Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.255

Perfecciona el sistema previsional.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 15 de diciembre, 2006. Mensaje en Sesión 109. Legislatura 354.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA EL SISTEMA PREVISIONAL.

_______________________________

SANTIAGO, diciembre 15 de 2006

MENSAJE Nº 558-354/

PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad perfeccionar el Sistema Previsional vigente en el país.

I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.

1. Introducción.

La protección de los ingresos en los años de vejez es el componente fundamental de un sistema de protección social. En este sentido, la pensión es una retribución a los años de trabajo de una persona, y el reconocimiento del derecho a envejecer con dignidad.

El objetivo de esta reforma es que las personas tengan ingresos más seguros durante la vejez, para así vivir dignamente. Al final de su vida laboral, las chilenas y chilenos ya no sentirán el temor de no saber con qué ingresos contarán para cubrir sus gastos. Lo anterior considera por un lado, perfeccionar el actual sistema de capitalización individual, y por otro, complementarlo con un Sistema de Pensiones Solidarias que cubra a quienes, por diversas razones, no logran ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna.

La reforma reconoce que todos los trabajadores contribuyen al desarrollo de nuestro país, tanto los dependientes como los independientes, permanentes, ocasionales o temporales, mujeres y hombres. Todos ellos merecen contar con un ingreso que les permita gozar de una vida digna en la vejez.

Esta es una reforma que premia el ahorro y el esfuerzo personal: aquellos que coticen más en el sistema previsional gozarán de mejores pensiones. Y también es una reforma que apoya a los que se quedan atrás: el envejecimiento y el retiro del mercado laboral no pueden ser sinónimos de pobreza o de una brusca caída en las condiciones de vida.

El nuevo sistema no sólo apoyará a quienes viven en la pobreza. Con la reforma, la clase media tendrá una real acogida en el sistema de pensiones, con la seguridad de que sus esfuerzos y ahorros previsionales estarán debidamente protegidos y remunerados.

Una mayor seguridad para las personas no sólo contribuye a la equidad, sino también al crecimiento. Cuando las personas se sienten más seguras, se atreven, emprenden, innovan, llevan sus mejores ideas a la práctica y crean riqueza y prosperidad.

En suma: Chile va cumplir su deber con los que han entregado toda una vida al país: nuestros adultos mayores.

2. Cambios demográficos, económicos y sociales y resultados previsionales.

El régimen de pensiones creado por el Decreto Ley N° 3.500, de 1980, significó una profunda transformación del sistema previsional chileno, reemplazando un régimen público de beneficio definido, por uno de contribución definida y capitalización individual con administradores privados y regulación del Estado. Este último, además, asumió, subsidiariamente, la preocupación por la pobreza en la vejez, mediante el otorgamiento de pensiones asistenciales focalizadas y pensiones mínimas garantizadas.

En este nuevo diseño se proyectó que, para los trabajadores que fueran capaces de contribuir sistemáticamente a lo largo de toda su vida laboral, sus pensiones serían similares a sus ingresos en actividad, indexadas a la inflación. Adicionalmente, al existir una cotización sustancialmente menor respecto del sistema antiguo, ello permitiría incrementar el ingreso líquido del trabajador y reducir el costo de la mano de obra para los empleadores lo que, sumado al mayor control sobre los ahorros acumulados, incentivaría el empleo, la formalidad y la contribución de los trabajadores independientes. Por su parte, al financiarse las pensiones con los ahorros de los propios trabajadores, el Estado se vería liberado de sus compromisos financieros para poder concentrar su aporte en los pensionados de menores ingresos.

Sin embargo, para que tales expectativas pudieran alcanzarse, era necesario que el sistema se comportara de acuerdo a ciertos supuestos. En particular, que: a) los trabajadores dependientes e independientes percibieran un incentivo adicional a cotizar por la posibilidad de vigilar y ser propietarios de sus fondos de capitalización; b) los trabajadores cotizaran en su vida laboral por la totalidad de sus sueldos hasta un tope de 60 UF, con interrupciones sólo por desempleo; c) los trabajadores de menores ingresos cotizaran al menos 240 meses a lo largo de su vida laboral, accediendo con ello a la garantía estatal de pensión mínima; y d) las mujeres que se desempeñaran fundamentalmente como dueñas de casa participaran en los ingresos familiares durante su vejez, así como lo habrían hecho durante los años previos.

Si bien el sistema aún no ha alcanzado su plena madurez, la evidencia acumulada muestra que para los trabajadores cuyas trayectorias laborales cumplen con los supuestos señalados, el nuevo sistema generará buenas pensiones. Sin embargo, una parte importante de los trabajadores del país no ha logrado cotizar con la constancia requerida por el nuevo sistema. Por ello, una fracción mayoritaria de los trabajadores obtendrá pensiones significativamente más bajas que sus remuneraciones, y no es evidente que esta situación pueda ser subsanable a través de transferencias intrafamiliares o del apoyo subsidiario del Estado. Además, muchos de ellos cotizarán menos de 240 meses a lo largo de su vida activa, y por tanto no serán beneficiarios de una pensión mínima garantizada por el Estado.

Los resultados alcanzados por el sistema previsional y su proyección en el futuro, se relacionan estrechamente con la naturaleza de los cambios registrados en los últimos 25 años, en aspectos demográficos, económicos y sociales. En efecto, por una parte, las expectativas de vida han aumentado, y se ha postergado la edad de entrada al mercado del trabajo remunerado, reduciéndose así, la extensión del período de acumulación en relación al período de desacumulación de los ahorros previsionales. Al mismo tiempo, si bien se ha elevado la participación de la mujer en el mercado del trabajo, esta se caracteriza por una inserción laboral más inestable que la del hombre, lo que ha afectado su capacidad para acumular fondos previsionales.

Por su parte, el mercado del trabajo ha registrado una alta rotación laboral, mayor a la esperada, con aumento de los contratos de trabajo a plazo y de jornada parcial y disminución de los de carácter indefinido. Lo anterior, junto con la creciente reticencia de los trabajadores independientes a cotizar, ha derivado en densidades de cotización menores a lo esperado.

En definitiva, dichas transformaciones han alterado significativamente el supuesto central en el que se basaron las predicciones iniciales: el de una fuerza laboral compuesta mayoritariamente por hombres jefes de hogar, con contratos de trabajo indefinidos, y que cotizan en forma continua a lo largo de su vida activa. Es más, tal supuesto se ha vuelto cada vez menos representativo de la realidad del país y lo será aún menos en el futuro. Con ello, surge la necesidad de perfeccionar el sistema previsional para responder a las necesidades del conjunto de la población.

3. La necesidad de reformar el sistema

El sistema de pensiones chileno opera financieramente como un sistema mixto, pues está compuesto por el régimen de capitalización individual, y por el Estado. Este no sólo cumple el rol de garante y regulador del sistema administrado por el sector privado, sino que también el de proporcionar pensiones asistenciales no contributivas.

Es posible afirmar que el régimen de capitalización individual ha funcionado de acuerdo con lo previsto, cuando las cotizaciones de los trabajadores dependientes, con empleos estables, se han efectuado con regularidad a lo largo de toda su vida laboral.

Sin embargo, para la mayoría de la población la situación será distinta a la señalada. Es, además, restringido el grupo de personas que podrán acceder a una pensión mínima garantizada por el Estado y, quienes no logren reunir los requisitos para obtener el beneficio anterior, sólo podrán optar a una pensión asistencial o bien quedarán excluidos de la cobertura del sistema.

En efecto, la información disponible de la Superintendencia de AFP y del INP muestra que, en 2005, los cotizantes a los diversos sistemas de pensiones civiles vigentes en el país, representaban un 65,9% de los trabajadores ocupados y 61,3% de la fuerza de trabajo total.

Si bien dicha cobertura es superior en alrededor de diez puntos porcentuales respecto de la observada en 1980, el año previo a la reforma, ésta resulta similar a la registrada a mediados de los setenta. Y ello se debe a que los niveles de cobertura entre los trabajadores independientes son mínimos e incluso se han reducido a lo largo del tiempo.

Al analizar la cobertura ocupacional por dependencia del trabajador, se observa una gran diferencia entre trabajadores dependientes e independientes.

A su vez, la densidad de cotización por categoría ocupacional presenta importantes diferencias entre trabajadores dependientes e independientes. Para estos últimos, la Encuesta de Protección Social del 2002 muestra que del total de meses trabajados en esta condición, sólo el 28% del tiempo realizaron cotizaciones previsionales, y que entre quienes se han desempeñado como trabajadores independientes por más del 50% de su vida laboral, el 70% de ellos, presenta una densidad de cotización por debajo del 50%.

Por otra parte, la cobertura de beneficios medida como el número de personas que perciben una pensión como proporción de la población mayor a la edad de jubilación, entrega una visión general del número de pensiones pagadas en el sistema de pensiones, incluyendo tanto el sector contributivo como el no contributivo.

Según la información disponible de en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) , la cobertura agregada del sistema de pensiones entre la población mayor de 65 años, se ha mantenido en torno al 76% entre los años 1992 y 2003. Sin embargo, las pensiones de carácter contributivo han disminuido su cobertura siendo reemplazadas por las pensiones no contributivas (PASIS) de 7,7% a 18,6% en el mismo período.

Adicionalmente, las proyecciones disponibles muestran que del total de la población adulta mayor, el grupo cubierto por una pensión contributiva se reduciría de 65% en la actualidad a alrededor de 50% en 2020, y que alrededor de un 60% de los pensionados del sistema de AFP obtendrá una pensión igual o inferior a la pensión mínima garantizada por el Estado. Por su parte, proyecciones de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) muestran que el 46% del flujo anual de nuevos pensionados del sistema de AFP entre los años 2020 y 2025, tendrá una pensión inferior a la mínima y no tendrá acceso a la Garantía Estatal, y que este grupo estará mayoritariamente compuesto por mujeres, representando un 65% de dicho total.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que los sistemas previsionales, por su propia naturaleza, se sitúan en una dimensión de largo plazo, y sus potencialidades de perfeccionamiento pueden detectarse mucho antes de que se generen problemas cuyos efectos se amplíen y se vuelvan difíciles de controlar. Si bien el régimen de capitalización individual ha sido modificado en los últimos 25 años, en numerosas oportunidades, hay importantes desafíos aún pendientes; y ello se explica, en parte, por la vigencia de una inadecuada institucionalidad del sistema, que carece de capacidad de conducción y coordinación de políticas para adaptarse oportunamente a los cambios.

4. Los factores institucionales como condicionantes de los resultados

Desde el punto de vista institucional, el sistema de pensiones presenta tres ámbitos de funciones o roles: el político, el normativo y el de administración. En todos ellos se presentan oportunidades de realizar mejoramientos.

En cuanto al rol político, si bien éste recae en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión, ésta última presenta debilidades institucionales.

En el campo regulatorio, por su parte, se presenta dispersión institucional, por el gran número de funciones ejecutivas, normativas y de regulación de los distintos regímenes que lo integran. Así, interviene directamente la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) , la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) , la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) .

La SAFP supervisa el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en la prestación de sus servicios y en la administración de sus fondos; regula su funcionamiento, recibe reclamos y consultas del público, administra el Seguro de Cesantía y realiza estudios especiales; y la SUSESO, por su parte, tiene responsabilidades de regulación y reglamentación sobre variados componentes del sistema de seguridad social. La SVS regula a las compañías de seguro que participan en el sistema con el otorgamiento de rentas vitalicias a los pensionados y en la regulación de otras entidades financieras que participan del subsistema de ahorro previsional voluntario.

Tal dispersión institucional también se presenta en el ámbito de la administración de los beneficios asociados. Las instituciones presentes en este ámbito son las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Instituto de Normalización Previsional (INP) , la Tesorería General de la República, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) , las intendencias y municipalidades.

El INP administra los beneficios del antiguo sistema, recauda cotizaciones para otras instituciones públicas y administra la Ley de Accidentes del Trabajo para sus afiliados. La Pensión Asistencial (PASIS) pagada por el INP, con el concurso de los gobiernos regionales, los municipios y MIDEPLAN. La Pensión Mínima Garantizada es administrada por las AFP, correspondiéndole al sector público una función esencialmente de tesorería.

A lo anterior, se agrega la inexistencia de información consolidada del sector, pues si bien existen sistemas públicos que la proporcionan, ésta sólo está disponible a nivel agregado y no por afiliados. La excepción a ello, ha sido la implementación de la Encuesta de Protección Social (EPS) realizada en 2002 y 2004, que ha permitido realizar un seguimiento de la situación previsional de una cohorte representativa del sistema en su conjunto. Sin embargo, aún se precisa de esfuerzos sistemáticos para implementar un sistema de información básico, que permita compartir información con otras bases de datos y registros administrativos existentes. Ello es también indispensable para apoyar el diseño de políticas previsionales y sociales, y para enfrentar los desafíos asociados con el monitoreo y evaluación permanente de los resultados de la actual reforma.

Por otra parte, en la actual institucionalidad no existe instancia en que los afiliados puedan expresarse, más allá de los canales administrativos comunes al sector público o del procesamiento de reclamos.

II. CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY.

Esta reforma es el fruto de un diagnóstico profundo y de múltiples consultas con la ciudadanía. La primera medida del proceso de reforma fue constituir el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, que como parte de su mandato realizó un amplio proceso de audiencias ciudadanas, en las que participaron todos los actores relevantes; organizaciones de trabajadores y de pensionados, agrupaciones de mujeres, representantes del mundo empresarial, expertos de organismos internacionales y de centros de estudios nacionales. La misión del Consejo fue elaborar recomendaciones que sirvieran de base para el diseño de un sistema de pensiones que entregue protección social efectiva a toda la población, refuerce el carácter solidario del sistema, amplíe la cobertura y supere las discriminaciones de género que persisten en la actualidad. Este trabajo se cumplió con pleno éxito y se constituyó en una estructura sólida para la elaboración del Proyecto de Reforma Previsional.

Una vez terminado el trabajo del Consejo se constituyó el Comité de Ministros para la Reforma Previsional, a efectos de consolidar la propuesta solicitada por la Presidenta de la República. Terminada esta etapa, se presenta el proyecto de reforma previsional al país.

A continuación se describen los contenidos fundamentales del presente proyecto de ley.

1. Sistema de Pensiones Solidarias.

La Reforma Previsional plantea reestructurar el actual régimen civil de pensiones, creando un Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) que asegure un grado razonable de protección y autonomía económica para el pensionado.

Los principales beneficios de este sistema serán la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) .

A dichos beneficios accederán, en régimen, hombres y mujeres, a los 65 años de edad, que pertenezcan a los tres primeros quintiles de ingreso (es decir, el 60% de la población de menores ingresos) y reúnan un período mínimo de 20 años de permanencia en el país, y de 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud del beneficio.

La Pensión Básica Solidaria es una pensión de carácter no contributivo, mientras que el Aporte Previsional Solidario es un beneficio que complementa a las pensiones que el beneficiario recibe.

Así, una persona que cumpla con los requisitos para acceder al Sistema de Pensiones Solidarias, que no pudo contribuir al sistema de capitalización obligatorio, y que no posee ningún otro tipo de pensión, el nuevo sistema le otorgará la Pensión Básica Solidaria (PBS) , la que en régimen alcanzará a $75.000 pesos.

El Aporte Previsional Solidario, en cambio, complementará a las pensiones que el beneficiario, que cumpla los requisitos de acceso, perciba. Este beneficio tendrá un carácter solidario, ya que su monto decrecerá con el monto de las pensiones que se perciban, hasta extinguirse para las personas cuyas pensiones alcancen un monto igual o superior a $200.000, cuando la reforma entre régimen.

El SPS entregará beneficios de vejez e invalidez integrados a los beneficios del sistema contributivo y reemplazará al actual programa de pensión asistencial y gradualmente al programa de pensión mínima garantizada.

Mediante un instrumento de focalización se entregarán beneficios al 60% de la población de menores ingresos, existiendo instancias de apelación a todo aquel que lo requiera. Para esto se utilizará la información que se encuentra a disposición del Estado, permitiendo así una mayor agilidad en el otorgamiento de los beneficios.

El beneficio de invalidez corresponderá a un monto mínimo asegurado por el Estado, fijado al nivel de la Pensión Básica Solidaria de invalidez, que permita la subsistencia de quien sufre el siniestro.

El monto de la Pensión Básica Solidaria de invalidez será de igual valor al de la Pensión Básica Solidaria de vejez, representando el mismo monto tanto para invalidez parcial como total.

Con el propósito que la situación con reforma represente una mejoría para todos los pensionados, los actuales beneficios ligados a la Garantía de Pensión Mínima seguirán vigentes para todos aquellos pensionados que deseen optar por estos en lugar de los que otorga el SPS. Coherente con lo anterior, los actuales beneficiarios de Pensión Mínima Garantizada de sobrevivencia continuarán percibiendo dicha garantía estatal.

Adicionalmente, se establecerá una transición para las personas que, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980. Éstas podrán acceder, cuando cumplan los requisitos que dicho decreto establece, a las pensiones mínimas de vejez e invalidez garantizadas según lo dispuesto en este proyecto. Asimismo, en cualquier época estas personas podrán optar por el sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de conformidad a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola vez.

De este modo, por medio de la implantación del SPS, el Estado establece un importante grado de certezas en relación a los ingresos en la vejez para toda la población, entregando una mayor protección a las personas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por el sistema de capitalización individual y alcanzando a la población de ingresos medios y bajos.

2. Institucionalidad Pública para el Sistema de Previsión Social.

La propuesta desarrollada busca diseñar una nueva institucionalidad, consistente con un sistema previsional estructurado sobre un sistema contributivo obligatorio, uno voluntario y uno solidario, así como integrar la política previsional con la de protección social.

Estas modificaciones a la institucionalidad pública del sistema previsional y a su marco normativo, permitirán diferenciar claramente sus distintos roles, estructurar en forma coherente el sistema que se propone, y guardar la debida coherencia con el conjunto de propuestas de reforma. Además, por su intermedio, se induce una gestión eficiente, evitando la duplicación de competencias, se unifica el control y fiscalización del sistema, se hace expedito el acceso a la información y se incentiva la participación.

En efecto, a través de este proyecto se refuerzan las capacidades del Ministerio del Trabajo y de la Subsecretaría de Previsión Social, para la supervisión, planificación y conducción del sistema. Esta Secretaría otorgará la asistencia técnica y administrativa a la Comisión de Usuarios y deberá administrar el Fondo para la Educación Previsional, destinado a apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión previsional.

En el área normativa, se busca unificar, en una nueva institución pública la Superintendencia de Pensiones, la regulación del sistema previsional civil, incluyendo tanto el sistema de pensiones solidarias así como los sistemas contributivo obligatorio y voluntario. Con ello se fortalece la capacidad de reacción de las instancias políticas encargadas de la toma de decisiones, y se facilita la gestión administrativa y la colisión de competencias. Adicionalmente, se crea un Consejo Técnico de Inversiones, el que deberá recomendar al ejecutivo la normativa específica sobre inversiones de los fondos de pensiones que administren las AFP.

En el ámbito de la administración del sistema, se busca fortalecer la noción de responsabilidad compartida entre el Estado, los afiliados y los administradores de beneficios para su buen funcionamiento. Así, se propone la creación del Instituto de Previsión Social (IPS) , responsable de la administración del Sistema de Pensiones Solidarias y de los Centros de Atención Previsional Integral que forman parte del IPS. Estos últimos estarán encargados de atender y de transmitir la información relevante para las decisiones que debe tomar el afiliado.

El IPS desempeñará, asimismo, todas las funciones y atribuciones actualmente realizadas por el Instituto de Normalización Previsional, con excepción de aquellas referidas a la ley N°16.744. Es decir, el IPS tendrá la responsabilidad de la administración de los regímenes de las ex cajas de previsión social fusionadas en el INP. Adicionalmente, el IPS tendrá la responsabilidad de crear y administrar un Sistema de Información de Datos Previsionales.

Asimismo se creará el Instituto de Seguridad Laboral, el cual desempeñará las funciones referidas a la ley N°16.744, actualmente desempeñadas por el INP.

Con la creación de los Centros de Atención Previsional Integral, por su parte, se busca garantizar la prestación de servicios esenciales para el sistema previsional en materias de información para todos los usuarios, los que se busca sean de gran utilidad para los beneficiarios al ser proporcionados de manera imparcial y sin conflictos de interés de por medio.

Adicionalmente, los Centros de Atención Previsional Integral proporcionarán nuevos servicios vinculados con el Sistema de Pensiones Solidarias. Especialmente, en cuanto a informar al usuario sobre su situación previsional, recibir solicitudes de pensiones y de selección de modalidad de pensión, entre otras. También, mediante el acceso al Sistema de Información de Datos Previsionales, verificarán el cumplimiento de los requisitos que permiten acceder a los beneficios; su pago; y realizarán trámites vinculados al otorgamiento, modificación y cese de beneficios, que otorga el IPS en su calidad de continuador legal del INP.

3. Equidad de género y afiliados jóvenes.

Existen grandes diferencias en la situación de hombres y mujeres en cuanto a la cobertura de pensiones. En efecto, la entrada de la mujer al mercado laboral, en promedio, es más tardía que la de los hombres. Asimismo, existe una importante brecha salarial a favor de los hombres, la que, por un lado, se explica porque, en promedio, las mujeres acceden a trabajos menos calificados, y por ende, menos remunerados que los de los hombres. Pero, por otro lado, también existe una discriminación salarial contra las mujeres, pues las estadísticas y estudios muestran que ante un mismo empleo y calificación del trabajador, la recompensa salarial se inclina a favor del hombre.

Otro punto importante dice relación con la división del trabajo reproductivo y doméstico entre hombres y mujeres, ya que bien es sabido que este, en su gran mayoría, recae sobre las mujeres, lo que redunda en un mayor tiempo de inactividad de éstas. En relación al sistema previsional, bajo el marco actualmente existente, si hombres y mujeres llegasen en igualdad de condiciones al momento de la jubilación, en cuanto al saldo acumulado se refiere, de todos modos el monto de la pensión sería inferior para estas últimas.

El conjunto de diferencias previamente planteado arroja como resultado, por un lado, un brecha de ingresos entre géneros en la etapa activa, así como también un resultado previsional particularmente negativo para las mujeres en materia de pensiones.

Cabe destacar que el propio diseño e implementación del Sistema de Pensiones Solidarias debe ser entendido como una medida que apunta a la equidad de género.

De ahí que el SPS entregará derechos previsionales a aquellas personas que no pudieron realizar contribuciones al sistema de pensiones, realiza mayores aportes a las personas con menores contribuciones y no considera requisitos de número de cotizaciones, eliminando así barreras que limiten su acceso. En todos estos casos las mujeres aparecen como beneficiarias preferenciales.

En efecto, por razones de cuidado del hogar, la familia y el funcionamiento del mercado del trabajo, una gran proporción de mujeres se encuentran en la situación antes descrita. Se estima que más de un 60% de las personas que accedan a la Pensión Básica Solidaria serán mujeres.

Adicionalmente, un número importante de mujeres que realizan labores remuneradas eventuales o temporales, en la actualidad no tienen acceso a las prestaciones garantizadas por el Estado por no cumplir con 240 meses de cotizaciones.

Por otra parte, se estima que se aumentarán las contribuciones a las cuentas de capitalización individual de las mujeres como resultado de la separación por género de la licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que más adelante se describe, y mediante el otorgamiento de un bono por cada hijo nacido vivo para las mujeres.

En otro ámbito, la reforma, tal como fuera anunciado por la Presidenta, incluirá protección social efectiva para los jóvenes más vulnerables de menores ingresos.

a. Bonificación por hijo para las mujeres.

Esta medida otorga el derecho a todas las madres a recibir el beneficio de una bonificación monetaria por cada hijo nacido vivo, la que será depositada en su cuenta de capitalización individual a los 65 años de edad. La bonificación consistirá en que por cada hijo nacido vivo, la madre recibirá un aporte estatal equivalente a 12 meses de cotizaciones previsionales (al 10%) sobre el ingreso mínimo que se encuentre vigente en el mes de nacimiento del hijo.

A este beneficio accederán todas las madres que se pensionen desde el 1 de julio de 2009.

Dicha bonificación devengará una tasa de rentabilidad de un 4% real por cada año completo, contado desde el mes del nacimiento y hasta la edad de 65 años.

En la transición, para los hijos nacidos con anterioridad al 1 de julio de 2009, se considerará el salario vigente a dicha fecha y el bono devengará intereses desde ese momento.

De igual forma se consideran los hijos adoptivos como causantes de beneficios.

b. Separación del seguro de invalidez y sobrevivencia entre hombres y mujeres.

La propuesta establece una comisión por concepto de seguro de invalidez y sobrevivencia, única para hombres y mujeres, cuyo valor se determinará por el costo unitario del seguro para los hombres. Como es posible verificar que el costo unitario del seguro para las mujeres es sustancialmente menor que el de los hombres (producto, entre otras cosas, de menor siniestralidad) , se autorizará la devolución de la sobreprima que pagarían las mujeres (diferencia entre la prima de hombres y mujeres) a su cuenta individual en forma de cotización.

Esta medida contribuirá a aumentar el nivel de pensiones de las mujeres y disminuirá la brecha existente con las pensiones de los hombres.

c. Compensación económica en materia previsional en caso de divorcio o nulidad.

En la actualidad la ley de matrimonio civil contempla el análisis de la situación previsional de los cónyuges que terminan su vínculo, a efectos de establecer compensaciones para aquel cónyuge que se encuentre en una situación de menoscabo como producto de su mayor o total dedicación al cuidado del hogar, independientemente del régimen matrimonial con que hayan contraído el vínculo.

Sin embargo, no es posible hacer uso de los fondos previsionales para resolver la compensación.

Esta situación puede generar una importante fuente de inequidades de género, sobre todo en aquellos hogares en que los ahorros previsionales representan una proporción muy relevante de los activos de los cónyuges.

De ahí que proponga que en caso de nulidad o divorcio el juez competente, una vez que considere la situación en materia de beneficios previsionales y en la eventualidad que determine la existencia de un menoscabo económico del que resulte una compensación, podrá ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge compensado. De no existir dicha cuenta, el traspaso se realizará a una cuenta de capitalización voluntaria, que deberá abrirse a tal efecto.

Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.

Para estos efectos, la Superintendencia de Pensiones deberá tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que involucra a los cónyuges. De ser necesario, el juez podrá requerir al citado organismo antecedentes específicos adicionales.

La Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, los procedimientos a aplicar en los traspasos de recursos de fondos, apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás aspectos administrativos que procedan.

d. Cotización voluntaria.

En la medida que existan personas que desean cotizar en cuentas de terceros, es recomendable que el sistema permita y facilite esta acción, toda vez que su objeto es únicamente mejorar las condiciones previsionales del receptor de los aportes.

En este sentido, esta medida no implica riesgos para el Sistema de Pensiones Solidarias de vejez, pues este no tiene requisitos del tipo “número de periodos cotizados”, y tampoco para el seguro de invalidez y sobrevivencia, puesto que este tipo de cotizaciones pueden ser consideradas tal como las obligatorias, lo que no altera fundamentalmente la estructura actual de incentivos y costos del sistema.

e. Pensión de sobrevivencia de la mujer al cónyuge hombre no inválido.

Uno de los principios básicos de este proyecto de ley es igualar derechos y obligaciones previsionales entre hombres y mujeres. En consideración a este principio, en materia de beneficios, se propone eliminar las diferencias de género, incluyendo como beneficiario de pensión de sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge no inválido y al padre soltero de hijos legalmente reconocidos que viva a sus expensas.

Esta medida, permite eliminar un importante subsidio cruzado que se genera en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia entre hombres y mujeres, el que subsiste durante toda la vida activa de los afiliados.

Se estima que la inclusión de estos nuevos beneficiarios de pensiones de sobrevivencia aumentaría el costo del seguro de las mujeres en una cifra en torno a un 7,8%, creciendo levemente a medida que aumente la participación de la mujer en el trabajo remunerado.

f. Uniformar la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia.

Enseguida, se propone igualar en 65 años la edad máxima de cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia para hombres y mujeres.

g. Subsidio a las cotizaciones de los Trabajadores Jóvenes.

El proyecto, por otra parte, propone crear un subsidio a las cotizaciones mensuales efectivas, durante las primeras 24 cotizaciones para los trabajadores jóvenes entre 18 y 35 años, de ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.

Este subsidio estará constituido por dos componentes: (i) un subsidio al empleador equivalente a la mitad de la cotización de un salario mínimo, y (ii) un aporte a la cuenta de capitalización individual del trabajador joven por el mismo monto.

De este modo, los trabajadores jóvenes que perciban el salario mínimo, alcanzarán una cotización total de hasta 15% de su remuneración en la cual existirá un incentivo a la contratación del 5% de su salario.

Lo anterior permitirá alcanzar los siguientes objetivos: i) fomento del empleo juvenil, ii) mayor formalización y iii) aumento de la cobertura y de los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes.

4. Obligación a cotizar de los trabajadores Independientes.

Esta Reforma contempla un conjunto de medidas cuyo objetivo es aumentar la cobertura previsional de los trabajadores independientes.

En la actualidad sólo el 5% de estos trabajadores participa activamente del Sistema de Capitalización Individual.

El objetivo señalado anteriormente se logrará mediante el acceso de estos trabajadores a los beneficios del sistema previsional en igualdad de derechos y obligaciones respecto a los trabajadores dependientes.

Esto incluye el derecho a acceder a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, tanto a la Pensión Básica Solidaria como al Aporte Previsional Solidario en los mismos términos en que pueden acceder los trabajadores dependientes.

Asimismo, gradualmente, se establecerá la afiliación obligatoria al sistema de pensiones de todos los trabajadores, eliminando la actual discriminación entre trabajadores dependientes e independientes. Esto permitirá que los trabajadores independientes que efectúen sus cotizaciones obligatorias conforme a lo establecido en este proyecto, cuenten con cobertura del Seguro de Invalidez y sobrevivencia.

Enseguida, el proyecto contempla un período de tres años contados desde la fecha de publicación de la ley, en los cuales no se hará efectiva la obligatoriedad de cotizar y se realizará un activo proceso de educación previsional. A continuación, se implementará una segunda etapa de transición que contempla el cuarto, quinto y sexto años, contados desde la publicación de la ley, en la cual se establecerá la obligación de cotizar para pensiones, salvo que la persona en forma expresa manifieste lo contrario. En este segundo período de transición, la obligación de cotizar se efectuará sobre el 40%, 70% y 100% de la renta imponible, en el cuarto, quinto y sexto años respectivamente. Desde el séptimo año los trabajadores deberán efectuar las cotizaciones obligatorias para pensiones que la ley establece sobre la totalidad de su renta imponible.

Finalmente, a contar del décimo año entrarán en vigencia las disposiciones permanentes relativas a las cotizaciones de salud.

La renta imponible del trabajador independiente será anual y corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto. Dicha renta imponible no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al tope imponible que se establece.

No obstante, si un trabajador percibe simultáneamente rentas del trabajo y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las remuneraciones imponibles y rentas imponibles se sumarán para los efectos de aplicar el límite máximo anual correspondiente.

El trabajador independiente deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud. Para estos efectos, la renta imponible mensual será la que el afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la Administradora según corresponda el pago, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al equivalente a sesenta unidades de fomento.

Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una reliquidación para determinar las diferencias que existieren entre las rentas imponibles que declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual señalada anteriormente.

El proyecto establece que bajo el cumplimiento de esta obligación de cotización, los trabajadores independientes tendrán derecho a las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud y a la atención en la modalidad de "libre elección", habiendo cotizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o habiendo pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.

Para facilitar el cumplimiento de la obligación de cotizar para el trabajador independiente, este proyecto dispone que las cotizaciones obligatorias se paguen con cargo a las cantidades retenidas en conformidad a los artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la renta.

Sin perjuicio que la renta imponible sea anual, los trabajadores independientes podrán efectuar mensualmente pagos provisionales, los que se imputarán a las cotizaciones de pensiones que están obligados a pagar anualmente.

Los trabajadores independientes que no perciban rentas de las señaladas, igualmente podrán cotizar respecto de las rentas que obtengan de forma voluntaria.

Adicionalmente, este proyecto contempla la extensión a los trabajadores independientes del derecho a la asignación familiar y a afiliarse a las Cajas de Compensación de Asignación familiar.

Este conjunto de medidas representa un incremento significativo en la cobertura de beneficios previsionales para los trabajadores independientes. De ahí que consideremos que con este proyecto se logrará el objetivo fundamental de incorporar a los trabajadores independientes al sistema de pensiones en igualdad de derechos y obligaciones respecto a los trabajadores dependientes.

5. Beneficios Previsionales, Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, Inversiones, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y Competencia.

a. Modificaciones en Materias de Beneficios del D.L. Nº 3.500, de 1980.

Las propuestas en materia de beneficios del sistema previsional se centran principalmente en igualar los beneficios para hombres y mujeres, en desarrollar un sistema de asesoría previsional que permita la entrega de un apoyo profesional e independiente para la toma de decisiones de los afiliados y en perfeccionar los beneficios del sistema eliminando algunas asimetrías que lo afectan.

i. Asesoría Previsional.

Debido a la complejidad del Sistema Previsional basado en la capitalización individual, se ha estimado necesario definir y regular una asesoría previsional más amplia que la actualmente ofrecida en el Sistema por los intermediarios de rentas vitalicias.

El objetivo de la asesoría previsional que se crea y regula mediante este proyecto, es apoyar a los afiliados tanto en las decisiones que deben tomar durante su vida activa, así como en la selección de modalidad de pensión al momento de su jubilación. Los asesores previsionales deberán acreditar conocimientos, serán independientes y sus remuneraciones serán neutras respecto de las decisiones que tomen los afiliados. En este sentido, se propone que los asesores acreditados sean remunerados directamente por el trabajador que contrate sus servicios.

No obstante, en consideración a la importancia de la decisión de selección de modalidad de pensión, se ha estimado conveniente otorgar la posibilidad de financiar la asesoría con fondos de la cuenta de capitalización individual, de manera que los afiliados que deban elegir modalidad de pensión y tengan problemas de liquidez, no queden al margen de esta asesoría. Este pago tendría el mismo tope máximo que aquel establecido para las comisiones a ser pagadas a los corredores de rentas vitalicias.

En consideración a que la asesoría previsional incluye diversos aspectos tales como, tributarios, actuariales, previsionales, y financieros que deben ser adecuadamente informados a los afiliados, el proyecto establece la creación de un registro de asesores previsionales, que será regulado y fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones.

ii. Otros perfeccionamientos en materia de pensiones.

Respecto de las pensiones de invalidez, se sugiere una serie de medidas, siendo las de mayor impacto la extensión de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia para las mujeres de entre 60 y 65 años que continúen cotizando en el sistema, la eliminación del periodo transitorio de la pensión de invalidez de los afiliados declarados inválidos totales y la incorporación de un médico asesor del afiliado en el proceso de calificación de la invalidez.

La primera de estas medidas tiene por objeto la igualación de los beneficios previsionales entre hombre y mujeres.

La segunda medida elimina la incertidumbre a la que permanecen sujetos los afiliados declarados inválidos totales durante el período transitorio de tres años, puesto que la mayoría de estos afiliados mantiene dicha condición al momento de su reevaluación.

La tercera medida busca corregir la asimetría de información que tiene el afiliado respecto de las Compañías de Seguros en el trámite de evaluación de la invalidez, ya que éstas pueden designar un médico observador en las Comisiones Médicas Regionales.

b. Ampliación del Ahorro Previsional Voluntario.

A través de la ley Nº 19.768, de 2001, se introdujeron modificaciones al ahorro previsional de carácter voluntario. La mencionada ley creó un marco regulatorio que permite a los trabajadores complementar su ahorro obligatorio, con aportes de naturaleza voluntaria que contemplan un beneficio tributario. Además, se permitió la participación de diversos actores del mercado de capitales para administrar dichos recursos, generando una fructífera competencia entre ellos en la oferta de este tipo de servicios financieros.

Con el objeto de profundizar los mecanismos de ahorro previsional voluntario, este proyecto propone, en primer lugar, la creación de un mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, a través del cual los ahorros realizados por los trabajadores son complementados por sus respectivos empleadores.

En segundo lugar, se presenta una propuesta de perfeccionamiento en materia tributaria para el ahorro previsional voluntario individual, la que se extiende al ahorro previsional voluntario colectivo.

Finalmente, se crea la figura del afiliado voluntario, cuyo objeto es ampliar la cobertura del Sistema de Pensiones a personas que realizan actividades no remuneradas.

Todo lo anterior tiene como objetivo estructurar un pilar voluntario del Sistema de Pensiones más fuerte y con mayor cobertura en sectores medios de la población.

i. Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC) .

El proyecto propone crear un marco legal que fomente el desarrollo de planes de ahorro previsional voluntario, basado en aportes de trabajadores y empleadores.

Al respecto, los planes de ahorro colectivo contemplan beneficios tributarios equivalentes a aquellos que aplican al ahorro previsional voluntario. Asimismo, los aportes de los empleadores se consideran gasto necesario para producir renta.

Las empresas podrán ofrecer a todos y cada uno de sus trabajadores adherir a uno o más contratos de ahorro previsional voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada uno de los contratos serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución Autorizada, los que deberán ser igualitarios para todos sus trabajadores. Los contratos ofrecidos no podrán discriminar entre los trabajadores de la empresa, tanto respecto del acceso de éstos a dichos contratos o a las alternativas de ahorro contenidas en ellos. Los aportes del empleador deberán mantener la misma proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores, no obstante el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo para su aporte, que será igual para todos sus trabajadores. Sin embargo, se establece la posibilidad que existan planes sin aporte del trabajador.

Estos planes establecen derechos de propiedad a favor del trabajador sobre sus propios aportes y sobre los aportes que en su beneficio haga el empleador, sujeto a una permanencia mínima del trabajador en la empresa.

Finalmente, se autoriza la administración de los planes APVC por parte de las mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer planes APV.

ii. Ampliación del beneficio tributario.

Enseguida, se propone entregar alternativas de orden tributario para los ahorros de APV y APVC, permitiendo que el trabajador elija el régimen que afectará a dichos recursos, en consideración al pago o exención de impuestos al momento del aporte o retiro de los recursos de ahorro voluntario.

En consecuencia, el afiliado podrá optar por uno de los siguientes regímenes tributarios:

Gozar del beneficio tributario al aportar los recursos al plan y pagar impuestos al momento del retiro, como ocurre actualmente; o

No hacer uso del beneficio tributario al momento de aportar recursos de ahorro voluntario y no pagar impuesto al momento del retiro de los fondos.

Esta propuesta permite promover el ahorro previsional voluntario entre los trabajadores de menores ingresos, al igualar el beneficio tributario esperado entre trabajadores de distinto nivel salarial y diferentes expectativas de tasa marginal de impuesto. Asimismo, la propuesta se justifica en el hecho de que el régimen tributario actual del ahorro previsional voluntario beneficia preferentemente a los sectores de mayores ingresos, que son los que están sujetos al pago de impuestos.

iii. Afiliados Voluntarios.

Con el objeto de ampliar el pilar voluntario hacia aquellas personas que no cuentan o que cuentan sólo parcialmente con cobertura en materia de pensiones, el presente proyecto propone la creación de la figura del afiliado voluntario, lo que permitirá a las personas que se encuentran realizando actividades no remuneradas, como las dueñas de casa, y que actualmente están imposibilitadas de realizar cotizaciones previsionales, afiliarse a una AFP y ahorrar para financiar al menos parcialmente una pensión.

Las principales características que contempla la afiliación voluntaria se resumen en los siguientes aspectos:

Afiliación. La afiliación debe realizarse por el interesado en la AFP que elija, momento en el cual se creará una cuenta de capitalización individual voluntaria.

Cotizaciones. Las cotizaciones podrán enterarse por el afiliado voluntario o por otra persona en su nombre. Cabe hacer presente, que estas cotizaciones podrán ser mensuales o en un solo pago por más de una renta o ingreso mensual.

Comisiones. Se cobrará comisión sobre el ingreso que se determine en base al monto de la cotización que se realice.

Tributación. No habrá exención tributaria para este tipo de cotizaciones, debido a que el afiliado no percibe renta.

Tope de ingresos. No existirá tope imponible en consideración a que se quiere lograr el máximo ahorro posible y a que este tipo de ahorro no cuenta con exención tributaria. No obstante, se establece el mismo monto en UF correspondiente al tope para el ingreso imponible, tanto para el pago de la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, como para la cobertura de éste.

c. Modificaciones en materias de inversiones.

La gestión de inversiones de los Fondos de Pensiones es un componente esencial en el éxito de un Sistema de Capitalización Individual. Los resultados en materia de rentabilidad de las inversiones de los Fondos son un factor determinante del valor futuro de las pensiones. Al respecto, se estima que un punto porcentual de diferencia en rentabilidad a lo largo de toda la vida activa de un afiliado puede tener un impacto en torno a un 20% en la pensión.

Debido a lo anterior, resulta esencial contar con un marco regulatorio de las inversiones de los Fondos de Pensiones que contribuya a una gestión financiera óptima.

En este sentido, el excesivo detalle y complejidad en la regulación de las inversiones de los Fondos de Pensiones, que contempla actualmente el Decrto Ley N° 3.500, no permite la flexibilidad y adaptabilidad necesarias ante mercados financieros en constante cambio y un monto de fondos administrados en acelerado crecimiento.

Por otra parte, la excesiva regulación induce a disminuir la responsabilidad de las propias Administradoras en la gestión de inversiones, produciendo una suerte de transferencia de dicha responsabilidad en la autoridad.

Asimismo, estudios técnicos han demostrado que la actual regulación de inversiones genera costos en términos de menor rentabilidad y mayor riesgo.

De ahí que la presente iniciativa tenga por objeto crear un marco regulatorio favorable para una gestión eficiente de las inversiones de los Fondos de Pensiones. Como consecuencia de ello, las Administradoras podrán alcanzar una adecuada rentabilidad y seguridad de dichos fondos. Asimismo, se busca que las Administradoras asuman progresivamente una mayor responsabilidad en las decisiones de inversión de los Fondos.

Las principales modificaciones contenidas en el presente proyecto de ley en materia de inversiones son las siguientes:

i. Flexibilización de la estructura de límites de inversiones.

Con el objeto de simplificar y flexibilizar la estructura de inversión de los Fondos de Pensiones, se propone establecer un Régimen de Inversión, el que estará contenido en una norma de la Superintendencia de Pensiones. El mencionado Régimen establecerá límites de inversión aplicables a los Fondos de Pensiones, normas a la inversión indirecta y restricciones a las inversiones con instrumentos derivados, que se realicen con los recursos de los Fondos, entre otras materias.

No obstante, mediante esta iniciativa se propone mantener en la ley sólo cinco límites por instrumentos, considerados como relevantes para acotar el riesgo de los Fondos y necesarios para el esquema de Multifondos. Dichos límites son aplicables a los siguientes instrumentos: estatales; emisores extranjeros; renta variable; moneda extranjera sin cobertura cambiaria e instrumentos de mayor riesgo relativo. A su vez, se mantienen en la ley los límites de inversión por emisor que tienen por objeto evitar que los Fondos adquieran un peso significativo en las decisiones del emisor y permiten resguardar una adecuada formación de precios en el mercado, trasladándose al Régimen de Inversión los límites por emisor en función del valor de los Fondos de Pensiones, cuyo objetivo es la diversificación de las inversiones.

Para efectos de establecer el Régimen de Inversión, la Superintendencia deberá considerar las propuestas y opiniones de un Consejo Técnico de Inversiones que se crea con este proyecto de ley. Asimismo, la Superintendencia no podrá incluir en el Régimen de Inversiones contenidos que hayan sido rechazados por el Consejo. Este Consejo tendrá la calidad de organismo asesor de carácter permanente en materia de inversiones de los Fondos de Pensiones y estará integrado por personas con conocimientos en finanzas, mercado de capitales y experiencia en la administración de inversiones.

ii. Modificaciones al límite de inversión en el extranjero.

El creciente tamaño de los recursos de los Fondos de Pensiones conlleva a una mayor demanda de instrumentos de inversión. Sin embargo, los mercados financieros locales sólo han podido responder de forma limitada en su oferta, con el consiguiente riesgo de afectar los precios de tales instrumentos y, por consiguiente, la rentabilidad de las inversiones de los Fondos de Pensiones. Ello hace necesario potenciar, de manera gradual, un acceso a otros mercados, particularmente extranjeros, donde es posible realizar importantes movimientos en las carteras de inversiones sin provocar cambios significativos en los precios.

Por lo anterior, se propone un aumento gradual del límite a la inversión de los Fondos en el extranjero, pudiendo llegar a un ochenta por ciento del valor de la suma de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora. La fijación del límite en el exterior dentro del rango establecido en la Ley será facultad del Banco Central de Chile, tal como ocurre en la actualidad.

La propuesta para la estructura del límite de inversión en el extranjero, consiste en el establecimiento de dos límites: uno global, para la suma de los Fondos de Pensiones; y uno para cada tipo de Fondo, siendo aplicable el mayor valor que resulte de ambos. El establecimiento de un límite de inversión por tipo de Fondo tiene por objeto evitar que se privilegie la cartera de un tipo de Fondo por sobre la cartera de otro, lo que ocurre al existir un límite global restrictivo.

iii. Mayor responsabilidad de las Administradoras en la gestión de las inversiones.

Con el objeto de hacer efectiva una mayor responsabilidad de las Administradoras en la gestión de los Fondos de Pensiones, se propone en el presente proyecto de ley que las AFP establezcan formalmente sus políticas de inversión e informen al ente regulador y al público los lineamientos de éstas. Adicionalmente, se propone la obligatoriedad para las Administradoras de constituir comités de inversiones en sus directorios, lo cual permite dar una mayor formalidad a la gestión de las carteras previsionales.

iv. Establecimiento de mediciones de riesgo relevantes.

En la actualidad la regulación del riesgo se realiza mediante los límites de inversión establecidos en la Ley, no utilizándose mediciones de riesgo basadas en parámetros estadísticos y financieros, las que podrían complementar o eventualmente sustituir la regulación basada en límites. A su vez, técnicas de medición de riesgos disponibles permiten cuantificar el riesgo que afecta a las carteras de los fondos, lo que posibilita comparar la administración de activos entre las AFP.

Dado lo anterior, se propone que el Régimen de Inversión pueda contener normas para la regulación de la inversión de los Fondos de Pensiones, en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de cada uno de ellos.

v. Modificaciones a las funciones de la Comisión Clasificadora de Riesgo.

Con el objeto de hacer más dinámico el proceso de inversión de los Fondos, se proponen modificaciones a las funciones que actualmente realiza la Comisión Clasificadora de Riesgo. Específicamente, los títulos de deuda nacionales y extranjeros no requerirán la aprobación previa de este organismo para ser adquiridos por los Fondos, sujetando su aprobación a la clasificación efectuada por entidades privadas, mientras que para el caso de las acciones nacionales éstas podrán ser adquiridas por los Fondos cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley, eliminando la atribución de la Comisión Clasificadora de Riesgo de aprobar dichos títulos.

Estas modificaciones tienen por objeto dar un mayor rol a la industria privada de clasificación de riesgo, atendida la evolución que ésta ha experimentado en el último tiempo, lo que ha sido reconocido por la misma Comisión en las clasificaciones que efectúa.

vi. Otras propuestas relacionadas con la regulación de las inversiones.

El proyecto, además, contempla otra serie de medidas.

Clasificar a fondos mutuos y de inversión según activos subyacentes. Para efectos de la fijación de límites de renta variable y renta fija que definen a los Multifondos, se propone que los fondos de inversión y fondos mutuos que tengan en sus carteras de inversión preferentemente títulos de renta fija, dejen de ser clasificados como de renta variable.

Se permite al Fondo tipo E invertir en títulos de renta variable, hasta un 5% de sus recursos. Actualmente, los recursos de los Fondos Tipo E sólo pueden ser invertidos en títulos de renta fija. Esta situación significa contar con menores oportunidades de inversión que los otros Tipos de Fondos. Lo anterior, afecta la diversificación de las carteras de estos Fondos, con el consecuente impacto en la rentabilidad y riesgo.

Flexibilización de requisitos de rentabilidad mínima para Fondos que cuenten con menos de treinta y seis meses de funcionamiento. Actualmente, se aplica a los Fondos nuevos una regla de rentabilidad mínima análoga a la aplicada a los Fondos con treinta y seis meses o más de operación. De esta forma, con la modificación propuesta se permite una diversificación eficiente de dichos Fondos.

Eliminación de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad. Este mecanismo, desincentiva a las AFP a obtener rentabilidades superiores al promedio del Sistema y produce transferencias indeseadas de riquezas entre los afiliados, razón por la cual se está proponiendo su eliminación.

d. Separación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Este proyecto de ley propone una modificación respecto del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) , que las Administradoras de Fondos de Pensiones deben contratar para cubrir los riesgos de invalidez y fallecimiento que afectan a sus afiliados.

Específicamente, se propone que la licitación de este seguro sea realizada por todas las Administradoras en conjunto. Lo anterior, contribuirá a la obtención de un precio más competitivo para este seguro y permitirá aumentar la transparencia del Sistema a través de la difusión del costo efectivo del seguro. Asimismo, esta propuesta permitirá que las Administradoras se enfoquen en competir en base a variables relacionadas a la administración de las cuentas individuales y de los recursos de los Fondos de Pensiones, eliminando el incentivo a que aquéllas discriminen a los afiliados de mayor siniestralidad, producto de que los costos de este seguro representan aproximadamente el 50% de los costos operacionales de las AFP.

Como ya se mencionó, la propuesta contempla la realización de licitaciones independientes según el sexo de los afiliados. Esto permitirá, en la medida que las comisiones esperadas para las mujeres sean inferiores, generar un mayor aporte a las cuentas de capitalización individual de las mujeres.

e. Modificaciones en materia de competencia.

Uno de los objetivos de esta propuesta es intensificar la competencia en base a precios en la industria de servicios previsionales, cuyo efecto esperado es la reducción de las comisiones pagadas por los afiliados.

En este mercado, la competencia en precios es escasa, debido a una combinación de factores. Por una parte, los afiliados tienen una baja sensibilidad al precio. Por otra parte, las Administradoras están obligadas a cobrar una tasa única de comisión sobre el salario a los cotizantes. Por último, existen barreras económicas para el ingreso de nuevos competidores a la industria.

El desafío de las propuestas planteadas en esta iniciativa es generar mecanismos que sensibilicen a los afiliados al precio, permitan una mayor competencia y, eventualmente, hagan posible la entrada de nuevos actores al mercado. Estos mecanismos deben apuntar a conseguir rebajas en las comisiones pagadas, sin sacrificar otros atributos relevantes como la calidad de la administración de los Fondos y el servicio prestado a los afiliados.

i. Licitación para la administración de Cuentas de Capitalización Individual.

Mediante la presente iniciativa se propone que se realice una licitación anual para proveer el servicio de administración de cuentas de capitalización individual a los nuevos afiliados al Sistema Previsional. En particular, se propone que los trabajadores que inician labores en un período de doce meses sean asignados a la Administradora que ofrezca la menor comisión por concepto de depósito de cotizaciones en el proceso de licitación. Las bases de licitación serán aprobadas por los Ministerios de Trabajo y Previsión Social.

Se ha considerado la asignación obligatoria de los trabajadores que inician su vida laboral, dado que su bajo saldo acumulado, determina que la variable precio sea la más relevante al momento de seleccionar una Administradora de Fondos de Pensiones. Este grupo de afiliados tiene el tamaño suficiente para cubrir la escala mínima eficiente de operación de una nueva AFP.

El mecanismo de licitación reduce los costos de comercialización, haciendo posible la entrada de nuevos actores a la industria y generando un mecanismo que facilita la elección de Administradora, tanto para los nuevos afiliados, quienes tienen un menor conocimiento relativo del Sistema, como para aquellos afiliados que decidan traspasarse de Administradora.

Las principales características de este mecanismo de licitación son las siguientes:

Grupos a licitar. Se integrarán a la licitación a todos los afiliados que ingresen al mercado laboral durante un período de doce meses. El grupo a licitar estará compuesto también por los afiliados que voluntariamente se inscriban en el proceso.

Oferentes. Podrán participar en el proceso de licitación las AFP existentes y las personas jurídicas nacionales o extranjeras, aprobadas por la Superintendencia de Pensiones, que aún no estén constituidas como Administradoras.

Adjudicación. El grupo licitado será adjudicado a la AFP que ofrezca la menor comisión por depósito de cotizaciones. Este precio debe ser inferior al menor precio vigente a la fecha de la licitación.

Permanencia. Los afiliados deberán permanecer en la AFP adjudicataria durante el período que establezcan las bases de licitación, no pudiendo exceder éste de dieciocho meses. La obligación anterior no regirá en caso que el traspaso se realice a una AFP que ofrezca menores comisiones o cuando el traspaso se realice a una AFP cuya mayor rentabilidad respecto de la obtenida por la adjudicataria supere la diferencia de comisiones entre ambas Asimismo, se establecen otras causales que permiten la salida de los afiliados asignados cuando la Administradora adjudicataria incurra en incumplimientos legales.

Comisiones. La AFP adjudicataria debe cobrar un precio, que no podrá ser superior al ofrecido durante el período establecido en las bases de licitación. Este precio se hará extensivo a todos los cotizantes de la AFP adjudicataria.

ii. Ingreso de nuevos actores a la industria de AFP.

Este proyecto propone una modificación a la Ley General de Bancos, estableciendo la autorización para que estas entidades constituyan Administradoras de Fondos de Pensiones como sociedades filiales. La constitución de filiales AFP de giro único, por parte de bancos, abre el espacio para una mayor competencia, menores precios y desconcentración de la industria.

Asimismo, con el objeto de evitar que la participación de los bancos en la propiedad de las AFP tenga consecuencias indeseadas sobre el Sistema Previsional, se refuerzan las normas que buscan prevenir conflictos de interés en la gestión de fondos y en la comercialización de los servicios previsionales. Al respecto se establece:

La prohibición para el banco de subordinar la venta de productos o servicios propios de su giro a la afiliación o permanencia en una AFP de la cual el banco es su matriz.

La prohibición de invertir los recursos de los Fondos de Pensiones en instrumentos emitidos por personas relacionadas a la Administradora.

La separación de funciones comerciales entre la AFP y las que puedan desarrollar las entidades de su grupo empresarial.

iii. Modificaciones a la estructura de comisiones cobradas por las AFP.

Se eliminan aquellas comisiones descontadas del saldo de las cuentas individuales de los afiliados, como la comisión fija por depósito de cotizaciones y la comisión por transferencia del saldo de la cuenta individual desde otra AFP, las que actualmente producen un disminución en los ahorros previsionales y, por tanto, en la pensión.

Adicionalmente, se eliminan las comisiones fijas que pueden cobrar las Administradoras, con el objeto de facilitar la comparación de comisiones por parte de los afiliados y pensionados.

6. Otras normas.

a. De la responsabilidad de Alcaldes y otras autoridades en la obligación de cotizar.

Un elemento relevante de la Reforma es desarrollar un mayor control y elevar las sanciones para el incumplimiento de la obligación de cotizar.

Coherente con lo anterior, se propone que el incumplimiento por parte de una autoridad pública de la obligación de efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, constituya infracción grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, los alcaldes que cometan la infracción incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los concejales que cometan dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes suplentes.

La Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier concejal, deberá efectuar las investigaciones que procedan con el objeto de verificar las infracciones correspondientes. En el caso en que la Contraloría concluya que hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde, ésta deberá informar de ello al Concejo Municipal para llevar a efecto las sanciones.

b. Equiparación de la renta mínima imponible para trabajadores de casa particular.

En la actualidad, los trabajadores de casa particular se encuentran afectos a un ingreso mínimo imponible inferior al del resto de los trabajadores. Esta situación les significa un importante perjuicio en la pensiones que finalmente perciben.

Por lo anterior y sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, el proyecto plantea que la remuneración mínima imponible para efectos de seguridad social de estos trabajadores, no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional a la pactada, si ésta fuere inferior.

7. Normas sobre financiamiento fiscal.

Un elemento crucial en el éxito de la reforma, está constituido por su financiamiento.

Se velará por la transparencia y sostenibilidad financiera del Sistema de Pensiones, mediante el diseño de un régimen presupuestario que dé cuenta de los compromisos fiscales, transitorios y permanentes, con el sistema previsional.

Producto de la disciplina en materia de manejo fiscal y a la aplicación rigurosa de la regla de superávit estructural, es posible financiar adecuadamente la Reforma Previsional. Las fuentes de financiamiento fundamentales de la reforma serán: i) Recursos provenientes del Fondo de Reserva de Pensiones; ii) Liberación de recursos por la disminución de los compromisos que mantiene el Estado con el Sistema de pensiones antiguo. Esto es, disminución del déficit del sistema previsional antiguo y de los intereses devengados de los bonos de reconocimiento; iii) Recursos provenientes de reasignaciones, eficiencia del gasto y del crecimiento económico y, iv) En los años iniciales (la transición) , mayores intereses por los activos financieros del Fisco.

Asimismo, y con el objeto de consolidar un sistema que de cuenta con transparencia de los compromisos fiscales con el Sistema Previsional, la Dirección de Presupuestos elaborará anualmente un informe que contendrá las estimaciones de los estudios actuariales sobre los pasivos contingentes, derivados del pago de la Pensión Básica Solidaria, el Aporte Provisional Solidario, y la Garantía Estatal a las Pensión Mínima en aquella parte que se mantenga en el periodo de transición al régimen del nuevo Sistema de Pensiones Solidarias.

Dicha información se presentará anualmente en el Informe de Finanzas Públicas, documento que acompaña a la presentación de la ley de presupuestos de cada año, el cual expresa el compromiso de elevar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas ante el Congreso y la ciudadanía.

La Dirección de Presupuestos y la Superintendencia de Pensiones encargarán cada cinco años un estudio actuarial que evalúe el efecto de cambios en las variables demográficas, financieras y en el comportamiento de los afiliados sobre las tasas de reemplazo, para así estimar los compromisos fiscales.

Un aspecto fundamental de la Reforma Previsional es velar por la transparencia y sostenibilidad del Sistema de Pensiones. Esta preocupación se ha recogido en el conjunto de medidas que velan por garantizar la disciplina fiscal. De otro modo, cualquier esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores no sería sostenible si las medidas necesarias que garanticen su viabilidad financiera no fuesen tomadas.

8. Disposiciones transitorias.

a. Disposiciones transitorias Sobre el Sistema de Pensiones Solidarias.

El proyecto propone que las disposiciones sobre el Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) entren en vigencia a contar del 1° de julio de 2008. No obstante, si la publicación de ésta, fuese posterior al 1° de enero de 2008, regirá a contar del día primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.

Con el propósito de permitir una implantación efectiva y oportuna de la reforma, durante los dos primeros años de la entrada en vigencia del SPS para los efectos de la determinación del nivel socioeconómico del grupo familiar al que pertenece la persona que soliciten la Pensión Básica Solidaria (PBS) o el Aporte Previsional Solidario (APS) , se podrá utilizar como instrumento de focalización la Ficha de Protección Social.

Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la ley sean beneficiarias de pensiones asistenciales (PASIS) tendrán derecho a la PBS de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir las referidas pensiones asistenciales.

Las personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad, que se encuentren percibiendo una pensión asistencial, tendrán derecho a un subsidio específico a tales efectos, dejando de percibir la PASIS. El Instituto de Previsión Social administrará este subsidio y la Superintendencia de Seguridad Social asumirá su supervigilancia y fiscalización.

Como se señaló anteriormente, la Reforma Previsional busca generar efectos positivos o al menos neutros sobre las pensiones de todos.

Con este propósito, las personas que a la fecha de la entrada en vigencia de la ley tengan cincuenta años de edad o más y se encuentren afiliadas al sistema de pensiones de capitalización individual, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez garantizadas por el Estado. Sin embargo, en cualquier momento podrán optar por el SPS de conformidad a las normas que les sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola vez.

Del mismo modo, los pensionados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones mínimas garantizadas por el Estado, podrán ejercer el derecho de opción antes señalado en las mismas condiciones.

Asimismo, las personas que se encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, siempre que cumplan con los requisitos de acceso al Sistema de Pensiones Solidarias, tendrán derecho a la Pensión Básica Solidarias o al Aporte Previsional Solidario de vejez o invalidez, según corresponda, de acuerdo a las normas que se establecen para tal efecto.

Por otra parte, las personas que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, perciban pensión mínima de sobrevivencia con garantía estatal, continuarán percibiéndola. También accederán a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a ella. Estas pensiones, son incompatibles con el SPS. Sin embargo, las personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a él, renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.

A contar del 1° de julio de 2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la PBS de vejez y la pensión máxima con aporte solidario (PMAS) , ascenderán a $ 60.000. Durante este período accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 40% de menores ingresos.

A contar del 1° de julio de 2009 y hasta el 30 de junio de 2010, la PBS de vejez y la PMAS, ascenderán a $ 75.000. Durante este período accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 40% de menores ingresos.

A contar del 1° de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de 2011, la pensión máxima con aporte solidario, ascenderá a $ 100.000. Durante este período accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 40% de menores ingresos.

A contar del 1° de julio de 2011 y hasta el 30 de junio de 2012, la PMAS, ascenderá a $ 150.000. Durante este período accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 45% de menores ingresos.

A contar del 1° de julio de 2012 la PMAS ascenderá a $ 200.000. A partir de igual fecha y hasta el 30 de junio de 2013, accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 45% de menores ingresos.

A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2015, accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 50% de menores ingresos.

A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de junio de 2017 accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 55% de menores ingresos.

A contar del 1 de julio de 2017 accederán al SPS las personas cuyo grupo familiar pertenezca al 60% de menores ingresos.

b. Disposiciones transitorias del título II sobre institucionalidad.

Con el propósito de poner en marcha la nueva institucionalidad del Sistema de Pensiones, se producirán las readecuaciones de personal desde las instituciones actualmente vigentes, a las que se establecen en la presente Ley. Este proceso de readecuación se llevará a cabo cuidando la estabilidad laboral y los niveles de remuneraciones de los funcionarios de las reparticiones involucradas.

Enseguida, a contar de la fecha de publicación de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión Social, hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.

Asimismo, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que continuará ejerciendo hasta dicha fecha.

c. Disposiciones Transitorias sobre normas sobre equidad de género y afiliados jóvenes.

La bonificación por hijo nacido vivo para las mujeres entrará en vigencia a contar del 1 de julio de 2009, de acuerdo a las normas permanentes que se establecen en esta ley.

Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se establecen, obtenga su pensión con posterioridad al 1 julio de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10% sobre el ingreso mínimo vigente a esa fecha. A contar de ese momento, se comenzará a calcular el interés y la reajustabilidad establecidos en la norma permanente.

También se debe considerar que a contar del 1º de julio de 2009, la bonificación por hijo para las madres será considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada.

Por otro lado, la compensación económica en materia previsional en caso de divorcio o nulidad sólo será aplicable en los juicios de nulidad o divorcio que se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley.

En relación al subsidio previsional para trabajadores jóvenes, a partir del 1º de julio del año 2009 entrará en vigencia el subsidio dirigido al empleador. Posteriormente, el 1º de julio del año 2011 entrará en vigencia un aporte a la cuenta de capitalización individual de cada trabajador joven.

d. Disposiciones transitorias sobre la obligatoriedad de cotizar de los trabajadores independientes.

Una cuestión que requerirá de un tratamiento gradual, será la entrada en vigencia de la obligatoriedad de cotizar de los trabajadores independientes.

En efecto, como se señaló anteriormente, es necesario cuidar que esta obligatoriedad no se traduzca en un aumento de la informalidad de estos trabajadores, con claros efectos negativos para estos. Por este motivo es necesario establecer una transición prolongada, que minimice los efectos adversos y permita una incorporación de manera efectiva al Sistema Previsional.

Por lo anterior, las modificaciones establecidas para los trabajadores independientes entrarán en vigencia el 1° de enero del cuarto año siguiente, contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Posteriormente se continuará con la transición antes señalada.

e. Disposiciones Transitorias sobre beneficios, ahorro previsional voluntario colectivo, inversiones, seguro de invalidez y sobrevivencia y competencia.

El presente proyecto de ley contempla un conjunto de disposiciones transitorias sobre beneficios, ahorro previsional voluntario colectivo, inversiones, seguro de invalidez y sobrevivencia y competencia, las cuales tienen por objeto garantizar el pleno funcionamiento del sistema de pensiones en la fase de implementación de la Reforma.

En otras materias se establece que las solicitudes de pensión de invalidez, las de reevaluación de la invalidez; de pensión de sobrevivencia y de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen, continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa vigente a la fecha de declaración de su invalidez.

La primera emisión del Régimen de Inversión no podrá contemplar límites de inversión más restrictivos a los que se establecen en la actualidad, a menos que estos establezcan en la presente Ley.

Si a la fecha de entrada de vigencia de esta ley, existiere una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora respectiva deberá distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente al número de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales, enterando el monto correspondiente en las cuentas de aquellos, en la forma y en los plazos que establezca una norma de carácter general que al efecto dictará la Superintendencia de Pensiones.

Asimismo, se establecen disposiciones para la primera designación de los integrantes del Consejo Técnico de Inversiones en cuanto al período que sus integrantes iniciales permanecerán.

Finalmente, se establece que, la primera licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia de acuerdo a las nuevas normas que de establecen, se realizará transcurridos 12 meses desde la entrada en vigencia de esta ley.

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que tiene por finalidad perfeccionar el Sistema Previsional vigente en el país.

PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS

Párrafo primero

Definiciones

Artículo 1°.- Créase un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la forma y condiciones que el presente título establece, el que será financiado con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales solidarios de vejez e invalidez.

Artículo 2°.- Para los efectos de la presente ley, los conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:

a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3°.

b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a la que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 16.

c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.

d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.

e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor de la pensión máxima con aporte solidario.

f) Complemento solidario para determinar el aporte previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste por la pensión base.

g) Pensión autofinanciada de referencia o estimada para determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.

El monto de la pensión autofinanciada de referencia se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez.

Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario.

h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10°.

i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio a que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.

j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el beneficio a que se refiere el Párrafo quinto

Párrafo segundo

Pensión Básica Solidaria de Vejez

Artículo 3°.- Serán beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:

A) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad;

b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 30, y,

c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios de este título.

Artículo 4°.- Para los efectos de la letra b) del artículo anterior, se entenderá que componen el grupo familiar, el eventual beneficiario, su cónyuge, los hijos menores de dieciocho años de edad y los hijos mayores de dicha edad pero menores de veinticuatro años siempre que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. El peticionario podrá solicitar reconsideración de la composición de su grupo familiar en los casos que determine el reglamento.

Se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época de presentación de la solicitud para acceder a los beneficios de este título.

Artículo 5°.- Se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que los nacionales deban permanecer en el extranjero por motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile.

Artículo 6°.- Para acceder a la pensión básica solidaria de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en la letra a) del artículo 3°.

Artículo 7°.- El monto de la pensión básica solidaria de vejez será, a contar del 1° de julio de 2009, de $75.000, se devengará a contar de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.

Artículo 8°.- La pensión básica solidaria de vejez se reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que dicha variación alcance o supere el quince por ciento.

Con todo, si transcurren doce meses desde el último reajuste sin que la variación del referido índice alcance el quince por ciento, ella se reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere experimentado en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla el periodo señalado, según el caso.

Párrafo tercero

Aporte Previsional Solidario de Vejez

Artículo 9°.- Serán beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a) , b) y c) del artículo 3° y que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario.

Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del artículo 3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.

Artículo 10°.- Para los beneficiarios señalados en el artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980.

Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión final.

Artículo 11°.- Para los beneficiarios señalados en el artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido aporte ascenderá al valor del complemento solidario.

b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general. Con todo, el aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto necesario para que sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión básica solidaria de vejez.

Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de dicha pensión solidaria.

Artículo 12.- Las personas señaladas en el artículo 9° para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la letra a) del artículo 3°.

El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior, siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dicha pensión, si ésta la hubiere obtenido con posterioridad a la presentación de la referida solicitud.

Artículo 13.- El valor de la pensión máxima con aporte solidario será, a contar del 1° de julio de 2012, de doscientos mil pesos y se reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8°.

Artículo 14.- No obstante lo establecido en la letra g) del artículo 2°, respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N°3.500, de 1980, la pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será calculada como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecida en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a la fecha de dicha pensión. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión de vejez y se le sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de 1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65 años en el de los hombres, el total del saldo anterior se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.

Artículo 15.- Las personas que se pensionen en virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68 bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en la letras b) y c) del artículo 3°.

Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo 9°, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez.

Para los efectos del inciso anterior, la pensión autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.

El monto de la pensión autofinanciada de referencia se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario.

Párrafo cuarto

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Artículo 16.- Serán beneficiarios de la pensión básica solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:

a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta y cinco años;

b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b) del artículo 3°, y

c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a cinco años continuos inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez.

Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que se encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11 del mencionado decreto ley.

Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión Social.

Artículo 19.- La pensión básica solidaria de invalidez total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.

Párrafo quinto

Aporte Previsional Solidario de Invalidez

Artículo 20.- Serán beneficiarias del aporte previsional solidario de invalidez, las personas inválidas señaladas en el artículo 17 que se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, que no perciban pensiones de otros regímenes previsionales, y cumplan los requisitos siguientes:

a) Los establecidos en las letras a) , b) y c) del artículo 16, y

b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.

Artículo 21.- El aporte previsional solidario de invalidez señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica solidaria de invalidez.

La solicitud para acceder al aporte señalado en el inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.

Artículo 22.- El beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o reinicie actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional solidario de invalidez en la forma que se indica a continuación:

a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez o aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a medio ingreso mínimo mensual.

b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral mensual que percibe el beneficiario menos la mitad de un ingreso mínimo mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual superior a medio ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a 1, 5 veces el ingreso mínimo mensual.

Lo dispuesto en la letra anterior, no regirá durante los dos primeros años contados desde que la persona comience a percibir ingresos laborales, período en el que percibirá el cien por ciento del beneficio. Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos ingresos, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la pensión solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, establecida en el inciso anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a percibir esos ingresos laborales, se aplicará el cien por ciento de la reducción dispuesta en el inciso anterior.

Las personas inválidas que perciban un ingreso laboral mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de invalidez, conforme a lo establecido en el inciso anterior.

Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21, según corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento.

Las variaciones que experimente el ingreso laboral mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez.

Artículo 23.- El beneficiario de pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en los Párrafos segundo o tercero del presente Título.

Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°. En este caso, el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez e incluirá, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 y los intereses que haya devengado a la dicha fecha.

Párrafo sexto

De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez

Artículo 24.- El Instituto de Previsión Social administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos, cuando proceda. El reglamento regulará la forma de operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas necesarias para su aplicación y funcionamiento.

Los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto de Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los beneficios que otorga dicho régimen.

Artículo 25.- Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el mencionado sistema.

Artículo 26.- Las personas que gocen de la pensión básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de Prestaciones Familiares.

Artículo 27.- Los beneficios que otorga el sistema solidario se extinguirán en los casos siguientes:

a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;

b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los requisitos de otorgamiento;

c) Por no cobro de ellos durante seis meses continuos;

d) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes relativos al beneficio que le requiera el Instituto de Previsión Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo requerimiento, el que deberá efectuarse personalmente al beneficiario o en la forma que determine el reglamento, o

e) Por obtención de residencia del beneficiario en país extranjero.

En el caso de los inválidos parciales el derecho a los beneficios del sistema solidario de invalidez se extinguirá ante la negativa del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por la Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su recuperabilidad.

El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar al Instituto de Previsión Social, la pérdida de alguno de los requisitos necesarios para el goce de los beneficios.

El beneficiario deberá informar al Instituto de Previsión Social cualquiera aumento considerable que experimenten sus ingresos de acuerdo a lo que determine el reglamento, a fin que le sea aplicado el instrumento de focalización. En caso de incumplimiento de esta obligación, el Director del Instituto de Previsión Social podrá, fundadamente, sancionar al beneficiario con la pérdida del beneficio y el reintegro de aquellos percibidos indebidamente.

El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando deje de concurrir alguno de los requisitos legales establecidos para su otorgamiento o haya concurrido alguna causal de cese del beneficio.

Artículo 28.- Todo aquel que percibiere indebidamente cualquiera de los beneficios del sistema solidario, proporcionando datos o antecedentes falsos, será sancionado conforme al artículo 467 del Código Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.

Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.

Artículo 29.- La pensión básica solidaria de vejez e invalidez estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que sean carentes de recursos de acuerdo al Libro III del DFL N°1, del Ministerio de Salud, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No estarán obligados a realizar dicha cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo transitorio y artículo tercero transitorio de la presente ley.

