes complementarios que contempla la ley en proyecto.

Fue aprobada por 8 votos a favor y tres abstenciones.

Inciso segundo, letra f) (pasa a ser letra g).

Obliga, a los sostenedores que accedan a la subvención preferencial, a cumplir con cada una de las obligaciones que impone la ley en proyecto, según la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento.

Fue aprobada por 7 votos a favor y cinco abstenciones, sin debate, pasando a ser letra g).

Inciso segundo, letra h), nueva.

Los diputados señores Bobadilla, Kast y Rojas formularon a su vez una indicación para agregar una nueva letra del siguiente tenor:

"h) Informar a los padres y apoderados del establecimiento sobre la existencia de este convenio, con especial énfasis en las metas fijadas en materia de rendimiento académico."

Su objeto es asegurar que los padres sean informados acerca de los resultados de aprendizaje de sus hijos, más que de los procesos a que se hayan destinado los recursos provenientes de la subvención preferencial, cuestión ésta última que se encuentra establecida en la nueva letra a) del inciso en comento.

Fue aprobada la indicación por 7 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

Inciso segundo, letras i) y j), nuevas.

El Ejecutivo formuló indicación para incorporar las siguientes letras h) e i), nuevas:

“h) Cautelar que los docentes de aula presenten al director del establecimiento, dentro de los primeros 15 días del año escolar, una planificación educativa anual de los contenidos curriculares.

i) Contar en su malla curricular con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan a la formación integral de los alumnos.”.

Fue aprobada la indicación por asentimiento unánime (8 votos a favor), pasando las letras propuestas a ser i) y j), respectivamente.

Además, durante la discusión del inciso segundo fue rechazada, por mayoría, una indicación que tenía por objeto agregar en él una nueva letra.

Inciso tercero.

El objeto de esta norma es evitar que los docentes directivos de un establecimiento se excusen de cumplir los compromisos pactados con la autoridad por el sostenedor y que éste eluda su deber de poner a disposición de aquéllos los recursos adicionales que perciba por concepto de subvención preferencial.

Puesto en votación este inciso, fue aprobado por 6 votos a favor y cuatro abstenciones.

Finalmente, fue rechazada también, por mayoría, una indicación que tenía por objeto incorporar en esta norma un nuevo inciso antes del último.

Artículo 6º bis (pasa a ser 8º).

Fruto del debate de los dos preceptos anteriores, el Ejecutivo formuló indicación para incorporar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo 6º bis. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo anterior, el sostenedor deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo que incluya orientaciones y acciones en cada una de las áreas o dimensiones señaladas a continuación:

1. Acciones en el área de gestión del currículum, tales como fortalecimiento del proyecto educativo; mejoramiento de las prácticas pedagógicas; apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales; mejoramiento de los sistemas de evaluación de los alumnos; modificación del tamaño de cursos o contar con profesores ayudantes; apoyos a alumnos rezagados en sus aprendizajes y desarrollo personal; giras y visitas a lugares funcionales al cumplimiento de los objetivos educativos, entre otras.

2. Acciones en el área de Liderazgo escolar, tales como fortalecimiento del Consejo de Profesores, participación en el establecimiento de personalidades de la vida cultural y científica y de profesionales o dirigentes de la sociedad local o nacional, proyección de la escuela en la comunidad; fortalecimiento de la formación valórica y cívica de los alumnos, entre otras.

3. Acciones en el área de Convivencia escolar, tales como apoyo psicológico y de asistencia social a los alumnos y a sus familias; mejoramiento de la convivencia y gestión del clima escolar; fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el vínculo educativo y afectivo con los alumnos y la escuela; apoyos a los aprendizajes de todos los alumnos, entre otras.

4. Acciones en el área de Gestión de recursos, tales como el establecimiento de una política de perfeccionamiento para los docentes del establecimiento destinada a fortalecer aquellas áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados educativos insatisfactorios y establecimiento de sistemas de evaluación de los docentes, esto último en el caso de los establecimientos particulares subvencionados; fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad educativa tales como biblioteca escolar, computadores, Internet, talleres, sistemas de fotocopia y materiales educativos, entre otras.

Tratándose de establecimientos educacionales emergentes y en recuperación de conformidad a lo establecido en el Artículo 7º, deberán incluir las acciones comprometidas en el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales Emergentes a que hace referencia el Artículo 16 y en el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en Recuperación a que se refiere el Artículo 22, respectivamente.

El Ministerio de Educación entregará orientaciones y apoyo para elaborar el Plan de Mejoramiento Educativo y podrá hacer recomendaciones para mejorar dicho Plan. Asimismo, entregará orientaciones para la ejecución de las acciones antes señaladas y realizará su seguimiento y evaluación anualmente, por sí o a través de entidades acreditadas incluidas en el registro del Artículo 26.”.

A su vez, la diputada señora Tohá formuló indicación para intercalar en el Nº 3 de inciso primero del artículo propuesto, a continuación de las palabras “clima escolar”, la frase “fortalecimiento del Consejo Escolar”.

Puestas en votación ambas indicaciones, fueron aprobadas en forma unánime (8 votos a favor), con la enmienda adicional de sustituir, en el número 4 del inciso primero, por motivos de redacción, la expresión “el establecimiento” por “la definición”, pasando el artículo a ser 8º.

Fueron además rechazadas unánimemente por la Comisión dos indicaciones que perseguían enmendar los números 1 y 2 del inciso primero.

Artículo 7º (pasa a ser 9°).

Su inciso primero dispone que los establecimientos educacionales que postulen al régimen de subvención preferencial conforme a lo establecido en este cuerpo legal serán clasificados en las siguientes categorías:

a) Establecimientos Educacionales Autónomos: aquéllos que hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.962 [3], conforme a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

b) Establecimientos Educacionales Emergentes: aquéllos que no hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.962 [4], conforme a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

Su inciso segundo señala que los establecimientos educacionales nuevos podrán incorporarse al régimen de subvención preferencial cuando cuenten con al menos dos mediciones de acuerdo a los instrumentos antes mencionados.

Se explicó que las distintas categorías de escuelas obedecen a los distintos grados de autonomía de que gozarán para desarrollar los programas educativos que les permitan mejorar los aprendizajes de sus alumnos, aun cuando los recursos que percibirán por concepto de subvención preferencial o aportes serán de igual monto por cada alumno prioritario que atiendan.

La Comisión acordó votar separadamente cada inciso y letra de la disposición en comento, que pasa a ser artículo 9º.

Inciso primero, encabezamiento.

Luego de ser aprobado sin modificaciones, por 5 votos a favor y 4 votos en contra, se reabrió su debate a fin de considerar una indicación formulada por el Ejecutivo para sustituirlo por el siguiente:

“Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de Subvención Educacional Preferencial serán clasificados en alguna de las siguientes categorías:”

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad (7 votos a favor).

Inciso primero, letra a).

Los diputados señores Montes, Paredes, Silber y señora Tohá formularon una indicación para agregar, en la letra a) del inciso primero, a continuación de la palabra "Autónomos", la frase "con Evaluación Anual del Ministerio de Educación u Organismos Colaboradores".

El objeto del cambio en la denominación de esta categoría de escuelas es especificar el tipo de relación que mantendrá cada una de ellas con la autoridad educacional.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 5 votos a favor y 4 votos en contra.

Puesta en votación la letra a), con la indicación, fue aprobada por 5 votos a favor, 2 votos en contra y dos abstenciones.

Posteriormente, fruto de la aprobación de la indicación del Ejecutivo al epígrafe del párrafo 2º del Título I, que trata, según el texto despachado por la Comisión, de los “Establecimientos Educacionales Autónomos con evaluación del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo Registradas”, se resolvió reabrir debate en relación con esta letra, acordándose unánimemente eliminar en ella la palabra “Anual” que sigue al vocablo “Evaluación” y reemplazar la frase “u Organismos Colaboradores” por “o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo Registradas”.

Inciso primero, letra b).

Con el mismo propósito anterior, los diputados señores Montes, Paredes, Silber y señora Tohá formularon una indicación para agregar, en la letra b) del inciso primero, a continuación de la palabra "Emergentes", la frase "con Apoyo a la Dirección de parte del Ministerio de Educación u Organismos Colaboradores".

Fue aprobada por 5 votos a favor y 4 votos en contra, lo mismo que la letra b), con la indicación.

Al igual que en el caso anterior, fruto de la aprobación de la indicación del Ejecutivo al epígrafe del párrafo 3º del Título I, que trata, según el texto despachado por la Comisión, de los “Establecimientos Educacionales Emergentes con apoyo a la Dirección del establecimiento de parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo Registradas”, se resolvió reabrir debate en relación con esta letra, acordándose unánimemente sustituir en ella la frase “u Organismos Colaboradores” por “o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo Registradas”.

Inciso primero, letra c), nueva.

El Ejecutivo formuló indicación para incorporar en este inciso la siguiente letra c), nueva:

“c) Establecimientos Educacionales en Recuperación con apoyo integral a su desarrollo y funcionamiento por parte del Ministerio de Educación o Entidades Técnico Pedagógicas Registradas: aquellos que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del Artículo 21 del DFL Nº 1, de 2005, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.”

Su objeto es enumerar en una sola disposición las distintas categorías de establecimientos a que dará lugar la aplicación del régimen de subvención preferencial.

Fue aprobada por asentimiento unánime (6 votos a favor), con la enmienda de reemplazar en el texto de la nueva letra c) la expresión “Técnico Pedagógicas” por “Pedagógicas y Técnicas de Apoyo”, en virtud de una indicación del diputado señor Rojas, aprobada también unánimemente (6 votos a favor).

Inciso segundo, nuevo.

El Ejecutivo formuló indicación para incorporar el siguiente inciso nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero:

“Los establecimientos educacionales que postulen al régimen de subvención preferencial serán clasificados en las categorías de las letras a), b) o c) del inciso precedente en la oportunidad de que trata el artículo 10.”

Fue aprobada en forma unánime (6 votos a favor), sin debate.

Inciso segundo (pasa a ser tercero).

El diputado señor Errázuriz formuló indicación para sustituir el inciso final de este artículo por el siguiente:

"Los establecimientos educacionales nuevos podrán incorporarse al régimen de subvención educacional preferencial cuando cuenten con dos mediciones de acuerdo a los instrumentos mencionados, salvo que, a juicio del Ministerio, existan antecedentes suficientes para considerar que reúnen las condiciones para dar una educación de calidad a sus alumnos vulnerables."

El autor de la indicación planteó que, si un sostenedor probadamente eficiente abre un nuevo establecimiento, de modo tal que pueda presumirse que tendrá la capacidad de ofrecer una educación de calidad, quedará a criterio del Ministerio del ramo permitirle o negarle el acceso inmediato al régimen de financiamiento especial contemplado en esta ley.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada en definitiva por 6 votos a favor y 5 votos en contra.

Además, se rechazó, por mayoría, una indicación orientada a sustituir el inciso segundo de esta norma, que ha pasado a ser tercero, por otro que parte considerando como emergentes a los establecimientos educacionales nuevos.

Artículo 8º (pasa a ser 10).

Su inciso primero prescribe que los estándares nacionales y los criterios específicos para la calificación de los resultados educativos a que se refiere el artículo anterior se establecerán mediante decreto supremo del Ministerio de Educación y deberán ser actualizados a lo menos cada 5 años.

Su inciso segundo dispone que el procedimiento para la determinación y verificación de los resultados educativos para los efectos de esta ley será establecido en el reglamento de la misma.

Se explicó que, en la actualidad, hay un instrumento de medición de la calidad de la enseñanza que es el SIMCE, sobre cuya base se establecerán y modificarán periódicamente los estándares nacionales para efectos de clasificar a los establecimientos. La modificación periódica se justifica porque esos estándares evolucionan en el tiempo. Por ejemplo, en el mediano plazo se prevé contar con mediciones de valor agregado que hoy no existen. Esto requerirá una renovación del instrumento de medición actual, que deberá cumplir con todos los requisitos que exige la LOCE para su aprobación, y la consiguiente reformulación del decreto supremo a que se refiere el inciso primero del artículo en comento.

Con todo, para no dejar enteramente al arbitrio del Ministerio de Educación la fijación de esos estándares, el articulado transitorio del proyecto establece aquéllos que se utilizarán durante la etapa inicial del sistema, basados en los puntajes SIMCE, a los que posteriormente se agregarán otros instrumentos, también estandarizados, como el SNED.

Se aclaró, además, que los estándares se refieren a los aprendizajes de los alumnos y representan líneas de corte de resultados SIMCE para clasificar a los establecimientos, mientras que los criterios específicos para la calificación de dichos resultados aluden a variables de contexto en las que se desempeñan los establecimientos, como la ruralidad, la modalidad de atención y otros elementos que dan cuenta de la realidad propia de cada cual, lo que permitiría hacer comparaciones entre escuelas de características similares.

La norma propuesta fue objetada por algunos miembros de la Comisión, en primer lugar, porque, pese a lo señalado, ella dispone que los estándares nacionales serán fijados por decreto supremo, lo cual resulta incompatible con la intención de incorporar en la LOCE, a través de la reforma constitucional actualmente en trámite, la obligación de que el Estado defina en ella los estándares de calidad para cada nivel de enseñanza y las consecuencias de su incumplimiento.

Hubo también discrepancias respecto de la forma de medir los resultados que se propone en el articulado transitorio, pues el SIMCE no da cuenta de los logros alcanzados a nivel de procesos, lo cual podría ser perjudicial para las escuelas que, pese a desarrollar buenas estrategias de enseñanzaaprendizaje, no puedan cumplir con los estándares mínimos que se les exijan.

Puesto en votación el artículo 8º, fue aprobado por 4 votos a favor y 3 votos en contra, pasando a ser artículo 10.

Reabierto posteriormente su debate, el diputado señor Montes formuló indicación para agregar al final del inciso segundo, en punto seguido, lo siguiente: “La calificación de los resultados educativos deberá aplicarse desde el primer año de subvención preferencial y en todos los niveles desde 1º a 8º básico.”.

Fue aprobada dicha indicación en forma unánime (8 votos a favor).

Además, se rechazó, por mayoría, una indicación orientada a modificar el inciso segundo de esta norma para que la fijación de los estándares nacionales de calidad de la educación sea efectuada en la ley y no en el reglamento.

Artículo 9º (pasa a ser 11).

Su inciso primero establece que el Ministerio de Educación deberá adecuar el mecanismo de evaluación de los resultados educativos, medidos conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Nº 18.962 [5], a objeto de permitir la clasificación, en las categorías que señala el artículo 7° (pasa a ser 9°), de aquellos establecimientos cuya matrícula de 4° básico sea insuficiente para efectos de realizar inferencias estadísticas confiables acerca de dichos resultados.

Su inciso segundo dispone que el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa que establece el artículo 6° (pasa a ser 8°), en el caso de los establecimientos educacionales del inciso anterior, deberá incluir, en aquellos casos en que sea posible, la obligación de funcionar como conjunto sistémico y articulado, o en red, con otros establecimientos de similares características y cercanía geográfica, conforme a los procedimientos que se establezcan en el reglamento de la ley en proyecto.

El Ejecutivo formuló una indicación para intercalar en el inciso primero, a continuación del ordinal “4º”, la frase “y 8º”, y la expresión “según corresponda”, después de la palabra “básico”.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por 4 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención, lo mismo que el artículo con ella, el cual pasa a ser 11.

En relación con esta norma, se planteó la necesidad de dar un tratamiento diferenciado a las escuelas rurales con respecto a las urbanas, pues aquéllas, a diferencia de éstas, necesitan desarrollar capacidades que hoy no poseen para poder mejorar sus resultados educativos.

Por otra parte, se objetó el hecho de que se pretenda obligar a las escuelas pequeñas, que son en su mayoría rurales, a trabajar en red, puesto que dicha estrategia podría no ser apropiada para todas ellas.

El Ejecutivo advirtió que la facultad de adecuar el mecanismo de evaluación de los resultados permitiría al Ministerio de Educación considerar precisamente variables tales como la ruralidad, las dificultades de traslado de los alumnos, el escaso número de éstos y otras, a fin de que la medición que se haga de ellos sea justa. El problema es que, para que los resultados sean representativos del aporte de la escuela a los aprendizajes, deben rendir el SIMCE a lo menos 20 alumnos, cosa que en las escuelas pequeñas no ocurre. De ahí la conveniencia de establecer para ellas un mecanismo de evaluación especial, que incorpore entre otros, sistemas de medición de valor agregado.

En cuanto al trabajo en red, explicó que su objeto es justamente formar equipos de profesores de establecimientos uni o bi docentes, a fin de generar capacidades que éstos no poseen.

Por las razones expresadas, previa reapertura del debate de la norma en comento, el Ejecutivo formuló posteriormente una indicación para incorporar en ella un nuevo inciso segundo del siguiente tenor, pasando el segundo primitivo a ser tercero:

“Adicionalmente, el Ministerio de Educación considerará las características de los establecimientos educacionales rurales uni, bi o tri docentes, así como aquellos multigrado o en situación de aislamiento, con el fin de orientar la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo de dichos establecimientos y brindarles apoyo y supervisión pedagógica especial, acorde con sus necesidades, ya sea otorgada por sí o mediante entidades técnicas pedagógicas registradas.”

Asimismo, por razones de concordancia, formuló indicación para reemplazar en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la frase “del inciso anterior” por “de los incisos precedentes”.

El diputado señor Rojas, por su parte, formuló indicación para reemplazar, en el nuevo inciso segundo propuesto, la expresión “entidades técnicas pedagógicas” por “entidades pedagógicas y técnicas de apoyo”, a fin de diferenciar estas instituciones de las unidades técnico-pedagógicas de los establecimientos educacionales.

Fue aprobada esta indicación por asentimiento unánime (6 votos a favor), acordándose por igual quórum hacer extensiva esta enmienda a todas las disposiciones y epígrafes de párrafos del proyecto que se refieran tanto a entidades técnico pedagógicas como a organismos colaboradores.

Ambas indicaciones del Ejecutivo fueron aprobadas también por unanimidad (6 votos a favor).

Finalmente, la Presidenta de la Comisión declaró inadmisible, por versar sobre materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, una indicación aditiva formulada al inciso segundo de este artículo.

Artículo 10 (pasa a ser 12).

Su inciso primero dispone que la postulación para ingresar al régimen de subvención escolar preferencial se realice en el mes de agosto de cada año, en la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación, para incorporarse a dicho régimen a partir del año escolar siguiente.

Su inciso segundo señala que la Secretaría Regional Ministerial de Educación, durante los meses de septiembre y octubre, analizará la situación de cada establecimiento educacional que haya postulado y procederá a su clasificación en la categoría que corresponda, de acuerdo al artículo 7° (pasa a ser 9°). Agrega que, cuando esa clasificación hubiere ocurrido previamente, según lo establece el artículo 66 de la Ley de Subvenciones, ésta será considerada como antecedente para los efectos de la postulación.

El diputado señor Bobadilla formuló una indicación para agregar al artículo en comento un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

"Con todo, si la Secretaría Regional Ministerial de Educación no emite pronunciamiento en cuanto a la clasificación de los establecimientos educacionales dentro del mes de octubre a que se refiere el inciso anterior, el establecimiento se entenderá clasificado como Establecimiento Educacional Autónomo."

Su objeto es consagrar el efecto positivo del silencio administrativo en la materia de que se trata.

Fue aprobada la indicación por asentimiento unánime (12 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, que pasa a ser 12, con la indicación, fue aprobado por 11 votos a favor y una abstención.

Posteriormente, previa reapertura de su debate, el Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el inciso segundo, entre las expresiones “Educación,” y “durante”, la frase “conforme lo disponga el reglamento,”, la cual fue aprobada por unanimidad (6 votos a favor).

Además, fue rechazada, por mayoría, una indicación para reemplazar, en el inciso primero, la palabra "agosto" por "octubre" y, en el inciso segundo, la expresión "septiembre y octubre" por "noviembre y diciembre".

Artículo 11 (pasa a ser 13).

Dispone que la resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación, que establezca la clasificación indicada en el artículo 7°, (pasa a ser 9º), será notificada en forma personal o mediante carta certificada al postulante, pudiendo ser apelada, ante el Subsecretario de Educación, dentro del plazo de 15 días desde la fecha de la notificación.

La diputada señora Vidal formuló indicación para agregar, a continuación de la expresión "15 días" la palabra "hábiles".

Fue aprobada por unanimidad, lo mismo que el artículo con ella (13 votos a favor), pasando a ser artículo 13.

Además, fue rechazada, por mayoría, una indicación que perseguía sustituir este artículo con el fin de eliminar la necesidad de notificar personalmente la resolución de la SEREMI respectiva y dar al sostenedor del establecimiento afectado la posibilidad de apelar administrativa y judicialmente de ella, especificando además los plazos para interponer, y fallar en su caso, los recursos correspondientes.

Artículo 12 (pasa a ser 14).

Señala que la subvención escolar preferencial tendrá el siguiente valor unitario mensual por alumno prioritario, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la categoría del establecimiento educacional establecida en la resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación, de acuerdo al artículo 7° (pasa a ser 9º):

Valor Subvención en USE

A. Establecimientos educacionales autónomos 1,4

B. Establecimientos educacionales emergentes 0,7

El Ejecutivo formuló indicación para sustituir las letras A y B por el cuadro siguiente:

Desde 1º nivel de transición de la educación parvularia hasta 4º año de la educación general básica 5º y 6º año básico 7º y 8º año básico

A: Establecimientos educacionales autónomos 1,4 0,93 0,47

B: Establecimientos educacionales emergentes 0,7 0,465 0,235

Fue aprobada esta indicación por unanimidad (7 votos a favor).

Puesto en votación el artículo fue aprobado también por asentimiento unánime (12 votos a favor), pasando a ser 14.

Además, la Presidenta de la Comisión declaró inadmisibles dos indicaciones, por incidir en materias que son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. La primera, para reemplazar este artículo (creando un mayor gasto fiscal por aumento del monto de la subvención preferencial) y, la segunda, para agregar en este artículo un inciso segundo, nuevo (asignando una nueva función al Ministerio de Educación).

Artículo 13 (pasa a ser 15).

Su inciso primero señala que los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes percibirán mensualmente la subvención preferencial establecida en esta ley, agregando que su monto se determinará multiplicando el valor que corresponda conforme al artículo anterior por la asistencia media promedio de los alumnos prioritarios durante los tres meses precedentes al pago.

Su inciso segundo establece que, en los meses no comprendidos en el año escolar y en el primer mes del año referido, se empleará el procedimiento establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la Ley de Subvenciones, aplicado a los alumnos prioritarios. Asimismo, respecto a la suspensión de clases o actividades escolares por un mes calendario, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo citado.

La Comisión estimó necesario revisar a futuro el sistema de cálculo de la subvención preferencial, pues, al estar dirigida a los alumnos más vulnerables del sistema, que son los que registran mayores índices de ausentismo escolar, el pago por asistencia promedio de los mismos no parece ser el mecanismo más adecuado, máxime cuando tales recursos deben destinarse a financiar un plan de mejoramiento educativo que requiere estabilidad en el tiempo.

El Ejecutivo se mostró dispuesto a acoger esta sugerencia, contemplando algún grado de tolerancia frente al ausentismo de los alumnos prioritarios, tal como se establece actualmente para el pago de la subvención escolar base, en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales o pertenecientes a escuelas rurales.

Sin perjuicio de lo señalado, el Ejecutivo formuló indicación para agregar en este artículo un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor:

“El procedimiento de cálculo de la subvención a que se refieren los incisos anteriores de este artículo, será aplicable para el cálculo de todos los otros aportes a establecimientos educacionales que establece esta ley.”

Fue aprobada la indicación por 8 votos a favor y cuatro abstenciones, lo mismo que el artículo con ella, el cual pasa a ser 15.

Reabierto con posterioridad su debate, el Ejecutivo formuló una nueva indicación para sustituir en el inciso tercero la frase “todos los otros aportes a establecimientos educacionales que establece esta ley” por “los aportes a establecimientos educacionales emergentes que establece esta ley”, siendo ésta aprobada por asentimiento unánime (7 votos a favor).

Además, la Presidenta de la Comisión declaró inadmisible una indicación para sustituir el inciso primero de este artículo, por estimar que la nueva redacción propuesta modifica la base de cálculo de la subvención preferencial, gravitando en el costo financiero del proyecto.

Artículo 14 (pasa a ser 16).

Su inciso primero dispone que los establecimientos incorporados al régimen de subvención preferencial serán sometidos por el Ministerio de Educación a una supervisión permanente de su desempeño en los aspectos pedagógicos y a un control del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley, de acuerdo a los procedimientos, periodicidad e indicadores que especifique el reglamento de la misma.

Su inciso segundo establece que los resultados de la evaluación del quinto o anteriores años, según corresponda a la categoría en que se encuentre el establecimiento, serán notificados durante el año escolar siguiente a la última medición usada para la evaluación. Esta nueva clasificación se hará efectiva a contar del año escolar inmediatamente siguiente al de la notificación y, durante el año de la reclasificación, el establecimiento mantendrá la anterior categoría.

El Ejecutivo formuló indicación para modificar este artículo en el sentido de agregar en su inciso primero, a continuación de la palabra “supervisión”, la frase “y apoyo”, y reemplazar en su inciso segundo la palabra “quinto” por “tercer”.

Ella obedece, por una parte, a la necesidad de explicitar que la autoridad deberá acompañar a los establecimientos educacionales en el proceso de mejoramiento de su desempeño, no limitándose únicamente a controlar y sancionar. La segunda enmienda, en tanto, apunta a concordar el plazo fijado en esta norma con el de la duración del convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.

Fue aprobada esta indicación por unanimidad (7 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención, pasando a ser 16.

Adicionalmente, fue rechazada por mayoría una indicación para suprimir este artículo, por objetar su autor la cantidad de elementos cuya regulación queda entregada al reglamento, además del rol extremadamente intervencionista que se asigna al Ministerio de Educación.

Párrafo 2°

Se refiere a los “Establecimientos Educacionales Autónomos”.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar en su epígrafe, a continuación de la palabra “Autónomos”, la frase “con evaluación del Ministerio de Educación o Entidades Técnico Pedagógicas Registradas”.

Fue aprobada por asentimiento unánime (7 votos a favor), con la enmienda de reemplazar las palabras “Técnico Pedagógicas” por “Pedagógicas y Técnicas de Apoyo”, conforme al acuerdo adoptado con motivo de la aprobación del artículo 9º, que pasa a ser 11.

Artículo 15 (pasa a ser 17).

Su inciso primero señala que, en los establecimientos autónomos, se evaluará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, en especial la de retención de los alumnos prioritarios con dificultades académicas y la de cumplimiento de los logros académicos de todos los alumnos, conforme a los resultados obtenidos en las mediciones de carácter nacional aplicados al 4° año de educación general básica, durante el periodo a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 18.962 [6].

Su inciso segundo agrega que la evaluación de estos establecimientos, según los logros académicos antes referidos, se realizará por el Ministerio de Educación al menos cada 5 años.

Su inciso tercero establece que, si el resultado de esa evaluación, en lo referido a los logros académicos, indica que los establecimientos clasificados como autónomos han cumplido con las obligaciones del inciso anterior, mantendrán dicha categoría. En caso contrario, pasarán a la categoría de emergentes o de establecimientos en recuperación a que se refiere el párrafo 4° del Título I del proyecto.

En relación con este artículo, se estimó necesario evaluar la marcha de los convenios celebrados por los sostenedores, a lo menos, cada dos años, e incorporar otras mediciones, pues el SIMCE es insuficiente para determinar si un establecimiento ha readecuado sus procesos para atender a los alumnos prioritarios, más allá de los logros académicos que éstos obtengan.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ejecutivo formuló indicación para intercalar en el inciso primero de este artículo, a continuación del ordinal “4º”, la expresión “y 8º” y, a continuación de la palabra “básica”, seguida de una coma (,), la frase "según corresponda”.

Fue aprobada por asentimiento unánime (12 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, que pasa a ser 17, con la indicación del Ejecutivo, fue aprobado por 9 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

Con posterioridad, previa reapertura de su debate, el Ejecutivo formuló indicación para reemplazar, en el inciso segundo, el guarismo “5” por “3”, a objeto de armonizar el plazo establecido en éste con el fijado para la duración del convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.

Fue aprobada esta indicación por unanimidad (8 votos a favor).

Además fue rechazada, por mayoría, una indicación para agregar un nuevo inciso, con el objeto de generar un incentivo para que todos los establecimientos traten de obtener buenos resultados, de modo que aquéllos que durante un periodo cuatro años hagan bien las cosas, adquieran plena autonomía para desarrollar sus proyectos educativos.

Párrafo 3°

Se refiere a los “Establecimientos Educacionales Emergentes”.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar en su epígrafe, a continuación de la palabra “Emergentes”, la frase “con apoyo a la Dirección del establecimiento de parte del Ministerio de Educación o Entidades Técnico Pedagógicas Registradas”.

Fue aprobada por asentimiento unánime (7 votos a favor), con la enmienda de reemplazar las palabras “Técnico Pedagógicas” por “Pedagógicas y Técnicas de Apoyo”, conforme al acuerdo adoptado con motivo de la aprobación del artículo 9º, que pasa a ser 11.

Artículo 16 (pasa a ser 18).

Dispone que el sostenedor del establecimiento educacional clasificado como emergente deberá asumir los compromisos adicionales que a continuación se indican, los que, una vez suscritos, quedarán incorporados al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa:

1. Elaborar durante el primer año una Estrategia de Mejoramiento Educativo, la que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Educación, para ser ejecutada en un plazo máximo de 4 años.

Esta Estrategia deberá contener al menos:

a) Un diagnóstico de la situación inicial del establecimiento y del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos, así como una evaluación respecto de los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta el establecimiento.

b) Un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el transcurso de la ejecución de la Estrategia. En todo caso, al cumplirse el plazo de ejecución de la Estrategia, el establecimiento educacional deberá lograr los estándares nacionales de aprendizaje.

2. Coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios.

3. Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar.

El Ejecutivo formuló indicación para modificar este artículo como sigue:

a) Agregar en el encabezado de su inciso primero, a continuación de la palabra “deberá”, la frase “cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el artículo 6º bis y”.

b) Reemplazar en el numeral 1) la frase “Estrategia de Mejoramiento Educativo, la” por “Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales emergentes que profundice el Plan presentado de acuerdo al artículo 6º bis, el”.

c) Reemplazar en su numeral 1) la frase “Esta Estrategia” por “Este Plan”.

d) Reemplazar en su numeral 1), letra b), la frase “de la Estrategia” por “del Plan”, las dos veces que aparece.

e) Eliminar en su numeral 1), letra b), la expresión “de aprendizaje”.

Las enmiendas propuestas responden a la necesidad de armonizar esta disposición con el nuevo artículo 6º bis, que pasa a ser 8º, el cual enumera las acciones de mejoramiento educativo que podrán comprender los planes que presenten los sostenedores, además de uniformar la denominación de éstos, distinguiendo entre los diseñados para establecimientos emergentes y en recuperación.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad (6 votos a favor), lo mismo que el artículo con ella, que pasa a ser 18.

Además, fueron rechazadas, por mayoría, dos indicaciones formuladas al Nº 1 de este artículo.

Artículo 17 (pasa a ser 19).

Su inciso primero señala que los establecimientos educacionales calificados como emergentes, que cuenten con una proporción de alumnos prioritarios superior al 15% de la matrícula de alumnos, considerada ésta desde 1° nivel de transición de educación parvularia hasta 4° año de educación general básica, tendrán derecho a percibir, a partir del inicio de la ejecución de la Estrategia de Mejoramiento Educativo, un aporte adicional de recursos para contribuir al financiamiento de dicha Estrategia.

Su inciso segundo dispone que, para la implementación de la Estrategia a que se refiere el inciso anterior, los establecimientos allí señalados podrán utilizar los recursos adicionales para contratar servicios de apoyo de una entidad externa con capacidad técnica al respecto, la que en todo caso deberá estar inscrita en el registro indicado en el artículo 26 (pasa a ser 29).

Su inciso tercero señala que la suma anual de los recursos que reciban los establecimientos emergentes por la aplicación de la letra B del artículo 12 (pasa a ser 14) y el aporte adicional a que se refiere este artículo, no podrá superar lo que le correspondería recibir al mismo establecimiento si éste estuviera en la categoría de Autónomo.

Finalmente, su inciso cuarto dispone que el reglamento a que alude el artículo 3° establecerá los criterios para determinar el monto del aporte adicional.

El Ejecutivo formuló a este artículo las siguientes indicaciones:

Al inciso primero, para sustituirlo por el siguiente:

“Los establecimientos educacionales clasificados como Emergentes tendrán derecho a percibir, para el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo para emergentes a que se refiere el artículo anterior, un aporte adicional de recursos para contribuir al financiamiento de dicho Plan, que será objeto de un convenio complementario.”.

El nuevo texto propuesto extiende el aporte adicional de recursos que contempla la norma a todas las escuelas clasificadas como emergentes, sin considerar el grado de concentración de alumnos prioritarios matriculados en ellas, además de cambiar la denominación de la estrategia de mejoramiento educativo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo anterior.

Fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor).

Al inciso segundo, para reemplazar en él, por razones de concordancia, la frase “de la Estrategia” por “del Plan”.

Fue aprobada también por unanimidad (8 votos a favor).

Al inciso tercero, para reemplazar la expresión "no podrá superar" por "será equivalente a".

Esta enmienda permite que el aporte de que trata la norma sea igual al monto de la subvención preferencial que percibirán las escuelas emergentes (0,7 USE), totalizando ambas sumas una cantidad similar a la que recibirán las escuelas autónomas (1,4 USE).

Fue aprobada por 6 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención.

Al mismo inciso tercero, para agregar a continuación del punto final, que se sustituye por una coma (,), la frase “por los niveles que se especifica en el inciso siguiente.”.

Fue aprobada unánimemente (8 votos a favor).

Para agregar el siguiente inciso cuarto, nuevo:

"Este aporte adicional será de 0,7 USE por los alumnos que cursen entre primer y segundo año de transición de la educación parvularia y 4º año de la educación general básica. No obstante lo anterior, durante el primer año de vigencia del convenio se entregará un tercio de este aporte adicional mensual por alumno prioritario para financiar la obligación establecida en el Nº 1 del artículo 16 (pasa a ser 18), recibiendo los dos tercios restantes una vez que sea aprobada la Estrategia de Mejoramiento Educativo, pagándose este último con efecto retroactivo calculado desde el mes siguiente al acto de aprobación del convenio a que se refiere el artículo 6º (pasa a ser 7°).”

Fue aprobada por 8 votos a favor y tres abstenciones, con la enmienda de reemplazar en su texto la preposición "entre" por "desde" e intercalar en el mismo, entre los términos "y" y "4º", la preposición "hasta".

Al inciso cuarto, nuevo, para agregar, a continuación de la expresión “educación general básica”, precedida de una coma, la frase “y de 0,465 USE en el caso de los alumnos que cursen 5º y 6º de la educación general básica y de 0,235 USE por los alumnos que cursen 7º y 8º año de la educación general básica.”; y para dejar como nuevo inciso quinto el párrafo que sigue a ésta, a partir de la frase “No obstante lo anterior”.

Fue aprobada en forma unánime (8 votos a favor).

Al nuevo inciso quinto resultante de la indicación anterior, para sustituirlo por el siguiente:

“No obstante lo anterior, durante el primer año de vigencia del convenio se entregará a los sostenedores de los establecimientos educacionales que no cuenten con un plan aprobado por el Ministerio de Educación, un tercio del aporte adicional mensual a que se refiere el inciso anterior, para financiar la obligación establecida en el Nº 1 del artículo 16, recibiendo del Ministerio de Educación los dos tercios restantes una vez que sea aprobado el Plan de Mejoramiento Educativo, pagándose éste último con efecto retroactivo calculado desde el mes siguiente al acto de aprobación del convenio a que se refiere el artículo 6º.”

Fue igualmente aprobada por unanimidad (8 votos a favor).

Para agregar el siguiente inciso sexto, nuevo:

“A contar del segundo año de vigencia del convenio, el aporte a que se refiere el inciso anterior se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han efectuado conforme a la Estrategia de Mejoramiento Educativo aprobada."

Fue aprobada por 8 votos a favor y tres abstenciones.

Al nuevo inciso sexto, para reemplazar, por razones de concordancia, la frase “a la Estrategia de Mejoramiento Educativo aprobada” por “al Plan de Mejoramiento Educativo aprobado”.

Fue aprobada por asentimiento unánime (8 votos a favor).

Por su parte, el diputado señor Kast formuló indicación para intercalar un nuevo inciso, que pasa a ser séptimo, del siguiente tenor:

"De la resolución a que se refiere el inciso anterior podrá apelarse dentro de los quince días hábiles siguientes a su emisión ante el Subsecretario de Educación, disponiendo éste de igual plazo para pronunciarse sobre la apelación."

Fue aprobada en forma unánime (11 votos a favor).

Finalmente, el Ejecutivo formuló las siguientes indicaciones:

Al primitivo inciso cuarto, que pasa a ser octavo, para reemplazar la frase "los criterios para determinar el monto del aporte adicional" por "el modo y la oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas".

Esta enmienda remite al reglamento la regulación del sistema de accountability a que está sujeto el aporte adicional.

Fue aprobada por 8 votos a favor, 1 voto en contra y cuatro abstenciones.

Para incorporar el siguiente inciso final, nuevo:

"Mediante decreto del Ministerio de Educación, que llevará además la firma del Ministro de Hacienda, se fijará anualmente el monto en pesos del aporte adicional y de las proporciones de dicho aporte a que se refiere el inciso cuarto.".

Permite determinar año a año el equivalente en pesos del aporte adicional, fijado en USE, que recibirá cada sostenedor en virtud del artículo en comento.

Fue aprobada por asentimiento unánime (13 votos a favor).

En relación con los incisos cuarto, quinto y sexto, cabe hacer presente que fue rechazada, por mayoría de votos, una indicación que apuntaba a modificarlos.

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones aprobadas precedentemente, fue aprobado a su vez por 9 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención, pasando a ser artículo 19.

Artículo 18 (pasa a ser 20).

Señala que el Ministerio de Educación realizará una supervisión pedagógica a los establecimientos emergentes que desarrollan su estrategia de mejoramiento educativo.

Su inciso segundo agrega que, asimismo, el Ministerio de Educación evaluará anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa por el sostenedor para cada establecimiento educacional emergente.

Se explicó que la supervisión pedagógica, contemplada también en el artículo 14 (pasa a ser 16), es un proceso permanente durante el cual se evaluará el cumplimiento de las metas que los propios establecimientos han asumido, en lo que respecta a las prácticas pedagógicas que utilicen, a los planes y programas que apliquen en las áreas más críticas de su desarrollo y a la forma en que hayan incorporado temas tales como el perfeccionamiento docente, la planificación de clases, etcétera. Fruto de ello, se podrán emitir informes periódicos y hacer recomendaciones a los sostenedores para que mejoren su gestión, facilitando al mismo tiempo la evaluación anual de su desempeño. Esta supervisión la efectuará el Ministerio de Educación directamente o a través de las entidades a que alude el artículo 26 (pasa a ser 29). Para los efectos de la supervisión directa, se ha incorporado en el proyecto de ley de presupuestos del año 2007 una partida para la contratación de personal especializado, que se destinará a aquellas zonas con mayor concentración de establecimientos que atienden a niños vulnerables.

El Ejecutivo formuló indicación al inciso primero de este artículo, para reemplazar en él, por razones de concordancia, la palabra “Estrategia” por “Plan”.

Fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor).

El diputado señor Errázuriz formuló a su vez indicación para agregar en el inciso segundo, a continuación de la palabra "emergente", reemplazando el punto final por una coma, la frase "debiendo entregar su informe al respectivo establecimiento.".

Su objeto es que se ponga en conocimiento del establecimiento el informe de la evaluación anual que emita el Ministerio de Educación, para que el sostenedor pueda formular sus descargos.

Fue aprobada esta indicación por 10 votos a favor y dos abstenciones.

Puesto en votación el artículo, con la indicación precedente, fue aprobado por 8 votos a favor y 4 votos en contra, pasando a ser artículo 20.

Además, fueron rechazadas, por mayoría, dos indicaciones. La primera, para enmendar el inciso primero, incorporando una referencia a las Unidades Técnico-pedagógicas de los establecimientos, a fin de reconocer el importante rol que deben cumplir en materia de supervisión interna de los planes y programas de estudio de cada establecimiento. La segunda, para sustituir el artículo a fin hacer hincapié en que lo importante es evaluar los resultados y el cumplimiento de los compromisos del sostenedor, más que supervisar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Artículo 19 (pasa a ser 21).

Dispone que, si las evaluaciones señaladas en el artículo anterior, en lo referido a logros académicos, indican que un establecimiento educacional emergente ha logrado los estándares nacionales de la categoría de establecimientos autónomos a que se refiere el artículo 8° (pasa a ser 10), el sostenedor podrá solicitar al Ministerio de Educación que dicho establecimiento sea clasificado en esa categoría a partir del año escolar siguiente, conforme al procedimiento que para este efecto fije el reglamento.

Los diputados señores Bobadilla, Errázuriz, Montes, Silber, Vallespín y Verdugo, y señoras Tohá y Vidal, formularon una indicación para reemplazar en este artículo la frase "a partir del año escolar siguiente" por "debiendo el Ministerio responder dentro del plazo de quince días hábiles, transcurrido el cual, si no lo hiciere, se entenderá aceptada la solicitud".

Ello, con el objeto de permitir la reclasificación de los establecimientos emergentes en la categoría de autónomos dentro del plazo más breve posible, sin necesidad de esperar hasta el año escolar siguiente a aquél en que se verifiquen los resultados que hagan procedente la reclasificación, además de consagrar el efecto positivo del silencio administrativo en esta materia.

Fue aprobada la indicación precedente por unanimidad (8 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado igualmente por asentimiento unánime (8 votos a favor), con la enmienda adicional de sustituir en él la forma verbal "logrado" por "alcanzado", por motivos de redacción.

Párrafo 4°

Establecimientos Educacionales en Recuperación

Los diputados señores Montes, Paredes, Silber y señora Tohá formularon una indicación para agregar, en el epígrafe del párrafo cuarto, a continuación de la expresión "en Recuperación", la frase "con Apoyo Integral a su Desarrollo y Funcionamiento por parte del Ministerio de Educación u Organismos Colaboradores".

El objeto del cambio de denominación de esta categoría de escuelas es especificar el tipo de relación que mantendrá cada una de ellas con la autoridad educacional.

Fue aprobada la indicación en comento por unanimidad (5 votos a favor), lo mismo que el epígrafe del párrafo cuarto con ella, con el acuerdo complementario de sustituir en éste la frase “u Organismos Colaboradores” por “o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo Registradas”, por razones de concordancia.

Artículo 20 (pasa a ser 22).

El inciso primero de este artículo dispone que el Ministerio de Educación, mediante resolución del Secretario Regional Ministerial respectivo, clasificará como establecimientos educacionales en recuperación a aquéllos autónomos o emergentes, incorporados al régimen de subvención preferencial, que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de acuerdo a los instrumentos diseñados para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.962 [7] y de conformidad a los estándares nacionales que se determinen para los establecimientos educacionales emergentes. Agrega la norma que se entenderá por resultados reiteradamente deficientes no cumplir, a lo menos durante dos años, con los estándares nacionales de acuerdo a lo señalado en el artículo 8° (pasa a ser 10).

Su inciso segundo obliga a clasificar también como establecimientos educacionales en recuperación a los emergentes que, en el plazo de un año contado desde la suscripción del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, no cuenten con la Estrategia de Mejoramiento Educativo señalada en el artículo 16 (pasa a ser 18). Igual clasificación se impone a aquellos establecimientos educacionales que, teniendo una Estrategia aprobada, no la apliquen, situación que será verificada por el Ministerio de Educación en la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo 18 (pasa a ser 20).

Su inciso tercero previene que la clasificación de un establecimiento en la categoría en recuperación podrá ser efectuada sólo a partir del segundo año de suscrito el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, salvo que se trate de un establecimiento que deba entrar en esa categoría de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 [8] de la Ley de Subvenciones.

Finalmente, su inciso cuarto, declara que el establecimiento clasificado en la categoría en recuperación mantendrá dicha clasificación y estará sujeto a las obligaciones que le impone esta ley durante tres años, contados desde el año escolar siguiente a aquél en que haya sido incorporado en tal categoría.

El diputado señor Bobadilla, con el objeto de evitar que un establecimiento que obtenga resultados deficientes en dos años no consecutivos caiga en la categoría en recuperación, desconociéndose el esfuerzo desplegado en el periodo intermedio para mejorar la calidad de su enseñanza, formuló una indicación para intercalar en el inciso primero, a continuación del vocablo "años", la palabra "consecutivos".

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por 3 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención.

Asimismo, el diputado señor Bobadilla formuló una indicación para intercalar en el inciso segundo, a continuación de la palabra "Educación", la frase "mediante resolución fundada", con el propósito de exigir que la circunstancia de no contar el sostenedor con el plan de mejoramiento educativo respectivo se verifique razonadamente por el Ministerio de Educación.

Puesta en votación esta segunda indicación, fue aprobada por 4 votos a favor y una abstención.

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones aprobadas, fue también aprobado por unanimidad (5 votos a favor), pasando a ser artículo 22.

Reabierto el debate del artículo con posterioridad, el Ejecutivo formuló las siguientes indicaciones:

Al inciso primero, para eliminar la expresión “autónomos o emergentes” y para reemplazar la última oración por la siguiente:

“Se entenderá por resultados reiteradamente deficientes el no cumplir con los estándares nacionales considerando a lo menos las últimas 3 mediciones realizadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 8º de la presente ley”.

Al inciso segundo, para reemplazar la frase “la Estrategia de Mejoramiento Educativo señalada” por “el Plan de Mejoramiento Educativo señalado”; agregar a continuación de la expresión “establecimientos educacionales”, la segunda vez que aparece, la palabra “emergentes”, y sustituir la expresión “una Estrategia aprobada, no la apliquen”, por “un Plan aprobado, no lo apliquen”.

Al inciso tercero, para sustituir la expresión “del segundo año” por “del segundo semestre del primer año”.

Todas ellas fueron aprobadas por asentimiento unánime (8 votos a favor).

Además, fueron rechazadas, por mayoría, tres indicaciones. La primera, para concordar el inciso primero con el proyecto de reforma constitucional que exigiría establecer los estándares nacionales de calidad en la LOCE; la segunda, al inciso tercero, para eliminar la categoría de establecimientos con necesidad de medidas especiales, atendido lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Subvenciones [9], que priva a éstos del derecho a impetrar aún la subvención general base, a menos que se incorporen al régimen de subvención preferencial como escuelas en recuperación; y la tercera, al inciso final, para reducir el plazo de permanencia de los establecimientos en la categoría en recuperación.

Asimismo, fue rechazada por unanimidad una indicación parlamentaria destinada a definir el concepto de “resultados reiteradamente deficientes”.

Artículo 21 (pasa a ser 23).

Dispone que la resolución que declare a un establecimiento educacional en la categoría en recuperación, conforme lo señalado en el artículo anterior, pondrá término al derecho a impetrar la subvención preferencial por parte del sostenedor del establecimiento, a partir del año escolar siguiente.

Su inciso segundo agrega que dicha resolución será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor y podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación dentro del plazo de 15 días desde la fecha de su notificación.

Se advirtió que esta norma debe relacionarse con lo dispuesto en el artículo 23 (pasa a ser 26), el cual otorga a los sostenedores de los establecimientos que hayan perdido el derecho a impetrar la subvención preferencial, por haber sido clasificados en la categoría en recuperación, el derecho de percibir a cambio un aporte económico extraordinario para diseñar y llevar a cabo el plan de mejoramiento educativo y cumplir las demás obligaciones a que se refiere el artículo 22 (pasa a ser 25).

Al efecto, la diputada señora Tohá formuló indicación para agregar en el inciso primero, a continuación de la palabra "siguiente", la frase "sin perjuicio del aporte a que se refiere el artículo 23", precedida de una coma (,).

Fue aprobada por asentimiento unánime (4 votos a favor).

La diputada señora Vidal formuló indicación para intercalar en el inciso segundo, a continuación de la expresión "15 días" la palabra "hábiles".

Fue aprobada también por unanimidad (5 votos a favor), acordándose introducir igual enmienda en otras disposiciones del proyecto que fijen plazo para emitir algún acto administrativo o reclamar de él.

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones aprobadas anteriormente, fue igualmente aprobado en forma unánime (4 votos a favor), pasando a ser artículo 23.

Además, fueron rechazadas, por unanimidad y sin debate, una indicación sustitutiva de este artículo y, otra, en subsidio de aquella, para modificarlo.

Artículo 21 bis (pasa a ser 24), nuevo.

El Ejecutivo formuló indicación para incorporar el siguiente artículo 21 bis, nuevo:

“Las escuelas que sean clasificadas en Recuperación, en relación con lo establecido en el artículo 20 (pasa a ser 22), y que hayan apelado de ello de conformidad al artículo 21 (pasa a ser 23), serán evaluadas por un panel de expertos con el objetivo de emitir un informe respecto de dicha clasificación, el cual deberá ser considerado por el Subsecretario de Educación al resolver la apelación. Este panel tomará en cuenta los antecedentes de las escuelas evaluadas y otros relevantes a juicio del panel.

Este panel estará conformado por tres expertos, designados uno por el Ministerio de Educación, otro por el sostenedor del establecimiento y otro por una entidad evaluadora externa de aquellas a que se refiere el artículo 26 (pasa a ser 29) de esta ley.”.

Fue aprobada la indicación en forma unánime (8 votos a favor), pasando el artículo a ser 24.

Artículo 22 (pasa a ser 25).

Señala que los sostenedores de los establecimientos educacionales en recuperación tendrán las siguientes obligaciones:

1) Lograr los estándares nacionales correspondientes a la categoría emergentes en un plazo máximo de tres años a partir del año escolar siguiente a la resolución del artículo anterior.

2) Cumplir el Plan de Reestructuración que establezca un Equipo Tripartito conformado por un representante del Ministerio de Educación, por el sostenedor, o un representante que éste designe, y por una entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, de aquéllas incorporadas en el registro a que se refiere el artículo 26 (que pasa a ser 29).

Dicho Plan surgirá de un Informe de Evaluación de la Calidad Educativa del establecimiento propuesto por la entidad externa antes referida.

El Plan de Reestructuración abarcará tanto el área administrativa y de gestión del establecimiento como el proceso de enseñanza y aprendizaje y sus prácticas y deberá estar elaborado antes del inicio del año escolar siguiente al de la dictación de la resolución a que se refiere el artículo 20 (que pasa a ser 22).

3) Aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el Plan.

En caso de proponerse la reestructuración del equipo de docentes directivos, técnico-pedagógicos o de aula, a fin de superar las deficiencias detectadas por el Informe de Evaluación de la Calidad Educativa en el personal del establecimiento, el sostenedor podrá aplicar las siguientes medidas, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como menoscabo para los docentes:

a) Redestinación de tareas y/o funciones;

b) Destinación del docente a otro establecimiento del mismo sostenedor que tenga la calificación de autónomo o emergente;

c) Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes, pudiendo recurrirse para ello a la totalidad o parte de la jornada laboral contratada.

Dichas medidas deberán adoptarse teniendo en consideración el grado de deficiencia que debe superarse y de acuerdo a las posibilidades del sostenedor, incluido el aporte extraordinario a que se refiere el artículo siguiente.

El Ejecutivo formuló indicación al encabezamiento de este artículo para agregar, a continuación de la frase “en Recuperación”, lo siguiente: “deberán cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el artículo 6º bis. Además”.

Fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor).

En relación con el Nº 1 de este artículo, el Ejecutivo formuló indicación para agregar en él, a continuación de la palabra “anterior”, la frase: “mejorando el rendimiento académico de los alumnos prioritarios”, seguida de una coma (,).

Su objeto es que el logro de los estándares nacionales que permita a los establecimientos en recuperación pasar a la categoría de autónomos se base primordialmente en el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos más vulnerables.

Fue aprobada por unanimidad (5 votos a favor).

Con respecto al Nº 2, el Ejecutivo formuló indicación para reemplazar en él, por razones de concordancia, la palabra “Reestructuración”, las dos veces que aparece, por la frase “Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en Recuperación”.

Fue aprobada también por unanimidad (8 votos a favor).

En relación con las medidas contempladas en el Nº 3, se explicó que ellas se encuentran ya autorizadas por el Estatuto Docente, pero se las ha incluido aquí para permitir al Ministerio de Educación negociar y forzar de alguna manera su aplicación a través del plan de mejoramiento educativo diseñado por el equipo tripartito del cual formarán parte tanto el sostenedor como el Ministerio o sus representantes.

La Comisión estimó necesario obligar a los sostenedores de los establecimientos en recuperación a adoptar a lo menos una de las medidas contempladas en el Nº 3 de la norma en comento.

Con tal objeto, el diputado señor Errázuriz formuló indicación para reemplazar, en el párrafo segundo de dicho numeral, la forma verbal "podrá" por "deberá" y agregar, a continuación de la palabra "aplicar", la frase "alguna o algunas de".

Fue aprobada en forma unánime (4 votos a favor).

La diputada señora Vidal, a objeto de evitar que el sostenedor se excuse de adoptar medidas de reestructuración aduciendo que no tiene posibilidades de hacerlo, formuló una indicación para eliminar el párrafo final del Nº 3.

Fue aprobada esta indicación por asentimiento unánime (4 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones aprobadas, fue también aprobado por unanimidad (5 votos a favor), pasando a ser artículo 25.

Además, se rechazó, por unanimidad, una indicación que propone agregar una letra d), nueva, en el Nº 3 de este artículo, para incorporar como medida de reestructuración el ofrecimiento de la renuncia al docente.

Artículo 23 (pasa a ser 26).

Su inciso primero señala que los sostenedores de los establecimientos educacionales declarados en recuperación recibirán, a partir del año escolar siguiente a la resolución a que se refiere el artículo 20, un aporte económico extraordinario de carácter transitorio, dispuesto por el Ministerio de Educación, para diseñar y llevar a cabo las actividades señaladas en el artículo anterior.

Su inciso segundo agrega que la suma anual de este aporte extraordinario no podrá ser superior al monto que le correspondería al establecimiento educacional, si se le aplicara la subvención establecida en la letra B del artículo 12 (que pasa a ser 14) de esta ley, por los alumnos prioritarios matriculados en el primer trimestre del año escolar, considerando el porcentaje de la asistencia media efectiva de los alumnos prioritarios registrada en los meses del año escolar inmediatamente anterior.

Por último, su inciso tercero dispone que estos recursos deberán ser aplicados a medidas de mejoramiento contenidas en el Plan de Reestructuración mencionado en el artículo anterior, y que la rendición de estos recursos deberá ser visada por la entidad externa.

Durante el debate de la iniciativa, este artículo fue objeto de las siguientes indicaciones:

Del Ejecutivo, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“Para diseñar y llevar a cabo las actividades señaladas en el artículo anterior, el Ministerio de Educación dispondrá de un aporte económico extraordinario de carácter transitorio para los sostenedores de los establecimientos educacionales declarados en Recuperación a que se refiere el artículo 20.”

De la diputada señora Tohá, para eliminar en el nuevo texto del inciso primero la expresión “de carácter transitorio".

Fue aprobada la indicación precedente en forma unánime (11 votos a favor).

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, con la indicación parlamentaria, fue aprobada por 7 votos a favor y cuatro abstenciones.

Del Ejecutivo, para sustituir en el inciso segundo la frase “no podrá ser superior” por “será equivalente”; remplazar en el mismo la expresión “letra B” por “letra A”, e intercalar, a continuación del vocablo “matriculados”, la frase “entre el primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia y el 4º año de la educación general básica”.

Del diputado señor Errázuriz, para reemplazar, por motivos de redacción, la frase que se propone intercalar en el inciso segundo por “desde el primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia y hasta el 4º año de la educación general básica”.

Ambas indicaciones fueron aprobadas unánimemente (10 votos a favor).

Del Ejecutivo, para intercalar en el inciso segundo, entre las expresiones “por” y “los”, la frase “el promedio de” y para sustituir la frase “desde el primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia y hasta el 4º año de la educación general básica” por “en los niveles correspondientes”.

Previa reapertura del debate de la norma, fue aprobada esta indicación por asentimiento unánime (8 votos a favor).

Del Ejecutivo, para eliminar en el inciso tercero, por razones de concordancia, la frase “de Reestructuración”.

Fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor).

Del Ejecutivo, para agregar un nuevo inciso cuarto del siguiente tenor:

“Este aporte será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan de reestructuración aprobado.”

Del diputado señor Bobadilla, para intercalar en el nuevo inciso cuarto, a continuación de la expresión “certifique”, la frase “mediante resolución fundada”, entre comas.

Fue aprobada la indicación precedente por 8 votos a favor y tres abstenciones.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, con la indicación parlamentaria, fue aprobada por 9 votos a favor, 1 voto en contra y dos abstenciones.

Del Ejecutivo, para intercalar en el inciso cuarto, luego de la expresión “Este aporte”, la frase “será entregado en cuotas mensuales, iguales y sucesivas, y” y para eliminar, por razones de concordancia, la frase “de Reestructuración”.

Previa reapertura del debate de la norma, fue aprobada la indicación por unanimidad (8 votos a favor).

Del Ejecutivo, para agregar un nuevo inciso quinto del siguiente tenor:

“En todo caso, un alumno prioritario que se traslade durante el año escolar de un establecimiento en recuperación a cualquier otro, no dará derecho a impetrar la subvención preferencial ni los aportes de los artículo 17 y 23 (pasan a ser 19 y 26) en el nuevo establecimiento, durante ese año.”

Fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor).

Del Ejecutivo, para añadir el siguiente inciso nuevo, que pasa a ser sexto:

“El reglamento a que alude el artículo 3º establecerá el modo y la oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas.”.

Fue aprobada por 8 votos a favor, 2 votos en contra y dos abstenciones.

Del Ejecutivo, para incorporar el siguiente inciso final nuevo:

“Durante el primer año de incorporación de un establecimiento educacional al régimen de subvención preferencial, el monto a que se refiere el inciso primero será determinado según la fórmula establecida en el inciso segundo, dividido por doce y multiplicado por el número de meses que resten del año, contados desde el mes siguiente a la firma del convenio complementario.”.

Fue aprobada en forma unánime (8 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones, fue aprobado por 8 votos a favor y cuatro abstenciones, pasando a ser artículo 26.

Artículo 24 (pasa a ser 27).

Su inciso primero señala que, si concluido el plazo de tres años establecido en el numeral 1 del artículo 22, (pasa a ser 25), el establecimiento educacional en recuperación alcanzare los objetivos planteados con la reestructuración, será clasificado como emergente o autónomo, según corresponda.

Su inciso segundo dispone que, por otra parte, si el establecimiento en recuperación no lograre dichos objetivos en el plazo indicado, no podrá continuar en el Régimen de Subvención Educacional Preferencial ni obtener la subvención preferencial, pudiendo el Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial, mediante resolución dictada por el Secretario Regional Ministerial respectivo y notificada al sostenedor por carta certificada.

Su inciso tercero y final permite apelar de la resolución del respectivo Seremi ante el Subsecretario de Educación, en el plazo de 15 días contado desde su notificación.

La Comisión planteó la necesidad de establecer un procedimiento que permita a los establecimientos en recuperación prevenir el fracaso de sus planes de reestructuración y recibir durante ese proceso sanciones menos rigurosas, cuando procediere, postergando lo más posible su cierre definitivo.

El Ejecutivo advirtió que el artículo 52 de la Ley de Subvenciones contempla sanciones previas a la revocación del reconocimiento oficial para los establecimientos que incurran en las infracciones del artículo 50, cuyo procedimiento de aplicación se encuentra regulado en el artículo 53 de la misma ley, disposiciones todas que, modificadas por el artículo 30 (pasa a ser 36) del proyecto, serán aplicables a las escuelas adscritas al régimen de subvención preferencial y que, junto con los procesos de supervisión pedagógica y evaluación anual, ayudarán a detectar y corregir las deficiencias que se puedan registrar.

Ante el planteamiento de que la medida de cierre o revocación del reconocimiento oficial puede llegar a ser arbitraria, señaló el Ejecutivo que el informe del panel de expertos a que se refiere el artículo 21 bis, nuevo, (pasa a ser 23), excluiría esa posibilidad.

El diputado señor Bobadilla formuló indicación a este artículo para agregar en su inciso primero, después de la expresión “según corresponda”, la frase “a partir del año escolar siguiente”, precedida de una coma (,).

Fue aprobada dicha indicación por asentimiento unánime (7 votos a favor), con la enmienda adicional de anteponer a la frase que ella agrega la expresión “teniendo efecto esa clasificación”.

Por su parte, la diputada señora Tohá formuló indicación al inciso segundo para eliminar en él la frase “no podrá continuar en el Régimen de Subvención Educacional Preferencial ni obtener la subvención preferencial”, y para reemplazar la forma verbal “pudiendo” por “podrá”.

Fue aprobada esta indicación por 4 votos a favor, 1 voto en contra y dos abstenciones.

Con respecto al inciso tercero, se hace constar que se intercaló en él, a continuación de la expresión “15 días”, la palabra “hábiles”, conforme al acuerdo adoptado por la Comisión al aprobar la indicación formulada por la diputada señora Vidal al artículo 21 (pasa a ser 23).

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones y la modificación señaladas, fue aprobado por 6 votos a favor y una abstención, pasando a ser artículo 27.

Además, fueron rechazadas, por mayoría, dos indicaciones parlamentarias. Una, al inciso primero, para permitir la reclasificación automática de los establecimientos en recuperación. Otra aditiva al inciso segundo, para excluir a los colegios municipalizados de la sanción de revocación del reconocimiento oficial.

Artículo 25 (pasa a ser 28).

Iniciando el párrafo 5º del Título I de la ley en proyecto, bajo el epígrafe "Responsabilidades del Ministerio de Educación", su inciso primero encomienda a dicho Ministerio la administración del régimen de la subvención educacional preferencial.

Su inciso segundo dispone que, en virtud de estas funciones, corresponderá al Ministerio de Educación:

a) Clasificar a los establecimientos educacionales en las categorías del artículo 7° (pasa a ser 9°) de esta ley e informar de ello a los establecimientos, a los Consejos Escolares, a los padres y apoderados, a la comunidad escolar y al público en general;

b) Suscribir los convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa y verificar su cumplimiento;

c) Efectuar una supervisión evaluativa de la ejecución de las Estrategias de Mejoramiento Educativo y del cumplimiento del convenio a que se refiere el artículo 6° (pasa a ser 7°) de la presente ley;

d) Determinar los instrumentos y la oportunidad en que se verificará el cumplimiento de los compromisos contraídos por los establecimientos educacionales que forman parte del Régimen de la Subvención Preferencial;

e) Realizar una supervisión pedagógica para los establecimientos calificados como emergentes o en recuperación, la cual podrá efectuarse en forma directa o por medio de organismos externos habilitados para ejercer esta función;

f) Proponer estrategias y metodologías de mejoramiento educativo a los sostenedores;

g) Establecer la forma y periodicidad en que los sostenedores de establecimientos educacionales deberán informar al Consejo Escolar y a los padres y apoderados sobre la situación de los establecimientos bajo el régimen de subvención escolar preferencial, especialmente respecto de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los mismos;

h) Formar e integrar el Equipo Tripartito que se señala en el artículo 22 (pasa a ser 25) de esta ley;

i) Aplicar las sanciones referidas en el artículo 28 (pasa a ser 34), y

j) Todas las demás acciones necesarias para el cumplimiento y fines de esta ley.

En general, se observó que, más que delimitar la responsabilidad del Ministerio de Educación en su calidad de administrador del sistema de subvención preferencial, este artículo le asigna una serie de funciones en su carácter de tal.

Sin perjuicio de ello, el diputado señor Errázuriz formuló indicación para reemplazar, por motivos de redacción, el encabezamiento del inciso segundo por el siguiente:

"En tal virtud, le corresponderá:"

Fue aprobada por unanimidad (8 votos a favor).

El Ejecutivo, por su parte, formuló a este artículo las siguientes indicaciones:

Al inciso segundo, para intercalar en su letra b), a continuación de la expresión "Excelencia Educativa”, la frase "y los convenios complementarios".

Su objeto es incorporar la mención a los convenios de que deben ser objeto los aportes adicional y extraordinario de que tratan los artículos 17 y 23, (pasan a ser 19 y 26).

Fue aprobada en forma unánime (11 votos a favor).

Al mismo inciso segundo, para reemplazar su letra c) por la siguiente:

“c) Efectuar la supervisión de la ejecución de los Planes de Mejoramiento educativo a que se refieren los artículos 6º bis, 16 y 22 (pasan a ser 7°, 18 y 25) y del cumplimiento del convenio del artículo 6º (pasa a ser 7°), informando de ello al sostenedor del establecimiento;”.

Al citado inciso segundo, para reemplazar en su letra e) la palabra “pedagógica” por la frase “y apoyo pedagógico permanente”.

Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad (7 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones aprobadas, fue igualmente aprobado por 9 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención, pasando a ser artículo 28.

Además, fueron rechazadas, por mayoría, tres indicaciones al inciso segundo de este artículo. La primera, modificatoria de la letra d); la segunda, supresiva de la letra e) y, la tercera, en subsidio de la anterior, aditiva a la letra e). Asimismo, fueron declaradas inadmisibles por la Presidenta de la Comisión, por incidir en materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, dos indicaciones aditivas: una, a la letra c), y otra, a la letra e).

Artículo 26 (pasa a ser 29).

Encarga al Ministerio de Educación la elaboración de un Registro Público de Entidades Técnico Pedagógicas, las que estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales para el diseño y ejecución del Plan de Reestructuración, para lo indicado en el artículo 17 (pasa a ser 19 y se refiere a la implementación del plan de mejoramiento educativo en las escuelas emergentes) y para todas las demás funciones señaladas en el artículo 22 (pasa a ser 25 y se refiere a la integración del equipo tripartito y a la proposición del informe de evaluación de la calidad educativa respecto de las escuelas en recuperación).

Su inciso segundo añade que el reglamento a que alude el artículo 3° determinará los requisitos que deberán cumplir las entidades que formarán parte del Registro, a fin de que aseguren la calidad técnica y especialidad de dichas entidades.

Su inciso tercero faculta a los sostenedores de zonas geográficas contiguas o de similares características para asociarse entre sí, a fin de recibir apoyo técnico de una misma entidad técnico-pedagógica.

Su inciso cuarto y final precisa que los honorarios de cada entidad técnico-pedagógica por dicho apoyo serán pagados por el sostenedor que requiera sus servicios.

Durante el debate de la iniciativa, este artículo fue objeto de las siguientes indicaciones:

Del Ejecutivo, para agregar en su inciso primero, a continuación de la frase “Técnico Pedagógicas”, precedida de una coma, la expresión ”las que podrán ser personas naturales o personas jurídicas,” y para reemplazar en el mismo la palabra “Reestructuración” por la frase “Mejoramiento Educativo a que se refieren los artículos 6º bis, 16 y 22” (pasan a ser 7°, 18 y 25).

Fue aprobada por unanimidad (7 votos a favor), con la enmienda adicional de sustituir, por razones de concordancia, la expresión “Técnico Pedagógicas” por “Pedagógicas y Técnicas de Apoyo”.

Del diputado señor Errázuriz, para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

"El reglamento a que alude el artículo 3° determinará, al menos, los requisitos que deberán cumplir las entidades que formarán parte del Registro, el procedimiento de selección de las mismas y tiempo de duración en el registro, el que no podrá ser inferior a tres años: Todo ello, a fin de asegurar la calidad técnica y la especialidad de dichas entidades."

Fue aprobada por 10 votos a favor y una abstención.

Del Ejecutivo, para reemplazar el nuevo texto del inciso segundo por los siguientes incisos segundo y tercero:

“El Registro podrá contemplar categorías según las especialidades técnicas de las entidades, pudiendo éstas optar a todas o sólo a algunas de ellas.

El reglamento de esta ley determinará los requisitos que deberán cumplir las personas o entidades para el ingreso y permanencia en el registro o sub-registros de especialidades que se creen, el procedimiento de selección de las mismas, el tiempo de duración en el registro y las causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la calidad técnica y especialidad de dichas entidades. El Ministerio de Educación deberá mantener este registro con información actualizada sobre la asesoría proporcionada a los establecimientos educacionales adscritos al régimen de Subvención Preferencial.”

