Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.102

Concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 31 de marzo, 2006. Mensaje en Sesión 8. Legislatura 354.

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE UN REAJUSTE EXTRAORDINARIO A LAS PENSIONES MÁS BAJAS Y MODIFICA OTRAS LEYES QUE SE INDICAN.

SANTIAGO, 31 de marzo de 2006

MENSAJE Nº 25-354/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

_______________________________

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, someto a vuestra consideración un proyecto de ley que otorga un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y garantiza el derecho para acceder a la Pensión Asistencial a las personas carentes de recursos y que cumplan con los requisitos para ello.

I. HACIA UNA RED SOCIAL INTEGRAL.

Durante los Gobiernos de la Concertación por la Democracia ha sido una prioridad mejorar las pensiones, especialmente de aquellos ciudadanos más carentes de recursos. En esta línea se han dictado diversas leyes de reajustes extraordinarios de pensiones, entre las que caben destacar las leyes N° 19.398, 19.539, 19.578 y 19.953. Siguiendo esta senda, el reajuste de pensiones que hoy proponemos es uno de los más importante de las últimas dos décadas, tanto por el aumento de 10% en su valor, como por su extendida cobertura.

En efecto, más de 1.216.000 personas, que representan cerca del 90% de todos los pensionados INP y los que se benefician de la garantía mínima estatal en las AFPs, se verán favorecidos por esta medida.

Además, con este proyecto de ley se otorgan nuevas garantías a los ciudadanos carentes de recursos, estableciéndose el derecho a recibir en forma automática la pensión asistencial en caso de cumplir con los requisitos de acceso establecidos en el decreto ley N° 869.

Todas estas medidas son trascendentales en términos del número de beneficiarios y la focalización de los mismos. Pero tanto o más importante, es que constituyen el fundamento para avanzar en la construcción de un Sistema de Protección Social digno, solidario y eficiente. Por ello, este proyecto es el primero de un conjunto que someteremos a vuestra consideración durante los próximos meses, y que permitirán construir una red social integral orientada a mejorar las condiciones de vida de las chilenas y chilenos más vulnerables.

II. RESPONSABILIDAD FISCAL.

Hoy como sociedad podemos hacer estos esfuerzos gracias a que en los últimos quince años hemos implementado políticas económicas que han aumentado la riqueza de nuestro país, las que han sido complementadas con políticas de disciplina fiscal que proporcionan un marco estable para un uso responsable y eficiente de los recursos públicos. Esta combinación ha sido el pilar fundamental para la implementación y sustentabilidad de los diversos programas sociales que benefician a miles de ciudadanos.

De esta forma, nuestro compromiso es no sólo continuar con esta exitosa estrategia, sino que profundizarla: tendremos alto crecimiento, férrea disciplina fiscal y, gracias a ello, una mejora histórica de nuestros programas sociales. En esta senda es que presentamos nuestro programa de Gobierno debidamente costeado y con sus fuentes de financiamiento responsablemente identificadas. Y para ello seguimos una regla muy clara: para implementar beneficios sociales sostenibles en el tiempo, requerimos de fuentes de financiamiento permanentes.

Este importante reajuste de las pensiones que plantea el presente proyecto, es un muy buen ejemplo de esta política de responsabilidad fiscal. En efecto, si bien durante el año 2006 existe una provisión de recursos destinada a financiar la implementación de esta agenda social de 36 medidas, que incluye este mejoramiento de pensiones, desde el año 2007 en adelante esta disponibilidad no existirá, mientras que nuestra obligación de pagar las mayores pensiones persistirá. Esto último no podría ser de otra manera, puesto que no estamos entregando un beneficio a los pensionados por una sola vez, sino que estamos aumentando de manera permanente sus ingresos para que mejoren su calidad de vida.

Lo anterior nos obliga a buscar fuentes de financiamiento permanentes para hacer sostenible este esfuerzo en el tiempo. Con tal objeto, la presente iniciativa legal contempla mantener la vigencia de la actual tasa del impuesto al valor agregado (IVA).

Esto permitirá no sólo financiar en el tiempo el reajuste de pensiones y el acceso automático a las pensiones asistenciales planteados en este proyecto, sino que también mantener los equilibrios presupuestarios existentes y contar con recursos para la consolidación y ampliación del sistema de protección social que incluye, entre otros elementos adicionales, el asegurar la cobertura de educación preescolar y en especial, de los hijos e hijas de las madres trabajadoras de los quintiles más carentes de ingresos y el avance en seguridad ciudadana con la incorporación de más personal policial en terreno.

Sólo de esta manera responsable es que podremos seguir proporcionando seguridad a todos las chilenas y chilenos, entendiendo que esta no significa sólo estar protegido frente a los riesgos, sino que también tener certeza de contar con oportunidades para integrarse al progreso del país y recibir una justa retribución al esfuerzo empeñado.

Esto es esencial para generar en el corto y mediano plazo un Chile con más igualdad de oportunidades de desarrollo para todos.

III. CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY.

El proyecto tiene el siguiente contenido:

1. Reajuste de las pensiones asistenciales y mínimas.

El proyecto de ley contempla, en primer lugar, un reajuste extraordinario de 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975 y a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N°15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 pagadas por el Instituto de Normalización Previsional, por las Cajas de Previsión y por las Mutualidades de la ley N° 16.744. Este reajuste extraordinario se concede a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente iniciativa legal.

Además, conforme a lo establecido en el artículo 73 del decreto ley N° 3.500, de 1980, este reajuste extraordinario también beneficia a los pensionados que se encuentran percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, conforme al título VII de dicho cuerpo legal.

Asimismo, esta disposición otorga el referido reajuste extraordinario a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la Ley N° 16.744, cuyo monto al 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente iniciativa legal, no exceda de $ 100.000 mensuales.

También las pensiones señaladas en el párrafo anterior cuyo monto mensual al 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente iniciativa legal sea superior a $ 100.000 pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Por otra parte, el proyecto de ley establece normas de procedimiento para el pago de las pensiones a aquellos beneficiarios que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad al 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente iniciativa legal.

A continuación, la iniciativa legal otorga un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953.

También, el proyecto resguarda que las pensiones de los regímenes previsionales de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y de la Dirección de Previsión de Carabineros que se reajustan por la presente ley, no excedan la remuneración del similar en servicio activo.

Enseguida, el proyecto dispone que la Superintendencia de Seguridad Social impartirá las instrucciones necesarias para la aplicación de la ley.

El número de beneficiarios de este reajuste extraordinario establecido en las normas antes descritas, asciende aproximadamente a 1.216.000 pensionados.

2. Se garantiza el derecho para acceder a las pensiones asistenciales del Decreto Ley N° 869,de 1975.

El proyecto de ley, en segundo lugar, consagra que la pensión asistencial constituye un derecho garantizado para aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos por el decreto ley N° 869, de 1975, conforme lo establece el artículo 1° de dicho decreto ley.

Para lo anterior, se modifican aquellas normas del mencionado decreto ley que limitan el acceso a las pensiones asistenciales, eliminando el establecimiento de cupos máximos mensuales.

3. Impuesto al Valor Agregado.

En tercer lugar, la presente iniciativa legal da el carácter de permanente a la actual tasa del 19% del impuesto al valor agregado (IVA), lo que asegurará un financiamiento permanente para esta iniciativa, así como para los otros componentes del Sistema de Protección Social.

4. Imputación del gasto 2006.

Finalmente, el proyecto contiene las normas de imputación del mayor gasto fiscal que irroga durante el año 2006, el presente proyecto de ley.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000 pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la Ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403; 19.539 y 19.953.

Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1)A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ” al momento de selección”.

2)Reemplázase, a contar del día 1° del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los Intendentes Regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.

Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.

Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA

Presidenta de la República

ANDRÉS VELASCO BRAÑES

Ministro de Hacienda

OSVALDO ANDRADE LARA

Ministro del Trabajo y Previsión Social

1.2. Informe de Comisión de Hacienda

Cámara de Diputados. Fecha 04 de abril, 2006. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 9. Legislatura 354.

?Valparaíso, 4 de abril de 2006.-

El Secretario de Comisiones que suscribe, CERTIFICA:

Que el texto que se acompaña, debidamente autenticado, contiene el articulado íntegro del PROYECTO QUE CONCEDE UN REAJUSTE EXTRAORDINARIO A LAS PENSIONES MÁS BAJAS Y MODIFICA OTRAS LEYES QUE INDICA (BOLETÍN N° 4131-13), con urgencia calificada de “discusión inmediata”, en los términos aprobados por la Comisión.

Asistieron a la Comisión los Diputados señores Lorenzini, don Pablo (Presidente), Alvarado, don Claudio; Álvarez, don Rodrigo; Becker, don Germán; Dittborn, don Julio; Galilea, don Pablo; Insunza, don Jorge; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Robles, don Alberto; Saa, doña María Antonieta; Súnico, don Raúl y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Concurrieron también durante el estudio de la iniciativa los señores Andrés Velasco, Ministro de Hacienda; Osvaldo Andrade, Ministro del Trabajo y Previsión Social; Zarko Luksic, Subsecretario del Trabajo; la señora Lissette García, Subsecretaria de Previsión Social; los señores Alberto Arenas, Director de Presupuestos; Julio Valladares, Subdirector de Racionalización y Función Pública, y Marcelo Tokman y la señora Jacqueline Saintard, Asesores del Ministerio de Hacienda.

Sometido el proyecto a votación, se aprobaron por unanimidad los artículos 1° al 6° y el artículo transitorio, siendo aprobado el artículo 7° por siete votos a favor y 6 votos en contra.

La Comisión acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Carlos Montes.

Al presente certificado se adjunta informe financiero de la Dirección de Presupuestos.

Proyecto de ley

Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y a las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000 pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N°s. 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N°s. 19.403, 19.539 y 19.953.

Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ” al momento de selección”.

2)Reemplázase, a contar del día 1° del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los Intendentes Regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.

Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.

Javier Rosselot Jaramillo

Secretario de la Comisión

1.3. Informe de Comisión de Trabajo

Cámara de Diputados. Fecha 04 de abril, 2006. Informe de Comisión de Trabajo en Sesión 9. Legislatura 354.

?Valparaíso, 4 de marzo de 2006.-

El Abogado Secretario de Comisiones que suscribe, CERTIFICA:

1.- Que el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, y primero reglamentario, iniciado en mensaje de S. E. el Presidente de la República que concede un reajuste extraordinario a las pensiones mas bajas y modifica otras leyes que indica, Boletín N° 4131-13., con urgencia calificada de ”Discusión Inmediata”, fue despachado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con la asistencia de los Diputados Aguiló, don Sergio, (Presidente); Alinco, don René; Bertolino, don Mario; Dittborn, don Julio; Goic, doña Carolina; Melero, don Patricio; Meza, don Fernando; Monckeberg, don Nicolás; Muñoz, doña Adriana; Recondo, don Carlos; Saffirio, don Eduardo; Salaberry, don Felipe, y Vidal, doña Ximena.

2.- Que a la sesión que esta Comisión destinó al estudio de esta materia, asistieron el señor Ministro de Hacienda, don Andrés Velasco Brañez; el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara; el señor Subsecretario del Trabajo, don Zarko Luksic Sandoval; la señora Subsecretaria de Previsión Social, doña Lissette García Bustamante; el señor Director de Presupuestos, don Alberto Arenas De Mesa, y el asesor de esa cartera de Estado, don Francisco Del Río Correa.

3.- Que puesto en votación general el proyecto fue aprobado por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

4.- Que puesto en votación particular se aprobaron por la unanimidad de los Diputados, presentes en la Sala, los artículos 1°; 2°; 3°; 4°; 5°; 6°, y transitorio, y por siete votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, el artículo 7°.

Cabe hacer presente que Vuestra Comisión rechazó, por mayoría de votos, una indicación de los señores Diputados Bertolino; Dittborn; Melero; Monckeberg; Recondo, y Salaberry, para eliminar el artículo 7°.

5.- Que vuestra Comisión, estimó que los artículos 5° y 6° del proyecto poseen el carácter de normas de quórum calificado, conforme lo señalado en el artículo 19, número 18 de la Constitución Política de la República.

6.- Que la Comisión acordó que este informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual designó Diputado Informante al señor Eduardo Saffirio Suárez.

7.- Que el texto aprobado por esta Comisión, es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000 pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la Ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403; 19.539 y 19.953.

Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ” al momento de selección”.

2) Reemplázase, a contar del día 1° del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los Intendentes Regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.

Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.

8.- Que, asimismo, asistieron a esta sesión los señores Diputados Ascencio, don Gabriel; Duarte, don Gonzalo; Galilea, don Pablo, y Latorre, don Juan Carlos.

PEDRO N. MUGA RAMÍREZ

Abogado Secretario de la Comisión

1.4. Discusión en Sala

Fecha 05 de abril, 2006. Diario de Sesión en Sesión 9. Legislatura 354. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE PENSIONES. Primer trámite constitucional.

El señor LEAL ( Presidente ).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, con urgencia calificada de discusión inmediata, el proyecto de ley iniciado en mensaje que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica.

Diputados informantes de las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda son los señores Saffirio y Montes, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 4131-13, sesión 8ª, en 4 de abril de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Certificados de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social, y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s. 1 y 2, de esta sesión.

El señor LEAL (Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para no imputar a las dos horas del Orden del Día el tiempo que utilicen los diputados informantes, de manera de destinarlas sólo al debate.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio, informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El señor SAFFIRIO .-

Señor Presidente , me corresponde informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica.

Esta iniciativa, calificada con urgencia de discusión inmediata, fue despachada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en sesión a la que asistieron el diputado señor Sergio Aguiló , Presidente de la Comisión ; las diputadas señoras Carolina Goic , Adriana Muñoz y Ximena Vidal , y los diputados señores René Alinco , Mario Bertolino , Julio Dittborn , Patricio Melero , Fernando Meza , Nicolás Monckeberg , Carlos Recondo , Felipe Salaberry y el que informa.

Hago presente que los fundamentos de la iniciativa, conforme lo señala el propio Ejecutivo en el mensaje, son avanzar en la construcción de un sistema de protección social con cara al bicentenario de la República y responder en forma urgente a las necesidades de los adultos mayores con pensiones de menor monto, garantizando, además, el acceso a la red asistencial a las personas más desprotegidas.

El proyecto contiene dos grandes medidas. En primer lugar, el reajuste extraordinario a las pensiones más bajas; en segundo lugar, el acceso automático a pensión asistencial de personas carentes de recursos que cumplan con los requisitos actualmente establecidos en la ley.

Este reajuste será, en primer lugar, para las pensiones mínimas y superiores a la mínima pagada por el INP, incluidas las que reciben los exonerados políticos y los pensionados de la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; en segundo lugar, para el grupo de las pensiones mínimas y superiores a la mínima pagadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena , y de la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca; en tercer lugar, para las pensiones mínimas y superiores a la mínima de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales otorgadas por las mutualidades de empleadores; en cuarto lugar, para las pensiones mínimas con garantía estatal del decreto ley Nº 3.500, de 1980. Por último, para las pensiones asistenciales, sean estas de vejez, de invalidez o de deficiencia mental contempladas en el decreto ley Nº 869, de 1975.

El reajuste de pensiones que hoy propone el Gobierno es el más importante de la última década, tanto por su monto como por su extendida cobertura. En relación a esto último, quiero señalar que el número de beneficiados son, aproximadamente, 1 millón 216 mil pensionados, con un costo de 110 mil millones de pesos.

Asimismo, se establece una regla especial para las pensiones superiores a 100 mil pesos, pero menores a 110 mil pesos, las que se incrementarán en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

Esto significa que todas aquellas personas que hoy reciben pensiones mínimas garantizadas por el Estado y pensiones del INP de un monto mensual menor a 100 mil pesos, recibirán un incremento extraordinario de las mismas equivalente a un 10 por ciento. De esta manera, por primera vez, la pensión mínima garantizada por el Estado para los mayores de 75 años superará los 100 mil pesos. Todos quienes actualmente perciben pensiones entre 100 mil y 110 mil pesos, tras la aprobación de esta iniciativa recibirán una pensión de 110 mil pesos mensuales.

En el caso de las pensiones asistenciales, se establece la garantía automática de acceso para todos aquellos que cumplan con los requisitos correspondientes, esto es, personas inválidas, deficientes mentales o adultos mayores que carezcan de recursos por no tener ingreso ni previsión.

El Ejecutivo estima que esta nueva garantía para los ciudadanos beneficiará a alrededor de 25 mil nuevos pensionados en el transcurso de 2006.

No me corresponde referirme a los aspectos financieros de la iniciativa por haber sido objeto de estudio por la Comisión de Hacienda, cuestión que abordará el diputado informante , señor Carlos Montes .

A la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que estudió esta materia asistieron los señores Andrés Velasco , ministro de Hacienda ; Osvaldo Andrade , ministro del Trabajo y Previsión Social ; Zarko Luksic , subsecretario del Trabajo; la señora Lissette García , subsecretaria de Previsión Social; Alberto Arenas , director de Presupuestos , y Francisco del Río, asesor de la cartera del Trabajo.

Puesto en votación general, el proyecto fue aprobado por 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

Puesto en votación particular, se aprobaron por la unanimidad de los diputados presentes en la Sala los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y transitorio, y por siete votos a favor, seis en contra y ninguna abstención el artículo 7°.

Cabe hacer presente que la Comisión rechazó, por mayoría de votos, una indicación de los diputados señores Bertolino , Dittborn , Melero , Monckeberg , Recondo y Salaberry para eliminar el artículo 7°.

También informo a la Sala que vuestra Comisión estimó que los artículos 5° y 6° tienen el carácter de normas de quórum calificado, conforme a lo señalado en el artículo 19, N° 18, de la Constitución Política de la República, que establece: “Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho -de seguridad social- serán de quórum calificado”, que sería el caso de estos dos artículos.

La Comisión acordó que este informe se emitiera en forma verbal, directamente en la Sala, para lo cual me designó como diputado informante.

El artículo 1° concede, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales y contributivas que he detallado.

El artículo 2° señala que los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha indicada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

El artículo 3° concede, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de esta iniciativa, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N°s 19.403, 19.539 y 19.953.

El artículo 4° dispone que para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

El artículo 5° establece que la Superintendencia de Seguridad Social impartirá las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

El artículo 6° introduce algunas modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975, para los efectos de regular el acceso automático a las pensiones asistenciales, materia a la que ya me he referido.

El artículo 7° deroga, a contar de la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

Lo anterior tiene relación con uno de los puntos del programa de Gobierno de Michelle Bachelet. Su objeto es contar con 1.860 millones de dólares a partir del año 2007 -de los 6 mil millones de dólares- para financiar el costo de las nuevas medidas de protección social anunciadas por ella y que el país apoyó al elegirla Presidenta.

Por último, el artículo transitorio señala que el mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03-122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Dichos recursos fueron aprobados por el Congreso en la discusión de la ley de Presupuestos para que el nuevo gobierno señalara qué destino le daría.

Asistieron a la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, donde se discutió este proyecto, además de los diputados titulares, los señores diputados Ascencio, don Gabriel ; Duarte, don Gonzalo ; Galilea, don Pablo , y Latorre, don Juan Carlos .

Es todo cuanto puedo informar.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Nos corresponde escuchar el informe de la Comisión de Hacienda y para tal efecto, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , el diputado informante de la Comisión de Trabajo describió los aspectos principales del proyecto y trataré de no repetirlos.

La reflexión se puede ordenar en torno a tres ejes: los reajustes a las pensiones más bajas, las modificaciones a las pensiones asistenciales y la mantención del IVA en 19 por ciento.

El fundamento de este proyecto es claro y así lo ha planteado el mensaje y la señora Presidenta . Se trata de avanzar en la elaboración de un sistema de protección social de cara al bicentenario en términos de responder en forma urgente a las necesidades de los adultos mayores con pensiones de menor monto, de garantizar el acceso a la red asistencial a las personas más desprotegidas y de asegurar un financiamiento permanente.

En lo que se refiere al reajuste de las pensiones más bajas, el proyecto beneficia a 1 millón 216 mil 121 personas que representan el 90 por ciento de los pensionados, con un costo fiscal de 92 mil 100 millones de pesos.

¿Quiénes son los beneficiados? Es muy importante tenerlo claro. En primer lugar, las personas que perciben pensiones mínimas y superiores a la mínima pagadas por el Instituto de Normalización Previsional, incluidos los exonerados políticos y los pensionados de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

En segundo lugar, las personas con pensiones mínimas y superiores a la mínima, pagadas por las Caja de Previsión de la Defensa Nacional -Capredena- y Dipreca.

En tercer lugar, las personas que reciben pensiones mínimas y superiores a la mínima de la ley de accidentes del trabajo, otorgadas por la mutualidad de empleadores.

En cuarto lugar, las personas que perciben pensiones mínimas con garantía estatal, del decreto ley 3.500, de 1980; o sea, del sistema de AFP.

En quinto lugar, las personas que reciben pensiones asistenciales; de vejez o invalidez, establecidas en el decreto ley N° 869, de 1975.

Como dije, esta parte del proyecto representa un costo de 92 mil 100 millones de pesos.

Los beneficiarios de pensiones mínimas son 526.874, con un costo de 53 mil millones de pesos anuales; y los beneficiarios de las pensiones asistenciales son 451.564, con un costo de 22 mil millones de pesos por año.

En la Comisión de Hacienda hubo amplio acuerdo sobre esta parte del proyecto. Se plantearon dudas sobre las pensiones de las AFP inferiores a 100 mil pesos. Quedó claro que sólo son reajustadas las pensiones del sistema de AFP con garantía estatal, la que también subirá de ahora en adelante para todas las personas del sistema privado. Esto significa que la garantía estatal para las personas menores de 70 años sube a 87.855 pesos; para las personas mayores de 70 años y menores de 75, a 96 mil pesos, y para las personas mayores de 75 años, a 102 mil pesos.

Modificación de las pensiones asistenciales. Respecto de este punto es importante decir que el sistema de pensiones asistenciales fue concebido para garantizar un nivel mínimo de subsistencia a los mayores de 65 años, a los inválidos mayores de 18 años y a los deficientes mentales que carezcan de recursos y que por diversas razones no hayan podido obtener beneficio previsional. Actualmente, son 551.564 personas. Y con este reajuste de 10 por ciento, las pensiones quedarán en 44 mil pesos para las personas menores de 70 años; en 47 mil pesos para las que tienen entre 70 y 75 años, y en 51 mil pesos para las mayores de 75 años.

Cabe recordar que en 1990 estas pensiones no llegaban a las 200 mil y que, además, eran temporales. A los tres años, se revisaban y se rotaban a otras personas. A algunas se les volvía a otorgar y a otras no. La primera reforma que se hizo fue para darles el carácter de permanentes y ampliar la cobertura, la que hoy llega a 451 mil personas.

Es objeto de este proyecto de ley consagrar que la pensión asistencial constituye un derecho garantizado para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del decreto ley N° 869, de 1975. Ninguna persona que califique quedará sin ese beneficio y se mantendrán los criterios de dicho decreto.

El Ejecutivo informó durante el debate que el punto de corte será, de acuerdo con este decreto, de 550 puntos de la ficha CAS. Esto significa un aumento de beneficios, con un máximo teórico de 25 mil personas y con un costo de 5 mil 400 millones.

Una de las principales observaciones que generó este tema en la Comisión de Hacienda fue que la ficha CAS 2 distorsiona las reales necesidades y problemas. El stock de bienes, por ejemplo, tiene mucho peso en el puntaje. Una persona sin ingresos y que posee un refrigerador aparece con un puntaje superior al que debiera, es decir, no refleja sus reales necesidades. Tampoco quedan bien incorporadas las enfermedades.

El concepto de carencia de recursos, de necesidades, pasa a ser decisivo cuando se establece que el acceso a la pensión asistencial será automático y que estará garantizado dentro de determinado nivel de ingreso.

El Gobierno se comprometió a acelerar el proceso de definición e implementación de la ficha familia. En todo caso, no será corto el plazo desde su definición hasta su implementación.

El proyecto no modifica la definición de carencia de recursos, la que posteriormente podrá ser ajustada por decreto.

Se señalan dos problemas adicionales.

Hay adultos mayores, inválidos y deficientes mentales que por diversas razones están en el borde inmediatamente superior de los 550 puntos y viven en muy malas condiciones.

Dadas las limitaciones de la ficha CAS-2 y a que aún no se implementa una nueva ficha, se planteó la posibilidad de analizar algún sistema para evaluar los casos de manera individual a fin de dar acceso selectivo a las pensiones asistenciales sobre la base de la real situación de las familias, independiente de un factor tan rígido como es la ficha CAS-2.

Por otro lado, la densidad -falta de imposiciones suficientes de las personas que se encuentran dentro de la línea de pobreza- amerita un tratamiento especial, porque algunas no alcanzan las 520 ó 1.020 semanas, por desempleo, enfermedad o porque no les pagaron las cotizaciones cuando correspondía. Ello les impide acceder a pensiones asistenciales, porque tienen poco más de 550 puntos. Se trata de personas que tienen algún grado de densidad, pero no la suficiente, de manera que quedan sin nada.

El primer proyecto de acuerdo que se presentó en la Cámara de Diputados, en 1990, de la diputada señora Adriana Muñoz , decía relación con esta materia, pero hasta la fecha no hemos logrado encontrar una solución.

Aquí se planteó que para la Comisión de Reforma Previsional esto debe ser incorporado y resuelto por la vía de algún tipo de pensión especial.

La modificación de las pensiones asistenciales fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

Se estima que la distribución regional de las 25 mil pensiones asistenciales adicionales será la siguiente: Primera Región , 851; Segunda Región , 449; Tercera Región , 483; Cuarta Región, 1.553; Quinta Región, 2.312 ; Sexta Región, 1.127 ; Séptima Región, 1.563 ; Octava Región, 3.820 ; Novena Región, 1.864; Décima Región, 2.036 ; Undécima Región, 115 ; Duodécima Región , 81, y Región Metropolitana, 8.744.

El tercer punto dice relación con la mantención del IVA en 19 por ciento, lo que, sobre la base del valor actual del dólar, representa 600 millones de dólares, y un total de 1.800 millones de dólares para el período de la Presidenta Michelle Bachelet .

El Gobierno sostuvo que las treinta y seis medidas y el programa de fortalecimiento de la Red de Protección Social tienen un alto costo permanente y requieren de estos recursos. El presupuesto para el 2006 sólo contiene recursos para este año y no en forma permanente. Este proyecto representa 97 mil 500 millones de pesos, sumados el reajuste más el aumento de la pensiones asistenciales. Si a eso agregamos los proyectos de educación parvularia, de contratación de nuevos carabineros y otras medidas, resulta indispensable mantener el IVA en 19 por ciento.

El Gobierno sostuvo que dicha propuesta fue parte del programa de Gobierno, a la cual la Presidenta Michelle Bachelet se refirió cuando era candidata.

La mantención del IVA en 19 por ciento tuvo diversas objeciones en la Comisión.

Se señaló que sería un cheque en blanco al Ejecutivo , pero quedó claro que los mayores recursos se obtendrán el próximo año. Por tanto, los programas y gastos deberán discutirse durante la tramitación de la ley de Presupuestos del 2007. En consecuencia, no es un cheque en blanco, ya que se discute en detalle cada uno de los gastos y programas a los cuales van adjudicados.

En segundo lugar, se señaló que afectaría el poder adquisitivo de la clase media. Sin duda, eso depende de lo que se entienda por clase media.

El Gobierno ha presentado un estudio sobre el impacto que representaría la aplicación del 1 por ciento del IVA para cada quintil y, a su vez, la distribución de los beneficios.

Este estudio señala que, para el primer quintil, la mantención del IVA significa 14 mil millones de pesos el 2006, pero el beneficio neto que obtiene, descontando las compensaciones por distintas medidas -reajuste de pensiones, aumento de dotación, aumento de cobertura, plan Auge, centros comunitarios y otras compensaciones- es de 57.964 millones de pesos.

Para el segundo quintil, la mantención del IVA en un punto significa 28.946 millones, pero el beneficio neto, descontando el conjunto de otros beneficios, alcanza a 39.528 pesos.

Para el tercer quintil la mantención del IVA significa 44.442 millones, pero el beneficio neto, es decir, descontado el conjunto de beneficios, representa 21.586 millones de pesos.

El problema pasa a ser negativo en el caso de los quintiles cuarto y quinto.

En el cuarto quintil, la mantención del IVA representa 68 mil millones de pesos y el beneficio neto asciende a 56 mil millones, es decir, negativo en 11 mil millones de pesos.

En el quinto quintil, la mantención del IVA representa 164.600 millones, y el beneficio neto 57.485 millones de pesos. Por lo tanto, el beneficio neto negativo es de 107 mil millones de pesos.

El impacto a la clase media depende de lo que se entienda por ella. Por lo menos, el 60 por ciento de la población se verá fuertemente beneficiada con estas medidas.

Debo hacer presente que todos los candidatos de la Oposición coincidieron en mantener en 19 por ciento el IVA.

Ayer, el canal 13 reprodujo una entrevista a los candidatos Sebastián Piñera y Joaquín Lavín , quienes en su momento planteaban la necesidad de mantener en 19 por ciento el IVA.

En la Comisión Mixta de Presupuestos los candidatos sostuvieron lo mismo.

La página Web www. sebastian presidente.cl señala que Sebastián Piñera garantizó que en su eventual gobierno no subiría los impuestos a la clase media chilena y que mantendría el IVA en 19 por ciento.

Estos y otros conceptos los expresó también ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Senado a la que asistieron además los otros candidatos presidenciales.

En el caso del candidato Joaquín Lavín , su programa de Gobierno señalaba algo distinto de lo que planteó en algunos momentos del debate. Su programa de gobierno sostenía que procuraría honrar la disposición vigente en cuanto a rebajar el IVA del 19 al 18 por ciento, pero, a la salida de la reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio, publicada en el diario “La Tercera”, el 23 de marzo de 2005, se afirmó: “Lavín comentó algunos tópicos de lo que será su campaña. Entre éstos, la creación de un estatuto para las Pymes, estímulos tributarios para el sector y la inversión en general y mantener el IVA en 19 por ciento.”

Otra observación, emanada de la Comisión de Hacienda, expresa que el IVA significa la aplicación de un impuesto regresivo que afecta a los que más ganan y que debería gravar las utilidades de las empresas y no a las personas.

Este tema fue compartido por buena parte de los integrantes de la Comisión y por otros parlamentarios.

Sin embargo, existe acuerdo respecto de que la estructura tributaria no es justa y requiere una racionalización. Por lo tanto, se necesitaría una reforma tributaria; alterar la relación entre los impuestos directos y los indirectos. Además, no pueden seguir franquicias tributarias, como las del IVA a la construcción, de 300 millones de dólares al año.

También se señaló que la reforma previsional -que esta Cámara analizará en el segundo semestre de este año- debería ser la oportunidad para la reforma a la estructura tributaria, de manera de contar con los recursos requeridos.

El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión en lo que se refiere a aspectos previsionales.

La mantención del IVA en 19 por ciento fue aprobada, después de tres empates, por siete votos a favor y seis en contra.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.

El señor BERTOLINO .-

Señor Presidente , ¿quién puede oponerse a un proyecto que viene a incrementar en un 10 por ciento la pensión de los jubilados de más bajos ingresos?

Esta iniciativa va en la línea de ayuda social y mejora la calidad de vida de un sector de la población que ha entregado toda una vida de esfuerzo y trabajo al país. Por eso, valoramos que haya sido considerado y se mejoren sus pensiones. Desde ese punto de vista, estamos de acuerdo con el aumento que se les está dando.

Sin embargo, debo preguntar si es justo ligar este proyecto con otro de tinte tributario, ya que en el artículo 7°, de forma solapada, se aumenta el valor del IVA.

Digo se aumenta el valor del IVA porque, por ley, el 1° de enero de 2007, debe volver a su valor inicial del 18 por ciento, ya que sólo fue un alza transitoria que, por motivos justificados, como Oposición, estuvimos dispuestos a apoyar, pero con una fecha de término. Pero, en este proyecto, que tiene un noble fin, se nos mete una cuchufleta. Típica actitud del gobierno de la Concertación: poner a la Oposición entre la espada y la pared.

Todos queremos mejorar las pensiones de los jubilados, pero no es la forma de presentarlo. Me siento violentado, por decir lo menos.

¿Por qué lo planteo así? Porque en estos momentos el Gobierno dispone de 300 millones de excedentes, los que también estarán el próximo año, y el costo del reajuste que favorece a un millón 216 mil personas, casi el 90 por ciento de los pensionados del INP, es de 180 millones de dólares. Es decir, está financiado.

Más aún, si nos quieren hacer comulgar con ruedas de carreta y nos dicen que se debe mantener el IVA en 19 por ciento, ese uno por ciento equivale a 600 millones de dólares que se les van a sacar a las mismas personas a las que se les está entregando el reajuste del 10 por ciento. O sea, se les está colocando plata en el bolsillo derecho y se les está sacando automáticamente por el bolsillo izquierdo. Y, tal vez, más de lo que se les está poniendo hoy. ¿Es eso justo? Me da la impresión que esto tiene más un tinte comunicacional que real. Obviamente no es lo que perseguimos como Oposición. Queremos un gobierno transparente que diga qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer.

Pero, al leer el artículo 7° donde dice: “Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial , el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888”, me pregunto, sin temor a equivocarme, ¿cuántos chilenos sabrán que se está subiendo el IVA? ¿Es una forma clara de presentar el proyecto? ¿Acaso no merece una discusión especial el aumento del IVA?

Digo esto porque nadie pensaba que el cobre iba a llegar al precio que tiene hoy. Nuestro abanderado presidencial, en octubre del año pasado, dijo que si no se daban las condiciones, tal vez sería necesario mantener el IVA, pero ante las actuales circunstancias, considerando que hay excedentes y perspectivas, esta medida es expropiatoria. Resulta paradójico que precisamente cuando el erario tiene las arcas llenas, se les siga sacando dinero de sus bolsillos a los chilenos. Al parecer estamos frente a la “vía tributaria hacia el socialismo”. Creo que esto no es bueno para nuestro país, porque hoy debemos competir en todo el mundo con nuestros productos. Lo anterior, sumado al alza de las contribuciones y al impuesto específico a los combustibles, deja muy disminuida a esa clase media trabajadora, que es la más modesta, que todos queremos y decimos representar. Con este proyecto no lo estamos logrando.

Por eso, pido votación separada para el artículo 7°. Asimismo, hemos repuesto la indicación que presentamos en la Comisión.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza.

El señor MEZA .-

Señor Presidente , con la discusión de este proyecto, enviado por su excelencia la Presidenta de la República , que concede el reajuste extraordinario más grande otorgado a las clases más desposeídas, estamos viviendo un momento histórico en la Cámara. Este reajuste va a beneficiar a más de un 1 millón 216 mil personas, que tienen las pensiones más bajas.

Recuerdo que hace algunos años fue muy distinto, cuando los que hoy rasgan vestiduras porque estamos acortando la brecha de la desigualdad en Chile, les quitaron el 10 por ciento a los pensionados para pagar los errores de los usureros de la banca de la época.

Hoy estamos tratando de hacer justicia. Es verdad que no estamos entregando todo lo que quisiéramos, porque no se puede. Los seres humanos que serán beneficiados con este reajuste extraordinario merecen un pronunciamiento claro, categórico y solidario de la Cámara.

Este Chile injusto -uno de los más injustos del mundo- donde muchos ganan muy poco y pocos ganan mucho, necesita que el Estado abra su bolsillo y entregue este tipo de reparación.

Se dice que los gobiernos de la Concertación están aumentando los impuestos. Sin embargo -como decía el ministro de Hacienda ayer-, en los años 90 la carga tributaria alcanzaba el 19 por ciento; en cambio, hoy no supera el 18 por ciento. De manera que la desigualdad en temas tributarios tiene que ver más bien con el trato especial, con las exenciones tributarias de que gozan las empresas. Por ejemplo, como decía ayer el diputado Alinco , a un empresario que compra, a través de las empresas de la construcción, camionetas, palas y utensilios, el Estado le bonifica un 17 por ciento de su costo; sin embargo, un albañil que compra un martillo tiene que pagar el IVA correspondiente.

Es cierto que esto no nos gusta; es verdad que el IVA de 19 por ciento es regresivo y castiga a quienes ganan menos y gastan todo su dinero en su sustento; pero también debemos entender que estamos ad portas de una reforma tributaria que es absolutamente indispensable para que los que ganan más paguen más, y los que ganan menos paguen menos.

Por eso, esta mañana quiero reiterar al Ejecutivo la solicitud de que se piense en los ancianos, en la gente de la tercera edad que ha cotizado toda su vida, que ha trabajado sin descanso por construir la patria, de manera que no deba seguir pagando el 7 por ciento para salud que se le descuenta de sus míseras pensiones.

Ésta es una de nuestras peticiones más caras y queridas, y aunque significa un importante esfuerzo para el Ejecutivo , creemos que se puede hacer. De esa forma, los trabajadores de ayer, pensionados de hoy, verán, por un lado, incrementadas sus pensiones al suprimirse el descuento del 7 por ciento para salud y, por otro lado, psicológicamente se sentirán insertos de verdad en un sistema de salud gratuito, como se les ha anunciado.

Por lo tanto, los diputados radicales vamos a votar a favor de este proyecto de ley, con la esperanza y la confianza de que en un futuro cercano se lleve a cabo una reforma tributaria que haga pagar más a los que ganan más, y menos a los que ganan menos. Con esa confianza, esperamos que la brecha y la desigualdad sociales sigan acortándose para que así la patria sea un poco más feliz.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.

El señor DITTBORN .-

Señor Presidente , ante todo, no apruebo el informe que rindió el diputado Carlos Montes , informante de la Comisión de Hacienda .

En la Cámara existe una muy buena costumbre: que los informes se mantengan dentro del plano de la objetividad y que el diputado informante evite emitir juicios de valor o manifestar sus preferencias personales, lo que puede hacer después, durante la discusión del proyecto. A mi juicio, el informe del diputado Montes no cumplió con esa tradición.

Dicho esto, quiero referirme al texto del proyecto.

En primer lugar, celebro la presentación de esta iniciativa, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones mínimas y asistenciales. Creo que es uno de los proyectos sociales mejor focalizados que uno podría imaginar.

En general, cuando discutimos este tipo de iniciativas -lo vemos con más frecuencia quienes participamos más activamente en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación-, podemos comprobar que hay una infinidad de proyectos sociales respecto de los cuales uno tiene legítimas dudas acerca de si sus beneficios llegan o no a las personas que se pretendía favorecer. Por lo general, dicen relación con creación de subsecretarías o servicios, con contratación de personal, con uso de camionetas, con viajes, vales de bencina; en fin, se refieren a una gran estructura burocrática, y uno se pregunta legítimamente cuánto quedará para la gente que se busca beneficiar.

Pero no es el caso de este proyecto. Aquí lo que se hace es aumentar el monto de los cheques mensuales de los adultos mayores más pobres del país. Por lo tanto, lo celebramos porque es una iniciativa muy bien focalizado que beneficiará a más de 1 millón 200 mil personas de menores recursos, con un costo, de acuerdo con lo que se nos ha informado, de 180 millones de dólares.

Entonces, uno se pregunta cuál es la necesidad de aumentar el IVA, porque eso es lo que hace el artículo 7°, al impedir que su porcentaje disminuya a contar del 1° de enero del próximo año. ¿Por qué se insiste en introducir un aumento tributario que le significa al Estado recaudar adicionalmente 600 millones de dólares, provenientes fundamentalmente de los grupos que consumen más? Como se sabe, el IVA es un impuesto que afecta con mayor fuerza a los grupos que consumen más, que son, por definición, los de menores ingresos.

La única manera -es bueno que los colegas lo sepan- de no pagar IVA es ahorrando; pero la gente más pobre, obviamente, no puede ahorrar, sólo consume. Entonces, deben pagar IVA por lo que consumen.

¿Cuál es la razón para introducir el aumento del IVA en este proyecto? Realmente, no se vislumbra. Es cierto que el proyecto cuesta 180 millones de dólares, pero en el Presupuesto de 2006 existen 300 millones de dólares de libre disponibilidad que el Gobierno del Presidente Lagos, en forma muy responsable, consideró, precisamente para que la nueva administración tuviera la flexibilidad necesaria para implementar su programa.

Ayer se lo preguntamos al ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco , y nos manifestó que tal medida era necesaria, porque a futuro se presentarán otros proyectos sociales para los que se necesitarán estos 600 millones de dólares que rinde la mantención del 19 por ciento de IVA. Entonces, discutamos el tema en su mérito cuando se presenten esos nuevos proyectos; calculemos su costo y analicemos las fuentes de financiamiento en ese momento. Por ejemplo, podrían cubrirse con lo 120 millones de dólares sobrantes del fondo de libre disponibilidad o con alguna de las propuestas tributarias que cada cierto tiempo se hacen en esta Corporación, como la eliminación de ciertas franquicias tributarias a algunos sectores productivos. En fin, existe una enorme batería de iniciativas tributarias. Entonces, ¿por qué no realizamos esa discusión cuando se necesiten esos recursos y no ahora? Para financiar el proyecto de aumento de pensiones no es necesario mantener el IVA en 19 por ciento; basta con los 300 millones de dólares de libre disponibilidad con que cuenta el Gobierno.

Se ha amenazado -ésa es la expresión más apropiada- a los chilenos más modestos al señalarse que, si no se aumenta el IVA, probablemente no se podrán financiar los aumentos de pensiones de 2007, 2008 ó 2009. Incluso, se ha llegado a insinuar que este aumento de pensiones podría retrotraerse.

El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-

¿Me permite, señor diputado ? Ha concluido el tiempo de su primer discurso. Puede hacer uso del de su segundo discurso.

El señor DITTBORN.-

Gracias, señor Presidente.

Pero eso no es así porque, dada nuestra política fiscal, los 300 millones de dólares de libre disponibilidad están contemplados en forma permanente para el futuro; no es verdad que no existirán en los presupuestos del 2007 o del 2008. El que sean de libre disponibilidad significa que, al comprometer su uso, por cierto, no van a ser de libre disponibilidad, pero estarán ahí, por una razón muy simple: de acuerdo con nuestra política fiscal, sólo podemos gastar los recursos provenientes de los aumentos permanentes del precio del cobre, no de los transitorios.

¿Saben ustedes cuál fue el precio del cobre estimado para la confección del Presupuesto de 2006? Fue de 99 centavos de dólar la libra de cobre. Repito: ¡99 centavos de dólar la libra! ¿Alguien cree que el precio va a caer por debajo de los 99 centavos de dólar durante el 2007 ó 2008? Es muy improbable, porque en este momento está por sobre los 2 dólares 50 centavos.

En resumen, aquí se ha pretendido mezclar dos temas, lo que me parece impropio en una democracia sólida como la nuestra. ¿Por qué no podemos discutir el tema tributario en su mérito y financiar este aumento de pensiones con los 300 millones de dólares de libre disponibilidad que heredó este Gobierno? Tan simple como eso: discutamos el tema tributario cuando corresponda. Tengo serias dudas de que mantener en 19 por ciento el IVA sea lo más adecuado.

En todo caso, eso deberá analizarlo en su momento, soberanamente, el Congreso Nacional, pero no ahora, en que, entre gallos y medianoche, en realidad, estamos entregando al Gobierno un cheque en blanco de 600 millones de dólares, que no sabemos a qué destinará. Se nos ha dicho que vienen nuevos proyectos, todos muy interesantes, lo que me parece muy bien; pero discutámoslo en su momento, no ahora.

Finalmente, repruebo absolutamente que se amenace a la gente que obtendrá aumento de pensiones, insinuándose que, en el futuro, éste podría retrotraerse en caso de no aprobarse la mantención del IVA en 19 por ciento, porque eso no es así.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.

La señora GOIC (doña Carolina).-

Señor Presidente , quiero sumarme a las voces que adhieren a la iniciativa. Coincido con el diputado Fernando Meza en que estamos ante un momento histórico, ya que la medida a que se comprometió la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet , como candidata, es necesaria para los adultos mayores que serán beneficiados y para los sectores más vulnerables.

Si se trata de equidad, de justicia social, de disminuir la brecha en la distribución de ingresos, tenemos que partir por los adultos mayores y los discapacitados que no cuentan siquiera con el ingreso mínimo para subsistir. En este sentido, el proyecto va en la dirección correcta. Sin embargo, lamento que en su discusión se haya procurado confundir sobre su financiamiento.

Es cierto que el presente año se cuenta con los recursos necesarios, 300 millones. Pero, ¿qué sucedería en los siguientes? Por eso, la mantención del IVA en un 19 por ciento me parece responsable y debe plantearse en esta oportunidad.

Recojo la invitación a discutir sobre la estructura tributaria, sin perjuicio de mantener el IVA en su actual porcentaje. Discutamos seriamente y con altura de miras el impuesto a las grandes empresas, a las personas; las exenciones existentes, pero no a través de la presente iniciativa.

En el artículo 6°, número 2), se establece un mecanismo para asignar las pensiones asistenciales, porque en innumerables ocasiones se ha mencionado que el instrumento para estratificar socialmente a las familias que postulan a beneficios sociales, ficha CAS, está obsoleto y se requiere su modificación. Así, se aprovecha la oportunidad, ya que no podemos esperar un cambio mayor para beneficiar a 25 mil nuevos adultos mayores.

Es necesario avanzar. Por eso, reitero que el Ministerio de Planificación debe modificar el instrumento para contar con uno que realmente se ajuste a criterios que permitan discriminar y asignar recursos a quienes más los necesitan. No puede ser igual el puntaje de corte regional, porque significa un castigo para las regiones donde las viviendas son de materiales de mejor calidad, como sucede en Magallanes.

Los adultos mayores tienen muy poca capacidad de generar ingresos. Por lo tanto, más que aquellas variables que tienen que ver con el patrimonio, parece razonable ponderar en mayor medida el factor de ingreso.

En consecuencia, votaré favorablemente. Sin embargo, espero que exista un compromiso del Ejecutivo para que en el breve plazo se modifique la ficha CAS con el objeto de que las personas que tienen méritos para acceder a beneficios sociales los perciban.

He dicho.

El señor BURGOS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal.

La señora PASCAL (doña Denise).-

Señor Presidente , en ésta, mi primera intervención en la presente legislatura, quiero expresar mi satisfacción por ver que los compromisos contraídos frente al país por la coalición que hoy gobierna se cumplen y se honran.

No se trata de un compromiso menor; se trata de la vida y las esperanzas de millones de chilenos a los que los beneficios del desarrollo simplemente no les ha llegado. Estamos hablando de personas modestas que requieren del concurso de todos los integrantes de sus familias a fin de poder sobrevivir: uno o dos ancianos, una jefa de hogar que trabaja por un ingreso mínimo, dos o tres hijos menores y adolescentes, muchas veces un padre cesante o con empleo esporádico. Esa es la realidad de las familias de pensiones bajas. Esa es la realidad de siete millones de chilenas y de chilenos que se ubican en los dos primeros quintiles. Cabe, entonces, preguntarse ¿cuál es hoy la real importancia del cumplimiento de este compromiso de la Presidenta Bachelet ? En primer lugar, no me parece que sea el simple aumento de un 10 por ciento de una pensión. El fondo valórico de una medida como la presente, aún reconociendo el tremendo esfuerzo presupuestario que ello significará en el tiempo, es la poderosa señal que nos da el Ejecutivo con este proyecto de ley: la gente importa mucho.

Este Gobierno considera a las personas en el eje de su accionar y en el contenido básico de las políticas públicas en materia social. ¡Que lejos estamos, afortunadamente, de los criterios imperantes en el marco del plan laboral de fines de los años 70! En ellos las políticas de un desarrollo favorable para algunos pasaban por asumir a la fuerza un costo de pobreza y marginación que soportaban gran parte de los chilenos.

En la actualidad, miramos a Chile de una forma diferente. Sabemos de nuestras carencias y desafíos, pero las políticas que la ciudadanía espera no sólo deben contener soluciones técnicas adecuadas, sino que también deben ser desarrolladas en un estilo de gobierno que signifique escuchar en serio y considerando las opiniones de las personas a quienes se van a aplicar. Entonces, nos encontramos que este sello de distinción es la real importancia o mayor valor de un proyecto de ley como el que discutimos hoy, ya que, sin duda alguna, el hecho de que las primeras iniciativas públicas, como el acceso gratuito a la salud para los mayores de 65 años y éste, el presente reajuste de pensiones y acceso universal a las pensiones asistenciales, son el fruto de escuchar a las personas en sus angustias y necesidades, porque ¿qué duda cabe? En Chile tenemos más de un millón 500 mil pensionados, de los cuales la gran mayoría percibe pensiones tan bajas que no dicen relación alguna ni con el aporte económico que esas personas entregaron al país ni menos con la satisfacción universal de necesidades que identifican esencialmente a una prestación de seguridad social.