Para los beneficiarios de pensiones de vejez o de invalidez, que perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez, la cotización establecida en el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se realizará sobre el monto que resulte de sumar dicha pensión y el referido aporte.

Artículo 30.- Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará los casos en que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que reconsidere la composición de su grupo familiar, para lo cual podrá requerir que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo 4°, en función de factores, tales como, personas que viven o no a expensas del peticionario, residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°, considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población. Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización que determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile; la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.

Artículo 31.- A las personas pensionadas o imponentes de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las disposiciones del sistema solidario, ni aún cuando además se encuentren afiliadas o afectas a otro régimen previsional.

Artículo 32.- Las personas que carezcan de recursos y gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, de los hijos o los padres del causante.

El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a que se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen anualmente en su presupuesto.

Artículo 33.- Establécese un subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de 18 años de edad. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.

Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso anterior.

Artículo 34.- Los titulares de pensiones otorgadas conforme a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.

Las personas que sólo perciban pensiones de las señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar la referida pensión básica, de la o las pensiones que perciba el pensionado de las leyes señaladas en el inciso anterior.

Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el inciso primero podrán acceder al aporte solidario de vejez, siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N° 3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.

Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que resulte de aplicar el artículo séptimo transitorio, deducidas las pensiones del inciso primero.

Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del inciso segundo del artículo 9°.

Artículo 35.- Introdúcense a la ley N° 19.949 las modificaciones siguientes:

a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975” por la frase “a la pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.

b) Sustitúyanse en el inciso primero del artículo 7° la frase “en el decreto ley N° 869, de 1975,” por la siguiente “de la pensión básica solidaria de vejez o invalidez”, y la oración “a la pensión asistencial” por la siguiente “a las pensiones antes mencionadas”.

c) Elimínase en el artículo 9° la oración “del Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales”.

Párrafo séptimo

Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios garantizados por el Estado

Artículo 36.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:

1. Suprímase el inciso tercero del artículo 1°.

2. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:

a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

b) Reemplazase en el inciso final la expresión: “pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima a que se refiere el Título VII, ni”.

4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.

5. Suprímense en los incisos primero y segundo del artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere el Título VII, cuando corresponda”.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62:

a) Reemplázase en el inciso segundo en la última oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.

c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

7. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62 bis:

a) Reemplázase en la última oración del inciso primero la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.

b) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

8. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65:

a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

b) Reemplázase en la primera oración del inciso séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

10. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65 bis:

a) Reemplazase en la segunda oración del inciso primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, éste” y la expresión “la mínima”, por la palabra: “la pensión básica solidaria”.

b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

11. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 68:

a) Reemplazase en la letra b) del inciso primero la oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

b) Elimínese el inciso cuarto.

TÍTULO II

SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL

Párrafo primero

De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social

Artículo 37.- Los órganos públicos que tendrán la principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:

a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;

b) La Subsecretaría de Previsión Social;

c) La Superintendencia de Pensiones;

d) La Superintendencia de Seguridad Social;

e) El Instituto de Previsión Social, y

f) El Instituto de Seguridad Laboral

Párrafo segundo

Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Artículo 38.- El Ministerio del Trabajo y Previsión Social será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en materias laborales y de previsión social.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.

El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del Trabajo y otra de Previsión Social.

Artículo 39.- La Subsecretaría de Previsión Social será el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la acción de los servicios públicos del área correspondiente.

El Subsecretario de Previsión Social será el jefe superior de la Subsecretaría.

Artículo 40.- La Subsecretaría de Previsión Social tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:

1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector;

2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por su cumplimiento;

3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a las instrucciones del Ministro del ramo;

4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e investigaciones, en el ámbito de la previsión social;

5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en organismos internacionales relativos al tema;

6. Definir y coordinar la implementación de estrategias para sensibilizar, informar, educar y apoyar a la población en el conocimiento del sistema de previsión social, facilitándole el ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia;

7. Promover estrategias de incorporación de los trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980;

8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional;

9. Coordinar los órganos del sector en las estrategias de promoción, difusión y educación en el sistema de previsión social de acuerdo con las políticas definidas en la materia;

10. Asistir administrativamente a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, y

11. Las demás funciones y atribuciones que contemplen otras leyes.

Párrafo tercero

Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones

Artículo 41.- Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario, que la presidirá.

La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de dicho sistema.

La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.

La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los órganos públicos pertinentes.

Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un límite máximo mensual de doce unidades de fomento.

Párrafo cuarto

Fondo para la Educación Previsional

Artículo 42.- Créase el Fondo para la Educación Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa propuesta del Comité de Selección.

El Comité de Selección estará integrado por el presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un representante de la Subsecretaría de Previsión Social y por un representante del Instituto de Previsión Social.

Un reglamento dictado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.

Artículo 43.- El Fondo para la Educación Previsional estará constituido por:

a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos;

b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y legados que acepte, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación internacional a cualquier título.

d) Los demás recursos que perciba por otros conceptos.

Párrafo quinto

De la Superintendencia de Pensiones

Artículo 44.- Créase la Superintendencia de Pensiones, organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través, de la Subsecretaría de Previsión Social.

La Superintendencia estará regida por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

La Superintendencia de Pensiones será considerada para todos los efectos, sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de 1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.

Artículo 45.- La Superintendencia tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:

1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.

2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el mencionado Sistema.

3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley N° 16.744.

4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez.

5. Coordinarse con las instituciones que sean competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980, especialmente con el objeto de evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno de las cotizaciones previsionales.

6. Dictar normas e impartir instrucciones de general aplicación para su aplicación y cumplimiento, en los ámbitos de su competencia.

7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas;

8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio, de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República.

9. Efectuar los estudios técnicos y actuariales necesarios para el desarrollo de las materias de su competencia.

10. Aplicar sanciones en los casos y forma que establezcan las leyes.

11. Constituir y administrar el Registro de Asesores Previsionales.

12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a materias de previsión social, actuando como organismo de enlace de los mismos.

Artículo 46.- Traspásanse a la Superintendencia de Pensiones, las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N° 16.744. Además, traspásanse las funciones señaladas en el inciso final del artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980 y en las leyes Nos. 19.123, 19.234, 19.582 y 19.992.

Artículo 47.- La dirección superior y la administración de la Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Artículo 48.- La Superintendencia de Pensiones podrá requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones, tanto a personas naturales como a instituciones públicas o privadas. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos personales con el fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia.

Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

El personal de la Superintendencia de Pensiones deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma será considerada falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 49.- El personal de la Superintendencia de Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensiones.

Artículo 50.- El patrimonio de la Superintendencia de Pensiones estará formado por:

a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

d) Los frutos de sus bienes;

e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes que reciba a cualquier título por concepto de cooperación internacional.

Párrafo sexto

Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral

Artículo 51.- Créase el Instituto de Previsión Social, servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. Tendrá por objeto especialmente la administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización Previsional.

El Instituto constituirá un servicio público de aquéllos regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 52.- Traspásanse desde el Instituto de Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellas referidas a la ley N°16.744.

El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias, que en dicho ámbito, hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.

Artículo 53.- El Instituto de Previsión Social tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;

2. Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III;

3. Administrar el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;

4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N° 3.500, de 1980;

5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos relativos a temas propios de sus funciones;

6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas de previsión y del servicio de seguro social como continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la Ley N°16.744;

7. Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de Atención Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como recepción, tramitación o participación en el proceso de tramitación de los beneficios que concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios; recepción y tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por Decreto Supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y

8. Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito de su competencia.

Artículo 54.- El Instituto de Previsión Social estará facultado para exigir tanto de los organismos públicos como privados, los datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente para el establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.

El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y los organismos públicos y privados, los que estarán obligados a proporcionar los datos personales y antecedentes necesarios para dicho efecto.

Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

El personal del Instituto deberá guardar la absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Artículo 55.- La dirección superior y la administración del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Artículo 56.- El personal del Instituto de Previsión Social estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos.

Los funcionarios del Instituto de Previsión Social deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso. Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio, de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Artículo 57.- El patrimonio del Instituto de Previsión Social estará formado por:

a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos que se le otorguen por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

d) Los frutos de sus bienes;

e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes que perciba por concepto de cooperación internacional.

Párrafo séptimo

De los Centros de Atención Previsional Integral

Artículo 58.- El Instituto de Previsión Social consultará una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación en materias previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el ejercicio de los derechos que les correspondan.

Artículo 59.- Los Centros de Atención Previsional Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:

1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda para su tramitación, participando en la transmisión y recepción de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para la concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al Sistema o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia, la selección de modalidad de pensión a que alude el inciso segundo del artículo 61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980, remitiéndola posteriormente a la Administradora que corresponda;

2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su otorgamiento, modificación o cese;

3. Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;

4. Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes que administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social;

5.Prestar los servicios que el Instituto de Previsión Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que señala el artículo 52 número 7., de esta Ley, y

6. Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones antedichas.

Artículo 60.- Para los efectos de lo dispuesto en el número 1. del artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará facultado para participar a través de los Centros de Atención Previsional Integral, del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión a que alude el artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pudiendo transmitir en representación de los afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra este cuerpo legal, las solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso octavo de esta norma, como asimismo, para recibir las ofertas de rentas vitalicias de las Compañías de Seguros de Vida y los montos de retiro programado calculados por las Administradoras, en los términos indicados en la letra c) de este inciso. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general que regulará esta materia.

La incorporación del Instituto de Previsión Social al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará en los mismos términos a que aluden los incisos noveno, décimo, undécimo y décimo segundo del citado artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Artículo 61.- A contar de la fecha en que entre en funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, se denominará “Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión Social, de acuerdo al artículo 52.

Artículo 62.- Reemplázase en el inciso sexto del artículo 3° de la ley N° 19.404, las palabras “Superintendente de Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones”.

Artículo 63.- Introdúzcanse en el decreto con fuerza de ley N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las siguientes modificaciones:

a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra “descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización Previsional,”.

b) Itercálase en el inciso primero del artículo 33 después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Normalización Previsional”.

TÍTULO III

NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES

Párrafo primero

Bonificación por hijo para las mujeres

Artículo 64.- La mujer que cumpla con el requisito de permanencia establecido en el literal c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del presente Párrafo.

Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte estatal equivalente al 10% de 12 meses de cotizaciones previsionales sobre un ingreso mínimo, del fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.

Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una tasa de rentabilidad de un 4% real por cada año completo, contado desde el mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años de edad. La rentabilidad real, por los meses que excedan el último año completo, previo a que la mujer cumpla la edad señalada, se pagará proporcionalmente al periodo anual.

Artículo 66.- A la mujer afiliada al sistema del decreto ley 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de edad.

Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el procedimiento establecido en la letra g) del Artículo 2°, considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El resultado de este cálculo incrementará su pensión básica solidaria.

En el caso de una mujer que perciba una pensión de sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional solidario que le corresponda.

Artículo 67.- Para hacer efectiva la bonificación, las beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.

Artículo 68.- En el caso de adopción, sea simple o plena, tendrán derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas como las adoptivas. Tratándose de adopción plena, cuando la solicitud es presentada por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social requerirá reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección Nacional del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.

Artículo 69.- Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del presente Párrafo y su disposición transitoria.

Párrafo segundo

Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.

Artículo 70.- Al considerar la situación en materia de beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo económico del que resulte una compensación, el juez podrá ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500 de 1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización voluntaria, que se abra al efecto.

Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.

Artículo 71.- La Superintendencia de Pensiones deberá tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado organismo antecedentes específicos adicionales.

La Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos, apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás aspectos administrativos que procedan.

Párrafo tercero

Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes

Artículo 72.- Los empleadores tendrán derecho a un subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35 años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17, decreto ley N° 3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada trabajador cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio se percibirá en relación a las primeras veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas y se imputará a las cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el respectivo trabajador.

Los trabajadores que se encuentren en la situación prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta de capitalización individual.

El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración, en el evento que la remuneración del trabajador se incremente en hasta dos ingresos mínimos desde el décimo tercer mes de percepción del beneficio.

Artículo 73.- El beneficio establecido en el artículo anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador respectivo.

La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en este Párrafo.

Artículo 74.- La persona que percibiere indebidamente los subsidios de que trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes falsos, será sancionado conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior es sin perjuicio de que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.

Párrafo cuarto

Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del Decreto Ley 3.500, de 1980

Artículo 75.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 3.500, de 1980:

1. Agréguese el siguiente artículo 4° bis nuevo:

“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de establecido en esta ley, las afiliadas mujeres mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad no pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional para las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido en el artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 5° a continuación de la palabra “madre”, la expresión “o el padre”.

3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el siguiente:

“El o la cónyuge sobreviviente, para ser beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la causante pensionada de vejez o invalidez.”

4. Derógase el artículo 7°.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 9°:

a) Reemplázase en la primera oración del inciso primero las expresiones “Las madres” por “El padre o la madre” y la palabra “del” que se encuentra entre las palabras “matrimonial” y “causante “por “de la o el".

b) Reemplázase la letra a) por la siguiente: “Ser solteros o viudos; y”.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 58:

a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:

i. Reemplácese la letra a) , por la siguiente: “a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.

ii. Reemplácese la letra b) , por la siguiente: “b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.

iii. Reemplázase en las letras c) y d) la expresión “la madre” por “la madre o el padre” y la expresión “el causante” por “el o la causante”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Si dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre de hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre ellos.”.

c) Intercálese en la última oración del inciso final a continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.

TÍTULO IV

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Artículo 76.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:

1.- Suprímese inciso primero del artículo 2° la expresión: “los independientes”.

2.- Suprímense en el inciso segundo actual del artículo 16, la frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la expresión “y rentas”.

3.- Agrégase en el inciso primero del artículo 19, después del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente: “Lo anterior, es sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 92.”.

4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “ o se encontrare en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado independiente afecto al artículo 89”.

5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89 la frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por la siguiente “ejerce individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas del trabajo de las señaladas en el artículo siguiente, deberá”.

6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:

“Artículo 90.- La renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá a la del último día del mes de diciembre.

Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de la Superintendencia.

Los trabajadores independientes que no perciban rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de aquellas conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.

Se entenderá por “año calendario”, el período de doce meses que termina el 31 de diciembre.”.

7.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente: “Los trabajadores afiliados en conformidad al artículo 89, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en los incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo 92 F.”.

b) Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto nuevos:

“Los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de pensiones que estén obligados a pagar anualmente. En este caso, el trabajador podrá pagar la cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el Fondo Nacional de Salud.

El trabajador independiente a que se refiere el artículo 89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere en el Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la Administradora en el caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al equivalente a sesenta unidades de fomento. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una reliquidación para determinar las diferencias que existieren entre las rentas imponibles que declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con los ingresos de dicho año calendario. En el caso que el trabajador independiente no hubiere realizado los pagos antes señalados o que de la reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren realizado cotizaciones de salud, éstos pagos se efectuarán de acuerdo al artículo 92 (F) .

No obstante lo establecido en el artículo 148 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.

8.- Incorpórense los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 92:

“Artículo 92 (A) .- Las Administradoras de Fondos de Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe simultáneamente remuneraciones durante ese período.

A más tardar el último día del mes de febrero de cada año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de Pensiones, mediante norma de carácter general, regulará la forma de entregar la información a que se refiere este artículo.

Artículo 92 (B) .- En el mes de febrero de cada año, el Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92, en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los trabajadores independientes.

Artículo 92 (C) .- La comisión a que tendrán derecho las administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para su aplicación.

Artículo 92 (D) .- El Servicio de Impuestos Internos determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados, considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este reglamento.

Artículo 92 (E) .- Para los efectos del seguro de invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1° de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad, estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1° de mayo del año en que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado cálculo.

Artículo 92 (F) .- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, con cargo a las cantidades retenidas en conformidad a lo establecido en los artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos, durante la primera quincena del mes de mayo, comunicará a la Tesorería General de la República la individualización de los afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

La Tesorería General de la República deberá enterar, con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo Nacional de Salud.

Artículo 92 (G) .- Si las cantidades señaladas en el inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.

Artículo 92 (H) .- A los trabajadores independientes del artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los incisos octavo a décimo noveno del artículo 19, en los mismos términos establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo séptimo de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14; 18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio, de los demás bienes que las leyes prohiban embargar.

Al trabajador independiente señalado en el artículo 89, que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con aporte solidario.

La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65 años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere superior a 60, se considerará esta última.

Artículo 92 (I) .- Los trabajadores independientes afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente Párrafo.”.

Artículo 77.- Los trabajadores independientes señalados en el inciso primero del artículo 89, del decreto ley N° 3.500, de 1980, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, en las mismas condiciones que establece este último decreto con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus cotizaciones previsionales.

Para determinar el valor de los beneficios que concede el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario anterior, inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la asignación. En el evento que el beneficiario tuviera más de una fuente de ingreso, se considerarán todos ellos.

Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las cargas familiares y éste las informará al Servicio de Impuestos Internos para los efectos del inciso siguiente.

Los beneficios del Sistema de Prestaciones Familiares se pagarán anualmente y se descontarán del pago de las cotizaciones previsionales que le corresponda realizar al trabajador independiente.

Artículo 78.- Sólo para los efectos de acceder a las prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo al artículo 92 (A) , podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, en cuyos estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos regímenes.

Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la renta imponible para pensiones.

Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.

TÍTULO V

SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y COMPETENCIA

Párrafo primero

Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.

Artículo 79.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 3.500, de 1980:

1. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2°:

a) Agrégase al final del inciso primero antes del punto aparte (.) la expresión: “afiliados voluntarios”.

b) Elimínase en la primera oración de inciso sexto, la siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.) , la siguiente oración “En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado en el Título XV.”.

2. Reemplázase en el actual inciso segundo del artículo 3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán solicitar pensión de invalidez”.

3. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4°:

a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”. A su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte (.) , que pasa a ser seguido (.) , la siguiente oración: “Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único.”.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto, según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b) del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.

c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.) , la frase siguiente: “desde el cuarto mes”.

d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras “parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.

e) Intercálase en la primera oración del inciso final entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.

4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:

a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b) la frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los 24 años de edad”.

b) Reemplázase en el inciso final la oración “las edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda” por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de este artículo”.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“El afiliado podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza con el objeto que lo asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las sesiones de las Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud. Si no ejerciere dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y mantendrá la Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo.”.

b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:

“El reglamento normará la organización, las funciones de las Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán para el cumplimiento de su cometido.”.

c) Suprímese el actual inciso tercero.

d) Intercálese en el enunciado del inciso quinto entre las palabra “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”.

e) Intercálese al final de la tercera oración del inciso noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.) , la siguiente oración: “, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera”.

f) Reemplazase en la primera oración del inciso duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.

6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12 antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la invalidez”.

7.Reemplázase el epígrafe del Título III “De las Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y de la Cuenta de Ahorro Voluntario”, por el siguiente “De las Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario, del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo y de la Cuenta de Ahorro Voluntario”.

8. Modifícase el artículo 16 de acuerdo a lo siguiente:

a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:

“La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.

El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día hábil de cada año.

Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.

9. Intercálase a continuación del inciso segundo del artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:

“Cuando un empleador realice la declaración y el pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.

Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX, en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.

10. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el siguiente párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”, pasando el actual párrafo 3 ‘”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser párrafo 4.

11. Intercálense, a continuación del artículo 20 E, los siguientes artículos 20 F a 20 N nuevos:

“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.

Tendrán derecho a adherir a este tipo de contrato, los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo que se encuentren afiliados al Sistema de Pensiones establecido por esta ley o tengan la calidad de imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social.

El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios que favorezcan a uno o más de ellos.

Los aportes del empleador deberán mantener la misma proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.

Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.

Una vez vigente un contrato, el empleador quedara obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o Instituciones Autorizadas, con las cuales celebro dicho contrato. Con todo, cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de no continuar realizando su aporte.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para los trabajadores que se obligaron a aportar.

Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes tanto para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en que proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro voluntario colectivo del trabajador.

El contrato podrá establecer un período de permanencia mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el cual el trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el trabajador podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando aportes, de acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su decisión por escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la Administradora o Institución Autorizada correspondiente.

El trabajador que se encuentre en la situación a que se refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a lo estipulado en dicho contrato.

Las controversias suscitadas entre el trabajador y su empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.

Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto funcionamiento.

Con el objeto que la oferta de un empleador de suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter general considerará al menos:

a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores, de un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos en relación al número total de aquellos;

b) El número máximo de meses de permanencia en la empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.

Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que las partes acuerden.

En caso de incumplimiento del empleador de su obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad al procedimiento previsto en el mencionado artículo.

Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los aportes efectuados por éste y por su empleador.

Los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador. Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al procedimiento que determine una norma de carácter general que dictará la Superintendencia.

A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo 20 D.

Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.

La comisión por la administración de los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.

La comisión por la transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.

No obstante lo anterior, no se podrán establecer comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de Pensiones.

Las comisiones por administración podrán ser acordadas libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de Pensiones o Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato, podrán establecerse comisiones diferenciadas según el número de trabajadores adscritos al plan.

Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca a sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él, según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda.

Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a alguno de los siguientes regímenes tributarios:

a) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho artículo; o

b) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista en el número 3 de dicho artículo.

En el caso que el trabajador se acoja al régimen tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes sean destinados a anticipar o mejorar las pensiones, estas últimas se exceptuarán del pago de impuesto a la renta por la parte que no corresponda a la rentabilidad de los aportes.

Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro régimen, para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.

En caso que los recursos originados en aportes del empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Las rentas que generen los planes de ahorro previsional voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto no sean retiradas.

Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de fomento anuales por cada trabajador.

Artículo 20 M.- En caso de término de la relación laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.

Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución corresponderá a la Superintendencia respectiva.”.

12. Sustitúyese la primera oración del inciso cuarto del artículo 21 por la siguiente:

“Mediante norma de carácter general que dictará la Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo a su cuenta de ahorro voluntario.”.

13. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el siguiente:

“Los afiliados podrán optar por traspasar todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.

14. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Las comisiones por la administración de las cuentas de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo mantenido en ellas.”.

b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las comisiones señaladas en este artículo”.

15. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:

a) Agregase en la tercera oración del inciso tercero a continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo, agrégase a continuación del punto aparte (.) , que pasa a ser punto seguido (.) , la siguiente frase:

“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.

b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto, antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,) , la siguiente frase: “con excepción de aquél que exceda al monto necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.

c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.

d) Agrégase a continuación del inciso final los siguientes incisos finales nuevos:

“Los contratos que celebren las Administradoras de Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato.

Las Administradoras siempre serán responsables de las funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de calidad exigidos a las Administradoras.

Los contratos que celebren las Administradoras para la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán contemplar disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer la normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los términos establecidos en el N° 13 del artículo 94.”.

16. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23 bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo 23”.

17. Elimínase en la segunda oración del inciso final del artículo 28 la frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.

18. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”, respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.

b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:

i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá establecerse sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que dieron origen a dichas cotizaciones.”.

ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los afiliados voluntarios”.

c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.

d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.

19. Elimínese en la oración final del inciso tercero del artículo 31 la frase: “, considerando los ajustes por siniestralidad”.

20. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en la primera oración del inciso segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y m) ”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) ”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y n) ” por la siguiente: “j) y m) ”.

21. Reemplázase en la segunda oración del inciso segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que” por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.

22. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente inciso:

“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:

1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:

a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos porcentuales, y

b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.

2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:

a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos porcentuales, y

b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.

b) Elimínase el inciso final.

23. Deróganse los artículos 38 y 39.

24. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:

a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad,”.

b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.

c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva de Fluctuación de Rentabilidad y”.

25. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero del artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la expresión “efectuarán” por “efectuará”.

26. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k) ” por la letra “j) ”.

b) Reemplázase en el inciso undécimo la expresión “de cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.

c) Sustitúyase en el inciso final la expresión “k) y n) ”, por la siguiente: “j) y m) ”.

27. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:

a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:

i. Elimínase la letra h) , pasando las actuales letras i) a la n) a ser letras h) a la m) , respectivamente.

ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra i) nueva:

“i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;”

iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra j) nueva:

“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.

iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k) , por la siguiente letra k) nueva:

“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;”

v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de carácter general que dictará la Superintendencia.” por lo siguiente “en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.

b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:

“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de este artículo.

Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) , y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB y nivel N3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra k) , autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la Comisión Clasificadora de Riesgo.

Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor disponga de estados financieros auditados para los últimos tres años con resultados positivos al menos en los últimos dos; un apropiado nivel de cobertura de gastos financieros; una adecuada liquidez financiera y un determinado nivel de endeudamiento, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. En el caso de acciones de bancos o de instituciones financieras o de empresas de leasing no se considerarán para estos efectos el nivel de cobertura de gastos financieros ni la liquidez financiera. Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de riesgo a las que se refiere la Ley N° 18.045.

El Régimen de Inversión regulará la especificación conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los indicadores y requisitos, según corresponda, a que se refiere el inciso anterior. La Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de emisores de acciones de la letra g) de este artículo que cumplan con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos emisores que no cumplan los requisitos antes señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar los días diez de los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.

Cuando se trate de instrumentos de deuda de las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) y k) , las clasificaciones de riesgo a que refiere el inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N° 18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.

Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso, cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la Ley N° 18.045.

Para efectos de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) , j) y k) y las acciones de la letra g) , se deberá considerar la categoría o clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los clasificadores privados.

Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045 presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda.

Las operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) , podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. Aquellas operaciones que tengan por objeto fines diversos de la cobertura del riesgo financiero estarán permitidas únicamente cuando el Fondo posea en su cartera de inversiones un número suficiente de unidades del activo objeto involucradas en ellas o cuando las eventuales pérdidas para el Fondo, producto de las operaciones, estén acotadas a la prima pagada. El Régimen de Inversión señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos suficientes para su uso.”.

c) Sustitúyase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j) ” por la siguiente: “e i) ”. A su vez, sustitúyase la actual letra “i) ” por la letra “h) ”.

d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser décimo cuarto, la expresión “, k) ”. A su vez, reemplázase la actual letra “l) ” por la letra “k) ”.

e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo, pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y décimo séptimo, respectivamente:

“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de las letras b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) , j) que cumplan con lo establecido en el Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.

f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al vigésimo cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a ser décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:

“Las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes, deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:

1) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C; 40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.

2) El límite máximo para la inversión de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en el extranjero corresponderá al mayor valor que resulte entre el límite establecido para la suma de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados para cada Tipo de Fondo.

El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un 80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.

Por inversión en el extranjero se entenderá la inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815, que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo 13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del inciso segundo, se considerará en los límites señalados.

3) Los límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.

4) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo primero y en las letras e) , f) , g) , i) y k) , todas del inciso segundo, cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada Tipo de Fondo A, B, C, y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k) .

El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos señalados en las letras g) y h) , más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48, como también para los de las letras j) y k) , cuando se trate de instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y 5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j) de este artículo, cuando la cartera de inversiones de dichos fondos se encuentre constituida preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la cartera de los fondos de inversión y fondos mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.

El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.

En todo caso, el Régimen de Inversión deberá establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan en los números 1 al 9 siguientes:

1) Instrumentos a que se refieren las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) , j) y k) , estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda, clasificados en categoría BB, B y nivel N4 de riesgo, según corresponda, a que se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;

2) Instrumentos a que se refieren las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) , j) y k) , estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda, que tengan clasificación inferiores a B y nivel N4, según corresponda y aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;

3) Acciones a que se refiere la letra g) , que no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra h) , no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;

4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja liquidez;

5) Aportes comprometidos mediante los contratos de promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;

6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra j) , no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;

7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que se refiere la letra k) ;

8) Operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) . En este caso, los límites deberán ser fijados en función de los activos objetos involucrados, del valor de las operaciones y de la inversión por contraparte. Asimismo, el Régimen podrá establecer límites a la entrega en garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34, y

9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de Pensiones, a que se refieren las letras j) y m) .

A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los instrumentos señalados en este artículo.

El Régimen de Inversión establecerá también los criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo, en la mencionada resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo. Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Hacienda.”

g) En la primera oración del último inciso, reemplázase la letra “l) ” por la letra “k) ” y la expresión “en este artículo” por la siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia”.

28. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero entre las expresiones “invertidos” y “en acciones” la expresión “, directa o indirectamente,”.

b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.

c) Reemplázase en la primera oración del actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y h) ” por lo siguiente: “la letra g) ”. A su vez, sustitúyase la letra “i) ” por la letra “h) ”.

d) Agrégase los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Las Administradoras que hayan invertido recursos de los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado, directamente o por intermedio de sus empresas, instituciones descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su rentabilidad:

a. La modificación de las normas que las rijan en materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o produzcan, o relativas al acceso a los mercados;

b. La determinación de sus administradores o de la autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan tenido en consideración al aprobar las acciones;

c. La determinación de sus administradores o de la autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y especialidad que la sociedad requiera;

d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y

e. La realización de cualquiera otra acción similar, dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.

Las clasificaciones a que alude el inciso anterior deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.

e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:

i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i) y k) ” por la expresión “h) y j) ”. A su vez, intercálase a entre el número “45” y la coma (,) lo siguiente: “y títulos representativos de índices de instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.

ii) Sustitúyase en la cuarta oración la expresión “volúmenes de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que inviertan los fondos mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les sea aplicable”, por la siguiente: “total de activos administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que inviertan los emisores de los instrumentos antes señalados”.

iii) Reemplázase la última oración por la siguiente: “Con todo, las citadas comisiones máximas no podrán exceder al promedio de las comisiones cobradas para el tipo de instrumento que se trate según las características antes mencionadas.”.

f) Agrégase a continuación del inciso final que ha pasado a ser sexto los siguientes dos incisos nuevos:

“La Superintendencia establecerá anualmente, a través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo 45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, total de activos administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que se inviertan los recursos de los Fondos a través de una entidad extranjera. La referida resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso. Con todo, las citadas comisiones no podrán exceder al promedio de las comisiones máximas que se establezcan de acuerdo al inciso anterior.

La Superintendencia informará trimestralmente las comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la Superintendencia mediante norma de carácter general.”.

29. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m) ” por la siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l) ”. Asimismo, reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados nacionales e internacionales”.”

30. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate. El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a la fecha de modificación de éste.”.

b) Elimínase el inciso segundo.

c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos de deuda emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar operaciones de leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio de la empresa.”.

d) Elimínase el actual inciso sexto.

e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.

f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y décimo.

g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.

h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto.

i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo mutuo.”.

j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y décimo octavo.

k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que ha pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de las acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de inversión.”.

l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.

m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero, que ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales o garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.

n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.

o) Reemplázase el actual inciso vigésimo tercero que ha pasado a ser inciso undécimo por el siguiente: “Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en bonos y efectos de comercio emitidos por sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo sea la emisión de bonos o efectos de comercio respaldados por títulos de créditos transferibles, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la respectiva serie.”.

p) Elimínanse los actuales incisos vigésimo cuarto y vigésimo quinto.

q) Reemplázase en el actual inciso vigésimo sexto que ha pasado a ser duodécimo la expresión “k) ” por la siguiente “h) ”.

r) Intercálase a continuación del inciso décimo segundo nuevo, los siguientes cuatro incisos nuevos:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Régimen de Inversión podrá establecer límites máximos de inversión por emisor en función del valor de un Tipo de Fondo de Pensiones o de la suma de los Fondos de una misma Administradora.

Los límites máximos a que se refiere el inciso anterior, podrán estar diferenciados de acuerdo a lo siguiente:

1) Clasificación de riesgo del instrumento, para los títulos de deuda a que se refieren las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) , j) y k) del inciso segundo del artículo 45;

2) Concentración de la propiedad accionaria y liquidez bursátil, para las acciones a que se refiere la letra g) del inciso segundo del artículo 45;

3) Diversificación de la cartera de inversión, para las cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45 y para los montos de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48;

4) Años de operación del emisor para los bonos y efectos de comercio de las letras e) , f) e i) del inciso segundo del artículo 45;

5) Cumplimiento o incumplimiento de los requisitos a que se refieren los incisos quinto y sexto del artículo 45, y

6) Valor de los Fondos de Pensiones y monto del instrumento objeto de cobertura, para las operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) del inciso segundo del artículo 45.

El citado régimen regulará además, la inversión indirecta que los Fondos de Pensiones efectúen a través de los emisores de los instrumentos señalados en el inciso segundo del artículo 45.

El Régimen de Inversión no podrá establecer límites mínimos para la inversión por emisor.”.

s) Sustitúyese en la primera oración del actual inciso trigésimo, que ha pasado a ser inciso vigésimo, la letra “l) ” por la letra “k) ”. Asimismo, agrégase a continuación de la palabra “ley” y antes del punto (.) , la siguiente oración: “o en el Régimen de Inversión”. A su vez, Sustitúyese en la segunda y tercera oración la expresión “el Banco Central de Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia de Pensiones”.

t) Elimínase el actual inciso trigésimo primero.

u) Sustitúyese en el actual inciso trigésimo segundo, que ha pasado a ser inciso vigésimo primero, la oración: “, tanto en el artículo 45 como en el presente artículo” por la frase “en esta ley y en el Régimen de Inversión”. A su vez, reemplázase la expresión “k) y n) ” por la expresión “j) y m) ”.

v) Sustitúyese en la tercera oración del actual inciso trigésimo tercero, que ha pasado a ser inciso vigésimo segundo la expresión “vigesimoséptimo, vigesimoctavo y vigesimonoveno”, por la siguiente: “decimoséptimo, décimoctavo y décimonoveno”.

w) Reemplázase el actual inciso trigésimo cuarto, que ha pasado a ser inciso vigésimo tercero, por el siguiente: “El Régimen de Inversión establecerá los mecanismos y los plazos para la eliminación de los excesos de inversión que se produzcan y, en caso que corresponda, para cubrir los déficits de inversión, en relación a los límites de inversión establecidos en esta ley y el Régimen de Inversión.”.

x) Elimínase el actual inciso trigésimo séptimo.

y) Reemplázase los incisos trigésimo noveno y cuadragésimo por el siguiente inciso final: “Las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y Seguros deberán proporcionar trimestralmente a la Superintendencia de Pensiones, según corresponda, los parámetros necesarios para el cálculo de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones.”.

31. Modifícase el artículo 47 bis de la siguiente forma:

a) Sustitúyense los incisos primero al séptimo, por el siguiente inciso primero nuevo:

“Artículo 47 bis.- Los recursos de los Fondos de Pensiones no podrán ser invertidos directa o indirectamente en títulos emitidos o garantizados por la Administradora del Fondo respectivo, ni tampoco en instrumentos que sean emitidos o garantizados por personas relacionadas a esa Administradora.”.

b) Sustitúyese el inciso final por el siguiente: “El Régimen de Inversión regulará las inversiones que se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones en títulos emitidos o garantizados por la sociedad con la que la Administradoras hubiera contratado la administración de cartera y en aquellos instrumentos emitidos o garantizados por una persona relacionada con dicha sociedad. A la sociedad administradora de cartera de recursos previsionales le estará prohibido invertir los recursos de un Fondo de Pensiones que administre, en títulos emitidos por la Administradora o por sus personas relacionadas.”.

32. Modifícase el artículo 48 de la siguiente forma:

a) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “, j) , y l) ,” por lo siguiente “y k) ”.

b) Introdúcese el siguiente inciso quinto nuevo, pasando los actuales incisos quinto al séptimo a ser los incisos sexto al octavo, respectivamente:

“Asimismo, los Fondos de Pensiones podrán participar en el rescate voluntario de bonos a que se refiere el artículo 130 de la ley N° 18.045, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.”.

c) Elimínase en el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso octavo, la siguiente oración: “, sólo podrán tener como objeto la adquisición de cuotas de fondos de inversión aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo y”.

d) Elimínase el actual inciso octavo.

e) Reemplazáse en el actual inciso noveno la primera oración: por la siguiente: “Se extinguirá la obligación de efectuar aportes a un fondo de inversión, cuyas cuotas se encontraban aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo al momento de celebrar los contratos a que se refiere el inciso sexto, si éstas se encuentren desaprobadas al momento de suscribir las cuotas y de enterar los aportes o cuando se liquide el Fondo de Pensiones respectivo.”.

f) Sustitúyese en la segunda oración del inciso décimo, la expresión “i) y k) ” por lo siguiente: “h) y j) ”. A su vez, en la tercera oración sustitúyese la letra “m) ” por la letra “l) del inciso segundo” y reemplázase la expresión: “bancos nacionales” por lo siguiente: “contrapartes”. Por su parte, elimínase la expresión: “para ser entidades contrapartes en estas operaciones”.

g) Sustitúyese en el segundo párrafo de la letra b) del inciso undécimo, la letra “k) ” por la letra “j) del inciso segundo”.

33. Sustitúyese en el artículo 49 la frase “El Banco Central de Chile podrá establecer, mediante norma de carácter general,” por la siguiente: “En el Régimen de Inversión se podrá establecer”. A su vez, reemplázase la expresión “fije de conformidad a las normas establecidas en los artículos 45 y 47” por la siguiente frase: “se fijen en esta ley y en dicho Régimen”.

34. Incorpórase el siguiente artículo 50:

“Artículo 50.- Las Administradoras deberán contar con políticas de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos de Pensiones que administran. Estas políticas deberán ser aprobadas por el directorio de la Administradora.

La Superintendencia establecerá mediante norma de carácter general las materias mínimas que deberán contemplar las políticas de inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones, la oportunidad y periodicidad con la que deberán ser revisadas y la forma en que serán comunicadas a la Superintendencia y público en general.

La Superintendencia podrá requerir a las Administradoras información adicional, que fundamente las políticas de inversión.

El incumplimiento de las políticas será puesto a disposición del público en general por la Superintendencia y sancionado de acuerdo a lo establecido en el Título III del D.F.L. N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Las Administradoras deberán constituir en sus directorios un Comité de Inversión cuyas funciones serán:

a) Diseñar las políticas de inversión de cada Fondo de Pensiones y un perfil de riesgo de cada uno de ellos;

b) Supervisar el cumplimiento de las políticas de inversión aprobadas por el Directorio, y de los límites de inversión de los Fondos de Pensiones establecidos en la ley o en el Régimen de Inversión;

c) Revisar los objetivos, las políticas y procedimientos para la administración del riesgo de las inversiones de los Fondos de Pensiones, y

d) Examinar los antecedentes relativos a las operaciones de los Fondos de Pensiones con instrumentos derivados y títulos extranjeros, y evacuar un informe anual al Directorio respecto de tales operaciones.

El Comité de Inversión deberá estar integrado al menos por tres Directores de la Administradora.

El Comité de Inversiones deberá dejar constancia en acta de todas sus discusiones y acuerdos.”.

35. Incorpórase el siguiente artículo 50 bis nuevo:

“Artículo 50 bis.- El Régimen de Inversión podrá contemplar normas para la regulación de la inversión de los Fondos de Pensiones en función de la medición del riesgo de las carteras de inversión de cada uno de ellos.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá establecer los procedimientos para que las Administradoras efectúen la evaluación del riesgo de las carteras de inversión para cada uno de los Tipos de Fondos que administran. La citada norma determinará la periodicidad con la cual deberá efectuarse la medición de riesgo y la forma cómo se difundirán los resultados de la mediciones que se realicen.”.

36. Suprímese en el inciso segundo del artículo 51 la expresión “y totales”.

37. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 53:

a) Reemplázase al final de la primera oración del inciso primero, la expresión “el segundo dictamen de invalidez” por “el dictamen que declara definitiva la invalidez.”

b) Intercálase en el inciso segundo, entre la expresión “afiliado” y el artículo “el”, la frase “las cotizaciones enteradas durante el período transitorio ni”.

38. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 54:

a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el siguiente:

“La Administradora será exclusivamente responsable y obligada al pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los afiliados no pensionados que fallezcan, en los siguientes casos:”.

b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra, antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.

c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la expresión “conforme al primer dictamen,”.

d) Intercálase en la primera oración del inciso segundo entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión “parcial”.

39. Reemplázase en la letra a) del inciso primero del artículo 55 la expresión “segundo dictamen de” por “dictamen que declare definitiva la”.

40. Agrégase en el enunciado del artículo 56 a continuación de la palabra “invalidez” la palabra “parcial”.

41. Modifícase el artículo 57 de la siguiente manera:

a) Sustituyese en el inciso primero la frase “o se declare la invalidez mediante el primer dictamen”, por la siguiente: “, se declare la invalidez parcial mediante el primer dictamen o se declare la invalidez total”.

b) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“Para aquellos trabajadores cuyo período de afiliación al Sistema fuere inferior a diez años y cuya muerte o invalidez se produjere por accidente, la suma de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas se dividirá por el número de meses transcurridos desde la afiliación hasta el mes anterior al del siniestro.”.

c) Agregase el siguiente inciso tercero nuevo, pasando los actuales incisos tercero al séptimo a ser cuarto al octavo, respectivamente.

“Con todo, respecto de aquellos trabajadores cuya fecha de afiliación sea anterior al cumplimiento de los 24 años de edad y el siniestro ocurra antes de cumplir los 34 años de edad, su ingreso base corresponderá al mayor valor entre el monto que resulte de aplicar los incisos primero o segundo de este artículo, según sea el caso, y el que resulte de considerar el período comprendido entre el mes de cumplimiento de los 24 años de edad y el mes anterior al del siniestro.”.

d) Sustitúyese en el inciso final la expresión “o de declaración de la invalidez, según el primer dictamen”, por la siguiente: “, de declaración de la invalidez parcial mediante el primer dictamen o de declaración de la invalidez total, según corresponda”.

42. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:

a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo siguiente:

i. Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán en conjunto,”.

ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la palabra “inválido” la palabra “parciales”.

iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y coma (;) , la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.

iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión “generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.

b) Agrégase un nuevo inciso segundo, pasando a ser los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto respectivamente:

“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima fija y única antes mencionada.”.

c) Sustitúyese en la segunda oración del inciso tercero la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las Compañías de Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo que se establece en el artículo 59 bis”.

43. Agrégase el siguiente artículo 59 bis nuevo a continuación del artículo 59:

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma de carácter general que dicte la Superintendencia para tales efectos.

Estarán facultadas para participar en la licitación del seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la fecha de la licitación.

El seguro será adjudicado a la Compañía que presente la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva del riesgo de invalidez y sobrevevivencia.

La norma de carácter general a que se refiere el inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:

a) Criterio de adjudicación de los contratos;

b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;

c) El procedimiento de conformación y el número de grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que deberán diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;

d) El número máximo de grupos que una Compañía podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;

e) La duración del período licitado, debiendo ser el mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en ningún caso, ser inferior a un año ni superior a tres años; y

f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en las licitaciones.

La cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero. El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria para financiar el seguro.

Las Administradoras deberán transferir la cotización destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.

En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados que pagaron una cotización superior a dicha prima, de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.

Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del inciso tercero.

En caso de constitución de una nueva Administradora, ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.

44. Modifícase el artículo 60 de la siguiente forma:

a) Intercálase en la primera oración del inciso primero entre las palabras “invalidez” y “mediante” la palabra “parcial”. A su vez, reemplázase en la segunda oración de este inciso la frase “hasta que el segundo dictamen quede ejecutoriado o hasta que expire el período” por la frase “hasta el mes en que quede ejecutoriado el segundo dictamen o en que se cumpla el plazo”.

b) Intercálase en el inciso segundo entre las palabras “segundo” y “dictamen” cada vez que aparece en el texto, la expresión “o único”.

45. Reemplázase en la primera oración del inciso primero del artículo 61 la expresión “y los afiliados declarados inválidos,”, por la siguiente: “los afiliados declarados inválidos totales y los afiliados declarados inválidos parciales”.

46. Modifícase el artículo 62 de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso segundo entre la primera y segunda oración, la siguiente oración nueva: “Las mencionadas normas deberán resguardar la naturaleza previsional de este seguro y permitir una adecuada comparación de las ofertas de pensión. En forma previa a la emisión de estas normas la Superintendencia de Valores y Seguros consultará la opinión de la Superintendencia de Pensiones.”.

b) Intercálase al final de la primera oración del inciso final, entre la expresión “previsional voluntario” y la expresión “y depósitos convenidos”, lo siguiente “, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo”.

47. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,” por “calculada”. Asimismo, reemplazase la última oración de este inciso por la siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros tales como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad real de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes al momento del cálculo.”.

48. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 65 la siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas Superintendencia deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y rentas vitalicia, según corresponda.”

49. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65 bis:

a) Intercálase en la primera oración del inciso primero, entre la expresión “inválidos” y la palabra “que”, la expresión “parciales”.

b) Reemplázase la primera y segunda oración del inciso segundo por las siguientes:

“Tratándose de afiliados declarados inválidos parciales que no se encuentren en algunas de las situaciones señaladas en el artículo 54, tendrán derecho a percibir pensiones conforme al primer dictamen de invalidez bajo la modalidad de retiros programados, equivalentes al setenta por ciento de dicho retiro determinado en conformidad a lo señalado en el artículo 65. Esta pensión no estará afecta a las comisiones señaladas en el inciso segundo del artículo 29.”.

c) Agrégase en la oración final del inciso tercero a continuación del punto aparte (.) , que pasa a ser punto seguido (.) , lo siguiente “Para el cálculo del saldo retenido no se considerarán las cotizaciones realizadas durante el período transitorio, a que se refiere el inciso tercero del artículo cuarto.”

d) Agrégase el siguiente inciso final:

“Respecto del saldo retenido y para los efectos de la opción y asignación a un tipo de Fondo a que se refiere el artículo 23, el afiliado no será considerado pensionado.”.

50. Intercálase a continuación de la primera oración del inciso cuarto del artículo 66, la siguiente oración:

“Cuando sólo existieran hijos no inválidos con derecho a pensión, el monto del retiro programado podrá ser como máximo el valor equivalente a dos veces la pensión de referencia del afiliado causante.”.

51. Modifícase el artículo 67 de la siguiente manera:

a) Intercálase en el inciso primero entre las palabras “segundo” y “dictamen” la expresión “o único”.

b) Elimínase en la primera oración del inciso final la expresión “total o”. A su vez, reemplázase la frase “las pensiones de referencia establecidas en las letras a) y c) del artículo 56, según corresponda.” por la siguiente “la pensión de referencia establecida en la letra b) del artículo 56.”.

52. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:

a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada por un segundo dictamen”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel”.

53. Agrégase el siguiente inciso final al artículo 85:

“Aquellos afiliados pensionados bajo la modalidad de retiro programado o renta temporal que habiendo agotado el saldo de su cuenta de capitalización individual no tengan derecho al sistema de pensiones solidarias, podrán enterar la cotización a que alude el inciso primero, calculada sobre el monto de la pensión básica solidaria vigente que corresponda.”.

54. Agrégase al epígrafe del Título IX la expresión “y Voluntarios”.

55. Agregáse la numeración “1.” Al párrafo “De los afiliados independientes”.

56. Agrégase el siguiente párrafo nuevo a continuación del Artículo 92:

“2.Del afiliado voluntario

Artículo 92 J.- Toda persona natural que no ejerza una actividad remunerada podrá enterar cotizaciones previsionales en una cuenta de capitalización individual voluntaria de una Administradora, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 90. Los recursos que se mantengan en dicha cuenta serán inembargables y los derechos y obligaciones respecto de ella se regirán por las normas establecidas en esta ley para la cuenta de capitalización individual a que se refiere el inciso primero del artículo 17, considerando además las disposiciones especiales que se establecen en este párrafo.

La cotización adicional que se cobre por la administración de los recursos de esta cuenta se calculará sobre el equivalente al ingreso determinado en la forma que se establece en el artículo siguiente, sin perjuicio que la parte destinada al pago de la prima del seguro a que se refiere el artículo 59 deberá calcularse sobre la base de dicho ingreso considerando un límite máximo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de esta ley.

La afiliación al Sistema deberá efectuarse por los interesados mediante la suscripción de la correspondiente solicitud. Respecto a quienes ya se encuentren afiliados por haber sido trabajadores dependientes o independientes, la primera cotización como afiliados voluntarios determina la apertura y mantención por la Administradora de las cuentas de capitalización individual voluntarias.

Las cuentas de capitalización individual obligatorias y las cuentas de capitalización individual voluntarias deberán mantenerse en una misma Administradora.

Las cotizaciones que se enteren en la cuenta de un afiliado voluntario podrán ser efectuadas por éste o por otro en su nombre y no tendrán el carácter de cotizaciones previsionales para los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

El afiliado voluntario podrá elegir o ser asignado a los tipos de Fondos de acuerdo a lo establecido en el artículo 23, según corresponda.

Asimismo, los afiliados a que se refiere este párrafo tendrán la opción de efectuar ahorro voluntario de aquél establecido en el artículo 21 de esta ley.

Artículo 92 K.- Se considerará como ingreso imponible de los afiliados a que se refiere este párrafo, la cantidad de dinero que coticen mensualmente en la Administradora, descontado el monto correspondiente a comisiones, multiplicado por diez, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de la Superintendencia. Dicho ingreso no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, no aplicándoseles a su respecto el límite máximo imponible señalado en el artículo 16.

No obstante lo anterior, cuando los afiliados efectúen cotizaciones mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual, de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 19, se considerará como renta imponible la que se derive de la cotización mensual que realicen estos afiliados. Esta cotización será la que determine la Administradora como resultado de dividir por doce el monto total cotizado descontado el monto correspondiente a la cotización adicional, de la forma que determine una norma de carácter general que emitirá la Superintendencia. En caso que el resultado de la operación señalada sea inferior a la cotización equivalente a un ingreso mínimo mensual, deberá ajustarse el número de cotizaciones de manera tal que en cada mes el monto de cotización sea al menos equivalente a aquella correspondiente a un ingreso mínimo.

Artículo 92 L.- Los afiliados voluntarios quedarán cubiertos por el riesgo de invalidez o muerte si hubieren cotizado en el mes calendario anterior a dichos siniestros. Para efectos de la determinación del aporte adicional, el cálculo del ingreso base, establecido en el artículo 57, se realizará considerando el límite máximo imponible a que se refiere el artículo 16.

Para efectos de la cobertura del seguro a que se refiere el inciso anterior, cuando los afiliados voluntarios hubiesen realizado cotizaciones de la forma señalada en el inciso segundo del artículo 92 K, dichas cotizaciones se entenderán imputadas mensualmente, de acuerdo a los montos definidos en la citada norma, a partir del mes siguiente a su recepción en la Administradora.

Artículo 92 M.- Los trabajadores dependientes cuyo cónyuge posea la calidad de afiliado voluntario, podrán autorizar a sus respectivos empleadores para que les descuenten de sus remuneraciones, bajo las normas establecidas en este párrafo y en el artículo 58 del Código del Trabajo, las sumas que destinen a cotizaciones para la cuenta de capitalización individual voluntaria de su cónyuge, incluyendo la cotización adicional. El empleador enterará esta cotización en la Administradora en que se encuentre incorporado el afiliado voluntario o en la que se encuentre afiliado su trabajador dependiente, según lo que aquél determine. En el último caso, la Administradora deberá destinar los recursos pertenecientes al afiliado voluntario a la Administradora en que éste se encuentre incorporado, en la forma que la Superintendencia establezca mediante una norma de carácter general. Respecto de estas cotizaciones se aplicarán las mismas normas establecidas en el artículo 19 para los trabajadores dependientes. Con todo, cesará la referida obligación en cada uno de los meses en que proceda un pago de cotizaciones del trabajador a través de una entidad pagadora de subsidios.

La Administradora tendrá derecho a cobrar comisión por transferencia de cotizaciones, en los mismos términos establecidos en el inciso final del artículo 20 C.

Dicha cotización a nombre del cónyuge no dará derecho al trabajador dependiente a la exención tributaria a que se refiere el artículo 18 de esta ley.

Artículo 92 N.- La Superintendencia regulará mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con las cotizaciones a que se refiere este párrafo. Dicha norma contendrá, a lo menos, los procedimientos para la determinación del porcentaje y el cobro de la cotización adicional y la imputación de las cotizaciones para los fines que corresponda.”.

57. Modifícase el artículo 94 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el actual número 4. por el siguiente: “Fiscalizar la constitución, mantenimiento, operación y aplicación del “Encaje”.”.

b) Reemplázase el número 10. por el siguiente:

“10. Efectuar los estudios técnicos necesarios para el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Pensiones y para evaluar la calidad de las pensiones que obtienen los afiliados y beneficiarios del Sistema. Para efectuar los mencionados estudios, la Superintendencia de Valores y Seguros deberá proporcionar a la Superintendencia de Pensiones la información sobre los pensionados por la modalidad de renta vitalicia y sus beneficiarios, que ésta le solicite.”.

c) Agrégase el siguiente N° 13 nuevo:

“13. Fiscalizar, con el objeto de resguardar la seguridad de los Fondos de Pensiones, el funcionamiento de los servicios que una Administradora hubiere subcontratado, cuando éstos sean relacionados con su giro. Para efectos de lo anterior, la Superintendencia podrá requerir el envío de información y documentación sustentatoria o bien tener acceso directamente a las dependencias y archivos del prestador de servicios.”.

58. Modifícase el artículo 98 de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Inversión indirecta: Aquella que realicen los Fondos de Pensiones en activos, a través de la tenencia de instrumentos del inciso segundo del artículo 45, conforme lo disponga el Régimen de Inversión.”.

b) Elimínanse las letras f) , i) y j) , pasando las actuales letras g) y h) a ser las letras f) y g) , respectivamente, y las actuales letras k) a la p) , a ser las letras h) a la n) , respectivamente.

c) Agrégase la siguiente letra “ñ) ” nueva:

“ñ) Planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo: Son aquellas alternativas de ahorro e inversión autorizadas por las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda, para efectos de lo dispuesto en el Título III de esta ley.”.

59. Agrégase a continuación del artículo 98, el siguiente artículo 98 bis nuevo:

“Artículo 98 bis.- Las Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros establecerán, mediante Resolución conjunta, los procedimientos de fiscalización respecto del sistema consultas y ofertas de montos de pensión a que se refiere el artículo 61 bis, de los pagos de beneficios y pensiones reguladas por esta ley que efectúen las Compañías de Seguros de Vida, como asimismo el pago de las contingencias del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59.”.

60. Intercálase en el encabezado del artículo 99 entre la palabra “funciones” y los dos puntos (:) la expresión “y atribuciones”. Por otra parte, sustitúyase las letras a) , b) , c) , d) , e) y f) por las siguientes:

“a) Aprobar o rechazar cuotas emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h) ; instrumentos representativos de capital de la letra j) y, a solicitud de la Superintendencia, los títulos de la letra k) , todas del inciso segundo del artículo 45. Asimismo, aprobar o rechazar las contrapartes para efectos de las operaciones con instrumentos derivados de la letra l) del citado artículo;

b) Rechazar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 105, las clasificaciones practicadas por clasificadoras de riesgo en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 18.045, a los instrumentos de deuda señalados en las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) y k) , todas del inciso segundo del artículo 45, respecto de los instrumentos cuyas dos clasificaciones de mayor riesgo sean iguales o superiores a BBB o N3;

c) Establecer los procedimientos específicos de aprobación de cuotas de fondos de inversión y de cuotas de fondos mutuos de la letra h) , de instrumentos representativos de capital de la letra j) , de instrumentos contemplados en la letra k) y de las entidades contrapartes de operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l) , todas del inciso segundo del artículo 45;

d) Establecer las equivalencias entre las clasificaciones de los títulos de deuda señalados en la letra j) inciso segundo del artículo 45, realizadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, y las categorías de riesgo definidas en el artículo 105, y

e) Establecer, no obstante lo señalado en la letra c) anterior, los procedimientos específicos de aprobación de los instrumentos representativos de capital incluidos en la letra j) inciso segundo del artículo 45, que se transen en los mercados formales nacionales.”.

61. Modifícase el artículo 100 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso primero las letras a) , b) y c) por las siguientes:

“a) Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones designado por el Superintendente de ésta;

b) Un funcionario de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras designado por el Superintendente de ésta;

c) Un funcionario de la Superintendencia de Valores y Seguros designado por el Superintendente de ésta, y”.

b) Elimínase el inciso cuarto.

c) Reemplázase el actual inciso quinto, que ha pasado a ser inciso cuarto, por lo siguiente: “En caso de ausencia o impedimento de alguna de las personas señaladas en las letras a) , b) o c) del inciso primero, los respectivos Superintendentes designarán a su suplente.”.

62. Modifícase el artículo 104 de la siguiente forma:

a) Elimínase los incisos primero y segundo.

b) Elimínase en la primera oración del actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso único, la frase: “acciones de sociedades anónimas inmobiliarias, las” y reemplázase la letra “i) ” por la letra “h) ” y la expresión: “su emisor” por la siguiente: “una Administradora”. A su vez, agrégase en la segunda oración a continuación de la palabra: “financieros” lo siguiente: “representativos de capital” y reemplázase la letra “k) ” por la letra “j) ”. Asimismo, en la tercera oración reemplázase la letra “l) ” por la letra “k) ” y elimínase la expresión: “excluidos los instrumentos señalados en el inciso cuarto de dicho artículo,”.

63. Modifícase el artículo 105 de la siguiente forma:

a) Reemplázase los incisos primero y segundo por los dos siguientes incisos nuevos:

“Establécense las siguientes categorías de riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) , j) y k) del inciso segundo del artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de largo plazo:

1. Categoría AAA;

2. Categoría AA;

3. Categoría A;

4. Categoría BBB;

5. Categoría BB;

6. Categoría B;

7. Categoría C;

8. Categoría D, y

9. Categoría E, sin información disponible para clasificar.

Establécense los siguientes niveles de riesgo para los instrumentos financieros a que se refieren las letras b) , c) , i) , j) y k) , del artículo 45, si se tratare de instrumentos de deuda de corto plazo:

1. Nivel 1 (N 1) ;

2. Nivel 2 (N 2) ;

3. Nivel 3 (N 3) ;

4. Nivel 4 (N 4) , y

5. Nivel 5 (N 5) , sin información disponible para clasificar.”.

b) Sustitúyese los incisos cuarto y quinto por los dos siguientes incisos nuevos:

“Para ejercer la atribución a que se refiere la letra b) del artículo 99, la Comisión Clasificadora deberá solicitar al emisor respectivo una clasificación adicional, que deberá ser efectuada por un clasificador privado, elegido por aquél, de aquellos a que alude la ley N° 18.045. La clasificación adicional podrá ser solicitada cuando haya ocurrido algún hecho que a juicio de dos miembros de la Comisión Clasificadora pueda impactar negativa y sustancialmente en los resultados de la sociedad y que pueda modificar la categoría de riesgo del título.

Una vez presentada la clasificación adicional, la Comisión Clasificadora podrá rechazar todas las clasificaciones de riesgo del instrumento con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes a la sesión, debiendo constar en acta el fundamento del rechazo, salvo que determine que éste requiere reserva. Asimismo, podrá rechazar la menor clasificación de riesgo, en cuyo caso será necesario el voto conforme de cinco miembros.”.

c) Elimínase la primera oración del inciso sexto. A su vez, agrégase a continuación de la palabra “capital” la expresión “de la letra j) del artículo 45”.

d) Reemplázase en el inciso séptimo la siguiente expresión: “, sin perjuicio de que podrá establecer factores adicionales adversos que pudieran modificar la clasificación final. Estos criterios de equivalencia”, por lo siguiente: “. Estas equivalencias”. Por otra parte, reemplázase la letra “k) ” por la letra “j) ”.

e) Elimínase el inciso octavo.

64.Modifícase el artículo 106 de la siguiente forma:

a) Elimínase los incisos primero al séptimo inclusive.

b) Sustitúyese el actual inciso octavo, que ha pasado a ser primero, por los siguientes tres incisos nuevos:

“Las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45, con excepción de las señaladas en el inciso décimo quinto de dicho artículo, serán sometidas a la aprobación de la Comisión, previa solicitud de una Administradora, en consideración al cumplimiento de los requisitos a que se refiere el inciso siguiente, que serán determinados en base a la información pública histórica que el emisor haya entregado a la entidad fiscalizadora que corresponda.

Los requisitos de aprobación considerarán una adecuada diversificación de las inversiones, el cumplimiento de los objetivos de inversión y otros aspectos que determine la Comisión Clasificadora, debiendo estos últimos darse a conocer mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial. Adicionalmente, se considerará que al momento de la aprobación el fondo mantenga, al menos por un año, un volumen mínimo de inversión. La información necesaria para la evaluación de estos aspectos deberá ser aportada por los respectivos emisores en la forma y oportunidad que determine la Comisión Clasificadora.

La especificación conceptual, la metodología de cálculo y el valor límite de los indicadores considerados en los requisitos de aprobación, los determinará la Comisión Clasificadora, previo informe favorable de la Superintendencia de Pensiones, debiendo publicarlos en el Diario Oficial.”.

c) Sustitúyese en el actual inciso noveno que ha pasado a ser cuarto, la letra “k) ” por la letra “j) ”.

d) Sustitúyese en el último inciso la letra “k) ” por la letra “j) ”. A su vez, reemplázase la palabra “quinto” por “décimo quinto” y sustitúyese la letra “f) ” por la letra “e) ”.

65. Derógase el artículo 107.

66. Modifícase el artículo 108 de la siguiente forma:

a) Elimínase en el inciso primero la expresión: “y a la Superintendencia,”.

b) Elimínase en el inciso segundo la expresión: “acciones o”.

c) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: “En cumplimiento de sus funciones la Comisión Clasificadora podrá requerir de las clasificadoras privadas la remisión, en los plazos que determine, de los antecedentes en los que se fundamentaron para otorgar una clasificación a cualquiera de los instrumentos analizados por aquélla.”

d) Sustitúyese en la primera oración del inciso cuarto la frase “la aprobación”, por la expresión “su decisión respecto”. A su vez elimínase la segunda y tercera oración de este inciso.

67. Reemplázase la segunda oración de inciso primero del artículo 109 por la siguiente:

“La publicación deberá contener el rechazo de las categorías de clasificación de riesgo a que se refiere el artículo 105 respecto de los instrumentos de deuda de las letras b) , c) , d) , e) , f) , i) y k) , todas del inciso segundo del artículo 45, como también la aprobación de los instrumentos representativos de capital de las letras h) , j) y k) del artículo 45, así como los principales fundamentos del acuerdo adoptado en estas materias.”

68. Elimínase en la primera oración del artículo 110 las expresiones: “, o la asignación de una categoría de riesgo en su caso,” y “y su correspondiente categoría de riesgo”.

69. Sustitúyese en el Artículo 111, la oración “sean aprobadas de acuerdo a lo dispuesto en el Título XI de esta ley” por la siguiente: “cumplan los requisitos establecidos en el inciso quinto del artículo 45”.

70. Elimínase el párrafo 3, del Título XII: “De las Sociedades Anónimas Inmobiliarias”.

71. Sustitúyese en el segundo inciso del artículo 138, la expresión “la celebración de los contratos de cobertura de riesgo financiero a que se refiere la letra m) ” por la expresión “la realización de operaciones con instrumentos derivados a que se refieren la letra l) ”.

72. Agrégase al Artículo 153 a continuación del inciso final, los siguientes incisos nuevos:

“Asimismo, la función de comercialización de los servicios prestados por la Administradora será incompatible con la función de comercialización de los productos o servicios ofrecidos o prestados por cualquiera de las entidades del Grupo Empresarial al que pertenezca la Administradora.

En todo caso, los gerentes general, comercial y de inversiones, los ejecutivos de áreas comercial y de inversiones y los agentes de ventas de una Administradora, no podrán ejercer simultáneamente cargos similares en ninguna entidad del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.

Las dependencias de atención de público de las Administradoras no podrán ser compartidas con las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca.”

73. Modifícase el inciso primero del artículo 154 de la siguiente manera:

a) Reemplázase al final de la letra g) la expresión “, y” por punto y coma (;) .

b) Reemplázase al final de la letra h) el punto final por “, y”.

c) Agrégase la siguiente letra i) nueva:

“i) La realización de descuentos a los beneficios que paguen a sus afiliados o beneficiarios para fines distintos a los de seguridad social o los establecidos en esta ley y que sean producto de obligaciones que éstos hubiesen adquirido con alguna entidad del grupo empresarial al cual pertenece la Administradora.”.

74. Agrégase los siguientes Títulos XV, XVI y XVII nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:

“TITULO XV

De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual

Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que, cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las ofertas.

Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un periodo determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten. Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en una Resolución fundada de la Superintendencia.

El período de permanencia en la Administradora adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del afiliado a la Administradora adjudicataria.

Transcurridos seis meses desde la fecha de la adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período correspondiente a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.

Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra Administradora.

La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en los Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento público para todos los efectos legales.

Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquéllas personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas como tales. Estas últimas deberán contar con la aprobación de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.

Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social mediante Decreto Supremo. Dichas bases estarán a disposición de los interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo menos, lo siguiente:

a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su ingreso promedio;

b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;

c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;

d) Monto de la garantía de implementación;

e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

f) Duración del período de permanencia en la Administradora adjudicataria;

g) Duración del período de mantención de la comisión licitada;

h) Proceso y mecanismos de adjudicación y desempate;

i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de la licitación;

j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de la licitación;

k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas regionales;

l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la Administradora.

Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una modificación a aquella, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.

La adjudicación del servicio se efectuará mediante resolución fundada de la Superintendencia.

La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis meses desde la fecha de adjudicación de servicio licitado. Esta comisión se hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.

Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo las condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la licitación.

La Superintendencia deberá asignar a los afiliados nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los siguientes casos:

a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales efectos;

b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las Administradoras que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de su afiliación al Sistema, según se determine en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados que se hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.

Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de la obligación establecida en el inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;

b) Incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;

c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;

d) En proceso de liquidación;

e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la adjudicataria de la licitación; o

f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo 163.

g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166.

A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.

Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.

Título XVI

Del Consejo Técnico de Inversiones

Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o modifique dicho régimen;

2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias relativa a inversiones de los Fondos de Pensiones contendidas en el Régimen de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo 45 que efectúen los Fondos de Pensiones;

3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la Superintendencia;

4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;

5) Entregar una memoria anual de carácter público al Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado; y

6) Encargar la realización de estudios técnicos con relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.

Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las siguientes personas:

a) Dos miembros designados por el Presidente de la República. El primero de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá haber desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco Central de Chile;

b) Un miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile; y

c) Dos miembros elegidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones. El primero de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá poseer una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.

Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.

Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrá renovarse su designación o ser reelegido, según corresponda, por un nuevo período consecutivo, por una sola vez.

Junto con la designación de cada una de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia o impedimento de éste.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.

Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.

Serán causales de cesación de los miembros titulares y suplentes del Consejo las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;

b) Renuncia aceptada por quien los designó;

c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo;

d) Sobreviniencia de algunas de las causales de inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y

e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Título.

Los miembros titulares y suplentes y el Secretario Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena.

Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.

Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido por uno de los miembros designados por el Presidente de la República según éste lo disponga, sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el inciso quinto de este artículo.

El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.

El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando así lo solicite el Superintendente de Pensiones.

Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.

El Consejo acordará las normas necesarias para su funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que estarán sujetos sus integrantes.

La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.

Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta materia.

TITULO XVII

De la Asesoría Previsional

1. Del Objeto de la Asesoría Previsional

Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.

Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el caso, con una estimación de sus montos.

Artículo 172.- Crease el Registro de Asesores Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto dicte la Superintendencia.

2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los Asesores Previsionales.

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.

Sus socios, administradores, representantes legales y las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones que se establecen en este Título.

Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.

La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500 unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de fomento.

Artículo 174.- Los socios, los administradores, los representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;

b) Tener antecedentes comerciales intachables;

c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de educación media o estudios equivalentes;

d) Acreditar ante la Superintendencia los conocimientos suficientes sobre materias previsionales.

El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d) anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o declaración respectiva, para el caso de la letra b) , y de la aprobación del examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d) , y con una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la Superintendencia.

No podrán ser socios, administradores, dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Los procesados o condenados por delito que merezca pena aflictiva;

b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan prohibición de comerciar;

c) Las personas sancionadas con la cancelación o revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley;

d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se refiere el artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste, los directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las entidades que conforman su grupo empresarial, y

e) Quienes tengan la calidad de corredores y liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados para la asesoría e intermediación de rentas vitalicias.

Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia dictará una resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo, conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus actividades.

Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la Superintendencia.

Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas que asimismo pudieren corresponderles.

Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción o incumplimiento.

Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades establecidas en esta ley.

Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos al control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor Previsional, procederá:

a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción grave de ley, y

b) En el caso que no mantengan vigente el seguro referido en el artículo 75 de esta ley.

La declaración de infracción grave de ley corresponderá a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones establecidas en esta ley.

Declarada la infracción grave o constatado el incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y revoque la autorización para funcionar.

3. De la contratación de la Asesoría Previsional.

Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la Superintendencia.

La contratación de una asesoría previsional no importa, para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la recomendación que le fuere proporcionada.

Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los incisos segundo y tercero de este artículo.

Los afiliados o beneficiarios de pensión, según corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta destinado a pensión.

Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior, quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios de pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien de modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.

No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo 61 bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las Compañías de Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios, agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.

Las Administradoras y las Compañías de Seguros de Vida no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.

Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicable en lo que corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.

Se reserva el uso de la denominación "Entidad de Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y naturales a que se refieren el números dos de este Título.

Artículo 181.- Los socios, administradores y representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otras prestaciones diferentes a las propias de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier otro modo.”.

75. Intercálase en el inciso primero del artículo 12 transitorio a continuación de la expresión “segundo dictamen” y antes de la coma (,) la siguiente frase: “u obtuviere pensión de invalidez total conforme a un único dictamen.”.

Párrafo segundo

Modificaciones a la Ley Sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1° del decreto ley N°824, 1974

Artículo 80.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el decreto ley N°824, de 1974:

1. Modifícase el artículo 42 bis de la siguiente forma:

a) Reemplázase en el encabezado del artículo la expresión “o cotizaciones voluntarias de conformidad a lo establecido en el número 2 del”, por la siguiente: “cotizaciones voluntarias y ahorro previsional voluntario colectivo de conformidad a lo establecido en los párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,) ;

b) Reemplázase en el número 1, la expresión “y cotización voluntaria”, por la siguiente: “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,) ;

c) Reemplázase en el número 2, la expresión “y cotización voluntaria”, por “cotización voluntaria y ahorro previsional voluntario colectivo,”, precedida por una coma (,) ; y la expresión “y de las cotizaciones voluntarias”, por la siguiente: “de las cotizaciones voluntarias y del ahorro previsional voluntario colectivo”, precedida por una coma (,) ;

d) Reemplázase en el número 3, la expresión “o de cotizaciones voluntarias a que se refiere el número 2”, por “cotizaciones voluntarias o ahorro previsional voluntario colectivo a que se refieren los párrafos 2 y 3”, precedida por una coma (,) .

e) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero nuevos:

“Si el contribuyente no opta por acogerse al régimen establecido en el inciso anterior, al momento de incorporarse al sistema de ahorro a que se refiere este artículo, los depósitos de ahorro previsional voluntario, las cotizaciones voluntarias o el ahorro previsional voluntario colectivo correspondiente a los aportes del trabajador, a que se refieren los números 2. y 3. del Título III del decreto ley Nº 3.500, de 1980, no se rebajarán de la base imponible del impuesto único de segunda categoría y no estarán sujetos al impuesto único que establece el número 3. del inciso primero de este artículo, cuando dichos recursos sean retirados. En todo caso, la rentabilidad de dichos aportes estará sujeta a las normas establecidas en el artículo 22 del mencionado decreto ley. Asimismo, cuando estos aportes se destinen a anticipar o mejorar las pensiones de jubilación no estarán gravados con impuesto a la renta en la parte que no corresponda a rentabilidad

Los aportes que los empleadores efectúen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto necesario para producir la renta de aquéllos. A su vez, cuando los aportes del empleador, más la rentabilidad que estos generen, sean retirados por éste, aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 de este artículo.”.

2. Reemplázase en el inciso segundo del artículo 42 ter la expresión “o depósito de ahorro voluntario” por la siguiente: “, depósito de ahorro voluntario o depósito de ahorro previsional voluntario colectivo”.

3. Elimínase la segunda oración del inciso tercero del artículo 50.

Párrafo tercero

Modificaciones a la Ley General de Bancos

Artículo 81.- Introdúcese la siguiente modificación a la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda:

1.- Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto:

“Asimismo, podrán también los bancos constituir filiales como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de 1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.

Las filiales de bancos constituidas como Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500 de 1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o indirectamente, ni aún a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.

El banco matriz de una Administradora de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables en razón de tales circunstancias.”.