Fue aprobada esta indicación por asentimiento unánime (7 votos a favor).

De los diputados señores Errázuriz y Silber, para intercalar el siguiente inciso tercero, que pasa a ser cuarto, nuevo:

“El establecimiento educacional que requiera la elaboración y ejecución del Plan de Reestructuración, conforme lo señalado en el inciso primero, podrá elegir entre las entidades técnico pedagógicas que formen parte del registro a que se refiere el citado inciso. El costo será de cargo del establecimiento y, en ningún caso, podrá ser absorbido con la subvención.”

Su objeto es evitar que los recursos provenientes de la subvención preferencial puedan gastarse en la elaboración del plan a que se refiere el artículo 22 (pasa a ser 25), y permitir que el sostenedor decida qué entidad lo asesorará en esa tarea, dado que será él quien pague sus servicios.

El Ejecutivo observó que el diseño del plan de mejoramiento educativo para las escuelas en recuperación tiene cota presupuestaria (un tercio del aporte extraordinario) y que el Ministerio de Educación debiera poder orientar la elección de la entidad técnico-pedagógica que las asistirá, dado que aquéllas no tienen capacidad para decidir libremente al respecto. Precisó, además, que, en estricto rigor, el costo de los servicios de las agencias externas debe ser de cargo de los sostenedores, pues son ellos quienes recibirán los recursos para contratarlas.

Por tales razones, se acordó modificar el nuevo inciso tercero propuesto, que pasa a ser cuarto, en el sentido de agregar, a continuación del vocablo "inciso", la segunda vez que aparece, la frase " oyendo al Ministerio de Educación" y reemplazar la palabra "establecimiento", la segunda vez que aparece, por "sostenedor".

Puesta en votación la indicación, con las enmiendas acordadas, fue aprobada por 6 votos a favor, 1 voto en contra y cuatro abstenciones, pasando los incisos tercero y cuarto originales a ser quinto y sexto, respectivamente.

Del Ejecutivo, para sustituir en el nuevo inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la frase “de Reestructuración” por “de Mejoramiento Educativo” y para eliminar la frase final “El costo será de cargo del sostenedor y, en ningún caso, podrá ser absorbido con la subvención”.

Previa reapertura de debate de la norma, fue aprobada esta indicación en forma unánime (7 votos a favor).

Del Ejecutivo, para agregar los siguientes incisos séptimo y octavo, nuevos:

“Las entidades técnico pedagógicas que presten asesoría a los establecimientos educacionales emergentes y en recuperación que reiteradamente obtengan resultados insatisfactorios, de conformidad a lo establecido en el reglamento de la presente ley, podrán ser eliminadas del Registro Público de Entidades Técnico Pedagógicas.

Regirán respecto de estas personas y entidades las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del DFL Nº 119653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración General del Estado.”.

Fue aprobada esta indicación unánimemente (7 votos a favor), con la enmienda de sustituir en el nuevo inciso séptimo, por razones de concordancia, la expresión “técnico pedagógicas”, las dos veces que aparece, por “pedagógicas y técnicas de apoyo”.

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones aprobadas, fue también aprobado por 9 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención, pasando a ser artículo 29.

Además, fue rechazada, por mayoría, una indicación para sustituir el inciso segundo de este artículo, para no dejar tan entregado al reglamento el contenido y la forma de llevar el registro.

Artículo 26 bis (pasa a ser 30), nuevo.

El diputado señor Montes formuló indicación para incorporar el siguiente artículo 26 bis, nuevo:

“Artículo 26 bis. El Ministerio de Educación entregará anualmente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un informe describiendo las acciones y evaluando los avances en cada uno de los establecimientos educacionales con más de 15% de alumnos prioritarios, y los aportes educativos y de todo tipo que ha hecho la instancia responsable del Mineduc.”

Fue aprobada la indicación en forma unánime (7 votos a favor), pasando el artículo a ser 30.

* * * * *

Párrafo 6º, nuevo

El diputado señor Montes formuló indicación para incorporar en el Título I del proyecto el siguiente párrafo 6º, nuevo, pasando el 6º original a ser 7º:

“Párrafo 6º

Responsabilidades de la dirección de los establecimientos

Artículo 26 ter. La dirección de los establecimientos educacionales deberá llevar un libro diario de ingreso y gastos.

En los ingresos deben incluirse todas las transferencias del Ministerio de Educación, del Municipio y de otras fuentes.

En los gastos deben incluir todos los gastos: sueldos, mantención, materiales, giras de estudios, etc.

Artículo 26 quáter. El equipo directivo del establecimiento (Director, Subdirector, Inspector General, Jefe UTP, y otros si los hubiera) deberán desarrollar clases en aula a lo menos cuatro horas a la semana.”.

El autor de la indicación argumentó que la primera de estas disposiciones es necesaria para que los establecimientos municipalizados ordenen sus cuentas y puedan dar a conocer a la comunidad el uso dado a sus recursos, en tanto que la segunda tiene por objeto lograr que los docentes directivos se involucren en el trabajo académico cotidiano de sus respectivas unidades educativas.

Fue aprobada la indicación por unanimidad (7 votos a favor), pasando los artículos 26 ter y 26 quáter a ser 31 y 32, respectivamente.

Además, fue declarada por la Presidenta de la Comisión la inadmisibilidad de un artículo nuevo que exigiría a los establecimientos educacionales con más de 500 alumnos contar con un administrador.

* * * * *

Párrafo 6º (pasa a ser 7º).

De las infracciones y sanciones.

Artículo 27 (pasa a ser 33).

Establece que son infracciones graves a la presente ley, además de las consignadas en el inciso final del artículo 50 de la Ley de Subvenciones:

1) El incumplimiento de los compromisos esenciales señalados en las letras a), b), c) y d) del artículo 6° (pasa a ser 7º);

2) El incumplimiento de los compromisos adicionales establecidos en el artículo 16 (pasa a ser 18) para los establecimientos educacionales emergentes, y

3) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22 (pasa a ser 25) para los establecimientos educacionales en recuperación.

El diputado señor Errázuriz formuló indicación para sustituir el encabezamiento de este precepto por el siguiente:

"Son infracciones graves a la presente ley, además de las consignadas en la oración final de la letra c) del inciso segundo y en el inciso tercero del artículo 50 de la Ley de Subvenciones:"

Su objeto es hacer mención a la retención de documentos de matrícula, que según la letra c) del inciso segundo del artículo 50 de la citada Ley de Subvenciones constituye infracción menos grave, pero que en caso de reiteración se suma a las infracciones graves que enumera el inciso tercero y final de la misma disposición.

Fue aprobada en forma unánime (10 votos a favor).

El Ejecutivo, por su parte, formuló indicación para intercalar en el Nº 1, a continuación de la preposición “de”, la frase “los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 5 bis y de”.

Su objeto es calificar también como infracciones graves a la ley en proyecto las violaciones a lo dispuesto en su artículo 5º bis (pasa a ser 6º).

Fue aprobada por 8 votos a favor y una abstención.

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones, fue aprobado por asentimiento unánime (5 votos a favor), pasando a ser artículo 33.

Posteriormente, previa reapertura de su debate, el Ejecutivo formuló indicación al N º 1 de esta norma, para reemplazar allí la frase “las letras a), b), c) y d) del artículo 6º” por “el artículo 6º” (pasa a ser 7°).

Fue aprobada esta indicación por unanimidad (7 votos a favor).

Además, fueron rechazadas, por unanimidad, otras dos indicaciones. La primera, sustitutiva del artículo, y, la segunda, en subsidio de la anterior, en relación a los numerales 1, 2 y 3 del artículo, aditiva.

Artículo 28 (pasa a ser 34).

Dispone que las infracciones a la presente ley serán sancionadas conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Subvenciones y mediante el procedimiento establecido en el artículo 53 de la misma.

Su inciso segundo señala que las multas y retenciones que se apliquen en virtud de la presente ley lo serán respecto de las subvenciones de esta ley y de aquéllas de la Ley de Subvenciones.

El Ejecutivo formuló indicación para añadir en su inciso segundo, a continuación de la palabra “subvenciones”, la primera vez que aparece, las expresiones “y aportes”.

Fue aprobada la indicación por unanimidad (7 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 4 votos a favor y dos abstenciones, pasando a ser artículo 34.

Artículo 29 (pasa a ser 35).

Señala que, en todo lo no previsto en este párrafo, en materia de infracciones, retenciones, descuentos y sanciones, se aplicarán las normas del Título IV de la Ley de Subvenciones.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 5 votos a favor y 1 voto en contra, pasando a ser artículo 35.

Además, fue rechazada, por mayoría, una indicación para suprimir este precepto en razón de que el artículo 5º del proyecto dispone de modo general la aplicación supletoria de la Ley de Subvenciones al régimen de subvención preferencial.

Título II

Otras normas

Artículo 30 (pasa a ser 36).

Introduce, a través de cinco numerales, que la Comisión acordó analizar y votar separadamente, diversas modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación (Ley de Subvenciones).

Puesto en votación el encabezamiento del artículo, fue aprobado por 5 votos a favor, 2 votos en contra y dos abstenciones.

Nº 1.

Sustituye, en todas las disposiciones de la Ley de Subvenciones, la expresión “Educación Parvularia (segundo nivel de transición)” por “Educación Parvularia (primer y segundo nivel de transición)”.

Esta enmienda apunta a universalizar la subvención escolar para la enseñanza prebásica.

Fue aprobado por unanimidad (9 votos a favor).

Nº 2.

Modifica el artículo 50 con el propósito de:

a) Agregar en su inciso segundo, a continuación de la letra d), la siguiente letra e), nueva:

“e) Incumplimiento de la obligación de informar prevista en el artículo 64 y 65 de esta ley;”; y

b) Agregar, en el inciso tercero, a continuación de la letra h), la siguiente letra i), nueva:

“i) Permanecer dos años, a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificado en la categoría de establecimiento con Necesidad de Medidas Especiales, de conformidad a lo establecido en el artículo 66 de esta ley, sin haber aplicado las medidas propuestas por el Ministerio de Educación para superar esta categoría.”.

Puesto en votación el Nº 2, con sus dos literales conjuntamente, fue aprobado por 5 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención, sin debate.

Nº 3.

Sustituye el inciso primero del artículo 52 por el siguiente:

“Artículo 52. Las sanciones consistirán en:

a) Multas, las que no podrán ser inferiores a un cinco por ciento ni exceder del cincuenta por ciento de una unidad de subvención educacional por alumno matriculado a la fecha en que se incurre en la infracción.

b) Privación de la subvención, que puede ser total o parcial, definitiva o temporal.

En caso de privación temporal, ésta no podrá exceder de doce meses consecutivos.

c) Revocación del reconocimiento oficial, e

d) Inhabilidad temporal o perpetua del sostenedor para mantener o participar de cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales subvencionados.”.

Fue aprobado por 6 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención, sin debate.

Nº 4.

En el artículo 53, agrega el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Una vez notificado el sostenedor o su mandatario de la resolución que ordena instruir proceso, el Secretario Regional Ministerial de Educación podrá, como medida precautoria, ordenar, mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial, del pago de la subvención, atendida la naturaleza y cuantía de la presunta infracción.”

Puesto en votación el Nº 4, fue aprobado por 6 votos a favor y 3 votos en contra.

Además, fue rechazada, por unanimidad, una indicación parlamentaria sustitutiva del nuevo inciso segundo.

Nº 5.

Agrega en la Ley de Subvenciones los artículos 64, 65, 66 y 67, nuevos.

El Ejecutivo explicó que los nuevos artículos 66 y 67 apuntan a igualar las condiciones entre los establecimientos de peor calidad del sistema que se adscriban voluntariamente al régimen de subvención preferencial y aquéllos que opten por no hacerlo, obligando a éstos últimos a adoptar medidas de mejoramiento educativo o a incorporarse a dicho régimen como escuelas en recuperación, so pena de ser privados de todo financiamiento estatal. De esta manera, se pretende evitar que los malos colegios subsistan mediante el solo expediente de no someterse a las disposiciones de la ley en proyecto.

Por su parte, los artículos 64 y 65 consagran el deber de todos los establecimientos subvencionados, sean públicos o privados, y estén o no adscritos al régimen de subvención preferencial, de poner a disposición del Ministerio de Educación y de sus respectivas comunidades escolares información relevante sobre su funcionamiento y desempeño, a fin de que los padres puedan ejercer libre e informadamente el derecho a elegir el establecimiento educacional para sus hijos.

Los diputados señores Bobadilla y Kast formularon indicación para suprimir el Nº 5 de este artículo.

Su fundamento radica en que la categoría de establecimientos con necesidad de medidas especiales rompe la voluntariedad del ingreso al régimen de subvención preferencial, pues sujeta a esos establecimientos a la intervención del Ministerio de Educación o los conmina a adscribirse forzosamente a dicho régimen.

El Ejecutivo reconoció que, en el fondo, el régimen de subvención preferencial es voluntario sólo para los establecimientos que están por sobre un estándar mínimo de calidad, pero no puede serlo para aquéllos que no lo alcancen, pues, de otro modo, perdería sentido el esfuerzo de dotar de mayores recursos al sistema para asegurar una educación de calidad para todos los niños.

Puesta en votación la indicación parlamentaria, fue aprobada por 6 votos a favor y 3 votos en contra.

El artículo 30 así aprobado pasa a ser 36.

Artículo 30 bis (pasa a ser 37), nuevo.

El diputado señor Montes y la diputada señora Tohá formularon indicación para incorporar el siguiente artículo 30 bis, nuevo, pasando el actual 30 bis a ser 30 ter:

“Artículo 30 bis. Modifícase el DFL Nº 1, de 1998, del Ministerio de Educación, en el siguiente sentido:

a. Para eliminar en la letra b) del artículo 72, la frase: ‘o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función’.

b. Para introducir una nueva letra c), pasando la actual a ser d) y así sucesivamente:

‘c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases, o delegación de su trabajo profesional en otras personas.

Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada del docente faltar sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días en igual período de tiempo, y por impuntualidades reiteradas cuando éstas excedan el 1% del total de horas contratadas semanalmente, según el modo de cómputo que establezca el reglamento.

La solicitud de remoción de un docente por esta causal deberá presentarse ante el Concejo Municipal por el Alcalde, por el Jefe del Departamento de Administración Educacional Municipal o por el Director del establecimiento, acompañando un informe fundado. El Concejo Municipal deberá pronunciarse dentro del plazo de 15 días debiendo contar con la aprobación de los dos tercios del Concejo Municipal.’.”

Cabe señalar que esta indicación se relaciona directamente con otra que fue declarada inadmisible, destinada a incorporar en el proyecto un nuevo artículo 12 bis, que contemplaba un aporte adicional para los establecimientos con alta concentración de alumnos vulnerables, que les permitiera mejorar los sueldos y retener o contratar profesores destacados en el proceso de evaluación docente. La idea era, por un lado, otorgar herramientas a los colegios para atraer buenos profesores y compensar así el efecto par y, por otro, dotarlos de un mecanismo para desprenderse de aquéllos que no hacen bien su trabajo.

Fue aprobada la indicación por unanimidad (7 votos a favor), pasando el artículo a ser 37.

Artículo 30 ter (anterior bis, pasa a ser 38), nuevo.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar el siguiente artículo:

“Artículo 30 bis. La Ley de Presupuestos fijará el número máximo de alumnos prioritarios que cada año recibirán la subvención preferencial.”

Fue aprobada la indicación por 6 votos a favor y tres abstenciones, pasando el artículo a ser 38.

Artículo 31, (pasa a ser 39).

Señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la ley en proyecto se financiará con cargo a los recursos que contemple anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público.

El Ejecutivo formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 31. El mayor gasto fiscal que representen las subvenciones a que se refiere el artículo 12, el aporte adicional a que se refiere el artículo 17 y el aporte económico extraordinario del artículo 23, se financiará con cargo a los recursos que contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público. El mayor gasto que represente esta ley para el Ministerio de Educación, por sobre la subvención y aportes anteriormente señalados, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto de dicho Ministerio.”

Fue aprobada la indicación por asentimiento unánime (7 votos a favor), sin debate.

Artículo primero transitorio.

Dispone que los establecimientos que postulen y se incorporen al régimen de subvención preferencial durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, podrán ser clasificados en la categoría de autónomos si cumplen los siguientes requisitos relacionados con los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los 4° básicos por el Ministerio de Educación, para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.962 [10], esto es:

a) Que su puntaje promedio como establecimiento sea mayor al puntaje promedio del establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

b) Que el porcentaje de alumnos sobre 250 puntos del SIMCE sea mayor que el porcentaje de alumnos sobre este puntaje que posee el establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

c) Que el porcentaje de alumnos sobre 300 puntos del SIMCE sea mayor al porcentaje de alumnos sobre este puntaje que posee el establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

Su inciso segundo precisa que lo anterior deberá ocurrir en un número significativo de mediciones y sectores de aprendizaje, que no podrá ser, en el caso de las mediciones, inferior a dos. Agrega que el procedimiento utilizado para clasificar a las escuelas a partir de estos criterios será establecido en el reglamento correspondiente.

Su inciso tercero dispone que, en el mismo periodo señalado en el inciso primero, la clasificación a que se refiere el artículo 7° de esta ley (pasa a ser 9º) se realizará considerando grupos de establecimientos de similares características. Añade que los criterios para realizar dicha agrupación quedarán establecidos en el reglamento de la presente ley y considerarán fundamentalmente el nivel socioeconómico de los alumnos atendidos y los recursos o aportes en dinero con que cuente o reciba el establecimiento educacional.

Su inciso cuarto prevé, por último, que, en el mismo periodo señalado en el inciso anterior (que a su vez se remite al primero), los establecimientos educacionales que se incorporen al régimen de subvención preferencial y que no cumplan los requisitos de este y del siguiente artículo serán clasificados como emergentes.

Esta disposición fija el estándar nacional de calidad que se utilizará para clasificar como autónomos a los establecimientos educacionales adscritos al régimen de subvención preferencial durante los dos primeros años de vigencia de la ley en proyecto, el que será reemplazado a partir del tercer año por el que establezca el Ministerio de Educación de conformidad con el artículo 8º permanente (pasa a ser 10).

El Ejecutivo explicó que, en virtud de este artículo, cada establecimiento, para efectos de su clasificación, será comparado en cuanto a sus resultados educativos con los que integren su mismo nivel socioeconómico (grupo similar), determinado en base a una encuesta sobre ingresos familiares que se aplica a los alumnos con ocasión de la prueba SIMCE y a las variables que utiliza la JUNAEB para priorizar la entrega de becas y raciones alimenticias escolares.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar en su inciso primero, después del calificativo “autónomos”, la frase “en la oportunidad que señala el artículo 10” (pasa a ser 12).

Fue aprobada en forma unánime (7 votos a favor).

La diputada señora Vidal y el diputado señor González formularon una indicación para agregar, en su inciso tercero, a continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), el siguiente párrafo:

"Además deberán considerarse los siguientes indicadores complementarios:

a) Tasas de retención y aprobación de alumnos.

b) Integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento.

c) Iniciativa, consistente en la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico.

d) Mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento.

e) Evaluación del cuerpo docente, en el caso del sector municipal."

A través de ésta, se hacen aplicables a la clasificación de los establecimientos autónomos y emergentes los mismos indicadores complementarios que el Ejecutivo propone para la clasificación de los establecimientos en recuperación, con la sola salvedad de que la evaluación del cuerpo docente se limita sólo a las escuelas municipalizadas.

Fue aprobada la indicación por 6 votos a favor y 3 votos en contra, lo mismo que el artículo con ella.

Reabierto posteriormente el debate de la norma, el Ejecutivo formuló indicación al inciso tercero para separar como un nuevo inciso la parte final del mismo que comienza con la frase “Además deberán considerarse”, pasando ésta a ser el nuevo inciso tercero, la parte inicial del actual inciso tercero a ser inciso cuarto, y así sucesivamente.

Fue aprobada la indicación por asentimiento unánime (7 votos a favor).

Artículo segundo transitorio.

Dispone que, durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, los establecimientos serán clasificados en la categoría en recuperación si cumplen las siguientes condiciones, con relación a los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los 4° básicos por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 19 de la Ley Nº 18.962 [11] :

a) Que su puntaje promedio sea inferior a 220 puntos.

b) Que la proporción de alumnos sobre los 250 puntos del SIMCE sea inferior al 20%.

Su inciso segundo señala que lo anterior deberá ocurrir en un número significativo de mediciones y sectores de aprendizaje, que no podrá ser, en el caso de las mediciones, inferior a dos. Agrega que el procedimiento utilizado para clasificar a las escuelas a partir de estos criterios será establecido en el reglamento correspondiente.

Su inciso tercero dispone que, en tanto no se establezcan los estándares nacionales a que se refiere el artículo 8° de la presente ley (pasa a ser 10), la clasificación del artículo 7° de la misma (pasa a ser 9º) se realizará considerando grupos de establecimientos de similares características. Añade que los criterios para realizar dicha agrupación quedarán establecidos en el reglamento de la presente ley y considerarán fundamentalmente el nivel socioeconómico de los alumnos atendidos y los recursos o aportes en dinero con que cuente o reciba el establecimiento educacional, y que, en todo caso, el decreto supremo a que alude el artículo 8° (pasa a ser 10) deberá ser dictado dentro de los 24 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Su inciso cuarto y final hace aplicable el mismo procedimiento para clasificar a los establecimientos educacionales con Necesidad de Medidas Especiales señalados en el artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

Este precepto fija el estándar nacional mínimo de calidad que se utilizará para clasificar a los establecimientos adscritos al régimen de subvención preferencial como en recuperación durante los dos primeros años de vigencia de la ley en proyecto, el que, al igual que el del artículo anterior, será reemplazado a partir del tercer año por el que establezca el Ministerio de Educación conforme al artículo 8º permanente (pasa a ser 10). Serán, por tanto, considerados emergentes aquellos establecimientos que superen este estándar mínimo, pero que no alcancen el fijado en el artículo precedente para ser considerados autónomos.

La diputada señora Tohá formuló indicación para reemplazar, en el encabezamiento del inciso primero, la frase "Durante los dos primeros años" por "A contar del segundo año".

Su fundamento radica en que la clasificación de un establecimiento en la categoría en recuperación sólo podrá efectuarse a partir del segundo año de suscrito el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa.

Fue aprobada en forma unánime (9 votos a favor).

El Ejecutivo formuló a su vez las siguientes indicaciones:

Al inciso primero, para sustituir la frase “A contar del segundo año” por “Durante los dos primeros años”.

Previa reapertura del debate de la norma, fue aprobada esta indicación por unanimidad (7 votos a favor).

Al inciso tercero, para introducir en él, después del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), el siguiente párrafo:

“Además deberán considerarse los siguientes indicadores complementarios:

a) Tasas de retención y aprobación de alumnos

b) Integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento.

c) Iniciativa, consistente en la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico.

d) Mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento.

e) Evaluación del cuerpo docente.”.

Fue aprobada por 6 votos a favor y 3 votos en contra.

Al mismo inciso tercero, para desagregar el párrafo que se inicia con la expresión “En todo caso”, hasta el punto seguido, y dejarlo como inciso final del artículo.

Al citado inciso tercero, para separar como un nuevo inciso la parte final del mismo que comienza con la frase “Además deberán considerarse”, pasando ésta a ser el nuevo inciso tercero, la parte inicial del actual inciso tercero a ser inciso cuarto, y así sucesivamente.

Ambas indicaciones fueron aprobadas en forma unánime (7 votos a favor).

Para agregar los siguientes incisos quinto y sexto, nuevos:

“Las escuelas que sean clasificadas como en Recuperación, de acuerdo al inciso primero de este artículo en relación con lo establecido en el artículo 20 (pasa a ser 22) y que hayan apelado de ello de conformidad al artículo 21 (pasa a ser 23), serán evaluadas por un panel de expertos con el objetivo de emitir un informe respecto de dicha clasificación, el cual deberá ser considerado por el Subsecretario de Educación al resolver la apelación. Este panel tomará en cuenta los antecedentes de las escuelas evaluadas y otros relevantes a juicio del panel.

Este panel estará conformado por tres expertos, designados uno por el Ministerio de Educación, otro por el sostenedor del establecimiento y otro por una entidad evaluadora externa de aquéllas a que se refiere el artículo 26 (pasa a ser 29) de esta ley.”

Fue aprobada por 6 votos a favor y 3 votos en contra.

Para eliminar, por haber sido trasladados al articulado permanente del proyecto, los incisos quinto y sexto precedentes.

Reabierto el debate de la norma, fue aprobada esta indicación por unanimidad (7 votos a favor).

Puesto en votación el artículo, con las indicaciones, fue aprobado por 6 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.

Además, fue rechazada, por mayoría, una indicación para suprimir este artículo, a fin de que los estándares nacionales de calidad educativa sean establecidos en la LOCE y no mediante decreto supremo de la autoridad de turno.

Artículo tercero transitorio.

Dispone que, durante el primer año de vigencia de la ley en proyecto, los establecimientos educativos cuyo sostenedor postule a la subvención preferencial serán clasificados como autónomos o emergentes según cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo primero transitorio, no siendo aplicable en ese lapso la categoría en recuperación o la señalada en el inciso primero del artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 6 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención, sin discusión.

Reabierto posteriormente su debate, el Ejecutivo formuló indicación para sustituir la frase “el primer año” por la expresión “los dos primeros años”, la cual fue aprobada por unanimidad (7 votos a favor).

Además, fue rechazada, por mayoría, una indicación para suprimir este artículo.

Artículo cuarto transitorio.

Señala que, en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la ley en proyecto y la aplicación de los mecanismos establecidos en el artículo 9º (pasa a ser 11), los establecimientos educacionales referidos en dicho artículo serán considerados como emergentes para efectos de la Subvención Preferencial y del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que establece el artículo 6º (pasa a ser 7º), añadiendo que, en tanto no se apliquen dichos mecanismos, no podrán cambiar de categoría.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por 6 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención, sin debate.

Además, fue rechazada, por mayoría, una indicación para suprimir este precepto.

Artículo quinto transitorio, nuevo.

El Ejecutivo formuló indicación para intercalar el siguiente artículo quinto transitorio, nuevo:

“Artículo quinto transitorio. No obstante lo dispuesto en el artículo 1º de esta ley, los niveles de 5º a 8º año de la educación general básica se incorporarán gradualmente a la percepción de la subvención preferencial y a los aportes complementarios establecidos en la presente ley, a razón de un nivel por año a contar del segundo año de entrada en vigencia de la presente ley.

En el caso anterior, la subvención escolar preferencial tendrá el siguiente valor unitario mensual por alumno prioritario, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la categoría del establecimiento educacional establecida en la resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación, de acuerdo al artículo 7° (pasa a ser 9°) de la presente ley:

Por alumnos que cursen 5º y 6º año de la educación general básica:

A. Establecimientos Educacionales Autónomos: 0,93 USE.

B. Establecimientos Educacionales Emergentes: 0,47 USE.

Por alumnos que cursen 7º y 8º año de la educación general básica:

A. Establecimientos Educacionales Autónomos: 0,47 USE.

B. Establecimientos Educacionales Emergentes: 0,23 USE.

Para estos efectos, se suscribirá un convenio complementario sobre estos recursos.”.

Este precepto fija el monto individual de la subvención preferencial que se pagará a los sostenedores por los alumnos prioritarios matriculados en los establecimientos de su dependencia, a medida que éstos sean promovidos a los distintos niveles del segundo ciclo de la enseñanza general básica.

Fue aprobada la indicación por 6 votos a favor y tres abstenciones.

Con posterioridad, previa reapertura de su debate, el Ejecutivo formuló indicación a este artículo para reemplazar, en su inciso primero, la frase “el artículo 1º” por “los artículos 1º y 12” (pasa a ser 14) y para eliminar el inciso segundo, por haberse trasladado su contenido al articulado permanente del proyecto.

Tal indicación fue aprobada unánimemente (7 votos a favor).

Artículo sexto transitorio, nuevo.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar el siguiente artículo sexto transitorio:

“Artículo sexto transitorio. El aporte adicional establecido en el artículo 17 de esta ley, referido a los establecimientos clasificados en la categoría de emergentes, será de 0,47 USE por alumno prioritario matriculado entre 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,23 USE tratándose de alumnos prioritarios que cursen entre 7º y 8º año de la educación general básica. No obstante lo anterior, durante el primer año de vigencia del convenio complementario a que alude el artículo quinto transitorio, se entregará un tercio de este aporte adicional mensual por alumno prioritario para financiar la obligación establecida en el Nº 1 del artículo 16, recibiendo los dos tercios restantes una vez que sea aprobada la Estrategia de Mejoramiento Educativo, pagándose este último con efecto retroactivo desde el mes siguiente al acto de aprobación del convenio a que se refiere el artículo 6º (pasa a ser 7°). Dicho aporte será objeto de un convenio complementario.

Este último aporte se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han efectuado conforme a ese convenio complementario.

Mediante decreto del Ministerio de Educación, que llevará además la firma del Ministro de Hacienda, se fijará anualmente el monto en pesos del aporte adicional y de la proporción de dicho aporte a que se refiere el inciso primero de este artículo.”.

Esta norma fija el monto por alumno prioritario del aporte adicional que se pagará a los sostenedores de establecimientos clasificados como emergentes, en los mismos casos y con la misma gradualidad que contempla el artículo anterior para la subvención preferencial.

Fue aprobada la indicación por 6 votos a favor y tres abstenciones.

Posteriormente, dado que la disposición así aprobada fue trasladada al articulado permanente del proyecto, el Ejecutivo, previa reapertura de su debate, formuló indicación para suprimir el artículo sexto transitorio, la cual fue aprobada en forma unánime (7 votos a favor).

Artículo séptimo (pasa a ser sexto) transitorio, nuevo.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar el siguiente artículo séptimo transitorio:

“Artículo séptimo transitorio. El aporte extraordinario establecido en el artículo 23 de esta ley (pasa a ser 26), referido a los establecimientos clasificados en la categoría de en Recuperación, será de 0,93 USE por alumno prioritario matriculado entre 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,47 USE por alumno prioritario matriculado entre 7º y 8º año de la educación general básica.

Este aporte será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan de reestructuración aprobado.”.

Fue aprobada esta indicación por 6 votos a favor y tres abstenciones.

Artículo octavo (pasa a ser séptimo) transitorio, nuevo.

El Ejecutivo formuló indicación para incorporar el siguiente artículo octavo transitorio, nuevo:

“Artículo octavo transitorio. Durante el primer año de vigencia de esta ley, los establecimientos educacionales podrán postular para ese año al régimen de subvención preferencial, sin que les sea aplicable el plazo del artículo 10 (pasa a ser 12). En ese evento, la subvención preferencial y los aportes complementarios previstos en esta ley se pagarán a partir del primer día del mes siguiente a la resolución que aprueba el convenio a que se refiere el artículo 6º (pasa a ser 7°).”.

Fue aprobada esta indicación unánimemente (7 votos a favor).

Artículo octavo transitorio, nuevo.

La diputada señora Vidal y el diputado señor Silber formularon una indicación para incorporar un nuevo artículo octavo transitorio, del siguiente tenor:

“El reglamento establecido en el artículo 3º de esta ley deberá ser dictado dentro del plazo de 6 meses, contados desde la fecha de entrada en vigencia de dicha ley.”

Fue aprobada la indicación por 8 votos a favor y una abstención.

Artículo quinto (pasa a ser noveno) transitorio.

Dispone que la presente ley rija a contar del primer mes del año escolar 2007.

Fue aprobado por 6 votos a favor y tres abstenciones.

* * * * *

V. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

Conforme a lo dispuesto en el Nº 7 del artículo 287 del Reglamento, se hace constar lo siguiente:

I. Que la Comisión rechazó, por mayoría, el número 5 del artículo 30 del proyecto, cuyo objeto es agregar en la Ley de Subvenciones, los siguientes artículos 64, 65, 66 y 67, nuevos:

“Artículo 64. Para los efectos de esta ley, el Ministerio de Educación mantendrá una base de datos que contendrá la información relevante de todos los establecimientos educacionales subvencionados necesaria para que los Consejos Escolares y los padres y apoderados, así como la comunidad escolar, puedan formarse una apreciación respecto al aporte del establecimiento al aprendizaje de sus alumnos.

Esta base será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla.

Los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación necesaria para la mantención de esta base de datos, y en especial aquella información mencionada en el artículo 8º de la Ley Nº 19.979.

Un reglamento fijará la forma y modalidad en que deberá llevarse la base de datos, junto con la periodicidad, manera de actualización y la información que ésta deberá contener.

Artículo 65. A partir de la información contenida en la base de datos establecida en el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relevante para los fines establecidos en el artículo anterior de cada establecimiento escolar sujeto a esta ley.

La Ficha Escolar será distribuida a los respectivos establecimientos educacionales, y será obligación de éstos su entrega a los padres y apoderados y también a los postulantes al establecimiento.

La información a que se refiere el inciso precedente estará siempre a disposición de cualquier interesado.

El reglamento determinará la periodicidad, modalidad e información que deberá contener la Ficha Escolar.

Artículo 66. El Ministerio de Educación, de acuerdo a la información contenida en la base de datos a que se refiere el artículo 64, deberá clasificar a todos los establecimientos subvencionados del país, participen o no en el Régimen de Subvención Preferencial, según las diversas características que establezca el reglamento. Dicha clasificación deberá contemplar una categoría de Establecimientos con Necesidad de Medidas Especiales que incluirá a aquéllos que hayan obtenido resultados reiteradamente deficientes en el rendimiento de sus alumnos en función de los estándares nacionales que se establezcan para tal efecto en el decreto a que se refiere el artículo 8º de la Ley de Subvención Preferencial.

Para determinar la clasificación de los establecimientos se deberán considerar los resultados de aprendizaje de sus alumnos, medidos a través de los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para tal efecto. El número de mediciones en las cuales se muestren dichos resultados en ningún caso podrá ser inferior a dos.

Por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Educación, se determinarán los criterios y el procedimiento de clasificación de los establecimientos educacionales de que trata este artículo.

Asimismo, dicho decreto supremo establecerá los plazos en que los establecimientos educacionales serán sometidos a evaluaciones sucesivas que permitan reclasificarlos en otra categoría, si fuese procedente.

La resolución que clasifique a los establecimientos educacionales será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente.

De dicha resolución podrá apelarse ante el Subsecretario de Educación, en un plazo de 15 días contado desde la notificación de la resolución que determina la categoría en que es clasificado un establecimiento educacional.

Artículo 67. En el caso de los Establecimientos Educacionales con Necesidades de Medidas Especiales señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Educación podrá proponer, anualmente, medidas para que dichos establecimientos superen esa categoría.

Los establecimientos que impartan a lo menos hasta cuarto año de educación general básica que permanezcan más de dos años en esta categoría a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificados, perderán el derecho a impetrar toda subvención, a menos que asuman las obligaciones y adopten las medidas establecidas en el artículo 22 de la Ley de Subvención Preferencial, caso en el cual tendrán derecho de recibir los apoyos establecidos en el párrafo 4º de la misma ley.”.

II. Que, por otra parte, fueron rechazadas las siguientes indicaciones:

1. De los diputados señores Bobadilla, Correa, Errázuriz y Kast, para suprimir en el artículo 4° la siguiente frase: “cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere el artículo 6º de la presente ley”. (Por mayoría).

2. Del diputado señor Bobadilla al artículo 5° bis, nuevo (pasa a ser 6°) para:

A) Reemplazar el texto de la letra a) por el siguiente: "a) Eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de la Ley de Subvenciones, referido a financiamiento compartido. Estos alumnos no podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno"; y, además, para suprimir la letra b), del mismo artículo. (Por mayoría);

B) Suprimir la letra c). (Fue declarada contradictoria con la idea aprobada en el párrafo segundo de la letra b), del mismo artículo, lo que hizo improcedente su votación en conformidad con el inciso noveno del artículo 281 del Reglamento);

C) y D) Suprimir las letras d) y e), respectivamente. (Por mayoría).

3. De los diputados señores Bobadilla y Rojas para reemplazar el encabezamiento del inciso segundo del artículo 6° (pasa a ser 7°), por el siguiente:

"Mediante este convenio, cada sostenedor pactará aquellas condiciones que le permitan, de acuerdo a su realidad, mejorar la calidad de la educación que se imparte. Para esto, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, cada sostenedor podrá obligarse a:" (Por mayoría).

4. De los diputados señores Bobadilla y Rojas para reemplazar el encabezamiento del inciso segundo del artículo 6° (pasa a ser 7°), por el siguiente:

"Mediante este convenio, cada sostenedor pactará aquellas condiciones que le permitan, de acuerdo a su realidad, mejorar la calidad de la educación que se imparte. Para esto, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, cada sostenedor podrá obligarse a:" (Por mayoría).

5. Del diputado señor Bobadilla, en subsidio de la anterior, para sustituir, en el encabezamiento del inciso segundo del artículo 6° (pasa a ser 7°), la frase "el sostenedor se obligará" por "cada sostenedor podrá obligarse". (Por mayoría).

6. De los diputados señores Bobadilla y Errázuriz para sustituir la nueva letra a) de la indicación del Ejecutivo, aprobada por la Comisión, del inciso segundo del artículo 6° (pasa a ser 7°), por la siguiente:

"a) Presentar anualmente a la comunidad escolar, con copia al Ministerio de Educación, un informe sobre la forma en que se utilizaron los recursos, el avance del proyecto educativo y su contribución al mejoramiento de la calidad. Dicho informe deberá señalar, además, el número de alumnos beneficiados con la subvención preferencial y el monto total percibido por éstos. La comunicación al Ministerio de Educación sólo tendrá por objeto acreditar el cumplimiento de esta obligación." (Por mayoría).

7. De los diputados señores Bobadilla, Kast y Rojas, en subsidio de la anterior, para suprimir de la letra a) propuesta por la indicación del Ejecutivo (al inciso segundo del artículo 6°, que pasa a ser 7°), la frase "Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley.". (Por mayoría).

8. Del diputado señor Bobadilla para reemplazar la letra e) del inciso segundo del artículo 6° (pasa a ser 7°), por la siguiente:

"e) Cumplir con los estándares nacionales fijados de conformidad al artículo 8º, según la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento." (Por mayoría).

9. Del diputado señor Bobadilla para agregar en el inciso segundo del artículo 6° (pasa a ser 7°), la siguiente letra nueva:

"Establecer las herramientas administrativas que se estimen como pertinentes e idóneas para lograr los resultados académicos fijados, según la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento." (Por mayoría).

10. De los diputados señores Bobadilla, Kast y Rojas para incorporar en el artículo 6° (pasa a ser 7°), el siguiente inciso antepenúltimo, nuevo:

"Al momento de firmarse el convenio, el establecimiento educacional con el Ministerio determinarán a qué obligaciones le conferirán el carácter de esenciales." (Por mayoría).

11. Del diputado señor Errázuriz para eliminar en el Nº 1 del artículo 6º bis (pasa a ser 8º), la expresión “disminución del tamaño de cursos o”. (Por unanimidad).

12. Del diputado señor Errázuriz para eliminar en el Nº 2 del artículo 6º bis (pasa a ser 8º), la frase “o dirigentes de la sociedad local o nacional”. (Por unanimidad).

13. Del diputado señor Bobadilla para sustituir el inciso segundo del artículo 7° (pasa a ser 9°) por el siguiente:

"Los establecimientos educacionales nuevos se considerarán para los efectos de esta ley como establecimientos educacionales emergentes, debiendo variar su calificación luego de haber rendido la primera evaluación periódica a que se refiere el artículo 21 del DFL Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación." (Por mayoría).

14. Del diputado señor Errázuriz para eliminar, en el inciso segundo del artículo 7° (pasa a ser 9°), la expresión "determinación y". (Por mayoría).

15. Del diputado señor Errázuriz para reemplazar, en el inciso primero del artículo 10 (pasa a ser 12), la palabra "agosto" por "octubre" y, en el inciso segundo del mismo artículo, la expresión "septiembre y octubre" por "noviembre y diciembre". (Por mayoría).

16. Del diputado señor Bobadilla para sustituir el artículo 11 (pasa a ser 13) por el siguiente:

"Artículo 11. La resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación, que determine la calificación de los establecimientos educacionales en las clasificaciones a que se refiere el artículo 7° de esta ley, deberá notificarse por escrito dentro de los quince días siguientes a su emisión. Esta resolución deberá notificarse por escrito mediante carta certificada dirigida al domicilio del respectivo establecimiento. En todo caso, esta resolución podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación, en el plazo de quince días contados desde la fecha de la notificación, disponiendo el Subsecretario de igual plazo para pronunciarse sobre la apelación. De la resolución del Subsecretario podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva."(Por mayoría).

17. Del diputado señor Bobadilla para suprimir el artículo 14 (pasa a ser 16). (Por mayoría).

18. Del diputado señor Bobadilla para agregar, en el artículo 15 (pasa a ser 17), un inciso nuevo del siguiente tenor:

"Tratándose de establecimientos educacionales autónomos que durante cuatro años consecutivos cumplan con los resultados académicos esperados, pasarán a adquirir dicha calidad en forma permanente. Con todo, si estos establecimientos, en dos mediciones anuales consecutivas arrojaren una baja significativa en sus logros académicos, volverán al sistema de evaluación a que se refiere el inciso segundo de este artículo." (Por mayoría).

19. Del diputado señor Bobadilla para reemplazar en el Nº 1 del artículo 16 (pasa a ser 18), la frase “deberá contar con la aprobación del” por “se informará al”. (Por mayoría).

20. Del mismo señor diputado, en subsidio de la anterior, para reemplazar en el citado Nº 1 la frase “deberá contar con la aprobación del” por “acordará en conjunto con el”. (Por mayoría).

21. Del diputado señor Kast para modificar los incisos cuarto y quinto (que han pasado a ser cuarto, quinto y sexto con modificaciones), agregados por indicación del Ejecutivo al artículo 17 (pasa a ser 19), en la forma que sigue:

A) Reemplaza en el inciso cuarto, nuevo, la expresión "aprobada" por "acordada"; (Por mayoría).

B) Reemplaza en el mismo inciso cuarto, nuevo, la frase "al acto de aprobación" por "a la firma"; (Por mayoría).

C) Reemplaza el inciso quinto, nuevo, por el siguiente:

"El Ministerio de Educación, a contar del segundo año de vigencia del convenio, deberá, con una anticipación no inferior a seis meses, formular los reparos pertinentes a la ejecución de la estrategia a que se refiere este artículo, pudiendo proponer la suspensión de este aporte mediante resolución fundada. Por su parte, el sostenedor, dentro de los tres meses siguientes a dichos reparos, deberá adoptar las acciones para enmendar los aspectos cuestionados. En caso de que el Ministerio no hiciere reparos, se entenderá prorrogado por un año más este aporte adicional y, por su parte, si el sostenedor no adoptare las enmiendas, podrá verse expuesto a la sanción de suspensión de este aporte.";

D) En subsidio de lo anterior, reemplaza en el inciso quinto, nuevo, la frase "se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique" por "podrá suspenderse cuando el Ministerio de Educación, mediante resolución fundada, acredite"; (Por mayoría).

E) Incorporar en el inciso quinto, a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente: "Esta resolución deberá notificarse por escrito mediante carta certificada dirigida al domicilio del respectivo establecimiento educacional, dentro de los quince días siguientes a su emisión."; (Por mayoría).

F) Reemplazar en el inciso quinto, nuevo, la expresión "aprobada" por "acordada". (Por mayoría).

22. Del diputado señor Rojas para agregar en el inciso primero del artículo 18 (pasa a ser 20), a continuación de la palabra "educativo", reemplazando el punto final por una coma, la frase "en conjunto con la Unidad Técnico-pedagógica de cada establecimiento". (Por mayoría).

23. Del diputado señor Bobadilla para sustituir el artículo 18 (pasa a ser 20) por el siguiente:

"El Ministerio de Educación evaluará anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Estrategia de Mejoramiento Educativo y en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa por el sostenedor para cada establecimiento educacional emergente. Esta evaluación se dirigirá a verificar:

a) El cumplimiento de los objetivos;

b) El logro de los resultados esperados, especificados en el respectivo convenio, y

c) La calidad de la educación que se imparte.

El reglamento establecerá los criterios objetivos para la evaluación, así como los mecanismos por medio de los cuales los sostenedores podrán conocer la metodología utilizada para estos efectos." (Por mayoría).

24. Del diputado señor Bobadilla, al artículo 20 (pasa a ser 22), para: a) eliminar, en el inciso primero, la frase "de acuerdo a lo señalado en el artículo 8º de la presente ley". (Por mayoría); b) para eliminar en su inciso tercero la frase "salvo que se trate de un establecimiento que deba entrar en esa categoría de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Subvenciones" (Por mayoría), y c) para reemplazar, en su inciso cuarto, la forma verbal "mantendrá" por "podrá mantener" y la expresión "tres" por "dos". (Por mayoría).

25. De los diputados señores Errázuriz y Silber, al inciso primero del artículo 20 (pasa a ser 22), para sustituir la oración final por “Se entenderá como resultados reiteradamente deficientes no cumplir, a lo menos durante dos años consecutivos, o en tres en un lapso de cinco, con los estándares nacionales de acuerdo a lo señalado en el artículo 8º.”.

26. Del diputado señor Bobadilla para reemplazar el artículo 21 (pasa a ser 23) por el siguiente:

"Artículo 21. La resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación que determine la calificación de los establecimientos educacionales en la categoría en recuperación deberá notificarse por escrito dentro de los quince días siguientes a su emisión. Esta resolución deberá notificarse por escrito mediante carta certificada dirigida al domicilio del respectivo establecimiento.

En todo caso, esta resolución podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación, en el plazo de quince días contados desde la fecha de la notificación, disponiendo el Subsecretario de igual plazo para pronunciarse sobre la apelación.

De la resolución del Subsecretario podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva." (Por mayoría).

27. Del diputado señor Bobadilla, en subsidio de la anterior, para modificar el artículo 21 (pasa a ser 23), del siguiente modo: 1) reemplazar, en el inciso primero, la forma verbal "pondrá" por "podrá poner" y 2) intercalar en el mismo inciso, a continuación de la palabra "establecimiento", la segunda vez que aparece, la frase "por los alumnos prioritarios que cursen en él". (Por unanimidad).

28. Del diputado señor Bobadilla para agregar en el Nº 3 del artículo 22 (pasa a ser 25), la siguiente letra d), nueva: "d) Ofrecer la renuncia al docente." (Por unanimidad).

29. Del diputado señor Bobadilla al inciso segundo del artículo 25 (pasa a ser 28), para suprimir, en la letra d), la frase "los instrumentos y"; eliminar la letra e); y, en subsidio de lo anterior, intercalar en la letra e), a continuación de la palabra "función", la frase "y seleccionados mediante licitación pública". (Por mayoría).

30. Del diputado señor Kast para reemplazar su inciso segundo del artículo 26 (pasa a ser 29) por el siguiente:

"Este registro será abierto y accederán quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Personas naturales que tengan idoneidad técnica y profesional, que estén en posesión de un título profesional o técnico otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste, o por algún instituto de enseñanza profesional o centro de formación técnica del Estado o cuyos programas se hayan aprobado por éste, y cuenten con experiencia calificada en materia educacional no inferior a tres años desde la recepción del título.

b) Personas jurídicas que dentro de sus objetivos contemplen el desarrollo de acciones acordes con los fines y objetivos de la actividad encomendada de conformidad a esta ley.

La concesión o denegación de la inscripción se dispondrá por resolución fundada del Ministerio de Educación, motivada en la concurrencia o ausencia de todos los requisitos señalados; la suspensión o revocación procederá en caso de ausencia o pérdida de alguno de los requisitos indicados.

La institución o persona a la cual se deniegue, suspenda o revoque la inscripción podrá solicitar reposición ante el mismo Ministro, e interponer en subsidio recurso jerárquico, por intermedio del Ministerio de Educación, ante el Presidente de la República, dentro del plazo de treinta días, contado desde que le sea notificada la resolución. Dicha solicitud deberá presentarse acompañando los antecedentes de hecho y de derecho que la fundamenten." (Por mayoría)

31. Del diputado señor Kast para reemplazar el artículo 27 (pasa a ser 33) por el siguiente:

"Artículo 27. Las infracciones a la presente ley serán infracciones menos graves o graves, de conformidad a los incisos siguientes.

Se considerarán infracciones menos graves:

a) El incumplimiento de dos o más de los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 5º bis y los compromisos esenciales señalados en las letras a), b), c) y d) del artículo 6°;

b) El incumplimiento de dos o más de los compromisos adicionales establecidos en el artículo 16 para los establecimientos educacionales emergentes, y

c) El incumplimiento de dos o más de las obligaciones establecidas en el artículo 22 para los establecimientos educacionales en recuperación.

Se considerarán infracciones graves:

a) El incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 5º bis y los compromisos esenciales señalados en las letras a), b), c) y d) del artículo 6°;

b) El incumplimiento reiterado de los compromisos adicionales establecidos en el artículo 16 para los establecimientos educacionales emergentes, y

c) El incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el artículo 22 para los establecimientos educacionales en recuperación." (Por unanimidad).

32. Del diputado señor Kast, en subsidio de la anterior, para intercalar en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 27 (pasa a ser 33), a continuación de la palabra "incumplimiento", las tres veces que aparece, la expresión "reiterado". (Por unanimidad)

33. Del diputado señor Bobadilla para suprimir el artículo 29 (pasa a ser 35). (Por mayoría).

34. De los Diputados Errázuriz y Silber, para reemplazar el nuevo inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Subvenciones, agregado por el Nº 4 del artículo 30 del proyecto (que pasa a ser 36), por el siguiente:

“Una vez notificado el sostenedor o su mandatario de la resolución que ordena instruir proceso, el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo podrá, como medida precautoria, ordenar mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial, del pago de la subvención, atendida la naturaleza y cuantía de la presunta infracción. No obstante lo anterior, el Subsecretario de Educación, mediante resolución fundada, podrá dejar sin efecto la retención si ella afecta el derecho a la educación de los alumnos del respectivo establecimiento educacional, consagrado en el artículo 19 número 10 de la Constitución Política.”.

35. Del diputado señor Kast para suprimir el artículo segundo transitorio. (Por mayoría).

36. Del diputado señor Kast para suprimir el artículo tercero transitorio. (Por mayoría).

37. Del diputado señor Kast para suprimir el artículo cuarto transitorio. (Por mayoría).

VI. INDICACIONES DECLARADAS INADMISIBLES.

Se hace constar que la Presidenta de la Comisión declaró inadmisibles, por referirse a materias que son de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, las siguientes indicaciones:

1. Del diputado señor Montes, para agregar en el inciso segundo del artículo 9º (pasa a ser 11), que pasaría a ser tercero en virtud de una indicación del Ejecutivo que intercala en esa disposición un inciso segundo nuevo, la siguiente oración, pasando el punto final a ser seguido: "El Ministerio de Educación deberá proponer a los municipios rurales y a los establecimientos educacionales municipales rurales planes de mejoramiento educativo a desarrollar conjuntamente entre establecimientos educacionales de distintas comunas y con el apoyo del Ministerio.".

2. Del diputado señor Bobadilla, para reemplazar el artículo 12 (pasa a ser 14), por el siguiente:

"Artículo 12. La subvención escolar preferencial para los alumnos que cursen entre el primer y segundo nivel de transición y el 4º año de educación general básica tendrá los siguientes valores unitarios por alumno prioritario, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la caracterización socioeconómica que se haga de los mismos de conformidad con el artículo 2° de la presente ley e independientemente de la clasificación del establecimiento:

Valor Subvención USE

A. Alumnos prioritarios críticos 2,0

B. Alumnos prioritarios menos críticos 1,4"

3. Del diputado señor Bobadilla, en subsidio de la anterior, para agregar en el artículo 12 (pasa a ser 14), un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

"Estos valores deberán ser revisados cada dos años por un equipo compuesto por un representante del Ministerio de Educación, un representante de los colegios municipales y un representante de los colegios particulares subvencionados, en la forma que establezca el reglamento. Dicho reglamento determinará la forma en que se materializará esta revisión, debiendo considerar la entrega de una propuesta formal al Ministerio sobre los posibles cambios de los montos entregados a cada tipo de establecimiento."

4. De los diputados señor Montes y señora Tohá, para intercalar un nuevo artículo 12 bis, del siguiente tenor:

"Artículo 12 bis. Los establecimientos educacionales incorporados al régimen de subvención preferencial recibirán un incremento a la subvención por alumno prioritario que se denominará incremento escuela, cuando cuenten con una proporción de alumnos prioritarios de conformidad a la siguiente tabla:

Los montos recibidos en conformidad al incremento establecido en el inciso precedente deberán ser destinados a una o más de las siguientes medidas:

a) Incremento de la remuneración de los docentes de ese establecimiento que han sido evaluados en el nivel de desempeño Destacado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 70 del DFL Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, Estatuto Docente, o que cumplan con los requisitos para recibir la asignación de excelencia pedagógica establecida en el DFL Nº 1, de 2002, del Ministerio de Educación, en proporción a sus horas de contrato;

b) Contratación de nuevos docentes que cumplan los requisitos de la letra anterior, a quienes se les pagará con el incremento que establece esa disposición, y

c) Contratación de docentes adicionales, destinados a disminuir la proporción alumno/profesor.".

5. Del diputado señor Montes, para incorporar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 12 bis. Los establecimientos educacionales con más de 15% de alumnos prioritarios entre pre-kinder y 8º básico recibirán una subvención adicional equivalente a un porcentaje de la subvención preferencial (según la siguiente tabla).

6. Del diputado señor Errázuriz, para sustituir el inciso primero del artículo 13, por el siguiente:

"Los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes percibirán mensualmente la subvención preferencial establecida en esta ley. Su monto será equivalente a la asistencia promedio del nivel en que están los alumnos vulnerables."

7. Del diputado señor Kast para agregar el siguiente artículo 15 bis, nuevo.

"Artículo 15 bis. Los establecimientos educacionales autónomos que cuenten con una proporción de alumnos prioritarios superior al 15% de la matrícula de alumnos, considerada ésta desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta octavo año de educación general básica, tendrán derecho a un aporte adicional de recursos. El monto de este aporte adicional no podrá exceder el total del monto adicional recibido por los alumnos prioritarios en virtud de la subvención adicional establecida en esta ley. El reglamento a que alude el artículo 3º establecerá los criterios para determinar el monto del aporte adicional."

8. Del diputado señor Rojas, sendas indicaciones al inciso segundo del artículo 25 (pasa a ser 28), para agregar en su letra c), después de la palabra "evaluativa", y en su letra e), después de la palabra "pedagógica", el vocablo "anual".

9. Del diputado señor Montes, para incorporar el siguiente artículo 25 bis, nuevo:

“Facultase al Ministro de Educación para reorganizar el Ministerio en función de las responsabilidades de supervisión, administración, evaluación y apoyo técnico pedagógico que le plantea la relación con los establecimientos con alumnos prioritarios. La reorganización puede considerar entre otros la modificación de los Departamentos Provinciales, la creación de equipos especializados, la reasignación de funciones a organismos y profesionales del Ministerio.”.

10. Del diputado señor Montes, para incorporar el siguiente artículo nuevo:

“Artículo…..El Ministerio de Educación destinará en el ámbito de sus competencias a lo menos tres horas semanales de jornada de trabajo de sus profesionales de confianza, profesionales de planta, y profesionales a contrata a contribuir a las actividades educativas de los establecimientos educacionales municipales con más del 15% de alumnos prioritarios.”

11. Del diputado señor Montes, para incorporar el siguiente artículo nuevo:

Artículo. Los establecimientos educacionales de más de 500 alumnos deberán contar con un Administrador que junto con llevar el libro de ingresos y gastos, libere al director del establecimiento de las funciones administrativas.”.

12. De los diputados señores Enríquez-Ominami, Montes y Paredes, para intercalar la siguiente disposición quinta transitoria, pasando la actual quinta a ser sexta:

“Artículo quinto transitorio. Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias anteriores, y lo previsto en los artículos 6º, letra e), 7º, 9º, 15 y 20, corresponderá a la autoridad competente establecer, dentro de del plazo de un año, un nuevo sistema de medición de la calidad de la educación que integre tanto los aspectos que midan el conocimiento, así como también, los procesos educativos, el desarrollo de los estudiantes en los distintos ámbitos de la vida y las capacidades que la escuela entrega a los educandos para su desarrollo en el entorno en el que viven, entre otras consideraciones. En consecuencia, la clasificación de los establecimientos educacionales a que se refiere la presente ley se hará de acuerdo al SIMCE mientras éste sea el sistema vigente de evaluación de la calidad de la educación.”.

* * * * *

Finalmente, para mejor ilustración de la H. Cámara, se adjunta a este informe, como Anexo Nº 2, un texto comparado que contiene las disposiciones legales vigentes, el articulado original del Mensaje y el texto del proyecto que la Comisión somete a consideración de la Sala.

* * * * *

PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones expuestas y por las que en su oportunidad dará a conocer la señora Diputada Informante, esta Comisión recomienda aprobar el siguiente proyecto de ley, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la H. Corporación, se le han introducido algunas modificaciones de forma, que no se detallan y que se incluyen en el siguiente texto:

"PROYECTO DE LEY.

TITULO I

RÉGIMEN DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

Párrafo 1°

Subvención Preferencial

Artículo 1º. Créase una subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia y educación general básica.

Artículo 2º. Para los efectos de la aplicación de la subvención preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

La calidad de alumno prioritario será calificada por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste determine, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario tendrán la calidad de prioritarios por el solo ministerio de la ley.

b) Los alumnos de familias no comprendidas en la letra precedente serán considerados prioritarios, para los efectos de esta ley, cuando hayan sido caracterizados como indigentes por el instrumento de caracterización socioeconómica del hogar vigente.

c) Los alumnos de familias no comprendidas en las letras anteriores tendrán la calidad de prioritarios cuando sus padres o apoderados hubieren sido clasificados en el tramo A del Fondo Nacional de Salud.

d) Tratándose de alumnos cuyos hogares no cuenten con la caracterización socioeconómica de su hogar, de acuerdo con los instrumentos señalados precedentemente, o que no hayan quedado comprendidos en las letras anteriores, para los efectos de su calificación como prioritarios, se considerará, en orden sucesivo, los ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre y, en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno, en la forma que establezca el reglamento.

La calidad de alumno prioritario será informada por el Ministerio de Educación a la familia de dicho alumno.

Artículo 3º. La forma de realizar la calificación de alumno prioritario será definida en un reglamento, mediante normas de carácter general, elaborado por el Ministerio de Educación, el cual llevará, además, la firma del Ministro de Hacienda.

Artículo 4º. Tendrán derecho a la subvención educacional preferencial los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, en adelante “Ley de Subvenciones”, que impartan enseñanza regular diurna, cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere el artículo 7º. Esta subvención se pagará por los alumnos prioritarios matriculados en dichos establecimientos, según lo establecido en los artículos 14 y 15.

Artículo 5º. En todo lo no regulado expresamente en esta ley, la subvención preferencial se regirá por las normas de los Títulos I y IV de la Ley de Subvenciones. La pérdida de los requisitos para percibir las subvenciones de dicha ley, y la privación o suspensión del pago de la misma, tendrán como efecto la suspensión o privación, según sea el caso, de la subvención preferencial y de los aportes regulados en esta ley.

No obstante, el Subsecretario de Educación podrá, mediante resolución fundada, ordenar que se deje sin efecto la medida de retención de la subvención preferencial cuando la suspensión del derecho a percibirla comprometa gravemente la garantía del derecho a la educación establecida en el artículo 19, Nº 10, de la Constitución Política de la República. Dicha resolución no podrá extenderse más allá del respectivo periodo escolar.

Artículo 6º. Para que los establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 4º puedan impetrar el beneficio de la subvención preferencial, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de la Ley de Subvenciones, así como de cualquier cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento.

b) Aceptar a todos los alumnos que postulen al primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia y desde 1º hasta 4º año de la educación general básica, dentro de las capacidades autorizadas que tenga el establecimiento.

En el evento de que haya una cantidad de postulantes superior a la capacidad autorizada del establecimiento educacional, la incorporación de los alumnos se ceñirá estrictamente a un proceso de selección público y transparente, en el marco del proyecto educativo institucional a que alude la letra c) siguiente, el que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del postulante, su rendimiento escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad o religión de los padres, origen étnico del postulante, ni otro criterio que permita la discriminación arbitraria de éste. En ese caso las vacantes sólo podrán asignarse por prioridad familiar o, en última instancia, por sorteo.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por prioridad familiar que el alumno postulante tenga hermanos matriculados o sea hijo de un docente o no docente del establecimiento educacional.

c) Informar a los padres y apoderados del proyecto educativo institucional y del reglamento interno del establecimiento, entendiéndose que al concretarse la postulación hay una aceptación de los padres y apoderados a dicho proyecto y reglamento interno.

d) Retener en el establecimiento a los alumnos prioritarios con bajo rendimiento académico e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar su rendimiento escolar, no pudiendo excluir alumnos por razones académicas.

e) Destinar los aportes que contempla esta ley a la implementación de las medidas comprendidas en el plan de mejoramiento educativo en beneficio de los alumnos prioritarios.

Artículo 7º. Para incorporarse al régimen de la subvención preferencial, los sostenedores deberán suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional correspondiente. Dicho convenio abarcará un período mínimo de cuatro años, que podrá renovarse por períodos iguales.

Mediante este convenio, el sostenedor se obligará a los siguientes compromisos esenciales:

a) Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención preferencial y de los demás aportes contemplados en esta ley. Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley.

b) Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y del Centro General de Padres y Apoderados, el que no requerirá gozar de personalidad jurídica.

c) Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función técnico-pedagógica en el establecimiento y asegurar el cumplimiento efectivo de las horas curriculares no lectivas.

d) Presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con la comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones desde pre-kinder hasta octavo básico en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

e) Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos, y en especial de los prioritarios, concordadas con el Ministerio de Educación, en función de los resultados que se obtengan por aplicación del sistema de evaluación nacional a que se refiere el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, de acuerdo a lo establecido en el decreto a que se refiere el artículo 10.

f) En el caso de los sostenedores municipales, señalar en el convenio cuál ha sido el aporte promedio en los últimos tres años e indicar cuál será el aporte mínimo que entregará anualmente el municipio a cada uno de los establecimientos que reciba subvención preferencial.

g) Cumplir con cada una de las obligaciones que impone esta ley, según la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento.

h) Informar a los padres y apoderados del alumnado del establecimiento sobre la existencia de este convenio, con especial énfasis en las metas fijadas en materia de rendimiento académico.

i) Cautelar que los docentes de aula presenten al director del establecimiento, dentro de los primeros quince días del año escolar, una planificación educativa anual de los contenidos curriculares.

j) Contar en su malla curricular con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan a la formación integral de los alumnos.

En el caso de los establecimientos educacionales municipales, el convenio antes referido pasará a formar parte de los compromisos de gestión a que se refiere el artículo 70 bis del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación.

Artículo 8º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo anterior, el sostenedor deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo que incluya orientaciones y acciones en cada una de las áreas o dimensiones señaladas a continuación:

1. Acciones en el área de gestión del currículum, tales como fortalecimiento del proyecto educativo; mejoramiento de las prácticas pedagógicas; apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales; mejoramiento de los sistemas de evaluación de los alumnos; modificación del tamaño de cursos o contar con profesores ayudantes; apoyos a alumnos rezagados en sus aprendizajes y desarrollo personal; giras y visitas a lugares funcionales al cumplimiento de los objetivos educativos, entre otras.

2. Acciones en el área de liderazgo escolar, tales como fortalecimiento del Consejo de Profesores; participación en el establecimiento de personalidades de la vida cultural y científica y de profesionales o dirigentes de la sociedad local o nacional; proyección de la escuela en la comunidad; fortalecimiento de la formación valórica y cívica de los alumnos, entre otras.

3. Acciones en el área de convivencia escolar, tales como apoyo psicológico y de asistencia social a los alumnos y a sus familias; mejoramiento de la convivencia y gestión del clima escolar; fortalecimiento del Consejo Escolar; fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el vínculo educativo y afectivo con los alumnos y la escuela; apoyos a los aprendizajes de todos los alumnos, entre otras.

4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición de una política de perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, destinada a fortalecer aquellas áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados educativos insatisfactorios, y establecimiento de sistemas de evaluación de los docentes, esto último en el caso de los establecimientos particulares subvencionados; fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad educativa, tales como biblioteca escolar, computadores, Internet, talleres, sistemas de fotocopia y materiales educativos, entre otras.

Tratándose de establecimientos educacionales emergentes y en recuperación de conformidad a lo establecido en el artículo 9º, deberán incluir las acciones comprometidas en el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales emergentes a que hace referencia el artículo 18 y en el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en recuperación a que se refiere el artículo 25, respectivamente.

El Ministerio de Educación entregará orientaciones y apoyo para elaborar el Plan de Mejoramiento Educativo y podrá hacer recomendaciones para mejorar dicho Plan. Asimismo, entregará orientaciones para la ejecución de las acciones antes señaladas y realizará su seguimiento y evaluación anualmente, por sí o a través de entidades acreditadas incluidas en el registro del artículo 29.

Artículo 9º. Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de subvención educacional preferencial serán clasificados en alguna de las siguientes categorías:

a) Establecimientos Educacionales Autónomos con evaluación del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas: aquéllos que hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

b) Establecimientos Educacionales Emergentes con apoyo a la Dirección del establecimiento de parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas: aquéllos que no hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del citado decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

c) Establecimientos Educacionales en Recuperación con apoyo integral a su desarrollo y funcionamiento por parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas: aquellos que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del citado decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

Los establecimientos educacionales que postulen al régimen de subvención preferencial serán clasificados en las categorías de las letras a), b) o c) del inciso precedente, en la oportunidad de que trata el artículo 12.

Los establecimientos educacionales nuevos podrán incorporarse al régimen de subvención educacional preferencial cuando cuenten con dos mediciones de acuerdo a los instrumentos mencionados, salvo que, a juicio del Ministerio, existan antecedentes suficientes para considerar que reúnen las condiciones para dar una educación de calidad a sus alumnos vulnerables.

Artículo 10. Los estándares nacionales y los criterios específicos para la calificación de los resultados educativos a que se refiere el artículo anterior se establecerán mediante decreto supremo del Ministerio de Educación y deberán ser actualizados a lo menos cada 5 años.

El procedimiento para la determinación y verificación de los resultados educativos, para los efectos de esta ley, será establecido en el reglamento. La calificación de los resultados educativos deberá aplicarse desde el primer año de subvención preferencial y en todos los niveles desde 1º a 8º básico.

Artículo 11. Con el objeto de permitir la clasificación en las categorías que señala el artículo 9º, de aquellos establecimientos cuya matrícula de 4° y 8º básico, según corresponda, sea insuficiente para efectos de realizar inferencias estadísticas confiables acerca de sus resultados educativos, medidos conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, el Ministerio de Educación adecuará el mecanismo de evaluación antes referido para las características de estos establecimientos.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación considerará las características de los establecimientos educacionales rurales uni, bi o tri docentes, así como de aquéllos multigrado o en situación de aislamiento, con el fin de orientar la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo de dichos establecimientos y brindarles apoyo y supervisión pedagógica especial, acorde con sus necesidades, ya sea otorgada por sí o mediante entidades pedagógicas y técnicas de apoyo registradas.

El Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que establece el artículo 7º, tratándose de los establecimientos educacionales de los incisos precedentes, deberá incluir, en aquellos casos en que sea posible, la obligación de funcionar como conjunto sistémico y articulado, o en red, con otros establecimientos de similares características y cercanía geográfica, conforme con los procedimientos que se establezcan en el reglamento.

Artículo 12. La postulación para ingresar al régimen de subvención escolar preferencial se realizará en el mes de agosto de cada año en la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación, para incorporarse a dicho régimen a partir del año escolar siguiente.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación, durante los meses de septiembre y octubre, conforme lo disponga el reglamento, analizará la situación de cada establecimiento educacional que haya postulado y procederá a su clasificación en la categoría que corresponda, de acuerdo al artículo 9º. Cuando esa clasificación hubiere ocurrido previamente, según lo establece el artículo 66 de la Ley de Subvenciones, ésta será considerada como antecedente para los efectos de la postulación.