La carga tributaria en Chile no es excesiva y, mientras las necesidades sociales sean enormes, existe clara evidencia de la alta evasión entre los chilenos más ricos. Por ello, debemos ser honestos con el país y afirmar que la solidaridad tiene un costo y que no habrá condiciones para bajar impuestos. En particular, el IVA debe mantenerse en su tasa actual.

En otro orden de cosas, pero dentro de las pensiones, quiero hacer presente al Ejecutivo una inquietud de muchas personas referente al régimen de otorgamiento de las pensiones asistenciales para las personas que sufren una discapacidad mayor. Se trata de la situación que se produce para un discapacitado al encontrar empleo, el cual, por sus especiales características, probablemente sea por un tiempo acotado y no extendido. Ahora bien, al percibir este ingreso en forma automática deja de percibir la pensión asistencial, debiendo con posterioridad reiniciar desde el principio los trámites de calificación para el beneficio. El punto es que este sistema evidentemente ubica los incentivos apuntando hacia la informalidad del empleo, porque, a fin de no perder el cupo de la pensión estatal, lo más conveniente es pedir ser contratado en condiciones precarias e informales. Entiendo que este problema intentó ser resuelto a través de una iniciativa que se encuentra pendiente en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, por lo que solicito al Ejecutivo revaluar la posibilidad de impulsar su contenido a través de la actualización de sus términos, rediseñando los mecanismos para que el discapacitado no pierda su postulación al beneficio de las pensiones asistenciales en el evento de conseguir empleo formal.

El señor BURGOS ( Vicepresidente ).-

Señora diputada , ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el de su segundo discurso.

La señora PASCAL (doña Denise).-

Finalmente, me parece oportuno llamar la atención sobre un punto que seguramente varios de mis colegas abordarán en sus intervenciones: la idoneidad del instrumento ficha CAS o ficha Familia, por el cual se estratifican las condiciones de pobreza de una familia postulante a beneficios como la Pasis. Es evidente que se trata de una herramienta que debe ser rediseñada estructuralmente, a fin de contar con un instrumento que dé cuenta del cambio de las condiciones de vida de nuestra población. Todos conocemos la información que esa encuesta proporciona acerca de las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país, sus carencias más importantes, la dimensión y características de la pobreza, así como la distribución del ingreso de los hogares, antecedentes sobre los beneficios de los programas sociales, estudios y otros que posibilitan el cálculo de los déficit de atención asociados.

El problema se presenta cuando los elementos de hecho sobre los cuales descansa la ponderación de la información no son actualizados de forma tal que se pueda discriminar a aquellos que realmente indican un perfil socioeconómico más alto que el resto de los encuestados, de aquellos elementos de hecho, como superación en los niveles de estudios o adquisición de bienes domésticos por circunstancias que no alteran la calidad de pobre de un grupo familiar.

Ello requiere un análisis profundo por las autoridades de Gobierno, que podría significar un enorme ahorro de recursos públicos al refocalizar la ayuda estatal a quienes realmente lo necesitan y facilitar el acceso del pobre a los beneficios que hoy se están entregando.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL ( doña Ximena).-

Señor Presidente , el proyecto en discusión concede el reajuste de pensiones más importante de los otorgados en la última década, tanto por el incremento en el monto de las pensiones como por su extendida cobertura.

Quiero destacar la participación de los ministros de Hacienda y de Trabajo y del equipo de profesionales en el debate habido en la Comisión de Trabajo, quienes nos entregaron una visión política y técnica de alto nivel para entender las implicancias económicas de esta iniciativa, que da una respuesta al constante llamado de los “chiquillos y chiquillas”, como les digo cariñosamente a los adultos mayores, que conocemos tan de cerca en los distritos que representamos. A ellos va dedicado este proyecto.

Es importante destacar que este Gobierno no sólo está escuchando a las personas con menos recursos, sino que, además, está poniendo un pie en el acelerador para entregarles las herramientas necesarias, en este caso, un reajuste que aumentará un poco más sus ingresos. Ello permitirá acortar la brecha de desigualdad existente en el país. En este sentido, como parlamentarios no podemos restarnos a este gran esfuerzo que va en beneficio de los sectores más vulnerables.

Estoy muy contenta porque el debate de este proyecto, que aumenta las pensiones de más de 1 millón 200 mil personas, se está llevando a cabo en un tiempo record y en forma acotada. Eso es lo que esperan de nosotros los ciudadanos.

Las diferentes miradas que expusimos en la discusión habida en la Comisión de Trabajo dieron cuenta de las contradicciones de la Alianza por Chile. La “cuchufleta” a que se refirió el diputado Bertolino no es sino lo relativo al artículo 7º, sobre la mantención del impuesto al valor agregado. Ello deberá ser así mientras sea necesario, a fin de contar con una inversión social sostenida en las personas que lo necesitan. Sucede demasiado habitualmente que los diputados de la Alianza “saltan” a la hora de hablar de los impuestos, y está demostrado empíricamente, como lo han señalado otros colegas, que la carga tributaria es menor que hace 10 años. Con todo, queremos que los impuestos sean más redistributivos, desafío en el que estamos todos comprometidos.

La inmensa inversión social en los últimos años no ha sido, no es ni será suficiente, ya que, además de seguir haciendo esfuerzos por mejorar la redistribución del ingreso, hay que mejorar la gestión modernizadora del Estado, pues las necesidades van aumentando. Hay que incrementar la inversión para romper la brecha de desigualdad que se vive en el país.

Aunque no les guste a los diputados de la Alianza, el desarrollo se paga con los impuestos, pero no de quienes ganan menos. Así como durante estos años las grandes empresas han sido beneficiadas con algunas exenciones tributarias, parece lógico que el alza de los impuestos ahora se focalice como mayor intensidad hacia ese sector.

En esta materia es necesario buscar equilibrios. Este proyecto es un gran esfuerzo que va en esa dirección y, por tal razón, lo votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente , sin duda alguna, el proyecto tiene un objetivo social que compartimos todos los presentes, pues apunta en la dirección correcta de focalizar los recursos hacia quienes tienen menos y más necesitan.

La diputada señora Carolina Goic señaló que no deberíamos confundir la discusión tributaria con este proyecto social. La única manera de no hacerlo es que la discusión tributaria la llevemos a cabo en el ámbito de la estructura tributaria general y no involucrada en un proyecto social que no requiere financiamiento con nuevos impuestos.

Por otra parte, es importante conocer el puntaje de corte de la ficha CAS para acceder a este beneficio y si dicho puntaje se condice con las listas de espera y con la realidad de cada región. Por lo tanto, es necesario saber si habrá mucha disparidad entre quienes resulten beneficiados, ello en función de la realidad regional y de los cupos asignados con antelación. Es importante tener esa información para saber si efectivamente ese punto de corte integrará mayoritariamente a las familias de más escasos recursos.

Junto con reconocer que es absolutamente necesario implementar de inmediato este beneficio, hay que señalar que la discusión de fondo se relaciona con el instrumento que permita acceder a este beneficio. La ficha CAS, sin duda alguna, no refleja la realidad socioeconómica de las familias más pobres del país y, en muchos casos, tiene efectos negativos. Por ejemplo, el ítem educación asigna puntaje a las familias de bajos ingresos, lo que a la larga se convierte en un castigo, pues termina dejándolas fuera de determinados beneficios sociales.

En las comisiones en que se ha debatido el tema se ha señalado que las personas más desposeídas o aquellas que poseen ciertos grados de invalidez accederán en forma automática al beneficio, pero la ficha CAS tampoco considera la invalidez en las encuestas que se realizan, no obstante que es un factor importante. Cuando en una familia de escasos recurso hay personas con discapacidad, indudablemente sus gastos aumentan y el presupuesto familiar disminuye.

En definitiva, termino señalando mi total respaldo a la iniciativa, porque creo -y así lo compartimos todos- que va en la dirección correcta de entregar mayores recursos a aquellos que tienen menos y que más necesitan. Nos queda pendiente la discusión de fondo, esto es, modificar los instrumentos que miden la situación socioeconómica de las personas más pobres del país.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.

El señor LORENZINI .-

Señor Presidente , no tenemos que confundir lo que estamos debatiendo. Es fácil opinar, y me parece bien -éste es un Congreso que representa a la ciudadanía-, pero se han planteado temas distintos, como lo señaló el diputado Alvarado y otros más. Uno de ellos se refiere a las pensiones.

Al respecto, al fin puedo darme el gusto, después de ocho años de pelear con ministros, de ver un proyecto que reajusta un beneficio en más de 5 por ciento.

Sin embargo, no veo al ministro Velasco ; seguramente no le interesa el tema. Ésta es la forma en que no debemos partir. No olvidemos que estamos debatiendo un problema que involucra 1.850 millones de dólares, correspondientes al 40 por ciento del financiamiento del programa social de la Presidenta Bachelet . ¡Y está hablando el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y se encuentran ausentes los ministros Velasco y Andrade!

Señor Presidente , como no está presente el señor Velasco , quiero recordarles lo que señaló el ex ministro Nicolás Eyzaguirre , hace dos años, cuando debatimos el aumento transitorio del IVA, dijo que la verdadera discusión debía centrarse en el tamaño del Estado. Y preguntaba: “¿Creen ustedes que no sabemos que el IVA es regresivo?”

Por su parte, en abril de 2004, el diputado Walker señaló lo siguiente en esta Sala: “Obviamente, nos duele tener que aprobar el alza del IVA. Si una persona recibe un salario bajo, todo su sueldo se le va fundamentalmente en bienes de consumo, como alimentación, vestuario y educación”.

A su vez, el diputado Aguiló indicó: “Todas las teorías y experiencias en el mundo reconocen que el IVA es un impuesto regresivo”.

Entonces, aquí nadie está en contra de reajustar las pensiones. Esta iniciativa hay que aprobarla, porque ya se cuenta con los 97 mil millones de pesos para financiarla.

El IVA es otro tema. Estoy de acuerdo con que financia los programas sociales de la Presidenta Michelle Bachelet. Por ejemplo, el próximo año se destinarán 95 mil millones de pesos para aumentar en 1.500 efectivos el contingente de carabineros.

-Ingresa a la Sala el ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco .

¡Bienvenido, señor ministro !

Junto con lo anterior, también se deben considerar las nuevas patologías incorporadas en el Auge, los centros comunitarios, el trabajo para los jóvenes -promocionado por la Presidenta Bachelet, en Talca- y las salas cuna.

Pero el tema de fondo no es ése. La carga tributaria de este país es la más baja si se la compara con la de Estados Unidos, con la de países europeos o con la de otros de desarrollo similar al nuestro.

¡Si algún diputado está disponible para aumentar en un punto el IVA al ciudadano común de este país y establecerlo en 19 por ciento, yo reclamo y demando que también los empresarios y las multinacionales -cuyos balances hemos visto en estos días- también paguen el 19 por ciento de impuesto a la renta!

El verdadero debate -lo conversé con el ministro del Interior en la mañana y se comprometió a darnos espacios de diálogo; por lo demás lo mencionó en su momento el ex ministro Nicolás Eyzaguirre - debe centrarse en el tamaño del Estado que queremos para Chile. Por otra parte, ¿cuál debería ser la estructura tributaria? ¿Qué es mejor: más impuestos indirectos o más impuestos directos?

¡Éste es un país que se carga de impuestos indirectos! ¿Qué pasa con el tabaco? Aquí votamos leyes duras; pero impuestos, nada. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Qué pasa con los juegos? ¡No meterse! ¡Se trata de empresarios poderosos! ¡Allí sí que no nos atrevemos! Los gobiernos de la Concertación no se han atrevido, por lobby o por presión, a buscar los fondos sobre los cuales no se está tributando.

Una cosa es la evasión y otra la elusión. El Servicio de Impuestos Internos lo ha hecho muy bien. ¡Felicitaciones! Pero no estamos hablando de eso. Eso está bien y entra en el campo de lo moral. ¡El que no cumple se va a la cárcel! Son otras las preguntas que nos hacemos. ¿Los empresarios en este país no pagan? ¿no aportan?

Al final, respaldaremos el proyecto, porque no podemos dejar a nuestra Presidenta con su programa social en el aire. Pero este debate debió haber sido más largo y proyectado con más tiempo.

Este año ya está financiado. Debatamos el tema del IVA y qué significa que el 20 por ciento más pobre de la población contribuya con la mitad y el 20 más rico con apenas el 20 por ciento. ¿Es justo? ¿Estoy hablando tonterías? ¿Estoy hablando contra mi Gobierno? ¡No! Estoy hablando contra el Congreso Nacional, que no se atreve a discutir una reforma tributaria integral.

Tampoco creo estar asustando a los inversionistas. Soy economista. Rebajamos los aranceles y tenemos menos ingresos. Pero, ¿resiste el país esa carga? Vamos a terminar no sólo con un 19 por ciento de IVA, sino con un 20, un 21 o un 22. Por su parte, los empresarios, quienes además tienen buenos asesores tributarios, terminarán pagando entre un 14 y un 17 por ciento del IVA.

Lo que me molesta, ministro , es que siempre estemos mirando estos temas a la carrera. Quiero entender -sobre esa base decidiré mi voto- que usted está disponible para que en forma abierta, técnica, razonable y democrática -aquí hay diputados que conocen la materia, como el señor Álvarez , experto tributario-, podamos debatir el actual sistema tributario en Chile. ¡Cuánto nos ha costado abordar la exención del IVA a las empresas constructoras! ¡Casas de 100, 200, 300 millones de pesos están exentas del pago del IVA! ¿Parece adecuado eso? A lo mejor estoy equivocado, pero el trato adecuado de esas materias puede ayudar al financiamiento de programas sociales.

Lo primero que le entregan a uno en un restorán es la carta, donde se ofrecen varios platos. ¡No hablemos de que aquí existe un plato único -IVA o IVA- si hay otros menús! Consideremos otros impuestos; hagamos una mezcla de varias cosas de modo que paguen todos los chilenos, no sólo los de clase media. Eso es lo que demandamos.

¡Cómo vamos a estar en contra de las pensiones! Es más, la Democracia Cristiana se la ha jugado por mejorar las pensiones mañana mismo, sin limitaciones.

¡Revisemos la ficha CAS, la ficha familia! ¿Por qué la gente esconde el televisor cuando van a encuestarla? Porque si alguien lo tiene lo consideran rico.

¡Tampoco toquemos el impuesto a la gasolina, porque es rico quien tiene auto! En el país hay 2 millones de automóviles. Cuatro personas promedio por familia. La mitad de los chilenos tiene auto. Es decir, ¡hay 8 millones de ricos…! Por lo menos, en mi distrito no están.

Ése es el tema.

Sé que algunos a veces se enojan cuando planteo estas cosas. En tanto, los ministros se dedican a hablar con otros diputados y no nos escuchan.

Revisemos las exenciones tributarias. El diputado Saffirio lo planteó ayer. Tomemos un compromiso.

El precio del cobre está permanentemente arriba. Desde hace tres años que planteo este tema en la Comisión Especial de Presupuestos. En el intertanto, las arces fiscales han recibido 7 mil u 8 mil millones de dólares adicionales.

Al caballero que acaba de ganar 2 mil millones de pesos en el Loto le dicen: “Gástelos”. ¡No, pues! ¡Cómo los va a gastar! O al revés, como tiene 55 años le dicen: “Guarde los 2 mil millones debajo del colchón. Cuando muera quedarán para sus hijos”. Al parecer, la decisión justa es que tome un poquito, un 10 por ciento, y se dé un gustito: una casita, un viajecito, etcétera.

En nuestra economía sucede algo similar. Tenemos 8 mil millones de dólares. Las proyecciones de superávit estructural son muy buenas. Entonces, evaluemos la situación. Si se mantienen el precio del cobre y las proyecciones y seguimos con el 1 por ciento, comprometámonos a bajar el IVA a 18 ó 17 por ciento. No sólo los empresarios deben tener rebajas tributarias, sino también quienes no lo son. Hagamos de esto una cosa más flexible, más humana, más debatible. En economía, las teorías valen para estar en los ministerios. Es difícil que los economistas sean presidentes de la República , y quizás me estoy poniendo una lápida al pronunciar estas palabras. Lo único que demando es que esto no sea el término de la discusión tributaria. Es un hecho de la causa que hoy lo planteemos. El tema tributario debe ser debatido a futuro, y ojalá la Cámara de Diputados haga un seminario sobre la materia. Este tema lo discutimos hace siete u ocho años, y no lo hemos actualizado. Sin duda, es la gran falencia de los gobiernos de la Concertación. En términos tributarios, estamos en un país inequitativo respecto de quienes aportan para todos los chilenos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Maximiano Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente , apoyaremos cualquier mejoramiento en las bajas pensiones que perciben las personas de menores ingresos. Un reajuste parejo es injusto, especialmente si se consideran algunas situaciones dramáticas. Por ejemplo, don Jorge Armando Francisco Canales , domiciliado en la calle Domingo Tocornal , número 354, de Puente Alto, tiene una pensión de 611 pesos. ¡Qué bien va a quedar con un 10 por ciento de reajuste! Considero que el reajuste debería ser mucho mayor para las pensiones más bajas e ir disminuyendo a medida que aumentan.

Respecto de las pensiones asistenciales, resulta inconcebible que se mantengan los mismos parámetros de 1987 para medir la pobreza, en que tener un refrigerador, un equipo de música o un televisor era no ser pobre. ¡Para qué hablar de lo que significaba tener un teléfono! Hoy, una familia puede tener todas esas cosas y seguir siendo pobre.

Cuando a nuestras oficinas parlamentarias llegan personas de distintas comunas de los distritos que representamos a decirnos que la asistente social de su municipalidad les señala que tienen mucho puntaje y que no pueden postular a una pensión asistencial ni a ningún beneficio social, porque tienen televisor o equipo de música, que ni siquiera son de ellas, debo responderles que esa misma forma de medir la pobreza existe en Arica, Puerto Montt, Antofagasta, Concepción y en La Pintana o Puente Alto. Para terminar con ello es necesario modificar la forma de medir la pobreza. Sólo en la Región Metropolitana hay 8 mil 500 personas que cumplen los requisitos para postular a una pensión asistencial y están en lista de espera. En la Sexta Región, hay 2.350; todas en lista de espera para obtener una miserable pensión asistencial, que ahora aumentará a poco más de 40 mil pesos, suma con la que tampoco se puede vivir.

Respecto del artículo 7°, relativo al impuesto al valor agregado, más allá de que se pretende financiar este proyecto con el IVA, aquí hay un problema de credibilidad. Cuando al Congreso Nacional se le pidió aprobar el alza de ese impuesto por un período determinado, al término del cual disminuiría o se eliminaría, nosotros hicimos fe de ello y lo aprobamos. Y ésta no es la primera vez que sucede algo similar con el IVA, ya hace un tiempo nos tocó vivir la misma situación.

Represento a una zona de clase media y baja: La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, cuyos habitantes gastan casi todos sus ingresos en comer y vestirse. Por eso, el IVA incide mucho más en sus bolsillos que en los de un profesional, un empresario, un comerciante o un industrial, es decir, personas con capacidad de ahorro, que, en proporción a sus ingresos, gastan mucho menos en comer y vestirse que una persona de escasos recursos.

¿Qué sentido tiene que a una persona, por una parte, le aumenten sus ingresos, si por otra se lo quitan a través del IVA que paga por la compra de bienes y servicios?

Eso es injusto y es una forma de engañar a la gente.

Por otra parte, espero que se modifique el instrumento para medir la pobreza, la ficha de estratificación social. Al respecto, la ex ministra de Mideplán , Yasna Provoste , ni siquiera me recibió cuando le pedí una audiencia, porque al parecer no le interesaba el problema de la pobreza, sino sólo su cargo ministerial.

Ojalá que en el futuro los reajustes de las pensiones, incluso de las remuneraciones, no se otorguen en un porcentaje parejo, sino que sea mayor para los que ganan menos y menor para los que ganan más.

Por último, anuncio mi voto favorable. De lo contrario, la opinión pública haría una lectura equivocada. Sin embargo, dejo constancia para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que considero injusto que se pretenda financiar el proyecto manteniendo el IVA.

Asimismo, pido votación separada para el artículo 7°.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.

El señor AGUILÓ .-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar la enorme complacencia de los socialistas, porque a menos de tres semanas de iniciado el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ya estamos discutiendo la materialización de uno de los compromisos más importantes adquiridos durante su campaña: el aumento de las pensiones para los sectores más carenciados de nuestro país.

Este Gobierno comprometió iniciativas a favor de los pobres durante la campaña electoral, y las está materializando casi inmediatamente asumido el poder. ¡Qué distinta de la situación que ocurría en el régimen militar!

Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al diputado Errázuriz que en esa época no sólo no hubo aumento de pensiones, sino que en la década del 80, con su apoyo, se le quitó a los pensionados el 10,4 por ciento, porque era el sector menos organizado, el que tenía menos posibilidades de reclamar ante una medida tan injusta como aquella. Ésa es la diferencia entre los gobiernos democráticos y los autoritarios, como el que vivimos por tantos años y que el país jamás olvidará.

Por otra parte, debo decir que el diputado señor Errázuriz se equivoca profundamente cuando dice que estamos frente a un aumento parejo de las pensiones. ¡No es así! El proyecto plantea un reajuste focalizado; sólo para las pensiones más bajas. Precisamente lo que el diputado reclama.

En efecto, de aprobarse la iniciativa, no subirán las pensiones de 500 mil, 600 mil o 700 mil pesos -que también existen-; sólo se reajustarán las pensiones más bajas, que representan el 90 por ciento de las que paga el INP; las asistenciales, llamadas Pasis , y las con garantía estatal mínima del sistema de administradoras de fondos de pensiones.

¡Ésas son las pensiones que subirán! De manera que habrá una focalización progresiva y no un aumento parejo general de las pensiones.

Quiero detenerme un momento para referirme a la discusión generada en torno al financiamiento. Un gobierno responsable, serio, como el de la Presidenta Michelle Bachelet , no plantea un mejoramiento permanente de las pensiones -ojalá en el futuro se vuelvan a mejorar-, sin establecer la forma de financiarlo, es decir, la fuente de la que provendrán los recursos con que el Estado costeará una medida de esa naturaleza, destinada a ayudar a aquellos compatriotas con mayores carencias. Por eso, el mensaje propone que durante 2006 la iniciativa se financie con los recursos ahorrados por la administración anterior y desde 2007 en adelante, con la misma estructura tributaria actual.

Hay señores diputados que con gran audacia han señalado que éste es un subterfugio, una medida poco transparente; incluso han proferido algunos calificativos que considero poco prudente repetir. Su actitud no sólo constituye un insulto al Gobierno, sino también a la ciudadanía.

Tengo en mis manos el programa de gobierno que Michelle Bachelet presentó al país con ocasión de la pasada elección presidencial. Lo distribuimos y discutimos en todo el territorio durante casi un año. En la parte pertinente dice: “Por ello es que debemos ser honestos con el país y afirmar que la solidaridad tiene un costo y que no habrá condiciones para bajar impuestos. En particular, el IVA debe mantenerse en su tasa actual.”

Eso es lo que el país discutió, luego los ciudadanos votaron y le otorgaron el 54 por ciento de las preferencias a Michelle Bachelet y su programa.

¿De qué falta de transparencia hablan? ¿De qué subterfugios? No puede haber nada más transparente que un programa que fue discutido frente a los quince millones de chilenos y que contó con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos de la República.

Dicho esto, resulta obvio que los diputados que conocimos el programa y lo distribuimos y defendimos en diversas comunas del país, ante numerosas organizaciones sindicales y juntas de vecinos, en nuestro intento por convencer a la ciudadanía de que era la mejor alternativa para todos, tenemos no sólo la obligación política, sino también moral, de votar a favor de esta iniciativa.

Por lo tanto, vamos a votar favorablemente el proyecto.

Pero con la misma claridad, y aprovechando la presencia de la ministra Secretaria General de la Presidencia , señora Paulina Veloso , y del ministro de Hacienda , señor Andrés Velasco , quiero decir que esto no significa que los parlamentarios de la Concertación creamos que el IVA es un impuesto extraordinariamente progresivo. No todos somos economistas, pero los ciento veinte diputados y diputadas sabemos que es un impuesto regresivo; tal como lo es la estructura tributaria que heredamos de la dictadura militar.

Por ejemplo, lo que ha dicho el diputado Lorenzini es una verdad del porte de una catedral, y lo que afirmaron los diputados Saffirio, Meza y otros parlamentarios que hemos propiciado la iniciativa, como el diputado Carlos Montes, en cuanto al término de algunas franquicias o subsidios a sectores productivos de nuestro país, en particular el subsidio incomprensible del IVA a la construcción, son convicciones importantes.

Queremos cambiar la estructura tributaria porque es injusta. Reitero, la heredamos de la dictadura militar, durante la cual no sólo se gobernó con mano de hierro y con represión, sino que fundamentalmente defendiendo los intereses de no más del 5 por ciento de la población.

Señores ministros, ojalá tengamos su atención respecto de lo que plantea la mayoría del país y todos los parlamentarios de la Concertación.

Votaremos con convicción porque es un gran proyecto, un compromiso que se materializó a menos de un mes de haber asumido la Presidenta Michelle Bachelet y que, sin duda, constituye un alivio para las familias más modestas.

Cumpliremos el compromiso de la campaña de mantener la estructura tributaria actual: el IVA en 19 por ciento, a fin de financiar este programa y otros de carácter social. Pero, al mismo tiempo, cuando discutamos las reformas al sistema previsional, queremos revisar la estructura tributaria, porque nos parece completamente injustificado que se sigan manteniendo algunos subsidios y exenciones a los sectores más productivos.

Por último, además de ser enteramente injustificada la afirmación de la Derecha de falta de transparencia, es una mentira y una falacia, muchas veces demostrada por la experiencia concreta de la economía de cualquier país del mundo y desde luego de la chilena, que eventualmente una supuesta disminución futura del IVA implicaría disminución de los precios, en particular de los productos más sensibles. Todos sabemos que el precio del pan, de la harina y de los alimentos básicos es completamente inflexible a la baja. Si los chilenos que nos están escuchando creyeran que los precios van a bajar, naturalmente tendrían otra disposición. Pero todos sabemos que eso no es así.

Por las razones expuestas, votaré a favor.

He dicho.

El señor LEAL ( Presidente ).-

Aún se encuentran inscritos para hacer uso de la palabra 26 señoras diputadas y señores diputados. Por lo tanto, propongo a la Sala reducir las intervenciones a cinco minutos, extender el Orden del Día hasta las 14 horas y suprimir el tratamiento de proyectos de acuerdo e Incidentes.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo.

El señor RECONDO .-

Señor Presidente , valoramos el reajuste de pensiones que estamos pronto a aprobar. No cabe duda de que el proyecto recoge un compromiso que estuvo presente en la agenda de la candidata de la Concertación y también en la de los candidatos de la Alianza. Sin embargo, es preciso alertar con responsabilidad a la ciudadanía de la brecha existente entre las expectativas y la realidad.

Se habla de cumplir con los compromisos del programa presidencial, pero todos sabemos que la gran mayoría de las personas no conocen su contenido. Se da a conocer en forma verbal, se habla de intenciones y prioridades, pero nunca de cuáles son sus rangos.

La propia Presidenta Bachelet , durante su candidatura, hizo de la reforma previsional una bandera de lucha. Lo reconocemos. Permanentemente habló de la necesidad de una reforma y de un reajuste de las pensiones mínimas. Claramente, y en forma reiterada, como dijo el diputado Aguiló, se refirió a una sociedad que estaba recibiendo pensiones completamente indignas. Pero, repito, jamás habló de cuál sería el monto de una pensión digna.

Por lo tanto, con el reajuste que se espera entregar a través de este proyecto y de los anuncios que se hicieron al respecto, la pregunta que cabe hacerse es si efectivamente se está cumpliendo con las expectativas que se sembraron durante la campaña presidencial. Claramente la respuesta es “no”. ¡No estamos respondiendo a esas expectativas!

Ahora bien, el reajuste del 10 por ciento de las pensiones mínimas que aprobaremos hoy, se puede ejemplificar en 8 mil pesos si hablamos de una pensión de 80 mil. Sin embargo, si consideramos el alza del costo de la vida, que sabemos llega al 4 por ciento, y estamos subiendo el IVA de 18 a 19 por ciento para el próximo año, lo que estamos haciendo -como se dijo- es gravar a quienes consumen más, que son precisamente quienes reciben estas pensiones. Por lo tanto, entre el 4 por ciento del IPC más el 1 por ciento del IVA, lo que en la realidad va a significar el reajuste de las pensiones es probablemente menos de la mitad de lo que estamos hablando.

Por otra parte, esta expectativa tampoco se cumple con las pensiones asistenciales. Permanentemente se ha señalado que este proyecto permitirá el acceso automático a estas pensiones. Sin embargo, sabemos que eso difícilmente será así, de acuerdo con la reglamentación y requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, no se habla de cuál va a ser definitivamente el puntaje de corte que permita resolver las listas de espera vigentes en todo el país. De manera que cuando hablamos de que habrá acceso automático a las pensiones asistenciales, no estamos diciendo que esas listas se van a resolver completamente con este proyecto.

A través del mensaje se nos informa que los beneficiarios serán aproximadamente 25 mil. Pero ¿qué porcentaje representan del total de las listas de espera que tenemos en cada una de las regiones? No lo sabemos con exactitud ni tampoco lo podemos señalar; por lo tanto, seguimos teniendo una enorme brecha entre lo que va a ser la realidad y las expectativas del común de la gente.

Finalmente, reitero lo que dije en la Comisión. Se nos dice que es para financiar no sólo este proyecto sino otros compromisos sociales futuros. ¿Por qué no discutimos esos proyectos en su mérito y en su momento? Lo que nos están pidiendo es que otorguemos un cheque en blanco para financiar proyectos futuros, ya que, como se sabe, la Concertación tiene mayoría en esta Cámara.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor René Alinco.

El señor ALINCO.-

Señor Presidente , me siento feliz, porque estamos cumpliendo a cabalidad el compromiso adquirido durante la campaña de la Presidenta de la República . Ello demuestra que la palabra de mujer es una realidad.

Quienes provenimos del mundo popular, del mundo obrero, tenemos una mirada distinta de los asuntos sociales. No es desde los grandes números ni de las planificaciones, sino del quehacer cotidiano de las personas, de la universidad de la vida. Esto no nos inhabilita para opinar acerca de temas tan importantes como éste.

Lo que se busca es solucionar el grave problema de la carencia de protección social. Se quiere ayudar a hombres y mujeres, a ancianos y enfermos que no pueden valerse por sí mismos y cuya capacidad de trabajo se ha visto disminuida.

Se ha debatido mucho acerca de si el monto del reajuste es suficiente. Sabemos que el erario es limitado y que se debe actuar con responsabilidad y mesura. Esto es lo que está haciendo la doctora Michelle Bachelet.

Tampoco se trata de un proyecto populista, sino que apunta en beneficio de la gente. Será importante en la medida en que sea un primer paso entre otros que debemos dar en el camino de hacer un país más justo.

No podemos seguir pensando en hacer de Chile un país más justo mientras nuestros empresarios -me refiero a los grandes- tengan la libertad de los países del primer mundo: pagar sueldos y tributos como si estuviesen en África.

Sabemos que el gran empresariado chileno está representado por la bancada de la Derecha, la que pregona que está de acuerdo con la iniciativa; sin embargo, pone pero tras pero. Sostiene que se trata de un proyecto solapado, que es una cuchufleta o un cheque blanco. Con mucho respeto les digo que no es así, pues sólo, repito, pretende ayudar y mejorar las condiciones de vida de los más pobres.

Una vez más la Derecha, con su doble discurso, pretende engañar al país, en circunstancias de que tiene una responsabilidad histórica con los miles de chilenos que van a recibir este beneficio. Porque -lo dije ayer en la Comisión- muchos de los hombres y mujeres que van a recibir este beneficio trabajaron en el PEM y en el Pojh, sin ninguna previsión.

Por lo tanto, si la Derecha es consecuente con sus dichos, si celebra el proyecto, no tiene más que aprobarlo, así actuará de acuerdo con las palabras expresadas por el santo Padre, en el sentido de que los pobres no pueden esperar.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte.

El señor DUARTE.-

Señor Presidente, hablo en nombre de la bancada democratacristiana.

Hoy estamos llegando a un momento de definiciones sobre este asunto. Hace tres semanas, el 15 de marzo, formulamos en esta Sala nuestra opinión en relación con algunos de estos temas, la cual, mediante oficio, pusimos en conocimiento de la Presidenta de la República. En esta oportunidad, queremos hacer presente nuestro parecer acerca de tres materias planteadas en el proyecto de ley.

En primer lugar, ¿quién podría oponerse a algo que es evidente y esencial para cualquiera que conoce la realidad de los adultos mayores? Por eso, existe amplio consenso respecto de esta propuesta e, incluso, en que a futuro el incremento pueda ser mayor.

En segundo término, debemos determinar la forma de lograr que los adultos mayores y los discapacitados carentes de ingresos tengan acceso a una pensión asistencial que, no obstante todos reconocemos que es mínima, este proyecto la incrementa.

En tercer lugar, debemos buscar la manera de financiar esta medida y un conjunto de otras comprometidas en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet y que implican, necesariamente, la mantención del IVA en su actual nivel.

Hoy, el IVA es un tema de debate; pero no puede serlo la necesidad de continuar aumentando la protección social para los adultos mayores.

El 15 de marzo expresamos que todos conocíamos la dramática situación de los adultos mayores, como la existencia de listas de espera y, dado los cupos existentes, su imposibilidad de acceder a una pensión asistencial.

Dijimos además que compartíamos el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet en cuanto a otorgar automaticidad a la asignación de esta pensión, como también -lo reafirmo- que debíamos enfrentar el desafío de superar la barrera establecida en virtud del concepto de carencia de recursos que se aplica en la actualidad para la asignación de beneficios sociales.

Todos los programas de subsidios sociales del Estado descansan sobre la ficha CAS y la ficha Familia que hoy operan transitoriamente, en forma simultánea. Esas fichas distorsionan claramente el acceso a los beneficios sociales de la población y originan inequidades en las políticas públicas, lo cual es consensuado y reconocido por todos.

En esa ocasión -el 15 de marzo- manifestamos que tales fichas debían modificarse. La Democracia Cristiana expresa formalmente, por mi intermedio, la voluntad de aprobar este proyecto, con el objeto de terminar con ellas, de cambiar la ponderación de los distintos factores, porque no es posible que un beneficio social, en el cual se pretende cubrir carencia de ingresos, considere variables referidas a la existencia de patrimonio. Tampoco es posible que en un beneficio relacionado con acceso a vivienda se consideren variables ajenas a las condiciones de habitabilidad de las familias.

Estamos dispuestos a respaldar el compromiso asumido y expresado ayer por la Presidenta de la República , que fue ratificado públicamente esta mañana por la ministra de Mideplán -y esperamos que también sea ratificado formalmente por los ministros presentes en la Sala-, en cuanto a que se pondrá término al uso de las referidas fichas y que se cambiará el modo de ponderar las distintas variables. Esperamos asimismo que eso se aplique concretamente en los próximos cien días en la asignación de las Pasis y en las listas de espera existentes.

Las listas deben terminar. Sostenemos, responsablemente, que si se modifican las variables de patrimonio, disminuyendo su peso dentro de la ficha CAS, todos los adultos mayores en listas de espera tendrán acceso a la pensión asistencial. Creemos que éste es un compromiso responsable con las metas que asumimos ante el pueblo de Chile. Dijimos que íbamos a fomentar un sistema de protección social. Una parte de esa tarea es poner término a los instrumentos que impiden que ese objetivo se cumpla.

En ese sentido, la Democracia Cristiana anuncia que, de ratificarse por los ministros presentes la modificación de este instrumento y la puesta en vigencia de instrumentos diferenciados para cada uno de los beneficios sociales, respaldaremos la mantención del IVA en 19 por ciento.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Pablo Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente , igual que el diputado Julio Dittborn , quiero comenzar mi intervención lamentando el informe de la Comisión de Hacienda, por cuanto no demuestra objetivamente la discusión técnica que se realizó en su seno. Más bien, el diputado Montes se limitó a emitir juicios políticos que bien pudo haber expuesto durante su intervención, en su propio discurso, y no en el del informe que debiera dar cuenta de la discusión técnica de toda la Comisión.

¿Quién puede oponerse al aumento de pensiones? Nadie. Al respecto, existió el compromiso de los candidatos presidenciales.

¿Quién puede entender que un pensionado viva con 40 mil pesos mensuales aproximadamente? Nadie. Tendría que ser Mandrake el mago.

Por lo mismo, la necesidad de aumentar las pensiones es una aspiración ampliamente consensuada, y hubiéramos querido que fuera más del 10 por ciento que se propone. Sin embargo, valoramos ese porcentaje y también lo respaldamos con entusiasmo. Pero, una cosa muy distinta es apoyar la otra proposición del proyecto que dice relación con su financiamiento que, a mi juicio, es absolutamente innecesario, puesto que los 182 millones de dólares que cuesta el aumento de pensiones, perfectamente podría ser financiado con los 300 millones de dólares de libre disposición con que cuenta la Presidenta Bachelet .

El contexto de la economía mundial es absolutamente favorable. Chile, hoy, tiene un excedente de 2.400 millones de dólares, a lo menos, como consecuencia del mayor precio del cobre. El aumento del IVA, impuesto absolutamente regresivo, atenta contra el bolsillo de los más pobres; a quienes, por un lado, les aumentaremos un 10 por ciento sus pensiones y, por otro, se lo sacaremos del bolsillo, a través de este tributo que, según se ha dicho, es la mantención del 19 por ciento, lo que es falso. Debemos recordar que, a partir del 1 de enero del próximo año, el IVA bajaría a 18 por ciento. Por consiguiente, a esos mismos chilenos pobres y necesitados, que todos decimos defender, les estaremos quitando un porcentaje importante de este aumento que les estamos dando. El patrimonio exclusivo de la defensa de los pobres que dicen tener los amigos de la Concertación no es cierto; no es verdad. Si nos vamos a preocupar de la gente más necesitada, preocupémonos en un ciento por ciento y no a medias, por un lado, aumentando sus pensiones y, por otro, subiendo el impuesto.

Asimismo, quiero hacer presente la siguiente reserva de constitucionalidad sobre este proyecto de ley.

El número 20º del artículo 19 de la Constitución Política de la República establece que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán estar afectos a un destino determinado y, si bien el enunciado del proyecto alude a otros programas sociales y temas de interés que deben ser financiados por el Estado, como el aumento de la dotación de carabineros, la educación prebásica, el financiamiento del Auge, sólo es a modo de titulares, lo que haríamos hoy, con los 600 millones de dólares adicionales del IVA, no es otra cosa que entregar un cheque en blanco al Gobierno, en circunstancias de que perfectamente podríamos haber discutido en detalle el financiamiento de cada uno de dichos programas y no pretender aprobar esto en un solo paquete que, a mi juicio, reitero, es darle al Gobierno la posibilidad de hacer, simplemente, lo que estime conveniente.

Además, carece de oportunidad, porque el aumento del IVA podría haberse efectuado en el momento en que realmente se necesiten los recursos y no con la anticipación que se nos está planteando.

Por otro lado, invito a mi colega René Alinco a no tener un discurso tan confrontacional entre Izquierda y Derecha, porque, repito, la preocupación por los pobres y necesitados es de todos; no sólo es patrimonio de la Izquierda. Asimismo, lo invito a que nos preocupemos de la gente de nuestra región de Aisén; de esos quinientos doce pensionados que recibirán los mismos 40 mil pesos que el resto de los pensionados de Chile, para los cuales, sin duda, por el alto costo de vida de esa zona les es imposible subsistir. Por ejemplo, en el invierno, una pareja de viejitos consume, aproximadamente dos metros de leña y el metro cuesta 20 mil pesos; por lo tanto, sólo en calefacción grata 40 mil pesos.

Señor Presidente , por su intermedio, quiero plantearle al ministro de Hacienda que estudie seriamente la posibilidad de que las pensiones también tengan una asignación especial de zona que signifique reconocer el costo de vida en las regiones apartadas que, sin duda, es absolutamente distinto y mucho más difícil para sus habitantes.

Reitero mi reserva de constitucionalidad, respecto de que aquí se legisla para aumentar impuestos con el fin de destinar esos recursos a un fin específico, cual es financiar el incremento de pensiones. En consecuencia, esta iniciativa no hace más que poner plata en un bolsillo y sacarla por el otro.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.

El señor ÁLVAREZ .-

Señor Presidente , en primer lugar -como todos los diputados de la Alianza por Chile-, aplaudo el alza de las pensiones. ¿Cómo hacerlo de otra forma? Tienen razón quienes dicen que éste es uno de los reajustes más importantes desde 1990 y que alcanzará a mayor número de beneficiarios. Podría decir por qué no se hizo antes o por qué no es más; pero, es correcto felicitar una medida extraordinariamente importante para muchos compatriotas.

Pero, con la misma emergía con que aplaudimos y reconocemos un esfuerzo, debemos criticar también la solución financiera presentada, que es equivocada y, lamentablemente, reiterada por los gobiernos de la Concertación.

Siempre se han subido los impuestos. No tres veces, sino seis, diez, doce, diecinueve veces y, de concretarse ésta, veinte diferentes impuestos habrán subido durante los años de Gobierno de la Concertación.

No caigamos en eufemismos. Esta medida no significa mantener un impuesto; sino, claramente, subirlo a los más pobres. Por eso, si medimos la carga tributaria durante los gobiernos de la Concertación, como debe hacerse internacionalmente, incluyendo previsión e impuestos locales, evidentemente, ha aumentado. Recuerdo que no hay ni un solo impuesto que en los últimos dieciséis años no haya experimentado un alza.

Repito, esta solución es doblemente equivocada. En primer lugar, es innecesaria. Sin tocar la regla fiscal, con los 300 millones de dólares podemos afrontar éste y otros proyectos de la agenda social que muchas veces ha pedido la Alianza, como el de seguridad ciudadana o el relacionado con el incremento de la dotación de carabineros. Todo ello, además, aumentado por el normal crecimiento económico y por la enorme diferencia que se ha producido en uno de nuestros principales ingresos. Sólo este año vamos a obtener más de dos mil millones de dólares adicionales exclusivamente por el cobre.

Por lo tanto, hay otras formas de financiamiento. Reitero, esta iniciativa es innecesaria; más aún si se obtienen 600 millones de dólares como consecuencia de elevar un punto del IVA. Nos dicen que después decidirán qué cosas financiarán con los 420 millones que sobrarán como consecuencia de esta alza. Eso es un cheque en blanco inaceptable.

Pero, insisto, esta solución es doblemente equivocada, porque, además, es injusta y afectará a los más pobres. Quienes la apoyan, -no me hablen aquí de royalty, de primera categoría, de impuestos especiales-, con sus votos van a subir un impuesto que perjudicará a los más pobres que no recibirán, con la misma velocidad, el esfuerzo que significa pagar el 19 por ciento de IVA, uno de los más altos a nivel internacional.

El diputado Aguiló dijo que se había heredado una estructura injusta. Bueno, le digo que, con su voto, la está haciendo más injusta y no menos injusta.

Por eso, la fórmula para financiar este reajuste de pensiones es inaceptable. No es cierto que se habrá hecho un esfuerzo de 180 millones de dólares. No es así; todo el aumento de las pensiones va a ir consumo y a pagar IVA. Por lo tanto, cuando el Estado dice que va a invertir 180 millones de dólares en pensiones, está jugando chueco, porque de esa inversión va a recibir de vuelta, al menos, 34 millones de dólares, debido a que todo esto va a consumo. Por eso es el impuesto más regresivo.

En el tercer tomo de un importante tratado de Derecho Tributario chileno se nos señala que el IVA es el impuesto a través el cual el Estado le quita una a una las plumas al ganso sin hacerlo graznar, porque no se da cuenta. Chilenos que hoy reciben menos de 400 mil pesos mensuales, que son la inmensa mayoría de nuestro país y que, por ende, no pagan renta, trabajan los tres primeros meses y medio de cada año para el Estado; sólo a contar del 19 de abril lo empiezan a hacer para sus familias, porque el resto se va completamente en IVA.

No se trata de confundir las cosas en un gran debate tributario sobre impuesto de primera categoría, global complementario, royalty, impuesto específico, etcétera. Seamos claros: ustedes, con sus votos, están subiendo el impuesto más regresivo que existe y, con ello, afectarán a los más pobres de nuestra Patria.

Termino mi intervención recordando las palabras de Benjamín Franklin: “En este mundo no hay nada cierto, salvo la muerte y los impuestos.”

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , este es el primer proyecto que tiene directa relación con los compromisos contraídos durante la campaña presidencial.

La mayoría de los parlamentarios que estamos en esta Sala, especialmente los de la Concertación, escuchamos a los ciudadanos y nos comprometimos con sus requerimientos, con la urgencia de aumentar las pensiones; con la necesidad de crear más guarderías infantiles para las madres trabajadoras y con la necesidad de aumentar los subsidios habitacionales. En definitiva, con la necesidad de que el Estado vaya en ayuda de los sectores más desposeídos, de los impedidos y de los pensionados.

Hoy, con este proyecto, estamos respaldando los compromisos adquiridos durante la campaña. Algunos ponen peros al respaldo de dichos compromisos. No hay pero que valga, porque los compromisos se adquirieron; se obtuvieron votos y estamos en esta Sala porque fuimos elegidos para respaldar un programa de gobierno en el que se comprometió la entonces candidata a la presidencia Michelle Bachelet , quien sacó la mayoría de los votos. La Oposición, aunque respaldó a otro candidato, también adquirió el compromiso de mantener el IVA; por lo tanto, tiene la obligación de ser consecuente y respaldar el proyecto nacional que mayoritariamente los chilenos aprobaron. El proyecto comprometido sólo se financia con aquellas medidas expresadas en el programa de gobierno de la entonces candidata, en el que señaló que no habría cambio en la estructura tributaria. Sin perjuicio de ello, ojalá la Derecha tuviese la voluntad de revisar la estructura tributaria, el global complementario, el impuesto de primera categoría; esa estructura que permite que las empresas paguen un 17 por ciento en circunstancias que las personas llegan a pagar un 42. Si realmente quieren debatir la estructura tributaria, hagámoslo; pero en serio.

Con este proyecto, que aumenta las pensiones en 10 por ciento, no se va a resolver el problema de las carencias de los pensionados ni la pobreza. El gobierno de la Concertación les está entregando un 10 por ciento y no quitándoles el 10,6 como se hizo en épocas anteriores. Aun así, reconocemos que las pensiones son muy bajas. Para resolver este problema, debemos tener una discusión más profunda para determinar de dónde el Estado puede obtener más recursos para atender a los sectores más vulnerables de la población.

Lo anterior es consecuencia de lo que comprometimos durante la campaña.

La mayoría de los diputados que están sentados aquí, obtuvieron votos de los pensionados y de los sectores más carenciados que les permitieron llegar a la Cámara de Diputados para defender sus intereses. Por lo tanto, no hay pero que valga para no respaldar un proyecto integral, como éste, para atender a los pensionados y a quienes han estado en lista de espera durante mucho tiempo.

Una vez que el proyecto se convierta en ley, lo que era una opción o una posibilidad, se convertirá en un derecho garantizado para aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos del decreto ley que establece el régimen de pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos.

Si tenemos que discutir acerca de esos requisitos, si tenemos que modificar el instrumento que selecciona a los potenciales beneficiarios de programas sociales, hagámoslo. La Cámara ha aprobado numerosos proyectos de acuerdo, como un desafío a los gobiernos de la concertación y, con mayor razón, al actual, para cambiar dicho instrumento. En consecuencia, debatamos para poner cuanto antes en vigencia la ficha Familia que focalice de mejor manera, en los más necesitados, estos recursos que estamos poniendo a disposición del gobierno de la Presidenta Bachelet .

Por lo tanto, anuncio que nuestra bancada va a respaldar el proyecto, y pedirá que se envíen a tramitación otras iniciativas relacionadas con los compromisos adquiridos en la última campaña presidencial.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.

El señor ROBLES .-

Señor Presidente , como expresaron algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el proyecto viene a cumplir uno de los compromisos que la Presidenta de la República adquirió con el pueblo chileno. Por lo tanto, la jefa de Estado comienza su gobierno con una iniciativa que apunta a la médula de los más pobres, en particular de la gente de más edad y de menores recursos, de manera que puedan tener algo más de libertad para desarrollar una mejor vida.