TÍTULO VI

OTRAS NORMAS

Párrafo primero

De la Responsabilidad de Alcaldes y Otras Autoridades

Artículo 82.- El incumplimiento de la obligación de efectuar los aportes previsionales que correspondan a sumas descontadas con tal propósito a las remuneraciones de los funcionarios públicos, cuando sea aplicable lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322 o el inciso final del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, constituirá infracción grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Los alcaldes que cometan la infracción referida en el inciso precedente, incurrirán en la causal de cesación en el cargo prevista en el artículo 60, letra c) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Igual sanción se aplicará a los concejales que cometieren dicha infracción con motivo del desempeño como alcaldes suplentes.

En los casos previstos en el inciso anterior, la Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier concejal, efectuará las investigaciones que procedan con el objeto de verificar las infracciones correspondientes. Cuando el Órgano Contralor concluya que hay mérito suficiente para hacer efectiva la responsabilidad del alcalde, informará de ello al Concejo Municipal para los efectos previstos en el artículo 60 inciso cuarto de la ley N° 18.695.

Lo establecido en los incisos precedentes no obsta a la realización de sumarios administrativos destinados a hacer efectiva las responsabilidades de funcionarios municipales con motivo del incumplimiento de la obligación a que se refiere el inciso primero de este artículo.

Párrafo segundo

Fija Renta Mínima Imponible para Trabajadores de Casa Particular

Artículo 83.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 151 del Código del Trabajo, la remuneración mínima imponible para efectos de seguridad social de los trabajadores de casa particular, no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual para jornadas completas, o proporcional a la pactada, si ésta fuere inferior.

TÍTULO VII

NORMAS SOBRE FINANCIAMIENTO FISCAL

Artículo 84.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 20.128:

1) Reemplázase, en el artículo 5°, la frase “la garantía estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y de las pensiones asistenciales reguladas en el decreto ley N° 869, de 1975” por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.

2) Modifícase el artículo 7° de la siguiente manera:

a) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “garantía estatal de pensiones mínimas y en pensiones asistenciales”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.

b) Reemplázase, en el inciso quinto, la frase “mínima o asistencial, exceptuando el reajuste automático del artículo 14 del decreto ley N° 2.248, de 1979, y el artículo 10 de la ley N° 18.611”, por la siguiente: “básica solidaria de vejez, pénsión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez, exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios estén sujetos de conformidad a las normas que los rigen”.

3) Reemplázase, en el artículo 8°, el guarismo “2015” por el guarismo “2008”.

4) Modifícase el artículo 9° de la siguiente manera:

Reemplázase, en el inciso primero, la frase “excluidos los mencionados en las letras g) y h) ”, por la siguiente: “excluidas las acciones de la letra g) ”. A su vez, sustitúyese la letra “l) ” por la letra “k) y la letra “m) ” por la letra “l) ”.

Artículo 85.- Modifícase, en el inciso sexto del artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, la frase “garantía estatal de pensión mínima a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez”.

Artículo 86.- Las expresiones pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez, empleadas en los artículos 84 y 85 precedentes y en el decreto ley N° 3.500, de 1980, corresponden a las definidas en al artículo 2° de la presente ley.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Párrafo Primero

Disposiciones Transitorias Del Título I Sobre el Sistema de Pensiones Solidarias

Artículo primero.- Las disposiciones del Título I de la presente ley entrarán en vigencia a contar del 1° de julio de 2008. No obstante, si la publicación de ésta, fuese posterior al 1° de enero de 2008, regirá a contar del día primero del séptimo mes siguiente a dicha publicación.

Durante los dos primeros años de la entrada en vigencia del Título mencionado en el inciso anterior, para los efectos de la aplicación de la letra b) del artículo 3°, se podrá utilizar como instrumento de focalización la Ficha de Protección Social.

Artículo segundo.- Deróganse desde la entrada en vigencia del Título I de la presente ley, el artículo 10 de la ley N° 18.611; el artículo 47 de la ley N° 18.681 y el decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de que éste último mantiene su vigencia para el sólo efecto de lo dispuesto en el artículo 33.

Las personas que a la fecha señalada en el inciso anterior, sean beneficiarias de pensiones asistenciales otorgadas de conformidad al decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho, a contar de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, a las pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez, según corresponda, dejando de percibir a partir de esa data las referidas pensiones asistenciales. Lo anterior no se aplicará a las personas con discapacidad mental menores de dieciocho años de edad que sean beneficiarias de la mencionada pensión asistencial, las que se regirán por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo siguiente.

Las solicitudes de pensiones asistenciales del decreto ley señalado en el inciso anterior que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia del presente Título, que hayan sido presentadas conforme a las disposiciones de dicho decreto ley, serán calificadas de acuerdo a lo establecido en el presente cuerpo legal.

Artículo tercero.- Derógase, desde la entrada en vigencia del Título I de esta ley, el inciso tercero del artículo 18 de la ley N° 18.600.

A contar de la fecha señalada en el inciso anterior, las personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600, menores de dieciocho años de edad, que a esa data se encuentren percibiendo una pensión asistencial del decreto ley N° 869, de 1975, tendrán derecho a partir de dicha fecha y por el solo ministerio de la ley, al subsidio establecido en el artículo 33, dejando de percibir en esa misma oportunidad la mencionada pensión asistencial.

Artículo cuarto.- Las obligaciones y derechos que tenga el Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales, creado por el artículo 8° del decreto ley N° 869, de 1975, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I de esta ley corresponderán al Instituto de Previsión Social, ejerciendo la Superintendencia de Pensiones la fiscalización de esta disposición.

Derógase, a contar de la fecha señalada en el inciso anterior, el artículo 2° de la ley N° 18.141.

Artículo quinto.- Deróganse a contar de la fecha de la entrada en vigencia del Título I de la presente ley, los artículos 73 al 81, ambos inclusive, del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos sexto y décimo transitorios siguientes.

Artículo sexto.- Las personas que a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley perciban pensión mínima de vejez o invalidez con garantía estatal del Título VII del decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. Sin embargo, podrán ejercer el derecho de opción a que se refiere el inciso final, en las mismas condiciones.

Las personas que, a la fecha de la entrada en vigencia del Título I de la presente ley, tengan cincuenta años de edad o más y se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán acceder a las pensiones mínimas de vejez e invalidez garantizadas según lo dispuesto en el Título VII de ese cuerpo legal, vigente antes de dicha fecha. Sin embargo, en cualquier época podrán optar por el sistema de pensiones solidarias establecido en la presente ley, de conformidad a las normas que le sean aplicables. Dicha opción podrá ejercerse por una sola vez.

Los pensionados que, a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, sean beneficiarios de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán ejercer el derecho de opción del inciso anterior en las mismas condiciones. En este caso, la pensión autofinanciada de referencia se determinará a la fecha de obtención de pensión de acuerdo a dicho decreto ley, conforme lo que establezca la Superintendencia de Pensiones, en una norma de carácter general.

Artículo séptimo.- Las personas que se encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho a la pensión básica solidaria de vejez o invalidez, cuando no tengan derecho a pensión en algún sistema previsional, y siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a) , b) y c) de los artículos 3° y 16, respectivamente.

El aporte solidario de vejez a que puedan acceder las personas que estén afectas a alguno de los regímenes de previsión administrados por el Instituto de Normalización Previsional y los pensionados de los mismos, se regirá por las respectivas normas transitorias del presente título, siempre que tengan derecho a alguna pensión del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión de vejez o jubilación, a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de cualquiera de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno de ellos, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez establecido en el Párrafo tercero del Título I de esta ley, cuando la pensión base sea de un monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario que señala el artículo 13 de la presente ley, y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a) , b) y c) del artículo 3° de esta ley.

El aporte previsional solidario de vejez a que tengan derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a lo establecido en el la letra f) del artículo 2°. Para ello, la pensión base corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de alguno de los regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas las bonificaciones de las leyes N°s 19.403; 19.539 y 19.953, según corresponda.

Si las personas a que se refiere el inciso primero, además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10° u 11, según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en el inciso anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el de las pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo al mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se determinará a la data de obtención de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter general.

Artículo noveno.- Las personas inválidas que se encuentren afectas a alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho al aporte previsional solidario de invalidez establecido en el Párrafo quinto del Título I, cuando cumplan el requisito establecido en la letra a) del artículo 20 y tengan derecho a una pensión de invalidez otorgada de acuerdo a dichos regímenes, siempre que la suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de cualquier régimen previsional, sea inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.

Artículo décimo.- Las personas que, a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, perciban pensión mínima de sobrevivencia con garantía estatal del título VII del decreto ley N° 3.500, de 1980, continuarán percibiendo dicha pensión garantizada. También accederán a esta garantía estatal de pensión mínima de sobrevivencia, todas aquellas personas que hasta el último día del décimo quinto año posterior a la publicación de la presente ley, cumplan con los requisitos para tener derecho a ella.

Las pensiones mínimas señaladas en el inciso anterior, son incompatibles con el sistema de pensiones solidarias. Sin embargo, las personas beneficiarias de dicha pensión mínima que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al sistema solidario, podrán acogerse a él, renunciando en la respectiva solicitud a la mencionada garantía estatal.

Artículo undécimo.- A contar del 1° de julio de 2008 y hasta el 30 de junio de 2009, la pensión básica solidaria de vejez y la pensión máxima con aporte solidario ascenderán a $ 60.000 y el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período. En el evento que esta ley se publique en una fecha posterior al 1 de julio de 2008 la data inicial antes señalada será el día primero del mes siguiente al de dicha publicación.

A contar del 1° de julio de 2009 la pensión básica solidaria de vejez ascenderá a $75.000. A contar de igual fecha y hasta el 30 de junio de 2010, la pensión máxima con aporte solidario será de $75.000 y el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período.

A contar del 1° de julio de 2010 y hasta el 30 de junio de 2011, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 100.000, y el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 40%, para este mismo período.

A contar del 1° de julio de 2011 y hasta el 30 de junio de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 150.000, y el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%, para este mismo período.

A contar del 1° de julio de 2012, la pensión máxima con aporte solidario ascenderá a $ 200.000. Desde igual fecha y hasta el 30 de junio de 2013, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 45%.

A contar del 1 de julio de 2013 y hasta el 30 de junio de 2015, el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 50%.

A contar del 1 de julio de 2015 y hasta el 30 de junio de 2017 el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 55%.

A contar del 1 de julio de 2017 el porcentaje establecido en la letra b) del artículo 3° será de 60%.

Artículo duodécimo.- El primer reajuste que corresponda por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° de la presente ley, se concederá a los doce meses siguientes contados desde el primero de julio de 2009. El primer reajuste que corresponda por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 13, se concederá a los doce meses siguientes al 1° de julio de 2012.

Artículo décimo tercero.- No obstante lo dispuesto en el artículo primero transitorio, las modificaciones introducidas en las letras a) y b) del número 6., la letra b) del número 7., la letra b) del número 8., la letra b) del número 9. y la letra a) del número 11., todas del artículo 36 de la presente ley, entrarán en vigencia a contar del 1 de julio de 2012.

Párrafo segundo

Disposiciones Transitorias del Título II sobre Institucionalidad

Artículo décimo cuarto.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias:

1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la Subsecretaría de Previsión Social o proveniente del Instituto de Normalización Previsional. En todo caso deberán encasillarse en primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Subsecretaría de Previsión Social;

2. Fijar la planta del personal de la Superintendencia de Pensiones. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social y del Instituto de Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios que son titulares de cargos de planta de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones. La planta que se fije podrá consultar una o más Intendencias.

3. Fijar la planta de personal del Instituto de Previsión Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional. En todo caso deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta del Instituto de Normalización Previsional.

4. Fijar la planta de personal de la Superintendencia de Seguridad Social. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal de la Superintendencia de Seguridad Social y proveniente del Instituto de Normalización Previsional. En todo caso, deberá encasillarse en primer lugar a los funcionarios que sean titulares de cargos de planta de la Superintendencia de Seguridad Social.

5. Fijar la planta de personal del Instituto de Seguridad Laboral, ex Instituto de Normalización Previsional. El encasillamiento en esta planta podrá incluir personal del Instituto de Normalización Previsional.

6. Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios de planta y a contrata entre las instituciones mencionadas en las letras anteriores, conforme a lo señalado en la letra siguiente. Del mismo modo, se podrá traspasar personal desde el Instituto de Normalización Previsional a otras instituciones públicas, transfiriéndose asimismo los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

7. El traspaso del personal titular de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. En el respectivo decreto con fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo en que deba llevarse a efecto este proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República” por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Conjuntamente con el traspaso del personal se traspasarán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho.

8. En el ejercicio de esta facultad el Presidente de la República dictará las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de las plantas que fije, y en especial podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como, las contempladas en el artículo 1° de la ley N° 19.553, del artículo 5° de la ley N° 19.528 y del artículo 17 de la ley N° 18.091, cuando corresponda, el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva confianza, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de la ley N° 19.882, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas complementarias al artículo 15 de la ley N° 18.834 para los encasillamientos del personal derivados de las plantas que fije, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 4.- de la letra j. siguiente.

9. El Presidente de la República determinará la data de entrada en vigencia de las plantas que fije y de los encasillamientos que se practiquen. Igualmente, fijará las dotaciones máximas de personal de las instituciones antedichas.

10. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

b) No podrá significar cesación de funiciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

c) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

d) No se podrá modificar la suma total de las dotaciones máximas de personal, en su conjunto, fijadas en la ley de Presupuestos del año en que se ejerza la facultad, respecto de las instituciones afectas a fijación de plantas y encasillamiento del personal, sin perjuicio de la creación de hasta seis cargos adicionales.

11. El Presidente de la República determinará la fecha de iniciación de actividades de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de Previsión Social, contemplándose un período para su implementación. Además, determinará la fecha de supresión de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, estableciendo el destino de sus recursos.

12. El Presidente de la República podrá disponer el traspaso toda clase de bienes desde el Instituto de Normalización Previsional al Instituto de Previsión Social.

Artículo décimo quinto.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto de la Superintendencia de Pensiones y del Instituto de Previsión Social, y transferirá a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Asimismo, se podrán transferir entre las instituciones a que se refiere la presente ley, los recursos correspondientes a la Garantía Estatal Pensiones Mínimas incorporadas en la partida 500103 del Tesoro Público de la Ley de Presupuestos vigente.

Artículo décimo sexto.- Los altos directivos públicos del Instituto de Normalización Previsional que estuvieren ejerciendo un cargo en dicha institución y que sean traspasados al Instituto de Previsión Social, continuarán sometidos a la misma normativa que los rigen.

Artículo décimo séptimo.- El gasto que se derive de las nuevas plantas que se fijen y del encasillamiento que se practique, considerando su efecto año completo, no podrá exceder la cantidad de $ 9.400.000 miles.

Artículo décimo octavo.- A contar de la fecha de publicación de la presente ley, el Instituto de Normalización Previsional ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan al Instituto de Previsión Social hasta la fecha en que esta última institución entre en funciones.

Del mismo modo, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones ejercerá las funciones y atribuciones que correspondan a la Superintendencia de Pensiones, hasta que esta última institución entre en funcionamiento, con excepción de aquellas que se traspasen desde la Superintendencia de Seguridad Social, las que esta última continuará ejerciendo hasta dicha fecha.

Artículo décimo noveno.- Facúltase al Presidente de la República, para que dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscritos, además, por el Ministro de Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas de los servicios públicos con el objeto de traspasar a los servicios señalados en el artículo 37, según corresponda, funciones actuales que en virtud de la presente ley pasan a desempeñar los órganos antes señalados y que no hayan sido mencionadas en los artículos de la misma.

Párrafo Tercero

Disposiciones Transitorias del Título III, sobre normas sobre equidad de género y afiliados jóvenes

Artículo vigésimo.- La bonificación por hijo para las madres, beneficiará a las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio de 2009, de acuerdo a las normas permanentes del Párrafo primero del Título III, de la presente ley.

Toda mujer que, cumpliendo los requisitos que se establecen en el artículo 64°, obtenga su pensión con posterioridad al 1 de julio de 2009, tendrá derecho a la bonificación respecto de los hijos nacidos vivos o adoptados con anterioridad a esa fecha, la que se calculará aplicando el 10% sobre el ingreso mínimo vigente a la referida data. A contar de esa misma fecha, se comenzará a calcular el interés y reajustabilidad establecidos en el inciso segundo del artículo 65, procediendo en lo demás de acuerdo con los artículos permanentes de este Párrafo primero del Título III.

A contar del 1° de julio de 2009, la bonificación por hijo para las madres será considerada para el cálculo de la pensión autofinanciada de referencia, de acuerdo a lo señalado en el Título I de esta Ley.

Artículo vigésimo primero.- Las normas contenidas en el presente Párrafo 2° del Título III sólo serán aplicables en los juicios de nulidad o divorcio que se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de esta ley.

Artículo vigésimo segundo.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 72 entrará en vigencia a contar del 1 de julio de 2009 y el inciso segundo de esta misma disposición, lo hará a partir del 1 de julio de 2011.

Artículo vigésimo tercero.- No les serán aplicables las disposiciones establecidas en el artículo 4 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, a las afiliadas mujeres que a la fecha de publicación de esta ley tengan más de sesenta años de edad.

Párrafo Cuarto

Disposiciones Transitorias del Título IV sobre la Obligación de Cotizar de los Trabajadores Independientes.-

Artículo vigésimo cuarto.- El Título IV de esta ley entrará en vigencia a contar del día 1° de enero del cuarto año siguiente, contado desde la fecha de publicación de la presente ley.

Durante los tres primeros años de la entrada en vigencia de los artículos señalados en el inciso anterior, los trabajadores a que se refiere el inciso primero del artículo 89 del decreto ley N° 3.500, de 1980, deberán efectuar las cotizaciones del Título III del mencionado decreto ley, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 (F) de dicho decreto ley, salvo que en forma expresa manifiesten lo contrario. La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de carácter general establecerá el procedimiento para el ejercicio de este derecho.

Para efectos del inciso anterior, la renta imponible será la establecida en el inciso primero del artículo 90 del decreto ley N° 3.500, de 1980, multiplicada por 0,4; 0,7; y 1 para el primer, segundo y tercer año posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero, respectivamente.

Desde el cuarto año de la entrada en vigencia de los artículos mencionados en el inciso primero, dichos trabajadores estarán obligados a efectuar las cotizaciones del Título III del decreto ley N°3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 92 (F) .

La cotización del 7% para financiar prestaciones de salud se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente ley, a contar del día 1 de enero del séptimo año posterior a la entrada en vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso primero. Con anterioridad a dicha fecha estas cotizaciones se realizarán de acuerdo a las normas vigentes a la época de publicación de la presente ley.

Párrafo Quinto

Disposiciones Transitorias del Título V Reforma Sobre Beneficios, Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, Inversiones, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y Competencia

Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo vigésimo sexto.- Las solicitudes de pensión de invalidez, las de reevaluación de la invalidez, de pensión de sobrevivencia y de pensión de vejez que se encuentren en tramitación a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de su presentación. Asimismo, los afiliados que se encuentren percibiendo pensiones de invalidez conforme a un primer dictamen, continuarán rigiéndose para los efectos de su reevaluación por la normativa vigente a la fecha de declaración de su invalidez.

Artículo vigésimo séptimo.- Las pensiones de sobrevivencia causadas por el fallecimiento de un afiliado pensionado por invalidez o vejez con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la fecha de otorgamiento de los referidos beneficios al afiliado.

Artículo vigésimo octavo.- Quienes se encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán efectuar la cotización de salud a que se refiere el inciso final del artículo 85 de dicho decreto ley, introducido por el número 53 del artículo 79 del Título V de la presente ley.

Artículo vigésimo noveno.- Los afiliados que se encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, podrán traspasar a su cuenta de capitalización individual, todo o parte de los fondos mantenidos en la cuenta de ahorro voluntario con el objeto de aumentar el monto de su pensión.

Artículo trigésimo.- Los afiliados que se encuentren pensionados a la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980 y que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 23 de dicho decreto ley, modificado por el número 15 del artículo 79 de esta ley, podrán ejercer la opción en él señalada.

Artículo trigésimo primero.- La primera emisión de la Resolución que establecerá el Régimen de Inversión a que se refiere el artículo 45 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el N°27 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá contemplar límites de inversión más restrictivos que los que se establecen en los artículos 45 y 47 del referido decreto ley, vigentes con anterioridad a las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al mismo decreto ley.

Artículo trigésimo segundo.- Si a la fecha de entrada de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, existiere una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad de propiedad de un Fondo de Pensiones, la Administradora respectiva deberá distribuir dicha reserva entre sus afiliados proporcionalmente al número de cuotas que éstos mantengan en sus cuentas individuales, enterando el monto correspondiente en las cuentas de aquellos, en la forma y en los plazos que establezca una norma de carácter general que al efecto dictará la Superintendencia de Pensiones.

Artículo trigésimo tercero.- No obstante lo dispuesto en el artículo 168 del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el N°74 del artículo 79 del Título V de esta ley, la primera designación de los integrantes del Consejo de Inversiones se efectuará por los períodos que a continuación se indica:

a) Dos años en el caso del miembro designado por las Administradoras de Fondos de Pensiones entre quienes posean una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y hayan desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.

b) Tres años en el caso de los miembros designados por el Presidente de la República.

c) Cuatro años en el caso del miembro designado por las Administradoras de Fondos de Pensiones entre los académicos de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales.

d) Cinco años en el caso del miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile.

Artículo trigésimo cuarto.- Durante los dos primeros años a contar de la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, los excesos de inversión que se puedan producir como consecuencia de las disposiciones establecidas en esta ley no se considerarán de responsabilidad de la Administradora, sin perjuicio que la Superintendencia de Pensiones pueda establecer plazos para su enajenación.

Artículo trigésimo quinto.- Durante los primeros doce meses contados desde la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite global para la inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el N°27 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser inferior al 30% ni superior al 45% del valor de los Fondos. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 60% del valor de los Fondos de Pensiones. A contar del vigésimo quinto mes de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, dicho límite no podrá ser inferior al 30% ni superior al 80% del valor de los Fondos.

Por su parte, durante los primeros doce meses de la vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, el límite por tipo de Fondo para la inversión de los Fondos de Pensiones en el extranjero, que corresponde establecer al Banco Central de Chile, de acuerdo a lo señalado en el número 2) del inciso noveno del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, introducido por el N°27 del artículo 79 del Título V de esta ley, no podrá ser superior al 60%, 55%, 45%, 20% y 15% del valor del Fondo para los Tipos de Fondos A, B, C, D y E, respectivamente. Entre el décimo tercero y vigésimo cuarto mes, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a: 25% y 80% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 20% y 70% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 15% y 60% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 10% y 30% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 5% y 25% del Fondo para el Fondo Tipo E. A contar del vigésimo quinto mes de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, dichos límites no podrán ser inferiores ni superiores a: 45% y 100% del Fondo, para el Fondo Tipo A; 40% y 90% del Fondo, para el Fondo Tipo B; 30% y 75% del Fondo, para el Fondo Tipo C; 20% y 45% del Fondo, para el Fondo Tipo D, y 15% y 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.

Artículo trigésimo sexto.- Dentro de un plazo de noventa días contado desde la fecha de vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980, las Administradoras deberán adecuar los contratos de prestación de servicios que estuvieran vigentes a lo dispuesto en el artículo 23 del decreto ley N°3.500, de 1980, modificado por el N°15 del artículo 79 del Título V de esta ley.

Artículo trigésimo séptimo.- La primera licitación del seguro a que se refiere el artículo 59 bis del decreto ley N°3.500, de 1980, introducido por el N°43 del artículo 79 del Título V de esta ley, se realizará transcurridos 6 meses desde la entrada en vigencia de las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N°3.500, de 1980.

Artículo trigésimo octavo.- Las modificaciones que el N° 8 del artículo 79 del Título V de esta ley introduce al artículo 16° del decreto ley Nº 3.500, de 1980, comenzará a aplicarse a contar del 1° de enero del año siguiente al de la publicación de la presente ley.

Párrafo sexto

Disposición transitoria del Título VI Otras Normas

Artículo trigésimo noveno.- La remuneración mínima imponible fijada en el artículo 83, se aplicará a contar del día primero del mes en que se cumpla el tercer año contado desde la publicación de la presente ley. No obstante, desde el primer año, contado de igual forma, dicha remuneración será de un 83% de un ingreso mínimo mensual y durante el segundo, esta será de un 92% del señalado ingreso.

Párrafo séptimo

Disposiciones transitorias del Título Séptimo sobre Financiamiento Fiscal

Artículo cuadragésimo.- Las modificaciones señaladas en los artículos 84 y 85, comenzarán a regir a contar de la fecha de publicación de la presente ley.

Artículo cuadragésimo primero.- El Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, además estará destinado a financiar las obligaciones fiscales derivadas de la garantía estatal de pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia, regulada en el decreto ley N° 3.500, de 1980, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos sexto y décimo transitorios de la presente ley.

Artículo cuadragésimo segundo.- Podrán efectuarse retiros al Fondo de Reserva de Pensiones a que se refiere el artículo 5° de la ley N° 20.128, hasta por un monto máximo anual equivalente al aporte realizado en el año anterior, según lo dispone la letra b) del artículo 6° de dicha ley.

Los retiros a que se refiere el inciso precedente podrán efectuarse a contar de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones del Título I de la presente ley y hasta el año 2016.

Artículo cuadragésimo tercero.- Durante el primer año de vigencia el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al Presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Tesoro Público. En los años siguientes, los recursos serán provistos en las respectivas leyes de presupuestos.

Artículo transitorio final.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes de este cuerpo legal, podrán dictarse los reglamentos que dispone la presente ley, desde la fecha de publicación de la misma.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

OSVALDO ANDRADE LARA

Ministro del Trabajo y Previsión Social

ANDRÉS VELASCO BRAÑES

Ministro de Hacienda

1.2. Informe de Comisión de Trabajo

Cámara de Diputados. Fecha 21 de junio, 2007. Informe de Comisión de Trabajo en Sesión 68. Legislatura 355.

?INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE PERFECCIONA EL SISTEMA PREVISIONAL

BOLETIN N° 4742-13-1

HONORABLE CAMARA:

Vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informar, en primer trámite reglamentario, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que perfecciona el sistema previsional.

A las sesiones que vuestra Comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara; el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Velasco Brañes; la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Laura Albornoz Pollmann; el señor Subsecretario del Trabajo, don Zarko Luksic Sandoval; la señora Subsecretaria de Seguridad Social, doña Lissette García Bustamante; la señora Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, doña Solange Berstein Jáuregui; el señor Director de Presupuesto, don Alberto Arenas de Mesa; el señor Fernando Dazarola Leichtle, Abogado de la Dirección de Presupuesto, y el señor asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Francisco Del Río Correa.

I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La Reforma del Sistema de Pensiones, según expresa el Mensaje con que se acompaña la iniciativa legal en informe, ocupa un lugar privilegiado en el Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Por ello, la Mandataria dispuso la creación del Consejo Asesor Presidencial Para la Reforma Previsional, cuya labor fundamental fue elaborar propuestas para mejorar el actual sistema de pensiones, establecido en el DL N° 3.500. Para llevar a cabo su misión, el Consejo escuchó a un amplio espectro de actores relacionados con el sistema, a expertos nacionales e internacionales, y a la ciudadanía.

El Consejo se constituyó el lunes 17 de marzo mediante el Decreto Supremo Nº 336, y lo integraron quince consejeros nombrados por la Presidenta Michelle Bachelet, los que trabajaron “ad honorem”, aportando su conocimiento, experiencia y criterio para elaborar el diagnóstico y las propuestas de reforma. El Consejo fue presidido por el ex Director de Presupuestos, Mario Marcel, y contó con una Secretaría Ejecutiva, responsable del cumplimiento de la agenda de trabajo, como también del registro y sistematización de las audiencias y deliberaciones.

La propuesta del Consejo para la Reforma Previsional plantea tres desafíos fundamentales: i) universalizar el derecho a la protección de la seguridad social; ii) minimizar el riesgo de la pobreza en la vejez y iii) transformar a las pensiones en una retribución justa al aporte de las personas a la sociedad a través del trabajo productivo y reproductivo, remunerado y no remunerado. Esto significa construir un pilar solidario integrado, fortalecer el pilar contributivo, desarrollar el pilar voluntario y asegurar la consistencia entre ellos.

El Consejo identificó diez características que, en su opinión, debería reunir un sistema previsional: universalidad, autonomía en la vejez, equidad social en los beneficios del sistema, equidad de género, solidaridad, eficiencia, transparencia del sistema, responsabilidad compartida entre los diversos actores del Sistema, sostenibilidad de los compromisos a través del tiempo y complementariedad con otras prestaciones de la seguridad social.

Las propuestas del Consejo

A partir del diagnóstico realizado se elaboraron 70 propuestas de reforma, distribuidas en 11 áreas de trabajo, las que comprenden:

- Nuevo pilar solidario

- Cobertura, densidad de cotizaciones y cumplimiento del mandato de - cotizar

- Equidad de género

- Competencia y organización de la industria de AFP

- Competencia y precios

- Inversión de los fondos de pensiones

- Pensiones en el pilar contributivo

- Ampliación del pilar voluntario

- Educación e información

- Institucionalidad

- Disciplina financiera

A continuación se presentan las principales propuestas del Consejo:

Derecho a la protección y a la autonomía para todos

Se constata la incapacidad del sistema de capitalización de resolver las necesidades previsionales de todos los chilenos. Además, se señala que las prestaciones que el Estado otorga actualmente para cubrir las necesidades no resueltas por el régimen de capitalización individual se encuentran débilmente integradas al sistema previsional, operan bajo una racionalidad subsidiaria y son escasamente reconocidas por las personas como una fuente de seguridad en la vejez.

El Consejo propone crear un nuevo pilar solidario del sistema previsional, el que ofrecería beneficios de vejez, invalidez y sobrevivencia, integrados a los beneficios del pilar contributivo, con financiamiento solidario a través de recursos fiscales, reemplazando a los actuales programas de pensión asistencial y pensión mínima garantizada. Este pilar estaría estructurado a partir de una Pensión Básica Universal (PBU) y estaría dirigido a las personas pertenecientes al 60% más pobre de la población, que no obtengan ninguna pensión autofinanciada del sistema contributivo. El monto de la PBU podría ubicarse en los $75.000 mensuales.

Este beneficio se mantendría para las personas con algún nivel de acumulación de fondos, sumándose a la pensión que es capaz de autofinanciar, en una proporción decreciente, hasta una pensión autofinanciada de $200.000. El nuevo pilar solidario también generará pensiones de invalidez, sujetas a una validación médica, y los beneficios así obtenidos se mantendrían aún cuando el beneficiario obtenga un empleo, incentivando la integración plena de los discapacitados.

Adicionalmente, el Consejo propone eliminar la actual distinción entre trabajadores dependientes e independientes, incorporando a estos últimos con los mismos derechos y obligaciones que los primeros. Propone que los trabajadores independientes accedan en plenitud a los beneficios de asignación familiar y a la ley de accidentes del trabajo, que puedan afiliarse a las cajas de compensación, que tengan un tratamiento tributario de sus cotizaciones previsionales igual al de los dependientes y que accedan a los mismos beneficios de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia. Asimismo, se propone desarrollar sistemas que faciliten la cotización de estos trabajadores, adecuando los actuales mecanismos de recaudación a su realidad laboral y organizacional. Se propone un período de transición aproximado de 5 años para hacer plenamente efectiva la obligación de cotizar.

Pensiones sin discriminación, entre los que contribuyen y los que requieren apoyo solidario

Sin perjuicio de los beneficios contemplados en el nuevo pilar solidario, el Consejo también propone apoyos adicionales para elevar la acumulación de fondos de los trabajadores de bajos ingresos a lo largo de su vida laboral: (a) pago de cotizaciones desde el Seguro de Cesantía cuando el trabajador se encuentre cobrando los beneficios del seguro; (b) establecimiento de un subsidio equivalente al 50% de las cotizaciones mensuales efectivas durante los primeros 24 meses de cotizaciones de todos los trabajadores de bajos ingresos; (c) igualación de la renta mínima imponible especial para trabajadoras de casa particular y el salario mínimo nacional y (d) descuento de la comisión fija desde el salario.

El Consejo propone un conjunto de medidas adicionales orientadas a minimizar las diferencias de género en materia previsional, con el objetivo de que a igualdad de otras condiciones (remuneración, acumulación de fondos, estructura familiar), el sexo no sea por sí solo una causa de diferenciación de pensiones. Las medidas propuestas incluyen:

- - Incorporar el cuidado infantil a los derechos de la mujer trabajadora.

- - Establecer una bonificación, de cargo fiscal, de un año de cotizaciones sobre el ingreso mínimo por hijo nacido vivo, para las mujeres del 60% más pobre de la población.

- - Incluir como beneficiario de pensión de sobrevivencia a su cónyuge.

- - Autorizar división del saldo acumulado por cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.

- - Autorizar aportes previsionales solidarios en cuentas de terceros, con igual tratamiento tributario que los ahorros previsionales propios.

- - Separar los contratos de seguro de invalidez y sobrevivencia para hombres y mujeres, diferenciando la comisión de las mujeres, acumulando la diferencia en su cuenta.

- - Estudiar incidencia del sexo como determinante de la expectativa de vida, para evaluar la conveniencia de reemplazar las actuales tablas de mortalidad diferenciadas por sexo.

- - Igualar en 65 años la edad máxima de cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia para hombres y mujeres.

- - Luego de 10 años, igualar gradualmente la edad de jubilación de las mujeres y hombres a razón de un mes adicional de edad de jubilación por cada dos meses menos de edad.

Hacia un sistema eficiente y transparente

El desafío para el Consejo era proponer mecanismos que sensibilizaran a los afiliados al precio, permitieran una mayor competencia y, eventualmente, la entrada de nuevos actores. Estos mecanismos deben apuntar a conseguir rebajas en las comisiones pagadas, sin sacrificar otros atributos relevantes como la calidad de la gestión financiera y la del servicio prestado, y sin reducir la eficiencia productiva de la industria. Para este efecto se propuso:

- Aprovechamiento de economías de escala y reducción de barreras a la entrada en la industria de AFP: Establecer mecanismos que permitan separar las funciones ligadas a las operaciones básicas de las de gestión de inversiones o administración de fondos.

- Subcontratación de funciones: Eliminación de restricciones legales y tributarias que impiden o desincentivan la subcontratación por parte de las AFP de las funciones de back office, permitiendo la participación en estas funciones de entidades vinculadas a la seguridad social.

- Conflictos de interés: Reforzamiento de las regulaciones sobre operaciones con partes relacionadas, separación de las funciones comerciales entre las AFP y sus accionistas controladores, separación de políticas y decisiones de inversión entre la AFP y sus personas relacionadas, y supervisión consolidada de conglomerados financieros.

- Licitación de los nuevos afiliados: Asignación de los nuevos afiliados que se incorporan durante un año, a la administradora que ofrezca la menor comisión a través de un proceso de licitación, permaneciendo estos afiliados en dicha AFP hasta cumplir 18 meses desde iniciada su inscripción. Se propone además permitir que las AFP ofrezcan descuentos sobre sus comisiones por permanencia efectiva, para los afiliados de una misma administradora, con una permanencia superior a los 18 meses.

Inversión de los fondos de pensiones

Con el objeto de incrementar la rentabilidad de los fondos de pensiones y promover una mayor competencia por rentabilidad, el Consejo propone:

- Mantener en la ley sólo la estructura esencial de elegibilidad de instrumentos y límites de inversión, delegando la regulación al Ejecutivo a través de decretos supremos.

- Crear un Consejo Técnico de Inversiones, que recomiende las modificaciones a los límites de inversión, formado por cinco integrantes de perfil técnico, que ejercerán su cargo por períodos fijos de cuatro años.

- Racionalizar la regulación de límites de inversión, asociándolos exclusivamente a las variables que determinan el riesgo de la cartera. Como parte de esta racionalización, remplazar gradualmente el límite de inversión en el extranjero por límites a la exposición al riesgo de monedas.

- Cambiar la regulación de rentabilidad mínima, constitución de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad y difusión de información sobre carteras de inversión, a objeto de aumentar la competencia en administración de inversiones.

Seguridad para todos los chilenos

El Consejo propone medidas para fortalecer la transparencia, seguridad y predictibilidad del sistema previsional:

- Desarrollar alternativas de medición y evaluación de riesgo apropiadas para fondos de pensiones, para facilitar el giro hacia la supervisión basada en riesgo.

- Desarrollar un mercado de Rentas Vitalicias Anticipadas, permitiendo que afiliados con diez años o menos para pensionarse adquieran anticipadamente “módulos” de renta vitalicia, a recibir a partir de la fecha de jubilación futura.

- Facilitar la jubilación anticipada de adultos mayores, reduciendo la tasa de reemplazo mínima exigida a mayor proximidad a la edad legal de jubilación.

- Desarrollar una estrategia de apoyo a los trabajadores mayores para el período previo y posterior a la jubilación, incluyendo flexibilización de las jornadas de trabajo, programas de capacitación, intermediación y reconversión laboral y desarrollo de una campaña de valoración del trabajador mayor.

- Crear un fondo para la educación previsional, financiado con aportes de las AFP y del Estado, asignable a través de un mecanismo concursable, supervisado por el Comité de Usuarios del sistema.

- Desarrollar un sistema de acreditación de asesores previsionales que garantice un apoyo profesional e independiente a las decisiones de los afiliados.

- Unificar en la Superintendencia de Pensiones la regulación del sistema previsional, incluyendo los tres pilares. Esta superintendencia se estructuraría sobre la base de intendencias especializadas en cada uno de los pilares que integrarían el sistema.

- Asignar la administración del Nuevo Pilar Solidario al Instituto de Previsión Social, formado a partir del actual INP, el que debe quedar bajo la supervisión de un Intendencia especializada de la Superintendencia de Pensiones.

- Crear un Comité de Usuarios en el que estén representados los trabajadores, los pensionados y los administradores del sistema.

- Diseñar un régimen presupuestario que dé cuenta con transparencia de los compromisos fiscales con el sistema previsional, bajo la forma de un Fondo Solidario de Pensiones.

- Desarrollar un modelo actuarial que vincule las definiciones y metas del sistema reformado con tasas de reemplazo y compromisos fiscales, efectuando cada 5 años un estudio actuarial que evalúe el efecto de cambios en las variables demográficas y financieras, y el comportamiento de los afiliados sobre las tasas de reemplazo y los compromisos fiscales.

II.- ANTECEDENTES GENERALES

a.- El trabajador en el ámbito de la seguridad social.

“Sólo un veinte por ciento de la población mundial tiene una protección social adecuada, y más de la mitad no tiene ninguna cobertura. Estas personas enfrentan peligros en el lugar de trabajo, y tienen pensiones y seguros de salud débiles o inexistentes. Esta situación refleja los niveles de desarrollo económico: en los países menos adelantados ni siquiera el 10 por ciento de los trabajadores está protegido por la seguridad social, en los países de mediano ingreso la cobertura oscila entre 20 y 60 por ciento, mientras que en los países más industrializados se acerca al 100 por ciento. El acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos los individuos reconocido por las normas Internacionales del trabajo y por las Naciones Unidas. Además, es considerado un instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto para mejorar el crecimiento y el comportamiento de la economía.”

Estos párrafos extractados de documentos de la Organización Internacional del Trabajo, reflejan la importancia que para el mundo del trabajo contemporáneo adquiere el sistema de seguridad social de un país, en el fortalecimiento de la cohesión social.

En efecto, el eje tensionador de la globalización y la mundialización de la economía, trae consigo un efecto evidente de exclusión social a través de la precarización de los empleos, ya que la competencia por los mercados y los recursos, lleva a acelerar la distancia entre los que pueden acceder a la riqueza y aquellas personas que se sitúan al otro lado de diferentes brechas, especialmente la derivada del desarrollo tecnológico y su consecuente poder de generar seguridad e ingresos.

De esta forma el hombre, los gobiernos y las organizaciones internacionales buscan una respuesta de alivio a través de instituciones de seguridad social, que hoy adquiere nuevos y más complejos contenidos, diferentes de los que inspiraron su creación a principios del siglo XX.

Estos contenidos dicen relación con el hecho indesmentible de que hoy día el hombre accede a un mercado de trabajo cada vez más restrictivo en su cobertura y a la vez exigente de las capacidades personales del trabajador. Ello implica necesariamente, su incorporación más tardía al mercado del trabajo al requerir procesos de formación o especialización y también conlleva su salida más temprana de la actividad remunerada y asalariada, al preferirse el reemplazo tecnológico o personal de menor costo relativo.

En este contexto, el primer aspecto que se resiente es la capacidad de acumulación de recursos para la etapa pasiva, al tiempo de que se trata de la etapa de mayores gastos eventuales derivados de la atención médica necesaria a la vejez y del apoyo económico con que es necesario contar para las generaciones siguientes, en su cada vez más compleja incorporación al mundo del trabajo.

Es por ello que la búsqueda de mecanismos que permitan acumular una cantidad suficiente de recursos -no siempre disponibles en la caja fiscal- para que las generaciones no activas puedan sobrevivir con dignidad y decencia, forma parte de los pilares del trabajo decente impulsado por la OIT como respuesta a los desafíos de la globalización a partir de 1998 en que se aprueban los convenios fundamentales de dicha organización.

b.- Reseña histórica del sistema de pensiones chileno.

Junto con la creación del nuevo régimen previsional --de incorporación voluntaria para los cotizantes del anterior sistema, y obligatoria para quienes desde 1983 se integran a la fuerza laboral-- se promulga el Decreto Ley Nº 3.502, de 18 de noviembre de 1980, que crea el Instituto de Normalización Previsional (INP) para regular los fondos con que el Estado debía suplementar los déficit que necesariamente se producirían con motivo de la puesta en marcha del nuevo régimen previsional.

Dicho decreto fusionó a las antiguas ex cajas de previsión en una sola entidad denominada Instituto de Normalización Previsional, cuya misión es, además de administrar las ex cajas de previsión y otorgar las pensiones y beneficios a sus afiliados y pensionados, contribuir al desarrollo con equidad y a elevar la calidad de vida de: los trabajadores, promover la prevención de riesgos y la salud laboral y ejecutar iniciativas que fomenten la protección social de los imponentes del antiguo sistema previsional.

Las antiguas entidades previsionales eran corporaciones sin fines de lucro que aprobada su existencia por una ley, administraban un sistema de reparto, con cobertura nacional o sectorial, que proveía de pensiones en condiciones legales reglamentariamente pre-establecidas, y recibían aportes económicos o cotizaciones de los mismos afiliados en algunos casos y en forma tripartita en la mayor parte de las cajas.

Los aportes de los afiliados no eran considerados un ahorro individual ni eran de su propiedad, sino que ingresaban al patrimonio de un fondo común; de este fondo común se otorgaban pensiones cuyo monto variaba de una entidad a otra y estaban determinadas en una norma legal o reglamentaria que determinaba las bases de cálculo, normalmente asociadas a los años de prestación de servicios y a los promedios de las rentas de los últimos períodos activos del trabajador.

Este sistema colapsó económicamente al perderse por diversas razones el equilibrio necesario entre el flujo de ingresos por cotizaciones y los montos que obligadamente debían entregar para financiar las pensiones comprometidas, debiendo el Estado, con cargo al erario nacional, financiar dichas prestaciones.

Las principales entidades eran el Servicio de Seguro Social, que agrupaba a trabajadores en general de rentas bajas, la Caja de empleados Públicos y Periodistas y la Caja de Empleados Particulares.

El Decreto Ley Nº 3.500, dictado en el año 1980 generó un cambio radical en el sistema de prestaciones previsionales existentes en Chile. Estableció un régimen de capitalización individual, que --entre otras consecuencias-- implicó que las cotizaciones de los imponentes activos que se incorporaron al nuevo sistema, dejaron de financiar los fondos previsionales de los regímenes en vigencia.

En el año 1982 se integran al INP el Servicio de Seguro Social y la Caja de Previsión de Empleados Particulares conservando, sin embargo, cada una de ellas su personalidad jurídica y patrimonio propios. Con posterioridad, y en forma paulatina se unieron las Cajas del Sector Público, hasta que en el año 1988, la ley Nº 18.689 dispuso la fusión en el Instituto de Normalización Previsional de quince entidades previsionales y ordenó asimismo la anexión por decreto, de todas las otras Cajas aún subsistentes y que a futuro requerirían de aportes del Estado para cubrir sus déficit en el financiamiento de los beneficios.

A contar del año 1995 el INP, actúa junto a Mutuales del sector privado, como organismo del Estado encargado de la administración de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, crea un Departamento dedicado exclusivamente a proporcionar atención, servicios e información a un universo conformado por una cifra cercana a los 400 mil empleadores relacionados con más de 800 mil trabajadores.

La consideración de esta materia como parte integrante de la Seguridad Social, tiene, en realidad una larga data en nuestro país. En efecto, en 1924 se creó en Chile la Ley de Seguro Obrero Obligatorio. Este originó, a su vez, la Caja de Accidentes del Trabajo (creada como una dependencia del Seguro Obrero), que daba a los accidentados del trabajo y enfermos con afecciones profesionales, atención médica completa de buena calidad y sin costo, subsidios, indemnizaciones y pensiones muy ventajosas (los beneficios superaban claramente a los que podían obtener por enfermedades comunes). Por otra parte, creó los Institutos Traumatológicos (que aún existen, incorporados al SNS en 1968), lo que permitió el desarrollo de la Traumatología en Chile.

La Caja de Accidentes del Trabajo quebró debido a los costos crecientes, al uso inadecuado del seguro (denunciando como accidentes laborales muchos que no lo eran), a la falta de medidas preventivas eficaces en las empresas y de una correlación ágil y significativa entre la siniestralidad y las cotizaciones; por último, influyó la tendencia de los Institutos Traumatológicos de atender enfermedades no cubiertas por el Seguro (por razones sociales y también por el interés de los médicos de ampliar su campo de acción).

La evolución de la mirada que el mundo del trabajo dirigió hacia el tema de los accidentes del trabajo y a las labores de prevención de riesgos, junto a su incidencia como costos en las cuentas nacionales, determinó una mayor sistematización del sistema de seguro de accidentes a través de la dictación de la ley 16.744 promulgada en 1968. Esta ley buscó corregir los vicios del sistema y puso un énfasis muy fuerte en la prevención de riesgos.

Actualmente, el INP realiza cada año cerca de 25 millones de atenciones a 800 mil pensionados, 170 mil cotizantes activos, más de 300 mil pensionados asistenciales y casi 900 mil trabajadores cotizantes del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

c.- La capitalización individual.

Considerando el colapso económico del antiguo sistema de reparto, se crea en 1980 un sistema de capitalización individual a fin de acumular fondos para la vejez del trabajador.

La síntesis de este nuevo sistema, contenido en el D.L. 3.500 de 1980, apunta a que cada trabajador tiene la propiedad de cuotas que representan un porcentaje del fondo total acumulado, el cual debidamente administrado crece en rentabilidad a fin de llegar a la época pasiva del trabajador en condiciones de otorgar una pensión acorde con sus ingresos del tiempo activo.

El juicio de diversas personalidades describe los contornos de este sistema:

“El sistema de AFP es una de las reformas más importantes realizadas en las últimas décadas. No sólo aceleró el crecimiento de la economía, aumentó la tasa de ahorro y el empleo, sino también generó un sistema que financiará a las personas cuando hayan dejado de trabajar. El mercado de capitales en Chile se ha desarrollado extraordinariamente, más de 40 veces desde 1981 hasta ahora. Con los fondos de pensiones se financian las viviendas de los trabajadores, buena parte de las concesiones y las obras del Metro. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene resuelta la crisis del envejecimiento de la población gracias a esa reforma pionera que encabezó José Piñera. El sistema de pensiones en Chile ha sido extraordinariamente exitoso, se está exportando al mundo y debemos estar orgullosos de él" (Hernán Buchi Revista Libertad y Desarrollo, 2005)

"El sistema de capitalización ha sido un producto de exportación de Chile, y la verdad es que no conozco otro producto de exportación chilensis en materia de innovación institucional además de éste, probablemente porque a los chilenos nos cuesta inventar cosas nuevas" (Rene Cortazar, ICARE 2005)

Sin embargo, la legitimidad permanentemente puesta en duda de un sistema nacido en época de un gobierno militar, la aparente presión de las autoridades para obtener la afiliación de amplios sectores de la población al sistema y las fundadas observaciones de carácter técnico que algunos economistas han efectuado sobre los beneficios del sistema, permiten configurar un cuadro de debate intenso sobre la madurez del sistema previsional, sus defectos e inequidades y su valor objetivo como motor de crecimiento al ser la principal fuente de ahorro interno del país.

A este respecto, cabe mencionar, por ejemplo las críticas efectuadas por el economista Manuel Riesco:

“El sistema público no es para nada ineficaz, ya que cubre las tres cuartas parte de los adultos mayores. De las pensiones públicas el 86 % son superiores a la mínima. En cambio, de la gente que este año va a jubilar por la AFPs, las tres cuartas parte tienen pensiones inferiores a la mínima y la mitad no alcanza a tener 2.000.000 de pesos en su cuenta y, por lo tanto, tiene pensiones inferiores a 10.000 pesos. O sea, la diferencia entre los que están en el sistema público y los que están en AFP es gigantesca. Por eso, el sistema público ofrece hoy día un parámetro muy importante, un parámetro mínimo, en el sentido que la reforma no puede pretender ofrecer beneficios inferiores a lo que hoy día ofrece el sistema publico, por lo menos tienen que ser iguales. Por eso, se habla de restituir a todos los chilenos el nivel de beneficios que tiene hoy día el sistema público, y en segundo lugar, también, para que estamos con cosas, nos pone un techo, porque no es cosa de pedir cualquier cosa, sino que esta reforma tiene un objetivo muy claro. Las FF.AA, tienen $411.000, los del sistema público civil tienen $460.000. Las diferencias están claras. Preocupémonos por el problema de los que están en las AFPs, que tienen beneficios peores que los del INP, y de todas las mujeres, que están perjudicadas. Entonces, el objetivo mínimo de la reforma tiene que ser restituir a todos los chilenos al menos, el nivel de beneficios del INP.” (Manuel Riesco, Revista Laboral ICAL)

En este mismo sentido, un aspecto que ha sido relevante en la crítica al sistema de pensiones nacido en 1980, es el referido al denominado “Daño Previsional”, y que se explica de la siguiente forma: a juicio de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, los funcionarios que se incorporaron al Nuevo Sistema de Capitalización Individual de las AFP sustentaron sus expectativas en lo que a su juicio debía ser el fundamento del Nuevo Sistema, esto es, la obtención de jubilaciones cercanas a la última remuneración, frente a la realidad del Sistema Antiguo que solo permitían recibir pensiones de un monto apenas superior a la mitad del promedio de las 36 últimas rentas, cuyo cálculo se efectuaba sobre el sueldo base y los bienios, o de la última remuneración, en su caso. No obstante lo anterior, en la práctica los funcionarios públicos que se cambiaron a las AFP fueron víctimas de un engaño al realizar la apreciación de los beneficios que les proporcionaría el nuevo Sistema de Pensiones, y en el monto de la jubilación que esperaban recibir, error que se ha manifestado en toda su magnitud después de transcurridos 18 años, cuando los cotizantes han solicitado a sus respectivas Administradoras de Fondos de Pensiones la cantidad aproximada de su jubilación, encontrándose con la desagradable sorpresa de que las pensiones a percibir son un monto irrisorio, lo cual les impide hacer uso del mencionado derecho, aunque se encuentren cansados y enfermos en muchos casos. En efecto, los funcionarios públicos fueron inducidos, a su juicio, engañosamente, tanto por la propaganda realizada por la prensa y otros medios de comunicación, como por los promotores de las AFP, a cambiarse al Nuevo Sistema de Previsión, en circunstancias que dicha medida implicaba la pérdida de beneficios de vital importancia para los imponentes del Antiguo Sistema Previsional, como la posibilidad de jubilar con 20 años de servicios, por expiración obligada de funciones, el derecho a percibir el abono de 1/30 por cada hijo vivo, y el abono de 2/30 por haber quedado viuda, en su caso, que corresponde a los funcionarios públicos, la posibilidad de ser causante de seguro de vida por fallecimiento del imponente, a favor de sus respectivos beneficiarios, el cálculo del beneficio sobre el promedio de las 36 últimas remuneraciones, o sobre la última renta, en su caso, en el Sistema Antiguo, frente a una fórmula de cálculo que tiene como fundamento una expectativa de vida, aproximadamente, de 15 años en el Nuevo Sistema de Previsión y el Fondo de Desahucio.

Lo anterior, permite afirmar que los funcionarios públicos que optaron por el Nuevo Sistema de AFP eligieron erróneamente un sistema que les haría perder los beneficios antes señalados, además de obtener una pensión de un monto considerablemente inferior al Sistema Antiguo. Este resultado se agravó con la dictación de la Ley N°19.200, cuyo artículo 1° modificó el artículo 15° de la ley 18.675, permitiendo a los cotizantes que permanecieron en el Sistema Antiguo recibir pensiones determinadas considerando como remuneraciones imponibles todas las asignaciones percibidas, y por las cuales a contar de esa fecha, se cotizó en forma efectiva durante el periodo considerado para el cálculo del sueldo base, descontándose el incremento del Decreto Ley N°3.501, de 1980, y las bonificaciones de la Ley N°18.566 y el Art. 10° de las Ley N°18.675, que la ley excluye expresamente.

Ahora bien, solo los funcionarios públicos que se mantuvieron en el Antiguo Sistema Previsional tuvieron derecho a que se les aplicara en el cálculo de sus pensiones la fórmula indicada en el párrafo anterior, con lo cual se mejoró considerablemente su base de determinación estableciéndose un monto máximo de pensión que excede ampliamente el que se obtiene en una Administradora de fondos de Pensiones, y además se terminó la mayor imponibilidad gradual que establecía el artículo 15° de la Ley N°16.675, antes de la dictación de la Ley N°19.200. Este beneficio que favoreció a todos los imponentes del Antiguo Sistema de Previsión no se extendió a los afiliados de las AFP, marcando con ello una profunda diferencia en el monto de la pensión de jubilación, entre funcionarios que han cumplido las mismas funciones, con el mismo sueldo y grado, pero que han estado cotizando en distintos Sistemas de Previsión al momento de pensionarse.

d.- Evolución del nuevo sistema de pensiones.

El sistema de pensiones creado por el DL. 3.500 de 1980 no ha experimentado cambios legales que digan relación con la sustancia jurídica del sistema implementado, es decir, con la naturaleza individual de la capitalización para la vejez.

Sin embargo, es preciso referir que ha sido modificado en algunas materias relevantes a los beneficios y cobertura de las pensiones que otorga el sistema, su monto, su sectorialización y sobre los mecanismos orientados a optimizar las alternativas de ahorro e inversión de los dineros del trabajador.

A este respecto, cabe mencionar en primer término la modificación introducida por la Ley 19.404, que permite un trato diferenciado en las cotizaciones y período de jubilación a aquellos trabajadores que se desempeñan en labores consideradas como pesadas.

De esta forma, un trabajador que se encuentra en esta condición, certificada por la Comisión Ergonómica Nacional, dependiente de la Subsecretaría de Previsión Social, puede obtener una sobre cotización que le permite pensionarse antes de cumplir 65 años los varones y 60 las mujeres, en un sistema de descuento que considera la rebaja de un año en su edad de jubilación por cada cinco años que se ha desempeñado en labores pesadas.

Otro aspecto relevante en la evolución del sistema es el referido al mejoramiento de los estándares de transparencia en el sistema de otorgamiento de rentas vitalicias, el que considera el acceso del trabajador que se va a pensionar, a un remate electrónico de sus fondos por las compañías de seguros a fin de que se produzcan ofertas de rentas vitalicias por dichos fondos, de tal manera que la competencia permita optimizar las posibilidades del trabajador.

De la misma forma, la creación de los Multifondos en el sistema de inversión de los fondos del trabajador y su distribución etárea y por nivel de riesgo en cinco tipos de alternativas con mayores o menores componentes de riesgo, permiten acelerar el crecimiento de la rentabilidad de los ahorros previsionales.

Finalmente, la creación del ahorro previsional voluntario, APV, ha permitido a numerosos trabajadores acceder a mecanismos de ahorro previsional adicional, con buenas rentabilidades y con beneficios tributarios, a fin de mejorar el ahorro forzoso proveniente de sus cotizaciones regulares.

e.- Derecho comparado

Vuestra Comisión, entre los muchos antecedentes que recopiló durante el estudio de esta iniciativa legal, contó con un estudio sobre Derecho Comparado elaborado por la Unidad de Apoyo Legal de la División de Asistencia Legislativa de la Biblioteca del Congreso Nacional, que ha considerado importante transcribir.

Introducción

“Carmelo Mesa Lagos, experto en sistema de seguridad social, ha señalado que durante los últimos 25 años los países de la Región han enfrentado en mayor o menor medida adecuaciones a su tradicional sistema público de pensiones. Dichas reformas han sido caracterizadas de “estructurales” o no “estructurales” según la introducción o no al sistema de un componente privado que sustituya, complemente o adicione y compita con el tradicional sistema público de reparto. Estas reformas han trascendido las fronteras latinoamericanas y han sido objeto de debate e implementación en otras regiones distantes como Europa del Este y Asia, así también han influenciado en la agenda de los organismos financieros internacionales y regionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los sistemas de pensiones vigentes en América Latina se sostienen, o en un régimen de reparto o en uno de capitalización individual. El denominado régimen de reparto implica un macro-contrato intergeneracional por el cual los trabajadores activos realizan aportes en función de sus ingresos los cuales son utilizados para financiar las pensiones; el aporte presente permite adquirir un derecho a recibir una pensión futura, de acuerdo a los requisitos de edad y años de aportes que se establezcan en cada caso.

Por su parte, los regímenes de capitalización individual, consisten en la acumulación de los aportes previsionales en fondos individuales, administrados por instituciones privadas y con cuyo saldo –aportes más rentabilidad- se financiaran las pensiones personales de cada aportante.

Ambos sistemas –de reparto y de capitalización individual- se estructuran sobre la base de cuatro características esenciales, a saber: contribución; prestación; régimen financiero; y administración. El sistema público se caracteriza por poseer una contribución no definida, una prestación definida, un régimen financiero de reparto o de capitalización parcial colectiva; y una administración pública. Por el contrario, el sistema privado se caracteriza por una contribución definida, una prestación no definida, un régimen financiero de capitalización plena e individual, y por una administración privada.

El informe de las Naciones Unidas “ La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidariedad”, señala que la combinación de estas características ha permitido la implementación de sendas reformas estructurales y que han derivado en tres modelos de pensiones: 1) El sustitutivo, que reemplaza totalmente el régimen de reparto por uno de capitalización individual; 2) Aquel que incluye la introducción de regimenes paralelos que mantienen el componente de reparto, pero incorporan, como alternativa, un componente de capitalización individual, y 3) los que establecen modelos mixtos, que incorporan un componente de capitalización individual en forma complementario al régimen de reparto.

De las doce reformas estructurales de pensiones verificadas sólo en América Latina, el modelo sustitutivo ha sido seguido en seis países, a saber: Chile (Mayo de 1981); Bolivia (mayo de 1997); México (Septiembre de 1997); El Salvador (Mayo de 1998); República Dominicana (2003-2005). Por su parte el denominado modelo paralelo ha sido aplicado en dos países: Perú (Junio de 1993); y Colombia (Abril de 1994). Por último, el modelo mixto ha sido seguido por Argentina (Julio de 1994); Uruguay (Abril de 1996); Costa Rica (Mayo de 2001); y Ecuador (2001)

En el mismo informe de Naciones Unidas, se concluye que la implementación de reformas de carácter estructural ha sido la tendencia en las naciones de la región que han optado por una reforma durante las últimas décadas, la mayoría de los países han preservado sus sistemas públicos de reparto, regímenes que han sufrido modificaciones relativas a parámetros claves de diseño del sistema, (modificaciones “paramétricas”) que persiguen garantizar el equilibrio financiero de los sistemas previsionales, acercando, a corto y mediano plazo, los aportes recibidos y las prestaciones pagadas, sin necesidad de incurrir en el costo fiscal de una transición a una reforma estructural.

El cuadro anexado a continuación contiene los tipos de sistema de pensiones vigentes por país y las características de cada uno de ellos.

A continuación se presenta un informe sobre el sistema de pensiones de países que experimentaron reformas estructurales: Argentina, Costa Rica, Uruguay, y por otra aquellos países que han implementado reformas paramétricas, como Brasil y Venezuela.

I.- Principales críticas a los sistemas de pensiones vigentes en América Latina

1.- Sistema público de reparto

Los más profundos cuestionamientos al tradicional sistema público de reparto han sido recogidos por un informe de la CEPAL “Brecha del Estado de Bienestar y reforma a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe”, las que se han fundado en el diseño del sistema, particularmente por lo siguiente:

1) La administración de fondos de ahorro para eventos ciertos como la vejez difiere significativamente de la administración de fondos para seguros en casos de eventos probables, como enfermedad, invalidez y muerte no anticipada;

2) El sistema de reparto, esencialmente solidario, no se encuentra diseñado para enfrentar los cambios demográficos importantes que se han venido verificando en latinoamericana.

3) En las últimas décadas en Latinoamérica ha existido un justificado temor de que los recursos de los fondos de reparto se destinen al uso político, pues, como se ha señalado, estos fondos son administrados por el Estado y, en consecuencia, son vulnerables a servir los intereses de quienes gobiernen los países.

Todos quienes fomentan iniciativas de reformas estructurales en los sistemas de pensiones de América Latina, esgriman al menos una de estas tres críticas al sistema de reparto para justificar dichas reformas y desechar cualquier intento de reformas paramétricas.

2. Sistema de capitalización individual

Según el informe de las Naciones Unidas, ya mencionado, las principales críticas al sistema de capitalización individual vienen dadas por los negativos resultados obtenidos en la satisfacción de aquellas expectativas originadas con ocasión de las reformas estructurales verificadas en los países de Latinoamérica y que en muchos casos, dichas expectativas, constituyeron los móviles de dichas reformas.

1) Cobertura:

Los datos recientes permiten concluir que, contrariamente a lo que se anticipaba, la incorporación de componentes de capitalización no se tradujo en mayores niveles de participación contributiva. Este fenómeno responde a la baja capacidad de ahorro a largo plazo de segmentos importantes de la población. En ausencia de reformas que fortalezcan los componentes no contributivos de los sistemas previsionales, los grupos más desprotegidos (y especialmente las mujeres) se mantendrán al margen de los sistemas contributivos o recibirán pensiones de mala calidad debido a la frecuencia relativamente baja de sus aportes y, en el caso de los quintiles más pobres, a la tendencia a postergar estos aportes hasta etapas avanzadas de la vida laboral.

2) Solidaridad:

Además de resultar ineficaz para extender la cobertura previsional a los sectores tradicionalmente excluidos de la economía formal, la adopción de modelos de cuentas individuales de capitalización eliminó parte importante de la solidaridad inherente a los sistemas de reparto y tendió a reproducir las inequidades de la vida laboral, transformándolas en inequidades provisionales. Para remediar esta situación se incorporaron programas de pensiones mínimas garantizadas o subsidios a los aportes previsionales, que no han logrado llegar a la población con menor capacidad contributiva.

3) Sostenibilidad financiera

En principio, las reformas de los sistemas de pensiones orientadas a la capitalización mejoran la solvencia fiscal a largo plazo. Sin embargo, la experiencia regional reciente ha puesto en evidencia que, a corto y mediano plazo, el financiamiento de la transición de una reforma estructural en la región, combinado con los altos déficit acumulados por sistemas de reparto insuficientemente financiados y la presencia de regímenes especiales de alto costo, hace peligrar la trayectoria financiera de las reformas previsionales y puede amenazar la protección de los adultos mayores que la propia reforma busca garantizar. Si bien una parte de estos costos puede controlarse mediante reformas paramétricas, mixtas o paralelas, la mayor parte es imposible de evitar a corto y mediano plazo.

4) Eficiencia y costos

La incorporación del sector privado mediante empresas competitivas de administración de fondos debía, en principio, llevar a un manejo rentable y seguro de los fondos de ahorro y a una reducción paulatina de los costos administrativos. Sin embargo, en América Latina la competencia entre administradoras no se ha dado en las variables más relevantes (precio y rentabilidad ajustada por riesgo), se ha observado una creciente concentración de la actividad y las mejoras en términos de eficiencia no se han traspasado a los usuarios.

II.- Países con reformas estructurales vigentes

ARGENTINA

Con la dictación de la Ley 24.241, se implementó en Argentina una compleja reforma al sistema de pensiones basado en un sistema integrado de jubilaciones, donde conviven un subrégimen previsional público de reparto, administrado por el Estado, y un subrégimen previsional de capitalización individual, administrado por entidades privadas con o sin fines de lucro.

El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) se estructura sobre la base de dos pilares fundamentales: a) un primer pilar de reparto administrado por el Estado que otorga una prestación muy similar para todos los jubilados, independientemente del régimen al que pertenezcan, denominada Prestación Básica universal (PBU), y b) complementando el primero, un segundo pilar que otorga a los trabajadores la posibilidad de optar entre dos regímenes:

a) de reparto con beneficios administrados por el Estado que otorga una prestación denominada Prestación Adicional por Permanencia (PAP); o

b) de capitalización individual con contribución definida, gestionado por empresas denominadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) creadas con esa única y específica finalidad.

En otras palabras, los asegurados al sistema argentino tienen la alternativa de elegir entre un sistema mixto en cuanto a administración (pública y privada) y en cuanto a método de financiamiento (reparto y capitalización individual), y un sistema público reformado con beneficios definidos. En síntesis, las opciones del SIJP son:

- La alternativa pública reformada: PBU + PAP (+ PC)

- La alternativa mixta: PBU + JO (+ PC)

Principales características del SIJP

1. Incorporación al SIJP

Sin perjuicio de la incorporación voluntaria al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en los casos previstos en la ley, se encuentran obligados a incorporarse al SIJP, las personas físicas mayores de 18 años que:

a) Se desempeñen en relación de dependencia en la actividad privada y pública de nivel nacional.

b) Se desempeñen en forma autónoma (trabajadores independientes).

c) Se encuentren al servicio de representaciones y agentes diplomáticos o consulares acreditados en el país.

d) Sean dependientes de organismos internacionales que presten servicios en la República.

2. Cotizaciones que contempla el SIJP

Las cotizaciones son aquellos aportes obligatorios o voluntarios; patronales o personales, que el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones contempla para su financiamiento, y que se clasifican en:

a) Cotizaciones obligatorias

- Cotizaciones personales de los trabajadores en relación de dependencia: 11% del ingreso imponible;

- Contribución del empleador: 16% calculado sobre el mismo concepto;

- Cotizaciones personales de los trabajadores autónomos: 27% de la base imponible, legalmente establecida.

b) Cotizaciones Voluntarias

Las siguientes cotizaciones voluntarias sólo pueden verificarse en el régimen de capitalización individual y, por ende, beneficiarán sólo aquellos trabajadores que coticen al amparo de este régimen:

- Imposiciones voluntarias: realizadas por los afiliados para incrementar su fondo jubilatorio.

- Depósitos convenidos: consisten en importes de carácter único o periódico, que cualquier persona física o jurídica convenga con el afiliado depositar en su cuenta de capitalización individual (CCI). Estos depósitos tendrán la misma finalidad que las imposiciones voluntarias y podrán ingresarse a la administradora en forma similar.

3. Organismo recaudador

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recauda Las contribuciones realizadas al SIJP, ya sean destinadas al régimen de reparto o al régimen de capitalización. Posteriormente la AFIP transferirá los fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) –órgano administrador del régimen público de reparto- y a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), según corresponda.

Todas las contribuciones y los aportes personales de los afiliados al Régimen de Reparto se derivan a ANSES. Los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia incorporados al Régimen de Capitalización individual, y el porcentaje correspondiente de los aportes de los trabajadores autónomos (11%) se remiten a la administradora que corresponda.

4. Cobertura

El Sistema Integrado de jubilaciones y Pensiones otorga una cobertura compleja, que varía dependiendo si el asegurado se encuentra afiliado al régimen previsional público o al privado.

Todos los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, independiente del régimen por el que hayan optado, tienen derecho a la denominada Prestación Básica Universal que, como su nombre lo indica, constituye un beneficio primario que se complementa con aquella prestación adicional que otorgue el régimen de pensión por el que se haya optado.

Para ser beneficiario de la Prestación Básica Universal, los afiliados hombres deben tener 65 años cumplidos y las mujeres 60 años, y deben acreditar un mínimo de 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el sistema de reciprocidad.

La prestación Básica Universal, para los beneficiarios que acrediten 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes de reciprocidad, será equivalente a 2,5 veces el aporte medio previsional obligatorio (MOPRE). Para los afiliados que acrediten entre 30 y 45 años de servicio, el haber se incrementará en un 1% por cada año adicional de servicios a los treinta mencionados.

a) Cobertura adicional del régimen previsional público:

Adicionalmente a la Prestación Básica Universal, los afiliados al régimen previsional público tienen derecho a las siguientes prestaciones establecidas en la ley.

- Prestación Compensatoria (PC): Beneficio establecido en favor de aquellas personas que acrediten servicios con aportes en el anterior sistema de pensiones.

- Prestación Adicional por Permanencia (PAP): Beneficio para aquellas personas que han optado por permanecer en el régimen de reparto.

- Prestación Anual complementaria: Beneficio equivalente a una prestación total (PBU + PC + PAP) que se paga anualmente y en dos cuotas a todos los afiliados a este régimen.

- Retiro por invalidez

- Pensión por fallecimiento

- Prestación por edad avanzada (PEA): Este beneficio está previsto para los afiliados que no cumplan con los requisitos para acceder a las prestaciones mencionadas, y beneficia a aquellos trabajadores (autónomos y dependientes) que hubieren cumplido 70 años de edad (ambos sexos) y acrediten 10 años de servicios con aportes computables, con una prestación de servicios de por lo menos 5 años durante el período de 8 años inmediatamente anteriores al cese de actividad. Los trabajadores autónomos deben acreditar, además, una antigüedad en la afiliación no inferior a los 5 años, en las condiciones que establezca la reglamentación. Esta prestación la reciben también los afiliados mayores de 65 años y menores de 70 años que no cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria y se invaliden.

Por último, cabe hacer presente, que en la actualidad es la Ley de Presupuesto la que determina el importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo del régimen previsional público.

Las prestaciones del régimen previsional público son financiadas exclusivamente con los siguientes recursos:

- Los aportes personales de los afiliados comprendidos en el régimen previsional público y que corresponde al 11% de la remuneración;

- Las contribuciones a cargo de los empleadores que corresponde al 16% de la remuneración imponible;

- Dieciséis puntos de los veintisiete correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos;

- La recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales no incorporados al Proceso Económico o aquél que lo sustituya en el futuro, y otros tributos de afectación específica al sistema jubilatorio;

- Los recursos adicionales que anualmente fije el Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto;

- Intereses, multas y recargos;

- Rentas provenientes de inversiones;

- Todo otro recurso que corresponda ingresar al régimen provisional público.

b) Prestaciones adicionales del régimen previsional privado

La prestación total de los afiliados al régimen de capitalización está formada por la prestación básica universal, la jubilación ordinaria y, eventualmente, la prestación compensatoria en los casos que el afiliado haya pertenecido al sistema de reciprocidad jubilatoria.

Además el régimen privado contempla los siguientes beneficios alternativos: jubilación anticipada; jubilación postergada; retiro por invalidez; pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad; pensiones por fallecimiento del beneficiario de jubilación; pensiones por retiro definitivo o transitorio por invalidez.

Las pensiones por fallecimiento e invalidez, en cuanto a su cobertura se rigen por las mismas normas en el sistema público y en el sistema de capitalización, sin embargo, el financiamiento de los mismos varía de un sistema a otro.

Dichas prestaciones se financiarán a través de la capitalización individual de los aportes previsionales destinados a este régimen.

Se destinan al régimen de capitalización individual los aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia correspondientes al once por ciento de la remuneración imponible y el once por ciento del total de veintisiete por ciento correspondientes a los aportes de los trabajadores autónomos.

El fondo de jubilaciones y pensiones integrado por los aportes efectuados al régimen de capitalización individual, es administrado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones que se constituyeron para tal efecto en cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 59 y siguientes de la ley en análisis y previa autorización otorgada de conformidad con esas mismas normas.

5.- Organismos de control del SIJP

La aplicación, el control y fiscalización del régimen de reparto se encuentra a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social. Por su parte, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP) es el organismo encargado de controlar el funcionamiento del Régimen de Capitalización.

6.- Garantías del Estado

El Estado Argentino garantiza el pago de la Prestación Básica Universal y de la Prestación Compensatoria para los afiliados al SIJP.