Con todo, si la Secretaría Regional Ministerial de Educación no emite pronunciamiento en cuanto a la clasificación de los establecimientos educacionales dentro del mes de octubre a que se refiere el inciso anterior, el establecimiento se entenderá clasificado como establecimiento educacional autónomo.

Artículo 13. La resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación que establezca la clasificación indicada en el artículo 9º, será notificada en forma personal o mediante carta certificada al postulante, y podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación.

Artículo 14. La subvención escolar preferencial tendrá el siguiente valor unitario mensual por alumno prioritario, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la categoría del establecimiento educacional establecida en la resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación de acuerdo al artículo 9º:

Artículo 15. Los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes percibirán mensualmente la subvención preferencial establecida en esta ley. Su monto se determinará multiplicando el valor que corresponda conforme al artículo anterior por la asistencia media promedio de los alumnos prioritarios durante los tres meses precedentes al pago.

En los meses no comprendidos en el año escolar y en el primer mes del año referido, se empleará el procedimiento establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la Ley de Subvenciones, aplicado a los alumnos prioritarios. Asimismo, respecto a la suspensión de clases o actividades escolares por un mes calendario, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo citado.

El procedimiento de cálculo de la subvención a que se refieren los incisos anteriores, será aplicable para el cálculo de los aportes a establecimientos educacionales emergentes que establece esta ley.

Artículo 16. Los establecimientos incorporados a este régimen de subvención serán sometidos por el Ministerio de Educación a una supervisión y apoyo permanentes de su desempeño en los aspectos pedagógicos y a un control del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley, de acuerdo a los procedimientos, periodicidad e indicadores que especifique su reglamento.

Los resultados de la evaluación del tercer o anteriores años, según corresponda a la categoría en que se encuentre el establecimiento, serán notificados durante el año escolar siguiente a la última medición usada para la evaluación. Esta nueva clasificación se hará efectiva a contar del año escolar inmediatamente siguiente al de la notificación. Durante el año de la reclasificación, el establecimiento mantendrá la anterior categoría.

Párrafo 2°

Establecimientos Educacionales Autónomos con evaluación del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas.

Artículo 17. En los establecimientos autónomos se evaluará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, en especial la de retención de los alumnos prioritarios con dificultades académicas y la de cumplimiento de los logros académicos de todos los alumnos, conforme a los resultados obtenidos en las mediciones de carácter nacional aplicados al 4° y 8º año de educación general básica, según corresponda, durante el periodo a que se refiere el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, de Educación.

La evaluación de estos establecimientos, según los logros académicos antes referidos, se realizará por el Ministerio de Educación al menos cada 3 años.

Si el resultado de esa evaluación, en lo referido a los logros académicos, indica que han cumplido con las obligaciones del inciso anterior, mantendrán la categoría de Autónomos. En caso contrario, dichos establecimientos pasarán a la categoría de Emergentes o de Establecimientos en Recuperación a que se refiere el párrafo 4° de este Título.

Párrafo 3°

Establecimientos Educacionales Emergentes con apoyo a la Dirección del establecimiento de parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas.

Artículo 18. El sostenedor del establecimiento educacional clasificado como emergente deberá cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el artículo 8º y asumir los compromisos adicionales que a continuación se indican, los que, una vez suscritos, quedarán incorporados al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa:

1. Elaborar durante el primer año un Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales emergentes que profundice el Plan presentado de acuerdo al artículo 8º, el que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Educación, para ser ejecutado en un plazo máximo de 4 años.

Este Plan deberá contener al menos:

a) Un diagnóstico de la situación inicial del establecimiento y del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos, así como una evaluación respecto de los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta el establecimiento.

b) Un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el transcurso de la ejecución del Plan. En todo caso, al cumplirse el plazo de ejecución del Plan, el establecimiento educacional deberá lograr los estándares nacionales.

2. Coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios.

3. Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar.

Artículo 19. Los establecimientos educacionales clasificados como Emergentes tendrán derecho a percibir, para el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo para emergentes a que se refiere el artículo anterior, un aporte adicional de recursos para contribuir al financiamiento de dicho Plan, que será objeto de un convenio complementario.

Para la implementación del Plan a que se refiere el inciso anterior, los establecimientos allí señalados podrán utilizar los recursos adicionales para contratar servicios de apoyo de una entidad externa con capacidad técnica al respecto, la que en todo caso deberá estar incluida en el registro indicado en el artículo 29.

La suma anual de los recursos que reciban los establecimientos emergentes por la aplicación de la letra B del artículo 14 y el aporte adicional a que se refiere este artículo, será equivalente a lo que le correspondería recibir al mismo establecimiento si éste estuviera en la categoría de Autónomo, por los niveles que se especifican en el inciso siguiente.

Este aporte adicional será de 0,7 USE por los alumnos que cursen desde el primer y segundo año de transición de la educación parvularia y hasta el 4º año de la educación general básica; de 0,465 USE en el caso de los alumnos que cursen 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,235 USE por los alumnos que cursen 7º y 8º año de la educación general básica.

No obstante lo anterior, durante el primer año de vigencia del convenio se entregará a los sostenedores de los establecimientos educacionales que no cuenten con un plan aprobado por el Ministerio de Educación, un tercio del aporte adicional mensual a que se refiere el inciso anterior, para financiar la obligación establecida en el Nº 1 del artículo 18, recibiendo del Ministerio de Educación los dos tercios restantes una vez que sea aprobado el Plan de Mejoramiento Educativo, pagándose éste último con efecto retroactivo calculado desde el mes siguiente al acto de aprobación del convenio a que se refiere el artículo 7º.

A contar del segundo año de vigencia del convenio, el aporte a que se refiere el inciso cuarto se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han efectuado conforme al Plan de Mejoramiento Educativo aprobado.

De la resolución a que se refiere el inciso anterior podrá apelarse dentro de los quince días hábiles siguientes a su emisión, ante el Subsecretario de Educación, disponiendo éste de igual plazo para pronunciarse sobre la apelación.

El reglamento a que alude el artículo 3° establecerá el modo y la oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas.

Mediante decreto del Ministerio de Educación, que llevará además la firma del Ministro de Hacienda, se fijará anualmente el monto en pesos del aporte adicional y de las proporciones de dicho aporte a que se refieren los incisos cuarto y quinto.

Artículo 20. El Ministerio de Educación realizará una supervisión pedagógica a los establecimientos emergentes que desarrollan su Plan de Mejoramiento Educativo.

Asimismo, el Ministerio de Educación evaluará anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa por el sostenedor para cada establecimiento educacional emergente, debiendo entregar su informe al respectivo establecimiento.

Artículo 21. Si las evaluaciones señaladas en el artículo anterior, en lo referido a logros académicos, indican que un establecimiento educacional emergente ha alcanzado los estándares nacionales de la categoría de establecimientos autónomos a que se refiere el artículo 10, el sostenedor podrá solicitar al Ministerio de Educación que dicho establecimiento sea clasificado en esta categoría, debiendo el Ministerio responder dentro del plazo de quince días hábiles, transcurrido el cual, si no lo hiciere, se entenderá aceptada la solicitud, conforme al procedimiento que para este efecto fije el reglamento de esta ley.

Párrafo 4°

Establecimientos Educacionales en Recuperación con apoyo integral a su desarrollo y funcionamiento por parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas.

Artículo 22. El Ministerio de Educación, mediante resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación, clasificará como Establecimientos Educacionales en Recuperación a aquellos establecimientos incorporados al régimen de la presente ley que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para los establecimientos educacionales emergentes. Se entenderá por resultados reiteradamente deficientes el no cumplir con los estándares nacionales considerando a lo menos las últimas tres mediciones realizadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 10.

También serán clasificados en la categoría de Establecimientos Educacionales en Recuperación los establecimientos emergentes que, en el plazo de un año contado desde la suscripción del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, no cuenten con el Plan de Mejoramiento Educativo señalado en el artículo 18. Igual clasificación recibirán aquellos establecimientos educacionales emergentes que, teniendo un Plan aprobado, no lo apliquen, situación que será verificada por el Ministerio de Educación, mediante resolución fundada, en la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo 20.

La clasificación de un establecimiento en la categoría en Recuperación podrá ser efectuada a partir del segundo semestre del primer año de suscrito el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, salvo que se trate de un establecimiento que deba entrar en esta categoría de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

El establecimiento que sea clasificado en la categoría en Recuperación mantendrá dicha clasificación y estará sujeto a las obligaciones que esta ley impone a dichos establecimientos por tres años contados desde el año escolar siguiente a aquél en que fue clasificado en tal categoría.

Artículo 23. La resolución que clasifique a un establecimiento educacional en la categoría en Recuperación, conforme a lo señalado en el artículo anterior, pondrá término al derecho a impetrar la subvención preferencial por parte del sostenedor del establecimiento, a partir del año escolar siguiente, sin perjuicio del aporte a que se refiere el artículo 26.

Dicha resolución será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor y podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de su notificación.

Artículo 24. Las escuelas que sean clasificadas en Recuperación, en relación con lo establecido en el artículo 22, y que hayan apelado de ello de conformidad al artículo 23, serán evaluadas por un panel de expertos con el objetivo de emitir un informe respecto de dicha clasificación, el cual deberá ser considerado por el Subsecretario de Educación al resolver la apelación. Este panel tomará en cuenta los antecedentes de las escuelas evaluadas y otros relevantes a juicio del panel.

Este panel estará conformado por tres expertos, designados uno por el Ministerio de Educación, otro por el sostenedor del establecimiento y otro por una entidad evaluadora externa de aquellas a que se refiere el artículo 29.

Artículo 25. Los sostenedores de los establecimientos educacionales en Recuperación deberán cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el artículo 8º. Además, tendrán las siguientes obligaciones:

1) Lograr los estándares nacionales correspondientes a la categoría Emergentes en un plazo máximo de tres años a partir del año escolar siguiente al de la resolución del artículo anterior, mejorando el rendimiento académico de los alumnos prioritarios.

2) Cumplir el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en Recuperación que establezca un equipo tripartito conformado por un representante del Ministerio de Educación, por el sostenedor, o un representante que éste designe, y por una entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, de aquéllas incorporadas en el registro a que se refiere el artículo 29.

Dicho plan surgirá de un Informe de Evaluación de la Calidad Educativa del establecimiento, propuesto por la entidad externa antes referida.

El Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en Recuperación abarcará tanto el área administrativa y de gestión del establecimiento como el proceso de enseñanza y aprendizaje y sus prácticas, y deberá estar elaborado antes del inicio del año escolar siguiente al de la dictación de la resolución a que se refiere el artículo 22.

3) Aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el Plan.

En caso de proponerse la reestructuración del equipo de docentes directivos, técnico-pedagógicos o de aula, a fin de superar las deficiencias detectadas por el Informe de Evaluación de la Calidad Educativa en el personal del establecimiento educacional, el sostenedor deberá aplicar alguna o algunas de las siguientes medidas, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como menoscabo para los docentes:

a) Redestinación de tareas y/o funciones;

b) Destinación del docente a otro establecimiento del mismo sostenedor que tenga la calificación de Autónomo o Emergente;

c) Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes, pudiendo recurrirse para ello a la totalidad o parte de la jornada laboral contratada.

Artículo 26. Para diseñar y llevar a cabo las actividades señaladas en el artículo anterior, el Ministerio de Educación dispondrá de un aporte económico extraordinario para los sostenedores de los establecimientos educacionales declarados en Recuperación a que se refiere el artículo 22.

La suma anual de este aporte extraordinario será equivalente al monto que le correspondería al establecimiento educacional si se le aplicara la subvención establecida en la letra A del artículo 14, por el promedio de los alumnos prioritarios matriculados en los niveles correspondientes en el primer trimestre del año escolar, considerando el porcentaje de la asistencia media efectiva de los alumnos prioritarios registrada en los meses del año escolar inmediatamente anterior.

Estos recursos deberán ser aplicados a medidas de mejoramiento contenidas en el Plan mencionado en el artículo anterior. La rendición de estos recursos deberá ser visada por la entidad externa.

Este aporte será entregado en cuotas mensuales, iguales y sucesivas; será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique, mediante resolución fundada, que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan aprobado.

En todo caso, un alumno prioritario que se traslade durante el año escolar de un establecimiento en Recuperación a cualquier otro, no dará derecho a impetrar la subvención preferencial ni los aportes de los artículos 19 y 26 en el nuevo establecimiento, durante ese año.

El reglamento a que alude el artículo 3º establecerá el modo y la oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas.

Durante el primer año de incorporación de un establecimiento educacional al régimen de subvención preferencial, el aporte a que se refiere el inciso primero será determinado según la fórmula establecida en el inciso segundo, dividido por doce y multiplicado por el número de meses que resten del año, contados desde el mes siguiente a la firma del convenio complementario.

Artículo 27. Si concluido el plazo de tres años establecido en el Nº 1 del artículo 25, el establecimiento educacional en Recuperación alcanza los objetivos planteados con la reestructuración será clasificado como Emergente o Autónomo, según corresponda. Esta clasificación tendrá efecto a partir del año escolar siguiente.

Por otra parte, si el establecimiento en Recuperación no logra dichos objetivos en el plazo indicado, podrá el Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial. Dicha resolución será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación y notificada al sostenedor por carta certificada.

Procederá recurso de apelación ante el Subsecretario de Educación, en el plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la resolución.

Párrafo 5°

Responsabilidades del Ministerio de Educación

Artículo 28. La administración del régimen de la subvención educacional preferencial estará a cargo del Ministerio de Educación.

En tal virtud, le corresponderá:

a) Clasificar a los establecimientos educacionales en las categorías del artículo 9º e informar de ello a los establecimientos, a los Consejos Escolares, a los padres y apoderados, a la comunidad escolar y al público en general;

b) Suscribir los convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa y los convenios complementarios, y verificar su cumplimiento;

c) Efectuar la supervisión de la ejecución de los planes de mejoramiento educativo a que se refieren los artículos 8º, 18 y 25, y del cumplimiento del convenio del artículo 7º, informando de ello al sostenedor del establecimiento;

d) Determinar los instrumentos y la oportunidad en que se verificará el cumplimiento de los compromisos contraídos por los establecimientos educacionales que forman parte del régimen de la subvención preferencial;

e) Realizar una supervisión y dar apoyo pedagógico permanente a los establecimientos clasificados como Emergentes o en Recuperación, lo cual podrá efectuarse en forma directa o por medio de organismos externos habilitados para ejercer esta función;

f) Proponer planes y metodologías de mejoramiento educativo a los sostenedores;

g) Establecer la forma y periodicidad en que los sostenedores de establecimientos educacionales deberán informar al Consejo Escolar y a los padres y apoderados sobre la situación de los establecimientos bajo el régimen de subvención escolar preferencial, especialmente respecto de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los mismos;

h) Formar e integrar el equipo tripartito que se señala en el artículo 25;

i) Aplicar las sanciones referidas en el artículo 34, y

j) Realizar todas las demás acciones necesarias para el cumplimiento y fines de esta ley.

Artículo 29. El Ministerio de Educación elaborará un Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, las que podrán ser personas naturales o jurídicas y estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo a que se refieren los artículos 8º, 18 y 25; para lo indicado en el artículo 19 y para todas las demás funciones señaladas en el artículo 25.

El registro podrá contemplar categorías según las especialidades técnicas de las entidades, pudiendo éstas optar a todas o sólo a algunas de ellas.

El reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros de especialidades que se creen; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro y las causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la calidad técnica y especialidad de dichas entidades. El Ministerio de Educación deberá mantener este registro con información actualizada sobre la asesoría proporcionada a los establecimientos educacionales adscritos al régimen de subvención preferencial.

El establecimiento educacional que requiera la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo, conforme a lo señalado en el inciso primero, podrá elegir entre las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo que formen parte del registro a que se refiere el citado inciso, oyendo al Ministerio de Educación.

Los sostenedores de zonas geográficas contiguas o de similares características podrán asociarse entre sí para recibir apoyo técnico de una misma entidad registrada.

Los honorarios de cada entidad pedagógica y técnica de apoyo serán pagados por el sostenedor que requiera sus servicios.

Las entidades registradas que presten asesoría a los establecimientos educacionales Emergentes y en Recuperación, y que reiteradamente obtengan resultados insatisfactorios de conformidad a lo establecido en el reglamento de la presente ley, podrán ser eliminadas del Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.

Regirán respecto de estas personas y entidades las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 119653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 30. El Ministerio de Educación entregará anualmente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un informe describiendo las acciones y evaluando los avances en cada uno de los establecimientos educacionales con más de quince por ciento de alumnos prioritarios, y los aportes educativos y de todo tipo que haya efectuado la instancia responsable de dicho Ministerio.

Párrafo 6º

Responsabilidades de la dirección de los establecimientos

Artículo 31. La dirección de los establecimientos educacionales deberá llevar un libro diario de ingresos y gastos.

En los ingresos deberán incluirse todas las transferencias del Ministerio de Educación, de la municipalidad o de otras fuentes.

En los gastos deberán incluirse los sueldos y demás desembolsos por concepto de mantención, adquisición de materiales, giras de estudio, u otros.

Artículo 32. Los miembros del equipo directivo del establecimiento (director, subdirector, inspector general, jefe de unidad técnico-pedagógica y otros, si los hubiere) deberán impartir a lo menos cuatro horas semanales de clases de aula.

Párrafo 7º

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 33. Son infracciones graves a la presente ley, además de las consignadas en la oración final de la letra c) del inciso segundo y en el inciso tercero del artículo 50 de la Ley de Subvenciones:

1) El incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 6º y de los compromisos esenciales señalados en el artículo 7º;

2) El incumplimiento de los compromisos adicionales establecidos en el artículo 18 para los establecimientos educacionales emergentes, y

3) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 para los establecimientos educacionales en recuperación.

Artículo 34. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Subvenciones y mediante el procedimiento establecido en el artículo 53 de dicha ley.

Las multas y retenciones que se apliquen en virtud de la presente ley lo serán respecto de las subvenciones y aportes de esta ley y de aquéllas de la Ley de Subvenciones.

Artículo 35. En todo lo no previsto en este párrafo, en materia de infracciones, retenciones, descuentos y sanciones se aplicarán las normas del Título IV de la Ley de Subvenciones.

TITULO II

OTRAS NORMAS

Artículo 36. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación:

1) Sustitúyese, en todas sus disposiciones, la mención “Educación Parvularia (segundo nivel de transición)” por “Educación Parvularia (primer y segundo nivel de transición)”.

2) Modifícase el artículo 50 en el siguiente sentido:

a) Agrégase al inciso segundo, a continuación de la letra d), la siguiente letra e) nueva:

“e) Incumplimiento de la obligación de informar prevista en los artículos 64 y 65;”;

b) Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la letra h), la siguiente letra i) nueva:

“i) Permanecer dos años a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificado en la categoría de establecimiento con Necesidad de Medidas Especiales, de conformidad a lo establecido en el artículo 66, sin haber aplicado las medidas propuestas por el Ministerio de Educación para superar dicha categoría.”.

3) Sustitúyese el inciso primero del artículo 52 por el siguiente:

“Las sanciones consistirán en:

a) Multas, las que no podrán ser inferiores a un cinco por ciento ni exceder del cincuenta por ciento de una unidad de subvención educacional por alumno matriculado a la fecha en que se incurre en la infracción.

b) Privación de la subvención, que puede ser total o parcial, definitiva o temporal.

En caso de privación temporal, ésta no podrá exceder de doce meses consecutivos.

c) Revocación del reconocimiento oficial, y

d) Inhabilidad temporal o perpetua del sostenedor para mantener o participar de cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales subvencionados.”.

4) En el artículo 53, agrégase el siguiente nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Una vez notificado el sostenedor o su mandatario de la resolución que ordena instruir proceso, el Secretario Regional Ministerial de Educación podrá, como medida precautoria, ordenar, mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial, del pago de la subvención, atendida la naturaleza y cuantía de la presunta infracción.”.

Artículo 37. Modifícase el artículo 72 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en el siguiente sentido:

1) Elimínase, en la letra b), la frase “o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función”.

2) Introdúcese la siguiente letra c), nueva, pasando la actual a ser d), y así sucesivamente:

“c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas.

Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada del docente faltar sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días en igual periodo, y por impuntualidades reiteradas cuando éstas excedan el uno por ciento del total de horas contratadas semanalmente, según el modo de cómputo que establezca el reglamento.

La solicitud de remoción de un docente por esta causal deberá presentarse ante el Concejo Municipal por el Alcalde, por el Jefe del Departamento de Administración Educacional Municipal o por el Director del establecimiento, acompañando un informe fundado. El Concejo Municipal deberá pronunciarse dentro del plazo de quince días, debiendo contar con la aprobación de los dos tercios de sus miembros.”.

Artículo 38. La Ley de Presupuestos fijará el número máximo de alumnos prioritarios que cada año recibirán la subvención preferencial.

Artículo 39. El mayor gasto fiscal que representen las subvenciones a que se refiere el artículo 14, el aporte adicional a que se refiere el artículo 19 y el aporte económico extraordinario del artículo 26, se financiará con cargo a los recursos que contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público. El mayor gasto que represente esta ley para el Ministerio de Educación, por sobre la subvención y aportes anteriormente señalados, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto de dicho Ministerio.

Artículos Transitorios

Artículo primero transitorio. Los establecimientos que postulen y se incorporen al régimen de subvención preferencial durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, podrán ser clasificados en la categoría de Autónomos en la oportunidad que señala el artículo 12, si cumplen los siguientes requisitos relacionados con los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los 4° básicos por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, de Educación, esto es:

a) Que su puntaje promedio como establecimiento sea mayor que el puntaje promedio del establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

b) Que el porcentaje de alumnos sobre 250 puntos del SIMCE sea mayor que el porcentaje de alumnos sobre este puntaje que posee el establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

c) Que el porcentaje de alumnos sobre 300 puntos del SIMCE sea mayor que el porcentaje de alumnos sobre este puntaje que posee el establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

Lo anterior deberá ocurrir en un número significativo de mediciones y sectores de aprendizaje, que no podrá ser, en el caso de las mediciones, inferior a dos. El procedimiento utilizado para clasificar a las escuelas a partir de estos criterios será establecido en el reglamento correspondiente.

Además, deberán considerarse los siguientes indicadores complementarios:

a) Tasas de retención y aprobación de alumnos;

b) Integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento;

c) Iniciativa, consistente en la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico;

d) Mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento, y

e) Evaluación del cuerpo docente, en el caso del sector municipal.

En el mismo periodo señalado en el inciso primero, la clasificación a que se refiere el artículo 9º se realizará considerando grupos de establecimientos de similares características. Los criterios para realizar dicha agrupación quedarán establecidos en el reglamento y considerarán fundamentalmente el nivel socioeconómico de los alumnos atendidos y los recursos o aportes en dinero con que cuente o reciba el establecimiento educacional.

En el mismo periodo señalado en el inciso primero, los establecimientos educacionales que se incorporen al régimen de subvención preferencial que no cumplan los requisitos de este y del siguiente artículo serán clasificados como Emergentes.

Artículo segundo transitorio. Durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, los establecimientos serán clasificados en la categoría en recuperación si cumplen las siguientes condiciones con relación a los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los 4° básicos por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, de Educación:

a) Que su puntaje promedio sea inferior a 220 puntos.

b) Que la proporción de alumnos sobre los 250 puntos del SIMCE sea inferior al 20 por ciento.

Lo anterior deberá ocurrir en un número significativo de mediciones y sectores de aprendizaje, que no podrá ser, en el caso de las mediciones, inferior a dos. El procedimiento utilizado para clasificar a las escuelas a partir de estos criterios será establecido en el reglamento.

Además deberán considerarse los siguientes indicadores complementarios:

a) Tasas de retención y aprobación de alumnos;

b) Integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento;

c) Iniciativa, consistente en la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico;

d) Mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento, y

e) Evaluación del cuerpo docente.

En tanto no se establezcan los estándares nacionales a que se refiere el artículo 10 de esta ley, la clasificación prevista en su artículo 9º se realizará considerando grupos de establecimientos de similares características. Los criterios para realizar dicha agrupación quedarán establecidos en el reglamento y considerarán fundamentalmente el nivel socioeconómico de los alumnos atendidos y los recursos o aportes en dinero con que cuente o reciba el establecimiento educacional.

El mismo procedimiento se aplicará para clasificar a los establecimientos educacionales con Necesidad de Medidas Especiales señalados en el artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

En todo caso, el decreto supremo a que alude el artículo 10 deberá ser dictado dentro de los veinticuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo tercero transitorio. Durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, los establecimientos educativos cuyo sostenedor postule a la subvención preferencial serán clasificados como Autónomos o Emergentes según cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo primero transitorio, no siendo aplicable en ese lapso la categoría en Recuperación o la señalada en el inciso primero del artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

Artículo cuarto transitorio. En el período comprendido entre la entrada en vigencia de esta ley y la aplicación de los mecanismos establecidos en su artículo 11, los establecimientos educacionales referidos en dicho artículo serán considerados, para efectos de la subvención preferencial y del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que establece el artículo 7º, como Emergentes. En tanto no se apliquen dichos mecanismos, no podrán cambiar de categoría.

Artículo quinto transitorio. No obstante lo dispuesto en los artículos 1º y 14 de esta ley, los niveles de 5º a 8º año de la educación general básica se incorporarán gradualmente a la percepción de la subvención preferencial y de los aportes complementarios establecidos en ella, a razón de un nivel por año a contar del segundo año de su entrada en vigencia.

Para estos efectos se suscribirá un convenio complementario sobre estos recursos.

Artículo sexto transitorio. El aporte extraordinario establecido en el artículo 26, referido a los establecimientos clasificados en la categoría en Recuperación, será de 0,93 USE por los alumnos prioritarios matriculados en 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,47 USE por los alumnos prioritarios matriculados en 7º y 8º año de la educación general básica.

Este aporte será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan de Mejoramiento Educativo aprobado.

Artículo séptimo transitorio. Durante el primer año de vigencia de esta ley, los establecimientos educacionales podrán postular para ese año al régimen de subvención preferencial, sin que les sea aplicable el plazo del artículo 12. En ese evento la subvención preferencial y los aportes complementarios previstos en esta ley se pagarán a partir del primer día del mes siguiente a la resolución que aprueba el convenio a que se refiere el artículo 7º.

Artículo octavo transitorio. El reglamento referido en el artículo 3º deberá ser dictado dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo noveno transitorio. La presente ley regirá a contar del primer mes del año escolar 2007.".

* * * * *

Sala de la Comisión, a 7 de noviembre de 2006.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 18 de abril; 2, 9 y 16 de mayo; 6, 13, 19 y 20 de junio; 4, 11 y 18 de julio; 1, 8, 9, 16, 22 y 23 de agosto; 5, 6 y 12 de septiembre; 3 y 31 de octubre, de 2006; con la asistencia de los miembros titulares de la Comisión, diputadas señoras Carolina Tohá Morales (Presidenta), Marcela Cubillos Sigall y Ximena Vidal Lázaro, y diputados señores Sergio Bobadilla Muñoz, Marco Enríquez-Ominami Gumucio, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Rodrigo González Torres, José Antonio Kast Rist, Carlos Olivares Zepeda, Iván Paredes Fierro, Manuel Rojas Molina, Gabriel Silber Romo y Germán Verdugo Soto; la concurrencia, en calidad de reemplazantes, de las diputadas señoras Clemira Pacheco Rivas, María Antonieta Saa Díaz y Alejandra Sepúlveda Orbenes, y de los diputados señores Pedro Araya Guerrero, Sergio Correa de la Cerda, Enrique Jaramillo Becker, Carlos Montes Cisternas, Marco Antonio Núñez Lozano, Eduardo Saffirio Suárez y Patricio Vallespín López. Asistieron, además, a algunas de estas sesiones, los diputados señores René Alinco Bustos, Germán Becker Alvear, Pablo Galilea Carrillo y Fulvio Rossi Ciocca.

ANDRÉS LASO CRICHTON,

Secretario de la Comisión.

ANEXO Nº 1 AL INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA DEPORTES Y RECREACION, RELATIVO AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS SOCIO-ECONÓMICAMENTE VULNERABLES.

BOLETÍN Nº 4030-04

SÍNTESIS DE LAS EXPOSICIONES FORMULADAS EN LA COMISIÓN.

La señora Pilar Romaguera (Subsecretaria de Educación) en la presentación del proyecto ante la Comisión explicó que las ideas centrales del mismo consisten en dotar de mayores recursos a los alumnos que más lo necesitan y establecer ciertas exigencias de calidad para las escuelas que los atienden.

Lo primero se justifica porque resulta mucho más difícil y por ende, costoso educar a niños que provienen de hogares más vulnerables. Actualmente la subvención escolar es uniforme, lo cual promueve la segregación de los alumnos más pobres. Diversos estudios indican que en los países subdesarrollados el nivel socioeconómico del alumno es más determinante que la calidad de la escuela para explicar los resultados educativos. De ahí que Chile debe apuntar a mejorar la calidad de los aprendizajes compensando la desigualdad de recursos.

El segundo punto importante es que la subvención escolar se entrega actualmente por asistencia, sin que exista ningún compromiso de calidad con respecto a los aprendizajes que se proveen a los educandos.

Tales son, por tanto, los dos problemas que la iniciativa pretende resolver.

Refiriéndose al contenido del proyecto, explicó que sus beneficiarios serán los 400 mil alumnos más vulnerables o prioritarios [12] que participan del sistema escolar entre pre-kinder y 4º básico [13] (25% del total de ese segmento, según cifras del año 2004), que serán seleccionados a través del Programa Chile Solidario, cuyos partícipes se consideran vulnerables per se, y sobre la base de una Ficha de Familia, que toma en cuenta los antecedentes socioeconómicos y el nivel de escolaridad, especialmente, de la madre.

En cuanto a las características de la nueva subvención, ella se entregaría por cada alumna o alumno prioritario, a los establecimientos que los atienden, independientemente de su administración y de su nivel socioeconómico.

El monto de la subvención preferencial alcanzaría a un máximo de 18 mil pesos, adicionales a la subvención base, la cual fluctúa entre 30 y 35 mil pesos.

Este mayor aporte de recursos está asociado, sin embargo, a compromisos de calidad de la enseñanza que imparten las escuelas que lo reciban. Se busca destacar al menos dos situaciones relativas a la calidad de la educación impartida: diferenciar aquellas escuelas que presentan resultados de aprendizaje deficientes, sostenidamente en el tiempo, de aquéllas que alcanzan, sostenidamente también, buenos logros de aprendizaje de sus alumnos.

Producto de lo anterior, las escuelas serán clasificadas en tres categorías:

Autónomas, aquéllas que muestren sostenidamente buenos resultados de aprendizaje;

Emergentes, las que exhiban resultados inferiores a las autónomas, pero tengan potencial para elevar sus niveles de aprendizaje, y

En Recuperación, aquéllas cuyo historial de resultados de aprendizaje y condiciones institucionales hagan necesario un fuerte apoyo del Ministerio y una revisión profunda de sus estándares de calidad.

Para efectuar dicha clasificación [14], se tendrán en cuenta: 1) la trayectoria histórica del establecimiento; 2) los resultados de aprendizaje, medidos por el SIMCE, en los subsectores de Lenguaje y Matemáticas, sin perjuicio de otros que se puedan incluir en el futuro, y 3) las condiciones socioeconómicas y de recursos que enfrenta cada escuela (lo cual implica comparar el rendimiento de cada establecimiento con el de sus semejantes).

Se exigirá a las escuelas que alcancen un nivel mínimo de calidad de los aprendizajes según su nivel socioeconómico promedio. Serán Autónomas las que alcancen y conserven el estándar mínimo exigido para cada nivel y, en Recuperación, aquéllas que permanezcan sostenidamente por debajo del mismo.

Para ingresar al sistema de subvención preferencial, los establecimientos deberán suscribir un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, que tendrá una duración mínima de seis años.

A través de este Convenio, las escuelas que voluntariamente lo suscriban deberán comprometerse a:

Eximir de todo cobro a los alumnos prioritarios;

No seleccionar alumnos por nivel socioeconómico ni por rendimiento escolar (se trata de niños de pre-kinder a 4º año básico);

Retener a los alumnos prioritarios;

Mantener informados a los padres y apoderados acerca de sus resultados de aprendizaje, y

Alcanzar y conservar un determinado nivel de resultados mientras esté vigente el Convenio.

Las escuelas que alcancen mejores resultados académicos de acuerdo a su nivel socioeconómico, tendrán mayores grados de autonomía respecto del uso de la subvención preferencial; y aquéllas que sostenidamente presenten resultados deficientes recibirán un tratamiento especial, que se traducirá en el apoyo de entidades externas destinado a superar sus deficiencias.

Las escuelas Autónomas recibirán 18 mil pesos de subvención adicional por cada alumno prioritario, debiendo cumplir con el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Académica.

Las escuelas Emergentes, por su parte, recibirán solamente 9 mil pesos adicionales a la subvención base por alumno prioritario (que podrán administrar libremente), quedando condicionada la entrega de los restantes 9 mil pesos a la elaboración e implementación, supervisada por el Ministerio, de un plan de mejoramiento educativo a cuatro años plazo, debiendo igualmente cumplir el Convenio de Igualdad de Oportunidades.

Finalmente, las escuelas en Recuperación no recibirán subvención adicional alguna, pero sí un aporte máximo de 9 mil pesos por cada uno alumno prioritario para financiar el costo de la asistencia técnica externa que obligatoriamente deberán recibir [15], a fin de implementar un plan de mejoramiento educativo acordado por un comité tripartito. Además, estos establecimientos deberán obtener resultados académicos semejantes a los de las escuelas emergentes en un plazo de tres años y cumplir el Convenio de Igualdad de Oportunidades correspondiente.

Desde una perspectiva dinámica, durante el primer año de vigencia de la ley (año cero o periodo de gracia), las escuelas serán clasificadas solamente en dos categorías: Autónomas y Emergentes. A partir de segundo año (año 1 de vigencia plena del sistema), existirán las tres categorías antes mencionadas. Las escuelas pequeñas, que tengan dificultades para ser evaluadas a través del SIMCE o para las cuales éste no sea representativo debido al bajo número de sus alumnos, serán catalogadas inicialmente como escuelas Emergentes y recibirán la subvención correspondiente a esa categoría. No obstante, el proyecto contempla también la posibilidad de que se establezcan redes, asociaciones de escuelas pequeñas, para efectos de evaluarlas de otra manera.

El proyecto contiene, además, algunas normas generales aplicables a las escuelas subvencionadas. A través de ellas, se universaliza la subvención para pre-kinder; se establece que todas las escuelas podrán ser clasificadas en tres categorías análogas a las de la subvención preferencial, es decir, que el Ministerio podrá evaluar a todo el sistema escolar a través de dichas categorías; que aquellas escuelas que no firmen el Convenio de Igualdad de Oportunidades, pero cuya situación sea homologable a la de las escuelas en Recuperación, serán denominadas "con necesidad de medidas especiales", y que, en caso de mantener esta calificación durante dos años, deberán ingresar al sistema de subvención preferencial como escuelas en Recuperación, y que aquellas escuelas que ingresen al sistema, pero que no cumplan sus compromisos esenciales, podrán ser sancionadas con la imposición de multas, privación de la subvención, revocación del reconocimiento oficial o inhabilidad temporal o permanente del sostenedor.

Por último, el proyecto pone de relieve la necesidad de que los padres reciban información adecuada, para lo cual el Ministerio se obliga a mantener una base de datos con información relevante de todos los establecimientos educacionales subvencionados; a elaborar una ficha escolar (semejante a la report card, que se utiliza en los países desarrollados), que deberá ser entregada por los establecimientos a los padres, y a velar porque las familias y la comunidad dispongan de información relevante sobre la oferta educativa.

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El señor Claudio Sapelli (docente del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile) señaló que la segmentación por ingreso que registra el sistema escolar se debe a que la subvención escolar es uniforme, lo que lleva a los colegios a seleccionar a aquellos alumnos que resultan más fáciles de educar. La solución es entonces establecer una subvención escalonada, y a eso apunta precisamente la subvención preferencial.

El problema de la calidad, en tanto, se debe a que no existen mecanismos, ni de mercado (como sería la disminución de la matrícula hasta un nivel que obligue al establecimiento a cerrar) ni de planificación (como sería la denegación de fondos públicos a las escuelas que no alcancen un estándar mínimo de resultados), para que los malos colegios desaparezcan; y no hay tampoco ningún sistema de retroalimentación que los ayude u obligue a cambiar. A esto apunta el sistema de rendición de cuentas o accountability.

Con todo, estimó que el monto de la subvención preferencial es todavía insuficiente para compensar los déficit culturales de los alumnos más vulnerables, por lo cual seguirá habiendo selección y segregación. Y si ésta se prohíbe, el mayor costo de educarlos tendrá que asumirlo el sostenedor del establecimiento, lo que probablemente hará que muchos de ellos se resistan a ingresar al sistema de subvención preferencial. Por ello, sugirió que la incorporación de éstos sea obligatoria.

Por su parte, el sistema de rendición de cuentas puede acarrear beneficios importantes a bajo costo, siempre que esté bien diseñado. Sin embargo, el propuesto en el proyecto es excesivamente complejo. Sugirió establecer solamente dos categorías de escuelas: las que están funcionando bien y las que están condicionales y que deben demostrar que pueden mejorar o, de lo contrario; sufrir alguna consecuencia negativa, como por ejemplo, traspasar la administración a otra entidad.

En resumen, el proyecto contiene dos buenas propuestas: promueve la igualdad de oportunidades, aunque limitadamente, y establece un mecanismo para evaluar a los colegios, basado en los resultados y no en los procesos, y ello producirá consecuencias para aquéllos sostenedores que no hagan bien las cosas.

Reflexionando sobre el sistema educativo chileno en general, señaló que cualquier sistema de financiamiento que se quiera implementar en el futuro tendrá que considerar al menos la entrega de recursos en proporción al número de alumnos que las escuelas atienden, aun cuando pudiera optarse por otra forma de asignación (por matrícula o índice de aprobación), y las dificultades que deben enfrentar los establecimientos (nivel de pobreza o dificultades de aprendizaje de los alumnos, ruralidad o aislamiento geográfico, etcétera).

También fue partidario de reformar las reglas de entrada al sistema educacional, pues es poco racional tener zonas donde hay exceso de oferta sólo por intereses de mercado de los sostenedores, que quieren abrir nuevos colegios para competir por matrícula, provocando efectos a nivel local que no necesariamente aportan al mejoramiento de la calidad.

Asimismo, sugirió establecer mayores exigencias para los sostenedores privados y públicos. En el caso de los establecimientos con financiamiento compartido, consideró inaceptable que se les permita cobrar y a mismo tiempo ejercer todas las prácticas de discriminación y selección de estudiantes que se encuentran prohibidas para los establecimientos municipales.

Además, en otros países, la distinción entre instituciones con y sin fines de lucro es esencial para poder recibir recursos públicos. En cambio, en Chile, no existen reglas claras sobre los requisitos que deben cumplir los establecimientos para entrar a formar parte de la educación pública.

En cuanto a las escuelas que enfrentan problemas, como en Chile no opera la lógica de mercado que las obligue a cerrar por disminución de la matrícula, estimó que el Estado es quien debe decidir qué hacer con ellas.

Por último, justamente porque la autoridad pública debe velar por que todas las escuelas funcionen bien, estimó que los recursos adicionales que se desea entregar a los establecimientos que atienden preferentemente a los niños más pobres deben estar asociados a un proyecto de mejoramiento educativo, aun cuando podría discutirse cuáles deben ser los componentes de ese proyecto y las prácticas que se debieran promover a nivel de la escuela.

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La señora Carolina Velasco (investigadora de Libertad y Desarrollo) estimó que el hecho de que haya un solo instrumento para alcanzar los dos objetivos fundamentales del proyecto, como son igualar las oportunidades de acceso a la educación y establecer un sistema de rendición de cuentas por resultados, puede terminar frustrando la consecución de ambos.

Destacó que, al clasificar a los establecimientos en distintas categorías, se entregarían montos distintos a niños que pueden ser igualmente vulnerables y, por otra parte, los establecimientos Emergentes que cuenten con menos de 15% de alumnos vulnerables recibirían sólo la mitad de la subvención que corresponde a los Autónomos. Además, puesto que sólo las escuelas que suscriban el Convenio de Igualdad de Oportunidades recibirán la subvención preferencial, quedarían fuera del beneficio los niños que no asistan a ellas, con lo cual no se lograría el primer objetivo. Observó también que los establecimientos que no suscriban el Convenio no estarán obligados a obtener resultados de calidad, lo que resultaría discriminatorio para los alumnos prioritarios que concurran a éstos.

En cuanto al segundo objetivo, explicó que en un sistema centralizado como el de EE.UU. no existe posibilidad de elegir el establecimiento educacional para los hijos, pues éstos deben asistir al que corresponda al domicilio de los padres. En cambio, en un sistema descentralizado como el nuestro, los padres pueden elegir. En el primer caso, corresponde al Estado asegurar de manera centralizada el logro de determinados resultados educativos, mientras que, en el segundo, los padres son los que deben exigir resultados a los colegios y, en caso de disconformidad, pueden optar por trasladar a sus hijos a otro establecimiento.

Sin embargo, el sistema de rendición de cuentas no funciona actualmente en Chile por distintas razones. Una de ellas es el hecho de que existen numerosas trabas legales y administrativas que no son abordadas en el proyecto y que impiden que haya consecuencias (subsidios cruzados, falta de autonomía, etc.). También influye la existencia de zonas en que funciona una solo escuela, sin que los padres puedan optar por otra (monopolios locales). Esto podría subsanarse con una subvención más atractiva, que cubra el costo real de educar a los alumnos vulnerables, estimulando la instalación de nuevas escuelas.

Estimó, además, que en la iniciativa no se entregan herramientas a los colegios para alcanzar los estándares exigidos. Así, por ejemplo, en las escuelas municipales, los directores no administran autónomamente sus recursos y tampoco pueden modificar libremente la planta docente.

El hecho de que tales medidas sean impuestas desde fuera del establecimiento, puede implicar que no se ajusten a su realidad local. Esto es particularmente notorio en el caso de las escuelas en Recuperación, donde los procesos educativos serían intervenidos por un comité tripartito.

Observó que existe a la base proyecto cierta desconfianza en torno a la capacidad de los directores y profesores para alcanzar resultados de calidad, porque no siempre se les entregaría el total de la subvención preferencial y, además, se les exigiría proceder de una forma determinada, restándole autonomía a los establecimientos, cuyo mal rendimiento podría deberse a la insuficiencia de los recursos que perciben y no necesariamente a una mala gestión.

Por otra parte, el equipo tripartito tendría injerencia en la administración y gestión de las escuelas, pero no asumiría responsabilidad alguna por los resultados. Si a éstas no le va bien, las consecuencias recaerían en los sostenedores y no en el Ministerio o en la entidad externa que integraría dicho comité tripartito.

Consideró, además, que el proyecto presenta un alto grado de intervencionismo en lo que respecta a la libertad de los colegios para determinar la forma de alcanzar ciertos logros educativos, lo cual sucede porque se pretende supervisar los procesos y no los resultados.

Agregó que la iniciativa no respeta el derecho preferente y el deber de los padres de educar a sus hijos y su libertad de escoger el establecimiento de enseñanza, ya que de algún modo el Estado elige por ellos, sobre todo mediante la revocación del reconocimiento oficial. Además, se hacen exigencias no relacionadas con los aprendizajes (supervisión pedagógica), que desincentivan la participación de los establecimientos.

Asimismo, pese a que la incorporación al sistema es voluntaria, de alguna manera los establecimientos que no suscriban el convenio y que tengan bajos resultados sufrirán consecuencias negativas (riesgo de cierre), debiendo integrarse necesariamente a él como escuelas en recuperación.

Otro punto importante es que muchos aspectos sustanciales del proyecto no están definidos a nivel legal, sino que quedan delegados al reglamento. Así, por ejemplo, la definición de alumno prioritario; los procedimientos de verificación y determinación de los resultados educativos (convenio); la supervisión pedagógica (indicadores, periodicidad, etc.); los requisitos que deberán cumplir las Entidades Externas para inscribirse en el registro; la regulación de temas esenciales como Base de Datos y Ficha de Familia, y los criterios de clasificación de los establecimientos.

En conclusión, el uso de un solo instrumento puede impedir que se alcancen los objetivos propuestos; disminuye la autonomía de las escuelas municipales, lo que juega en contra de que cada uno se haga responsable de sus resultados, y contempla una excesiva intervención del Mineduc, que decide por los padres. Pero lo positivo de la iniciativa es que avanza en la entrega de información a los padres, empoderándolos (accountability).

Hecho el diagnóstico anterior, Libertad y Desarrollo propone, en una primera etapa, entregar la subvención completa a todos los alumnos vulnerables, idealmente directamente a las familias, igualando así la opción de elegir.

Luego, en una segunda etapa, se propone efectuar una distinción entre establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Respecto de los primeros, si después de cuatro años no logran superar determinados estándares mínimos de calidad (a lo menos en base al SIMCE), los sostenedores deberían sufrir alguna consecuencia: entregar la administración del establecimiento a una entidad externa elegida por ellos, la cual deberá cumplir ciertas metas en determinados plazos (mínimo cuatro años), sin perder por ello su carácter municipal. El traspaso de la administración podría concretarse a través de asociaciones, licitaciones o convenios con fundaciones, asociaciones de profesores, de padres, sostenedores u otras.

A cambio de las metas, la entidad encargada contaría con facultades especiales para poder realizar una gestión que mejore los resultados, tales como remover profesores mal evaluados o contratar profesores y funcionarios en función de metas concretas, con plazos definidos; negociar colectivamente por escuelas y no en general, y administrar directamente los recursos del establecimiento.

Ahora, si transcurridos cuatro años desde el traspaso de la administración el establecimiento no logra alcanzar los estándares mínimos de calidad, más los que el sostenedor hubiera pactado con la entidad externa, podría perder su condición de elegible para los efectos de la subvención preferencial.

Por su parte, las entidades externas que no logren las metas, quedarían inhabilitadas durante uno o dos años para hacerse cargo de nuevos establecimientos, independientemente de aquéllos que ya tengan a su cargo. Además, los resultados de su gestión formarían parte de la ficha escolar y del sistema de información.

Respecto de los colegios particulares subvencionados, propone que, si luego de cuatro años no logran superar determinados estándares mínimos de calidad (a lo menos en base al SIMCE), ellos pierdan de inmediato su condición de elegibles para efectos de la nueva subvención. Por el contrario, si logran superar el estándar mínimo, todos los establecimientos deberían poder acceder nuevamente a los fondos.

Con respecto a la creación de un Sistema de Información (accountability), propone entregar a lo menos anualmente, a todos los apoderados de cada colegio, la ficha escolar respectiva; la clasificación del establecimiento (sólo para efectos de informar), y los resultados de las instituciones que se hayan hecho cargo de su administración, cuando corresponda.

Además, se debería poner a disposición de los padres una base de datos con la información de todos los establecimientos y las opciones a las cuales pueden acceder (en cada comuna, ciudad, región, etc.); un registro con los resultados obtenidos por las Entidades Externas en los colegios municipales que han administrado, y otro de establecimientos que han perdido su condición de elegibilidad para la subvención preferencial.

Por último, propone crear un sistema de incentivo a la calidad, que puede consistir en un premio en dinero a los establecimientos que logren buenos resultados (en función de la capacidad financiera del Mineduc); menor supervisión ministerial; posibilidad de contratar profesionales de otras disciplinas; bonos por desempeño y/o posibilidad de acceder a mayores descuentos tributarios por donaciones para las empresas que entreguen recursos a esos establecimientos.

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El señor Juan Eduardo García-Huidobro (Director del Departamento de Educación de la Universidad Alberto Hurtado) observó que el proyecto enfrenta dos problemas de la máxima importancia para la educación chilena, como son la gran desigualdad de logros de aprendizaje de los niños y el hecho de que el Estado entrega actualmente recursos para la educación sin controlar los resultados que se obtienen y sin impedir que escuelas que reciben recursos públicos seleccionen alumnos, o expulsen a los que presentan problemas de aprendizaje.

Estimó, sin embargo, que la solución propuesta presenta graves limitaciones, porque no enfrenta las causas que podrían estar a la base de los problemas que pretende resolver.

Señaló que, probablemente, el mayor causante de las inequidades educativas y de la creciente segmentación que se observa en el sistema es el régimen de subvenciones, cuya efectividad en el mejoramiento de la calidad no ha sido demostrada, razón por la cual sugirió revisar esta forma de financiamiento.

Observó, además, que el proyecto aborda la educación de los niños más vulnerables sin ninguna referencia explícita a la educación municipal, donde se educan 4 de cada 5 de esos alumnos. De nuevo, estimó altamente probable que gran parte del problema que se quiere enfrentar se deba a la crisis del sistema municipal, el que tampoco ha sido evaluado en sus 25 años de funcionamiento.

Por otra parte, opinó que el proyecto presenta soluciones de dudosa efectividad, que no aprovechan el conocimiento acumulado en políticas sociales y educativas exitosas.

Así, la propuesta de subvención preferencial se inscribe en una estrategia que intenta dinamizar el mercado educativo, asociando sanciones e incentivos a las escuelas de acuerdo a su productividad, medida en resultados de aprendizaje de sus alumnos. Los componentes de esta propuesta son atractivos por su simplicidad: bastaría definir los estándares de desempeño a lograr en plazos determinados, implementar un sistema para evaluarlos y distribuir premios y castigos monetarios acordes con los resultados obtenidos para mejorar la educación. Desgraciadamente, las cosas no son tan simples: no es fácil evaluar y los incentivos poseen efectos inciertos.

Al optar por el mecanismo de subvención por alumno, la ley requiere establecer un sistema que determine en forma precisa el carácter de “prioritario” de los alumnos más vulnerables. Al respecto, señaló que en materia de políticas sociales son conocidos los efectos estigmatizadores de este tipo de prácticas, lo que se agrava en Chile por el carácter marcadamente clasista de la cultura nacional y, en la escuela, por ser una institución cerrada donde ya es difícil despejar los prejuicios que dificultan el aprendizaje de los más pobres.

Por otro lado, la elección del dispositivo de subvención define el problema a resolver como una dificultad individual de ciertos niños y no como un problema social que afecta a una porción significativa de la población que asiste a escuelas con una alta concentración de pobreza y sin las capacidades para atenderla con eficacia.

Para recibir la subvención preferencial, las escuelas deberán demostrar su efectividad escolar logrando buenos puntajes SIMCE. Este requisito comete el grave error de confundir los resultados de las escuelas con la calidad de sus servicios. De hecho, con la información disponible, es imposible determinar cuáles son las escuelas más efectivas en cuanto a resultados de aprendizaje. En Chile, las escuelas han estado “compitiendo” en un sistema que permite la selección de los estudiantes y que tolera una gran desigualdad de recursos entre instituciones aparentemente similares; y los estudios disponibles sugieren que la mayor parte de las diferencias entre escuelas detectadas por el SIMCE se explican mejor por este tipo de sesgos que por su calidad pedagógica. Por tanto, comparar a las escuelas al interior de grupos “similares” reduce en medida desconocida el problema, pero no lo resuelve.

En suma, la validez (y justicia) de los premios/castigos asociados a los logros escolares es muy cuestionable. Peor aun, en el contexto chileno, es altamente probable que estos dispositivos favorezcan a las escuelas más selectivas (a las mismas que excluyeron a los alumnos que ahora se les paga por aceptar) y perjudiquen a las escuelas que han trabajado en contextos social y educativamente más difíciles, haciendo aun más injustos los premios/castigos aplicados a los docentes y establecimientos.

El proyecto pretende hacer equidad entregando más recursos a los más necesitados, pero al mismo tiempo considera esos recursos no como un derecho de los más pobres, sino como un incentivo para las escuelas hipotéticamente más efectivas. El resultado es la paradoja de que, conforme las escuelas van enfrentando mayores dificultades, presumiblemente porque son más pobres y atienden a alumnos más vulnerables, se propone entregarles cada vez menos recursos.

Además de su limitada validez, tampoco está clara la efectividad educativa de la teoría del premio/castigo. La misma experiencia chilena de libre competencia en educación es un contraejemplo. Adicionalmente, se trata de incentivos claramente contrarios a la cultura escolar y docente, y es un axioma que el cambio escolar depende, en última instancia, de lo que los profesores piensen y hagan.

Dicho lo anterior, señaló que hay soluciones más simples, de mostrada efectividad, que podrían aplicarse de inmediato, lo que permitiría responder a la urgencia y darse el tiempo para evaluar el sistema de subvenciones y la municipalización, sin seguir cristalizando una institucionalidad que no ha sido suficientemente revisada. Al respecto, formuló las siguientes propuestas.

1. Perfeccionar las escuelas a que asisten mayoritariamente los alumnos pobres.

2. Instalar en ellas algunos procesos ya conocidos. El primero es que en cada establecimiento se genere un grupo de personas que piense, analice y proyecte en común las acciones del mismo. Para lograrlo, es importante: fortalecer a sus directores y promover la elaboración de un proyecto educativo que concite el compromiso de todos e incorpore el trabajo y la colaboración de los diversos actores de la comunidad escolar.

3. Dar apoyo técnico sistemático a las escuelas que no funcionen bien. Apoyándose en la experiencia de exitosos programas anteriores, como el P900 y el MECE Rural, se debería concebir la subvención preferencial como un subsidio a las escuelas gratuitas del país, que varíe según la cuantía y el índice de vulnerabilidad de su matrícula, condicionado a la ejecución de un plan de mejoramiento en el que los colegios comprometan metas de resultados y procesos, evaluadas a través de indicadores tales como puntaje SIMCE, nivel de retención de alumnos, satisfacción de los apoderados y otros.

Lo anterior permitiría responder urgentemente al objetivo fundamental del proyecto, cual es entregar más recursos a las escuelas que atienden a los alumnos más vulnerables para mejorar su educación, y darse un tiempo mayor para analizar en profundidad los temas institucionales pendientes que son, al menos, los siguientes:

Evaluación general del actual sistema de subvenciones;

Evaluación del sistema municipal de administración de la educación y estudio de propuestas para su mejoramiento, y

Estudiar la creación de una Superintendencia de la Educación Subvencionada, para asegurar un buen servicio y evitar exclusiones y discriminaciones.

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El señor Christian Bellei (consultor UNICEF Chile), a título personal, estimó necesario aclarar el diagnóstico sobre cuya base se elaboró la iniciativa en comento, porque los problemas del sistema escolar que se necesita resolver son, a su juicio, al menos cuatro. A saber:

1º. Una tremenda inequidad de recursos, que se da en el contexto de una relativa carencia de ellos en el sistema público. No existen estudios de costos convincentes sobre cuánto implicaría educar con calidad a los alumnos del sector municipalizado y mucho menos a los niños más pobres dentro del mismo, pero todo indica que ese estándar es muy superior a la subvención base actual.

2º. Ciertos problemas de gestión del sistema escolar. El proyecto reconoce algunos de ellos, pero los supone restringidos al sector municipal. Los estudios no sustentan esta idea y lo que existe, en general, es un sistema muy poco efectivo, especialmente con los alumnos más pobres.

3º. La falta de regulación y control, y de responsabilidad pública respecto de los procesos y resultados de los establecimientos del sistema escolar en general, y la falta de mecanismos de sanción claros e instrumentos de apoyo institucionalizados para las escuelas que enfrentan problemas. El proyecto aborda esta temática, pero la presume circunscrita también al sector municipal.

4º. La falta de capacidad de las escuelas para mejorar sus resultados. En el último periodo se han implementado varias medidas de apoyo para que las escuelas mejoren, pero el sistema en general tiene una relativa carencia de capacidades para ello y para atender con eficacia a los alumnos más pobres. El proyecto no aborda este problema frontalmente, sino que asume ciertas capacidades que en verdad no existen.

Asimismo, en segundo lugar, consideró acertado que el proyecto pretenda no sólo entregar más recursos, sino también hacer ciertas exigencias de calidad a las escuelas, pero estimó que, al tratar de resolver simultáneamente ambos problemas, la solución se vuelve confusa y podría terminar frustrando ambos objetivos.

Con respecto a la inequidad de recursos, señaló que el proyecto confunde el problema, porque intenta vincular el mayor aporte con la identificación de los niños más necesitados y un premio a las escuelas que logren con ellos mejores resultados. Pero el problema fundamental, desde la creación del sistema de subvenciones, es la insuficiencia de los recursos disponibles para educar a los niños, independientemente de su nivel socioeconómico. Luego, si se quiere hacer equidad en esta materia, habría que determinar quiénes son los que tienen más necesidades y darles más recursos en función de ellas, pero a partir de un piso mínimo más alto que el que hoy existe.

Por otra parte, hay otros indicadores que miden la vulnerabilidad de los niños y escuelas. Por ejemplo, el grado de concentración de la pobreza en un determinado establecimiento. Tales indicadores deben tenerse también en cuenta para determinar en definitiva quiénes son los niños más necesitados dentro del sistema escolar.

Ahora bien, no basta simplemente entregar más recursos porque todas las escuelas funcionan actualmente en un régimen de relativa ineficiencia. De ahí la necesidad de asegurar que esos recursos se inviertan adecuadamente y apoyar a las escuelas para que aprendan a hacerlo bien en forma permanente. Para ello existen varios mecanismos suficientemente probados. Uno de ellos es ligar la subvención preferencial a proyectos de mejoramiento institucional; con plazos definidos; con sanciones para los responsables (directores, profesores, sostenedores), y no para los niños (porque en eso se traduce la privación de la subvención); con sistemas de control, tutorías, asistencia técnica, etcétera, tal como se contempla en la iniciativa.

Sobre el sistema de accountability, que el proyecto crea para todo el sistema escolar, el problema es que, al estar mezclado con la entrega de recursos diferenciados, se produce la paradoja de que se entregarían cada vez menos recursos a medida que las escuelas enfrenten más dificultades. Se requiere tiempo y más antecedentes para diseñar un buen sistema de monitoreo, apoyo, sanciones y cuenta pública sobre estas escuelas, que en definitiva apunte a mejorar la calidad y la equidad de la educación.

Por otra parte, si el sistema de accountability apunta a imprimirle al sistema escolar más movilidad estudiantil y más competencia entre los oferentes, se estaría cometiendo un error. Los estudios demuestran que Chile tiene un sistema escolar altamente dinámico y competitivo. Lo que se requiere es más responsabilidad pública por la calidad de los procesos educativos y por los resultados, como también más igualdad de recursos para que las escuelas funcionen bien.

Por último, hay otros detalles en el proyecto que valdría la pena discutir, como por ejemplo, que las escuelas pequeñas o de matrícula insuficiente, que en general son rurales, sean clasificadas como emergentes por el solo hecho de que falta información y, por tanto, vayan a recibir la mitad de la subvención preferencial.

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El señor Pablo González (profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile) valoró el hecho de que el proyecto proponga soluciones vía subvención, porque con ello corrige un error de diseño del sistema sobre el cual no había mucha consciencia cuando se creó y que ha surgido posteriormente de la investigación y de las acciones de política de los países más desarrollados, donde en general los gobiernos invierten más recursos en los alumnos más pobres. La forma en que lo hacen varía mucho, pero dadas las características del sistema de financiamiento imperante en Chile, el mayor aporte vía subvención resulta más coherente con aquél y es también semejante a lo que hacen otros países que tienen sistemas de financiamiento descentralizados como el nuestro.

Agregó que la forma actual de financiamiento, que no toma en cuenta las características del hogar del alumno, hace que, en igualdad de condiciones, los establecimientos escolares que pueden seleccionar estudiantes tiendan naturalmente a discriminar a aquéllos que resultan más difíciles de educar, cosa que la subvención preferencial trata de compensar, haciéndose cargo del mayor costo que estos alumnos representan.

En ese sentido, valoró también el hecho de que el proyecto prohíba seleccionar alumnos a los colegios que perciban la subvención preferencial, porque es una práctica que se da en los establecimientos que tienen exceso de demanda y es muy importante que ambas medidas estén asociadas.

En cuanto a los defectos de que adolece la iniciativa, observó que uno de ellos es que se asignarían menos recursos a las escuelas que tengan mayores problemas de funcionamiento. De todas maneras, el proyecto se hace cargo del problema de gestión que ello implica, aunque probablemente podría discutirse una mejor forma de abordarlo, pues, en rigor, se trata de escuelas que llevan mucho tiempo prestando servicios de mala calidad y se podrían explorar distintas medidas que permitan corregir esa situación, incluso más rápidamente que lo que se propone. Sin embargo, también hay que reconocer que esas escuelas están actuando dentro de un sistema en el que ha habido segregación durante largo tiempo y donde no se han hecho las correcciones que el proyecto está introduciendo, por lo que tiene muchas distorsiones.

En segundo lugar, el proyecto se hace cargo de la evidencia que arroja la investigación económica en términos de considerar que los alumnos de menor nivel socioeconómico requieren más recursos para alcanzar el rendimiento promedio de los usuarios del sistema. Pero la investigación más reciente ha demostrado que existe un efecto adicional en el rendimiento individual de los alumnos, cual es el efecto pares. Esto es, el que producen las características de los compañeros de curso y del resto de la escuela en el rendimiento individual de los niños. Ello lleva a pensar que el diseño más apropiado sería una subvención por alumno vulnerable, pero tomando en cuenta además la concentración de ellos en cada establecimiento.

Con respecto a las escuelas en recuperación, sugirió darles un tratamiento similar al de una empresa en quiebra. En las actuales condiciones, podría haber problemas para evaluar el mal funcionamiento de las escuelas porque se trata de una situación que se arrastra por largo tiempo, pero si éstas efectivamente están haciendo un mal trabajo, habría que pensar más bien en permitir que el ente regulador pueda intervenirlas y en congelar la aplicación del Estatuto Docente, tratándose de establecimientos municipales. En el caso de las escuelas particulares subvencionadas, a lo mejor correspondería el cambio de sostenedor vía licitación y, en el de las regidas por el DL 3166, establecer requisitos de resultados dentro de los convenios a través de los cuales se entregan en concesión. De todos modos, sería necesaria una normativa especial para poder hacer ese tipo de intervenciones y sacar adelante a esos establecimientos.

En cuanto a la forma de intervenir el sistema escolar para superar condiciones de desventaja social, destacó la conveniencia de ensayar distintas iniciativas. En general, en Chile se han adoptado medidas uniformes, como la JEC, cuando probablemente lo que necesitaban algunas escuelas eran mayores recursos para hacer otras cosas, sin extender la jornada, pero no se les dio esa libertad. Sugirió, para esta nueva inyección de recursos, estudiar distintas posibilidades y que ellas sean bien evaluadas, conforme a métodos de investigación apropiados.

Finalmente, destacó la importancia de terminar con la selección de alumnos por parte de los establecimientos, pero advirtió la necesidad de generar mecanismos más eficaces para fiscalizar tal prohibición. Sugirió, por ejemplo, dejar la postulación en manos de una agencia comunal o provincial, haciendo que ésta sea aleatoria, mediante sistemas de lotería, y considerando variables tales como el número de hermanos que asisten a la misma escuela, la mezcla social como un objetivo explícito y deseable, y la distancia al hogar, entre otras.

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El señor Gregory Elacqua (profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez) destacó del proyecto las siguientes fortalezas en materia de financiamiento:

1. Corrige el diseño de la subvención uniforme, reconociendo que los alumnos vulnerables son más costosos de educar.

2. Propone una implementación gradual de sus disposiciones, lo cual permitirá evaluar la suficiencia de los montos asignados.

En cuanto al sistema de clasificación y apoyo, reconoció las siguientes ventajas:

1. Aprovecha la prueba SIMCE para implementar un sistema de medición de valor agregado, considerando las condiciones socioeconómicas y de recursos que enfrenta cada escuela.

2. Reconoce que las escuelas tienen distintas capacidades y compara escuelas de distintos grupos, lo que permite realizar un diagnóstico más preciso de la situación de cada establecimiento e identificar el tipo de intervención que necesita.

3. Propone utilizar instrumentos más sofisticados para identificar a las escuelas que los usados en el P900 o en el Plan de Asistencia a las Escuelas Críticas.

4. Establece consecuencias claras para las escuelas que mejoran y las que no logran los resultados esperados, e introduce un gradiente de autonomía en el uso de los recursos.

5. Propone el desarrollo de una supervisión formativa, que busca generar capacidades dentro de la escuela, lo que permitirá identificar a aquéllas que más ayuda necesitan, para poder apoyarlas.

6. Simplifica la información para las familias y la comunidad educativa.

En cuanto a la no discriminación, se propone prohibir la selección de alumnos, lo que es muy positivo porque Chile es el único país del mundo que tiene un sistema de subvenciones estatales que permite a las escuelas discriminar a los niños (nivel socioeconómico, estado civil de los padres, religión).

Respecto de las debilidades del proyecto en materia de financiamiento, identificó el gradiente de pago (dar menos recursos a las escuelas con mayores dificultades); la no compensación del efecto par (las escuelas con mayor concentración de alumnos vulnerables no reciben más recursos, sino igual cantidad que otras con pocos alumnos de esas características, aun cuando la evidencia demuestra que el efecto para un alumno pobre de estar en un entorno con muchos otros alumnos pobres, puede ser bastante adverso); y, la voluntariedad del convenio (ello implica que no todos los alumnos prioritarios recibirán el monto total de la subvención preferencial, sino solamente aquéllos que asistan a colegios que hayan suscrito el convenio).

Sobre las debilidades del proyecto en lo relativo al sistema de clasificación y apoyo, señaló que no se menciona cómo se pretende evaluar y mejorar en el tiempo el sistema de valor agregado que se propone implementar (cuántos alumnos y cuántas evaluaciones se necesitan); se entrega poca información sobre la forma en que el Ministerio va a apoyar a las escuelas emergentes ( que son la gran mayoría y representan el grupo más heterogéneo dentro del sistema escolar), como asimismo, sobre el sistema de supervisión formativa y los programas de apoyo (qué implica en términos de recursos y capital humano; requiere de otra organización); y, que la voluntariedad del convenio de igualdad de oportunidades significará que se va a clasificar a todas las escuelas, pero no habrá consecuencias para las que no lo suscriban. Esto es preocupante porque se podría fomentar dos subsistemas de colegios subvencionados: los que se incorporen al sistema de subvención preferencial y los que no, con las consecuencias que ello implica para los alumnos prioritarios que asisten a unos y otros.

En materia de no discriminación de alumnos, identificó la voluntariedad del convenio. como una de las debilidades más importantes del proyecto. Sostuvo que todos los colegios que reciben recursos del Estado deberían estar obligados a firmarlo, porque las escuelas con financiamiento compartido que actualmente seleccionan a sus alumnos no van a tener incentivos para hacerlo. Incluso, colegios particulares subvencionados selectivos, que ofrecen educación de calidad en comunas de bajos ingresos, tampoco querrán suscribir el convenio. En este sentido, la voluntariedad se transforma en un incentivo para que los colegios no participen del sistema de subvención preferencial y presenta el riesgo de aumentar la segregación.

Para terminar, formuló las siguientes propuestas:

1. Eliminar el gradiente de pago.

2. Compensar el efecto par.

3. Establecer la obligatoriedad del convenio.

4. Informar a las familias de los niños prioritarios sobre su derecho a los recursos adicionales y la implicancia de éstos.

5. Crear un sistema de evaluación de los modelos de valor agregado.

6. Poner mayor énfasis en el sistema de supervisión formativa y los programas de apoyo.

7. Clasificación y consecuencias obligatorias para todos los colegios subvencionados. Es decir, obligatoriedad del convenio.

8. Prohibir la selección en todos los colegios que reciben subvención estatal.

9. Premiar la integración (no selección). Hoy, el 96% de las escuelas municipales cumplen con la exigencia de tener a lo menos un 15% de alumnos vulnerables. Entre los colegios particulares subvencionados, la mayoría de los gratuitos también cumplen (57%). Sin embargo, de los establecimientos con financiamiento compartido que cobran más de 20 mil pesos, ninguno cumple con esa norma y sólo 61 de los 873 que cobran más de 6 mil pesos lo hacen. Una manera de premiar entonces la integración sería potenciar la ley del 15%.