A fin de mes, cuando el proyecto sea ley, el 90 por ciento de los jubilados del INP verá aumentadas sus pensiones en 10 por ciento.

El proyecto solucionará problemas de las personas mayores más carentes, de esos ancianos que, debido a sus dificultades de salud, gastan más que los jóvenes.

Tal como han dicho algunos diputados, este es un gran proyecto y, de acuerdo con lo que se ha escuchado, todos los colegas van a apoyarlo.

Sin embargo, algunos ven problemas en el artículo 7° del proyecto, que pretende mantener el financiamiento para los programas sociales. Mantener un impuesto, que sí nos parece regresivo, no significa aumentarlo, como ha dicho la Derecha. Cuando discutimos esta materia en el período legislativo anterior, dijimos que el aumento del IVA nos parecía inadecuado y que debía revisarse el tema tributario, sobre todo de las grandes empresas. Sin embargo, no existió acuerdo político porque la Derecha no lo concedió, y al final terminamos aumentando el IVA a 19 por ciento.

Deseo llamar la atención respecto de lo que expresó nuestra candidata, hoy Presidenta de la República , durante la campaña, y que ayer recordó Canal 13. Dijo que no imaginaba cómo podría mejorarse la seguridad ciudadana y aumentar los cupos de Carabineros, cómo podría reformase el sistema de pensiones, y así favorecer sobre todo a los más pobres; cómo podría aumentarse la cobertura del plan Auge a ochenta patologías al final del período, cómo podrían construirse salas cuna para los hijos de las mujeres trabajadoras y cómo podría contarse con nuevos consultorios de salud para atender mejor a la población con menores recursos, si no se mantenía el IVA en 19 por ciento. Por lo tanto, en su programa de gobierno, propuso mantenerlo en su actual porcentaje, y la Concertación la respaldará.

Me llaman la atención las intervenciones de los diputados de Derecha. Hace no más de cuatro meses respaldaban a su candidato, señor Piñera , quien ayer, en canal 13, reiteró que su programa proponía mantener el IVA en 19 por ciento. Durante la campaña, todos los diputados de Renovación Nacional decían en los distritos lo mismo que su candidato, y hoy, en cambio, van a votar en contra el artículo 7°. ¿Qué consecuencia tiene la gente de Derecha con sus propios candidatos? Ninguna. ¿Se puede creer en ellos en futuras candidaturas? Creo que no.

Esto es muy importante para la ciudadanía. Cuando se es consecuente con lo que se dice y hace, efectivamente se gana el respeto de la ciudadanía. Pero los candidatos de Derecha no lo son.

Ayer, el Canal 13 volvió a exhibir la entrevista en la cual el señor Lavín señaló que mantendría el IVA en el porcentaje del 19 por ciento. En la Comisión de Hacienda, el diputado Álvarez afirmó que Joaquín Lavín jamás lo había dicho. Pero la televisión mostró claramente cuando el señor Lavín dijo que para sostener los programas sociales que pretendía impulsar en Chile, mantendría el IVA en el porcentaje actual. Sin embargo, la UDI votará en contra de esa medida; es decir, deja sin piso al señor Lavín respecto de sus propuestas como candidato. Eso es lo que siempre hace la Derecha: dice una cosa, pero finalmente hace otra, tal como lo veremos en esta Sala en algunos minutos más.

Respecto del planteamiento de que con los recursos del cobre se pueden financiar los aumentos de estas pensiones, el ministro de Hacienda fue muy claro. El desarrollo social de los más pobres se debe mantener con los recursos permanentes y con los recursos del cobre se debería financiar, a mi juicio, la construcción de nuevos hospitales, en Maipú, en La Florida, en Copiapó, etcétera, y no privatizarlos o concesionarlos a la empresa privada. En “El Mercurio” de hoy aparece un artículo que expresa que lo razonable sería privatizar los hospitales.

Los recursos del cobre deben ser usados para hacer inversión en la gente.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE ( doña Isabel).-

Señor Presidente , sumo mi voz, tal como lo ha hecho mi bancada, para señalar lo importante que es para nosotros ver cómo nuestra Presidenta , Michelle Bachelet , cumple los compromisos asumidos como candidata presidencial. Esto es muy importante, porque cuando se es candidata es muy fácil hacer promesas y después, cuando se asume la más alta responsabilidad, la primera magistratura de la nación, también es fácil olvidarlas.

Respaldamos plenamente a nuestra Presidenta. Además, éste es el primer proyecto de su Gobierno que ingresa a la Cámara de Diputados, que tiene un claro contenido social. ¿Qué puede ser más importante que impulsar un reajuste extraordinario de las pensiones más bajas -tan escasas en cobertura y que tiene a muchas personas en lista de espera- y garantizar el derecho a acceder a ella a las personas que carecen de recursos y que deben cumplir con ciertos requisitos?

Me interesa destacar que ésta es sólo una de varias iniciativas que apuntan a lo que, a mi juicio, constituye la esencia del proyecto estratégico de la Presidenta para nuestro país y que mantuvo durante toda su campaña: avanzar hacia una verdadera red social integral, que tanta falta le hace a nuestra sociedad, especialmente al panorama regional latinoamericano.

Observemos brevemente la realidad de América Latina, porque no basta con pensar sólo en nuestro país. En un informe de la OIT, de 2003, se destacan ciertos déficit, como el nulo progreso laboral, bajo crecimiento del producto, 11 por ciento de desocupación como promedio, disminución del poder adquisitivo de los salarios mínimos e industriales, aumento -fíjense: ¡aumento!- del porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza, que pasa de 43 por ciento, en 1999, a 49,3 por ciento en 2003; fuerte disminución de la cobertura social y un aumento del trabajo informal.

¿Por qué señalo lo anterior? Porque esa realidad nos duele, puesto que se trata de nuestra región, de América Latina. Pero también lo hago para destacar el grado de compromiso y responsabilidad con que la Concertación, durante dieciséis años, ha buscado la manera de armonizar el crecimiento económico con inversión social. Hemos sido muy cuidadosos y responsables frente a tantos desafíos y carencias. Lo importante es avanzar en el camino de la seguridad social.

Tenemos el compromiso de nuestra Presidenta -confirmado hoy por la ministra de Planificación, de lo cual nos alegramos- de cambiar el instrumento que selecciona a los potenciales beneficiarios de programas sociales.

Todos estamos de acuerdo en que la ficha CAS no sirve y que debemos buscar un instrumento que mida ingresos y no determinados bienes adquiridos durante muchos años.

También estamos de acuerdo en la importancia de esta discusión. Es necesario recordar que los candidatos hablaron sobre justicia social durante la campaña presidencial. Por ejemplo, Sebastián Piñera se comprometió a mantener el IVA en 19 por ciento, aunque no nos gusta como tipo de tributo, porque tiene características regresivas.

Hemos dicho que apoyaremos esta iniciativa, ya que es uno de varios proyectos importantes para el país, sobre todo para los más postergados. No se trata sólo del aumento extraordinario de las pensiones, de la cobertura de las pasis o de terminar con las listas de espera y llegar a 25 mil adicionales, sino que, como aquí se ha señalado, vamos a aumentar la cobertura para 20 mil niños en la educación preescolar, se va a aumentar la dotación policial en 1.500 nuevos efectivos, que era otro compromiso hecho en la campaña presidencial. Es decir, se están dando los pasos necesarios para formar una verdadera red de protección social, que es algo que callan los diputados de oposición.

Debo señalar que el gasto en pensiones mínimas garantizadas por el Estado, en las Pasis, en las pensiones administradas por el INP, en las pensiones de las Fuerzas Armadas o en el pago del bono de reconocimiento representó nada menos que un 6,64 por ciento del PIB en 2004. Asimismo, las pensiones mínimas garantizadas por el Estado han aumentado porque mucha gente no tiene cobertura.

Por lo tanto, vamos a aprobar el proyecto, porque nos preocupa la vejez, el desempleo y la exclusión. Esperamos que nuestros colegas de oposición estén disponibles para seguir discutiendo seriamente el tema tributario.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , a 24 días de que Michelle Bachelet asumiera la presidencia de la República ingresó a la Cámara de Diputados este proyecto de ley, que forma parte de las 36 medidas propuestas en su campaña presidencial.

Esto significa el comienzo de un sistema de protección social solidario, eficiente e integral. No es una casualidad que la iniciativa aumente las pensiones mínimas. El 90 por ciento de las pensiones del INP se verán incrementadas con este reajuste, lo que beneficia a más de 1 millón 200 mil chilenas y chilenos, que tanto lo necesitan.

Hay cosas importantes que destacar de la iniciativa. Por ejemplo, por primera vez el Estado va a garantizar una pensión mínima que superará los 100 mil pesos para mayores de 75 años. Además, aumenta el monto de las Pasis, establece el acceso automático a la pensión asistencial a una cantidad no menor de 25 mil personas.

Ahora bien, si no se aprueba el artículo 7° del proyecto, el porcentaje del IVA bajaría del 19 por ciento al 18 por ciento, a contar del 1 de enero de 2007.

Es necesario recordar que se aumentó el IVA al 19 por ciento, porque no hubo acuerdo para aprobar los impuestos específicos que financiaban el plan Auge.

El plan Auge cubrió 25 patologías en 2005, este año cubrirá 40 y el próximo, 56.

¿Cuál es la realidad del plan Auge? Terminó con el calvario de familias enteras que quedaban endeudadas por enfermedades catastróficas. Por ejemplo, en el hospital clínico regional de Concepción se dio cuenta la semana pasada de que Fonasa hizo un aporte de 3 mil millones de pesos en 2005 para subvencionar y financiar la atención de enfermedades catastróficas cubiertas por el plan Auge.

Quiero hacer una consulta en esta Sala a los 120 parlamentarios elegidos a través del voto popular: ¿Queremos que el plan Auge no tenga financiamiento permanente en el futuro?

Soy partidario de aprobar el artículo 7º, porque eso permitirá aumentar en 1.500 la dotación de carabineros por año hasta completar un total de 6 mil, contar con mayor infraestructura y más seguridad, lo que todo el mundo está solicitando. Además, se podrá aumentar la cobertura de enseñanza prebásica, para que no se siga discriminando en favor de quienes tienen acceso a ella, ya que esos niños tendrán un mejor desarrollo humano, personal y profesional en el futuro. Asimismo, se deben cumplir las 36 medidas anunciadas, entre las que destaca el tema previsional como el más importante, respecto del cual se ha fijado un plazo para formular proposiciones.

Se dice que esto es un cheque en blanco, pero se olvidan de que debemos tramitar el proyecto de ley de Presupuestos de 2007, que ingresará al Congreso en septiembre próximo, momento en el cual todos tendremos la posibilidad de discutir las partidas y las glosas presupuestarias correspondientes, las que significarán una vida más digna para más de 2 millones de chilenas y de chilenos.

Por otra parte, debo señalar que aquí se está coartando la posibilidad de discutir esta prórroga.

En consecuencia, votaremos favorablemente el proyecto de ley, que beneficia a una inmensa mayoría de chilenas y de chilenos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, no pretendo insistir en los argumentos que se han dado en favor de la justicia que tiene

el aumento de las pensiones mínimas y asistenciales, sino que quiero referirme a la historia, consecuencia y credibilidad que tiene el mantenimiento del IVA en el 19 por ciento.

Recordemos que el aumento del IVA surgió porque el gobierno del entonces Presidente Lagos planteó la necesidad de financiar la reforma de la salud, que comprendía el plan Auge, y el sistema de protección Chile Solidario con un paquete de impuestos que, en su idea original, contemplaba el aumento de las tasas aplicables al tabaco, a los alcoholes, al IVA, al diésel y a una serie de otros artículos, lo que no prosperó en el honorable Senado, con excepción del aumento del IVA.

En la mañana estuve en la biblioteca del Congreso, con el fin de refrescar la memoria colectiva sobre lo que dijo el entonces Presidente Ricardo Lagos en el mensaje con que ingresó ese proyecto al Congreso, que señalaba lo siguiente: “Para materializar este esfuerzo, se propone un moderado incremento transitorio de un punto porcentual en la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), escalonado en dos etapas.”

Más adelante agregaba: “El proyecto de Ley que someto a vuestra consideración consagrará explícitamente la transitoriedad del alza del IVA, definiendo el retorno de la tasa de este impuesto a su nivel actual en 2007”.

Esto fue firmado por Ricardo Lagos Escobar, Presidente de la República, el 11 de junio de 2003.

El diputado señor Lorenzini , Presidente de la Comisión de Hacienda , al informar de este proyecto en la Sala, en la sesión 9ª, celebrada el miércoles 18 de junio de 2003, señaló: “En primer lugar, un alza del IVA de medio punto en septiembre de este año y de otro medio punto en marzo del próximo, pero en forma transitoria, por tres años, medida que terminará el 31 de diciembre de 2006, a diferencia de otras alzas anteriores, en que el Presidente de la República -quienquiera que sea el 2007- está facultado por ley para prorrogarlas. En este caso, queda expresamente establecido que este aumento termina el 31 de diciembre de 2006, y cualquier modificación del 19 por ciento deberá ser por ley. De manera que se sube parcialmente el IVA en dos medios puntos separados por seis meses.”

Ésos fueron los antecedentes con los cuales ese proyecto se votó en la Cámara de Diputados y en el Senado; ésos fueron los elementos que tuvieron a la vista los diputados de la Concertación que aprobaron el alza del IVA en ese minuto. La esencia del compromiso de gobierno de la Concertación fue establecer la transitoriedad del alza de ese impuesto. ¿Habrían votado de la misma forma los diputados de la Concertación si el Presidente Ricardo Lagos les hubiera dicho que ese aumento era permanente?

Sin embargo, ahora nos cambian las reglas del juego, con lo que se pone en duda la credibilidad de la autoridad pública y del Congreso Nacional.

He escuchado a los diputados señores Aguiló, Alinco y Tuma señalar que aprobar este proyecto es un compromiso de lealtad hacia la Presidenta Bachelet , quien anunció durante el desarrollo de su campaña presidencial que el otorgamiento de este beneficio estaba contemplado en su programa de Gobierno.

El diputado Alinco dijo: “La compañera Bachelet ha prometido esto y vamos a cumplir”. ¿Y qué pasa con lo que expresó el compañero Lagos, de que el aumento del IVA era transitorio? ¿Eso no existe?

En definitiva, un gobierno de la Concertación, encabezado por una Presidenta socialista le enmienda la plana al anterior, dirigido por el entonces Presidente Ricardo Lagos , también socialista. ¿Con qué compañero nos quedamos? ¿Con el que le afirma al Congreso Nacional que el aumento del IVA es transitorio o con la compañera Bachelet , que dice que es definitivo? Ésa es la disyuntiva.

Los veo acongojados, queridos colegas. ¿Irán a sus distritos la próxima semana y les dirán a sus electores: “Vengo contento porque voté para subirles el IVA”? Díganles la verdad: “Voté para incrementar en un 10 por ciento sus pensiones, pero también para subirles el IVA, porque soy consecuente con la Presidenta Bachelet , no con el entonces Presidente Lagos .”

Este tema pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo frente al Congreso Nacional. ¿Podemos creer a futuro cuando la autoridad de gobierno nos diga algo así? Yo no le creeré más -perdónenme que lo diga-, al menos en temas tributarios.

Tienen el chanchito lleno y quieren seguir llenándolo. Están repletos de recursos; el precio del cobre nos sorprende todos los días y nos aporta más plata. Dijeron que el aumento del IVA era necesario porque caían las recaudaciones por aranceles. Sin embargo, ahora vuelven a aumentarlo.

La credibilidad del Congreso Nacional y la del compañero Lagos han sido cuestionadas por la compañera Bachelet y los diputados de la Concertación han avalado ese cuestionamiento.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG (don Nicolás).-

Señor Presidente , molesta enfrentarse a un proyecto de esta naturaleza, porque algunos diputados de la Concertación y el Gobierno han hecho un gran esfuerzo por presentarlo en forma muy distinta a lo que realmente es. En concreto, aquí hay dos proyectos distintos: uno, que sube el IVA a partir de 2007, y otro, que establece reajustes a las pensiones. El Gobierno ha dicho que están vinculados, que el alza de impuestos es para financiar las nuevas pensiones asistenciales, el acceso automático y los reajustes. Sin embargo, no hay cifra que pueda respaldar esa aseveración, porque el costo total de lo que hoy se está presentando no es ni un tercio de lo que en un año va a recaudar el Gobierno con esta alza del IVA. El costo de esos beneficios asciende a 180 millones de dólares y el Gobierno va a recaudar 600 millones de dólares. Y no estoy considerando los 300 millones de dólares que heredó esta administración de la anterior. En el punto 4 del plan 100 días a que se comprometió la candidata Michelle Bachelet , que muchos dicen honrar aquí, se establece que con esos 300 millones de dólares de libre disponibilidad se reajustarán las pensiones, pero no se menciona que para ello se aumentará el IVA. Sin embargo, parece que todo eso se olvidó, pues se señala que hay que subir el IVA para reajustar las pensiones.

El ministro ha justificado esto diciendo que se tiene que subir el IVA a partir de 2007 para cuando falte plata más adelante, pues se trata de un beneficio permanente. Yo le digo al señor ministro que no se preocupe, porque dicho reajuste está financiado para los años 2006 y 2007. Entonces, analicemos la necesidad de incrementar el IVA a fines del próximo año, cuando discutamos el presupuesto de 2008. Me parece absurdo subirlo hoy, en una iniciativa con urgencia calificada de discusión inmediata, cosa que nunca antes se había hecho.

El proyecto también se refiere al acceso automático a las pensiones. Recuerdo lo que se decía durante la campaña: las personas que no tengan acceso a una pensión o no reciban subsidio podrán tener acceso automático a esos beneficios al cumplir 65 años. Sin embargo, el proyecto no dice nada respecto de quiénes van a recibirlo y qué requisitos tendrán que cumplir. Todo lo remite a un reglamento. Por ello, me gustaría que en esta Sala no se votara sin que el ministro diga cuántos serán los beneficiados y qué puntaje se va a exigir para acceder a las pensiones asistenciales. El único dato que nos dieron en la Comisión es que se va a beneficiar a 25 mil personas, por ende, se trata de 25 mil nuevas pensiones. Pero si analizamos la ficha Casen, se puede constatar que en el primer quintil, el más pobre de Chile, figuran 45 mil personas de 65 años que no reciben ni una sola pensión. O sea, estamos anunciando un acceso automático que no cubrirá ni siquiera la mitad del quintil más pobre del país.

Además, no he sabido de ningún parlamentario que no critique el sistema de la ficha CAS. Se ha dicho que es malo, discriminatorio e injusto. La Concertación ha tenido la oportunidad de modificarlo desde hace tres años y no lo ha hecho. Sin embargo, la gran reforma tributaria que mejorará las pensiones de tanta gente se hará a través de un método que todos calificamos de injusto. Me parece poco serio.

Lo que más molesta es que con este proyecto el erario está recibiendo en sus arcas mucho más de lo que el Estado va a entregar. Probablemente, si fuera cierto lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que con estas platas se van a reajustar las pensiones, éstas debieron ser reajustadas en 30 por ciento. Sin embargo, apenas se incrementarán en 10.

Entonces, alguien va a tener que explicar por qué en un país que tiene un superávit histórico se siguen subiendo los impuestos. En verdad, hoy se ha elegido aumentar el peor de los impuestos, el que más daña a la gente de escasos recursos.

Respaldamos el reajuste de las pensiones y exigimos que ojalá sea lo más preciso posible y que en otra oportunidad no se obligue a la Cámara a aprobar una reforma tributaria de esta magnitud en un proyecto con urgencia calificada de discusión inmediata, menos cuando no se dice claramente en qué se van a gastar los recursos.

Por eso, votaremos en contra la disposición referida al tema tributario.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Núñez.

El señor NÚÑEZ .-

Señor Presidente , quiero manifestar mi satisfacción y alegría por el debate de este proyecto y porque en pocos momentos vamos a hacer historia respecto del establecimiento de políticas públicas correctas en nuestro país.

Me gustaría que, particularmente los diputados de la Derecha, analizaran el contexto socioeconómico en que estamos aumentando las pensiones asistenciales y mínimas. Chile tiene un perfil socioeconómico único en el mundo. Actualmente tenemos un ingreso per cápita anual de alrededor de 6 mil dólares, equivalente a los de Hungría y de Polonia en la actualidad y a los de España hace 15 años y de Portugal hace 10 años. Pero, en términos de equidad, tenemos niveles de países africanos. ¿Qué hemos hecho desde 1990 para cambiar esta realidad de inequidad? Focalizar por la vía de políticas públicas, como la jornada escolar completa en educación, el subsidio vivienda social dinámica sin deuda, la protección social asociada a la salud, con un costo conocido, y la gratuidad en las patologías Auge de la reforma de la salud.

¿Qué nos queda por hacer? Favorecer directamente el bolsillo de los más pobres, aumentando las pensiones mínimas y asistenciales. Éste es el reajuste de pensiones más alto desde 1990. En promedio, aumentaron en 6 por ciento en el sexenio del Presidente Frei y en 9 por ciento en el del Presidente Lagos . Ahora, a pocos días de asumir la Presidenta Michelle Bachelet , ya hay un proyecto para aumentarlas en 10 por ciento, que, espero, será aprobado.

Pero la crítica de la Derecha, de los diputados Melero y Dittborn , tiene que ver fundamentalmente con la mantención de una tasa del IVA de 19 por ciento. ¿Cuándo fallan las políticas públicas? Entre otras cosas, cuando, además de la burocracia o la incapacidad del diseño, existen mandatos no financiados. Sin embargo, aquí hay una propuesta responsable que permite financiar, en el largo plazo, el aumento de pensiones.

Por el contrario, hay ejemplos que grafican cuando se legisla mal y hay mandatos no financiados. Hace años, el Congreso votó el derecho de todos los chilenos a recibir atención de urgencia sin tener que presentar un cheque en garantía. Pues bien, después de años de evaluar esa ley, vemos que parte importante del endeudamiento de los servicios de salud tiene que ver con la incapacidad de financiarla en el largo plazo. Pero no es el caso del reajuste de las pensiones, existe superávit fiscal, que nos coloca como una sociedad de ingresos medios que, con disciplina y solidaridad, es capaz de acordarse de los más pobres, de los adultos mayores y de cubrir una deuda histórica.

Por último, hay un compromiso político que debemos honrar. En este sentido, Michelle Bachelet se convirtió en Presidenta de Chile sosteniendo que el IVA se mantendría en las actuales tasas para financiar éste y otros proyectos sociales. Por eso, se ganó la confianza de la mayoría de los chilenos.

Quiero pedir que revisemos la planificación efectuada por el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos y la Superintendencia de Seguridad Social respecto del impacto que tendrá en los quintiles más bajos -quinto y cuarto- la recaudación del 19 por ciento del IVA.

Por lo tanto, anuncio que con orgullo vamos a colaborar con nuestro voto favorable al proyecto de ley, porque va al fondo de un país que crece y se consolida como una sociedad que alcanzará el desarrollo en el mediano plazo y que lo hará, además, con políticas públicas focalizadas, solidarias y capaces de revertir la inequidad enorme en los ingresos de las personas.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero aclarar a los diputados Dittborn y Galilea, que dijeron que el informe no tuvo la objetividad habitual, que no existe informe de la Comisión de Hacienda, sólo un certificado de la secretaría. En segundo lugar, que en la Comisión no hubo indicaciones; sólo se hizo un debate general. Al comienzo del informe señalé que presentaría el debate de la Comisión sobre los tres ejes que se consideraron, a saber, el reajuste, las pensiones asistenciales y el IVA. La objetividad tiene que ver con el desarrollo del debate, y éste dejó claro que hubo posiciones del Ejecutivo, de los diputados de Gobierno y de la Oposición. Traté de expresar esta cuestión, sin tener el informe, del modo más fiel posible.

Aquí no nos podemos engañar, pues hay una historia en la cual la Derecha, particularmente la UDI, ha estado permanentemente en contra de abrir un debate real y a fondo sobre el tema tributario. Por ejemplo, hace poco votó en contra de la idea de legislar sobre la revisión de la franquicia tributaria a la construcción.

Aquí hay acuerdo unánime respecto del reajuste de pensiones y de garantizar el derecho a la pensión asistencial. Toda la discusión está centrada en el financiamiento y, en consecuencia, en el tema tributario.

Algunos no quieren que haya financiamiento en el proyecto -lo que parece inconsistente-, porque estaría considerado en el Tesoro Público. Pero la pregunta de rigor es cómo se financiará los años posteriores, ya que es propio de una iniciativa de ley de estas características considerar un período más largo.

Se dice también que hay cheque en blanco, pero esto es para 2007 y, por tanto, en el Presupuesto para ese año habrá que ver cómo se asignarán los 600 millones de dólares por concepto de ingresos fiscales que se mantienen del IVA a los distintos programas. Por lo tanto, no hay cheque en blanco.

Otros señalan que el IVA no es la mejor fuente de financiamiento y preferirían otra. Muchos estamos de acuerdo en eso. El IVA no es lo mejor; tiene problemas de regresividad, pero es lo que tenemos hoy, porque no se trata de aplicar un nuevo impuesto; tiene un efecto de corto plazo y por eso todos los candidatos a la Presidencia de la República lo plantearon como algo que había que mantener porque estaba operando, tenía resultados en el corto plazo y permitía financiar en el corto plazo. Es algo de Perogrullo.

Pero luego de escuchar algunas intervenciones, queda claro que el debate real no es sobre este proyecto. En su minuto, los candidatos a la Presidencia de la República plantearon muchas reformas sociales de envergadura: incorporación de patologías en el Plan Auge, las salas cunas, seguridad ciudadana, etcétera, lo que requería financiamiento, que proviene del crecimiento económico, de modificaciones tributarias de distinta naturaleza.

Sin duda, necesitamos una reforma previsional de envergadura, que también requiere gran financiamiento. Además, se dice que la actual estructura tributaria y de cargas públicas es injusta para los sectores más pobres y medios, porque a estos últimos se les cargaron 200 mil millones de pesos por concepto de financiamiento compartido en educación.

En consecuencia, tenemos que hacer una revisión de todo esto.

Propongo la creación de una comisión destinada a evaluar a fondo la reforma tributaria, para reequilibrar impuestos directos con indirectos, para revisar las franquicias, para hacer un trabajo serio que nos permita acompañar la reflexión que seguramente hará el Ejecutivo . Ello sería consistente de acuerdo con el debate, que no ha versado sobre el proyecto, sino fundamentalmente sobre la estructura tributaria y la necesidad de tener algo más justo para los sectores medios y de bajos ingresos.

Termino mi intervención complementando el informe de la Comisión de Hacienda.

Algunos diputados me preguntaron un dato que no estaba contenido en el informe: ¿Qué pasa con la gente del sistema de AFP? Hay 71.063 pensionados que hoy tienen garantía estatal, 37.100 por retiro programado; 29.600 por renta vitalicia y 4.302 por un seguro. En febrero, ello significó al Estado 3.733 millones de pago en garantía estatal. En el proyecto se contemplan 400 millones de pesos adicionales para reajuste.

Habrá 15 mil personas pertenecientes al sistema de AFP a quienes se les terminarán las rentas vitalicias. Ahí debe comenzar a operar la garantía estatal. Este proyecto también beneficia a quienes les disminuye la renta vitalicia. Primero tendrán que recurrir al complemento y después a la garantía estatal.

La iniciativa es importante para un gran segmento de personas -cerca de 106 mil- que pertenecen al sistema de AFP, porque les permitirá incrementar la base de sus ingresos.

He dicho.

El señor LEAL ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor José Pérez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , este primer proyecto enviado al Congreso por la Presidenta de la República , Michelle Bachelet , a pocas semanas de haber asumido el cargo, es tremendamente importante. Es un proyecto emblemático y apunta a resolver los problemas de la gente de más escasos recursos.

Por consiguiente, los diputados de la Concertación estamos dando cumplimiento al compromiso contraído con la gente de nuestros distritos, que en forma permanente nos plantea sus preocupaciones, inquietudes y necesidades como, por ejemplo, el drama que vivieron en el pasado al perder un reajuste de 10 por ciento. Asimismo, se dice que hay personas que tienen derecho a salud gratis por razones de edad, pero no es tan así, porque se les está haciendo un descuento por dicho concepto de 7 por ciento. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos bajar ese descuento en 3 ó 4 por ciento y en una segunda etapa eliminarlo, porque no tiene ningún sentido hacer un descuento por concepto de salud a aquellas personas que durante toda su vida cotizaron para que se les atendiera en la etapa final de sus vidas.

Este proyecto social apunta a mejorar las pensiones más bajas, las pensiones asistenciales y a aumentar notablemente el número de quienes puedan acceder al beneficio. En lo sucesivo, quienes califiquen con el sistema de medición que se establezca, que se mejorará en relación con el que actualmente existe, la ficha CAS, que es sumamente injusta, accederán automáticamente a la pensión asistencial. De las 7 mil pensiones que hoy se pagan a lo largo del país, llegaremos a una cifra cercana a las 30 mil. De manera que cuando se dice que vamos a mantener -no a subir- el IVA que hoy tenemos, es para enfrentar o resolver problemas tan importantes como los que estamos discutiendo, que tienen un costo, por cuanto es necesario saber de dónde saldrán los recursos. Por eso, el IVA se mantendrá en 19 por ciento.

Por ello, quiero pedir a nuestros colegas de la Oposición que no anden con medios días, sino con días completos. No podemos decir que algo nos gusta o que estamos de acuerdo, pero que ocurre tal cosa. La palabra “pero” se emplea cuando no se quiere encontrar lo positivo en un proyecto como éste. Debemos recordar que, desde 1974 -año del cual hacen gratos recuerdos los colegas de la Oposición-, hasta 1987, el IVA se mantuvo en 20 por ciento y nunca nadie hizo crítica alguna sobre el particular ni se nos dijo qué se iba a hacer con esos recursos. Hoy se ha descubierto que no fueron muy bien empleados. Pero, ahora, cuando decimos que el IVA se mantendrá en 19 por ciento, es para satisfacer necesidades sociales como el reajuste a las pensiones asistenciales más bajas, el aumento de la dotación de carabineros y la mantención de ochocientas nuevas salas cunas. Espero que en un futuro no muy lejano podamos eliminar esos impuestos, que afectan a las personas de más escasos recursos. Ojalá el país esté en condiciones de hacerlo, porque seríamos los primeros en aprobar una iniciativa de esa naturaleza, que es de plena justicia. Pero hoy debemos trabajar con las herramientas que tenemos a nuestro alcance.

Por lo tanto, los radicales apoyaremos con fuerza y entusiasmo este proyecto, el cual resuelve los problemas de nuestros compatriotas de más escasos recursos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.

El señor SAFFIRIO .-

Señor Presidente , creo que hay unanimidad en esta Cámara en el tema del reajuste de pensiones y no podría ser de otra manera. Sin embargo, el debate demuestra que, tras ese aparente consenso, hay una diferencia muy sustantiva entre la manera en que la Concertación y la Oposición abordan el tema.

Hoy, la Derecha está en un proceso de psicoanálisis para entender por qué ha perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas.

Como un aporte a De la Maza y a otros dirigentes de la Derecha, debo reconocer que, a diferencia de otros países de América Latina, un tema clave es que el país todavía tiene una densidad cívica que le permite distinguir muy bien las propuestas serias del simple populismo, que es una enfermedad que cruza transversalmente todas las ideologías políticas. Hay populismo de Izquierda, de Centro y de Derecha.

Estamos frente a un ejemplo muy claro de lo que la ciudadanía repudia. Por eso, la Concertación ha contado con el apoyo mayoritario durante todo este período de recuperación democrática.

Queremos más caminos, más subsidios para los pueblos degradados, más becas, la incorporación de más enfermedades al plan Auge, el mejoramiento de las pensiones, el aumento de la dotación de carabineros, en definitiva, resolver los déficit que tiene esta sociedad. Pero para ello se requieren recursos, no es creíble en ningún lugar del mundo decir que vamos a hacer todo esto y, además, que bajaremos los impuestos.

En Estados Unidos, el ex presidente Reagan prometió bajar los impuestos y aumentar el gasto público, no para hacer política social, porque su gobierno representaba a la extrema derecha, sino para aumentar el gasto militar. ¿Cuál fue el resultado? El inicio de una carrera armamentista y un déficit fiscal del que todavía no salen, a pesar de que durante la administración de Clinton se redujo bastante.

En Chile, una mayoría dura, un 55 por ciento de los votantes, se da cuenta de que detrás de las propuestas de la Derecha no hay seriedad, sino populismo.

El diputado Melero habló del “compañero Lagos”, de la “compañera Bachelet ”, pero quiero recordarle que el “compañero Piñera” y el “compañero Lavín” también dijeron que iban a mantener el IVA en 19 por ciento.

La diferencia entre la coalición de Oposición y la de Gobierno es que nosotros respaldamos a nuestros gobiernos.

La Presidenta Bachelet se comprometió con un programa de Gobierno. El pueblo en democracia votó un mandato y un programa que establecía que el IVA se iba a mantener, porque no hay certeza de poder financiar los 6 mil millones de dólares que significa el programa de gobierno con sus nuevas medidas de protección social sin los 1860 millones de dólares que significa un punto de IVA el 2007, 2008 y 2009 -620 millones de dólares por año-. El país votó ese programa en forma transparente; la Presidenta quiere aplicarlo y los parlamentarios de la Concertación la apoyaremos, porque entendemos que el pueblo, informadamente, en los debates democráticos y en la elección, así lo ratificó.

Pero ha surgido un tema de fondo. Aquí quiero cobrarle la palabra a la Derecha. Tenemos una estructura tributaria injusta, que se ha mantenido por razones que no es posible analizar en este momento y por una conducta permanente de la Oposición que busca evitar un avance en el programa de gobierno. Por ejemplo, nos interesa revisar las franquicias, las exenciones. Quisiera contar con los votos de la Derecha para terminar con los impuestos indirectos, porque son complejos y obligan a hacer todo un juego de políticas públicas, a fin de que lo regresivo en la recaudación no tenga un efecto contrario en la distribución. Pero eso significa apoyar el alza de otros impuestos para compensar. Ahí veremos si hay seriedad, consistencia y si queremos avanzar hacia una sociedad más igualitaria, con menos pobres, o si se trata simplemente de demagogia.

Además, hay otros cambios que se proponen en el programa de gobierno para ayudar a que los mercados funcionen de manera adecuada, a que haya equidad y a que se termine con conductas oligopólicas o monopólicas que van en desmedro de los consumidores.

Hay otras medidas vinculadas a la protección del mundo del trabajo que suponen la entrega de recursos para fiscalizar su cumplimiento. Me gustaría que todo lo que se dice en las campañas y en esta Sala, acerca de que aspirar a una sociedad más justa, más igualitaria, con menos desigualdades, tenga más coherencia y no sea sólo retórica, demagogia. Para eso es necesario entregar los medios al Estado, a través de un cambio en la estructura tributaria -en ese sentido, me parece buena la propuesta del diputado Montes- para que sea creíble, porque eso permitirá saber si la Derecha puede ser alternativa de Gobierno en el futuro, si lo que dice es serio, consistente, o es sólo un artilugio electoral para ganar votos.

He dicho.

El señor LEAL ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para prorrogar la sesión hasta las 15.00?

Acordado.

Tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi.

La señora ISASI (doña Marta).-

Señor Presidente , estamos dando un gran paso, un paso histórico para las familias chilenas en lo que dice relación con las pensiones asistenciales. Sin embargo, me preocupa sobre manera que pretendamos reajustar en 10 por ciento las pensiones más bajas -ojalá hubiera sido más, porque una familia no puede vivir con 40 mil pesos, que es el monto de una pensión asistencial-, sin fijarnos en el instrumento que se utiliza para seleccionar las personas que pueden acceder a ellas. Me refiero a la famosa ficha CAS o ficha familiar, como se le llama ahora.

Me preocupa tremendamente esta situación, ya que dicho instrumento mide pobreza absoluta, esto es, el acceso a bienes, y no la pobreza relativa, como debería ser en un país que crece al 6 por ciento, aunque ese crecimiento no llega a los más pobres ni a la clase media. Lo que se debe medir es el acceso real a la salud, a la vivienda, a la educación, a las pensiones asistenciales.

Voy a poner como ejemplo los subsidios habitacionales o los fondos solidarios concursables. Hay muchas personas que para acceder a esos beneficios se ven en la necesidad de mentir, ya que de lo contrario superarían el puntaje máximo exigido para postular.

Estamos por aprobar una iniciativa fantástica, pues reajusta las pensiones más bajas en 10 por ciento. Me parece excelente y creo que todos los parlamentarios presentes debemos aprobarla, pues sería una forma de dar cumplimiento al compromiso con la gente de nuestros distritos. No obstante, no me parece adecuado que se siga aplicando la ficha CAS, instrumento que considero perverso.

¡Cómo es posible que por haber aprobado cuarto medio a la gente le suba el puntaje a tales niveles que le impide acceder a estos subsidios del Estado! ¡Cómo es posible que miles de chilenas y chilenos deban mentir para acceder a una solución habitacional o a las prestaciones de salud! ¡Cómo es posible que en 2006, por tener un refrigerador -en mi distrito está la zona franca de Iquique, así que la mayoría de las familias cuentan con refrigerador, aunque sea usado-, no se pueda acceder a la ayuda del Estado! ¡Qué sacan con tener refrigerador si están cesantes y no tienen con qué llenarlo! Sin embargo, ese artefacto doméstico les sube tanto el puntaje en la ficha CAS que no tienen posibilidades de acceder a una solución habitacional, a prestaciones de salud, a las pensiones asistenciales, entre otros beneficios.

En consecuencia, considero que es tiempo de que nos pongamos las pilas y trabajemos como corresponde. ¡Cambiemos la ficha CAS! Que no quede, como le he escuchado a todos los que han intervenido, algo que está malo. Hace mucho tiempo que vengo escuchando a gente que denuncia este problema, sin que hasta ahora se haya hecho nada.

Hagamos las cosas como se debe y cambiemos la ficha CAS o ficha familiar, como se le llama hoy.

Quiero recordarle a la Sala que actualmente todos los chilenos pueden cursar la enseñanza media completa, ya que los liceos municipalizados entregan educación gratuita. Por lo tanto, no castiguemos a las personas por educarse.

Por otra parte, veo que el 10 por ciento en que se pretende incrementar las pensiones ya está financiado; existen los recursos para hacerlo. En consecuencia, no veo por qué hay que ligar la aprobación de la iniciativa con aspectos tributarios. Son temas independientes. No podemos mezclar peras con manzanas. Si están los recursos para reajustar las pensiones en 10 por ciento, debemos aprobar la iniciativa, pero no podemos aprobar un alza del IVA, porque eso perjudicaría a las familias de escasos recursos y de clase media.

He dicho.

-Aplausos.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI .-

Señor Presidente , cuando uno escucha la discusión, no puede dejar de lamentar que la Oposición haya centrado el debate fundamentalmente en la mantención del IVA en 19 por ciento.

No hay duda de que existen muchas razonas para mantenerlo. Sin embargo, ello empaña la profunda significación social de este proyecto, tan anhelado por la gente más sencilla y vulnerable de nuestra población como son los ancianos. Obviamente, hay que destacarlo en esa medida.

Todos estamos de acuerdo en que debemos mejorar el sistema de selección mediante la ficha CAS. El Gobierno tiene que abocarse a eso, porque es cierto que son muchas las personas que quedan excluidas, debido a que no son consideradas pobres porque tienen cuarto medio o porque poseen una casa. Eso hay que solucionarlo.

Esta iniciativa está demostrando que durante la última campaña el Gobierno no recurrió a estos temas simplemente para captar votos; los dio a conocer porque realmente creía que son fundamentales para solucionar los problemas de la gente más desprotegida. Por eso, se van a seguir implementando otras medidas. Es lo que quiere la Presidenta Michelle Bachelet y, sin duda, la vamos a acompañar en eso.

Aquí hay una cuestión que no podemos desconocer, y todos debemos trabajar para corregirla: que estamos ante un sistema económico profundamente injusto. Pero no es algo que podamos cambiar por ley; es el sistema que tenemos y debemos encararlo, pero con medidas de Gobierno que permitan ir acortando la profunda brecha de desigualdades que ha generado. ¿Y cómo se consigue acortar esta brecha? Con las medidas que adopte el Gobierno para solucionar los problemas sociales existentes: aumentar la cobertura de patologías del plan Auge, más créditos universitarios, más salas cunas, más programas de trabajo. El Gobierno tiene que adoptar estas medidas para enfrentar la profunda desigualdad que ha creado este sistema económico. Todos lo sabemos, y para eso se necesitan muchos recursos.

Le pregunto a la Derecha, ¿acaso pretende que sólo con el alza del precio del cobre se implementen las medidas necesarias para enfrentar las profundas desigualdades generadas por el sistema? Obviamente, desde el punto de vista económico, sería una brutalidad pretender tal cosa, y los que son economistas lo saben muy bien. Necesitamos más recursos, y para enfrentar el problema de las pensiones, por ahora, debemos mantener el IVA en 19 por ciento.

Estoy de cuerdo con lo que se ha dicho aquí, en cuanto a que no es un sistema muy grato; pero una discusión más profunda y serena, entre todos, Oposición y Concertación, podría conducir a una profunda y adecuada reforma del sistema tributario. Una vez que lleguemos a ese acuerdo, sin duda, podremos lograr que el IVA baje nuevamente. Es algo que tenemos que hacer entre todos, porque lo que queremos es que la gente que tiene menos pueda acceder a mejores oportunidades y que el Gobierno cuente con las herramientas necesarias para lograr ese objetivo. Si esperamos que el sistema económico le dé una solución, creo que pasarán muchas generaciones antes de que ello ocurra.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.

El señor URRUTIA .-

Señor Presidente , ante todo, quiero responder a algunos parlamentarios de Izquierda que han hecho alusión a palabras dichas por el candidato presidencial Sebastián Piñera durante su campaña, según las cuales se habría comprometido a mantener el IVA.

Efectivamente fue así, se comprometió a mantenerlo, pero nunca a subirlo. Lo que se está haciendo ahora es precisamente subirlo, y no mantenerlo, como aquí se ha querido hacer creer.

En sus intervenciones, he notado que todos están muy contentos con este reajuste que se va aplicar a las pensiones, pero yo no puedo dejar de expresar mi profunda decepción por el porcentaje en que se aumenta, porque lo considero miserable, no acorde con las reales necesidades de los adultos mayores.

Me gustaría saber si alguien en esta Sala le ha preguntado a algún adulto mayor si está contento con este reajuste que se les va a otorgar a través de este proyecto de ley. Por lo demás, no es del 10 por ciento, como se dice en el papel, porque hay que considerar que el IPC acumulado en el último año fue de 4 por ciento, a lo que hay que agregar el 1 por ciento en que quieren subir del IVA. Por lo tanto, el reajuste que se les va a entregar a los pensionados no es del 10 por ciento, sino que es un 5 por ciento real; no es más que eso.

Por otra parte, los recursos que se necesitan para financiar este proyecto alcanzan a los 180 millones de dólares, en circunstancias de que la mantención del IVA rendirá 600 millones de dólares. ¿No habría sido más lógico destinar esos 600 millones de dólares reajustar las pensiones de los adultos mayores? Ello habría significado un poco más del 30 por ciento; más o menos lo que ellos pretenden: que sus pensiones sean equivalentes al sueldo mínimo. ¡Esas son las pretensiones de los adultos mayores, y no esta porquería que les están dando a través de este proyecto! Esa es la verdad.

Una cosa más. A quienes han hablado sin parar del famoso programa presidencial del gobierno de Michelle Bachelet les puedo decir que si la candidata no hubiera actuado con demagogia como lo hizo en la campaña, y hubiera dicho que iba a subir en un 5 por ciento real las pensiones, les aseguro que habría perdido la elección.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado señor Renán Fuentealba.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente , quiero sumarme a los aplausos que este proyecto ha recibido, lo que demuestra, una vez más, la seriedad con que los gobiernos de la Concertación enfrentan los problemas sociales y, sobre todo, cómo cumplen los compromisos que todos asumimos durante la campaña.

Valoramos este esfuerzo financiero del Gobierno para beneficiar a un segmento de ciudadanos y ciudadanas de muy escasos recursos que habían esperado durante mucho tiempo estos mejoramientos. Asimismo, reconocemos los esfuerzos que han hecho los distintos gobiernos de la Concertación por mejorar la salud y la educación, por dar igualdad de oportunidades a miles de chilenos. Sin embargo, también debemos reconocer que falta mucho por avanzar.

Ojalá que este reajuste sea el principio de una atención preferente y continua del Gobierno hacia estos pensionados, y que al finalizar estos cuatro años las pensiones se acerquen lo más posible a un salario mínimo.

Los democratacristianos hemos expresado reiteradamente nuestra decidida intención de modificar la actual distribución de la riqueza. Especialmente, debemos y queremos devolver a la clase media su protagonismo en el desarrollo del país, beneficiarnos con su participación y compensar su sacrificio y austeridad.

Esta rectificación del modelo pasa, ciertamente, por elevar el monto de las pensiones, pero también por considerar ciertos beneficios por la vía tributaria. Por ejemplo, devolución de gastos educacionales, mayores becas para estudios básicos, medios y universitarios para hijos de hogares con ingresos inferiores a un millón de pesos; condonación de deudas a pequeños agricultores, incentivos y beneficios para jefas de hogar, incentivos para el desarrollo de las Pymes y ampliación del número de subsidios, por ejemplo, del agua potable.

Queremos más reformas al sistema económico actual. Nuestro país, luego de 16 años, ha alcanzado niveles de prosperidad que nos permiten atender ahora en estos cuatro años, en forma prioritaria las necesidades de los más pobres. Los democratacristianos nos sentimos con derecho a abogar por estos mayores beneficios.

La postergación y la pobreza no tienen rostro partidario. El Congreso Nacional debe asumir esta tarea con decisión, sin discusiones estériles y, ojalá, de manera transversal. El Gobierno y la Oposición deben cooperar para mejorar la situación económica y social que nos demandan millones de compatriotas.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente , lo primero que quiero decir es que este proyecto tiene un alto impacto social, pues beneficia a 1 millón 216 mil personas. Además, como lo señalaron los diputados de la Derecha, es histórico, porque tiene elementos muy importantes y se basa en una economía sana, de 15 años de política fiscal ordenada que le han dado más riqueza al país y de una férrea disciplina fiscal que nos ha permitido contar con estos 300 millones de libre disponibilidad.

Pero aquí no estamos aprobando un bono que se da una o dos veces al año; no estamos hablando de un aguinaldo, sino de hacer justicia social y de crear, mediante este primer proyecto de la agenda de protección social, una realidad completamente distinta para las personas más necesitadas.

Por esa razón, nos preocupan mucho las palabras de algunos parlamentarios de la Oposición, en particular cuando dicen que estamos frente a una escalada tributaria debido al alza del precio de los combustibles. Claro, en Chile suben, pero menos que en el exterior. Hay que considerar también que el precio internacional del petróleo está subiendo. Pero aquí hemos sido capaces -el Congreso Nacional contribuyó a ello- de aprobar la creación de un fondo de estabilización que ha funcionado bien.

Se ha hablado del caso de la Costanera Norte, pero eso no es un impuesto, sino una carretera administrada por privados que les cobran a quienes hacen uso de ella. También se mencionó el impuesto territorial, pero no se dijo que el 70 por ciento de los inmuebles urbanos quedaron exentos de su pago. Respecto del IVA ¿qué estamos haciendo? Lo estamos manteniendo en 19 por ciento. A mi juicio, aquí se ha perdido de vista el carácter permanente de los anuncios que hizo la Presidenta Michelle Bachelet y que mencionaron en sus campañas, no sólo los parlamentarios de Gobierno, sino que también muchos de Oposición.

Hay que reconocer que este proyecto es histórico, porque durante el gobierno del Presidente Frei, cuando nuestra economía vivía otro momento, como país fuimos capaces de otorgar reajustes del 6 por ciento. Durante el gobierno del Presidente Lagos se entregó un reajuste de 9,3 a los más pobres, al 90 por ciento de los pensionado del INP y a quienes tienen garantía estatal y están en las AFP. Hoy día, en el inicio del Gobierno de la Presidenta Bachelet , somos capaces de dar un salto y otorgar un reajuste extraordinario de 10 por ciento.

De manera que resulta secundario e irrelevante insistir en el tema del IVA. Se confunde a la opinión pública al no poner el acento en lo central, es decir, en este paso que estamos dando. Como país, estamos obligado a mantener el IVA, porque no se trata sólo de financiar estas pensiones, sino un conjunto de proyectos sociales.