Además, el Estado garantiza a los afiliados al SIJP pertenecientes al régimen de capitalización individual:

a) el cumplimiento de la garantía de rentabilidad mínima, cuando se agoten los mecanismos de garantía cubierto por la AFJP;

b) la integración en las cuentas de capitalización individual (CCI) de los respectivos capitales complementarios y de recomposición, así como también el pago de todo retiro transitorio por invalidez, en el caso de quiebra de una administradora e incumplimiento de la compañía de seguro de vida;

c) el pago de las jubilaciones, retiros por invalidez y pensiones por fallecimiento de los beneficiarios que hubieren optado por la modalidad de la renta vitalicia previsional, en caso de declaración de quiebra o liquidación por insolvencia, de la compañía de seguro de retiro.

Además, respecto a los afiliados al régimen de reparto, el Estado garantiza, además de la PBU y la PC, la percepción de la prestación adicional por permanencia.

COLOMBIA

Con la dictación de la Ley 100 /1993, entró en funcionamiento un nuevo régimen previsional del tipo paralelo, que adicionó al tradicional régimen de reparto administrado por el Estado, un régimen de capitalización individual, cuya gestión la ley encomendó a las Administradoras de Fondos de Pensiones.

La reforma colombiana fue motivada, principalmente, por la existencia de una profunda desconfianza en el programa público de pensiones, generada por la extendida corrupción y por el usual quebrantamiento de acuerdos por parte del Estado en general y del sistema de pensiones en particular.

Así, el Sistema General de Pensiones (SGP) está integrado por dos regímenes de solidaridad excluyentes:

- Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida

- Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

El principio de solidaridad presente en ambos regímenes persigue garantizar a los asegurados el reconocimiento y pago de una pensión mínima, así como también la ampliación de la cobertura mediante el subsidio a los grupos poblacionales que no tienen acceso a los sistemas de seguridad social.

En el régimen de capitalización individual la garantía de pensión mínima de vejez se otorga a los afiliados que teniendo 62 años si son hombres y 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a acumular en la cuenta de ahorro pensional el capital necesario para financiar una pensión equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, habiendo cotizado un mínimo de 1.150 semanas. A partir de 1° de enero de 2009 el número de semanas se incrementará en 25 cada año hasta alcanzar 1.325 semanas de cotización en el año 2015. Para financiar esta garantía se creó con la Ley 797 de enero de 2003 el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, constituido con el aporte del 0.5% del ingreso base de cotización de los afiliados durante el año 2003 y el incremento de la cotización en un punto porcentual que se realizará a partir del 2004.

Principales características del Sistema General de Pensiones

1. Incorporación al SGP

Sin perjuicio de la incorporación voluntaria, la afiliación al sistema es obligatoria para las siguientes personas:

- Personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos;

- Personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten.

- Los trabajadores independientes; y

- Los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional.

2. Cotizaciones que contempla el SGP

Actualmente, de acuerdo a la Ley 100 de 1993, la tasa de cotización para el Sistema General de Pensiones, tanto para los afiliados del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida como del Régimen de Ahorro Individual es del 15.5% del ingreso base de cotización, el cual se distribuye de la siguiente manera:

- Régimen de Prima Media: el 12.5% del ingreso base de cotización se destina a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto y el 3% restante para financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

- Régimen de Ahorro Individual: el 11% del ingreso base de cotización se destina a las cuentas individuales de ahorro pensional, el 1.5% para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destina a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguro del Fogafín y las primas de seguros de invalidez y sobrevivientes.

En el caso de los trabajadores dependientes, los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante. Tratándose de trabajadores independientes, éstos pagarán el 100% de la cotización total.

Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional del 1% del ingreso base de cotización, con destino al Fondo de Solidaridad Pensional. Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes harán un aporte adicional al anterior, según una escala legal y con destino al Fondo de Solidaridad Pensional.

3. Organismo recaudador y administración

En el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, el Instituto de Seguros Sociales actúa como organismo recaudador. En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el organismo recaudador corresponde a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía AFP.

Los dos regímenes citados, también contratan con las entidades financieras los servicios relacionados con la recaudación de los aportes previsionales.

En cuanto a la administración, el Régimen de Prima Media es administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS). Por su parte, la gestión del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad se encuentra delegada a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía.

4. Cobertura

Prestaciones que comprende el Régimen Solidario de Prima Media:

- Pensiones por vejez;

- Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez

- Pensiones de invalidez por riesgo común;

- Indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez;

- Pensión de sobrevivientes;

- Indemnizaciones sustitutivas de la pensión de sobrevivientes.

Los requisitos para acceder a una pensión de vejez son: haber cumplido 55 años de edad si es mujer y 60 años de edad si es hombre y haber cotizado por lo menos 1.100 semanas en cualquier tiempo, para lo cual se tendrá en cuenta las semanas cotizadas al ISS o a cualquier caja o fondo o entidad previsional del sector público o privado o el tiempo de servicio cumplido como servidor público antes de la vigencia de la ley.

Prestaciones que comprende Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad:

- Pensión por vejez.

- Pensión por invalidez.

- pensión de sobrevivientes.

Para acceder a la pensión de vejez, los afiliados a este régimen deben haber acumulado en su cuenta individual una suma suficiente para financiar una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993 (diciembre de 1993), reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, sin ningún tipo de requisito en cuanto a edad.

Si el afiliado optase por seguir cotizando, el empleador está obligado a efectuar los aportes a su cargo hasta la fecha en que el trabajador cumpla 60 años si es mujer y 62 años si es hombre.

Los afiliados que a los 62 años de edad, si son hombres, o 57 años, si son mujeres, no hayan alcanzado a generar en su cuenta individual un capital para financiar una pensión mínima equivalente a un salario mínimo legal vigente, y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual les complete la parte que hace falta para obtener dicha pensión.

Por su parte, quienes a los 62 años de edad, si son hombres, o 57 años, si son mujeres, no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluido el bono pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho.

5. Organismos de Supervisión y control

El control de las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones es realizado por la Superintendencia Bancaria, a través de una Delegatura especializada para el efecto que cuenta con una dirección para la supervisión de las administradoras del régimen solidario de prima media y otra para el régimen de ahorro individual con solidaridad.

Asimismo, la ley contempla un sistema de control directo de los afiliados que los faculta a tener dos representantes con derecho a voz en las juntas directivas de las AFP, quienes con el revisor fiscal velan por los intereses de los afiliados.

6. Garantía del Estado

El Estado garantiza a los afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el pago de las pensiones en el caso de que las administradoras o aseguradoras incumplan con sus obligaciones.

En cuanto al régimen solidario de prima media, el Estado responderá por las obligaciones del instituto de Seguros Sociales mantenga para con sus afiliados al régimen, cuando los ingresos y reservas de dicha entidad se agotasen.

COSTA RICA

El sistema de pensiones costarricense modificado por Ley 7.983 de Protección del Trabajador, es un sistema mixto, integrado por tres ámbitos de protección: un nivel básico cuyo régimen principal es el de Invalidez, Vejez y Muerte, de beneficio definido, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) y basado en un esquema de reparto; un segundo nivel de capitalización individual de carácter obligatorio; y un tercer nivel, también de capitalización individual, pero de carácter voluntario. Ambos regímenes de capitalización son denominados como régimen de pensiones complemetarias y son administrados por Operadoras de Planes de Pensiones Complementarios (OPC).

Características generales del sistema

1. Incorporación al sistema

La afiliación al sistema previsional costarricense es obligatoria para los trabajadores dependientes, y voluntaria para los trabajadores independientes.

2. Cotizaciones que contempla el sistema

Obligatorias

Régimen Básico de Invalidez, Vejez y Muerte: Los aportes al seguro de invalidez, vejez y muerte son realizados conjuntamente por el empleador, el trabajador y el Estado de acuerdo con los siguientes porcentajes de cotización: empleador el 4.75%; trabajadores el 2.50%; y Estado el 0.25%.

Régimen Obligatorio de Capitalización: En este régimen, tanto el empleador como el trabajador aportan al sistema de acuerdo con los siguientes porcentajes calculados sobre el salario del trabajador: empleador el 3.25%; y Trabajador el 1.00%.

Voluntarias

El Régimen Voluntario de Capitalización constituye un régimen de capitalización individual en el cual los aportes realizados por el afiliado, o por el cotizante, son registrados y controlados por el Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS o directamente por la operadora de pensiones.

3. Organismo recaudador

Los aportes realizados tanto al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte como al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias son recaudados por el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) del la Caja Costarricense de Seguro Social.

En el caso del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, los aportes son registrados y controlados por medio del SICERE o directamente en las ventanillas de las operadoras de pensiones.

4. Cobertura

- - Prestaciones comprendidas en el régimen básico de protección:

Pensión por vejez

Pensión por invalidez

Pensión por fallecimiento

La edad mínima para acceder a la pensión por vejez es de 60 años para las mujeres y 62 años para los hombres, con un mínimo de 39 años cotizados.

- - Prestaciones del régimen de capitalización obligatorio

Los beneficios de este régimen están constituidos por alternativas de pensiones que contraten libremente los afiliados con su operadora, destinadas a diseñar planes de retiro anticipado, de rentas vitalicias o de rentas permanentes.

Para acceder a los beneficios del régimen de capitalización obligatorio, el afiliado debe haber cumplido con los requisitos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, o del régimen público sustituto al que haya pertenecido.

- - Régimen de capitalización voluntario

En el caso del régimen voluntario, los beneficios se obtienen una vez que el beneficiario cumpla 57 años de edad, excepto en caso de invalidez o enfermedad terminal calificado por la CCSS o en caso de muerte.

5. Administración y órganos de control

El régimen básico de Vejez, Invalidez y Muerte es administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)

Por su parte, el Régimen Privado de Pensiones Complementarias es administrado por las Operadoras de Pensiones y de Capitalización Laboral, y regulado y fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones.

6. Garantías del Estado

Las Operadoras de pensiones son responsables, solidariamente, por las pérdidas que puedan sufrir los aportantes y los rendimientos de los trabajadores cotizantes al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, derivadas de actos dolosos o culposos de sus funcionarios y empleados, declarados así en la vía judicial. En estos casos, las operadoras deben responder con su patrimonio, sin perjuicio de las acciones administrativas o penales que puedan caber por estos hechos.

En todo caso, las operadoras deben responder por la integridad de los aportes de los trabajadores y cotizantes con su patrimonio y si este resulta insuficiente para cubrir el perjuicio, una vez agotadas todas las instancias establecidas por ley, el Estado realizará la compensación faltante de tales aportes y procederá a liquidar la operadora, sin perjuicio de posteriores acciones penales y administrativas.

URUGUAY

El sistema previsional uruguayo, gracias a la modificación introducida por la Ley 16.713, al igual que el argentino, es un sistema mixto, integrado por un régimen de solidaridad intergeneracional (de reparto) y un régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio (de capitalización).

El primero es administrado por el Estado, a través del Banco de Previsión Social (BPS), mientras que la gestión del segundo fue delegada las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), supervisadas por el Banco Central del Uruguay.

Ahora bien, a diferencia del sistema argentino donde la incorporación al sistema de reparto o de capitalización es opcional de cada afiliado, en el sistema mixto uruguayo la pertenencia a un régimen u otro depende del nivel de ingresos del afiliado.

En efecto, los trabajadores de ingresos inferiores a $5.000 deben aportar al régimen de reparto, pudiendo optar por el de capitalización, al que podrán transferir sólo el 50% de sus aportes, mientras que los trabajadores con ingresos entre $5.000 y $15.000 deben destinar los aportes sobre este tramo salarial al régimen de capitalización. Finalmente, los ingresos por encima de la última cifra mencionada podrán ser destinados, como aportes voluntarios, al régimen de capitalización individual.

Características generales del sistema

1. Incorporación al sistema

Incorporación obligatoria

La afiliación al nuevo sistema es obligatoria para todas las personas menores de 40 años al 01 de abril de 1996 y para aquellos que se incorporan al mercado laboral a partir de esa fecha (cualquiera sea su edad).

Incorporación Voluntaria

Los menores de 40 años al 01 de abril de 1996 pueden incorporarse al sistema en forma voluntaria, si sus ingresos salariales son menores que la primera franja de aportación. Los mayores de 40 años, solamente están obligados a ingresar al sistema si se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, pero en otro caso pueden incorporarse voluntariamente al régimen.

2. Elección y cambio de régimen

Los afiliados activos del Banco de Previsión Social cuyas asignaciones computables se encuentren comprendidas en el primer nivel, podrán optar por quedar incluidos en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio por sus aportaciones personales correspondientes al 50% (cincuenta por ciento), de sus asignaciones computables. Por el restante 50% (cincuenta por ciento), dichos afiliados aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Quienes, habiendo realizado la opción antedicha, lleguen a percibir mensualmente asignaciones computables entre $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos) y $ 7.500 (siete mil quinientos pesos uruguayos) aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, solamente por el 50% (cincuenta por ciento) de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo de hasta $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos); por sus restantes asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

Los afiliados que al inicio de su incorporación a los regímenes, perciban asignaciones computables que superando los $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos) no excedan los $ 7.500 (siete mil quinientos pesos uruguayos) aportarán al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio únicamente por el 50% (cincuenta por ciento), de sus asignaciones computables comprendidas en el tramo hasta $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos). Por las demás asignaciones computables aportarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional.

3. Cotizaciones que comprende el régimen

Obligatorias

La aportación por trabajador al sistema de previsión social abarca tanto el aporte personal como el patronal. El porcentaje de aporte personal es del 15 % sobre las asignaciones computables.

Por su parte, los aportes patronales se efectúan sobre la base de una escala de asignaciones computables según los distintos niveles de ingresos definidos en la Ley Nº 16.713.

Primer nivel: comprende los ingresos computables o el tramo de los mismos que no exceda los $ 5.000. En esta categoría se deben realizar los aportes al régimen de reparto. Los individuos que se encuentren comprendidos en este nivel pueden optar por aportar el 50 % de sus contribuciones personales al régimen de capitalización, en tanto que por el restante 50 % deben aportarlo en forma obligatoria al régimen de reparto.

Segundo nivel: comprende el tramo de ingresos computables entre $ 5.000 y $15.000.En este nivel, los aportes personales se destinan únicamente al régimen de capitalización.

Tercer nivel: es de ahorro voluntario y corresponde al tramo de ingresos computables que excedan los $15.000. En este caso, el trabajador opta por aportar o no al régimen de capitalización.

Voluntarias

El afiliado puede efectuar depósitos directamente en la AFAP, con el fin de incrementar su ahorro acumulado, denominados Depósitos Voluntarios. Además, los asegurados podrán pactar con la respectiva AFAP la celebración de Depósitos Convenidos que incremente su fondo jubilatorio.

4. Organismo recaudador

Los aportes del régimen básico de vejez, invalidez y muerte son recaudados por el Banco de Previsión Social. La porción de los mismos correspondiente al sistema de capitalización obligatoria, deben ser remitida por el organismo recaudador a las Administradoras de Fondos de Ahorro previsional en el término de 15 días hábiles después de vencido el mes de recaudación.

Por su parte, los aportes voluntarios son depositados por los afiliados directamente en las Administradoras.

5. Prestaciones

Al retiro, el trabajador recibirá dos tipos de prestaciones: una proveniente del régimen de reparto y otra que dependerá de los fondos acumulados en su cuenta de ahorro individual.

Para la obtención de dichas prestaciones, se deben cumplir determinados requisitos, comunes a ambos regímenes, que se detallan a continuación:

a)Jubilación Común: El afiliado debe tener 60 años cumplidos y haber prestado servicios por un mínimo de 35 años con cotización efectiva. Asimismo, se prevé la posibilidad de jubilación sólo por el régimen de capitalización obligatoria con 65 años de edad, aún cuando no hubiera configurado causal ni cesado en la actividad, quedando eximido de efectuar aportes personales a este régimen.

b) Jubilación por edad avanzada: El afiliado tiene que haber cumplido 70 años y acreditar 15 años de servicios reconocidos, se encuentre o no en actividad al cumplir la edad requerida. La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra prestación.

Asimismo, el sistema considera las siguientes prestaciones: jubilación por incapacidad total; subsidio transitorio por incapacidad parcial; y pensión de Sobrevivencia.

6. Administración y control

Los aportes destinados al régimen de ahorro individual son administrados por personas jurídicas de derecho privado denominadas Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional (AFAP).

Todas las prestaciones derivadas del régimen de capitalización son servidas por empresas aseguradoras. En el caso de la jubilación común y por edad avanzada, el afiliado debe elegir la empresa aseguradora que le abonará la prestación. Los restantes casos se cubren por la empresa aseguradora contratada por la Administradora a sus efectos.

Por su parte, las cotizaciones al régimen de solidaridad intergeneracional son administradas por el Banco de Previsión Social, quien a su vez tiene amplias facultades fiscalizadoras del sistema de pensiones.

7. Garantías del Estado

El Estado reconoce a los afiliados al Régimen de Ahorro Individual Obligatorio las siguientes garantías:

- La rentabilidad mínima en los casos en que las Administradoras no pudieran cubrir las mismas.

- El pago de las prestaciones de jubilación común, de jubilación por edad avanzada y de las pensiones de sobrevivencia que de ellas se deriven, en caso de liquidación judicial de una empresa aseguradora.

- El pago de prestaciones de jubilación por incapacidad total, subsidio transitorio por incapacidad parcial y pensión de sobrevivencia por fallecimiento en actividad o en goce de las prestaciones mencionadas, en caso de la liquidación de la empresa aseguradora que hubiere hecho el seguro colectivo de invalidez y siempre que las disponibilidades de las Administradoras imposibilitaran hacerse cargo de dichas obligaciones.

III. Países con reformas paramétricas vigentes

BRASIL

El sistema de pensiones vigente en Brasil es producto, principalmente de dos reformas del tipo paramétricas llevadas a cabo los años 1999 y 2003. La primera tuvo por objeto reformar el Régimen General de Previsión Social de los trabajadores del sector privado, mediante la introducción de criterios destinados a estrechar la relación entre el valor presente de los aportes individuales y el valor esperado de las pensiones pagadas. En virtud de esta modificación se introdujeron a este régimen criterios para el cálculo de la pensión que incorporan antecedentes como el ingreso laboral, el tiempo de aporte; la edad y la esperanza de vida a la fecha de la jubilación.

Con la segunda reforma del año 2003, se implementó un nuevo régimen previsional de los programas de pensiones de los funcionarios públicos que incluye un proceso de unificación y homologación.

Producto de estas modificaciones, el sistema brasileño está constituido por:

a) Un régimen general público de seguro social, de cobertura nacional y de filiación obligatoria, destinado a los trabajadores del sector privado, urbanos y rurales;

b) Regímenes propios del seguro, destinados a los servidores públicos federales, estatales y municipales, de filiación obigatoria, pero de cobertura restringida a los servidores de los respectivos niveles de gobierno.

c) Regímenes del seguro complementario, privados, de filiación voluntaria, administrador por fondos de pensiones abiertos o cerrados.

Características generales del sistema

1. Incorporación al Régimen General de Seguro Social

La incorporación a este régimen es obligatorio para los trabajadores en general y respectivos dependientes y voluntaria para cualquier persona mayor de 16 años que no sea afiliado obligatoriamente a otro régimen de asistencia social, tales como: dueña de casa, el estudiante y el desempleado.

2. Prestaciones que contempla este régimen

- Jubilación por invalidez

- Jubilación por edad: 65 años para el hombre y 60 para la mujer, reducidas en 5 años para los trabajadores rurales.

- Jubilación por tiempo de contribución: 35 años para el hombre y 30 para la mujer.

- Jubilación especial para el asegurado que haya trabajado sujeto a condiciones especiales perjudiciales para la salud o a la integridad física, de acuerdo al grado insalubridad, durante 15, 20 0 25 años.

- Auxilio- enfermedad

- Sueldo-familia al trabajador de escasos recursos

- Sueldo-maternidad

- Auxilio accidente

3. Financiamiento del régimen

El régimen tiene como fuente principal de financiamiento las contribuciones de las empresas y de los propios asegurados.

Los empleadores contribuyen con un 20% sobre el total de las remuneraciones pagadas, adeudadas o acreditadas a cualquier título durante el mes, a los empleados, contribuyentes individuales y trabajadores independientes que les presten servicios, más un adicional de 1%, 2% o 3%, de acuerdo al riesgo de la actividad de la empresa, para el financiamiento de beneficios consecuentes de accidentes de trabajo.

El empleador doméstico contribuye con 12% del sueldo de contribución del empleado doméstico a su servicio.

La contribución del trabajador es calculada mediante la aplicación de cuotas de 8%, 9% o 11% sobre el sueldo de contribución mensual de este, de acuerdo al nivel de rendimiento, pero sujeto al límite máximo del sueldo de contribución.

Para el contribuyente individual que trabaja por cuenta propia, la cuota de contribución es de 20% sobre la remuneración percibida.

4. Regímenes propios del seguro social de los servidores públicos

Los regímenes propios del seguro social de los servidores públicos son mantenidos y administrados por las propios entidades públicas, con reglas propias para la concesión de los beneficios de jubilación y pensión, constitucionalmente establecidas.

5. Seguro social complementario

El seguro social complementario es voluntario y su administración es privada, organizada en fondos de pensión abiertos o cerrados. Estos fondos constituyen, generalmente medios de complemento del Régimen General de Seguro Social.

VENEZUELA

La República Bolivariana de Venezuela promulgó, a fines del 2002, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), en la que se estipula que el sistema de pensiones continuará siendo de reparto, con beneficio definido y administración pública.

La mencionada ley constituye un cuerpo normativo marco que engloba los distintos ámbitos de la protección social como: la salud, maternidad, paternidad, enfermedades y accidente cualquiera sea su origen, magnitud y duración, discapacidad, necesidades especiales, pérdida involuntaria del empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda y hábitat, recreación, cargas derivadas de la vida familiar, entre otras.

1. Estructura Organizativa y Funcional del Sistema de Seguridad Social

El Sistema de Seguridad Social Venezolano está conformado por tres Sistemas Prestacionales, a saber: Salud, Previsión Social y Vivienda y Hábitat, los que a su vez estarán integrados por Regímenes Prestacionales, a través de los cuales se otorgarán las prestaciones a los sujetos protegidos.

2. Financiamiento del sistema

Los recursos para el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social están constituidos por:

a) las cotizaciones de los afiliados, los aportes fiscales del Estado a la seguridad social;

b) los remanentes netos de capital, destinados a la salud y la seguridad social, que se acumularán a los fines de su distribución y contribución en estos servicios;

c) las cantidades recaudados por concepto de créditos originados por el retraso del pago de las cotizaciones;

d) las cantidades recaudadas por sanciones, multas y otras de naturaleza análoga;

e) los intereses, rentas, derechos y cualquier otro producto proveniente de su patrimonio e inversiones; las contribuciones indirectas que se establezcan;

f) cualquier otro ingreso o fuente de financiamiento.

3. Administración y control del Sistema

La ley estipula que toda la administración del Sistema estará a cargo del Estado, sin que sea posible la participación del sector privado. Sin embargo, llama la atención que el artículo 11 de la LOSSS faculta al estado para celebrar contratos con privados para el otorgamiento de las prestaciones que la Ley contempla.

En cuanto al control del sistema, la LOSSS contempla la creación de un órgano rector que supervigíle el funcionamiento de cada uno de los ámbitos de protección social.

CONCLUSIONES

Finalmente, a continuación, se anexan una serie de gráficos comparativos de los sistemas de capitalización individual vigente en América Latina, confeccionada por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), y que complementan la información detallada en los capítulos anteriores referente a los ítems desarrollados en este informe.

III.- CONTENIDO TEMÁTICO DEL PROYECTO.-

El proyecto de ley de Reforma Provisional, en informe, se estructura sobre la base de los siguientes aspectos:

- - Sistema de Pensiones Solidarias (SPS)

El objetivo de esta propuesta es otorgar una Pensión Básica Solidaria (PBS) de vejez e invalidez a las personas que no hayan podido acumular saldo en su cuenta de capitalización individual, y un Complemento Previsional Solidario (APS) para los que sí lograron acumular saldo, pero éste se encuentra bajo la pensión máxima con aporte solidario (PMAS). Este aporte decrece proporcionalmente con el monto de la pensión autofinanciada, hasta extinguirse cuando esta última alcanza la PMAS.

A la PBS y APS de vejez accederán hombres y mujeres, a los 65 años, que pertenezcan a los tres quintiles más pobres (60%), que no tengan derecho a pensiones contributivas de algún sistema, y reúnan un período mínimo de 20 años de permanencia en el país, y de 4 de los últimos 5 años previos a la solicitud del beneficio.

El SPS entregará beneficios de vejez e invalidez integrados a los beneficios del pilar contributivo y reemplazará gradualmente a los actuales programas de pensión asistencial y pensión mínima garantizada.

- - Nueva institucionalidad

Se crea el Instituto de Previsión Social (IPS), que se vincula al ejecutivo a través de la Subsecretaría de Previsión Social, encargado de la administración del SPS.

El IPS prestará servicios básicos previsionales a la población por medio de una red de Centros de Atención Previsional Integral. En estos Centros se proveerá de información a la población sobre el sistema de pensiones, en especial sobre el SPS. Se podrá también solicitar beneficios, siendo éstos de financiamiento mixto para un importante grupo de la población.

Se crea la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), responsable de fiscalizar todo el sistema de pensiones, incluyendo al IPS.

- - Equidad entre mujeres y hombres en el sistema previsional

1.- La creación del SPS es especialmente importante en el caso de las mujeres, ya que estas suelen presentar una menor densidad de cotizaciones a lo largo de sus vidas o trayectorias laborales. En efecto, se estima que más de un 60% de las PBS serán pagadas a mujeres.

2.- El pago de una bonificación devengada por cada hijo nacido vivo. Esta bonificación será equivalente al 10% de 12 ingresos mínimos. A este monto se le aplicará una tasa de rentabilidad hasta que la mujer cumpla los 65 años.

3.- Diferenciación por genero del pago del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS). La propuesta contempla la realización de licitaciones independientes según el sexo de los afiliados, en consideración a que el costo de este seguro es más bajo para las mujeres que para los hombres, producto de que las primeras tienen una “menor siniestralidad” por incapacidad o muerte durante su vida activa. Por tanto, se establece en la propuesta que todos los cotizantes paguen una misma prima por el seguro, autorizándose la devolución de la sobreprima que pagarían las mujeres a su cuenta individual, lo cual debería contribuir a aumentar el nivel de sus pensiones.

Este conjunto de medidas permitirán que a igual edad e igual saldo en la cuenta de capitalización, las pensiones sean similares entre hombres y mujeres.

Adicionalmente, se incluirá como beneficiario de pensión de sobrevivencia generada por la mujer a su cónyuge hombre, y se autorizará, si así lo determina un juez, la división del saldo acumulado en las cuentas individuales de cada cónyuge en caso de divorcio o nulidad.

- - Aumentar la cobertura de los trabajadores independientes

La mayor cobertura del sistema previsional respecto de los trabajadores independientes se logrará mediante el acceso a los beneficios del mismo en igualdad de condiciones, incluyendo el nuevo pilar solidario. Se estiman que más de 1.000.000 de trabajadores independientes serán potenciales beneficiarios de esta medida.

Se implementará gradualmente la afiliación obligatoria al sistema de pensiones de todos los trabajadores, eliminando las actuales distinciones entre trabajadores dependientes e independientes.

Los trabajadores independientes estarán obligados a cotizar para pensiones y salud por sus ingresos gravados según el artículo 42 número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Estas cotizaciones se pagarán con cargo a las retenciones de impuestos y los pagos provisionales que se hayan realizado.

Existirá un período de transición durante el cual los trabajadores independientes no estarán obligados a cotizar, sin embargo la cotización se realizará a no ser que el trabajador indique en forma expresa lo contrario.

Se otorgará un tratamiento tributario equitativo a las cotizaciones de los trabajadores independientes, extendiéndoles el derecho a la asignación familiar y a afiliarse a las Cajas de Compensación.

Estas medidas permitirán la incorporación de los trabajadores independientes al sistema de pensiones en igualdad de derechos y obligaciones.

- - Aumentar la cobertura de los trabajadores jóvenes de bajos ingresos

La reforma incluirá protección social efectiva para los jóvenes de más bajos ingresos. Esto se hará efectivo mediante la creación de un subsidio a las cotizaciones mensuales efectivas, durante las primeras 24 cotizaciones que hagan en el sistema los trabajadores jóvenes, entre 18 y 35 años, de ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo.

Este subsidio financiará 5 puntos porcentuales de la cotización previsional sobre el salario mínimo, los que se integrarán directamente a la cuenta de capitalización individual. De este modo, estos trabajadores jóvenes alcanzarán una cotización total de 15% de su remuneración. Adicionalmente, se establece un incentivo a la contratación mediante un subsidio al empleador equivalente al mismo monto.

Lo anterior permitirá alcanzar los siguientes objetivos: a) fomento del empleo juvenil, b) mayor formalización y c) aumento de la cobertura y de los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes.

- - Mayor competencia en el mercado de AFP

Uno de los objetivos de esta propuesta de reforma es intensificar la competencia en base a precios en la industria de servicios previsionales, lo que se espera se traduzca, efectivamente, en menores comisiones para los afiliados.

Diversos estudios confirman que existe escasa competencia en precios en este mercado. Esta débil competencia se explica por una combinación de factores: la insensibilidad al precio de los afiliados, la obligación legal de cobrar una tasa única de comisión sobre el salario a los cotizantes de una misma AFP y la existencia de barreras a la entrada en la industria.

El desafío de las propuestas planteadas en el proyecto de ley es generar mecanismos que sensibilicen a los afiliados al precio, permitan una mayor competencia y, eventualmente, la entrada de nuevos actores al mercado. Estos mecanismos deben apuntar a conseguir rebajas en las comisiones pagadas, sin sacrificar otros atributos relevantes como la calidad de la administración de los Fondos y el servicio prestado a los afiliados.

1.- Licitaciones: El proyecto propone que la Superintendencia de Pensiones organice un mecanismo de licitación anual de los nuevos afiliados al Sistema Previsional. En particular, se propone que se asigne a los trabajadores que inician labores en un período de 12 meses, a la Administradora que ofrezca la menor comisión por depósito de cotizaciones en el proceso de licitación, cuyas bases serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Se ha considerado la asignación obligatoria de los trabajadores que inician su vida laboral, dado que su nulo o bajo saldo acumulado, determina que para ellos la variable precio sea la más relevante al momento de seleccionar una Administradora de Fondos de Pensiones.

Los afiliados nuevos deberán permanecer en la AFP adjudicataria durante el período que establezcan las bases de licitación, no pudiendo exceder éste los 18 meses. La obligación anterior no regirá en caso que el traspaso se realice a una AFP que ofrezca menores comisiones o en caso que la diferencial de comisiones no compense una menor rentabilidad, entre otras causales de excepcionalidad.

En consecuencia esta iniciativa reduce los costos de comercialización, posibilita la entrada de nuevos actores a la industria y genera un mecanismo que facilita la elección de Administradora.

2.- Ingreso de nuevos actores: Este proyecto propone una modificación a la Ley General de Bancos estableciendo la autorización para que los Bancos constituyan Administradoras de Fondos de Pensiones como sociedades filiales. La constitución de filiales AFP de giro único, por parte de bancos, contribuirá a una mayor competencia, menores precios y desconcentración de la industria.

Con el objeto de evitar que la participación de los bancos en la propiedad de las AFP tenga consecuencias indeseadas sobre el Sistema Previsional se refuerzan las normas que buscan prevenir conflictos de interés en la gestión de fondos y en la comercialización del producto previsional. Al respecto se establece: (a) la prohibición para la filial bancaria de subordinar los servicios propios de su giro a la afiliación o permanencia en una AFP de la cual es matriz, (b) la prohibición de invertir los recursos de los Fondos de Pensiones en instrumentos emitidos por personas o empresas relacionadas a la Administradora y (c) la separación de funciones comerciales entre la AFP y las que puedan desarrollar las entidades de su grupo empresarial.

3.- Separación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia: El proyecto propone una modificación respecto del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que las Administradoras de Fondos de Pensiones deben contratar para cubrir los riesgos de invalidez y fallecimiento que afectan a sus afiliados.

Específicamente, se propone que la licitación de este seguro sea realizada para todos los afiliados en conjunto, independiente de la AFP en la cual se encuentren. Lo anterior contribuirá a la obtención de un precio más competitivo para este seguro y permitirá aumentar la transparencia del sistema a través de la difusión del costo efectivo del seguro. Asimismo, esta propuesta permite que las Administradoras se enfoquen en competir en base a variables relacionadas a la administración de las cuentas individuales y de los recursos de los Fondos de Pensiones, eliminando el incentivo a que aquéllas discriminen a los afiliados de mayor siniestralidad. En la actualidad, el costo de este seguro representa aproximadamente el 50% de los costos operacionales de las AFP. A su vez, esta medida transfiere la totalidad del riesgo de seguro a las Compañías de Seguros, las que están sometidas a regulaciones específicas para el otorgamiento de estas prestaciones.

4.- Modificación a la estructura de comisiones: Se eliminan aquellas comisiones descontadas del saldo de las cuentas individuales de los afiliados, como la comisión fija por depósito de cotizaciones y la comisión por transferencia del saldo de la cuenta individual desde otra AFP, las que actualmente producen una disminución en los ahorros previsionales y, por tanto, en la pensión. Adicionalmente, se eliminan las comisiones fijas que pueden cobrar las Administradoras, con el objeto de facilitar la comparación de comisiones por parte de los afiliados y pensionados.

- - Aumento de la rentabilidad y seguridad de las inversiones.

El proyecto de ley busca optimizar la gestión de inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto que se logre una adecuada rentabilidad y seguridad de éstos. Asimismo, se busca que las Administradoras asuman progresivamente una mayor responsabilidad en las decisiones de inversión de los Fondos.

Las principales modificaciones contenidas en el presente proyecto de ley en materia de inversiones son las siguientes:

1.- Flexibilización de la estructura de límites de inversiones: Se mantendrá en la ley sólo una estructura esencial, simplificada, de elegibilidad de instrumentos y límites de inversión, delegando el detalle más preciso de la regulación a un Régimen de Inversión dictado por resolución de la Superintendencia de Pensiones, previo informe de un Consejo Técnico de Inversiones (CTI). El CTI asesorará a los Ministros en materias de inversión de los Fondos de Pensiones y recomendará las modificaciones a los límites de inversión.

2.- Modificaciones al límite de inversión en el extranjero: El creciente tamaño de los recursos de los Fondos de Pensiones conlleva a una mayor demanda de instrumentos de inversión. Por lo anterior, se propone un aumento gradual del límite a la inversión de los Fondos en el extranjero, pudiendo llegar a un ochenta por ciento del valor de la suma de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora. La fijación del límite en el exterior dentro del rango establecido en la ley será facultad del Banco Central de Chile, tal como ocurre en la actualidad.

3.- Mayor responsabilidad de las Administradoras en la gestión de las inversiones: Con el objeto de delegar en las Administradoras una mayor responsabilidad en la gestión de los Fondos de Pensiones, se propone en este proyecto de ley que las AFP establezcan formalmente sus políticas de inversión e informen al ente regulador y al público los lineamientos de éstas. Adicionalmente, se propone la obligatoriedad para las Administradoras de constituir comités de inversiones en sus directorios, lo cual permite dar una mayor formalidad a la gestión de las carteras previsionales.

- - Participación y Educación Previsional

Se creará una Comisión de Usuarios del sistema, en el que estarán representados los trabajadores, los pensionados, el gobierno, el sector académico y los administradores del sistema.

Además, se creará un Fondo para la Educación Previsional (FPEP), financiado con aportes del Estado y donaciones privadas, destinado a desarrollar iniciativas de promoción, difusión y educación del sistema previsional, a través de un mecanismo concursable.

- - Marco legal que fomente el desarrollo de planes de pensiones basados en el Ahorro Previsional Voluntario con aportes del empleador (APVC)

Con el objeto de profundizar los mecanismos de ahorro previsional voluntario, este proyecto propone, en primer lugar, la creación de un mecanismo de ahorro previsional voluntario colectivo, a través del cual los ahorros realizados por los trabajadores son complementados por sus respectivos empleadores. En segundo lugar, se presenta una propuesta de perfeccionamiento en materia tributaria para el ahorro previsional voluntario individual, la que se extiende al ahorro previsional voluntario colectivo.

Los planes de ahorro colectivo contemplan beneficios tributarios equivalentes a aquellos que aplican al ahorro previsional voluntario. Asimismo, los aportes de los empleadores se consideran gasto para producir renta.

Un plan APVC se establecería por acuerdo entre cada empresa y sus trabajadores, y siempre que concurra a esta decisión una proporción significativa de los trabajadores. Aunque puede haber más de un plan por empresa, estos no podrán discriminar entre los trabajadores, tanto respecto del acceso a dichos planes, como respecto de la proporción del aporte del empleador en relación al aporte del trabajador. Se establece la posibilidad de que existan planes sin aporte del trabajador.

Estos planes establecen derechos de propiedad a favor del trabajador sobre sus propios aportes y sobre los aportes que en su beneficio haga el empleador sujeto a una permanencia mínima del trabajador en la empresa.

Se propone entregar alternativas de orden tributario para los ahorros de APV y APVC, permitiendo que el trabajador elija el régimen que afectará a dichos recursos, en consideración al pago o exención de impuestos al momento del aporte o retiro de los fondos. En consecuencia el afiliado podrá optar por uno de los siguientes regímenes tributarios:

1.- Gozar del beneficio tributario al aportar los recursos al plan y pagar impuestos al momento del retiro, como ocurre actualmente; o

2.- No hacer uso del beneficio tributario al momento de aportar recursos de ahorro voluntario y no pagar impuesto al momento del retiro de los fondos.

Esta propuesta permite promover el ahorro previsional voluntario entre los trabajadores de ingresos medios, al igualar el beneficio tributario esperado entre trabajadores de distinto nivel salarial y diferentes expectativas de tasa marginal de impuesto.

Adicionalmente, se autoriza la administración de los planes APVC por parte de las mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer planes APV.

IV.- MINUTA DE LAS IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

En conformidad con el N° 1 del artículo 287 del Reglamento de la Corporación y para los efectos de los artículos 69 y 73 de la Constitución Política de la República, como, asimismo, de los artículos 24 y 32 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, cabe señalaros que la idea matriz o fundamental del proyecto es perfeccionar el sistema previsional de capitalización individual y complementarlo con un sistema de pensiones solidarias.

Tal idea matriz se encuentra desarrollada en el proyecto en 86 artículos permanentes, y 45 artículos transitorios.

V.- ARTICULOS CALIFICADOS COMO NORMAS ORGANICAS CONSTITUCIONALES O DE QUORUM CALIFICADO.

En relación con esta materia, a juicio de vuestra Comisión los artículos 1 a 34; 36; 64 a 70; 71 inciso segundo; 72 a 78; 79 numerales 1 a 26, 27 letras c), d), y e); 28; 29; 30 letras b) a r), t) a y), 31, 32, y 34 a 73; 81 bis, y 83 permanentes, y los artículos 1 a 10; 20; 23; 24 incisos segundo a quinto; 26 a 32; 34; 36; 38 bis inciso segundo, y 39 transitorios, requieren de quórum calificado para su aprobación.

Asimismo, vuestra Comisión ha considerado que las normas de los artículos 44 inciso tercero; 45 numeral 8; 79 numeral 27 letras a) literal iii e iv, b) párrafo 6°, f) párrafos 1° y 4°, y g), numeral 30 letras a) y s), 33, y numeral 74 sólo respecto del artículo 168 letras a) y b); y 82 permanentes, y 33 letra d), y 35 transitorios, revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales.

VI.- DOCUMENTOS SOLICITADOS Y PERSONAS RECIBIDAS POR LA COMISION.

Vuestra Comisión recibió al señor Andrés Velasco Bráñez, Ministro de Hacienda; al señor Osvaldo Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social; a la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Laura Albornoz Pollmann; al señor Zarko Luksic Sandoval, Subsecretario del Trabajo; a la señora Lissette García Bustamante, Subsecretaria de Previsión Social; a la señora Solange Berstein Jáuregui, Superintendenta de Administradoras de Fondos de Pensiones; al señor Alberto Arenas De Meza, Director de Presupuestos; al señor Guillermo Arthur Errázuriz, Presidente de la Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones; al señor Arturo Martínez Molina, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT; al señor Mikel Uriarte P., Presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G.; al señor Pedro Robles S., Presidente de la Central Autónoma de Trabajadores; al señor Diego Olivares Aravena, Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores – UNT; al señor Guillermo Rioseco Flores, Gerente General del Colegio de Corredores de Seguros de Chile A.G.; a la señora Fresia Arcos Albarracin; Abogada, Experta en Previsión Social; al señor Claudio Arriagada Macaya, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades; al señor Alfredo Ovalle Rodríguez, Presidente de la Corporación de la Producción y del Comercio –CPC-; a la señora Rosanna Costa, Directora Programa Económico de Libertad y Desarrollo; al señor Sergio Moris, Investigador del Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo –CENDA-; al señor Fabio Bertranou, Especialista en Seguridad Social de la Oficina de La Organización Internacional del Trabajo para países del Cono Sur de América Latina; al señor Hernán Sommerville Senn, Presidente Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; al señor Juan Orellana, representante Nacional Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile – Cupemchi; al señor Jorge García, representante de la Unión Nacional de Pensionados de Chile - Unap A.G.; a la señora Cristina Tapia Poblete, Secretaria General de la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Universidad de Chile -Fenafuch-, a la señora Magdalena Castillo Díaz, encargada de la Mujer Central Autónoma de Trabajadores – Comité Sindical de Mujeres; a la señora Elcira Monreal Caamaño, dirigenta sindical – Antue – Comité Sindical de Mujeres; a la señora Georgina Cortés Araya, Vice-Presidenta de la Mujer U.N.T., Comité Sindical de Mujeres Pet, al señor Hernán Santelices Gaitero, Ex Presidente Confederación del Cobre – Sindicato N°1 Chuquicamata; José Sepúlveda M., Presidente de la Asociación Gremial de Corredores Públicos; al señor José Umaña Morales, vicepresidente Federación de Jubilados y Montepiadas de la Marina Mercante Nacional A.G.; al señor Osvaldo Campaña Coello, Presidente Sindicato Cosem; al señor Sergio Bustos Rojas, Secretario Técnico de La Federación de Jubilados y Montepiadas de la Marina Mercante Nacional A.G; al señor Jorge Leiva Lavalle, Director Área Económica Fundación Chile 21; al señor Guillermo Peña González, asesor Agrupación de Empleados Públicos Por la Reparación del Daño Previsional; al señor Pablo Mendez, asesor Agrupación Daño Previsional; al señor Miguel Angel Gómez, representante de Confederación Nacional de Funcionarios Municipales De Chile –Asemuch, y al señor Juan Antonio Pérez, representante del Movimiento Ciudadano “Defendamos Nuestra Plata”, quienes realizaron valiosos aportes y entregaron documentos y minutas que se encuentran en la Secretaría de vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

VII.- ARTICULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISION QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISION DE HACIENDA.

A juicio de vuestra Comisión, los artículos 7; 9 a 23; 27; 29; 32 a 36; 41 a 44; 50; 51; 57; 64 a 68; 72; 75 a 77; 79; 80; 84 y 85 permanentes, y los artículos 1 a 4; 6 a 15; 17; 20; 22; 25 a 28; 31; 35; 40 y 43 transitorios del proyecto en informe deben ser analisados por la Comisión de Hacienda.

VIII.- DISCUSION GENERAL.

Vuestra Comisión aprobó, en general, esta iniciativa de ley en su sesión de 23 de enero de 2007, con los votos a favor de las señoras Diputadas Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Diputados Aguiló; Alinco; Bertolino; Dittborn; Meza; Recondo; Saffirio, y Salaberry. No se emitieron votos en contra de esta iniciativa legal ni se registraron abstenciones.

Cabe hacer presente que vuestra Comisión llevó a efecto una audiencia pública , en el marco del estudio en general del proyecto, el 2 de abril del año en curso, sesión que contó con la asistencia de representantes de la CEPAL; SOFOFA; UNAP; CUPEMCHI; ANAMURI; Federación Nacional de Sindicatos de AFP; Comité Sindical de Mujeres; Agrupación de Empleados Públicos por la Reparación del Daño Previsional; ASEMUCH; Chile 21; Asociación de Bancos e Instituciones Financieras; FENAFUCH; ACAUCH; APROTEC; APEUCH; Asociación de Funcionarios de la Universidad de Playa Ancha, y la Federación Gremial de la Asociación de Jubilados y Montepiadas de la Marina Mercante.

Asimismo, durante el desarrollo de sus sesiones de estudio se contó con el aporte de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, de la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, y de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Por otra parte, vuestra Comisión, consciente del alto impacto público, social y académico que revestía el estudio y discusión de este proyecto acordó que sus debates fueran transmitidos por el canal de televisión de la Corporación y se tomara versión taquigráfica de ellos.

Sin perjuicio de lo anterior, se consignan en este Informe los principales aspectos de las opiniones sustentadas en su interior por el Ejecutivo y sus Diputados integrantes.

A.- Fundamentación del Ejecutivo.

En el transcurso de esa discusión general, la posición del Ejecutivo en relación con los fundamentos del proyecto de ley fue planteada por los señores Ministros de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, y por la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, quienes en lo sustancial resaltaron los siguientes aspectos:

Aa.- Antecedentes

El régimen de pensiones creado por el decreto ley N° 3.500, de 1980, significó una profunda transformación del sistema previsional chileno, reemplazando un régimen público de beneficio definido, por uno de contribución definida y capitalización individual con administradores privados y regulación del Estado. Este último, además, asumió, subsidiariamente, la preocupación por la pobreza en la vejez, mediante el otorgamiento de pensiones asistenciales focalizadas y pensiones mínimas garantizadas.

En este nuevo diseño se proyectó que, para los trabajadores que fueran capaces de contribuir sistemáticamente a lo largo de toda su vida laboral, sus pensiones serían similares a sus ingresos en actividad, indexadas a la inflación. Adicionalmente, al existir una cotización sustancialmente menor respecto del sistema antiguo, ello permitiría incrementar el ingreso líquido del trabajador y reducir el costo de la mano de obra para los empleadores lo que, sumado al mayor control sobre los ahorros acumulados, incentivaría el empleo, la formalidad y la contribución de los trabajadores independientes. Por su parte, al financiarse las pensiones con los ahorros de los propios trabajadores, el Estado se vería liberado de sus compromisos financieros para poder concentrar su aporte en los pensionados de menores ingresos.

Sin embargo, para que tales expectativas pudieran alcanzarse, era necesario que el sistema se comportara de acuerdo a ciertos supuestos. En particular, que: a) los trabajadores dependientes e independientes percibieran un incentivo adicional a cotizar por la posibilidad de vigilar y ser propietarios de sus fondos de capitalización; b) los trabajadores cotizaran en su vida laboral por la totalidad de sus sueldos hasta un tope de 60 unidades de fomento, con interrupciones sólo por desempleo; c) los trabajadores de menores ingresos cotizaran al menos 240 meses a lo largo de su vida laboral, accediendo con ello a la garantía estatal de pensión mínima; y d) las mujeres que se desempeñaran fundamentalmente como dueñas de casa participaran en los ingresos familiares durante su vejez, así como lo habrían hecho durante los años previos.

Si bien el sistema aún no ha alcanzado su plena madurez, la evidencia acumulada muestra que para los trabajadores cuyas trayectorias laborales cumplen con los supuestos señalados, el nuevo sistema generará buenas pensiones. Sin embargo, una parte importante de los trabajadores del país no ha logrado cotizar con la constancia requerida por el nuevo sistema. Por ello, una fracción mayoritaria de los trabajadores obtendrá pensiones significativamente más bajas que sus remuneraciones, y no es evidente que esta situación pueda ser subsanable a través de transferencias intrafamiliares o del apoyo subsidiario del Estado. Además, muchos de ellos cotizarán menos de 240 meses a lo largo de su vida activa, y por tanto no serán beneficiarios de una pensión mínima garantizada por el Estado.

Los resultados alcanzados por el sistema previsional y su proyección en el futuro, se relacionan estrechamente con la naturaleza de los cambios registrados en los últimos 25 años, en aspectos demográficos, económicos y sociales. En efecto, por una parte, las expectativas de vida han aumentado, y se ha postergado la edad de entrada al mercado del trabajo remunerado, reduciéndose así, la extensión del período de acumulación en relación al período de desacumulación de los ahorros previsionales. Al mismo tiempo, si bien se ha elevado la participación de la mujer en el mercado del trabajo, esta se caracteriza por una inserción laboral más inestable que la del hombre, lo que ha afectado su capacidad para acumular fondos previsionales.

Por su parte, el mercado del trabajo ha registrado una alta rotación laboral, mayor a la esperada, con aumento de los contratos de trabajo a plazo y de jornada parcial y disminución de los de carácter indefinido. Lo anterior, junto con la creciente reticencia de los trabajadores independientes a cotizar, ha derivado en densidades de cotización menores a lo esperado.

En definitiva, dichas transformaciones han alterado significativamente el supuesto central en el que se basaron las predicciones iniciales: el de una fuerza laboral compuesta mayoritariamente por hombres jefes de hogar, con contratos de trabajo indefinidos, y que cotizan en forma continua a lo largo de su vida activa. Es más, tal supuesto se ha vuelto cada vez menos representativo de la realidad del país y lo será aún menos en el futuro. Con ello, surge la necesidad de perfeccionar el sistema previsional para responder a las necesidades del conjunto de la población.

Ab.- La necesidad de reformar el sistema

El sistema de pensiones chileno opera financieramente como un sistema mixto, pues está compuesto por el régimen de capitalización individual, y por el Estado. Este no sólo cumple el rol de garante y regulador del sistema administrado por el sector privado, sino que también el de proporcionar pensiones asistenciales no contributivas.

Es posible afirmar que el régimen de capitalización individual ha funcionado de acuerdo con lo previsto, cuando las cotizaciones de los trabajadores dependientes, con empleos estables, se han efectuado con regularidad a lo largo de toda su vida laboral.

Sin embargo, para la mayoría de la población la situación será distinta a la señalada. Es, además, restringido el grupo de personas que podrán acceder a una pensión mínima garantizada por el Estado y, quienes no logren reunir los requisitos para obtener el beneficio anterior, sólo podrán optar a una pensión asistencial o bien quedarán excluidos de la cobertura del sistema.

En efecto, la información disponible de la Superintendencia de AFP y del INP muestra que, en 2005, los cotizantes a los diversos sistemas de pensiones civiles vigentes en el país, representaban un 65,9% de los trabajadores ocupados y 61,3% de la fuerza de trabajo total.

Si bien dicha cobertura es superior en alrededor de diez puntos porcentuales respecto de la observada en 1980, el año previo a la reforma, ésta resulta similar a la registrada a mediados de los setenta. Y ello se debe a que los niveles de cobertura entre los trabajadores independientes son mínimos e incluso se han reducido a lo largo del tiempo.

Al analizar la cobertura ocupacional por dependencia del trabajador, se observa una gran diferencia entre trabajadores dependientes e independientes.

A su vez, la densidad de cotización por categoría ocupacional presenta importantes diferencias entre trabajadores dependientes e independientes. Para estos últimos, la Encuesta de Protección Social del 2002 muestra que del total de meses trabajados en esta condición, sólo el 28% del tiempo realizaron cotizaciones previsionales, y que entre quienes se han desempeñado como trabajadores independientes por más del 50% de su vida laboral, el 70% de ellos, presenta una densidad de cotización por debajo del 50%.

Por otra parte, la cobertura de beneficios medida como el número de personas que perciben una pensión como proporción de la población mayor a la edad de jubilación, entrega una visión general del número de pensiones pagadas en el sistema de pensiones, incluyendo tanto el sector contributivo como el no contributivo.

Según la información disponible de en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN), la cobertura agregada del sistema de pensiones entre la población mayor de 65 años, se ha mantenido en torno al 76% entre los años 1992 y 2003. Sin embargo, las pensiones de carácter contributivo han disminuido su cobertura siendo reemplazadas por las pensiones no contributivas (PASIS) de 7,7% a 18,6% en el mismo período.

Adicionalmente, las proyecciones disponibles muestran que del total de la población adulta mayor, el grupo cubierto por una pensión contributiva se reduciría de 65% en la actualidad a alrededor de 50% en 2020, y que alrededor de un 60% de los pensionados del sistema de AFP obtendrá una pensión igual o inferior a la pensión mínima garantizada por el Estado. Por su parte, proyecciones de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) muestran que el 46% del flujo anual de nuevos pensionados del sistema de AFP entre los años 2020 y 2025, tendrá una pensión inferior a la mínima y no tendrá acceso a la Garantía Estatal, y que este grupo estará mayoritariamente compuesto por mujeres, representando un 65% de dicho total.

Finalmente, es necesario tener en cuenta que los sistemas previsionales, por su propia naturaleza, se sitúan en una dimensión de largo plazo, y sus potencialidades de perfeccionamiento pueden detectarse mucho antes de que se generen problemas cuyos efectos se amplíen y se vuelvan difíciles de controlar. Si bien el régimen de capitalización individual ha sido modificado en los últimos 25 años, en numerosas oportunidades, hay importantes desafíos aún pendientes; y ello se explica, en parte, por la vigencia de una inadecuada institucionalidad del sistema, que carece de capacidad de conducción y coordinación de políticas para adaptarse oportunamente a los cambios.

Ac.- Los factores institucionales como condicionantes de los resultados

Desde el punto de vista institucional, el sistema de pensiones presenta tres ámbitos de funciones o roles: el político, el normativo y el de administración. En todos ellos se presentan oportunidades de realizar mejoramientos.

En cuanto al rol político, si bien éste recae en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Previsión, ésta última presenta debilidades institucionales.

En el campo regulatorio, por su parte, se presenta dispersión institucional, por el gran número de funciones ejecutivas, normativas y de regulación de los distintos regímenes que lo integran. Así, interviene directamente la Subsecretaría de Previsión Social, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP), la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

La SAFP supervisa el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en la prestación de sus servicios y en la administración de sus fondos; regula su funcionamiento, recibe reclamos y consultas del público, administra el Seguro de Cesantía y realiza estudios especiales; y la SUSESO, por su parte, tiene responsabilidades de regulación y reglamentación sobre variados componentes del sistema de seguridad social. La SVS regula a las compañías de seguro que participan en el sistema con el otorgamiento de rentas vitalicias a los pensionados y en la regulación de otras entidades financieras que participan del subsistema de ahorro previsional voluntario.

Tal dispersión institucional también se presenta en el ámbito de la administración de los beneficios asociados. Las instituciones presentes en este ámbito son las Administradoras de Fondos de Pensiones, el Instituto de Normalización Previsional (INP), la Tesorería General de la República, el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), las intendencias y municipalidades.

El INP administra los beneficios del antiguo sistema, recauda cotizaciones para otras instituciones públicas y administra la Ley de Accidentes del Trabajo para sus afiliados. La Pensión Asistencial (PASIS) pagada por el INP, con el concurso de los gobiernos regionales, los municipios y MIDEPLAN. La Pensión Mínima Garantizada es administrada por las AFP, correspondiéndole al sector público una función esencialmente de tesorería.

A lo anterior, se agrega la inexistencia de información consolidada del sector, pues si bien existen sistemas públicos que la proporcionan, ésta sólo está disponible a nivel agregado y no por afiliados. La excepción a ello, ha sido la implementación de la Encuesta de Protección Social (EPS) realizada en 2002 y 2004, que ha permitido realizar un seguimiento de la situación previsional de una cohorte representativa del sistema en su conjunto. Sin embargo, aún se precisa de esfuerzos sistemáticos para implementar un sistema de información básico, que permita compartir información con otras bases de datos y registros administrativos existentes. Ello es también indispensable para apoyar el diseño de políticas previsionales y sociales, y para enfrentar los desafíos asociados con el monitoreo y evaluación permanente de los resultados de la actual reforma.

Por otra parte, en la actual institucionalidad no existe instancia en que los afiliados puedan expresarse, más allá de los canales administrativos comunes al sector público o del procesamiento de reclamos.

Ad.- El objeto de la reforma

La protección de los ingresos en los años de vejez es el componente fundamental de un sistema de protección social. En este sentido, la pensión es una retribución a los años de trabajo de una persona, y el reconocimiento del derecho a envejecer con dignidad.

El objetivo de esta reforma es que las personas tengan ingresos más seguros durante la vejez, para así vivir dignamente. Al final de su vida laboral, las chilenas y chilenos ya no sentirán el temor de no saber con qué ingresos contarán para cubrir sus gastos. Lo anterior considera por un lado, perfeccionar el actual sistema de capitalización individual, y por otro, complementarlo con un Sistema de Pensiones Solidarias que cubra a quienes, por diversas razones, no logran ahorrar lo suficiente para financiar una pensión digna.

La reforma reconoce que todos los trabajadores contribuyen al desarrollo de nuestro país, tanto los dependientes como los independientes, permanentes, ocasionales o temporales, mujeres y hombres. Todos ellos merecen contar con un ingreso que les permita gozar de una vida digna en la vejez.

Esta es una reforma que premia el ahorro y el esfuerzo personal: aquellos que coticen más en el sistema previsional gozarán de mejores pensiones. Y también es una reforma que apoya a los que se quedan atrás: el envejecimiento y el retiro del mercado laboral no pueden ser sinónimos de pobreza o de una brusca caída en las condiciones de vida.

El nuevo sistema no sólo apoyará a quienes viven en la pobreza. Con la reforma, la clase media tendrá una real acogida en el sistema de pensiones, con la seguridad de que sus esfuerzos y ahorros previsionales estarán debidamente protegidos y remunerados.

Una mayor seguridad para las personas no sólo contribuye a la equidad, sino también al crecimiento. Cuando las personas se sienten más seguras, se atreven, emprenden, innovan, llevan sus mejores ideas a la práctica y crean riqueza y prosperidad.

En suma: Chile va a cumplir su deber con los que han entregado toda una vida al país: nuestros adultos mayores.

B.- Opinión de los Diputados de la Alianza por Chile integrantes de la Comisión.

Por su parte, los señores Diputados de la Alianza por Chile integrantes de la Comisión señalaron, antes que nada, los efectos positivos que ha tenido el actual régimen previsional nacido al amparo del decreto ley N° 3.500, tanto para sus cotizantes y beneficiarios como para el país, pero que, pese a ello, reconocen que es posible advertir aspectos que requieren perfeccionamientos como es la baja cobertura previsional de ciertos sectores de la población y, en ese sentido, celebraron que el proyecto originado en Mensaje de S. E. la Presidenta de la República resulte ser un “perfeccionamiento” y no una reforma al sistema de pensiones.

Agregaron que éste es fundamental tanto por el volumen de los recursos involucrados como por la importancia de su diseño, para que los trabajadores chilenos accedan a pensiones dignas y su impacto internacional como alternancia al fracaso de los sistemas de reparto en el mundo. Resaltaron que la experiencia de 25 años del nuevo sistema previsional confirma las ventajas de favorecer el ahorro individual en relación a los antiguos sistemas de reparto.

Señalaron que existe coincidencia en que los perfeccionamientos deben abordar aspectos claves del sistema como son los aumentos de competencia en la industria para mejorar la rentabilidad de los fondos y asegurar mejores pensiones, los aumentos de cobertura del sistema incorporando a los trabajadores independientes y la implementación de instrumentos para los sectores de menores ingresos, como la creación del pilar solidario, que el proyecto aborda adecuadamente.

No obstante lo anterior, plantearon algunos reparos a ciertos aspectos que serán abordados en la discusión particular del proyecto, como es la licitación de cartera de afiliados como un instrumento para aumentar la competencia, el aporte patronal para el pago del seguro de invalidez que, a juicio de ellos, genera en el corto plazo un aumento de los costos salariales y la creación de una AFP estatal, o la asunción como tal del BancoEstado, respecto de la cual no existe evidencia de que pueda ofrecer una mayor rentabilidad, variable determinante al momento de estimar pensiones, sino que, por el contrario conlleva el riesgo de la precariedad de los gobiernos corporativos de las empresas públicas.

Del mismo modo, estimaron conveniente ofrecer a los trabajadores independientes la alternativa de contratrar con las compañías de seguros de vida la protección social y previsional propuesta para ellos a través de la incorporación obligatoria al sistema de AFP que contiene el proyecto.

C.- Opinión de los Diputados de la Concertación integrantes de la Comisión.

Por su parte, los señores y señoras Diputadas de la Concertación de Partidos por la Democracia, integrantes de esta instancia, manifestaron su conformidad y satisfacción por esta importante iniciativa legal, largamente añorada por vastos sectores de la población, toda vez que ella viene a introducir mayores cuotas de equidad en nuestra sociedad.

Resaltaron la creación del pilar solidario y, en especial, la pensión básica solidaria como una iniciativa trascendental para dotar al sistema de pensiones chileno de las necesarias cuotas de solidaridad que había perdido con la reforma del año 1981.

No obstante, estimaron que la calendarización en la entrega de los beneficios que el proyecto establece debiera ser mas breve, pues la pobreza de vastos sectores de nuestra población, hoy desprotegidos por el sistema actual, no puede esperar, como asimismo, señalaron que el proyecto debiera abordar con mayor determinación la posibilidad de que el BancoEstado pueda crear una AFP estatal, como también, el término de la figura legal de la declaración y no pago de cotizaciones previsionales que impacta negativamente en el tiempo en el monto de las pensiones e, incluso, en la garantía estatal a las mismas.

IX.- DISCUSION PARTICULAR.-

Al iniciar la discusión particular, vuestra Comisión analizó la posibilidad de discutir y despachar sólo “en general” el proyecto en Informe, dejando para el segundo trámite reglamentario su discusión “in extenso” en particular, haciéndose presente al respecto, por algunos señores Diputados, observaciones de carácter reglamentario que exigian la mención de los artículos e indicaciones rechazados por la Comisión, como asimismo, del riesgo de que en el evento de que el Ejecutivo hiciere presente “urgencia” en ese segundo trámite los plazos serían muy breves para una acabada discusión de su artículado.

Ello derivó en el acuerdo que se menciona a continuación, no obstante lo cual alcanzó a someterse a votación los artículos 1° y 2° del proyecto, los que fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes. (12 en el primero y 11 en el segundo).

1.- Acuerdo general.-.

En sesión de fecha 3 de abril, vuestra Comisión acordó, por unanimidad, prestar su aprobación a todos aquellos artículos respecto de los cuales los señores parlamentarios integrantes de ella no formularan indicación, estableciendose para ello un plazo que expiró el 16 del mismo mes, a las 12.00.

No obstante lo anterior, vuestra Comisión acordó, asimismo, reabrir el debate de aquellos artículos aprobados de la forma anterior, si en el curso de la discusión en particular se estimaba necesario hacerlo para una mejor resolución del proyecto en estudio o en el caso de que el Ejecutivo presentara alguna indicación que incidiera en ellos. En este acuerdo incidió el deseo de los Diputados integrantes de la Alianza por Chile de hacer presente al Ejecutivo, para su consideración, sólo “sugerencias” a su articulado ante la evidencia de que, a juicio de ellos, no eran admisibles indicaciones a su texto, por recaer todo el proyecto en una materia de iniciativa exclusiva de S.E. la Presidente de la República, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 65 N° 6 de la Carta Fundamental, dejando, en todo caso, constancia respecto de su voto en cada uno de ellos.

Como consecuencia de lo anterior, y para una adecuada comprensión de este informe, se citan a continuación los artículos por la forma en que fueron aprobados.

A.- ARTICULOS APROBADOS REGLAMENTARIAMENTE.

No fueron objeto de indicaciones ni de sugerencias los rtículos 1; 2; 4 a 8; 10 a 28; 31 a 35; 37 a 40; 43 a 52; 54 a 58; 61 a 63; 68; 69; 71; 72; 74; 75; 76 numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7; 78; 79 numerales 2; 4; 6; 7; 10, 12; 13; 14; 16; 19 a 38; 39 a 41; 44 a 46; 49 a 51 y 53 a 73; permanentes, y los artículos primero a séptimo y noveno a vigésimo cuarto transitorios. Todos ellos fueron aprobados, además, sin lectura y sin discusión.

B.- ARTÍCULOS QUE FUERON OBJETO DE INDICACIONES.

Fueron objeto de indicaciones, ya sea por parte de parlamentarios como del Ejecutivo, los artículos 3, 29, 36, 42, 65, 66, 70, 73, numerales 8, 9, 11, 15, 17, 18, 43, 52 y 74 del artículo 79, 81 y 86 permanentes y 8 y 25 transitorios, que se reproducen a continuación:

ARTICULO 3

“Artículo 3°. Serán beneficiarias de la pensión básica solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:

a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad;

b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 30, y

c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios de este título.”

- - Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza; Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, para agregar en la letra a) del artículo 3° del Proyecto, a continuación de la palabra “edad”, la siguiente expresión: “los hombres, y sesenta las mujeres”.

- - Fue declarada inadmisible en sesión de fecha 21 de junio del año en curso.

- - Sometido a votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (10).

ARTICULO 29

“Artículo 29. La pensión básica solidaria de vejez e invalidez estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que sean carentes de recursos de acuerdo al Libro II del DFL N°1, del Ministerio de Salud, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No estarán obligados a realizar dicha cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo transitorio y artículo tercero transitorio de la presente ley.

Para los beneficiarios de pensiones de vejez o de invalidez, que perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez, la cotización establecida en el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se realizará sobre el monto que resulte de sumar dicha pensión y el referido aporte.”

- - Indicación de la Diputada señora Goic, doña Carolina, y de los Diputados Duarte; Lorenzini; Olivares; Saffirio, y Silber, para introducir las siguientes modificaciones al artículo 29 del proyecto:

a) En el inciso primero intercalar entre las palabras “invalidez” y “estará” la palabra “no” y sustituir las expresiones “, excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que sean carentes de recursos de acuerdo al Libro III del DFL N°1, del Ministerio de Salud, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No” por las siguientes: “. Tampoco”.

b) En el inciso segundo sustituir las expresiones “que resulte de sumar dicha pensión y el referido aporte” por “de dicha pensión, excluido el referido aporte”.

- - Fue declarada inadmisible en sesión de fecha 19 de junio del año en curso.

- - Sometido a votación el artículo fue aprobado por seis votos a favor y cinco en contra.

ARTICULO 36

“Artículo 36.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:

1. Suprímase el inciso tercero del artículo 1°.

2. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:

a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

b) Reemplazase en el inciso final la expresión: “pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima a que se refiere el Título VII, ni”.

4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.

5. Suprímense en los incisos primero y segundo del artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere el Título VII, cuando corresponda”.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62:

a) Reemplázase en el inciso segundo en la última oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.

c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

7. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62 bis:

a) Reemplázase en la última oración del inciso primero la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.

b) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

8. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65:

a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

b) Reemplázase en la primera oración del inciso séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

10. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65 bis:

a) Reemplazase en la segunda oración del inciso primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, éste” y la expresión “la mínima”, por la palabra: “la pensión básica solidaria”.

b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

11 Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 68:

a) Reemplazase en la letra b) del inciso primero la oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

b) Elimínese el inciso cuarto.

- - Indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente numeral 12 nuevo:

12) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 82:

a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión básica solidaria de vejez”.

b) Sustitúyese en su inciso quinto la palabra: “mínima”, por “básica solidaria de vejez”.

- - Sometidos a votación la indicación y el artículo fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes (9).

ARTICULO 42

“Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa propuesta del Comité de Selección.

El Comité de Selección estará integrado por el presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un representante de la Subsecretaría de Previsión Social y por un representante del Instituto de Previsión Social.

Un reglamento dictado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.”

- - Indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente inciso final nuevo:

“A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos técnicos que se establezcan al efecto.”.

- - Puesta en votación la indicación con el artículo fue aprobada por nueve votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

ARTICULO 65

“Artículo 65. La bonificación consistirá en un aporte estatal equivalente al 10% de 12 meses de cotizaciones previsionales sobre un ingreso mínimo, del fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.

Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una tasa de rentabilidad de un 4% real por cada año completo, contado desde el mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años de edad. La rentabilidad real, por los meses que excedan el último año completo, previo a que la mujer cumpla la edad señalada, se pagará proporcionalmente al periodo anual.

- - Indicación de la Diputada señora Goic, doña Carolina, y de los Diputados Duarte; Lorenzini; Olivares; Saffirio, y Silber, para sustituir en el inciso segundo del artículo 65 del proyecto las expresiones “los 65 años de edad” por “la edad exigida para acceder a la respectiva pensión de vejez”.

- - Indicación de la Diputada señora Muñoz, doña Adriana, para reemplazar en el inciso segundo del artículo 65 del proyecto, la expresión “de un 4% real” por la siguiente “equivalente a la tasa anual promedio del sistema provisional”.

- - Ambas indicaciones fueron declaradas inadmisibles.

- - Indicación del Ejecutivo para introducir las siguientes modificaciones :

a) Reemplácese en su inciso primero la frase ”meses de cotizaciones previsionales sobre un ingreso mínimo, del” por “ingresos mínimos, correspondientes a aquel”.

b) Sustitúyese su inciso segundo por los siguientes:

“Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años de edad.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad real anual promedio de todos los Fondos tipo C, descontado el porcentaje que represente sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el artículo 59 del mismo cuerpo legal.”

- - Puesto en votación el artículo con la indicación del Ejecutivo, fue aprobada por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (12).

ARTICULO 66

“Artículo 66. A la mujer afiliada al sistema del decreto ley 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de edad.

Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2°, considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El resultado de este cálculo incrementará su pensión básica solidaria.

En el caso de una mujer que perciba una pensión de sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional solidario que le corresponda.”

- - Indicación de la Diputada señora Goic, doña Carolina, y de los Diputados Duarte; Lorenzini; Olivares; Saffirio, y Silber, para sustituir en el inciso primero del artículo 66 del proyecto las expresiones “los 65 años de edad” por “la edad exigida para acceder a la respectiva pensión de vejez”.

- - Fue declarada inadmisible.

- - Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (12).

ARTICULO 70

“Artículo 70. Al considerar la situación en materia de beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo económico del que resulte una compensación, el juez podrá ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500 de 1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización voluntaria, que se abra al efecto.

Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.”

- - Indicación del Ejecutivo para:

1) intercalar en su inciso primero entre las palabras “juez” y “podrá” la expresión “, cualquiera haya sido el régimen patrimonial del matrimonio,”.

2) reemplazar en su inciso primero la palabra “voluntaria” por “individual”.

- - Puesto en votación el artículo con la indicación fue aprobado por la unanimidad de los Diputados integrantes de la Comisión.

ARTICULO 73

“Artículo 73. El beneficio establecido en el artículo anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador respectivo.

La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en este Párrafo.”

- - Indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente inciso tercero nuevo:

“El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la cuenta de capitalización individual del trabajador.”.

- - Puesto en votación el artículo con la indicación fue aprobado por la unanimidad de los Diputados integrantes de la Comisión.

ARTICULO 79

NUMERAL 8

“8. Modifícase el artículo 16 de acuerdo a lo siguiente:

a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:

“La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.

El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día hábil de cada año.

Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.”

- - Indicación del Ejecutivo para agregar la siguiente letra a) bis nueva:

“a bis) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración “En todo caso, la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones imponibles, al respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.”.

- - Puesto en votación el numeral, con la indicación, fue aprobado por cuatro votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.

- - Indicación del Ejecutivo para intercalar un numeral 8 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“8 bis. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:

a) Reemplácese en su inciso segundo la expresión “deberán” por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo dicho subsidio.”.

b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y agréguese a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y empleadores”.”.

- - Puesta en votación la indicación fue aprobada por cuatro votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.

NUMERAL 9

“9. Intercálase a continuación del inciso segundo del artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:

“Cuando un empleador realice la declaración y el pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.

Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX, en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”.”

- - Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza; Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, del siguiente tenor:

A) Para agregar en el inciso segundo del artículo 19 del DL. 3.500, la siguiente oración a continuación de su punto aparte (.), que pasa a ser seguido:

“Se exceptúan de este descuento los pagos correspondientes al costo de la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el que será de cargo exclusivo del empleador.”

B) Para agregar al inciso tercero –que pasa a ser quinto- del artículo 19 del D.L. 3.500 la siguiente oración a continuación de su punto aparte (.) que pasa a ser seguido:

“Si dicha declaración y no pago se reiterare por más de tres meses consecutivos o discontinuos en el lapso de un año calendario, la Administradora deberá dar aviso escrito a la Dirección del Trabajo a fin de proceder a los proceso de fiscalización a que haya lugar. Con todo, el empleador que no presentare como canceladas la totalidad de las cotizaciones previsionales del último año tributario al momento de efectuar la declaración de Impuesto a la Renta, no podrá impetrar como gastos necesarios para producir renta la totalidad de las remuneraciones que hubiere pagado en el respectivo período.”