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El señor Julio Sagüés (investigador de la Fundación Chile) destacó el hecho de que el proyecto aborde la posibilidad de compensar los déficit de capital cultural que los alumnos tienen y que ello se asuma como política de Estado. Sin embargo, estimó que la iniciativa regula dos materias que deben analizarse por separado. Uno es el tema de la equidad (subvención preferencial para los alumnos más pobres, igualdad de oportunidades, no segregación, etcétera) y otro es el de la calidad (sistema de control y sanciones para las escuelas, basado en los resultados de aprendizaje de los alumnos).

Por otra parte, consideró importante tener una visión de futuro respecto de las consecuencias no deseadas que puede acarrear la no implementación del proyecto en los niveles superiores de la enseñanza. A modo de ejemplo, estimó que la selección y exclusión podría operar a partir de 5° básico en los establecimientos particulares subvencionados, pero no así en los municipalizados, generándose dos subcategorías de alumnos prioritarios y de escuelas.

Respecto de la voluntariedad del Convenio de Igualdad de Oportunidades, observó que no están claras las consecuencias que tendría no suscribirlo, tanto para los sostenedores como para los alumnos. En ese contexto, cabría preguntar cómo garantizará el Estado el logro de resultados de aprendizaje en todos los establecimientos y qué mecanismos se utilizarán para hacer efectiva la responsabilidad de éstos para con los alumnos.

Otro punto que requiere ser aclarado son los límites que tendría la autonomía de los centros educativos, es decir, cómo se compatibilizarían las normas y compromisos del Convenio sobre todo lo relacionado con los procesos de selección y retención con los contenidos y definiciones particulares de los Proyectos Educativos de los establecimientos.

En cuanto a la igualdad de oportunidades, advirtió una paradoja en el proyecto, porque por una parte se habla de compensar los déficit que tienen los alumnos con menor capital cultural, pero, por otra, se destinan menos recursos a los establecimientos que los atienden y que tienen más dificultades para mejorar.

Otro tanto ocurre con los mecanismos de clasificación de las escuelas. Hay que prever cuáles pueden ser las consecuencias no deseadas de utilizar únicamente el SIMCE para estos efectos, porque, de lo contrario, se estaría asociando la calidad solamente a los resultados de aprendizaje de los alumnos, quedando muchos otros indicadores fuera de la medición.

En cuanto a los mecanismos de evaluación, observó también vacíos en la iniciativa. No se sabe si los índices de retención y los resultados del SIMCE se considerarán sólo respecto de los alumnos vulnerables o de todos los alumnos de cada establecimiento. Si así fuera, se podría desnaturalizar el propósito original del proyecto.

Planteó que el uso discrecional de los recursos provenientes de la nueva subvención podría tener efectos indeseados. Por ejemplo, un colegio autónomo podría tender a captar a los mejores estudiantes prioritarios, más fáciles de educar entre sus pares, para mantener su condición de tal, sin que esos recursos se inviertan necesariamente en dichos alumnos.

También consideró importante definir los roles y funciones en materia de supervisión y apoyo. Se habla de un equipo tripartito que va a ser conformado por un representante del Ministerio, el sostenedor y un organismo técnico, pero no está claro cuál será el rol de cada uno de estos actores y la responsabilidad de cada cual en los procesos y resultados.

Valoró que se vaya contar con un sistema de información permanente y actualizada, disponible para los padres y apoderados respecto de los resultados y de la clasificación de las escuelas, pero estimó que también debiera incluirse el apoyo y supervisión prestados en cada caso tanto por el Mineduc como por las instituciones de asistencia técnica.

Afirmó que el proyecto no está debidamente articulado con otras leyes o proyectos de ley. Por ejemplo, con la obligación que tienen las escuelas subvencionados de contar con un 15% de alumnos vulnerables; con los compromisos de gestión que muchos colegios han adquirido con el Ministerio; con las metas de desempeño que se van a implementar entre los sostenedores y los directores; con los sistemas de evaluación docente y de directivos, o con otros indicadores que se utilizan hoy para evaluar la calidad.

En conclusión, señaló que la iniciativa tiene aspectos positivos, en cuanto reconoce las desigualdades de origen de los alumnos e intenta darles solución mediante políticas públicas, como también reconoce la importancia de contar con información para la toma de decisiones de los padres. Sin embargo, falta una aproximación más sistémica a los problemas de inequidad y calidad, sus variables y posibles estrategias de solución, en base a los resultados de la investigación y experiencia disponibles.

Finalmente, formuló las siguientes sugerencias.

1. Recoger e integrar en el proyecto la evidencia científica respecto de: a) Factores y variables de gestión que posibilitan procesos de mejoramiento, sustantivos y sostenidos en el tiempo; b) La instalación y desarrollo de capacidades en los diversos niveles del sistema escolar y sus actores; c) La real y efectiva capacidad de los mecanismos e incentivos económicos para producir mejores resultados de aprendizaje.

2. Generar una institucionalidad debidamente articulada y enfocada, que se haga cargo de todos los problemas que el sistema escolar presenta y que están ya suficientemente diagnosticados y documentados.

3. Articular la iniciativa legal en comento con sistemas de evaluación de calidad y generar condiciones para su implementación gradual. En concreto, poner en marcha primeramente el sistema de subvención preferencial y, dos años después, como mínimo, el capítulo correspondiente a la rendición de cuentas, pues hacerlo de otro modo puede ser una bomba de tiempo y es altamente probable que ninguna institución del sistema esté preparada para abordarlo.

4. Invertir en gestión de calidad, en los diversos niveles del sistema, integrando la experticia de entidades asesoras externas que pueden aportar significativamente al mejoramiento de los procesos y resultados.

5. Implementar gradualmente sistemas y mecanismos de evaluación de calidad de los establecimientos y no sólo de los aprendizajes, con las siguientes características: descentralizados; con organismos técnicos autónomos; que certifiquen la calidad de la gestión, considerando procesos y resultados (de aprendizaje de alumnos y otros propios en función del PEI); que permitan generar estándares de gestión de calidad; que entreguen a los diversos actores una visión técnica objetiva; que fortalezcan las capacidades de aprendizaje y mejoramiento institucional; que transparenten a los padres la información sobre la calidad de la oferta educativa, y que reconozcan a aquéllos que lo hacen bien.

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El señor Juan Cassasus (investigador del Centro de Formación Índigo) valoró el proyecto por su significado más que por su contenido, ya que intenta dar solución a la marginalidad en la que se han sumido muchas escuelas del país. En este sentido, estimó que la iniciativa tiene gran calidad técnica, pero, fundamentalmente, aborda un problema político, cual es la brutal segmentación social que se genera a partir de la segregación que se ha instalado en el sistema escolar chileno.

Agregó que las intenciones del proyecto son dignas de destacar, pero la solución y la reflexión que hay detrás de ello ameritan un debate mucho más profundo.

Por ejemplo, en la denominación del convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, se mezclan dos conceptos muy disímiles. La igualdad de oportunidades corresponde a un tipo de reflexión política y social que perduró hasta comienzos de los años 80 y que después desapareció de las políticas educativas, cambiándose por el concepto de competencia. En tanto, la excelencia educativa es una concepción que surge en el gobierno de Ronald Reagan en 1983, producto de una reflexión acerca de la educación desde la perspectiva de la economía y la ingeniería, que refleja una intención de control social y la aplicación de las teorías económicas a un tema social y político, relacionado con la psicología y la pedagogía. El proyecto refleja entonces una fuerte contradicción en este aspecto, sobre el cual conviene tener una posición política clara.

Agrega que el proyecto persigue resultados educativos de calidad, pero falta definir qué se va a entender por calidad de la educación.

Otro punto destacable del proyecto es que prevé reformar el sistema de manera de adaptarlo a las necesidades de los niños, en lugar de abandonar a éstos a las limitaciones de aquél. Sin embargo, habría que definir cuáles son las necesidades de los niños a las que el sistema se va a adaptar. En el fondo, se trata de adoptar medidas pedagógicas que permitan a los niños satisfacer sus necesidades de desarrollo personal y de aprendizaje.

En otro párrafo, se afirma que los programas de mejoramiento ya ensayados no poseen la fuerza suficiente para producir el cambio que se requiere. Esto es un tema muy complejo, pero hay que reconocer que lo realizado en los últimos cinco años en el mundo no está funcionando y ha producido efectos secundarios distintos de los previstos.

Por último, el proyecto propone condicionar la entrega de la subvención preferencial al logro de ciertos resultados. Pero hablar de resultados educativos es algo propio de la economía y la ingeniería. Antes, se hablaba de formación, de desarrollo de la nación, las personas o la cultura. Por lo tanto, hay que definir de qué resultados se trata. Concretamente, el proyecto considera resultados el puntaje obtenido en el SIMCE, en función de ciertos estándares. Pero este tipo de pruebas no miden lo que las personas saben ni sus competencias, sino que sólo sirven para seleccionar, por lo que usar este instrumento para clasificar a las escuelas resulta técnicamente inadecuado.

Refiriéndose a temas específicos, advirtió que no hay evidencia científica de que el sistema de subvenciones dirigidas a la oferta haya funcionado, salvo para escuelas específicas que tienen la posibilidad de seleccionar alumnos, porque los profesores siguen empeñados en formar a los niños como personas integrales. Por otra parte, es complicado subvencionar la demanda, porque ello implicaría etiquetar a los alumnos prioritarios.

Compartió la critica acerca de que el proyecto asigna mayores recursos a los que más tienen y castiga a los que no obtienen buenos resultados. Hay en ello una confusión entre los procesos y los resultados, y está bastante demostrado que el sistema de premios y castigos no está funcionando en la educación, pues son otras cosas las que gatillan los procesos educativos para generar resultados de calidad.

Consideró importante generar un sistema de evaluación de los establecimientos, pero hay que determinar quién, cómo y para qué se efectuará esa evaluación.

Finalmente, estimó necesario determinar cuáles son los factores que inciden en el rendimiento escolar, pues hay dos formas de lograr resultados. Una, es depositar mayor confianza en medidas macro, estructurales y de control de la gestión, y otra es reconocer que el rendimiento escolar resulta de los vínculos que se establecen entre los profesores y los alumnos. Se ha aplicado en los últimos 25 años la tesis estructural, pero la investigación ha demostrado que esto no funciona. Se dice, por ejemplo, que el 27% de los alumnos secundarios de Estados Unidos han optado por abandonar la escuela y, en España, uno de cada tres decide no terminar la escuela, porque no soportan lo que allí ocurre y prefieren tomar el riesgo de aventurarse a la vida por sus propios medios. De nuevo, es importante adaptar rápidamente el sistema a las necesidades de los alumnos, lo que, por ende, va a definir el tipo de sociedad que vamos a tener en el futuro.

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El señor Jorge Pavez (Presidente del Colegio de Profesores de Chile) recordó que, históricamente, casi el 92% de los escolares era atendido por el sistema educativo fiscal. En los años 80 se traspasó su administración a los municipios y se cambió el sistema de financiamiento, creándose condiciones atractivas para la participación de privados en la administración de colegios, cuya matrícula alcanza hoy al 42% del total.

La selección y exclusión han marcado este proceso, concentrando los colegios municipales los alumnos con mayores carencias, o sea los que en algún momento fueron rechazados por el sistema privado. Se “limpian” así los colegios particulares de los alumnos más difíciles de educar.

En ese contexto se presenta el proyecto, a su juicio, con una buena intención. Sin embargo, éste adolece de varias falencias que se indican a continuación.

1. Como estrategia para mejorar la educación el proyecto sólo perfecciona los actuales mecanismos de mercado, esto es, el voucher o subsidios portables al alumno y la competencia por matrícula entre establecimientos. Empero, la mayor parte de los estudios internacionales coinciden en que el principal efecto de introducir los mecanismos de mercado en la educación ha sido la generación de una creciente segmentación social.

2. La falta de calidad del sistema educativo proviene de muchos factores, que deben ser enfrentados sistémicamente. No bastan los estímulos monetarios para mejorar la calidad, sino que se requieren transformaciones más complejas, que debieran centrarse en el mejoramiento de las capacidades docentes y de los contextos organizacionales (“comunidades de aprendizaje”), y en una adecuada articulación entre los diferentes niveles del sistema escolar, orientados siempre al apoyo y supervisión pedagógica y, desde luego, a las condiciones laborales y profesionales en las que trabajan los docentes. Lamentablemente, bajo el supuesto de que la introducción de “premios” a las escuelas que lo hagan bien movilizará al conjunto del sistema hacia la mejora educativa, el proyecto no destaca ni asegura ninguno de los aspectos antes citados. Al respecto, cabe preguntarse:¿será la estrategia de la estigmatización, para el caso de los colegios que no logran los estándares, el mejor camino para su mejoramiento?

3. Las actuales estructuras de supervisión destinadas a brindar apoyo a las escuelas han sido un eslabón débil de la reforma, careciendo de capacidad y legitimidad para ayudar a dichas escuelas y sus docentes a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Empero, la parte central de la estrategia de mejoramiento que propone el proyecto se sostiene en la capacidad de evaluar y apoyar pedagógicamente a los colegios, en especial aquellos calificados como emergentes o en recuperación. No se avanza sustantivamente en la articulación entre los distintos niveles del sistema, proponiéndose en este plano sólo externalizar la supervisión de las escuelas con mayor rezago educativo a organismos certificados por el Mineduc.

A juicio del gremio, esto puede generar al menos dos tipos de consecuencias en el sistema escolar, en especial a las escuelas municipales. Por un lado, se avanza fuertemente en la privatización del sistema al dejar la supervisión de algunas en manos de entidades privadas, lo que contribuye, a su vez, a segmentar aún más su funcionamiento; y, por otro, no se favorece la generación de mejores capacidades de apoyo pedagógico en las estructuras intermedias del sistema ni en los sostenedores, quienes serán los responsables de la supervisión cuando los establecimientos superen el estado crítico en que se encontraban antes de ser intervenidos.

Por tanto, más allá de establecer premios y castigos pecuniarios a los establecimientos, que los estimulen a permanecer en el segmento de los autónomos, la propuesta del proyecto resulta pobre para pensar en la sustentabilidad de los procesos de mejoramiento.

4. Contiene sólo consideraciones generales sobre el uso de los recursos en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, dejando un amplio margen para aumentar el lucro de los sostenedores privados, o para ser utilizado por los sostenedores municipales para financiar un presupuesto educativo siempre estrecho, a consecuencia del financiamiento basado en una subvención por alumno (con permanente baja en la matrícula) y de las mayores obligaciones que deben enfrentar en comparación con los colegios privados (en las condiciones laborales y remuneracionales de sus profesores).

Además, les preocupa que, al otorgarse un “premio” a las escuelas que funcionan bien, se pueda estar incentivando la atracción de los mejores estudiantes prioritarios, para así mantener la condición de autónomas y recibir una subvención cuantitativamente mayor a la actual, sin necesidad de invertir significativamente en ellos; en particular, si las escuelas se miden a través de los resultados obtenidos por el conjunto de los estudiantes, y no específicamente por los que consiguen los alumnos más vulnerables. Esto profundiza el “descreme” que afecta especialmente a los colegios municipales.

5. Se centra en los resultados del SIMCE como principal criterio para evaluar los logros y clasificar a las escuelas, en circunstancias que las pruebas estandarizadas de carácter nacional no aseguran de ninguna manera que sus resultados puedan significar mejor calidad de la educación.

No puede desconocerse que los resultados de la prueba SIMCE, como consecuencia de la profunda segmentación que sufre el sistema educativo, reafirman año tras año que ellos están siempre vinculados a la realidad socioeconómica de las familias de los estudiantes. Pero, paradójicamente, se entregará más recursos a aquellas escuelas con mejores resultados, lo que demuestra que son las menos vulnerables.

Por otra parte, se establece que la nueva subvención está destinada a alumnos del nivel preescolar y hasta cuarto básico. Surge la duda sobre la capacidad de sostener un proceso de mejora escolar focalizada, que no incorpora el segundo ciclo de enseñanza básica ni la educación media.

Asimismo, se establece que los colegios que suscriban el Convenio de Igualdad de Oportunidades se comprometen a no seleccionar alumnos en base a su nivel socioeconómico ni a su rendimiento académico anterior. Pero, considerando el arraigo de la exclusión y la selección en el actual sistema escolar, los mecanismos previstos para el cumplimiento de esos compromisos parecen débiles. No se indica qué se entiende por un “procedimiento público y transparente de postulación”. Incluso, si esto operase, los colegios sólo se obligarían a cumplirlo “en los niveles de enseñanza en que se aplica la subvención preferencial” (Art. 6°, punto b). Es decir, quedarían autorizados para excluir y seleccionar a partir de 5° básico, cosa que no podrían hacer los colegios municipalizados.

Además, se plantea que el colegio debe retener a los alumnos prioritarios, “no pudiendo excluir alumnos por razones académicas” (Art. 6°, letra d); sin embargo, hay vacíos que es necesario resolver. El más importante es la ausencia de referencias explícitas que impidan o desincentiven la exclusión una vez que estos alumnos hayan dejado de recibir la nueva subvención; es decir, cuando hayan pasado a 5° año básico. Algo similar se puede afirmar sobre el cobro de financiamiento compartido u otro tipo de cobros que condicionen la postulación o ingreso del alumno (Art. 6°, letra a). Queda la duda sobre si la calidad de prioritarios permanecerá una vez que los alumnos dejen de ser objeto de la subvención preferencial, de modo tal que no se les pueda excluir o cobrar de ninguna forma.

Sobre el cierre de escuelas y la inhabilidad del sostenedor para administrar colegios subvencionados, se el gremio docente se pregunta de qué dependerá que el cierre se haga efectivo y cómo afectará a los sostenedores municipales la sanción de inhabilidad.

Por lo expuesto, el Colegio de Profesores cree oportuno iniciar un debate informado, público y plural, sobre la mejor forma de superar los problemas de desigualdad en la calidad de la educación recibida por los estudiantes de nuestro país; mantiene dudas concretas sobre la capacidad de esta propuesta legislativa para resguardar suficientemente aquellos principios que sustenta y producir los efectos que pretende; cree que la necesidad de “dar más a los que tiene menos”, exige que se plantee el debate en torno a la urgencia de reformar la gestión del sistema escolar en su conjunto, y juzga indispensable desarrollar un proceso de reflexión más amplio, que dé respuesta a los múltiples desafíos que hoy atraviesan el sistema escolar, dentro de los cuales, la entrega de mayores recursos a los sectores con mayores carencias socioeducativas ocupa un lugar central.

Al respecto, el Presidente del gremio docente formuló las siguientes consideraciones de orden general y algunas propuestas específicas.

Consideraciones generales:

1. Resulta necesario discutir sobre la actual forma de financiamiento de la educación, abriéndose a examinar otras alternativas. En otros países que cuentan con subvención del Estado para la educación privada, ésta no es necesariamente del mismo monto que la que se entrega a la educación pública. Por otra parte, se debe revisar la modalidad de pago de la subvención, explorando, por ejemplo, la posibilidad de combinar tres de ellas (por alumno, por escuela y por territorio). Esto permitiría entregar mayores recursos a los alumnos que asisten a establecimientos de mayor vulnerabilidad, ubicados en comunas más pobres. Esto debe considerar necesariamente todos los niveles educativos, y no exclusivamente el ciclo de transición y el primer ciclo básico. La mayor provisión de recursos puede contribuir a potenciar las estructuras de educación municipal, orientándolas hacia el apoyo pedagógico de sus establecimientos, no quedando reducidas como hoy a la gestión financiera y administrativa de éstos. Todo esto en el marco de una redefinición de la gestión municipal y de su relación con el Mineduc.

2. Es necesario revisar el actual modelo de asistencia técnica. Si bien éste ha mostrado, en algunos casos, resultados positivos en el corto plazo, no está asegurada su sustentabilidad en el tiempo, no potencia las capacidades técnicas de los sostenedores y establece una forma privada de solucionar el problema del mejoramiento de la calidad. Una opción a esto sería que equipos de asistencia técnica como los actuales apoyasen la labor de equipos técnicos comunales, quienes se harían cargo de trabajar directamente con las escuelas, focalizando su acción en las más problemáticas. Así se podrían mejorar las capacidades del sistema escolar en su conjunto.

3. Es preciso reestructurar la relación entre el Estado y los establecimientos particulares. Si el Estado provee de financiamiento a las escuelas privadas, debe poder establecer exigencias mínimas en términos de resultados, así como en otras dimensiones de la vida escolar (no seleccionar alumnos, por ej). Se deben fortalecer las facultades del Mineduc frente a estos sostenedores. Además, se debiera limitar o suprimir el derecho al lucro por parte de los sostenedores privados, tal como ocurre en todos los países del mundo donde el Estado financia escuelas privadas.

Propuestas específicas:

1. La subvención preferencial debiera ser entregada a la escuela y no al alumno, es decir, a las escuelas vulnerables y gratuitas.

2. Dichas escuelas no deberían aplicar ningún mecanismo de selección; no sólo académico, sino tampoco de comportamiento, cultural, étnico, religioso, de género, necesidades educativas especiales, etcétera.

3. No tiene sentido establecer categorías de escuelas según resultados SIMCE (autónomas, emergentes y en recuperación). Deben clasificarse según el porcentaje de alumnos vulnerables en la matrícula.

4. Las escuelas que reciban la subvención preferencial deberían elaborar un plan de mejoramiento educativo, a cinco años plazo, que considere no sólo metas de resultados de aprendizaje, sino sobre todo evaluación de procesos.

5. Los indicadores para evaluar el plan de mejoramiento, deberían comprender: a) los resultados SIMCE como medida de comparación del establecimiento consigo mismo; b) un índice de retención de alumnos; c) encuestas a padres, alumnos y apoderados relativas al clima escolar, y d) un informe sobre el funcionamiento de los consejos escolares.

6. Para las asesorías técnicas, en la perspectiva de fortalecer las capacidades de los municipios y la articulación de recursos, se debería constituir un ente coordinador que incorpore al organismo asesor, a la DEPROV, al sostenedor y a las escuelas que reciban esta subvención.

7. Con el objetivo de que el cuerpo docente pueda hacerse parte del plan de mejora, debería reestructurarse la carga horaria de los docentes y disminuir el número de alumnos por curso.

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El señor Pablo Zalaquett (Presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades) refiriéndose sólo a algunos puntos sobre los cuales dijo haber consenso al interior de la Asociación, se mostró de acuerdo con los objetivos planteados por el proyecto, pero estimó que se le están pidiendo a éste demasiadas cosas: que resuelva el problema de financiamiento del sistema escolar municipal, o que sea el gran paso hacia una educación de gran calidad, cuando sus posibilidades son más limitadas, por lo que llamó a centrar el debate en lo que es su contenido específico.

Advirtió que, hoy, la subvención escolar no es suficiente para cubrir los gastos asociados a la entrega de los servicios educacionales, especialmente cuando gran parte de la población escolar atendida por los colegios municipales se ve afectada por problemas socioeconómicos que dificultan y encarecen el proceso de enseñanza. Por ello, cualquier exigencia de calidad debe ir acompañada de un incremento de los recursos que permitan mejorar la gestión de las escuelas municipales, junto con una solución a los déficit generados por obligaciones legales asociadas al pago de bienios y cursos de perfeccionamiento, que puede consistir en la eliminación de dichas obligaciones o en la provisión de los recursos adicionales que ellas significan.

Destacó que hay otras restricciones que reducen fuertemente las posibilidades de mejorar la calidad en los colegios municipales, como son, la imposibilidad de exonerar a los profesores de mayor edad y menor rendimiento. Sugirió generar al efecto un fondo que permita incentivar el retiro digno de esos docentes, dándole al mismo tiempo mayor movilidad a las dotaciones de los distintos colegios, para lo cual se requiere flexibilizar el Estatuto Docente, junto con analizar y corregir otros problemas de gestión.

Refiriéndose al proyecto, coincidió en las ventajas de implementar un esquema que provea recursos adicionales a los colegios que atienden a estudiantes con mayores necesidades y en la búsqueda de incentivos para mejorar el desempeño de aquéllos. Pero disintió con la forma en que se busca alcanzar dichas mejoras, ya que el diseño propuesto reduce considerablemente la autonomía de los sostenedores al involucrar al Mineduc y entes externos en los procesos internos de las escuelas. Estimó más conveniente otorgar flexibilidad suficiente para que cada colegio pueda autónomamente adecuar sus recursos y procesos educativos, a fin de alcanzar las metas que se establezcan externamente.

Para estos efectos, en lo que se refiere a exigencias de calidad, como contrapartida de la subvención preferencial, propuso:

1º. Que el plan de mejoramiento que deban implementar los establecimientos sea definido autónomamente por el equipo directivo de los mismos y aprobado por el sostenedor, sin intervención del Mineduc, cuyo rol debiera centrarse en definir metas claras y en verificar su cumplimiento, e implementar las sanciones que correspondan en caso de que ello no ocurra.

La decisión de incluir a entes externos en el diseño e implementación del plan de mejoramiento debiera ser voluntaria para cada sostenedor, los cuales debieran contar con acceso a financiamiento especial para ello. Propone la creación de un Fondo Concursable para la contratación de apoyo pedagógico y/o de gestión con instituciones acreditadas.

Además, recomienda avanzar hacia una mayor autonomía para los colegios que demuestren con resultados académicos que han podido lograr una buena gestión.

2º. Que los colegios de calidad (los que superen determinado puntaje SIMCE) sean objeto de: mayor libertad pedagógica, mayor libertad en la distribución del SNED y acceso a un “fondo de retiro digno” para los docentes de más edad que han contribuido a lograr los buenos resultados.

Con respecto a la implementación del proyecto, y valorando la idea de premiar a los establecimientos de mayor rendimiento, propuso dividir aquélla en tres etapas:

1. Período de “nivelación” de recursos (5 años). Otorgar la subvención preferencial completa (cuyo monto consideró insuficiente) por cada niño prioritario que sea identificado (no sólo hasta 4º año básico), sin diferenciar por el nivel de desempeño del establecimiento, pero debiendo cada cual desarrollar un plan de mejoramiento según la categoría en que sea clasificado. Una vez que se igualen las condiciones, exigir resultados a los establecimientos.

2. Al cabo de los cinco años iniciales, diferenciar los montos de la subvención preferencial que recibirá cada colegio por sus niños prioritarios, en función del nivel de desempeño alcanzado. Para ello, debe confeccionarse una tabla que considere la situación socioeconómica de cada escuela (tantas tablas como categorías socioeconómicas). Así, si un colegio alcanza un rendimiento superior a cierto puntaje SIMCE (u otro estándar mínimo) que se defina para cada nivel socioeconómico, recibirá el total de la subvención preferencial en forma permanente. Si tiene un rendimiento inferior al estándar mínimo respectivo, recibirá el porcentaje de ella que corresponda según la tabla, durante 3 años.

3. Período “crítico”: Si bien es comprensible establecer fuertes sanciones para los colegios que no logren superar su rendimiento deficiente, parece injusto implementar una medida de ese tipo si no se otorgan previamente las herramientas para desarrollar los procesos de mejoramiento.

Por tanto, a los colegios que no alcancen el rendimiento mínimo exigido para el nivel socioeconómico más bajo del sistema (fijado actualmente en 220 puntos SIMCE), y que por lo mismo corren el riesgo de ser obligados a cerrar, se propone otorgarles por 3 años flexibilidad suficiente, de manera que sus sostenedores puedan tomar otras medidas para mejorar. Entre estas medidas, se sugiere:

a) Acceso a Fondo de Reemplazo de Profesores.

b) Excluir al establecimiento de la restricción impuesta a los municipios de contar con un máximo de 20% de personal a contrata, de manera que pueda implementar medidas especiales y reemplazar docentes en forma extraordinaria con mayor flexibilidad y en forma oportuna.

c) Reducir la carga horaria de los profesores y el número de alumnos por curso.

Ahora bien, si después de estos 3 años, el colegio no logra superar su situación crítica, en lugar de disponerse su cierre por el Mineduc, debiera otorgársele al sostenedor la posibilidad de traspasar la administración a un ente acreditado (conservando la propiedad) o de decretar él mismo el cierre.

Seguidamente, el señor Zalaquett formuló los comentarios siguientes al proyecto:

1. Propuso aumentar el monto máximo definido para la subvención preferencial, el cual consideró insuficiente para cubrir los costos que significa compensar las desigualdades de ingreso de los niños beneficiarios, especialmente cuando las metas que se establecen externamente rigen para todo el colegio, lo que significa que las medidas que se implementen deben considerar un mayor grupo a ser atendido.

2. Propuso extender la cobertura de la subvención preferencial hasta 8º básico o, alternativamente, establecer un periodo mínimo de seis años para la entrega del beneficio por alumno, de manera de no perjudicar a los estudiantes que ingresen al programa en cursos cercanos al que determina el cese del mismo. De lo contrario, sería poco atractivo para los colegios recibir alumnos vulnerables en 3º ó 4º básico, por ejemplo.

3. Cuando un colegio no logre retener a los alumnos prioritarios, se le podría privar total o parcialmente de la subvención base, o bien, revocársele el reconocimiento oficial o inhabilitar al sostenedor en forma temporal o perpetua. Aceptando el desafío de integrar y retener a todos los niños y jóvenes que estudian en los colegios municipales, juzgó conveniente recordar que la retención no depende exclusivamente del colegio, sino que hay causas ajenas a él que pueden determinarla. Al efecto, propuso excluir esta exigencia del Convenio de Igualdad de Oportunidades, especialmente cuando el no pago de la subvención, al retirarse el alumno, debiera ser motivación suficiente para esforzarse en retenerlo.

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El Hermano Jesús Triguero (Presidente Nacional de la FIDE) estimó de un valor trascendental que se asignen recursos adicionales a los alumnos que más los necesitan, sin importar el tipo de establecimiento al cual asisten. Planteó, sin embargo, las siguientes inquietudes.

1. Que el Mineduc asume un rol cada más protagónico, interviniendo colegios e imponiendo pautas de calidad que incluso no quedan fijadas por ley, con lo cual cada Gobierno podría cambiar esas pautas, creando incertidumbre respecto del funcionamiento del sistema de subvención preferencial.

Asimismo, el Ministerio cambia su rol de supervisor por el de gestor. De hecho, existen algunas leyes anteriores que puntan en este mismo sentido, como es el caso de la 20.059.

Al respecto, solicitó modificar el artículo 14 del proyecto, en el sentido de no alterar las funciones que actualmente se atribuyen al Mineduc, esto es, que el Estado vele por el cumplimiento de los requisitos establecidos para la percepción de esta subvención, sin entrar a restringir la libertad de enseñanza, a través de “supervisiones permanentes de aspectos pedagógicos".

2. Que las sanciones a que será sometido todo colegio que no cumpla con los requisitos del convenio afectan a la existencia misma del establecimiento. Por ello, estimó que el plan de mejoramiento impuesto a través del convenio vulnera la garantía de la libertad de enseñanza.

Añadió que la implementación de dicho plan implica también una reforma laboral, ya que, si se adoptan medidas como el cambio de la carga horaria docente por decisión del comité tripartito u otras entidades externas, los profesores podrían alegar menoscabo en sus funciones. Además, no se impide que los trabajadores demanden la falta de justificación de la decisión unilateral del cambio en sus contratos. Por tales razones, opinó que esta iniciativa legal no tendrá la acogida esperada entre los sostenedores para mejorar la calidad de la educación.

3. Que el Ministerio se provee de facultades que van más allá del rol que le asigna la LOCE, más aún en el caso de los establecimientos en recuperación, que no podrán rechazar alumnos vulnerables si hay más vacantes que postulantes, con lo cual se puede sobrepasar lo que establezca el proyecto educativo del colegio, que tiene fijado un plan de becas institucionales. Tampoco se especifica en el proyecto qué pasaría si un alumno vulnerable se retira o mantiene bajos niveles de rendimiento, sin que el colegio sea capaz de mejorarlo. Por ello, propuso que la subvención se asigne a la escuela y no al alumno.

4. Que el sostenedor podría perder el colegio, que incluye patrimonio de particulares invertido en su infraestructura.

5. Que tal como está diseñada la iniciativa, promueve indirectamente la discriminación, puesto que la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales será un inconveniente frente a las exigencias de conseguir calidad para percibir la subvención preferencial.

Finalmente, solicitó más tiempo para debatir y enriquecer la ley en proyecto.

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El señor Rodrigo Bosch (Presidente Subrogante de CONACEP) observó que el proyecto ataca tres problemas fundamentales, que dicen relación con el financiamiento, la información y la responsabilidad.

Con respecto al financiamiento, compartió la necesidad de entregar recursos adicionales a los alumnos más vulnerables, sin distinguir la dependencia de los establecimientos, pues, actualmente, existen 400 mil alumnos en colegios particulares sin financiamiento compartido, que acceden a la misma subvención estatal que reciben los colegios municipalizados.

Con respecto a la información, estimó que los padres requieren contar con ésta en forma adecuada y oportuna, y que ella debe ser coherente, pues es también importante para los propios colegios.

Asimismo, estimó que la categorización de los colegios como autónomos y emergentes se contradice con otras fuentes de información disponibles para los padres, como por ejemplo, el SNED; además que los colegios podrían eventualmente tratar de ocultar aquella información que no les favorece y destacar sólo la que los beneficia. Señaló también que la estigmatización que se provocaría al clasificar a un establecimiento como escuela en recuperación, podría implicar una disminución de su matrícula, perjudicándose financieramente.

En cuanto a la responsabilidad por los resultados académicos, opinó que ella es compartida por todos los estamentos de la comunidad escolar. Por ello, es necesario avanzar en accountability en todos los niveles y sin discriminación de ningún tipo, pues los sostenedores particulares están dispuestos a aceptar este desafío, pero en la medida en que puedan responsabilizar a los recursos que están bajo su resguardo.

Sin embargo, estimó que la prueba SIMCE no es un indicador de calidad adecuado. Por tanto, antes de responsabilizar a los sostenedores, habría que determinar qué se entiende por calidad y cuáles son los estándares mínimos exigibles. Además, el SIMCE no es la única variable que preocupa al colegio o a los apoderados. Existen otras externalidades positivas que entregan los establecimientos, como formación valórica, deportes, etcétera, que debieran ser también incorporadas en la medición.

Por otra parte, la responsabilidad por los resultados no es exclusiva del establecimiento. Pero en el proyecto los costos de un mal resultado son en su totalidad del sostenedor. En este aspecto, es importante considerar si el sujeto responsable cuenta con una adecuada capacidad de gestión para administrar sus recursos.

Planteó, además, que el plazo de medición es demasiado breve, sugiriendo un mínimo de cuatro años para los colegios en recuperación, ya que es necesario analizar la compatibilidad de aquél con la duración de otros procesos, como la evaluación docente.

Con respecto al contenido específico de la iniciativa, estimó que ella apunta en la dirección correcta, permitiendo mejorar la educación de un importante grupo de alumnos vulnerables. Sin embargo, propuso revisar y mejorar algunos aspectos de la misma, de manera de satisfacer las expectativas que ha generado.

Explicó que CONACEP efectuó una simulación del proyecto, suponiendo que se hubiera iniciado en 1998 y considerando los dos SIMCE disponibles desde entonces (1998 y 2002), para poder determinar qué características tendrían las escuelas.

En cifras gruesas, del total de la muestra (5.310 establecimientos), el 36,55% entraría en la categoría de escuelas autónomas; el 57,7% estaría en la categoría de emergentes y el 5,75% (324 colegios) en la de escuelas en recuperación. El 53,62% de los establecimientos autónomos serían municipales y el 46,38% particulares subvencionados. Por último, la mayor parte de los establecimientos autónomos serían urbanos y parte importante de los emergentes serían rurales, por los que sugirió distinguir también entre estos dos tipos.

En conclusión, las tres cuartas partes de las escuelas en recuperación corresponderían al sector municipal y la cuarta parte restante al sector particular subvencionado. Cabe destacar, además, que el 41% de estos colegios en situación crítica son rurales. Vale entonces preguntarse qué efectividad puede tener el sistema de accountability para cerrar eventualmente estos colegios, o si hay disposición para cerrar una escuela rural, cuyos alumnos no tienen alternativas para trasladarse a otro establecimiento.

En ese contexto, consideró inconveniente fijar una misma regla para establecimientos rurales y urbanos, teniendo en cuenta también que los primeros son colegios más bien pequeños y, por tanto, su capacidad para implementar un plan y alcanzar ciertos logros de aprendizaje es muy limitada.

Asimismo, estimó necesario extender la subvención preferencial al segundo ciclo de enseñanza básica, o establecer reglas transitorias que solucionen posibles contingencias cuando los niños de 4º básico sean promovidos a 5º y dejen de percibir el beneficio.

Añadió que los tramos en que se ubicarían los establecimientos, para determinar la categoría a que pertenecen según los resultados del SIMCE, son muy largos. Por tanto, aquel colegio que se encuentre en el borde inferior de cada tramo, tendrá que hacer un mayor esfuerzo para alcanzar el tramo superior.

Planteó también que el valor de la subvención preferencial es insuficiente, y que ciertos estudios demuestran que debiera ascender a 3 UF como mínimo, para provocar un impacto real en los resultados de aprendizaje.

Por último, estimó que el control que se pretende ejercer respecto del uso de esta subvención obligará a discriminar dentro de cada colegio entre alumnos prioritarios y no prioritarios. El Mineduc podrá pedir cuenta de la inversión de los recursos, para lo cual habrá que identificar a los niños y demostrar que ciertos materiales se gastaron en ellos. CONACEP no está de acuerdo con esto, porque además plantea dificultades en su aplicación práctica.

* * * * *

El señor Alejandro Hasbún (Director de CONACEP) efectuó, por su parte, las siguientes consideraciones de orden constitucional, legal y reglamentario sobre el proyecto.

1. Recordó que la Constitución Política mediante su artículo 19, Nº 10, de reconoce a los padres el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, siendo deber del Estado dar protección al ejercicio de este derecho. Del mismo modo, el Nº 11, del mismo, consagra la libertad de enseñanza, que es el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza o el tipo de educación que desean para sus hijos.

Ahora bien, la libertad de enseñanza se hace realidad a través de los proyectos educativos de las escuelas, que son los estatutos en cuya virtud se pretende contribuir al desarrollo personal de los estudiantes. En ese sentido, tales proyectos educativos pueden dar preponderancia a determinadas materias (deportes, idiomas, etcétera), debiendo tener los padres la posibilidad de escoger cuáles de éstas desean para sus hijos, dentro de un marco de calidad mínimo.

2. Se refirió a algunas normas específicas del proyecto, que dicen relación con la ley de subvenciones.

Les llama la atención, por ejemplo, que se estructuren de manera diferente las sanciones que establece el DFL Nº 2, de 1998. Así, la multa ascendería al equivalente entre el 5% y el 50% de la subvención por alumno matriculado, en circunstancias que ésta se paga por asistencia.

Se dice además que el pago de la subvención podría suspenderse hasta por 12 meses ininterrumpidos, lo cual impediría al establecimiento ejercer su giro ordinario y entregar una buena educación, haciendo inviable su continuación.

Asimismo, se establece la posibilidad de retener la subvención, como medida precautoria frente a un eventual proceso que se siga en contra de un colegio. Pero suprimir el pago de la subvención desde la sola presentación de la demanda vulnera los principios del debido proceso, porque implica condenar anticipadamente al colegio a cerrar, lo cual resulta contrario al objetivo de mejorar la calidad de la educación.

Por otra parte, se establece la posibilidad de privar a los colegios del reconocimiento oficial. Si bien CONACEP está de acuerdo con que se controle la calidad de los establecimientos que accedan a la subvención preferencial, estima necesario compatibilizar dicha situación con otras normas ya existentes. Por ejemplo, la implementación de la JEC y el destino de los bienes de los colegios que deban cerrarse, el pago de sus deudas, las garantías otorgadas, la situación laboral de sus docentes, la situación académica de sus alumnos, etcétera.

Por lo mismo, el sistema de accountability debiera estructurarse directamente en función de los recursos adicionales que se asignen a las escuelas para los alumnos prioritarios, porque extenderlo a todo el sistema de subvenciones resulta excesivo y, en el fondo, diluye el efecto que se busca provocar.

3. Se refirió a materias cuya regulación quedaría entregada a la potestad reglamentaria, respecto de las cuales sugirió establecer algunos criterios básicos en la ley.

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El señor Alejandro Koehler (Presidente de la Asociación Gremial de Corporaciones Municipales) formuló críticas al sistema de financiamiento de la educación en general y detalló las dificultades que enfrentan los municipios para cumplir su rol de sostenedores, proponiendo la creación de una subvención compensatoria que les permita cubrir los déficit que tal actividad les genera, como condición previa al establecimiento de exigencias de calidad, y la flexibilización del Estatuto Docente, cuyas rígidas normas no son exigibles a los colegios particulares subvencionados, lo que constituye una grave y creciente iniquidad

En cuanto al proyecto mismo, valoró positivamente sus objetivos, pero planteó las siguientes observaciones críticas:

1. Los alumnos vulnerables en las escuelas municipalizadas no sólo tienen esa condición por razones socioeconómicas. También existen otras carencias en el entorno familiar y social que afectan los resultados (por ej. violencia intrafamiliar, delincuencia, drogas, etc.).

2. La subvención preferencial se asignaría por alumno prioritario. Sin embargo, cualquier intervención para mejorar los aprendizajes se deberá aplicar al conjunto de la escuela.

3. El voucher portable no garantiza mejores aprendizajes, pero puede transformarse en un nuevo factor de estigmatización y lo que es peor aún en un objeto de disputa entre establecimientos municipales y subvencionados por atraer a los alumnos que lo detenten.

4. En las escuelas con alta vulnerabilidad, hay que hacer una intervención global y no sólo para los niños prioritarios, pero los recursos adicionales sólo podrán impetrarse para éstos.

5. Es fundamental que las escuelas que trabajan en contextos de pobreza (municipales o particulares), tengan recursos para que se hagan cargo de todas las vulnerabilidades: apoyo a las familias, trabajo psicológico, retraso escolar, participación parental, estímulos a los docentes.

6. La nueva ley debe dejar establecida la protección de las vulnerabilidades durante toda la vida escolar de los estudiantes que se incorporan a esta nueva subvención. Está bien focalizar el beneficio en la educación parvularia y primer ciclo básico durante el primer año de su vigencia, pero a partir del segundo año, se deben incorporar en forma progresiva los restantes niveles del segundo ciclo básico.

7. Para los efectos de esta ley, es importante usar la misma tipología de escuelas establecida y validada para el SIMCE. La única categoría especial debería ser la de escuelas críticas, que deberían ser las únicas obligadas a la contratación de asistencia técnica.

8. El monto de la subvención preferencial es insuficiente, debiendo el Estado hacer un esfuerzo mayor para alcanzar un objetivo tan estratégico como es la calidad de la educación. Además, si queremos que las escuelas criticas sean asistidas técnicamente por personas competentes, debiera otorgárseles el 100% de la subvención.

9. El rol del Mineduc debe restringirse a otorgar orientación y apoyo a los sostenedores que tengan mayor debilidad para formular sus planes de mejora, supervisar el cumplimiento de los convenios y dar asistencia a los sostenedores para reformular y efectuar ajustes a éstos.

10. Es necesario establecer sanciones por incumplimiento de convenios, que vayan desde el cierre de un establecimiento, en los casos más graves, hasta la irrogación de responsabilidades personales de directivos y docentes.

Finalmente, formuló las siguientes proposiciones, tendientes a perfeccionar la iniciativa.

1. Entregar la subvención preferencial a todos los alumnos de kinder hasta 4º Básico el primer año, extendiéndola gradualmente a los de 5º a 8º básico a partir del segundo.

2. Aumentar el monto de la subvención.

3. Entregar el 100% de la subvención a las escuelas de NSE bajo; a las de NSE mediobajo que tengan más de 50% de alumnos prioritarios, y a todas las consideradas críticas.

4. Entregar el 50% de la subvención a las restantes escuelas de NSE mediobajo y a las de NSE medio que tengan más de 25% de alumnos prioritarios.

5. Aplicar la ley en proyecto a todos los colegios que no discriminen a sus alumnos.

6. Que el plan de mejoramiento sea confeccionado por el sostenedor, en conjunto con los directivos y docentes de la escuela, y presentado a los padres y apoderados antes de su aprobación por el Mineduc.

7. Establecer una instancia de apelación frente a las sanciones, cuando el sostenedor las considere injustas o desproporcionadas.

8. Asegurar el financiamiento de los convenios por un periodo mínimo de cinco años renovables y permitir que sean ajustados durante su ejecución.

* * * * *

La señora Cristina Girardi (Alcaldesa de Cerro Navia) reseñó a su vez el desempeño de la municipalidad a su cargo en materia educacional y enfatizó la necesidad de solucionar el déficit estructural que afecta a todos los municipios del país en su calidad de sostenedores, producto de la aplicación del Estatuto Docente y la insuficiencia del monto actual de la subvención escolar, entre otras razones.

Valoró igualmente los objetivos del proyecto, no obstante lo cual criticó en algunos aspectos su contenido específico y formuló propuestas para mejorarlo, de acuerdo al siguiente detalle.

1. El proyecto propone otorgar más recursos a los niños vulnerables, pero, al vincular su asignación con los resultados SIMCE; premia a los establecimientos con mejores puntajes, que son generalmente los más selectivos, en circunstancias que los alumnos prioritarios se ubican en las escuelas que tienen mayores dificultades para alcanzar estándares nacionales.

2. La mejora de la atención educativa a los estudiantes vulnerables no se consigue con subsidios individuales, pues para ello se debe intervenir al establecimiento en su totalidad. Además, las escuelas serán evaluadas por el aumento de los resultados SIMCE de todos sus alumnos, pero sólo se otorga financiamiento adicional para los prioritarios.

3. La clasificación de las escuelas en base al puntaje SIMCE significará que la mayor parte de la subvención preferencial no llegue a los colegios municipales, pues los recursos serán traspasados a las consultoras externas. Además, el proyecto no soluciona el déficit financiero estructural de los municipios, por lo que no existe posibilidad de invertir en el mejoramiento de la atención a los alumnos prioritarios.

4. El proyecto plantea que se debe identificar a los alumnos prioritarios por escuela, pero la experiencia señala que los indicadores son muchas veces complejos y fácilmente manipulables (ej. El número de asaltos registrado en un determinado territorio es índice de vulnerabilidad para efectos de la asignación por desempeño difícil, pero ocurre que Santiago tiene más denuncias de ese tipo que Cerro Navia).

5. El proyecto asigna al Mineduc tareas de supervisión, evaluación y apoyo técnico para implementar adecuadamente el sistema de subvención preferencial, pero el propio Ministerio reconoce limitaciones en su capacidad de control y asesoría especializada.

Por las consideraciones anteriores, la alcaldesa sugirió:

1º. Asignar la subvención preferencial a las escuelas ubicadas en territorios de pobreza y no por alumno prioritario.

2º. Garantizar un piso suficiente y adecuado de inversión que supere los déficit actuales de los sostenedores municipales, para luego otorgar un financiamiento complementario que asegure una educación de calidad.

3º. Revisar la estrategia de financiamiento de la educación, así como los mecanismos de administración y fiscalización de los recursos públicos, para evitar que entidades privadas sigan lucrando con ellos.

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Los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, César Valenzuela y Germán Westhoff, coincidieron en valorar el proyecto en cuanto apunta a mejorar la calidad y a revertir la desigualdad del sistema educativo, pero lo consideraron una medida de parche, pues existen otros temas de fondo que requieren ser revisados, como es el caso del sistema general de subvenciones y la municipalización.

Otros voceros de dicha entidad plantearon la necesidad de crear condiciones para que los alumnos vulnerables puedan competir de igual a igual con los de mayores ingresos; la de elaborar un proyecto educativo de país y mejorar la formación docente, la gestión y el financiamiento de la educación pública. Postularon que debe mejorarse la fiscalización del uso de las subvenciones escolares y no eliminar los procesos de selección de alumnos, pues ello contribuye a generar competencia entre los educandos, incentivándolos a superarse, para lo cual se requiere igualar las condiciones en que compiten.

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El señor Nicolás Grau (Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile) formuló los siguientes reparos a la iniciativa en comento.

1. Mala focalización de los recursos. Si se miden los resultados educativos por el puntaje SIMCE, los establecimientos con mayor concentración de alumnos prioritarios recibirán menos recursos que aquéllos donde se concentran los de mayores ingresos y capital cultural.

2. Problema de selección. Permitir a los colegios aplicar criterios de selección cuando la oferta sea inferior a la demanda posibilitaría elegir indirectamente a los alumnos menos vulnerables, manteniendo la segregación en el sistema escolar y la dificultad de determinar la calidad de los establecimientos.

3. Comparación entre colegios. Los establecimientos no serán evaluados atendiendo a su situación inicial, por lo que, aun cuando mejoren su calidad con respecto a sí mismos, como el SIMCE es un indicador relativo, es posible que no puedan subir de categoría, lo que los condenaría a la larga a perder cualquier tipo de subsidio diferenciado.

4. Límites al sistema de incentivos. Este sistema exige que los alumnos vulnerables de un establecimiento de menor categoría tengan en cualquier caso un subsidio menor, pero es deseable que las escuelas en recuperación reciban más recursos para poder mejorar.

5. Subsidio unido a la calidad del establecimiento. Es bastante conocida la dificultad de desagregar las causas determinantes de los resultados SIMCE, entre las cuales figura la importancia de seleccionar un determinado establecimiento, lo que complica en extremo premiar de manera justa el desempeño de éstos.

6. Subvención por alumno versus subsidio por establecimiento o territorio. Parece adecuado que el Estado focalice mayores recursos en los establecimientos municipales y, especialmente, en los de las comunas más pobres, por ser éstos donde se concentran los alumnos más vulnerables. Pero el Mineduc debería fiscalizar y asegurar la calidad de las escuelas en lugar de limitarse a decidir su cierre cuando no han obtenido los resultados esperados. Este mecanismo de incentivos (negativos) olvida que un colegio cerrado implica una generación de niños que no tuvo oportunidades de acceder a una educación de calidad.

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El señor Claudio Arriagada (Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades) se manifestó de acuerdo con la creación de una subvención preferencial, pero planteó las siguientes consideraciones y propuestas.

Consideraciones Generales.

El proyecto plantea el apoyo a la educación de los niños más vulnerables como un premio a los establecimientos que obtengan buenos resultados.

El aporte financiero adicional se entrega, igual que la subvención regular, por asistencia del alumno vulnerable. Esto significa que los establecimientos con bajo porcentaje de alumnos prioritarios recibirían menos recursos, con lo cual difícilmente podrán ejecutar planes de mejoramiento.

Tal como está concebido el proyecto, incentivará la captación de estudiantes vulnerables de mejor rendimiento por parte de aquellos establecimientos que persiguen fines de lucro y estimulará la segmentación social que hoy nos afecta.

Propuestas específicas:

Eliminar la urgencia para su trámite, pues una iniciativa tan compleja requiere tiempo suficiente para su discusión y análisis.

Revisar la estrategia de financiamiento, propendiendo hacia un mecanismo en el que el aporte permita la ejecución real de planes de mejoramiento, apuntando más hacia un esfuerzo que involucre a la comunidad educativa y no al alumno en particular.

Extender la subvención preferencial a los estudiantes del segundo ciclo básico, pues no existen garantías de que esos alumnos vayan a permanecer en la escuela una vez que dejen de ser beneficiarios de aquélla.

Incorporar criterios de evaluación diferentes al SIMCE para medir los resultados, pues este sistema entrega información limitada sobre el desarrollo educativo de los alumnos.

Eliminar cualquier elemento de competencia entre escuelas, al menos mientras persista la gran desigualdad que las afecta, ya sea por el área geográfica donde se ubican, la dependencia administrativa que tienen o el nivel de vulnerabilidad a que están sometidas.

Revisar el modelo de asistencia técnica, pues si bien ha mostrado resultados significativos en el corto plazo, no asegura que las capacidades que desarrollan los colegios sean sustentables en el tiempo.

Clarificar las consecuencias del eventual cierre de un establecimiento y de la inhabilitación del sostenedor, especialmente en el caso de las escuelas municipales.

Propuestas generales:

Implementar medidas urgentes que fortalezcan la educación pública, como es la solución del déficit estructural que afecta a los municipios.

Diversificar el monto de la subvención escolar, pues la opinión mayoritaria de los especialistas reconoce que el costo de educar a un niño varía de acuerdo a su situación socioeconómica.

Establecer una subvención diferenciada, tomando en cuenta la contratación de profesionales no docentes, la disminución de alumnos por curso en los colegios de mayor vulnerabilidad, transporte escolar para alumnos residentes en zonas alejadas de sus colegios, etcétera.

Crear una subvención compensatoria del mayor costo que significa administrar colegios regulados por el Estatuto Docente, cuya aplicación obliga a destinar, en promedio, el 30% de la subvención al pago de cursos de perfeccionamiento docente, bienios, asignación directiva, etcétera.

Establecer un mecanismo que permita un retiro digno para los más de 6.000 docentes en edad de jubilar que laboran en las escuelas municipales, a través de una indemnización que no se deduzca de la subvención escolar.

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El señor Cristián Martínez (Director Nacional de la JUNAEB) planteó que los alumnos prioritarios deben ser seleccionados según criterios coherentes con otras políticas sociales. Para ello se ha diseñado un modelo que permita su identificación de manera transparente, no discrecional y, en lo posible, exenta de errores, de modo que ningún alumno de esas características quede excluido de la subvención preferencial.

El modelo de identificación se basa en dos parámetros básicos (participación en el programa Chile Solidario o su equivalente y situación socioeconómica según ficha CAS u otro instrumento de protección social) y dos complementarios (clasificación FONASA u otro indicador asociado y escolaridad de la madre).

El método de identificación consiste en utilizar la base de datos del Registro Nacional de Información Social del Estudiante (RENISE), constituida a partir del Registro de Estudiantes de Chile que lleva el MINEDUC y que contiene información sobre matrícula y actas de aprobación de los sectores particular pagado, escuelas especiales, escuelas de adultos y escuelas carcelarias.

El RENISE tiene a su vez información concatenada con las bases de datos de Chile Solidario, puntajes CAS, FONASA y Encuestas de medición de vulnerabilidad de JUNAEB, que se utiliza para fijar las prioridades de los alumnos para efectos de los programas de becas, alimentación y otros, a los que se agregaría ahora el sistema de subvención preferencial.

Así, para la puesta en marcha del proyecto en comento, la selección de los alumnos prioritarios se realizó identificando primeramente a los estudiantes adscritos a Chile Solidario, informados por MIDEPLAN. A los estudiantes no adscritos a dicho programa, se les observó el puntaje CAS con corte regional, identificando a los clasificados como indigentes. A los estudiantes sin puntaje CAS, se les observó información de salud previsional (FONASA A, que corresponde al grupo de más bajos ingresos). Y, finalmente, a los estudiantes que carecen de información del sistema de salud, se les observó la escolaridad de la madre (corte menor al regional y prioridad 1 de JUNAEB).

Producto de la aplicación de este modelo a los estudiantes del primer ciclo de la enseñanza básica (974.534 alumnos de 1º a 4º básico), se ha podido establecer que los beneficiarios de la subvención preferencial alcanzarán inicialmente a un total de 324.699, que representan el 33% de la matrícula del sistema escolar. De ellos, el 69% pertenece al sector municipal y el 31% restante al sector particular subvencionado, correspondiendo el 30% a escuelas ubicadas en zonas urbanas y el 60% a escuelas rurales.

Finalmente, considerando una distribución de alumnos prioritarios similar a la del primer ciclo básico, se deduce que ellos sumarán alrededor de 75.000 en la enseñanza pre básica, a los que cabría agregar la mayor parte de los 20.000 nuevos cupos que se crearán en este segmento, según anuncio de S.E. la Presidenta de la República.

* * * * *

El señor Pedro Montt Leiva (Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc) señaló que, junto con identificar a los alumnos que serán beneficiarios de la subvención preferencial, resulta clave para la aplicación de la ley en proyecto identificar a las escuelas que tendrían capacidad para proporcionar aprendizajes de mejor calidad a esos mismos estudiantes.

Para esto se ha ideado también un modelo de clasificación de los establecimientos, basado fundamentalmente en un sistema de medición de los resultados educativos, que comprende tanto estándares de desempeño como estándares de contenido.

Los estándares de desempeño o niveles de logro de los alumnos indican cuáles son los aprendizajes que éstos han alcanzado en un momento determinado de su trayectoria escolar y se miden a partir de los puntajes obtenidos en las pruebas SIMCE, aplicadas actualmente en 4º año de educación general básica y 2º año de enseñanza media.

Los estándares de contenido o mapas de progreso permiten a su vez predecir la forma en que deberían evolucionar los aprendizajes a medida que los alumnos avanzan en los distintos niveles de la educación básica y media, y efectuar un diagnóstico más fino de los conocimientos adquiridos individualmente, a fin de determinar el apoyo que requieren para lograr resultados de mejor calidad.

Ahora bien, los niveles de logro esperado son descripciones de las habilidades y conocimientos que debe mostrar un alumno en un curso determinado (4º básico, por ejemplo) para alcanzar un nivel de desempeño que se puede denominar “básico”, “medio” o “avanzado”. Estos estándares de desempeño presentan las siguientes ventajas:

Permiten una medición más fina, al otorgar un significado cualitativo a los resultados SIMCE.

Establecen varas comunes y hacen explícitas las expectativas de logro para los grados evaluados por el SIMCE.

Permiten a los docentes visualizar la orientación del aprendizaje que necesitan promover.

Por su parte, los mapas de progreso son una herramienta que describe en forma concisa el crecimiento de los aprendizajes, definiéndose al efecto siete niveles de destrezas o habilidades que se espera que los alumnos desarrollen a lo largo de su trayectoria escolar (secuencia típica), en los distintos sectores de aprendizaje (lenguaje, matemáticas, etcétera). Estos estándares de contenido aportan:

Un marco de referencia común para identificar los logros y necesidades particulares de aprendizaje de los alumnos, tanto para informarlos a ellos como para retroalimentar la enseñanza (diagnosticar/planificar) en función de la progresión.

Un marco de referencia común para monitorear en determinados momentos la cercanía o lejanía de los estudiantes respecto a las expectativas nacionales de logros.

Una visión de cada sector de aprendizaje a lo largo de toda la trayectoria escolar, de primero básico a cuarto medio.

Una visión concisa de los dominios de aprendizaje centrales de cada subsector y una orientación sobre lo que es importante evaluar.

Por último, estos estándares obligarán a revisar y corregir periódicamente el modelo curricular (OFCMO).

Estos mapas de progreso serán instalados de manera gradual desde 2007 a 2010, pues cada sector de aprendizaje tiene ejes claves, dimensiones básicas del mismo que pueden y deben ser evaluadas. Así, por ejemplo, en el caso de Lenguaje, hay tres dimensiones claves: la comprensión lectora (su evolución a lo largo de la trayectoria escolar), la producción de textos (escritura) y la expresión oral, que no pueden medirse con pruebas estandarizadas como el SIMCE.

Actualmente, se encuentran en elaboración mapas de progreso en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés y Educación Parvularia, que se aplicarán a partir del año 2007. En una segunda etapa, está previsto elaborar mapas de progreso en Educación Física, Educación Tecnológica y Educación Artística.

A partir de estas nuevas herramientas, las escuelas serán clasificadas como autónomas, emergentes o en recuperación atendiendo a los niveles de logro de sus alumnos (puntajes promedio SIMCE), corregidos según el nivel socioeconómico de éstos, dado que no existen actualmente mediciones de resultados individuales.

Se considerará, además, un estándar mínimo de calidad que será exigible a todos los establecimientos que se incorporen al régimen de subvención preferencial. A eso se refiere el articulado transitorio del proyecto, el cual contempla un primer corte a los 250 puntos SIMCE, que correspondería al nivel de desempeño intermedio, y otro corte a los 300 puntos, que configura un nivel de altas expectativas. Todas las escuelas del país, cualquiera sea su dependencia, tienen alumnos en esas categorías y también por debajo del puntaje mínimo, pero se ha visto que, a medida que aumenta la edad de los niños, las diferencias de aprendizaje también se incrementan, pues los alumnos con menor capital cultural inicial se van quedando rezagados. La idea es que la escuela ayude a éstos a superarse, y para eso servirían los mapas de progreso.

Se han hecho simulaciones con los datos actuales del SIMCE, estimándose que alrededor de 3.787 establecimientos se incorporarían al régimen de subvención preferencial, de los cuales 577 entrarían en la categoría de autónomos.

Por otra parte, serán escuelas en recuperación las que obtengan menos de 220 puntos en el SIMCE y que tengan menos de 20% de sus alumnos con puntaje superior a 250. Según las simulaciones efectuadas, estarían en esta categoría alrededor de 300 escuelas, que en su mayoría se encuentran en sectores de escasos recursos.

Cabe recordar que para resolver el problema de las escuelas rurales, todas aquéllas que tengan menos de 20 alumnos, mientras no exista un sistema de medición de resultados individuales, van a entrar al régimen de subvención preferencial en calidad de emergentes. Esto, porque en una escuela con menos de 20 alumnos no se puede asegurar que los resultados del SIMCE se deban a la calidad de la enseñanza que se imparte.

Asimismo, para asegurar que las escuelas en recuperación sean bien clasificadas, dadas las graves consecuencias que ello acarrearía, se ha diseñado un sistema que, por una parte, recoge todo lo ya explicado, pero incorpora también algunos indicadores complementarios, de carácter universal. Tales indicadores son, por ejemplo, las tasas de retención y aprobación de alumnos; integración de profesores, padres y apoderados; mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento; iniciativa de la escuela; calidad del cuerpo docente, todos los cuales están compuestos a su vez por distintos factores ya validados para otros fines (ejemplo, Sistema de Inspección, SIMCE, SNED, Evaluación Docente). Así se integrarían los distintos sistemas de medición actualmente existentes, que fue una de las inquietudes planteadas en el seno de la Comisión.

En segundo lugar, habrá un panel de expertos, encargado de identificar a dichas escuelas y de verificar en otros aspectos centrales, como son los procesos que desarrollan, si ellas han sido clasificadas correctamente.

Finalmente, planteó el señor Montt que, en la lógica de establecer algunos estándares nacionales de calidad y que éstos puedan ser mejorados periódicamente, debería avanzarse a futuro en determinar con mayor precisión cuál es el aporte de la escuela a los aprendizajes de sus alumnos e informó que, en ese sentido, el Ministerio de Educación está desarrollando ya este año experimentos para instalar mediciones de valor agregado en los años venideros.

Otro desafío técnico importante que ha asumido el Ministerio es poder contar dentro de poco con mediciones de resultados individuales por alumno, para lo cual la prueba que se aplique debería ser tan extensa como las dos formas del SIMCE que actualmente se distribuyen a nivel de cursos, pero la ventaja es que esto daría clara cuenta del impacto que eventualmente producirá la ley en proyecto sobre los alumnos prioritarios.

* * * * *

[1] Ver en página 39 del Anexo síntesis de dicha intervención.
[2] La referencia debe entenderse hecha al artículo 21 del DFL Nº 1 de 2005 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LOCE.
[3] Corresponde al artículo 21 del DFL Nº 1 de 2005 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LOCE.
[4] Ver nota anterior.
[5] Corresponde al artículo 21 del DFL Nº 1 de 2005 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LOCE.
[6] Corresponde al artículo 21 del DFL Nº 1 de 2005 de Educación que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LOCE.
[7] Corresponde al artículo 21 del DFL Nº 1 de 2005 de Educación que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LOCE.
[8] Agregado por el Nº 5 del artículo 30 de este proyecto el cual fue rechazado por la Comisión.
[9] Agregado por el Nº 5 del artículo 30 del proyecto el cual fue rechazado por la Comisión.
[10] Corresponde al artículo 21 del DFL Nº 1 de 2005 de Educación que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LOCE.
[11] Corresponde al artículo 21 del DFL Nº 1 de 2005 del Ministerio de Educación que fija el texto refundido coordinado y sistematizado de la LOCE.
[12] Ver en página 39 intervención del Director Nacional de la JUNAEB acerca de la metodología que utilizará ese organismo para identificar a los alumnos prioritarios.
[13] Durante la tramitación del proyecto el Ejecutivo optó por extender gradualmente el universo de beneficiarios de la subvención preferencial hasta 8º año de enseñanza básica.
[14] Ver en páginas 40 y siguientes la intervención del Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc quien expuso acerca de otros parámetros que incluirá el sistema de clasificación de escuelas.
[15] Producto de las observaciones formuladas durante el trámite de audiencias públicas y con motivo de la discusión en general el Ejecutivo optó posteriormente por igualar el monto de la subvención preferencial estableciendo únicamente diferencias en cuanto a la discrecionalidad de su utilización pero siempre en procura de los objetivos previstos en el proyecto.

1.3. Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 05 de diciembre, 2006. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 104. Legislatura 354.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UNA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS SOCIO-ECONOMICAMENTE VULNERABLES.

BOLETÍN Nº 4.030-04

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS PREVIAS

1. Origen y urgencia

La iniciativa tuvo su origen en la Cámara de Diputados por un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, calificada de “simple” para su tramitación legislativa.

2. Disposiciones o indicaciones rechazadas

Indicación de los Diputados señores Robles y Tuma al artículo 39.

Del Ejecutivo para eliminar el artículo sexto transitorio.

3. Se designó Diputado Informante al señor Alvarado, don Claudio.

* * *

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto las señoras Yasna Provoste y Pilar Romaguera, Ministra y Subsecretaria de Educación, respectivamente; los señores Rodrigo González, Jefe de la División Jurídica, Pedro Montt, Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación, y Freddy Ramos y Rafael Carrasco, Asesores de la citada Cartera; y José Espinoza, Asesor de la Dirección de Presupuestos.

Concurrieron, además, el señor Jorge Pavez, Presidente Nacional y la señora Jenny Assael, asesora educacional, respectivamente, del Colegio de Profesores de Chile; los señores Rodrigo Bosch, Presidente Nacional, Alejandro Hasbún, Vicepresidente Nacional y la señora Patricia González, asesora, respectivamente, de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP); y la señora Sandra Lagos, Presidenta de la Asociación de Funcionarios Docentes de la comuna de San Clemente.

El propósito de la iniciativa consiste en establecer una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables o prioritarios.

Asimismo, busca adecuar y concordar las disposiciones de la Ley de Subvenciones con esta nueva subvención preferencial que se crea.

Con fecha 3 de junio de 2006, se envió a la Comisión un informe actualizado, que reemplaza el informe elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 11 de noviembre de 2005, en los siguientes términos.

El proyecto de ley original crea una subvención educacional adicional a la regular, denominada subvención preferencial, destinada a mejorar la calidad de la educación de los alumnos prioritarios de los establecimientos subvencionados, que cursen entre el primer nivel de transición de educación parvularia y el 4° nivel de educación general básica, de establecimientos subvencionados que cumplan con los requisitos que establece el proyecto de ley.

Adicionalmente, se ha presentado una indicación del Ejecutivo en el sentido de incluir gradualmente al beneficio de esta subvención, desde 5° a 8° nivel de educación general básica.

Los establecimientos educacionales que se incorporen al régimen de la subvención escolar preferencial serán clasificados en tres categorías: autónomos, emergentes y en recuperación, atendiendo a los resultados educativos.

El total de recursos mensuales por alumno prioritario que recibirán dichos establecimientos será de 1,4 USE por los alumnos de entre pre-kinder y 4° básico; 0,93 USE por los alumnos de 5° y 6° básico; y 0,47 USE por los alumnos de 7° y 8° básico.

Se establecen distintos grados de autonomía en el uso de estos recursos según la categoría del establecimiento.

El proyecto de ley original establece que los establecimientos educacionales clasificados en la categoría en recuperación, recibirán sólo el 50% de los citados recursos. Pero, mediante la indicación del Ejecutivo, se establece que dichos establecimientos también recibirán mensualmente el total de los recursos correspondientes a su nivel educacional, por alumnos prioritarios atendidos.

Se estima que, en régimen, el número de alumnos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados que podrían impetrar el beneficio de la subvención escolar preferencial sería de 754.236. De ellos, 420.583 corresponden a niños entre el primer nivel de transición de la educación parvularia al 4° año de educación general básica, y 333.653 a alumnos de 5° a 8° año de educación general básica.