El diputado Dittborn decía que deberíamos dejar el debate para cuando comencemos a tratarlos. Le puedo responder que tales proyectos están empezando ya, con la construcción del Centro de Salud de Victoria, que debe estar listo en dos meses más. Además, la red de impacto social tiene que ver con la seguridad ciudadana, con 1.500 carabineros más para el próximo año, con salas cuna, etcétera.

Por lo tanto, hay aquí un conjunto de elementos que harán de Chile otro país en los próximos años.

He dicho.

El señor LEAL ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Señor Presidente , he escuchado con mucha atención los argumentos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Si hay un proyecto que no tiene que ver con la Izquierda ni con la Derecha es éste, porque todos estamos de acuerdo en beneficiar a la gente que más lo necesita. De allí que para la mayoría resulta odioso que se hagan comparaciones, porque entre los pensionados hay gente de todos los colores políticos.

Debemos sacar algunas cuentas. ¿Cuánto gana la gente más pobre? El salario mínimo. Para redondear: 130 mil pesos. El 22 por ciento de ese monto se descuenta para el pago de sus imposiciones, a lo que se debe agregar 19 por ciento por concepto de IVA, porque la mayoría gasta su plata en comprar artículos de primera necesidad y en pagar servicios. Gastan aproximadamente 40 por ciento en impuestos. Es decir, trabajan cinco meses al año para pagar sus imposiciones y el IVA.

Se dice que la Derecha defiende a las empresas y a los ricos y que no quiere que se aumente el IVA. Sin embargo, escuchen bien colegas de la Concertación: los que tienen más plata no pagan IVA; las empresas no lo pagan, porque al vender y comprar con IVA se les genera una compensación. Digamos las cosas como son. ¿Quién está pagando el pato? Los más pobres. Hay varios diputados que son agricultores y saben que se compensa, porque compran su abono y venden sus animales con IVA.

Seamos honestos y digamos la verdad: la gente pobre no descuenta el IVA de lo que compra, de manera que lo pierde.

No estamos legislando para aumentar ni disminuir el IVA, sino para aumentar las pensiones asistenciales. Felizmente, tenemos un país rico. Hace algunos momentos el ministro de Hacienda me comentó que en el primer trimestre de este año tenemos un excedente de 800 millones de dólares, con lo que estaría financiado el aumento de las pensiones durante los próximos cuatro años. Si a lo anterior sumáramos los 300 millones de dólares de libre disponibilidad que dejó el gobierno del Presidente Lagos, tendríamos 1.100 millones de dólares. Es indispensable que las cosas se hagan bien, para que no sea el Senado de la República -como lo ha hecho siempre- el que deba poner la cordura y arreglar los proyectos. Si no lo hacemos, no nos quejemos si se dice que la Cámara es buzón, porque nos hemos sacado la mugre discutiendo entre nosotros, entre la Derecha y la Izquierda.

Nadie puede estar en desacuerdo en que se deben aumentar las pensiones y los salarios mínimos.

Si se envía un proyecto de reforma tributaria, indudablemente que debemos estudiarlo, porque todos sabemos que durante el primer trimestre algunos bancos han obtenido 200 mil millones de pesos de utilidad. ¡Por favor! Con ese tipo de situaciones duele la guata. ¿Acaso un gran empresario que gana mil millones de pesos al año no podrá vivir si paga 200 millones por concepto de impuesto? Seamos justos. Cuando las grandes empresas son las que pagan, da lo mismo, porque pagan sobre la base de sus utilidades; pero cuando paga la gente pobre, que percibe un salario mínimo, resulta absolutamente regresivo.

No existe consecuencia entre lo que se hace y lo que se dice. No ha habido parlamentario de la Concertación que no haya criticado este proyecto, porque afectará a ricos y pobres. Sin embargo, lo votarán a favor a sabiendas que hará un daño gigantesco a los más pobres. Esa es la inconsecuencia. Si no hubiera plata, tendríamos que ver de dónde sacamos los recursos, pero, felizmente, hoy contamos con ellos para salir adelante.

Hablar de pobreza entre izquierda y derecha es una brutalidad gigantesca. La Izquierda y Derecha deben hablar para formular buenos proyectos y lograr acuerdos para construir un país más solidario, de modo de sacar a la gente de la pobreza.

Algunos quieren que sólo la empresa privada ponga más. Felizmente, el Estado está muy rico y también tiene que poner más: tiene un excedente de 800 millones de dólares.

Un país es solidario cuando todos nos metemos la mano a la cartera y estamos felices porque de esa manera ayudamos a los más pobres, no cuando nos sacamos los ojos unos a otros.

No voy a convencer a algún diputado de Izquierda, ni viceversa, pero debemos tener más cordura en proyectos en que estamos todos de acuerdo y se cuenta con los recursos para financiarlos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, a estas alturas del debate son muchas las ideas que se reiteran. Personalmente, no quiero repetir las argumentaciones que comparto o discutir otras reiteradas por colegas de oposición.

Quiero hacer presente, para la historia de la ley, un criterio analizado en la bancada democratacristiana, y que dice relación con la oportunidad de incluir, en este proyecto, la decisión del Ejecutivo de mantener el impuesto al valor agregado en 19 por ciento.

Para muchos de quienes pertenecemos a partidos de la Concertación puede ser discutible que ésta sea la oportunidad para que, en el contexto de la discusión de un proyecto que nos parece muy favorable, y que va a contar con la aprobación probablemente unánime de la Cámara, entre paréntesis, se incorpore una discusión tributaria que debe tener lugar más adelante.

Sin embargo, si bien la oportunidad puede discutirse, creo razonable sostener que debe garantizarse, por la vía de la mantención del IVA en 19 por ciento, la aplicación de los programas sociales.

Vamos a ver si la Derecha va a estar dispuesta a aprobar, como lo hace hoy con el aumento del 10 por ciento en las pensiones más bajas, lo que queremos reivindicar.

El ministro de Hacienda , durante la discusión de este proyecto, deberá reafirmar uno de los fundamentos reales para un plan de protección social, para un plan de beneficios sociales que, como bancada democratacristiana, reiteramos que debe desarrollarse en los próximos años.

Debo señalar, también, que la inconsecuencia de la Derecha es evidente. En la actualidad, vemos que ella no respeta lo que su candidato sostuvo respecto de la mantención del IVA.

Nos parece, como bancada, que deben analizarse, con prudencia y oportunidad, los alcances a la ficha CAS, a fin de que puedan corregirse los errores o emplearse cualquier otro parámetro o forma de medición de la realidad social de esos sectores tan importantes, porque, de acuerdo con algunos antecedentes, la ficha Familia, que también ha sido elaborada o está en proceso de elaboración en el Ministerio de Planificación, incorporará una valoración de determinados factores que no resultan buenos indicadores.

Para aprobar este proyecto de ley, existe un compromiso que dice relación con garantizar que los procedimientos de medición de la pobreza no dejen afuera a personas que merecen ser incorporadas a estos beneficios.

Por último, no quiero perder la ocasión, aunque no tiene nada que ver con la discusión de hoy -estaba inscrito para hablar en Incidentes- de decir que me parece vergonzoso lo que pasó ayer en el Senado: se rechazó el nombramiento de un ministro de Corte de Apelaciones , simplemente, por haber sido un consecuente defensor de los derechos humanos en tiempos muy difíciles. La Derecha en la votación le cobró la cuenta al juez.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señor Presidente , el tono que ha adquirido el debate del proyecto de ley presentado por la presidenta Bachelet me trae a la memoria una canción del folclor nacional, que es muy escuchada y bailada en las Fiestas Patrias, llamada “El loro aguafiestas”, porque las intervenciones de los diputados de la Derecha no buscan otra cosa que ocultar, bajo el falso aumento del IVA en un punto, la buena noticia que significa incrementar en 10 por ciento las pensiones a las personas más necesitadas del país.

Además, buscan que los titulares de los medios de comunicación -controlados en su gran mayoría por la Derecha- digan que el gobierno de Michelle Bachelet aumenta el IVA en un punto, cosa que es absolutamente falsa. Se ha insistido en que se mantiene y que es un compromiso de la candidata Michelle Bachelet, no del gobierno del Presidente Lagos.

Se enreda el debate para ocultar una gran noticia, el aumento más importante de pensiones en los últimos 16 años, nada más que para ocultar el compromiso y palabra cumplidos de nuestra Presidenta .

Por otra parte -de verdad ya no lleva a sorpresa porque lo hemos escuchado en otras oportunidades- la Derecha busca instalar la idea de que Chile es altamente desarrollado, como lo dijo un diputado que me antecedió en el uso de la palabra. Pero exista una brecha salarial que no se da en los países ricos, con una concentración vergonzosa de la riqueza y una estructura tributaria de país africano.

En buenos discursos algunos colegas han sostenido que es una vergüenza el 10 por ciento de aumento y han pedido más, pero ¿con qué? En verdad, creo que es un desparpajo muy grande de la Derecha, porque sólo debe llevarse al debate lo que la ciudadanía, cada día más madura, plantea a la clase política: el arreglo de la estructura tributaria.

No podemos seguir tapando el sol con un dedo. No es posible que en este hemiciclo se rechacen todas las propuestas que buscan eliminar las exenciones tributarias y luego se señale que somos un país rico, millonario, con superávit por el cobre y muchos millones por el crecimiento del país. Es verdad que hemos crecido y hay una política fiscal responsable y los pasos que da la Presidenta están absolutamente calculados, planificados y financiados.

La Derecha no puede seguir tratando de confundir. Con el aumento del 10 por ciento nos estamos haciendo cargo de 70 mil 550 beneficiarios de las pensiones con garantía estatal. Son personas desechadas por las AFP, que creyeron en el sistema pero que no les cubrió su pensión porque no lograron tener el ahorro necesario.

Este Estado, que, según la Derecha, despilfarra lo que acumula, que crece, que los gobiernos de la Concertación lo han hecho sólido, desde el punto de vista financiero, tiene que financiar los desechos del sistema previsional.

Ningún país de primer mundo, como dicen que somos nosotros, tiene el abuso laboral y la deuda previsional que exhibe el empresariado chileno. Tampoco los empresarios tienen la libertad de flexibilizar y desregularizar las normas de los trabajadores, como lo hacen en Chile.

Los diputados de Gobierno tenemos claro que la Presidenta ha cumplido. En cuatro semanas, desde la instalación del Gobierno, tenemos el primer pilar de la reconstrucción de la red de protección social que se destruyó en la dictadura.

Concluyo señalando que es una gran noticia, que es el reajuste más alto en 16 años, y la bancada del Partido por la Democracia apoyará con sus votos este proyecto.

He dicho.

El señor LEAL ( Presidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gastón Von Mühlenbrock.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señor Presidente , ¡cómo no celebrar el aumento de las pensiones asistenciales y mínimas! Todos estamos de acuerdo con ello y, ojalá, hubiese sido más alto el reajuste de las pensiones más bajas. Hace bastante tiempo que la vida de estas personas es tremendamente difícil de sobrellevar debido a la precariedad de sus ingresos. Han pasado casi diecisiete años de gobiernos de izquierda y éstas se han mantenido bajas. Pero ahora, gracias a las recientes campañas presidenciales y al clamor de la gente, cansada de esperar tantos años, se vieron obligados a comprometer un reajuste dentro de sus programas de gobierno. Un aplauso para la gente, porque se manifestó en las campañas presidenciales.

Aun cuando este proyecto es un avance en el tema de la previsión, las expectativas generadas en la opinión pública en torno a este tema son mucho más ambiciosas. Por ejemplo, una persona jubilada menor de 70 años recibe una pensión mínima de 79 mil 866 pesos, monto al que le corresponde un reajuste de sólo 7 mil 986 pesos. Este aporte es marginal y no satisface las necesidades ni las expectativas generadas. Los gobiernos de Izquierda de la Concertación no se han tomado el tiempo ni han priorizado mejorar el instrumento más importante para medir la pobreza: la ficha CAS. No es posible castigar a una persona porque tiene cuarto medio; no es posible que una persona que tiene un refrigerador o un televisor usado deba esconderlo para que la asistente social no la castigue cuando deba medir su situación de pobreza. Eso es inmoral.

Por otra parte, el ministro de Hacienda nos está mostrando sus dotes de mago. ¡Nos saca un conejo bajo la manga! La verdad es que se trata de un elefante que pesa 600 millones de dólares al año y que tendrán que pagar los más pobres del país. Gracias a esto, usted, señora o señor, que va todos los días a su almacén, va a tener que pagar más caro el precio de sus productos.

Lo mismo pasa con los sectores medios que están ahogados de pagar impuestos. Estamos sufriendo una escalada de impuestos indirectos que han subido, prácticamente, a más de veinte. Con razón los sectores medios cada día están más pobres.

También quiero dejar claramente establecido que el proyecto de reajuste de pensiones mínimas está financiado, por lo que nada justificaba subir el impuesto al valor agregado, IVA. Lamentablemente, una buena noticia para más de un millón 200 mil personas la empañamos con una mala: subir los impuestos, lo que afecta a los que más consumen, es decir, a los más pobres. Me llama la atención que la Izquierda con sus votos haga más pobres a los más pobres.

Quiero ver cómo votan los diputados de Democracia Cristiana, que se autoproclama “defensora de la clase media”, la que está harta de que le sigan aumentando los impuestos.

Por último, quiero dejar establecido que si aumentamos el IVA, lo pobres van a ser más pobres, lo que es inmoral e inaceptable.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Insunza.

El señor INSUNZA .-

Señor Presidente , el proyecto en discusión representa un esfuerzo fiscal significativo para reajustar en 10 por ciento las pensiones más bajas, lo que significa un gasto, en régimen, de 182 millones de dólares. Se trata de un beneficio que, por cierto, muchos ciudadanos, en especial los adultos mayores, agradecerán, pues les servirá para paliar sus dificultades. Pero convengamos en que no se trata de una solución que permita a muchos adultos mayores salir de su situación de pobreza.

Ese dato debemos asumirlo. Lo que no podemos aceptar es que se siga haciendo demagogia al plantear aumentos, valorarlos y pedir todavía más aumentos, sin contar con el respaldo para financiar el reajuste de las pensiones. Ése es el punto que estamos discutiendo en el fondo de este debate.

También quiero precisar un asunto que me parece significativo. Todos estamos de acuerdo en que la ficha CAS representa injusticia y que en algunas ocasiones se presta para abusos. Digámoslo derechamente: en la ficha CAS se castiga el vivir en forma decente, criterio que debe cambiar con una modificación que se encuentra en curso.

Asimismo, es preciso sincerar que, más allá de la ficha CAS o de la ficha familiar, para que puedan existir más aumentos de pensiones y más personas tengan acceso a pensiones asistenciales, se necesitan más recursos. Por lo tanto, el respaldo a esta medida, que significa un aporte de 182 millones de dólares para el reajuste de pensiones, es el piso que se requiere para los próximos años, materia que debemos discutir en serio. Por eso, entramos nuevamente al debate del alza del IVA. Comparto la opinión de que es un impuesto regresivo, pero no podemos insistir en la demagogia de proponer aumentos sin contar con financiamiento.

Deseo entrar de lleno en el punto de vista político que está en cuestión. Al respecto, visualizo dos cuestiones respecto de las contradicciones que evidencia la oposición: Primero, en su calidad de candidato presidencial, Sebastián Piñera planteó mantener el IVA en 19 por ciento. No sé cómo lee el diputado Urrutia , pero lo que se dice en forma exacta es mantener el IVA en 19 por ciento. Ése fue un planteamiento de campaña. Por lo tanto, los diputados de Renovación Nacional que voten en contra de dicha proposición demostrarán, una vez más, que la palabra de Sebastián Piñera no tiene valor político, porque lo que dice, no pasa; lo que dice, después no se ejecuta acá, en el Congreso Nacional. Está bien que no le hagan caso dentro del partido a la hora de proponer fórmulas para la candidatura presidencial, pero llamo a que por lo menos se mantenga el decoro de respaldar las propuestas que hizo ante el país.

En segundo lugar, deseo referirme a un aspecto más delicado: la UDI está estrenando su estrategia populista, porque, en días sucesivos, ha planteado críticas a las contribuciones, al fondo de estabilización del precio del petróleo, a los impuestos del petróleo, al uso de pagos por las carreteras, etcétera. Si se hiciera caso por completo a la UDI, habría mil millones de dólares menos para financiar gastos sociales.

Al mismo tiempo, tenemos el discurso de que estas iniciativas pueden financiarse con el alza del cobre. Ésa es la mayor de las irresponsabilidades y representa un populismo desenfrenado.

Por intermedio del señor Presidente , respondo al diputado Dittborn , quien se escandalizaba porque hacíamos una prevención, según la cual si se siguiera ese criterio, el aumento de las pensiones se financiaría con el alza del precio del cobre, pero después, cuando bajara -nadie puede asegurar que se mantenga sobre los dos dólares; ni siquiera, que en el largo plazo se mantenga sobre un dólar 20 centavos-, la derecha nuevamente pretendería bajar las jubilaciones. Repito: el colega Dittborn se escandalizaba por dicha prevención, pero quienes tenemos memoria histórica sabemos que eso ya ocurrió cuando era ministro el señor Büchi , pues se les quitó el 10 por ciento a los jubilados.

Finalmente, el punto es el siguiente: hacemos responsabilidad fiscal o damos rienda suelta al populismo.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi.

La señora CRISTI (doña María Angélica) .-

Señor Presidente , escuchar este debate es como revivir muchos de los momentos en que hemos participado en esta Sala, especialmente cuando discutimos proyectos sociales.

Quiero que quede constancia de que todos los proyectos sociales enviados por los gobiernos de la Concertación han sido aprobados por la Oposición. A lo mejor, no hemos estado de acuerdo en la forma de implementarlos o en su extensión. Sinceramente, como Oposición, creemos que las cosas se deben hacer de una manera, así como la Concertación estima que debe ser de otra.

Un diputado oficialista se preguntaba por qué ellos eran Gobierno y nosotros no. En verdad, he pensado muchas veces sobre esa inquietud y he llegado a la conclusión de que se debe al hecho de que ustedes, como Concertación, muchas veces tienen la maestría de convertir sus debilidades en grandes fortalezas, pues logran convencer a la ciudadanía y a la población de que lo que están haciendo es lo más conveniente para todos y que resolverá sus problemas más profundos.

Sin embargo, para no ahondar mucho en este tema, sólo quiero recordar tres medidas que se han anunciado en los últimos días. Primero, la salud gratuita para los mayores de 60 años. Parecía fantástico y todos estábamos de acuerdo. Pero resulta que, hasta hace poco tiempo, había salud gratuita para los mayores de 65 años. Preguntémosles a esas personas si efectivamente tenían o no salud gratuita. Sin embargo, después, cuando se “aterriza” el proyecto, se constata que ese beneficio se entregará sólo a los mayores de 60 años que están en el Fonasa en los tramos C y D, siempre que puedan conseguir hora de atención y hacerse los exámenes que se les piden. Por lo tanto, no se puede hablar de salud gratuita para todos los chilenos mayores de 60 años.

Posteriormente se dio a conocer una medida estupenda, que alegró a todos los chilenos, especialmente a los jóvenes: subsidio para contratar a trabajadores jóvenes. Pero cuando conocemos el tema en detalle, nos percatamos de que el beneficio sólo se extenderá a los jóvenes que participan en el Chile Solidario. Sin embargo, ya se extendió la imagen de que los mayores de 60 años tendrán atención de salud gratuita y de que se entregará un subsidio para contratar a jóvenes.

¿Qué pasa con los jóvenes pobres, con los que han estudiado en las universidades, con los que tienen un título, que no pueden encontrar trabajo y que no están en el Chile Solidario? A la hora de profundizar en esas propuestas, uno se encuentra con que las cosas son muy distintas de lo que se ha anunciado.

Ahora se pretende subir las pensiones más bajas. Todos queremos que esto ocurra, porque conocemos el drama de las personas de la tercera edad, de la pobreza relacionada con ese segmento. Sabemos que ha aumentado la esperanza de vida y lo que ello significa, que en nuestros distritos hay ancianos abandonados y que las pensiones asistenciales se convierten en una necesidad casi vital en la mayor parte de las comunas del país.

Este proyecto, que miramos con tanta felicidad y esperanza, aumenta en sólo 25 mil las pensiones asistenciales y todos le echamos la culpa a la ficha CAS. Es cierto que ese instrumento tiene mucha responsabilidad, porque es engañoso y se aplica a todos los subsidios -de vivienda, para la tercera edad, etcétera-, lo que quizás no corresponde y es necesario cambiar. Pero nadie ha dicho que la selección de los beneficiarios depende del puntaje de corte de la ficha. Si ese corte se hubiera establecido en 580 puntos en lugar de 550, quizás se habría beneficiado a 50 mil personas de la tercera edad con esta pensión asistencial que, por lo demás, sube en alrededor de 3 mil pesos, lo que significa alrededor de cinco kilos adicionales de pan al mes para un anciano en estado de pobreza.

Asimismo, se ha entrado en una gran discusión acerca del IVA. Lo más interesante que he escuchado durante este debate lo enunció el diputado Urrutia , que no participa en la Comisión de Hacienda. Él señaló que la mantención del IVA significa recaudar 600 millones de dólares y que si se destinara todo ese monto a reajustar las pensiones mínimas, éstas habrían aumentado en 30 por ciento y, además, habrían sobrado 60 millones de dólares que habrían servido para ampliar el número de beneficiarios. ¿Por qué no nos concentramos en el fondo?

Aquí se ha realizado un juego de palabras, de dimes y diretes. Estamos ante un proyecto que ayuda, que ha generado ciertas expectativas, pero que, en el fondo, constituye un tremendo impacto comunicacional más que una medida que apunte a resolver los problemas de los más pobres. Así se han implementado todos los proyectos sociales: Chile Solidario, parte del Auge y muchos otros que parecían maravillosos pero que, finalmente, una vez aplicados, no tienen el rendimiento que se esperaba de acuerdo con lo que ofrecía su publicidad.

Espero que se modifique esa forma de actuar y que los proyectos se apeguen más a la realidad y necesidad de los chilenos, sin demagogia ni discusiones en que nos herimos unos a otros, cuando todos queremos lo mismo.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo.

El señor JARAMILLO .-

Señor Presidente , lo expresado por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra es preocupante, por decir lo menos. No logro entender cómo algo tan necesario se transforme en polémica. Eso nos sitúa en nuestro real contexto: un país subdesarrollado. Precisamente para salir de esa condición sirven estas iniciativas, que son estudios profundos en la economía de un país que comienza a crecer, que ha vivido momentos oscuros en la economía dominante, en la que quienes más tienen logran el efecto de una cultura diferente del que nada tiene.

No debemos olvidar que hace dos o tres décadas el número de analfabetos en nuestro país era inmenso. Sin embargo, los hijos de esos analfabetos hoy están en la universidad. Eso quiere decir que las cosas están cambiando; que la siembra es adecuada. Por eso, hay que entender la iniciativa que nos ocupa.

Es imperativo reconocer, por un lado, el alto beneficio que otorga el proyecto, y, por el otro, que representa una mínima cantidad para los beneficiarios considerados individualmente. El análisis de la economía neoliberal que vivimos debe ser profundo.

Lamentablemente, el debate ha sido muy extenso y ya no están los ministros para decir que los parlamentarios discutiremos en una próxima oportunidad acerca de qué queremos de la economía de este país que crece. A muchos no les gusta hablar de reformas tributarias, pero no podemos volver a prometer el “chorreo”, pronosticado hace unas décadas, que sería la solución para el crecimiento del país, pero que nunca llegó.

Queremos cambiar. Prueba de ello es que los distintos ministros de Hacienda de los gobiernos de la Concertación han querido llevar a cabo un análisis diferente para realizar un cambio profundo, pero no cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo. Los legisladores somos los encargados de proporcionarlas. Ahí se nos va a escuchar a través de mociones que distingan entre quienes tienen más y menos entregan, y quienes más entregan y no tienen nada. Por eso, es preocupante escuchar que algunos no quieren reformas tributarias.

Hay que tener claro que en el país un pequeño grupo de la población es el que más rentabilidad obtiene, y otro gran grupo que no tiene rentabilidad: sólo sobrevive. Ése es el sistema que estamos viviendo y que queremos cambiar. Por eso se nos critica. Qué curioso, cuando queremos que todos logremos un status de vida agradable, algunos se oponen.

Los parlamentarios que critican la ficha CAS llegaron tarde, porque el debate ya se hizo. Además, en una reunión política nos enteramos de que está próxima a ver la luz la nueva ficha CAS, que satisfará a muchos chilenos.

A lo mejor este reajuste, que hoy constituye un alto costo para el erario, pero un mínimo beneficio para los pensionados, mañana significará un alto costo, pero también una gran ayuda para los beneficiarios, porque de alguna forma deberemos estudiar una iniciativa que realmente haga justicia a los más desposeídos de nuestro país.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado René Aedo.

El señor AEDO.-

Señor Presidente , en nombre de mi bancada quiero expresar nuestra alegría por este proyecto que aumenta las pensiones mínimas y asistenciales. Se está cumpliendo con una deuda social, y aunque en realidad no es una solución, da un alivio a los más pobres.

No obstante, cabe destacar que la solución para mitigar una deuda social no se resuelve siempre por la vía de aumentar los impuestos, sino con la optimización y redistribución de los recursos.

El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a no incrementar los impuestos; sin embargo, hoy está subiendo el más regresivo, el IVA, que afecta a los más pobres, puesto que los más pudientes tienen capacidad de ahorro y no gastan todo en consumo. En cambio, el ciento por ciento de los ingresos de las personas más pobres se destina al consumo, razón por la cual les afecta mucho más.

Esta iniciativa tiene un costo de 180 millones de dólares, monto que no justifica el aumento del IVA, porque el Gobierno tiene un excedente de libre disposición de alrededor de 300 millones de dólares, y el aumento de un punto le agrega 600 millones de dólares, es decir, este año el Gobierno tendrá unos 900 millones de dólares de libre disposición.

Por otra parte, el aumento del precio del cobre por cada centavo de dólar significa más de 100 millones de dólares de ingresos extraordinarios para el fisco. Asimismo, ha habido un aumento de 90 a 250 centavos de dólar por libra, es decir, se dispone de 160 centavos de dólar extra.

Estoy de acuerdo con que los reajustes deban costearse con ingresos permanentes, pero insisto en que es innecesario aumentar el IVA para financiar el aumento de las pensiones en un 10 por ciento. Creo que le estamos dando un cheque en blanco al Gobierno y al ministro de Hacienda .

El lugar donde se debe decidir cómo se gastan los recursos del Estado es aquí, en el hemiciclo, no en la oficina de un ministro , entre cuatro paredes. Por ello, solicito que el artículo 7° se vote en forma separada.

Si se mantiene el aumento del IVA, propongo que las pensiones se aumenten en un 30 por ciento; ya que ese reajuste estaría completamente financiado.

Hagamos algo de verdad y no demos un alivio insignificante a los pensionados. Démosle una solución más definitiva, más importante y aumentemos en 30 por ciento las pensiones mínimas, con cargo al aumento del uno por ciento del IVA, que le asigna al Estado 600 millones de dólares.

Todos los chilenos enfrentamos una carga tributaria importante y no como dicen algunos colegas de la Concertación, de país africano. Los chilenos pagamos impuesto territorial –las contribuciones recién fueron aumentadas, afectando en forma muy importante a la clase media-, impuesto a los combustibles, que afecta a los conductores; vías segregadas, etcétera. Es decir, estamos sometidos a una alta carga impositiva.

Por ello, propongo que no se aumente el IVA para reajustar las pensiones mínimas y, si se aumenta, que se incrementen las pensiones mínimas en un 30 por ciento.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.

El señor ACCORSI.-

Señor Presidente , en el largo debate habido en esta sesión creo que existe una claridad importante: éste es un proyecto que honra un compromiso, y en materia política es fundamental ser consecuente.

La iniciativa constituye un gran esfuerzo que beneficiará a millones de personas y es un primer paso -así lo consideramos los diputados de la Concertación y también la Presidenta de la República - para reparar la gran injusticia que afecta a un sector muy postergado durante tantos años. Creo que en el futuro podrán presentarse otros proyectos para beneficiar a los adultos mayores y a los jubilados mediante otros mecanismos, como establecer la rebaja gradual -medio punto o un punto anual- del pago del 7 por ciento de la cotización del Fonasa. Ésos son otros caminos que pueden considerarse. Lo que debemos valorar ahora es que este proyecto es el paso inicial. No el último, para mejorar las pensiones. Hay que interpretarlo como el primer y como el cumplimiento de una promesa hecha por la Presidenta de la República durante su campaña. Pocas veces en la política nacional y en el Congreso Nacional se había dado tal consecuencia. Éste es el primer proyecto enviado por la Presidenta de la República , quien en su campaña se comprometió a ello. Por lo tanto, hay que valorar la consecuencia con que actuó, pues prestigia a nuestro decaído sistema político.

Ojalá que podamos hacer más para reducir la tremenda brecha que existe entre ricos y pobres, entre los que tienen oportunidades y los que no las tienen.

Espero que el proyecto se apruebe en forma unánime y se convierta en ley a la brevedad, porque el aumento en las pensiones, que para algunos significa casi nada, para millones de chilenos constituye una diferencia importante.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Correa.

El señor CORREA .-

Señor Presidente , en relación con el proyecto en debate, creo necesario determinar cuándo y por qué fueron establecidas las pensiones asistenciales.

En 1975, por decreto de la junta militar, teniendo presente que era necesario establecer un sistema de pensiones para todos los ancianos e inválidos que carecían de recursos y que por diversas razones no habían podido obtener un beneficio del régimen previsional, se estableció un sistema de pensiones asistenciales dirigidas a los más pobres de los pobres. Lo que señalan algunos diputados y lo que se establece en el mensaje, en el sentido de que la pensión asistencial se otorga automáticamente, es una falacia.

Actualmente, las pensiones asistenciales son alrededor de 450 mil y, según los cálculos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de acuerdo con el puntaje de corte de la ficha CAS, ahora será de 550 puntos en vez de 520. Además, se otorgarán alrededor de 25 mil nuevas pensiones asistenciales. Es decir, estamos hablando de 5 ó 6 por ciento más de lo que actualmente se otorga y el beneficio seguirá entregándose por el sistema de la ficha CAS. Pero es una falacia decir que se dará en forma automática, pues seguirán existiendo las interminables filas en las diversas municipalidades a la espera de una pensión. Por ejemplo, en la región del Maule se entregarán 1.500 pensiones más. Como existen 30 comunas, el aumento será de entre 40 y 50 pensiones por municipalidad.

Entonces, ¿dé qué estamos hablando si no es verdad que se podrá acceder automáticamente a una pensión asistencial? ¿De ilusionar a la gente?

En segundo lugar, me sumo a las palabras de la diputada Isasi respecto de la ficha CAS, en el sentido de que es un sistema perverso por el cual las personas y la opinión pública no podrán culpar a nadie cuando un determinado beneficio no llegue. Por lo tanto, no se podrá culpar al intendente o al ministro , pues el hecho de no obtenerlo será culpa de la ficha CAS y no de ellos. Es como una forma de burlar el sistema. Por eso, es necesario modificarlo o crear uno nuevo para focalizar la ayuda y los beneficios del Estado. No se debe seguir con este instrumento perverso por el cual la gente más pobre no puede acceder a dichos beneficios, por el solo hecho de tener un refrigerador, un televisor o un cierto nivel educacional.

Me alegro por este proyecto, pues es de toda justicia reajustar las pensiones más bajas, pero, reitero, no es cierto, como se dice, que se accederá automáticamente a pensiones asistenciales, pues vamos a seguir con el mismo sistema y el aumento de gente beneficiada no será más allá de 5 ó 6 por ciento.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente , en el transcurso de este largo debate, la mayoría de las intervenciones han indicado que el reajuste de las pensiones es muy bueno y que nadie podría estar en desacuerdo, pero lo más que hemos escuchado son los pero, los sin embargo y las críticas. En el fondo, las resistencias a la forma de cómo se está planteando la medida, sin analizar en profundidad lo que ella implica, porque, en términos de reajuste, no existen precedentes de algo similar desde el retorno a la democracia. ¡Nunca se había concedido un reajuste de esta entidad, tanto en la cantidad de beneficiados como en los montos que se otorgan! ¡Nunca se había acogido el reclamo de años planteado por aquellos que tienen pensiones que están justo por sobre la mínima y que siempre quedaban marginados de los reajustes! Se aumentan no sólo las pensiones mínimas, sino aquellas que llegan a 100 mil pesos y también las que sean superiores a 100 mil pesos, pero inferiores a 110 mil pesos. Esto ha significado que, por primera vez, acojamos a quienes están un poquito más arriba, pues también tienen derecho a beneficiarse de los progresos del país.

Es un reajuste gigantesco que beneficia a una cantidad de población nunca antes vista. Eso da pie a que el gobierno haya buscado una manera de darle sustento financiero, no sólo para este año, sino también para el futuro.

Muchas veces hemos escuchado a la Oposición hablar de cómo le habría gustado hacer las cosas. Es cierto, podría haberse otorgado un reajuste aún mayor, gastando ahora los recursos existentes, sin considerar cómo se las arreglan los futuros gobiernos para mantener estas medidas en el tiempo. Pero preferimos los debates en serio; preferimos, en la misma sede donde se entrega el beneficio, decir cuál será el sacrificio y el esfuerzo que tendrá que hacer el país para que sea compatible con la responsabilidad fiscal, de la cual tanto nos vanagloriamos, pero que a la hora de ejercerla, todo el mundo la evade para dejarle el trabajo al del lado.

Por otra parte, sorprende la manera en que se ha planteado el problema del IVA. A muchos, no les gusta este impuesto. Pero, para decir las cosas claramente, la Oposición, que ha dicho varias veces que esta medida desfavorecerá a los sectores de menores ingresos, ha sido el principal obstáculo cada vez que hemos aplicado disposiciones de otro tipo. Ha pretendido recurrir a otros impuestos para hacer caja fiscal y así acceder a diferentes beneficios sociales. Además, estuvo en contra de combatir la evasión tributaria, se resistió hasta el final con el royalty, y cuando hicimos la reforma a la salud, tampoco estuvo de acuerdo con el impuesto al diésel, a los cigarrillos y al alcohol. Entonces, quiero saber de dónde quieren sacar los recursos si les parece incorrecto hacerlo mediante el IVA.

La única manera de hacer seriamente este reajuste es recurriendo al IVA.

Sin duda, hay un debate tributario pendiente que es de más largo aliento y que debería significar la revisión del impuesto a la renta y la modificación de varias franquicias tributarias. Pero todos sabemos que no podríamos otorgar ahora una garantía de financiamiento a este reajuste, porque ese otro debate va a ser más lento y complicado. Por lo demás, si se tiene en cuenta que cuando asumió la Presidenta de la República , ésta era una medida consensual, respaldada por todos los candidatos de la Derecha, jamás pensamos escuchar en esta Sala discursos como los pronunciados por algunos colegas.

Por último, respecto de la ficha CAS, lo que se ha anunciado es una garantía de que, de ahora en adelante, todo chileno que cumpla los requisitos tendrá acceso automático a la pensión asistencial. Podrán ser discutibles, podemos modificar la ficha; sin embargo, lo importante es que, cualesquiera sean ellos, nunca más haya personas que, aún cumpliendo el puntaje -que a veces nos parece estricto y muy rígido-, no tengan el beneficio.

Y como hacemos las cosas en serio -ésa es nuestra característica-, hoy, la ministra de Mideplán , Clarisa Hardy , ha anunciado que dentro de un mes esa cartera va a proponer un nuevo modelo de ficha CAS que, incluso, supera la ficha familiar. A partir de noviembre se va a encuestar a 1 millón 500 mil familias, que equivalen a 6 millones de chilenos, para que, sobre la base de esa nueva ficha y de acuerdo con la ley que aprobaremos hoy, tengan acceso garantizado a los beneficios.

Por lo tanto, sin restar espacio a las críticas, dudas y propuestas, que siempre tienen cabida en el debate parlamentario, es importante no confundir a la población respecto del paso que demos hoy, que, repito, no tiene precedentes en cuanto a la magnitud del reajuste, a la población beneficiaria y de constituir, en derecho, el acceso a las pensiones asistenciales.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Vallespín.

El señor VALLESPÍN .-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero responder con mucha precisión a los diputados de la UDI que están preocupados de por qué la Democracia Cristiana apoya esta iniciativa. Por una razón muy simple: nuestros principios y valores siempre estarán focalizados en otorgar mayores beneficios a la persona humana, sobre todo a las más necesitadas. Este proyecto dejó claro en las dos comisiones que tiene reales efectos redistributivos en los tres quintiles más pobres del país.

En segundo lugar, es una lástima que la tribuna esté vacía, porque la gente habría escuchado de los diputados de la Derecha, especialmente de la UDI, una retórica, un discurso a favor de los pobres -como asignar más recursos para las pensiones o agregar más enfermedades al Auge-, pero que, finalmente, se traduce en más leyes y políticas públicas a favor de los más poderosos. Eso refleja la inconsecuencia política de ellos.

Por el contrario, la Presidenta Michelle Bachelet , al presentar este proyecto, ratifica la fe pública del Gobierno, lo que aumentará su credibilidad.

No me he querido referir en detalle a las pensiones ni a la ficha CAS, pues otros colegas ya lo hicieron. Sin embargo, no quiero dejar de abordar una materia que debemos tratar en profundidad, como lo señalaron los diputados Saffirio y Montes.

La discusión en materia tributaria se debe dar en profundidad y pensando en el tipo de sociedad que se quiere construir en Chile: una que avance hacia la cohesión social y las oportunidades para todos o una que siga con gente que no se integra al sistema. Con esa mirada hay que ver la discusión y no caso a caso, como normalmente plantea la Derecha para rechazar finalmente iniciativas que puedan ir en pro de esa sociedad.

Por último, ojalá que cuando los diputados de la Alianza visiten sus distritos comenten esta discusión, porque fue muy clara: un proyecto que favorece a las personas más necesitadas, que requiere avanzar no sólo en las pensiones, ya que este Gobierno tiene un propósito social que va más allá de eso. Que digan que no aprobaron el alza del IVA destinada a beneficio social; que les digan a las abuelitas y abuelitos que no quisieron dar estabilidad al financiamiento de esta medida; que también se lo digan a los padres y madres de los niños que queremos que vayan a jardines infantiles por el efecto positivo que ello significa en el desarrollo de las capacidades de la persona desde la niñez; que comenten también que no quieren asegurar el financiamiento de las nuevas enfermedades que se incorporarán al Plan Auge y que los nuevos policías que queremos incorporar para seguridad de las personas no será una realidad.

Ése es el debate de fondo. Es la decisión que la Concertación refleja en su accionar con la aprobación de este proyecto. Por eso, la ciudadanía nos apoya desde 1990, porque se cumple con lo que se dice y porque vamos en ayuda de las personas que más lo necesitan; por eso seguimos siendo gobierno, por eso la gente confía en nosotros y, por eso, la Derecha tiene muy pocas posibilidades de llegar algún día a gobernar.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señor Presidente , es una gran satisfacción aprobar un proyecto que beneficiará a tantas chilenas y chilenos y que, además, corresponde a una promesa hecha durante la campaña de nuestra Presidenta Michelle Bachelet .

Sin embargo, quiero hacer algunas reflexiones.

El 90 por ciento de los pensionados del INP que trabajaron toda su vida será favorecido por este de 10 por ciento de reajuste a las pensiones mínimas.

No obstante, aquí es donde uno se cuestiona la historia del país: los trabajadores son burlados en sus derechos, ganan poco y no se pagan sus imposiciones.

Nos enfrentamos al tema de la reforma previsional. Pero, ¿qué pasará con los millones de chilenos y chilenas que no logran obtener una pensión mínima? Como representantes de la soberanía popular deberíamos reflexionar sobre lo ocurrido en Chile para que el 90 por ciento de los cotizantes no alcance dicha pensión. Ello dice mucho de nuestro país, de lo subvalorado del trabajo.

Y dice aún más, porque muchas de las personas, a las que se les reajustarán sus pensiones, trabajaron para un patrón o empresario. Pero, ¿qué ocurrió en esos casos? ¿Cuántas cotizaciones previsionales no fueron enteradas? Entonces, hay un tema muy profundo que debemos estudiar.

En cuanto al financiamiento, si todos estamos de acuerdo en reajustar las pensiones, no debemos hacer ciencia ficción, sino enfrentarnos concretamente a ese tema. Que levante la mano el que diga que no. Si todos queremos reajustar las pensiones, digamos claramente con qué las financiamos. Aquí hemos escuchado una serie de lamentos en el sentido de que no lo podemos hacer. Mantener el punto del IVA, que todos los chilenos estamos pagando, es fundamental para este reajuste. El desafío es ponernos de acuerdo en cómo financiar la agenda social necesaria para el progreso y el bienestar de los chilenos y las chilenas, temas de los que tanto se habló en las campañas electorales. Pero, me surgen dudas, porque, por ejemplo, para financiar los programas Auge y Chile Solidario tuvimos que votar en contra de los proyectos que establecían un impuesto a los alcoholes y al diésel. ¿Qué ocurrió con el proyecto Royalty I? Se dijo que no se podía cobrar más impuesto. Ahora, cuando se sabe que las carreteras concesionadas descongestionan las calles para la clase media, también se dice que no. Entonces, qué hacemos.

La ciudadanía debe tener claro que aquí hay personas y partidos políticos impregnados con un populismo realmente extraordinario, maestro, por cuanto, por un lado, dicen que quieren mejorar la condición de la gente y, por otro, se niegan absolutamente a legislar sobre las fuentes de financiamiento.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco.

El señor VELASCO ( ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente , como señaló un diputado , éste es un día feliz. Efectivamente, es feliz porque hemos traído a esta Sala un proyecto de ley que, de ser aprobado, va a beneficiar a más de 1 millón 200 mil personas y, como todos sabemos, entre ellas están las más pobres.

Además, es un día feliz porque hemos presentado un proyecto que constituye la concreción de lo que prometió, de cara al país, durante su campaña, la Presidenta de la República , señora Michelle Bachelet. Ella afirmó que el primer proyecto de ley contemplaría un reajuste extraordinario para las pensiones más bajas, no sólo para las mínimas, y eso ha ocurrido.

Asimismo, es un día feliz, porque, a juzgar por las declaraciones a la prensa de todos los candidatos en los comicios pasados, había acuerdo en reajustar las pensiones mínimas y financiarlas de modo permanente con el impuesto al valor agregado; por lo tanto, esta iniciativa debería ser aprobada por la unanimidad de la Sala.

Posteriormente, el ministro del Trabajo detallará y hará hincapié en algunas materias contenidas en el proyecto.

Sólo me referiré a dos puntos.

El primero dice relación con los mecanismos de corte y de focalización.

La pensión asistencial, Pasis, es un instrumento focalizado, un beneficio diseñado inicialmente para los indigentes, pero con el tiempo se extendió hacia quienes son calificados como pobres, de acuerdo con el Mideplán y la ficha CAS.

Hoy, para ser considerado indigente hay que tener menos de 483 puntos y para calificar de pobre, menos de 532 puntos. La línea de corte utilizada hasta el momento -que se seguirá empleando hasta no tener otro instrumento para determinar quien accede al beneficio- es de 550 puntos. Por lo tanto, no sólo incorpora a los pobres.

Ahora, como dice la ley, cualquier beneficio focalizado debe contar con un instrumento de selección de las personas efectivamente carenciadas. La ficha CAS ha servido a este propósito, pero de modo imperfecto, porque hay vacíos y problemas que los señores diputados y señoras diputadas han hecho notar hoy en la Sala y ayer en las comisiones. Por ello, la Presidenta de la República , consciente de esta situación, ha instruido a la ministra de Mideplán para que formule un nuevo instrumento que tipifique las características de pobreza y que, al aplicarse un nivel de corte, seleccione, además, a quienes realmente tienen carencias, de modo que no sólo este beneficio, sino que todos los programas sociales con núcleo focalizado, cumplan la finalidad que la ley contempla y que se elija efectivamente a las personas con carencias.

Esta mañana, la ministra de Mideplán nos comunicó la buena noticia de que ha avanzado en su cometido y que espera tener en el segundo semestre de este año una nueva ficha de estratificación social. Ese nuevo instrumento se usará en los programas focalizados, incluyendo las pensiones asistenciales.

El segundo punto se refiere al financiamiento y al respecto quiero ser muy claro. Éste es un programa permanente, no se trata de conceder este año mejores pensiones a las personas y bajárselas el próximo. Queremos que ese beneficio sea permanente, para lo cual también se debe contar con un financiamiento permanente. La Presidenta de la República , entonces candidata, expresó que esto se iba a financiar con la estructura tributaria vigente, lo que involucra la mantención del IVA en 19 por ciento -el programa de la Concertación lo señala de modo explícito-. Lo dijo en la campaña y hoy se plantea al país de modo coherente.

Ahora, en la Sala se ha puesto en tela de juicio el hecho de que se necesite este financiamiento permanente. La respuesta es muy sencilla: Sí, se necesita, porque los 300 millones de dólares, disponibles en el presupuesto de este año, no están considerados en los futuros presupuestos. Para que esos 300 millones de dólares o más estén disponibles, no sólo este año, sino que en los venideros, es necesario que los tributos vigentes no caigan, de otro modo, el próximo año no contaremos con esos ingresos.

Por lo tanto, para financiar este proyecto de carácter social y los otros, entre los que incluyo la mayor dotación de carabineros, el mayor número de patologías cubiertas por el Auge, la apertura de nuevas salas cunas, centros comunitarios de salud, las rebajas de los ingresos del Estado como consecuencia de los tratados de libre comercio con los países asiáticos y otros puntos contemplados tanto en las 36 medidas como en el programa de la Concertación, es imprescindible contar con recursos permanentes.

El señor MASFERRER.-

¡No aumentemos el IVA!

El señor VELASCO (ministro de Hacienda).-

Estamos manteniendo el IVA en su nivel actual. Lo ha dicho la señora Presidenta.

Otro punto central es que los países serios adoptan reglas y se ciñen a ellas. La República de Chile adoptó una regla a partir del 2000, según la cual calculamos el presupuesto de acuerdo a un sistema de balance estructural, una meta de superávit fiscal de 1 por ciento. En ese sentido, la Presidenta ha dicho muy claramente que mientras no cambien las condiciones que dieron lugar a la fijación de dicha regla, ésta se mantendrá, lo cual tiene muchas implicancias y sólo destacaré una de ellas.

De los aparentemente gigantescos ingresos por concepto del cobre sólo debemos gastar el componente permanente; no la parte transitoria. Todos sabemos -basta con leer los informes especializados- que nadie cree que el precio actual del cobre se vaya a mantener en 2,50 dólares por libra y el consenso es que, si bien su precio de largo plazo es más alto que el contemplado en el presupuesto de este año, sin lugar a duda, no es el precio actual. Esto significa que, como en años anteriores, habrá un comité de expertos independientes que incluya a los mejores especialistas del país, de todas las sensibilidades políticas, que deberá hacer una estimación sobre cuál debe ser el precio de largo plazo del cobre. De acuerdo a esa estimación, corresponderá gastar lo que es de largo plazo y ahorrar lo que es de corto plazo. ¿Por qué ahorrar? Porque los países responsables ahorran en períodos de auge a fin de contar con un colchón en períodos de vacas flacas. Sin duda, las actuales circunstancias de la economía mundial son especialmente favorables, pero no se van a mantener, por lo que hoy debe actuarse de manera responsable y financiar el programa social de modo prudente para estar bien preparados ante cualquier eventualidad.

Finalmente, en cuanto a la carga tributaria del país, aquí se han hecho afirmaciones acerca de una supuesta escalada tributaria. Recuerdo que varios tributos que se mencionaron no son tales. Por ejemplo, los peajes que se cobran en las carreteras concesionadas los pagan privados a empresas privadas; por lo tanto, difícilmente podemos considerarlos tributos.

Lo que corresponde, sencillamente, es ver la carga tributaria como porcentaje del PIB, la cual no se ha incrementado mucho en las últimas décadas. De hecho, hoy es, más o menos, la misma que hace dos décadas.

En resumen, estamos ante un proyecto que establece beneficios debidamente financiados. Por eso su aprobación va a ser una buena noticia para todos los chilenos.

He dicho.

-Aplausos.

El señor LEAL (Presidente).-

Tiene la palabra el ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade.