C) Para agregar la siguiente oración en el inciso quinto –que pasa a ser séptimo- del artículo 19 del D.L. 3.500 de 1980, a continuación de su punto aparte, que pasa a ser seguido:

“Sin perjuicio de lo anterior, la liquidación de remuneraciones en que conste el descuento previsional efectuado por el empleador, constituirá título ejecutivo para proceder a la cobranza judicial de las cotizaciones no declaradas.”

- - Fue declarada inadmisible.

- - Indicación del Ejecutivo para introducir las siguientes modificaciones al numeral 9, del artículo 79:

a) para incorporar una nueva letra a), pasando las demás a numerarse correlativamente, del siguiente tenor:

a) “Agrégase en su inciso segundo a continuación de la palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo.”

b) Agrégase el siguiente encabezado nuevo, pasando el actual encabezado a ser letra b):

“9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19:”.

c) Agrégase la siguiente letra c), nueva:

“c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado a ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

“En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado, se entenderá para los efectos del presente artículo, como reconocida la existencia de cotizaciones impagas por parte de dicho empleador.”.”.

d) Agrégase la siguiente letra d), nueva:

“d) Agrégase a continuación del inciso final, los siguientes incisos nuevos:

“Reconocida la existencia de cotizaciones impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, las Administradoras deberán informar a la Tesorería General de la República, en la forma que determine una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones, los montos, reajustes e intereses que se encontraren impagos por concepto de cotizaciones previsionales, para efectos que aquel Servicio retenga dichos montos de la devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra devolución o crédito fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores morosos. La imputación y giro de los montos retenidos conforme a este artículo se sujetará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de la Ley N° 17.322. Si el empleador moroso pagare la totalidad de dichas cotizaciones impagas, la Administradora respectiva informará este hecho a la Tesorería General de la República en la forma que se señale en la norma de carácter general antes mencionada, para que aquélla libere dichos montos retenidos.

No obstante las sanciones establecidas en los incisos precedentes, los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.

Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado requisito.”.”.

- - Sometido a votación el numeral con la indicación fue aprobado por cuatro votos a favor y dos en contra.

NUMERAL 11

- - Indicación de la Diputada señora Goic, doña Carolina, y de los Diputados Duarte; Lorenzini; Olivares; Saffirio, y Silber, para incorporar en el numeral 11 un artículo 20 F nuevo, al decreto ley 3.500, del siguiente tenor:

“Artículo 20F.- El trabajador mayor de 35 años que haya efectuado cotizaciones voluntarias en su cuenta de capitalización individual, en cualquier fondo de la administradora en la que se encuentra afiliado o depósitos de ahorro previsional voluntario, en los términos contemplados en el artículo 20, y que no se favorezca en el respectivo año del beneficio tributario establecido en el artículo 18, por haber percibido una renta anual exenta de impuesto en razón de su monto, tendrá derecho a una bonificación por dichos ahorros, en la medida que no los retire y los destine a su cuenta de capitalización individual con el objeto de incrementar el monto de su pensión.

La bonificación, que se abonará al momento de pensionarse, consistirá en un aporte estatal equivalente al 10% de lo ahorrado. Esta bonificación no podrá ser, respecto de lo ahorrado en cada año, superior a un ingreso mínimo mensual.

Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes, se le aplicará una tasa de rentabilidad de un 4% real por cada año completo, contado desde el mes de enero siguiente al año calendario en que se haya efectuado la cotización o depósito y hasta el mes en que el trabajador cumpla la edad legal para pensionarse por vejez. La rentabilidad real, por los meses que excedan el último año completo, previo a que el trabajador cumpla la edad señalada, se pagará proporcionalmente al periodo anual.

Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra norma necesaria para su adecuada aplicación.”.

- - Fue declarada inadmisible.

- - Indicación del Ejecutivo para agregar en el numeral 11, el siguiente artículo 20 O nuevo:

“Artículo 20 O.- El trabajador que al momento de efectuar cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, perciba remuneraciones o rentas no afectas al impuesto a la renta y que, a su vez, destine todo o parte del saldo de dichos ahorros a adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de pensionarse, a una bonificación que consistirá en un aporte estatal que se abonará a la cuenta de capitalización individual del trabajador al momento de pensionarse.

El monto de esta bonificación será el equivalente al diez por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario colectivo, que aquél destine a pensión. En cada año calendario, la bonificación no podrá ser superior a un ingreso mínimo mensual del año en que se efectuó el ahorro.

Al monto total de la bonificación resultante se le aplicará una tasa de rentabilidad de un cuatro por ciento real por cada año completo, contado desde el mes de enero siguiente al año calendario en que se haya efectuado la cotización o depósito y hasta el mes en que el trabajador se pensione. La rentabilidad real por los meses que excedan el último año completo previo a que el trabajador se pensione, se pagará proporcionalmente al período anual.

Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra disposición necesaria para su adecuada aplicación.”.”

- - Puesto en votación el numeral, con la indicación, fue aprobado por siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

NUMERAL 15

“15. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:

a) Agregase en la tercera oración del inciso tercero a continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo, agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.

b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto, antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), la siguiente frase: “con excepción de aquél que exceda al monto necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.

c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.

d) Agrégase a continuación del inciso final los siguientes incisos finales nuevos:

“Los contratos que celebren las Administradoras de Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato.

Las Administradoras siempre serán responsables de las funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de calidad exigidos a las Administradoras.

Los contratos que celebren las Administradoras para la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán contemplar disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer la normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los términos establecidos en el N° 13 del artículo 94.”.”

- - Indicación del Ejecutivo para agregar en su numeral 15, al final del primer inciso incorporado por su letra d), la siguiente frase a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido:

“La mencionada norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o privadas de los servicios de información y atención de consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción de solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora para el trámite correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis de esta ley.”.”

- - Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.

NUMERAL 17

“17.- Elimínase en la segunda oración del inciso final del artículo 28 la frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.”

- - Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza; Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, para agregar el siguiente inciso segundo nuevo al artículo 28 del decreto ley 3.500 de 1980:

“La retribución establecida en el inciso anterior, se conformará a través de descuentos mensuales de la cotización del afiliado los que no podrán sobrepasar el 10% de ella. Con todo, el monto total nominal de la retribución por administración en el período en que se encuentre afiliado a la respectiva Administradora, no podrá exceder del 10% del monto total nominal de las cotizaciones enteradas en la cuenta del trabajador o afiliado. El cálculo anterior y su eventual ajuste, se verificará al momento en que el afiliado traspase sus fondos a otra Administradora o bien al momento de pensionarse, con respecto a la Administradora en que se encontrare afiliado.”

- - Fue declarada inadmisible.

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Intercálese en el numeral 17., a continuación de la expresión “Elimínase” lo siguiente “en su inciso primero la frase “de cargo de los afiliados” y”.”

- - Puesto en votación el numeral, con la indicación, fue aprobado por cinco votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.

NUMERAL 18

“18. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”, respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.

b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:

i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá establecerse sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que dieron origen a dichas cotizaciones.”.

ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los afiliados voluntarios”.

c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.

d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.”

- - Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza; Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, del siguiente tenor:

Para reemplazar el punto aparte del inciso primero del artículo 29 por una coma (,) agregando la siguiente frase final: “y en el inciso segundo del artículo 28.”

- - Fue declarada inadmisible.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

NUMERAL 43

“43. Agrégase el siguiente artículo 59 bis nuevo a continuación del artículo 59:

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma de carácter general que dicte la Superintendencia para tales efectos.

Estarán facultadas para participar en la licitación del seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la fecha de la licitación.

El seguro será adjudicado a la Compañía que presente la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva del riesgo de invalidez y sobrevevivencia.

La norma de carácter general a que se refiere el inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:

a) Criterio de adjudicación de los contratos;

b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;

c) El procedimiento de conformación y el número de grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que deberán diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;

d) El número máximo de grupos que una Compañía podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;

e) La duración del período licitado, debiendo ser el mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en ningún caso, ser inferior a un año ni superior a tres años; y

f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en las licitaciones.

La cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero. El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria para financiar el seguro.

Las Administradoras deberán transferir la cotización destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.

En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados que pagaron una cotización superior a dicha prima, de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.

Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del inciso tercero.

En caso de constitución de una nueva Administradora, ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.”

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Reemplázase en su numeral 43, en el inciso séptimo del artículo 59 bis.- la expresión “que pagaron” por “respecto de los cuales se pagó”.

- - Puesto en votación el numeral, con la indicación, fue aprobado por cinco votos a favor, dos en contra y ninguna abstención

NUMERAL 52

“52. Modifícase el artículo 69 de la siguiente manera:

a) Elimínase en el inciso primero la frase “originada por un segundo dictamen”.

b) Reemplázase en el inciso segundo la frase “, el afiliado acogido a pensión de invalidez total originada por un primer dictamen y el afiliado declarado inválido” por la expresión “y aquel”.”

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

“Introducese en su numeral 52., las siguientes modificaciones:

i) Agréguese en su letra a), a continuación de la frase “originada por un segundo dictamen” la siguiente oración “y agréguese a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador estará exento de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.

ii) Agréguese en su letra b), a continuación de la expresión “y aquel” la siguiente oración “y agréguese a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración “Asimismo, el empleador deberá pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59.”.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por cinco votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.

NUMERAL 74

“74. Agrégase los siguientes Títulos XV, XVI y XVII nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:

“TITULO XV

De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual

Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que, cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las ofertas.

Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un periodo determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten. Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en una Resolución fundada de la Superintendencia.

El período de permanencia en la Administradora adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del afiliado a la Administradora adjudicataria.

Transcurridos seis meses desde la fecha de la adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período correspondiente a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.

Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra Administradora.

La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en los Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento público para todos los efectos legales.

Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquéllas personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas como tales. Estas últimas deberán contar con la aprobación de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.

Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social mediante Decreto Supremo. Dichas bases estarán a disposición de los interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo menos, lo siguiente:

a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su ingreso promedio;

b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;

c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;

d) Monto de la garantía de implementación;

e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

f) Duración del período de permanencia en la Administradora adjudicataria;

g) Duración del período de mantención de la comisión licitada;

h) Proceso y mecanismos de adjudicación y desempate;

i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de la licitación;

j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de la licitación;

k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas regionales;

l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la Administradora.

Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una modificación a aquella, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.

La adjudicación del servicio se efectuará mediante resolución fundada de la Superintendencia.

La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis meses desde la fecha de adjudicación de servicio licitado. Esta comisión se hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.

Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo las condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la licitación.

La Superintendencia deberá asignar a los afiliados nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los siguientes casos:

a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales efectos;

b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las Administradoras que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de su afiliación al Sistema, según se determine en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados que se hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.

Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de la obligación establecida en el inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;

b) Incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;

c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;

d) En proceso de liquidación;

e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la adjudicataria de la licitación.

f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo 163, o

g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166.

A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.

Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.

Título XVI

Del Consejo Técnico de Inversiones

Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o modifique dicho régimen;

2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo 45 que efectúen los Fondos de Pensiones;

3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la Superintendencia;

4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;

5) Entregar una memoria anual de carácter público al Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado; y

6) Encargar la realización de estudios técnicos con relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.

Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las siguientes personas:

a) Dos miembros designados por el Presidente de la República. El primero de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá haber desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco Central de Chile;

b) Un miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile; y

c) Dos miembros elegidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones. El primero de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá poseer una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.

Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.

Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrá renovarse su designación o ser reelegido, según corresponda, por un nuevo período consecutivo, por una sola vez.

Junto con la designación de cada una de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia o impedimento de éste.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.

Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.

Serán causales de cesación de los miembros titulares y suplentes del Consejo las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;

b) Renuncia aceptada por quien los designó;

c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo;

d) Sobreviniencia de algunas de las causales de inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y

e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Título.

Los miembros titulares y suplentes y el Secretario Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena.

Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.

Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido por uno de los miembros designados por el Presidente de la República según éste lo disponga, sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el inciso quinto de este artículo.

El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.

El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando así lo solicite el Superintendente de Pensiones.

Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.

El Consejo acordará las normas necesarias para su funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que estarán sujetos sus integrantes.

La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.

Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta materia.

TITULO XVII

De la Asesoría Previsional

1. Del Objeto de la Asesoría Previsional

Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.

Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el caso, con una estimación de sus montos.

Artículo 172.- Crease el Registro de Asesores Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto dicte la Superintendencia.

2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los Asesores Previsionales.

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.

Sus socios, administradores, representantes legales y las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones que se establecen en este Título.

Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.

La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500 unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de fomento.

Artículo 174.- Los socios, los administradores, los representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;

b) Tener antecedentes comerciales intachables;

c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de educación media o estudios equivalentes;

d) Acreditar ante la Superintendencia los conocimientos suficientes sobre materias previsionales.

El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d) anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de la aprobación del examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d), y con una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la Superintendencia.

No podrán ser socios, administradores, dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Los procesados o condenados por delito que merezca pena aflictiva;

b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan prohibición de comerciar;

c) Las personas sancionadas con la cancelación o revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley;

d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se refiere el artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste, los directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las entidades que conforman su grupo empresarial, y

e) Quienes tengan la calidad de corredores y liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados para la asesoría e intermediación de rentas vitalicias.

Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia dictará una resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo, conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus actividades.

Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la Superintendencia.

Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas que asimismo pudieren corresponderles.

Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción o incumplimiento.

Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades establecidas en esta ley.

Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos al control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor Previsional, procederá:

a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción grave de ley, y

b) En el caso que no mantengan vigente el seguro referido en el artículo 75 de esta ley.

La declaración de infracción grave de ley corresponderá a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones establecidas en esta ley.

Declarada la infracción grave o constatado el incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y revoque la autorización para funcionar.

3. De la contratación de la Asesoría Previsional.

Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la Superintendencia.

La contratación de una asesoría previsional no importa, para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la recomendación que le fuere proporcionada.

Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los incisos segundo y tercero de este artículo.

Los afiliados o beneficiarios de pensión, según corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta destinado a pensión.

Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior, quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios de pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien de modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.

No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo 61 bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las Compañías de Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios, agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.

Las Administradoras y las Compañías de Seguros de Vida no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.

Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicable en lo que corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.

Se reserva el uso de la denominación "Entidad de Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y naturales a que se refieren el números dos de este Título.

Artículo 181.- Los socios, administradores y representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otras prestaciones diferentes a las propias de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier otro modo.”.

- - Indicación del Ejecutivo para introducir en su numeral 74 la siguiente modificación:

“Intercálase en la segunda oración del artículo 161 nuevo que incorpora dicho numeral, entre la preposición “con” y el artículo “la” la expresión “el certificado provisional de autorización a que se refiere el artículo 130 de la ley Nº 18.046 y”.

- - Puesto en votación el numeral con la indicación fue aprobado por siete votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención.

ARTICULO 81

“Artículo 81. Introdúcese la siguiente modificación a la Ley General de Bancos, cuyo texto refundido y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda:

Agréganse al artículo 70, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto:

“Asimismo, podrán también los bancos constituir filiales como sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, las que se sujetarán en todo, a las normas establecidas en el decreto ley N° 3.500, de 1980. En este sentido, se constituirán como sociedades anónimas especiales a las que se refiere el Título XIII de la ley N° 18.046, de Sociedades Anónimas y quedarán sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones.

Las filiales de bancos constituidas como Administradoras de Fondos de Pensiones deberán observar estrictamente el giro exclusivo al cual se refiere el artículo 23 del decreto ley N° 3.500 de 1980, quedándoles prohibido ofrecer u otorgar bajo circunstancia alguna, ya sea directa o indirectamente, ni aún a título gratuito, cualquier otro servicio o producto que resulte ajeno a su giro exclusivo.

El banco matriz de una Administradora de Fondos de Pensiones no podrá subordinar el otorgamiento de los servicios o productos propios de su giro a la afiliación, incorporación o permanencia de una persona en la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones de la cual es matriz. Igualmente, no podrá supeditar el otorgamiento de condiciones más favorables en razón de tales circunstancias.”.”

- Indicación de las señoras Diputadas Allende, doña Isabel; Goic, doña Carolina; Muñoz, doña Adriana; Pacheco, doña Clemira, y Vidal, doña Ximena, y de los señores Aguiló; Alinco; De Urresti; Díaz, don Marcelo; Enriquez-Ominami; Jiménez; León; Meza; Montes; Quintana; Saffirio, y Sule, del siguiente tenor:

“Agrégase la siguiente oración al inciso tercero nuevo propuesto para el artículo 70 de la Ley General de Bancos, a continuación de su punto aparte, que pasa a ser seguido:

“El Banco del Estado o Bancoestado, se entiende por esta norma, expresamente autorizado o facultado para desarrollar actividades en el campo provisional en las condiciones y con los requisitos que se establecen en esta ley.”.

- - Fue declarada inadmisible.

- - Puesto en votación el artículo fue aprobado por cinco votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

ARTICULO 86

Artículo 86. Las expresiones pensión básica solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez, empleadas en los artículos 84 y 85 precedentes y en el decreto ley N° 3.500, de 1980, corresponden a las definidas en al artículo 2° de la presente ley.

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

Para incorporar el siguiente inciso segundo nuevo:

“La alusión efectuada por el artículo 17 del decreto ley N° 3.500, de 1980, a los trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional, corresponde a aquellos trabajadores beneficiados por el subsidio establecido en el párrafo tercero del Título III del presente proyecto de ley.”.

- - Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Párrafo Primero

Artículo octavo.- Las personas que perciban pensión de vejez o jubilación, a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, de cualquiera de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, o que obtengan dicha pensión o jubilación en el futuro de alguno de ellos, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez establecido en el Párrafo tercero del Título I de esta ley, cuando la pensión base sea de un monto inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario que señala el artículo 13 de la presente ley, y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° de esta ley.

El aporte previsional solidario de vejez a que tengan derecho las personas señaladas en el inciso anterior, se calculará de acuerdo a lo establecido en la letra f) del artículo 2°. Para ello, la pensión base corresponderá a la suma de cualquier pensión que perciba de alguno de los regímenes previsionales señalados en el inciso anterior, incluidas las bonificaciones de las leyes N°s 19.403; 19.539 y 19.953, según corresponda.

Si las personas a que se refiere el inciso primero, además perciben pensión o pensiones del sistema establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, el aporte previsional solidario de vejez a que tengan derecho, se calculará de acuerdo a lo establecido en los artículos 10 u 11, según corresponda. En este caso, la pensión base será la señalada en el inciso anterior más el monto de la pensión autofinanciada de referencia y el de las pensiones de sobrevivencia que el beneficiario perciba de conformidad a dicho decreto ley. Respecto de aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia del Título I de la presente ley, se encuentren pensionados de vejez de acuerdo al mencionado decreto ley, la pensión autofinanciada de referencia se determinará a la data de obtención de dicha pensión de vejez, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en una norma de carácter general.

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

Para agregar en su inciso primero, a continuación de la expresión “jubilación,” la frase o pensión de viudez,”.

- - Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Artículo vigésimo quinto.- Las modificaciones que el Título V de esta ley introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, entrarán en vigencia el primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

Para agregarle el siguiente inciso segundo:

“Las modificaciones que el artículo 20 O, incorporado por el número 11. del artículo 79 de esta ley, introduce al decreto ley N° 3.500, de 1980, serán aplicables a las cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro previsional voluntario y depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo que se efectúen a contar de la vigencia de las disposiciones señaladas en el inciso precedente.”.

- - Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por ocho votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

C.- ARTÍCULOS QUE FUERON OBJETO DE SUGERENCIAS.

Los artículos 9, 30, 36. 41. 53, 59, 60, 64, 66, 70, numerales 6 y 8 del artículo 76, numerales 1, 3, 5, 8, 38, 42, 43, 47, 48 y 74 del artículo 79, fueron objeto de sugerencias por parte de los señores Diputados de la Alianza por Chile integrantes de la Comisión, los que se reproducen a continuación:

ARTICULO 9

“Artículo 9°. Serán beneficiarias del aporte previsional solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° y que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario.

Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del artículo 3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.”

- - Sugerencia (1) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para agregar en el primer inciso del artículo 9 a continuación de “1980” lo siguiente: “y aquellas que sean titulares de una pensión por vejez o montepío de cargo del Instituto de Previsión Social, continuador legal del Instituto de Normalización Provisional”.

- - Fue retirada por sus autores.

- - Sometido a votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (10).

ARTICULO 30

“ Artículo 30. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará los casos en que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que reconsidere la composición de su grupo familiar, para lo cual podrá requerir que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo 4°, en función de factores, tales como, personas que viven o no a expensas del peticionario, residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°, considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población. Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización que determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile; la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.”.

- - Sugerencia (2) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para sustituir el articulo 30 por el siguiente:

“Artículo 30.- Créase un Consejo Previsional, que funcionará en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y que tendrá por misión dictar las normas para establecer la forma de acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; para determinar quiénes componen un hogar; señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°, considerando, a lo menos, el ingreso total de cada hogar. El o los instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población. Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización que determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile; la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.

El Consejo estará integrado por el Subsecretario de Previsión Social, que lo presidirá, y cuatro miembros designados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, que prestará su asentimiento en una única votación al conjunto de los propuestos y adoptará el acuerdo por las cuatro séptimas partes de sus integrantes. Los miembros así designados durarán tres años en su cometido y podrán se designados nuevamente para el cargo sólo en una oportunidad. En caso de incapacidad o renuncia de un miembro, este será sustituido por el Presidente con acuerdo del Senado, en los términos señalados, por el lapso que faltare al integrante que cesó en su puesto.”.

- - La sugerencia fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Sometido a votación el artículo fue aprobado por siete votos a favor, dos en contra, y tres abstenciones.

ARTICULO 36

“Artículo 36.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:

1. Suprímase el inciso tercero del artículo 1°.

2. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:

a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

b) Reemplazase en el inciso final la expresión: “pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima a que se refiere el Título VII, ni”.

4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.

5. Suprímense en los incisos primero y segundo del artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere el Título VII, cuando corresponda”.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62:

a) Reemplázase en el inciso segundo en la última oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.

c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

7. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62 bis:

a) Reemplázase en la última oración del inciso primero la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.

b) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

8. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65:

a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

b) Reemplázase en la primera oración del inciso séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

10. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65 bis:

a) Reemplazase en la segunda oración del inciso primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, éste” y la expresión “la mínima”, por la palabra: “la pensión básica solidaria”.

b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

11 Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 68:

a) Reemplazase en la letra b) del inciso primero la oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

b) Elimínese el inciso cuarto.

- - Sugerencia de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para agregar un Nº 12 nuevo al artículo 36 del siguiente tenor:

“12. Introdúzcanse las siguientes modificaciones al artículo 82:

a) Reemplazase, en el inciso tercero, la oración “cien por ciento de las pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73” por la siguiente:

“cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

b) Sustitúyase, en el inciso quinto, la expresión “pensión mínima” por “pensión mínima con aporte solidario”.”

- - Fue retirada por sus autores.

“Párrafo tercero

Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones

Artículo 41. Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario, que la presidirá.

La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de dicho sistema.

La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.

La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los órganos públicos pertinentes.

Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un límite máximo mensual de doce unidades de fomento.”

- - Sugerencia (4) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para sustituir el epígrafe del párrafo tercero “Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones” por “Consejo previsional”, y el artículo 41 por el siguiente:

“Artículo 41.- El Consejo Previsional que se crea por el artículo 30, tendrá además por función realizar los estudios de los costos e incidencia fiscal de los sistemas previsionales que tengan financiamiento del Estado. Para este fin, deberá encargar cada 10 años un estudio actuarial del sistema previsional a especialistas independientes. El documento deberá evaluar el valor de las obligaciones del fisco asociadas a las normas previsionales vigentes, explicitándose los supuestos, la sensibilidad de los resultados respecto de ellos y el detalle de los resultados anuales para el período proyectado. Se entregará a su vez un análisis por separado para los componentes más importantes de los compromisos fiscales, individualizando beneficios tales como las pensiones básicas y los aportes solidarios, los bonos por hijo nacido vivo, y el cálculo anticipado del aporte complementario.

Estos informes serán públicos y en todo caso, deberá remitirse copia al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados.

Con todo, cada vez que se pretendan alterar los parámetros que la ley considera para el sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez, o el tope imponible, la edad de jubilación y la cobertura, se realizará extraordinariamente un estudio en los términos referidos en el inciso anterior, y se anexará una copia del mismo al informe financiero que debe acompañar el proyecto de ley que introduce esas modificaciones.”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete votos a favor y cuatro abstenciones.

ARTICULO 53

“Artículo 53. El Instituto de Previsión Social tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;

2. Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III;

3. Administrar el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;

4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N° 3.500, de 1980;

5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos relativos a temas propios de sus funciones;

6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la Ley N°16.744;

7. Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de Atención Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como recepción, tramitación o participación en el proceso de tramitación de los beneficios que concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios; recepción y tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por Decreto Supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y

8. Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito de su competencia.”

- - Sugerencia de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para eliminar el numeral 5 del artículo 53 del proyecto.

- - Fue desetimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete votos a favor y cinco abstenciones.

ARTICULO 59

“Artículo 59. Los Centros de Atención Previsional Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:

1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda para su tramitación, participando en la transmisión y recepción de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para la concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al Sistema o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia, la selección de modalidad de pensión a que alude el inciso segundo del artículo 61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980, remitiéndola posteriormente a la Administradora que corresponda;

2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su otorgamiento, modificación o cese;

3. Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;

4. Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes que administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social;

5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que señala el artículo 53 número 7., de esta ley, y

6. Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones antedichas.”.

- - Sugerencia (6) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para introducir las siguientes modificaciones al artículo 59:

a) Eliminar el número 1, pasando los actuales Nº 2 a 5 a ser 1 a 4, respectivamente.

b) Agregar, en el Nº 2 que pasa a ser Nº 1, la siguiente oración a continuación de las expresiones “modificación o cese”, pasando el punto y coma (;) que las sigue a ser punto seguido (.):

“Para estos efectos, el Instituto de Previsión Social podrá requerir de la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda la información estrictamente necesaria para determinar la procedencia y el monto de los referidos beneficios;”.

c) Reemplazar el Nº 3 que pasa a ser Nº 2 por el siguiente:

“2. Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I de esta ley”.

d) Introducir el siguiente Nº 5 nuevo:

“5. Prestar a los afiliados de una Administradora de Fondos de Pensiones, los servicios que ésta convenga con el Instituto de Previsión Social de acuerdo a lo que dispone el artículo 60”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puestos en votación los numerales del artículo se dieron los siguientes resultados:

- - numeral 1, se aprobó por siete votos a favor y cuatro en contra.

- - numeral 2, se aprobó por once votos a favor.

- - numeral 3, se aprobó por siete votos a favor y cuatro abstenciones.

- - numeral 4, se aprobó por once votos a favor.

- - numeral 5, se aprobó por siete votos a favor y cuatro en contra.

- - numeral 6, se aprobó por siete votos a favor y cuatro en contra.

ARTICULO 60

“Artículo 60. Para los efectos de lo dispuesto en el número 1. del artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará facultado para participar a través de los Centros de Atención Previsional Integral, del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión a que alude el artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pudiendo transmitir en representación de los afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra dicho cuerpo legal, las solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso octavo de esta norma, como asimismo, para recibir las ofertas de rentas vitalicias de las Compañías de Seguros de Vida y los montos de retiro programado calculados por las Administradoras, en los términos indicados en la letra c) de este inciso. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general que regulará esta materia.

La incorporación del Instituto de Previsión Social al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará en los mismos términos a que aluden los incisos noveno, décimo, undécimo y décimo segundo del citado artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980.”

- - Sugerencia (7) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 60.- Los convenios a que se refiere el número 5 del artículo 59 podrán tener por objeto una o más de las siguientes actividades:

a) Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980.

b) Recibir las solicitudes de pensión de vejez y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones para su tramitación.

c) Transmitir las solicitudes y recibir las informaciones a que se refieren las letras a) y c), respectivamente, del inciso 8º del artículo 61 bis del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980.

La utilización de los Centros de Atención Previsional Integral en el marco de los convenios a que hace referencia el inciso precedente, será siempre voluntaria para los afiliados y sus representantes. Dichos centros no podrán, en caso alguno, ser mandatarios en los términos a que se refiere el inciso 2º del artículo 61 bis del Decreto Ley Nº 3.500.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones podrán celebrar convenios de la misma naturaleza de aquellos a que hace referencia el inciso primero de este artículo con entidades privadas, los que podrán abarcar todo o parte del territorio nacional.

La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter general, las regulaciones a que deberán sujetarse los convenios a que se alude en este artículo. En todo caso, dichas regulaciones deberán ser las mismas para los convenios que se suscriban con el Instituto de Previsión Social y para los que se suscriban con entidades privadas”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete votos a favor y cinco abstenciones.

ARTICULO 64

“Artículo 64. La mujer que cumpla con el requisito de permanencia establecido en el literal c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del presente Párrafo.”

- - Sugerencia (8) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para agregar en el artículo 64, después de la expresión “, de 1980,” la siguiente frase “que sea titular de una pensión por vejez de cargo del Instituto de Previsión Social, de la Caja de la Defensa Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros,”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el artículo fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.

ARTICULO 66

“Artículo 66. A la mujer afiliada al sistema del decreto ley 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de edad.

Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2°, considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El resultado de este cálculo incrementará su pensión básica solidaria.

En el caso de una mujer que perciba una pensión de sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional solidario que le corresponda.”

- - Sugerencia (8) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para agregar en el artículo 66 el siguiente inciso final:

“Tratándose de una mujer que sea titular de una pensión por vejez de cargo del Instituto de Previsión Social, de la Caja de la Defensa Nacional o de la Dirección de Previsión de Carabineros, la bonificación se calculará e incorporará a la pensión conforme el inciso segundo.”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

ARTICULO 70

“Artículo 70. Al considerar la situación en materia de beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo económico del que resulte una compensación, el juez podrá ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500 de 1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización voluntaria, que se abra al efecto.

Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.”

- - Sugerencia (9) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para eliminar en el inciso 1° del artículo 70, la palabra “voluntaria” y agregarle los siguientes párrafos finales, pasando el actual punto aparte a ser punto seguido:

“En este caso, el juez deberá siempre fijar como traspaso una proporción del total de los fondos; esta proporción se aplicará por igual a las cotizaciones obligatorias, y a las cotizaciones voluntarias y los depósitos convenidos, cuyos montos se traspasarán en igual calidad a las respectivas cuentas del cónyuge beneficiario. Tales traspasos no se considerarán retiro para ningún efecto legal. Si el cónyuge beneficiario después retirare los fondos, cuando fuere procedente, será el único responsable de los impuesto que pudieren afectarles.”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

ARTICULO 76

NUMERALES 6 y 8

“Artículo 76. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:

6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:

“Artículo 90.- La renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá a la del último día del mes de diciembre.

Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de la Superintendencia.

Los trabajadores independientes que no perciban rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de aquellas conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.

Se entenderá por “año calendario”, el período de doce meses que termina el 31 de diciembre.”.

- - Sugerencia (10) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo para reemplazar en el Nº 6 del artículo 76, el inciso tercero del artículo 90.- nuevo, por el siguiente:

“Las demás personas naturales residentes en Chile que perciban rentas tributables de cualquier especie, podrán cotizar voluntariamente conforme a las normas del presente párrafo y las cotizaciones serán deducibles conforme con la letra b) del artículo 56 de la Ley de Impuesto a la Renta.”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (11).

8.- Incorpórense los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 92:

“Artículo 92 (A).- Las Administradoras de Fondos de Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe simultáneamente remuneraciones durante ese período.

A más tardar el último día del mes de febrero de cada año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de Pensiones, mediante norma de carácter general, regulará la forma de entregar la información a que se refiere este artículo.

Artículo 92 (B).- En el mes de febrero de cada año, el Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92, en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los trabajadores independientes.

Artículo 92 (C).- La comisión a que tendrán derecho las administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para su aplicación.

Artículo 92 (D).- El Servicio de Impuestos Internos determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados, considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este reglamento.

Artículo 92 (E).- Para los efectos del seguro de invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1° de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad, estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1° de mayo del año en que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado cálculo.

Artículo 92 (F).- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, con cargo a las cantidades retenidas en conformidad a lo establecido en los artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos, durante la primera quincena del mes de mayo, comunicará a la Tesorería General de la República la individualización de los afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

La Tesorería General de la República deberá enterar, con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo Nacional de Salud.

Artículo 92 (G).- Si las cantidades señaladas en el inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.

Artículo 92 (H).- A los trabajadores independientes del artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los incisos octavo a décimo noveno del artículo 19, en los mismos términos establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo séptimo de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14; 18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio, de los demás bienes que las leyes prohiban embargar.

Al trabajador independiente señalado en el artículo 89, que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con aporte solidario.

La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65 años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere superior a 60, se considerará esta última.

Artículo 92 (I).- Los trabajadores independientes afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente Párrafo.”.

- - Sugerencia (11) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para agregar, al final del Nº 8 del artículo 76, un Artículo 92 (J) nuevo del siguiente tenor:

“Artículo 92 (J).- Los trabajadores independientes quedarán liberados de la obligación de afiliarse al Sistema señalada en el artículo 89, y de la de enterar las cotizaciones establecidas en el Título III, según lo dispuesto en el artículo 92, si contratan un seguro de vida con alguna de las Compañías de Seguros autorizadas para operar en Chile, que tenga por objeto cubrir las pensiones de sobrevivencia e invalidez y acumular un ahorro para financiar pensiones durante la vejez, con una prima igual o superior al monto de las cotizaciones del Título III.

Este seguro de vida deberá sujetarse a las condiciones generales y demás disposiciones que para estos efectos dicte la Superintendencia de Valores y Seguros en una norma de carácter general. En todo caso, dichas condiciones deberán contemplar que el seguro cubra las mismas contingencias del seguro señalado en el artículo 59, todo ello con el objeto de otorgar pensiones de invalidez y sobrevivencia en conformidad a lo señalado en los artículos 4 al 12. Asimismo, el seguro deberá acumular un ahorro que no podrá ser retirado por los asegurados hasta cumplir las edades para tener derecho a pensión de vejez conforme al artículo 3, o cumplir los requisitos del artículo 68. El seguro deberá contemplar la opción de contratar un seguro de renta vitalicia para el retiro de los fondos en los términos del artículo 62 u otra de las modalidades de pensión de las que se señalan en el Título VI. El seguro deberá contemplar la posibilidad que el asegurado traslade libremente, antes de contratar una renta vitalicia, los fondos ahorrados a otra Compañía de Seguros o a una Administradora de Fondos de Pensiones.

Las Compañías de Seguros deberán efectuar la misma certificación de las Administradoras que se señala en el artículo 92 (A) respecto de las primas pagadas por este seguro. Asimismo, a las primas pagadas le serán aplicables las mismas disposiciones respecto de las cotizaciones obligatorias que se señalan en los artículos 92 (F), 92 (G) y 92 (H).”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete votos a favor ninguno en contra y seis abstenciones.

ARTICULO 79

NUMERAL 1

“Artículo 79. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 3.500, de 1980:

“1. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2°:

a) Agrégase al final del inciso primero antes del punto aparte (.) la expresión: “afiliados voluntarios”.

b) Elimínase en la primera oración de inciso sexto, la siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración “En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado en el Título XV.”.”

- - Sugerencia (12) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo para sustituir en la letra b) del Nº 1 de artículo 79, el párrafo que dice “En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado en el Título XV.”, por el siguiente:

“En caso de afiliados nuevos y que no hubieren optado por alguna administradora, el empleador deberá enterar las cotizaciones en aquellas administradoras que tengan vigente la menor comisión por depósito de cotizaciones, de entre las 3 que hayan alcanzado en el año calendario anterior, las mayores rentabilidades en los fondos que le correspondan a la persona, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 23”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por siete votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones.

NUMERAL 3

“3. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4°:

a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”. A su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único.”.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto, según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b) del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.

c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase siguiente: “desde el cuarto mes”.

d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras “parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.

e) Intercálase en la primera oración del inciso final entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.”

- - Sugerencia de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para:

- - sustituir en el texto nuevo del inciso 3º del artículo 4º del Decreto Ley Nº 3.500, que contiene la letra b) del Nº 3 del artículo 79, la expresión “Administradoras” por la expresión “Compañías de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”, y la expresión “Administradora a que estuviere afiliado”, por la frase “Compañía de Seguros de Vida que correspondiere de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis

- - agregar el siguiente Nº 3 bis al artículo 79:

“3 bis. Sustitúyase el inciso 2º del artículo 5º por el siguiente:

“Cada afiliado deberá acreditar a la compañía de seguros de vida que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis, la existencia de sus eventuales beneficiarios, por los medios legales pertinentes. El afiliado podrá entregar los respectivos antecedentes en la Administradora que corresponda, la que se limitará a remitir lo que reciba a la antes señalada compañía de seguros de vida”.

- - Fueron desestimadas por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.

NUMERAL 5

“5. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“El afiliado podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza con el objeto que lo asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las sesiones de las Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud. Si no ejerciere dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y mantendrá la Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo.”.

b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:

“El reglamento normará la organización, las funciones de las Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán para el cumplimiento de su cometido.”.

c) Suprímese el actual inciso tercero.

d) Intercálese en el enunciado del inciso quinto entre las palabra “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”.

e) Intercálese al final de la tercera oración del inciso noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la siguiente oración: “, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera”.

f) Reemplazase en la primera oración del inciso duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.”

- - Sugerencia (15) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para:

a) Para reemplazar en la tercera oración del inciso 2º nuevo que propone incorporar la letra a), la expresión “a que se refiere el artículo 59” por la expresión “a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”, y para eliminar la la frase “, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto”.

b) Para incorporar la siguiente letra a bis):

“a bis) Sustitúyase en la primera oración del actual inciso 2º que ha pasado a ser 3°, la frase “Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán administrar y financiar en conjunto, en la proporción que corresponda de acuerdo al número de afiliados que soliciten pensión de invalidez en cada una de ellas,” por la frase “Las Compañías de Seguro de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis deberán administrar y financiar”.

c) Para incorporar la siguiente letra c bis):

“c bis) Sustitúyase en la segunda oración del inciso 4º, la expresión “por las Administradoras” por la expresión “por las Compañías de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

d) Para reemplazar la letra d) por la siguiente:

“d) Sustitúyase en el inciso 5º la frase “Los dictámenes que emitan las Comisiones serán reclamables por el afiliado afectado, por la Administradora a la cual éste se encuentre incorporado y por las compañías de seguro a que alude el inciso tercero”, por la frase “Los dictámenes que emitan las Comisiones serán reclamables por el afiliado afectado y por las Compañías de Seguro de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

e) Para incorporar la siguiente letra d bis):

“d bis) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso 6º:

i) Reemplázase en la primera oración la expresión “por la Administradora” por la expresión “por la Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

ii) Reemplázase en la primera oración la expresión “de la Administradora o de una compañía de seguros” por la frase “de la Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

iii) Reemplázase en la segunda oración la frase “de la Administradora, si el reclamo ha sido interpuesto por ésta o por el afiliado, o de cargo de la compañía de seguros, si fuera ella la reclamante” por la frase “de la Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

g) Para incorporar la siguiente letra d ter):

“d ter) Reemplázase en el inciso 7º la expresión “Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentra afiliado” por la expresión “Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

h) Para sustituir la letra f) por la siguiente:

“f) Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso 12º:

1) Reemplázase en la primera oración la expresión “inciso octavo” por la expresión “inciso noveno” y la expresión “a la compañía de seguros pertinente” por la expresión “a la Compañía de Seguros de Vida que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis”.

2) Reemplázase en la segunda oración la expresión “la Administradora” por la siguiente: “la Compañía de Seguros de Vida que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis”

i) Para incorporar la siguiente letra g) nueva:

“g) Reemplázase en el inciso 13º la expresión “Administradora” por la expresión “la Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

j) Para incorporar la siguiente letra h) nueva:

“h) Reemplázase en el inciso 14º la expresión “Administradora” por la expresión “la Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

- - Fueron desestimadas por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (12).

NUMERAL 8

“8. Modifícase el artículo 16 de acuerdo a lo siguiente:

a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:

“La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.

El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día hábil de cada año.

Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.”

- - Sugerencia (16) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para incorporar el siguiente numeral 8 bis al artículo 79:

“8 bis.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17º:

a) Elimínase en la primera oración del inciso 2º la frase “, incluido el pago de la prima de seguro a que se refiere el artículo 59”.

b) Incorpórase el siguiente inciso 3º nuevo, pasando los actuales incisos 3º a 6º a ser incisos 4º a 7º, respectivamente:

“Deberán pagar también la prima del seguro a que se refiere el artículo 59. El respectivo monto será recaudado por las Administradoras y transferido por éstas a la Compañía de Seguros de Vida que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis. Las Administradoras dejarán constancia del referido pago en un documento separado de aquel o aquellos en que conste el pago de las cotizaciones a que se refieren los incisos precedentes”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Sugerencia (16) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para incorporar el siguiente numeral 8 bis al artículo 79:

“8 bis.- Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 17º:

a) Elimínase en la primera oración del inciso 2º la frase “, incluido el pago de la prima de seguro a que se refiere el artículo 59”.

b) Incorpórase el siguiente inciso 3º nuevo, pasando los actuales incisos 3º a 6º a ser incisos 4º a 7º, respectivamente:

“Deberán pagar también la prima del seguro a que se refiere el artículo 59. El respectivo monto será recaudado por las Administradoras y transferido por éstas a la Compañía de Seguros de Vida que corresponda de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 59 y 59 bis. Las Administradoras dejarán constancia del referido pago en un documento separado de aquel o aquellos en que conste el pago de las cotizaciones a que se refieren los incisos precedentes”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

NUMERAL 38

c) Suprímese en la letra b) del inciso primero la expresión “conforme al primer dictamen,”.

d) Intercálase en la primera oración del inciso segundo entre la expresión “invalidez” y la palabra “que”, la expresión “parcial”.”

“38. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 54:

a) Reemplázase el enunciado del inciso primero por el siguiente:

“La Administradora será exclusivamente responsable y obligada al pago de las pensiones parciales originadas por el primer dictamen de invalidez, y a enterar el aporte adicional en la cuenta de capitalización individual de los afiliados declarados inválidos totales y de los afiliados no pensionados que fallezcan, en los siguientes casos:”.

b) Suprímese en la letra a) del inciso primero la expresión “conforme al primer dictamen,”, y agrégase al final de esta letra, antes de la conjunción “y” la siguiente frase: “o se encontrare en la situación señalada en el artículo 92 L si se trata de un afiliado voluntario,”.

- - Sugerencia de los Diputados Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para introducir las siguientes modificaciones al Nº 38 de su artículo 79:

a) Sustituir en el nuevo texto del enunciado del inciso 1º del artículo 54 del DL 3500 que se contiene en la letra a) la expresión “la Administradora” por la expresión “la Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

b) Incorporar la siguiente letra a bis):

“a bis) Reemplázase en la letra a) del inciso 1º la expresión “cotizando en ella” por la expresión “cotizando en una Administradora”.

c) Incorporar la siguiente letra e):

“e) Reemplázase en el inciso 2º la expresión “Administradora” las dos veces que aparece, por la expresión “Compañía de Seguros de Vida a que se refieren los artículos 59 y 59 bis”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala (12).

NUMERAL 42

“42. Modifícase el artículo 59 de la siguiente forma:

a) Modifícase el inciso primero de acuerdo a lo siguiente:

i.Sustitúyese en el enunciado la expresión: “la Administradora contratará” por la siguiente: “las Administradoras contratarán en conjunto,”.

ii. Agrégase en la letra a) a continuación de la palabra “inválido” la palabra “parciales”.

iii. Agrégase al final de la letra b) antes del punto y coma (;), la siguiente frase “y a los afiliados declarados inválidos totales”.

iv. Sustitúyese en las letras c) y d) la expresión “generen pensiones de sobrevivencia” por la palabra “fallezcan”.

b) Agrégase un nuevo inciso segundo, pasando a ser los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto respectivamente:

“El Contrato de Seguro a que se refiere este artículo deberá convenirse sobre la base de una prima fija y única, calculada como un porcentaje de la renta imponible del afiliado. En ningún caso dicho contrato podrá contener disposiciones referidas a ajustes de siniestralidad, participación por ingresos financieros y cualquier otra estipulación que modifique la prima fija y única antes mencionada.”.

c) Sustitúyese en la segunda oración del inciso tercero la expresión “la Compañía de Seguros” por la siguiente: “las Compañías de Seguros de Vida que se adjudicaron la licitación de acuerdo a lo que se establece en el artículo 59 bis”.”

- - Sugerencia (22) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Recondo, y Salaberry, para introducir las siguientes modificaciones al numeral 42:

a) Sustitúyase el acápite i. de la letra a) por el siguiente:

“i. Reemplázase el enunciado del inciso 1º por el siguiente:

“Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54, las Administradoras contratarán en conjunto un seguro que deberá ser suficiente para cubrir íntegramente lo siguiente:”

b) Incorpórase la siguiente letra c) nueva, pasando la actual letra c) a ser letra d):

“c) Reemplázase el inciso 2º que ha pasado a ser 3º por el siguiente:

“Se entiende para todos los efectos y por el solo ministerio de la ley que la única responsabilidad de las Administradoras en relación a lo establecido en el artículo 54, consiste en la contratación del seguro a que se refieren este artículo y el 59 bis”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por siete votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones.

NUMERAL 43

“43. Agrégase el siguiente artículo 59 bis nuevo a continuación del artículo 59:

“Artículo 59 bis.- El seguro a que se refiere el artículo anterior será adjudicado mediante una licitación pública. El proceso de licitación será efectuado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en conjunto, y se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación, las que se sujetarán a lo dispuesto en la norma de carácter general que dicte la Superintendencia para tales efectos.

Estarán facultadas para participar en la licitación del seguro, las Compañías de Seguros de Vida que se encuentren constituidas a la fecha de la licitación.

El seguro será adjudicado a la Compañía que presente la mejor oferta económica, pudiendo adjudicarse a más de una Compañía con el objeto de evitar una concentración excesiva del riesgo de invalidez y sobrevevivencia.

La norma de carácter general a que se refiere el inciso primero regulará la forma y procedimiento a que se sujetará el proceso de licitación, y las condiciones mínimas que contemplarán las Bases de Licitación. Dicha norma estipulará, a lo menos, lo siguiente:

a) Criterio de adjudicación de los contratos;

b) La forma de cálculo de la prima que será pagada a las Compañías adjudicatarias y de aquélla necesaria para financiar el seguro;

c) El procedimiento de conformación y el número de grupos de afiliados para ser licitados en un mismo proceso, los que deberán diferenciarse únicamente en razón del sexo de los afiliados;

d) El número máximo de grupos que una Compañía podrá adjudicarse conforme a lo dispuesto en el inciso precedente;

e) La duración del período licitado, debiendo ser el mismo para todos los contratos suscritos en un mismo proceso y, en ningún caso, ser inferior a un año ni superior a tres años; y

f) La mínima clasificación de riesgo que deberán tener las Compañías que participen en la licitación. Por su parte, las Compañías cuya menor clasificación de riesgo sea igual o inferior a BB no podrán participar en las licitaciones.

La cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos los afiliados al Sistema, independientemente de la prima establecida en los contratos que las Administradoras celebren con cada Compañía de Seguros, en el respectivo proceso de licitación. La forma de cálculo de esta cotización será establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero. El valor de dicha cotización no podrá ser superior a la máxima prima necesaria para financiar el seguro.

Las Administradoras deberán transferir la cotización destinada al financiamiento del seguro a las Compañías de Seguros adjudicatarias, en la forma que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.

En caso de existir una diferencia, en razón del sexo de los afiliados, entre la cotización destinada al financiamiento del seguro y la prima necesaria para financiarlo, las Administradoras deberán enterar la diferencia en cada una de las cuentas de capitalización individual de aquellos afiliados que pagaron una cotización superior a dicha prima, de acuerdo a lo que establezca la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.

Los trabajadores que se incorporen al Sistema durante un período licitado serán asignados a los contratos vigentes en la misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del inciso tercero.

En caso de constitución de una nueva Administradora, ésta deberá adherir a los contratos de seguro vigentes, adquiriendo todos los derechos y obligaciones establecidos en aquéllos.”.”

- - Sugerencia de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry y Recondo, para introducir las siguientes modificaciones al artículo 59 bis:

a) Para intercalar, a continuación del inciso 2° del artículo, un inciso 3° nuevo, pasando el actual inciso 3° a ser inciso 4° y así sucesivamente con los incisos siguientes, cuyo texto es del tenor que se indica a continuación:

“El seguro será licitado en dos grupos separados, de acuerdo al sexo de los afiliados.”

b) Para sustituir el actual inciso 3° del artículo, por los siguientes tres incisos nuevos, cambiándose la ubicación de los incisos siguientes correlativamente dentro del artículo:

“El seguro será adjudicado, a lo menos, a tres Compañías que deberán actuar en coseguro. En ningún caso una misma compañía podrá tener un porcentaje del coseguro superior al 40%, en cada uno de los grupos licitados.

Podrán presentarse a la licitación tres o más compañías organizadas, previamente, en un coseguro, presentando ofertas hasta por el 100% del seguro. También podrán presentarse compañías en forma individual indicando el porcentaje del coseguro que aspiran asumir, el que en ningún caso podrá ser superior al 40%.

La adjudicación se hará a las compañías o grupos de compañías que efectúen las mejores ofertas económicas, por el monto del coseguro solicitado por ellas en la oferta, salvo en el caso de la última compañía con la que se complete el 100%, a la que se asignará el porcentaje remanente.”

c) Para introducir las siguientes modificaciones al actual inciso 4°:

i) Suprímanse las letras a) y c).

ii) Sustitúyase la letra d) por la siguiente:

“d) La forma en que se determinará la compañía administradora del coseguro y la remuneración que percibirá de las demás compañías por realizar tal función.”

d) Para sustituir el actual inciso 5° por el siguiente:

“La cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 17, expresada como un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles, tendrá el carácter de uniforme para todos los afiliados al Sistema, y será equivalente al promedio de las ofertas cotizadas en el proceso de licitación para el grupo de afiliados hombres, ponderadas por el porcentaje de coseguro asignadas a cada una de las compañías adjudicatarias. La forma de cálculo de esta cotización será establecida en la norma de carácter general a que se refiere el inciso primero.”

e) Suprímase, en el actual inciso 8°, la frase “en la misma forma en la cual se constituyeron los grupos de afiliados indicados en la letra c) del inciso tercero”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por cinco votos a favor, dos en contra.

NUMERAL 47

“47. Reemplázase en la tercera oración del inciso cuarto del artículo 64 la siguiente frase: “que resulte del promedio ponderado entre la rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo y la tasa de interés implícita en las rentas vitalicias otorgadas según esta ley, en la forma que señale la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones,” por “calculada”. Asimismo, reemplazase la última oración de este inciso por la siguiente: “Para el cálculo de esta tasa se podrán considerar parámetros tales como, la tasa implícita de las rentas vitalicias, el promedio de rentabilidad real de los Fondos de Pensiones y las tasas de interés de largo plazo vigentes al momento del cálculo.”.”

- - Sugerencia (24) de los Diputado señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para sustituir el numeral 47 por el siguiente:

“47. Reemplazase, en el inciso cuarto del artículo 64, el texto que comienza con la frase “que resulte del promedio ponderado entre la rentabilidad real anual de todos los Fondos del mismo Tipo (...)”, y que se extiende hasta el final del inciso, por una frase del siguiente tenor: “utilizada para calcular las pensiones autofinanciadas de referencia o estimadas para determinar la pensión base.”.”

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.

NUMERAL 48

“48. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 65 la siguiente oración: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas Superintendencia deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y rentas vitalicia, según corresponda.”

- - Sugerencia de los Diputado señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para sustituir el numeral 48 por el siguiente:

“48. Agrégase al final del inciso segundo, del artículo 65, después del punto a parte que pasa a ser seguido, el siguiente texto: “Para efectos de evaluar la adecuación de las tablas de mortalidad vigentes, ambas Superintendencias deberán intercambiar anualmente las bases de datos sobre los pensionados acogidos a retiro programado y rentas vitalicia, según corresponda. Las bases técnicas para determinar el cálculo del capital necesario no podrán utilizar la fórmula actuarial de una renta vitalicia inmediata por carecer de un seguro que cubra la contingencia de la longevidad. Deberán, por tanto, utilizar una fórmula actuarial, que asegure que los fondos de a lo menos, el 95% de las personas que opten por esta modalidad de pensión, sean suficientes para cubrir el pago de las pensiones, aún en los casos en que la longevidad resulte superior a las expectativas de vida. En consecuencia, la fórmula actuarial deberá prevenir que quienes se hubieren pensionado bajo esta modalidad sin haber requerido del aporte solidario al momento de seleccionarla, terminen, posteriormente, requiriéndolo como consecuencia de su longevidad superior a las expectativas de vida. Todo lo anterior, con el objeto de evitar la contingencia fiscal por aportes solidario en esta modalidad.”

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el numeral fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Sala.

NUMERAL 74

“74. Agrégase los siguientes Títulos XV, XVI y XVII nuevos, pasando el actual Título XV a ser Título XVIII:

“TITULO XV

De la Licitación para la Administración de Cuentas de Capitalización Individual

Artículo 160.- La Superintendencia efectuará, por sí o a través de la contratación de servicios de terceros, licitaciones públicas para adjudicar el servicio de administración de las cuentas de capitalización individual de los afiliados a que se refieren los incisos cuarto y quinto de este artículo, en las cuales podrán participar las entidades a que se refiere el artículo 161. En cada licitación se adjudicará el servicio a la entidad que, cumpliendo con los requisitos de este Título, ofrezca cobrar la menor comisión por depósito de cotizaciones periódicas al momento de la presentación de las ofertas.

Las licitaciones se efectuarán anualmente. No obstante lo anterior, la Superintendencia podrá abstenerse de licitar en un periodo determinado cuando existan antecedentes técnicos que lo ameriten. Los antecedentes que fundamenten la abstención deberán estar contenidos en una Resolución fundada de la Superintendencia.

El período de permanencia en la Administradora adjudicataria se establecerá en las respectivas bases de licitación y no podrá exceder los dieciocho meses, contados desde la fecha de incorporación del afiliado a la Administradora adjudicataria.

Transcurridos seis meses desde la fecha de la adjudicación, todas las personas que se afilien al Sistema durante el período correspondiente a los doce meses siguientes, deberán incorporarse a la Administradora adjudicataria y permanecer en ella hasta el término del período de permanencia señalado en el inciso anterior. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.

Los trabajadores que estén afiliados al Sistema antes del inicio de cada proceso de licitación y que deseen participar en él, deberán inscribirse en una nómina creada para tal efecto. La mencionada nómina será administrada por la Superintendencia y se mantendrá vigente sólo durante el respectivo proceso de licitación. El procedimiento de inscripción en la nómina se sujetará a lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. La inscripción en la nómina mencionada constituye la manifestación de voluntad del afiliado de mantenerse o traspasarse a la Administradora adjudicataria, aceptando de esta forma la comisión por depósito de cotizaciones periódicas ofrecida. No obstante lo anterior, estos trabajadores podrán manifestar su voluntad de no ser traspasados a la Administradora adjudicataria o a la que se constituya para efectos de prestar el servicio licitado, dentro del plazo de seis meses establecido en el inciso anterior o, una vez afiliados a aquélla, traspasarse libremente a otra Administradora.

La inscripción en la nómina deberá efectuarse en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social o en los Centros de Atención Previsional Integral o en otra entidad que mediante convenio con la Superintendencia pueda prestar este servicio. La inscripción en la referida nómina también podrá realizarse a través de otros medios, físicos o electrónicos, según lo establezca la Superintendencia en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. La nómina constituirá instrumento público para todos los efectos legales.

Artículo 161.- En el proceso de licitación podrán participar las Administradoras de Fondos de Pensiones existentes y aquéllas personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas como tales. Estas últimas deberán contar con la aprobación de la Superintendencia para participar en dicho proceso, debiendo cumplir con los requisitos técnicos, económicos, financieros y jurídicos que le permitan constituirse como Administradora en caso de adjudicarse la licitación. Dichos requisitos se establecerán en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166 y serán calificados previamente por la Superintendencia.

Artículo 162.- Todo proceso de licitación se regirá por las normas establecidas en la presente ley y en las respectivas Bases de Licitación, las que serán aprobadas por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social mediante Decreto Supremo. Dichas bases estarán a disposición de los interesados, previo pago de su valor, el que será determinado por la Superintendencia y será de beneficio fiscal. Las bases deberán contener, a lo menos, lo siguiente:

a) Estadísticas de afiliaciones anuales al Sistema y su ingreso promedio;

b) Plazo y forma de presentación de las ofertas;

c) Monto de la garantía de seriedad de la oferta;

d) Monto de la garantía de implementación;

e) Monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

f) Duración del período de permanencia en la Administradora adjudicataria;

g) Duración del período de mantención de la comisión licitada;

h) Proceso y mecanismos de adjudicación y desempate;

i) Forma y plazo de comunicación de los resultados de la licitación;

j) Fecha de inicio de operaciones de las entidades adjudicatarias que no estén constituidas como Administradoras al momento de la licitación;

k) Plazo de habilitación de agencias u oficinas regionales;

l) Estándar mínimo de servicio que debe ofrecer la Administradora.

Artículo 163.- La comisión ofrecida en la licitación para los afiliados activos, deberá ser inferior a la comisión por depósito de cotizaciones más baja vigente en el Sistema al momento de la presentación de las ofertas. En caso que alguna Administradora haya comunicado una modificación a aquella, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 29, se considerará, para los efectos de determinar la comisión más baja en el Sistema, la comisión por depósito de cotizaciones modificada.

La adjudicación del servicio se efectuará mediante resolución fundada de la Superintendencia.

La adjudicataria de la licitación no podrá incrementar la comisión por depósito de cotizaciones durante el período que se indique en las Bases de Licitación, el que no podrá exceder de dieciocho meses contado desde el primer día del mes siguiente de aquél en el cual se cumplan seis meses desde la fecha de adjudicación de servicio licitado. Esta comisión se hará extensiva a todos los afiliados de la Administradora durante el referido período, debiendo aquélla otorgarles un nivel de servicios uniforme. Una vez finalizado el período de mantención de comisiones, la Administradora podrá fijar libremente el monto de su comisión por depósito de cotizaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 29, sin perjuicio de su derecho a participar en una nueva licitación. Asimismo, concluido el período de permanencia en la Administradora adjudicataria, aquellos afiliados nuevos que se incorporaron a ésta en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, podrán traspasarse libremente a otra Administradora.

Artículo 164.- La adjudicataria de la licitación deberá aceptar a todos los nuevos afiliados al Sistema y a aquellos que se encuentren inscritos en la nómina correspondiente al respectivo proceso de licitación, bajo las condiciones estipuladas en la oferta en virtud de la cual se adjudicó la licitación.

La Superintendencia deberá asignar a los afiliados nuevos a la Administradora que cobre la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de afiliación de aquéllos al Sistema, en cualquiera de los siguientes casos:

a) La adjudicataria no cumpliere con los requisitos para constituirse como Administradora en el plazo establecido para tales efectos;

b) No se efectuare o no se adjudicare la licitación por alguna de las causales establecidas en esta ley o en las bases de licitación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, para evitar una concentración excesiva de cotizantes, la Superintendencia podrá asignar, aleatoria y equitativamente, los afiliados nuevos a las Administradoras que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de su afiliación al Sistema, según se determine en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166. Los afiliados asignados siempre podrán traspasarse libremente a otra Administradora. Los afiliados que se hayan inscrito voluntariamente en la nómina a que se refiere el inciso quinto del artículo 160, no podrán ser asignados por la Superintendencia.

Artículo 165.- Los trabajadores que se hayan incorporado a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, sólo podrán traspasarse a otra durante el período de permanencia en la Administradora adjudicataria, cuando ésta se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de la obligación establecida en el inciso tercero del artículo 24, sobre patrimonio mínimo exigido;

b) Incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 37 respecto de la rentabilidad mínima para cualquier tipo de Fondo;

c) Cesación de pagos de cualquiera de sus obligaciones o en estado de notoria insolvencia; o se le solicite o se declare su quiebra;

d) En proceso de liquidación;

e) Que la comisión por depósito de cotizaciones que cobre sea mayor a la cobrada por otra Administradora, durante dos meses consecutivos. En este caso, los afiliados sólo podrán traspasarse a una Administradora que cobre menor comisión por depósito de cotizaciones que la adjudicataria de la licitación.

f) Que la comisión por depósito de cotizaciones sea incrementada al término del período establecido en el inciso tercero del artículo 163, o

g) Que la menor comisión por depósito de cotizaciones que cobre no compense la mayor rentabilidad que hubiese obtenido el afiliado en otra Administradora durante el período comprendido entre la fecha de afiliación a la Administradora adjudicataria de la licitación y la fecha en que solicite el traspaso. En este caso, los trabajadores sólo podrán traspasarse a esa otra Administradora. El procedimiento de cálculo que permita ejercer este derecho será determinado por la Superintendencia en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 166.

A su vez, los trabajadores que deban incorporarse a la Administradora adjudicataria, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 160, no estarán obligados a ello en caso que se configuren algunas de las causales señaladas en las letras a) a la d) del inciso precedente.

Artículo 166.- La Superintendencia regulará, mediante una norma de carácter general, las materias relacionadas con la licitación establecida en este título. Dicha norma establecerá, a lo menos, el procedimiento de inscripción en la nómina de afiliados, los requisitos que deberán cumplir las personas jurídicas que no estén constituidas como Administradoras a la fecha de la licitación para participar en ella y la asignación de los afiliados que participen en la licitación cuando ésta no se materialice.

Título XVI

Del Consejo Técnico de Inversiones

Artículo 167.- Créase un Consejo Técnico de Inversiones, en adelante “Consejo”, de carácter permanente, cuyo objetivo será efectuar informes, propuestas y pronunciamientos respecto de las inversiones de los Fondos de Pensiones, con el objeto de procurar el logro de una adecuada rentabilidad y seguridad para los Fondos. Específicamente, el Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1) Pronunciarse sobre el contenido del Régimen de Inversión a que se refiere el artículo 45 y sobre las modificaciones que la Superintendencia de Pensiones proponga efectuar al mismo. Para estos efectos, el Consejo deberá emitir un informe que contenga su opinión técnica en forma previa a la dictación de la norma de carácter general que apruebe o modifique dicho régimen;

2) Emitir opinión técnica en todas aquellas materias relativas a inversiones de los Fondos de Pensiones contenidas en el Régimen de Inversión, y en especial respecto de la estructura de límites de inversión de los Fondos de Pensiones, de los mecanismos de medición del riesgo de las carteras de inversión y de las operaciones señaladas en la letra l) del artículo 45 que efectúen los Fondos de Pensiones;

3) Efectuar propuestas y emitir informes en materia de perfeccionamiento del régimen de inversiones de los Fondos de Pensiones en aquellos casos en que el Consejo lo estime necesario o cuando así lo solicite la Superintendencia;

4) Pronunciarse sobre las materias relacionadas con las inversiones de los Fondos de Pensiones que le sean consultadas por los Ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social;

5) Entregar una memoria anual de carácter público al Presidente de la República, correspondiente al ejercicio del año anterior, a más tardar dentro del primer cuatrimestre de cada año. Copia de dicha memoria deberá enviarse a la Cámara de Diputados y al Senado; y

6) Encargar la realización de estudios técnicos con relación a las inversiones de los Fondos de Pensiones.

Artículo 168.- El Consejo estará integrado por las siguientes personas:

a) Dos miembros designados por el Presidente de la República. El primero de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá haber desempeñado el cargo de Ministro de Hacienda o de Superintendente o directivo de las Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, o de Consejero o gerente del Banco Central de Chile;

b) Un miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile; y

c) Dos miembros elegidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones. El primero de ellos deberá ser un académico de reconocido prestigio por su experiencia y conocimiento en materias financieras y de mercado de capitales. El segundo deberá poseer una amplia experiencia en la administración de carteras de inversión y deberá haber desempeñado el cargo de gerente o ejecutivo principal en alguna empresa del sector financiero.

Los miembros antes señalados, no podrán ser gerentes, administradores o directores de una Administradora de Fondos de Pensiones, ni de alguna de las entidades del Grupo Empresarial al que aquélla pertenezca, mientras ejerzan su cargo en el Consejo.

Los Consejeros durarán cuatro años en sus cargos y podrá renovarse su designación o ser reelegido, según corresponda, por un nuevo período consecutivo, por una sola vez.

Junto con la designación de cada una de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá también designarse un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en caso de ausencia o impedimento de éste.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los miembros señalados en las letras anteriores, integrará el Consejo, en calidad de suplente, la persona que haya sido nombrada para tales efectos por quien corresponda efectuar la designación de los miembros titulares, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos del miembro titular.

Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable a los miembros del Consejo que tengan la calidad de suplente.

Serán causales de cesación de los miembros titulares y suplentes del Consejo las siguientes:

a) Expiración del plazo por el que fue nombrado;

b) Renuncia aceptada por quien los designó;

c) Incapacidad psíquica o física para el desempeño del cargo;

d) Sobreviniencia de algunas de las causales de inhabilidad señaladas en el inciso segundo de este artículo, caso en el cual cesará automáticamente en el ejercicio del cargo, y

e) Falta grave al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Título.

Los miembros titulares y suplentes y el Secretario Técnico del Consejo deberán guardar reserva sobre los documentos y antecedentes a que tengan acceso en el ejercicio de su función, siempre que éstos no tengan carácter público. La infracción a esta obligación será sancionada con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

Del mismo modo, a las personas indicadas en el inciso precedente les está prohibido valerse, directa o indirectamente, en beneficio propio o de terceros, de la información a que tengan acceso en el desempeño de esta función, en tanto no sea divulgada al público. La infracción a lo dispuesto en este inciso será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio e inhabilitación para cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena.

Los integrantes del Consejo percibirán una dieta en pesos equivalente a 17 unidades tributarias mensuales por cada sesión a que asistan, con un máximo de 34 unidades tributarias mensuales por cada mes calendario.

Artículo 169.- El Consejo de Inversiones será presidido por uno de los miembros designados por el Presidente de la República según éste lo disponga, sesionará con la asistencia de a lo menos tres de sus integrantes y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes a la respectiva sesión. En caso de empate, dirimirá la votación quien presida la sesión. Lo anterior, sin perjuicio de las normas sobre el funcionamiento del Consejo a que se refiere el inciso quinto de este artículo.

El Consejo deberá nombrar, de entre sus miembros titulares, a un Vicepresidente, el que subrogará al Presidente en caso de ausencia de éste y permanecerá en el cargo por el tiempo que señale el Consejo, o por el tiempo que le reste como consejero.

El Consejo de Inversiones sesionará a lo menos dos veces al año y, cada vez que lo convoque el Presidente o cuando así lo solicite la mayoría de sus integrantes. Asimismo, el Consejo deberá sesionar cuando así lo solicite el Superintendente de Pensiones.

Un funcionario de la Superintendencia de Pensiones actuará como Secretario Técnico del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de Fe respecto de sus actuaciones, deliberaciones y acuerdos.

El Consejo acordará las normas necesarias para su funcionamiento y para la adecuada ejecución de las funciones que le son encomendadas y las normas relativas a las obligaciones y deberes a que estarán sujetos sus integrantes.

La Superintendencia proporcionará al Consejo el apoyo administrativo y los recursos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, incluido el pago de las dietas que corresponda a sus integrantes.

Artículo 170.- Los miembros del Consejo de Inversiones deberán inhabilitarse cuando en la sesión respectiva se traten asuntos que los involucren o cuando se traten o resuelvan materias en que puedan tener interés. Para efectos de calificar la inhabilidad planteada, el Consejo deberá aplicar las normas y procedimientos que establezca sobre esta materia.

TITULO XVII

De la Asesoría Previsional

1. Del Objeto de la Asesoría Previsional

Artículo 171.- La asesoría previsional tendrá por objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del Sistema, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses, en relación con las prestaciones y beneficios que contempla esta ley. Esta asesoría deberá prestarse con total independencia de la entidad que otorgue el beneficio.

Respecto de los afiliados y beneficiarios que cumplan los requisitos para pensionarse y de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado, la asesoría deberá informar en especial sobre la forma de hacer efectiva su pensión según las modalidades previstas en el artículo 61 de esta ley, sus características y demás beneficios a que pudieren acceder según el caso, con una estimación de sus montos.

Artículo 172.- Crease el Registro de Asesores Previsionales, que mantendrá la Superintendencia, en el cual deberán inscribirse las personas o entidades que desarrollen la actividad de asesoría previsional a que alude el artículo anterior. Para tal efecto, deberán dar cumplimiento a las exigencias que se establecen en el presente Título y en lo que se refiere al procedimiento de inscripción en el registro a las normas de carácter general que al respecto dicte la Superintendencia.

2. De las Entidades de Asesoría Previsional y de los Asesores Previsionales.

Artículo 173.- Las Entidades de Asesoría Previsional serán sociedades constituidas en Chile exclusivamente por personas naturales y tendrán por objeto único otorgar servicios de asesoría previsional a los afiliados y beneficiarios del Sistema.

Sus socios, administradores, representantes legales y las personas que tengan a su cargo realizar las funciones de asesoría previsional, deberán reunir los requisitos y estarán sujetas a las obligaciones que se establecen en este Título.

Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales deberán acreditar ante la Superintendencia la contratación de una póliza de seguros para responder del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones emanadas de su actividad y, especialmente, de los perjuicios que puedan ocasionar a los afiliados o beneficiarios que contraten sus servicios de asesoría previsional. En el caso que el Asesor Previsional esté constituido además como corredor de seguros de rentas vitalicias, se deducirá de esta garantía aquella que haya constituido en virtud de lo establecido en el decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931.

La póliza de seguros a que se refiere el inciso anterior deberá constituirse por un monto no inferior a la suma más alta entre 500 unidades de fomento y el 30% del saldo promedio de los afiliados que asesoró en el año inmediatamente anterior, con un máximo de 60.000 unidades de fomento.

Artículo 174.- Los socios, los administradores, los representantes legales de las Entidades de Asesoría Previsional y sus dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, así como los Asesores Previsionales, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, chileno o extranjero con residencia en Chile y cédula de identidad de extranjería al día;

b) Tener antecedentes comerciales intachables;

c) Estar en posesión, a lo menos, de licencia de educación media o estudios equivalentes;

d) Acreditar ante la Superintendencia los conocimientos suficientes sobre materias previsionales.

El cumplimiento de los requisitos de las letras b) y d) anteriores deberán ser acreditados mediante la presentación del certificado o declaración respectiva, para el caso de la letra b), y de la aprobación del examen de conocimientos correspondiente, para el caso de la letra d), y con una periodicidad que no podrá ser inferior a un año para ambos casos, según se establezca en la norma de carácter general, que al efecto dicte la Superintendencia.

No podrán ser socios, administradores, dependientes que desempeñen la función de asesoría previsional, representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional o Asesores Previsionales, las personas que se encuentren en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Los procesados o condenados por delito que merezca pena aflictiva;

b) Los fallidos no rehabilitados y quienes tengan prohibición de comerciar;

c) Las personas sancionadas con la cancelación o revocación de su inscripción en alguno de los registros que lleven o regulen las Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras, o los que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona jurídica sancionada de igual manera, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la forma que prescribe la ley;

d) Quienes tengan la calidad de controlador, a que se refiere el artículo 97 de la Ley Nº 18.045, o de persona relacionada con éste, los directores, los gerentes, los apoderados o los dependientes de una Administradora de Fondos de Pensiones o Compañía de Seguros, o de las entidades que conforman su grupo empresarial, y

e) Quienes tengan la calidad de corredores y liquidadores de seguros, a que se refiere el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, excepto aquellos corredores habilitados para la asesoría e intermediación de rentas vitalicias.

Artículo 175.- Respecto de las personas o entidades que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de asesoría previsional referidos en los artículos precedentes, la Superintendencia dictará una resolución que ordene su inscripción en el registro respectivo, conceda la autorización para funcionar y fije un plazo para iniciar sus actividades.

Será responsabilidad de las Entidades de Asesoría Previsional llevar un registro de los dependientes que desempeñen la función de asesoría, debiendo instruirlos y capacitarlos para el desarrollo de dichas funciones. Asimismo, estarán obligadas a otorgar todas las facilidades que se requieran para efectuar el control que respecto de estas materias determine la Superintendencia.