Asimismo, en el número 1) del artículo 30 del proyecto de ley en comento, que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, sobre Subvención del Estado a los Establecimientos Educacionales, se establece que se amplía el beneficio de la subvención mensual por alumnos atendiendo a todos los niños del primer nivel de transición parvularia de los establecimientos educacionales regidos por dicho decreto con fuerza de ley.

Por lo anteriormente expuesto, se puede señalar que el mayor gasto fiscal, en régimen, se estima alcanzará a una suma del orden de $164.896 millones, que se desglosan de la siguiente manera:

a) Recursos por alumnos prioritarios desde el primer nivel de transición parvularia al 4° año de educación general básica: $95.421 millones.

b) Recursos por alumnos prioritarios desde 5° a 8° año de educación general básica: $37.876 millones.

c) Extensión de la subvención regular a los alumnos del primer nivel de transición parvularia: $31.599 millones.

Si, tal como lo establece el proyecto de ley, ella empieza a regir a contar del primer mes del año escolar del 2007, se puede estimar que el mayor gasto fiscal en dicho año escolar alcanzará a $52.925 millones, que se explican de la siguiente manera:

a) $39.759 millones de recursos por alumnos prioritarios desde pre-kinder a 4° año de educación general básica ya que se estima que:

Un tercio de los alumnos en edad de pre-kinder no se incorporarán a los establecimientos subvencionados el año 2007, y

La incorporación al régimen de subvención preferencial será gradual, alcanzando el año 2007 del orden de 50% de los alumnos prioritarios de entre pre-kinder y 4° básico.

b) Durante el año 2007 no hay gasto por alumnos prioritarios desde 5° a 8° año de educación general básica, ya que el proyecto de ley establece que estos niveles de educación se incorporan gradualmente a contar del segundo año de vigencia de la misma.

c) $13.166 millones por incremento de alumnos de pre-kinder a la subvención regular. Se estima que el año 2007 se habrá incorporado dos tercios de los alumnos en esta edad escolar.

En el debate de la Comisión la señora Ministra Provoste expresó que el proyecto de Subvención Escolar Preferencial (SEP) representa un importante avance en el esfuerzo del Gobierno por aumentar la calidad y la equidad en el sector educación. En tal sentido, la iniciativa reconoce y aborda dos aspectos estructurales de nuestro sistema educativo, que son:

1. El sistema de financiamiento. Actualmente se pone en desventaja a los alumnos más vulnerables del país y las escuelas que los atienden, sin reconocer el esfuerzo significativamente mayor que ellas deben realizar para educar a estos alumnos. En efecto, el sistema actual entrega un monto parejo por alumno sin considerar la vulnerabilidad de los estudiantes y por tanto no favorece la superación del círculo de pobreza.

2. Las condiciones de funcionamiento de las escuelas. Actualmente el Estado entrega los recursos y financia la educación de la gran mayoría de los alumnos del país sin exigir mayores condiciones de calidad educativa ni de funcionamiento a los establecimientos que financia.

Precisó que el proyecto busca resolver estos problemas a través de las siguientes propuestas: entregar recursos adicionales a aquellas escuelas que atiendan a los alumnos más vulnerables y establecer compromisos de funcionamiento y de calidad educativa a los establecimientos financiados por la subvención estatal.

Explicó que, en una primera etapa, se favorecerá a las niñas y niños más vulnerables del sistema escolar subvencionado entre Pre-kinder y 4° básico. Gradualmente, se incorporarán los alumnos prioritarios de 5° a 8° básico. Asimismo, también se favorecerá a las escuelas que los atienden, reconociendo el mayor esfuerzo que se requiere para educar a una población más vulnerable.

A su juicio, el proyecto constituye una herramienta para incrementar la calidad y la equidad en educación puesto que se aumentan los recursos para las escuelas que atiendan alumnos prioritarios, para lo cual, se entregarán aportes adicionales a todas aquellas escuelas subvencionadas que atiendan a niños y niñas prioritarias y que participen del convenio. Por cada uno de estos alumnos entre Pre-kinder y 4° básico, se entregarán aportes adicionales equivalentes a más del 50% (cerca de $18.000 por alumno prioritario) de los recursos entregados actualmente vía subvención. Este incremento será gradualmente menor para el caso del segundo ciclo básico, en que los aportes serán de alrededor de $12.000 para los alumnos de 5° y 6° básico, y de $6.000 para los alumnos de 7° y 8° básico. La idea es entregar más recursos a los que más necesitan y en mayor proporción durante los primeros años de formación escolar. Se establecen compromisos de calidad con las escuelas, de manera de favorecer el aprendizaje del conjunto de sus estudiantes, especialmente aquellos considerados prioritarios. Se abren oportunidades para que todos los alumnos prioritarios puedan ser aceptados. Se diferencia a las escuelas según sus necesidades educativas e indicadores de calidad.

Indicó que, para recibir la Subvención Preferencial, cada sostenedor deberá firmar un “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa”, el que tendrá el carácter de voluntario. En él, los sostenedores se comprometen a presentar un Plan de Mejoramiento Educativo que contemple acciones desde Pre-kinder hasta 8° básico en las cuales invertir los recursos adicionales entregados por la subvención preferencial; asegurar condiciones de integración de los alumnos prioritarios; establecer compromisos con la calidad educativa de todos sus alumnos; rendir cuenta por el uso de los recursos adicionales y llevar contabilidad de todos los recursos que ingresan a ese establecimiento educacional; asegurar el funcionamiento de las instancias de participación escolar como los consejos escolares, centros de apoderados y consejos de profesores; mantener informados a los padres y apoderados sobre la existencia del convenio y de las metas fijadas en materia de rendimiento académico; acreditar el funcionamiento efectivo del consejo escolar, del consejo de profesores y del centro general de padres y apoderados; acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función técnico-pedagógica en el establecimiento y asegurar el cumplimiento efectivo de las horas curriculares no lectivas, y contar en su malla curricular con actividades artísticas y, o culturales y deportivas para la formación integral de sus alumnos.

Puntualizó que, en el caso de los sostenedores municipales, deberán señalar en el convenio el aporte promedio que han realizado a las escuelas e indicar el aporte mínimo que entregarán anualmente a cada una de las escuelas que reciban la subvención preferencial.

Señaló que cada escuela recibirá el monto total de los recursos asociados a la subvención preferencial y todas serán supervisadas respecto a las condiciones establecidas en el convenio. Las escuelas con mayores necesidades de apoyo, denominadas “en recuperación”, recibirán adicionalmente una asesoría de instituciones externas, previo diagnóstico de sus principales necesidades. Al final del período se evaluarán los mejoramientos y la posibilidad de tomar medidas más estructurales. Las escuelas denominadas “emergentes”, serán apoyadas por el Mineduc a través de un menú de opciones que cada escuela deberá escoger en función de sus propias necesidades y contextos. Finalmente, las escuelas “autónomas”, que son aquellas que presentan menores necesidades educativas y que se destacan por lograr sostenidamente los mayores niveles de calidad en consideración del contexto socioeconómico de sus alumnos, podrán recibir los apoyos que estimen pertinentes.

Manifestó que la información referida a la clasificación de escuelas será entregada públicamente.

Hizo notar que las consecuencias asociadas al incumplimiento de los compromisos adquiridos serán las siguientes:

En caso de incumplimiento de las Exigencias de la Ley y del Convenio: En el caso de que las escuelas no cumplan con lo dispuesto en la ley o en el Convenio de Igualdad de oportunidades, serán sancionadas conforme lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Subvenciones y mediante el procedimiento establecido en el artículo 53 de dicha ley. Las sanciones consisten en multas (que no pueden ser inferiores a un 5% ni exceder del 50% de una unidad de subvención educacional por alumno matriculado), privación de la subvención (que puede ser total o parcial, definitiva o temporal), revocación del reconocimiento oficial, e inhabilidad temporal o perpetua del sostenedor para mantener o participar de cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales subvencionados.

Incumplimiento de los Estándares de Clasificación: Si las escuelas autónomas no logran los estándares de clasificación de escuelas autónomas, pasan a ser establecimientos emergentes o en recuperación, según corresponda. Lo mismo ocurre para las escuelas emergentes que no logran su estándar de clasificación. Recíprocamente, aquellas que alcancen los estándares de la categoría siguiente, podrán acceder a la misma. En el caso de las escuelas en recuperación, el Ministerio de Educación podrá revocar el reconocimiento de aquellas escuelas que no logren los objetivos establecidos en el Plan de Mejoramiento.

Incumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si las escuelas emergentes no entregan o no se les aprueba el plan de mejoramiento durante el primer año, se retendrá un tercio de los aportes asociados a la subvención preferencial. Adicionalmente, el Ministerio de Educación suspenderá el aporte para la elaboración del Plan de Mejoramiento a aquellos establecimientos emergentes que no cumplan con las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento a contar del segundo año de vigencia del convenio.

Señaló que se estima que en régimen, el proyecto requeriría de aproximadamente $164.896 millones para financiar los aumentos de subvención requeridos, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Extensión de la subvención regular a los alumnos del primer nivel de transición parvularia (pre kinder): $31.599 millones.

Recursos por alumnos prioritarios desde el primer nivel de transición parvularia al 4° año de educación general básica: $95.421 millones.

Recursos por alumnos prioritarios desde 5° a 8° año de educación general básica: $37.876 millones.

El señor Pavez, Presidente Nacional del Colegio de Profesores de Chile manifestó que, si bien el nuevo articulado del proyecto recoge algunos aspectos importantes que fueron señalados por el Colegio de Profesores, los alcances de fondo se mantienen inalterables, lo que le parece preocupante, por cuanto muchos de dichos aspectos han sido abordados por el Consejo Asesor Presidencial y serán estudiados por la Presidenta de la República para implementar nuevas leyes a partir de marzo del 2007.

Destacó las materias que fueron perfeccionadas durante el trámite por la comisión técnica; no obstante observó que algunas se mantienen en su concepción original como el financiamiento vía subvención a la demanda, lo que no resolvería el problema de inequidad y de necesidad de entregar mayores recursos a las escuelas que atienden una proporción mayor de alumnos con desventajas; el SIMCE como principal instrumento de control de calidad; la lógica de control de resultados y no de seguimientos a procesos, el rol subsidiario del Estado, teniendo los sostenedores voluntariedad de incorporarse al sistema; un Ministerio débil que hoy contaría con 760 supervisores, que difícilmente podrán asumir los roles de supervisión y apoyo técnico pedagógico, delegando dichas funciones a entidades naturales o jurídicas; mantención del mismo sistema de sostenedores municipales, que han demostrado su incapacidad de gestión y administración de los establecimientos y mantención de las condiciones laborales y profesionales de los docentes.

Plantea que la presente ley debiera abocarse a solucionar los problemas de la siguiente manera:

1. Entregar un financiamiento adicional a las escuelas más vulnerables, municipales y, de ser necesario, a las particulares subvencionadas, siempre que éstas sean gratuitas y, por lo tanto, no tengan financiamiento compartido a través de un subsidio que varíe, según la cuantía y el índice de vulnerabilidad de la matrícula.

2. Fortalecer el trabajo pedagógico en los establecimientos, con un trabajo colectivo tanto del cuerpo directivo como docente.

3. Dar apoyo técnico sistemático a las escuelas municipales que no funcionen bien, apoyando la ejecución de un plan de mejoramiento en el que los colegios comprometan metas de resultados y procesos de aprendizaje. Para ello deben incorporarse instrumentos diversos y no solo el SIMCE.

4. Mejorar las condiciones de trabajo docente y disminuir el número de alumnos por curso.

El señor Bosch Presidente Nacional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP), destacó que ésta cuenta con más de 800 establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados a lo largo de todo el país, con 380 mil alumnos y 35 mil funcionarios, entre personal docente y no docente.

En relación con el proyecto de ley de subvención escolar preferencial valoró el énfasis del financiamiento en los alumnos de escasos recursos; las iniciativas para aumentar la participación de la comunidad escolar; la entrega de recursos en función de una búsqueda de mejores resultados, y la incorporación de toda la enseñanza básica en el proyecto.

Manifestó su preocupación en cuanto a la duplicidad de fines implicados en el proyecto, en cuanto igualar oportunidades y rendición de cuentas en función de calidad, lo que puede restar eficacia a la política pública. El incentivo que supone un aumento de recursos para la escuela, puede resultar insuficiente frente a los costos que representan un mayor control, pérdida de autonomía y sanciones asociadas al sostenedor en función de resultados de aprendizaje, pudiendo traducirse en la auto-marginación de operadores con experiencia; asimismo, critica que el monto de los recursos adicionales están asociados a exigencias de una calidad no definida integral ni previamente.

Consideró que el proyecto debiera enfocarse en el objetivo de igualar oportunidades, asociando los recursos a los alumnos prioritarios, para hacer más eficiente el gasto público, y no a las escuelas, para evitar una mayor segmentación, priorizándose más en los resultados de aprendizaje que en el control del proceso, ya que éste aumenta los costos y genera orientación a responder a la fiscalización, lo que deriva en mayor burocracia, en lugar del enfoque en la enseñanza.

En relación a las sanciones que el proyecto contempla, estimó que la medida precautoria de retención de subvención frente a procesos es muy drástico por que importa un ante juicio que condena al colegio a su fin, con nefastas consecuencias para los trabajadores y los alumnos. Por otro lado la retención de la subvención por 12 meses es también una sanción muy enérgica ya que también importa un ante juicio que hace inviable al colegio. Con respecto a la pérdida del reconocimiento oficial estimó importante compatibilizar dicha situación con ley de jornada escolar completa en los temas de garantías, situación laboral, situación académica, continuidad de estudios, entre otros.

Sostuvo que, respecto de los nuevos establecimientos educacionales, no se justifica que éstos deban esperar dos años para incorporarse al sistema.

Finalmente, en cuanto a la postulación de los colegios en agosto, no le parece claro cuándo se les informa de su aceptación y su clasificación, lo que dificulta planear las actividades para el año siguiente.

La señora Lagos, Presidenta de la Asociación de Funcionarios Docentes de la comuna de San Clemente, solicitó la pronta aprobación del proyecto de ley, puesto que esta iniciativa ayudaría, en parte, a solucionar los problemas de muchas comunas del país, principalmente aquellas que corresponden a zonas rurales, de alta vulnerabilidad social, sin acceso a otras alternativas educacionales que no sean las escuelas municipales, al incrementarse los recursos.

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 1°; 2°; 4°; 14, 15, 19, 23, 26, 27; 36, número 1; 38 y 39, respectivamente, y los artículos quinto, sexto, séptimo y noveno, transitorios. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó someter a su conocimiento los artículos 5°, 6° y 12 permanentes.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

Por el artículo 1º del proyecto, se crea una subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia y educación general básica.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 8 votos a favor y una abstención

En el artículo 2º se señala que para los efectos de la aplicación de la subvención preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

La calidad de alumno prioritario será calificada por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste determine, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario tendrán la calidad de prioritarios por el solo ministerio de la ley.

b) Los alumnos de familias no comprendidas en la letra precedente serán considerados prioritarios, para los efectos de esta ley, cuando hayan sido caracterizados como indigentes por el instrumento de caracterización socioeconómica del hogar vigente.

c) Los alumnos de familias no comprendidas en las letras anteriores tendrán la calidad de prioritarios cuando sus padres o apoderados hubieren sido clasificados en el tramo A del Fondo Nacional de Salud.

d) Tratándose de alumnos cuyos hogares no cuenten con la caracterización socioeconómica de su hogar, de acuerdo con los instrumentos señalados precedentemente, o que no hayan quedado comprendidos en las letras anteriores, para los efectos de su calificación como prioritarios, se considerará, en orden sucesivo, los ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre y, en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno, en la forma que establezca el reglamento.

La calidad de alumno prioritario será informada por el Ministerio de Educación a la familia de dicho alumno.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 7 votos a favor y 3 abstenciones.

En el artículo 4º se dispone que tendrán derecho a la subvención educacional preferencial los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, en adelante “Ley de Subvenciones”, que impartan enseñanza regular diurna, cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere el artículo 7º. Esta subvención se pagará por los alumnos prioritarios matriculados en dichos establecimientos, según lo establecido en los artículos 14 y 15.

El Diputado Tuma, don Eugenio, presentó una indicación para agregar a continuación de la expresión “artículo 7°”, lo siguiente: “o que conforme a la calificación de los alumnos según el reglamento establecido en el artículo anterior deben ser incorporados a la educación preferencial subvencionada.”

Sometido a votación este artículo, con la indicación precedente, es aprobado por 5 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.

En el artículo 5º se señala que en todo lo no regulado expresamente en esta ley, la subvención preferencial se regirá por las normas de los Títulos I y IV de la Ley de Subvenciones. La pérdida de los requisitos para percibir las subvenciones de dicha ley, y la privación o suspensión del pago de la misma, tendrán como efecto la suspensión o privación, según sea el caso, de la subvención preferencial y de los aportes regulados en esta ley.

No obstante, el Subsecretario de Educación podrá, mediante resolución fundada, ordenar que se deje sin efecto la medida de retención de la subvención preferencial cuando la suspensión del derecho a percibirla comprometa gravemente la garantía del derecho a la educación establecida en el artículo 19, Nº 10, de la Constitución Política de la República. Dicha resolución no podrá extenderse más allá del respectivo periodo escolar.

El Ejecutivo presentó una indicación para eliminar el inciso segundo.

Puesto en votación este artículo, con la indicación precedente, es aprobado por unanimidad.

En el artículo 6º se establece que para que los establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 4º puedan impetrar el beneficio de la subvención preferencial, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de la Ley de Subvenciones, así como de cualquier cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento.

b) Aceptar a todos los alumnos que postulen al primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia y desde 1º hasta 4º año de la educación general básica, dentro de las capacidades autorizadas que tenga el establecimiento.

En el evento de que haya una cantidad de postulantes superior a la capacidad autorizada del establecimiento educacional, la incorporación de los alumnos se ceñirá estrictamente a un proceso de selección público y transparente, en el marco del proyecto educativo institucional a que alude la letra c) siguiente, el que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del postulante, su rendimiento escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad o religión de los padres, origen étnico del postulante, ni otro criterio que permita la discriminación arbitraria de éste. En ese caso las vacantes sólo podrán asignarse por prioridad familiar o, en última instancia, por sorteo.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por prioridad familiar que el alumno postulante tenga hermanos matriculados o sea hijo de un docente o no docente del establecimiento educacional.

c) Informar a los padres y apoderados del proyecto educativo institucional y del reglamento interno del establecimiento, entendiéndose que al concretarse la postulación hay una aceptación de los padres y apoderados a dicho proyecto y reglamento interno.

d) Retener en el establecimiento a los alumnos prioritarios con bajo rendimiento académico e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar su rendimiento escolar, no pudiendo excluir alumnos por razones académicas.

e) Destinar los aportes que contempla esta ley a la implementación de las medidas comprendidas en el plan de mejoramiento educativo en beneficio de los alumnos prioritarios.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

En el artículo 12 se dispone que la postulación para ingresar al régimen de subvención escolar preferencial se realizará en el mes de agosto de cada año en la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación, para incorporarse a dicho régimen a partir del año escolar siguiente.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación, durante los meses de septiembre y octubre, conforme lo disponga el reglamento, analizará la situación de cada establecimiento educacional que haya postulado y procederá a su clasificación en la categoría que corresponda, de acuerdo al artículo 9º. Cuando esa clasificación hubiere ocurrido previamente, según lo establece el artículo 66 de la Ley de Subvenciones, ésta será considerada como antecedente para los efectos de la postulación.

Con todo, si la Secretaría Regional Ministerial de Educación no emite pronunciamiento en cuanto a la clasificación de los establecimientos educacionales dentro del mes de octubre a que se refiere el inciso anterior, el establecimiento se entenderá clasificado como establecimiento educacional autónomo.

El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar en su inciso tercero la frase “se entenderá clasificado como establecimiento educacional autónomo.” por la siguiente: “podrá solicitar que los antecedentes sean elevados ante el Subsecretario de Educación, quien deberá resolver dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de los antecedentes.”.

Sometido a votación este artículo, con la indicación precedente, se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones.

En el artículo 14 se establece que la subvención escolar preferencial tendrá el siguiente valor unitario mensual por alumno prioritario, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la categoría del establecimiento educacional establecida en la resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación de acuerdo al artículo 9º:

Desde 1º nivel de transición de la educación parvularia hasta 4º año de la educación general básica 5º y 6º año básico 7º y 8º año básico

A: Establecimientos educacionales autónomos 1,4 0,93 0,47

B: Establecimientos educacionales emergentes 0,7 0,465 0,235

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 8 votos a favor y una abstención.

En el artículo 15 se señala que los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes percibirán mensualmente la subvención preferencial establecida en esta ley. Su monto se determinará multiplicando el valor que corresponda conforme al artículo anterior por la asistencia media promedio de los alumnos prioritarios durante los tres meses precedentes al pago.

En los meses no comprendidos en el año escolar y en el primer mes del año referido, se empleará el procedimiento establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la Ley de Subvenciones, aplicado a los alumnos prioritarios. Asimismo, respecto a la suspensión de clases o actividades escolares por un mes calendario, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo citado.

El procedimiento de cálculo de la subvención a que se refieren los incisos anteriores, será aplicable para el cálculo de los aportes a establecimientos educacionales emergentes que establece esta ley.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 8 votos a favor y una abstención.

En el artículo 19 se contempla que los establecimientos educacionales clasificados como Emergentes tendrán derecho a percibir, para el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo para emergentes a que se refiere el artículo anterior, un aporte adicional de recursos para contribuir al financiamiento de dicho Plan, que será objeto de un convenio complementario.

Para la implementación del Plan a que se refiere el inciso anterior, los establecimientos allí señalados podrán utilizar los recursos adicionales para contratar servicios de apoyo de una entidad externa con capacidad técnica al respecto, la que en todo caso deberá estar incluida en el registro indicado en el artículo 29.

La suma anual de los recursos que reciban los establecimientos emergentes por la aplicación de la letra B del artículo 14 y el aporte adicional a que se refiere este artículo, será equivalente a lo que le correspondería recibir al mismo establecimiento si éste estuviera en la categoría de Autónomo, por los niveles que se especifican en el inciso siguiente.

Este aporte adicional será de 0,7 USE por los alumnos que cursen desde el primer y segundo año de transición de la educación parvularia y hasta el 4º año de la educación general básica; de 0,465 USE en el caso de los alumnos que cursen 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,235 USE por los alumnos que cursen 7º y 8º año de la educación general básica.

No obstante lo anterior, durante el primer año de vigencia del convenio se entregará a los sostenedores de los establecimientos educacionales que no cuenten con un plan aprobado por el Ministerio de Educación, un tercio del aporte adicional mensual a que se refiere el inciso anterior, para financiar la obligación establecida en el Nº 1 del artículo 18, recibiendo del Ministerio de Educación los dos tercios restantes una vez que sea aprobado el Plan de Mejoramiento Educativo, pagándose éste último con efecto retroactivo calculado desde el mes siguiente al acto de aprobación del convenio a que se refiere el artículo 7º.

A contar del segundo año de vigencia del convenio, el aporte a que se refiere el inciso cuarto se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han efectuado conforme al Plan de Mejoramiento Educativo aprobado.

De la resolución a que se refiere el inciso anterior podrá apelarse dentro de los quince días hábiles siguientes a su emisión, ante el Subsecretario de Educación, disponiendo éste de igual plazo para pronunciarse sobre la apelación.

El reglamento a que alude el artículo 3° establecerá el modo y la oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas.

Mediante decreto del Ministerio de Educación, que llevará además la firma del Ministro de Hacienda, se fijará anualmente el monto en pesos del aporte adicional y de las proporciones de dicho aporte a que se refieren los incisos cuarto y quinto.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 6 votos a favor, un voto en contra y 2 abstenciones.

En el artículo 23 se establece que la resolución que clasifique a un establecimiento educacional en la categoría en Recuperación, conforme a lo señalado en el artículo anterior, pondrá término al derecho a impetrar la subvención preferencial por parte del sostenedor del establecimiento, a partir del año escolar siguiente, sin perjuicio del aporte a que se refiere el artículo 26.

Dicha resolución será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor y podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de su notificación.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 6 votos a favor, un voto en contra y 2 abstenciones.

En el artículo 26 se señala que para diseñar y llevar a cabo las actividades señaladas en el artículo anterior, el Ministerio de Educación dispondrá de un aporte económico extraordinario para los sostenedores de los establecimientos educacionales declarados en Recuperación a que se refiere el artículo 22.

La suma anual de este aporte extraordinario será equivalente al monto que le correspondería al establecimiento educacional si se le aplicara la subvención establecida en la letra A del artículo 14, por el promedio de los alumnos prioritarios matriculados en los niveles correspondientes en el primer trimestre del año escolar, considerando el porcentaje de la asistencia media efectiva de los alumnos prioritarios registrada en los meses del año escolar inmediatamente anterior.

Estos recursos deberán ser aplicados a medidas de mejoramiento contenidas en el Plan mencionado en el artículo anterior. La rendición de estos recursos deberá ser visada por la entidad externa.

Este aporte será entregado en cuotas mensuales, iguales y sucesivas; será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique, mediante resolución fundada, que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan aprobado.

En todo caso, un alumno prioritario que se traslade durante el año escolar de un establecimiento en Recuperación a cualquier otro, no dará derecho a impetrar la subvención preferencial ni los aportes de los artículos 19 y 26 en el nuevo establecimiento, durante ese año.

El reglamento a que alude el artículo 3º establecerá el modo y la oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas.

Durante el primer año de incorporación de un establecimiento educacional al régimen de subvención preferencial, el aporte a que se refiere el inciso primero será determinado según la fórmula establecida en el inciso segundo, dividido por doce y multiplicado por el número de meses que resten del año, contados desde el mes siguiente a la firma del convenio complementario.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 6 votos a favor, un voto en contra y 2 abstenciones.

En el artículo 27 se dispone que si concluido el plazo de tres años establecido en el Nº 1 del artículo 25, el establecimiento educacional en Recuperación alcanza los objetivos planteados con la reestructuración será clasificado como Emergente o Autónomo, según corresponda. Esta clasificación tendrá efecto a partir del año escolar siguiente.

Por otra parte, si el establecimiento en Recuperación no logra dichos objetivos en el plazo indicado, podrá el Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial. Dicha resolución será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación y notificada al sostenedor por carta certificada.

Procederá recurso de apelación ante el Subsecretario de Educación, en el plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la resolución.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 5 votos a favor, un voto en contra y 3 abstenciones.

En el artículo 36 se introducen las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación:

Por el numeral 1) se sustituye, en todas sus disposiciones, la mención “Educación Parvularia (segundo nivel de transición)” por “Educación Parvularia (primer y segundo nivel de transición)”.

Por el numeral 2) se modifica el artículo 50 en el siguiente sentido:

a) Agrégase al inciso segundo, a continuación de la letra d), la siguiente letra e) nueva:

“e) Incumplimiento de la obligación de informar prevista en los artículos 64 y 65;”;

b) Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la letra h), la siguiente letra i) nueva:

“i) Permanecer dos años a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificado en la categoría de establecimiento con Necesidad de Medidas Especiales, de conformidad a lo establecido en el artículo 66, sin haber aplicado las medidas propuestas por el Ministerio de Educación para superar dicha categoría.”.

Por el numeral 3) se sustituye el inciso primero del artículo 52 por el siguiente:

“Las sanciones consistirán en:

a) Multas, las que no podrán ser inferiores a un cinco por ciento ni exceder del cincuenta por ciento de una unidad de subvención educacional por alumno matriculado a la fecha en que se incurre en la infracción.

b) Privación de la subvención, que puede ser total o parcial, definitiva o temporal.

En caso de privación temporal, ésta no podrá exceder de doce meses consecutivos.

c) Revocación del reconocimiento oficial, y

d) Inhabilidad temporal o perpetua del sostenedor para mantener o participar de cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales subvencionados.”.

Por el numeral 4), en el artículo 53, se agrega el siguiente nuevo inciso segundo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Una vez notificado el sostenedor o su mandatario de la resolución que ordena instruir proceso, el Secretario Regional Ministerial de Educación podrá, como medida precautoria, ordenar, mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial, del pago de la subvención, atendida la naturaleza y cuantía de la presunta infracción.”.

El Ejecutivo presentó una indicación para modificar el artículo 36 en el siguiente sentido:

“a) Para introducir los siguientes numerales 2) y 3) nuevos pasando los demás a ordenarse correlativamente:

“2) Modifícase el artículo 2º en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso segundo, entre las expresiones “ante el Estado” y “la responsabilidad” la expresión “y la comunidad escolar”.

b) Sustitúyese su inciso tercero por los siguientes:

“El sostenedor o su representante legal deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Contar, a lo menos, con título profesional de al menos 8 semestres.

b) No estar inhabilitado para ser sostenedor por haber cometido algunas de las infracciones graves señaladas en el artículo 50 de la presente ley.

c) No haber sido condenado por crimen o simple delito.

Tratándose de una persona jurídica, cada uno de sus socios, representantes legales, gerentes, administradores o directores, deberán cumplir con los requisitos señalados en el inciso anterior.

Además, serán solidariamente responsables ante los padres y apoderados de las obligaciones civiles que se deriven por cobros indebidos realizados por el establecimiento educacional a éstos”.

3) Agrégase a la letra f) del artículo 6º el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero:

“Si el sostenedor es una persona jurídica, ninguno de sus socios, directores o miembros, en su caso, podrá tener obligaciones pendientes derivadas de cobros indebidos a padres o apoderados o deudas laborales o previsionales, originadas por la prestación de servicios educacionales realizados con anterioridad, sea que haya sido sostenedor persona natural, o socio, director o miembro de la persona jurídica que detentaba la calidad de sostenedor de la o las administraciones en que nacieron las obligaciones que se encuentran pendientes”.

b) Para modificar su numeral 3) que ha pasado a ser 5) en el siguiente sentido:

“Agrégase a su letra d), a continuación de la expresión “subvencionados” la frase “, la que en el caso del sostenedor que sea persona jurídica se entenderá aplicada a sus socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores.”.

c) Para agregar un numeral 6) nuevo, pasando los demás a ordenarse correlativamente:

“6) Modifícase el artículo 52 en el sentido de agregar al final de su inciso tercero lo siguiente:

“El Ministerio de Educación llevará un registro actualizado de los sostenedores y de los representantes legales, directores, socios o miembros de sostenedores personas jurídicas que hayan sido inhabilitados por aplicación de esta ley.”.

d) Para agregar el siguiente numeral 8) nuevo:

“8) Agréganse los siguientes artículos 64, 65, 66 y 67:

“Artículo 64. Para los efectos de esta ley, el Ministerio de Educación mantendrá una base de datos que contendrá la información relevante de todos los establecimientos educacionales subvencionados necesaria para que los Consejos Escolares y los padres y apoderados, así como la comunidad escolar, puedan formarse una apreciación respecto al aporte del establecimiento al aprendizaje de sus alumnos.

Esta base será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla.

Los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación necesaria para la mantención de esta base de datos, y en especial aquella información mencionada en el artículo 8º de la Ley Nº 19.979.

Un reglamento fijará la forma y modalidad en que deberá llevarse la base de datos, junto con la periodicidad, manera de actualización y la información que ésta deberá contener.

Artículo 65. A partir de la información contenida en la base de datos establecida en el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relevante para los fines establecidos en el artículo anterior de cada establecimiento escolar sujeto a esta ley.

La Ficha Escolar será distribuida a los respectivos establecimientos educacionales, y será obligación de éstos su entrega a los padres y apoderados y también a los postulantes al establecimiento.

La información a que se refiere el inciso precedente estará siempre a disposición de cualquier interesado.

El reglamento determinará la periodicidad, modalidad e información que deberá contener la Ficha Escolar.

Artículo 66. El Ministerio de Educación, de acuerdo a la información contenida en la base de datos a que se refiere el artículo 64, deberá clasificar a todos los establecimientos subvencionados del país, participen o no en el Régimen de Subvención Preferencial, según las diversas características que establezca el reglamento. Dicha clasificación deberá contemplar una categoría de Establecimientos con Necesidad de Medidas Especiales que incluirá a aquéllos que hayan obtenido resultados reiteradamente deficientes en el rendimiento de sus alumnos en función de los estándares nacionales que se establezcan para tal efecto en el decreto a que se refiere el artículo 8º de la Ley de Subvención Preferencial.

Para determinar la clasificación de los establecimientos se deberán considerar los resultados de aprendizaje de sus alumnos, medidos a través de los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para tal efecto. El número de mediciones en las cuales se muestren dichos resultados en ningún caso podrá ser inferior a dos.

Por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Educación, se determinarán los criterios y el procedimiento de clasificación de los establecimientos educacionales de que trata este artículo.

Asimismo, dicho decreto supremo establecerá los plazos en que los establecimientos educacionales serán sometidos a evaluaciones sucesivas que permitan reclasificarlos en otra categoría, si fuese procedente.

La resolución que clasifique a los establecimientos educacionales será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente.

De dicha resolución podrá apelarse ante el Subsecretario de Educación, en un plazo de 15 días contado desde la notificación de la resolución que determina la categoría en que es clasificado un establecimiento educacional.

Artículo 67. En el caso de los Establecimientos Educacionales con Necesidades de Medidas Especiales señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Educación podrá proponer, anualmente, medidas para que dichos establecimientos superen esa categoría.

Los establecimientos que impartan a lo menos hasta cuarto año de educación general básica que permanezcan más de dos años en esta categoría a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificados, perderán el derecho a impetrar toda subvención, a menos que asuman las obligaciones y adopten las medidas establecidas en el artículo 22 de la Ley de Subvención Preferencial, caso en el cual tendrán derecho de recibir los apoyos establecidos en el párrafo 4º de la misma ley.”.

Puesto en votación este artículo, con la indicación precedente, es aprobado por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

En el artículo 38 se dispone que la Ley de Presupuestos fijará el número máximo de alumnos prioritarios que cada año recibirán la subvención preferencial.

Los Diputados señores Aguiló, Lorenzini, Montes, Ortiz, Robles y Tuma presentaron una indicación para suprimir el artículo 38, la que, puesta en votación, es aprobada por 5 votos a favor y 4 votos en contra.

Los Diputados señores Alvarado, Becker, Dittborn y Von Mühlenbrock presentaron una indicación para reemplazar el artículo 38 por el siguiente:

“Artículo 38. El Ministerio de Educación publicará anualmente en su sitio WEB el listado de alumnos favorecidos con la subvención preferencial, por comuna.”

El Presidente de la Comisión la declaró inadmisible por irrogar un mayor gasto fiscal, siendo, en consecuencia, materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Solicitada votación de la declaración de inadmisibilidad, es aprobada por 5 votos a favor y 4 votos en contra.

En el artículo 39 se establece que el mayor gasto fiscal que representen las subvenciones a que se refiere el artículo 14, el aporte adicional a que se refiere el artículo 19 y el aporte económico extraordinario del artículo 26, se financiará con cargo a los recursos que contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público. El mayor gasto que represente esta ley para el Ministerio de Educación, por sobre la subvención y aportes anteriormente señalados, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto de dicho Ministerio.

Los Diputados señores Robles y Tuma presentaron una indicación para suprimir el párrafo que viene a continuación del punto seguido (.).

Puesta en votación la indicación precedente, se rechaza por 2 votos a favor y 6 votos en contra.

Puesto en votación el artículo 39, es aprobado por 6 votos a favor y 2 abstenciones.

En el artículo quinto transitorio se señala que no obstante lo dispuesto en los artículos 1º y 14 de esta ley, los niveles de 5º a 8º año de la educación general básica se incorporarán gradualmente a la percepción de la subvención preferencial y de los aportes complementarios establecidos en ella, a razón de un nivel por año a contar del segundo año de su entrada en vigencia.

Para estos efectos se suscribirá un convenio complementario sobre estos recursos.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 4 votos a favor y 3 abstenciones.

En el artículo sexto transitorio se establece que el aporte extraordinario establecido en el artículo 26, referido a los establecimientos clasificados en la categoría en Recuperación, será de 0,93 USE por los alumnos prioritarios matriculados en 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,47 USE por los alumnos prioritarios matriculados en 7º y 8º año de la educación general básica.

Este aporte será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan de Mejoramiento Educativo aprobado.

El Ejecutivo presentó una indicación para eliminar el artículo sexto transitorio pasando los siguientes artículos transitorios a ordenarse correlativamente.

Sometida a votación la indicación precedente, se rechaza por 3 votos a favor y 5 votos en contra.

Puesto en votación el artículo, es aprobado por 5 votos a favor y 3 votos en contra.

En el artículo séptimo transitorio se contempla que durante el primer año de vigencia de esta ley, los establecimientos educacionales podrán postular para ese año al régimen de subvención preferencial, sin que les sea aplicable el plazo del artículo 12. En ese evento la subvención preferencial y los aportes complementarios previstos en esta ley se pagarán a partir del primer día del mes siguiente a la resolución que aprueba el convenio a que se refiere el artículo 7º.

Puesto en votación el artículo, es aprobado por 5 votos a favor y 3 votos abstenciones.

En el artículo noveno transitorio se dispone que la presente ley regirá a contar del primer mes del año escolar 2007.

Puesto en votación este artículo, es aprobado por 5 votos a favor y 2 abstenciones.

SALA DE LA COMISIÓN, a 5 de diciembre de 2006.

Acordado en sesiones de fechas 21 de noviembre y 5 de diciembre de 2006, con la asistencia de los Diputados señores Lorenzini, don Pablo (Presidente); Alvarado, don Claudio, Becker, don Germán; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Insunza, don Jorge; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Sunico, don Raúl (Aguiló, don Sergio); Tuma, don Eugenio y Von Mühlenbrock, don Gastón.

PABLO ONETO GARCÍA

Abogado Secretario Accidental de la Comisión

1.4. Discusión en Sala

Fecha 06 de diciembre, 2006. Diario de Sesión en Sesión 104. Legislatura 354. Discusión General. Pendiente.

ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PREFERENCIAL. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece una subvención preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables.

Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda, es la señora Carolina Tohá y el señor Claudio Alvarado , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 4030-04, sesión 55ª, en 2 de noviembre de 2005. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Primeros informes de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 5 y 6 de este boletín de sesiones.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la señora Carolina Tohá .

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente, éste es un proyecto demasiado decisivo para nuestra educación, puesto que busca nada menos que insertar en el corazón del sistema de financiamiento educacional un mecanismo que logre corregir las profundas desigualdades existentes hoy en la educación, sobre la base de reconocer que, al entregar una subvención que es igual para todo tipo de estudiantes, el actual sistema de subvenciones no se hace cargo de que aquellos que tienen más carencias requieren más recursos para ser educados. Tampoco se hace cargo de que el hecho de que la subvención sea igual para todos constituye un aliciente para que los establecimientos excluyan a los alumnos con más carencias y que requieren más apoyo.

Asimismo, el proyecto propone incorporar innovaciones muy significativas en la forma de acceder, de utilizar y de rendir cuenta de los fondos públicos que se entregan por la vía de las subvenciones u otra forma a los establecimientos educacionales. El actual sistema de subvenciones hace que su entrega se haga sin un compromiso claro sobre lo que se va a hacer con ellas, aparte de la asistencia a los alumnos y, además, sin que se rinda cuenta de los recursos.

Por su alcance, ambiciosos objetivos y complejidad de su articulado, la tramitación del proyecto no fue sencilla. Pese a que generó amplio respaldo en torno a su espíritu, su diseño original dio lugar a muchos reparos, tanto de parte de los miembros de la Comisión de Educación, como de las decenas de personas que asistieron a las audiencias públicas y que forman parte de nuestro sistema educacional en distintos puntos del país.

Afortunadamente, durante su tramitación nos encontramos con la disposición del Ejecutivo de acoger las observaciones formuladas y de plasmarlas en importantes modificaciones al proyecto original. Todo ello, sumado a las indicaciones presentadas por los integrantes de la Comisión, permitió sacar adelante el texto que hoy discutiremos y que paso a informar.

La iniciativa parte por crear una subvención educacional, denominada “preferencial”, destinada a mejorar la calidad de la educación que imparten los establecimientos subvencionados y que se impetrará por los alumnos prioritarios que se encuentren cursando el 1° y 2° nivel de transición de la educación parvularia y toda la educación básica. Ésta fue una de las primeras modificaciones importantes que sufrió el proyecto, puesto que en su versión original abarcaba sólo hasta 4° año básico.

Para los efectos de la aplicación de la ley, serán considerados alumnos prioritarios aquellos cuyos hogares tengan una situación socioeconómica que dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. La calificación de prioritarios estará a cargo del Ministerio de Educación y podrá realizarla directamente o a través de organismos de su dependencia.

En cuanto a la calificación, serán considerados prioritarios los alumnos que integren familias adscritas la Programa Chile Solidario; los alumnos de familias que, no estando en este programa, hayan sido calificados como indigentes por el instrumento de caracterización económica vigente. Cabe recordar que el que se ocupa actualmente está siendo objeto de modificaciones. También serán considerados prioritarios los alumnos de familias no comprendidas en los casos anteriores y cuya estratificación para efectos de salud previsional corresponda al Grupo A del Fonasa. Por último, los alumnos no comprendidos en los casos anteriores podrán ser considerados prioritarios, cuando los ingresos familiares y la escolaridad de los padres lo hagan recomendable.

La calidad de alumno prioritario será informada por el Ministerio de Educación a la familia del mismo.

Podrán acceder a la subvención preferencial los establecimientos subvencionados cuyos sostenedores hayan suscrito un convenio, al cual me referiré más adelante.

Todo lo que no contemple el articulado del proyecto será complementado por la ley de subvenciones, que regirá en forma supletoria.

Para que los establecimientos educacionales puedan impetrar el beneficio de la subvención preferencial deberán cumplir los siguientes requisitos:

a)Eximir a los alumnos prioritarios de todo tipo de cobro.

b)Aceptar a todos los alumnos que postulen al 1° y 2° nivel de transición de la educación parvularia y desde 1° hasta 4° año de la educación general básica, dentro de las capacidades autorizadas que tenga el establecimiento.

En el evento de que haya una cantidad de postulantes superior a la capacidad autorizada del establecimiento educacional, la incorporación de los alumnos se ceñirá estrictamente a un proceso de selección público y transparente, en el marco del proyecto educativo institucional, el que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del postulante, su rendimiento escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad o religión de los padres, origen étnico del postulante, ni otro criterio que permita la discriminación arbitraria de éste. En ese caso, las vacantes sólo podrán asignarse por prioridad familiar o, en última instancia, por sorteo.

Se entenderá por prioridad familiar que el alumno postulante tenga hermanos matriculados o sea hijo de un docente o no docente del establecimiento educacional.

c)Informar a los padres y apoderados del proyecto educativo institucional y del reglamento interno del establecimiento, entendiéndose que al concretarse la postulación hay una aceptación de los padres y apoderados de dicho proyecto y reglamento interno.

d)Retener en el establecimiento a los alumnos prioritarios con bajo rendimiento académico e impulsar una asistencia técnicopedagógica especial para mejorar su rendimiento escolar, no pudiendo excluir alumnos por razones académicas.

e)Destinar los aportes que contempla esta ley a la implementación de las medidas contempladas en el plan de mejoramiento educativo en beneficio de los alumnos prioritarios.

Cumplidos estos requisitos, el establecimiento educacional deberá suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, el que tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo renovarse por períodos iguales.

Mediante este convenio, el sostenedor se obligará a los siguientes compromisos esenciales:

a)Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención preferencial y de los demás aportes contemplados en esta ley. Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley.

b)Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y del Centro General de Padres y Apoderados, el que no requerirá gozar de personalidad jurídica.

c)Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función técnicopedagógica en el establecimiento y asegurar el cumplimiento efectivo de las horas curriculares no lectivas.

d)Presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con la comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones desde prekinder hasta octavo básico en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de los recursos en la escuela.

e)Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos y, en especial, de los alumnos prioritarios, concordadas con el Ministerio de Educación, en función de los resultados que se obtengan por aplicación del sistema de evaluación nacional.

f)En el caso de los sostenedores municipales, señalar en el convenio cuál ha sido el aporte promedio en los últimos tres años e indicar cuál será el aporte mínimo que entregará anualmente el municipio a cada uno de los establecimientos que reciba subvención preferencial.

g)Cumplir con cada una de las obligaciones que impone esta ley, según la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento.

h)Informar a los padres y apoderados del alumnado del establecimiento sobre la existencia de este convenio, con especial énfasis en las metas fijadas en materia de rendimiento académico.

i)Cautelar que los docentes de aula presenten al director del establecimiento, dentro de los primeros quince días del año escolar, una planificación educativa anual de los contenidos curriculares.

j)Contar en su malla curricular con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan a la formación integral de los alumnos.

Tratándose de establecimientos educacionales municipales, el convenio antes referido pasará a formar parte de los compromisos de gestión.

Como uno de los puntos señalados en el convenio, el sostenedor deberá elaborar un plan de mejoramiento educativo que incluya orientaciones y acciones en cada una de las cuatro áreas señaladas, que se hará con los recursos que recibirá por concepto de subvención preferencial.

Las cuatro áreas pueden dar lugar a distintas propuestas del establecimiento como acciones a desarrollar en ese ámbito, pero la ley propone algunas a modo de ejemplo.

En el área de gestión del currículum, por ejemplo, propone mejorar las prácticas pedagógicas, apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales, mejorar los sistemas de evaluación de los alumnos, etcétera.

En el área de liderazgo escolar, propone el fortalecimiento del Consejo de Profesores y el fortalecimiento de la formación valórica y cívica de los alumnos, entre otras.

En el área de convivencia escolar, propone apoyo psicológico y de asistencia social a los alumnos y a sus familias y el fortalecimiento del Consejo Escolar, entre otras.

En el área de gestión de recursos, propone la definición de una política de perfeccionamiento para los docentes, destinada a fortalecer aquellas áreas en que los alumnos han obtenido resultados educativos insatisfactorios, entre otras.

En el caso de establecimientos particulares subvencionados, propone la creación de sistemas de evaluación de los docentes y el fortalecimiento de instrumentos de apoyo a la actividad educativa, como bibliotecas, computadoras, internet, etcétera.

Si se trata de establecimientos educacionales emergentes y en recuperación, el plan de mejoramiento educativo tiene exigencias adicionales.

El Ministerio de Educación entregará orientaciones y apoyo para elaborar el plan de mejoramiento educativo y podrá hacer recomendaciones para mejorarlo. Asimismo, entregará orientaciones para la ejecución de las acciones antes señaladas y realizará su seguimiento y evaluación anualmente, por sí o a través de entidades acreditadas incluidas en el registro del artículo 29.

Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de subvención educacional preferencial serán clasificados en tres categorías: emergentes, en recuperación y autónomos. Estos últimos tendrán evaluación del Ministerio de Educación o entidades pedagógicas y técnicas de apoyo registradas. Son aquellos que hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados, de conformidad al sistema de evaluación nacional y a los estándares que se establezcan.

El sistema de evaluación nacional es el Simce; los estándares que se establecerán en el próximo período van a constituir un paso adelante, por cuanto no sólo se va a evaluar puntaje, sino que logros esperados por cada año educativo, por lo tanto, en vez de mirar un número vamos a ver si se logró aprender a leer y a escribir, si se aprendieron las operaciones aritméticas y los contenidos en los plazos previstos, etcétera; es decir, un sistema de mucha mayor calidad y complejidad que el actual.

Los establecimientos educacionales emergentes con apoyo a la dirección del establecimiento de parte del Ministerio de Educación o entidades pedagógicas y técnicas de apoyo registradas son aquellos que no hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación y a los estándares que se definirán.

Los establecimientos educacionales en recuperación con apoyo integral a su desarrollo y funcionamiento por parte del Ministerio de Educación o entidades pedagógicas y técnicas de apoyo registradas son aquellos que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes, de acuerdo también al sistema de evaluación y a los estándares ya señalados.

El primer tipo de establecimiento es evaluado por el Ministerio de Educación; en el segundo caso la dirección es apoyada por el Ministerio, y en el tercer caso, cuando se trata de menores rendimientos, hay un apoyo integral a su desarrollo y funcionamiento por el Ministerio de Educación.

Los establecimientos educacionales nuevos podrán incorporarse al régimen de subvención educacional preferencial cuando cuenten con dos mediciones de acuerdo a los instrumentos mencionados, salvo que, a juicio del Ministerio, existan antecedentes suficientes para considerar que reúnen las condiciones para dar una educación de calidad a los alumnos vulnerables.

Los estándares nacionales y los criterios específicos para la calificación de los resultados educativos se establecerán mediante decreto supremo del Ministerio de Educación y deberán ser actualizados a lo menos cada 5 años.

El procedimiento para la determinación y verificación de los resultados educativos, para los efectos de esta ley, será establecido en el reglamento.

A los establecimientos cuya matrícula de 4° a 8° básico sea demasiado baja y no permita diferencias estadísticas confiables deberá aplicárseles metodologías distintas para su clasificación, las que estarán a cargo del Ministerio de Educación.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación considerará las características de los establecimientos educacionales rurales uni, bi o tri docentes, así como de aquellos multigrado o en situación de aislamiento, con el fin de orientar la elaboración del plan de mejoramiento educativo de dichos establecimientos y brindarles apoyo y supervisión pedagógica especial, acorde con sus necesidades, ya sea otorgada por sí o mediante entidades pedagógicas y técnicas de apoyo registradas.

El Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, tratándose de los establecimientos educacionales mencionados anteriormente, deberá incluir la obligación de funcionar como conjunto sistémico y articulado, o en red, con otros establecimientos de similares características y cercanía geográfica.

Esto significa que en el mundo rural estos convenios se harán con un conjunto de establecimientos, lo que permitirá aglutinar cantidades mayores de recursos para intervenciones más exitosas.

La subvención escolar preferencial para los establecimientos autónomos tendrá un valor de 1,4 unidades USE, que después del reajuste del 5 por ciento será de 19.851 pesos desde los dos primeros niveles de educación parvularia hasta 4° básico.

En 5° y 6° básico el valor será de 13.187 pesos, y en 7° y 8° básico de 6.664 pesos.

En el caso de los establecimientos considerados emergentes, la subvención escolar preferencial será la mitad de las sumas anteriormente señaladas; sin embargo, será complementada por una suma equivalente que se entregará como un aporte del Ministerio. Por lo tanto, en volumen de recursos, los establecimientos tendrán exactamente la misma cantidad, pero la manera de asignarla y evaluarla será distinta.

Los establecimientos en recuperación, que están en condiciones más críticas, no recibirán subvención preferencial, sino un aporte de una cantidad exactamente equivalente a la de la subvención preferencial, pero con una modalidad distinta de asignación, evaluación y sanciones en el caso de incumplimiento de sus obligaciones.

En los establecimientos autónomos se evaluará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, en especial la de retención de los alumnos prioritarios con dificultades académicas y la de cumplimiento de los logros académicos de todos los alumnos, conforme a los resultados obtenidos en las mediciones nacionales.

La evaluación de estos establecimientos la realizará el Ministerio de Educación al menos cada 3 años.

Si el resultado de esa evaluación indica que han cumplido con sus obligaciones, mantendrán la categoría de autónomos. En caso contrario, dichos establecimientos pasarán a la categoría de emergentes o en recuperación.

En el caso de los establecimientos educacionales emergentes, el sostenedor deberá cumplir con el plan de mejoramiento educativo y asumir los compromisos adicionales que a continuación se indican:

Elaborar durante el primer año un plan de mejoramiento educativo que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Educación.

Este plan deberá contener, primero, un diagnóstico de la situación inicial del establecimiento y del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos, así como una evaluación respecto de los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta el establecimiento, y segundo, un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el transcurso de la ejecución del plan.

Además, el establecimiento que se considere en la categoría emergente, deberá coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios.

Asimismo, deberá establecer actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios.

Los establecimientos educacionales clasificados como emergentes tendrán derecho a percibir un aporte adicional de recursos que alcanza a la mitad del que reciben los autónomos para contribuir al financiamiento de dicho Plan, que será objeto de un convenio complementario. Podrán utilizar los recursos adicionales para contratar servicios de apoyo de una entidad externa con capacidad técnica sobre el particular, la que en todo caso deberá estar incluida en el Registro que mencionaremos más adelante.

El Ministerio de Educación realizará una supervisión pedagógica a los establecimientos emergentes que desarrollen su Plan de Mejoramiento Educativo. Además, evaluará anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa por el sostenedor para cada establecimiento educacional emergente, y deberá entregar su informe al respectivo establecimiento.

Si las acciones comprometidas en el convenio no se efectúan, se suspenderá el pago del aporte adicional que complementa la subvención preferencial.

El Ministerio de Educación, mediante resolución del secretario regional ministerial de dicha cartera, clasificará a los establecimientos educacionales considerados en recuperación, cuando sus resultados educativos sean reiteradamente deficientes. Se entenderá por resultado reiteradamente deficiente el no cumplimiento de los estándares nacionales, considerando al menos las últimas tres mediciones. Sin embargo, se trata de estándares todavía no vigentes. Es parte de un proceso que deberá hacer el Ministerio de Educación en los próximos meses.

También entrarán en la categoría de establecimientos en recuperación los que, en el plazo de un año, contado desde la suscripción del Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, no cuenten con su Plan de Mejoramiento Educativo. Es decir, se les aplica una especie de sanción. Reciben igual clasificación los que, no obstante haber elaborado su Plan de Mejoramiento Educativo, no lo apliquen.

La resolución del seremi de Educación que clasifique a un establecimiento educacional en la categoría en recuperación pondrá término al derecho a impetrar la subvención preferencial por parte de su sostenedor a partir del año escolar siguiente, y activará la posibilidad de percibir el aporte especial extraordinario, del mismo monto, pero con diferente modelo de entrega y de gestión.

Las escuelas en recuperación que apelen a dicha clasificación serán evaluadas por un panel de expertos, creado especialmente para la ocasión, que deberá emitir un informe respecto de la clasificación, el cual deberá ser considerado por el subsecretario de Educación al momento de resolver la apelación. Dicho panel estará conformado por tres expertos, designados uno por el Ministerio de Educación, otro por el sostenedor del establecimiento y el tercero por una entidad evaluadora externa.

Los sostenedores de los establecimientos educacionales en recuperación deberán cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el artículo 8º. Además, tendrán las siguientes obligaciones:

Lograr los estándares nacionales correspondientes a la categoría emergentes, en un plazo máximo de tres años a partir del año escolar siguiente al de la resolución del artículo anterior, y mejorar el rendimiento académico de los alumnos prioritarios.

Cumplir el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en recuperación que establezca un equipo tripartito conformado por un representante del Ministerio de Educación, por el sostenedor o un representante que éste designe y por una entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, de las que se encuentren incorporadas en el Registro. Es decir, en el caso de un establecimiento que entre en la categoría de recuperación, el Plan no lo elaborará solo, sino que se hará con el apoyo de otros actores. Dicho Plan se elaborará sobre la base de un informe de evaluación de la calidad educativa del establecimiento, más profundo que el que se pedía con anterioridad a los establecimientos emergentes, propuesto por la entidad externa referida con anterioridad.

El Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en recuperación abarcará el área administrativa y de gestión del establecimiento, y el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La tercera medida adicional dice relación con que en esos establecimientos se deberán aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el Plan. O sea, se entra no sólo en el proceso educativo, sino en la organización de la escuela.

En caso de proponerse la reestructuración del equipo de docentes directivos, técnicopedagógico o de aula, el sostenedor deberá aplicar alguna o algunas de las siguientes medidas:

Redestinación de tareas y/o funciones;

Destinación de docentes a otros establecimientos del mismo sostenedor, que tengan la calificación de autónomos o emergentes, y

Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes.

Para diseñar y llevar a cabo las actividades señaladas con anterioridad, el Ministerio de Educación dispondrá de un aporte económico extraordinario para los sostenedores de los establecimientos educacionales declarados en recuperación, que será de una suma idéntica a la de la subvención preferencial. Esos recursos deberán ser aplicados a las medidas del Plan de Mejoramiento Educativo, y su rendición deberá ser visada por la entidad externa. Ese aporte será entregado en cuotas mensuales, iguales y sucesivas, será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique, mediante resolución fundada, que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan aprobado.

Si una vez concluido el plazo de tres años establecido en el numeral 1 del artículo 22, que pasa a ser 25, el establecimiento educacional en recuperación alcanza los objetivos planteados con la reestructuración, será clasificado como emergente o autónomo, según corresponda. Sin embargo, si no logra dichos objetivos es decir, cumplir con los estándares reconocidos para los establecimientos emergentes, el Ministerio de Educación podrá revocar su reconocimiento oficial.

El Ministerio de Educación adquiere una serie de responsabilidades en el marco del régimen de subvención preferencial, las más importantes de las cuales son las siguientes:

Clasificar a los establecimientos educacionales en las categorías del artículo 9º e informar de ello a los establecimientos, a los consejos escolares, a los padres y apoderados, a la comunidad escolar y al público en general;

Suscribir los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa y los convenios complementarios, y verificar su cumplimiento;

Efectuar la supervisión de la ejecución de los planes de mejoramiento educativo;

Realizar una supervisión y dar apoyo pedagógico permanente a los establecimientos clasificados como emergentes o en recuperación, lo cual podrá efectuarse en forma directa o por medio de organismos externos habilitados para ejercer esa función;

Proponer planes y metodologías de mejoramiento educativo a los sostenedores;

Aplicar las sanciones, cuando corresponda hacerlo, y

Realizar todas las demás acciones necesarias para el cumplimiento y fines de la ley en tramitación.

El Ministerio de Educación elaborará un Registro público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que podrán ser personas naturales o jurídicas. Además, el Registro podrá considerar categorías según las especialidades técnicas de las entidades, pudiendo éstas optar a todas o sólo a algunas de ellas.

El Ministerio de Educación deberá mantener ese Registro con información actualizada sobre la asesoría proporcionada a los establecimientos educacionales adscritos al régimen de subvención preferencial.

El establecimiento educacional que requiera la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo podrá elegir entre las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo que formen parte del Registro, pero para tomar la decisión deberá oír al Ministerio de Educación.

Los sostenedores de zonas geográficas contiguas o de similares características podrán asociarse entre sí para recibir apoyo técnico de una misma entidad registrada. Esto se aplicará de manera especial en establecimientos rurales o con baja matrícula.

Los honorarios de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo serán pagados por el sostenedor que requiera sus servicios.

De conformidad a lo establecido en el reglamento de la presente ley en tramitación, las entidades registradas que presten asesoría a los establecimientos educacionales emergentes y en recuperación, que en forma reiterada obtengan resultados insatisfactorios, podrán ser eliminadas del Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.

El Ministerio de Educación entregará anualmente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, un informe en el cual describirá las acciones y evaluará los avances en cada uno de los establecimientos educacionales que tengan más de quince por ciento de alumnos prioritarios.

Las direcciones de los establecimientos también adquieren responsabilidades especiales. Así, por ejemplo, deberán llevar un libro diario de ingresos y gastos.

En cuanto a sus ingresos, deberán incluir todas las transferencias del Ministerio de Educación, de la municipalidad o de otras fuentes. Asimismo, deberán incluir los sueldos y demás desembolsos por concepto de mantención, adquisición de materiales, giras de estudio, u otros.

Los miembros del equipo directivo del establecimiento deberán impartir a lo menos cuatro horas semanales de clases de aula.

Después viene un párrafo sobre infracciones y sanciones, que no voy a detallar porque sería bastante tedioso.

A continuación, en el Título II, Otras normas, quiero referirme al artículo 37, que es muy importante porque modifica el artículo 72 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación.

Por el número 1) se elimina, en la letra b), la frase “o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función”, es decir, una de las causales de cesación en el cargo.

Sin embargo, por el número 2) se introduce otra más detallada, mediante una letra c), nueva, que se espera que sea más efectiva, del siguiente tenor: “c)Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas.

Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada del docente faltar sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días en igual período, y por impuntualidades reiteradas cuando éstas excedan el uno por ciento del total de horas contratadas semanalmente, según el modo de cómputo que establezca el reglamento.

La solicitud de remoción de un docente por esta causal deberá presentarse ante el concejo por el alcalde, por el jefe del Departamento de Administración Educacional Municipal o por el director del establecimiento, acompañando un informe fundado. El concejo deberá pronunciarse dentro del plazo de quince días, debiendo contar con la aprobación de los dos tercios de sus miembros.

El mecanismo que se propone es equivalente al que se estableció para la remoción de directores que no cumplen su función de manera adecuada y con él se busca destrabar y hacer efectiva la que corresponde a los docentes por incumplimientos reiterados de sus obligaciones.

Esta disposición no está en el proyecto original del Ejecutivo porque es fruto de una indicación parlamentaria. Iba acompañada de otra, complementaria, que fue considerada inadmisible. De todas maneras la quiero explicar, porque ambas conforman un sistema coherente.

La indicación complementaria tenía por objeto establecer un monto adicional de subvención preferencial en los establecimientos con alta concentración de niños prioritarios, recursos que debían ser destinados a mejorar la remuneración de profesores destacados de determinado establecimiento o contratar en mejores condiciones remuneratorias a profesores de fuera de él. De esta manera se podrían mantener profesores de la mejor calidad en aquellos establecimientos que tienen mayores carencias y dificultades.

Esa indicación fue considerada inadmisible, pero esperamos que en los trámites futuros del proyecto se pueda considerar.

Dado que los estándares nacionales todavía no están vigentes, fundamentalmente los artículos transitorios se refieren a que durante los dos primeros años de aplicación de la ley se utilizarán los resultados Simce para hacer la evaluación.

Así, se considerarán autónomos los establecimientos en base a los resultados Simce si en varios indicadores que se detallan están por sobre la mediana de rendimiento de su grupo similar.

Los establecimientos se comparan dentro de su categoría, es decir, entre los que tienen características similares. Además, en un grupo significativo de mediciones, no sólo en una. Al menos en dos.

Asimismo, se considerarán otros factores, como las tasas de retención, la integración de profesores y apoderados al proyecto educativo del establecimiento, la capacidad de innovar, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la evaluación del cuerpo docente cuando se trate del sector municipal.

Con el mismo criterio, se establecerán como establecimientos emergentes aquellos cuyo puntaje promedio sea inferior a 220 puntos y que la proporción de alumnos sobre los 250 puntos sea inferior al 20 por ciento, incluyendo, al menos, dos mediciones.

Todo se complementará con las medidas que señalé con anterioridad: las tasas de retención, la iniciativa, todos factores que se consideran en el Sned.

Además, durante los dos primeros años de vigencia de la ley, los establecimientos educativos, cuyos sostenedores postulen a la subvención preferencial, serán clasificados siempre como autónomos o emergentes, cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo primero transitorio. No será aplicable en este caso la categoría de “en recuperación”.

La categoría “en recuperación”, por lo tanto, entrará en vigencia a partir del tercer año de aplicación de la ley.

Los niveles quinto a octavo de la educación básica entrarán gradualmente al sistema de subvención preferencial. Partirá hasta con el cuarto básico. Desde el segundo año, gradualmente se integrarán a un ritmo de uno al año.

Además, se establece un plazo máximo de seis meses para que el Ministerio dicte el reglamento que regulará la clasificación de los alumnos. Se pretende que la ley entre en vigencia a contar del primer mes del año escolar 2007. En consecuencia, tendremos que apurarnos para lograr el despacho del proyecto.

Para terminar, un par de datos del proyecto que me parecen importantes. Está previsto que con él se logre abarcar al 33 por ciento del nivel socioeconómico más bajo de la educación subvencionada; que en régimen van a significar 754.236 alumnos; que en la partida, cuando se esté sólo hasta cuarto básico, habrá 420.583 estudiantes, los cuales se repartirán en un 34 por ciento en establecimientos particulares subvencionados y en un 66 por ciento en establecimientos municipales.

El artículo 24, que pasa a ser 27, inciso segundo; el artículo 30, que pasa a ser 36, número 3), letra c), y el artículo 37, nuevo, número 2), requieren de quórum especial.

El proyecto, que no contiene normas de quórum calificado, fue aprobado en forma unánime en general y, en particular, hubo votación dividida.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Claudio Alvarado , informante de la Comisión de Hacienda.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente, después del completísimo informe de la colega Carolina Tohá , me referiré a aspectos específicos de Hacienda.

Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión la ministra y subsecretaria de Educación, Yasna Provoste y Pilar Romaguera , respectivamente; asesores de esa cartera; el presidente nacional y la asesora educacional del Colegio de Profesores de Chile, Jorge Pavez y Jenny Assael , respectivamente, y representantes de la Corporación Nacional de Colegios Particulares y de la Asociación de Funcionarios Docentes de la comuna de San Clemente.

El propósito de la iniciativa es establecer una subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables o prioritarios.

Asimismo, busca adecuar y concordar las disposiciones de la ley de subvenciones con esta nueva subvención preferencial que se crea.

Con fecha 3 de junio de 2006, se envió a la Comisión un informe actualizado, que reemplaza el informe elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 11 de noviembre de 2005, que creo que es el antecedente más importante a considerar por la Comisión de Hacienda.

El proyecto de ley original crea una subvención educación adicional a la regular, denominada subvención preferencial, destinada a mejorar la calidad de la educación de los alumnos prioritarios de los establecimientos subvencionados, que cursen entre el primer nivel de transición de educación parvularia y el cuarto nivel de educación general básica, de establecimientos subvencionados que cumplan con los requisitos que se establecen.

Adicionalmente, se ha presentado una indicación del Ejecutivo en el sentido de incluir gradualmente al beneficio de esta subvención desde el quinto hasta el octavo nivel de educación general básica.

Los establecimientos educacionales que se incorporen al régimen de la subvención escolar preferencial serán clasificados en tres categorías: autónomos, emergentes y en recuperación, atendiendo a los resultados educativos.

El total de recursos mensuales por alumno prioritario que recibirán dichos establecimientos será de l.4 USE por los alumnos de entre prekinder y 4° básico; 0.93 USE por los alumnos de 5° y 6° básico, y 0.47 USE por los alumnos de 7° y 8° básico.

Se establecen distintos grados de autonomía en el uso de estos recursos según la categoría del establecimiento.

El proyecto de ley original establece que los establecimientos educacionales clasificados en la categoría en recuperación recibirán sólo el 50 por ciento de los citados recursos.

Pero, mediante la indicación del Ejecutivo, se establece que dichos establecimientos también recibirán mensualmente el total de los recursos correspondientes a su nivel educacional por alumnos prioritarios atendidos.

Se estima por los sostenedores de establecimientos subvencionados que, en régimen, el número de alumnos que podrían impetrar el beneficio de la subvención escolar preferencial sería de 754.236. De ellos, 420.583 corresponden a niños de entre el primer nivel de transición de la educación parvularia y el 4° año de educación general básica, y 333.653 alumnos de 5° a 8° año de educación general básica.

Asimismo, en el número 1) del artículo 30 del proyecto de ley en comento, que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, sobre subvención del Estado a los establecimientos educacionales, se señala que se amplía el beneficio de la subvención mensual por alumnos atendiendo a todos los niños del primer nivel de transición parvularia de los establecimientos educacionales regidos por dicho decreto con fuerza de ley.

Por lo anteriormente expuesto, se puede sostener que el mayor gasto fiscal, en régimen, alcanzará a una suma del orden de 164.896 millones de pesos, que se desglosan de la siguiente manera:

a)Recursos por alumnos prioritarios desde el primer nivel de transición parvularia hasta el 4° año de educación general básica: 95.421 millones de pesos.

b)Recursos por alumnos prioritarios desde 5° hasta 8° año de educación general básica: 37.876 millones de pesos.

c)Extensión de la subvención regular a los alumnos del primer nivel de transición parvularia: 31.599 millones de pesos.

Si, tal como lo establece el proyecto de ley, ella empieza a regir a contar del primer mes del año escolar del 2007, se puede estimar que el mayor gasto fiscal en dicho año escolar alcanzará a 52.925 millones de pesos, que se explican de la siguiente manera:

a)39.759 millones de pesos en recursos por alumnos prioritarios desde prekinder hasta 4° año de educación general básica, ya que se considera que:

Un tercio de los alumnos en edad de prekinder no se incorporarán a los establecimientos subvencionados el 2007, y

La incorporación al régimen de subvención preferencial será gradual, alcanzando el 2007 alrededor del cincuenta por ciento de los alumnos prioritarios de entre prekinder y 4° año básico.

b)Durante el 2007 no hay gasto por alumnos prioritarios desde 5° hasta 8° año de educación general básica, ya que el proyecto dispone que estos niveles de educación se incorporan gradualmente a contar del segundo año de vigencia de la ley.

c)13.166 millones de pesos por incremento de alumnos de prekinder a la subvención regular. Se estima que el 2007 se habrán incorporado dos tercios de los alumnos en esa edad escolar.