El señor ANDRADE ( ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente , como dijo el ministro de Hacienda , con este proyecto se pretende, esencialmente, asumir, por una parte, el compromiso programático de fondo o el sello que la Presidenta intenta establecer en su mandato, cual es la protección social, y, al mismo tiempo, hacernos cargo de esa deuda que hay con un importante número de chilenos y chilenas, esencialmente de la tercera edad, que hoy reciben pensiones que inevitablemente debemos incrementar.

Celebro que la mayoría de las intervenciones hayan coincidido en el sentido de la justicia del proyecto, en tanto su oportunidad, cuantía y cobertura de beneficiados.

Desde ese punto de vista, no podemos sino manifestar nuestra complacencia con la honorable Cámara por haber tenido el sentimiento de reconocer que el proyecto está en la línea de lo que corresponde y es de plena justicia.

Las dificultades que se han planteado tienen que ver con dos líneas, y respecto de ellas haré un par de comentarios. Por una parte, está el acceso automático a la pensión asistencial. El ministro de Hacienda y el Gobierno han comprometido la voluntad explícita de generar un nuevo instrumento de focalización, un nuevo mecanismo de trabajo en este sentido. Esto no es una novedad; lo dice el programa de la Presidenta. Estamos conscientes de que el instrumento que actualmente usamos tiene un conjunto de distorsiones que hace no del todo justa la asignación. Con el instrumento que hoy tenemos estamos asegurando de todas formas el acceso automático para aquellos que, cumpliendo los requisitos, hoy no recibieron la pensión asistencial simplemente porque la cobertura de dinero no alcanzaba para ello. Estamos hablando del orden de 25 mil personas.

Sin embargo, como estamos conscientes de que este instrumento provoca distorsiones, hemos comprometido formalmente, ante la honorable Cámara, la voluntad del Gobierno de avanzar en un instrumento de focalización más preciso.

No cabe duda de que un instrumento idóneo debe tener una centralidad en el ingreso como factor esencial de determinación del carácter del beneficiado; sin embargo, este no es el único factor que debemos considerar. En el pasado hubo un instrumento que puso su acento casi exclusivamente en el ingreso, y provocó distorsiones.

La necesidad de vincular adecuada y equilibradamente el ingreso con el patrimonio y con otro tipo de consideraciones, como enfermedades, se transforma en una necesidad inesquivable para el nuevo instrumento.

El segundo aspecto controvertido es el del financiamiento. El ministro de Hacienda ya se ha referido a ello. Yo sólo quiero hacer un comentario. Me ha llamado la atención, y lo quiero decir con bastante franqueza, la naturaleza del debate, porque, en estricto rigor, de lo que estamos hablando es de una medida que financia éste y muchos otros programas sociales. Estamos hablando del gran ámbito de los programas sociales que está vinculado a la protección social como un factor esencial de la cohesión social, que es un dato inesquivable para mantener un sistema democrático. Estamos haciéndonos cargo de un compromiso que todos los candidatos plantearon en sus campañas. Esto no es una novedad, está escrito, está dicho. En la segunda vuelta de la última campaña presidencial, el señor Sebastián Piñera y la señora Michelle Bachelet, tenían el mismo planteamiento. Ambos se hacían cargo de la mantención del IVA en 19 puntos. En consecuencia, aquí nadie puede sentirse sorprendido o violentado, y menos decir que esto ha sido una novedad. Es parte de los compromisos de campaña de ambos candidatos. Y voy más allá, los candidatos que participaron en la primera vuelta también dijeron lo mismo. Entonces, no hay ninguna sorpresa. En consecuencia, pedimos a las diputadas y diputados un mínimo sentido de coherencia, que dé cuenta de lo que fueron sus adhesiones electorales en las últimas campañas y voten en esa dirección.

Por último, quiero señalar, a propósito de un comentario que escuché, que aquí no hay que creerle ni al compañero tal ni al compañero cual, sino a la Presidenta de Chile , porque ella está cumpliendo taxativamente, en el corto plazo, los compromisos que adquirió ante el pueblo de Chile.

Muchas gracias.

El señor LEAL (Presidente).-

Cerrado el debate.

Informo a la Sala que el artículo 7º se votará separadamente, por cuanto ha sido objeto de indicación para suprimirlo.

En votación general el proyecto, con excepción de los artículos 5° y 6°, que tienen el carácter de normas de quórum calificado.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 116 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Álvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

El señor LEAL ( Vicepresidente ).-

En votación los artículos 5° y 6°, que para su aprobación requieren el voto favorable de 61 diputadas y diputados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 117 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

El señor LEAL (Presidente).-

Si le parece a la Sala, por no haber sido objeto de indicaciones también se declara aprobado en particular, dejando constancia de que se alcanzó el quórum constitucional requerido, con excepción del artículo 7° respecto del cual se ha formulado indicación para eliminarlo.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Aprobado el proyecto en particular.

En votación el artículo 7°.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

El señor LEAL (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo Alejandro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.

El señor LEAL (Presidente).-

Despachado el proyecto.

1.5. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 05 de abril, 2006. Oficio en Sesión 5. Legislatura 354.

VALPARAISO, 5 de abril de 2006

Oficio Nº 6092

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Certificados y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1 del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000, pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953.

Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ”al momento de selección”.

2) Reemplázase, a contar del día 1 del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.

Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.

******

Hago presente a V.E. que los artículos 5° y 6° del proyecto fueron aprobados en general y en particular con el voto favorable de 117 Diputados presentes, de 120 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

ANTONIO LEAL LABRÍN

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Informe de Comisión de Hacienda

Senado. Fecha 11 de abril, 2006. Informe de Comisión de Hacienda en Sesión 6. Legislatura 354.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica.

BOLETÍN N° 4.131-13

_________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de presentaros su informe sobre el proyecto de ley de la referencia, iniciado en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

A la sesión en que se trató el proyecto asistieron, además de sus miembros, el Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco; el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade; la Subsecretaria del Trabajo, señora Lissette García; el Director de Presupuestos, señor Alberto Arenas; el Subdirector de Presupuestos, señor Julio Valladares; los asesores del Ministerio de Hacienda, señoras Jacqueline Saintard y Patricia Orellana, y señores Juan Luis Monsalve, Enrique Paris y Marcelo Tokman, y los asesores del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señora Mónica Segura y señor Francisco Del Río.

El proyecto de ley en estudio fue analizado previamente por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Cabe hacer presente que la iniciativa legal debe discutirse en general y en particular a la vez, por haber sido calificada de “discusión inmediata”.

Vuestra Comisión de Hacienda considera que los artículos 5° y 6° de la iniciativa constituyen regulación del ejercicio del derecho a la seguridad social y por ende son de quórum calificado, por lo que deben ser aprobados por la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

- - -

Vuestra Comisión de Hacienda se pronunció respecto de los siete artículos permanentes y el artículo transitorio del proyecto, en los términos en que fueron aprobados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, como reglamentariamente corresponde.

DISCUSIÓN

Al darse inicio al análisis de la iniciativa, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social hizo presente que la iniciativa en informe se inserta en el programa general de S.E. la Presidenta de la República de construir un sistema de protección social para los chilenos. En este ámbito, el reajuste de las pensiones más bajas adquiere gran importancia.

Señaló que el proyecto tiene dos contenidos básicos, cuales son el reajuste de las pensiones más bajas y el acceso automático a las pensiones asistenciales.

En lo referente al reajuste, precisó que éste asciende a 10% de las pensiones más bajas, estableciendo como criterio para determinar cuáles son éstas un corte de $100.000, por lo que el reajuste se aplica a las pensiones inferiores a este monto. La sola aplicación del reajuste provocaría una cierta distorsión en aquellas pensiones superiores a $100.000 pero inferiores a $110.000, por lo que estas pensiones recibirán un incremento que les permitirá nivelar su beneficio a este último monto.

Informó que el proyecto en informe beneficia en términos generales a 1.216.000 personas aproximadamente. Los beneficiarios son los que reciben pensiones mínimas y superiores a las mínimas, con el corte de los $100.000, pagadas por el I.N.P., incluidos los exonerados políticos y los pensionados de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; las pensiones mínimas y superiores a las mínimas pagadas por las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA Y DIPRECA); las pensiones mínimas y superiores a las mínimas de la ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que pagan las mutualidades; las pensiones mínimas con garantía estatal del decreto ley N° 3.500 y las pensiones asistenciales de vejez, invalidez o deficiencia mental del decreto ley N° 869.

Explicó que con el reajuste extraordinario las pensiones mínimas de los menores de 70 años pasarán de $ 79.876 a $87.854; las de las personas entre 70 y 75 años pasarán de $87.328 a $96.061, y las de los mayores de 75 años pasarán de $93.176 a $102.494.

Por otra parte, afirmó, en lo que respecta a las pensiones asistenciales, el reajuste impactará también por tramos de edad, de modo que las cifras de 40, 42 y 46 miles de pesos quedarán en 44, 47 y 51 miles de pesos, respectivamente.

A continuación abordó el tema del acceso automático a pensiones asistenciales. Observó que en atención a la forma en que se entregan esas pensiones, hay un número importante de personas que si bien cumplen los requisitos que la ley establece al efecto, no tienen acceso a la pensión asistencial, porque la asignación presupuestaria previamente establecida no alcanzó para el número de personas que cumplen el requisito. El proyecto establece el acceso automático a la pensión asistencial para todas aquellas personas que cumplan los requisitos vigentes al día de hoy, que no acceden por limitaciones en los recursos presupuestarios. Hizo hincapié en que se utilizará para la calificación los instrumentos vigentes hoy en día.

Frente a una consulta en tal sentido del Honorable Senador señor Novoa, informó que se estima que habrá aproximadamente 25.000 nuevos asignatarios de pensiones en virtud del acceso automático.

En seguida el señor Ministro de Hacienda enfatizó los siguientes aspectos:

- Se trata de un reajuste de magnitud. Es un monto importante, de 10%.

- Espectro de personas cubiertas. Se incorpora a las pensiones asistenciales y a las pensiones mínimas dentro del I.N.P.; a todas aquellas pensiones dentro del I.N.P. que sin ser mínimas están por debajo de $110.000 y a las pensiones mínimas de las personas jubiladas bajo el decreto ley N° 3.500.

- Sostuvo que el reajuste es amplio en cuanto a su inclusividad, aquellas personas que hasta el momento no tenían derecho a la pensión asistencial ahora tendrán acceso automático y reajuste.

Aseguró que sumando tamaño, rango de beneficiarios y automaticidad del acceso a la pensión asistencial no ha habido antes un reajuste más cuantioso desde el año 1990.

Hizo notar que los beneficiarios del paquete completo, incluyendo el reajuste y el acceso automático ascienden a 1.216.000 personas aproximadamente.

En cuanto al costo del reajuste, subrayó que debe distinguirse el costo para el presente año y para los años venideros. Informó que se estima que para este año el costo, incluyendo a los nuevos beneficiarios de la pensión asistencial, alcanza a $65.738 millones, y que el costo en régimen a partir de 2007 alcanzaría a $97.500 millones. Mencionó que si se compara esto con otros programas sociales importantes y emblemáticos, como por ejemplo el AUGE, el costo en régimen es más de lo que costó el incremento en los gastos de salud asociados al AUGE, lo que muestra lo cuantioso del reajuste propuesto.

- Los beneficios son permanentes. Por este motivo deben tener financiamiento permanente. Recordó que durante la campaña presidencial se señaló que hay un fondo de US$ 300 millones de libre disponibilidad contemplado en el presupuesto del año 2006. El costo para el año 2006 de las medidas del proyecto ascienden a $66.000 millones adicionales e importarán un cargo a esa Partida. Sin embargo, esa Partida está en el presupuesto del año 2006, no en los presupuestos futuros. Para que se pueda seguir financiando beneficios permanentes se requiere mantener la estructura tributaria vigente, lo que implica mantener el I.V.A. en 19%, como propone el artículo 7° del proyecto de ley.

El señor Ministro recordó que el tema se había explicitado claramente en el programa de la Concertación y que la entonces candidata y actual Presidenta de la República había mencionado en reiteradas oportunidades que uno de los componentes centrales del financiamiento del programa de protección social era la mantención del I.V.A.

Destacó que un punto del I.V.A. al nivel de actividad actual en el país recauda aproximadamente $320.000 millones, lo que equivale a algo menos de US$ 600 millones. Aproximadamente US$180 millones financiarían los beneficios que se conceden en la iniciativa en informe. El resto financiaría otros proyectos, algunos de los cuales comenzarán su tramitación legislativa en corto plazo, tales como el aumento de dotación de Carabineros en los años venideros, para terminar con 6000 nuevos Carabineros el último año de esta década, que tendrá un costo en régimen de US$115 millones; patologías adicionales del AUGE para el próximo año, y Tratados de Libre Comercio que serán suscritos (con China, India, Japón y otro con Nueva Zelandia, Brunei y Singapur), que tienen un costo cuantioso. La mantención del I.V.A. en 19% permitirá tener financiamiento permanente para estos proyectos.

- Finalmente, enfatizó que el conjunto del paquete de medidas propuestas en el proyecto tiene beneficios netos para los más pobres y un efecto redistributivo muy deseable a juicio del Ejecutivo, por cuanto el grueso del pago del I.V.A. recae en los que consumen más, que son los de los quintiles más altos, mientras el grueso de los beneficios de programas tales como el aumento de las pensiones, el aumento de dotación en Carabineros o el aumento de cobertura de patologías AUGE recae en los quintiles de menores ingresos, por lo que si se comparan costos y beneficios el 60% más pobre de la población es beneficiaria neta del conjunto de programas sociales.

- El Honorable Senador señor García solicitó al Ministro del Trabajo y Previsión Social información, por tramos, acerca de los montos de las pensiones pagadas en la actualidad por el I.N.P. Ello por cuanto entiende que hay personas que reciben pensiones inferiores al mínimo y estima que podría hacerse el esfuerzo de que personas mayores pudieran tener acceso a pensiones mejores.

- En relación a la automaticidad que contempla el artículo 6° del proyecto en informe, sostuvo que es relativo que con esta disposición se pone término a las listas de espera. Mencionó que un informe de la Superintendencia de Seguridad Social señala que a noviembre del año 2005 no había listas de espera, ya que se crearon cupos adicionales que permitieron la desaparición de las listas de espera. Si bien es cierto que se han acumulado personas en los últimos meses del año anterior y primeros del actual, ello no debiera constituir un problema y el verdadero punto a dilucidar es dónde se va a producir el corte para hablar de automaticidad. Recordó que la ficha CAS es polémica y que se estudia su reemplazo.

En su opinión la materia debe estar resuelta en la ley, porque no tiene sentido hablar de automaticidad si los parámetros para acceder automáticamente no están dados en la ley y por tanto, la autoridad, por la vía administrativa, elevando las exigencias, podría ignorar la voluntad de los parlamentarios en el Congreso. Por ello el artículo 6° debiera estar redactado en términos precisos, que impidan interpretaciones disímiles en la materia, que acaben por impedir la automaticidad buscada.

Observó, asimismo, que el asunto se relaciona con lo que se defina como línea de pobreza, tarea que no es fácil de hacer y que amerita, a su juicio, dejar regulada la materia en la ley.

- Planteó, además, una observación acerca de que para acceder a la pensión asistencial, el requisito de edad es igual para hombres y para mujeres: 65 años. Manifestó que esperaba que en el proyecto en informe se hubiera avanzado en bajar el requisito de edad a 60 años, en el caso de las mujeres. Recordó que en 1980, al hacerse la reforma previsional y establecerse 60 años para la edad de jubilación de las mujeres y 65 años en el caso de los hombres, a las mujeres se las privó del reconocimiento de un año por cada hijo, que tenían hasta entonces. Si se trata de avanzar más rápido y mejor en redistribución del ingreso, con mayor razón las mujeres más pobres debieran poder obtener pensiones asistenciales a los 60 años.

- Por último, y respecto del I.V.A., consultó cuánto se prevé, en los cuatro años de Gobierno, que será el aumento de la recaudación por I.V.A. y qué se va a hacer con ello. Sostuvo que al ser anunciado el proyecto en informe, no incluía referencias al I.V.A. y que se había planteado como el cumplimiento de los programas que había ofrecido durante su campaña la Presidenta de la República, programa que en este caso él aprueba. El problema consiste en que el artículo 1° condiciona el beneficio a la aprobación del artículo 7°, en circunstancias que él considera que la discusión debe realizarse en forma separada, porque si bien es cierto que, en términos generales, los distintos candidatos señalaron que mantendrían el I.V.A. en 19%, también lo es que en el caso del candidato de Renovación Nacional, éste proponía un alza inmediata de 20% en las pensiones. Por lo tanto, concluyó, el tema del I.V.A. debiera ser discutido en un contexto más amplio: ¿cuántos mayores ingresos tributarios genera el crecimiento? ¿es necesario o no mantener el I.V.A.? ¿qué se financia con el punto de I.V.A? ¿los programas que se financian tienen rentabilidad social?. Mucho dinero de programas sociales se malgasta y por ende, si se pudiera evaluar los programas sociales y disminuir algunos, podría quedar disponible una cantidad de recursos que permitiría, tal vez, financiar medidas como las que plantea la iniciativa.

El Honorable Senador señor Novoa adhirió a lo expuesto por el Honorable Senador señor García y llamó la atención hacia la importancia de revisar el nivel y la eficiencia del gasto, observando que si en definitiva cada nuevo proyecto va a tener que ser financiado con aumento de impuestos llegará un momento en que no se podrá resistir la situación.

Consultó por la justificación de que las pensiones bajo $100.000 del I.N.P. tengan reajuste y no lo tengan las de las A.F.P.

Se respondió a su pregunta señalando que el Fisco sólo paga las pensiones que tienen cobertura estatal.

El Director de Presupuestos precisó que ambos sistemas previsionales tienen el mismo mínimo, por cuanto el decreto ley N° 3.500 toma el mínimo del sistema antiguo. El proyecto de ley reajusta el mínimo y, por tanto, el del decreto ley N° 3.500 también se reajusta. Precisó que en el caso que una pensión del nuevo sistema de pensiones no alcance este mínimo, el Estado la suplementará hasta dicho monto.

El Honorable Senador señor Sabag manifestó su complacencia por el cumplimiento de la promesa que la Presidenta de la República había hecho durante su campaña, de dar un reajuste a las pensiones más bajas, que estima un gesto de justicia que significa una redistribución de la riqueza en el país.

Comunicó su satisfacción, asimismo, con la automaticidad de las pensiones asistenciales, que permitirá a todas las personas que cumplan los requisitos acceder a su obtención.

Afirmó que un Estado como Chile, con su nivel de crecimiento, debe asegurar a sus ciudadanos más pobres una pensión mínima en su vejez.

Hizo presente que gastos de carácter permanente, como los que propone la iniciativa en informe, requieren de fuentes de ingresos permanentes que permitan su financiamiento.

Destacó la cobertura del plan AUGE y los programas de seguridad ciudadana, salas cuna, etc., y anunció que prestaría su aprobación al proyecto en informe.

El Honorable Senador señor Escalona solicitó información respecto del reajuste de las pensiones asistenciales. Se le informó que suben de $40.169 a $44.186 en el tramo de menores de 70 años; de $42.821 a $47.103 en el de 70 a 75 años y de $46.821 a $51.503 para los mayores de 75 años.

Observó que existe acuerdo respecto de la conveniencia de la automaticidad de las pensiones asistenciales, sosteniendo que es un tema netamente instrumental el de definir qué es mejor, si regular la materia en la propia ley o mantenerla en el Reglamento. La experiencia indica que en la materia hay cierta movilidad y que, en la medida en que el país ha ido avanzando, la pensión asistencial ha ido evolucionando de una pensión que abarcaba sectores en situación de indigencia a una que cubre no sólo la indigencia sino también la pobreza. Manifestó preocupación por la circunstancia de que, para poder asegurar que personas que estén en la frontera de la asignación, la redacción en la ley pudiera dificultar más que facilitar la obtención del beneficio.

Recalcó la importancia de evitar que se produzca una presión inmanejable en el tema, como ha sucedido con la ley respecto de los exonerados, que provocó innumerables casos de solicitudes de exonerados que no lo eran en realidad, situación que podría replicarse ahora con las pensiones mínimas y el interés por acceder a ellas por personas que las busquen como complemento de ingresos.

Consideró valioso que exista acuerdo respecto de que en la situación actual del país se debe poder asegurar a las personas más vulnerables contar con una pensión asistencial.

En cuanto al financiamiento, señaló que un reajuste de esta naturaleza, que beneficiará a 1.216.000 personas, requiere un pronunciamiento en la materia ahora.

Hizo presente que si bien podría dejarse la resolución del tema para la discusión del presupuesto del próximo año, ya que existe disponibilidad de recursos para este año, estimaba que ello sería un ejercicio riesgoso, dado que si se cuenta con un conjunto de recursos disponibles por la vía de que el manejo macroeconómico del país ha facilitado que nuestras tasas de interés sean ventajosas, no debiera permitirse ninguna licencia en este punto. Apoyar el proyecto, que implica un desembolso cuantioso, sin dejar desde ahora establecido el financiamiento, sería inconveniente, porque la discusión habrá que efectuarla igual, opinó, razón por la cual estimaba preferible no postergar la discusión y no lesionar el prestigio del país.

Planteó que si bien existe una reflexión general pendiente sobre el sistema previsional, donde deberán abordarse temas de capital importancia, como el que según los antecedentes estadísticos más del 50% de las personas que jubilan necesitarán el apoyo estatal para tener la pensión mínima garantizada por el Estado; que apenas el 5% de los trabajadores independientes esté cotizando, etc., reflexión que obligará a una discusión acerca de la distribución del ingreso y de los eventuales aportes de los sectores de mayores ingresos, ello hace aconsejable, con mayor razón, dejar este proyecto de ley con el financiamiento establecido.

El Honorable Senador señor Ominami valoró el proyecto en informe, que a su juicio beneficia a un sector particularmente carente, que tiene serias dificultades para reivindicar sus aspiraciones y vive en condiciones extremadamente difíciles. Consideró valioso que se avance en la idea de construir un sistema de protección social que parta por el sector más vulnerable.

Recordó, además, que al anunciarse el proyecto hizo presente que era necesario mantenerse en la sana doctrina de que beneficios permanentes debían ir acompañados de fuentes de ingreso permanentes, independientemente de la discusión que pueda hacerse respecto de las fuentes de ingreso. No habría sido apropiado plantear un proyecto sólo con beneficios, girando su financiamiento a cuenta de la Partida de libre disponibilidad y de lo que se fuera acumulando producto de la bonanza, que no tendrá el horizonte de permanencia que requiere el financiamiento de las pensiones más bajas.

Planteó, enseguida, las siguientes observaciones:

- A principios de la década de los 90, en el Gobierno del Presidente Aylwin, del cual él formó parte, se logró una gran reivindicación con la devolución del 10,6% a los jubilados,. En tal caso no podría afirmarse que el reajuste del 10% es el más grande que se ha concedido desde 1990 a la fecha.

- En todo caso, el reajuste que propone la iniciativa es importante y significa un esfuerzo fiscal considerable, que se encuadra en la idea de ir construyendo un sistema de protección social de mayor envergadura. Informó que había solicitado al Servicio del Adulto Mayor antecedentes respecto de algún tipo de “canasta de consumo” de los adultos mayores, y que el valor de la canasta básica asciende a $130.725, lo que muestra que aún falta avanzar más en la materia, aunque valoró el esfuerzo que se está haciendo.

- Señaló que mantiene aprensiones respecto de la automaticidad, por la redacción del artículo 6°, que alude a los requisitos establecidos en el artículo 1° del D.L. N° 869. El puntaje de 550 puntos en la ficha CAS que ello supone, más que responder a un criterio vinculado con la medición de la canasta familiar tiene que ver con un criterio presupuestario, porque fue allí donde se cortó en función de las disponibilidades presupuestarias. Manifestó que no quisiera que se planteara con este proyecto una discusión como la que se produjo con el segundo crédito universitario o como la que se da con los deudores habitacionales y quienes son o no beneficiarios.

Afirmó que simpatizaba con la idea de ser más preciso en el proyecto de ley en cuanto a quienes serán beneficiarios y quienes no, para no dejar la materia entregada a un reglamento que establece un corte en virtud de disponibilidades presupuestarias y no de parámetros objetivos.

Expuso que entiende que hay una previsión financiera para 25.000 nuevas pensiones asistenciales y consultó si estas personas estaban ya inscritas a la fecha.

- El proyecto es progresivo y no regresivo, pero consideró que podría ser más progresivo aún. Recordó que el I.V.A. es un impuesto eficiente desde el punto de vista de su recaudación pero es regresivo y opinó que habría sido más progresivo un financiamiento sobre la base de intervenir sobre el I.V.A., porque este impuesto no es parejo, como sucede con el I.V.A., en la construcción. Solicitó al Ejecutivo un compromiso en el sentido de que habrá una discusión más amplia sobre estos temas.

- Manifestó que si bien es cierto que mantener el I.V.A. en 19% fue una afirmación que se hizo en la campaña presidencial, también lo es que al votarse en el año 2003 por el aumento al 19%, se aseguró a la opinión pública que ello sería hasta el 31 de diciembre de 2006, y ello le provoca cierta incomodidad al votar el proyecto.

El Honorable Senador señor Sabag hizo notar que en los discursos de campaña de la actual Presidenta de la República se mencionaba que la edad de las mujeres para acceder a las pensiones mínimas era de 60 años, cosa que la gente no olvida fácilmente y que podría ocasionar dificultades a los parlamentarios.

Sobre el mismo tema, el Honorable Senador señor García solicitó a los representantes del Ejecutivo antecedentes sobre el número de mujeres que resultarían beneficiadas con un proyecto de ley que considerara bajar a 60 años la edad para obtener una pensión asistencial y el valor de las pensiones contributivas inferiores a la mínima versus el valor de las pensiones asistenciales.

Ante los planteamientos de algunos señores Senadores, el Director de Presupuestos señaló que el proyecto de ley trata de beneficiar en lo inmediato a todos aquellos que cumplen los requisitos, y para plantear este debate con el carácter de discusión inmediata, lo relativo al tema institucional, requisitos, instrumentos y su focalización, etc., no se podría abordar en esta oportunidad. La discusión acerca del sistema debía darse en otro marco y por ello no es posible considerar en esta ocasión temas como el del acceso a todo evento de los menores de edad con invalidez por deficiencia mental a pensiones asistenciales, o el de las pensiones contributivas inferiores a la pensión mínima, etc. asuntos que deberían analizarse en el contexto de la reforma al sistema previsonal.

En cuanto a la discusión acerca del I.V.A., la recaudación y el financiamiento de programas, el señor Ministro de Hacienda hizo hincapié en dos puntos:

- No se trata de un aumento de impuestos porque la tasa a la cual se está gravando el consumo no cambia.

- El crecimiento de la economía produce un incremento de la recaudación y también suben los gastos, por lo que, proyectando ingresos, manteniendo el I.V.A. y proyectando gastos se llegó al convencimiento de que había espacio para un programa pro igualdad.

Cabe señalar que los integrantes de la Comisión manifestaron interés en el rediseño de la ficha CAS que lleva adelante el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) y que los representantes del Ejecutivo se refirieron a los puntajes que se utilizan para la determinación de los niveles de indigencia y pobreza. El Honorable Senador señor García consideró conveniente que se licitara la aplicación de la ficha CAS a alguna universidad, para evitar su aplicación por municipalidades que tienen diversos criterios en la materia.

- En virtud de las consideraciones anteriores, sometido a votación en general el proyecto, la idea de legislar resultó aprobada por unanimidad, con los votos de los Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa, Ominami y Sabag.

El Honorable Senador señor Novoa fundó su voto haciendo presente que estima de justicia el aumento de las pensiones.

Observó que la pensión mínima tendría que ir asociada a un estímulo a quienes realizan cotizaciones.

Opinó que el monto de las pensiones asistenciales es todavía bajo y que hay que hacer un esfuerzo para aumentar los montos, lo que se vincula a la necesidad de determinar si el beneficiario de la pensión asistencial es una persona pobre o no.

Finalmente, y respecto del financiamiento del proyecto, estimó que no era el momento de plantear el aumento del I.V.A al 19%. Recordó que el Ministro de Hacienda había señalado que la revisión de la estructura tributaria se haría en otro momento, al ver otros proyectos de ley, y manifestó que eso es precisamente lo que teme. Aseguró que no considera irresponsable aprobar el proyecto sin aprobar el aumento del I.V.A., porque le preocupa que en algunos meses más se hable de aumentar otros tributos para el financiamiento de otros proyectos.

Artículo 1º

Es del siguiente tenor:

“Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1 del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000, pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.”.

- El artículo 1º fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa, Ominami y Sabag.

Artículo 2º

Establece que los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

- El artículo 2º fue aprobado con la misma unanimidad consignada respecto de la aprobación del artículo 1°.

Artículo 3º

Concede, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953.

- Se aprobó con idéntica unanimidad a la ya registrada respecto de los artículos precedentes.

Artículo 4°

Dispone que para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

- El artículo 4° se aprobó por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa, Ominami y Sabag.

Artículo 5°

Preceptúa que corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

El Honorable Senador señor García observó que esta disposición sería innecesaria por cuanto la Superintendencia de Seguridad ya tiene esa facultad.

El señor Director de Presupuestos informó que la Superintendencia de Seguridad Social había solicitado especialmente que se incluyera la norma, toda vez que en otras materias a veces se ha omitido y ello le ha ocasionado a dicha Superintendencia algunas dificultades con la Contraloría General de la República y otros organismos respecto de la forma en que fiscaliza las materias.

- El artículo 5° fue aprobado por la misma unanimidad ya consignada respecto de la votación del artículo 4°.

Artículo 6°

Introduce las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deroga el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprime en el inciso segundo del artículo 2° la frase ”al momento de selección”.

2) Reemplaza, a contar del día 1 del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.

Respecto de la posibilidad de mejorar la redacción del precepto, planteada por algunos señores Senadores, el Ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que si se establecen los criterios de corte en la ley ello podría rigidizar la materia y obligar a que una eventual modificación fuera también materia de ley. Por ello se decidió no innovar en el punto de vista institucional. Hoy en día está establecido que el reglamento norma la materia.

El Honorable Senador señor Novoa consultó si sería necesario efectuar alguna modificación legal si el problema no fuera el corte sino que los criterios, porque según sostuvo, el mayor desencanto de la gente con la ficha CAS apunta en tal sentido. Se respondió que no, porque son factores.

El Director de Presupuestos insistió en el hecho de que modificar la redacción del artículo 6° implica entrar a una discusión institucional que no se quiere abordar en esta ocasión.

- En virtud de las consideraciones anteriores y sometido a votación el artículo 6°, se pronunciaron a favor los Honorables Senadores señores Escalona y Sabag. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores García, Novoa y Ominami.

El Honorable Senador señor Novoa hizo presente que se abstenía con el propósito de ver si se podía perfeccionar la redacción de la norma, argumento que compartieron los Honorables Senadores señores García y Ominami.

Repetida la votación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de la Corporación, el Honorable Senador señor Ominami cambió su voto por el de aprobación y los restantes señores Senadores mantuvieron su votación anterior, resultando aprobado el artículo por tres votos a favor y dos abstenciones.

El Honorable Senador señor Ominami dejó constancia de que espera que la redacción del precepto, que considera confusa, no cause efectos indeseados en el futuro, y que, si los provoca, el Ejecutivo tenga la capacidad de reconocer que propuso una redacción imperfecta.

Artículo 7°

Deroga, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

- Fue aprobado por tres votos a favor y dos en contra. Se pronunciaron favorablemente los Honorables Senadores señores Escalona, Ominami y Sabag. Votaron en contra los Honorables Senadores señores García y Novoa. Los integrantes de la Comisión fundaron su voto en las consideraciones planteadas durante la discusión en general de la iniciativa. El Honorable Senador señor Ominami aprobó la norma en el entendido de lo que se expuso por los representantes del Ejecutivo en cuanto a que hay una discusión tributaria más amplia que estaría pendiente y que los temas de evasión y de elusión podrán ser tratados en ese momento.

Artículo transitorio

Establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.

- La Comisión lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa, Ominami y Sabag.

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FINANCIAMIENTO

El Informe Financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, del 20 de marzo de 2006, consigna el siguiente cuadro indicativo de los costos de las medidas propuestas por la iniciativa:

En consecuencia, las normas del proyecto no producirán desequilibrios presupuestarios ni incidirán negativamente en la economía del país.

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el siguiente texto:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1 del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000, pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953.

Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ”al momento de selección”.

2) Reemplázase, a contar del día 1 del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.

Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 10 de abril de 2006, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Ominami Pascual (Presidente), Camilo Escalona Medina, José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y Hosain Sabag Castillo.

Sala de la Comisión, a 11 de abril de 2006.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE UN REAJUSTE EXTRAORDINARIO A LAS PENSIONES MAS BAJAS Y MODIFICA OTRAS LEYES QUE INDICA

(BOLETÍN Nº 4.131-13)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: otorgar un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y universalizar el derecho para acceder a la pensión asistencial a las personas carentes de recursos y que cumplan con los requisitos para ello.

II. ACUERDOS: aprobación en general por unanimidad (5x0). Los artículos 1° a 5° y el artículo transitorio fueron aprobados por unanimidad (5x0); el artículo 6° se aprobó por mayoría (3x2 abstenciones) y el artículo 7° también fue aprobado por mayoría (3x2 en contra).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

El proyecto de ley está conformado por siete artículos permanentes y uno transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: los artículos 5° y 6° de la iniciativa constituyen regulación del ejercicio del derecho a la seguridad social y por ende son de quórum calificado, por lo que deben ser aprobados por la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental.

V. URGENCIA: “discusión inmediata.”.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: unánime (117x0).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de abril de 2006.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1) la ley Nº 15.386, sobre revalorización de pensiones; 2) la ley Nº 10.662, que crea la sección que indica en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional; 3) la ley Nº 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 4) la ley Nº 18.611, que establece regionalización presupuestaria de los subsidios familiares y pensiones asistenciales; 5) la ley Nº 18.694, que establece normas de reajuste de pensiones que indica; 6) la ley Nº 19.403, que concede aumento extraordinario a pensiones de viudez y otras que señala; 7) la ley Nº 19.539, que otorga reajuste extraordinario, bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados que señala; 8) la ley Nº 19.953, que otorga bono extraordinario y beneficios previsionales a personas que señala, modificando el decreto ley Nº 869, de 1975, y la ley Nº 19.454; 9) la ley Nº 19.888, que establece financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno; 10) la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas; 11) la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; 12) el decreto ley Nº 869, de 1975, que establece régimen de pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos; 13) el decreto ley Nº 2.448, de 1979, que modifica regímenes de pensiones que indica; 14) el decreto ley Nº 2.547, de 1979, que revaloriza pensiones de regímenes previsionales que señala, y 15) el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.

Valparaíso, 11 de abril de 2006.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de Comisiones

2.2. Informe de Comisión de Trabajo

Senado. Fecha 11 de abril, 2006. Informe de Comisión de Trabajo en Sesión 6. Legislatura 354.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica.

BOLETÍN Nº 4.131-13

___________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene el honor de informaros respecto del proyecto de ley de la referencia, iniciado en un Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, corresponde que esta iniciativa se discuta en general y en particular a la vez.

A la sesión en que se consideró este proyecto, concurrieron, además de los miembros de la Comisión, los Honorables Senadores señores Jorge Pizarro Soto y Hosain Sabag Castillo; el Ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade; el Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco; la Subsecretaria de Previsión Social, señora Lissette García, y la asesora de esa Subsecretaría, señora Mónica Segura; de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, su Director, señor Alberto Arenas; el asesor del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, señor Francisco Del Río, y los asesores del Ministerio de Hacienda, señores Juan Luis Monsalve, Enrique París y Marcelo Tokman.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Otorgar un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y universalizar el derecho para acceder a la pensión asistencial a las personas carentes de recursos y que cumplan con los requisitos para ello.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Os hacemos presente que la Honorable Cámara de Diputados consideró que deben aprobarse con quórum calificado los artículos 5º y 6º del proyecto, por cuanto regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19, Nº 18º, de la Constitución Política, en relación con el artículo 66, inciso tercero, de esa Ley Fundamental.

Analizado este asunto por vuestra Comisión, y por existir opiniones divergentes sobre la materia, se resolvió, unánimemente, que la decisión sobre si estas normas son de quórum calificado o de ley común sea adoptada por la Sala.

Cabe consignar que el Honorable Senador señor Letelier estimó que las citadas disposiciones son de ley común, porque no están regulando el ejercicio del derecho a la seguridad social. Se refirió especialmente al artículo 6º, manifestando que las modificaciones que introduce al decreto ley Nº 869, de 1975, sólo están suprimiendo normas de procedimiento que tienen su origen en limitaciones presupuestarias, sin modificar, por ejemplo, los parámetros previsionales para conceder las pensiones asistenciales, esto es, se eliminan restricciones presupuestarias sin modificar los requisitos para otorgar dichas pensiones asistenciales. La Honorable Senadora señora Alvear coincidió con el planteamiento anterior.

Por su parte, el Honorable Senador señor Longueira consideró que las aludidas normas son de quórum calificado, porque están regulando el ejercicio de un derecho a la seguridad social. Hizo hincapié en que se están introduciendo modificaciones respecto a cómo se postula y se asignan las pensiones asistenciales, y que si ello tiene o no efectos presupuestarios no incide en que la normativa a modificar constituye una regulación del derecho a la seguridad social. El Honorable Senador señor Allamand concordó con esta opinión.

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ANTECEDENTES

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se han tenido en consideración, entre otros, los siguientes:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1) La ley Nº 15.386, sobre revalorización de pensiones.

2) La ley Nº 10.662, que crea la sección que indica en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional.

3) La ley Nº 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

4) La ley Nº 18.611, que establece regionalización presupuestaria de los subsidios familiares y pensiones asistenciales.

5) La ley Nº 18.694, que establece normas de reajuste de pensiones que indica.

6) La ley Nº 19.403, que concede aumento extraordinario a pensiones de viudez y otras que señala.

7) La ley Nº 19.539, que otorga reajuste extraordinario, bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados que señala.

8) La ley Nº 19.953, que otorga bono extraordinario y beneficios previsionales a personas que señala, modificando el decreto ley Nº 869, de 1975, y la ley Nº 19.454.

9) La ley Nº 19.888, que establece financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno.

10) La ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.

11) La ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

12) El decreto ley Nº 869, de 1975, que establece régimen de pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos.

13) El decreto ley Nº 2.448, de 1979, que modifica regímenes de pensiones que indica.

14) El decreto ley Nº 2.547, de 1979, que revaloriza pensiones de regímenes previsionales que señala.

15) El decreto ley Nº 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje con que se inicia este proyecto de ley destaca que durante los Gobiernos de la Concertación ha sido una prioridad mejorar las pensiones, especialmente de aquellos ciudadanos más carentes de recursos. En esta línea, se han dictado diversas leyes de reajustes extraordinarios de pensiones, entre las que cabe destacar las leyes N°s. 19.398, 19.539, 19.578 y 19.953. Siguiendo esta senda, el reajuste de pensiones que se propone es uno de los más importantes de las últimas dos décadas, tanto por el aumento de 10% en su valor, como por su extendida cobertura.

En efecto, más de 1.216.000 personas, que representan cerca del 90% de todos los pensionados INP, y los que se benefician de la garantía mínima estatal en las AFP, se verán favorecidos por esta medida. Además, con este proyecto de ley se otorgan nuevas garantías a los ciudadanos carentes de recursos, estableciéndose el derecho a recibir en forma automática la pensión asistencial en caso de cumplir con los requisitos de acceso establecidos en el decreto ley N° 869, de 1975.

Todas estas medidas son trascendentales en términos del número de beneficiarios y su focalización. Pero tanto o más importante, es que constituyen el fundamento para avanzar en la construcción de un Sistema de Protección Social digno, solidario y eficiente. Por ello, este proyecto es el primero de un conjunto que se someterá a consideración parlamentaria durante los próximos meses, y que permitirán construir una red social integral orientada a mejorar las condiciones de vida de las chilenas y chilenos más vulnerables.

El Mensaje agrega que hoy, como sociedad, podemos hacer estos esfuerzos gracias a que en los últimos quince años hemos implementado políticas económicas que han aumentado la riqueza de nuestro país, las que han sido complementadas con políticas de disciplina fiscal que proporcionan un marco estable para un uso responsable y eficiente de los recursos públicos. Esta combinación ha sido el pilar fundamental para la implementación y sustentabilidad de los diversos programas sociales que benefician a miles de ciudadanos.

De esta forma, el compromiso del Ejecutivo es no sólo continuar con esta exitosa estrategia, sino que profundizarla: tendremos alto crecimiento, férrea disciplina fiscal y, gracias a ello, una mejora histórica de nuestros programas sociales. En esta senda, el Mensaje subraya que el Gobierno ha presentado sus programas debidamente costeados y con sus fuentes de financiamiento responsablemente identificadas, y para ello se sigue una regla muy clara: para implementar beneficios sociales sostenibles en el tiempo, se requiere de fuentes de financiamiento permanentes.

S.E. la Presidenta de la República expresa que este importante reajuste de las pensiones que plantea el proyecto, es un muy buen ejemplo de esta política de responsabilidad fiscal. En efecto, si bien durante el año 2006 existe una provisión de recursos destinada a financiar la implementación de esta agenda social de 36 medidas, que incluye este mejoramiento de pensiones, desde el año 2007 en adelante esta disponibilidad no existirá, mientras que nuestra obligación de pagar las mayores pensiones persistirá. Esto último no podría ser de otra manera, puesto que no se está entregando un beneficio a los pensionados por una sola vez, sino que se viene aumentando de manera permanente sus ingresos para que mejoren su calidad de vida.

Lo anterior, precisa el Mensaje, obliga a buscar fuentes de financiamiento permanentes para hacer sostenible este esfuerzo en el tiempo. Con tal objeto, la presente iniciativa legal contempla mantener la vigencia de la actual tasa del impuesto al valor agregado (IVA).

Esto permitirá no sólo financiar en el tiempo el reajuste de pensiones y el acceso automático a las pensiones asistenciales planteados en este proyecto, sino que también mantener los equilibrios presupuestarios existentes y contar con recursos para la consolidación y ampliación del sistema de protección social que incluye, entre otros elementos adicionales, el asegurar la cobertura de educación pre-escolar, en especial, de los hijos e hijas de las madres trabajadoras de los quintiles más carentes de ingresos, y el avance en seguridad ciudadana con la incorporación de más personal policial en terreno.

Por último, el Mensaje afirma que sólo de esta manera responsable se podrá seguir proporcionando seguridad a todas las chilenas y chilenos, entendiendo que esto no significa sólo estar protegido frente a los riesgos, sino también tener certeza de contar con oportunidades para integrarse al progreso del país y recibir una justa retribución al esfuerzo empeñado. Esto es esencial para generar, en el corto y mediano plazo, un Chile con más igualdad de oportunidades de desarrollo para todos.

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DISCUSIÓN EN GENERAL

En primer término, el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social reiteró los fundamentos de la iniciativa contenidos en el Mensaje, destacando que este proyecto se inserta en la idea general de avanzar en la construcción de un gran sistema de protección social para los chilenos y, en particular, para responder a las necesidades más urgentes de los adultos mayores. Así, se abordan dos temas en particular, a saber, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones más bajas y el acceso automático a las pensiones asistenciales para las personas carentes de recursos que cumplen con los requisitos legales.

El aludido reajuste se aplica a todas las pensiones que no excedan de $ 100.000 mensuales y, además, a aquellas que, superando dicha cifra, no excedan de $ 110.000, para efectos de elevarlas a esta última cantidad.

En cuanto al acceso automático a las pensiones asistenciales, el Secretario de Estado precisó que se busca regularizar una situación existente que provoca un problema, de manera de permitir que todas las personas que cumplen los requisitos legales para acceder a las mismas puedan hacerlo, eliminándose, de esta forma, las listas de espera. Esto significaría favorecer a aproximadamente 25.000 personas.

Ahora bien, lo anterior operaría en base al actual instrumento de focalización utilizado respecto de estas materias -la ficha CAS II-, instrumento que, acotó, se ha transformado en un elemento controvertido, razón por la cual el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de avanzar en la configuración de un nuevo instrumento que haga prevalecer como dato más importante el factor ingreso por sobre el factor patrimonio.

El señor Ministro de Hacienda resaltó que, desde la perspectiva del monto porcentual, así como de la cobertura, estamos ante el reajuste de pensiones bajas más grande desde 1990 a la fecha. Agregó que los beneficiados con el reajuste y el acceso automático a las pensiones asistenciales serían aproximadamente 1.216.000 personas, y los costos estimativos de estos beneficios serían, para 2006, $ 65.738 millones (ya que operarían desde mayo), mientras que, a partir de 2007, serían $ 97.500 millones.

Enseguida, destacó que se están concediendo mejoras permanentes y crecientes, lo que exige financiamiento permanente. A este respecto recordó que en la campaña presidencial se señaló que existía un monto disponible de US$ 300 millones en el presupuesto vigente que permitiría financiar el componente pensiones durante 2006, pero, a partir del año siguiente, para poder financiar esta medida de manera permanente, es indispensable contar con fondos también permanentes. En ese entendido, se estimó adecuado contemplar en el proyecto la respectiva fórmula de financiamiento, esto es, mantener el IVA en un 19%, a partir de 2007, cumpliendo, así, lo señalado por la candidatura de la Concertación.

El señor Ministro de Hacienda expresó que un punto del IVA “en régimen” recauda alrededor de $ 320.000 millones, recursos que servirán para financiar este proyecto y otras iniciativas de protección social, tales como el aumento progresivo de la dotación de Carabineros; la extensión de patologías del AUGE para el año 2007; los programas de salas cunas, y la compensación por los menores ingresos del Fisco, a propósito de la entrada en vigencia de cuatro nuevos Tratados de Libre Comercio.

Por último, subrayó que los beneficios del proyecto en análisis, así como su financiamiento, tienen un componente redistributivo muy positivo, ya que la mayor parte de recursos por concepto de la mantención del punto adicional de IVA proviene de los sectores de más ingresos, pues son los que más consumen, mientras que los beneficios de los aludidos programas sociales recaen en los quintiles menos adinerados.

El Honorable Senador señor Allamand, a la luz de lo señalado por el señor Ministro de Hacienda, consultó si conceptualmente el IVA sería o no un impuesto de carácter regresivo. Asimismo, solicitó una explicación del actual mecanismo de otorgamiento de las pensiones asistenciales y su distribución regional, y, por último, preguntó cómo se asegurará que aquellas personas que reúnan los requisitos legales accedan automáticamente a dichas pensiones.

El Honorable Senador señor Pizarro, consultó en cuánto tiempo se podrá implementar el nuevo instrumento para medir la pobreza de una persona o familia, modificación que resulta fundamental y urgente para poder focalizar correctamente los beneficios a otorgar.

Hizo presente que, en la Región que representa, el tema ha sido considerado en una experiencia piloto respecto de la ficha familiar, cuyas conclusiones fueron entregadas a Mideplan. Ahora bien, aún así, hay elementos que deben considerarse en su real dimensión, como son, una mayor valorización del ingreso de las personas y no de su patrimonio, la existencia de enfermedades catastróficas o de discapacidad de algún miembro del grupo familiar.

Su Señoría llamó la atención de que, aplicados estos nuevos elementos, el universo de potenciales beneficiarios aumentaría más allá de las 25.000 personas señaladas por los representantes del Ejecutivo, cuestión que resulta fundamental de ser considerada por este último para que realmente se apliquen los nuevos parámetros.

El Honorable Senador señor Gazmuri manifestó que entiende que los beneficios que se otorgarán en relación con el acceso a las pensiones asistenciales se regirán por el actual mecanismo de la ficha CAS II, sin perjuicio del compromiso ya anunciado por el Ejecutivo de diseñar e implementar un nuevo instrumento de focalización.

Dicho lo anterior, Su Señoría planteó su inquietud en orden a que personas que con el actual mecanismo de focalización acceden a las pensiones asistenciales, con motivo de la nueva ficha pudieran quedar fuera de estos beneficios. Por ello, sugirió que se considere la alternativa de recalificación de dichas personas.

El Honorable Senador señor Longueira recordó que, con motivo de la discusión de la Ley de Presupuestos, se indicó que existía una disponibilidad de US$ 300 millones, pero, en ningún momento, se señaló que dicha disponibilidad fuera de carácter transitorio, fruto del precio del cobre, sino que se estableció como un ingreso estructural, generado por el crecimiento económico y la mayor recaudación tributaria, lo que significaría que tales recursos estarían disponibles no sólo para el año 2006, sino, también, para los siguientes, en tanto se mantengan las mismas condiciones de nuestra economía.