Artículo 176.- Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales responderán hasta de la culpa leve en el cumplimiento de las funciones derivadas de las asesorías previsionales que otorguen a los afiliados o sus beneficiarios y estarán obligadas a indemnizar los perjuicios por el daño que ocasionen. Lo anterior, no obsta a las sanciones administrativas que asimismo pudieren corresponderles.

Por las Entidades de Asesoría Previsional responderán además, sus socios y administradores, civil, administrativa y penalmente, a menos que constare su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de infracción o incumplimiento.

Las Entidades de Asesoría Previsional y los Asesores Previsionales estarán sometidos a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia, la que para ello estará investida de las facultades establecidas en esta ley.

Asimismo, los dependientes de las Entidades de Asesoría Previsional encargados de la prestación del servicio, quedarán sujetos al control y fiscalización de la Superintendencia, la que tendrá respecto de aquéllos las mismas facultades a que se refiere el inciso anterior.

Artículo 177.- La cancelación en el Registro de Asesores Previsionales de una Entidad de Asesoría Previsional o de un Asesor Previsional, procederá:

a) Cuando alguno de aquéllos incurra en infracción grave de ley, y

b) En el caso que no mantengan vigente el seguro referido en el artículo 75 de esta ley.

La declaración de infracción grave de ley corresponderá a la Superintendencia y deberá estar fundada en alguna de las disposiciones establecidas en esta ley.

Declarada la infracción grave o constatado el incumplimiento señalado en la letra b) del inciso primero, la Superintendencia dictará una resolución fundada que ordene cancelar la inscripción de la Entidad de Asesoría Previsional o del Asesor Previsional del Registro de Asesores Previsionales y revoque la autorización para funcionar.

3. De la contratación de la Asesoría Previsional.

Artículo 178.- Para los efectos de prestar la asesoría previsional, deberá celebrarse un contrato de prestación de servicios entre la Entidad o el Asesor Previsional y el afiliado o sus beneficiarios, cuyas cláusulas mínimas serán establecidas mediante norma de carácter general que dictará la Superintendencia.

La contratación de una asesoría previsional no importa, para el afiliado o beneficiario, la obligación de acoger la recomendación que le fuere proporcionada.

Artículo 179.- Los afiliados o beneficiarios de pensión no podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional con cargo a la cuenta de capitalización individual, a excepción de lo indicado en los incisos segundo y tercero de este artículo.

Los afiliados o beneficiarios de pensión, según corresponda, que cumplan los requisitos para pensionarse podrán, al momento de seleccionar modalidad de pensión, pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar la tasa máxima a que se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis por el saldo de dicha cuenta destinado a pensión.

Si efectuado el pago a que se refiere el inciso anterior, quedare un porcentaje remanente respecto de la tasa máxima a que se refiere el inciso decimocuarto del artículo 61 bis, los afiliados o beneficiarios de pensión que se encuentren pensionados por retiro programado y cambien de modalidad de pensión, podrán pagar honorarios por concepto de servicios de asesoría previsional, con cargo a la cuenta de capitalización individual, hasta el monto que resulte de multiplicar el porcentaje remanente por el saldo de dicha cuenta destinado a pensión al momento del cambio de modalidad.

No obstante, lo señalado en el inciso final del artículo 61 bis, cuando se trate de un cambio de modalidad de pensión las Compañías de Seguros de Vida no podrán pagar a sus dependientes, a los intermediarios, agentes de venta de renta vitalicia u otras personas que intervengan en la comercialización de éstas, una comisión por intermediación o retribución por venta superior al porcentaje remanente a que se refiere el inciso anterior.

Las Administradoras y las Compañías de Seguros de Vida no podrán efectuar pago alguno a los asesores previsionales, sean ellos en dinero o especies, como tampoco podrán financiar los gastos en que deban incurrir para su cometido.

4. Otras Disposiciones.

Artículo 180.- Ninguna persona natural o jurídica que no se encontrare inscrita en el registro a que se refiere el artículo 172, podrá arrogarse la calidad de asesor previsional, siendo aplicable en lo que corresponda, los incisos segundo y siguientes del artículo 25 de esta ley.

Se reserva el uso de la denominación "Entidad de Asesoría Previsional" y de "Asesor Previsional" para las personas jurídicas y naturales a que se refieren el números dos de este Título.

Artículo 181.- Los socios, administradores y representantes legales de una Entidad de Asesoría Previsional y sus dependientes que cumplan funciones de asesoría previsional, así como las personas naturales inscritas en el registro, no podrán otorgar bajo ninguna circunstancia a los afiliados o sus beneficiarios otras prestaciones diferentes a las propias de la asesoría, sea en forma directa o indirecta, ni aún a título gratuito o de cualquier otro modo.”.

- - Sugerencia (26) de los Diputados señores Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg, don Nicolás; Salaberry, y Recondo, para introducir las siguientes modificaciones al artículo 160 del decreto ley 3.500 de 1980:

a) Sustituir el inciso 3°, por el siguiente:

“Los trabajadores que formen parte de la licitación, deberán incorporarse a la administradora que le hubiere sido adjudicada a contar del primer mes de vigencia del contrato o en que comenzaren a efectuar cotizaciones, salvo que la Administradora en la que estuvieren actualmente afiliados cobrare una comisión más baja; y deberán mantenerse en ellas por el plazo de duración del contrato o lo que restare del mismo, que no podrá exceder de 18 meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 165.”;

b) Eliminar el inciso 4°; y

c) Agregar en el inciso 5° después de la frase “proceso de licitación” y antes de la conjunción “y”, la siguiente oración “, sea que estén actualmente cotizando o lo vayan a hacer por primera vez,”.

- - Fue desestimada por el Ejecutivo.

- - Puesto en votación el artículo fue aprobado por siete votos a favor y cinco en contra.

D.- ARTICULOS, PARRAFOS O NUMERALES NUEVOS PROPUESTOS.

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

Para agregar a continuación del Párrafo tercero el siguiente Párrafo cuarto, que contiene el siguiente artículo 81 bis, nuevo:

“Párrafo cuarto

Modificaciones a la ley N° 17.322

Artículo 81 bis.- Incorpórense a la ley N° 17.322, a continuación del artículo 22 c), los siguientes artículos 22 d) y 22 e) nuevos:

“Artículo 22 d). En caso que las cotizaciones no se enteren ni declaren en el plazo establecido en el inciso primero del artículo 22 de esta ley, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la institución de previsión o de seguridad social respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones de seguridad social de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las instituciones de previsión o de seguridad social deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones de seguridad social impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la Superintendencia respectiva. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado, se entenderá para los efectos del presente artículo, como reconocida la existencia de cotizaciones impagas por parte de dicho empleador.

Artículo 22 e). Reconocida la existencia de cotizaciones impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en esta ley, las instituciones de previsión o de seguridad social deberán informar a la Tesorería General de la República, en la forma que determine una norma de carácter general dictada por la respectiva Superintendencia, los montos, reajustes e intereses que se encontraren impagos por concepto de cotizaciones de seguridad social, para efectos que la Tesorería retenga dichos montos de la devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra devolución o crédito fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores morosos. La imputación y giro de los montos retenidos conforme a este artículo se sujetará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de esta ley. Si el empleador moroso pagare la totalidad de dichas cotizaciones de seguridad social impagas, la institución de previsión o de seguridad social respectiva informará este hecho a la Tesorería General de la República en la forma que se señale en la respectiva norma de carácter general antes mencionada, para que aquélla libere dichos montos retenidos.

No obstante las sanciones establecidas en esta ley, los empleadores que no pagaren las cotizaciones de seguridad social, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.

Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que corresponda las cotizaciones de seguridad social, tendrán prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado requisito.”.”.

- - Puesta en votación la indicación fue aprobada por siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

- - Para agregar un párrafo quinto nuevo:

“Párrafo quinto

Modificaciones a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios

“Artículo 81 ter. Modifícase el Decreto Ley N° 825, de 1974, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, intercalando en el Nº 18 del artículo 12, letra E.-, entre la palabra “voluntario”, la primera vez que aparece en el texto, y la conjunción copulativa “y”, la frase “, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo.”.”

- - Puesta en votación la indicación fue aprobada por nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

- - Indicación del Ejecutivo del siguiente tenor:

- - Para incorporar el siguiente artículo trigésimo octavo bis transitorio nuevo:

“Artículo trigésimo octavo bis.- La obligación del empleador de pagar la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del decreto ley N° 3.500, de 1980, regirá a partir del 1° de julio de 2009.

En todo caso, una vez que rija dicha obligación y hasta el mes de junio de 2011, se encontrarán exentos de cumplirla los empleadores que durante el respectivo mes declaren cotizaciones previsionales por menos de 100 trabajadores, periodo durante el cual la cotización adicional del correspondiente afiliado deberá incluir el pago de la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980.”.”

- - Puesta en votación la indicación, fue aprobada por seis votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

VII.- ARTICULOS E INDICACIONES RECHAZADAS O DECLARADAS INADMISIBLES POR LA COMISION.

Con ocasión del debate habido en la discusión en particular del proyecto no se rechazaron artículos o indicaciones y se declararon inadmisibles las indicaciones a los artículos 3, 29, 65, 66, numerales 9, 11, 17 y 17 del artículo 79 y artículo 81, las que precedentemente se han expuesto en detalle con ocasión del análisis en particular de su articulado.

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Al finalizar el despacho de esta iniciativa legal, la Comisión facultó a la Secretaría de ella para introducir todas las adecuaciones formales que ésta detectara durante la elaboración del Informe. En esa adecuación se concordó, asimismo, con el Ejecutivo en variadas materias que fueron objeto de dicho trabajo.

Del mismo modo, y como una forma de ilustrar a quienes tomen conocimiento de este informe, la Secretaría optó por introducir una breve explicación del contenido de cada norma que se contiene en el proyecto final aprobado.

Como consecuencia de todo lo expuesto y por las consideraciones que os dará a conocer oportunamente la señora Diputada Informante, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social os recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“TITULO I

SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS

Párrafo primero

Definiciones

Artículo 1°. Créase un sistema de pensiones solidarias de vejez e invalidez, en adelante, “sistema solidario”, complementario del sistema de pensiones a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, en la forma y condiciones que el presente título establece, el que será financiado con recursos del Estado. Este sistema solidario otorgará beneficios de pensiones básicas solidarias de vejez e invalidez y aportes previsionales solidarios de vejez e invalidez.

Nota: Con la Reforma Previsional se establecerá un Sistema de Pensiones Solidarias (SPS), con beneficios de vejez e invalidez integrados a los beneficios del Sistema Contributivo. El sistema de pensiones solidarias es un sistema complementario al sistema de pensiones contributivo que permite asegurar un grado razonable de protección y autonomía económica para el pensionado. Los principales beneficios de este sistema son la Pensión Básica Solidaria (PBS) de carácter no contributivo y el Aporte Previsional Solidario (APS) que complementa a las pensiones contributivas que el beneficiario perciba.

El sistema solidario representa un aumento sustancial de cobertura y del nivel de beneficios actualmente existentes mediante un esquema de beneficios e incentivos coherentes e integrados con el sistema contributivo obligatorio y voluntario.

Artículo 2°. Para los efectos de la presente ley, los conceptos que se indican a continuación tendrán los significados siguientes:

a) Pensión básica solidaria de vejez, es aquella a la que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3°.

b) Pensión básica solidaria de invalidez, es aquella a la que podrán acceder las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 16.

c) Pensión base, aquella que resulte de sumar la pensión autofinanciada de referencia del solicitante más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980. Todos los montos serán expresados en moneda de curso legal.

d) Pensión máxima con aporte solidario, es aquel valor sobre el cual la pensión base no tiene aporte previsional solidario de vejez.

e) Factor de ajuste, corresponderá al valor que se obtenga de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor de la pensión máxima con aporte solidario.

f) Complemento solidario para determinar el aporte previsional solidario de vejez, es la cantidad que resulte de restar de la pensión básica solidaria de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste por la pensión base.

g) Pensión autofinanciada de referencia o estimada para determinar la pensión base, es aquella que se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a dicha fecha. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.

El monto de la pensión autofinanciada de referencia se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez.

Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario.

h) Pensión final, corresponde a la suma de la pensión base y el complemento solidario, a que se refiere el artículo 10°.

i) Aporte previsional solidario de vejez, es el beneficio a que se refiere el Párrafo tercero del presente Título.

j) Aporte previsional solidario de invalidez, es el beneficio a que se refiere el Párrafo quinto del presente Título.

Nota: En este artículo se presentan las definiciones de los principales conceptos introducidos en este proyecto de ley.

Pensión básica solidaria de vejez (PBS de vejez): Es el beneficio al que podrán acceder las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que reúnan los requisitos de edad, focalización y residencia en el país establecidos en la ley.

Pensión básica solidaria de invalidez (PBS de invalidez): Es el beneficio al que podrán acceder las personas declaradas inválidas y que cumplan con los requisitos de edad, focalización y residencia en el país. Es de igual valor que la PBS de vejez.

Pensión Base (PBase): Es aquella que resulta de sumar la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE) del solicitante, posteriormente definida, más las pensiones de sobrevivencia que se encuentre percibiendo de acuerdo del D.L: N° 3.500, de 1980.

Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS): Corresponde al valor de la pensión base sobre el cual no se obtiene aporte previsional solidario de vejez. A medida que aumenta la pensión base de una persona, se reduce el monto del aporte que se le entrega. La pensión máxima con aporte solidario (PMAS) indica el máximo monto de pensión base que recibe aporte solidario.

Factor de Ajuste (FA): Corresponde al valor que se obtiene de dividir el monto de la pensión básica solidaria de vejez por el valor de la pensión máxima con aporte solidario. Conceptualmente este corresponde a la reducción en el Complemento Solidario por cada peso de aumento en la Pensión Base.

Complemento Solidario (CS): Es un cálculo matemático que se utiliza para posteriormente calcular el Aporte Previsional Solidario (APS). Es la cantidad que resulta de restar de la PBS de vejez, el producto obtenido de multiplicar el factor de ajuste por la pensión base. El CS es una función decreciente de la Pensión Base.

Pensión Autofinanciada de Referencia o Estimada (PAFE): Se utiliza para determinar la pensión base. La PAFE se calcula como una renta vitalicia inmediata, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones por hijo nacido vivo más el interés real que hayan devengado a dicha fecha.

Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez. La utilización de esta tasa de interés tiene por objetivo el generar un criterio uniforme de cálculo de la PAFE para todos los beneficiarios mediante la utilización de una tasa de interés de largo plazo que aísle la determinación del beneficio de las fluctuaciones de corto plazo en la tasa de interés.

En el saldo señalado anteriormente, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, el ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500 de manera de no crear desincentivos al ahorro voluntario.

El monto de la PAFE será expresado en UF al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del CS y de la PF, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la PBS de vejez o la PMAS.

Pensión Final (PF): Corresponde a la suma de la pensión base y el complemento solidario.

En el diseño del SPS se pueden destacar las siguientes características:

- Los beneficiarios del SPS tienen asegurado un nivel mínimo de ingresos en la vejez equivalente a la PBS.

- El SPS no desincentiva el ahorro previsional. Siempre una mayor pensión contributiva se traduce en una mayor pensión final.

- No existen requisitos de años de cotizaciones que dejen fuera de los beneficios a los trabajadores eventuales y de temporada. Esto además evita una discriminación negativa en el acceso a los beneficios para las mujeres.

- El SPS entrega beneficios tanto a los sectores de menores ingresos como a los sectores de ingresos medios de la población.

Párrafo segundo

Pensión Básica Solidaria de Vejez

Artículo 3°. Serán beneficiarias de la pensión básica solidaria de vejez, las personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y que reúnan los requisitos siguientes:

a) Haber cumplido sesenta y cinco años de edad;

b) Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 % más pobre de la población de Chile conforme a lo establecido en el artículo 30, y

c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos, contados desde que el peticionario haya cumplido veinte años de edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse a los beneficios de este título.

Nota: Los tres puntos señalados en este artículo son los requisitos que deben cumplir las personas para poder acceder al beneficio de la PBS de vejez. Dichas personas no deben estar percibiendo ningún tipo de pensión al momento de realizar la solicitud. La letra a) dice relación con el requisito de edad. La letra b) dice relación con el requisito de focalización de integrar un grupo familiar perteneciente a los tres primeros quintiles de ingreso de acuerdo a los parámetros y definiciones establecidos en el en el instrumento técnico de focalización. Por su parte, la letra c) dice relación con el requisito de residencia. La idea central detrás de este último requisito es que en el acceso al SPS se requerirá el haber desarrollado una parte significativa de la vida laboral en Chile y tal como se puede apreciar, no existirán requisitos en términos de años de cotizaciones para el acceso a este beneficio.

Artículo 4°. Para los efectos de la letra b) del artículo anterior, se entenderá que componen el grupo familiar, el eventual beneficiario, su cónyuge, los hijos menores de dieciocho años de edad y los hijos mayores de dicha edad pero menores de veinticuatro años siempre que sean estudiantes de cursos regulares de enseñanza básica, media, técnica o superior. El peticionario podrá solicitar reconsideración de la composición de su grupo familiar en los casos que determine el reglamento.

Se considerará el grupo familiar que el peticionario tenga a la época de presentación de la solicitud para acceder a los beneficios de este título.

Nota: En este artículo se establece el concepto de grupo familiar utilizado para efectos de acreditar el requisito de focalización. El concepto de grupo familiar utilizado busca resguardar la autonomía económica del adulto mayor en la vejez y la operatividad del criterio para una mejor y más rápida entrega de los beneficios.

Artículo 5°. Se considerará como lapso de residencia en el país el tiempo en que los nacionales deban permanecer en el extranjero por motivo del cumplimiento de misiones diplomáticas, representaciones consulares y demás funciones oficiales de Chile.

Se considerará como lapso de residencia en el país, para efectos del cumplimiento del requisito de residencia, el tiempo en que se desempeñe fuera del país las funciones oficiales señaladas en el artículo.

Artículo 6°. Para acceder a la pensión básica solidaria de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión Social, a partir del cumplimiento de la edad señalada en la letra a) del artículo 3°.

Nota: Para acceder a la PBS de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el IPS a partir del cumplimiento del requisito de edad.

Artículo 7°. El monto de la pensión básica solidaria de vejez será, a contar del 1° de julio de 2009, de $75.000, se devengará a contar de la fecha de la presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.

Nota: En este artículo se señala que una vez en régimen, el valor de la PBS de vejez será de $75.000 mensuales y que el beneficio se devengará a contar de la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo se señala que este beneficio es incompatible con cualquier otro tipo de pensión por tratarse de una pensión de carácter no contributivo.

Artículo 8°. La pensión básica solidaria de vejez se reajustará automáticamente en el cien por ciento de la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior al último reajuste concedido y el mes en que dicha variación alcance o supere el quince por ciento.

Con todo, si transcurren doce meses desde el último reajuste sin que la variación del referido índice alcance el quince por ciento, ella se reajustará en el porcentaje de variación que aquel hubiere experimentado en dicho período, en cuyo caso este último reajuste sustituirá al anteriormente indicado. El nuevo reajuste que corresponde aplicar, regirá a contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación o se cumpla el periodo señalado, según el caso.

Nota: Se establece la fórmula de reajustabilidad del valor de la PBS en el tiempo según la variación del Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Párrafo tercero

Aporte Previsional Solidario de Vejez

Artículo 9°. Serán beneficiarias del aporte previsional solidario de vejez, las personas que sólo tengan derecho a una o más pensiones regidas por el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 3° y que el monto de su pensión base sea inferior al valor de la pensión máxima con aporte solidario.

Se entenderá cumplido el requisito de la letra c) del artículo 3°, respecto de las personas que registren veinte años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.

Nota: Los beneficiarios de APS de vejez serán aquellas personas que sólo tengan derecho a una o más pensiones regidas por el D.L. N° 3.500, siempre que cumplan con los requisitos de edad, focalización y residencia antes mencionados para acceder a la PBS de vejez y cuyo monto de PBase sea inferior al valor de la PMAS. En relación al requisito de residencia, se entenderá cumplido respecto de las personas que tengan 20 años o más de cotizaciones en uno o más de los sistemas de pensiones en Chile.

Artículo 10°. Para los beneficiarios señalados en el artículo anterior, cuya pensión base sea de un valor inferior o igual a la pensión básica solidaria de vejez, el monto del aporte previsional solidario de vejez ascenderá a la cantidad que resulte de restar de la pensión final, la pensión o suma de pensiones que perciba de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980.

Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión final, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de la pensión final.

Nota: En este artículo se establece que para aquellas personas que califiquen como beneficiarias de APS de vejez y cuya PBase sea inferior o igual a la PBS de vejez el monto del APS de Vejez se ajustará para complementar las pensiones percibidas de acuerdo al D.L. N° 3.500 hasta alcanzar el monto de su pensión final. Asimismo se establece que cuando el saldo sea un monto pequeño tal que no alcance a financiar 12 meses de pensión final el retiro programado se ajustará al monto de pensión final.

Artículo 11°. Para los beneficiarios señalados en el artículo 9°, cuya pensión base sea de un valor superior a la pensión básica solidaria de vejez pero inferior a la pensión máxima con aporte solidario, el monto del aporte previsional solidario de vejez se determinará según se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a) Si percibe una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el monto del referido aporte ascenderá al valor del complemento solidario.

b) Si percibe una pensión bajo la modalidad de retiro programado de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, el valor del aporte previsional solidario de vejez ascenderá al monto del complemento solidario corregido por un factor actuarialmente justo, determinado de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones en norma de carácter general. Con todo, el aporte previsional solidario de vejez no podrá ser inferior al monto necesario para que sumado a la pensión o pensiones que el beneficiario perciba de acuerdo al mencionado decreto ley, financie el valor de la pensión básica solidaria de vejez.

Cuando el saldo de la cuenta de capitalización individual del afiliado no alcanzare a financiar doce meses de pensión básica solidaria de vejez, la pensión bajo la modalidad de retiro programado se ajustará al monto de dicha pensión solidaria.

Nota: En este artículo se establece la forma de determinación del APS de vejez para aquellas personas que califiquen como beneficiarias de APS de vejez y cuya PBase sea de un valor superior a la PBS de vejez

En la letra a) de este artículo se establece que el monto del APS de vejez en el caso en que un individuo percibe una pensión bajo la modalidad de renta vitalicia ascenderá al valor del CS.

En la letra b) se establece que en el caso en que el individuo perciba una pensión bajo la modalidad de retiro programado, el valor del APS de vejez ascenderá al monto del CS corregido por un factor actuarialmente justo. La corrección por dicho factor tiene por objeto entregar un beneficio adicional, consistente en la garantía de que la pensión final nunca caerá por debajo del valor de la PBS de vejez, en condiciones actuarialmente justas.

Artículo 12. Las personas señaladas en el artículo 9° para acceder al aporte previsional solidario de vejez, deberán presentar la correspondiente solicitud a partir del cumplimiento de la edad establecida en la letra a) del artículo 3°.

El aporte previsional solidario de vejez, se devengará a contar de la fecha de presentación de la solicitud señalada en el inciso anterior, siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez de acuerdo al decreto ley N° 3.500, de 1980, o a contar de la obtención de dicha pensión, si ésta la hubiere obtenido con posterioridad a la presentación de la referida solicitud.

Nota: Al igual que en el caso de la PBS de vejez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud a partir del cumplimiento del requisito de edad y el beneficio se devengará a contar de la fecha de presentación de la solicitud siempre que el peticionario se encuentre pensionado por vejez o a contar de la obtención de dicha pensión, si ésta la obtuvo con posterioridad a la presentación de la solicitud.

Artículo 13. El valor de la pensión máxima con aporte solidario será, a contar del 1° de julio de 2012, de doscientos mil pesos y se reajustará en la forma dispuesta en el artículo 8°.

Nota: Se señala que una vez en régimen, el valor de la PMAS será de $200.000 y que se reajustará de la misma manera establecida para la PBS.

Artículo 14. No obstante lo establecido en la letra g) del artículo 2°, respecto de las personas que se pensionen en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 del decreto ley N°3.500, de 1980, la pensión autofinanciada de referencia para determinar la pensión base, será calculada como una renta vitalicia inmediata sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad y el grupo familiar, ambas a la fecha de cumplimiento de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse conforme al mencionado artículo 68, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a la fecha de dicha pensión. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad a dicho decreto ley, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

El saldo señalado en el inciso anterior, se expresará en cuotas al valor que tenga a la fecha de obtención de la pensión de vejez y se le sumarán, si correspondiere, el monto de las cotizaciones previsionales que hubiere realizado con posterioridad a dicha fecha, expresadas también en cuotas. En dicho saldo, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos del decreto ley N° 3.500, de 1980. Cuando el solicitante cumpla 60 años en el caso de las mujeres o 65 años en el de los hombres, el total del saldo anterior se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha de cumplimiento de dicha edad.

Nota: En este artículo se señala que las personas que se pensionan de manera anticipada también podrán tener acceso al SPS. Sin embargo, el cálculo de la PAFE para estas personas se ha normado de manera específica buscando no generar beneficios adicionales respecto de aquellos beneficiarios que se pensionan a la edad legal o a una edad posterior a esta. Es decir, el diseño del SPS considera el no generar incentivos adicionales a pensionarse de manera anticipada.

El objetivo de considerar la edad legal y el grupo familiar a dicha edad es que el monto de la renta vitalicia se determine en condiciones de igualdad con los demás pensionados.

En términos concretos, si se considerara la edad y grupo familiar a la fecha de pensionarse anticipadamente, al pensionado a la edad legal se le consideraría una mayor edad lo que llevaría a un mayor monto de la PAFE por el menor tiempo de sobre vida que se debe financiar y se le consideraría un menor grupo familiar si alguno de sus beneficiarios han dejado de serlo lo que tiene el mismo efecto. Por lo tanto, por ambos efectos el pensionado a la edad legal obtendría una mayor PAFE y un menor complemento solidario que aquel que se pensionó anticipadamente. Estos efectos se corrigen al considerar la edad y el grupo familiar a la edad legal de pensionarse.

Asimismo, al expresarse en cuotas el saldo con el cual se calculará la PAFE éste incluirá la rentabilidad que hubiesen ganado en el fondo esos recursos de haberse mantenido en la AFP hasta la edad legal de jubilación. De esta manera se busca igualar las condiciones con los pensionados que se retiran a la edad legal.

Artículo 15. Las personas que se pensionen en virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, que perciban una pensión o suma de pensiones otorgadas conforme a dicho decreto ley, de un monto inferior a la pensión básica solidaria de vejez, tendrán derecho a un complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar a 65 el número de años de rebaja de edad legal para pensionarse conforme al citado artículo 68 bis y siempre que cumplan los requisitos señalados en la letras b) y c) del artículo 3°.

Los pensionados en virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, cuando cumplan los requisitos establecidos en el artículo 9°, tendrán derecho al aporte previsional solidario de vejez.

Para los efectos del inciso anterior, la pensión autofinanciada de referencia para determinar el complemento solidario o la pensión final, se calculará como una renta vitalicia inmediata del decreto ley N° 3.500, de 1980, sin condiciones especiales de cobertura, considerando la edad, el grupo familiar y el total del saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual, que el beneficiario tenga a la fecha de pensionarse por vejez de acuerdo al referido decreto ley, incluida, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 más el interés real que haya devengado a la misma fecha del saldo. Para este cálculo se utilizará la tasa de interés promedio implícita en las rentas vitalicias de vejez, otorgadas de conformidad al decreto ley N° 3.500, de 1980, en los últimos seis meses inmediatamente anteriores a aquel en que el beneficiario se haya pensionado por vejez.

En el saldo señalado en el inciso anterior, no se incluirán las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario, los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo ni los depósitos convenidos a que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980.

El monto de la pensión autofinanciada de referencia se expresará en unidades de fomento al valor que tenga a la fecha en que el beneficiario se pensione por vejez. Con todo, el recálculo del complemento solidario y de la pensión final, se realizará en la misma oportunidad en que se reajuste la pensión básica solidaria de vejez o la pensión máxima con aporte solidario.

Nota: Se establece que los trabajadores que se pensionen en virtud del artículo 68 bis del decreto ley N° 3.500, es decir los trabajadores que ejerzan labores calificadas como pesadas, cumpliendo los requisitos de focalización y de residencia para tener acceso al SPS de vejez y, cuando perciban una pensión o suma de pensiones del sistema de capitalización individual, de un monto inferior a la PBS, tendrán derecho a un complemento que permita alcanzar el valor de dicha pensión básica. Dicho complemento lo percibirán a la edad que resulte de restar de 65 el número de años de rebaja de edad legal para pensionarse. Este beneficio reconoce el hecho de que la rebaja de la edad legal de pensión, en estos casos, está vinculada a una sobrecotización realizada durante la vida laboral lo que les permite a estos trabajadores jubilar anticipadamente por situaciones de deterioro de las condiciones físicas.

Asimismo se establece que estos trabajadores podrán acceder al SPS de vejez cuando cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del APS de vejez.

Por último, se señala que la edad, el grupo familiar y el saldo en la cuenta de capitalización individual utilizados para la determinación de la PAFE corresponderán a los registrados al momento de obtener la pensión. Esto mantiene las condiciones de equidad en el cálculo de los beneficios respecto de los demás pensionados.

Párrafo cuarto

Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Artículo 16. Serán beneficiarias de la pensión básica solidaria de invalidez, las personas que sean declaradas inválidas conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente, siempre que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional y cumplan con los requisitos siguientes:

a) Tener entre dieciocho años de edad y menos de sesenta y cinco años;

b) Encontrarse en la situación señalada en la letra b) del artículo 3°, y

c) Acreditar residencia en el territorio de la República de Chile por un lapso no inferior a cinco años continuos inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez.

Nota: En este artículo se establecen los requisitos para ser beneficiario de la PBS de Invalidez.

Artículo 17.- Se considerará inválida la persona que se encuentre en la situación que define como tal el inciso primero del artículo 4° del decreto ley N° 3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el artículo 11 del mencionado decreto ley.

Nota: En este artículo se señala que para establecer la condición de invalidez de un trabajador se seguirán las normas que hoy se establecen en decreto ley N°3.500, de 1980. La declaración de invalidez corresponderá efectuarla a las Comisiones Médicas de Invalidez establecidas en el mencionado decreto ley. Con esto se busca uniformar el proceso calificación de invalidez en el Sistema de Pensiones Solidarias.

Artículo 18.- Para acceder a la pensión básica solidaria de invalidez, se deberá presentar la correspondiente solicitud en el Instituto de Previsión Social.

Nota: Al igual que en el caso de la PBS y el APS de vejez, para acceder a la PBS de invalidez, las personas deberán presentar la correspondiente solicitud en el IPS.

Artículo 19. La pensión básica solidaria de invalidez total o parcial, será de igual valor al de la pensión básica solidaria de vejez, se devengará desde la fecha de presentación de la solicitud señalada en el artículo anterior y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional.

Nota: Se establece que el monto de la PBS de invalidez (sea total o parcial) será de igual valor al de la PBS de vejez. El beneficio se devengará desde la fecha de presentación de la solicitud y será incompatible con cualquier otra pensión de algún régimen previsional por ser de carácter no contributivo.

Párrafo quinto

Aporte Previsional Solidario de Invalidez

Artículo 20. Serán beneficiarias del aporte previsional solidario de invalidez, las personas inválidas señaladas en el artículo 17 que se encuentren afiliadas al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, que no perciban pensiones de otros regímenes previsionales, y cumplan los requisitos siguientes:

a) Los establecidos en las letras a), b) y c) del artículo 16, y

b) Tener derecho a pensión de invalidez de acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley N° 3.500, de 1980, siempre que la suma del monto de dicha pensión más cualquier otra que perciba de dicho sistema, sea de un monto inferior a la pensión básica solidaria de invalidez.

Nota: En este artículo se establecen los beneficiarios de APS de invalidez y los requisitos que deben cumplir.

Artículo 21.- El aporte previsional solidario de invalidez señalado en el artículo anterior, ascenderá a la cantidad que se obtenga de descontar el monto de la pensión o suma de pensiones que perciba la persona inválida del decreto ley N° 3.500, de 1980, del valor de la pensión básica solidaria de invalidez.

La solicitud para acceder al aporte señalado en el inciso anterior, podrá presentarse a contar de la fecha de obtención de la pensión de invalidez otorgada conforme al decreto ley N° 3.500, de 1980, y se devengará a partir de la fecha de dicha solicitud.

Nota: Se establece la forma de cálculo del APS de invalidez y la fecha de presentación de la solicitud y de devengamiento de dicho beneficio.

Artículo 22. El beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, que inicie o reinicie actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional solidario de invalidez en la forma que se indica a continuación:

a) Al 100% de la pensión básica solidaria de invalidez o aporte previsional solidario de invalidez, para aquellos beneficiarios que perciben un ingreso laboral mensual igual o inferior a medio ingreso mínimo mensual.

b) Al resultado que se obtenga de multiplicar el monto de la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de invalidez, por la diferencia entre uno y el resultado de restar el ingreso laboral mensual que percibe el beneficiario menos la mitad de un ingreso mínimo mensual dividido por el monto de dicho salario. Lo anterior, se aplicará a aquellos beneficiarios que perciban un ingreso laboral mensual superior a medio ingreso mínimo mensual pero igual o inferior a 1, 5 veces el ingreso mínimo mensual.

Lo dispuesto en la letra anterior, no regirá durante los dos primeros años contados desde que la persona comience a percibir ingresos laborales, período en el que percibirá el cien por ciento del beneficio. Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos ingresos, sólo se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la pensión solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, establecida en el inciso anterior. A contar del cuarto año desde que la persona comience a percibir esos ingresos laborales, se aplicará el cien por ciento de la reducción dispuesta en el inciso anterior.

Las personas inválidas que perciban un ingreso laboral mensual superior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual, dejarán de percibir la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de invalidez, conforme a lo establecido en el inciso anterior.

Con todo, si el beneficiario deja de percibir ingresos laborales mensuales, el monto de dicha pensión o de su aporte previsional solidario de invalidez ascenderá al señalado en el artículo 19 ó 21, según corresponda, de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento.

Las variaciones que experimente el ingreso laboral mensual que perciba el beneficiario harán variar el monto de la pensión básica solidaria de invalidez o de su aporte previsional solidario de invalidez de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por ingresos laborales mensuales la suma de las remuneraciones y las rentas del trabajo que perciba el beneficiario de la pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez.

Nota: Con este proyecto se establece que el beneficiario de PBS de invalidez o de APS de invalidez, que inicie o reinicie actividades laborales, mantendrá su derecho a dicha pensión básica o aporte previsional solidario de invalidez según la fórmula establecida.

En efecto, a los beneficiarios del SPS de invalidez que inicien o reinicien actividades laborales y cuyos ingresos laborales mensuales sean inferiores o iguales a medio ingreso mínimo mensual no se les reducirá la PBS o APS de Invalidez.

Para aquellos beneficiarios que perciban ingresos mensuales superiores a medio ingreso mínimo mensual durante los dos primeros años contados desde que la persona comience a percibir ingresos laborales no se les reducirá el beneficio, período en el que percibirán el beneficio completo.

Durante el tercer año desde que la persona comenzó a percibir dichos ingresos, se aplicará el cincuenta por ciento de la reducción a la PBS o APS de invalidez que le corresponda según fórmula y sólo a contar del cuarto año desde que la persona comience a percibir ingresos laborales, se aplicará el 100% de la reducción que se establece de acuerdo al nivel de sus ingresos.

Si el beneficiario deja de percibir ingresos laborales mensuales, el monto de su pensión o de su aporte previsional solidario de invalidez dejará de sufrir la reducción antes señalada. Asimismo, si el ingreso laboral mensual que perciba el beneficiario experimenta variaciones éstas harán variar el monto de la PBS o de su APS de invalidez según sea el caso que corresponda.

De este modo se mantiene el incentivo al trabajo formal de un pensionado por invalidez, ya que los beneficios del SPS se hacen compatibles con obtener ingresos del mercado laboral hasta un cierto monto, para luego reducirse gradualmente a medida que el ingreso laboral aumenta.

Artículo 23. El beneficiario de pensión básica solidaria de invalidez o del aporte previsional solidario de invalidez, en su caso, percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad. A contar de esa fecha podrá acceder a la pensión básica solidaria de vejez o al aporte previsional solidario de vejez, de acuerdo a las normas establecidas en los Párrafos segundo o tercero del presente Título.

Con todo, la pensión autofinanciada de referencia para el pensionado de invalidez en virtud del decreto ley N° 3.500, de 1980, se calculará de acuerdo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 2°. En este caso, el cálculo se hará a la fecha de obtención de la pensión de invalidez e incluirá, cuando corresponda, la o las bonificaciones establecidas en el artículo 64 y los intereses que haya devengado a dicha fecha.

Nota: En este artículo se articulan los beneficios del SPS de Invalidez con los del SPS de Vejez. El beneficiario de PBS o APS de invalidez percibirá dicho beneficio hasta el último día del mes en que cumpla 65 años de edad y a partir de esa fecha podrá acceder a la PBS o al APS de vejez de acuerdo a las normas establecidas al efecto.

El cálculo de la PAFE para el pensionado de invalidez, se efectuará según lo establecido en la regla general y se realizará a la fecha de obtención de la pensión por invalidez e incluirá, cuando corresponda, la o las bonificaciones por hijo nacido vivo más los intereses que haya devengado hasta dicha fecha.

Párrafo sexto

De las normas comunes del Sistema Solidario de Vejez e Invalidez y otras disposiciones

Artículo 24. El Instituto de Previsión Social administrará el sistema solidario. En especial, le corresponderá conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos, cuando proceda. El reglamento regulará la forma de operación y pago de los beneficios del sistema solidario y las normas necesarias para su aplicación y funcionamiento.

Los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, podrán presentar sus solicitudes para acceder al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de pensiones a la cual se encuentren afiliados, la que deberá remitirlas al Instituto de Previsión Social para que resuelva sobre la concesión y pago de los beneficios que otorga dicho régimen.

Nota: Se establece que el Instituto de Previsión Social (IPS) administrará el SPS y se especifican algunas de sus funciones. Respecto de los afiliados al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, se establece que podrán presentar sus solicitudes para acceder al sistema de pensiones solidarias ante la administradora de fondos de pensiones a la cual se encuentren afiliados.

Artículo 25. Corresponderá a la Superintendencia de Pensiones, la supervigilancia y fiscalización del sistema solidario que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias, las que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el mencionado sistema.

Nota: Se establece que la Superintendencia de Pensiones será la institución encargada de supervigilar y fiscalizar el SPS administrado por el IPS.

Artículo 26. Las personas que gocen de la pensión básica solidaria de vejez o invalidez no causarán asignación familiar. No obstante, podrán ser beneficiarias de esta prestación en relación con sus descendientes que vivan a su cargo en los términos contemplados en el Sistema Único de Prestaciones Familiares.

Nota: Se establece que los beneficiarios de PBS de vejez e invalidez no son causantes de asignación familiar, pero si pueden ser beneficiarios de ella.

Artículo 27. Los beneficios que otorga el sistema solidario se extinguirán en los casos siguientes:

a) Por el fallecimiento del beneficiario. En este caso el beneficio se extinguirá al último día del mes del fallecimiento;

b) Por haber dejado el beneficiario de cumplir alguno de los requisitos de otorgamiento;

c) Por no cobro de ellos durante seis meses continuos;

d) Cuando el beneficiario no proporcione los antecedentes relativos al beneficio que le requiera el Instituto de Previsión Social, dentro de los tres meses calendario siguientes al respectivo requerimiento, el que deberá efectuarse personalmente al beneficiario o en la forma que determine el reglamento, o

e) Por obtención de residencia del beneficiario en país extranjero.

En el caso de los inválidos parciales el derecho a los beneficios del sistema solidario de invalidez se extinguirá ante la negativa del beneficiario de someterse a las reevaluaciones indicadas por las Comisiones Médicas de Invalidez, referidas en el artículo 17, para lograr su recuperabilidad.

El beneficiario del sistema solidario deberá comunicar al Instituto de Previsión Social, la pérdida de alguno de los requisitos necesarios para el goce de los beneficios.

El beneficiario deberá informar al Instituto de Previsión Social cualquiera aumento considerable que experimenten sus ingresos de acuerdo a lo que determine el reglamento, a fin que le sea aplicado el instrumento de focalización. En caso de incumplimiento de esta obligación, el Director del Instituto de Previsión Social podrá, fundadamente, sancionar al beneficiario con la pérdida del beneficio y el reintegro de aquellos percibidos indebidamente.

El Instituto de Previsión Social podrá en cualquier oportunidad revisar el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario de vejez e invalidez, y deberá ponerles término cuando deje de concurrir alguno de los requisitos legales establecidos para su otorgamiento o haya concurrido alguna causal de cese del beneficio.

Nota: Se establecen las causales de extinción de los beneficios del sistema solidario, los deberes de informar de los beneficiarios y la facultad del IPS de revisar el otorgamiento de los beneficios y el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios.

Artículo 28. Todo aquel que percibiere indebidamente cualquiera de los beneficios del sistema solidario, proporcionando datos o antecedentes falsos, será sancionado conforme al artículo 467 del Código Penal. Además deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.

Al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, le corresponderá ejercer las facultades establecidas en el artículo 3° del decreto ley N° 3.536, de 1980. No obstante, la información señalada en el inciso tercero del mencionado artículo la remitirá a la Superintendencia de Pensiones.

Nota: En este artículo se establecen las sanciones en caso de percibir indebidamente los beneficios del sistema solidario.

Artículo 29. La pensión básica solidaria de vejez e invalidez estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que sean carentes de recursos de acuerdo al Libro II del DFL N°1, del Ministerio de Salud, de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469. No estarán obligados a realizar dicha cotización los pensionados señalados en el inciso segundo del artículo segundo transitorio y artículo tercero transitorio de la presente ley.

Para los beneficiarios de pensiones de vejez o de invalidez, que perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez, la cotización establecida en el artículo 85 del decreto ley N° 3.500, de 1980, se realizará sobre el monto que resulte de sumar dicha pensión y el referido aporte.

Nota: En este artículo se establece que la PBS de vejez e invalidez estará afecta a la cotización que establece el artículo 85 del decreto ley N° 3.500 excepto para los beneficiarios de dichas pensiones que sean carentes de recursos. Asimismo, se establece la base de cálculo de dicha cotización para los beneficiarios de pensiones de vejez o de invalidez que perciban aporte previsional solidario de vejez o invalidez la que considera el referido aporte.

Artículo 30. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá la forma de acreditar los requisitos establecidos para el otorgamiento de los beneficios del sistema solidario; determinará los casos en que el peticionario podrá solicitar ante el Instituto de Previsión Social que reconsidere la composición de su grupo familiar, para lo cual podrá requerir que se excluyan o incluyan miembros distintos a los señalados en el artículo 4°, en función de factores, tales como, personas que viven o no a expensas del peticionario, residen o no en la misma vivienda; señalará el o los instrumentos técnicos de focalización y procedimientos que utilizará el Instituto de Previsión Social para determinar lo establecido en la letra b) del artículo 3°, considerando, a lo menos, el ingreso per cápita del grupo familiar. El o los instrumentos de focalización que se apliquen deberán ser los mismos para toda la población. Además, fijará los criterios para definir el umbral de focalización que determinará quienes pertenecen al 60 % más pobre de la población en Chile; la forma y circunstancias en que se harán efectivas las causales de cese de los beneficios del sistema solidario; los sistemas de control y evaluación que utilizará el Instituto de Previsión Social para excluir a los beneficiarios que no cumplan los requisitos establecidos en este título, y las demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.

Nota: Este artículo establece que un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por el Ministro de Hacienda regulará la forma, instrumentos y procedimientos que el IPS utilizará para la acreditación de requisitos y las demás normas necesarias para la aplicación del Sistema de Pensiones Solidarias.

Artículo 31. A las personas pensionadas o imponentes de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, no les serán aplicables las disposiciones del sistema solidario, ni aún cuando además se encuentren afiliadas o afectas a otro régimen previsional.

Nota: Se refiere a las personas pensionadas o imponentes de los regímenes de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile en relación a las disposiciones del SPS.

Artículo 32. Las personas que carezcan de recursos y gocen de pensión básica solidaria de vejez causarán asignación por muerte en los términos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1979, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Sin embargo, si quien hubiere hecho los gastos del funeral fuere persona distinta del cónyuge, hijos o padres del fallecido, sólo tendrá derecho a tal beneficio hasta la concurrencia del monto efectivo de su gasto, con el límite establecido en el inciso primero del artículo 6° del decreto con fuerza de ley citado en el inciso anterior, quedando el saldo hasta completar dicho límite a disposición del o la cónyuge sobreviviente, y a falta de éste, de los hijos o los padres del causante.

El Instituto de Previsión Social pagará el beneficio a que se refiere este artículo con cargo a los aportes fiscales que se contemplen anualmente en su presupuesto.

Nota: Establece que las personas que carezcan de recursos y gocen de PBS de vejez serán causantes de asignación por muerte y se refiere a los términos en que este beneficio se hace efectivo.

Artículo 33.- Establécese un subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de 18 años de edad. Este subsidio se otorgará conforme a lo establecido en los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10 y 12, del decreto ley N° 869, de 1975, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, disposiciones que para este solo efecto se entenderán vigentes. Este subsidio se financiará con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos.

Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social la tuición y fiscalización de la observancia de las disposiciones sobre el subsidio a que se refiere el presente artículo, la administración financiera del mismo y el control de su desarrollo presupuestario. Para estos efectos, se aplicarán las disposiciones orgánicas de la Superintendencia y aquellas establecidas en el decreto ley mencionado en el inciso anterior.

Nota: Se establece un subsidio para las personas con discapacidad mental a que se refiere la ley N° 18.600 y que sean menores de 18 años de edad. El mencionado subsidio se financiará con los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos. Este subsidio reemplaza a las actuales PASIS de discapacidad mental para menores de 18 años de edad. La Superintendencia de Seguridad Social será la entidad encargada de la tuición y fiscalización de las disposiciones sobre este subsidio así como de la administración financiera del mismo y el control de su desarrollo presupuestario.

Artículo 34. Los titulares de pensiones otorgadas conforme a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992, podrán acceder a los beneficios del sistema solidario siempre que cumplan los requisitos establecidos en el presente Título, en lo que corresponde.

Las personas que sólo perciban pensiones de las señaladas en el inciso anterior podrán acceder a un porcentaje de la pensión básica solidaria de vejez o invalidez si ésta última fuere de un monto superior al de la primera. El beneficio ascenderá al valor que resulte de restar de la referida pensión básica, la o las pensiones que perciba el pensionado de las leyes señaladas en el inciso anterior.

Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el inciso primero podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez, siempre que perciban pensión de vejez o sobrevivencia, del decreto ley N° 3.500, de 1980. En estos casos al monto del complemento solidario se le restará el valor de la o las pensiones señaladas en dicho inciso.

Las personas que perciban pensiones de las señaladas en el inciso primero y se encuentren percibiendo pensiones de algún régimen previsional administrado por el Instituto de Normalización Previsional, podrán acceder al aporte previsional solidario de vejez, el que ascenderá al monto que resulte de aplicar el artículo octavo transitorio, deducidas las pensiones del inciso primero.

Los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de la ley N° 19.234, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del inciso segundo del artículo 9°.

Nota: En este artículo se señala la forma de acceso al Sistema de Pensiones Solidarias de los titulares de pensiones otorgadas conforme a las leyes Nos. 18.056; 19.123; 19.234; 19.980 y 19.992. Por otro lado, se señala que los abonos de tiempo a que se refiere el artículo 4° de la ley N° 19.234 para los exonerados políticos, se considerarán como tiempo cotizado para los efectos del requisito de residencia que aplica para los que opten al APS de vejez.

Artículo 35.- Introdúcense a la ley N° 19.949 las modificaciones siguientes:

a) Reemplázase en el artículo 2° la oración: “a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975” por la frase “a la pensión básica solidaria de vejez o invalidez,”.

b) Sustitúyanse en el inciso primero del artículo 7° la frase “en el decreto ley N° 869, de 1975,” por la siguiente: “de la pensión básica solidaria de vejez o invalidez”, y la oración “a la pensión asistencial” por la siguiente: “a las pensiones antes mencionadas”.

c) Elimínase en el artículo 9° la oración “del Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales”.

Nota: Se establecen una serie de adecuaciones a la ley N° 19.949, que trata sobre el programa Chile Solidario, con el fin de hacerla acorde con las modificaciones del SPS.

Párrafo séptimo

Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980, en materia de beneficios garantizados por el Estado

Artículo 36.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:

1. Suprímase el inciso tercero del artículo 1°.

Nota: En consideración a que este proyecto de ley introduce en su Título I el Sistema de Pensiones Solidarias, esta modificación elimina del DL N° 3.500 la mención a la obligación del Estado de garantizar pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a todos los afiliados al Sistema, ya que el nuevo Sistema de Pensiones Solidarias sustituirá al de Garantía Estatal de Pensión Mínima. No obstante, este proyecto permite a los actuales pensionados y afiliados próximos a pensionarse la elección entre ambos regímenes.

2. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:

a) Reemplázase en la segunda oración, del inciso duodécimo la frase: “pensión mínima a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

b) Reemplazase en el inciso final la expresión: “pensión mínima”, por la siguiente: “pensión básica solidaria de invalidez”.

Nota: Estos incisos establecen el pago de una pensión mínima en forma temporal cuando existe una reclamación durante el proceso de calificación de la invalidez. La modificación corresponde a una adaptación del DL N° 3.500, en consideración a la creación, mediante este proyecto, del Sistema de Pensión Básica Solidaria, el que sustituirá al actual sistema de garantía estatal de pensión mínima.

3. Suprímese en el inciso cuarto del artículo 20 la expresión “en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima a que se refiere el Título VII, ni”.

Nota: Este inciso establece que no se considerarán para el derecho a garantía estatal de pensión mínima los ahorros voluntarios del trabajador (cotizaciones voluntarias, APV, depósitos convenidos). Esta modificación elimina dicha excepción, en consideración a que ella se considera en el articulado sobre el Sistema de Pensión Básica Solidaria.

4. Suprímese el inciso tercero del artículo 22.

Nota: Al igual que en el número anterior, debido a la introducción de las nuevas normas de pensiones básicas solidarias que pagará el Estado, esta modificación suprime la especificación que hacía el DL 3.500, respecto de que los fondos acumulados en la cuenta de ahorro voluntario no se consideraban en la determinación del derecho a garantía estatal de la pensión mínima.

5. Suprímense en los incisos primero y segundo del artículo 51 las oraciones siguientes: “y con la garantía estatal a que se refiere el Título VII, cuando corresponda”.

Nota: Estos incisos establecen que las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia se financiarán con el saldo de la cuenta individual y con la garantía estatal de pensión mínima. Esta modificación elimina la mención a dicha garantía estatal, en consideración a la introducción mediante este proyecto del Sistema de Pensión Básica Solidaria que la reemplaza.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62:

a) Reemplázase en el inciso segundo en la última oración la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima a que se refiere el inciso antes señalado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

b) Reemplázase en el inciso tercero la frase: “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado, a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.

c) Reemplázase en la primera oración del inciso sexto la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

Nota: En consideración a la introducción del Sistema de Pensión Básica Solidaria, las modificaciones de este artículo sustituyen las referencias a la pensión mínima por la pensión básica solidaria en los siguientes casos:

- Componente fijo de la renta pactada en cuando se trate de una pensión de vejez anticipada (letra a): Será el 100% de la pensión máxima con aporte solidario.

- Requisito para poder optar a la modalidad de renta vitalicia inmediata (letra b): Será igual a la pensión básica solidaria de vejez.

- Componente fijo de la renta pactada cuando se trate de una pensión de vejez (letra b): Será igual a la pensión básica solidaria de vejez.

- Requisito para retirar excedente de libre disposición (letra c): Será el 100% de la pensión máxima con aporte solidario.

7. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 62 bis:

a) Reemplázase en la última oración del inciso primero la frase “la pensión mínima de vejez garantizada por el Estado a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente: “la pensión básica solidaria de vejez”.

b) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

c) Reemplázase en el inciso cuarto la expresión “valor de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

Nota: Al igual que la modificación al artículo anterior, las modificaciones de este artículo sustituyen para la modalidad de Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado, los requisitos referidos a la pensión mínima por requisitos respecto de la pensión básica solidaria. En particular:

- Requisito para optar por la modalidad de Renta Vitalicia Inmediata con Retiro Programado (letra a): Será la pensión básica solidaria de vejez.

- Requisito para retirar excedente de libre disposición (letra b): Será el 100% de la pensión máxima con aporte solidario.

- Posibilidad de solicitar ajustes al monto del Retiro Programado (letra c): Se podrá ajustar de forma que la suma de éste más la Renta Vitalicia sean igual al 100% de la pensión básica solidaria, sólo en caso que el afiliado no tenga derecho al pilar solidario, pues en caso contrario existe el aporte solidario que complementa la pensión.

8. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 64:

a) Reemplázase en el inciso sexto la expresión “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

b) Reemplázase en el inciso final la expresión “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima de vejez señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

Nota: Las modificaciones de este artículo sustituyen los requisitos que se establecen en la modalidad de Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida referidos a la pensión mínima, por referencias a la pensión básica solidaria. En particular:

- Posibilidad de solicitar ajustes al monto de la Renta Temporal (letra a): Se podrá ajustar al 100% de la pensión básica solidaria, sólo en caso que el afiliado no tenga derecho al pilar solidario, pues en caso contrario existe el aporte solidario que complementa la pensión.

- Requisito para retirar excedente de libre disposición (letra b): Será el 100% de la pensión máxima con aporte solidario.

9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65:

a) Reemplázase en el inciso cuarto la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

b) Reemplázase en la primera oración del inciso séptimo la frase: “ciento cincuenta por ciento de una pensión mínima de vejez garantizada por el Estado”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

Nota: Las modificaciones de este artículo sustituyen los requisitos que se establecen en la modalidad de Retiro Programado referidos a la pensión mínima, por referencias a la pensión básica solidaria. En particular:

- Posibilidad de solicitar ajustes al monto del Retiro Programado (letra a): Se podrá ajustar al 100% de la pensión básica solidaria, sólo en caso que el afiliado no tenga derecho al pilar solidario, pues en caso contrario existe el aporte solidario que complementa la pensión.

- Requisito de saldo mínimo requerido para retirar excedente de libre disposición (letra b): Será el 100% de la pensión máxima con aporte solidario.

10. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 65 bis:

a) Reemplazase en la segunda oración del inciso primero la frase “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73, el afiliado”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez y siempre que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, éste” y la expresión “la mínima”, por la palabra: “la pensión básica solidaria”.

b) Reemplázase en la tercera oración del inciso tercero la frase: “al monto de la pensión mínima que señala el artículo 73”, por la siguiente: “al cien por ciento del valor de la pensión básica solidaria de vejez, en el caso en que el afiliado no cumpla los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias”.

Nota: Estos incisos se refieren a la posibilidad de los pensionados por invalidez de ajustar el monto de su pensión al monto de la pensión mínima. Las modificaciones de este artículo sustituyen los requisitos referidos a la pensión mínima, por referencias a la pensión básica solidaria.

11. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 68:

a) Reemplazase en la letra b) del inciso primero la oración: “ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima señalada en el artículo 73”, por la siguiente: “cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario”.

Nota: La modificación de este inciso sustituyen el requisito que se establece para jubilar anticipadamente equivalente al 150% de la pensión mínima, por un 100% de la pensión máxima con aporte solidario. Lo anterior considerando que el objeto de este requisito es minimizar el riesgo de uso futuro de la garantía estatal por causa de anticipar la edad de pensión.

b) Elimínese el inciso cuarto.

Nota: La eliminación de este inciso que establece que no operará la garantía estatal cuando el afiliado se pensione anticipadamente, hasta que cumpla la edad legal de pensión, obedece a que el sistema de pensiones solidarias reemplaza la garantía estatal por pensión mínima, por lo que esta materia es regulada en el articulado referido a dicho sistema.

12. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 82:

a) Sustitúyese en su inciso tercero la oración: “las pensiones mínimas a que se refiere el artículo 73”, por la siguiente “la pensión básica solidaria de vejez”.

b) Sustitúyese en su inciso quinto la palabra: “mínima”, por “básica solidaria de vejez”.

Nota: Actualmente el DL 3.500 establece una garantía del Estado a las rentas vitalicias, por quiebra o cesación de pago de las compañías de seguros, que consiste en un monto equivalente al 100% de la pensión mínima y al 75% del exceso sobre ésta, con un tope de 45 UF. En esta indicación se reemplaza la referencia a la pensión mínima del artículo 82 del DL Nº 3.500, de 1980, por la pensión básica solidaria, en concordancia con este proyecto de ley.

TÍTULO II

SOBRE INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA PARA EL SISTEMA DE PREVISIÓN SOCIAL

Párrafo primero

De los Organismos Públicos del Sistema de Previsión Social

Artículo 37. Los órganos públicos que tendrán la principal responsabilidad del sistema de previsión social serán los siguientes:

a) El Ministerio del Trabajo y Previsión Social;

b) La Subsecretaría de Previsión Social;

c) La Superintendencia de Pensiones;

d) La Superintendencia de Seguridad Social;

e) El Instituto de Previsión Social, y

f) El Instituto de Seguridad Laboral.

Nota: En este artículo se señalan los órganos públicos que tendrán la principal responsabilidad del Sistema de Previsión Social. Con este proyecto de ley se diseña una nueva institucionalidad estructurada de manera coherente con el sistema previsional que se propone.

Párrafo segundo

Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Artículo 38. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en materias laborales y de previsión social.

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 22 de la ley N° 18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. Nº 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, le corresponderá proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.

El Ministerio contará con dos Subsecretarías: una del Trabajo y otra de Previsión Social.

Nota: Este artículo señala las funciones y organización del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 39. La Subsecretaría de Previsión Social será el órgano de colaboración inmediata del Ministro del ramo y coordinará la acción de los servicios públicos del área correspondiente.

El Subsecretario de Previsión Social será el jefe superior de la Subsecretaría.

Nota: Se refiere a la Subsecretaría de Previsión Social en el marco de la institucionalidad previsional.

Artículo 40. La Subsecretaría de Previsión Social tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:

1. Asesorar al Ministro del Trabajo y Previsión Social en la elaboración de políticas y planes correspondientes al ámbito de la previsión social, como asimismo, en el análisis estratégico, planificación y coordinación de los planes y acciones de los servicios públicos del sector;

2. Estudiar y proponer al Ministro del Trabajo y Previsión Social las normas y reformas legales aplicables al sector y velar por su cumplimiento;

3. Evaluar las políticas aplicables al sector conforme a las instrucciones del Ministro del ramo;

4. Efectuar y promover la elaboración de estudios e investigaciones, en el ámbito de la previsión social;

5. Asistir al Ministro en el ámbito de las relaciones internacionales en materia de previsión social y en la participación de Chile en organismos internacionales relativos al tema;

6. Definir y coordinar la implementación de estrategias para sensibilizar, informar, educar y apoyar a la población en el conocimiento del sistema de previsión social, facilitándole el ejercicio de sus derechos conforme a las políticas definidas en la materia;

7. Promover estrategias de incorporación de los trabajadores independientes al régimen de cotizaciones obligatorias establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980;

8. Administrar el Fondo para la Educación Previsional;

9. Coordinar los órganos del sector en las estrategias de promoción, difusión y educación en el sistema de previsión social de acuerdo con las políticas definidas en la materia;

10. Asistir administrativamente a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, y

11. Las demás funciones y atribuciones que contemplen otras leyes.

Nota: Este artículo se refiere a las principales funciones y atribuciones de la Subsecretaría de Previsión Social.

Párrafo tercero

Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones

Artículo 41. Créase la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones que estará integrada por un representante de los trabajadores, uno de los pensionados, uno de las instituciones públicas, uno de las entidades privadas del sistema de pensiones y un académico universitario, que la presidirá.

La Comisión tendrá como función informar a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros organismos públicos del sector, sobre las evaluaciones que sus representados efectúen sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y proponer las estrategias de educación y difusión de dicho sistema.

La Subsecretaría de Previsión Social otorgará la asistencia administrativa para el funcionamiento de esta Comisión.

La Comisión de Usuarios podrá pedir asistencia técnica a los órganos públicos pertinentes.

Un reglamento, expedido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito también por el Ministro de Hacienda, regulará las funciones e integración de la Comisión de Usuarios y la forma de designación de sus miembros, su régimen de prohibiciones e inhabilidades, causales de cesación en sus cargos y las demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Los integrantes de la Comisión percibirán una dieta equivalente a un monto de seis unidades de fomento por cada sesión, con un límite máximo mensual de doce unidades de fomento.

Nota: Este artículo crea la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, determina sus funciones e integrantes y fija la dieta que éstos percibirán.

Párrafo cuarto

Fondo para la Educación Previsional

Artículo 42. Créase el Fondo para la Educación Previsional, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social, con el objeto de apoyar financieramente proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión del sistema de pensiones. Los recursos del Fondo serán asignados por dicha Subsecretaría mediante concursos públicos, previa propuesta del Comité de Selección.

El Comité de Selección estará integrado por el presidente de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, por un representante de la Subsecretaría de Previsión Social y por un representante del Instituto de Previsión Social.

Un reglamento dictado a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, suscrito también por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas de administración y operación del Fondo para la Educación Previsional, criterios de adjudicación de los recursos, reglas de funcionamiento del comité de selección y todas las que sean pertinentes.

A lo menos el sesenta por ciento de los fondos que se asignen anualmente deberá destinarse a proyectos, programas, actividades y medidas de promoción, educación y difusión para beneficiarios que no residan en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de estos proyectos, programas, actividades y medidas que cumplan con los requisitos técnicos que se establezcan al efecto.

Nota: Esta modificación tuvo por objeto establecer que un porcentaje mínimo de los fondos (60%) deberá destinarse a proyectos para beneficiarios que no residan en la Región Metropolitana, siempre que exista un número suficiente de éstos que cumplan con los requisitos técnicos que se establezcan.

Artículo 43.- El Fondo para la Educación Previsional estará constituido por:

a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos;

b) Las donaciones que se le hagan, y las herencias y legados que acepte, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

c) Los aportes que se reciban por vía de cooperación internacional a cualquier título, y

d) Los demás recursos que perciba por otros conceptos.

Nota: Este artículo establece el financiamiento del Fondo para la Educación Previsional.

Párrafo quinto

De la Superintendencia de Pensiones

Artículo 44. Créase la Superintendencia de Pensiones, organismo público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se regirá por esta ley y su estatuto orgánico y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través, de la Subsecretaría de Previsión Social.

La Superintendencia estará regida por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

La Superintendencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

La Superintendencia de Pensiones será considerada para todos los efectos, sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones creada por el decreto ley N°3.500, de 1980, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias que las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas hagan a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones se entenderán efectuadas a la Superintendencia de Pensiones.

Nota: Este artículo crea la Superintendencia de Pensiones, señala que estará regida por el Sistema de Alta Dirección Pública y que será considerada para todos los efectos, sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Artículo 45.- La Superintendencia tendrá especialmente las siguientes funciones y atribuciones:

1. Ejercer aquellas asignadas a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y en otras normas legales y reglamentarias vigentes.

2. Ejercer la supervigilancia y fiscalización del Sistema de Pensiones Solidarias que administra el Instituto de Previsión Social. Para tal efecto, la Superintendencia dictará las normas necesarias las que serán obligatorias para todas las instituciones o entidades que intervienen en el mencionado Sistema.

3. Fiscalizar al Instituto de Previsión Social respecto de los regímenes de prestaciones de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social, que éste administre, con excepción de aquellas referidas a la ley N° 16.744.

4. Velar por el cumplimiento de la legislación en lo relativo al proceso de calificación de invalidez, tanto para los afiliados al sistema de pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, a los imponentes de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social, como a los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez.

5. Coordinarse con las instituciones que sean competentes en materias de fiscalización de la declaración y pago de las cotizaciones previsionales del decreto ley N° 3.500, de 1980, especialmente con el objeto de evitar la morosidad previsional y fomentar el pago oportuno de las cotizaciones previsionales.

6. Dictar normas e impartir instrucciones de general aplicación para su aplicación y cumplimiento, en los ámbitos de su competencia.

7. Interpretar administrativamente en materias de su competencia las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas.

8. Velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio, de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República.

9. Efectuar los estudios técnicos y actuariales necesarios para el desarrollo de las materias de su competencia.

10. Aplicar sanciones en los casos y forma que establezcan las leyes.

11. Constituir y administrar el Registro de Asesores Previsionales.

12. Asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la celebración y ejecución de convenios internacionales relativos a materias de previsión social, actuando como organismo de enlace de los mismos.

Nota: Se establecen las funciones y atribuciones de la Superintendecia de Pensiones. La Superintendecia de Pensiones ejercerá todas aquellas funciones que actualmente corresponden a la Superintendecia de AFP y ejercerá la supervigilancia y fiscalización del SPS, entre otras funciones.

Artículo 46. Traspásanse a la Superintendencia de Pensiones, las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de Seguridad Social en relación con el Instituto de Normalización Previsional como administrador de los regímenes de prestaciones de las ex cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social, con excepción de aquellas referidas a ley N° 16.744. Además, traspásanse las funciones señaladas en el inciso final del artículo 20 del decreto ley N° 3.500, de 1980 y en las leyes Nos. 19.123, 19.234, 19.582 y 19.992 Nota: Traspasa a la Superintendecia de Pensiones las funciones y atribuciones que ejerce la Superintendencia de Seguridad Social que se detallan.

Artículo 47. La dirección superior y la administración de la Superintendencia de Pensiones corresponderán al Superintendente de Pensiones, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Nota: Establece que al Superintendente de Pensiones le corresponderá la dirección superior y la administración de la Superintendencia de Pensiones.

Artículo 48. La Superintendencia de Pensiones podrá requerir datos personales y la información que fuere necesaria para el ejercicio de sus funciones, tanto a personas naturales como a instituciones públicas o privadas. Además, podrá realizar el tratamiento de los datos personales con el fin de ejercer el control y fiscalización en las materias de su competencia.

Para estos efectos, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

El personal de la Superintendencia de Pensiones deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Nota: Se faculta a la Superintendencia de Pensiones para requerir datos personales e información para ejercer sus funciones.

Artículo 49. El personal de la Superintendencia de Pensiones se regirá por las normas estatutarias, de remuneraciones y otros beneficios pecuniarios y previsionales que actualmente rigen al personal de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones.

Nota: Señala las normas que regirán al personal de la Superintendencia de Pensiones.

Artículo 50. El patrimonio de la Superintendencia de Pensiones estará formado por:

a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos que se otorguen por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

d) Los frutos de sus bienes;

e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes que reciba a cualquier título por concepto de cooperación internacional.

Nota: Este artículo señala la conformación del patrimonio de la Superintendencia de Pensiones.

Párrafo sexto

Del Instituto de Previsión Social y del Instituto de Seguridad Laboral

Artículo 51. Créase el Instituto de Previsión Social, servicio público descentralizado, y por tanto con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la Subsecretaría de Previsión Social. Tendrá por objeto especialmente la administración del sistema de pensiones solidarias y de los regímenes previsionales administrados actualmente por el Instituto de Normalización Previsional.

El Instituto constituirá un servicio público de aquéllos regidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en la ley N° 19.882.

Nota: Este artículo crea el Instituto de Previsión Social (IPS) y establece que será regido por el sistema de alta dirección pública.

Artículo 52. Traspásanse desde el Instituto de Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, al Instituto de Previsión Social todas sus funciones y atribuciones, con excepción de aquellas referidas a la ley N°16.744.

El Instituto de Previsión Social, en el ámbito de las funciones y atribuciones que se le traspasan conforme al inciso anterior, será considerado para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. Las referencias, que en dicho ámbito, hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas al Instituto de Normalización Previsional se entenderán efectuadas al Instituto de Previsión Social.

Nota: Este artículo traspasa al IPS todas las funciones y atribuciones del Instituto de Normalización Previsional con excepción de aquellas referidas a la ley N°16.744.

Artículo 53. El Instituto de Previsión Social tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1. Administrar el sistema de pensiones solidarias, conceder los beneficios que éste contempla, cesarlos o modificarlos;

2. Administrar las bonificaciones por hijo para las mujeres establecidas en el Párrafo 1° del Título III;

3. Administrar el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, establecido en el Párrafo 3° del Título III;

4. Otorgar y pagar las asignaciones familiares a los trabajadores independientes, de acuerdo a lo contemplado en el decreto ley N° 3.500, de 1980;

5. Realizar diagnósticos y estudios actuariales y aquellos relativos a temas propios de sus funciones;

6. Administrar los regímenes previsionales de las cajas de previsión y del Servicio de Seguro Social como continuador legal del Instituto de Normalización Previsional, como asimismo, los demás beneficios que dicho Instituto otorga, con excepción de aquellos contemplados en la Ley N°16.744;

7. Celebrar convenios con entidades o personas jurídicas, de derecho público o privado, tengan o no fines de lucro, que administren prestaciones de seguridad social, con el objeto que los Centros de Atención Previsional Integral puedan prestar a éstas servicios tales como recepción, tramitación o participación en el proceso de tramitación de los beneficios que concedan; emisión de certificaciones; pago de beneficios; recepción y tramitación de solicitudes y recepción de reclamaciones. Los precios y modalidades de pago de los servicios que se presten serán fijados por Decreto Supremo conjunto emanado de los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y

8. Efectuar publicaciones informativas dentro del ámbito de su competencia.

Nota: En este artículo se establecen las funciones y atribuciones del Instituto de Previsión Social.

Artículo 54. El Instituto de Previsión Social estará facultado para exigir tanto de los organismos públicos como privados, los datos personales y la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y realizar el tratamiento de los mencionados datos, especialmente para el establecimiento de un Sistema de Información de Datos Previsionales.

El Instituto deberá verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al sistema de pensiones solidarias, con todos los antecedentes que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales y los organismos públicos y privados, los que estarán obligados a proporcionar los datos personales y antecedentes necesarios para dicho efecto.

Para los efectos antes señalados, no regirá lo establecido en el inciso segundo del artículo 35 del Código Tributario.

El personal del Instituto deberá guardar la absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. Las infracciones a esta norma serán consideradas falta grave para efectos administrativos, lo que no obsta a las sanciones penales que procedan.

Nota: Se faculta al Instituto de Previsión Social para requerir datos personales e información para ejercer sus funciones.

Artículo 55. La dirección superior y la administración del Instituto de Previsión Social corresponderán a un Director Nacional, quien será el jefe superior del servicio y tendrá la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a esa calidad. En conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley N° 18.575, el Director, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá su organización interna y determinará las denominaciones y funciones que correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas.

Nota: Se establece el cargo de Director Nacional del Instituto de Previsión Social a quien le corresponderá la dirección superior y la administración del IPS.

Artículo 56. El personal del Instituto de Previsión Social estará afecto a las disposiciones del Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos.

Los funcionarios del Instituto de Previsión Social deberán respetar la confidencialidad de las informaciones a que tengan acceso. Asimismo, les estará absolutamente prohibido ofrecer u otorgar a los usuarios bajo ninguna circunstancia otros servicios que los señalados en la ley, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquiera infracción a esta norma será constitutiva de falta grave para los efectos de establecer su responsabilidad administrativa, sin perjuicio, de las demás sanciones que procedan de conformidad a la ley.

Nota: Este artículo establece las normas que regirán al personal del Instituto de Previsión Social.

Artículo 57. El patrimonio del Instituto de Previsión Social estará formado por:

a) El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos;

b) Los recursos que se le otorguen por leyes especiales;

c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;

d) Los frutos de sus bienes;

e) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepte con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación;

f) Los ingresos que perciba por los servicios que preste, y

g) Los aportes que perciba por concepto de cooperación internacional.

Nota: En este artículo se establece la conformación del patrimonio del IPS.

Párrafo séptimo

De los Centros de Atención Previsional Integral

Artículo 58. El Instituto de Previsión Social consultará una red de Centros de Atención Previsional Integral de cobertura nacional, con el objeto de otorgar la prestación de servicios de información y tramitación en materias previsionales a los usuarios del sistema previsional, facilitando el ejercicio de os derechos que les correspondan.

Nota: En este artículo se establece que existirá una Red de Centros de Atención Previsional Integral en el IPS.