Esto es, en términos generales, lo que expone el informe financiero que involucrará los gastos de este proyecto de ley en pleno funcionamiento.

Durante el debate de la Comisión, la ministra señora Provoste hizo presente que este proyecto aborda materias que dicen relación con el sistema de financiamiento, con las condiciones de funcionamiento de las escuelas y precisó que por el proyecto se pretende resolver los problemas a través de propuestas tales como entregar recursos adicionales a aquellas escuelas que atiendan a alumnos más vulnerables y generar compromisos de funcionamiento y de calidad educativa en los establecimientos financiados con la subvención estatal.

A juicio de la señora ministra, el proyecto constituye una herramienta para incrementar la calidad y la equidad en educación, puesto que se aumentan los recursos para las escuelas que atiendan alumnos prioritarios, para lo cual se entregarán aportes adicionales a todas las escuelas subvencionadas que atiendan a niños y niñas prioritarias y que participen del convenio, que describió en detalle quien me antecedió en el uso de la palabra.

Indicó adicionalmente que, para recibir la subvención preferencial, cada sostenedor deberá firmar un “Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia educativa” que tendrá carácter voluntario.

Puntualizó que, en el caso de los sostenedores municipales, estos deberán especificar en el convenio el aporte promedio que han realizado a las escuelas e indicar el aporte mínimo que entregarán anualmente a cada una de las escuelas que reciban la subvención preferencial.

Finalmente, la señora ministra manifestó que la información referida a la clasificación de escuelas será pública y entregada anualmente.

Con respecto a las intervenciones de quienes fueron recibidos en audiencia por nuestra Comisión, el señor Pavez , presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile, expresó que, si bien el nuevo articulado del proyecto recoge algunos aspectos importantes que fueron dados a conocer por dicha entidad, los alcances de fondo se mantienen inalterables, lo que le parece preocupante, por cuanto muchos de ellos han sido abordados por el Consejo Asesor Presidencial y serán estudiados por la Presidenta de la República para implementar nuevas leyes a partir de marzo del 2007.

Planteó que la presente ley debiera abocarse a solucionar los problemas de la siguiente forma:

1.Entregar un financiamiento adicional a las escuelas municipales más vulnerables y, de ser necesario, a las particulares subvencionadas, siempre que éstas sean gratuitas, y, por lo tanto, no tengan financiamiento compartido a través de un subsidio que varíe según la cuantía y el índice de vulnerabilidad de la matrícula.

2.Fortalecer el trabajo pedagógico en los establecimientos con una labor colectiva tanto del cuerpo directivo como docente.

3.Dar apoyo técnico sistemático a las escuelas municipales que no funcionen bien, apoyando la ejecución de un plan de mejoramiento en el que los colegios comprometan metas de resultados y procesos de aprendizaje. Para ello deben incorporarse instrumentos diversos y no sólo el Simce.

4.Mejorar las condiciones del trabajo docente y disminuir el número de alumnos por curso.

El señor Bosch , presidente nacional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep), destacó que esta entidad cuenta con más de ochocientos establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados a lo largo de todo el país, con trescientos ochenta mil alumnos y treinta y cinco mil funcionarios, entre personal docente y no docente.

En relación con el proyecto de ley de subvención escolar preferencial, valoró el énfasis del financiamiento en los alumnos de escasos recursos, las iniciativas para aumentar la participación de la comunidad escolar, la entrega de recursos en función de una búsqueda de mejores resultados y la incorporación de toda la enseñanza básica en el proyecto.

Manifestó, sin embargo, su preocupación respecto de la duplicidad de fines implicados en el proyecto, en cuanto a igualar oportunidades y rendición de cuentas en función de calidad, lo que puede restar eficacia a la política pública. El incentivo que supone un aumento de recursos para la escuela puede ser insuficiente frente a los costos que representan un mayor control, pérdida de autonomía y sanciones asociadas al sostenedor en función de resultados de aprendizaje, pudiendo traducirse en la automarginación de operadores con experiencia.

Asimismo, criticó que el monto de los recursos adicionales estén asociados a exigencias de una calidad no definida integral ni previamente.

Consideró que el proyecto debiera enfocarse en el objetivo de igualar oportunidades, asociando los recursos a los alumnos prioritarios, para hacer más eficiente el gasto público, y no a las escuelas, de manera de evitar una mayor segmentación, priorizándose más en los resultados de aprendizaje que en el control del proceso, ya que éste aumenta los costos y genera orientación al responder a la fiscalización, lo que deriva en mayor burocracia en lugar del enfoque en la enseñanza.

En relación con las sanciones que el proyecto contempla, consideró que la medida precautoria de retención de la subvención frente a procesos es muy drástica, porque importa un antejuicio que condena al colegio a su fin con nefastas consecuencias para los trabajadores y los alumnos.

Por otro lado, la retención de la subvención por doce meses es también una sanción muy enérgica, ya que también importa un antejuicio que hace inviable al colegio.

Con respecto a la pérdida del reconocimiento oficial, le pareció importante hacer compatible dicha situación con la ley de jornada escolar completa en los temas sobre garantías, situación laboral, situación académica y continuidad de estudios, entre otros.

En lo referente a la discusión en particular del articulado, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos 1°, 2°, 4°, 14, 15, 19, 23, 26, 27, 36, número 1; 38 y 39, respectivamente, y los artículos quinto, sexto, séptimo y noveno, transitorios.

Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó someter a su conocimiento los artículos 5°, 6° y 12 permanentes.

Señor Presidente, en beneficio del tiempo, no tendría sentido ahondar en la discusión en particular del proyecto, puesto que las señoras diputadas y los señores diputados tienen este informe en su poder. Sí quiero mencionar que el Ejecutivo presentó algunas indicaciones que fueron aprobadas por la Comisión de Hacienda, respecto de las cuales la Sala, posteriormente, tendrá oportunidad de pronunciarse en la discusión del proyecto.

La Comisión de Hacienda recomienda aprobar el presente proyecto de ley.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Iniciando el debate, tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn .

El señor DITTBORN.-

Señor Presidente, la subvención escolar preferencial escolar es una gran idea, porque el Estado otorgará más recursos para aquellos niños que provienen de familias de bajo capital cultural. Por lo tanto, presumo que estamos más cerca de lograr una efectiva igualdad de oportunidades. Esos niños deberían tener acceso a una educación de mejor calidad, para así competir con mayor éxito con los niños de familias de mayor capital cultural.

Por lo tanto, celebro esa gran idea. Sin embargo, lo digo francamente el proyecto de ley la echa a perder. Y lo hace, porque su diseño es de tal complejidad administrativa, que vamos a tener serios problemas cuando haya que poner en práctica la idea.

Voy a dar un ejemplo. Ayer, en la Comisión de Hacienda, el diputado Tuma hizo un comentario a propósito de que la incorporación al sistema de la educación preferencial es voluntaria. El diputado Tuma , que representa una región agrícola con muy pocos colegios preguntó qué ocurría si, en un pequeño poblado del distrito, un colegio que tiene uno o dos alumnos que se benefician con la subvención escolar preferencial decide no ingresar al sistema. La ministra, que hoy nos acompaña en la Sala, respondió que los niños tendrán que ir a otro colegio. Pero como otro colegio, en un distrito agrícola, puede estar a kilómetros de distancia, el diputado Tuma presentó indicación para obligar al colegio a someterse a una larga lista de requisitos administrativos para recibir la subvención preferencial. O sea, ya no es voluntario, según la indicación del diputado Tuma ; ahora será obligatorio, para ciertos colegios, incorporarse al sistema.

A mi juicio, esa buena idea está mal en el concepto de su implementación. Y está mal, por ese espíritu administrativo, ese ánimo del Gobierno de involucrarse en la administración de los colegios. Ayer, en la Comisión de Hacienda, veía las caras felices de mis amigos, los diputados Aguiló y Montes ; estaban contentos con el proyecto, porque se sienten coadministrando los colegios que se van a incorporar al sistema, que es un antiguo anhelo del mundo socialista, a partir de la aprobación de la subvención educacional, que sacó del Ministerio de Educación la acreditación de los colegios y la puso en manos de las municipalidades o del mundo privado. Con el proyecto, se devuelve al Ministerio de Educación la administración parcial de los colegios, y eso es malo.

El concepto debió haber sido revés; es decir, todos los colegios que estén por sobre cierto nivel de calidad, recibirán la subvención preferencial, sean de zonas agrícolas o urbanas, y a los que estén bajo el nivel mínimo de calidad se les exigirán ciertas condiciones para recibirla. Con este criterio, la indicación del diputado Tuma , de obligar a ciertos colegios a inscribirse, no habría tenido razón de ser porque todos los que estuvieran sobre cierto nivel de calidad recibirían automáticamente la subvención preferencial. Pero, no; el ánimo del Gobierno es todo lo contrario. Es decir, para recibir la subvención preferencial habrá que cumplir con una enorme cantidad de requisitos, que sólo entrabarán, encarecerán y dificultarán el sistema, para, finalmente, bajar la calidad de la educación.

Me pregunto por qué no ven la realidad nuestros amigos del mundo socialista, esa que demuestra que los colegios particulares subvencionados, que pertenecen a la Iglesia, las Escuelas Matte y tantos otros, han dado mejor resultado que las escuelas municipales. ¿Cómo sabemos eso? Pregúntenselo a los padres. El sueño de un padre de un sector modesto es tener a sus hijos en un colegio particular subvencionado; sacarlo de la escuela municipal, que se están quedando sin alumnos. ¿Por qué no reconocen que esto es lo que nos indican las cifras de los últimos 20 años?

Pero, ¿qué hace el Gobierno? En lugar de alentar eso mismo, le traspasa más recursos al sistema municipal. No olvidemos que el 80 por ciento de los recursos va al sistema municipal, y el otro 20 por ciento, a los colegios particulares subvencionados; es decir, los amarra, los interviene o los coadministra. De esta manera, el proyecto tiene pocas posibilidades de éxito.

Lo lamento, porque la subvención preferencial es una gran idea, pero que está muy mal planteado. Y lo lamento por nuestros niños más modestos, porque el impacto que tendrá el proyecto en la calidad de la educación de esos será insignificante.

He dicho.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, la vocación permanente de la Concertación por la igualdad se ha reflejado en numerosas iniciativas emprendidas desde 1990. Es así como se han entregado 2.800 nuevos establecimientos educativos en los últimos cinco años, promulgamos una ley que extendió la educación obligatoria a doce años, se entregarán 25 mil becas de retención escolar durante este año para que los jóvenes con mayor riesgo de deserción escolar puedan completar la educación media, a lo que se debe agregar una serie de otras medidas en ese sentido, entre las cuales se encuentra este proyecto sobre subvención escolar preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables.

Con esta iniciativa, que ingresó en octubre de 2005, se pretende terminar con las discriminaciones en contra de los alumnos más vulnerables de nuestra patria. Quienes provenimos de hogares modestos sabemos lo que es eso. En consecuencia, quienes creemos en el servicio público tenemos que estar dispuestos a buscar acuerdos, en este caso con el Gobierno, para otorgar ayudas reales y efectivas a los más necesitados.

¿En qué consiste la iniciativa, porque parece que no está muy clara para algunos colegas? El proyecto de subvención preferencial busca promover la igualdad de oportunidades de los alumnos y alumnas más vulnerables de nuestro país, para lo cual entrega mayores recursos a las escuelas que atienden a esas niñas y niños y establece compromisos de igualdad de oportunidades y calidad educativa con las municipalidades y con los sostenedores de escuelas privadas subvencionadas.

Quiero aclarar que en Chile hay alrededor de 10 mil establecimientos educacionales; dos tercios son municipales, un tercio son particulares subvencionados y no más de 800 son colegios netamente particulares.

¿A quiénes beneficia el proyecto? A los alumnos prioritarios de nuestro país. En una primera etapa favorecerá a las niñas y niños más vulnerables del sistema escolar subvencionado entre prekinder y 4° básico. Se incorporarán gradualmente los alumnos prioritarios de 5° a 8° básico. También beneficiará a las escuelas que los atienden, a las que reconocerá el mayor esfuerzo que se requiere para educar a una población más vulnerable.

¿Quiénes son los alumnos prioritarios? Son alrededor del 30 por ciento de los casi 3 millones de niñas y niños que están entre 1° básico y 4° medio, a quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Dichos alumnos, según el proyecto, serán identificados por la Junaeb mediante la utilización de criterios de vulnerabilidad relacionados con la participación en Chile Solidario, la clasificación de sus familias según la ficha de protección social, ex ficha CAS, sus ingresos familiares y el nivel de escolaridad de los padres.

Quedó claro en la discusión de la Comisión de Hacienda, de la que soy miembro, que la Junaeb expuso con detalle en la Comisión de Educación que toda la información que ellos tienen permiten asegurar que se favorece a ese 30 por ciento de alumnos a los cuales está enfocado el proyecto, lo que va a significar una inversión cercana a los 300 millones de dólares en régimen; es decir, se trata del aporte más grande que se está haciendo al proceso educativo chileno.

¿Cómo se promueve la calidad y la equidad en educación? A través del aumento de los recursos para las escuelas que atiendan alumnos prioritarios. Se entregarán aportes adicionales a todas las escuelas subvencionadas que atiendan a niños y niñas prioritarias y participen del convenio. Por cada uno de estos alumnos de entre prekinder y 4° básico, se entregarán aportes adicionales equivalentes a más del 50 por ciento de los recursos entregados actualmente vía subvención. Este incremento será gradualmente menor para el caso del segundo ciclo básico.

Se establecen compromisos de calidad con las escuelas, con el objeto de favorecer el aprendizaje del conjunto de sus estudiantes, especialmente de los considerados prioritarios.

Con esto se abren oportunidades para que todos los alumnos prioritarios puedan ser aceptados. Las escuelas que reciban subvención preferencial no podrán discriminar a sus alumnos en el ingreso al establecimiento. Esto es muy importante, porque con esto se pone término a la selección de alumnos mediante un determinado examen, lo que impide a muchos alumnos a desarrollarse y formarse para enfrentar el futuro. Lo anterior, se aplica sólo entre prekinder y 4° básico, lo cual corresponde a las primeras etapas escolares En particular, las escuelas no podrán seleccionar alumnos por situación socioeconómica o nivel de aprendizaje previo.

Se pone a disposición de padres, apoderados y del conjunto de la ciudadanía mayor información acerca de las escuelas, con el objeto de involucrarlos y apoyarlos en la educación de sus niñas y niños.

¿A qué se comprometerán los sostenedores y escuelas que recibirán la subvención preferencial? Para recibir la subvención preferencial, cada sostenedor debe firmar un “Convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa”. Se trata de un convenio voluntario, que es parte del proceso democrático que recuperamos el 11 de marzo de 1990, por lo que no debe llamar a escándalo, ya que es voluntario, mediante el cual los sostenedores se comprometen a:

Asegurar condiciones de integración de los alumnos prioritarios, es decir, no se podrá seleccionarlos ni excluirlos;

Establecer compromisos con la calidad educativa de todos sus alumnos;

Cumplir acciones de mejoramiento educativo concordadas con el Mineduc en las áreas de gestión del currículo, liderazgo escolar, convivencia, gestión de recursos, entre otros;

Rendir cuenta por el uso de los recursos adicionales;

Asegurar el funcionamiento de las instancias de participación escolar: consejos escolares, centros de apoderados y consejos de profesores, y

Mantener informados a los padres y apoderados.

¿Cómo se promueve el aprendizaje de los alumnos? Las escuelas deberán generar estrategias de mejoramiento educativo, de aplicación anual y revisadas por el Mineduc. Estos planes incluirán apoyo para el conjunto de sus alumnos, especialmente para los más vulnerables, en los que se enfocan este esfuerzo que está haciendo el país para beneficiarlos.

Para asegurar la aplicación de las medidas y apoyar adecuadamente a las escuelas que lo requieran, el Mineduc llevará a cabo una supervisión permanente de los establecimientos e implementará medidas de apoyo directas complementadas con otras desarrolladas por instituciones externas de reconocido prestigio, como universidades u otros organismos no gubernamentales.

¿Cómo se establecen las necesidades de apoyo y supervisión de las escuelas? Para identificar el tipo de apoyo que requiere cada una se realizará una clasificación de escuelas según sus necesidades educativas. Bajo este criterio se diferenciará a las escuelas en tres grupos: autónomas, emergentes y en recuperación. 

Para establecer sus necesidades educativas se utilizarán principalmente los resultados de aprendizaje, medidos por el Simce, en conjunto con otros indicadores complementarios de calidad y tomando en consideración las condiciones de pobreza o adversidad de los alumnos que atiende cada establecimiento.

¿Qué supervisión y apoyo recibirán los distintos grupos de escuelas? Cada escuela recibirá el monto total de los recursos asociados a la subvención preferencial y todas serán supervisadas respecto de las condiciones establecidas en el convenio.

Las escuelas con mayores necesidades de apoyo, denominadas “en recuperación”, recibirán adicionalmente una asesoría de instituciones externas, como universidades prestigiadas en investigación y asesoría educacional, previo diagnóstico de sus principales necesidades. Al final del período se evaluarán los mejoramientos y la posibilidad de tomar medidas más estructurales.

Las escuelas denominadas “emergentes” serán apoyadas por el Mineduc, a través de un menú de opciones que cada escuela deberá escoger en función de sus propias necesidades y contextos.

Finalmente, las escuelas “autónomas”, que son las que presentan menores necesidades educativas y que se destacan por lograr sostenidamente los mayores niveles de calidad en consideración del contexto socioeconómico de sus alumnos, podrán recibir los apoyos que estimen pertinentes.

La información referida a la clasificación de escuelas será entregada públicamente. Adicionalmente, el Mineduc velará por generar y poner a disposición información complementariamente sobre la calidad educativa de los establecimientos del país, para apoyar la participación y el involucramiento de todos los actores en el proceso educativo de nuestros niños y niñas. Esta información se constituye también como una forma de rendición de cuentas y supervisión por parte del conjunto de la ciudadanía. Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana, debo señalar que se trata de un proyecto importantísimo, ya que da oportunidades a millones de chilenos y chilenas para que el día de mañana seamos un país desarrollado. La mejor inversión es en educación.

Por eso anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana votará a favor del proyecto en general y en particular.

He dicho.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo .

El señor VERDUGO.-

Señor Presidente, como ya se ha dicho, estamos en presencia de un proyecto extraordinariamente importante y que puede ser el inicio de un proceso que transforme realmente nuestra educación.

Los recursos cuantiosos de que estamos hablando, sin duda, causarán un impacto fundamental, especialmente en aquellas escuelas donde concurren los alumnos que más requieren la preocupación nuestra y de la comunidad en general.

La diputada informante se ha referido a la disposición del Gobierno a escuchar los planteamientos que se hicieron en la Comisión y que, en gran medida, fueron recogidos. Por cierto, un proyecto se puede perfeccionar siempre. Pero esta iniciativa representa un gran desafío y un gran compromiso, un desafío especialmente para los sostenedores, para quienes tienen la responsabilidad de administrar estos recursos, lo cual, desde mi punto de vista, es la gran preocupación, en el sentido de cómo llegarán a la unidad educativa, a la sala de clases.

Ése es el gran desafío que tienen los sostenedores, ante lo cual estará presente el apoyo y la preocupación del Estado, a través del Ministerio de Educación.

Aquí se ha hablado de complejidad administrativa. Es cierto: el proyecto representa una serie de complejidades. Pero cuando se tiene clara la finalidad de lo que persigue, que no es otra que dar oportunidades, para aquellos que no las tienen, de mejorar la calidad de la educación, cualquier complejidad puede ser sobrellevada y aminorada con la voluntad de asumir el compromiso mencionado. Ese compromiso debe ser de todos los actores que participan en el proceso educativo, porque, hasta ahora, pareciera ser que no hay claridad respecto del rol de cada uno de ellos para cumplir con la obligación de entregar una educación de calidad.

En el proyecto se asignan responsabilidades al Ministerio, a los sostenedores, a los profesores. Ellas conllevan una sanción en caso de su incumplimiento.

En eso hay un tema tremendamente importante, porque, hasta ahora, las disposiciones que entregan atribuciones al Ministerio no siempre se han cumplido, y gran parte de los problemas y falencias que se manifiestan en el proceso educativo derivan de ello, tanto en lo referente a evaluación como a fiscalización. Pero el proyecto asigna responsabilidades concretas que se pueden medir y, por lo tanto, sancionar.

También se ha manifestado la diferencia entre los colegios particulares subvencionados y los colegios municipalizados. Eso está claro. Nadie discute que la enseñanza de los primeros es mejor, pero, en mi opinión, ello ocurre porque en los particulares subvencionados hay alguien que vela por que la educación sea mejor. Pero en aquellos establecimientos donde no existe la misma preocupación, ¿quién tiene que velar por que los niños reciban una educación de calidad? Pienso que es la ley la que debe proteger a los educandos para que reciban la educación que merecen, que necesitan y que les puede dar la igualdad de oportunidades para enfrentar la vida y el mundo de hoy.

Por eso, tenerle miedo a la ley o a la intervención que pueda hacer el Ministerio no me preocupa.

¿Qué intervención más grande puede tener el Ministerio que fijar los contenidos mínimos que se van a enseñar a los niños? Eso es válido para todos. Si hemos entregado esa facultad desde hace mucho tiempo, ¿por qué nos preocupamos de que el Ministerio deba fiscalizar que los recursos justamente vayan a esos contenidos mínimos para que realmente se enseñen en las salas de clases?

Es cierto que causa cierta dificultad asumir que va a haber fiscalización, una preocupación, que va a haber que firmar un convenio; pero es básico y fundamental que debe haber compromisos. Las condiciones esenciales que se requieren para llegar a una igualdad de oportunidades deben quedar establecidas. Las condiciones esenciales para lograr una excelencia académica deben estar claramente explicitadas. Todos debemos conocerlas y, además de ello, asumirlas. Es la única forma de decir que los recursos de que se está disponiendo que son cuantiosos logren los objetivos que persigue el proyecto, los cuales anhela toda la comunidad y que nosotros ansiamos con mucha urgencia.

A pesar de que la iniciativa se puede perfeccionar, responde a los requerimientos especialmente de la educación municipalizada.

Es fundamental tener claridad respecto de lo que queremos lograr en la educación.

Quienes hemos tenido la suerte de estar en contacto durante muchos años con los colegios municipalizados sabemos lo difícil que es cumplir con las expectativas que nos fijamos cuando estábamos prácticamente al medio de una situación difícil de resolver, porque no contábamos con la disposición del Ministerio reflejada en el proyecto, de asumir a cabalidad la responsabilidad que le corresponde y, por otro lado, los profesores, quienes no siempre tienen suficiente claridad para entregar la educación que corresponde.

Por eso, voy a dar mi apoyo, con la esperanza de que el proyecto pueda ser perfeccionado.

He dicho.

El señor PÉREZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .

El señor TUMA.-

Señor Presidente, éste es uno de los proyectos de mayor impacto en lo que respecta al desarrollo educacional y a la igualdad de oportunidades.

En primer lugar, quiero felicitar al Gobierno, a través de la señora ministra, por esta iniciativa, que tiene que ver con el desarrollo de las oportunidades que van a tener nuestros jóvenes, con la competitividad, con las capacitaciones y con los nuevos desafíos que a Chile se le presentan.

Hemos cumplido una muy buena etapa desde el punto de vista de la cobertura. Pero, a todas luces, existen distintos indicadores, especialmente en regiones como la que represento en esta Cámara, la Novena Región, y en los distritos más rurales, donde no son buenos los indicadores relativos a la educación. No estamos bien calificados desde el punto de vista del rendimiento, de la prueba Simce , y de los programas educacionales.

Por lo anterior, considero que éste es un gran proyecto, ya que no sólo significa voluntad, sino muchos recursos que el Gobierno está poniendo a disposición de los establecimientos educacionales con el objeto de mejorar la calidad de la educación.

Sin embargo, hay un punto que fue motivo de discusión en la Comisión de Hacienda y de debate en esta Sala, y que es preocupante ya lo señaló el diputado señor Dittborn , que es la necesidad de garantizar que esta subvención la reciban especialmente aquellos a quienes el proyecto califica como población de educación objetiva.

En efecto, el proyecto señala:

“Artículo 1°.- Créase una subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia y educación general básica.

Artículo 2°.- Para los efectos de la aplicación de la subvención preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

La calidad del alumno prioritario será calificada por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste determine, de acuerdo a los siguientes criterios:

Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario tendrán la calidad de prioritarios por el solo ministerio de la ley.

Los alumnos de familias no comprendidas en la letra precedente serán considerados prioritarios, para los efectos de esta ley, cuando hayan sido caracterizados como indigentes por el instrumento de caracterización socioeconómica del hogar vigente.

Los alumnos de familias no comprendidas en las letras anteriores tendrán la calidad de prioritarios cuando sus padres o apoderados hubieren sido clasificados en el tramo A del Fondo Nacional de Salud.

Tratándose de alumnos cuyos hogares no cuenten con la caracterización socioeconómica de su hogar, de acuerdo con los instrumentos señalados precedentemente, o que no hayan quedado comprendidos en las letras anteriores, para los efectos de su calificación como prioritarios se considerará, en orden sucesivo, los ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre y, en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno, en la forma que establezca el reglamento.

La calidad del alumno prioritario será informada por el Ministerio de Educación a la familia de dicho alumno.

Artículo 3°.- La forma de realizar la calificación del alumno prioritario será definida en un reglamento, mediante normas de carácter general, elaborado por el Ministerio de Educación, el cual llevará, además, la firma del Ministro de Hacienda.

Artículo 4°.- Tendrán derecho a la subvención educacional preferencial los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998, en adelante “Ley de Subvenciones”, que impartan enseñanza regular diurna, cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere el artículo 7°. Esta subvención se pagará por los alumnos prioritarios matriculados en dichos establecimientos, según lo establecido en los artículos 14 y 15.”.

Es decir, todo esto que nosotros definimos como población vulnerable, si el sostenedor no quiere suscribir el convenio, pasará a ser pura poesía, sobre todo, porque hay sostenedores cuya actividad principal no está en la realización de actividades educacionales.

En la Novena Región, el 63 por ciento de las escuelas son unidocentes. Tienen entre ocho y quince alumnos, desde primero a octavo básico, con distintos niveles socioeconómicos, que están siendo atendidos por un solo profesor.

De acuerdo con esta calificación, la mayoría de esas escuelas va a tener alumnos que se definen como prioritarios, por tanto lo que deben recibir la subvención. Pero eso no le conviene a un sostenedor que tiene un profesor, porque además se dedica a otras actividades empresariales. Si acepta la subvención preferencial va a tener que contratar o cambiar el profesor, estar pendiente de los programas de estudio, sino que tener una calidad de educación diferente de la que tiene, para lo cual tiene que cambiar la lógica de administración del establecimiento. Pero como él no es profesor y sólo le preocupa quedarse con el diferencial que le deja mensualmente la escuela sin dedicarse a fondo a la educación, no va a aceptar un programa que lo obliga a ser calificado, fiscalizado y a arriesgar recursos de los cuales a lo mejor no dispone.

Por ello, pienso que el proyecto es incompleto, porque habla de una población objetiva, pero sólo lo puede lograr si el sostenedor acepta firmar el convenio.

Por ello, he presentado una indicación agradezco a los colegas de la Comisión de Hacienda que me han dado su apoyo para que no sólo sea el sostenedor quien resuelva cuándo se debe aplicar el nuevo sistema de educación preferencial, sino que, además, en calificados casos, resuelva el Ministerio, de acuerdo con la propia tabla de que dispone y que se faculta a través del artículo 3° del proyecto. De esa forma, se garantiza que la subvención le llegue a la población que ha sido definida como objetiva.

Algunos diputados de la Alianza se han abstenido y otros votaron en contra, privilegiando más la preocupación del sostenedor que la calidad de la educación del alumno.

En este proyecto deberíamos aprovechar la oportunidad para establecer que todos los alumnos calificados como prioritarios en los artículos 2° y 3° reciban esta subvención preferencial que les garantice la calidad de su educación.

Agradezco la comprensión y el apoyo brindados a esta indicación, en particular, por la ministra, que permite que se cumpla el espíritu del proyecto, de manera que no quede sujeto a la voluntariedad de algunos sostenedores que, eventualmente, se podrían negar a incorporarse a este gran desafío de la Presidenta Michelle Bachelet relacionado con el mejoramiento de la educación.

De manera que nuestra bancada va a apoyar con mucho entusiasmo el proyecto.

He dicho.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, punto de Reglamento.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, lo que voy a decir no tiene que ver con este proyecto; es un asunto estrictamente reglamentario.

Hace tres semanas, usted pidió el asentimiento unánime de la Sala para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia analizara durante siete días así consta en actas un proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del Código Penal. Han transcurrido 21 días ...

El señor LEAL (Presidente).-

Señor diputado, el proyecto fue despachado por la Comisión y será tratado por la Sala la próxima semana.

El señor AGUILÓ.-

Muy bien, señor Presidente.

El señor LEAL (Presidente).-

Cerrado el debate.

Quedan 16 diputados inscritos para la próxima sesión del martes 12 del mes en curso, en la cual se continuará con la discusión de este proyecto, hasta su total despacho, porque vence el plazo de la “suma” urgencia.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, punto de Reglamento.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, ¿podría explicarme por qué dice que la próxima sesión es la del martes 12 y no la de mañana?

Gracias, señor Presidente.

El señor LEAL (Presidente).-

Señor diputado, en efecto, mañana tenemos sesión ordinaria, pero con otra Tabla. Este proyecto será incluido en la Tabla de la sesión del martes. Además, hay un problema de quórum.

Informo a la Sala que el acuerdo era votar al inicio de esta sesión el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley sobre competencia desleal.

El diputado señor Saffirio rindió un breve informe y sólo intervino el diputado señor Jaramillo .

Tiene la palabra el diputado señor Lorenzini .

El señor LORENZINI.-

Señor Presidente, sólo para pedirle que cite a reunión de Comités.

El señor LEAL (Presidente).-

Cito a reunión de Comités.

Se suspende la sesión por dos minutos.

Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor LEAL (Presidente).-

Continúa la sesión.

Se encuentra en las tribunas, acompañado del diputado Edmundo Eluchans , un gran amigo de Chile, embajador de nuestra hermana República del Perú, don Hugo Otero .

Aplausos.

1.5. Discusión en Sala

Fecha 13 de diciembre, 2006. Diario de Sesión en Sesión 107. Legislatura 354. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIÓN EDUCACIONAL PREFERENCIAL. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. (CONTINUACIÓN).

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde continuar el debate del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, de origen en un mensaje y con urgencia calificada de “suma”, que establece una subvención preferencial para niños y niñas socioeconómicamente vulnerables.

Recuerdo a la Sala que los informes de las Comisiones de Educación y de Hacienda fueron rendidos en la sesión del pasado miércoles 6 de diciembre. En esa ocasión, acordamos tratarlo hoy hasta su total despacho.

Se encuentran inscritos catorce diputados para hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra la diputada señora Marcela Cubillos .

La señora CUBILLOS (doña Marcela).-

Señor Presidente, los diputados de la UDI vamos a rechazar gran parte del articulado del proyecto propuesto por el Gobierno, sin perjuicio de que estamos de acuerdo y hemos planteado en reiteradas ocasiones que Chile necesita un sistema de subvención preferencial.

El Ejecutivo, desgraciadamente, ha ideologizado a tal punto esta materia que propone un proyecto con un sistema que, a la larga, va a desincentivar la participación de los mejores sostenedores, con lo que perjudicará precisamente a quienes se pretende beneficiar con la subvención preferencial: los estudiantes socioeconómicamente vulnerables.

La propuesta sobre educación de los diputados de la Alianza ha propugnado siempre por el establecimiento de una subvención preferencial para estudiantes de familias en situación de pobreza. No obstante, discrepamos del proyecto del Ejecutivo en varios aspectos.

En primer lugar, en cuanto al monto de la subvención preferencial. Muchos estudios técnicos indican que debiera aumentarse en 70 por ciento su monto para hacer realmente la diferencia a favor de los alumnos vulnerables. El proyecto del Ejecutivo tampoco distingue entre los distintos alumnos vulnerables.

Sin embargo, nuestra principal diferencia con la iniciativa del Ejecutivo que hoy se someterá a votación es que la Alianza por Chile defiende el derecho de los más pobres a elegir con absoluta libertad el establecimiento educativo en el cual desean hacer uso de la subvención preferencial. El sistema propuesto por el Gobierno constituye un verdadero desincentivo para que los mejores colegios entren a este sistema, ya que los obliga a suscribir un convenio lleno de regulaciones, lo que, en la práctica, les implica renunciar a la poca autonomía de gestión que tienen hoy. El proyecto del Ejecutivo obligará al niño vulnerable a elegir sólo entre los colegios que hayan firmado ese convenio. Por tanto, si el mejor colegio de su comuna no lo suscribe, ese niño vulnerable no podrá ingresar a él. En la práctica, tal propuesta se traducirá en que los niños más pobres se concentrarán en las escuelas con peores resultados, sin que pueda asegurarse que la inyección de recursos adicionales generará efectos positivos.

Lamentamos que por la manera en que se ha abordado y por la redacción que se le ha dado en particular a este proyecto, necesario y fundamental, que establece una subvención preferencial, que hemos apoyado desde su inicio, no permite que se cumplan los objetivos de equidad y de calidad que se buscan.

La diferencia de fondo está a la vista: para el Ejecutivo, la vulnerabilidad está en la escuela; para la Alianza, en los estudiantes. A nuestro juicio, debemos proteger y favorecer a estos últimos.

Si bien defendemos y hemos propuesto siempre un proyecto de subvención preferencial, nos parece que la manera en que se fuerza a los colegios a suscribir ese convenio, lo que, a su vez, obliga a los niños a elegir sólo entre los establecimientos educacionales que lo han firmado, termina por impedir el derecho de los alumnos para elegir entre los mejores colegios de su comuna. Por lo tanto, durante la discusión particular, renovaremos las indicaciones que permiten al alumno elegir con total libertad el colegio al cual quiere llevar esa subvención preferencial.

Reiteramos que la diferencia de fondo que tenemos con el Ejecutivo es que el proyecto no puede ser sólo una manera de inyectar recursos a una escuela, ya que la vulnerabilidad no está en ella, sino que en los alumnos prioritarios, a quienes los diputados de la Alianza queremos proteger y favorecer.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Señores diputados y señoras diputadas, hay dieciséis inscritos para intervenir.

Propongo dar cinco minutos a cada diputado, lo que nos permite concluir el debate dentro del tiempo que tenemos para hacerlo.

El señor MONTES.-

No.

El señor LEAL (Presidente).-

En caso contrario, deberemos extender la sesión hasta el total despacho del proyecto, como habíamos acordado.

¿Están dispuestos a cerrar la lista de inscritos?

El señor ESPINOSA (don Marcos).-

No.

El señor LEAL (Presidente).-

Diputado Espinosa , si termina el Orden del Día, muchos diputados no podrán intervenir.

El señor ESPINOSA (don Marcos).-

Efectivamente.

El señor LEAL (Presidente).-

Bien.

Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Silber .

El señor SILBER.-

Señor Presidente, en nombre de la Democracia Cristiana quiero manifestar que el proyecto que hoy día se somete a votación nos interpreta muy bien. En verdad, ésta es una de las iniciativas más importantes relacionadas con la educación, ya que estamos hablando de una cifra cercana a 164 mil millones de pesos, alrededor de 300 millones de dólares, una vez que esta nueva subvención entre en régimen.

Estamos absolutamente comprometidos con el proyecto, porque entendemos que es importante no sólo desde el punto de vista del esfuerzo fiscal, sino que, sobre todo, porque pone el acento en una cuestión que es de suyo fundamental en la educación, cual es el aumento de manera sustancial del monto de la subvención por alumno prioritario.

Pero la subvención no se entrega como se ha hecho siempre, es decir, sin exigir nada a cambio. Aquí se establecen dos elementos centrales. En primer lugar, la focalización, porque los recursos se destinan de manera preferente a los alumnos que hemos definido en la Comisión como prioritarios, en lo cual han participado todos los actores relacionados con esta materia. Por eso me extraña que algunos partidos anuncien su rechazo al proyecto, dado que los recursos deben dirigirse a quienes más lo necesitan, es decir, a los alumnos vulnerables, a los alumnos prioritarios. Innumerables estudios señalan que la educación es el resultado de muchas variables. En lo principal, está el contexto en que vive el alumno. No da lo mismo si el contexto social de los alumnos es de vulnerabilidad, es decir, sus padres no tienen la escolaridad suficiente y se encuentran en situación de pobreza, o si el alumno tiene una situación más ventajosa. En consecuencia, el proyecto focaliza los recursos para quienes los necesitan.

En segundo lugar, exige un mayor compromiso a los sostenedores, sean de colegios particulares subvencionados o municipales, para elevar las metas y los estándares de la educación. No se trata de exigir un resultado en el corto plazo, porque los colegios, a diferencia de lo que muchos colegas expresaron, tienen que presentar un plan de mejoramiento educativo a cuatro años plazo. Aquí no se está poniendo una cortapisa a la educación particular, como muchos han señalado, aquí no se está restando autonomía a los sostenedores. Lo que se quiere es elevar de verdad los resultados.

También pone como requisito algo que es fundamental y que destacaron muchos de los expertos que asistieron a la Comisión de Educación, cual es que Chile es de los pocos países en que, con financiamiento de todos, se permite la exclusión y la discriminación en establecimientos educacionales privados subvencionados administrados por sostenedores privados. En consecuencia, se establecen normas especiales para que el alumno elija el establecimiento educacional en el que quiere estudiar, para que no ocurra lo que es habitual, es decir, que el establecimiento termine eligiendo al alumno. Esto es algo fundamental.

Debo destacar también que el ingreso al sistema es voluntario, ya que a ningún sostenedor particular se le obliga a entrar en este régimen, sino que, por el contrario, se trata de una opción, es facultativo. Queremos colegios comprometidos con la enseñanza. El Ministerio de Educación no debe ser entendido como un fiscalizador de los recursos, sino, por el contrario, como una entidad que dialoga con los colegios. Queremos obtener buenos resultados y elevar los estándares en la calidad de la educación, pero ello no debe implicar como ha ocurrido que se destinen más recursos sin exigir a cambio una mejor contraprestación por los establecimientos educacionales.

Desde el punto de vista fiscal, el proyecto implica invertir gran cantidad de recursos y, por sobre todo, implementar un nuevo modelo de gestión que permitirá priorizar y optimizar los recursos de todos los chilenos.

Me extraña que sectores de la Alianza piensen más en el interés de los sostenedores privados que en el de los destinatarios finales de esta política: los niños y niñas en situación socioeconómica vulnerable. A ellos beneficia esta iniciativa, que ataca la desigualdad y la falta de equidad y de compromiso de muchos sostenedores en materia de educación.

Anuncio el voto favorable de la bancada de la Democracia Cristiana por lo que significa este proyecto. Al hablar de educación, lo hacemos no sólo pensando en la coyuntura del Chile de hoy, sino, también, en el Chile que queremos construir para el futuro. Para ello debemos preocuparnos de todos los alumnos que estudian en escuelas públicas y privadas financiadas con el aporte de todos los chilenos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcos Espinosa .

El señor ESPINOSA (don Marcos).-

Señor Presidente, los radicales adherimos plenamente a este proyecto, que establece una subvención preferencial para alumnos socioeconómicamente vulnerables, prioritarios.

Quiero citar una frase del mensaje del PresidenteRicardo Lagos: “Reformaremos el sistema de manera de adaptar el sistema a las necesidades de los niños, en lugar de abandonar a los niños a las limitaciones del sistema.” Me he permitido recordarla pues pienso que en ella está contenido el espíritu no sólo de este proyecto, sino también el de mi partido y el de toda la Concertación. Nuestro leit motiv es no abandonar a los niños a las limitaciones del sistema. Por ello hoy estamos sentados aquí. Nuestros representados nos han elegido por nuestro espíritu. Ellos, al igual que nosotros, aspiran a que se reforme el sistema educacional, de manera de adaptarlo a nuestros principios, que, como se señala en el mensaje, se orientan a la construcción de una comunidad de iguales y no a una absolutamente estratificada. Digo esto porque el proyecto que hoy votaremos tiene, más que consideraciones técnicas, una connotación valórica y política. Con arreglo a la frase que acabo de citar debe evaluarse el proyecto. Su idea matriz va más allá de la creación de una subvención para los más necesitados. Su diseño será crucial para el logro del objetivo de compensar las desigualdades y promover la movilidad social.

La iniciativa pretende mejorar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos más vulnerables y promover una mejor educación en las escuelas a las que asisten. En suma, establece un compromiso con el alma mater de la Concertación: la calidad y equidad educativas.

Los gobiernos de la Concertación han hecho grandes esfuerzos por aumentar los recursos en educación, lo que se ha traducido en fuertes incrementos en cobertura y recursos pedagógicos, mejoramientos significativos en las remuneraciones de los profesores y aumento en el número de horas que los niños dedican al aprendizaje. Sin embargo, nuestra educación aún no tiene la calidad que los niños y niñas merecen. Debemos mejorarla. Para encarar este desafío, quienes pertenecemos a la coalición de Gobierno nos hemos comprometido a emprender reformas complementarias en diversas etapas educativas, destinadas explícitamente a garantizar la calidad. Dentro de dichas reformas se encuentra este proyecto.

Un aspecto del proyecto original generó gran discusión en la Comisión de Educación, pues existía el riesgo de que no se cumpliera con los principios en que se inspiraba. Si las escuelas enfrentaban mayores dificultades educacionales, el proyecto proponía entregarles cada vez menos recursos. Por su parte, las escuelas más efectivas recibirían mayores recursos. Ello permitiría cumplir con el criterio de excelencia, pero no con el de equidad. Si nos basamos en el criterio de equidad, los realmente beneficiados debieran ser quienes tengan menores capacidades y más necesidades educativas. Al respecto, un ministro de Educación anterior llegó a decir: “Si un niño aprende más, la subvención debiera ser mejor. Si un niño aprende menos, la subvención debiese ser un poco menor. Si el niño no aprende, ese colegio debiera ser cerrado.” Estas palabras se alejan absolutamente del criterio de equidad y de nuestra propuesta esencial, ya que muchas veces los caminos de la equidad no se cruzan con los de la excelencia.

En forma atinada, en la Comisión de Educación se presentó y aprobó una indicación que establece que la subvención sea pareja para todos. No será de 18 mil pesos para unos y de 9 mil para otros. Además, se decidió extender la subvención hasta octavo año básico y no sólo hasta cuarto año básico, como se establecía originalmente.

Aplaudo y adhiero a la iniciativa, y espero, en nombre de los diputados radicales, comprometidos con el derecho a una mejor calidad en la educación, que sea aprobada.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .

El señor ROJAS.-

Señor Presidente, como manifesté en la Comisión técnica, estamos frente a un “proyecto parche” que viene a responder a la presión que ejercieron los estudiantes en las manifestaciones pasadas.

El proyecto establece que el convenio para acceder a la subvención se suscriba en forma voluntaria. Ello permitirá que algunos sostenedores no quieran suscribirlo, lo cual dejará a muchos alumnos en situación socioeconómica vulnerable sin la posibilidad de recibir beneficios.

Por otro lado, se exigen proyectos respecto de la calidad de la educación. He sido uno de los más insistentes en pedir a todos los ministros, incluso, a la ministra Yasna Provoste , que se definan los estándares de calidad de la educación, de modo de establecer las mediciones que corresponden. Hoy sólo existen los estándares de medición del Simce, a nivel nacional, y del Timss, a nivel internacional. Por lo tanto, nadie sabe qué se entiende por calidad de la educación.

También he sido insistente en que el proceso de educación debe ser fortalecido no sólo en lo referente a los contenidos de las distintas asignaturas, sino, también, en los objetivos fundamentales transversales, en lo cual debemos insistir para que los estudiantes realmente reciban una educación de calidad. Sin embargo, eso no ha ocurrido.Lo que nos preocupa es por qué se fijó una subvención de 18 mil pesos y no una cantidad mayor, sobre todo, cuando a un establecimiento particular subvencionado se le entregan casi 70 mil pesos por alumno. Además, por qué no se esperaron los resultados de la famosa Comisión Asesora para saber definitivamente cuáles son los verdaderos recursos que se necesitan para modificar e iniciar procesos para mejorar la calidad de la educación.

Por otro lado, el proyecto compromete a los sostenedores. Pienso que más que los sostenedores debe ser cada unidad educativa la que tiene que comprometerse a elaborar los procesos para lograr resultados educativos de calidad en esa unidad educativa, que puede ser muy diferente de otra, de acuerdo con el lugar donde se establece y desarrolla.

El artículo 8° señala que para dar cumplimiento a lo dispuesto en los anteriores requerimientos, el sostenedor deberá elaborar un plan de mejoramiento educativo. Actualmente, los alcaldes no tienen ningún compromiso con los procesos educativos. Por ejemplo, en Antofagasta se fusionaron dos establecimientos educacionales con nefastas consecuencias; uno de ellos, la Escuela de Desarrollo Artístico, con otro establecimiento que no tiene ningún programa asociado a dicha área, lo que empeoró las cosas en lugar de mejorarlas.

Durante la discusión formulamos varias indicaciones. Desgraciadamente, muchas de ellas fueron rechazadas. Sin embargo, para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, debo decir que una vez más estamos analizando un proyecto que es la respuesta a una presión, y donde no se advierte ninguna claridad respecto de los recursos que realmente se necesitan para mejorar la calidad de la educación. Por lo demás, estoy seguro de que en esta Sala nadie nos podría definir qué se entiende por calidad de la educación.

Por tanto, reconociendo que éste es un avance, aún es muy débil para realmente buscar lo que queremos, que es mejorar la calidad de la educación.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, nos encontramos ante uno de los proyectos más importantes, más emblemático y de mayor necesidad para lograr objetivos fundamentales para mejorar la educación chilena; alcanzar mayores niveles de equidad y calidad en nuestro sistema educativo.

El proyecto va a beneficiar en régimen a cuatrocientos mil niños, desde kinder a cuarto básico y, posteriormente, en años sucesivos, se va a prolongar a octavo básico, y va a significar un gasto de 164 mil millones de pesos en régimen. Esa es la enorme dimensión del proyecto.

¿Qué se busca con el proyecto de subvención preferencial? Cambiar una situación que implica inequidad en el sistema de subvenciones de nuestro sistema educacional. Hoy, la subvención aporta un monto parejo por alumno, sin considerar la mayor vulnerabilidad o las mayores desventajas de aprendizaje y de condiciones culturales que tienen para aprender los niños de situación socioeconómica más débil.

El proyecto, además, busca cambiar la relación del Estado con los sostenedores. Por primera vez se les va a exigir una rendición de cuentas directa por los montos que reciban por concepto de esta subvención preferencial.

¿Qué elementos involucra este proyecto?

En primer lugar, un incremento en la subvención que se entrega, sin considerar la calidad de los servicios; pero, al mismo tiempo, dicho incremento de recursos va a ser focalizado.

En segundo lugar, el establecimiento de un compromiso de igualdad de oportunidades, de calidad educativa y de mejoramiento del funcionamiento de las escuelas y establecimientos educacionales que reciben esta subvención preferencial.

En tercer lugar, el proyecto implica un fortalecimiento de las funciones orientadoras técnicopedagógicas y fiscalizadoras del Ministerio de Educación.

El compromiso fundamental que tendrán que suscribir los establecimientos que se acojan a esta modalidad de subvención será no discriminar alumnos, preocuparse por la calidad de la educación que se está entregando en las escuelas, y rendir cuenta por el monto adicional de recursos que se les entregue.

Durante el debate se insinuó una serie de otras exigencias que hacían imposible cumplir los compromisos adquiridos. En realidad, la exigencia fundamental es aquella que debió existir siempre, una rendición de cuentas por el aporte de recursos estatales para educación.

¿Qué se incorporó a la iniciativa que implicó mejorar el proyecto original?

La discusión principal se centró en si la subvención se daba a los alumnos o a las escuelas. La respuesta de la Comisión fue que se da a ambos. En cuanto a los alumnos, se reconoce la desventaja que da el medio sociocultural más desfavorable a los alumnos más vulnerables socioeconómicamente. En cuanto a las escuelas, también se reconoce y se premia el mayor esfuerzo y la mayor dificultad que implica educar a una población más vulnerable.

En la iniciativa se incorporaron otros elementos.

En primer lugar, la subvención tiene que ser igual para todas las escuelas.

Inicialmente, el proyecto contemplaba una mayor subvención para los establecimientos llamados en recuperación, que eran los que tenían mayores dificultades y peores condiciones de aprendizaje. Esto era contradictorio con el objetivo del proyecto, porque los establecimientos con mayores dificultades son los que tienen que recibir mayores recursos, sin que ello signifique quedar exento de rendir cuenta de esos mayores recursos y del mejoramiento en la calidad de la educación que imparte.

En segundo lugar, ampliación de la subvención al segundo ciclo de la educación básica.

Inicialmente, el proyecto sólo consideraba de kinder a cuarto básico; luego se agregó quinto, sexto, séptimo y octavo, que se incorporarán progresivamente año a año, a medida que el proyecto vaya progresando.

En tercer lugar, se incorporaron elementos de medición para que esté asegurado que el aporte de mayores recursos implique un mejoramiento en la calidad de la educación en esas escuelas. Se les exigirá firmar un convenio y que cada una de ellas tenga un plan de mejoramiento educativo, que signifique el compromiso responsable de los establecimientos educacionales, sean públicos o particulares subvencionados, de mejorar la calidad de la docencia; de acreditar las horas docentes que se entregan efectivamente; de rendir cuenta accountability de los resultados relacionados con la calidad de la educación y de tener contabilidad separada, a fin de facilitar la rendición de cuentas.

En cuarto lugar, el proyecto permite que exista mayor transparencia, puesto que cada establecimiento educacional será supervisado, fiscalizado y apoyado técnicamente por el Ministerio de Educación, lo que permitirá ir visualizando, año a año, su progreso, estancamiento o retroceso, obligándose a cumplir su plan de mejoramiento educativo. Si no lo hace y se convierte en un establecimiento en recuperación, el Ministerio de Educación podrá retirarle la subvención, después del primer año de haberle sido otorgada.

Los establecimientos educacionales también deben comprometerse es uno de los elementos fundamentales del proyecto a que exista mayor participación de la comunidad escolar y a mejorar las condiciones de convivencia, cuestión fundamental para mejorar la calidad de la educación, ya que ello no sucederá si en nuestras escuelas no existen buenas condiciones de aprendizaje, si no se crea un buen clima escolar, si no hay estímulo para que los alumnos aprendan, si los profesores no se sienten motivados, si los padres y apoderados y la familia no se incorporan a los procesos de aprendizaje. Por eso, el proyecto exige que el consejo escolar funcione realmente y que sea eficaz; que exista un centro general de padres y apoderados debidamente constituido, al cual se ayudará para que incorpore a las familias. Exige, también, que exista un consejo de profesores que viabilice y facilite su participación, de manera que toda su energía y vitalidad contribuyan al mejoramiento del aprendizaje.

El proyecto incorpora los indicadores de calidad, que son muy importantes.

No obstante tratarse de una iniciativa que debemos aprobar porque implica un cambio fundamental en nuestra educación, tal vez, debió considerar un mayor aporte para las escuelas con mayor porcentaje de alumnos prioritarios. Quizás éste es el único dejo de insatisfacción que nos produce la iniciativa, materia que queda pendiente para una próxima oportunidad.

Por lo tanto, vamos a votar favorablemente y con mucho entusiasmo el proyecto.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado Fulvio Rossi .

El señor ROSSI.-

Señor Presidente, quiero partir haciendo presente que disiento del diputado Rojas, porque le ha restado importancia al proyecto, diciendo que sólo es un parche. Voy a explicar por qué no lo es.

A pesar de considerar que es una iniciativa muy importante para nuestra educación, creo que será necesario hacer nuevos cambios, recoger los aportes del Consejo Asesor, y estoy convencido de que el Gobierno va a trabajar en esa dirección.

El proyecto representa un avance muy significativo en cuanto aumenta la igualdad de oportunidades y garantizar a todos los chilenos el acceso a una educación de calidad. Creo que ésa es su esencia, la que resulta fundamental porque hoy el desarrollo y las posibilidades de éxito de una chilena o un chileno están absolutamente determinados por su origen y por la situación socioeconómica de su familia. Esto quedó demostrado claramente con el Simce y con la relación que se establece entre escolaridad paterna y rendimiento académico. Es lamentable que hoy, en Chile, el futuro de un ser humano esté condicionado por variables estructurales, por la situación socioeconómica de su familia, por el número de computadores que hay en su casa, por los libros, por la conexión a Internet, por el nivel de escolaridad de los padres, etcétera.

Por eso, este proyecto aborda, precisamente, los dos grandes problemas que afectan a la educación y que el Ministerio de Educación no podía resolver porque no tenía las facultades ni las herramientas legales para hacerlo.

En primer lugar, el financiamiento. Aquí debemos remitirnos a la ley de subvenciones. Lamentablemente, hoy se entregan más recursos a quienes presentan menos problemas y vulnerabilidad. Es decir, el mundo al revés, porque va en desmedro de los más pobres que, a pesar de tener más problemas para educarse, reciben menos recursos, lo que no les permiten salir del círculo de la pobreza. Hoy se entrega una subvención plana, que genera efectos perversos porque es doblemente discriminatoria: los más pobres, que necesitan más, reciben menos y, además, las escuelas excluyen a los más pobres porque no son un buen negocio. El principal instrumento para marginarlos ha sido el financiamiento compartido, que introdujo el lucro en nuestra educación. Obviamente, cuando los padres van a una escuela y les dicen que tienen que pagar 15, 20, 30 ó 35 mil pesos adicionales a la subvención del Estado, les están diciendo que se vayan a otro establecimiento. Por cierto, esto es claramente injusto y genera inequidad en la educación.

En segundo lugar, la Derecha lo que también es grave, y en esto creo que se ha equivocado una vez más confunde autonomía con el derecho a hacer cualquier cosa, negándole al Estado el derecho a controlar la forma en que se gastan los recursos que entrega a la educación. Por eso, el proyecto se preocupa del funcionamiento de las escuelas, porque, en la actualidad, a los establecimientos educacionales municipales y particulares, que son financiados por el Estado, no se les exige calidad en la educación que imparten. Esto es claramente un contrasentido, desde el punto de vista de la esencia de las políticas públicas. Si el Estado aporta recursos, tiene la obligación de garantizar a quienes entregaron esos recursos, vía impuestos, que lo que está haciendo con ellos es avanzar hacia un país más justo, que garantice una educación de calidad para todos los chilenos.

Ahora, quiero ir a un punto que considero importante y que siempre es manejado por la Oposición, tanto en comisiones como en la Sala. Para impedir que el Ministerio de Educación regule, controle, supervigile o acompañe a los establecimientos educacionales en el proyecto educativo esto debe entenderse como una ventaja dicen que ello atenta contra la libertad de enseñanza. Quiero decir que no se puede entender como libertad de enseñanza la imposibilidad del Estado de controlar la forma en que los sostenedores gastan los recursos. Dicho de otro modo, el Estado no puede seguir entregando recursos para que las escuelas seleccionen, excluyan o discriminen a los alumnos por sus características externas. Eso es lo que está ocurriendo hoy.

Por eso, el proyecto en discusión entrega recursos adicionales a los alumnos más vulnerables, como una manera de terminar con la subvención plana, y entrega incentivos para que las escuelas retengan a los alumnos prioritarios. Comparto lo que decía el diputado González , en cuanto a que en el futuro tendremos que buscar fórmulas y nuevos incentivos que signifiquen más recursos a las escuelas que tengan un porcentaje más alto de alumnos prioritarios.

Por otro lado, está muy bien que el proyecto entregue flexibilidad al Ministerio de Educación para que califique a los alumnos prioritarios, de manera que no se considere sólo a los que están en el Programa Chile Solidario; a los que provengan de familias indigentes, de acuerdo al sistema de evaluación socioeconómica; a los que tengan padres o apoderados que estén clasificados en el tramo A del Fonasa, cuando no se den las dos características anteriores, sino que, además, de acuerdo a los ingresos familiares del hogar, a la escolaridad de la madre o al grado de vulnerabilidad determinados por el Ministerio de Educación. Además, creo que el proyecto va en la dirección correcta porque habrá transparencia respecto de la información relacionada con la caracterización socioeconómica, porque la calidad de alumno prioritario será informada a la familia, la que sabrá que la escuela está recibiendo una subvención mayor y podrá hacer exigencias. Cabe hacer notar que en la educación, el control ciudadano es fundamental.

Asimismo, celebro que se haya incorporado a los alumnos de 5° a 8° básico. Es cierto, que el grupo etario más importante es de kinder a 4° básico, porque es allí donde existe mayor inequidad en cuanto a inversión. De más está reiterar todo el esfuerzo hecho por el Gobierno en materia de educación parvularia.

Por otro lado, las platas no se van a dar sin que exista un mecanismo de rendición de cuentas, cosa que muchas veces no le gusta a la Oposición, porque dicen que atenta contra la autonomía.

La supervisión será diferenciada: a mejor funcionamiento de la escuela, con un proyecto educativo claro, buenos planes de mejoramiento, buena gestión curricular, de recursos humanos, liderazgo escolar y consejos escolares que funcionen, menor supervisión y mayor autonomía. Es justo y lógico que el Estado supervise la manera en que se gastan los recursos que son de todos los chilenos.

No confundamos las cosas. La autonomía es buena, pero para el que rinda mejores resultados. El resto, escuelas emergentes, escuelas en recuperación, tendrán apoyo.

Tampoco podemos considerar que la intervención del Ministerio de Educación es negativa; por el contrario, constituye apoyo técnico en innovación y en mejoramiento educativo.

Alguien preguntaba cómo se define la calidad. En ese concepto es muy importante la participación. A otros no les gusta la existencia de consejos escolares, porque dicen que atentan contra la autonomía y la libertad de enseñanza. A mi juicio, son fundamentales. Hoy vemos lo que está pasando con el acoso escolar bulling, el hostigamiento. Como dijo la Presidenta, hemos fallado, porque muchas veces no hay ninguna comunicación de los padres y apoderados con los docentes y codocentes, no se conversa sobre la educación. De ahí nace el concepto de calidad, que no puede ser impuesto unilateralmente y en forma arbitraria por el Ministerio de Educación.

Por lo demás, la Presidenta tiene bastante claro hacia dónde quiere llevar al país en materia de educación.

En ese sentido, es fundamental el convenio de igualdad de oportunidades y excelencia educativa que se votó en contra en la Comisión, porque no se puede permitir que las escuelas, con platas del Estado, seleccionen a los alumnos, discriminando a los que tienen más problemas sociales o son más vulnerables.

Debe haber procesos públicos y transparentes, como ocurre en cualquier país del mundo. Si el número de vacantes es inferior a la demanda, habrá que hacer un sorteo, transparente, y no decir éste sí y éste no, muchas veces por el lugar de origen del alumno o por los problemas sociales de su familia. Hay que retener a los alumnos prioritarios, debe haber transparencia en el manejo de la información hacia los padres y apoderados, así como un plan de mejoramiento educativo y una evolución favorable en el tiempo.

Nos interesa contar con un buen proyecto educativo, un plan de mejoramiento, organización de la escuela, liderazgo escolar, perfeccionamiento docente y fomento de la participación en los consejos escolares.

Concluyo diciendo que tenemos tareas a futuro. Primero, terminar con la selección de estudiantes, terminar con el financiamiento compartido y el lucro en la educación, que es la génesis de la inequidad, introducir cambios en la institucionalidad de la educación municipalizada, que son algunas de las conclusiones del Consejo Asesor.

Es muy importante otorgar autonomía a los municipios que educan bien. No puede seguir ocurriendo lo que pasa en Iquique, que comparado con Arica tiene un pésimo resultado desde el punto de vista educacional y comparado con el promedio nacional tiene un bajo nivel en el Simce en todos los rubros. Asimismo, es fundamental crear una superintendencia de educación y mejorar la calidad de la formación docente.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Germán Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, hace algunos años, específicamente en el gobierno anterior, se afirmaba con mucha vehemencia, pasión y convicción lo dijeron la ex ministra Mariana Aylwin y el ex ministro Sergio Bitar que la baja calidad y la inequidad en la educación chilena se debían en gran parte al nivel socioeconómico de las familias de los alumnos de los distintos colegios que partían con desventaja y el sistema imperante no incentivaba a los colegios a recibirlos, ya que la subvención es pareja para todos.

Durante el gobierno pasado no se decía que para mejorar la educación había que derogar la Loce; nadie se refería a revertir el proceso de municipalización para mejorar la equidad de la educación. Tampoco recuerdo que alguien haya mencionado una reforma constitucional para resguardar el derecho a la educación, fundamental para mejorar su calidad y tener mejores resultados en las pruebas Simce y en las pruebas internacionales. Siempre se dijo que era fundamental establecer una subvención preferencial para alumnos vulnerables, de manera que hubiera más equidad y mayor calidad en nuestra educación.

Por ello, hoy es un día muy importante para nuestro país y para la educación chilena. El Gobierno por fin ha accedido a enviar el proyecto de subvención preferencial con una importante cantidad de recursos. De acuerdo a lo que vimos en la Comisión de Hacienda, se trata de más de 165 mil millones de pesos que, sin duda, significarán un aporte esencial para mejorar la calidad de la educación de nuestros niños más vulnerables, lo que, por lógica, hará más equitativo el sistema y dará mayor igualdad de oportunidades a todos los jóvenes de nuestro país.

Con este sistema de subvención preferencial, las escuelas tendrán los incentivos para recibir alumnos provenientes de familias vulnerables. La evidencia internacional indica que eso es muy positivo. En Nueva Zelanda, a las escuelas se les entrega aproximadamente un 30 por ciento más de recursos por recibir alumnos de nivel socioeconómico bajo. En Holanda, con un sistema muy similar al chileno, cada escuela recibe casi el doble de ayuda financiera para educar a alumnos provenientes de minorías étnicas postergadas. Obviamente, ambos países tienen resultados mucho mejores en todas las pruebas internacionales.

Por la importancia del proyecto, me parece que fue corto el tiempo que tuvimos en la Comisión de Hacienda para analizarlo prácticamente una semana; en cambio, la Comisión de Educación demoró seis meses en su estudio. No tiene sentido que la Comisión de Hacienda analice los proyectos en tan poco tiempo, porque ello no nos permite estudiar a fondo la materia de que se trata.

Se ha comentado mucho que la subvención debería entregarse directamente a los alumnos y no tomar en cuenta la calidad de los colegios. Otros han señalado que debe entregarse a los colegios.

A mi juicio, la forma de entregar la subvención preferencial está bien pensada. Es importante entregársela a los alumnos más vulnerables, pero considerando la calidad de los colegios, para que no cualquier colegio reciba la subvención y los eduque mal.

La bancada de Renovación Nacional apoyará el proyecto, porque cree que está bien enfocado. También consideramos importante que los colegios se hayan clasificado en distintas categorías: en recuperación, emergentes y autónomos.

Los colegios en recuperación, como es obvio, necesitarán una intervención mayor del Ministerio de Educación. En ese sentido, estamos preocupados de cómo esa cartera la materializará. Quizás a través de entidades técnicas o asesorías que no sean del Ministerio, pero creemos importante que esa labor se haga de buena forma, porque queremos que se acaben los colegios en recuperación y que todos sean emergentes, ojalá autónomos.

En cuanto a los colegios autónomos, a lo mejor cabe la posibilidad de que tengan mayor libertad para recibir alumnos, porque si obtienen buenos resultados y les va bien, es bueno que se incorporen al sistema y que los alumnos puedan acceder a los mejores colegios. En ese sentido, se deben poner las menores cortapisas para que esos establecimientos suscriban los convenios e ingresen al sistema.

Al respecto, discrepo de lo expresado por el diputado Rossi , porque, a mi juicio, el financiamiento compartido es probable que la mayor parte de los colegios autónomos tendrán dicho financiamiento ha sido muy positivo para el país y para su educación, ¡ojo, quizás no desde el punto de vista de la equidad, sino de la calidad!

La subvención preferencial entrega un financiamiento compartido para los alumnos más vulnerables. En consecuencia, la apoyamos, porque gracias a ella, esos alumnos podrán acceder a mejores colegios y tener una educación de mejor calidad.

En cuanto a la discusión particular, sólo quiero referirme a tres artículos.

El Ejecutivo presentó una indicación al artículo 12 para reemplazar en su inciso tercero la frase “se entenderá clasificado como establecimiento educacional autónomo.” por la siguiente: “podrá solicitar que los antecedentes sean elevados ante el Subsecretario de Educación, quien deberá resolver dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de los antecedentes.”. No me parece necesaria, porque la disposición original es bastante clara al disponer que si la Subsecretaría Regional Ministerial de Educación no responde dentro del mes de octubre, el establecimiento se entenderá clasificado como autónomo. Por lo tanto, en mi opinión debe mantenerse el artículo original.

En consecuencia, vamos a pedir votación separada para el inciso tercero del artículo 12, y desde ya anuncio que vamos a votarlo en contra.

El artículo 6°, que se refiere a la forma de selección de los alumnos, me produce contradicciones. Sé que hasta cuarto básico es muy difícil seleccionar a alumnos, y me parece que no es bueno hacerlo. Sin embargo, considero que entre quinto y octavo básico debería establecerse algún sistema de selección de acuerdo con la capacidad de los alumnos. Es un tema que habrá que analizar con mayor profundidad en los próximos trámites, porque, entre otras materias, me causa preocupación que las vacantes se asignen, en última instancia, por sorteo.

Finalmente, en cuanto al artículo 4°, me parece correcta la redacción que se le dio en la Comisión de Educación. Sin embargo, en la Comisión de Hacienda, el diputado Tuma presentó una indicación, en mi opinión inadmisible, porque incorpora colegios al sistema que probablemente el Ejecutivo no tenía considerados, lo que significa incurrir en un nuevo gasto. Pero, lo que más me preocupa es el carácter confuso de la indicación. Creo en la buena intención del colega, en el sentido de que todos los colegios, en especial los rurales, se incorporen al sistema. Sin embargo, introduce un elemento de confusión al establecer que los esetablecimientos educacionales no tendrán obligación de suscribir el respectivo convenio para incorporarse al sistema, lo cual significaría que el colegio no sería clasificado como corresponde ni tendría la obligación de responder en nada al Ministerio.

En suma, la indicación cambia todo el sentido del proyecto. Además, cabe preguntarse quién suscribirá el convenio si puede no hacerlo.

Por lo tanto, llamo a rechazarla, pero también a considerar de qué forma se puede atender la muy loable preocupación del diputado Tuma , en el sentido de que, por ejemplo, si en alguna localidad un sostenedor no quiere suscribir el convenio, los niños no queden desprovistos de la subvención preferencial. Quizás, se podría estudiar la implementación de algún sistema de transporte u otras soluciones para que los alumnos puedan concurrir a su establecimiento.

Se trata de un gran proyecto, quizás el más importante que hemos conocido en los últimos tiempos en materia de educación. Durante muchos años se habló sobre la necesidad de establecer una subvención preferencial, y hoy, por fin, estamos discutiendo el proyecto de ley que la establece.

En consecuencia, anuncio que la bancada de Renovación Nacional compromete sus votos aprobatorios.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá .

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente, tras el estudio del proyecto, las preguntas que se deben responder son las siguientes: ¿por qué no se establece sólo un aumento de la subvención?, ¿por qué el Ejecutivo y la Concertación no se conformaron con otorgar una subvención más elevada para los niños más vulnerables? Aclaro que la razón por la cual se tomó esa opción no tiene nada que ver con las manifestaciones de los escolares, de mayo pasado incluso más, el proyecto lo presentó el gobierno anterior, sino con una visión sobre la forma cómo enfrentar los problemas del sistema educativo y los errores en que incurrimos en el pasado, que no estamos dispuestos a volver a cometer. En efecto, no estamos dispuestos a entregar más recursos sin tener claridad sobre qué se pide a cambio; no estamos dispuestos a entregar más recursos si el Ejecutivo, que los destina, y el país entero, que es el propietario de ellos, desconocen en qué se usarán. Por eso se ha optado por un proyecto que, por cierto, cuando sea ley de la República, otorgará muchísimos recursos adicionales, pero que cambiará sustantivamente la manera en que se entreguen, se usen y se rindan.