En cuanto a las pensiones asistenciales, destacó que generan grandes expectativas en la gente más necesitada, por lo que es fundamental que los criterios de asignación, lo más objetivos posibles, se contemplen en la ley y no queden entregados a un reglamento, de manera que, cumplidos los requisitos, el acceso al beneficio sea totalmente automático.

La Honorable Senadora señora Alvear consultó en cuánto tiempo estará implementado el nuevo instrumento de focalización de este tipo de beneficios, ya que ello será relevante para que quienes realmente lo necesiten puedan acceder a los mismos.

El Honorable Senador señor Letelier preguntó cuál es el ingreso que determina la línea de pobreza en Chile. Planteó que, para efectos de dicha determinación, debiera considerarse el ingreso promedio de las personas, para atender adecuadamente a realidades que se dan, especialmente, con la temporalidad del empleo, lo que incide particularmente en regiones con muchos trabajadores agrícolas de temporada.

Seguidamente, Su Señoría, en relación al tema de las pensiones asistenciales, manifestó compartir las modificaciones que se proponen, no obstante expresó que en el inciso segundo del artículo 2º del decreto ley Nº 869, de 1975, que regula los parámetros aplicables para la obtención de dichas pensiones, se mantiene lo relativo al nivel educacional y a la calidad de la vivienda, que, si bien se señalan a modo ejemplar, en la práctica, han resultado ser factores limitativos, puesto que ello significa medir carencias y no niveles de ingreso, cuestión que debiera corregirse, sea en la ley o en el reglamento, para ponderar, entre otros factores, por ejemplo, la discapacidad de un miembro del grupo familiar.

El señor Ministro del Trabajo y Previsión Social explicó que para acceder a las pensiones asistenciales con el sistema de ponderación se llega a un puntaje de corte -actualmente 550 puntos- y todos los que obtienen ese puntaje debieran ser acreedores a la pensión asistencial, pero resulta que ello está limitado por la cantidad de recursos asignados en la Ley de Presupuestos y, de consiguiente, debe efectuarse una selección, de acuerdo al puntaje, de lo que resulta el otorgamiento de un número determinado de pensiones asistenciales así como un contingente de personas que quedan en lista de espera. El proyecto termina con estas listas de espera, pues bastará cumplir con los requisitos del caso para acceder a las pensiones asistenciales.

En cuanto al nuevo instrumento de focalización, destacó que el compromiso del Gobierno es tenerlo diseñado en el curso de este año, naturalmente, contemplando nuevos parámetros con las debidas ponderaciones.

El señor Director de Presupuestos informó que, hoy en día, la línea de corte para determinar quiénes se consideran indigentes es de 486 puntos de la ficha CAS II, y para pobres no indigentes, 532 puntos.

En cuanto a la razón que aconseja mantener en el reglamento los parámetros y la ponderación de los mismos para efectos del otorgamiento de las pensiones asistenciales, precisó que ello se explica en que el instrumento de focalización se está revisando y, en definitiva, se modificará, lo que aconseja tener la debida flexibilidad para que, automáticamente, quienes cumplan los requisitos obtengan sus pensiones asistenciales, sin sujeción a un monto de recursos presupuestarios específicos.

El Honorable Senador señor Longueira reiteró que la mejor manera de asegurar la objetividad en estas materias es que el puntaje que determina la línea de corte para el otorgamiento de las pensiones asistenciales se fije en la ley.

El Honorable Senador señor Allamand expresó que lo propuesto por el Honorable Senador señor Longueira sería beneficioso para que la autoridad no se vea sujeta a presiones respecto de la cantidad de pensiones asistenciales posibles de otorgar.

El señor Ministro de Hacienda señaló que, en atención a que todos se han manifestado de acuerdo en la necesidad de revisar el actual instrumento de focalización para las pensiones asistenciales, no resulta aconsejable fijar líneas de corte en la ley, ya que ello rigidizaría innecesariamente el sistema.

En otro orden de ideas, abordó el tema del financiamiento del proyecto, manifestando, en cuanto a la regresividad del IVA, que lo más aconsejable es recurrir a las cifras involucradas que demuestran que pagan más IVA quiénes más consumen. De hecho, con un punto más de IVA el quintil más pobre paga US$ 26 millones adicionales, mientras que el quintil más rico, US$ 309 millones adicionales.

Respecto de la consulta acerca del carácter de los US$ 300 millones disponibles para el año 2006, el Secretario de Estado precisó que se pudo contar con ellos, respetando la regla de superavit estructural, porque el IVA para el año en curso es de 19%. Luego, si se quiere seguir disponiendo de una cantidad similar, dada la regla y el monto, se requieren ingresos estructurales de la misma magnitud.

Por ello, para financiar estos programas, respetando estrictamente la regla de balance estructural, el sistema tributario no debe alterarse.

El Honorable Senador señor Longueira afirmó que el problema consiste en que un punto más de IVA para quien gana menos es más importante que para aquél que tiene mayores ingresos, pues a este último dicho porcentaje no le resulta significativo.

Por otra parte, expresó que, a su juicio, el país no tendría ningún problema para financiar de manera permanente el gasto de la iniciativa en análisis, sin necesidad de mantener el IVA en 19%.

- Puesto en votación en general el proyecto, fue aprobado, unánimemente, votando los Honorables Senadores señora Alvear y señores Allamand, Gazmuri, Letelier y Longueira.

El Honorable Senador señor Gazmuri, al fundar su voto positivo, aclaró que, conceptualmente, el IVA no tiene el carácter de un impuesto progresivo, por cuanto no cumple con la regla de la proporcionalidad, esto es, que a mayores ingresos el impuesto sea más alto. Por ello, al votar favorablemente, no está cambiando dicho criterio.

Por otro lado, recordó que todo lo que se propone en el proyecto formó parte de los programas de la candidatura presidencial de la Concertación y, también, de las de la Alianza. Entre otras medidas, en todas esas campañas se señaló que se mantendría el IVA en un 19%, por lo que no corresponde hacer cuestión de ello en esta oportunidad. De consiguiente, el Gobierno sólo está cumpliendo con los compromisos de su programa presidencial.

La Honorable Senadora señora Alvear, al fundar su voto favorable, hizo presente que, cuando se discutió la actual Ley de Presupuestos en el Congreso Nacional, a una de las respectivas sesiones asistieron los candidatos presidenciales, y quienes representaban a la Concertación y a la Alianza coincidieron en la conveniencia de mantener el IVA en un 19%.

El Honorable Senador señor Allamand, al votar positivamente, en cuanto al tema del financiamiento de estos beneficios, señaló que, efectivamente, en general, los candidatos presidenciales se manifestaron a favor de la mantención del IVA en un 19%, pero la candidata de la Concertación nunca habría vinculado el reajuste de las pensiones a dicho porcentaje, ya que habría sostenido que para este reajuste no requería aumento de tributos.

Su Señoría estimó que podría hacerse un esfuerzo mayor para garantizar la automaticidad del otorgamiento de las pensiones asistenciales, ya que, a su juicio, esto no se logra adecuadamente en las modificaciones que se proponen en el artículo 6º del proyecto.

El Honorable Senador señor Longueira votó favorablemente, dejando constancia que en ninguno de los programas de gobierno existía un vínculo entre el reajuste de pensiones y la mantención del IVA en un 19%. De hecho, tales programas eran distintos y, es así, como los de la Alianza contemplaban mantener el porcentaje del IVA, pero para financiar proyectos tales como la jubilación de las dueñas de casa, con un componente fiscal.

Agregó que políticamente no es una buena práctica el vincular el otorgamiento de este tipo de beneficios, que son muy loables, con determinadas fórmulas de financiamiento que son discutibles, puesto que, en cierto modo, ello resulta coercitivo para los parlamentarios.

Finalmente, manifestó que, al menos para este año, existen recursos más que suficientes para financiar este proyecto, sin recurrir al punto adicional del IVA. Además, no comparte lo afirmado, en cuanto a que, para financiarlo en el futuro, sea necesario mantener el actual porcentaje de dicho impuesto, ya que el crecimiento de la economía y los mayores ingresos tributarios son suficientes para el referido financiamiento.

El Honorable Senador señor Letelier fundó su voto por la afirmativa, en iguales consideraciones a las formuladas por el Honorable Senador señor Gazmuri.

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DISCUSIÓN EN PARTICULAR

El proyecto consta de siete artículos permanentes y uno transitorio, cuyos textos son los siguientes:

ARTÍCULOS 1º a 5º

“Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1 del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000, pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953.

Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.”.

- Los artículos 1º a 5º fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Alvear y señores Allamand, Gazmuri, Letelier y Longueira.

ARTÍCULO 6º

“Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ”al momento de selección”.

2) Reemplázase, a contar del día 1 del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.”.

- Puesto en votación el artículo 6º, se aprobó por tres votos a favor y dos abstenciones. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señora Alvear y señores Gazmuri y Letelier. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores Allamand y Longueira.

El Honorable Senador señor Longueira fundó su abstención, manifestando que estudiará la presentación de indicaciones para hacer más explícito en la ley la automaticidad del otorgamiento de las pensiones asistenciales.

El Honorable Senador señor Allamand fundó su voto por la abstención, solicitando al Ejecutivo que busque una fórmula legislativa que garantice la aludida automaticidad para acceder a una pensión asistencial.

El Honorable Senador señor Letelier, al fundar su voto por la afirmativa, manifestó que entiende que existe un compromiso del Ejecutivo para revisar a futuro el decreto ley Nº 869, de 1975, para perfeccionar su normativa.

ARTÍCULO 7º

“Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.”.

- Puesto en votación, se aprobó por tres votos a favor de los Honorables Senadores señora Alvear y señores Gazmuri y Letelier, y dos en contra de los Honorables Senadores señores Allamand y Longueira.

La Honorable Senadora señora Alvear, al fundar su voto favorable, recordó que durante la campaña de la Concertación, la actual Presidenta de la República propuso una Red de Protección Social de la cual este proyecto forma parte.

Agregó que en esta iniciativa no se aumenta ningún tributo, sino que sólo se mantiene el IVA en un 19%. Además, dicho nivel del IVA también permitirá financiar otras iniciativas, que ya fueron enunciadas por los representantes del Ejecutivo durante la discusión en general. Esto es coherente con el programa presidencial propuesto por el actual Gobierno.

El Honorable Senador señor Gazmuri fundó su voto favorable en las consideraciones que expresara durante la discusión en general.

El Honorable Senador señor Allamand, al votar en contra, señaló que lo hacía basado en lo sostenido por él en la discusión en general.

El Honorable Senador señor Longueira fundó su voto por la negativa, expresando que al financiar este reajuste para los sectores más pobres vía mantención del IVA en un 19%, en la práctica significa no darles el total del reajuste contemplado en el proyecto, ya que un 1% del IVA constituye, para esos mismos beneficiarios, un gasto importante de parte de sus ingresos que deben destinar al consumo. Afirmó que no estamos ante el impuesto más adecuado para financiar una ley como ésta.

El Honorable Senador señor Letelier, al votar positivamente, manifestó que el programa planteado por el actual Gobierno contemplaba mantener el IVA en un 19%, sin que resulte trascendente que esto se materialice en este proyecto o en otra iniciativa de la agenda social.

Finalmente, el señor Ministro de Hacienda reiteró que en el programa presidencial del actual Gobierno se propuso un Sistema de Protección Social, cuyos componentes se enumeraron detalladamente, proyectándose su costo no sólo para este año, sino para los cuatro años del mandato presidencial, indicándose diversas fuentes de financiamiento, entre las cuales estaba mantener el actual porcentaje del IVA.

ARTÍCULO TRANSITORIO

“Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.

- Fue aprobado, unánimemente, votando los Honorables Senadores señora Alvear y señores Allamand, Gazmuri, Letelier y Longueira.

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TEXTO DEL PROYECTO

En virtud de los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene a honra proponeros aprobar el proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que lo despachó la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1 del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000, pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953.

Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ”al momento de selección”.

2) Reemplázase, a contar del día 1 del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.

Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.

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Acordado en sesión celebrada el día 10 de abril de 2006, con asistencia de los Honorables Senadores señor Juan Pablo Letelier Morel (Presidente), señora Soledad Alvear Valenzuela, y señores Andrés Allamand Zavala, Jaime Gazmuri Mujica y Pablo Longueira Montes.

Sala de la Comisión, a 11 de abril de 2006.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

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PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE UN REAJUSTE EXTRAORDINARIO A LAS PENSIONES MÁS BAJAS Y MODIFICA OTRAS LEYES QUE INDICA

(Boletín Nº 4.131-13)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: otorgar un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y universalizar el derecho para acceder a la pensión asistencial a las personas carentes de recursos y que cumplan con los requisitos para ello.

II. ACUERDOS: aprobado en general (5x0). Aprobados en particular: artículos 1º a 5º y transitorio (5x0), artículo 6º (3 a favor, 2 abstenciones) y artículo 7º (3 a favor, 2 en contra).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de siete artículos permanentes y uno transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: la Honorable Cámara de Diputados consideró que deben aprobarse con quórum calificado los artículos 5º y 6º del proyecto, por cuanto regulan el ejercicio del derecho a la seguridad social, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19, Nº 18º, de la Constitución Política, en relación con el artículo 66, inciso tercero, de esa Ley Fundamental.

Vuestra Comisión, por existir opiniones divergentes en su seno, resolvió, unánimemente, que este asunto sea definido por la Sala.

V. URGENCIA: “discusión inmediata”.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Cámara de Diputados. Mensaje de S.E. la Presidenta de la República.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: segundo.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: unánime (117x0).

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de abril de 2006.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general y en particular. Pasa a la Comisión de Hacienda.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1) la ley Nº 15.386, sobre revalorización de pensiones; 2) la ley Nº 10.662, que crea la sección que indica en la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional; 3) la ley Nº 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 4) la ley Nº 18.611, que establece regionalización presupuestaria de los subsidios familiares y pensiones asistenciales; 5) la ley Nº 18.694, que establece normas de reajuste de pensiones que indica; 6) la ley Nº 19.403, que concede aumento extraordinario a pensiones de viudez y otras que señala; 7) la ley Nº 19.539, que otorga reajuste extraordinario, bonificaciones y beneficios que indica, a pensionados que señala; 8) la ley Nº 19.953, que otorga bono extraordinario y beneficios previsionales a personas que señala, modificando el decreto ley Nº 869, de 1975, y la ley Nº 19.454; 9) la ley Nº 19.888, que establece financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno; 10) la ley Nº 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas; 11) la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; 12) el decreto ley Nº 869, de 1975, que establece régimen de pensiones asistenciales para inválidos y ancianos carentes de recursos; 13) el decreto ley Nº 2.448, de 1979, que modifica regímenes de pensiones que indica; 14) el decreto ley Nº 2.547, de 1979, que revaloriza pensiones de regímenes previsionales que señala, y 15) el decreto ley Nº 3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.

_____________________________________________________________

Valparaíso, 11 de abril de 2006.

MARIO LABBÉ ARANEDA

Secretario de la Comisión

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2.3. Discusión en Sala

Fecha 11 de abril, 2006. Diario de Sesión en Sesión 6. Legislatura 354. Discusión General. Se aprueba en general y particular sin modificaciones.

REAJUSTE EXTRAORDINARIO A PENSIONES MÁS BAJAS Y UNIVERSALIZACIÓN DE DERECHO A PENSIÓN ASISTENCIAL

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica leyes que se indica, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión social y de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto (4131-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 5ª, en 5 de abril de 2006.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 6ª, en 11 de abril de 2006.

Hacienda, sesión 6ª, en 11 de abril de 2006.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Solicito la anuencia de la Sala para que ingresen el Subsecretario General de la Presidencia, don Edgardo Riveros, y el Director de Presupuestos, don Alberto Arenas.

--Se accede.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para despachar este proyecto, calificándola de "discusión inmediata".

Los principales objetivos de la iniciativa son:

1º.- Otorgar un reajuste extraordinario de 10 por ciento a las pensiones más bajas, a contar del 1º del mes siguiente a la publicación de esta ley;

2º.- Modificar el decreto ley Nº 869, de 1975, eliminando el establecimiento de cupos máximos mensuales de pensiones asistenciales, de manera que quienes cumplan con los requisitos establecidos por dicha normativa puedan acceder a la correspondiente pensión asistencial, y

3º.- Conferir carácter permanente a la actual tasa, de 19 por ciento, del impuesto al valor agregado.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus miembros.

En lo que respecta a la discusión en particular, acogió el articulado también por unanimidad, con excepción del artículo 6º, relativo a la universalización del derecho a acceder a la pensión asistencial, que fue sancionado con los votos favorables de los Senadores señora Alvear y señores Gazmuri y Letelier, y las abstenciones de los Honorables señores Allamand y Longueira.

En tanto, el artículo 7º, referido a la mantención de la tasa actual del IVA, fue aprobado con los votos a favor de los Senadores señora Alvear y señores Gazmuri y Letelier, pronunciándose en contra los Honorables señores Allamand y Longueira.

Por lo tanto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social propone a la Sala aprobar la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

Por su parte, la de Hacienda aprobó la idea de legislar sobre la materia por la unanimidad de sus integrantes.

En cuanto a los artículos 1º a 5º permanentes y al artículo transitorio, también los aprobó por unanimidad. Sin embargo, en cuanto al artículo 6º, votaron a favor los Senadores señores Escalona y Sabag, y se abstuvieron los Honorables señores García, Novoa y Ominami. Repetida la votación, este último señor Senador lo aprobó.

El artículo 7º del proyecto, referente a la mantención de la tasa actual del IVA, resultó aprobado con los votos de los Honorables señores Escalona, Ominami y Sabag. Se pronunciaron en contra los Honorables Senadores señores García y Novoa.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda propone a la Sala la aprobación del proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Trabajo y Previsión Social, es decir, el texto que venía de la Cámara de Diputados, el cual se consigna en el informe pertinente.

Cabe tener presente que, de acuerdo al oficio de la Honorable Cámara de Diputados y a la constancia de la Comisión de Hacienda, los artículos 5º y 6º del proyecto tienen rango de quórum calificado, por lo que requieren para su aprobación los votos conformes de 20 señores Senadores.

En este punto, no obstante, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por existir opiniones divergentes entre sus diversos integrantes, resolvió, por unanimidad, que la decisión sobre si los artículos 5º y 6º son de quórum calificado o de ley común sea adoptada por la Sala.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Honorable señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, paso a informar, en representación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica diversas leyes.

El texto en debate, como es de conocimiento de los señores Parlamentarios y lo expresa el mensaje, tiene por objeto avanzar en la construcción de un sistema de protección social de cara al Bicentenario; responder, en forma urgente y como una medida extraordinaria, a las necesidades de los adultos mayores que perciben las pensiones de menor monto, y garantizar a las personas más desprotegidas el acceso a la red asistencial.

El proyecto beneficia potencialmente a un millón 216 mil personas, que representan a cerca del 90 por ciento de todos los pensionados del INP.

En concreto, se reajustan las pensiones mínimas y las superiores a éstas -incluidas las otorgadas a los exonerados políticos y las de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales- pagadas por el Instituto de Normalización Previsional; por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA); por la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA), y por las mutualidades de empleadores en virtud de la ley recién mencionada. También se reajustan las pensiones mínimas con garantía estatal del decreto ley Nº 3.500, de 1980, y, por último, las pensiones asistenciales reguladas por el decreto ley Nº 869, de 1975.

Reitero: el universo de los beneficiarios asciende, en principio, a más de un millón 216 mil personas. Y tal vez haya un diferencial, dependiendo del factor oculto de postulantes a la pensión asistencial que cumplan los requisitos, pero que no están debidamente contabilizados aún.

El reajuste extraordinario de 10 por ciento se concederá a todas las pensiones cuyo monto no exceda de 100 mil pesos mensuales. Además, aquellas que superen dicha cifra pero que sean inferiores a 110 mil pesos se incrementarán a esta última cantidad.

En los primeros cinco artículos del proyecto se establecen, sí, montos distintos según tramos de edad, los cuales, sin entrar al detalle de los preceptos, paso a mencionar.

La pensión mínima de los menores de 70 años aumenta de 79.876 a 87.854 pesos; la de aquellos entre 70 y 75 años, de 87.328 a 96.061, y la de los mayores de 75 años, de 93.176 a 102.494.

La pensión asistencial de los menores de 70 años sube de 40.169 a 44.186 pesos; la de aquellos entre 70 y 75 años, de 42.821 a 47.103, y la de los mayores de 75 años, de 46.821 a 51.503.

El artículo 6º se refiere en particular a las pensiones asistenciales. Y en él, más allá del reajuste descrito anteriormente, se consigna, ante todo, la eliminación de las restricciones provenientes del Presupuesto Nacional que inciden en ese beneficio.

El decreto ley Nº 869, de 1975, fija los parámetros para acceder a las pensiones asistenciales; pero la Ley de Presupuestos restringe -sin explicitarlo de esta forma- el número de personas que pueden obtenerlas, y a través de un decreto de Hacienda se asignan los recursos para cada Región.

En el numeral 1) del artículo 6º de la iniciativa se propone derogar el inciso tercero del artículo 2º y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8º del decreto ley citado. O sea, se suprimen las restricciones presupuestarias o de procedimientos para poder ejercer el derecho a acceder a pensiones asistenciales.

Y el numeral 2) del mismo precepto fija un criterio general: "Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1º.".

Es decir, el proyecto no modifica los requisitos para obtener una pensión asistencial, los que, según lo dispuesto en el inciso siguiente de dicho artículo 1º, dicen relación a los que ese decreto ley expresa respecto del puntaje de corte para acceder a ese derecho, que se encuentra establecido en el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda .

Analizaré en forma más detenida este punto, señor Presidente , por cuanto en torno a esta norma hubo un debate en la Comisión, en el cual se plantearon, en lo esencial, las siguientes observaciones.

Por un lado, todos eran partidarios y aplaudían que se generara este mecanismo de acceso automático a las pensiones asistenciales.

Se discutió de modo bastante intenso respecto del instrumento que se utiliza para estratificar socialmente a los potenciales beneficiarios de ese derecho. Se aludió a las limitaciones de la encuesta CAS II -en esencia, mide carencias y no ingresos- y se planteó la importancia de modificarla en el plazo más breve posible. En este aspecto, hubo consenso en la Comisión.

Se suscitaron divergencias en el sentido de si los parámetros para acceder automáticamente a pensiones asistenciales deben consignarse en la presente iniciativa o en otra separada.

La discusión no radicó, por ende, en la conveniencia de explicitar mejor tales parámetros, sino en la ocasión en que ha de ocurrir esto. Y se expusieron, por cierto, múltiples opiniones en cuanto a cuáles serían los elementos que se deberían tomar en cuenta para determinarlos.

Por el momento, se entiende que la línea de corte para acceder de manera automática a las pensiones asistenciales son los 550 puntos de la ficha CAS. Se nos informó que aquélla sería pareja en todo el país y que se modificará progresivamente ese instrumento de focalización.

Quedó abierta una petición de la Comisión para que el debate sobre la materia se efectúe en el Congreso Nacional, a fin de estructurar ese mecanismo en mejor forma.

Reitero: hubo divergencias en la Comisión de Trabajo sobre la referida norma -se reflejan en la votación-, la cual, a diferencia de los artículos anteriores, que fueron acogidos por unanimidad, se aprobó por 3 votos a favor y 2 abstenciones. La discrepancia radica en si los parámetros para garantizar el acceso automático a las pensiones asistenciales deben consignarse en la presente iniciativa o en otra separada.

El artículo 7º del proyecto mantiene el IVA en 19 por ciento. Por ende, se deroga el literal b) del artículo 1º de la ley Nº 19.888. No entraré en mayores detalles sobre ese punto, porque los colegas de la Comisión de Hacienda, sin duda, lo discutieron con mayor profundidad.

En torno a ese tema, varios Senadores consideraron evidente que la mantención del porcentaje del IVA formaba parte de los compromisos electorales y que resultaba indiferente si se planteaba en el proyecto en debate o en otro, porque existe el acuerdo de financiar la red de protección social por medio de este instrumento.

Otros colegas consideraron que no correspondía incluir esa propuesta en la presente iniciativa.

El artículo transitorio dice relación a qué ítem se imputa el gasto.

En tal virtud, puedo informar que, salvo las disposiciones que señalé -y que se aprobaron por mayoría-, las restantes normas fueron acogidas por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Honorable señor Ominami.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente, como se señaló, el proyecto responde a dos objetivos fundamentales.

Por una parte, otorga un reajuste extraordinario de 10 por ciento a las pensiones menores de 100 mil pesos, y por otra, elimina -para ser bien preciso- la restricción de financiamiento por cupos que afecta al otorgamiento de las pensiones asistenciales.

Los beneficios fundamentales del proyecto consisten en que la pensión mínima de los menores de 70 años aumenta de 79 mil 876 a 87 mil 854 pesos; la de aquellos entre 70 y 75 años, de 87 mil 328 a 96 mil 61, y la de los mayores de 75 años, de 93 mil 176 a 102 mil 494.

Por su parte, la pensión asistencial de los menores de 70 años sube de 40 mil 169 a 44 mil 186 pesos; la de aquellos entre 70 y 75 años, de 42 mil 821 a 47 mil 103, y la de los mayores de 75 años, de 46 mil 821 a 51 mil 503.

En cuanto a la llamada "automaticidad" de las pensiones asistenciales o, para ser más preciso, en lo que respecta a la eliminación de la restricción por cupo o presupuestaria, el proyecto implica el otorgamiento de 25 mil pensiones adicionales.

La cifra total -y esto es importante destacarlo- de potenciales beneficiarios de pensiones asistenciales durante 2006 es de 65 mil 520. De éstos, 40 mil ya están financiadas con el presupuesto correspondiente al año en curso.

En consecuencia, la iniciativa genera recursos para financiar otras 25 mil pensiones asistenciales, con lo cual debieran absorberse todos los requerimientos de las personas que cumplen con los requisitos básicos para obtener dicho beneficio; concretamente, no más de 550 puntos en la ficha CAS.

En la Comisión de Hacienda, al igual que en la de Trabajo y Previsión Social, se destinó parte importante de la discusión al tema de la automaticidad.

Al respecto, surgieron aprensiones en el sentido de que no se crearan falsas expectativas y no se confundiera el acceso automático con un acceso universal de los mayores de 60 ó 65 años a las pensiones asistenciales.

Se trata, simplemente, de eliminar la restricción de financiamiento por cupo que afecta el otorgamiento de estas pensiones por parte de los gobiernos regionales.

Asimismo, se hicieron presentes otras situaciones que deben ser objeto de modificaciones.

Por ejemplo, con tales aumentos se producirá cierta contradicción en el sentido de que las pensiones que se pagan por el antiguo sistema previsional -las del INP- quedarán por debajo de la pensión mínima, e incluso, de la pensión asistencial.

Quizás hubiese sido deseable corregir esa situación en esta iniciativa. Pero ello no podrá hacerse. Sin embargo, existe el compromiso del Gobierno de poner en debate estos temas al calor de una discusión más amplia sobre reforma previsional y, particularmente, en cuanto al mejoramiento del pilar solidario. Porque -reitero- quienes reciben una pensión contributiva del INP, de la cual probablemente no fueron los originarios directos, obtendrán un monto inferior aun al de la pensión asistencial. Eso se va a producir.

Además, en la Comisión de Hacienda se planteó -y al parecer hay voluntad del Gobierno para revisar este asunto en una discusión más amplia sobre el pilar solidario- lo relativo a las pensiones originadas por deficiencia mental. Tienen derecho a este beneficio todos los niños deficientes mentales (incluso, aquí no opera la restricción de los 18 años) cuyas familias obtengan un puntaje inferior a la tasa de corte. Por ejemplo, si un menor que sufre síndrome de Down pertenece a una familia que supera los 550 puntos, no tiene derecho a la pensión asistencial.

Ese problema fue analizado en la Comisión, y el Gobierno se comprometió a revisarlo en un debate más amplio sobre el mejoramiento del pilar solidario en el conjunto del sistema previsional chileno.

En materia de financiamiento -es la parte fundamental del trabajo de la Comisión de Hacienda-, debo informar a la Sala que el costo del proyecto para el 2006 es de 65 mil 738 millones de pesos, y para 2007, cuando la iniciativa ya se halle en régimen, será de 97 mil 500 millones.

La diferencia tiene que ver con el hecho de que el informe para 2006 parte de la base de que el reajuste de las pensiones debiera comenzar a pagarse en mayo, mientras que en el 2007 el cálculo corresponde al costo del proyecto por año corrido.

Lo esencial del financiamiento del 2006 -cuyo total asciende a 65 mil 738 millones de pesos- corresponde al reajuste de pensiones, y solamente 4 mil millones de pesos, a la medida que permite el acceso automático a la pensión asistencial.

Dentro del costo total de la iniciativa, lo más oneroso es el aumento de las pensiones mínimas, que representan más de 50 por ciento tanto para el 2006 como para el 2007.

La Comisión de Hacienda aprobó en general el proyecto por unanimidad, así como los artículos 1º al 5º y la disposición transitoria. El artículo 6º -dispone el acceso automático a la pensión asistencial a todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos- fue acogido por 3 votos a favor y 2 abstenciones; y, a su vez, el artículo 7º, relativo a la mantención de la tasa del IVA en 19 por ciento, por 3 votos a favor y 2 en contra.

Es cuanto puedo informar como Presidente de la Comisión de Hacienda.

Fundamentaré mi posición personal, en particular con respecto al financiamiento y mantención de la tasa del IVA, en el tiempo que me corresponde en cuanto Senador. No me parece pertinente confundir mi intervención como Presidente de ese órgano con mis opiniones individuales sobre la materia.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, creo que los informes indican claramente la prioridad que se dio a algunos puntos durante el debate. Por lo tanto, no me voy a referir in extenso a todos ellos y quiero concentrarme en sólo dos.

Se ha anunciado al país un reajuste del 10 por ciento de las pensiones mínimas, lo que, obviamente, vamos a respaldar. Pero lo relevante aquí es el otro anuncio que se ha hecho, en cuanto al acceso automático a las pensiones asistenciales.

El decreto ley Nº 869, de 1975, que consagra el régimen aplicable en la materia, señala con precisión, en su artículo 1º, cuáles son las personas con derecho al beneficio: los inválidos de más de 18 años de edad y los mayores de 65 años. Asimismo, tienen derecho a postular a pensión asistencial los deficientes mentales definidos en la ley Nº 18.600, cualquiera que sea su edad.

El referido precepto establece con claridad los requisitos que deben cumplir las personas que se hallen en alguna de esas tres categorías para recibir una pensión asistencial. Son dos. Uno de ellos es la carencia de recursos.

Ahora bien, el propio artículo 1° se encarga de aclarar qué significa ser carente de recursos: no percibir un ingreso superior al 50 por ciento de la pensión mínima. Incluso, explica que, para los efectos de determinar el promedio de los ingresos del núcleo familiar, se considera que componen éste todas las personas que conviven bajo un mismo techo. Y si el ingreso es inferior al 50 por ciento de la pensión mínima -que el proyecto también reajusta-, el postulante es sujeto del derecho en comento.

El otro requisito es tener una residencia continua mínima y previa de tres años en el país.

En consecuencia, conforme a esa ley, todo chileno, desde Arica a Punta Arenas, que sea inválido mayor de 18 años, que tenga una residencia en el país superior a tres años en forma previa a la presentación de la solicitud y que carezca de recursos -condición claramente consagrada en el artículo 1º, como pueden comprobarlo los señores Senadores- debiera recibir una pensión asistencial. Sin embargo, según se expresó aquí, por restricciones presupuestarias en el tiempo, se establecieron cuotas administradas por las intendencias y, finalmente, se comenzó a usar la ficha CAS como mecanismo para priorizar.

Ahora se anuncia al país que el beneficio será entregado de manera automática a quienes cumplan los requisitos.

Entonces, las personas mayores de 65 años -grupo objetivo del beneficio- con ingresos inferiores al 50 por ciento de la pensión mínima tendrían derecho a la pensión asistencial. También, los deficientes mentales, independiente de su edad, si carecen de recursos, exigencia esta última regulada con precisión en la ley y en el reglamento de las PASIS.

En el fondo, con el artículo 6º del proyecto en debate, al eliminarse o modificarse ciertas normas del ya mencionado decreto ley, se trata de consagrar la automaticidad de la pensión asistencial.

Pero la verdad es que el Gobierno no necesita ley para ello. Esa disposición, por tanto, perfectamente podría ser suprimida. Las cuotas de las pensiones asistenciales se fijan por decreto. La ley de PASIS no limita la cantidad de ellas que puede otorgarse cada año. Las cuotas se determinan en diciembre, tal como lo dispone el reglamento. Según se dijo aquí, el año pasado hubo un aumento (40 mil). O sea, el incremento de las cuotas se puede concretar por la vía reglamentaria.

Por tanto, si se quiere cumplir lo que se prometió al país en cuanto a que el beneficio se otorgue automáticamente y sea un derecho adquirido para quienes cumplan los requisitos, basta con modificar el artículo 2º de la mencionada ley, que de alguna forma mantiene indicadores socioeconómicos.

¿Qué ocurre con los indicadores socioeconómico, indicados en el inciso segundo, que en el fondo es la ficha CAS? Que las personas con derecho a pensión asistencial no podrán recibirla por tener un televisor, o por tener una lavadora, o por tener piso de cerámica, exigencias que no dicen ninguna relación a lo establecido en la ley de PASIS.

Por eso, presentamos al artículo 6° una indicación que cumple el objetivo y la idea matriz del proyecto: que las personas que reúnan los requisitos obtengan una pensión en forma automática. Y el INP deberá pagarla si tal ocurre. Así de simple.

No tiene nada que ver la ficha CAS; no tiene nada que ver el nivel educacional que en ella se mide; no tiene nada que ver la situación patrimonial que refleja esa ficha. Para la entrega de una pensión asistencial, lo único que debe importar es la carencia de recursos. Ese beneficio está dirigido al segmento más vulnerable de nuestra sociedad: las personas sin ingresos y los física y mentalmente desvalidos.

El artículo 6º del proyecto, que es muy importante, sigue conservando mecanismos de priorización que no se condicen con lo dispuesto en la ley de PASIS y que, en el fondo, no garantizan la automaticidad de la asignación en comento.

En consecuencia, señor Presidente , me parece fundamental que discutamos el punto. Porque, ¿qué ocurrirá? Que en un tiempo más, cuando se ponga en marcha el sistema, con los nuevos 65 mil cupos, va a tener acceso al beneficio mucha gente que, no obstante cumplir los requisitos, ha estado en lista de espera, "bicicleteando", en fin.

Entonces, nuestra indicación apunta básicamente a modificar el artículo 2º del decreto ley Nº 869, que establece el régimen de pensiones asistenciales, y a eliminar -aquí respaldamos lo que propone el Ejecutivo- los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8º.

El problema radica en que, como el proyecto en debate no enmienda adecuadamente el referido artículo 2º, se continúa estableciendo criterios de priorización, no contenidos en la ley de PASIS, que no garantizan que la persona reciba una pensión asistencial en forma automática cuando reúna los requisitos claros y objetivos allí consagrados. En la práctica, ese cuerpo legal se orienta a tres grupos específicos y exige dos condiciones copulativas: haber residido tres años en el país y estar en situación de carencia de recursos.

Señor Presidente , la ficha CAS nunca ha sido requisito para obtener el beneficio de que se trata. Dado que no existía la posibilidad de otorgarlo en forma automática y se debieron fijar cupos, se usó como instrumento de priorización. Pero todos sabemos que, a esta altura, eso no resiste el menor análisis, pues las personas, cuando se enteran de que se va a levantar aquella ficha, esconden elementos de su patrimonio -la lavadora, el refrigerador-, ya que su registro les significa perder una serie de beneficios.

Por lo tanto, respecto del artículo 6º, consideramos fundamental ir a una Comisión Mixta, para que podamos perfeccionarlo y garantizar que las pensiones asistenciales se entreguen automáticamente a todos los que tengan derecho a percibirlas.

De otra parte, hay un aspecto en el que debemos tener preocupación especial, porque resulta muy complejo reajustar en el mismo monto las pensiones asistenciales y las mínimas. A mi juicio, siempre debe haber una brecha importante, a fin de no incentivar la no cotización previsional. Porque si la ciudadanía percibe que después de los 65 años, aunque nunca haya impuesto, igual recibirá una pensión asistencial -hoy día se entregan pensiones mínimas a cerca de un millón de personas-, el incentivo a no hacerlo será mucho más atractivo que estar cotizando durante toda la vida 20 por ciento de los ingresos. En definitiva, ello estimularía al ocultamiento de la imposición o a la informalidad en el mundo laboral.

Por eso, hay que ser muy cuidadosos y no prometer demagógicamente reajustes en materia de pensiones asistenciales. Pero sí se ha de tener preocupación en cuanto a una cobertura justa, objetiva, estableciendo en forma muy clara a quiénes asiste derecho al beneficio y la aplicación de éste en forma automática cuando se cumplan ciertos requisitos, sin que exista ninguna limitante presupuestaria. Porque, si se sigue operando con la ficha CAS, ¿por qué una persona de Arica discapacitada mental o físicamente no va a tener derecho a recibir la misma pensión asistencial que otra de Puerto Montt que se halle en similar situación?

En tal sentido, hay que garantizar igualdad ante la ley a toda la ciudadanía.

Por consiguiente, si se perfecciona el artículo 6º como lo hacemos en nuestra indicación, existirá una forma clara y transparente de recibir el beneficio, sin necesidad de que el intendente realice trámite alguno. O sea, cumplidos los requisitos, si finalmente el COMPIN acredita el grado de invalidez y el ingreso familiar, conforme al reglamento, equivale a 50 por ciento de la pensión mínima, el postulante tendrá garantizado automáticamente el derecho a la pensión asistencial.

Nos parece fundamental avanzar, perfeccionar y transparentar la situación en análisis, que ha sido objeto de una antigua demanda de la generalidad de los Parlamentarios. Porque creo que todos hemos recibido reclamos acerca del sistema de postulación existente, que considera el ponderador de la ficha CAS, cuyo origen -tal como señalé- fue una restricción presupuestaria que ahora se levantó.

Cuando hablamos de "pensión asistencial concedida en forma automática", lo que la opinión pública percibe es que, en el fondo, basta cumplir los requisitos pertinentes para tener de inmediato el derecho a recibirla.

En resumen, no es correcta ni adecuada la manera en que el Ejecutivo propone modificar, mediante el artículo 6º del proyecto en debate, el artículo 2º del decreto ley Nº 869, sobre pensiones asistenciales.

Por eso, esperamos que se apruebe la indicación que presentamos. De lo contrario, votaremos en contra del artículo 6°.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, a pesar del inmenso progreso que ha tenido nuestro país en los últimos años, se mantiene una brecha grande entre ricos y pobres.

Eso llevó a una advertencia de los Obispos chilenos: "En nuestro país las diferencias sociales manifestadas en calidad de vivienda, acceso a bienes de consumo, salud, educación, salarios, etc., alcanzan niveles escandalosos, mientras la equidad y la globalización de la solidaridad sigue siendo un desafío que aún espera respuestas urgentes.".

Por esa razón, durante el proceso eleccionario vivido hace pocos meses, que culminó el 15 de enero último, nuestra candidata y hoy día Presidenta de Chile ofreció mejorar sustancialmente las pensiones mínimas y las asistenciales. Y, por lo mismo, se ha realizado un esfuerzo extraordinario, ya que en los 16 años de Gobiernos de la Concertación no se dio a aquéllas un reajuste de esta magnitud -10 por ciento-, que beneficia a un millón 216 mil 126 personas.

Ciertamente, aquello nos llena de gran alegría, a tal punto que todas las bancadas aprobaron por unanimidad el otorgamiento del referido beneficio. Hay diferencias en otros aspectos; pero en ése, todos estamos de acuerdo.

También nos alegra que a las familias pobres carentes de recursos se les fije una pensión asistencial, para que a lo menos tengan cómo "parar la olla" y no anden deambulando de casa en casa sin que nadie las reciba, pues todos las expulsan porque no disponen de ingreso alguno. Al contar con una pensión asistencial que les permita "parar la olla", por supuesto que sus condiciones de vida mejorarán ostensiblemente.

Sin duda, queremos dar el beneficio a todos los que tienen derecho a percibirlo. Hubo limitantes, fijadas en la Ley de Presupuestos, y se determinaba por medio de la ficha CAS-2 quiénes podían acceder a pensión asistencial. Ahora se elimina la lista de espera y se aguarda que, en breve, 25 mil nuevas personas tengan acceso a ella.

Ahora bien, se ha señalado que en el Presupuesto que aprobamos para este año dejamos al nuevo Gobierno una cantidad de recursos de libre disponibilidad y que, por tanto, los 180 millones de dólares que cuesta el proyecto en debate están absolutamente financiados con ella. Todos concordamos en eso. Pero los beneficios que se otorgan mediante la iniciativa en discusión son de carácter permanente; en consecuencia, debe haber financiamiento para 2007 y para todos los años que vienen.

Durante la campaña electoral, la actual Presidenta de la República se comprometió con un programa de apoyo social de 6 mil millones de dólares. ¡El más bajo de todos los presentados! Otro candidato ofreció 12 mil millones de dólares; otro, 10 mil millones. La más prudente fue Michelle Bachelet , quien habló -como dije- de 6 mil millones de dólares.

¡Por eso se requieren los recursos en cuestión!

Por supuesto, algo puede aportar el crecimiento del país -ojalá se siga manteniendo en 5 a 6 por ciento-, porque eso significa grandes ingresos para Chile. Pero es incuestionable que necesitamos recursos permanentes para solventar gastos permanentes. No hablemos de las "golondrinas de verano" que tenemos hoy día con las entradas provenientes del cobre. Si pudiéramos garantizar los mayores recursos para todos los años, miel sobre hojuelas. Pero todos sabemos que eso es esporádico y que sólo durará algunos años.

Insisto: los gastos permanentes requieren financiamiento permanente. De ahí que se pretenda mantener el IVA en 19 por ciento.

¿Es acaso aquello una novedad? Durante la campaña presidencial, todos los candidatos manifestaron que iban a mantener dicha tasa. ¿Y qué está haciendo nuestro Gobierno ahora? Cumpliendo lo que expresó en esa ocasión, que, por lo demás, también fue planteado por los otros candidatos.

Michelle Bachelet señaló claramente: "Los impuestos no van a bajar, pero tampoco van a subir". Ahora estamos en la fase vinculada al mantenimiento del IVA en 19 por ciento. Ya veremos las otras etapas, que también han de cumplirse, en el sentido de que los impuestos deben quedar en los niveles actuales.

Después del importante gasto que representa el proyecto, vienen otros compromisos presupuestarios. Por ejemplo, los vinculados con la creación de 6 mil nuevas plazas en Carabineros, para combatir la delincuencia y la drogadicción, y con el establecimiento de más salas cunas en las comunas populares. Asimismo, habrá que financiar un mayor número de patologías del AUGE: hoy día son 40; el próximo año serán 56, y el compromiso del Gobierno es llegar a 80. Y todos sabemos lo que significa este enorme gasto fiscal y cuán justa es la medida para las personas que deben recurrir al sistema de salud.

Por eso, considero que se justifica plenamente lo que aprobamos por 3 votos contra 2 en la Comisión de Hacienda -fue aprobado también por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Trabajo- en el sentido de mantener el IVA en 19 por ciento.

Señor Presidente, nosotros somos un conglomerado responsable y serio. Entonces, para los beneficios permanentes que otorgamos a la ciudadanía procuramos financiamiento también permanente.

En tal virtud, vamos a votar a favor de este proyecto en los términos en que viene.

Hubo muchas observaciones que podrían haber dado lugar a enmiendas. Pero la incorporación de cualquiera de ellas significaría otro trámite, con lo cual el reajuste que todo el mundo espera con tanta ansiedad no comenzaría a regir a contar del 1º de mayo próximo. Por tal razón, rechazaremos cualquier alteración que pueda traducirse en otro trámite o en una postergación de la entrada en vigencia del beneficio.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, los sectores de Oposición han expuesto ya algunas proposiciones, por supuesto válidas en el ejercicio de sus derechos como legisladores.

Por lo demás, entiendo que también consideran de gran importancia y legitimidad este proyecto. Creo que así lo estiman todos los Parlamentarios. Y es de importancia porque busca avanzar en la equidad social, tema con el que nuestro país está en deuda. Y no sería correcto ocultarlo y no reconocerlo.

Sabemos que Chile tiene una de las peores distribuciones de ingreso; que existen desigualdades terriblemente dolorosas (por supuesto, tenemos la obligación de corregirlas desde el Gobierno y desde la Oposición); y que, por su monto, con las pensiones que se reciben no se alcanzan a cubrir los gastos más básicos de alimentación.

Cualquier señor Senador podría recordar también lo que está ocurriendo con el sistema de ahorro y lo que resulta de las pensiones que hoy día administran empresas financieras.

El proyecto también reviste gran legitimidad, porque obedece a un compromiso planteado en la campaña electoral por la actual Presidenta , Michelle Bachelet . En su programa se señalaba concretamente: "...debemos ser honestos con el país y afirmar que la solidaridad social tiene un costo y que no habrá condiciones para bajar impuestos" (hay que tocar el tema, ya que no carece de trascendencia en la discusión de esta iniciativa). Y se agregaba: "En particular, el IVA debe mantenerse en su tasa actual". Esta proposición obtuvo el 54 por ciento de la votación ciudadana. Y en este apoyo que la ciudadanía le entregó a la actual Presidenta reside la legitimidad social de la iniciativa que nos ocupa y que se nos plantea con mucha firmeza, transparencia y respeto.

Pero tan cierta es la legitimidad de la que hablo, que casi todos los candidatos presidenciales -es decir, los señores Joaquín Lavín y Sebastián Piñera - también propusieron elevar las pensiones y mantener el IVA en 19 por ciento, cuestión que se debatirá esta tarde.

Más que hacer un discurso adjetivo, quiero recordar que el señor Piñera expresó ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el pasado 8 de agosto de 2005, que era partidario de elevar las pensiones mínimas y las asistenciales en 20 por ciento. ¡En 20 por cierto!

Entonces, se tiene que buscar la plata para financiar, no sólo el 10 por ciento, ¡sino el 20 por ciento!

El señor CHADWICK .-

¡Pero hay mucha!

El señor MUÑOZ BARRA.-

Además, el candidato que era apoyado entusiastamente por Su Señoría -como tenía que ser- también hablaba de dar pensiones a las dueñas de casa y financiamiento para el 50 por ciento de los no cotizantes al sistema de AFP.

Como se puede ver, se trata de una propuesta significativa, impactante y muy humana.

El mismo candidato, además, planteó mantener el IVA en 19 por ciento, con el propósito de sustentar estos programas.

Anteriormente, el señor Sebastián Piñera había expresado que era partidario de bajar el IVA a 18 por ciento, siempre que "tengamos una holgura con el crecimiento y si la holgura lo permite" (diario "Estrategia" 22 de junio de 2005, página 8).

El señor PROKURICA .-

¡Debería haber votado por Sebastián Piñera , señor Senador!

El señor MUÑOZ BARRA.-

En este mismo sentido, señores Parlamentarios, se manifestó el señor Joaquín Lavín ante la referida Comisión. Con anterioridad había señalado ante la Confederación de la Producción y del Comercio que era partidario de mantener el IVA en 19 por ciento, más allá del plazo que señala la actual ley. Declaró: "Siendo realista," -estoy citando sus palabras- "creo que el IVA se va a mantener como está hoy día" hasta el 2007 (diario "Siete", 23 de marzo de 2005, página 5).

La señora MATTHEI .-

¿Hasta el 2007?

El señor MUÑOZ BARRA.-

Además, el candidato señor Lavín , durante su campaña presidencial, se mostró partidario de subir las pensiones, empezando por las asistenciales.

Por consiguiente, señores Senadores, pienso que todos debemos ser consecuentes con los ofrecimientos de campaña, para que el país no crea que estas proposiciones tan interesantes tienen un sesgo o una naturaleza falsa o demagógica.

Se afirma que el IVA es un impuesto regresivo. Y es cierto. Estamos de acuerdo, ya que, en relación a sus ingresos, los pobres pagan una proporción mayor que los más ricos. No obstante, en este caso se trata de mantener el mismo 19 por ciento que rige desde hace más de dos años y cuya finalidad, sumamente loable y justificable, consiste en ayudar a miles de chilenos que sufren severas limitaciones para enfrentar sus vidas en una etapa exigente en materia de gastos.