Artículo 59. Los Centros de Atención Previsional Integral tendrán las siguientes funciones y atribuciones:

1. Recibir las solicitudes de pensión de vejez por cumplimiento de la edad legal, invalidez y sobrevivencia que presenten los afiliados y beneficiarios del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980 y remitirlas a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda para su tramitación, participando en la transmisión y recepción de las comunicaciones y documentos que sean necesarios para la concesión de estos beneficios solicitados. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral podrán recibir de los afiliados al Sistema o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia, la selección de modalidad de pensión a que alude el inciso segundo del artículo 61 bis del citado decreto ley N° 3.500, de 1980, remitiéndola posteriormente a la Administradora que corresponda;

2. Acoger a tramitación las solicitudes de otorgamiento de los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social e informar de su otorgamiento, modificación o cese;

3. Informar y atender las consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y del Sistema de Pensiones Solidarias establecido en el Título I de esta ley. Asimismo, los Centros de Atención Previsional Integral estarán facultados para recibir y remitir a la Administradora de Fondos de Pensiones que corresponda para su tramitación, las reclamaciones que presenten los afiliados o sus beneficiarios de pensión de sobrevivencia;

4. Emitir certificaciones relacionadas con los regímenes que administra y los beneficios que otorga el Instituto de Previsión Social;

5. Prestar los servicios que el Instituto de Previsión Social convenga con las entidades o personas jurídicas y para los fines que señala el artículo 53 número 7., de esta ley, y

6. Realizar las demás funciones que le encomienden las leyes o los reglamentos.

La Superintendencia de Pensiones mediante una norma de carácter general, regulará el ejercicio de las funciones y atribuciones antedichas.

Nota: Este artículo establece las funciones de los Centros de Atención Previsional Integral.

Artículo 60. Para los efectos de lo dispuesto en el número 1. del artículo anterior, el Instituto de Previsión Social se encontrará facultado para participar a través de los Centros de Atención Previsional Integral, del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión a que alude el artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980, pudiendo transmitir en representación de los afiliados y beneficiarios del Sistema que consagra dicho cuerpo legal, las solicitudes de oferta a que alude la letra a) del inciso octavo de esta norma, como asimismo, para recibir las ofertas de rentas vitalicias de las Compañías de Seguros de Vida y los montos de retiro programado calculados por las Administradoras, en los términos indicados en la letra c) de dicho inciso. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general que regulará esta materia.

La incorporación del Instituto de Previsión Social al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión se efectuará en los mismos términos a que aluden los incisos noveno, décimo, undécimo y décimo segundo del citado artículo 61 bis del decreto ley N° 3.500, de 1980.

Nota: Se faculta al Instituto de Previsión Social para participar del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión para el desempeño de sus funciones.

Artículo 61. A contar de la fecha en que entre en funciones el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización Previsional, creado por el decreto ley N°3.502, de 1980, se denominará “Instituto de Seguridad Laboral”. En consecuencia, modifícase en tal sentido dicha expresión en todas las referencias en que aparezca, salvo en el ámbito de las funciones y atribuciones que se traspasan al Instituto de Previsión Social, de acuerdo al artículo 52.

Nota: En este artículo se cambia el nombre al Instituto de Normalización Previsional por el de Instituto de Seguridad Laboral a contar de la fecha en que entre en funciones el Instituto de Previsión Social.

Artículo 62. Reemplázase en el inciso sexto del artículo 3° de la ley N° 19.404, las palabras “Superintendente de Seguridad Social” por “Superintendente de Pensiones”.

Nota: Se establece que el Superintendente de Pensiones propondrá al Ministro del Trabajo y Previsión Social los integrantes de la Comisión Ergonómica Nacional que actualmente eran propuestos por Superintendente de Seguridad Social.

Artículo 63. Introdúcense en el decreto con fuerza de ley N°150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las siguientes modificaciones:

a) Intercálase en el artículo 27 después de la palabra “descentralizadas” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social, el Instituto de Normalización Previsional,”.

b) Intercálase en el inciso primero del artículo 33 después de las palabras “Cajas de Previsión” la siguiente frase: “, el Instituto de Previsión Social y el Instituto de Normalización Previsional”.

Nota: Se incorpora como administrador del Sistema Único de Prestaciones Familiares y como entidades pagadoras de las asignaciones familiares que correspondan a los pensionados al INP e IPS.

TÍTULO III

NORMAS SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y AFILIADOS JÓVENES

Párrafo primero

Bonificación por hijo para las mujeres

Artículo 64.- La mujer que cumpla con el requisito de permanencia establecido en el literal c) del artículo 3° de esta ley, y que sólo se encuentre afiliada al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, o sea beneficiaria de una pensión básica solidaria de vejez o que, sin ser afiliada a un régimen previsional perciba una pensión de sobrevivencia en los términos que se establece en los artículos siguientes, tendrá derecho, por cada hijo nacido vivo, a una bonificación en conformidad con las normas del presente Párrafo.

Nota: Este artículo establece una bonificación por cada hijo nacido vivo para las mujeres y define los requisitos para ser beneficiaria de dicha bonificación.

Artículo 65.- La bonificación consistirá en un aporte estatal equivalente al 10% de 12 ingresos mínimos, correspondientes a aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años, vigente en el mes de nacimiento del hijo.

Al monto total de cada una de las bonificaciones resultantes de acuerdo al procedimiento señalado en el inciso anterior, se le aplicará una tasa de rentabilidad por cada mes completo, contado desde el mes del nacimiento del respectivo hijo y hasta el mes en que la mujer cumpla los 65 años de edad.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, se aplicará una tasa de rentabilidad equivalente a la rentabilidad real anual promedio de todos los Fondos Tipo C, descontado el porcentaje que represente sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las Administradoras de Fondos de Pensiones por concepto de las comisiones a que se refiere el inciso segundo del artículo 28 del decreto ley N° 3.500, de 1980, con exclusión de la parte destinada al pago de la prima del contrato de seguro a que se refiere el artículo 59 del mismo cuerpo legal.

Nota: Esta modificación tuvo por objeto modificar la tasa de rentabilidad para la bonificación por hijo para las mujeres. El Mensaje contemplaba que al monto de las bonificaciones se les iba a aplicar una tasa de rentabilidad de un 4% real por año.

Con esta indicación se modifica dicha tasa de rentabilidad, en la perspectiva de que sea más alta, señalando que se aplicará una tasa equivalente a la rentabilidad real anual promedio de todos los Fondos tipo C, descontado el porcentaje que represente sobre los Fondos de Pensiones el total de ingresos de las administradoras por concepto de las comisiones señaladas en el artículo 28 del DL N° 3.500, con exclusión de la parte destinada al pago de la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

Adicionalmente, se corrigió la definición del beneficio que en el texto del Mensaje se encontraba subvalorado.

Artículo 66.- A la mujer afiliada al sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, se le enterará la bonificación en la cuenta de capitalización individual en el mes siguiente a aquel en que cumpla los 65 años de edad.

Respecto de la mujer que sea beneficiaria de pensión básica solidaria de vejez, el Instituto de Previsión Social le calculará una pensión autofinanciada de referencia, que se determinará según el procedimiento establecido en la letra g) del artículo 2°, considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondan. El resultado de este cálculo incrementará su pensión básica solidaria.

En el caso de una mujer que perciba una pensión de sobrevivencia, que se origine del sistema del decreto ley N° 3.500, de 1980, o que sea otorgada por el Instituto Normalización Previsional, sin ser adicionalmente afiliada a cualquier régimen previsional, se procederá a incorporar la o las bonificaciones, en la misma forma indicada en el inciso precedente. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional solidario que le corresponda.

Nota: En este artículo se establece la forma de pago de la bonificación por hijo nacido vivo.

Artículo 67. Para hacer efectiva la bonificación, las beneficiarias deberán solicitarla al Instituto de Previsión Social, entidad que determinará su monto, ya sea para integrarla en la cuenta de capitalización individual o para efectuar los cálculos antes dispuestos, según corresponda.

Nota: En este artículo se establece que la solicitud de la bonificación por hijo nacido vivo se presenta ante el IPS.

Artículo 68. En el caso de adopción, sea simple o plena, tendrán derecho a la bonificación, tanto las madres biológicas como las adoptivas. Tratándose de adopción plena, cuando la solicitud es presentada por la madre biológica, el Instituto de Previsión Social requerirá reservadamente los antecedentes que obren en poder de la Dirección Nacional del Registro Civil, para lo cual bastará establecer el número de hijos nacidos vivos de la madre requirente y las fechas de su nacimiento.

Nota: Este artículo extiende la bonificación por hijo nacido vivo a madres adoptivas.

Artículo 69.- Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra norma necesaria para la adecuada aplicación del presente Párrafo y sus disposiciones transitorias.

Nota: Se señala que un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y suscrito por el Ministro de Hacienda regulará el procedimiento de otorgamiento de la bonificación por hijo nacido vivo.

Párrafo segundo

Compensación económica en materia previsional en caso de nulidad o divorcio.

Artículo 70. Al considerar la situación en materia de beneficios previsionales a que se refiere el artículo 62 de la ley N° 19.947, sobre Matrimonio Civil, y ello origine total o parcialmente un menoscabo económico del que resulte una compensación, el juez, cualquiera haya sido el régimen patrimonial del matrimonio, podrá ordenar el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley N° 3.500 de 1980, del cónyuge que deba compensar a la cuenta de capitalización del cónyuge compensado o de no existir ésta, a una cuenta de capitalización individual, que se abra al efecto.

Dicho traspaso, no podrá exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual del cónyuge que debe compensar, respecto de los fondos acumulados durante el matrimonio.

Nota: Estas modificaciones tuvieron por objeto:

La primera, aclarar que ante una compensación económica regulada en la ley de matrimonio civil, la posibilidad de que un juez ordene el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual del cónyuge que deba compensar, al cónyuge compensado, opera independientemente del régimen patrimonial del respectivo matrimonio.

La segunda, tiene por objeto establecer que la cuenta que se abriría para el cónyuge compensado, en el caso de no tener cuenta de capitalización individual, también tiene el carácter de cuenta individual y no de una cuenta voluntaria.

Artículo 71. La Superintendencia de Pensiones deberá tener a disposición de los tribunales estudios técnicos generales que contribuyan a resolver con bases objetivas la situación previsional que involucre a cónyuges. De estimarlo necesario, el juez podrá requerir al citado organismo antecedentes específicos adicionales.

La Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, los procedimientos aplicables en los traspasos de fondos, apertura de las cuentas de capitalización individual que se requirieran y demás aspectos administrativos que procedan.

Nota: Se establece que la Superintendencia de Pensiones proporcionará a los tribunales estudios técnicos que ayuden a resolver la situación previsional que involucre a los cónyuges.

Párrafo tercero

Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes

Artículo 72. Los empleadores tendrán derecho a un subsidio estatal mensual, por los trabajadores que tengan entre 18 años y 35 años de edad, el que será equivalente al cincuenta por ciento de la cotización previsional dispuesta en el inciso primero del artículo 17, del decreto ley N° 3.500, de 1980, calculado sobre un ingreso mínimo, respecto de cada trabajador cuya remuneración sea igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual. Este beneficio se percibirá en relación a las primeras veinticuatro cotizaciones, continuas o discontinuas y se imputará a las cotizaciones que el empleador deba declarar y pagar por el respectivo trabajador.

Los trabajadores que se encuentren en la situación prevista en el inciso anterior, y por igual periodo, recibirán mensualmente un subsidio estatal del mismo monto, que se integrará directamente en su cuenta de capitalización individual.

El subsidio se mantendrá, por igual valor y duración, en el evento que la remuneración del trabajador se incremente en hasta dos ingresos mínimos desde el décimo tercer mes de percepción del beneficio.

Nota: En este artículo se crea un subsidio previsional para los trabajadores jóvenes de bajos ingresos. Se establece el monto del subsidio y que estará constituido por dos tipos de aportes, un subsidio a la contratación y un aporte directo a la cuenta de capitalización individual. Dicho subsidio se percibirá en relación a las primeras veinticuatro cotizaciones del trabajador en el sistema previsional.

Se estima que lo anterior permitirá alcanzar los objetivos de : a) fomento del empleo juvenil, b) mayor formalización y c) aumento de la cobertura y de los fondos previsionales de los trabajadores jóvenes.

Artículo 73. El beneficio establecido en el artículo anterior se dispondrá a requerimiento del empleador o, en subsidio del propio trabajador, ante el Instituto de Previsión Social, organismo que determinará su monto y lo integrará en la cuenta de capitalización individual del trabajador respectivo.

La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante norma de carácter general, los procedimientos que se aplicarán para la determinación, concesión y pago de este beneficio y de los demás aspectos administrativos destinados al cabal cumplimiento de las normas previstas en este Párrafo.

El subsidio establecido en el inciso segundo del artículo anterior, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, cuando ingrese a la cuenta de capitalización individual del trabajador.

Nota: Esta modificación tuvo por objeto aclarar que el subsidio previsional para los trabajadores jóvenes, no se considerará cotización para efectos del cobro de comisiones por parte de las AFP, cuando ingrese a la cuenta de capitalización individual del trabajador.

Artículo 74. La persona que percibiere indebidamente los subsidios de que trata este Párrafo, proporcionando datos o antecedentes falsos, será sancionada conforme al artículo 467 del Código Penal. Lo anterior es sin perjuicio que el infractor deberá restituir al Instituto de Previsión Social las sumas indebidamente percibidas, reajustadas en conformidad a la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el organismo que lo reemplace, entre el mes anterior a aquel en que se percibieron y el que antecede a la restitución. Las cantidades así reajustadas devengarán además un interés mensual de 1%.

Nota: En este artículo se establecen sanciones para quienes perciban indebidamente el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes.

Párrafo cuarto

Equidad en el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia del Decreto Ley 3.500, de 1980

Artículo 75. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 3.500, de 1980:

1. Agréguese el siguiente artículo 4° bis nuevo:

“Artículo 4° bis.- Sin perjuicio de establecido en esta ley, las afiliadas mujeres mayores de sesenta y hasta sesenta y cinco años de edad no pensionadas, tendrán derecho a pensión de invalidez y al aporte adicional para las pensiones de sobrevivencia que generaren, conforme a lo establecido en el artículo 54, con cargo al seguro a que se refiere el artículo 59.”.

Nota: En la actualidad las mujeres mayores de 60 años que opten por seguir cotizando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del D.L. N° 3.500, no pagan la prima del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y por lo tanto no están cubiertas ante los riesgos de invalidez y fallecimiento. Al respecto, se incorpora este artículo con el objeto que las mujeres que optan por seguir cotizando se encuentren cubiertas ante tales riesgos, con el fin de aumentar la protección de este grupo ante eventuales siniestros.

2. Intercálase en el inciso primero del artículo 5° a continuación de la palabra “madre”, la expresión “o el padre”.

3. Sustitúyese el inciso primero del artículo 6°, por el siguiente:

“El o la cónyuge sobreviviente, para ser beneficiario o beneficiaria de pensión de sobrevivencia, debe haber contraído matrimonio con el o la causante a lo menos con seis meses de anterioridad a la fecha de su fallecimiento o tres años, si el matrimonio se verificó siendo el o la causante pensionada de vejez o invalidez.”

4. Derógase el artículo 7°.

Nota: Las modificaciones a los artículos 5º, 6° y 7°, corrigen la asimetría existente respecto de los beneficiarios de pensión, según sea el sexo del afiliado, incorporando como beneficiario de pensión al cónyuge sobreviviente sin el requisito de invalidez que se exige actualmente y al padre de hijo de filiación no matrimonial. Los afiliados varones tienen como beneficiarios de pensión a sus hijos, a su cónyuge y a la madre de sus hijos de filiación no matrimonial; en cambio, las afiliadas mujeres tienen como beneficiarios de pensión a sus hijos y a su cónyuge, sólo cuando éste es parcial o totalmente inválido.

Esta asimetría genera en relación al seguro de invalidez y sobrevivencia, un grupo subsidiador (mujeres) y un grupo subsidiado (hombres). Si bien, por su característica de seguro colectivo es posible encontrar otros tipos de subsidios cruzados (como el que reciben los afiliados de mediana edad, por parte de los jóvenes y los adultos mayores, y los que reciben los casados por parte de los solteros), aquél es el único de carácter permanente.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 9°:

a) Reemplázase en la primera oración del inciso primero las expresiones “Las madres” por “El padre o la madre” y la palabra “del” que se encuentra entre las palabras “matrimonial” y “causante “por “de la o el".

b) Reemplázase la letra a) por la siguiente: “Ser solteros o viudos; y”.

Nota: La modificación de este artículo tiene por objeto armonizar su contenido con las propuestas en el número cuatro, en cuanto a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

6. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 58:

a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:

i. Reemplácese la letra a), por la siguiente: “a) sesenta por ciento para el o la cónyuge;”.

ii. Reemplácese la letra b), por la siguiente: “b) cincuenta por ciento para el o la cónyuge, con hijos comunes que tengan derecho a pensión. Este porcentaje se elevará al sesenta por ciento, cuando dichos hijos dejen de tener derecho a pensión;”.

iii. Reemplázase en las letras c) y d) la expresión “la madre” por “la madre o el padre” y la expresión “el causante” por “el o la causante”.

b) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente: “Si dos o más personas invocaren la calidad de cónyuge, de madre o de padre de hijo de filiación no matrimonial de la o el causante, a la fecha de fallecimiento de estos últimos, el porcentaje que le correspondiere a cada uno de ellos se dividirá por el número de cónyuges, de madres o de padres de hijos de filiación no matrimonial que hubiere, respectivamente, con derecho de acrecer entre ellos.”.

c) Intercálese en la última oración del inciso final a continuación de la palabra “madre” la expresión “o padre”.

Nota: Al otorgarse derecho a pensión de sobrevivencia al cónyuge varón y al padre de hijos de filiación no matrimonial, ha debido adaptarse el articulado referido a los montos de las pensiones de referencia de estos beneficiarios, establecidos en este artículo.

TÍTULO IV

SOBRE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Nota: En la actualidad sólo el 5% de los trabajadores independientes participa activamente del Sistema de Capitalización Individual.

Debido a lo anterior, este proyecto de ley contempla un conjunto de medidas cuyo objetivo es aumentar la cobertura previsional de los trabajadores independientes, estableciendo el acceso de estos trabajadores a los beneficios del sistema previsional en igualdad de derechos y obligaciones respecto a los trabajadores dependientes.

Lo anterior incluye el derecho a acceder a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias, tanto a la Pensión Básica Solidaria como al Aporte Previsional Solidario en los mismos términos en que pueden acceder los trabajadores dependientes.

Asimismo, gradualmente, se establecerá la afiliación obligatoria al sistema de pensiones de todos los trabajadores, eliminando la actual discriminación entre trabajadores dependientes e independientes. Esto permitirá que los trabajadores independientes que efectúen sus cotizaciones obligatorias conforme a lo establecido en este proyecto, cuenten con cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.

A su vez. el proyecto establece que bajo el cumplimiento de la obligación de cotización, los trabajadores independientes tendrán derecho a las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud. Adicionalmente, este proyecto contempla la extensión a los trabajadores independientes del derecho a la asignación familiar y a afiliarse a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

En resumen, las medidas propuestas en este proyecto de ley representan un incremento significativo en la cobertura de beneficios previsionales para los trabajadores independientes.

Artículo 76. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980:

1.- Suprímese inciso primero del artículo 2° la expresión: “los independientes”.

Nota: Esta modificación elimina la excepción de la obligación de cotizar para los afiliados independientes.

2.- Suprímense en el inciso segundo actual del artículo 16, la frase “o además declara renta como trabajador independiente” y la expresión “y rentas”.

Nota: La disposición que contiene este inciso respecto de los trabajadores que reciben simultáneamente remuneraciones y rentas como trabajador dependiente e independiente se traslada al artículo 90, que trata de la cotización de los trabajadores independientes.

3.- Agrégase en el inciso primero del artículo 19, después del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.) la oración siguiente: “Lo anterior, es sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo 92.”.

Nota: Respecto del plazo para pagar las cotizaciones, se hace mención expresa a la excepción que operará para los trabajadores independientes en el nuevo esquema de obligatoriedad para estos trabajadores.

4.- Reemplázase en la letra a) del inciso primero del artículo 54, la frase: “o si hubiere cotizado en el mes calendario anterior a dichos siniestros, si se trata de un afiliado independiente” por “ o se encontrare en la situación señalada en el artículo 92 E, si se trata de un afiliado independiente afecto al artículo 89”.

Nota: La letra a) del artículo 54 establecía que el afiliado independiente se encontraba cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia habiendo cotizado en el mes calendario anterior al del siniestro. Dada la obligatoriedad de cotización del independiente se modifica la disposición sobre cobertura del seguro, según se señala en el atículo 92 (E) siguiente.

5.- Reemplázase en el inciso primero del artículo 89 la frase “ejerce una actividad mediante la cual obtiene un ingreso, podrá” por la siguiente “ejerza individualmente una actividad mediante la cual obtiene rentas del trabajo de las señaladas en el artículo siguiente, deberá”.

6.- Reemplázase el artículo 90 por el siguiente:

“Artículo 90.- La renta imponible será anual y corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, obtenida por el afiliado independiente en el año calendario anterior a la declaración de dicho impuesto, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual, ni superior al producto de multiplicar 12 por el límite máximo imponible establecido en el inciso primero del artículo 16, para lo cual la unidad de fomento corresponderá a la del último día del mes de diciembre.

Si un trabajador percibe simultáneamente rentas del inciso anterior y remuneraciones de uno o más empleadores, todas las remuneraciones imponibles y rentas imponibles del inciso anterior, se sumarán para los efectos de aplicar el límite máximo anual establecido en el inciso precedente, de acuerdo a lo que determine una norma de carácter general de la Superintendencia.

Los trabajadores independientes que no perciban rentas de las señaladas en el inciso primero podrán cotizar respecto de aquellas conforme a lo establecido en el párrafo siguiente.

Se entenderá por “año calendario”, el período de doce meses que termina el 31 de diciembre.”.

Nota: En estos artículos se establece la obligatoriedad de cotización de un grupo determinado de trabajadores independientes: aquellos que obtienen rentas gravadas por el artículo 42 N°2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. No estarán obligados a cotizar, pero podrán hacerlo como afiliados voluntarios, los trabajadores independientes que no perciban ingresos de este tipo, como por ejemplo, los pequeños contribuyentes.

7.- Modifícase el artículo 92 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente: “Los trabajadores afiliados en conformidad al artículo 89, estarán afectos a las cotizaciones que se establecen en el Título III y a un siete por ciento destinado a financiar prestaciones de salud las que se enterarán en el Fondo Nacional de Salud, cuando correspondan. Dichas cotizaciones se pagarán de acuerdo a lo establecido en los incisos cuarto y quinto del presente artículo y en el artículo 92 F.”.

b) Incorpórense los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto nuevos:

“Los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, podrán efectuar mensualmente pagos provisionales de las cotizaciones señaladas en el Título III, las cuales deberán enterarse de acuerdo al inciso primero del artículo 19, y se imputarán a las cotizaciones de pensiones que estén obligados a pagar anualmente. En este caso, el trabajador podrá pagar la cotización de salud en la Administradora, quien la enterará en el Fondo Nacional de Salud.

El trabajador independiente a que se refiere el artículo 89, deberá pagar mensualmente las cotizaciones de salud que entere en el Fondo Nacional de Salud. La renta imponible mensual será la que el afiliado declare mensualmente al Fondo Nacional de Salud o a la Administradora en el caso del inciso anterior, la que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual ni superior al equivalente a sesenta unidades de fomento. Sin perjuicio de lo anterior, cada año se practicará una reliquidación para determinar las diferencias que existieren entre las rentas imponibles que declaró mensualmente en el año calendario anterior y la renta imponible anual señalada en el inciso primero del artículo 90 determinada con los ingresos de dicho año calendario. En el caso que el trabajador independiente no hubiere realizado los pagos antes señalados o que de la reliquidación practicada existieren rentas imponibles sobre las que no se hubieren realizado cotizaciones de salud, éstos pagos se efectuarán de acuerdo al artículo 92 (F).

No obstante lo establecido en el artículo 148 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, los trabajadores independientes señalados en el artículo 89, para tener derecho a las prestaciones médicas que proporciona el Régimen de Prestaciones de Salud y a la atención en la modalidad de "libre elección", requerirán haber cotizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que impetren el beneficio, o haber pagado a lo menos seis cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos doce meses anteriores a la fecha en que se impetren los beneficios.”.

Nota: En este artículo se establece la obligación del afiliado independiente de cotizar para salud y la modalidad de pago.

8.- Incorpórense los siguientes artículos nuevos, a continuación del artículo 92:

“Artículo 92 (A).- Las Administradoras de Fondos de Pensiones, certificarán el monto total de pagos provisionales efectuados de acuerdo al inciso cuarto del artículo 92, por el trabajador independiente en el año calendario anterior y el monto de las cotizaciones declaradas y pagadas, y declaradas y no pagadas por el o los empleadores, si dicho trabajador percibe simultáneamente remuneraciones durante ese período.

A más tardar el último día del mes de febrero de cada año, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán remitir a los afiliados, el certificado señalado en el inciso anterior. Además, dentro de ese mismo plazo, dichas Administradoras deberán informar al Servicio de Impuestos Internos lo señalado en el inciso anterior. La Superintendencia de Pensiones, mediante norma de carácter general, regulará la forma de entregar la información a que se refiere este artículo.

Artículo 92 (B).- En el mes de febrero de cada año, el Fondo Nacional de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos el monto de las cotizaciones de salud que hubiere pagado mensualmente el trabajador independiente de acuerdo a lo establecido en el inciso quinto del artículo 92, en el año calendario inmediatamente anterior a dicho mes. Además, la Superintendencia de Salud informará al Servicio de Impuestos Internos, sobre la Institución de Salud Previsional a la que se encuentren afiliados los trabajadores independientes.

Artículo 92 (C).- La comisión a que tendrán derecho las administradoras de fondos de pensiones por las cotizaciones previsionales obligatorias que en virtud del artículo 89 se paguen anualmente por los trabajadores independientes afiliados a ellas, corresponderá al porcentaje promedio de las comisiones que la administradora a la que pertenezca el afiliado hubiere cobrado en el ejercicio anterior al pago de dichas cotizaciones. La Superintendencia de Pensiones dictará una norma de carácter general para su aplicación.

Artículo 92 (D).- El Servicio de Impuestos Internos determinará anualmente el monto que debe pagar el afiliado independiente por concepto de las cotizaciones señaladas en el inciso primero del artículo 92. Lo anterior lo informará tanto a la Tesorería General de la República como a la administradora de fondos de pensiones en la cual se encuentre afiliado el trabajador. El reglamento establecerá la forma de determinar el cálculo de las cotizaciones obligatorias a que se encuentren afectos dichos afiliados, considerando los descuentos que procedan por las cotizaciones de pensiones y de salud enteradas en el Fondo Nacional de Salud que hubiere realizado el trabajador en su calidad de dependiente, como aquellos pagos que hubiere efectuado de conformidad a los incisos cuarto y quinto del artículo 92, todos en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que deba pagar sus cotizaciones como afiliado independiente y reajustados según determine este reglamento.

Artículo 92 (E).- Para los efectos del seguro de invalidez y sobrevivencia, el trabajador independiente que hubiese efectuado sus cotizaciones obligatorias conforme al artículo siguiente, por una renta imponible anual de un monto igual o superior al equivalente a siete ingresos mínimos mensuales, tendrá una cobertura anual de ese seguro desde el día 1° de mayo del año en que pagó las cotizaciones hasta el día 30 de abril del año siguiente a dicho pago. En el caso que dicha renta imponible sea de un monto inferior al antes indicado, el independiente que cotice según esta modalidad, estará cubierto por el mencionado seguro en el número de meses que resulte de multiplicar 12 por la razón entre el número de cotizaciones equivalentes a ingresos mínimos mensuales y siete, contados desde el 1° de mayo del año en que pagó las cotizaciones. En todo caso, sea cual fuere el monto de la cotización enterada, el trabajador siempre estará cubierto en el mes de mayo del año en que efectúe el pago. Mediante una norma de carácter general la Superintendencia de Pensiones regulará la forma de realizar el mencionado cálculo.

Artículo 92 (F).- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo 92, se pagarán en primer lugar y con preeminencia a otro cobro, imputación o pago de cualquier naturaleza, con cargo a las cantidades retenidas en conformidad a lo establecido en los artículos 84 y 89 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para ello, el Servicio de Impuestos Internos, durante la primera quincena del mes de mayo, comunicará a la Tesorería General de la República la individualización de los afiliados independientes que deban pagar las cotizaciones del Título III y la destinada a financiar prestaciones de salud del Fondo Nacional de Salud y el monto a pagar por dichos conceptos. Además deberá informarle el nombre de la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentre afiliado el trabajador.

La Tesorería General de la República deberá enterar, con cargo a las cantidades retenidas mencionadas en el inciso anterior y hasta el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre incorporado el trabajador independiente para ser imputados y registrados en su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo Nacional de Salud.

Artículo 92 (G).- Si las cantidades señaladas en el inciso primero del artículo anterior fueren de un monto inferior a las cotizaciones adeudadas, se pagarán en primer orden las destinadas a pensiones y subsistirá la obligación del trabajador independiente por el saldo insoluto, y a partir de ese momento se considerarán adeudadas para todos los efectos legales.

Artículo 92 (H).- A los trabajadores independientes del artículo 89 que adeuden cotizaciones previsionales, les serán aplicables los incisos décimo a vigésimo primero del artículo 19, en los mismos términos establecidos para los empleadores. No obstante, respecto del inciso décimo noveno de dicho artículo no recibirán aplicación los artículos 4°; 4°bis; 12; 14; 18; 19; 20 y 25 bis de la ley N° 17.322. Asimismo, en los juicios de cobranzas de deudas previsionales de dichos trabajadores, no podrán embargarse los bienes inmuebles de propiedad de ellos, sin perjuicio, de los demás bienes que las leyes prohiban embargar.

Al trabajador independiente señalado en el artículo 89, que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez y no se encontrare al día en el pago de sus cotizaciones de pensiones, se le calculará un aporte previsional solidario reducido, para lo cual se considerará una pensión máxima con aporte solidario reducida, equivalente a la mitad de la suma de la pensión básica solidaria de vejez y de la pensión máxima con aporte solidario.

La reducción a que se refiere el inciso anterior, sólo se aplicará por un número determinado de meses, contados desde que el trabajador independiente cumpla 65 años de edad. Para determinar los meses afectos a reducción, se considerará el monto total de cotizaciones de pensiones adeudadas, al que se le aplicará un interés real del 4% anual, desde el mes siguiente al que comenzaron a adeudarse y hasta la fecha en que cumpla 65 años de edad; este monto, se multiplicará por el factor de ajuste utilizado para el cálculo del aporte previsional solidario de vejez sin reducción, y el resultado que se obtenga se dividirá por la diferencia entre el aporte previsional solidario de vejez sin reducción y con reducción. El resultado que se obtenga corresponderá al número de meses durante el cual se aplicará la reducción que establece el inciso anterior. Con todo, si la cantidad que se obtuviere fuere superior a 60, se considerará esta última.

Artículo 92 (I).- Los trabajadores independientes afiliados a algunas de las instituciones de previsión del régimen antigüo administradas por el Instituto de Normalización Previsional o de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile o en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, no estarán obligados a cotizar de acuerdo a las normas del presente Párrafo.”.

Nota: Los artículos anteriores establecen la forma de pago de las cotizaciones previsionales de los afiliados independientes, los intereses y recargos que aplican en caso de no pago de las cotizaciones en los plazos estipulados, la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia para los afiliados independientes y las comisiones a que tienen derecho las AFP por el pago de cotizaciones previsionales de estos trabajadores.

Artículo 77. Los trabajadores independientes señalados en el inciso primero del artículo 89, del decreto ley N° 3.500, de 1980, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares del decreto con fuerza de ley N°150, de 1982, en las mismas condiciones que establece este último decreto con fuerza de ley y siempre que se encuentren al día en el pago de sus cotizaciones previsionales.

Para determinar el valor de los beneficios que concede el sistema de prestaciones familiares señalado en el inciso anterior, se entenderá por ingreso mensual el promedio de la renta del trabajador independiente, devengada por el beneficiario en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en que se devengue la asignación. En el evento que el beneficiario tuviera más de una fuente de ingreso, se considerarán todos ellos.

Ante el Instituto de Previsión Social se acreditarán las cargas familiares y éste las informará al Servicio de Impuestos Internos para los efectos del inciso siguiente.

Los beneficios del Sistema de Prestaciones Familiares se pagarán anualmente y se descontarán del pago de las cotizaciones previsionales que le corresponda realizar al trabajador independiente.

Nota: En el presente artículo se establece que los trabajadores independientes señalados en el inciso primero del artículo 89, del decreto ley N° 3.500, serán beneficiarios del Sistema Único de Prestaciones Familiares. Se regula la determinación del valor de los beneficios para estos trabajadores y su forma de pago.

Artículo 78. Sólo para los efectos de acceder a las prestaciones de los regímenes de prestaciones adicionales, de crédito social y de prestaciones complementarias, los trabajadores independientes que se encuentren cotizando para pensiones y salud de acuerdo la artículo 92 (A), podrán afiliarse individualmente a una Caja de Compensación de Asignación Familiar, en cuyos estatutos se los considere como beneficiarios de los aludidos regímenes.

Para contribuir al financiamiento de las prestaciones a que se refiere el inciso precedente, cada Caja de Compensación establecerá un aporte de cargo de cada afiliado independiente, de carácter uniforme, cuyo monto podrá ser fijo o variable. Dicho aporte no podrá exceder del 2% de la renta imponible para pensiones.

Las Cajas de Compensación podrán suscribir convenios con asociaciones de trabajadores independientes u otras entidades relacionadas con éstos, para los efectos del otorgamiento de prestaciones complementarias, debiendo establecer la forma de su financiamiento.

Nota: El presente artículo permite a los trabajadores independientes la incorporación a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar en los términos que este señala.

TÍTULO V

SOBRE BENEFICIOS PREVISIONALES, AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO, INVERSIONES, SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Y COMPETENCIA

Párrafo primero

Modificaciones al decreto ley N° 3.500, de 1980.

Artículo 79. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley Nº 3.500, de 1980:

1. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2°:

a) Agrégase al final del inciso primero antes del punto aparte (.) la expresión: “afiliados voluntarios”.

Nota: Esta modificación al artículo segundo del DL 3.500 exceptúa a los afiliados voluntarios de la norma actual que establece que el inicio de la labor del trabajador no afiliado genera la afiliación automática al Sistema.

b) Elimínase en la primera oración de inciso sexto, la siguiente expresión “o decida afiliarse”. Asimismo, agrégase al final de este inciso, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido (.), la siguiente oración “En el caso de los afiliados nuevos, el empleador deberá enterar las cotizaciones en la Administradora que se determine de acuerdo a lo señalado en el Título XV.”.

Nota: Esta modificación establece que los trabajadores nuevos deberán afiliarse a la Administradora que se haya adjudicado la licitación para la administración de cuentas de capitalización individual. El establecimiento de esta obligación para los trabajadores nuevos tiene como objetivo asignar a estos afiliados a la Administradora más conveniente para ellos en cuanto a costos, considerando que durante los primeros meses de afiliación el saldo acumulado es muy bajo y, por ende, la variable más importante a considerar es el precio cobrado por la administración de sus recursos.

2. Reemplázase en el actual inciso segundo del artículo 3° la expresión “no podrán pensionarse por invalidez” por “no podrán solicitar pensión de invalidez”.

Nota: La modificación de este artículo tiene por objeto armonizar sus términos con los del artículo 4°, siguiente, que también se modifica, debido a que en este último se permitirá la reevaluación del inválido transitorio parcial aun cuando haya cumplido la edad legal para pensionarse por vejez, evitando con ello una probable discrepancia entre ambas normas debido al uso de la expresión “pensionarse”.

3. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 4°:

a) Elimínase en el inciso segundo la palabra “primer”. A su vez, agrégase al final del inciso segundo a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración: “Cuando se trate de un dictamen que declare una invalidez total, aquél tendrá el carácter de definitivo y único.”.

Nota: Se propone eliminar la transitoriedad de la pensión de invalidez para aquellos afiliados que sean declarados inválidos totales, debido a que en la práctica la gran mayoría de ellos mantiene dicha condición al momento de la reevaluación. Adicionalmente, con esta modificación se logra eliminar la incertidumbre a la que permanecen sujetos este tipo de pensionados durante tres años, pudiendo de esta forma ocupar la totalidad de los Fondos de la cuenta individual para la pensión y el retiro de excedente de libre disposición cuando corresponda A mayor abundamiento, cabe señalar que el Sistema no contempla programas de rehabilitación.

b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente:

“Transcurridos tres años desde la fecha a partir de la cual fue emitido un primer dictamen de invalidez parcial que originó el derecho a pensión, las Comisiones Médicas, a través de las Administradoras, deberán citar al afiliado para reevaluar su invalidez y emitir un segundo dictamen que ratifique o modifique el derecho a pensión de invalidez, o lo deje sin efecto, según sea el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) o b) del inciso primero de este artículo. El afiliado inválido parcial que cumpliere la edad legal para pensionarse por vejez dentro del plazo de tres años, podrá solicitar a la Comisión Médica respectiva, por intermedio de la Administradora a que estuviera afiliado, que emita el segundo dictamen al cumplimiento de la edad legal. De no ejercer esta opción, el afiliado mantendrá su derecho al aporte adicional establecido en el artículo 53, si correspondiera, en caso de ser reevaluado con posterioridad a la fecha en que cumpliera dicha edad.”.

Nota: Se permite a los afiliados declarados inválidos parciales transitorios, reevaluarse una vez cumplida la edad legal para pensionarse por vejez y, por lo mismo, para emitir el segundo dictamen sólo se precisa verificar la pérdida de la capacidad de trabajo en los porcentajes establecidos en las letras a) o b) del inciso primero de este artículo. Con todo, se conserva la facultad de los afiliados que cumplan la edad legal para pensionarse por vejez durante el período de transitoriedad de su invalidez, de solicitar la reevaluación de la misma para consolidar definitivamente su situación previsional. Complementariamente, se otorga derecho al aporte adicional a los afiliados inválidos parciales reevaluados después del cumplimiento de la edad legal.

c) Intercálase en el inciso cuarto, al final de la segunda oración entre la expresión “pensión” y el punto seguido (.), la frase siguiente: “desde el cuarto mes”.

Nota: Esta modificación tiene por objeto aclarar la fecha a contar de la cual se suspende el pago de la pensión de invalidez parcial transitoria en caso que el afiliado no se presente a la citación para su reevaluación.

d) Intercálase en el inciso quinto entre las palabras “parciales” y “que” la expresión “mediante un segundo dictamen,”.

e) Intercálase en la primera oración del inciso final entre las palabras “invalidez” y “generó”, la palabra “parcial”.

Nota: Las modificaciones de las letras d) y e) se efectúan para adecuar el texto considerando que sólo la invalidez parcial tendrá el carácter de transitoria.

Los inválidos parciales definitivos sólo pueden solicitar pensión de invalidez total antes de cumplir la edad legal, debido a que al cumplimiento de dicha edad se libera el saldo retenido (30%) a que se refiere el artículo 65 bis.

4. Modifícase el artículo 8° de la siguiente forma:

a) Reemplázase en el segundo párrafo de la letra b) la frase “al cumplir los 18 años de edad” por la frase “adquirirla antes de los 24 años de edad”.

b) Reemplázase en el inciso final la oración “las edades máximas establecidas en la letra a) o b) de este artículo, según corresponda” por la siguiente: “la edad máxima establecida en la letra b) de este artículo”.

Nota: Actualmente los hijos mayores de 18 años y menores de 24 años para tener derecho a pensión de sobrevivencia tienen que tener la calidad de estudiantes al fallecimiento del causante o a los 18 años.

Los 18 años corresponden para la generalidad de los casos, a la edad de tránsito del sistema educacional medio al superior, período en el cual existe una mayor probabilidad de estar un año sin estudiar. Si además en este año ocurre el fallecimiento de uno de sus padres, los hijos no tienen derecho a pensión aunque inicien estudios posteriormente.

Por lo anterior, se propone que los hijos sean potenciales beneficiarios de pensión hasta los 24 años y entre los 18 y 24 años sólo adquieran el derecho a pago si son estudiantes en los períodos que detenten dicha calidad, independientemente de cuándo empezaron a estudiar.

Además, en forma consistente con el cambio anterior, se establece que los hijos inválidos deben haber adquirido dicha calidad antes de los 24 años sin distinción entre los 18 y los 24 años.

5. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 11°:

a) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“El afiliado podrá nombrar, a su costa, un médico cirujano de su confianza con el objeto que lo asesore en el proceso de evaluación y calificación de invalidez y asista como observador a las sesiones de las Comisiones Médicas Regionales, en que se analice su solicitud. Si no ejerciere dicha opción, la respectiva Comisión Médica Regional designará, sin costo para el afiliado, para los fines antes indicados, a un médico cirujano de aquellos incluidos en el Registro Público de Asesores que administrará y mantendrá la Superintendencia. Asimismo, las compañías de seguros a que se refiere el artículo 59 podrán designar un médico cirujano en cada una de las Comisiones Regionales, para que asistan como observadores a las sesiones de éstas, cuando conozcan de la calificación de invalidez de un afiliado cuyo riesgo las compañías hubieran cubierto. El médico asesor y el observador tendrán derecho a voz pero no a voto durante la adopción del respectivo acuerdo.”.

Nota: Los dictámenes de invalidez son reclamables por la AFP, la Compañía de Seguros y el afiliado, no obstante este último se encuentra en una situación desventajosa frente a las otras partes del proceso, ya que no tiene un acceso igualitario a él. En efecto, el actual inciso tercero del artículo 11 de la Ley, establece que las Compañías de Seguros podrán designar un médico cirujano en cada una de las Comisiones Regionales, para que asista como observador a las sesiones de éstas. Lo anterior genera una importante asimetría en contra del afiliado. Si bien el reglamento establece que las Comisiones Medicas podrán citar al medico tratante, ésta es una medida que en la práctica no se ejerce y además sólo puede hacerse a requerimiento de la Comisión Medica Regional.

Por ello, se propone establecer el derecho del afiliado a ser asesorado en su trámite de evaluación y calificación de invalidez por un médico de su confianza o por un médico asesor inscrito en el Registro Público que para tal efecto mantendrá la SAFP. Este médico asesor tendrá iguales atribuciones que el médico observador de las Compañías de Seguros.

b) Reemplázase la segunda oración del actual inciso segundo que ha pasado a ser tercero, por las siguientes:

“El reglamento normará la organización, las funciones de las Comisiones y de los médicos asesores de los afiliados incluidos en el Registro Público, así como el régimen aplicable a éstos y a los médicos integrantes de las Comisiones, ninguno de los cuales serán trabajadores dependientes de la Superintendencia y deberán ser contratados por ésta, a honorarios. Dicho reglamento dispondrá también las exigencias que deberán cumplir los médicos cirujanos asesores de los afiliados para ser incluidos en el Registro Público a que se refiere el inciso anterior, así como también las facultades que tendrán para el cumplimiento de su cometido.”.

Nota: El financiamiento del médico asesor de confianza será de cargo del afiliado, en tanto que el médico asesor inscrito en el Registro Público será remunerado a honorarios, de la misma forma en que lo son los integrantes de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central.

c) Suprímese el actual inciso tercero.

Nota: Este inciso se suprime debido a que lo dispuesto en él, en relación al médico nombrado por las compañías, queda comprendido en el inciso segundo nuevo.

d) Intercálese en el enunciado del inciso quinto entre las palabra “reclamables” y la preposición “por” la expresión “mediante solicitud fundada de acuerdo a lo que disponga el reglamento,”.

Nota: Esta modificación tiene por objeto que las reclamaciones de los dictámenes de invalidez se presenten cuando realmente existe una causal para ello, evitando que los interesados, principalmente las compañías de seguros, hagan uso de este derecho permanentemente como un trámite más, activando el procedimiento de reclamación sin razones fundadas.

e) Intercálese al final de la tercera oración del inciso noveno, entre la expresión “caso” y el punto seguido (.), la siguiente oración: “, pudiendo asistir también a esta sesión, con derecho a voz, un abogado designado por la Superintendencia de Pensiones cuando ésta lo requiera”.

Nota: Con esta propuesta se busca subsanar la asimetría actualmente existente, por lo que se autoriza la presencia de un abogado de la SAFP en las sesiones ampliadas de la Comisión Médica Central, esto es, aquéllas a las que se integra la Superintendencia de Seguridad Social, con la asistencia de un médico y un abogado, y en las que se analiza si el origen de la invalidez de un afiliado es o no de carácter profesional.

f) Reemplazase en la primera oración del inciso duodécimo la expresión “octavo” por “noveno”.

Nota: Se efectúa una adecuación en el texto de este inciso que presentaba un error de referencia.

6. Agrégase al final del inciso segundo del artículo 12 antes del punto aparte (.) la frase “que el afiliado pudiese generar por las mismas causas que produjeron la invalidez”.

Nota: El objetivo de esta modificación es permitir el otorgamiento de licencias médicas y por consiguiente, la percepción de subsidios por incapacidad laboral, a aquellos afiliados que habiéndose pensionado por invalidez, continúen trabajando y presenten una enfermedad recuperable distinta a la que dio origen a la declaración de invalidez.

7. Reemplázase el epígrafe del Título III “De las Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y de la Cuenta de Ahorro Voluntario”, por el siguiente “De las Cotizaciones, de los Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario, del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo y de la Cuenta de Ahorro Voluntario”.

Nota: Se efectúa una modificación al Título III en consideración a que este proyecto de ley crea el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo.

8. Modifícase el artículo 16 de acuerdo a lo siguiente:

a) Sustitúyese su inciso primero por los siguientes:

“La remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo imponible de sesenta Unidades de Fomento reajustadas considerando la variación del Índice de Remuneraciones Reales determinadas por el Instituto Nacional de Estadísticas entre noviembre del año anteprecedente y noviembre del precedente, respecto del año en que comenzará a aplicarse, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 90.

El tope imponible así reajustado, comenzará a regir el primer día hábil de cada año.

Con todo, el tope imponible será reajustado siempre que la variación del Índice antes mencionada sea positiva. Si fuese negativa, el tope mantendrá su valor vigente en UF y sólo se reajustará en la oportunidad en que se produzca una variación positiva que corresponda por aplicación del inciso primero.”.

a bis) Agrégase en su actual inciso segundo, que ha pasado a ser cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración “En todo caso, la cotización destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, deberá ser pagada por cada uno de los empleadores, de manera proporcional al monto que éstos paguen por concepto de remuneraciones imponibles al respectivo trabajador, sobre el total de dichas remuneraciones.”.

b) Agrégase el siguiente inciso final nuevo:

“Todas las referencias sobre remuneración y renta mensual imponible máxima se entenderán ajustadas al monto que se determine en función del procedimiento indicado en éste artículo.”.

Nota: Mediante modificación a este artículo se establece que para efectos de la cotización obligatoria, la remuneración y renta mensual tendrán un límite máximo de 60 U.F. reajustables en función de la variación del Índice de Remuneraciones Reales, siempre que esta última sea positiva. Lo anterior, permitirá que quienes coticen por el topo imponible, es decir, los trabajadores de mayores rentas, ajusten el monto de su cotización según la variación que experimente el índice de rentas, lo cual contribuye a que estos trabajadores logren al término de su vida activa una pensión más acorde con el nivel de rentas que hayan percibido.

Considerando que la cotización para el seguro de invalidez y sobrevivencia será de cargo del empleador en el caso de trabajadores dependientes, la indicación (a bis) establece que si un trabajador recibe simultáneamente remuneraciones de 2 o más empleadores, éstos deberán pagar proporcionalmente el SIS.

8 bis. Modifícase el artículo 17 de acuerdo a lo siguiente:

a) Reemplácese en su inciso segundo la expresión “deberán” por “se deberá” e incorpórese a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser seguido, la siguiente oración:

“Tratándose de trabajadores dependientes, la parte de la cotización adicional destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 59, será de cargo del empleador, con excepción de los trabajadores jóvenes que perciban subsidio previsional, mientras se encuentren percibiendo dicho subsidio.”.

b) Suprímese en su inciso tercero la palabra “estos” y agréguese a continuación de la palabra “afiliados” la expresión “y empleadores”.”.

Nota: Se modifica este artículo con el objeto de establecer que la cotización del seguro de invalidez y sobrevivencia sea de cargo del empleador, en el caso de los trabajadores dependientes. Esta medida contribuye a dar mayor legitimidad al sistema de pensiones, permitiendo la participación del empleador como un aportante más de dicho sistema. A su vez, al traspasar el cobro de la prima al empleador se otorga mayor poder negociador al demandante respecto del oferente del seguro, ya que se disminuye la atomización actual, dejando en un menor número de actores el pago de la prima del seguro.

Se efectúa una excepción a la cotización del SIS por parte del empleador, cuando el trabajador dependiente se encuentre percibiendo el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, de modo que dicha bonificación cumpla con el objetivo de incrementar la formalización y la creación de empleos para jóvenes vulnerables.

9. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 19:

a) Agrégase en su inciso segundo a continuación de la palabra “trabajador” lo siguiente “y pagará las que sean de su cargo. Ambas cotizaciones se encontrarán afectas a lo dispuesto en el presente artículo.”.

Esta modificación hace compatible el articulado sobre cobranza de cotizaciones previsionales, con la Indicación que establece el pago de la parte de la cotización adicional destinada al seguro de invalidez y sobrevivencia por parte del empleador.

b) Intercálase a continuación del inciso segundo del artículo 19, los siguientes dos incisos nuevos, pasando los actuales incisos tercero al vigésimo primero a ser quinto al vigésimo tercero:

“Cuando un empleador realice la declaración y el pago de cotizaciones a través de un medio electrónico, el plazo mencionado en el inciso primero se extenderá hasta el día 13 de cada mes, aun cuando éste fuere día sábado, domingo o festivo.

Los afiliados voluntarios podrán enterar sus cotizaciones en forma mensual o mediante un solo pago por más de una renta o ingreso mensual, con un máximo de doce meses, aplicándose para efectos de la determinación del monto de las cotizaciones, del ingreso base y de los beneficios a que habrá lugar, las normas de los párrafos 1° y 2° del Título IX, en lo que corresponda. La Superintendencia regulará las materias relacionadas con el pago de estas cotizaciones mediante una norma de carácter general.”

c) Agrégase al final del inciso cuarto, que ha pasado a ser sexto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

“En caso de no realizar esta declaración dentro del plazo que corresponda, el empleador tendrá hasta el último día hábil del mes subsiguiente del vencimiento de aquél, para acreditar ante la Administradora respectiva la extinción de su obligación de enterar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, debido al término o suspensión de la relación laboral que mantenían. A su vez, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán agotar las gestiones que tengan por objeto aclarar la existencia de cotizaciones previsionales impagas y, en su caso, obtener el pago de aquéllas de acuerdo a las normas de carácter general que emita la Superintendencia. Transcurrido el plazo de acreditación de cese o suspensión de la relación laboral, sin que el empleador así lo haya acreditado, se entenderá para los efectos del presente artículo, como reconocida la existencia de cotizaciones impagas por parte de dicho empleador.”

d) Agrégase a continuación del inciso final, los siguientes incisos nuevos:

“Reconocida la existencia de cotizaciones impagas por el empleador, de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, las Administradoras deberán informar a la Tesorería General de la República, en la forma que determine una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones, los montos, reajustes e intereses que se encontraren impagos por concepto de cotizaciones previsionales, para efectos que aquel Servicio retenga dichos montos de la devolución de impuestos a la renta y de cualquier otra devolución o crédito fiscal que le correspondiese a los respectivos empleadores morosos. La imputación y giro de los montos retenidos conforme a este artículo se sujetará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 25 bis de la Ley N° 17.322. Si el empleador moroso pagare la totalidad de dichas cotizaciones impagas, la Administradora respectiva informará este hecho a la Tesorería General de la República en la forma que se señale en la norma de carácter general antes mencionada, para que aquélla libere dichos montos retenidos.

No obstante las sanciones establecidas en los incisos precedentes, los empleadores que no pagaren las cotizaciones establecidas en este Título, no podrán percibir recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, sin acreditar previamente ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, estar al día en el pago de dichas cotizaciones. Sin embargo, podrán solicitar su acceso a tales recursos, los que sólo se cursarán acreditado que sea el pago respectivo.

Los empleadores que durante los 24 meses inmediatamente anteriores a la respectiva solicitud, hayan pagado dentro del plazo que corresponda las cotizaciones establecidas en este Título, tendrán prioridad en el otorgamiento de recursos provenientes de instituciones públicas o privadas, financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo. Para efectos de lo anterior, deberán acreditar previamente, ante las instituciones que administren los instrumentos referidos, el cumplimiento del señalado requisito.”

Nota: La Indicación tiene por objeto desincentivar la morosidad en el pago de cotizaciones previsionales por parte de los empleadores y permitir una mayor recuperación de dichas cotizaciones morosas, por parte de las AFP. Para estos efectos, se proponen las siguientes medidas específicas:

- Generación de declaración de cotizaciones impagas automática, al último día del mes subsiguiente al plazo legalmente establecido para el pago de las cotizaciones. Esta medida permitirá a la respectiva AFP iniciar la cobranza prejudicial y posteriormente la cobranza judicial, en casos que actualmente se tratan como mora presunta.

- Retención de devoluciones de impuestos o crédito fiscal por parte de la Tesorería General de la República, en base a información de empleadores morosos remitida a dicho servicio por las Administradoras de Fondos de Pensiones.

- Restricción en el acceso a subsidios financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, para empleadores que presenten morosidad en el pago de las cotizaciones previsionales.

- Prioridad en el acceso a subsidios financiados con cargo a recursos fiscales de fomento productivo, para empleadores que durante los 24 meses anteriores a la solicitud hayan pagado sin retraso las cotizaciones previsionales.

10. Intercálese, a continuación del artículo 20 E, el siguiente párrafo 3 nuevo: “3.- Del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo”, pasando el actual párrafo 3 ‘”De la Cuenta de Ahorro Voluntario” a ser párrafo 4.

Nota: Esta modificación adecua dicho Título, incorporando el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo como una alternativa adicional de ahorro en el sistema de pensiones basado en la capitalización individual.

11. Intercálense, a continuación del artículo 20 E, los siguientes artículos 20 F a 20 N nuevos:

“Artículo 20 F.- Ahorro previsional voluntario colectivo es un contrato de ahorro suscrito entre un empleador, por sí y en representación de sus trabajadores, y una Administradora o Institución Autorizada a que se refiere la letra l) del artículo 98, con el objeto de incrementar los recursos previsionales de dichos trabajadores.

Nota: Este inciso define la forma y las partes que intervendrán en el ahorro previsional voluntario colectivo, estableciendo que se realizará mediante un contrato entre el empleador y las instituciones administradoras de fondos y que podrán administrar planes de APVC las mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer APV.

Se define además el objetivo previsional para el mejoramiento de las pensiones que tendrá este tipo de ahorro.

Este tipo de ahorro tiene como característica que un grupo de trabajadores de una misma empresa se obliga a ahorrar en virtud de un contrato de APVC, diferenciándose así de todos los otros tipos de ahorro que ofrece el Nuevo Sistema de Pensiones, los que son de carácter individual.

Tendrán derecho a adherir a este tipo de contrato, los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo que se encuentren afiliados al Sistema de Pensiones establecido por esta ley o tengan la calidad de imponentes de alguno de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social.

Nota: Este inciso, especifica que los trabajadores que podrán efectuar ahorro previsional voluntario colectivo deben ser dependientes regidos por el código del Trabajo, por lo que no se incluyen los funcionarios públicos y los trabajadores independientes.

Además se define que otro de los requisitos para poder realizar este tipo de ahorro, es estar afiliado a una AFP o ser imponente en el INP, en forma equivalente a la legislación vigente para el APV.

El empleador podrá ofrecer a todos y a cada uno de sus trabajadores la adhesión a uno o más contratos de ahorro previsional voluntario colectivo. Los términos y condiciones de cada contrato ofrecido serán convenidos entre el empleador y la Administradora o Institución Autorizada y deberán ser igualitarios para todos y cada uno de sus trabajadores, no pudiendo establecerse, bajo ninguna circunstancia, beneficios que favorezcan a uno o más de ellos.

Nota: En consideración a que cada empleador puede ofrecer más de un contrato de ahorro en su empresa y con el fin de que no pueda discriminar entre sus trabajadores deberá ofrecer los contratos a todos ellos y al interior de cada contrato deberá ofrecer las mismas condiciones de ahorro a quienes lo suscriban planes de ahorro diferentes entre ellos, se establece que cada plan debe permitir la participación en las mismas condiciones a todos los trabajadores de la empresa que así lo deseen.

Los aportes del empleador deberán mantener la misma proporción en función de los aportes de cada uno de los trabajadores. No obstante, el empleador podrá establecer en los contratos un monto máximo de su aporte, el que deberá ser igual para todos sus trabajadores.

Nota: Este inciso establece una diferencia adicional del APVC con el resto de los planes de ahorro en el Sistema de Pensiones, ya que el APVC se financiará también con aportes del empleador, es decir por cada peso de aporte de un trabajador el empleador le enterará una proporción de dinero adicional. Con el objeto de evitar discriminaciones en los aportes que haga el empleador, éstos deberán ser proporcionalmente iguales para todos sus trabajadores.

Además, se establece que el empleador podrá fijar un monto de aporte máximo.

Los trabajadores podrán aceptar o no los contratos a los que se les ofrezca adherir, no pudiendo proponer modificaciones a los mismos.

Los contratos sólo serán válidos cuando cumplan con lo establecido en la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G.

Una vez vigente un contrato, el empleador quedará obligado a efectuar los aportes que el respectivo contrato establezca y bajo las condiciones del mismo, en las Administradoras de Fondos de Pensiones o Instituciones Autorizadas, con las cuales celebro dicho contrato. Con todo, cesará la obligación del empleador si el trabajador manifiesta su voluntad de no continuar realizando su aporte.

Nota: Se establece que corresponderá al empleador fijar las condiciones de los contratos de APVC y los trabajadores gozarán de total libertad para suscribirlos o no. Adicionalmente, se dispone que los términos de la oferta no podrán ser modificados por los trabajadores, no pudiendo ser objeto de negociación colectiva.

Se señalan además algunas condiciones mínimas de validez que deberán ofrecer los contratos con el objeto que tengan amplia cobertura y no discriminen entre los trabajadores de una misma empresa.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el empleador podrá, en virtud de dichos contratos obligarse a efectuar su aporte aun cuando el trabajador no se obligue a ello. En tal caso, podrá establecerse en el contrato una diferenciación en las condiciones relativas al monto y disponibilidad de los aportes, en relación a las condiciones establecidas para los trabajadores que se obligaron a aportar.

Nota: Con el objeto de flexibilizar aun más los planes de APVC y de aumentar el ahorro previsional, este inciso autoriza al empleador a efectuar aportes en la cuenta del trabajador aunque este último no lo haga.

Asimismo, cesará la obligación de efectuar aportes tanto para el empleador como para el trabajador, en cada uno de los meses en que proceda un pago de cotizaciones a través de una entidad pagadora de subsidios, cualquiera sea el número de días de reposo total o parcial establecidos en la licencia médica. Las entidades pagadoras de subsidios se abstendrán de descontar suma alguna destinada a la cuenta de ahorro voluntario colectivo del trabajador.

Nota: Este inciso establece, al igual que en el para el APV, que en caso de licencia médica del trabajador deberán suspenderse, durante el mes en que ocurre la licencia, los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo.

El contrato podrá establecer un período de permanencia mínima en la Administradora o Institución Autorizada durante el cual el trabajador deberá mantener sus aportes en aquéllas. Con todo, el trabajador podrá siempre manifestar su voluntad de no continuar realizando aportes, de acuerdo a lo que indique la norma de carácter general a que se refiere el artículo 20 G. En tal caso, el trabajador deberá comunicar su decisión por escrito o por un medio electrónico a su empleador y a la Administradora o Institución Autorizada correspondiente.

Nota: Este inciso prevé la existencia de contingencias en la vida del trabajador que le impidan continuar ahorrando, estableciéndose la libertad de aquél para suspender el entero de sus aportes cuando lo estime conveniente, en cuyo caso el empleador también suspenderá sus aportes. No obstante, si el contrato tuviese establecido un período de mantención de los recursos ahorrados en la entidad de ahorro, el trabajador no podrá retirarlos hasta el cumplimiento de dicho plazo. Esta restricción se establece en consideración a que algunas entidades que ofrezcan estos planes podrán cobrar comisiones sobre el saldo acumulado, por lo que se verían desincentivadas a ofrecerlos si los afiliados tienen la posibilidad de retirar su saldo en un período breve de tiempo.

El trabajador que se encuentre en la situación a que se refiere el inciso anterior, podrá manifestar su voluntad de reanudar sus aportes de acuerdo al contrato de ahorro, siempre y cuando éste se encontrare vigente, para lo cual deberá comunicarlo de la misma forma al empleador y a la Administradora o Institución Autorizada correspondiente, generando la respectiva obligación del empleador de reanudar sus aportes en conformidad a lo estipulado en dicho contrato.

Nota: Este inciso establece el derecho del trabajador de reanudar su ahorro bajo las condiciones del mismo contrato, restituyendo en tal caso la obligación del empleador de realizar su aporte comprometido. De esta manera se otorgan facilidades e incentivos para que el trabajador continúe ahorrando, propendiendo hacia el objetivo de acumular la mayor cantidad de recursos para el mejoramiento de su futura pensión.

Las controversias suscitadas entre el trabajador y su empleador con motivo de la suscripción de estos contratos, se sujetarán a la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.

Nota: Por ser temas de índole laboral se establece que la resolución de conflictos estará a cargo de los Juzgados de Letras del Trabajo.

Artículo 20 G.- Las Superintendencias de Pensiones, de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, dictarán conjuntamente una norma de carácter general que establecerá los requisitos que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario colectivo, así como los procedimientos necesarios para su correcto funcionamiento.

Nota: En consideración a que las instituciones de ahorro del sector financiero podrán ofrecer planes de APVC, se emitirá una norma conjunta entre los tres Organismos Fiscalizadores de dicho sector, de modo de establecer una regulación homogénea para este tipo de ahorro.

Con el objeto que la oferta de un empleador de suscribir uno o más contratos tenga amplia cobertura y no discrimine arbitrariamente entre los distintos trabajadores, la referida norma de carácter general considerará al menos:

a) El número o porcentaje mínimo de trabajadores, de un mismo empleador, que deban adherir a alguno de los contratos ofrecidos en relación al número total de aquellos;

b) El número máximo de meses de permanencia en la empresa que los contratos podrán establecer como requisito para que el trabajador adquiera la propiedad de los aportes efectuados por el empleador.

Nota: Las Superintendencias de AFP, Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras fijarán las condiciones mínimas a las que deberán sujetarse los planes que los empleadores podrán ofrecer a sus trabajadores. Dichas disposiciones deberán referirse al menos a los temas de mayor relevancia para el funcionamiento de este tipo de planes.

Adicionalmente, con el objeto de propender hacia una amplia cobertura de los planes de APVC y evitar que se discrimine en la oferta hacia un grupo reducido de trabajadores de la empresa, este inciso especifica que la oferta del empleador se concretará siempre que concurra a esta decisión una proporción o número significativo de trabajadores. De esta forma, se logra que participe en el plan el mayor número posible de trabajadores de la empresa.

Finalmente, lo planes tendrán un tope máximo respecto del número de meses de permanencia en la empresa, que se pueden establecer como requisito para adquirir la propiedad de los aportes del empleador. Esto con el objeto de que no se limite a través de este mecanismo la movilidad laboral.

Artículo 20 H.- El empleador deducirá los aportes de los trabajadores de su remuneración, mensualmente o con la periodicidad que las partes acuerden.

Nota: Con el fin de dar mayor flexibilidad a este tipo de ahorro, se establece la posibilidad de realizar los aportes con una periodicidad diferente a la mensual.

En caso de incumplimiento del empleador de su obligación de enterar los aportes se aplicará lo dispuesto en el artículo 19. La Administradora o la Institución Autorizada deberá, en representación de los trabajadores comprendidos en el contrato de ahorro, seguir las acciones tendientes al cobro de tales aportes, sus reajustes e intereses, de conformidad al procedimiento previsto en el mencionado artículo.

Nota: La obligación de efectuar el descuento y entero de los aportes en la entidad que corresponda quedarán a cargo del empleador, el que debe realizarlos con la periodicidad que se establezca en el contrato. Se aplican las sanciones y multas establecidas en ley para la morosidad previsional, al igual que en el caso del APV.

Los aportes que efectúen empleador y trabajador, se depositarán en una cuenta individual, que se abrirá en una Administradora de Fondos de Pensiones o en alguna de las Instituciones Autorizadas, de acuerdo a lo especificado en el contrato. Dichas entidades deberán registrar separadamente en la cuenta de capitalización individual del trabajador los aportes efectuados por éste y por su empleador.

Nota: Debido a que tanto el trabajador como el empleador realizarán aportes, se deberá crear una cuenta individual de propiedad del trabajador, en la que se registrarán separadamente los aportes que efectúe el empleador, ya que éstos podrán restituirse a este último, en caso que el trabajador no cumpla con el requisito de permanencia en la empresa que se establece en el inciso siguiente.

Los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. Por su parte, los recursos originados en los aportes efectuados por el empleador serán de propiedad del trabajador una vez que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato respectivo. De esta forma, si el contrato de ahorro establece un período mínimo de permanencia en la empresa, para que los aportes del empleador sean definitivamente de propiedad del trabajador, se requerirá que éste cumpla íntegramente dicho período o que se configure algunas de las causales establecidas expresamente en el contrato para ello. Con todo, si el contrato de trabajo terminase por la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo, los aportes del empleador pasarán a ser de propiedad del trabajador. Si el trabajador no adquiere la propiedad de los recursos originados en aportes efectuados por el empleador, éste deberá retirar dichos recursos, de acuerdo al procedimiento que determine una norma de carácter general que dictará la Superintendencia.

Nota: Este inciso consagra el derecho de propiedad del trabajador sobre sus propios aportes y sobre los aportes que en su beneficio haga el empleador de acuerdo a los planes de APVC. Sin embargo, también se establece la posibilidad de que el plan exija una permanencia mínima en la empresa o alguna otra causal como requisito para que el trabajador adquiera definitivamente derechos sobre los aportes que haga el empleador. La posibilidad de que el contrato exija esta permanencia mínima tiene como objeto que el esfuerzo de aporte del empleador tenga una compensación en la mayor permanencia de los trabajadores en la empresa.

A los aportes de ahorro previsional voluntario colectivo les será aplicable lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 y el artículo 20 D.

Nota: Al hacer referencia al inciso cuarto del artículo 20, se establece que los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo no serán considerados en la determinación del derecho a garantía estatal de pensión mínima, ni para el cálculo del aporte adicional que deben hacer las Compañías de Seguros para el pago del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Esta norma es equivalente a la que afecta al APV.

Por su parte, con la referencia que se hace al artículo 20 D, se establece que los recursos acumulados por concepto de APVC:

- Serán inembargables.

- Podrán traspasarse total o parcialmente por los trabajadores titulares a sus cuentas de capitalización individual, con el objeto de incrementar el monto de las pensiones.

- Para efectos tributarios no se considerarán retiros y no estarán afectos al Impuesto a la Renta los recursos que los afiliados traspasen desde los planes de APVC hacia la cuenta de capitalización individual.

- Constituirán herencia en caso de no quedar beneficiarios de pensión de sobrevivencia.

Artículo 20 I.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones tendrán derecho a una retribución, establecida en los contratos sobre la base de comisiones, por la administración del ahorro previsional voluntario colectivo y por la transferencia de depósitos de este tipo de ahorro hacia otra Administradora o Instituciones Autorizadas.

Nota: Se establece el derecho de las AFP a cobrar comisiones, tanto por la administración como por la transferencia de este tipo de ahorro hacia otra entidad, en forma equivalente al APV.

La comisión por la administración de los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo sólo podrá ser establecida como un porcentaje del saldo de este tipo de ahorro.

Nota: Se establece que la comisión por administración del ahorro que tienen derecho a cobrar las AFP, se aplicará sobre el saldo administrado, al igual que en caso del APV. El objeto de ello es incentivar una mayor eficiencia en la administración de cartera, ya que al obtener mejor rentabilidad se obtiene mayor saldo y, por lo tanto, mayor ingreso por concepto de comisiones.

La comisión por la transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondos de Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas, sólo podrá ser establecida como una suma fija por operación, que se descontará del depósito y deberá ser igual cualesquiera sean las entidades seleccionadas por el afiliado.

Nota: El ahorro previsional voluntario puede efectuarse directamente en una Institución Autorizada o indirectamente en la AFP en la que el trabajador se encuentre afiliado, para que ésta lo transfiera a la entidad seleccionada por el trabajador. En este último caso, el servicio de recaudación y transferencia efectuado por las AFP da derecho a éstas a cobrar una comisión, la que debe corresponder a una suma fija que no puede diferenciarse entre las instituciones de destino. El propósito de esta disposición es facilitar a los empleadores y por lo tanto a los trabajadores, el acceso a todas las alternativas de inversión en igualdad de condiciones.

No obstante lo anterior, no se podrán establecer comisiones por el traspaso total o parcial del saldo originado en ahorro previsional voluntario colectivo desde una Administradora de Fondo de Pensiones hacia otra o a las Instituciones Autorizadas. Asimismo, ninguna de estas últimas podrá establecer comisiones por el traspaso total o parcial del saldo hacia otra Institución o hacia una Administradora de Fondos de Pensiones.

Nota: Este inciso dispone la total gratuidad del traspaso entre las entidades que ofrezcan APVC, con el fin de que las entidades de ahorro no obstaculicen la libertad de traspasos.

Las comisiones por administración podrán ser acordadas libremente entre el empleador y las Administradoras de Fondos de Pensiones o Instituciones Autorizadas, pudiendo establecerse comisiones diferenciadas entre distintos contratos. A su vez, en un mismo contrato, podrán establecerse comisiones diferenciadas según el número de trabajadores adscritos al plan.

Nota: Este inciso permite el cobro de comisiones diferenciadas para los distintos contratos de APVC en una AFP o Institución Autorizada, con el objetivo de que pueda existir negociación de comisiones que permitan disminuir el costo del ahorro. Además, se establece que disminuyendo el número mínimo de trabajadores que permitió a la entidad de ahorro pactar una determinada comisión, ésta podrá modificar dicha comisión.

Artículo 20 J.- Los contratos que el empleador ofrezca a sus trabajadores, deberán especificar las Administradoras o las Instituciones Autorizadas que podrán desempeñar la función de administración de los recursos de ahorro previsional voluntario colectivo de sus trabajadores. Con todo, los contratos que ofrezca el empleador no podrán incluir una Administradora o Institución Autorizada que sea una persona relacionada a él, según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

Nota: Con el fin de dar mayores posibilidades de elección a los trabajadores dentro los contratos de ahorro que les ofrezca su empleador, se otorga la posibilidad de que aquéllos consideren más de una entidad de ahorro. Además se establece que los planes de APV no podrán ser administrados por una entidad que sea persona relacionada a la empresa, para evitar conflictos de interés que desvirtúen el objetivo de este tipo de ahorro.

Artículo 20 K.- Los depósitos por concepto de ahorro previsional voluntario colectivo podrán realizarse en cualquiera de los Fondos de Pensiones de una Administradora y en los planes de ahorro autorizados por las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras o de Valores y Seguros, según corresponda.

Nota: Considerando que podrán administrar planes de APVC las mismas entidades que hoy están autorizadas a ofrecer APV, en forma equivalente los planes de ahorro colectivo deben ser previamente aprobados por la Superintendencia respectiva.

Dichas entidades no podrán invertir estos recursos en una suma que exceda del veinte por ciento de los recursos administrados por cada plan en instrumentos emitidos o garantizados por el empleador respectivo y sus personas relacionadas, según lo dispuesto en el Título XV de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores.

Nota: Con el objetivo de minimizar conflictos de interés, se establece un límite de 20% para la inversión de los recursos del APVC en instrumentos de la empresa o de sus personas relacionadas.

Artículo 20 L.- Para efectos del tratamiento tributario del ahorro previsional voluntario colectivo y del ahorro previsional voluntario a que se refiere el artículo 20, los trabajadores podrán optar por acogerse a alguno de los siguientes regímenes tributarios:

a) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador no goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos originados en sus aportes, la parte que corresponda a los aportes no sea gravada con el impuesto único establecido en el número 3 de dicho artículo; o

b) Que al momento del depósito de ahorro, el trabajador goce del beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por los aportes que él efectúe como cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario colectivo o ahorro previsional voluntario, y que al momento del retiro por el trabajador de los recursos originados en sus aportes, éstos sean gravados en la forma prevista en el número 3 de dicho artículo.