En primer lugar, se busca que los establecimientos se comprometan en un plan de acción, hagan un trabajo interno, miren hacia adentro, vean qué pueden hacer con esos recursos, se pongan metas y asuman compromisos ante quien los entrega; pero, también, que los cumplan, que se evalúe lo realizado y rindan cuenta sobre el uso de esas platas.

Se trata de principios de sana y buena gestión no sólo en el ámbito de la educación, sino en cualquier parte. Por eso, cuesta entender por qué alguien puede oponerse a un principio tan esencial, a un sistema en el que los sostenedores se comprometerán de manera clara y concreta en relación con los recursos que recibirán del Estado, lo que significa que deberán responder de lo que hagan e informar si lograron las metas propuestas.

No es efectivo que mediante el proyecto se esté buscando controlar y acogotar a los establecimientos, porque los que obtengan buenos resultados tendrán una libertad gigantesca para establecer sus planes, y la supervisión que efectúe el ministerio tendrá lugar en plazos muy prudentes.

Otro principio muy interesante se relaciona con los establecimientos con problemas, es decir, que no tengan capacidad para alcanzar los objetivos planificados, donde las metas se propongan pero no se cumplan y en forma sistemática los resultados sean deficientes no sólo respecto del universo de establecimientos, sino comparados con sus iguales, es decir, los que presenten niveles de vulnerabilidad parecidos y dependan de municipios que aporten recursos en cantidades similares, se les entregará un apoyo adicional, y el ministerio los ayudará y supervisará más. Lo considero muy importante, porque no se optará por un camino propuesto en diferentes oportunidades, en el sentido de que al establecimiento que obtenga malos resultados se le castigue mediante la entrega de menores recursos o de alguna otra manera. Por el contrario, el que exhiba peores resultados recibirá los mismos recursos, pero obtendrá más apoyo y mayor supervisión. Como contrapartida, el establecimiento que alcance buenos resultados y cumpla con sus compromisos, contará con una creciente autonomía y con apoyo mucho más espaciado y moderado del ministerio, que se considerará prácticamente innecesario.

Además, el proyecto tiene la virtud de entender que los recursos extras que se entreguen por concepto de niños vulnerables es otra crítica que se le formula a la iniciativa, en parte serán utilizados para que la escuela experimente un cambio. Nuestro sistema educacional no está diseñado ni tiene condiciones para acoger a niños que presentan mayores carencias. En consecuencia, parte de lo que se debe hacer con esos recursos es crear una escuela diferente donde, por ejemplo, el profesor cuente con un ayudante; porque cuando en un curso diez o quince alumnos presentan la condición de vulnerabilidad, no se necesita que el docente trabaje con ellos fuera del horario de clases, sino que durante la clase tenga el apoyo de algún asistente, porque esa intervención redunda en un beneficio para el curso.

Los recursos que se entregarán también permitirán que el establecimiento lleve a cabo ciertos apoyos específicos de manera individual a los niños vulnerables. Por eso, la subvención se entregará por niño, pero al establecimiento, de manera que lleve a efecto intervenciones que trasciendan a los alumnos, a fin de que la comunidad educativa se adapte para acogerlos a todos, es decir, a los que tengan facilidades y a los que presenten dificultades.

Las familias tendrán la libertad para elegir. El ministerio y la ley en tramitación no pondrán cortapisa alguna para que los niños y sus familias puedan optar. Asimismo, todo establecimiento subvencionado podrá ingresar al sistema si cumple determinadas condiciones.

En consecuencia, no entiendo la coherencia del argumento de que la iniciativa es ilegítima e incorrecta. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema que se les pida a los establecimientos que cumplan con las horas lectivas y las horas no lectivas de los profesores? ¿Cuál es el problema que se les exija a los establecimientos que no seleccionen? ¿Por qué hay voces contrarias al proyecto? ¿Por qué la Oposición, o una parte significativa de ella, es contraria a la subvención preferencial?

Pensemos qué podría pasar con la futura ley. Perfectamente, con los recursos adicionales, los establecimientos tendrían una gran oportunidad con los niños vulnerables y, en consecuencia, saldrían a buscarlos con pinzas a los barrios pobres; pero a buscar niños vulnerables, no con una familia con problemas, o vulnerables, sí, pero que tenga buena presencia. Así, se haría una discriminación dentro de ellos, y los establecimientos buenos, aquellos que no quieren tener problemas, se quedarían con el grupito de niños vulnerables que acarrearían menos dificultades.

Eso es lo que no queremos, eso es lo que no estamos dispuestos a que provoque la futura ley. Por eso, por cierto, les pedimos a los establecimientos que entren al sistema, que no seleccionen los niños, que reciban a los niños vulnerables, pero a todos, en orden de llegada. Que no seleccionen dentro de los niños que tienen mayores carencias.

Esa es la razón del convenio. ¿Por qué un establecimiento como el que se mencionaba en intervenciones anteriores, con buenos resultados, podría tener problemas al firmar el convenio? Aquí hay que considerar que el propio establecimiento tendrá que hacer su plan de acción; el ministerio ni siquiera se va a meter. Si el colegio se va a comprometer con las metas que se fije, ¿por qué podría tener problemas de firmar el convenio? ¿Cuál sería la libertad que perdería?

¿Va a perder la libertad de seleccionar alumnos? Por cierto, y en hora buena. ¿Va a perder la libertad de cobrarles a los niños que tengan subvención preferencial? Por cierto, pero no creo que nadie pueda pedir que se les cobre.

Se les van a pedir cosas básicas: que funcione el consejo escolar, el centro de padres, el consejo de profesores. ¿Cuál sería el problema por una exigencia tan mínima?

En un país en el que se ha estado todo el año hablando de educación, si alguien se opone a esto tiene que dar argumentos más consistentes que los que se han escuchado, porque, de lo contrario, no se entendería por qué hay tantas dificultades para avanzar en reformas a la educación.

A pesar del proyecto, habría que enfrentar algunos problemas. Existe el riesgo de que algunos establecimientos consideren los recursos adicionales para paliar los déficit que han tenido. Es un problema delicado. Sabemos que en varias comunas existen municipios endeudados y que tienen problemas para estar al día en el pago de sus profesores; que hacen aportes de sus fondos a la educación y aún así no les alcanzan. Pero no queremos que los recursos de la subvención preferencial, que tiene por objeto dar más para la educación de los niños que menos tienen, termine siendo la vía para contribuir a superar otras carencias.

Es conveniente que el proyecto se discuta en un contexto más amplio, de manera de resolver otros problemas del sistema. La subvención base, por cierto, es uno de ellos. Sin duda, deberá aumentarse. Claramente, el consejo asesor de educación recomendó aumentarla; pero, ¡ojo!, propuso aumentarla, en gran parte, con los mismos criterios que se utilizan para la subvención preferencial. Es decir, más recursos, pero recursos contra rendimientos y metas, respecto de los cuales, si no se cumplen, el ministerio tomará medidas.

Los sostenedores municipales, al momento de firmar el convenio, deberán declarar cuántos aportes han hecho durante el último tiempo y comprometerse con otros a futuro. Esperamos que con esto se contenga, de alguna manera, el retiro de los aportes municipales.

No voy a alcanzar a tratarla, pero es muy importante incorporar en el Senado la concentración, de manera de permitir que en los establecimientos más malos, de mayor vulnerabilidad, haya más recursos para contratar buenos profesores. Los buenos profesores les hacen el quite a los establecimientos complejos, con ambientes difíciles. Además, una vez que son bien evaluados, los otros colegios se los pelean. Debe haber un mecanismo que incentive que los buenos profesores se vayan a enseñar a los establecimientos en los cuales hay más pobreza y vulnerabilidad. No pierdo la esperanza de que esto se logre en el siguiente trámite del proyecto.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado José Antonio Kast .

El señor KAST.-

Señor Presidente, en varias intervenciones se ha dicho que el proyecto es demasiado decisivo para la educación chilena, y esto sería cierto si la buena idea que contiene hubiese sido estudiada como corresponde desde el punto de vista legislativo.

Pero veamos cuál ha sido su evolución. El proyecto se presentó a fines del año pasado. Cuando la Presidenta anunció las 30 medidas para los primeros cien días de su Gobierno, un par de días antes de que se cumplieran, calificó su urgencia de “suma”, pero se la quitó al día siguiente de que se hiciera el anuncio público. Siguió con simple urgencia su tramitación, como debía ser, caso en el cual debería haber tenido un segundo informe, en el que podríamos haber revisado las indicaciones que propusimos para mejorar aspectos sustantivos, incluso a propósito de las observaciones que hizo la diputada Carolina Tohá . Se podría haber hecho.

Sin embargo, ¿qué pasó? Después que salió de la Comisión de Hacienda, en la cual estuvo uno o dos días, pero se vio en un par de horas, a pesar de ser un proyecto demasiado decisivo para la educación en Chile, como se ha dicho, no hay segundo informe. ¿Por qué? Porque de nuevo se le fijó suma urgencia y nos hemos visto obligados a reponer ciertas indicaciones, con la extrañeza del Presidente de la Cámara. Pero renovamos varias indicaciones porque la “suma” urgencia no nos permitió un segundo informe para analizar con más detalles este proyecto que podría haber sido innovador, original, que realmente apuntara a mejorar la calidad de la educación.

Es un ejemplo clásico de cómo una buena idea termina mal. Lamentablemente, hay otros, como la jornada escolar completa. Gran idea, todos la suscribimos, pero ha terminado mal. Los niños y profesores agotados, no se han cumplido los objetivos que se fijaron, la evaluación docente sigue cuestionada, el Estatuto Docente sigue cuestionado, ¿y el proyecto enlace? Los invito a ver en sus distritos si los computadores funcionan. Además los textos escolares se cambian todos los años. Los profesores ni siquiera se alcanzan a adecuar a uno, cuando ya lo han cambiado. Los proyectos Montegrande .

Todas esas fueron buenas ideas. Si se hubiesen llevado a la práctica en forma correcta, habrían tenido un resultado efectivo en el mejoramiento de la calidad de la educación en Chile. No ha sido así. Éste será un proyecto más.

¿Cuáles son los problemas? Uno, que la subvención no alcanza. Todos estamos de acuerdo en que con 30 mil pesos no se puede educar a un joven. Al menos hay que duplicarla. Si se le agregan los 18 mil pesos, se llega a 48 mil pesos, y con eso no se logrará una educación de buena calidad. Es decir, se trata de un parche para mejorarla.

Segundo, la subvención pareja está obsoleta. Lamentablemente, los gobiernos de la Concertación se demoraron dieciséis años en darse cuenta de que la subvención pareja no sirve para mejorar la calidad de la educación. Durante ese tiempo pudo haberse propuesto la reforma que venimos planteando nosotros desde hace varios años. Se requiere una educación diferenciada porque a algunos niños cuesta más educarlos que a otros.

Tercero, la subvención preferencial debe ser a los niños que son quienes la necesitan y no a la escuela, porque de lo contrario se seguirá aumentando ese hoyo negro que absorbe todos los recursos que se asignan a la educación.

Con ejemplos bastante sencillos lo explicamos en la Comisión. Si alguien tiene varios hijos, como es mi caso, si se quiere reforzar a uno, no se refuerza al conjunto para que, por chorreo, le llegue a ese uno, sino que a ese uno le aplica mayor reforzamiento. Si tiene los medios, le pondrá una sicopedagoga o un profesor. En suma, la cosa no va por el lado del chorreo. Por lo tanto, el gran error de fondo del proyecto es que los recursos llegan a la escuela y no a los niños.

Un cuarto elemento esencial es que el Ministerio tiene que supervisar lo que pasa: En cambio, con el proyecto, pasa de supervisor a gestor, y eso no ha dado buenos resultados; incluso, esa circunstancia, con ciertas condiciones que veremos más adelante, lo hacen risible.

Todo pasa por el famoso convenio de igualdad de oportunidades y excelencias educativas, que es la mezcla perfecta entre burocracia y estatismo.

La diputada Tohá preguntaba cuál era el problema de suscribir el convenio. El problema es que las escuelas que obtienen muy buenos resultados no van a poder acceder a la subvención preferencial si no lo suscriben. La pregunta es ¿por qué una escuela exitosa tiene que firmar un convenio burocrático y estatizante para obtener los recursos adicionales? o ¿por qué una escuela como las que hay en La Pintana, en Puente Alto o en La Florida, que tiene buenos resultados en el Simce, tiene que suscribir un convenio de 15 o 20 puntos para recibir esa subvención, si ya lo están haciendo bien? ¿Por qué no reconocer su autonomía a las personas que lo hacen bien, derecho que se han ganado legítimamente en el transcurso de los años?

Estatismo y burocracia no siempre tienen buenos resultados, y, sin querer politizar la discusión, lo hemos visto en casos como el del MOP, el del SAG, con la exportación de carnes y vinos; el de Chiledeportes y el de los programas de generación de empleo. Fiscalizar todo, con una especie de comisario, no es garantía de calidad ni de buenos resultados.

Se quiere fiscalizar a los que lo hacen bien, a través de los que han demostrado que lo ha hecho mal. Se busca controlar los procesos y no premiar los resultados, y ese camino es equivocado.

En cuanto a la condición de gestor del Ministerio de Educación, el artículo 28 del proyecto es una oda a la burocracia, toda vez que utiliza los verbos rectores clasificar, suscribir, efectuar, determinar, realizar, proponer, establecer, formar y aplicar, para mejorar la educación, pero, curiosamente, y que es lo más importante, no lo hace responsable de su gestión. Es decir, fija normas, establece criterios y si los resultados son malos, le permite lavarse las manos, porque no establece culpas.

También se nos pregunta cuál es el problema con el proceso de selección. ¡Por favor! Háganse una autocrítica¡ Llevan 16 años gobernando, con reforma educacional, con reforma constitucional; con jornada escolar completa, con evaluación docente, incluso, determinan cómo han de ser los textos escolares, y la calidad de la educación sigue siendo mala. ¿Y eso es culpa de la selección? No; porque los que han manejado y dirigido la educación han sido ustedes, el Ministerio de Educación. Los resultados y la calidad de la educación no pasan por la selección; no se engañen, porque eso no es cierto. Si lo hacemos por orden de llegada, igual es selección, porque habrá alumnos que llegaron más tarde que otros. Eso obligará a inscribir a los niños desde el nacimiento para que tengan posibilidades de ingresar a una escuela. Si el parámetro de selección es que el postulante niño tiene a sus hermanos en esa escuela, también quedarán niños fuera. Lo importante es no discriminar y tener más establecimientos de buena calidad, como el Instituto Nacional. Debemos propender a tener institutos nacionales en cada comuna; elevemos la calidad, no la bajemos. No se engañen, la selección no es la causa de la mala educación; hay miles de otros factores. Por eso, la subvención preferencial que estábamos pidiendo ayudaría ostensiblemente a mejorarla; no olviden que hay niños, en comunas apartadas, que ni siquiera tienen los medios para llegar a las escuelas de calidad.

Como dije, el proyecto era una gran idea. Pero nosotros tenemos varios reparos. De hecho, haremos reserva de constitucionalidad respecto de los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 20, 25, 28 y 36.

Lamentablemente, habrá que seguir esperando por una educación de calidad; por lo menos, tres años más, hasta que la Alianza por Chile sea gobierno.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .

El señor MONTES.-

Señor Presidente, el país ha desarrollado un profundo debate sobre la educación. Los secundarios, los pingüinos, con sus insatisfacciones y aspiraciones obligaron a poner el tema en un lugar muy importante de la agenda nacional.

El Consejo Asesor presidencial para la calidad de la educación entregó esta semana su informe, con diagnósticos y propuestas, con acuerdos y desacuerdos, y recomiendo que los miembros de esta Corporación lo leamos. Es de gran valor, y espero que en enero tengamos un debate reposado y profundo sobre la realidad de nuestra educación, porque es indispensable reformar la reforma educacional

Necesitamos superar esos marcos tan ideologizados que nos plantea el diputado señor Kast . Son tan sobrepolitizados, que termina, incluso, diciéndonos que la Alianza por Chile va a resolver los problemas, cosa que el país no cree. Es indispensable reformar la reforma educacional y, para eso, es necesario leer y discutir ese informe.

El proyecto de subvención preferencial es parte de esa reforma a la reforma educacional, y si bien se presentó el año pasado, recoge muy bien la aspiración que se consigna en el informe del Consejo Asesor presidencial. ¿Qué nos propone el proyecto? En primer lugar, colocar más recursos donde hay más necesidades; es decir, cerca de 400 millones de dólares anuales para 54 mil alumnos. En cifras redondas, 1.500 millones de dólares durante el gobierno de la Presidenta Bachelet .

El segundo lugar, transparencia y accountability, que el resto del sistema no lo tiene. Un mal colegio particular o municipal no da cuenta de nada; sin embargo, con el proyecto tendrá que hacerlo si quiere entrar en el sistema de subvención preferencial.

Por último, obliga al Ministerio de Educación a asumir mejor su responsabilidad en la calidad de los colegios, que hoy es difusa en muchos campos.

En definitiva, tres ejes, tres propósitos, tres desafíos fundamentales.

El proyecto fue perfeccionado en la Comisión de Educación; sin embargo, todavía presenta aspectos que deben fortalecerse. Entrega más recursos y un plan de mejoramiento. Establece una subvención por alumno prioritario, pero para la escuela, y un plan de mejoramiento para todos los colegios que entren al sistema de subvención preferencial. Los buenos colegios definirán su propio plan. Los buenos colegios van a recoger y fortalecer su propia experiencia y realidad; igual cosa harán los regulares y los colegios que son más deficientes tendrán que dar un salto adelante.

Los niños en condiciones vulnerables existirán siempre. El gran error de la Derecha es no darse cuenta de esa realidad. La escuela tiene que construir modelos de educación que respondan a las particulares necesidades y características de estos niños. Hay que fortalecer la escuela. Eso significa que el conjunto de los colegios debe asumir mejor que hay niños que viven realidades que requieren un tratamiento singular. Es fundamental que el modelo asuma que existen niños que no tiene familia, que no tienen padre o, si lo tienen, no cumplen ningún rol socializador. El modelo no puede abstraerse a esas realidades; de lo contrario, las cosas no caminan.

Queda pendiente la subvención por aglomeración y concentración de alumnos vulnerables. El efecto par es muy decisivo. Un colegio con 60 por ciento de alumnos vulnerables no es igual a otro con 2 ó 5 con cinco por ciento.

Es cierto que esa subvención involucra mayores recursos, pero se trata de responder a una necesidad concreta. El tema se discutió muchas veces con el Ministerio de Hacienda, y esperábamos que cumpliera su palabra y cediera aquí en la Cámara; pero, como no lo hizo, tendrá que hacerlo en el Senado.

El proyecto precisa los roles del Ministerio de Educación, y la Derecha, particularmente la UDI, no los han entendido. Se establecen roles diferenciados. Los colegios autónomos sólo serán supervisados y evaluados, y podrán administrar discrecionalmente el ciento por ciento de la subvención. Los emergentes serán apoyados y podrán administrar el 50 por ciento de los recursos; la otra mitad estará sujeta a planes de mejoramiento de los aprendizajes. Los colegios en recuperación deberán cumplir con el programa de mejoramiento educativo y serán apoyados por una comisión en la que estarán representados el Ministerio, el sostenedor y una entidad evaluadora externa.

También hemos exigido un plan especial para las escuelas rurales, que tienen realidades distintas a las urbanas.

El Ministerio de Educación deberá informar anualmente a la Cámara de Diputados sobre la evolución de cada colegio que recibe subvención preferencial y qué hizo para supervisar y evaluar.

Queda pendiente el rediseño del presupuesto del ministerio para ponerlo en línea con esta perspectiva. Ojalá que los profesionales del ministerio vayan a los colegios, que no continuemos con equipos que siguen pensando y elaborando reformas sin tomar en cuenta la realidad endógena más singular y específica de los colegios. Creemos que desde la ministra hasta el último profesional deben pasar una parte de sus horas de trabajo semanal en un colegio, para que hagan un taller o una clase.

Además, nos preocupa que el ministerio no haya cumplido con la ley en otros casos. No existe y, por lo tanto, no se aplica el Registro Nacional de Asistencia de Profesores, a pesar de que la ley obliga al ministerio a hacerlo.

Ayer se aprobó un proyecto de acuerdo que solicita al Gobierno que realice una campaña de difusión de la obligación que tienen los establecimientos educacionales subvencionados de recibir al menos el 15 por ciento de alumnos en condición socioeconómica vulnerable, ya que el ministerio no ha hecho nada para que esto se conozca, se masifique y sea un derecho, en lugar de un favor.

El tema de las canchas privadas y la posibilidad de que los colegios las usen necesita mucho mayor desarrollo.

El proyecto mantiene al Simce como el estándar que define la calidad de la enseñanza.

Además, refuerza la autoevaluación por curso, primero, segundo, tercero, el ministerio tiene la obligación de hacerlo para un mejor desarrollo de los objetivos en cada nivel, pero también para mitigar los efectos negativos del Simce. Queda pendiente superar el Simce.

No se puede limitar la calidad de la educación a operaciones matemáticas y a diferenciaciones de lenguaje. Formar una persona, particularmente de una realidad vulnerable, es algo más global, tiene que asumir un conjunto de otros aspectos.

El proyecto incorpora normas de transparencia, ya que tiene que saberse lo que ocurre en el colegio, los resultados que obtiene, qué hace con los recursos. Eso debe ser de público conocimiento, porque así lo dice la ley sobre los consejos escolares. Pero eso no se cumple, por lo que se precisa en la iniciativa.

También establece una norma que señala que los profesores incumplidores deben irse de los colegios y dispone un procedimiento para ello.

Agrega que todos los directivos de los colegios tienen que hacer clases.

Además, de valorar el proyecto personalmente y como bancada, estimo que ayudará bastante en mejorar la calidad de la educación.

Quiero hacer una reflexión política.

¿Qué ha estado en discusión respecto de este proyecto? Le digo a la gente de la UDI que el proyecto no está en contra de los colegios particulares subvencionados. Esa visión tan ideologizada impide hacer un debate real. Aquí tenemos que discutir los temas que contienen los proyectos, en lugar de inventarlos. No debemos distorsionar ni mezclar cosas que no guardan relación con la iniciativa.

Quiero valorar lo que ha ocurrido con los diputados Verdugo y Becker , que se metieron en el proyecto para discutirlo desde una perspectiva mucho más republicana.

Si queremos hacer buenas políticas públicas, discutamos el tema, pero no inventemos debates que no tienen que ver con las materias en discusión.

El proyecto reconoce errores, como que la subvención fuera pareja para realidades distintas y suponer que todos los colegios tenían la misma capacidad de autonomía. Éste fue un error en el diseño original, pero provenía del informe Brunner , que partió de una premisa falsa para construir muchas propuestas. Se busca corregir eso.

Debemos asumir que los colegios están segregados, lo que es un factor muy importante en los resultados educativos. La UDI nunca ha reconocido que la segregación condiciona esos resultados, lo que se debe a que tenemos ciudades y barrios segregados, así como un financiamiento compartido que rompió la integración social en los colegios. Ahora los niños de distintas realidades no se encuentran en los colegios que establecen una selección muy particular de alumnos, es decir, existe una cultura segregadora.

Tenemos que buscar cómo enfrentar esa realidad, para lo que debemos reconocer que el modelo actual de colegio es inapropiado. Algunos creen que basta con corregir las fallas del mercado para solucionar el problema, tal como dijo el diputado Dittborn . El debate se reduce a decir por qué no se entrega sólo la plata para terminar con el problema. ¡No, aquí no basta con dar plata! Hay que hacer un gran esfuerzo para tener un modelo educativo mucho más desarrollado y mejor.

Es muy complejo ser directivo, profesor o alumno de un colegio urbano popular que concentra una gran cantidad de alumnos vulnerables. La gran mayoría, el 94 por ciento, son colegios municipales que se ubican entre la Cuarta y la Décima regiones.

También es complejo estar en un colegio rural aislado del mundo, aunque por razones y carencias distintas.

A pesar de todo, y esto quiero decirlo con mucha claridad, los colegios municipales son iguales o mejores que el 67 por ciento de los colegios particulares subvencionados, a pesar de que, de acuerdo con los estudios de Elacqua y considerando el Simce, muchos de ellos seleccionan alumnos, no les pagan a los profesores lo que les corresponde y reciben financiamiento compartido. Los colegios municipales sólo son superados por colegios de la Iglesia y de la Sociedad de Instrucción Primaria. Creo que es bien importante tener esto presente, porque estos colegios nacieron antes de la aplicación del modelo de mercado para la educación y de la idea de echar a competir a los colegios.

Es cierto que muchos padres quieren cambiar a sus hijos de los colegios municipalizados por razones de conducta. Pero eso se debe a que el modelo de educación es inadecuado. Más del 70 por ciento de los chilenos quiere que exista una educación pública fuerte, porque saben lo que significa para lograr una mejor democracia, para tener una ciudad más integrada y plural.

Las leyes no construyen la realidad. El tema de fondo es que en esos colegios con alumnos socioeconómicamente vulnerables, hay muchas condiciones acumuladas. Lo importante es movilizar el alma de esos colegios, el marco de los valores, la mística, lo que ocurre dentro y fuera del aula, hay que fortalecer la autoestima, la autovaloración, las dinámicas dentro de los colegios.

A mi juicio, con esta iniciativa Chile debe iniciar una gran operación de fortalecimiento de la educación en 2007, especialmente en las escuelas públicas que atienden alumnos vulnerables. Éste es un desafío ético y político, ineludible para todos los demócratas.

Llamo a los diputados para que el próximo año hagan clases o un taller en alguna escuela que atienda niños socioeconómicamente vulnerables, con el objeto de que demostremos con el ejemplo que le damos importancia a esos colegios. He tenido la rica experiencia de hacerlo en el último tiempo. Creo que podemos ayudar mucho con ello. Asumamos la responsabilidad política y nacional de sacar adelante a esos colegios y desideologicemos el debate sobre la educación, para no llevarlo en otra dirección, como quiere la UDI, porque eso no nos ayuda en nada a superar la calidad de la educación.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

La Mesa saluda a nuestro colega y amigo Gonzalo Arenas, quien hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades.

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla .

El señor BOBADILLA.-

Señor Presidente, mis primeras palabras son para desear que el diputado Arenas tenga un día extraordinario, lleno de regalos y felicidad.

En cuanto al tema en discusión, debemos concordar en que la Izquierda tiene una excelente capacidad para detectar los problemas y, sin duda, coincidimos en que éste, el de los niños vulnerables, es una cuestión que debemos afrontar; pero, lamentablemente, en casos como éste, las soluciones que dan no son las más apropiadas. Durante dieciséis años hemos estado esperando mejores oportunidades y calidad en la educación para nuestros niños, pero la Concertación no ha tenido la capacidad para solucionar esos problemas.

El proyecto en debate, que es una reforma al sistema de subvenciones educacionales, representa una innegable mejora al actual sistema de subvenciones, ya que reconoce que educar a un niño que proviene de una familia económica y socialmente vulnerable tiene un mayor costo, en cuanto a que el capital cultural que trae ese alumno desde su hogar, sin duda es menor.

Sabemos y concordamos en que hay que dar una solución. También estamos de acuerdo en que hay algunos aspectos positivos en el proyecto. Citaré algunos.

Como se reconoce en el proyecto, los costos para educar alumnos con situación socioeconómica más baja son mayores. En virtud de lo anterior, se reduce fuertemente el incentivo que pudieran tener los colegios en seleccionar sólo a alumnos cuya educación implique un menor costo, debido a que el sistema de subvención es plano.

El proyecto promueve la integración social de manera natural, a diferencia de la ley que establece la jornada escolar completa, que obliga a la incorporación de un 15 por ciento de alumnos socioeconómicamente vulnerables. Si el monto escogido para compensar el mayor costo de educar a los niños prioritarios es correcto, este objetivo debería lograrse finalmente. Dado lo anterior, los padres y apoderados tendrán más opciones de colegios a los cuales llevar a sus hijos. Sin duda, es un avance, pero, por la forma en que se implementan las soluciones, la propuesta no alcanzará su propósito si en su diseño no se considera que existen diversos grados de vulnerabilidad asociados a diferentes costos de educación. Además, se margina a los alumnos que exhiben una condición social levemente superior a la de los estudiantes que recibirán esta subvención extraordinaria. En este contexto, lo más deseable es una subvención escalonada, que diferencie por tramos a cada niño o grupo de niños. Ello, en principio, dependería sólo de las características del estudiante y de su familia, y permitiría mejorar el acceso a las oportunidades para todos los alumnos. Sin embargo, dado el problema señalado, se seleccionará de entre los alumnos vulnerables a los que presenten un menor grado de ella, discriminación similar a la provocada por el sistema actual.

La forma en que opera esta subvención limita la facultad de los padres y de sus hijos a elegir colegio, dado que para obtener el beneficio se debe optar sólo por las escuelas que hayan suscrito el convenio. Esto implica que las que no lo firmen, pero que estén dispuestas a recibir a esos alumnos, no tendrán incentivos para incorporarlos.

No parece apropiado que los estudiantes prioritarios que pertenecen a un colegio emergente sean discriminados debido al establecimiento al que asisten, y reciban una subvención menor que la de los alumnos igualmente vulnerables que pertenecen a las escuelas autónomas.

Debemos distinguir entre el objetivo de igualar el acceso de oportunidades y el de mejorar la calidad de la educación a través de un sistema de cumplimiento de metas. El primero implica entregar mayores recursos a los más pobres, sin distinción alguna. El segundo debe estar inserto en un sistema de accountability o rendición de cuentas en el que se exijan resultados, pero no de la forma propuesta.

Las metas y estándares son elementos positivos, pero no necesariamente ayudarán a entregar las señales correctas si no consideran lo siguiente:

a)Que estén centradas en la medición directa de los aprendizajes de los alumnos resultados del Simce u otras pruebas y no en aspectos como infraestructura, recursos, remuneraciones, etcétera, debido a que cada colegio funciona de manera diferente y se adecua a su realidad.

b)Que cada colegio cuente con las herramientas para realizar los cambios administrativos y técnicopedagógicos, entre otros, que considere necesarios para el cumplimiento de los logros propuestos.

También es importante tener presente que un sistema que entrega recursos en función de metas o estándares, incentivará el logro de resultados sólo en aquellos sectores o subsectores que son medidos matemáticas, lenguaje, historia, ciencias e inglés, por ejemplo, en desmedro del resto de las áreas, que pueden ser tanto o más importantes para algunos padres, alumnos o colegios.

Finalmente, queda la interrogante respecto de las comunas o localidades en que ningún establecimiento firme el convenio, ya sea porque voluntariamente no lo hagan, porque se coludan para no hacerlo o porque hay muy pocos colegios o una sola escuela. En estos casos los alumnos quedarán sin posibilidades de acceder a una mejor enseñanza, y lo único que les quedará es buscar alternativas de educación en otras comunas.

Como señalé inicialmente, estamos de acuerdo en que deben entregarse más recursos para los alumnos socioeconómicamente más vulnerables. Sin embargo, por la forma como está concebido el proyecto, creemos que no se logrará el objetivo de brindarles mejores oportunidades, pues los recursos se centran en el colegio y no en los alumnos. Son los estudiantes, junto a sus padres, quienes deben elegir el colegio donde estudiar y no, como se propone en esta iniciativa, que sea el Estado el que les indique dónde hacerlo. Sin duda, ello atenta contra la libertad de enseñanza.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta).-

Señor Presidente, éste es un proyecto importante, que significará un gran apoyo a la educación. Por eso, me da mucha pena lo que han manifestado los diputados de la UDI.

La firma de los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa implica un compromiso no sólo del sostenedor, sino, también, de la comunidad educativa, lo que dará un impulso muy grande al proceso educativo.

No es cierto lo que dijo el colega Sergio Bobadilla , en el sentido de que el proyecto sólo plantea una entrega de dinero. Por el contrario, se establece, además, la participación del Ministerio de Educación y de entidades para apoyar el proceso educativo, de manera que éste no implique sólo la formación académica, que es importante, sino también la formación en valores.

La participación y la democratización en los colegios son factores fundamentales. En ese sentido, se va a terminar con aquellos establecimientos cuyos sostenedores eran los dueños absolutos de la verdad y no hacían participar ni siquiera a los profesores en los distintos aspectos del proceso educativo. Si los sostenedores asumen el compromiso, la comunidad educativa también lo hará. Es muy importante que el Ministerio de Educación conozca los resultados de los convenios.

Se alude la ideología de la libertad sólo para ciertas cosas. Ayer vimos a muchos de nuestros colegas rindiendo homenaje a una persona que nos quitó la libertad. En consecuencia, cuando se hace referencia a ella en un aspecto y no en otro, cabe preguntarse de qué se está hablando.

Una funcionaria de Derecha de una corporación manifestó en la Comisión de Educación que la subvención es un recurso que, una vez que sale del Estado, pasa a ser propiedad absoluta del sostenedor. Incluso, dijo que el sostenedor podía jugarse la subvención en el casino. No es posible concebir que un sostenedor pueda hacer lo que quiera con la subvención escolar. Por eso, va a ser importante la supervisión

Va a ser muy importante la supervisión y la accountability que va a llevar a cabo el Ministerio de Educación respecto de dichos convenios, sobre todo, por los hechos ocurridos últimamente. Por ejemplo, en Renca, en el colegio Britania, donde el sostenedor hizo uso absolutamente malicioso de la subvención, dejó a los niños sin colegio. Ese tipo de cosas no se puede permitir. Además, se han cerrado muchos colegios y hay otros que entregan una educación de muy mala calidad, y no se hacen responsables. Por ello, creo que si se va a entregar una subvención tan importante, ésta debe ser supervisada.

Cuando el Congreso Nacional ha discutido a fondo un proyecto, ha dado su opinión al respecto y finalmente le ha dado su aprobación, no considero un proceso democrático que, con posterioridad, se remita al Tribunal Constitucional, como lo ha anunciado el diputado Kast en este caso. Anteriormente, enviaron el proyecto que estableció el 15 por ciento de alumnos vulnerables que deben tener los colegios subvencionados por el Estado. El Tribunal Constitucional lo consideró perfectamente constitucional.

Entonces, quiero decir al diputado Kast quien es el sostenedor ideológico de la libertad de enseñanza a ultranza en este Congreso Nacional, y también de otros postulados absolutistas y fundamentalistas, por su intermedio, señor Presidente, que se ponga una mano en el corazón y piense que en esta Sala hay una mayoría democrática que ha aprobado esos proyectos. Debe pensar que, en esta Sala, hay colegas que también tenemos parte de la verdad, sobre todo, porque esto es importantísimo para la educación chilena.

Debemos implementar el 15 por ciento de niños vulnerables en los colegios subvencionados, aun cuando el diputado Kast y la diputada Cubillos estén en contra de eso.

Se habla que debemos crear más Institutos Nacionales. Pero, ¡por favor, colega! El Instituto Nacional tiene esa excelencia porque ha hecho una selección de sus alumnos con notas de 6,9 hacia arriba. O sea, con ese tipo de alumnos con esto no quiero desmerecer a los profesores del Instituto Nacional que, por supuesto, merecen todo mi respeto cualquier profesor hace maravillas. ¿Cómo vamos a crear más Institutos Nacionales para los niños superdotados para seguir estableciendo diferencias, cuando en los colegios esos niños, en combinación con otros, suben el nivel educativo? Lo importante es ver cuál es la realidad respecto de la subvención preferencial.

No estoy de acuerdo con el diputado Rojas, cuando señala que dicha subvención es producto de las presiones. El proyecto es de octubre de 2005, y es el resultado de un examen muy profundo de lo que se venía haciendo. Además, se queja de su carácter voluntario. Ese carácter significa un compromiso más profundo. Debo recordar al diputado Rojas que la Loce hace que cualquier cosa obligatoria no sea posible, porque defiende esa libertad, pero no aquella que se encuentra en los ámbitos más importantes de la vida de las personas.

Vamos a dar nuestro apoyo al proyecto, porque creemos que es una gran oportunidad para que Chile tenga una educación con igualdad y equidad. Además, es muy importante que esto sea supervisado por el Ministerio de Educación, y que todos estemos informados de como se dan esos procesos, porque la educación es la piedra fundamental de la democracia y del desarrollo del país.

Por último, quiero preguntar a quienes se oponen al proyecto, cuál es la alternativa, cuáles son sus planteamientos de fondo, con lo cual van a contribuir al debate desde un punto de vista positivo y no negativo. Debo reconocer que Renovación Nacional tiene una posición absolutamente distinta, de criticar lo que realmente corresponde y solidarizar en lo que consideran un bien para el país.

Esto va a ser muy importante. Además, en nuestra labor como diputados, estaremos fiscalizando que este proceso se lleve a cabo como corresponde y que, de una vez por todas, podamos avanzar con más profundidad en el proceso educativo, que es lo más importante y fundamental para el país.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .

El señor ROBLES.-

Señor Presidente, en Chile, la educación lo digo con mucha fuerza requiere un cambio radical.

Lo cierto es que el gobierno de Pinochet cambió profundamente las bases del sistema educacional chileno. Se cambió de un sistema donde el Estado efectivamente se preocupaba de la educación de todos los chilenos a uno donde quienes se deben preocupar de la educación son los padres. A mi juicio, eso es algo inédito.

Hoy es el mercado el que regula la educación en Chile, y el Estado lo único que hace es subsidiar la demanda. En dieciséis años tal como decía el diputado Kast , no lo hemos cambiado. He sido un crítico del sistema durante todos estos años, porque me parece inadecuado que le estemos dando un subsidio a la demanda y cada niño lleve su voucher educacional donde quiera. Para que una sociedad se desarrolle debe primar el rol del Estado. Hay áreas donde el mercado es trascendente. Me parece importantísimo que en las áreas del comercio, el desarrollo de la industria, etcétera, el mercado actúe desde su posición, pero, en áreas de la educación, donde es el país el que se debe desarrollar y donde todos los ciudadanos debemos desarrollarnos para tener un país mejor, es el Estado el que debe cumplir un rol fundamental.

En el Consejo Asesor para la Calidad de la Educación que formó la Presidenta de la República se reconoce esta realidad que estoy planteando, en orden a que efectivamente es el Estado el que tiene que tener una condición mucho más imperativa que la que hoy existe en el desarrollo de la educación.

Hay divergencias en dicho Consejo que apuntan a aquellas cosas que son absolutamente criticables. Divergencias en términos de la existencia o no de establecimientos con fines de lucro. ¿Se debe hacer lucro con la educación? Es una pregunta importante que hay que responder. El Estado debe tener claridad sobre ese punto. Luego, está el trato diferenciado e igualitario de las instituciones públicas respecto de los particulares. Cómo se enfoca ese tema desde el punto de vista del Estado. Y, por supuesto, la mejor administración de los establecimientos educacionales.

Evidentemente, hay disenso en dicho Consejo. Pero también hay consensos que evidentemente también se reflejan. Tenemos una mayor cobertura educacional, pero la calidad de la educación no avanza. Hoy, un niño que se educa en cualquier comunidad rural no tiene las mismas oportunidades que aquel que se educa en un sector urbano; un niño de regiones que se educa en un sector urbano, no tiene la misma posibilidad que aquel que se educa en un sector urbano metropolitano.

La verdad sea dicha, en Chile y en el mundo sabemos que la movilidad social sólo la da la educación. Celebro que en los gobiernos de la Concertación se hayan hecho bien algunas cosas, porque hoy llega a la universidad un número mayor de jóvenes de estratos económicos y sociales bajos, lo que les da la posibilidad de mejorar en el futuro su condición social y la de sus familias. Pero no veo que se empiece a trabajar con esa misma fuerza y seriedad en el sistema educacional público. Cuando el Estado rige y norma qué es lo que pretende de la educación, lo debe hacer a través de los elementos legales.

El artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, del 20 de agosto de 1998, determina los requisitos para entregar recursos del Estado a los colegios. Pero, dentro de estos requisitos, no se establecen algunos que, a mi juicio, son fundamentales. Por ejemplo, que no podrá ser discriminada ni expulsada del colegio la niña que, por avatares de la vida, quede embarazada. Si se le siguen entregando recursos a un colegio que expulse a una niña que quedó embarazada durante el período escolar. ¿Dónde termina esa niña? En algún colegio al cual no le gusta asistir.

Tampoco se establece que los establecimientos no deben expulsar a los alumnos que no logren ciertas metas. Hay establecimientos educacionales que exigen determinado promedio de notas para pasar al siguiente nivel y que no es el establecido por el Ministerio. Algunos colegios y escuelas de mi región no renuevan la matrícula a los alumnos que tengan un promedio inferior a 5,8. ¿Qué terminan haciendo esos niños? Se van a un colegio municipal.

¿Es un asunto del Estado definir a quién entrega recursos? Sí. ¿Debe el Estado dictar normas lógicas para que no haya discriminación respecto de esos recursos? Sí, tiene que hacerlo. Por lo tanto, debemos avanzar en leyes que resguarden estos aspectos a futuro. Lo cierto es que me parece tremendamente importante que el Estado incorpore sus políticas en nuestra educación; que regule, de acuerdo con un marco eficiente, la forma en que se asignan los recursos. Los países desarrollados, en particular, de Europa y Asia, entregan educación a través del Estado; no hay colegios con fines de lucro por todos lados; el Estado no subvenciona colegios privados, sólo se preocupa de educar a sus ciudadanos en colegios estatales, que lo hacen muy bien. Por eso, los niños no necesitan buscar un colegio más allá o más acá para poder educarse, porque saben que el colegio que les corresponde, según el barrio donde vivan, los va a educar bien, puesto que el Estado les garantiza una buena educación. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en Chile? ¿Por qué tenemos que descubrir la rueda recién ahora en nuestro país? Hay países que tienen sistemas educacionales muy buenos. ¿Por qué no copiamos esas cosas buenas?

También quiero decir que en este proyecto de ley hay una mirada de Estado un poco más fuerte; se hacen diferencias respecto de aquellos que necesitan más para poder educarse mejor. En efecto, para entregar las subvenciones, el Ministerio de Educación incorpora una mirada mucho más de Estado que la que había existido hasta ahora. En este sentido, felicito al Ministerio porque está incorporando aspectos que a nosotros nos parecen vitales para que haya una educación equitativa y justa. Si los colegios quieren acceder a esta subvención escolar preferencial para niños y niñas vulnerables, me parece correcto que la calidad de la educación que imparten sea controlada; que deban suscribir un convenio con el Ministerio para que no discriminen; que tengan que adaptar su currículum al exigido por el Estado, a través del Ministerio, para mejorar la educación.

En lo particular, hay cosas respecto de las cuales me habría gustado una mayor digámoslo así orientación del Estado. Por ejemplo, que no exista la posibilidad de que los municipios, que van a recibir mayores recursos, entreguen menos recursos que los que están entregando en la actualidad. La letra f) del artículo 7° establece que los sostenedores municipales deberán indicar cuál será el aporte mínimo que entregarán anualmente a cada uno de los establecimientos que reciban subvención preferencial. Pero hay muchos municipios que recibirán una parte de los 300 millones de dólares, correspondientes al costo de esta subvención, que irá a parar a las faltriqueras de los alcaldes, para desarrollar políticas municipales, restando esos recursos a la educación. Claro, van a indicar el aporte mínimo que entregarán anualmente, pero ¿quién nos garantiza que el alcalde entregará realmente esos recursos a la educación escolar de su comuna?

En este sentido, siempre he sido crítico de la educación municipal. Creo que, desde un punto de vista técnico, la educación debe ser impartida por organismos del Estado, y no por una instancia que es mucho más política, donde los alcaldes y los concejales miran la educación desde un punto de vista electoral, cómo pueden ganar votos. Incluso, hay algunos alcaldes que contratan paradocentes, a fin de tener más electores dentro del municipio y personas que les hagan las campañas.

Por eso, los radicales vamos a votar favorablemente porque creemos que este proyecto es un avance en las materias a las cuales me he referido. Sin embargo, espero que el próximo año, durante la discusión de las propuestas formuladas por el Consejo Asesor de Educación, podamos tener una mirada de Estado sobre la materia, de manera que éste recupere su rol de garante de la calidad de la educación a que tienen derecho todos los chilenos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado René Aedo .

El señor AEDO.-

Señor Presidente, estoy muy contento porque este proyecto que establece una subvención escolar preferencial para los niños más vulnerables tiene muchas cosas positivas. Debo decir, sí, que es un poco tardío porque llega después de 16 años de gobiernos de la Concertación. Sin embargo, más vale tarde que nunca.

En primer lugar, está focalizado hacia la educación preescolar y básica. Y quiero recalcar esto porque el hecho de incluir a la educación preescolar produce un efecto mayor y más potente, porque permite un mayor ejercicio de la adquisición de habilidades y conocimiento, a través del proceso educativo, precisamente, en una edad en que se producen cambios biológicos importantes. De manera que los recursos abarcan un espectro mucho más amplio.

En segundo lugar, es reestructurador porque produce un cambio importante en el sistema educacional y en el sistema de asignación de recursos.

En tercer lugar, es un proyecto modulador, porque permite que se realicen cambios en los colegios, de acuerdo con sus condiciones y con sus niveles de excelencia, y permite que existan colegios autónomos y clasificados como emergentes, a los cuales se les entregan herramientas para que puedan llegar a ser autónomos.

En cuarto lugar, es equitativo porque entrega igualdad de oportunidades y permite la reintegración social y educativa de los niños más vulnerables. Sabemos que la educación es el principal instrumento de que disponen los jóvenes para su reintegración social y económica.

En quinto lugar, impide la discriminación: los colegios deberán adquirir compromisos en forma voluntaria relacionados con la no discriminación. En ese sentido, estoy de acuerdo con que los colegios no pueden discriminar a los niños, ni siquiera por su rendimiento académico. De hecho, la misión de los colegios es, precisamente, corregir esa deficiencia.

En sexto lugar, es un proyecto responsable porque crea mecanismos de corrección y de control de los colegios, conduciéndolos hacia una excelencia académica. Creo que, en este sentido, existe responsabilidad en cuanto a la asignación de los recursos.

En séptimo lugar, es un proyecto moderno porque la asignación de recursos se hace a través del sistema privado. Aquí se hace un reconocimiento al sistema privado de educación, formado por los colegios subvencionados. Sabemos que ellos tienen un mejor comportamiento, desde el punto de vista del rendimiento educacional.

Por último, el proyecto tiene una estrategia de crecimiento, que se logra mediante una mayor asignación de recursos a la educación.

Por todas estas razones, quiero manifestar que el proyecto contará con todo mi apoyo, y creo que también con un importante respaldo de la bancada de Renovación Nacional.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana .

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente, este proyecto es fruto de un compromiso presidencial. Refleja la preocupación del Gobierno por lograr transformaciones de fondo en la calidad de la educación y, al mismo tiempo, es parte de un concepto amplio de protección social que elimina las barreras que hoy separan a los distintos tipos de educación que se imparten en Chile y donde lo que hace la diferencia es el factor económico o la cantidad de recursos para apoyar el aprendizaje de un alumno, independiente de la naturaleza del establecimiento en que se educa.

Es obvio que hay aprendizajes distintos, en especial los que se originan en los primeros ciclos de la educación. En el proceso formativo de los niños de los sectores más vulnerables se invierten aproximadamente 32 mil pesos mensuales. Por otro lado, hay niños que asisten a establecimientos particulares pagados, donde un apoderado puede pagar hasta 500 mil pesos mensuales por lo que se supone es la misma educación.

El proyecto responde a una iniciativa del entonces Presidente Ricardo Lagos y constituye un indispensable complemento de los lineamientos para impulsar un mejoramiento real en la calidad de la educación, a lo que hizo mención la Presidenta Bachelet el lunes recién pasado y que en gran medida es fruto de un gran esfuerzo realizado por el Consejo Asesor Presidencial que, entre otras cosas, propone crear la superintendencia y una serie de indicadores para medir los aprendizajes en el aula y para una mejor evaluación de cada establecimiento educacional.

No cabe duda de que la subvención preferencial para niños y niñas vulnerables es un proyecto anhelado y esperado por la comunidad escolar de todo el país. Así lo he constatado en comunas como Victoria, Lautaro , Vilcún , Curacautín , Lonquimay , entre otras que represento, y donde el sistema municipal no puede hacer más, porque no tiene cómo inyectar más recursos y se realizan esfuerzos enormes por controlar un déficit muchas veces histórico en educación.

Como dijo la diputada Carolina Tohá , los recursos que se otorgarán no pueden tener otro destino que no sea el mejorar la calidad de la educación de los alumnos más vulnerables. Es más dinero, pero según el plan de mejoramiento educativo de cada establecimiento, esos recursos se podrán utilizar en profundizar el perfeccionamiento de los profesores, que en algunos lugares se hace con bastante éxito, adquirir equipos de informática, en prácticas deportivas, en actividades científicas y culturales, planes específicos para reforzar asignaturas como matemáticas, castellano, en comprensión del medio, etcétera.

Pero no se trata sólo de recursos. Debemos tratar un tema central que ya conversamos con la ministra Yasna Provoste . Este debate no ha sido improvisado, a pesar de que escuché a algún diputado de la UDI decir que hubo poco tiempo para el estudio de la iniciativa, en circunstancias de que llevamos casi seis meses discutiéndola, puesto que corresponde a un proyecto del gobierno anterior.

Aquí no se trata de poner plata al servicio de un sostenedor para que éste la destine a lo que se le ocurra. Aquí se establecen compromisos, hay una voluntad que debe ser expresada por el establecimiento, y eso es muy relevante.

Es importante insistir en que no se discrimine a los alumnos. Tampoco que se les cobre, porque estamos hablando de los estudiantes más pobres de Chile.

Termino refiriéndome al artículo 11 del proyecto, que acabamos de conversar con la ministra Yasna Provoste . Represento a la Región de La Araucanía, donde hay una inmensa cantidad de alumnos en establecimientos rurales y existen aproximadamente 150 establecimientos unidocentes que tienen menos de diez alumnos. La buena noticia del proyecto es que todas las escuelas rurales van a integrar la categoría de establecimientos emergentes y eso posibilita que sean incorporados de manera automática a la subvención preferencial para niños vulnerables en el aspecto socioeconómico.

Por lo tanto, es un tremendo proyecto, especialmente para los sectores rurales, pero también para todos los estudiantes de menores ingresos, cuyos padres, familia y comunidad escolar aspiran a que tengan una educación de mejor calidad.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Señores diputados, está inscrito el diputado Eugenio Tuma , pero como hizo uso de gran parte de su tiempo, pido la unanimidad de la Sala para darle otros dos minutos.

¿Hay acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma .

El señor TUMA.-

Señor Presidente, quiero señalar que he presentado una indicación, que fue aprobada en la Comisión de Hacienda, cuyo objetivo es garantizar que los alumnos clasificados por el Ministerio de Educación como prioritarios, pueden ejercer en sus establecimientos el derecho a la educación preferencial.

Eso no sólo tiene que ver con la voluntariedad del sostenedor, sino que con una facultad del Ministerio para asegurar que ese alumno prioritario reciba una educación de calidad.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la ministra de Educación.

La señora PROVOSTE, doña Yasna (ministra de Educación).-

Señor Presidente, este debate ha sido muy amplio, no sólo en el Congreso Nacional sino también en la sociedad chilena.

Chile ha reconocido la desigualdad como el problema capital de su desarrollo como país y en materia educativa estamos frente a una fuerte desigualdad que se vive fuera y dentro del sistema educativo.

Esta desigualdad condiciona decisivamente los esfuerzos por producir calidad en el establecimiento educacional. La sociedad chilena no vencerá las inequidades sin un aporte principal en materia educativa, y ése ha sido el esfuerzo y el compromiso del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet para llevar adelante la tramitación de esta iniciativa en el Congreso.

Tal como se ha señalado en esta Sala y reiteradamente en el análisis del proyecto en la Comisión de Educación por la diputada Carolina Tohá , se requieren mayores recursos en materia educacional, pero que estén focalizados con estrategias técnicas, con una gestión más eficaz, como las que se proponen en el proyecto de subvención preferencial, que será una herramienta clave para resolver el desafío de educar a los alumnos que presentan recursos económicos y culturales más limitados y que requieren más apoyo.

Al mismo tiempo, asegurar que asistan a escuelas que logren que ellos aprendan. Los administradores de esas escuelas deben hacerse responsables del aprendizaje de sus alumnos. Esperamos que no les dé lo mismo lograr o no resultados de calidad.

A pesar de que el trámite de este proyecto no ha sido fácil y de que hay tantas opiniones con un sesgo ideológico, no cejaremos en el empeño de llevar adelante esta iniciativa.

Tal como destacó el diputado Silber , el proyecto representa un importante avance en el esfuerzo del Gobierno por aumentar la calidad y la equidad de nuestra educación, y que aborda aspectos estructurales de nuestro sistema educativo, como el sistema de financiamiento y las condiciones de funcionamiento de la escuela. Pero también, como ha destacado incansablemente el diputado Carlos Montes , plantea enormes desafíos para todos los agentes educativos. Por cierto, en particular para nuestro Ministerio, porque significa un avance en la definición de las funciones y los procesos especialmente referidos al desarrollo de programas de mejoramiento educativo para las escuelas, en la focalización de las políticas educativas, en los modelos de supervisión, apoyo, evaluación y fiscalización, así como también en los sistemas de información y de cuentas públicas.

Durante esta discusión, se ha señalado con mucha claridad que se promueve calidad y equidad en la educación, aumentando los recursos para las escuelas que atienden a los alumnos más prioritarios, estableciendo compromisos por la calidad, abriendo oportunidades para que todos los alumnos prioritarios puedan ser aceptados, diferenciando las escuelas de acuerdo con sus necesidades educativas e indicadores de calidad y, también, por cierto, informando a la comunidad de lo que ocurra al interior de cada establecimiento educacional.

En su intervención, el diputado señor Robles señaló que no puede dar lo mismo que sólo algunos establecimientos logren que sus alumnos aprendan. Pero tampoco puede dar lo mismo la existencia de unidades que cumplan y otras que no lo hagan. En ese sentido, el proyecto recoge el espíritu de hacer obligatorio un plan de mejoramiento educativo en áreas de gestión curricular, liderazgo escolar, convivencia y gestión de los recursos, y establecer compromisos en materia de rendición de cuentas por el uso de los recursos adicionales.

El diputado Rossi expresó que también debemos hacernos cargo de los problemas actuales en el mundo educativo. En ese sentido, el plan de mejoramiento incorpora un área relacionada con la forma de promoción del aprendizaje de los alumnos. Tal como lo señaló, el proyecto también recoge aspectos vinculados con la convivencia escolar, el liderazgo y la gestión de recursos.

El diputado señor Marcos Espinosa realzó el valor de la clasificación de escuelas según sus necesidades educativas. Al respecto, el proyecto recoge la importancia no sólo del Simce, sino también de las tasas de retención y de aprobación de los alumnos, la integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento, y la evaluación del cuerpo docente en el caso del sector municipal. Como expresó el señor diputado, para identificar los establecimientos autónomos, se tomarán en consideración las condiciones de pobreza o adversidad de los alumnos que atienden. En consecuencia, las escuelas autónomas serán las que destaquen por su calidad educativa, pero sobre la base de tomar en cuenta la vulnerabilidad de sus estudiantes.

El diputado señor Rodrigo González , miembro de la Comisión de Educación, hizo hincapié en un aspecto que se recogió en el texto del proyecto, como es generar consecuencias asociadas al incumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con las exigencias de la ley y del convenio, de los estándares de clasificación y del plan de mejoramiento.

Los diputados señores Tuma y Quintana , a partir de su experiencia distrital, hicieron un importante esfuerzo.

El proyecto recoge la necesidad de que las escuelas rurales cuenten con una mirada especial y con una preocupación de parte del Ministerio en materia de apoyo, orientación y supervigilancia, de manera que cada una entre en la categoría de establecimiento emergente.

Durante la larga discusión que se llevó en Comisiones, se recogió la opinión y el deseo de generar modificaciones que, como mencionó el diputado señor José Miguel Ortiz , apunten a hacer realidad el sueño de escuelas y liceos en democracia, que no es otra cosa que hacer florecer los talentos de sus alumnos.

No puedo dejar sin respuesta la aseveración del diputado señor Bobadilla , en el sentido de que el proyecto atentaría contra la libertad de enseñanza. Ni en el peor de los sueños dejaríamos de valorar un principio fundamental consagrado en la Carta Fundamental, como es el de la libertad de enseñanza. Por lo tanto, la familia nunca perderá la posibilidad de elegir el establecimiento educacional al que asistan sus hijos. En consecuencia, la aspiración del Ministerio dice relación con que los establecimientos educacionales se comprometan con los alumnos y sus familias, de manera que esos niños y esas niñas aprendan.

Finalmente, deseo recoger las palabras de la diputada María Antonieta Saa . Asimismo, valoro las intervenciones de los diputados señores Becker , Verdugo y Aedo , quienes lograron sacudirse de sus posiciones ideológicas y poner en el centro del debate la calidad de la educación.

Espero que el Congreso Nacional avance en forma decidida hacia una manera de legislar que no considere las ideologías, sino lo que significa una educación de calidad para el desarrollo del país, y que mediante la iniciativa en estudio se dé un paso muy concreto en la eliminación de las desigualdades en materia educativa.

He dicho.

Aplausos.

El señor LEAL (Presidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde votar el proyecto en general, con excepción del inciso segundo del artículo 27, de la letra c) del número 3) del artículo 36 y del número 2) del artículo 37, inciso final, que contienen materias propias de ley orgánica constitucional y, en consecuencia, requieren otro quórum.

Informo que se encuentran pareados los diputados señores Ulloa con Fuentealba y Hales con Urrutia. 

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Araya Guerrero, Pedro ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Cardemil Herrera, Alberto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Estay Peñaloza, Enrique ; Farías Ponce, Ramón ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lobos Krause, Juan ; Lorenzini Basso, Pablo ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Nogueira Fernández, Claudia ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Robles Pantoja, Alberto ; Rojas Molina, Manuel ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra , Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas , Rubio Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Von Muhlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Patricio ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar en general el inciso segundo del artículo 27, la letra c) del número 3) del artículo 36 y el número 2) del artículo 37, inciso final, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 27 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobados.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez

Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Estay Peñaloza, Enrique ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe.

El señor LEAL (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones ni haberse pedido votación separada, se declaran aprobados los artículos 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 11, 14, 15, 21, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 37, excepto su número 2), inciso final, y 39 permanentes, y los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno transitorios.

En votación el artículo 4° con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 70 votos. Hubo 1 abstención.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alinco Bustos, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Lorenzini Basso, Pablo ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Tuma Zedan, Eugenio ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock , Zamora Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bustos Ramírez, Juan ; Cardemil Herrera, Alberto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides , Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal, Allende Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio.

Se abstuvo el diputado señor Sepúlveda Hermosilla , Roberto.

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 4°.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 25 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Alvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe.

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 5° con la indicación de la Comisión de Hacienda para eliminar el inciso segundo.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 1 abstención.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami , Gumucio Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja , Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Burgos Varela, Jorge ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Leal Labrín, Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra, Ximena ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvo el diputado señor Alvarado Andrade, Claudio.

El señor LEAL (Presidente).-

En votación las indicaciones renovadas referidas al artículo 6°, signadas con el número 1),.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 64 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza , Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio.

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 6° en su forma original.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 27 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Bertolino Rendic, Mario ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe.

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada referida al artículo 7°, signada con el número 2).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 68 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda , Sergio ; Cristi Marfil, María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio.

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada referida al artículo 7°, signada con el número 3).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 70 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La , Cerda Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Lorenzini Basso, Pablo ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Tarud Daccarett, Jorge ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio.

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 7° en su forma original.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 27 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Isasi Barbieri, Marta ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal , Labrín Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco , Rivas Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García René, Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena , Farías Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe.

El señor LEAL (Presidente).-

Se ha pedido votación separada del artículo 10°.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo, Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvieron los diputados señores:

García García, René Manuel ; Isasi Barbieri, Marta .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 12 con la indicación de la Comisión de Hacienda.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 48 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Vidal Lázaro , Ximena.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Mulet Martínez, Jaime ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa ,Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra , Ximena ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Patricio ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

La indicación renovada signada con el número 4), referida al artículo 13, requiere quórum de ley orgánica constitucional.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 59 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra, Ximena ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards Felipe.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 13 en su forma original.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 36 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist José, Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe.

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 16.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 28 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; GodoyIbáñez , Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar,Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes , Cisternas Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro . Ximena ; Walker Prieto , Patricio.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe.

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Isasi Barbieri, Marta .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada, signada con el número 5, al artículo 17.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 63 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza , Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 17.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 28 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro , Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena , Farías Iván ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada, signada con el número 6, al artículo 18.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 69 votos. Hubo una abstención.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada, signada con el número 7, al artículo 18.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 62 votos. Hubo una abstención.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg , Díaz Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra , Ximena ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe.

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; VidalLázaro , Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 18.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 30 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René, Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada, signada con el número 8, al artículo 19.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 64 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Muhlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada, signada con el número 9, al artículo 19.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 62 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Tuma Zedan, Eugenio ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 19.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 31 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Barros , Ramón Montero ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Isasi Barbieri, Marta ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Nogueira Fernández, Claudia ; Palma Flores, Osvaldo ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada, signada con el número 10, al artículo 20.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 64 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Burgos Varela, Jorge ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

García García, René Manuel ; Isasi Barbieri, Marta .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 20.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos , Jorge ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvieron los diputados señores:

Isasi Barbieri Marta ; Turres Figueroa Marisol .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación las indicaciones renovadas, signadas con el número 11, al artículo 22.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 65 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Aedo Ormeño, René ; García García, René Manuel .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 22.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo una abstención.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Faríasn Ponce, Ramón ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Palma Flores, Osvaldo ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvo la diputada señora Isasi Barbieri, Marta .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación las indicaciones renovadas, signadas con el número 12, al artículo 23, que requieren quórum de ley orgánica constitucional.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo una abstención.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra, Ximena ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvo la diputada señora Isasi Barbieri Marta

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación renovada, signada con el número 13, al artículo 23.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 54 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Mulet Martínez, Jaime ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra, Ximena ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 23.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 34 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación las indicaciones renovadas, signadas con el número 14, al artículo 25.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 62 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Palma Flores, Osvaldo ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el artículo 25.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 27 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar Carlos, Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvieron los diputados señores:

Delmastro Naso, Roberto ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez , Joaquín .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación la indicación, signada con el número 14 a), a los incisos primero y segundo del artículo 27.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 70 votos. Hubo una abstención.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvo el diputado señor García García René Manuel .

El señor LEAL (Presidente).-

En votación el inciso segundo del artículo 27, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 68 diputados en ejercicio, quórum de ley orgánica constitucional.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 31 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votó por la negativa el diputado señor Burgos Varela Jorge .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).

En votación el resto del artículo 27.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 27 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos, Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar las indicaciones renovadas, signadas con el número 15, al artículo 28.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 57 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Palma Flores, Osvaldo ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra, Ximena ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Alinco Bustos, René ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes , Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 28 original.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 10 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvieron los diputados señores:

Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Delmastro Naso, Roberto ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; Godoy Ibáñez , Joaquín ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Palma Flores , Osvaldo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar la indicación renovada, signada con el número 16, al artículo 33.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 68 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne , Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil, María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvieron los diputados señores:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar la indicación renovada, signada con el número 17, al artículo 33.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 61 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 33.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 30 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votó por la negativa el diputado señor Lobos Krause Juan .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar la indicación renovada, signada con el número 18, al artículo 35.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 69 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres , Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé , Rosauro ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar el artículo 35.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Delmastro , Naso Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvieron los diputados señores:

Chahuán Chahuán, Francisco ; García García, René Manuel .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar la indicación de la Comisión de Hacienda, mediante la cual el Ejecutivo propone agregar dos numerales al artículo 36, con excepción de las letras c) y d) del número 3).

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Araya Guerrero, Pedro ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Cardemil Herrera, Alberto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Dittborn Cordua, Julio ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lobos Krause, Juan ; Lorenzini Basso, Pablo ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Paya Mira, Darío ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Robles Pantoja, Alberto ; Rojas Molina, Manuel ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra , Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro , Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Patricio ; Ward Edwards, Felipe .

Votó por la negativa el diputado señor Errázuriz Eguiguren Maximiano .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar las letras c) y d) del número 3) del artículo 36.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobadas.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve , Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Soto González, Laura ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

Se abstuvieron los diputados señores:

García García, René Manuel ; Monckerberg Bruner, Cristián .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar la letra c) del número 3) del artículo 36, propuesto por la Comisión de Educación, para cuya aprobación requiere quórum de ley orgánica constitucional, es decir, 68 señoras y señores diputados en ejercicio.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 33 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Cristi Marfil, María Angélica ; Vargas Lyng, Alfonso .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cubillos Sigall, Marcela ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García García, René Manuel ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar el resto del artículo 36.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 29 abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Becker Alvear, Germán ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Díaz, Marcelo ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro, Ximena ; Walker Prieto , Patricio .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Rojas Molina, Manuel ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Vargas Lyng, Alfonso ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

Corresponde votar el inciso final del número 2) del artículo 37, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 68 señoras y señores diputados en ejercicio.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Araya Guerrero, Pedro ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Dittborn Cordua, Julio ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Forni Lobos, Marcelo ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lobos Krause, Juan ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monckeberg Díaz, Nicolás ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Paya Mira, Darío ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Robles Pantoja, Alberto ; Rojas Molina, Manuel ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Turres Figueroa, Marisol ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra , Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro , Ximena ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Patricio ; Ward Edwards, Felipe . El señor LEAL (Presidente).- Corresponde votar la indicación de la Comisión de Hacienda que suprime el artículo 38.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 16 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo, Enrique ; Aedo Ormeño, René ; Alinco Bustos, René ; Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro ; Araya Guerrero, Pedro ; Ascencio Mansilla, Gabriel ; Barros Montero, Ramón ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bertolino Rendic, Mario ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Burgos Varela, Jorge ; Bustos Ramírez, Juan ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Chahuán Chahuán, Francisco ; De Urresti Longton, Alfonso ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Del Río, Eduardo ; Díaz Díaz, Marcelo ; Dittborn Cordua, Julio ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Encina Moriamez, Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Errázuriz Eguiguren, Maximiano ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Latorre Carmona, Juan Carlos ; Leal Labrín, Antonio ; León Ramírez, Roberto ; Lorenzini Basso, Pablo ; Martínez Labbé, Rosauro ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Mulet Martínez, Jaime ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Olivares Zepeda, Carlos ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pacheco Rivas, Clemira ; Palma Flores, Osvaldo ; Paredes Fierro, Iván ; Pascal Allende, Denise ; Pérez Arriagada, José ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Saa Díaz , María Antonieta ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla, Roberto ; Sepúlveda Orbenes, Alejandra ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Súnico Galdames, Raúl ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valcarce Becerra, Ximena ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Vallespín López, Patricio ; Vargas Lyng, Alfonso ; Venegas Cárdenas, Mario ; Venegas Rubio, Samuel ; Verdugo Soto, Germán ; Vidal Lázaro , Ximena .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Arenas Hödar, Gonzalo ; Correa De La Cerda, Sergio ; Cristi Marfil , María Angélica ; Cubillos Sigall, Marcela ; Forni Lobos, Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Hernández Hernández, Javier ; Kast Rist, José Antonio ; Lobos Krause, Juan ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Ward Edwards, Felipe .

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado y despachado el proyecto.

Aplausos.

1.6. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 13 de diciembre, 2006. Oficio en Sesión 78. Legislatura 354.

VALPARAÍSO, 13 de diciembre de 2006

Oficio Nº 6525

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

“PROYECTO DE LEY:

LEY DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

TÍTULO I

RÉGIMEN DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

Párrafo 1°

Subvención Preferencial

Artículo 1º.-

Créase una subvención educacional denominada preferencial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los establecimientos educacionales subvencionados, que se impetrará por los alumnos prioritarios que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia y educación general básica.