Consideremos, además -no hay que olvidarlo-, que la carga impositiva de Chile tiene dos rasgos que la caracterizan. Primero, adolecemos de una estructura tributaria que carece de equidad y que no está siendo modificada. Por ejemplo, las empresas pagan impuestos por 17 por ciento, mientras que las personas lo hacen hasta por 42 por ciento. ¡Más inequitativo no puede ser!

Y, segundo, nuestra carga tributaria -hay expertos en esta materia- también es muy baja con respecto a la de los países desarrollados. Por ejemplo, anualmente, la de Estados Unidos es de 32 por ciento, y la de Brasil, de 34 por ciento, aunque en ambos casos -tengo que reconocerlo- tales porcentajes incluyen los costos de los sistemas de seguridad social.

Por consiguiente, Honorables colegas, si no cambiamos la estructura tributaria -también fue un compromiso adquirido por la Presidenta Bachelet durante la campaña presidencial-, no existe otra opción que la de mantener el IVA en 19 por ciento, para cumplir con un propósito noble y justo, cual es favorecer -reitero- a uno de los sectores con menores ingresos y mayores necesidades.

Hay quienes levantan como opción recurrir a las utilidades provenientes de los mayores precios del cobre para financiar el incremento de las pensiones. Pero ello sería arriesgado, ya que los actuales niveles de esos precios pueden no perdurar, quitándole el fundamento presupuestario a una medida que debe ser permanente.

¿Algún señor Senador podría afirmar aquí que en tres o en cuatro años más el precio del cobre será el de hoy día?

Esas mayores utilidades deben ser orientadas -y Sus Señorías lo saben- a otros propósitos, que guardan relación con el mantenimiento de una economía exitosa.

Existe, asimismo, otro argumento según el cual una rebaja del IVA a 18 por ciento favorecería a los más pobres porque en esa misma proporción disminuiría el precio de los alimentos básicos.

¡Una falacia, señor Presidente!

Históricamente, se ha demostrado que tal hecho no ocurre. La rebaja del IVA a 18 por ciento expuesta cuando se formulan planteamientos comunicacionales no hará bajar el precio del pan ni el de otros productos básicos de consumo masivo.

Finalmente, tengamos presente que el incremento de las pensiones que es posible llevar a cabo manteniendo el IVA en 19 por cierto favorecerá al 90 por ciento de los pensionados que pertenecen al INP. Es decir, se trata de beneficiar a gran cantidad de compatriotas que hoy necesitan disponer de mayor poder adquisitivo; entre ellos -se ha señalado muy bien aquí-, los inválidos y los ancianos carentes de recursos.

Por esos argumentos, entrego, por supuesto, mi voto favorable a la iniciativa del Ejecutivo, pronunciamiento que se hace extensivo a los otros dos señores Senadores que integran esta bancada.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor García.

El señor GARCÍA.-

Señor Presidente, en primer lugar, el reajuste de las pensiones mínimas y asistenciales en 10 por ciento merece todo nuestro apoyo, porque es una forma concreta de respaldar a los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, el hecho de que este proyecto se halle amarrado a la mantención del IVA en 19 por ciento nos parece un error desde el punto de vista de las decisiones económicas y legislativas.

Éste es el primer proyecto de carácter social que envía la Administración de la Presidenta Bachelet , quien señaló que "éste es el Gobierno de todos".

Y si es el Gobierno de todos, ¿por qué no haber sentado en una mesa a Gobierno y Oposición, a Concertación y Alianza, para alcanzar un gran acuerdo nacional que nos permitiera visualizar un horizonte de claridad sobre los temas tributarios y los programas sociales que vamos a financiar durante los próximos cuatro años?

¡No! Simplemente, se ha preferido usar las mayorías que se tienen en ambas Cámaras y desechar la opinión de quienes representamos a más del 47 por ciento de los chilenos.

Yo creo que ése es un error político, y también un error económico.

No era necesario para mejorar las pensiones en 10 por ciento plantear ahora la discusión acerca del mantenimiento del IVA.

En primer lugar, yo quiero decir que aquí se falta a la palabra empeñada. En 2003 el Presidente Lagos , en el mensaje del proyecto de ley que subía el IVA en un punto para financiar, entre otros programas sociales, el de Chile Solidario, expresamente dijo que el alza tendría carácter transitorio y que por eso incorporaba en el texto pertinente la rebaja automática el 1º de enero del año 2007.

¡Tabla rasa con la palabra! ¡Tabla rasa con la firma del ex Presidente Lagos!

Y ello no es necesario. Porque, si uno observa cómo está creciendo la recaudación tributaria producto de la mayor fortaleza de la economía, francamente llega a la conclusión de que es un hecho excepcional. Yo creo que nunca Gobierno alguno va a tener la cantidad de recursos de que dispondrá la Presidenta Bachelet para financiar su programa social.

No es necesario, por lo tanto, que el Estado siga metiendo la mano en el bolsillo de los chilenos para ir en apoyo de los más modestos. Porque, para ir en su apoyo, también se les mete la mano en el bolsillo a ellos. Y eso se hace con el impuesto más regresivo de todos: el IVA. El crecimiento de su recaudación es tan fuerte, que la sola comparación de lo obtenido por este concepto entre 2005 y 2004 da una diferencia de 500 millones de dólares. ¡Y este proyecto -ya se ha dicho- apenas cuesta 180 millones de dólares anuales!

Según señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, tanto Sebastián Piñera como Joaquín Lavín sostuvieron durante sus campañas la mantención del IVA en 19 por ciento. Y es cierto. Pero, como destacaba recién el Honorable señor Muñoz Barra , el compromiso de Piñera era reajustar las pensiones mínimas y asistenciales en 20 por ciento.

¡Claro, pues! Hay una gran diferencia entre conservar la actual tasa del impuesto al valor agregado para mejorar en 20 por ciento la calidad de vida de las familias más postergadas, más pobres, y concederles un reajuste de 10 por ciento. ¡No es lo mismo!

Por otro lado, señor Presidente , también quiero hacerme cargo del artículo 6º del proyecto, porque se asegura que habrá automaticidad y que se terminará con las listas de espera en el caso de las pensiones asistenciales, que hoy día favorecen a 400 mil chilenos.

De acuerdo con un informe de la Superintendencia de Seguridad Social, ya el 30 de noviembre del año pasado no había personas en lista de espera con 550 puntos o menos. Por lo tanto, el anuncio espectacular sobre el término de aquellas listas no es tal.

El Presidente Lagos , el año 2004, creó 17 mil nuevas pensiones asistenciales para eliminar las listas de espera. Como no se pudo alcanzar ese objetivo, lo volvió a intentar en 2005. Y lo logró. Hay que reconocerlo. ¡Y hoy se nos viene a decir que ahora se van a terminar las listas de espera y que habrá automaticidad...!

Sin embargo, la redacción del artículo 6º es absolutamente ambigua, y entrega a la autoridad administrativa la determinación de la línea de corte de los niveles de la pobreza. Por lo tanto, la automaticidad no va a estar en la ley, sino en la decisión administrativa.

Se ha dicho en estos días que, a raíz de una intervención de Diputados de la Democracia Cristiana, se va a cambiar por otra la actual ficha CAS, instrumento de la mayor importancia, porque permite a las familias más pobres de Chile acceder a distintos beneficios sociales.

Yo quiero plantear que de una vez por todas ese anuncio se cumpla.

En 2001, la entonces Ministra de Mideplan , Alejandra Krauss , declaraba: "MIDEPLAN ordena reactualizar la Ficha CAS".

En 2002, Ministra de Mideplan , Cecilia Pérez : "Gobierno prepara cambios en herramienta para medir la pobreza". Y añadía otros dos anuncios de esta misma índole.

En 2003, Ministro de Mideplan , Andrés Palma: "Ahora sabemos cuáles son las familias a las que tenemos que apoyar"; "Modifican forma de medir la pobreza para impedir abusos y mejorar ayudas"; "Nueva Ficha CAS no da puntaje a tener TV, agua potable y alcantarillado"; "MIDEPLAN reemplaza Ficha CAS"; "Se actualiza medición de la pobreza".

Ministra Hardy : " Presidenta Bachelet resuelve dar continuidad a políticas de MIDEPLAN. Anunció ajustes a ficha CAS, que asigna recursos a familias pobres".

¿A quién le creemos? ¿A la Ministra Krauss , a la Ministra Pérez , al Ministro Palma?

Yo espero que la Ministra Hardy tenga éxito, pues para focalizar el gasto social necesitamos modernizar la forma en que medimos la pobreza de los chilenos y no castigarlos porque han hecho un esfuerzo para educarse; no castigarlos porque los hijos se han ido de la casa y, por lo tanto, quedan habitaciones vacías; no castigarlos porque los hijos le han regalado a la madre ya anciana una lavadora.

¡Así no se construye un Chile con mayor justicia social!

Señor Presidente , concluyo expresando que, lamentablemente, cuando entramos a la discusión de este proyecto el Ministro vocero de Gobierno , Ministro Lagos Weber -aquí presente-, partió descalificándonos. Y dijo: "en estos días la Oposición no ha dado el ancho".

¡No, señor Ministro! ¡Si se trata de subir los impuestos; si se trata de estar siempre como perro de presa sobre los chilenos para meterles la mano en el bolsillo, no vamos a dar el ancho!

Nosotros queremos justicia social de verdad, progreso social de verdad.

¡Ése es nuestro compromiso con la gente!

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, por su intermedio, quisiera informar al Senador señor García que hubo elecciones presidenciales y que el Jefe de Estado cambió en el país. Ahora, por primera vez en su historia, es una mujer: se llama "Michelle Bachelet". En consecuencia, la alusión que hace a la ruptura del compromiso o de la palabra del ex Mandatario Ricardo Lagos es, en realidad, un recurso efectista, débil, presuntamente mediático, pero, al final, profundamente pobre desde el punto de vista de la argumentación.

La Concertación ha cumplido sus compromisos y, como ha sido habitual desde hace 16 años, el liderazgo de la coalición lo asume el Jefe del Estado. En este caso, presentamos al país una candidatura que, de manera explícita, señaló que, para financiar el programa social al que se estaba comprometiendo con la ciudadanía, se iba a mantener el IVA en 19 puntos.

En consecuencia, por su intermedio, señor Presidente, ruego mayor rigor argumental a quien me antecedió en el uso de la palabra.

Al mismo tiempo, me llama profundamente la atención que ahora se dé el contrasentido de que la Oposición, que siempre ha intentado desautorizar a la Concertación por su presunta falta de rigurosidad en el manejo fiscal -la sospecha de irresponsabilidad en ese ámbito no iba dirigida a la Concertación en general, sino en particular a la Izquierda de la coalición-, ahora levante una polvareda, la cual sin duda va a pasar con el curso de los días, por una razón muy simple: el reajuste de pensiones en 10 por ciento para más de un millón 216 mil personas está financiado.

Por lo tanto, llama la atención el cambio de comportamiento. Porque la Oposición, o la Derecha -no quería decirlo abiertamente para no herir susceptibilidades-, siempre levantó como su bandera hacia la Concertación expresiones como: "Estos señores tienen buenas intenciones, quieren ayudar a los pobres, pero no saben manejar la economía. Pero, pobrecitos, como no saben manejar la economía, no pueden ayudar a los pobres". Y ocurre ahora que estos "negritos de Harvard", en la idea cultural de la Derecha, no sólo tienen vocación para ayudar a los pobres y cumplir un compromiso con los sectores más vulnerables del país, sino que además lo hacen con el rigor de una política de Estado que está financiada.

Más que una acción opositora, a mi juicio, lo que está marcando la conducta de ese sector es la perplejidad. En verdad, están sorprendidos. Siento que la Derecha no comprende cómo se implementa una política social que beneficie a las mayorías nacionales desposeídas y, al mismo tiempo, se maneja bien la economía.

¡Fíjense, Sus Señorías! Eso es lo que, de alguna manera, los tiene en este titubeo, en esta especie de zigzag. Porque, por una parte, dicen: "La verdad es que el proyecto es malo", y por otra, "pero lo tenemos que votar a favor". ¡Claro que lo deben aprobar, porque es bueno!

Y en esa perplejidad, en la idea de buscarle cinco patas al gato y de encontrar algo malo, recurren a buscar defectos al artículo 6º, que modifica la ley que creó las pensiones asistenciales.

Lo anterior, a lo único que conduce es, por un lado, a dilatar la aprobación del proyecto, y por otro, a introducir una distorsión que afecta a los más pobres. Porque, si nos guiáramos por la propuesta del Senador señor Longueira en el sentido de medir sólo el factor ingreso, tal distorsión afectaría a los más pobres, pues la pensión asistencial no sólo mide el factor ingreso, sino también otras condiciones sociales, que impactan de manera directa en el grupo familiar y que se relacionan derechamente con la condición de pobreza de las personas.

Entonces, no tratemos de encontrar defectos a la iniciativa, sino que hagamos las cosas con buena voluntad.

La Concertación es capaz de manejar la economía y de implementar una política social que beneficie a las grandes mayorías nacionales.

El señor ROMERO.-

¡Tiempo!

El señor ESCALONA.-

Sé que el Senador señor Romero se halla inquieto por mi intervención y por eso está reclamando del tiempo. Lamento profundamente su intolerancia.

He dicho.

La señora MATTHEI.-

¡No estamos inquietos, sino aburridos!

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.

El señor VÁSQUEZ.-

Señor Presidente, este debate ha sido tremendamente interesante y bastante clarificador, en muchos sentidos.

En primer lugar, deseo recordar las palabras del Senador señor García , quien manifestó que estamos en una situación de "fortaleza de la economía". Ello, obviamente, es producto del manejo de 16 años, pasando por distintas crisis internacionales. En definitiva, mediante el mecanismo de superávit estructural, se logró bajar gradualmente el riesgo país, ordenar las cuentas fiscales y efectuar un manejo eficiente de la macroeconomía. Consecuencia de eso: Chile y su sector productivo de bienes y servicios se han transformado en actores relevantes en la economía internacional. Y eso se prueba, entre otras cosas, a través de los acuerdos de complementación económica y de los tratados de libre comercio.

También quiero concordar con el Honorable señor García . En efecto, para el Comité Radical era posible, quizás, buscar un mecanismo de financiamiento diferente. Porque -seamos francos- el IVA es un impuesto indirecto que apunta justo al corazón del consumo. Y son las clases más desposeídas las que consumen todo su ingreso.

Por lo tanto, planteo a la Oposición el desafío de buscar la equidad tributaria sobre la base de bajar los impuestos indirectos y evitar tanto los mecanismos de elusión como los que el sistema tributario en sí mismo tiene de inequidad.

Hoy, los grandes contribuyentes no son las personas con más ingreso en el país; no son quienes tienen y ganan más, porque el sistema tributario permite, por distintas vías, que quienes más poseen no paguen impuestos.

Varios son los ejemplos sobre los cuales baso tal afirmación. Recuerdo uno al que aludió en su momento el Senador señor Ominami , en cuanto a que da lo mismo comprar una vivienda de 800 UF o una de un millón de dólares; de dos o de cinco millones de dólares, porque igual quien compra la casa habitación goza de una rebaja de 65 por ciento del valor del IVA, sin considerar la diferencia de ingreso de uno y otro. He ahí un mecanismo de elusión que, al desaparecer, puede generar un gran rendimiento tributario, bastante equitativo.

Sin duda alguna, el mecanismo más claro de elusión se halla en el propio sistema tributario. Permitir que las empresas tributen 17 por ciento por sus utilidades y elevar a 42 por ciento el impuesto global complementario incentiva a quienes tienen ingresos importantes a derivarlos a las empresas y no a las personas. Así, mediante distintos procedimientos, logran pagar menos tributos.

Lamentablemente, no alcancé a estudiar cifras anteriores a 2001. Pero quiero dar una sola, que es consistente en los años 1999, 2000 y 2001.

Mientras el impuesto global complementario -que pagan las personas independientes, los trabajadores y quienes retiran utilidades de las empresas- rindió 475 millones de dólares, la devolución del impuesto de primera categoría, como crédito al global complementario y al adicional, totalizó 500 millones de dicha moneda. Esas cifras, en general, en términos porcentuales, no han variado. Es decir, el sistema tributario hoy devuelve más por la vía del impuesto de primera categoría que lo que recauda por concepto de global complementario. Y eso, en sí mismo, es perverso.

Por eso, estoy absolutamente dispuesto a concordar un mecanismo de análisis que se traduzca en equidad tributaria y a evitar que estos fenómenos se produzcan.

Por último, ya que estamos hablando de pensiones, pienso que hemos logrado el absurdo de los absurdos: quienes ganamos más -seamos francos- mejoramos nuestras pensiones mediante el mecanismo del ahorro previsional voluntario. Dicho incremento se produce por efecto de que lo ahorrado por esa vía se deduce de la base imponible del impuesto global complementario. O sea, quienes ganan más, no sólo rebajan tributos, sino que también incrementan sus pensiones.

Pues bien, para ese beneficio no hay de parte del Estado de Chile una contrapartida de apoyo a quienes cotizan y no tienen posibilidades de ahorro previsional voluntario.

Reitero: el mecanismo de elusión y la injusticia en materia de impuestos están dados por el sistema tributario mismo. Y debemos estudiar un procedimiento para corregirlo.

A eso apunto. Y acepto el desafío: evitemos inequidades y revisemos el sistema tributario, porque es indispensable que los próximos beneficios sociales que se concedan a los más desposeídos del país sean financiados por quienes tienen mejores ingresos y se ven aún más favorecidos por la fortaleza de la economía de que se habló.

Sólo en razón de la necesidad de impulsar una mejora como la que se propone, votaremos a favor del proyecto. Pero ello no significa que estemos conformes con la mantención de un gravamen inequitativo sin que en forma paralela se lleve a cabo un estudio que realmente conduzca a la igualdad tributaria definitiva en Chile.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.

El señor NOVOA.-

Señor Presidente, voy a referirme exclusivamente al aspecto tributario de la iniciativa.

Tal como se ha dicho, el costo que ella involucra para este año es de 120 millones de dólares; en régimen, 180 millones.

La pregunta que me surge es si se necesita o no aumentar los impuestos para financiar el proyecto. Mi respuesta categórica es negativa. Sabemos que existe disponibilidad de recursos para 2006. Además, cualquier estimación conservadora del aumento de la recaudación en los años venideros revela que, por efectos del crecimiento económico, se financiaría con holgura el costo permanente de la ley en proyecto.

Se argumenta que no se trata de incrementar impuestos, sino de mantener el IVA como está contemplado actualmente en la ley Nº 19.888, y que el efecto de la disminución prevista en ella, más la exigencia de aumentar las pensiones, harían necesario ampliar en forma extraordinaria -por así decirlo- la recaudación fiscal mediante el recurso de no bajar el impuesto al valor agregado el próximo año.

En mi opinión, tal razonamiento tampoco resulta sostenible, por las siguientes razones.

En primer término, existe un compromiso ante la opinión pública de bajar el IVA. Y el compromiso no es del ex Presidente ni de la actual Presidenta, sino de este Parlamento.

El año 2003 aprobamos el alza del IVA con un efecto específico y nos comprometimos ante el país a que el 1º de enero de 2007 desapareciera tal incremento.

Por lo tanto, nosotros estaríamos asimismo faltando a dicho compromiso.

¿Han cambiado las condiciones que motivaron en 2003 el aumento del tributo de que se trata? Yo diría que no. En la actualidad ellas resultan mucho más favorables.

¿Cuál fue la razón del incremento de ese año? Fundamentalmente, la aprobación de los tratados de libre comercio, que significarían una disminución de los ingresos fiscales, producto de la rebaja de aranceles, y la necesidad de financiar programas sociales como Chile Solidario y el Plan AUGE. Para ello, y por un período transitorio, mientras el crecimiento de la economía permitiera aumentar la recaudación, se subieron el IVA y los impuestos específicos al tabaco, los combustibles y el alcohol.

¿En qué condiciones se produjeron la recaudación fiscal y el gasto durante los años 2003 a 2006? Si consideramos sólo el alza del IVA y la mayor recaudación por los gravámenes al tabaco, los combustibles y el alcohol, y descontamos el gasto social de los proyectos, tenemos que hoy, el año 2006, el beneficio es neto. Vale decir, no sólo se cubrieron la baja de ingresos del Fisco y los gastos sociales, sino que este año se producirá un superávit fiscal equivalente a 50 por ciento del aumento de pensiones, que alcanzará a 45 mil 771 millones de pesos. Y si a eso agregamos que entre 2003 y 2006, por el solo efecto del crecimiento económico, los impuestos al valor agregado y a la renta han rendido 3.7 billones de pesos -o sea, 7 mil millones de dólares-, podemos concluir que en estos momentos parece absurdo no respetar la decisión de bajar el IVA.

Este año contaremos con 7 mil millones de dólares más que en 2002, que fue el punto de partida para incrementar el IVA en un punto y los impuestos específicos ya señalados.

Más aún, en 2007, por efectos del crecimiento económico, ingresarán mil 400 millones de dólares adicionales. Se trata de una estimación razonable ante las perspectivas de crecimiento.

Esos 1.400 millones de dólares adicionales permiten cubrir la baja del IVA en un punto (600 millones de dólares) y el costo de las pensiones (180 millones). Y sobran, por lo tanto, 800 millones de dólares.

Entonces, no me vengan a decir que para reajustar las pensiones se debe romper el compromiso de bajar el impuesto al valor agregado según fue previsto.

La otra razón es que en Chile los impuestos siempre suben. Resulta que en la Comisión de Hacienda, cuando se plantearon inquietudes respecto de la estructura tributaria y de la necesidad de revisar las franquicias existentes, el señor Ministro del ramo dijo: "Aumentemos ahora el IVA y después veamos en su totalidad lo otro".

Sucede que lo vamos a mantener en 19 por ciento y después, cuando se envíen otros proyectos y se revise la estructura tributaria, como se sostuvo aquí, en esta Sala, a lo mejor se aplicarán mayores gravámenes.

No advierto perplejidad alguna en la Oposición: estamos acostumbrados a que la Concertación siempre financie cada iniciativa con incremento de impuestos. En definitiva, la carga tributaria del IVA, del impuesto a los combustibles y de las contribuciones a los bienes raíces incide directamente en el bolsillo de la clase media.

Por esas razones, votaremos en contra de la norma que significa mantener la actual tasa del IVA a partir del próximo año.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Adolfo Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

Señor Presidente, creo que nadie en la Sala puede estar en contra de mejorar la situación de más de un millón de personas que viven en condiciones muy difíciles.

Además, es bueno tener conciencia de que una mejoría como ésta debe ir acompañada de otras medidas, a fin de que actuemos solidariamente con los chilenos más necesitados.

Por cierto, se podrá discutir o tener diversas posiciones en cuanto a cómo se financia o se logra cumplir ese objetivo. Pero, con todo, aquí se debe respetar el compromiso planteado durante la campaña presidencial. Y es importante que la palabra se honre hoy con ocasión de un proyecto de esta naturaleza.

No obstante, quiero complementar lo anterior refiriéndome a la situación de los habitantes de la Undécima Región, donde el costo de la vida es muy superior al del resto del país, a tal punto que en aquélla los trabajadores perciben una asignación de zona que los diferencia de los demás, para poder enfrentar sus gastos normales. Pero se produce el contrasentido de que, cuando se trata de aumentar las pensiones mínimas o las asistenciales no se aplica el mismo criterio, aunque así debiera procederse.

Por eso, he planteado al señor Ministro de Hacienda que analice la posibilidad de contar con pensiones asistenciales o pensiones mínimas diferenciadas para aquellas zonas del país donde las condiciones de vida son distintas a las del resto.

Una canasta familiar en la Undécima Región alcanza a casi 18 mil pesos. No hay otra en condiciones similares, no sólo si se toma en cuenta el consumo de productos básicos, sino también el precio del agua potable, de la luz y de otros servicios. Simplemente, allí los índices de medición no consideran, por cierto, los gastos en calefacción y otros que les son propios.

Por eso, hice presente al señor Ministro la necesidad de otorgar pensiones asistenciales y mínimas diferenciadas para quienes viven en la Región de Aisén. Si uno observa lo difícil que resulta en ella para los trabajadores del sector público o del privado enfrentar los gastos básicos, aun con asignación de zona ¿ella rige para los primeros-, con más razón habría que pensar en una pensión diferenciada para los mayores de 65 años o para quienes acceden a una asistencial por alguna de las causales que se han mencionado hoy.

Votaré a favor del proyecto del Ejecutivo porque hace justicia a una cantidad inmensa de chilenos que se encuentran en situación muy difícil. Además, porque es la forma de honrar el compromiso de quien fue nuestra abanderada presidencial. Creemos muy importante dar cumplimiento a su palabra en un proyecto de esta naturaleza. Pero, al mismo tiempo, quiero reiterar a los representantes del Gobierno -sobre todo al señor Ministro de Hacienda - que consideren la posibilidad de conceder pensiones diferenciadas para las regiones extremas del país, en especial para la Undécima, por las condiciones de vida imperantes en ella, a las cuales he hecho referencia.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ominami.

El señor OMINAMI.-

Señor Presidente, valoro muy positivamente la iniciativa en debate, porque va a proporcionar beneficios a un sector particularmente vulnerable de la sociedad, que tiene muchas carencias y no posee capacidad de presión. No puede efectuar huelgas ni paralizar el país.

Desde ese punto de vista, me parece que partir con un proyecto como éste traduce bien la voluntad del Gobierno de avanzar en el establecimiento de un sistema de protección social que pueda cubrir dignamente las necesidades de las personas, desde la niñez hasta la edad adulta.

Además, a diferencia de lo que han planteado Senadores de Oposición, es muy relevante respetar un principio básico de responsabilidad fiscal: los proyectos que establecen beneficios y gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. Me parece que ésa es una regla básica de responsabilidad fiscal.

Es cierto que en la actualidad hay importantes excedentes como consecuencia de los altos precios del cobre. Pero, ¿quién puede decir por cuánto tiempo éstos se van a mantener?

Lo que sí está claro es que los beneficios que se están estableciendo aquí son para siempre. Las holguras fiscales de las cuales disponemos hoy pueden ser por uno, dos o tres años. En mi opinión, no sería correcto girar a cuenta de aquellos ingresos, que tienen carácter más bien transitorio, para financiar compromisos permanentes.

Quiero hacer presente algo mencionado en el debate y que yo mismo planteé: dentro de las opciones de financiamiento, creo que ésta no es la más equitativa. Lo reitero ahora.

El IVA es un impuesto reconocidamente regresivo. Es un tributo de tasa única que en último término, proporcionalmente con sus ingresos, lo pagan de mucho mayor manera los sectores que consagran lo esencial de sus ingresos al consumo. Las personas que pueden destinar parte de sus entradas al ahorro o a la inversión, toda vez que uno y otra no se hallan afectos al IVA, proporcionalmente, son menos castigados que los sectores medios y bajos.

Lo anterior es tanto o más injusto si se tiene en consideración que el conjunto de la estructura tributaria chilena es muy regresiva e injusta. El IVA representa el 47 por ciento de la recaudación total. Más del 50 por ciento de los ingresos fiscales provienen de impuestos indirectos, y sólo el 30 por ciento tiene su origen en el impuesto a la renta.

Si uno analiza las estructuras tributarias de los países con superior cohesión social y mayores niveles de igualdad que el nuestro, encontrará que se hallan exactamente en el polo opuesto, pues lo esencial de ellas son las fuentes tributarias directas y no las indirectas.

Por eso es tan importante lo que aquí se ha registrado: una discusión de fondo para ver si somos capaces de llevar a la práctica lo que hemos dicho en cuanto a la generación de más igualdad en el país. El sistema tributario no agota las dificultades de la desigualdad, pero tiene que ver con ese punto; y una estructura tributaria como la existente reproduce un mecanismo de distribución de los ingresos particularmente inequitativo.

Ahora bien, es cierto, además, lo que se ha expuesto: la tasa de 19 por ciento se planteó de manera transitoria. Y no lo hizo solamente el Presidente de la República : la votamos todos en el Parlamento. Ésa es la verdad.

Pero me parece -y quiero decirlo también con mucha franqueza- que existen por lo menos dos tipos de razones para poder revisar la situación. La primera de ellas es que la Presidenta lo dejó establecido con total transparencia. Deseo consignar que no estuve de acuerdo cuando se propuso en la campaña la mantención del porcentaje del impuesto al valor agregado, pero reconozco que se anunció. Y la entonces candidata sacó 53 por ciento de los votos detrás de tal idea. Tanto Sebastián Piñera como Joaquín Lavín también se pronunciaron por conservar el 19 por ciento. A mi juicio, ése es un buen motivo para la revisión.

La segunda razón -muy importante- es que sólo no estamos aludiendo a aumentar las pensiones más bajas en 10 por ciento, sino también haciendo referencia a la construcción de un sistema de protección social que significará en adelante una cantidad muy significativa de ingresos.

Sostenemos una discusión sobre la reforma previsional. ¿Qué implicará ella desde el punto de vista del gasto fiscal? Pienso que una reforma que apunte en un sentido solidario importará también fortalecer un pilar que tenga la misma característica. Y eso requerirá más ingresos y no menos.

Desde ese punto de vista, estimo que se ha actuado con transparencia y que median razones como para revisar la decisión adoptada en junio de 2003 en orden a establecer la tasa de 19 por ciento con carácter transitorio.

En virtud de ello, votaré a favor.

Si me concede diez segundos más, señor Presidente , formularé una observación a la indicación del Senador señor Longueira .

Considero que es bien intencionada pero carente de un buen fundamento técnico y que se prestaría para todo tipo de injusticias. Pongo un ejemplo: si se tiene presente sólo el factor ingreso, un profesional con un patrimonio considerable, con un nivel de educación alto y con buena salud que pierde transitoriamente sus entradas, podría obtener una pensión asistencial, de acuerdo con la proposición de mi Honorable colega. Por ello, la carencia de recursos no puede ser únicamente medida como carencia de ingresos monetarios: es algo que debe decir relación a un conjunto más amplio de vulnerabilidades.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente, respecto de los temas en análisis, deseo referirme a dos aspectos que se incluyen en el interesante intercambio de puntos de vista que ha habido. No cabe duda de que existe un acuerdo bastante macizo en términos de apoyar el objetivo del proyecto de ley en estudio; pero la discusión se centra en la cuestión del financiamiento, así como en lo relativo a la automaticidad.

Con relación al primero de esos puntos, antes de iniciarse el debate, mi impresión fue que el financiamiento era innecesario, abultado e incorrecto. Pero, después de escuchar algunas de las intervenciones en la Sala, debo agregar un cuarto elemento: incoherente.

Resulta innecesario, en efecto -algunos señores Senadores han hecho uso de la palabra para explicarlo-, atendidas las proyecciones de las finanzas públicas. No deseo ahondar en el asunto. Ha sido suficientemente explicitado, y creo que los argumentos y cifras que se proporcionaron, en particular por el Honorable señor Novoa , han sido muy claros al respecto.

Es abultado porque la vinculación entre el impuesto y el proyecto genera una diferencia que también es ostensible. La recaudación es equis, y lo necesario para financiar la iniciativa, menos equis.

Es incorrecto -aquí radica lo principal- porque se está recurriendo a un tributo definitivamente regresivo. Y debo hacer presente que solicité en forma respetuosa al señor Ministro de Hacienda , en la Comisión respectiva, que emitiera una opinión acerca de cuál es el carácter del impuesto. A mi juicio, es muy importante hacerlo especialmente al principio de la gestión de un Gobierno, porque interesa saber si éste considera, por ejemplo, que se trata de un tributo bien orientado, bien focalizado, progresivo, o si, a la inversa, es regresivo, como lo han calificado hasta ahora cuatro señores Senadores de la Concertación.

Por mi parte, no me asiste duda alguna acerca de que se trata de un impuesto regresivo.

¿Cuándo un impuesto es regresivo? Es bastante obvio: cuando castiga e impacta mucho más a los pobres que a los ricos. Y estimo concluyente la argumentación proporcionada al respecto por los Honorables señores Vásquez , Muñoz Barra y Ominami .

Entonces, no sólo es innecesario, abultado e incorrecto, sino, además, incoherente. Porque, en verdad, cuesta entender el razonamiento de los señores Senadores de la Concertación: sostienen que el que nos ocupa es un mecanismo tributario injusto y, no obstante, votan a favor de su incorporación. Y han tenido todo el tiempo del mundo para estudiar diversas fórmulas a fin de no emplear un instrumento de esa índole.

Señor Presidente , como aquí se mencionan mucho las promesas formuladas durante la campaña electoral, deseo hacer presente que no existe una línea en la desarrollada por la ahora Presidenta Bachelet -por lo menos, que yo haya visto- que se haga cargo de la tremenda injusticia del sistema tributario vigente.

Y si así fuera, ¿cuánto tiempo más necesita la Concertación, entonces, para encontrar mecanismos de financiamiento que, según sus mismos Parlamentarios, no sean injustos?

Pero el sentido común no resiste la argumentación que se escucha. Los Senadores del conglomerado político oficialista señalan que están recurriendo a un mecanismo tributario injusto y que castiga a los más pobres. Lo vienen haciendo desde hace 16 años. ¿Con qué fundamento?

Alguien podría decir: "Enfrentamos una urgencia enorme. Nos hallamos en un momento de premura fiscal en que este impuesto es absolutamente indispensable para sacar adelante un programa social.". Tal podría haber sido, por ejemplo, la situación que el país vivía al inicio de la transición a la democracia, en 1990. Pero no es el caso. No perduran las premuras de entonces.

Al revés, han contado con todo el tiempo del mundo. Si el sistema no ha cambiado, es simplemente porque no han encontrado la forma de hacerlo o porque se conforman -lo señalo respetuosamente- con su propia incoherencia. Mas repugna al sentido común lo que he estado escuchando en términos de sostener de manera deliberada que es injusto un mecanismo utilizado en forma reiterada y seguir empleándolo. Ello no se entiende.

Al margen de lo anterior, señor Presidente, dos palabras respecto de la automaticidad.

La indicación presentada por los Senadores de la Alianza sí es coherente con el propósito y la redacción del proyecto de ley. El mensaje expresa que de lo que se trata es de establecer "en forma automática" la pensión asistencial en aquellos casos en que se cumpla con los requisitos de acceso establecidos por el decreto ley Nº 869. ¿Qué es algo "automático"? Muy simple: el Diccionario de la Lengua Española, y no el Senador que habla, expresa que es lo que funciona por sí solo.

La coherencia elemental, entonces, indica que si se pretende establecer un beneficio, como se prometió en la campaña, de carácter universal y automático, es preciso darle automatismo. ¿A qué cosa? A lo determinado por la propia iniciativa legal presentada: los requisitos de acceso. Y, como se ha dicho antes, ¿cuáles son? El primero, desde el punto de vista del beneficiario, podría decirse que constituye una triple conjunción: o ser mayor de 65 años, o inválido mayor de 18 o tener la calidad de "deficiente mental", expresión ésta que me adelanto a consignar que me parece inadecuada. En segundo término, carecer de ingresos propios. Y se define lo que ello significa: que éstos no superen el 50 por ciento de la pensión mínima. Y, en tercer lugar, residencia de a lo menos tres años en el país. Ésos son los requisitos que se establecen para acceder a esta pensión, lo que, según el proyecto, debiera ser universal y automático.

Pues bien, basta con leer el texto de la iniciativa para darse cuenta de que, pese a que quizás se han superado -para la galería- algunas restricciones presupuestarias, las reglamentarias se mantienen exactamente igual.

El sentido común más elemental indica que aquí hay algo incoherente. El artículo 6º dice que las pensiones asistenciales "serán otorgadas por los intendentes". ¿Otorgadas? ¿Pero no habíamos quedado en que tenían que ser automáticas¿? Si es así, ¿por qué las "otorgan" autoridades? Obviamente esto es un resabio de una redacción, de un sistema y de un método anteriores.

Además, cualquiera que sea la denominación del instrumento -ficha CAS, ficha Familia o como se quiera llamar-, en la práctica subsistirán los mismos impedimentos que existen hoy para asignar automáticamente esta pensión. Durante toda la campaña presidencial se dijo que su otorgamiento debía operar sobre la base de la carencia de ingresos, que es la lógica de este beneficio. Pero, en concreto, eso no va a ocurrir.

¿Cuál es el mensaje entonces? Se ha señalado: "Nos hemos comprometido a una pensión asistencial universal y automática"; pero la norma, tal como está expresada, indica que aquélla no es ni universal ni automática. Y seguiremos en la nebulosa reglamentaria, mantenida desde hace mucho tiempo, que ha impedido que dicha pensión tenga ese carácter.

Y aquí, señor Presidente , aparece una nueva incoherencia.

En la Comisión de Trabajo y Previsión Social, los Senadores de la Alianza planteamos al Ejecutivo buscar una fórmula que, desde el punto de vista técnico, fuera inobjetable y que permitiera realmente la automaticidad y universalidad que todos los señores Parlamentarios, al menos los que han intervenido sobre el tema, anhelan. ¿Qué razón hay para no hacerlo? ¿Por qué no es posible -como ya se señaló- trabajar en una comisión especial, gastarse algunos días en tal labor -sin que signifique dilatar la tramitación del proyecto-, a fin de lograr que el acceso al referido beneficio sea como el Gobierno quiere: automático y universal? Porque hoy día no es ni lo uno ni lo otro.

Un último punto antes de concluir, señor Presidente.

Un Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra hizo presente que la indicación que presentamos los Senadores de la Alianza podría perjudicar a las personas de menores recursos para acceder a este beneficio. Es exactamente lo contrario. Cuando se mantiene, por ejemplo -y no estoy dejando de pensar en la observación hecha por el Honorable señor Ominami -, el inciso segundo del artículo 2º del decreto ley Nº 869, de 1975, que se refiere a parámetros como nivel educacional y calidad de la vivienda, lo que se hace es aumentar los requisitos para acceder a la pensión asistencial; no reducirlos. De manera que nuestra propuesta, conceptualmente, apunta a que sea más fácil para la gente pobre obtener este beneficio y, bajo ninguna circunstancia, que sea más difícil.

En consecuencia, señor Presidente , por su intermedio, solicito a las autoridades de Gobierno aquí presentes que abran un espacio para ponernos de acuerdo técnicamente en un objetivo compartido. Hay tiempo de sobra para hacerlo. Estoy seguro de que personas con capacidad técnica, tanto del Gobierno como de la Oposición, perfectamente pueden convenir una fórmula de esta naturaleza. De esa forma se podría cumplir mejor el propósito del proyecto. Al mismo tiempo, ello constituiría una señal extraordinariamente positiva para fomentar el clima que se necesita para sacar adelante estas materias, en las que sí hubo consenso en la campaña presidencial.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Alvear.

La señora ALVEAR.-

Señor Presidente, quiero expresar en la Sala la importancia de esta iniciativa, que, sin duda, refleja el cumplimiento de la Presidenta Bachelet respecto de la agenda social que dio a conocer durante el curso de su campaña y que ahora inicia su implementación.

En forma reiterada se dijo que la viga maestra de su Gobierno sería la reforma del sistema previsional, que, como todos reconocemos, tiene falencias que hay que abordar. Para tal efecto, se creó una comisión especial, integrada por distintos expertos, quienes aportarán sus visiones con el objetivo de que el Ejecutivo en su momento presente una propuesta.

Sin embargo, estamos conscientes de que existen situaciones tan extremadamente complejas que no podían esperar. Por ende, se resolvió mandar esta iniciativa legal, cumpliendo exactamente lo que establece el programa de la Presidenta Bachelet , a fin de subir las pensiones más bajas y permitir que las personas que están en lista de espera de las pensiones asistenciales puedan acceder a ellas. Se ha señalado que se trata de quienes tengan hasta 550 puntos.

Cabe recordar, además, que el Congreso -y en su momento el Presidente Lagos - aprobó el incremento del IVA en uno por ciento, con lo cual el impuesto quedó en 19 por ciento, medida cuya vigencia rige todo este año. Sin embargo, como se ha reiterado aquí, esta red de protección social, que incluye un conjunto de otras iniciativas, requiere para su financiamiento permanente la existencia de los recursos necesarios.

Se ha dicho, y con razón, que ha subido el precio del cobre y que se cumple con la regla del superávit fiscal. Sin embargo, es imperioso mantener el actual valor del IVA, lo cual -es conveniente aclararlo- no significa un aumento, como han manifestado algunos. No. Lo que se propone es dejar el impuesto tal cual está. No elevarlo. Se mantendrá en 19 por ciento.

Tal medida financiaría, además de este proyecto, como señalaron los Ministros del Trabajo y de Hacienda en la Comisión de Trabajo, el incremento de la dotación de Carabineros, el aumento de cobertura del Plan AUGE y la compensación que implican los nuevos tratados de libre comercio suscritos con países de Asia.

Por otra parte -aquí se ha dicho y quiero reiterarlo-, la mantención del IVA en 19 por ciento fue un tema defendido por tres de los cuatro candidatos presidenciales: la actual Presidenta y los señores Piñera y Lavín . Todos ellos estuvieron de acuerdo en esta materia.

Naturalmente los recursos que se generen por esta vía se van a invertir en la red de protección social.

Por último, señor Presidente , considero muy importante la observación que la bancada democratacristiana hizo en su momento en la Cámara de Diputados, relativa a que existe consenso -así lo pudimos apreciar en la Comisión del Trabajo- en que la ficha CAS e, incluso, la nueva ficha Familia, que se está aplicando en algunas comunas piloto, no reflejan lo que debiera evaluarse para determinar a quiénes el Estado debe beneficiar. Por ello existe un compromiso, anunciado por la Ministra de MIDEPLAN , en orden a elaborar una nueva ficha a fin de posibilitar una mirada más de acuerdo con parámetros racionales para acceder a diferentes beneficios.

Por todas estas razones, votaré a favor de la iniciativa.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, todo el mundo está de acuerdo con los objetivos de la iniciativa, que es el cumplimiento de un compromiso fuerte de programa, que apunta, como aquí se ha dicho, a generar una red de protección social.

Hay dos puntos en el debate.

En primer lugar, se cuestiona que el beneficio sea automático. Pero sí es automático. Ocurre que no es universal. Está destinado a quienes carecen de recursos y que se hallan en condiciones de jubilar. Y es automático en la medida en que con este proyecto, recibirán el beneficio todas las personas con menos de 550 puntos en la ficha CAS...

La señora MATTHEI.-

No es automático.

El señor GAZMURI.-

Lo es para todas las personas que reúnan los requisitos.

La indicación no resuelve ningún problema, porque cualquiera que sea el criterio que se utilice, debe existir un instrumento de medición. Al escuchar al Senador señor Longueira , pareciera que, de aprobarse su indicación, bastaría con ir al municipio para que le otorguen la pensión. Ello no es así, porque en ese caso habría que demostrar, primero, que no se cuenta con ingresos; segundo, que el promedio familiar de ingresos es tal o cual, etcétera, y para eso debe haber un sistema de acreditación, sea la ficha CAS u otro.

Por tanto, el beneficio es automático y universal para todas las personas que reúnan las condiciones necesarias.

En segundo término, estamos de acuerdo en que el actual instrumento de medición de pobreza que se usa, en general, para otorgar el beneficio requiere ser corregido. Ello resulta evidente, y es el compromiso que asumió el Ejecutivo en la Cámara de Diputados. Y confío en que el Gobierno va a cambiar la ficha CAS en los plazos razonables que señaló. En verdad, hay que decir autocríticamente que en el pasado no pudimos o no fuimos capaces de resolver este problema, cuyo diagnóstico ha sido común entre nosotros.

Reitero que confío mucho en la capacidad del Gobierno de la Presidenta Bachelet para cumplir efectivamente todos sus compromisos, como ha comenzado a hacerlo en los primeros 15 días de su mandato.

Respecto al financiamiento, durante la campaña presidencial se presentó al país un programa escrito muy preciso y explícito. Por tanto, los compromisos fueron públicos y votados por la mayoría de los chilenos. Así, en materias fiscales y tributarias se asumieron cuatro objetivos.

Primero, continuar con la regla del superávit estructural del uno por ciento. Punto discutible, como todo manejo fiscal macroeconómico responsable, y nadie puede decir que éste no lo es.

Segundo, mantener el IVA, no para financiar este proyecto, sino el programa en su conjunto. Ello es evidente, y por eso la argumentación del Senador señor Novoa se cae por sí sola. Es cuestión de saber aritmética para darse cuenta de que esta iniciativa cuesta 180 millones de dólares en régimen, y un punto del IVA equivale a 600 millones de dólares. El Gobierno está pidiendo mantener este impuesto no sólo para financiar esta iniciativa, sino también el conjunto de proyectos comprometidos. En todo caso, la mantención del IVA en 19 por ciento no aportará fondos para tal efecto en 2006 -año en que se encuentra vigente por ley-, pero asegurará el mismo nivel de recursos en 2007, 2008, 2009.

Por otra parte, hay dos compromisos que sí apuntan al debate más de fondo sobre el sistema tributario chileno, y entiendo que el Gobierno también los cumplirá, como lo va a hacer con éste.

El primero es un fuerte combate a la evasión y a la elusión. Cuando hablamos de elusión, nos referimos básicamente al conjunto de mecanismos que hacen que los impuestos a las personas se eludan en el país. Vale decir, que no se paguen -porque "eludir" es una palabra muy elegante-de manera radical. Existen 13 mil contribuyentes, entre ellos los Senadores presentes y también los Ministros, que pagan el diferencial del 42 por ciento. Basta recorrer cualquier ciudad de Chile para darse cuenta de que hay mucho más de 13 mil ciudadanos que ganan más de 3 millones y medio de pesos al mes.

O sea, cuando hablamos de combatir la elusión, estamos aludiendo a que en el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet ello va a estar en el debate tributario.

Además, hemos señalado la necesidad de revisar las exenciones tributarias y eliminar todas aquellas que no tengan justificación porque significan subsidios públicos a personas que no lo requieren. Y la primera que habría que examinar es la relativa al IVA en la construcción, que efectivamente constituye un subsidio a los sectores de más altos ingresos del país, que adicionalmente no pagan impuestos. Entonces, es evidente que hay que revisar esa exención.

Por todas esas razones, creo que el Gobierno es completamente coherente con lo que ha planteado, y que las dos críticas de la Oposición: la focalización y la universalidad, carecen de fundamento. En lo que sí estamos de acuerdo es en que el actual mecanismo de medición, la ficha CAS, constituye un mal instrumento, porque castiga a las familias que acumulan un mínimo patrimonio en bienes indispensables, y a veces, castiga la capacitación, la educación de la gente de menores recursos y, además, no considera suficientemente el ingreso.

Por consiguiente, una vez que se establezca el nuevo sistema de medición: la ficha de Familia, espero que a la gente que tiene derecho al beneficio, pero que no calificó debido a un instrumento insuficiente, se le dé la oportunidad de responder una vez más la encuesta. Eso me parece evidente. Vale decir, que a todas las personas mayores de 60 y de 65 años que hayan obtenido sobre 550 puntos en la ficha CAS, y que no van a ser favorecidas por el proyecto hasta que se cambie el sistema, se les permita a lo menos rehacerla, para ver si efectivamente con una encuesta más perfecta caen dentro de los sectores beneficiados.

Anuncio mi voto favorable.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, además de los problemas de la ficha CAS que se han mencionado, en cuanto a que mezcla patrimonio con ingresos, stock con flujos, y que finalmente se convierte en un castigo para quien vive en forma ordenada y que, en vez de gastarse la plata en farras, la invierte en su casa o en educación, existen serias dificultades con algunas disposiciones del proyecto.

El Honorable señor Allamand señaló que sería bueno abrir espacios en el Senado para estudiar un sistema que permita conceder las pensiones asistenciales en forma automática a todas las personas que cumplan con ciertos requisitos de pobreza.

Cabe preguntarse quién podría oponerse a algo tan lógico como aquello. Y, sin embargo, la iniciativa que la Concertación está aprobando señala claramente que las pensiones asistenciales van a ser otorgadas por los Intendentes Regionales.

¿Por qué nos oponemos a ello?

En primer lugar, porque es muy conocido -por lo menos en mi Región ocurre así-, que la ficha CAS "se arregla". Hay diputados, concejales, alcaldes, que consiguen disminuciones de puntajes para las personas que se acercan a ellos.

El señor PROKURICA.-

Así es.

La señora MATTHEI.-

Por eso, he pedido en numerosas oportunidades, cuando se han analizado otros proyectos de ley, que de seguir aplicándose la ficha CAS, debe haber una auditoría a nivel nacional. Tenemos que estar seguros de que un puntaje de 450 puntos en Coquimbo sea igual a uno de 450 puntos en Conchalí, pero ello no es así.