En el caso que el trabajador se acoja al régimen tributario señalado en la letra a) anterior, la rentabilidad de los aportes retirados quedará sujeta al régimen tributario aplicable a la cuenta de ahorro voluntario, a que se refiere el artículo 22 de esta ley, y se determinará en la forma prevista en dicho artículo. En este mismo caso, cuando dichos aportes sean destinados a anticipar o mejorar las pensiones, estas últimas se exceptuarán del pago de impuesto a la renta por la parte que no corresponda a la rentabilidad de los aportes.

Nota: Este inciso entrega alternativas de orden tributario para los ahorros de APVC y APV, permitiendo elegir el régimen que afectará a dichos recursos, en consideración al pago o excepción de impuestos a la entrada o salida de los aportes.

Actualmente, quienes declaren rentas tributables por un monto inferior a las 13,5 UTM están exentos del pago de impuestos a la renta. Por lo mismo, si realizan APV, no se benefician del incentivo tributario dispuesto para esta forma de ahorro. Sin embargo, si retiran ese ahorro anticipadamente, deben pagar un impuesto que dependen de la tasa marginal al momento del retiro más un recargo. Este régimen tributario penaliza indebidamente a los trabajadores de menores ingresos y es inconsistente con el objetivo de promover el ahorro previsional voluntario entre los éstos. Además, deja al APV en peores condiciones que otras alternativas de ahorro voluntario para los afiliados no sujetos al pago de impuesto a la renta.

Al igual que para el Ahorro Previsional Voluntario, este inciso establece una exención tributaria para los contribuyentes que efectúen ahorro previsional voluntario colectivo, permitiendo rebajar, de la base imponible del impuesto único de segunda categoría, el monto del ahorro efectuado mediante el descuento de su remuneración por parte del empleador, con un tope. De esta forma, los afiliados que al momento del depósito se encuentren afectos a una tasa de impuestos elevada y tengan perspectivas de una rebaja futura en su tasa impositiva o desean usar estos recursos como un seguro de cesantía o para aumentar su pensión, podrán optar por gozar del beneficio tributario a la entrada y eventualmente pagar impuestos a la salida.

Adicionalmente, se establece la posibilidad de elegir no hacer uso del beneficio tributario al aportar recursos al plan y no pagar impuesto al momento del retiro de dichos aportes, pagando sólo por la rentabilidad de éstos. Este cambio beneficiaría a quienes no son sujetos de impuesto a la renta en el momento en que efectúan aportes a los planes y tienen expectativas de un alza futura en su tasa impositiva.

Una vez elegido un régimen tributario de aquellos a que se refiere el inciso primero, el afiliado siempre podrá optar por el otro régimen, para los sucesivos aportes que efectúe por concepto de cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario colectivo, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general.

Nota: Esta norma permite a los trabajadores elegir entre los distintos regimenes tributarios respecto de los distintos aportes de APV o APVC que realice, sujeto a lo que establezca la Superintendencia de Pensiones. Cabe señalar que para un mismo aporte el régimen tributario se elige al momento de efectuar el aporte no pudiendo cambiarse posteriormente.

Por su parte, los aportes que los empleadores efectúen a los planes de ahorro previsional voluntario colectivo se considerarán como gasto necesario para producir la renta de aquéllos. Los trabajadores no podrán acoger dichos aportes al beneficio establecido en el número 1 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, pero serán considerados como ingreso no renta para el trabajador mientras no sean retirados de los planes.

Nota: Para incentivar los aportes del empleador se establece una exención tributaria al considerar como imputables a gastos los aportes que realice en la cuenta de APVC del trabajador, los que a su vez serán considerados ingresos no renta para el trabajador, por lo tanto no son imputables a impuesto para el trabajador a menos que los retire.

En caso que los recursos originados en aportes del empleador sean retirados por el trabajador, se gravarán con el impuesto único establecido en el número 3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta. A su vez, cuando los aportes del empleador sean retirados por éste, de acuerdo a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 20 H, aquéllos serán considerados como ingresos para efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En este último caso, la Administradora o Institución Autorizada deberá efectuar la retención establecida en el N°3 del artículo 42 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Nota: Este inciso establece que los aportes del empleador a los planes APVC que tienen una exención tributaria al ingreso, deberán cancelar un impuesto equivalente al que se aplica al APV en caso de retiro de los recursos de dichos planes por parte del trabajador. Además, de los tributos correspondientes se considera un recargo que busca preservar el carácter previsional de los ahorros.

Las rentas que generen los planes de ahorro previsional voluntario colectivo no estarán afectas a Impuesto a la Renta en tanto no sean retiradas.

Nota: En este caso se mantiene la lógica imperante en relación a la tributación de la rentabilidad de los ahorros que se realizan en los Fondos de Pensiones.

Las cotizaciones voluntarias, los depósitos de ahorro previsional voluntario y los aportes del trabajador y del empleador para el ahorro previsional voluntario colectivo que se realicen de acuerdo a la alternativa b) del inciso primero, gozarán del beneficio tributario a que se refiere dicha letra, por la parte que no exceda a seiscientas unidades de fomento anuales por cada trabajador.

Nota: Con el objeto de no incrementar sobremanera el beneficio tributario, este inciso establece que el límite de 50 UF mensuales o 600 UF anuales para el ahorro con exención tributaria debe aplicarse para la suma de lo ahorrado en APV y en APVC.

Artículo 20 M.- En caso de término de la relación laboral, de término del contrato de ahorro respectivo o cuando así lo contemple dicho contrato, los trabajadores deberán traspasar el saldo que corresponda a un nuevo plan de ahorro previsional voluntario colectivo o a un plan de ahorro previsional voluntario administrado por una Institución Autorizada o una Administradora de Fondos de Pensiones. Los traspasos antes señalados no se considerarán retiros para todos los efectos legales. Asimismo, también podrán retirar total o parcialmente el saldo acumulado, en las condiciones que correspondan al régimen tributario seleccionado en el momento del aporte.

Nota: Este inciso establece las posibilidades que tiene el trabajador de traspasar o retirar sus recursos ahorrados una vez que se termina la relación laboral o el contrato.

Artículo 20 N.- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Instituciones Autorizadas sólo podrán suscribir los contratos de ahorro previsional voluntario colectivo que den cumplimiento a las disposiciones establecidas en el presente título. La fiscalización de los planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo que ofrezca cada institución corresponderá a la Superintendencia respectiva.”.

Nota: Para efectos de poder fiscalizar los planes de ahorro previsional colectivo que acuerden empleadores y trabajadores, a través de las instituciones administradoras de dichos planes, se establece que los contratos de ahorro voluntario colectivo deben cumplir con lo que establece la ley. Además, respecto de los planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo, se establece que cada Superintendencia fiscalizará a las instituciones que se encuentran bajo su supervisión.

Artículo 20 O.- El trabajador que al momento de efectuar cotizaciones voluntarias o depósitos de ahorro previsional voluntario o de ahorro previsional voluntario colectivo, perciba remuneraciones o rentas no afectas al impuesto a la renta y que, a su vez, destine todo o parte del saldo de dichos ahorros a adelantar o incrementar su pensión, tendrá derecho, al momento de pensionarse, a una bonificación que consistirá en un aporte estatal que se abonará a la cuenta de capitalización individual del trabajador al momento de pensionarse.

El monto de esta bonificación será el equivalente al diez por ciento de lo ahorrado por el trabajador por concepto de cotizaciones voluntarias, ahorro previsional voluntario o ahorro previsional voluntario colectivo, que aquél destine a pensión. En cada año calendario, la bonificación no podrá ser superior a un ingreso mínimo mensual del año en que se efectuó el ahorro.

Al monto total de la bonificación resultante se le aplicará una tasa de rentabilidad de un cuatro por ciento real por cada año completo, contado desde el mes de enero siguiente al año calendario en que se haya efectuado la cotización o depósito y hasta el mes en que el trabajador se pensione. La rentabilidad real por los meses que excedan el último año completo previo a que el trabajador se pensione, se pagará proporcionalmente al período anual.

Un reglamento emitido a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que además será suscrito por el Ministro de Hacienda, determinará los procedimientos que se aplicarán para el otorgamiento del beneficio, la oportunidad de su solicitud, su tramitación y pago y toda otra disposición necesaria para su adecuada aplicación.”.

Nota: Con el objeto de incentivar el ahorro previsional voluntario de los contribuyentes que reciben remuneraciones o rentas no afectas al impuesto a la renta, se establece una bonificación estatal que compensa a aquellos trabajadores en caso de realizar ahorro previsional voluntario respecto del beneficio tributario que tiene el APV o el APVC para quienes sí están afectos al impuesto a la renta. Esta bonificación se pagará siempre que el ahorro voluntario se destine a anticipar o incrementar el monto de la pensión.

12. Sustitúyese la primera oración del inciso cuarto del artículo 21 por la siguiente:

“Mediante norma de carácter general que dictará la Superintendencia, se establecerá el número máximo de retiros de libre disposición que podrán efectuar los afiliados en cada año calendario, con cargo a su cuenta de ahorro voluntario.”.

Nota: Esta modificación tiene por objeto flexibilizar el número de giros desde las cuentas de ahorro voluntario en un año, con el objeto de equiparar la competitividad del producto en relación con el sistema financiero y mejorar el servicio a los afiliados. Se propone que sea la Superintendencia de Pensiones la que determine dicho número, de la misma forma en que actualmente lo hace la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras respecto de los giros bancarios desde las cuentas de ahorro.

13. Sustitúyese el inciso primero del artículo 22 por el siguiente:

“Los afiliados podrán optar por traspasar todo o parte de los fondos de su cuenta de ahorro voluntario a la de capitalización individual, con el objeto de cumplir con los requisitos para pensionarse según las disposiciones de esta ley. Asimismo, los pensionados podrán utilizar todo o parte del saldo de la cuenta de ahorro voluntario para incrementar el monto de su pensión. Los traspasos antes señalados no se considerarán giro para los efectos del artículo 21.”.

Nota: Esta modificación permite a los afiliados que ya se pensionaron, destinar fondos de su cuenta de ahorro voluntario para aumentar la pensión que estuvieran percibiendo, en forma equivalente al tratamiento que se da actualmente a los afiliados que cumplan con los requisitos para pensionarse.

14. Modifícase el artículo 22 bis de la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

“Las comisiones por la administración de las cuentas de ahorro voluntario sólo podrán ser establecidas como un porcentaje del saldo mantenido en ellas.”.

b) Elimínase la primera oración del inciso cuarto. A su vez, sustitúyese en la segunda oración la palabra “Ellas” por la expresión “Las comisiones señaladas en este artículo”.

Nota: Esta modificación tiene por objeto eliminar subsidios cruzados, debido a que actualmente la administración de estas cuentas no se cobra, por lo tanto todos los cotizantes que no poseen una cuenta de ahorro voluntario están subsidiando a todos aquellos afiliados que poseen este tipo de cuenta. Este modificación podría, eventualmente, incentivar una baja en la comisiones por cotizaciones obligatorias.

15. Modifícase el artículo 23 de la siguiente manera:

a) Agregase en la tercera oración del inciso tercero a continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”. Asimismo, agrégase a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase:

“Con todo, las prohibiciones de este inciso no se aplicarán respecto de aquella parte de los saldos que exceda al monto necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.

b) Agrégase en la primera oración del inciso cuarto, antes del punto seguido (.) que pasa a ser una coma (,), la siguiente frase: “con excepción de aquél que exceda al monto necesario para financiar una pensión que cumpla con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 68.”.

Nota: Las modificaciones de las letras a) y b) permiten a los afiliados que hayan cumplido 51 o 56 años de edad, según se trate de mujeres u hombres respectivamente, asignar a los Fondos Tipo A los recursos de su cuenta de capitalización individual y de indemnización que excedan el monto necesario para financiar una pensión igual al ciento cincuenta por ciento de la pensión mínima vigente y al setenta por ciento del promedio de remuneraciones de los 120 meses anteriores al mes en que se acogieron a pensión; como también permite a los afiliados pensionados optar por los Fondos Tipo A o B, con aquella parte de su saldo que exceda la cantidad necesaria para financiar una pensión anticipada. De esta forma, se recogen las aspiraciones de este grupo de afiliados de beneficiarse con las eventuales mayores rentabilidades que pudieran obtener los Fondos antes indicados, pero sólo con una parte de sus recursos previsionales una vez asegurado un saldo mínimo de las mayores fluctuaciones en la rentabilidad de estos fondos.

c) Agrégase en la letra c) del inciso quinto a continuación de la palabra “inválidos” la palabra “parciales”.

Nota: La modificación del inciso quinto sobre asignación de afiliados que no optan por un Fondo, corresponde a una adecuación del texto de la ley atendido que sólo la invalidez parcial podrá ser de carácter transitorio.

d) Agrégase a continuación del inciso final los siguientes incisos finales nuevos:

“Los contratos que celebren las Administradoras de Fondos de Pensiones para la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán ceñirse a lo que establezca la Superintendencia mediante norma de carácter general. En dicha norma se establecerá a lo menos, el contenido mínimo de los contratos, la regulación para la subcontratación con partes relacionadas y los requerimientos de resguardo de la información a que tenga acceso el prestador del servicio con ocasión del contrato. La mencionada norma comprenderá, al menos, la subcontratación con entidades públicas o privadas de los servicios de información y atención de consultas referidas al funcionamiento del Sistema de Pensiones; la recepción de solicitudes de pensión y su remisión a la Administradora para el trámite correspondiente, y la recepción y transmisión de la información a que se refieren las letras a) y c) del inciso octavo del artículo 61 bis de esta ley.

Las Administradoras siempre serán responsables de las funciones que subcontraten, debiendo ejercer permanentemente un control sobre ellas. Dichos servicios deberán cumplir con los mismos estándares de calidad exigidos a las Administradoras.

Los contratos que celebren las Administradoras para la prestación de servicios relacionados con el giro de aquélla, deberán contemplar disposiciones por medio de las cuales el proveedor declare conocer la normativa que las regula, como asimismo, se comprometa a aplicarla permanentemente. Adicionalmente, deberán contener disposiciones que permitan a la Superintendencia ejercer sus facultades fiscalizadoras, en los términos establecidos en el N° 13 del artículo 94.”.

Nota: Actualmente, la subcontratación de servicios relacionados con el giro de la AFP está regulada por una norma emitida por la Superintendencia, estimándose conveniente establecer esta facultad en la Ley para permitir una mejor regulación de sus efectos. Ello por cuanto mediante la incorporación de un nuevo inciso se establecen nuevas atribuciones para la SAFP en materia de control de los subcontratistas que presten servicio relacionados con las actividades propias de una Administradora. Considerando que esta Superintendencia avanzará en la implementación de un sistema de supervisión basada en riesgo es fundamental que tenga la facultad de conocer y fiscalizar los procesos operativos, tanto de las AFP como de sus subcontratados, con el objeto de dimensionar los riesgos involucrados en cada uno de ellos.

La indicación tiene por objeto establecer expresamente en la ley que las Administradoras podrán subcontratar con entidades públicas o privadas los servicios de la atención de público, del mismo modo que pueden hacerlo con los CAPRI, a través del Instituto de Previsión Social.

16. Agrégase al final del inciso séptimo del artículo 23 bis, antes del punto aparte, la siguiente frase: “y subcontratación de servicios en los términos de los incisos vigésimo tercero al vigésimo quinto del artículo 23”.

Nota: Debido a que se regula en la Ley la subcontratación de servicios por parte de las Administradoras, se agrega también esta atribución respecto de las Sociedades Administradoras de Carteras de Recursos Previsionales.

17. Elimínase en el inciso primero la frase “de cargo de los afiliados” y en la segunda oración del inciso final del artículo 28 la frase “el resultado de sumar a la comisión fija por depósito de cotizaciones,”.

Nota: La Indicación corresponde a una adecuación de forma al inciso considerando que la cotización para el SIS será de cargo de los empleadores, en el caso de los trabajadores dependientes.

18. Modifícase el artículo 29 de la siguiente manera:

a) Reemplázase en la primera oración del inciso segundo las palabras “podrán” y “sujetos” por “podrá” y “sujeto”, respectivamente. A su vez, elimínase al final de la misma oración la siguiente frase: “y la transferencia del saldo de la cuenta desde otra Administradora”.

Nota: Esta modificación elimina el cobro de la comisión por transferencia de saldo, en consideración a que ésta corresponde a una comisión que, al igual que la comisión fija que se está eliminando en la letra b) siguiente, es descontada del saldo y no de las remuneraciones de los afiliados por lo que produce una disminución en sus ahorros previsionales. Además, esta comisión al ser cobrada por la Administradora a la que se traspasa el afiliado podría ser utilizada como un mecanismo de licuación de los recursos previsionales, mediante el cobro de una comisión elevada que permita ofrecer algún tipo de beneficio no previsional al afiliado por el traspaso. Finalmente, debe destacarse que esta comisión no es cobrada actualmente por ninguna AFP, por lo que su eliminación no tiene efecto en términos económicos.

b) Modifícase el inciso tercero de la siguiente forma:

i. Reemplázase la primera oración por la siguiente: “La comisión por el depósito de las cotizaciones periódicas sólo podrá establecerse sobre la base de un porcentaje de las remuneraciones y rentas imponibles que dieron origen a dichas cotizaciones.”.

Nota: Esta modificación elimina la comisión fija como parte del cobro que realizan las Administradoras a sus cotizantes. Con esta propuesta se busca contribuir a solucionar dos problemas, por un lado, la reducción del saldo de los afiliados al ser descontado este monto del Fondo de Pensiones y, por otro lado, aumentar la competencia haciendo visible el cobro de comisiones de las AFP. Esto último debido a que se facilitaría la comparación a los afiliados entre Administradoras, al ver solo una cifra (comisión variable) y no tener que hacer la comparación actual de generar un monto total asociado al pago de la comisión fija más la comisión porcentual por su salario Asimismo, el establecimiento de una comisión única es condición necesaria para que el mecanismo de licitación funcione eficientemente, por lo que se requiere la existencia de un solo tipo de precio.

Adicionalmente, se elimina la diferenciación de comisiones que se establece actualmente para los trabajadores independientes, debido a que este proyecto otorga a estos trabajadores los mismos derechos y obligaciones que tienen los dependientes. Por lo anterior, debe eliminarse esta diferenciación en comisiones, la que se justifica actualmente por la diferencia en cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, la que se elimina en este Proyecto de Ley. Cabe destacar que en la actualidad las Administradoras no hacen esta distinción en el cobro de comisiones.

ii. Reeemplázase en la tercera oración la frase: “al aporte adicional establecido en el artículo 54” por la siguiente: “a la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a que se refiere el artículo 59”. A su vez, agregáse a continuación de la expresión “independientes” la frase: “y los afiliados voluntarios”.

Nota: Se efectúa una adecuación a este inciso, en consideración a que las Administradoras licitarán en conjunto el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia a las Compañías de Seguros de Vida que realicen las mejores ofertas económicas. Este cambio significará que todos los afiliados que tengan derecho al SIS pagarán el mismo precio por éste seguro, mientras que quienes no tengan derecho a su cobertura pagarán una comisión más reducida. Por otra parte, se incluyen en la diferenciación de la comisión a los afiliados voluntarios que no estén afectos a la letra b) del artículo 54.

c) Elimínase en el inciso cuarto la siguiente frase: “la transferencia del saldo de la cuenta individual y”. A su vez, elimínase la oración: “, a una suma fija por operación, o a una combinación de ambos”.

Nota: Estas modificaciones se efectúan con el objeto de facilitar la comparación de comisiones por concepto de retiro programado. Adicionalmente, se efectúan a adecuaciones del texto de la ley en consideración a la eliminación de la comisión por transferencia de saldo entre Administradoras, señalada en la letra a) anterior.

d) Agrégase en el inciso final, a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“Con todo, cuando se trate de una rebaja en las comisiones dicho plazo se reducirá a treinta días.”.

Nota: Actualmente cuando una Administradora desea efectuar un cambio en las comisiones que cobra a sus afiliados, debe comunicarlo al público y a la Superintendencia, con noventa días de anticipación para poder aplicar el cambio anunciado. Al respecto, este inciso establece un plazo menor sólo para el caso en que el cambio anunciado corresponda a una disminución de las comisiones cobradas, de modo de permitir la implementación de un cambio que beneficia a los afiliados con mayor celeridad.

19. Elimínese en la oración final del inciso tercero del artículo 31 la frase: “, considerando los ajustes por siniestralidad”.

Nota: En consideración a que este proyecto de ley establece que las Administradoras licitarán en conjunto el Seguro de Invalidez y Sobrevicencia (SIS) cuyo contrato se convendrá en base a una prima fija y única, se efectúa una adecuación a este inciso que hace referencia a la información que las AFP deben remitir a sus afiliados, dentro de la que se incluye el pago del SIS considerando los ajustes por siniestralidad que se efectúen. Específicamente, se elimina lo relativo al envío de información considerando los ajustes de siniestralidad que realizan las AFP en la actualidad, ya que en el artículo 59 se prohíben dichos ajustes.

20. Modifícase el artículo 34 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en la primera oración del inciso segundo la expresión “para cobertura de riesgo a que se refieren las letras k) y m)”, por la siguiente: “con instrumentos derivados a que se refiere la letra l)”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la expresión “k) y n)” por la siguiente: “j) y m)”.

Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra h), como título susceptible de ser adquirido con los recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúan estas adecuaciones para reemplazar las letras que señalan los instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los Fondos.

Por otra parte, el artículo 45 D.L. N° 3.500 permite las operaciones con instrumentos derivados a través de la letra k) para los mercados extranjeros y de la letra m) para los mercados nacionales. En este proyecto de ley, se propone que todas las operaciones con instrumentos derivados estén incluidas en una misma letra (nueva letra l), independientemente de si son realizadas en mercados nacionales o extranjeros, por lo cual se realiza una modificación al inciso segundo este artículo que hace referencia a las garantías entregadas en Cámaras de Compensación producto de operaciones con instrumentos derivados.

21. Reemplázase en la segunda oración del inciso segundo del artículo 35, la frase “informado por la Superintendencia, el que” por lo siguiente: “determinado e informado por la Superintendencia, por sí o a través de otra entidad que contrate para estos efectos. Dicho valor”.

Nota: Se modifica este artículo con el objeto que la Superintendencia pueda delegar en otra entidad que sea autorizada por ésta, la valoración de los instrumentos de inversión que pueden adquirir los Fondos de Pensiones. Lo anterior permitirá una mejor asignación de los recursos de la entidad fiscalizadora.

22. Modifícase el artículo 37 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso segundo por el siguiente inciso:

“Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, en el caso que un Fondo cuente con menos de treinta y seis meses de funcionamiento, la Administradora será responsable de que la rentabilidad real anualizada del respectivo Fondo, para el período en que se encuentre operando, no sea menor a la que resulte inferior entre:

1. En el caso de los Fondos Tipos A y B:

a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos seis puntos porcentuales, y

b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.

2. En el caso de los Fondos Tipos C, D y E:

a. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos cuatro puntos porcentuales, y

b. La rentabilidad real anualizada promedio de todos los Fondos del mismo tipo, según corresponda, para el período equivalente a los meses de funcionamiento del nuevo Fondo, menos el valor absoluto del cincuenta por ciento de dicha rentabilidad.”.

Nota: Al flexibilizar los requisitos de rentabilidad mínima para las AFP con menos de 36 meses de funcionamiento, disminuyen las barreras a la entrada para el ingreso de nuevas Administradoras de Fondos de Pensiones. Por lo tanto, en esta modificación se amplía en dos puntos la banda de rentabilidad mínima exigida para aquellos Fondos que tengan menos de 36 meses de funcionamiento. Esto permitirá que los Fondos puedan conformar sus carteras de inversión de acuerdo a sus propias políticas, debido a que durante los primeros meses de operación los Fondos están recibiendo flujos importantes de recursos que dificultan el logro de una diversificación eficiente.

b) Elimínase el inciso final.

Nota: Se elimina este inciso debido a que se está eliminando la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad a través de la modificación del artículo 38 y la derogación del artículo 39, por las razones que se exponen más adelante.

23. Deróganse los artículos 38 y 39.

Nota: Se elimina la obligatoriedad de las Administradoras de constituir una Reserva de Fluctuación de Rentabilidad cuando la rentabilidad de los Fondos de Pensiones supere la rentabilidad promedio del sistema para los períodos y en las proporciones establecidas actualmente en la Ley, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la rentabilidad mínima exigida en el artículo 37.

Esta eliminación se efectúa debido a que la constitución de la reserva de fluctuación de rentabilidad disminuye los incentivos de las AFP a alcanzar rentabilidades muy por sobre el promedio del Sistema, ya que si esto ocurriera se verían obligadas a constituir reservas con los recursos de los Fondos de Pensiones, lo cual significa mostrar una rentabilidad menor a la que efectivamente alcanzó el Fondo en un mes determinado.

Por otra parte, se estima que la constitución del Encaje por parte de las AFP es suficiente para garantizar la rentabilidad mínima.

24. Modifícase el artículo 42 de la siguiente forma:

a) Elimínase en el inciso primero la oración: “y esa diferencia no pudiere ser cubierta con la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad,”.

b) Elimínase en el inciso tercero la oración “de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad o”.

c) Elimínase en el inciso cuarto la oración “de Reserva de Fluctuación de Rentabilidad y”.

Nota: Se realizan modificaciones a este artículo que establece el procedimiento a seguir en caso de caídas bajo la rentabilidad mínima, debido a que se está eliminando la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad por las razones antes mencionadas.

25. Elimínase en la tercera oración del inciso tercero del artículo 43 la expresión: “y del cálculo de la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad a que se refiere el artículo 39”. A su vez, reemplázase la expresión “efectuarán” por “efectuará”.

Nota: Se realizan modificaciones a este artículo que regula el proceso de liquidación de los Fondos de Pensiones, debido a que se está eliminando la Reserva de Fluctuación de Rentabilidad por las razones ya señaladas.

26. Modifícase el artículo 44 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso primero la letra “k)” por la letra “j)”.

b) Reemplázase en el inciso undécimo la expresión “de cobertura de riesgo financiero” por la siguiente: “con instrumentos derivados”.

c) Sustitúyase en el inciso final la expresión “k) y n)”, por la siguiente: “j) y m)”.

Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra h), como título susceptible de ser adquirido con los recursos de los Fondos de Pensiones, se efectúa en esta modificación una adecuación a las letras que señalan los instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los Fondos.

27. Modifícase el artículo 45 de la siguiente forma:

a) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:

i. Elimínase la letra h), pasando las actuales letras i) a la n) a ser letras h) a la m), respectivamente.

Nota: Se eliminan como instrumentos elegibles para los Fondos de Pensiones las acciones de sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la letra h) de este inciso. Estos instrumentos no han sido de interés de los inversionistas, ya que los fondos de inversión que son sustitutos de éstos permiten invertir en los mismos activos de estas sociedades y presentan el atractivo de la exención tributaria. En todo caso de existir este tipo de instrumentos en el futuro, estarían contemplados en la actual letra g) del artículo 45, acciones de sociedades anónimas abiertas.

ii. Reemplázase la actual letra j) por la siguiente letra i) nueva:

“i) Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;”

Nota: El D.L. N° 3.500 se encuentra desactualizado con respecto a la ley de Mercado de Valores que en una última modificación amplió el plazo máximo de emisión de los efectos de comercio desde 12 hasta 36 meses. Ello, debido a que, actualmente el D.L. sólo permite a través de la letra j) del artículo 45 la inversión de los Fondos de Pensiones en efectos de comercio no renovables con plazo de vencimiento no superior a un año desde su inscripción en el Registro de Valores. Hoy en día, la inversión de los Fondos de Pensiones en efectos de comercio con plazo mayor a un año se autoriza a través de la actual letra l) del citado artículo, que hace referencia a otros instrumentos de oferta pública. Sin embargo, esta solución no es óptima debido a que se están aplicando a los efectos de comercio con plazo mayor a un año los límites por instrumento establecidos a los títulos de la actual letra l), los cuales son menores a los aplicables a los títulos de la actual letra j).

Por lo tanto, la solución óptima es también permitir en la nueva letra i), la inversión de los Fondos en efectos de comercio con plazo mayor a un año. Este cambio permitirá que el D.L. 3.500 sea consistente con la ley de Mercado de Valores.

iii. Sustitúyese la actual letra k) por la siguiente letra j) nueva:

“j) Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;”.

Nota: La actual letra k) del artículo 45 del D.L. N° 3.500 define los instrumentos extranjeros y las características que deben tener para que puedan ser invertidos los recursos de los Fondos de Pensiones en ellos. Al respecto, en esta modificación se elimina la restricción que establece que los instrumentos de deuda extranjeros deben encontrarse aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) para la inversión de los Fondos, debido a que se están modificando las atribuciones de ésta con el fin de permitir que las Administradoras tengan una mayor flexibilidad para efectuar el proceso de inversión de los Fondos, de acuerdo a las actuales características de los mercados financieros y el desarrollo de los clasificadores privados.

Adicionalmente, se incorporan en esta letra los valores extranjeros del título XXIV de la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional. Estos instrumentos actualmente se encuentran incorporados para la inversión de los recursos de los Fondos en la actual letra l) de este artículo, que se refiere a otros instrumentos de oferta pública cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice el Banco Central de Chile, y se incorporan en esta letra debido a que corresponden a títulos representativos de inversión extranjera.

Por otra parte, se menciona por primera vez en esta letra el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, el cuál regulará materias relativas a las inversiones de los Fondos de Pensiones que no sean establecidas en la ley. El objeto de lo anterior es permitir adecuar con mayor rapidez normas de inversión según los cambios de los mercados financieros y el crecimiento de los Fondos de Pensiones, entre otros aspectos. De este modo, esta modificación busca darle a la regulación de inversiones de los Fondos de Pensiones una adecuada flexibilidad, lo que se dificulta actualmente debido a que ello requiere de cambios legislativos al D.L. N° 3.500, el cual establece más de 90 límites por cada Tipo de Fondo. Cabe hacer presente que el actual Reglamento de Inversión de los Fondos de Pensiones en el Extranjero, que regula la inversión de los Fondos en el exterior, estará contenido en el Régimen de Inversión que se está creando.

Finalmente, cabe hacer presente que no se incluyen en esta letra las operaciones con instrumentos derivados que tiene por objeto la cobertura de riesgo financiero entre monedas y tasas extranjeras, las cuales si están incluidas en la actualidad. Lo anterior, debido a que estas operaciones se incorporarán en la nueva letra l) (anterior letra m) con el objeto que una misma letra abarque todas las operaciones con instrumentos derivados independientemente de los mercados donde sean realizadas.

iv. Reemplázase la actual letra l) que pasa a ser k), por la siguiente letra k) nueva:

“k) Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;”

Nota: Actualmente la letra l) del artículo 45 (nueva letra k), autoriza la inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de oferta pública cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que autorice el Banco Central de Chile. De esta forma, los Fondos de Pensiones pueden adquirir instrumentos no autorizados expresamente en la ley pero que cumplan con ciertos requisitos, como son la fiscalización de sus emisores por parte de las Superintendencias correspondientes y la autorización del Banco Central.

Por medio de la modificación propuesta, los Fondos de Pensiones podrían adquirir otros instrumentos, distintos de los autorizados explícitamente, con la aprobación de la Superintendencia, previo informe de un organismo autónomo como es el Banco Central. Lo anterior, permite dar una mayor flexibilidad a la inversión de los Fondos, ya que se agiliza el procedimiento de autorización de nuevos títulos. De esta forma, se incentiva la innovación financiera en títulos de libre disponibilidad. Cabe hacer presente que mediante Régimen de Inversión se fijarían límites a estos instrumentos.

v. Reemplázase en la actual letra m) que pasó a ser letra l) la frase: “que tengan como objetivo la cobertura del riesgo financiero que pueda afectar a las inversiones del Fondo de Pensiones, que se efectúen habitualmente en los mercados secundarios formales, y” por la siguiente: “con instrumentos derivados”. A su vez, reemplázase la oración “por normas de carácter general que dictará la Superintendencia.” por lo siguiente “en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;”.

Nota: Actualmente, el artículo 45 D.L. N° 3.500 permite las operaciones con instrumentos derivados a través de la letra k) para los mercados extranjeros y de la letra m) para los mercados nacionales. En esta modificación, se propone que todas las operaciones con instrumentos derivados estén incluidas en una misma letra (nueva letra l), independientemente de si son realizadas en mercados nacionales o extranjeros.

Por otra parte, se elimina la restricción, tanto para los mercados nacionales como para los mercados extranjeros, de que las operaciones con instrumentos derivados deben efectuarse con el único objetivo de realizar cobertura de riesgo financiero, por lo que se reemplaza el término “operaciones que tengan como único objetivo la cobertura de riesgo financiero” por lo siguiente: “operaciones con instrumentos derivados”. Lo anterior, tiene como fin otorgar nuevas posibilidades de inversión a los Fondos, las que en todo caso deberán en todo momento encontrarse reguladas en el Régimen de Inversión con el objeto que los Fondos no asuman riesgos innecesarios.

b) Reemplázase el inciso cuarto por los siguientes nueve incisos nuevos, pasando los actuales incisos quinto y sexto a ser incisos décimo tercero y décimo cuarto, respectivamente:

“Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a) a la m) del inciso segundo de este artículo.

Nota: Actualmente, los recursos de los Fondos Tipo E sólo pueden ser invertidos en títulos de renta fija, con el objeto que exista una alternativa para aquellos afiliados que no quieran asumir los riesgos de las inversiones en títulos de renta variable o bien que presenten un horizonte de inversión de corto plazo.

Sin embargo, esta situación significa para los Fondos Tipo E contar con menores oportunidades de inversión que los otros Tipos de Fondos, ya que sus recursos no pueden ser invertidos en títulos de renta variable, los cuales si están permitidos para los Fondos Tipo A, B, C y D. Lo anterior, afecta la diversificación las carteras de los Fondos Tipo E, lo cual implica un mayor riesgo producto de la concentración de las inversiones en un grupo limitado de instrumentos financieros.

A través del inciso que se está incorporando, se autoriza que los Fondos Tipo E puedan invertir sus recursos en instrumentos de renta variable, como acciones, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión, lo cual permitirá a estos Fondos mejorar la diversificación de sus inversiones y por lo tanto incrementar su rentabilidad o disminuir su riesgo en el corto plazo. Con todo, la máxima inversión permitida en títulos de renta variable para estos Fondos será menor a la máxima inversión autorizada para los otros Tipos de Fondos, como forma que los afiliados cuenten con 5 alternativas distintas para la inversión de sus recursos previsionales.

Los Fondos de Pensiones podrán adquirir títulos de las letras b), c), d), e), f), i), y de la letra j) cuando se trate de instrumentos de deuda, cuando cuenten con al menos dos clasificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB y nivel N-3, a que se refiere el artículo 105, elaboradas por diferentes clasificadoras privadas, y acciones de la letra g) que cumplan con los requisitos a que se refiere el inciso siguiente. Asimismo, podrán adquirir cuotas emitidas por fondos de inversión y cuotas emitidas por fondos mutuos a que se refiere la letra h) y títulos representativos de capital de la letra j) que estén aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, e instrumentos de la letra k), autorizados por la Superintendencia y en caso que ésta lo requiera por la Comisión Clasificadora de Riesgo.

Nota: Estas modificaciones tienen por objeto disminuir rigideces en el proceso de inversión de los Fondos de Pensiones, entre las cuales se encuentra la participación de la CCR en la aprobación de algunos instrumentos financieros.

Al respecto se efectúan las siguientes modificaciones fundamentales:

- Los títulos de deuda nacionales y extranjeros no requerirán la aprobación previa de la CCR para ser adquiridos por los Fondos, sujetando su aprobación a la clasificación efectuada por entidades privadas.

- Las acciones de sociedades anónimas abiertas de la letra g) del artículo 45 podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando cumplan con los requisitos establecidos en la ley, eliminando la atribución de la CCR de aprobar dichos títulos.

Las acciones a que se refiere la letra g) podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando el emisor disponga de estados financieros auditados para los últimos tres años con resultados positivos al menos en los últimos dos; un apropiado nivel de cobertura de gastos financieros; una adecuada liquidez financiera y un determinado nivel de endeudamiento, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. En el caso de acciones de bancos o de instituciones financieras o de empresas de leasing no se considerarán para estos efectos el nivel de cobertura de gastos financieros ni la liquidez financiera. Aquellas acciones que no cumplan con los requisitos anteriores podrán ser adquiridas por los Fondos de Pensiones cuando éstas sean clasificadas en primera clase por al menos dos entidades clasificadoras de riesgo a las que se refiere la Ley N° 18.045.

Nota: Se establecen los requisitos que deben cumplir las acciones de emisores nacionales para ser adquiridas por los Fondos de Pensiones, debido a que la CCR no intervendrá en la aprobación de estos títulos. Estos requisitos son equivalentes a los que actualmente debe evaluar la CCR para aprobar las acciones de sociedades anónimas, de acuerdo a la ley.

El Régimen de Inversión regulará la especificación conceptual, metodología de cálculo y el valor límite de los indicadores y requisitos, según corresponda, a que se refiere el inciso anterior. La Superintendencia de Valores y Seguros y la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, efectuarán el cálculo de los valores que se establezcan en el Régimen y confeccionarán una nómina de emisores de acciones de la letra g) de este artículo que cumplan con ellos. Esta nómina también incluirá aquellos emisores que no cumplan los requisitos antes señalados y será remitida a la Superintendencia a más tardar los días diez de los meses de abril, junio, octubre y diciembre de cada año, pudiendo sin embargo ser modificada o complementada en cualquier fecha.

Nota: Se deja encargado al Régimen de Inversión el establecimiento de la forma de cálculo y los valores mínimos que deben tener los requisitos específicos de aprobación de las acciones nacionales.

Cuando se trate de instrumentos de deuda de las letras b), c), d), e), f), i) y k), las clasificaciones de riesgo a que refiere el inciso quinto deberán ser elaboradas en conformidad a lo señalado en la ley N° 18.045. A su vez, cuando estos instrumentos se transen en mercados internacionales, las referidas clasificaciones también podrán ser efectuadas por las entidades clasificadoras indicadas en el inciso siguiente.

Nota: La clasificación exigida a los títulos de deuda nacionales para efectos de la inversión de los Fondos deberá ser realizada por entidades clasificadoras privadas nacionales, reguladas por la ley N° 18.045. En caso que estos títulos se transen en mercados internacionales las clasificaciones podrán ser realizadas por entidades clasificadoras internacionales. Lo anterior valida a través de la ley el procedimiento actual de aprobación de títulos de deuda realizado por la CCR.

Las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda de la letra j) deberán ser efectuadas por entidades clasificadoras internacionalmente reconocidas, siempre que el Banco Central de Chile las considere para efectos de la inversión de sus propios recursos. En todo caso, cuando los instrumentos de la letra antes señalada se transen en un mercado secundario formal nacional, la referida clasificación también podrá ser efectuada por las entidades clasificadoras a que se refiere la Ley N° 18.045.

Nota: La clasificación exigida a los títulos de deuda extranjeros para efectos de la inversión de los Fondos deberá ser realizada por entidades clasificadoras internacionales que el Banco Central de Chile considere para efectos de realizar sus propias inversiones. En caso que estos instrumentos se transen en el mercado nacional podrán tener clasificaciones realizadas por entidades clasificadoras nacionales.

Para efectos de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos de deuda señalados en las letras b), c), d), e), f), i), j) y k) y las acciones de la letra g), se deberá considerar la categoría o clasificación de mayor riesgo de entre las que les hubieren otorgado los clasificadores privados.

Nota: Se mantiene lo establecido actualmente, en el sentido que siempre se deberá considerar para los instrumentos de deuda nacionales y extranjeros y acciones nacionales, la menor clasificación (indicativa de mayor riesgo) de entre las que les asignen las entidades clasificadoras privadas para efectos de la inversión de los Fondos de Pensiones.

Las clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045 presentarán a la Superintendencia dentro de los cinco primeros días de cada mes, una lista de clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda y de las acciones que les hayan sido encomendadas, con los respectivos informes públicos de acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Valores y Seguros. Adicionalmente a la lista de clasificación de riesgo, se acompañarán los informes de actualización periódica que deban presentar a la referida Superintendencia y a la de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda.

Nota: Se establece el tipo de información que las clasificadoras privadas deben entregar a la Superintendencia de Pensiones, para efectos de la supervisión de las inversiones de los Fondos de Pensiones.

Las operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l), podrán tener como objeto la cobertura del riesgo financiero que pueda afectar a los Fondos de Pensiones u otros fines distintos. Aquellas operaciones que tengan por objeto fines diversos de la cobertura del riesgo financiero estarán permitidas únicamente cuando el Fondo posea en su cartera de inversiones un número suficiente de unidades del activo objeto involucradas en ellas o cuando las eventuales pérdidas para el Fondo, producto de las operaciones, estén acotadas a la prima pagada. El Régimen de Inversión señalará los tipos de operaciones con instrumentos derivados y los activos objeto involucrados en ellas, que estarán autorizados para los recursos de los Fondos de Pensiones. Asimismo, dicho Régimen podrá condicionar la autorización de operaciones con instrumentos derivados a la adopción de procedimientos, controles y otras restricciones que provean los resguardos suficientes para su uso.”.

Nota: Se establecen los requisitos que se deben cumplir para efectos de las operaciones con instrumentos derivados que realicen los Fondos de Pensiones, con el objeto de resguardar la seguridad de las inversiones en este tipo de instrumentos. A su vez, se establece el tipo de disposiciones que contendrá el Régimen de Inversión para efectos de las operaciones con instrumentos derivados.

c) Sustitúyase en el actual inciso quinto, que ha pasado a ser décimo tercero, la expresión “, h) y j)” por la siguiente: “e i)”. A su vez, sustitúyase la actual letra “i)” por la letra “h)”.

d) Elimínase en el actual inciso sexto, que ha pasado a ser décimo cuarto, la expresión “, k)”. A su vez, reemplázase la actual letra “l)” por la letra “k)”.

Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra h), se efectúan adecuaciones a las letras que en estos incisos señalan los instrumentos en los que pueden ser invertidos los recursos de los Fondos.

e) Agrégase el siguiente inciso décimo quinto nuevo, pasando los actuales incisos séptimo y octavo a ser incisos décimo sexto y décimo séptimo, respectivamente:

“Los Fondos de Pensiones podrán adquirir los títulos de las letras b), c), d), e), f), g), h), i), j) que cumplan con lo establecido en el Régimen de Inversión, aunque no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos quinto y sexto, siempre que la inversión se ajuste a los límites especiales que fije el citado Régimen para estos efectos.”.

Nota: Este inciso permite la adquisición de títulos de capital y deuda tanto nacionales como extranjeros de libre disponibilidad, siempre que se ciñan a los límites que fije el Régimen de Inversión, los cuales serán menores a los establecidos para los instrumentos que cumplan con las condiciones del inciso quinto y sexto de este artículo. Para estos efectos, se entiende por títulos de libre disponibilidad a aquellos que no requieren cumplir con requisitos de clasificación de riesgo. Cabe hacer presente, que en la actualidad los Fondos de Pensiones sólo pueden invertir como títulos de libre disponibilidad en acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, nacionales y extranjeros.

Esta modificación permite incorporar nuevas alternativas de inversión a los Fondos de Pensiones, lo cual permite una mayor diversificación de los recursos.

f) Sustitúyense los actuales incisos noveno al vigésimo cuarto inclusive por los siguientes siete incisos nuevos, que pasarán a ser décimo octavo a vigésimo cuarto, respectivamente:

“Las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones en los instrumentos que se indican en los números 1 al 4 siguientes, deberán ceñirse a los límites máximos de inversión que establezca el Banco Central de Chile dentro de los rangos que se señalan para cada uno de ellos:

1) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos mencionados en la letra a) del inciso segundo no podrá ser inferior ni superior a: 30% y 40% del Fondo, respectivamente, para los Fondos Tipos A y B; 35% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C; 40% y 70% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 50% y 80% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E.

2) El límite máximo para la inversión de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en el extranjero corresponderá al mayor valor que resulte entre el límite establecido para la suma de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E y los límites fijados para cada Tipo de Fondo.

El Banco Central de Chile fijará el límite máximo para la suma de las inversiones de los Fondos Tipos A, B, C, D y E de una misma Administradora en el extranjero dentro de un rango que va desde un 30% a un 80% del valor de estos Fondos. Asimismo, fijará los límites máximos para la inversión en el extranjero para cada Tipo de Fondo dentro de un rango que va desde 45% a 100% del Fondo para el Fondo Tipo A; desde 40% a 90% del Fondo para el Fondo Tipo B; desde 30% a 75% del Fondo para el Fondo Tipo C; desde 20% a 45% del Fondo para el Fondo Tipo D, y desde 15% a 35% del Fondo para el Fondo Tipo E.

Por inversión en el extranjero se entenderá la inversión que se efectúe en títulos extranjeros, a que se refiere la letra j) del inciso segundo, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos de los números 17) al 28) del artículo 5° de la ley Nº 18.815, que se efectúe a través de los fondos de inversión, más el monto de la inversión de los Fondos de Pensiones en los instrumentos 9. y 11. del artículo 13 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, que se efectúe a través de los fondos mutuos. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la inversión que se efectúe a través de los fondos a que se refiere la letra h) del inciso segundo, se considerará en los límites señalados.

3) Los límites máximos para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria que podrán mantener las Administradoras para cada tipo de Fondo no podrán ser inferiores ni superiores a: 30% y 50% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo A; 25% y 40% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo B; 20% y 35% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo C; 15% y 25% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo D, y 10% y 15% del Fondo, respectivamente, para el Fondo Tipo E. En todo caso, el límite máximo para el Fondo Tipo E deberá ser menor al del Fondo Tipo D; éste, menor al del Fondo Tipo C, el que, a su vez, deberá ser menor al del Fondo Tipo B.

4) El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos que se señalan en los números 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del inciso vigésimo primero y en las letras e), f), g), i) y k), todas del inciso segundo, cuyo emisor tenga menos de tres años de operación, no podrá ser inferior al diez por ciento ni superior al veinte por ciento del valor del Fondo, para cada Tipo de Fondo A, B, C, y D. La Superintendencia de Pensiones podrá excluir de la determinación de porcentajes máximos de inversión contemplada en este número a los instrumentos de cada tipo señalados en la letra k).

El límite máximo para la suma de las inversiones en los instrumentos señalados en las letras g) y h), más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48, como también para los de las letras j) y k), cuando se trate de instrumentos representativos de capital, será de un 80%, 60%, 40%, 20% y 5% del valor de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E, respectivamente. Para efectos de este límite, no se considerarán las cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos de las letras h) y j) de este artículo, cuando la cartera de inversiones de dichos fondos se encuentre constituida preferentemente por títulos de deuda. El Régimen de Inversión establecerá en qué casos se entenderá que la cartera de los fondos de inversión y fondos mutuos se considerará constituida preferentemente por títulos de deuda. Con todo, siempre que un Tipo de Fondo tenga autorizado en la Ley un mayor límite máximo en instrumentos representativos de capital, deberá tener un porcentaje mayor de su cartera invertido en este grupo de instrumentos.

El Régimen de Inversión podrá establecer otros límites máximos en función del valor del o los Fondos de Pensiones, según corresponda, para los instrumentos, operaciones y contratos del inciso segundo. Adicionalmente, el citado Régimen podrá fijar límites mínimos sólo para la inversión de los Fondos en instrumentos representativos de capital.

En todo caso, el Régimen de Inversión deberá establecer límites respecto de los instrumentos u operaciones que se señalan en los números 1 al 9 siguientes:

1) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda, clasificados en categoría BB, B y nivel N-4 de riesgo, según corresponda, a que se refiere el artículo 105, que cuenten con sólo una clasificación de riesgo efectuada por una clasificadora privada, la cual en todo caso deberá ser igual o superior a las categorías antes señaladas, o que cuyas clasificaciones hayan sido rechazadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;

2) Instrumentos a que se refieren las letras b), c), d), e), f), i), j) y k), estas dos últimas cuando se trate de instrumentos de deuda, que tengan clasificación inferiores a B y nivel N-4, según corresponda y aquellos que no cuenten con clasificación de riesgo;

3) Acciones a que se refiere la letra g), que no cumplan con los requisitos establecidos en el inciso sexto de este artículo y cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra h), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;

4) Acciones a que se refiere la letra g) que sean de baja liquidez; más cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48, cuando estos instrumentos sean de baja liquidez;

5) Aportes comprometidos mediante los contratos de promesa y suscripción de pago de cuotas de fondos de inversión;

6) Acciones, cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos a que se refiere la letra j), no aprobadas por la Comisión Clasificadora de Riesgo;

7) Cada tipo de instrumento de oferta pública, a que se refiere la letra k);

8) Operaciones con instrumentos derivados a que se refiere la letra l). En este caso, los límites deberán ser fijados en función de los activos objetos involucrados, del valor de las operaciones y de la inversión por contraparte. Asimismo, el Régimen podrá establecer límites a la entrega en garantía de recursos de los Fondos de Pensiones a que se refiere el artículo 34, y

9) Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros, pertenecientes al Fondo de Pensiones, a que se refieren las letras j) y m).

A su vez, el Régimen de Inversión regulará la inversión indirecta que los Fondos de Pensiones podrán efectuar a través de los instrumentos señalados en este artículo.

El Régimen de Inversión establecerá también los criterios que definirán en qué casos los instrumentos de la letra g) y las cuotas de fondos de inversión a que se refiere la letra h) se considerarán de baja liquidez. La liquidez de estos instrumentos será calculada trimestralmente por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Pensiones se establecerá el Régimen de Inversión, previo informe del Consejo Técnico que se refiere el Título XVI. La Superintendencia no podrá establecer en el Régimen de Inversión contenidos que hayan sido rechazados por el Consejo Técnico de Inversiones y asimismo, en la mencionada resolución deberá señalar las razones por las cuales no consideró las recomendaciones que sobre esta materia haya efectuado el referido Consejo. Dicha Resolución será dictada previa visación del Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Hacienda.”

Nota: El objetivo principal de estas modificaciones es simplificar la actual estructura de inversión y otorgar amplios espacios de flexibilidad a la fijación de límites de inversión. Asimismo, se busca que las Administradoras asuman progresivamente una mayor responsabilidad en las decisiones de inversión de los Fondos, a través del establecimiento de políticas de inversión reguladas en el nuevo artículo 50 de este proyecto de ley.

Por lo tanto, se definen por ley sólo cinco límites por instrumentos para los Fondos de Pensiones, considerados como relevantes para acotar el riesgo de los Fondos y estructurales para el esquema de Multifondos. El Banco Central tendrá la atribución de fijar dichos límites dentro de los rangos que establece la ley para cuatro de ellos, tal como ocurre actualmente. Además, se permite a los Fondos Tipo E invertir como máximo un 5% del valor del Fondo en títulos de renta variable (acciones, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos, entre otros) y se establece, con el objeto de mantener la diferenciación de los tipos de Fondos, que siempre que un Fondo tenga un mayor límite en instrumentos de renta variable deberá tener un mayor porcentaje de su cartera invertido en estos títulos.

Con relación al límite para la inversión en renta variable que se fija por ley, se establece que no se considerará dentro de este tipo de inversión, aquella que se encuentre en cuotas de fondos mutuos y de inversión cuyas carteras de inversiones se encuentren constituidas por títulos de deuda. Lo anterior, con el objeto que no copen el límite para la inversión en renta variable aquellos vehículos de inversión cuyos subyacentes correspondan a instrumentos de deuda.

Adicionalmente, se eliminan un grupo importante de límites por instrumentos y grupos de instrumento, debido a que se considera apropiado que las Administradoras sean las que determinen la mejor combinación de títulos para las inversiones de los Fondos que maximicen la rentabilidad y minimicen el riesgo.

Por otra parte, se crea un Régimen de Inversión que fijará, al menos, los límites para los tipos de instrumentos que se indican debido a las características de mayor riesgo de cada uno de ellos. Adicionalmente, contendrá otras materias relacionadas con la inversión de los Fondos de Pensiones. Se establece que el Régimen de Inversión se emitirá mediante resolución de la Superintendencia de Pensiones, previa consulta a un Consejo Técnico de Inversiones, el que se crea en este proyecto de ley a través de la incorporación del Título XV al D.L. N° 3.500. Actualmente, los límites de inversión de los Fondos de Pensiones por instrumentos y grupos de instrumentos son fijados por el Banco Central de Chile dentro de los rangos estipulados en la ley, lo que resta dinamismo a las inversiones de los Fondos.

En relación al límite de inversión para instrumentos extranjeros, se establecen dos límites, uno global para la suma de los Fondos de Pensiones y uno para cada tipo de Fondo, indicándose que siempre será aplicable el mayor valor que resulte de ellos. El establecimiento de un límite por tipo de Fondo tiene por objeto evitar la existencia de conflictos de interés para una AFP, los cuales pueden surgir al momento de gestionar la inversión en el extranjero por Tipo de Fondo con la existencia de un límite global que se va haciendo más restrictivo. Específicamente, puede darse que una AFP para responder a la mayor demanda de afiliados por un determinado Tipo de Fondo aumente la inversión en títulos extranjeros para ese Fondo en busca de una mayor rentabilidad, disminuyendo la inversión en el exterior en aquellos Fondos menos demandados por los afiliados, lo cual podría perjudicar a aquellos trabajadores que por asignación de edad u opción propia se mantienen en dichos Fondos. Cabe señalar, que se mantiene el límite global para las inversiones en el extranjero, evitando que ésta varíe según el tipo de Fondo que preferentemente elijan los afiliados, ya que se están fijando límites menores para aquellos Fondos menos intensivos en renta variable. Por otra parte, la fijación del límite en el exterior dentro del rango establecido en la Ley será facultad del Banco Central de Chile. Cabe hacer presente, que se aumenta el rango dentro del cual dicha entidad puede establecer el límite en el exterior, con el objeto de permitir mayores oportunidades de inversión para los recursos de los Fondos de Pensiones, lo cual implica una mayor diversificación de las carteras de inversión.

Finalmente, con el objeto de normar la inversión indirecta en un instrumento, se establece que se regulará explícitamente en el Régimen cuales serán las restricciones a este tipo de inversión.

g) En la primera oración del último inciso, reemplázase la letra “l)” por la letra “k)” y la expresión “en este artículo” por la siguiente: “por la ley o el Régimen de Inversión”. A su vez, en la segunda oración de este inciso reemplázase la frase “el Banco Central de Chile” por lo siguiente: “la Superintendencia”.

Nota: Se efectúa una adecuación a este inciso debido a que se está eliminando como instrumento susceptible de ser adquirido con los recursos de los Fondos a las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas a que se refiere la actual letra h).

28. Modifícase el artículo 45 bis de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero entre las expresiones “invertidos” y “en acciones” la expresión “, directa o indirectamente,”.

Nota: Se efectúa esta modificación para hacer explicita la prohibición de la inversión indirecta de los recursos de los Fondos de Pensiones en las acciones señaladas en este inciso, que corresponden a acciones de sociedades como AFP, Compañías de Seguros, Administradoras de Fondos, entre otras.

b) Elimínase el inciso segundo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser los incisos segundo y tercero, respectivamente.

Nota: Debido a que se están eliminando las acciones de sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, a que se refiere la actual letra h) del artículo 45 del D.L. N° 3.500, como instrumento susceptible de ser adquirido por los Fondos de Pensiones, se elimina este inciso en el que se establecían restricciones para la inversión en tales instrumentos.

c) Reemplázase en la primera oración del actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, la expresión “las letras g) y h)” por lo siguiente: “la letra g)”. A su vez, sustitúyase la letra “i)” por la letra “h)”.

Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, se efectúa en esta modificación una adecuación a las letras de dicho artículo.

d) Agrégase los siguientes incisos cuarto y quinto nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto:

“Las Administradoras que hayan invertido recursos de los Fondos de Pensiones en acciones de sociedades en que el Estado, directamente o por intermedio de sus empresas, instituciones descentralizadas, autónomas, municipales o a través de cualquiera persona jurídica, sea controlador en dichas sociedades, podrán ejercer el derecho a retiro de la sociedad en los términos de los artículos 69 y siguientes de la ley Nº 18.046, en caso que, cumpliendo dichas acciones los requisitos a que alude el inciso sexto del artículo 45, dos clasificadoras privadas determinen que su clasificación es de segunda clase o sin información suficiente, basándose en que algunas de las siguientes causales afecta negativa y substancialmente su rentabilidad:

a. La modificación de las normas que las rijan en materia tarifaria o de precios de los servicios o bienes que ofrezcan o produzcan, o relativas al acceso a los mercados;

b. La determinación de sus administradores o de la autoridad en el sentido de fijar el precio de esos bienes o servicios en forma que los alteren negativa y substancialmente en relación a los que se hayan tenido en consideración al aprobar las acciones;

c. La determinación de sus administradores o de la autoridad de adquirir materias primas u otros bienes o servicios necesarios para su giro que incidan en sus costos, en términos o condiciones más onerosos en relación al promedio del precio en que normalmente se ofrecen en el mercado, sean nacionales o extranjeros, considerando el volumen, calidad y especialidad que la sociedad requiera;

d. La realización de acciones de fomento o ayuda o el otorgamiento directo o indirecto de subsidios de parte de la sociedad, que no existían en la época de adquisición de las acciones por parte de los Fondos de Pensiones, siempre que no le fueren otorgados directa o indirectamente, por el Estado, los recursos suficientes para su financiamiento, y

e. La realización de cualquiera otra acción similar, dispuesta por la administración de la sociedad o por la autoridad, que afecte negativamente la rentabilidad actual o futura de la sociedad.

Las clasificaciones a que alude el inciso anterior deberán ser elaboradas por entidades clasificadoras a que se refiere la ley N° 18.045 y podrán ser solicitadas por alguna Administradora con cargo a ella.”.

Nota: Actualmente, el D.L. N° 3.500 establece que la Comisión Clasificadora de Riesgo tiene la facultad para rechazar acciones de sociedades en las que el Estado tuviere el 50% o más de las acciones suscritas y que estén sometidas a fijación de tarifas o de acceso a mercados, cuando se produzca alguna de las situaciones señaladas en la ley, para efectos que la Administradora pueda ejercer el derecho a retiro de la sociedad. Al respecto, considerando que se están modificando las atribuciones de la CCR y que ésta no tendrá la función de aprobación y rechazo de acciones nacionales, se establece que cuando las clasificadoras privadas asignen una clasificación de riesgo de segunda clase al producirse alguna de las situaciones que se indican, las Administradoras podrán ejercer el mencionado derecho a retiro. Por lo tanto, se agregan estos dos incisos nuevos al artículo 45 bis, eliminándose el actual artículo 107 del DL Nº 3.500, referido a esta materia.

Adicionalmente, se amplia la facultad de ejercer el derecho a retiro de las Administradoras no sólo en el caso en que el Estado posea más del 50% de las acciones suscritas, sino cuando detente la calidad de controlador. Lo anterior considerando que se puede controlar una sociedad con menos del 50% de las acciones suscritas.

Cabe señalar que se faculta a las Administradoras para solicitar a las entidades privadas la clasificación de estas acciones, estableciéndose que ellas financiarán tales clasificaciones.

e) Modifícase el inciso final de la siguiente forma:

i) Reemplázase en la primera oración la expresión “i) y k)” por la expresión “h) y j)”. A su vez, intercálase a entre el número “45” y la coma (,) lo siguiente: “y títulos representativos de índices de instrumentos financieros a que se refiere la letra j) del mismo artículo, así como para otros instrumentos definidos en el Régimen de Inversión, que incluyan comisiones en el precio”. Del mismo modo, reemplázase la expresión que se encuentra al final de la primera oración: “y de inversión” por la siguiente: “, fondos de inversión y otros emisores”.

ii) Sustitúyase en la cuarta oración la expresión “volúmenes de inversión, zona geográfica, tipo de empresa en las que inviertan los fondos mutuos y fondos de inversión y régimen tributario que les sea aplicable”, por la siguiente: “total de activos administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que inviertan los emisores de los instrumentos antes señalados”.

iii) Reemplázase la última oración por la siguiente: “Con todo, las citadas comisiones máximas no podrán exceder al promedio de las comisiones cobradas para el tipo de instrumento que se trate según las características antes mencionadas.”.

Nota: Se modifica este inciso con el objeto de incorporar otros instrumentos con comisiones implícitas para efectos de la determinación de las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones. Lo anterior, debido a que en los últimos años se ha autorizado la inversión de los Fondos en otros títulos distintos a los fondos mutuos y fondos inversión que presentan comisiones implícitas.

Por otra parte, con el objeto de limitar el cobro de comisiones a los Fondos de Pensiones por las inversiones en vehículos de inversión, se establece que las comisiones máximas que podrán ser cargadas al Fondo no podrán exceder las comisiones promedio de mercado.

f) Agrégase a continuación del inciso final que ha pasado a ser sexto los siguientes dos incisos nuevos:

“La Superintendencia establecerá anualmente, a través de una resolución debidamente fundada y que procure reflejar valores de mercado, las comisiones máximas a ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones a las entidades extranjeras a la que la Administradora encargue la administración de todo o parte de los recursos de los Fondos de Pensiones invertidos en títulos a que se refiere la letra j) del inciso segundo del artículo 45. Al efecto, se oirá previamente a las Administradoras. Si las comisiones pagadas fueren mayores a las máximas establecidas, los excesos sobre estas últimas serán de cargo de las Administradoras. Para la determinación de tales comisiones se considerarán, al menos, las clases de activos, total de activos administrados, zona geográfica y tipos de empresas en las que se inviertan los recursos de los Fondos a través de una entidad extranjera. La referida resolución definirá también la forma y periodicidad de la devolución a los Fondos de Pensiones de las comisiones que se hubieren pagado a la entidad mandataria por sobre las máximas establecidas en conformidad a este inciso. Con todo, las citadas comisiones no podrán exceder al promedio de las comisiones máximas que se establezcan de acuerdo al inciso anterior.

La Superintendencia informará trimestralmente las comisiones efectivamente pagadas por los Fondos de Pensiones y las administradoras a los fondos de inversión, fondos mutuos y otros emisores con comisiones implícitas, así como también las comisiones efectivamente pagadas a las entidades mandatarias. Asimismo, las Administradoras deberán publicar estas comisiones en la forma y con la periodicidad que señale la Superintendencia mediante norma de carácter general.”.

Nota: Actualmente, el D.L. N° 3.500 establece que las comisiones y gastos producto de la inversión de los Fondos a través de sociedades de administración de cartera son de cargo de la Administradora, mientras que las comisiones y gastos por las inversiones que se realizan a través de fondos mutuos y fondos de inversión son de cargo de los Fondos de Pensiones, en tanto éstos no superen los valores máximos establecidos por la autoridad. Lo anterior, produce sesgos en la elección de mecanismos de inversión, específicamente para las inversiones que se realizan en el extranjero, las cuales son efectuadas por las Administradoras a través de fondos mutuos y fondos de inversión, debido a que los gastos derivados de aquéllos son de cargo de los Fondos. Esto a pesar de que los administradores de carteras (mandatarios) podrían resultar ser menos costosos y más eficientes.

Con el objeto de eliminar los actuales sesgos en la elección de los mecanismos de inversión por parte de las Administradoras, se establece que las comisiones y gastos derivados de la inversión de los Fondos vía mandatarios sean con cargo a los Fondos de Pensiones, siempre que no excedan los valores máximos que establezca la autoridad, lo que resulta similar a lo dispuesto actualmente para las inversiones de los Fondos que se realizan a través de fondos mutuos y fondos de inversión.

Por otra parte, con el objeto de limitar el cobro de comisiones a los Fondos de Pensiones por las inversiones a través de mandatarios, se establece que la comisión máxima que podrá ser cargada al Fondo no podrá exceder al promedio de mercado.

Finalmente, con el objeto de aumentar la transparencia de estas comisiones cobradas a los Fondos de Pensiones, se establece que la Superintendencia instruirá a las AFP a publicar estos cobros.

29. Sustitúyese en la primera oración del inciso tercero del artículo 46, la frase “de cobertura de riesgo señaladas en la letra m)” por la siguiente “con instrumentos derivados señaladas en la letra l)”. Asimismo, reemplázase en la segunda oración de este inciso, la expresión “señaladas en las letras k) y l) cuando corresponda y en otras inversiones que se realicen en mercados internacionales” por la siguiente: “que se realicen en mercados nacionales e internacionales”.”

Nota: Debido a que en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 se están eliminando las acciones de las sociedades anónimas inmobiliarias abiertas, se efectúa en esta modificación una adecuación a las letras de dicho artículo.

A la vez, mediante modificación a la segunda oración de este inciso, se amplia la facultad de las Administradoras de efectuar giros con el fin de acceder al mercado cambiario formal para inversiones que se realicen con recursos de los Fondos de Pensiones tanto en mercados nacionales como extranjeros. Esto debido a que en el mercado nacional se han emitido instrumentos cuyos pagos de intereses y capital se efectúan en moneda extranjera, que si bien en la actualidad son transados en pesos, en el futuro podrían transarse exclusivamente en dólares, lo que significaría que los Fondos de Pensiones no podrían participar como inversionistas.

30. Modifícase el artículo 47 de la siguiente forma:

a) Reemplázase el inciso primero por el siguiente:

“Artículo 47.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, la suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en depósitos en cuentas corrientes y a plazo y en títulos de deuda emitidos por un banco o institución financiera y sus filiales, o garantizados por ellos, no podrá exceder el producto de un múltiplo único para todas las instituciones financieras fijado por el Banco Central de Chile y el patrimonio del banco o entidad financiera de que se trate. El valor del múltiplo único aludido variará entre 0,5 y 1,5. En ningún caso el Banco Central de Chile podrá fijar un múltiplo único inferior al valor vigente a la fecha de modificación de éste.”.

Nota: En la actualidad los límites por emisor establecidos en la ley tienen los siguientes objetivos: por una parte acotar la concentración de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instrumentos emitidos o garantizados por una misma entidad, y por otra, evitar que los Fondos de Pensiones adquieran un peso significativo en las decisiones del emisor, es decir, que participen como controlador en una sociedad. Adicionalmente, existen límites en función de la serie del título emitido, con el objeto de resguardar una adecuada formación de precios en el mercado.

Con el objeto de introducir una mayor flexibilidad a la regulación de las inversiones de los Fondos y a la vez incentivar a las AFP a tomar un rol más activo en las decisiones de inversión de los Fondos de Pensiones, pero siempre resguardando la seguridad con que éstas se efectúen, se propone el establecimiento por ley de aquellos límites que están en función del activo o patrimonio o del número de acciones o cuotas suscritas del emisor y de los límites en función de la serie de un instrumento. Por su parte, para el caso de los límites relacionados con la diversificación de los activos de los Fondos de Pensiones, es decir, aquellos en función del valor de los Fondos, se propone fijarlos mediante Régimen de Inversión.

b) Elimínase el inciso segundo.

Nota: Se elimina este inciso debido a que establece un límite de diversificación en función del valor de los Fondos de Pensiones, el cual será establecido mediante Régimen de Inversión.

c) Reemplázase el actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en títulos de deuda emitidos o garantizados por empresas cuyo giro sea realizar operaciones de leasing, no podrán exceder el setenta por ciento del patrimonio de la empresa.”.

Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los límites por emisor en función del patrimonio del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones, es decir, aquellos que están en función del valor de los Fondos.

d) Elimínase el actual inciso sexto.

Nota: Se elimina este inciso que establece que los Fondos de Pensiones no pueden invertir en títulos bajo grado de inversión, en consideración a que de acuerdo a este proyecto de ley los recursos de los Fondos podrán ser invertidos en títulos de este tipo, siempre bajo los límites restrictivos que se establezcan en el Régimen de Inversión.

e) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser inciso quinto, por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad de las señaladas en la letra g) del inciso segundo del artículo 45, no podrá exceder el siete por ciento del total de las acciones suscritas de dicha sociedad. Cuando se suscriban acciones de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder el veinte por ciento de la emisión.”.

Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los límites por emisor en función de las acciones suscritas del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones, es decir, aquellos que están en función del valor de éstos.

f) Elimínanse los actuales incisos octavo, noveno y décimo.

Nota: Se eliminan los incisos octavo y noveno en los que se establecen límites especiales, en función del valor del Fondo de Pensiones, para las acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos, respectivamente, que no requieran la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Estos límites serán incluidos en el Régimen de Inversión.

Por otra parte, se elimina el inciso décimo que establece límites por emisor para la inversión en acciones de sociedades inmobiliarias, ya que este instrumento específico se está eliminando del artículo 45.

g) Reemplázase en el actual inciso undécimo que ha pasado a ser inciso sexto por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de una sociedad bancaria o financiera no podrá exceder el dos y medio por ciento del total de las acciones suscritas de dicha sociedad.”.

Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los límites por emisor en función del número de acciones suscritas del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.

h) Eliminánse los actuales incisos duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto.

Nota: Actualmente, la ley establece límites por emisor en función de parámetros como la concentración y liquidez bursátil de una sociedad. Luego, los incisos a los que se refiere esta modificación establecen la forma de determinar los factores asociados a la liquidez y concentración de un emisor para efectos de aplicarlos a los límites de inversión.

Considerando que los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos y, por lo tanto, en función de parámetros como los descritos serán fijados mediante Régimen de Inversión, se eliminan estos incisos ya que la definición de tales parámetros quedará contenida en dicho Régimen.

i) Reemplázase el actual inciso décimo sexto que ha pasado a ser inciso séptimo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo de inversión de aquellos a que se refiere la letra h) del inciso segundo del artículo 45, más el monto de los aportes comprometidos mediante los contratos a que se refiere el inciso sexto del artículo 48 en los casos que corresponda, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de la suma de las cuotas suscritas y las cuotas que se han prometido suscribir y pagar del respectivo fondo de inversión. Cuando se suscriban cuotas de una nueva emisión, el monto máximo a suscribir no podrá exceder del treinta y cinco por ciento de la emisión. Con todo, la suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en cuotas de un fondo mutuo referidos en la letra h) del inciso segundo del artículo 45, no podrá ser superior al treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación del respectivo fondo mutuo.”.

Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los límites por emisor para cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos en función de las cuotas suscritas del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.

j) Elimínanse los actuales incisos décimo séptimo y décimo octavo.

Nota: Actualmente, la ley establece límites por emisor para cuotas de fondos de inversión en función de la diversificación de la cartera de instrumentos del fondo. El inciso décimo séptimo establece la forma de determinar el factor asociado a la diversificación de un fondo de inversión para efectos de aplicarlos a los límites de inversión. Considerando que los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones y por lo tanto en función de parámetros como el antes descrito serán fijados mediante Régimen de Inversión, se elimina este inciso ya que la definición de dicho parámetro quedará contenida en él.

Por otra parte, se elimina el inciso décimo octavo con el objeto de mantener en la ley los límites por emisor en función de los activos o patrimonio del emisor o del número de acciones o cuotas suscritas del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.

k) Reemplázase el actual inciso décimo noveno que ha pasado a ser inciso octavo por el siguiente: “La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora en acciones de la letra j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado secundario formal nacional, no podrá exceder el siete por ciento de las acciones suscritas de dicho emisor. La suma de las inversiones de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en cuotas de participación emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión de la letra j) del inciso segundo del artículo 45 de un mismo emisor, que no requieran de la aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgo y se transen en un mercado secundario formal nacional, no podrá exceder el treinta y cinco por ciento de las cuotas en circulación o suscritas del respectivo fondo mutuo o de inversión.”.

Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la Ley los límites por emisor para acciones y cuotas de fondos de inversión y fondos mutuos extranjeros que se transen en el mercado nacional en función del patrimonio del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones, es decir, aquellos que están en función del valor de éstos.

l) Reemplázase el actual inciso vigésimo, que ha pasado a ser inciso noveno, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y efectos de comercio, emitidos o garantizados por una misma sociedad, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo de la sociedad emisora.”.

Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la ley los límites por emisor para bonos y efectos de comercio en función del activo del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.

m) Reemplázase el actual inciso vigésimo primero, que ha pasado a ser inciso décimo, por el siguiente: “La suma de las inversiones con recursos de los Fondos de Pensiones de una misma Administradora, en bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales o garantizados por ellas, no podrá exceder el doce por ciento del valor del activo contable neto consolidado de la sociedad matriz.”.

Nota: Se reemplaza este inciso con el objeto de mantener en la Ley los límites por emisor para bonos y efectos de comercio emitidos por una sociedad matriz y sus filiales en función del activo del emisor, dejando en el Régimen de Inversión la fijación de los límites por emisor relacionados con la diversificación de los Fondos de Pensiones.

n) Elimínase el actual inciso vigésimo segundo.

Nota: Se elimina este inciso que establece que el Banco Central no puede fijar un múltiplo único inferior al valor vigente, ya que la disposición se incorporó en el inciso primero que es e