Artículo 2º.-

Para los efectos de la aplicación de la subvención escolar preferencial se entenderá por prioritarios a los alumnos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.

La calidad de alumno prioritario será calificada por el Ministerio de Educación, directamente o a través de los organismos de su dependencia que éste determine, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Los alumnos cuya familia pertenezca al Sistema Chile Solidario tendrán la calidad de prioritarios por el solo ministerio de la ley.

b) Los alumnos de familias no comprendidas en la letra precedente serán considerados prioritarios, para los efectos de esta ley, cuando hayan sido caracterizados como indigentes por el instrumento de caracterización socioeconómica del hogar vigente.

c) Los alumnos de familias no comprendidas en las letras anteriores tendrán la calidad de prioritarios cuando sus padres o apoderados hubieren sido clasificados en el tramo A del Fondo Nacional de Salud.

d) Tratándose de alumnos cuyos hogares no cuenten con la caracterización socioeconómica de su hogar, de acuerdo con los instrumentos señalados precedentemente, o que no hayan quedado comprendidos en las letras anteriores, para los efectos de su calificación como prioritarios, se considerará, en orden sucesivo, los ingresos familiares del hogar, la escolaridad de la madre y, en su defecto, la del padre o apoderado con quienes viva el alumno, en la forma que establezca el reglamento.

La calidad de alumno prioritario será informada por el Ministerio de Educación a la familia de dicho alumno.

Artículo 3º.-

La forma de realizar la calificación de alumno prioritario será definida en un reglamento, mediante normas de carácter general, elaborado por el Ministerio de Educación, el cual llevará, además, la firma del Ministro de Hacienda.

Artículo 4º.-

Tendrán derecho a la subvención escolar preferencial los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en adelante “Ley de Subvenciones”, que impartan enseñanza regular diurna, cuyo sostenedor haya suscrito el convenio a que se refiere el artículo 7º. Esta subvención se pagará por los alumnos prioritarios matriculados en dichos establecimientos, según lo establecido en los artículos 14 y 15.

Artículo 5º.-

En todo lo no regulado expresamente en esta ley, la subvención escolar preferencial se regirá por las normas de los Títulos I y IV de la Ley de Subvenciones. La pérdida de los requisitos para percibir las subvenciones de dicha ley, y la privación o suspensión del pago de la misma, tendrán como efecto la suspensión o privación, según sea el caso, de la subvención preferencial y de los aportes regulados en esta ley.

Artículo 6º.-

Para que los establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 4º puedan impetrar el beneficio de la subvención escolar preferencial, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Eximir a los alumnos prioritarios de los cobros establecidos en el Título II de la Ley de Subvenciones, así como de cualquier cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento.

b) Aceptar a todos los alumnos que postulen al primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia y desde 1º hasta 4º año de la educación general básica, dentro de las capacidades autorizadas que tenga el establecimiento.

En el evento de que haya una cantidad de postulantes superior a la capacidad autorizada del establecimiento educacional, la incorporación de los alumnos se ceñirá estrictamente a un proceso de selección público y transparente, en el marco del proyecto educativo institucional a que alude la letra c) siguiente, el que en ningún caso podrá considerar la situación económica o social del postulante, su rendimiento escolar pasado o potencial, el estado civil, escolaridad o religión de los padres, origen étnico del postulante, ni otro criterio que permita la discriminación arbitraria de éste. En ese caso las vacantes sólo podrán asignarse por prioridad familiar o, en última instancia, por sorteo.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por prioridad familiar que el alumno postulante tenga hermanos matriculados o sea hijo de un docente o no docente del establecimiento educacional.

c) Informar a los padres y apoderados del proyecto educativo institucional y del reglamento interno del establecimiento, entendiéndose que al concretarse la postulación hay una aceptación de los padres y apoderados a dicho proyecto y reglamento interno.

d) Retener en el establecimiento a los alumnos prioritarios con bajo rendimiento académico e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar su rendimiento escolar, no pudiendo excluir alumnos por razones académicas.

e) Destinar los aportes que contempla esta ley a la implementación de las medidas comprendidas en el plan de mejoramiento educativo en beneficio de los alumnos prioritarios.

Artículo 7º.-

Para incorporarse al régimen de la subvención escolar preferencial, los sostenedores deberán suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, por el establecimiento educacional correspondiente. Dicho convenio abarcará un período mínimo de cuatro años, que podrá renovarse por períodos iguales.

Mediante este convenio, el sostenedor se obligará a los siguientes compromisos esenciales:

a) Presentar anualmente al Ministerio de Educación y a la comunidad escolar un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en esta ley. Dicho informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esta ley.

b) Acreditar el funcionamiento efectivo del Consejo Escolar, del Consejo de Profesores y del Centro General de Padres y Apoderados, el que no requerirá gozar de personalidad jurídica.

c) Acreditar la existencia de horas docentes destinadas a cumplir la función técnico-pedagógica en el establecimiento y asegurar el cumplimiento efectivo de las horas curriculares no lectivas.

d) Presentar al Ministerio de Educación y cumplir un Plan de Mejoramiento Educativo elaborado con la comunidad del establecimiento educacional, que contemple acciones desde prekinder hasta octavo básico en las áreas de gestión del currículum, liderazgo escolar, convivencia escolar o gestión de recursos en la escuela, de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.

e) Establecer y cumplir las metas de efectividad del rendimiento académico de sus alumnos, y en especial de los prioritarios, concordadas con el Ministerio de Educación, en función de los resultados que se obtengan por aplicación del sistema de evaluación nacional a que se refiere el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, de acuerdo a lo establecido en el decreto a que se refiere el artículo 10.

f) En el caso de los sostenedores municipales, señalar en el convenio cuál ha sido el aporte promedio en los últimos tres años e indicar cuál será el aporte mínimo que entregará anualmente el municipio a cada uno de los establecimientos que reciba subvención preferencial.

g) Cumplir con cada una de las obligaciones que impone esta ley, según la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento.

h) Informar a los padres y apoderados del alumnado del establecimiento sobre la existencia de este convenio, con especial énfasis en las metas fijadas en materia de rendimiento académico.

i) Cautelar que los docentes de aula presenten al director del establecimiento, dentro de los primeros quince días del año escolar, una planificación educativa anual de los contenidos curriculares.

j) Contar en su malla curricular con actividades artísticas y/o culturales y deportivas que contribuyan a la formación integral de los alumnos.

En el caso de los establecimientos educacionales municipales, el convenio antes referido pasará a formar parte de los compromisos de gestión a que se refiere el artículo 70 bis del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación.

Artículo 8º.-

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra d) del artículo anterior, el sostenedor deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo que incluya orientaciones y acciones en cada una de las áreas o dimensiones señaladas a continuación:

1. Acciones en el área de gestión del currículum, tales como fortalecimiento del proyecto educativo; mejoramiento de las prácticas pedagógicas; apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales; mejoramiento de los sistemas de evaluación de los alumnos; modificación del tamaño de cursos o contar con profesores ayudantes; apoyos a alumnos rezagados en sus aprendizajes y desarrollo personal; giras y visitas a lugares funcionales al cumplimiento de los objetivos educativos, entre otras.

2. Acciones en el área de liderazgo escolar, tales como fortalecimiento del Consejo de Profesores; participación en el establecimiento de personalidades de la vida cultural y científica y de profesionales o dirigentes de la sociedad local o nacional; proyección de la escuela en la comunidad; fortalecimiento de la formación valórica y cívica de los alumnos, entre otras.

3. Acciones en el área de convivencia escolar, tales como apoyo psicológico y de asistencia social a los alumnos y a sus familias; mejoramiento de la convivencia y gestión del clima escolar; fortalecimiento del Consejo Escolar; fortalecimiento de las familias y de los apoderados en el vínculo educativo y afectivo con los alumnos y la escuela; apoyos a los aprendizajes de todos los alumnos, entre otras.

4. Acciones en el área de gestión de recursos, tales como la definición de una política de perfeccionamiento para los docentes del establecimiento, destinada a fortalecer aquellas áreas del currículo en que los alumnos han obtenido resultados educativos insatisfactorios, y establecimiento de sistemas de evaluación de los docentes, esto último en el caso de los establecimientos particulares subvencionados; fortalecimiento de los instrumentos de apoyo a la actividad educativa, tales como biblioteca escolar, computadores, Internet, talleres, sistemas de fotocopia y materiales educativos, entre otras.

Tratándose de establecimientos educacionales emergentes y en recuperación de conformidad a lo establecido en el artículo 9º, deberán incluir las acciones comprometidas en el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales emergentes a que hace referencia el artículo 18 y en el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en recuperación a que se refiere el artículo 25, respectivamente.

El Ministerio de Educación entregará orientaciones y apoyo para elaborar el Plan de Mejoramiento Educativo y podrá hacer recomendaciones para mejorar dicho Plan. Asimismo, entregará orientaciones para la ejecución de las acciones antes señaladas y realizará su seguimiento y evaluación anualmente, por sí o a través de entidades acreditadas incluidas en el registro del artículo 29.

Artículo 9º.-

Los establecimientos educacionales adscritos al régimen de subvención escolar preferencial serán clasificados en alguna de las siguientes categorías:

a) Establecimientos Educacionales Autónomos con evaluación del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas: aquellos que hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

b) Establecimientos Educacionales Emergentes con apoyo a la Dirección del establecimiento de parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas: aquéllos que no hayan mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos de sus alumnos de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del citado decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

c) Establecimientos Educacionales en Recuperación con apoyo integral a su desarrollo y funcionamiento por parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas: aquellos que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del citado decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos.

Los establecimientos educacionales que postulen al régimen de subvención escolar preferencial serán clasificados en las categorías de las letras a), b) o c) del inciso precedente, en la oportunidad de que trata el artículo 12.

Los establecimientos educacionales nuevos podrán incorporarse al régimen de subvención escolar preferencial cuando cuenten con dos mediciones de acuerdo a los instrumentos mencionados, salvo que, a juicio del Ministerio, existan antecedentes suficientes para considerar que reúnen las condiciones para dar una educación de calidad a sus alumnos vulnerables.

Artículo 10.-

Los estándares nacionales y los criterios específicos para la calificación de los resultados educativos a que se refiere el artículo anterior se establecerán mediante decreto supremo del Ministerio de Educación y deberán ser actualizados a lo menos cada 5 años.

El procedimiento para la determinación y verificación de los resultados educativos, para los efectos de esta ley, será establecido en el reglamento. La calificación de los resultados educativos deberá aplicarse desde el primer año de subvención preferencial y en todos los niveles desde 1º a 8º básico.

Artículo 11.-

Con el objeto de permitir la clasificación en las categorías que señala el artículo 9º, de aquellos establecimientos cuya matrícula de 4° y 8º básico, según corresponda, sea insuficiente para efectos de realizar inferencias estadísticas confiables acerca de sus resultados educativos, medidos conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.962, el Ministerio de Educación adecuará el mecanismo de evaluación antes referido para las características de estos establecimientos.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación considerará las características de los establecimientos educacionales rurales uni, bi o tri docentes, así como de aquellos multigrado o en situación de aislamiento, con el fin de orientar la elaboración del Plan de Mejoramiento Educativo de dichos establecimientos y brindarles apoyo y supervisión pedagógica especial, acorde con sus necesidades, ya sea otorgada por sí o mediante entidades pedagógicas y técnicas de apoyo registradas.

El Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que establece el artículo 7º, tratándose de los establecimientos educacionales de los incisos precedentes, deberá incluir, en aquellos casos en que sea posible, la obligación de funcionar como conjunto sistémico y articulado, o en red, con otros establecimientos de similares características y cercanía geográfica, conforme con los procedimientos que se establezcan en el reglamento.

Artículo 12.-

La postulación para ingresar al régimen de subvención escolar preferencial se realizará en el mes de agosto de cada año en la correspondiente Secretaría Regional Ministerial de Educación, para incorporarse a dicho régimen a partir del año escolar siguiente.

La Secretaría Regional Ministerial de Educación, durante los meses de septiembre y octubre, conforme lo disponga el reglamento, analizará la situación de cada establecimiento educacional que haya postulado y procederá a su clasificación en la categoría que corresponda, de acuerdo al artículo 9º. Cuando esa clasificación hubiere ocurrido previamente, según lo establece el artículo 66 de la Ley de Subvenciones, ésta será considerada como antecedente para los efectos de la postulación.

Con todo, si la Secretaría Regional Ministerial de Educación no emite pronunciamiento en cuanto a la clasificación de los establecimientos educacionales dentro del mes de octubre a que se refiere el inciso anterior, el establecimiento podrá solicitar que los antecedentes sean elevados ante el Subsecretario de Educación, quien deberá resolver dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de los antecedentes.

Artículo 13.-

La resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación que establezca la clasificación indicada en el artículo 9º, será notificada en forma personal o mediante carta certificada al postulante, y podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de la notificación.

Artículo 14.-

La subvención escolar preferencial tendrá el siguiente valor unitario mensual por alumno prioritario, expresado en unidades de subvención educacional (USE), según la categoría del establecimiento educacional establecida en la resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación de acuerdo al artículo 9º:

Artículo 15.-

Los sostenedores de establecimientos educacionales clasificados como autónomos o emergentes percibirán mensualmente la subvención escolar preferencial establecida en esta ley. Su monto se determinará multiplicando el valor que corresponda conforme al artículo anterior por la asistencia media promedio de los alumnos prioritarios durante los tres meses precedentes al pago.

En los meses no comprendidos en el año escolar y en el primer mes del año referido, se empleará el procedimiento establecido en los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la Ley de Subvenciones, aplicado a los alumnos prioritarios. Asimismo, respecto a la suspensión de clases o actividades escolares por un mes calendario, se aplicará lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo citado.

El procedimiento de cálculo de la subvención a que se refieren los incisos anteriores, será aplicable para el cálculo de los aportes a establecimientos educacionales emergentes que establece esta ley.

Artículo 16.-

Los establecimientos incorporados a este régimen de subvención serán sometidos por el Ministerio de Educación a una supervisión y apoyo permanentes de su desempeño en los aspectos pedagógicos y a un control del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta ley, de acuerdo a los procedimientos, periodicidad e indicadores que especifique su reglamento.

Los resultados de la evaluación del tercer o anteriores años, según corresponda a la categoría en que se encuentre el establecimiento, serán notificados durante el año escolar siguiente a la última medición usada para la evaluación. Esta nueva clasificación se hará efectiva a contar del año escolar inmediatamente siguiente al de la notificación. Durante el año de la reclasificación, el establecimiento mantendrá la anterior categoría.

Párrafo 2°

Establecimientos Educacionales Autónomos con evaluación del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas

Artículo 17.-

En los establecimientos autónomos se evaluará el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, en especial la de retención de los alumnos prioritarios con dificultades académicas y la de cumplimiento de los logros académicos de todos los alumnos, conforme a los resultados obtenidos en las mediciones de carácter nacional aplicados al 4° y 8º año de educación general básica, según corresponda, durante el periodo a que se refiere el artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación.

La evaluación de estos establecimientos, según los logros académicos antes referidos, se realizará por el Ministerio de Educación al menos cada 3 años.

Si el resultado de esa evaluación, en lo referido a los logros académicos, indica que han cumplido con las obligaciones del inciso anterior, mantendrán la categoría de Autónomos. En caso contrario, dichos establecimientos pasarán a la categoría de Emergentes o de Establecimientos en Recuperación a que se refiere el párrafo 4° de este Título.

Párrafo 3°

Establecimientos Educacionales Emergentes con apoyo a la Dirección del establecimiento de parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas

Artículo 18.-

El sostenedor del establecimiento educacional clasificado como emergente deberá cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el artículo 8º y asumir los compromisos adicionales que a continuación se indican, los que, una vez suscritos, quedarán incorporados al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa:

1. Elaborar durante el primer año un Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales emergentes que profundice el Plan presentado de acuerdo al artículo 8º, el que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Educación, para ser ejecutado en un plazo máximo de 4 años.

Este Plan deberá contener al menos:

a) Un diagnóstico de la situación inicial del establecimiento y del proceso de enseñanza y aprendizaje de todos sus alumnos, así como una evaluación respecto de los recursos humanos, técnicos y materiales con que cuenta el establecimiento.

b) Un conjunto de metas de resultados educativos a ser logrados en el transcurso de la ejecución del Plan. En todo caso, al cumplirse el plazo de ejecución del Plan, el establecimiento educacional deberá lograr los estándares nacionales.

2. Coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas psicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios.

3. Establecer actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar.

Artículo 19.-

Los establecimientos educacionales clasificados como Emergentes tendrán derecho a percibir, para el diseño y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo para emergentes a que se refiere el artículo anterior, un aporte adicional de recursos para contribuir al financiamiento de dicho Plan, que será objeto de un convenio complementario.

Para la implementación del Plan a que se refiere el inciso anterior, los establecimientos allí señalados podrán utilizar los recursos adicionales para contratar servicios de apoyo de una entidad externa con capacidad técnica al respecto, la que en todo caso deberá estar incluida en el registro indicado en el artículo 29.

La suma anual de los recursos que reciban los establecimientos emergentes por la aplicación de la letra B del artículo 14 y el aporte adicional a que se refiere este artículo, será equivalente a lo que le correspondería recibir al mismo establecimiento si éste estuviera en la categoría de Autónomo, por los niveles que se especifican en el inciso siguiente.

Este aporte adicional será de 0,7 USE por los alumnos que cursen desde el primer y segundo año de transición de la educación parvularia y hasta el 4º año de la educación general básica; de 0,465 USE en el caso de los alumnos que cursen 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,235 USE por los alumnos que cursen 7º y 8º año de la educación general básica.

No obstante lo anterior, durante el primer año de vigencia del convenio se entregará a los sostenedores de los establecimientos educacionales que no cuenten con un plan aprobado por el Ministerio de Educación, un tercio del aporte adicional mensual a que se refiere el inciso anterior, para financiar la obligación establecida en el Nº 1 del artículo 18, recibiendo del Ministerio de Educación los dos tercios restantes una vez que sea aprobado el Plan de Mejoramiento Educativo, pagándose éste último con efecto retroactivo calculado desde el mes siguiente al acto de aprobación del convenio a que se refiere el artículo 7º.

A contar del segundo año de vigencia del convenio, el aporte a que se refiere el inciso cuarto se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han efectuado conforme al Plan de Mejoramiento Educativo aprobado.

De la resolución a que se refiere el inciso anterior podrá apelarse dentro de los quince días hábiles siguientes a su emisión, ante el Subsecretario de Educación, disponiendo éste de igual plazo para pronunciarse sobre la apelación.

El reglamento a que alude el artículo 3° establecerá el modo y la oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas.

Mediante decreto del Ministerio de Educación, que llevará además la firma del Ministro de Hacienda, se fijará anualmente el monto en pesos del aporte adicional y de las proporciones de dicho aporte a que se refieren los incisos cuarto y quinto.

Artículo 20.-

El Ministerio de Educación realizará una supervisión pedagógica a los establecimientos emergentes que desarrollan su Plan de Mejoramiento Educativo.

Asimismo, el Ministerio de Educación evaluará anualmente el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa por el sostenedor para cada establecimiento educacional emergente, debiendo entregar su informe al respectivo establecimiento.

Artículo 21.-

Si las evaluaciones señaladas en el artículo anterior, en lo referido a logros académicos, indican que un establecimiento educacional emergente ha alcanzado los estándares nacionales de la categoría de establecimientos autónomos a que se refiere el artículo 10, el sostenedor podrá solicitar al Ministerio de Educación que dicho establecimiento sea clasificado en esta categoría, debiendo el Ministerio responder dentro del plazo de quince días hábiles, transcurrido el cual, si no lo hiciere, se entenderá aceptada la solicitud, conforme al procedimiento que para este efecto fije el reglamento de esta ley.

Párrafo 4°

Establecimientos Educacionales en Recuperación con apoyo integral a su desarrollo y funcionamiento por parte del Ministerio de Educación o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo registradas

Artículo 22.-

El Ministerio de Educación, mediante resolución del Secretario Regional Ministerial de Educación, clasificará como Establecimientos Educacionales en Recuperación a aquellos establecimientos incorporados al régimen de la presente ley que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos, de acuerdo a los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, y de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para los establecimientos educacionales emergentes. Se entenderá por resultados reiteradamente deficientes el no cumplir con los estándares nacionales considerando a lo menos las últimas tres mediciones realizadas de acuerdo a lo señalado en el artículo 10.

También serán clasificados en la categoría de Establecimientos Educacionales en Recuperación los establecimientos emergentes que, en el plazo de un año contado desde la suscripción del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, no cuenten con el Plan de Mejoramiento Educativo señalado en el artículo 18. Igual clasificación recibirán aquellos establecimientos educacionales emergentes que, teniendo un Plan aprobado, no lo apliquen, situación que será verificada por el Ministerio de Educación, mediante resolución fundada, en la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo 20.

La clasificación de un establecimiento en la categoría en Recuperación podrá ser efectuada a partir del segundo semestre del primer año de suscrito el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, salvo que se trate de un establecimiento que deba entrar en esta categoría de conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

El establecimiento que sea clasificado en la categoría en Recuperación mantendrá dicha clasificación y estará sujeto a las obligaciones que esta ley impone a dichos establecimientos por tres años contados desde el año escolar siguiente a aquél en que fue clasificado en tal categoría.

Artículo 23.-

La resolución que clasifique a un establecimiento educacional en la categoría en Recuperación, conforme a lo señalado en el artículo anterior, pondrá término al derecho a impetrar la subvención preferencial por parte del sostenedor del establecimiento, a partir del año escolar siguiente, sin perjuicio del aporte a que se refiere el artículo 26.

Dicha resolución será notificada en forma personal o mediante carta certificada al sostenedor y podrá ser apelada ante el Subsecretario de Educación dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la fecha de su notificación.

Artículo 24.-

Las escuelas que sean clasificadas en Recuperación, en relación con lo establecido en el artículo 22, y que hayan apelado de ello de conformidad al articulo 23, serán evaluadas por un panel de expertos con el objetivo de emitir un informe respecto de dicha clasificación, el cual deberá ser considerado por el Subsecretario de Educación al resolver la apelación. Este panel tomará en cuenta los antecedentes de las escuelas evaluadas y otros relevantes a juicio del panel.

Este panel estará conformado por tres expertos, designados uno por el Ministerio de Educación, otro por el sostenedor del establecimiento y otro por una entidad evaluadora externa de aquellas a que se refiere el artículo 29.

Artículo 25.-

Los sostenedores de los establecimientos educacionales en Recuperación deberán cumplir con el Plan de Mejoramiento Educativo establecido en el artículo 8º. Además, tendrán las siguientes obligaciones:

1) Lograr los estándares nacionales correspondientes a la categoría Emergentes en un plazo máximo de tres años a partir del año escolar siguiente al de la resolución del artículo anterior, mejorando el rendimiento académico de los alumnos prioritarios.

2) Cumplir el Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en Recuperación que establezca un equipo tripartito conformado por un representante del Ministerio de Educación, por el sostenedor, o un representante que éste designe, y por una entidad externa con capacidad técnica sobre la materia, de aquellas incorporadas en el registro a que se refiere el artículo 29.

Dicho plan surgirá de un Informe de Evaluación de la Calidad Educativa del establecimiento, propuesto por la entidad externa antes referida.

El Plan de Mejoramiento Educativo para establecimientos educacionales en Recuperación abarcará tanto el área administrativa y de gestión del establecimiento como el proceso de enseñanza y aprendizaje y sus prácticas, y deberá estar elaborado antes del inicio del año escolar siguiente al de la dictación de la resolución a que se refiere el artículo 22.

3) Aplicar las medidas de reestructuración contenidas en el Plan.

En caso de proponerse la reestructuración del equipo de docentes directivos, técnico-pedagógicos o de aula, a fin de superar las deficiencias detectadas por el Informe de Evaluación de la Calidad Educativa en el personal del establecimiento educacional, el sostenedor deberá aplicar alguna o algunas de las siguientes medidas, sin que ninguna de ellas pueda considerarse como menoscabo para los docentes:

a) Redestinación de tareas y/o funciones.

b) Destinación del docente a otro establecimiento del mismo sostenedor que tenga la calificación de Autónomo o Emergente.

c) Desarrollo de planes de superación profesional para los docentes, pudiendo recurrirse para ello a la totalidad o parte de la jornada laboral contratada.

Artículo 26.-

Para diseñar y llevar a cabo las actividades señaladas en el artículo anterior, el Ministerio de Educación dispondrá de un aporte económico extraordinario para los sostenedores de los establecimientos educacionales declarados en Recuperación a que se refiere el artículo 22.

La suma anual de este aporte extraordinario será equivalente al monto que le correspondería al establecimiento educacional si se le aplicara la subvención establecida en la letra A del artículo 14, por el promedio de los alumnos prioritarios matriculados en los niveles correspondientes en el primer trimestre del año escolar, considerando el porcentaje de la asistencia media efectiva de los alumnos prioritarios registrada en los meses del año escolar inmediatamente anterior.

Estos recursos deberán ser aplicados a medidas de mejoramiento contenidas en el Plan mencionado en el artículo anterior. La rendición de estos recursos deberá ser visada por la entidad externa.

Este aporte será entregado en cuotas mensuales, iguales y sucesivas; será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique, mediante resolución fundada, que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan aprobado.

En todo caso, un alumno prioritario que se traslade durante el año escolar de un establecimiento en Recuperación a cualquier otro, no dará derecho a impetrar la subvención escolar preferencial ni los aportes de los artículos 19 y 26 en el nuevo establecimiento, durante ese año.

El reglamento a que alude el artículo 3º establecerá el modo y la oportunidad de rendición de cuentas y los medios de verificación de la ejecución de las acciones comprometidas.

Durante el primer año de incorporación de un establecimiento educacional al régimen de subvención escolar preferencial, el aporte a que se refiere el inciso primero será determinado según la fórmula establecida en el inciso segundo, dividido por doce y multiplicado por el número de meses que resten del año, contados desde el mes siguiente a la firma del convenio complementario.

Artículo 27.-

Si concluido el plazo de tres años establecido en el Nº 1 del artículo 25, el establecimiento educacional en Recuperación alcanza los objetivos planteados con la reestructuración será clasificado como Emergente o Autónomo, según corresponda. Esta clasificación tendrá efecto a partir del año escolar siguiente.

Por otra parte, si el establecimiento en Recuperación no logra dichos objetivos en el plazo indicado, podrá el Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial. Dicha resolución será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación y notificada al sostenedor por carta certificada.

Procederá recurso de apelación ante el Subsecretario de Educación, en el plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la resolución.

Párrafo 5°

Responsabilidades del Ministerio de Educación

Artículo 28.-

La administración del régimen de la subvención escolar preferencial estará a cargo del Ministerio de Educación.

En tal virtud, le corresponderá:

a) Clasificar a los establecimientos educacionales en las categorías del artículo 9º e informar de ello a los establecimientos, a los Consejos Escolares, a los padres y apoderados, a la comunidad escolar y al público en general;

b) Suscribir los convenios de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa y los convenios complementarios, y verificar su cumplimiento;

c) Efectuar la supervisión de la ejecución de los planes de mejoramiento educativo a que se refieren los artículos 8º, 18 y 25, y del cumplimiento del convenio del artículo 7º, informando de ello al sostenedor del establecimiento;

d) Determinar los instrumentos y la oportunidad en que se verificará el cumplimiento de los compromisos contraídos por los establecimientos educacionales que forman parte del régimen de la subvención preferencial;

e) Realizar una supervisión y dar apoyo pedagógico permanente a los establecimientos clasificados como Emergentes o en Recuperación, lo cual podrá efectuarse en forma directa o por medio de organismos externos habilitados para ejercer esta función;

f) Proponer planes y metodologías de mejoramiento educativo a los sostenedores;

g) Establecer la forma y periodicidad en que los sostenedores de establecimientos educacionales deberán informar al Consejo Escolar y a los padres y apoderados sobre la situación de los establecimientos bajo el régimen de subvención escolar preferencial, especialmente respecto de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los mismos;

h) Formar e integrar el equipo tripartito que se señala en el artículo 25;

i) Aplicar las sanciones referidas en el artículo 34, y

j) Realizar todas las demás acciones necesarias para el cumplimiento y fines de esta ley.

Artículo 29.-

El Ministerio de Educación elaborará un Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, las que podrán ser personas naturales o jurídicas y estarán habilitadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo a que se refieren los artículos 8º, 18 y 25; para lo indicado en el artículo 19 y para todas las demás funciones señaladas en el artículo 25.

El registro podrá contemplar categorías según las especialidades técnicas de las entidades, pudiendo éstas optar a todas o sólo a algunas de ellas.

El reglamento determinará los requisitos que deberán cumplir las personas y entidades para el ingreso y permanencia en el registro o subregistros de especialidades que se creen; el procedimiento de selección de las mismas; el tiempo de duración en el registro y las causales que originan la salida de éste, a fin de asegurar la calidad técnica y especialidad de dichas entidades. El Ministerio de Educación deberá mantener este registro con información actualizada sobre la asesoría proporcionada a los establecimientos educacionales adscritos al régimen de subvención preferencial.

El establecimiento educacional que requiera la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo, conforme a lo señalado en el inciso primero, podrá elegir entre las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo que formen parte del registro a que se refiere el citado inciso, oyendo al Ministerio de Educación.

Los sostenedores de zonas geográficas contiguas o de similares características podrán asociarse entre sí para recibir apoyo técnico de una misma entidad registrada.

Los honorarios de cada entidad pedagógica y técnica de apoyo serán pagados por el sostenedor que requiera sus servicios.

Las entidades registradas que presten asesoría a los establecimientos educacionales Emergentes y en Recuperación, y que reiteradamente obtengan resultados insatisfactorios de conformidad a lo establecido en el reglamento de la presente ley, podrán ser eliminadas del Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.

Regirán respecto de estas personas y entidades las inhabilidades de los artículos 54 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Artículo 30.-

El Ministerio de Educación entregará anualmente a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados un informe describiendo las acciones y evaluando los avances en cada uno de los establecimientos educacionales con más de quince por ciento de alumnos prioritarios, y los aportes educativos y de todo tipo que haya efectuado la instancia responsable de dicho Ministerio.

Párrafo 6º

Responsabilidades de la dirección de los establecimientos

Artículo 31.-

La dirección de los establecimientos educacionales deberá llevar un libro diario de ingresos y gastos.

En los ingresos deberán incluirse todas las transferencias del Ministerio de Educación, de la municipalidad o de otras fuentes.

En los gastos deberán incluirse los sueldos y demás desembolsos por concepto de mantención, adquisición de materiales, giras de estudio, u otros.

Artículo 32.-

Los miembros del equipo directivo del establecimiento (director, subdirector, inspector general, jefe de unidad técnico-pedagógica y otros, si los hubiere) deberán impartir a lo menos cuatro horas semanales de clases de aula.

Párrafo 7º

De las Infracciones y Sanciones

Artículo 33.-

Son infracciones graves a la presente ley, además de las consignadas en la oración final de la letra c) del inciso segundo y en el inciso tercero del artículo 50 de la Ley de Subvenciones.

1) El incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 6º y de los compromisos esenciales señalados en el artículo 7º;

2) El incumplimiento de los compromisos adicionales establecidos en el artículo 18 para los establecimientos educacionales emergentes, y

3) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 para los establecimientos educacionales en recuperación.

Artículo 34.-

Las infracciones a la presente ley serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Subvenciones y mediante el procedimiento establecido en el artículo 53 de dicha ley.

Las multas y retenciones que se apliquen en virtud de la presente ley lo serán respecto de las subvenciones y aportes de esta ley y de aquéllas de la Ley de Subvenciones.

Artículo 35.-

En todo lo no previsto en este párrafo, en materia de infracciones, retenciones, descuentos y sanciones se aplicarán las normas del Título IV de la Ley de Subvenciones.

TÍTULO II

OTRAS NORMAS

Artículo 36.-

Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación:

1) Sustitúyese, en todas sus disposiciones, la mención “Educación Parvularia (segundo nivel de transición)” por “Educación Parvularia (primer y segundo nivel de transición)”.

2) Modifícase el artículo 2º en el siguiente sentido:

a) Intercálase en el inciso segundo, entre las expresiones “ante el Estado” y “la responsabilidad” la expresión “y la comunidad escolar”.

b) Sustitúyese su inciso tercero por los siguientes:

“El sostenedor o su representante legal deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Contar, a lo menos, con titulo profesional de al menos 8 semestres.

b) No estar inhabilitado para ser sostenedor por haber cometido algunas de las infracciones graves señaladas en el artículo 50 de la presente ley.

c) No haber sido condenado por crimen o simple delito.

Tratándose de una persona jurídica, cada uno de sus socios, representantes legales, gerentes, administradores o directores, deberán cumplir con los requisitos señalados en el inciso anterior.

Además, serán solidariamente responsables ante los padres y apoderados de las obligaciones civiles que se deriven por cobros indebidos realizados por el establecimiento educacional a éstos.”.

3) Agrégase a la letra f) del artículo 6º el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual segundo a ser tercero:

“Si el sostenedor es una persona jurídica, ninguno de sus socios, directores o miembros, en su caso, podrá tener obligaciones pendientes derivadas de cobros indebidos a padres o apoderados o deudas laborales o previsionales, originadas por la prestación de servicios educacionales realizados con anterioridad, sea que haya sido sostenedor persona natural, o socio, director o miembro de la persona jurídica que detentaba la calidad de sostenedor de la o las administraciones en que nacieron las obligaciones que se encuentran pendientes.”.

4) Modifícase el artículo 50 en el siguiente sentido:

a) Agrégase en el inciso segundo, a continuación de la letra d), la siguiente letra e) nueva:

“e) Incumplimiento de la obligación de informar prevista en los artículos 64 y 65;”;

b) Agrégase, en el inciso tercero, a continuación de la letra h), la siguiente letra i) nueva:

“i) Permanecer dos años a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificado en la categoría de establecimiento con Necesidad de Medidas Especiales, de conformidad a lo establecido en el artículo 66, sin haber aplicado las medidas propuestas por el Ministerio de Educación para superar dicha categoría.”.

5) Sustitúyese el inciso primero del artículo 52 por el siguiente:

“Las sanciones consistirán en:

a) Multas, las que no podrán ser inferiores a un cinco por ciento ni exceder del cincuenta por ciento de una unidad de subvención educacional por alumno matriculado a la fecha en que se incurre en la infracción.

b) Privación de la subvención, que puede ser total o parcial, definitiva o temporal.

En caso de privación temporal, ésta no podrá exceder de doce meses consecutivos.

c) Revocación del reconocimiento oficial, y

d) Inhabilidad temporal o perpetua del sostenedor para mantener o participar de cualquier forma en la administración de establecimientos educacionales subvencionados, la que en el caso del sostenedor que sea persona jurídica se entenderá aplicada a sus socios, representantes legales, gerentes, administradores y directores.”.

6) Agrégase en el artículo 52 al final de su inciso tercero lo siguiente:

“El Ministerio de Educación llevará un registro actualizado de los sostenedores y de los representantes legales, directores, socios o miembros de sostenedores personas jurídicas que hayan sido inhabilitados por aplicación de esta ley.”.

7) En el artículo 53, agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

“Una vez notificado el sostenedor o su mandatario de la resolución que ordena instruir proceso, el Secretario Regional Ministerial de Educación podrá, como medida precautoria, ordenar, mediante resolución fundada, la retención inmediata, ya sea total o parcial, del pago de la subvención, atendida la naturaleza y cuantía de la presunta infracción.”.

8) Agréganse los siguientes artículos 64, 65, 66 y 67:

“Artículo 64.- Para los efectos de esta ley, el Ministerio de Educación mantendrá una base de datos que contendrá la información relevante de todos los establecimientos educacionales subvencionados necesaria para que los Consejos Escolares y los padres y apoderados, así como la comunidad escolar, puedan formarse una apreciación respecto al aporte del establecimiento al aprendizaje de sus alumnos.

Esta base será pública y de libre acceso para todo el que tenga interés en consultarla.

Los sostenedores deberán proporcionar toda la información solicitada por el Ministerio de Educación necesaria para la mantención de esta base de datos, y en especial aquella información mencionada en el artículo 8º de la ley Nº 19.979.

Un reglamento fijará la forma y modalidad en que deberá llevarse la base de datos, junto con la periodicidad, manera de actualización y la información que ésta deberá contener.

Artículo 65.-

A partir de la información contenida en la base de datos establecida en el artículo anterior, el Ministerio de Educación elaborará una Ficha Escolar que resumirá la información relevante para los fines establecidos en el artículo anterior de cada establecimiento escolar sujeto a esta ley.

La Ficha Escolar será distribuida a los respectivos establecimientos educacionales, y será obligación de éstos su entrega a los padres y apoderados y también a los postulantes al establecimiento.

La información a que se refiere el inciso precedente estará siempre a disposición de cualquier interesado.

El reglamento determinará la periodicidad, modalidad e información que deberá contener la Ficha Escolar.

Artículo 66.-

El Ministerio de Educación, de acuerdo a la información contenida en la base de datos a que se refiere el artículo 64, deberá clasificar a todos los establecimientos subvencionados del país, participen o no en el Régimen de Subvención Preferencial, según las diversas características que establezca el reglamento. Dicha clasificación deberá contemplar una categoría de Establecimientos con Necesidad de Medidas Especiales que incluirá a aquellos que hayan obtenido resultados reiteradamente deficientes en el rendimiento de sus alumnos en función de los estándares nacionales que se establezcan para tal efecto en el decreto a que se refiere el artículo 8º de la Ley de Subvención Escolar Preferencial.

Para determinar la clasificación de los establecimientos se deberán considerar los resultados de aprendizaje de sus alumnos, medidos a través de los instrumentos diseñados por el Ministerio de Educación para tal efecto. El número de mediciones en las cuales se muestren dichos resultados en ningún caso podrá ser inferior a dos.

Por decreto supremo, expedido a través del Ministerio de Educación, se determinarán los criterios y el procedimiento de clasificación de los establecimientos educacionales de que trata este artículo.

Asimismo, dicho decreto supremo establecerá los plazos en que los establecimientos educacionales serán sometidos a evaluaciones sucesivas que permitan reclasificarlos en otra categoría, si fuese procedente.

La resolución que clasifique a los establecimientos educacionales será dictada por el Secretario Regional Ministerial de Educación correspondiente.

De dicha resolución podrá apelarse ante el Subsecretario de Educación, en un plazo de 15 días contado desde la notificación de la resolución que determina la categoría en que es clasificado un establecimiento educacional.

Artículo 67.-

En el caso de los Establecimientos Educacionales con Necesidades de Medidas Especiales señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Educación podrá proponer, anualmente, medidas para que dichos establecimientos superen esa categoría.

Los establecimientos que impartan a lo menos hasta cuarto año de educación general básica que permanezcan más de dos años en esta categoría a contar del año escolar siguiente al de haber sido clasificados, perderán el derecho a impetrar toda subvención, a menos que asuman las obligaciones y adopten las medidas establecidas en el artículo 22 de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, caso en el cual tendrán derecho de recibir los apoyos establecidos en el párrafo 4º de la misma ley.”.

Artículo 37.-

Modifícase el artículo 72 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, que aprueba el Estatuto de los Profesionales de la Educación, en el siguiente sentido:

1) Elimínase, en la letra b), la frase “o incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función”.

2) Introdúcese la siguiente letra c), nueva, pasando la actual a ser d), y así sucesivamente:

“c) Por incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas.

Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada del docente faltar sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días en igual periodo, y por impuntualidades reiteradas cuando éstas excedan el uno por ciento del total de horas contratadas semanalmente, según el modo de cómputo que establezca el reglamento.

La solicitud de remoción de un docente por esta causal deberá presentarse ante el Concejo por el Alcalde, por el Jefe del Departamento de Administración Educacional Municipal o por el Director del establecimiento, acompañando un informe fundado. El Concejo deberá pronunciarse dentro del plazo de quince días, debiendo contar con la aprobación de los dos tercios de sus miembros.”.

Artículo 38.-

El mayor gasto fiscal que representen las subvenciones a que se refiere el artículo 14, el aporte adicional a que se refiere el artículo 19 y el aporte económico extraordinario del artículo 26, se financiará con cargo a los recursos que contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público. El mayor gasto que represente esta ley para el Ministerio de Educación, por sobre la subvención y aportes anteriormente señalados, se financiará con cargo a reasignaciones del presupuesto de dicho Ministerio.

Artículos Transitorios

Artículo primero.- Los establecimientos que postulen y se incorporen al régimen de subvención preferencial durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, podrán ser clasificados en la categoría de Autónomos en la oportunidad que señala el artículo 12, si cumplen los siguientes requisitos relacionados con los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los 4° básicos por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Educación, esto es:

a) Que su puntaje promedio como establecimiento sea mayor que el puntaje promedio del establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

b) Que el porcentaje de alumnos sobre 250 puntos del SIMCE sea mayor que el porcentaje de alumnos sobre este puntaje que posee el establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

c) Que el porcentaje de alumnos sobre 300 puntos del SIMCE sea mayor que el porcentaje de alumnos sobre este puntaje que posee el establecimiento situado en la mediana de rendimientos de su grupo similar.

Lo anterior deberá ocurrir en un número significativo de mediciones y sectores de aprendizaje, que no podrá ser, en el caso de las mediciones, inferior a dos. El procedimiento utilizado para clasificar a las escuelas a partir de estos criterios será establecido en el reglamento correspondiente.

Además, deberán considerarse los siguientes indicadores complementarios:

a) Tasas de retención y aprobación de alumnos;

b) Integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento;

c) Iniciativa, consistente en la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico;

d) Mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento, y

e) Evaluación del cuerpo docente, en el caso del sector municipal.

En el mismo período señalado en el inciso primero, la clasificación a que se refiere el artículo 9º se realizará considerando grupos de establecimientos de similares características. Los criterios para realizar dicha agrupación quedarán establecidos en el reglamento y considerarán fundamentalmente el nivel socioeconómico de los alumnos atendidos y los recursos o aportes en dinero con que cuente o reciba el establecimiento educacional.

En el mismo período señalado en el inciso primero, los establecimientos educacionales que se incorporen al régimen de subvención preferencial que no cumplan los requisitos de este y del siguiente artículo serán clasificados como Emergentes.

Artículo segundo.- Durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, los establecimientos serán clasificados en la categoría en Recuperación si cumplen las siguientes condiciones con relación a los resultados obtenidos en las mediciones realizadas a los 4° básicos por el Ministerio de Educación para los efectos del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio Educación:

a) Que su puntaje promedio sea inferior a 220 puntos.

b) Que la proporción de alumnos sobre los 250 puntos del SIMCE sea inferior al 20 por ciento.

Lo anterior deberá ocurrir en un número significativo de mediciones y sectores de aprendizaje, que no podrá ser, en el caso de las mediciones, inferior a dos. El procedimiento utilizado para clasificar a las escuelas a partir de estos criterios será establecido en el reglamento.

Además deberán considerarse los siguientes indicadores complementarios:

a) Tasas de retención y aprobación de alumnos;

b) Integración de profesores, padres y apoderados en el proyecto educativo del establecimiento;

c) Iniciativa, consistente en la capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico;

d) Mejoramiento de condiciones de trabajo y adecuado funcionamiento del establecimiento, y

e) Evaluación del cuerpo docente.

En tanto no se establezcan los estándares nacionales a que se refiere el artículo 10 de esta ley, la clasificación prevista en su artículo 9º se realizará considerando grupos de establecimientos de similares características. Los criterios para realizar dicha agrupación quedarán establecidos en el reglamento y considerarán fundamentalmente el nivel socioeconómico de los alumnos atendidos y los recursos o aportes en dinero con que cuente o reciba el establecimiento educacional.

El mismo procedimiento se aplicará para clasificar a los establecimientos educacionales con Necesidad de Medidas Especiales señalados en el artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

En todo caso, el decreto supremo a que alude el artículo 10 deberá ser dictado dentro de los veinticuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo tercero.- Durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, los establecimientos educativos cuyo sostenedor postule a la subvención escolar preferencial serán clasificados como Autónomos o Emergentes según cumplan o no los requisitos establecidos en el artículo primero transitorio, no siendo aplicable en ese lapso la categoría en Recuperación o la señalada en el inciso primero del artículo 66 de la Ley de Subvenciones.

Artículo cuarto.- En el período comprendido entre la entrada en vigencia de esta ley y la aplicación de los mecanismos establecidos en su artículo 11, los establecimientos educacionales referidos en dicho artículo serán considerados, para efectos de la subvención escolar preferencial y del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que establece el artículo 7º, como Emergentes. En tanto no se apliquen dichos mecanismos, no podrán cambiar de categoría.

Artículo quinto.- No obstante lo dispuesto en los artículos 1º y 14 de esta ley, los niveles de 5º a 8º año de la educación general básica se incorporarán gradualmente a la percepción de la subvención escolar preferencial y de los aportes complementarios establecidos en ella, a razón de un nivel por año a contar del segundo año de su entrada en vigencia.

Para estos efectos se suscribirá un convenio complementario sobre estos recursos.

Artículo sexto.- El aporte extraordinario establecido en el artículo 26, referido a los establecimientos clasificados en la categoría en Recuperación, será de 0,93 USE por los alumnos prioritarios matriculados en 5º y 6º año de la educación general básica y de 0,47 USE por los alumnos prioritarios matriculados en 7º y 8º año de la educación general básica.

Este aporte será objeto de un convenio complementario y se suspenderá cuando el Ministerio de Educación certifique que las acciones no se han ejecutado conforme al Plan de Mejoramiento Educativo aprobado.

Artículo séptimo.- Durante el primer año de vigencia de esta ley, los establecimientos educacionales podrán postular para ese año al régimen de subvención escolar preferencial, sin que les sea aplicable el plazo del artículo 12. En ese evento la subvención escolar preferencial y los aportes complementarios previstos en esta ley se pagarán a partir del primer día del mes siguiente a la resolución que aprueba el convenio a que se refiere el artículo 7º.

Artículo octavo.- El reglamento referido en el artículo 3º deberá ser dictado dentro del plazo de seis meses, contados desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Artículo noveno.- La presente ley regirá a contar del primer mes del año escolar 2007.".

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Hago presente a V.E. que los artículos 27 inciso segundo; 36, Nº 5, letra c), y 37, Nº 2, inciso final fueron aprobados en general con el voto conforme de 74 Diputados presentes, en tanto que en particular el artículo 27, inciso segundo fue sancionado con el voto conforme de 72 Diputados, el artículo 36, Nº 5, letra c) fue aprobado con el voto a favor de 68 Diputados y el artículo 37 Nº 2, inciso final, fue aprobado con el voto favorable de 104 Diputados, en todos los casos de 120 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

ANTONIO LEAL LABRÍN

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Educación

Senado. Fecha 15 de marzo, 2007. Informe de Comisión de Educación en Sesión 4. Legislatura 355.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una subvención escolar preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables.

BOLETÍN Nº 4.030-04

Honorable Senado:

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley individualizado en el rubro, en segundo trámite constitucional, iniciado en un Mensaje de S.E. la Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”.

Se deja constancia que, en conformidad con el artículo 36, inciso sexto, del Reglamento del Senado, la Comisión discutió el proyecto en general.

A las sesiones en que se analizó esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, el Honorable Senador Juan Pablo Letelier y el Honorable Diputado, señor Carlos Montes.

En representación del Ejecutivo, concurrieron, del Ministerio de Educación: La Ministra, señora Yasna Provoste; la Subsecretaria, señora Pilar Romaguera; el Jefe de la División Jurídica, señor Rodrigo González; la asesora jurídica, señora Misleya Vergara; los asesores de la Subsecretaría, señores Rafael Carrasco y Rodrigo Díaz; el Jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación, señor Pedro Montt, y la Jefa de la Educación General, señora Mónica Luna.

Del Ministerio de Planificación y Desarrollo: la Ministra, señor Clarisa Hardy; la Jefa del Comité de asesores, señora Patricia Roa; la Jefa de Comunicaciones, señora Karin Sánchez, y la asesora jurídica, señora Andrea Soto.

De la Junta Nacional de Auxilio y Becas (JUNAEB): la Directora Nacional Subrogante, señora Amalia Cornejo.

Del Ministerio de Hacienda, asistió el Jefe del Sector Educación, Dirección de Presupuestos, don José Espinoza y la asesora de la Subsecretaría de Hacienda, señora Tania Hernández.

Del Colegio de Profesores de Chile A.G.: el Presidente, señor Jorge Pavez y su Asesora, señora Jenny Assael.

De la Asociación Chilena de Municipalidades: el Presidente de la Comisión de Educación, el señor Pablo Zalaquett; y el Secretario Técnico de la Comisión de Educación, señor Raciel Medina.

De la Universidad Alberto Hurtado, el Director del Departamento de Educación, señor Juan Eduardo García Huidobro.

De la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONACEP), su Presidente, señor Rodrigo Bosh; su Vicepresidente, señor Alejandro Hasbún, y su Secretario General, señor Leonardo Giavio.

De la Universidad de Chile: los Investigadores del Departamento de Economía, señora Claudia Peirano y señor Osvaldo Larrañaga, y el Investigador del Departamento de Ingeniería Industrial, señor Pablo González.

De la red de Colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), su Presidenta, señora Patricia Matte y la Gerente General, señora Andrea Fuchslocher.

Del Instituto Libertad y Desarrollo, la señora Paula Pinedo.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO

En lo fundamental, establecer una subvención escolar preferencial para niños y niñas socio-económicamente vulnerables, a los que se denomina “prioritarios”, de los establecimientos educacionales subvencionados, que se encuentren cursando 1° o 2° nivel de transición de la educación parvularia y desde 1° a 4° año de educación general básica.

Se entiende por alumnos “prioritarios”, aquellos para quienes la situación económica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo, y cuya calidad será determinada por el Ministerio de Educación, o el organismo que éste determine, mediante un instrumento de caracterización socioeconómica del hogar definido por el Ministerio de Planificación.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Se hace presente que los artículos 27, inciso segundo; 36, Nº 5, letra c); 37, Nº 2, inciso final, y artículo 37 N° 3, letra c), son normas de rango orgánico constitucional, según lo dispone el inciso segundo del artículo 66 de la Constitución Política de la República, porque estos artículos establecen la posibilidad de aplicar como sanción a los establecimientos educacionales la revocación del reconocimiento oficial, materia que tiene directa relación con lo preceptuado en el párrafo quinto del artículo 19, N° 11, de la Constitución Política de la República, el cual encarga a una ley orgánica constitucional establecer los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel y porque incorporan al artículo 72 del Estatuto Docente una nueva atribución a los concejos municipales, que en virtud del artículo 119 de la Carta Fundamental es materia propia de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

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ANTECEDENTES

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

a) Los numerales 10º y 11º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que consagran, respectivamente, las garantías del derecho a la educación y de libertad de enseñanza;

b) El decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales y otros cuerpos legales;

c) El decreto con fuerza de ley N°1, de 1997, del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 sobre el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican;

d) La ley N° 19.410, que modifica a la ley N° 19.070, sobre Estatuto de Profesionales de la Educación y el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre Subvenciones a Establecimientos Educacionales, y otorga beneficios que indica, y

e) La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nº 18.962, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado consta en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio de Educación.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 28 de octubre de 2005 ingresó a la Honorable Cámara de Diputados el Mensaje N° 362-353 de S. E. el Presidente de la República, el cual señala que un eje central del Ejecutivo ha sido dar sentido social al crecimiento, para que éste se transforme efectivamente en mayor bienestar para todos los chilenos, a fin de reducir la pobreza y la desigualdad.

Comenta, enseguida, que el progreso personal y familiar está indisolublemente ligado a otorgar mayores oportunidades en la educación. Agrega que esta iniciativa de ley busca otorgar nuevas oportunidades educativas para los niños que provienen de familias más vulnerables.

Luego, informa que este proyecto de ley plantea crear una nueva subvención, dirigida a mejorar la calidad de la educación, destinando mayores recursos para compensar la desigualdad social. Argumenta que se concentrará el esfuerzo inicial en los alumnos de Prekinder a cuarto año básico para, de este modo, igualar las oportunidades de aprender de los alumnos y alumnas para quienes la situación económica y social de sus hogares genera una desventaja.

Asimismo, expresa que esta subvención escolar preferencial se entregará a las escuelas en la medida que se comprometan a asegurar resultados educativos objetivos, basados en estándares nacionales de aprendizaje, premiándose a las escuelas que desarrollen adecuadamente los talentos de sus alumnas y alumnos.

A continuación, señala que gozarán de esta subvención escolar preferencial los sostenedores de los establecimientos educacionales subvencionados que suscriban y cumplan con un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa con el Ministerio de Educación, en el que asumirán compromisos en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades, y se comprometerán a lograr resultados educativos de calidad, sostenibles en el tiempo.

Al mismo tiempo, observa que la actual subvención por sí sola no funciona para mejorar calidad y que los programas de mejoramiento implementados no poseen la suficiente fuerza para producir el cambio requerido en el sistema educacional.

El presente proyecto de ley, continúa, está destinado a beneficiar a los alumnos socio-económicamente vulnerables, a los cuales se les denomina como alumnos prioritarios, de los establecimientos educacionales subvencionados que se encuentren cursando 1° o 2° nivel de transición de la educación parvularia y 1° a 4° año de educación general básica.

Agrega que la calidad de alumno prioritario será determinada por el Ministerio de Educación mediante un instrumento que definirá el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), considerando entre otros criterios el nivel de escolaridad de la madre o, en su defecto, el del padre o apoderado y la condición urbana o rural de su hogar. Prosigue, indicando que las niñas y niños hacia los cuales se quieren focalizar estos recursos públicos necesitan que los servicios educacionales que reciben mejoren significativamente, a fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

Enseguida, sostiene que este proyecto de ley consagra que todos los sostenedores de los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados podrán postular libremente a este nuevo sistema de subvención, para que sus alumnos calificados como prioritarios, se beneficien con esta nueva subvención. Precisa que la permanencia en este sistema tiene un límite mínimo de seis años, al final de los cuales los sostenedores tendrán la libertad de renovar o de finiquitar su convenio.

La Subvención Escolar Preferencial introduce un cambio decisivo en la relación entre el Estado y las escuelas, ya que no sólo se beneficiará a los que más lo necesitan, sino que también se asegurará que los recursos públicos sean aplicados con efectividad al aprendizaje, condicionándolos a resultados educativos objetivos, basados en estándares nacionales de aprendizaje, y premiando a las escuelas que desarrollen adecuadamente los talentos de sus alumnos.

Para incorporarse al nuevo régimen de subvención preferencial los sostenedores de los establecimientos educacionales deberán suscribir con el Ministerio de Educación un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa por un plazo mínimo de seis años. Acota que este convenio deberá contener un conjunto de cláusulas esenciales que consagren las siguiente prerrogativas: la eximición de todo cobro a los alumnos prioritarios; la eliminación de los procesos de selección, sin afectar la libertad de gestión de los establecimientos con proyecto educativo propio; la retención de los alumnos prioritarios; la obligación de mejorar los resultados académicos de estos alumnos, y el compromiso de mantener informados a sus padres y apoderados.

Asimismo, informa que durante el primer año de entrada en vigencia de esta nueva subvención los establecimientos educacionales serán clasificados en las categorías de autónomos o de emergentes. Acto seguido, explica que serán calificados como establecimientos educacionales autónomos, aquellos cuyos alumnos hayan obtenido buenos resultados educativos en las pruebas SIMCE, de acuerdo a los estándares nacionales que se establezcan para tales efectos. Los demás, continúa, serán clasificados como establecimientos educacionales emergentes y quedarán sujetos a la obligación de elaborar y aplicar una estrategia de mejoramiento educativo.

Esta clasificación servirá para determinar el monto de subvención que efectivamente recibirá cada establecimiento educacional por cada alumno prioritario que atienda. Precisa que para los establecimientos educacionales autónomos el valor de esta subvención ascenderá a 1,4 Unidad de Subvención Educacional (USE) y para los establecimientos educacionales 0,7 USE.

Luego, expone que las escuelas emergentes tendrán que definir e implementar una estrategia de intervención orientada a alcanzar los resultados que las habiliten para optar al tramo más alto de esta subvención en un plazo de 4 años. Acota que para la realización de su estrategia de mejoramiento, deberán adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr los estándares nacionales de aprendizaje, para lo cual deberán coordinar y articular acciones con las instituciones y redes de servicios sociales para detectar, derivar y tratar los problemas psicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos prioritarios. Además, indica que deberán implementar actividades docentes complementarias a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los alumnos prioritarios, para mejorar su rendimiento escolar. Agrega que las escuelas emergentes con más de un 15% de alumnos calificados como prioritarios, recibirán recursos adicionales para desarrollar su estrategia de mejoramiento educativo.

A su vez, sostiene que los establecimientos educacionales emergentes que en el plazo de un año contado desde la suscripción del Convenio de Igualdad de Oportunidades y de Excelencia Educativa, no cuenten con una Estrategia de Mejoramiento Educativo aprobada o aquéllos que teniéndola no la apliquen, serán declarados por el Ministerio de Educación como establecimientos educacionales en recuperación. Arguye que en la misma categoría serán clasificados aquellos establecimientos educacionales autónomos o emergentes que obtengan resultados educativos reiteradamente deficientes de sus alumnos en las pruebas nacionales de medición de la calidad, de conformidad a los estándares nacionales que se establezcan para los establecimientos educacionales emergentes. Con ello, continúa, dejarán de recibir la subvención escolar preferencial, percibiendo en su reemplazo un aporte económico extraordinario de carácter transitorio, y deberán comenzar un proceso regulado de reestructuración que durará tres años, conforme al plan que acuerde un equipo tripartito conformado por: un representante del Ministerio de Educación; el sostenedor, o un representante que éste designe, y por una entidad externa con capacidad técnica sobre la materia.

Acota que si en el plazo de tres años, dicho establecimiento mejora sus rendimientos conforme a lo exigido, será calificado como emergente o autónomo, según corresponda; pero si no logra este objetivo, quedará fuera del sistema y dejará de percibir esta subvención, pudiendo el Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial de dicho establecimiento.

Enseguida, señala que este proyecto de ley faculta al Ministerio de Educación para ejercer un proceso permanente de seguimiento y de evaluación a todos los establecimientos del sistema educacional, junto con una supervisión técnica pedagógica para la ejecución de las Estrategias de Mejoramiento Educativo y de los Planes de Reestructuración para los establecimientos calificados como emergentes o en recuperación. Agrega que dicho proceso se realizará en forma directa por el Ministerio de Educación o por medio de organismos externos habilitados para ejercer esta función.

El logro de resultados, prosigue, se evaluará considerando el rendimiento educativo, la no discriminación y la retención de estos alumnos por el establecimiento educacional respectivo. Aclara que la verificación de estos logros será realizada a través del uso de los resultados obtenidos en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE). Al menos cada cinco años, continúa, el Ministerio de Educación actualizará los estándares nacionales de resultados, los que serán usados para comprobar los avances de calidad de los establecimientos educacionales.

Luego, informa que este proyecto de ley con el objeto de permitir la clasificación de aquellos establecimientos cuya matrícula de 4° básico sea insuficiente para efectos de realizar inferencias estadísticas confiables acerca de sus resultados educativos, el Ministerio de Educación adecuará el mecanismo de evaluación para las características de estos establecimientos. En estos casos, señala que el Convenio de Igualdad de Oportunidades y de Excelencia Educativa deberá incluir, en aquellos casos en que sea posible, su funcionamiento como un conjunto sistémico y articulado, o en red con otros establecimientos de características similares. Aclara que mientras no se efectúe tal medición, todos los establecimientos en esa condición serán considerados como “emergentes”.

Por otra parte, indica que esta iniciativa de ley entrega un conjunto de facultades y responsabilidades al Ministerio de Educación, con el objeto de que pueda administrar y coordinar adecuadamente este sistema de subvención preferencial.

Enseguida, expone que el presente proyecto de ley consagra un conjunto de faltas y sanciones por el incumplimiento del Convenio de Igualdad y de Excelencia Educativa y del Plan de Reestructuración, en el caso de los establecimientos sujetos al sistema que se encuentren en la categoría en recuperación.

Asimismo, comenta que, con el fin de mantener una información permanente y actualizada, el Ministerio de Educación deberá implementar una base de datos actualizada por comuna de los establecimientos educacionales que reciban esta subvención estatal. Adicionalmente, informa que esta base de datos registrará los montos y tipos de aportes destinados a cada establecimiento, con los resultados obtenidos por sus alumnos en las mediciones de la calidad de la educación y las evaluaciones asociadas a la subvención especial establecida en esta ley. Precisa que el reglamento de esta ley establecerá la forma en que deberá llevarse esta base de datos.

También, refiere que el Ministerio de Educación deberá elaborar una ficha por cada establecimiento educacional del país que reciba esta subvención escolar, debiendo informar a las familias sobre el contenido de esta ficha.

El proyecto, continúa, consagra un sistema de calificación para todos los establecimientos educacionales subvencionados que participen o no en el sistema de subvención preferencial. Agrega que las escuelas subvencionadas que sean calificadas como establecimientos en recuperación, se denominarán escuelas con “Necesidad de Medidas Especiales”.

Enseguida, informa que este proyecto de ley establece una subvención universal para el primer nivel de transición de la Educación Parvularia (pre-kinder) a partir del año escolar 2007 y que en el articulado transitorio se establecen las normas para el inicio del funcionamiento de este nuevo sistema, a contar del primer mes del año escolar 2007.

El proyecto se compone de dos títulos.

En el primero se crea y regula un nuevo régimen de subvención escolar para la atención de niños socio-económicamente vulnerables, denominada subvención preferencial. El segundo introduce modificaciones a la actual Ley de Subvenciones Estatales para Establecimientos Educacionales, decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Mediante el Titulo Primero se crea y regula una subvención destinada al mejoramiento de la calidad de la educación de los alumnos prioritarios que estén cursando entre 1º nivel de transición y 4º año de enseñanza general básica, para lo cual define como alumnos prioritarios a aquellos niños y niñas para quienes la situación económica de sus hogares dificulta sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo, y cuya calidad será determinada por el Ministerio de Educación, o el organismo que éste determine, mediante un instrumento de caracterización socioeconómica del hogar definido por el Ministerio de Planificación.

Tendrán derecho a adscribirse a este régimen de subvención los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que atiendan niños prioritarios.

El proyecto fija el procedimiento de postulación, el sistema de clasificación a que estarán afectos los establecimientos que postulen y las categorías que les corresponda. Asimismo, regula el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa que deberán suscribir para incorporarse a dicho régimen de subvención. Por otra parte, el proyecto establece las atribuciones del Ministerio de Educación para la supervisión permanente del desempeño pedagógico y de control del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley. Adicionalmente, señala las infracciones y sanciones.

En materia de obligaciones y régimen jurídico aplicable a los establecimientos que se adscriban a esta subvención, el proyecto distingue según se trate de establecimientos clasificados como autónomos, emergentes y en recuperación, diferenciando el monto de la subvención preferencial que se otorga por cada alumno asistente, el aporte adicional o extraordinario, según el caso, que reciban los establecimientos en relación con las Estrategias de Mejoramiento Educativo o Planes de Reestructuración que deban abordar.

Concordante con lo anterior, se define el valor unitario mensual de subvención por alumno prioritario según la categoría de establecimiento educacional.

En materia de administración de este régimen de subvención preferencial, el proyecto de ley entrega dicha responsabilidad al Ministerio de Educación

También se crea un registro público de entidades técnico pedagógicas, las que prestarán apoyo a los establecimientos educacionales para la elaboración y ejecución de las estrategias de mejoramiento educativo y los planes de reestructuración.

En el Titulo segundo se introducen diversas modificaciones al DFL Nº2 de 1998, del Ministerio de Educación, que contiene la Ley de Subvención del Estado a establecimientos educacionales. Estas son las siguientes.

En primer lugar, se incorpora al régimen de la subvención al primer nivel de transición de la Educación Parvularia.

En segundo lugar, se modifica el artículo 50 de la referida Ley de Subvenciones, agregando nuevas infracciones, tales como el incumplimiento de la obligación de informar prevista en los artículos 64 y 65 de la Ley de Subvenciones que se agregan mediante esta ley.

En tercer lugar, se modifica el artículo 52 de la Ley de Subvenciones relativo a las sanciones, fijando limites a la sanción de multa, eliminando la sanción de suspensión del pago de la subvención, y estableciendo la medida precautoria de retención inmediata de la misma en los procesos que se instruyan por estas infracciones, atendida la naturaleza y cuantía de la presunta infracción.

En cuarto lugar, se establece que el Ministerio de Educación mantendrá una base pública de datos con información relevante de todos los establecimientos educacionales subvencionados, con el fin de que Consejos Escolares, padres y apoderados y la comunidad escolar puedan formarse una apreciación respecto del aporte del establecimiento al aprendizaje de sus alumnos. Asimismo, se contempla que esta información deberá ser entregada a la comunidad escolar mediante una ficha escolar que elaborará el Ministerio.

Por último, se dispone que el Ministerio de Educación deberá clasificar a los establecimientos subvencionados del país, en función de los estándares que se establezcan en virtud del artículo 8° de la Ley de Subvención Preferencial, debiendo incluir dentro de esta clasificación a la categoría de Establecimientos con Necesidad de Medidas Especiales para aquéllos que obtengan rendimientos deficientes en forma sistemática, los cuales deberán adoptar las medidas que se establecen en la Ley de Subvención Preferencial para los establecimientos en recuperación

Finalmente, el proyecto de ley contempla diversas disposiciones transitorias que regulan la entrada en vigencia del régimen de subvención preferencial y, en especial, el mecanismo para determinar la clasificación de los establecimientos educacionales que manifiesten su intención de incorporarse a este régimen en tanto no se establezcan los estándares nacionales del articulo 8° del proyecto de ley.

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DISCUSIÓN GENERAL

Al iniciarse la discusión del referido proyecto de ley, la señora Ministra de Educación señaló que éste representa un importante avance en el esfuerzo del país por aumentar la calidad y la equidad de nuestra educación. Señaló que esta iniciativa reconoce y aborda el sistema de financiamiento de nuestro sistema educativo y las condiciones de funcionamiento de las escuelas.

Comentó que el sistema actual entrega un monto parejo por alumno sin considerar la vulnerabilidad de los estudiantes, lo que pone en desventaja a los alumnos más vulnerables del país. Por otra parte, arguyó que el Estado entrega recursos y financia la educación de la gran mayoría de los alumnos del país sin exigir condiciones mínimas de calidad educativa, ni de funcionamiento a los establecimientos educacionales.

Bajo este contexto, sostuvo que este proyecto de ley busca resolver estos problemas, entregando recursos adicionales a aquellas escuelas que atiendan a los alumnos más vulnerables y suscribiendo compromisos de funcionamiento y de calidad educativa con los establecimientos educacionales financiados por esta subvención estatal.

Destacó que esta iniciativa plantea enormes desafíos para todos los agentes educativos, especialmente para el Ministerio de Educación, porque implica una mayor definición de sus funciones y de sus procesos vinculados al desarrollo de programas de mejoramiento educativo, a la focalización de la política educativa, a los modelos de supervisión, apoyo, evaluación y fiscalización, y a los sistemas de información y cuenta pública. Agregó que este proyecto de ley abre una oportunidad de colaboración entre los sostenedores, las escuelas, el Ministerio de Educación y otras instituciones para avanzar en conjunto hacia una mejor educación.

Luego, señaló que este proyecto de ley busca promover la igualdad de oportunidades de los alumnos y alumnas más vulnerables de nuestro país, entregando mayores recursos a las escuelas que atienden a estos niños y estableciendo compromisos de igualdad de oportunidades y de calidad educativa con los sostenedores, ya sean Municipalidades o escuelas privadas subvencionadas.

A continuación, expuso que se establecen las bases para entregar aportes estatales bajo condiciones de calidad y equidad educativa a las escuelas que aseguren y se comprometan a cumplir estas condiciones básicas. Expresó que se benefician a las escuelas que resguarden el buen uso de los recursos, que se preocupen por la calidad del aprendizaje, que no discriminen a los alumnos, que estén dispuestas a rendir cuentas por los recursos recibidos y que resguarden el func