En verdad, hay candidatos de la Concertación que han conseguido grandes cantidades de votos, por la vía de obtener disminuciones de puntaje en la ficha CAS para la gente que se los pide. Más aún, muchos de esos candidatos hacen uso de información privilegiada ¿ello está sancionado con cárcel en el sector privado-, porque justo durante las campañas mandan "cartitas" a diversas personas en las que les anuncian que han sido beneficiadas con una pensión asistencial...

El señor PROKURICA.-

Y que ellos se las consiguieron.

La señora MATTHEI.-

Así es.

Copias de esas cartas fueron publicadas en el diario "El Mercurio", con las firmas de los Diputados y de los Senadores que participaban en ello.

Por eso no se desea que el procedimiento sea automático. Porque, en el fondo, en la medida en que las pensiones continúen otorgándose por los Intendentes, va a seguir haciendo mal uso de información privilegiada aquella gente de la Concertación que está acostumbrada a sacar votos fáciles por la vía de apropiarse de beneficios que se conceden con plata de todos los chilenos.

Eso ocurre en forma reiterada, a vista y paciencia de todo el mundo. Y nadie dice nada.

Por eso, consideramos indispensable que se modifique el proyecto en debate, a fin de que la pensión asistencial se otorgue en forma automática a las personas por el solo hecho de demostrar que cumplen los requisitos de pobreza que fija la ley para ese efecto.

El segundo tema es el del financiamiento.

Esta iniciativa cuesta 180 millones de dólares. Archisabido es que para el año en curso -2006- el gasto se encuentra financiado por completo con los 300 millones de dólares de libre disponibilidad que existen en el Presupuesto aprobado a fines del 2005. Por lo tanto, este año se puede financiar todo el reajuste y todavía sobran 120 millones de dólares.

Hemos escuchado aquí encendidos discursos que nos señalan que debemos ser responsables y que, cuando hay un gasto permanente, se debe solventar con ingresos permanentes. ¡Obvio! ¿Quién ha dicho lo contrario? El punto estriba en que el solo crecimiento de la economía va a producir el próximo año y todos los años siguientes un aumento de la recaudación tributaria que más que financia el costo del proyecto en debate.

No se precisa, por consiguiente, subir el IVA. Y llama la atención que todo el mundo encuentre tan malo este impuesto y, sin embargo, se eleve su tasa cuando no es necesario.

El solo incremento tributario producto del crecimiento del país da para financiar en forma permanente este proyecto de ley, salvo que el Gobierno de la Presidenta Bachelet tenga programado producir una recesión. Pero la verdad es que no lo ha anunciado.

Así que la iniciativa en debate se financia absoluta y permanentemente con lo que existe.

Señor Presidente , se ha hablado mucho del resto del programa social. Yo no lo conozco. Sé de anuncios vagos, sueños, promesas de campaña, planes, como quiera llamárseles. Pero no he visto ningún proyecto concreto; no sé a quién se beneficia.

Fíjense, señores Senadores, que estamos financiando algo que nadie sabe lo que es, ni cuánto cuesta, ni cuándo se va a aprobar, ni en qué momento se va a aplicar.

Señor Presidente, es una pena que algo tan importante como un reajuste del 10 por ciento para las pensiones asistenciales y mínimas, que todos aplaudimos y aprobamos, haya sido al mismo tiempo instrumento para subir subrepticiamente un impuesto. Porque esto es un alza de impuesto, aunque algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra digan lo contrario.

La ley actual señala que a contar del 1° de enero del 2007 el IVA debe bajar a 18 por ciento. Pero a partir de este proyecto va a ser de 19 por ciento. Por lo tanto, se trata de un aumento, y de un aumento por completo innecesario, porque, como señalé, el proyecto en debate está financiado total y permanentemente con lo que ya existe.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, no puedo sino estar de acuerdo con el Senador señor Allamand en cuanto al rigor conceptual que empleó para analizar este reajuste extraordinario. En efecto, no es propiamente universal, ni por cierto, tampoco automático.

Esto es exactamente lo mismo que la democracia representativa heredada de "John Long": no nos es factible decir que sea democracia en esencia, ni tampoco, genuinamente representativa; pero sí puede ser de elección automática, ¡como aconteció con el propio Senador señor Allamand...!

Yo creo que todas estas discusiones tienen un carácter...

El señor CHADWICK.-

¡Lo vamos a echar de menos...!

El señor ÁVILA.-

Hago un paréntesis, señor Presidente .

Parece que ciertas resoluciones de la Corte Suprema encuentran jubilosa acogida en algunos colegas,...

El señor ROMERO.-

¿Cuál de todas?

El señor ÁVILA.-

¿por desgracia, pues muchos han expresado de alguna manera que esto es, simplemente, una aberración. Pero, en fin, eso ya se discutirá en las instancias respectivas.

Todo lo que nos acontece, señor Presidente , y las discusiones que genera este tipo de temas tienen como raíz el que hayamos sido afectados por una patología funesta. Me refiero a esa suerte de fiebre consensual que ha atrapado particularmente a la Concertación durante todos estos años.

Al principio era el temor a los "boinazos", y luego, a los pronunciamientos de las cúpulas empresariales. Pero siempre ha existido algún motivo para disolver la visión de dicho conglomerado sobre la sociedad en otra que le es ajena. O sea, a lo largo de todos estos años, de una u otra manera, se ha ido subordinando a planteamientos que nunca abrigamos como propios y genuinos de la Concertación de Partidos por la Democracia, en aras de aquellos que están por fortalecer en sus bases el sistema imperante. Y éste ha dado lugar al cumplimiento de una lógica, que no es otra que la acumulación de riqueza cada vez en menos manos. 

En consecuencia, para resolver los problemas de la extrema pobreza, debemos ocuparnos también de la extrema riqueza, porque de otra forma no será posible alcanzar una sociedad mínimamente equilibrada.

Ya es hora de abordar todo lo que significa para Chile este baldón de figurar en los últimos lugares, a nivel planetario, en lo concerniente a la distribución de la riqueza. Y uno de los mecanismos que jamás podrán descartarse en una política de tal naturaleza es el sistema tributario.

En estos momentos existe una carga enorme para las personas, que alcanza a 40 por ciento, y, en cambio, una muchísimo más liviana y llevadera -casi deportiva- para las empresas, con 17 por ciento. Entonces, lógicamente, todo el mundo quiere ser empresa. Y lo son los médicos, los dentistas, todos los profesionales. Ello, por cuanto sólo los más despistados y aquellos que no tienen ninguna posibilidad de inventarse como empresa deben seguir pagándole el Fisco el 40 por ciento. Pero cada vez serán menos.

Por lo tanto, ha llegado el momento de que nos saquemos los dogmas, evitemos que haya temas tabúes y, sencillamente, todos nos decidamos a cambiar las bases de un sistema que reconocemos profundamente injusto.

Porque, si hay una forma de ocuparse del problema de la delincuencia, es precisamente imprimiendo justicia a la sociedad donde vivimos. Resulta mucho más barato invertir en justicia social que en seguridad. Si se deja que las cosas continúen como están, los dueños de las grandes fortunas vivirán con arresto domiciliario en sus mansiones, rodeados de rejas de hierro y guardias privados.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor ÁVILA.-

Mucha gente que no tiene cómo ocupar un espacio en la comunidad terminará yéndose al ámbito de la delincuencia para ganarse el sustento. Y eso abarrotará las cárceles y colapsará los sistemas judiciales.

Señor Presidente, ya es hora de que no discutamos adjetivamente los problemas de la sociedad de la que somos parte y nos ocupemos de los aspectos de fondo, que todavía están siendo olvidados.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.

El señor MUÑOZ ABURTO.-

Señor Presidente, después de escuchar atentamente a los diversos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, concluyo que aquí no se ha señalado que una de las principales preocupaciones de los Gobiernos de la Concertación, que ha constituido una de sus prioridades máximas, ha sido el mejoramiento de las pensiones de los chilenos y chilenas carenciados.

Por ello, no podía faltar en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet -todos conocemos su gran sensibilidad- el compromiso, que figura entre las 36 primeras medidas, de elevar las pensiones más bajas y otorgar en forma automática -aunque algunos sostienen que no es así- las asistenciales.

El debate se ha centrado, no en si el proyecto es bueno o no para los más carenciados de nuestra patria, no en si mejora o no la calidad de vida de miles de hombres y mujeres, sino en el segundo punto: la fuente de financiamiento. De ahí que gran parte de la discusión se haya focalizado en si el IVA es regresivo o no lo es, en si se trata o no de un aumento de impuesto.

Creo que un gran número de chilenas y chilenos está aguardando con esperanza, con fe, que nosotros aprobemos hoy día esta iniciativa, porque va a incrementar sus pensiones, va a mejorar su calidad de vida. A ellos no les interesa esta discusión, que a lo mejor es académica, de universidades, de entendidos. La gente piensa en forma más simple. La que recibe menos de 100 mil pesos está pensando que, con este reajuste de 10 por ciento, a partir de mayo va a recibir 110 mil. Y ese aumento es bastante considerable, mucho mayor que el de décadas anteriores.

Señor Presidente , sin dejar de lado el debate sobre el financiamiento de este proyecto social y de otros que llegarán al Parlamento, creo que es bueno abrir la discusión sobre qué fuentes queremos para financiar este tipo de iniciativas. Y si hay que enfrentar nuevas cargas tributarias, habrá que debatirlas de cara al país, para decir a esos miles de chilenos y chilenas dónde están los recursos destinados a mejorar los beneficios pertinentes.

Seguramente, éste va a ser también el tema central en la reforma previsional: cómo se financiará esa reforma, que tiene por finalidad el mejoramiento de las pensiones carenciadas.

Sin embargo, señor Presidente , no quiero dejar pasar -lo digo con el respeto que me merecen Sus Señorías- algo que señaló el Senador señor Adolfo Zaldívar .

Es obvio que quienes representamos a zonas extremas -en el caso de Su Señoría, a la Región de Aisén; en el mío, a la de Magallanes- siempre hemos abogado por sueldos mínimos diferenciados; por pensiones mínimas diferenciadas, y por pensiones asistenciales distintas. Porque el costo de la vida en las Regiones extremas, como la de Magallanes, es más alto que en el resto del país.

Por eso, hace más o menos diez días le planteé al señor Ministro del Trabajo que explorara la idea de establecer un sueldo mínimo diferenciado para los trabajadores del sector privado de esas Regiones. Porque quienes laboran en esa área en Magallanes o Aisén no perciben asignación de zona. La tuvieron, sí, en el año 1973. Actualmente, ese beneficio es percibido sólo por los funcionarios públicos.

Entonces, por su intermedio, señor Presidente , quiero hacer una petición a los señores Ministros de Hacienda , Secretario General de Gobierno y del Trabajo y Previsión Social, como asimismo a la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia : que exploren la idea de que los trabajadores de las zonas extremas -como Magallanes y Aisén- tengan una pensión mínima diferenciada y pensiones asistenciales distintas, porque en ellas el costo de la vida es mayor que en el resto del territorio.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Restan tres minutos al Comité Renovación Nacional. Y en el tiempo del Comité Socialista sólo falta la intervención del Senador señor Letelier. Luego de ella terminará el debate.

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

A estas alturas, señor Presidente , está todo dicho. Sí, resumiendo, es factible señalar que en el fondo estamos enfrentando una decisión respecto de dos proyectos: uno, el destinado a mejorar en 10 por ciento las pensiones mínimas y las asistenciales y a posibilitar que el acceso a estas últimas sea automático, por lo menos en teoría; y el otro, el tendiente a mantener el IVA en 19 por ciento. Porque para financiar la primera medida bastaría con un IVA de 18,3 por ciento, e incluso sobraría dinero.

El jueves recién pasado, cuando la Presidenta Michelle Bachelet firmó la iniciativa de ley que crea el cargo de Ministro o Ministra de Medio Ambiente , tuvimos oportunidad de expresarle, con relación al proyecto que nos ocupa, que en el Senado no existía el deseo de torpedearlo, sino más bien el de aclararlo, y que no estábamos dispuestos a aprobar tasas de impuestos que no se sabe cómo, dónde ni cuándo van a ser utilizados.

Además, como sobraría dinero, se le planteó derechamente fijar una asignación de zona tanto para las pensiones mínimas como para las asistenciales. Ello, por cuanto el costo de la vida en las diversas Regiones es diferente y en las más alejadas no funcionan las reglas de la economía, en el sentido de que los pensionados o personas mayores se puedan mover de un lado a otro con la facilidad con que, según los indicadores económicos, podrían hacerlo.

De otro lado, en esta materia existe una clara referencia a la Administración Pública y a la Administración Municipal, que, de hecho, las mismas empresas consideran en la ponderación de los sueldos.

Creo que, en esta materia, el señor Ministro de Hacienda no le debe temer al precedente -recién lo conversábamos-, porque después van a venir la canasta, el IPC regional, el sueldo regional mínimo, el reajuste diferenciado, en fin.

En el caso de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, deberíamos tener a la vista ese patrón. Y me alegro de que la Presidenta de la República al menos haya tenido una disposición favorable hacia tal situación, no para resolverla en esta iniciativa, pero sí -esperamos- durante su mandato.

Por último, deseo hacer una consulta.

Se nos ha informado que el número de postulantes a pensiones asistenciales que quedará en lista de espera una vez otorgados los nuevos cupos, en abril del año en curso, alcanzará a 9 mil 72l personas, según indicadores de la ficha CAS diferenciados.

Quiero saber si esas personas van a quedar incorporadas en el beneficio.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Letelier, último inscrito.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, quiero detenerme en el numeral 2) del artículo 6º del proyecto.

No me pronunciaré sobre la discusión del IVA, porque todos nos comprometimos a mantenerlo en 19 puntos.

El señor ORPIS.-

¡No es así!

El señor LETELIER.-

Ahora o después, a mi juicio da absolutamente igual. Por lo menos los candidatos presidenciales sostuvieron que los recursos provenientes de ese impuesto se destinarían a respaldar programas sociales. Y la verdad es que todos los argumentos que se han dado en contra pretenden eludir un compromiso político adquirido ante la ciudadanía.

Yo, en cambio, no deseo adentrarme en ese tema.

Sí quiero referirme a los parámetros que se usarán -espero que sean regulados por ley y no solamente por reglamento- para definir quiénes tendrán acceso mañana a la pensión asistencial por medio de un sistema más permanente. Como dije cuando entregué el informe a la Sala, había dos opciones. Algunos querían incluirlos en este proyecto; otros somos, como yo, partidarios de que se discutan en una iniciativa diferente. Y pido al Ejecutivo que cuando debatamos esta materia reconozcamos, no sólo la inquietud planteada por los Senadores señores Muñoz Aburto y Zaldívar , sino también lo que pasa en el mundo del trabajo en otras partes del país.

Cuando se analice el instrumento de estratificación social que buscamos deberían estimarse más los ingresos y no las carencias como ocurre hoy en la encuesta CAS, que otorga mayor ponderación a la vivienda y al nivel de educación, castigando lo que nosotros mismos hemos hecho como país, pues gracias a eso durante estos años más chilenos son propietarios de viviendas o han completado el cuarto medio. Y hoy, por desgracia, al momento de aplicar la ficha CAS en los términos actuales, esos éxitos son motivo de castigo. Queremos -reitero- un instrumento de focalización que mañana sopese más los ingresos.

Y aquí es muy importante algo que hasta ahora en la Administración Pública no hemos logrado: calificar ingresos promedios anuales. Yo represento una zona donde la gran mayoría son temporeras y temporeros. Si se encuestan en enero, en noviembre o en abril, aún tienen ingresos. Igual situación afecta a quienes, con 60 o 70 años, se hallan obligados a trabajar en faenas de temporada, pues es su única fuente de ingreso. ¿Pero si los encuestan en julio o en agosto? ¡No están cesantes porque no hay trabajo! No lo buscan, y porque no lo buscan no son considerados cesantes y no reúnen, por ende, los requisitos de un parámetro adecuado de estratificación social. Y quizás algunos de ellos merecerían ser beneficiarios de pensión asistencial.

Entiendo, señor Presidente , que hay situaciones no reguladas en este proyecto que debemos establecer, aunque suenen odiosas. ¿Qué sanción se aplica a las personas que mal usan los instrumentos de estratificación social?

La señora MATTHEI.-

Así es.

El señor LETELIER.-

Hay quienes llegan a tendenciar las fichas CAS, que hablan con la encuestadora, con alcaldes y alcaldesas de la Concertación o de la Alianza -en esto no hay nadie libre de culpa- y que pueden hasta mal utilizar instrumentos de estratificación social, pero que no sufren ninguna sanción. ¡Ninguna!

Y ésta es la otra razón por la cual a futuro estos parámetros deben ser materia de ley. No digo que en todo su detalle, porque la economía y el progreso del país son dinámicos, pero me parece útil avanzar más allá de lo que ahora se está proponiendo.

Votaré a favor del numeral 2) del artículo 6º absolutamente consciente de sus limitaciones y de que puede haber personas que, encontrándose hoy en lista de espera, no van a calificar para obtener pensión asistencial, porque el instrumento utilizado no es perfecto y porque en algunos municipios pueden haberse incorporado personas a esa lista forzando las cosas. Y no es culpa nuestra; sé que algunos dirán mañana que la ley es mala. Pero yo sostengo: "No es eso, sino el instrumento, que debemos perfeccionar ".

Por eso, yo prefiero mirar la situación en forma positiva.

Espero que el Ejecutivo pueda comprometer un plazo para revisar este tema en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a fin de aclarar lo que quedará en el decreto ley Nº 869 y, en particular , de objetivar un poco más los parámetros.

Entiendo que ésta no es la ocasión para atrasar en lo más mínimo el aumento de estas pensiones. No es el momento para postergar el beneficio a más de un millón 200 mil personas. Tenemos tiempo -un par de meses- para revisar lo relativo a 10 mil o 15 mil pensiones asistenciales y para incorporar a las personas que el Parlamento considere que cumplen el requisito relativo a ingresos y que hoy quizás quedan fuera de la ley porque carecemos de una mejor definición.

Señor Presidente, votaré favorablemente el proyecto.

Considero que es un tremendo avance. ¡Vaya que son importantes 4 mil pesos más para los adultos mayores que viven de una pensión asistencial! ¡Diez mil pesos para quienes reciben hoy 100 mil pesos es tremendamente significativo!

Creo que es un compromiso de la Presidenta Bachelet sentar las bases para la nueva red de protección social que todos queremos.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

El señor Ministro de Hacienda me ha pedido hacer uso de la palabra.

La tiene, señor Ministro

El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-

Señor Presidente, deseo referirme a cuatro puntos.

Primero, quiero hacer hincapié en la magnitud del reajuste, tanto en cuanto al monto porcentual -diez por ciento- como a su alcance: es el más grande que se concede desde 1990 hasta la fecha. Es cierto que en el Gobierno de don Patricio Aylwin hubo uno de 10,6 por ciento, pero consistía en restituir un beneficio perdido. Si lo exceptuamos, el 10 por ciento que ahora se concede es sin duda el más grande.

Además, en cuanto a su alcance, no solamente incluye a los jubilados del INP, sino también a todos los pensionados que en el sistema de AFP gozan de la garantía estatal.

Entonces, resulta muy claro que estamos frente a un reajuste cuantioso, importante, cuya aprobación será una muy buena noticia para las chilenas y chilenos, especialmente para los adultos mayores.

Segundo. Las pensiones asistenciales y las condiciones de acceso a ellas (el señor Ministro del Trabajo se referirá a este tema con mayor detalle). Lo que estamos haciendo aquí es llevar a la práctica un compromiso ante la ciudadanía. ¿Qué se dijo durante la campaña electoral? "Habrá acceso automático a la pensión asistencial para todo aquel que califique". ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Se eliminan los cupos presupuestarios. En términos técnicos, el gasto pasa a ser excedible.

Por lo tanto, toda ciudadana o ciudadano que se presente y califique recibirá al mes siguiente su pensión. Así de simple, así de sencillo.

Ahora, ¿qué ocurre? Todo beneficio focalizado debe tener requisitos. Y en todos los países del mundo los beneficios se hallan ligados a una ficha de caracterización socioeconómica. No puede ser de otro modo, porque centrarse solamente en una variable -por ejemplo, en los ingresos- sería injusto e impracticable. Sería injusto -bien lo dijeron varios señores Senadores-, porque podría haber gente de muy buena situación, pero que transitoriamente no los recibiera. Y sería impracticable, pues se requeriría medirlos mes a mes, quitándoles la pensión si aquéllos suben en determinado mes. Claramente, no es lo que deseamos.

Por lo tanto, debe existir un instrumento. La pregunta es: ¿se puede mejorar? ¡Claro que sí! Ése es precisamente el compromiso de la Presidenta de la República y es lo que la Ministra de Mideplan ha indicado que se hará en los próximos meses.

Respecto del financiamiento, aquí el principio, desde 1990 hasta la fecha, ha sido el mismo. No se trae al Congreso un proyecto de ley que implique un gasto permanente sin un financiamiento permanente. Así de simple. Y resulta obvio que el gasto aparejado a la presente iniciativa es permanente. No es necesario insistir en ello.

Ahora, la pregunta es: ¿por qué financiarlo de este modo? Por una razón muy sencilla: porque se requiere este financiamiento. No estamos hablando -y es importante también enfatizar este punto- de un incremento de los impuestos, sino de subir los beneficios manteniendo la carga tributaria, lo que nos indica que estamos usando los recursos de manera más eficiente.

Reitero: estamos incrementando los beneficios manteniendo la carga tributaria. Y para hacerlo, obviamente, es indispensable mantener el IVA y los otros tributos donde están. Aumentar los beneficios y bajar la carga tributaria me resulta, a mí al menos, totalmente inimaginable.

Asimismo es importante enfatizar que los 320 mil millones de pesos que recauda cada punto adicional del IVA en un año -ya se ha dicho aquí y sencillamente lo resalto- van a financiar no sólo los beneficios contenidos en el presente proyecto, sino también varios otros que forman parte integral del sistema de protección social que la Presidenta ha planteado al país y que ustedes, señoras Senadoras y señores Senadores, van a conocer dentro de muy poco, comenzando por la mayor dotación de Carabineros a través de una iniciativa que, entiendo, ingresa al Parlamento en estos días.

La estructura de financiamiento total del paquete fue delineada por la entonces candidata, hoy Presidenta , por el mes de septiembre del año recién pasado. Y la reitero en dos frases: un programa de protección social que cuesta 6 mil millones de dólares en cuatro años -y que aumentará en el tiempo, llegando a un gasto adicional de dos puntos del PIB en 2009-, no es factible de financiar sino con la mantención de los actuales niveles del IVA.

Se ha dicho aquí que estaríamos frente a un auge por los ingresos del cobre. Eso es inexacto. ¿Por qué? Porque somos un país que se ha dado una regla fiscal, y los países serios cumplen las reglas que se han dado. Y esa regla establece que sólo se pueden gastar los ingresos permanentes -¡permanentes!- del cobre y no los ingresos transitorios, que, como país serio que somos, vamos a ahorrar de modo de poder financiar un gasto social estable en el tiempo cuando venga un período de baja en los precios del metal rojo. Éste es un sistema que está en operación desde el año 2000 y que va a continuar aplicándose bajo el modelo de balance estructural. Al respecto, creo que existe consenso en el país en cuanto a que ha funcionado bien y a que debe seguir funcionando en la misma forma. Y ése es el compromiso de la Presidenta .

El último punto al cual me quiero referir -y con esto termino, señor Presidente - es el efecto distributivo. No cabe sino hablar del efecto distributivo de una serie de medidas tomando en cuenta su efecto neto, es decir, considerando los beneficios que los ciudadanos perciben y restando a ellos el aporte que éstos hacen al financiamiento de dichos beneficios vía impuestos. Ése es el único concepto de regresividad o distribución que hace sentido desde un punto de vista global y de la calidad de vida de las personas.

Si uno hace ese ejercicio, si uno se pregunta cuál es el aporte que los distintos quintiles hacen a la recaudación total del IVA y cuál es el beneficio que ellos reciben (del reajuste de las pensiones mínimas, de la incorporación de patologías adicionales al AUGE, de las mayores dotaciones de Carabineros, y de los nuevos cuatro acuerdos de libre comercio), comprobará que el beneficio neto es absoluta y totalmente favorable para los tres quintiles menos privilegiados del país.

Por lo tanto, estamos frente a un programa, a un proyecto, a una suma de beneficios y a un financiamiento de largo plazo que no solamente son prudentes desde el punto de vista fiscal, sino que además presentan un beneficio redistributivo neto que favorece al 60 por ciento más pobre de los chilenos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro del Trabajo.

El señor ANDRADE ( Ministro del Trabajo y Previsión Social).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar las gracias porque, el conjunto de intervenciones que los Senadores tanto de la Concertación como de la Alianza han realizado en el curso de esta sesión, revela el interés en aprobar el proyecto y los diversos beneficios que él contiene. Desde ese punto de vista, no podemos sino estar satisfechos, como Gobierno, por el alto grado de adhesión que suscita una iniciativa de esta naturaleza, así como los beneficios que entrega. En consecuencia, corresponde, en forma seria, agradecer el conjunto de intervenciones efectuadas.

Sin embargo, quiero referirme a dos aspectos que, naturalmente, han sido controvertidos y, de paso, hacerme cargo de la indicación.

Lo que el proyecto intenta, modestamente, es resolver un problema de injusticia que en la actualidad se produce: ciertas personas, hombres y mujeres, que califican, no tienen acceso a la pensión asistencial simplemente porque la asignación presupuestaria no lo permite. No tiene otro objetivo, tan simple y sencillo, que aquél. Y nuestra opinión es que, tal cual está planteado el proyecto, eso se logra.

Distinta -aunque pertinente, por cierto- es la discusión acerca de si el instrumento que hoy hace posible tal situación es lo suficientemente legítimo y válido como para seguirse aplicando. Desde ese punto de vista, no cabe ninguna duda de la pertinencia de la discusión. Tan así es que ésta se halla prevista en el programa de la Presidenta de la República , donde se señala la necesidad de avanzar en la instalación de un nuevo instrumento de focalización. Es decir, esto no ha surgido a propósito del debate producido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Es un requerimiento del programa, planteado a la ciudadanía, que viene de mucho antes. Lo que estamos haciendo, en consecuencia, es cumplirlo.

Sin embargo, la indicación presentada va precisamente en la idea contraria, pues en definitiva apunta a que sólo el factor ingreso sea determinante en el otorgamiento de las pensiones asistenciales. Y la experiencia demuestra -porque esto ya se vivió en Chile; no es nuevo- que cuando el elemento decisivo es la sola consideración del ingreso se producen distorsiones como las indicadas hace un momento por el señor Ministro de Hacienda . Porque el ingreso no da cuenta de las diversas situaciones planteadas por los mismos señores Senadores, como la existencia en un hogar de enfermos postrados o con deficiencias mentales concretas, hecha presente por el Honorable señor Ominami .

La experiencia demuestra con creces que debe considerarse un conjunto de variables. Por cierto, el factor ingreso debe ser ponderado muy fuertemente. Pero no es el único. Porque su sola consideración -repito- lleva a distorsiones. Un instrumento de focalización adecuado es aquel que posee la virtud de equilibrar, con prudencia y certeza, una multiplicidad de variables, entre las cuales están la habitación o vivienda, la educación, la situación de pobreza, el ingreso, etcétera. Éstos son los elementos que deberán tomarse en cuenta cuando se discuta el nuevo mecanismo de focalización.

Y hay que tener claro -el Ejecutivo así lo ha entendido- que este debate tiene que hacerse sobre la base de un nuevo instrumento, pues el hoy vigente no da cuenta del conjunto de aprensiones señaladas en la Sala, así como tampoco de otras que el Gobierno ha percibido desde la última campaña.

Desde esa perspectiva, la indicación, con su actual redacción, es errónea, pues intenta llegar a un resultado concreto que no refleja la situación de pobreza, sino sólo el nivel de ingreso. Es probable que no sea ésa la intención, pero no me puedo permitir el lujo de hacer disquisiciones en ese sentido. Lo importante es que no logra su objetivo, y por eso lo señalo.

Lo segundo es muy corto, señor Presidente , y se refiere al financiamiento. El señor Ministro de Hacienda tiene más competencia que yo para hablar del tema, por lo cual sólo me limitaré a hacer una observación.

La mantención del IVA en 19 puntos se planteó en varios programas de gobierno durante la última campaña presidencial. Por cierto, también en el de la actual Presidenta de la República . Hubo un señalamiento en esa dirección, que la población conoció. Y el país se pronunció, y votó de determinada manera. Pero convengamos en que estaba planteado en todos los programas. O sea, tiene la legitimidad de provenir del pronunciamiento ciudadano, y genera una situación que es razonable y pertinente plantear: hay una discusión pendiente desde el punto de vista tributario. Y lo será aún más en la medida en que avancemos en la construcción de un sistema de protección social. ¡Y vaya que va a ser pertinente cuando el debate se haga en torno de la reforma previsional!

Es una invitación al país, que bien vale la pena aceptar.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

A usted, señor Ministro .

La señora MATTHEI.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, en este momento existen dos requisitos para acceder a una pensión asistencial. Y ojalá el señor Ministro del Trabajo escuche esto, porque en su argumentación hay un error fundamental.

Como señalaba, hay dos requisitos copulativos para acceder a una pensión asistencial: la falta de ingresos, que está en la ley, y la ficha CAS. Si se remueve uno de ellos, de ninguna manera se perjudica a alguien. Se podrá decir, quizás, que se le dará el beneficio en forma injusta a quien no lo merece; pero lo que no puede suceder, al eliminar una de las dos restricciones, es que haya afectados.

Sólo deseaba aclarar ese error, en el que también incurrió el Senador señor Escalona . Repito: cuando hay dos requisitos que es necesario cumplir para tener acceso a una pensión asistencial y se elimina uno de ellos, no se perjudica a nadie.

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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Han llegado a la Mesa dos informes: uno, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y otro, de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Quedan para la tabla de la sesión de mañana.

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El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para aprobar en general el proyecto?

El señor LARRAÍN.-

Con fundamento del voto, señor Presidente, como corresponde.

El señor CANTERO.-

Es correcto.

El señor GAZMURI.-

Pido la palabra.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

La tiene, Su Señoría.

El señor GAZMURI.-

Es sobre el método que se seguirá, señor Presidente .

No conozco el acuerdo de los Comités, pero entiendo que ya hicimos la discusión en general, y ahora corresponde votar la idea de legislar, para después...

El señor LARRAÍN.-

Existe el derecho a fundamentar el voto.

El señor GAZMURI.-

...discutir en particular la iniciativa, donde también hay el mismo derecho.

El señor LARRAÍN.-

Así es.

El señor GAZMURI.-

Entonces, prepárense Sus Señorías para una larga sesión de trabajo.

El señor LARRAÍN.-

¡Estamos preparados!

El señor GAZMURI.-

¡Muy bien!

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación general el proyecto.

--(Durante la votación).

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, es evidente que hay un contrasentido muy grande cuando se dice que éste no es un aumento de impuestos, ya que quedó establecido en el marco de los acuerdos, y así estaba normado, que el IVA bajaría a 18 por ciento a partir de determinada fecha. Si eso no se cumple, ciertamente no resiste la mínima lógica el que se trata de un incremento tributario.

Por otra parte, no deja de llamarme la atención el hecho de que se requieran 180 millones de dólares, se tenga un presupuesto que excede lejos esa cifra, y el Gobierno simplemente sostenga que lo necesita para otras cosas, sin determinarlas ni definirlas. En el fondo, está pidiendo un cheque en blanco.

Sin embargo, después de la experiencia habida con las contribuciones y con el incremento de los recursos en educación y en salud, sin obtener ningún beneficio para la ciudadanía, ésta nos reclama, con toda justicia: "¿Hasta cuándo nos sacan la plata del bolsillo para usarla en nada útil, simplemente para gastarla en burocracia?" Y este argumento me parece muy importante.

También se ha planteado que ese impuesto tiene un carácter redistributivo, porque se le saca a quienes tienen más, que son los que más consumen. En realidad, por decir lo menos, pienso que a ese argumento le faltó un análisis más profundo, porque es evidente que la gente humilde gasta prácticamente todos sus ingresos. Y de incrementarse los tributos, su poder adquisitivo se verá gravemente deteriorado, porque le limitan la capacidad para acceder a mayores bienes o servicios.

Además, la encuesta CAS ya no resiste ningún análisis y debiera modificarse a la mayor brevedad.

Se arguye que los gastos permanentes requieren recursos también permanentes. Es cierto; pero nada justifica ese incremento, ni menos que el Gobierno pretenda decirnos, por una vía bastante artificiosa: "después voy a informar en qué los gasté". ¡Y lo dijo un señor Ministro en la Sala! Lo encuentro francamente muy poco serio, y me llama la atención.

También cabe hacer presente que, en definitiva, al aumentar el IVA, las personas a quienes se pretende favorecer con el proyecto salen muy castigadas, porque el reajuste ya no será 10 por ciento, sino mucho menor, pues, en último término, se reduce su capacidad de compra, su potencial adquisitivo. Ese impuesto es altamente regresivo y daña, en especial, a la clase media, a los sectores más desposeídos.

Por lo pronto, no estoy disponible para financiar proyectos cuyos gastos serán informados con posterioridad. A mi juicio, el Gobierno debe tener mayor prudencia en esto y pedir los recursos necesarios en su justa medida, pero no un cheque en blanco, para después informar al Parlamento sobre su utilización.

Señalo lo anterior, porque realmente siento que la ciudadanía no recibe beneficios en proporción a los tributos que paga. Y las pruebas son tangibles, verificables. Lo hemos visto en distintas áreas, donde la gente está absolutamente insatisfecha: por ejemplo, se ha elevado tres veces el presupuesto en educación y los resultados son evidentes. Se ha elevado más de tres veces el presupuesto en salud y la gente sigue recibiendo una atención precaria y de mala calidad.

En consecuencia, no estoy disponible para aumentar los tributos a la clase media si no veo un compromiso efectivo de entregar proporcionalmente una mejor calidad de vida a las personas.

Voto que no al alza de los impuestos, y apruebo la idea de legislar sobre el reajuste de pensiones.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, al fundamentar mi voto afirmativo, deseo señalar que aquí hay dos materias importantes de dilucidar entre nosotros.

La primera, la forma en que se construye la legislación en Chile. Y éste es un ejemplo claro de cómo no deben hacerse las cosas: una idea que obviamente cuenta con la unanimidad del Parlamento, en el sentido de reajustar las pensiones y analizar la situación de los más necesitados, se confunde con la de aumentar los impuestos sólo por hacerlo. Creo que ésa es la materia de fondo.

Aquí, si uno observa el sueño tributario que pudo haber tenido cualquier Gobierno un año atrás, y lo compara con la situación de hoy día, no cabe duda de que para cualquiera de esos proyectos no se requiere aumentar el IVA, sino que basta con el incremento de recaudación que ha habido por el excedente del cobre.

Si uno calcula, a partir de las campañas parlamentarias y presidenciales, que comenzaron en abril del año pasado, el aumento producido respecto de lo previsto, verá que son más de dos mil millones de dólares, para una cuestión que requiere 600 millones de la misma moneda, sin medir los efectos de esa consecución de objetivos.

Entonces, para los Parlamentarios de Oposición en particular, hay algo dramático, casi comunicacional: cómo explicar la verdad a esas personas que viven un problema social sensible, a gente con pensiones deplorables, que el aumento no tiene relación con el hecho de que, adicionalmente, a esas mismas personas se les grave el consumo. Porque quienes consumen son los más pobres, que no tienen capacidad de ahorro.

Por consiguiente, aquí tenemos un primer problema que dice relación a la forma de legislar.

Pero hay otro, relativo al contexto planteado por quienes piensan distinto.

Escuché con atención que algunos señores Senadores se han referido al programa de gobierno de los candidatos de la Oposición. En particular, me quiero hacer cargo de lo dicho respecto del de la candidatura de Joaquín Lavín. Porque, de tanto oír a algunos Honorables colegas que han usado de la palabra, da la impresión de que él fue partidario de la mantención del impuesto de que se trata.

Quiero dar lectura a parte de su programa, porque Sus Señorías están tan interesados en lo que los señores Lavín o Piñera habrían hecho, que es bueno precisar al menos lo que éstos postulaban.

¿Qué es lo que dice?

"Utilizar la herramienta tributaria para atraer inversiones, premiar el ahorro y fomentar la creación de empleos". Y propone cinco medidas específicas en materia tributaria.

Primero, "estimular la reinversión de las utilidades de las empresas, diferenciando gradualmente la tasa de impuesto a la renta sobre las utilidades distribuidas respecto de aquella sobre las utilidades reinvertidas, e introduciendo un trato tributario preferencial para la pequeña empresa" (básicamente las pymes).

Segundo, "Proponemos fomentar, mediante estímulos tributarios específicos y acotados, la instalación de fuentes de trabajo en regiones". ¡Qué bueno sería que estuviéramos discutiendo ese tipo de propuestas!

Tercero, "reducir el impuesto de timbres y estampillas que grava los créditos", particularmente respecto de las pymes.

Cuarto, "establecer un mecanismo amplio y expedito de deducciones tributarias para las donaciones efectuadas por personas naturales y empresas con fines culturales, deportivos y sociales; acentuar el control de la evasión y crear una judicatura tributaria especial".

Y, quinto, "Procuraremos honrar la disposición vigente en cuanto a rebajar el IVA desde el 19 al 18% el 2007" -es lo que señala textualmente-. "Creemos indispensable conservar la disciplina fiscal, como condición necesaria para el crecimiento, pero pensamos que ella no debe fundarse en una carga tributaria siempre en alza.".

Entonces, si vamos a comparar y a tratar de hacer "comulgar con ruedas de carreta" a la opinión pública, diciendo que esto lo habrían hecho todos los candidatos, debo aclarar que no es cierto. Y el texto que acabo de citar lo confirma. El tema de fondo es que desde el inicio de la campaña eleccionaria se han recibido más de dos mil millones de dólares adicionales.

La sensación que tengo es que no se trata de una cuestión de necesidad para una materia específica, sino de un afán recaudador permanente, inagotable, insaciable, donde, cualquiera que sea la recaudación, siempre habrá la esperanza de que puede sacarse más de los bolsillos de la gente.

He dicho.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, votaré a favor, y quisiera fundamentar mi apoyo al proyecto.

Evidentemente, creo que no se discute la necesidad de aumentar las pensiones mínimas y asistenciales, como tampoco otros aspectos que tienen que ver con esta iniciativa. Pero los términos escuchados en este debate dan pie a una discusión mayor, donde, a mi juicio, debiéramos reflexionar sin ideologismos.

Aparentemente, aquí aparece de nuevo la premisa de que basta el crecimiento económico para sustentar el desarrollo y la inversión social en el país.

Me parece que Chile debe hacer una apuesta al futuro. Y ella pasa por más crecimiento, por disminuir la inequidad distributiva y fortalecer nuestras políticas sociales, sobre todo en educación y en salud.

Estamos muy lejos de los montos que se requiere invertir en educación. Todavía nos encontramos en déficit, porque no basta una subvención educacional de 30 mil pesos para una enseñanza de calidad, sino una superior a 100 mil pesos.

En materia de salud -permítanme Sus Señorías-, estamos lejos de alcanzar el mínimo suficiente para financiar el plan AUGE. Con la caída del Fondo Solidario, dicho programa no va a ser viable si no cuenta con financiamiento fiscal adicional.

Y quiero plantear el desafío de llevar a cabo un plan de este tipo que no signifique "desvestir" todas las patologías no AUGE y no reponer algún instrumento de financiamiento, que puede ser el Fondo Solidario u otro.

Debemos discutir la garantía en materia de seguridad social para los chilenos y chilenas. Con el actual modelo de mercado laboral, aun cuando perfeccionemos el sistema de AFP en materia de transparencia, de competencia, de regulación de las comisiones abusivas que cobran, si no se introducen mecanismos de solidaridad -el eje de esa reforma-, no habrá la posibilidad de contar con pensiones dignas.

Se decía acá que si el país quiere caminar hacia el futuro, lo debe hacer con seguridad. Y eso tiene costos.

Entonces, yo trataría de desprejuiciar esta discusión.

Tengo el firme convencimiento de que, para dar un salto al futuro y poner énfasis en el desarrollo científico y tecnológico, estamos lejos del mínimo suficiente de carga tributaria para adecuar el desarrollo a la necesidad de inversión en esas materias. Eso requiere una reflexión distinta.

Por ello, me parece injusto descalificar el instrumento del IVA cuando tenemos un problema mucho más serio.

Al respecto, sólo quiero reiterar que, tal como lo planteó el señor Ministro de Hacienda , dicho tributo es absolutamente progresivo: quienes ponen dinero reciben más de lo que colocan.

Evidentemente, esto tiene que ver con el país que queremos construir, si vamos a dejar el debate al viejo dogma de que el desarrollo de Chile se logra sólo con el chorreo del crecimiento económico, o si de verdad vamos a construir políticas públicas que requieren financiamiento. Habrá que discutir, pues, cuál es la ecuación tributaria más justa para garantizar el crecimiento equitativo y justo que todos queremos.

Por eso, señor Presidente, reafirmo mi voto a favor de este proyecto.

El señor GÓMEZ.-

Señor Presidente, en este debate se establecen criterios a mi juicio fundamentales.

Se trata de un millón 216 mil personas, aproximadamente -lo consigna el informe-, que se favorecerán con una pensión y con los efectos que aquí se han establecido. Y se ordena un 10 por ciento de aumento a las pensiones mínimas y a las asistenciales.

Por lo tanto, queda en evidencia algo que para nosotros es relevante: que un sector de nuestra población va a recibir un aumento de pensiones, que para muchos significará un mejoramiento de su forma de vida, a pesar de lo exiguo del porcentaje de incremento, con relación a las cantidades de recursos que finalmente se aporten, pero para quienes reciben pensiones mínimas son fundamentales.

Se ha establecido acá una cantidad de recursos que se destinarán a ese fin, y no "al voleo", como se ha dicho.

El señor Ministro de Hacienda ha sido claro en señalar en qué se invertirán.

Por lo tanto, no creo que esto sea poco serio. Lo que ha hecho el señor Ministro ha sido proponer un proyecto para cumplir un compromiso de la Presidenta señora Michelle Bachelet. Y ese compromiso se traduce en plantear al Senado la posibilidad de incrementar los montos que reciben los pensionados.

Se discutirá si el IVA es un tributo progresivo o regresivo. No tengo dudas de la necesidad de discutir lo relativo a la carga tributaria en el país.

Apoyaremos la iniciativa planteada por el Gobierno y la votaremos a favor. Pero creo que es indispensable discutir lo relacionado con la carga tributaria.

Uno puede observar que aquí se aborda lo de las pensiones. No obstante, hay otros asuntos por resolver, por ejemplo, el que los mayores de 60 años, pese al anuncio de que no pagarán el costo de su hospitalización, quedan sujetos a un porcentaje que se les va a descontar de su pensión.

En todo caso, lo importante es que se destinará una considerable cantidad de recursos para pensiones que son mínimas o muy pequeñas.

Por lo tanto, existen aspectos no sólo vinculados a la carga tributaria, sino también a los efectos que podrían derivarse de un análisis completo de ella, que implique favorecer realmente a los más pobres y a la clase media.

Por eso, voto a favor.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, en poco más de 16 años de Gobiernos de la Concertación se han subido y creado impuestos en más de 22 oportunidades. No sólo ha ocurrido con el IVA, que de 16 por ciento subió a 18 y transitoriamente a 19 por ciento. Pareciera que se eternizará en este último porcentaje, aunque podría llegar a no sé qué nivel, al igual que sucede con el tributo a los combustibles y a las contribuciones, las cuales acaban de incrementarse. Cinco Diputados de Renovación Nacional votamos en contra de tal idea en la Cámara, pero no hicimos mayor cuestión al respecto.

Creo que con contribuciones más bajas y en general con gravámenes más reducidos, el incremento de nuestra economía no sería de 120 mil millones de pesos, sino de 200 mil millones, con un crecimiento de 7 por ciento, el cual, al parecer, ya no se logrará, debido a la enorme y desordenada tasa tributaria existente.

La principal solución para el problema de la pobreza es el empleo. La gente con trabajo la puede evitar y quienes lo pierden caen en ella. Eso debe orientarnos en nuestras metas como políticos y personas responsables.

Ahora bien, más importante que los impuestos es saber en qué se gasta la plata. En el país es posible apreciar que se entregan más recursos a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que a las municipalidades.

Por otra parte, se ha planteado crear más regiones o provincializar las existentes. En su oportunidad se establecieron 13 regiones a partir de 25 provincias; pero ahora se quiere aumentar el número a 15. Y, según me he enterado, han surgido tres solicitudes para la creación de otras; o sea, ya iríamos en 18, lo cual significa acercarnos más a las antiguas divisiones administrativas.

También pareciera que se pretende comprar otro avión presidencial, por cuanto el que se ocupa presentó problemas en una de sus ventanillas.

Además, se están creando nuevos Ministerios, como el del Medio Ambiente. Y no sabemos qué otras oficinas o servicios se pretende imponer.

Por su lado, el señor Ministro en su exposición mencionó que se aumentará el número de carabineros, lo que me parece muy bien. Pero debo señalar, a modo de ejemplo, que cerca de Puerto Montt, en una ciudad satélite denominada "Alerce" -que es un "cacho" en varios aspectos-, 16 delincuentes jóvenes se enfrentan permanentemente a los 20 carabineros que allí existen. Éstos los han capturado en ocho o nueve oportunidades, pero han tenido que dejarlos en libertad. Sin embargo, los vecinos reclaman la presencia de más funcionarios policiales. Pero, ¿para qué disponer de 100 efectivos si después hay que soltar a esos delincuentes? En realidad, tal situación es para llorar.

En mi opinión, lo que debe hacerse es dar mayor imperio y más facultades a los encargados del orden público, porque la delincuencia sigue en aumento.

En otro orden de cosas, considero necesario discutir lo concerniente a la carga tributaria -como se ha mencionado acá-, pues nos hemos alejado de lo óptimo. Es preciso que el debate se desarrolle con más atención y cuidado, para saber qué pasa con el gasto fiscal. Porque algunos grupos de poder político se han "aguachado" y viven en forma bastante cómoda con los recursos públicos. De manera que es necesario poner énfasis en ese aspecto antes que en el asunto vinculado con la carga tributaria. Eso, para empezar.

Señor Presidente, voto a favor del proyecto para facilitar el otorgamiento de esta ayuda, que resulta indispensable para las personas que la necesitan y que debería ser de un monto dos o tres veces superior a lo que se destina. Además, debemos procurar que haya eficiencia.

En lo que respecta al IVA, me pronuncio en contra, porque no me parece bueno seguir subiendo los impuestos en el país.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto, porque es lo que corresponde en justicia. Estimo que él contribuirá a disminuir las desigualdades que actualmente afectan a los chilenos, sobre todo al sector más vulnerable.

Al mismo tiempo, deseo agradecer las expresiones del Ministro del Trabajo, quien ha reconocido nuestro punto de vista y el respaldo que estamos dando a la iniciativa, a diferencia de otros Secretarios de Estado que en ciertas oportunidades han descalificado nuestra opinión como si hubiésemos cuestionado el planteamiento de fondo.

A mi modo de ver, conviene ser justos en estas materias y no desmerecer la opinión de quienes, por lo demás, dan a conocer argumentos que tienen justificación. Me explico. Hemos formulado inquietudes respecto de dos temas específicos: uno, la no justificación del alza del IVA a partir del próximo año; y dos, lo referente a las pensiones asistenciales y el carácter automático que tendría la normativa.

Con respecto a la necesidad de aumentar el Impuesto al Valor Agregado, conforme a las muchas exposiciones sobre el particular, queda claro que ello no es necesario. Por si hubiera alguna duda, debo señalar que un punto de aumento en el IVA significa una recaudación fiscal de 600 millones de dólares adicionales al año. Sin embargo, el proyecto en debate implica un costo anual de 180 millones de dólares. O sea, es evidente que la mantención de la tasa actual de tal gravamen excede el financiamiento de aquél.

Por lo demás, cuando el Ministro de Hacienda , al explicar y justificar la iniciativa en estudio, manifestó que la mantención del IVA y los mayores ingresos que se obtendrá por concepto del crecimiento del país serán destinados a diversos otros proyectos. En consecuencia, en lo que dice relación al que está en análisis ahora en la Sala, no se requiere subir el IVA a contar del próximo año.

¡Ésa es la verdad, y me parece que hay que decírsela a los chilenos!

Ahora bien, se ha manifestado que ese conjunto de iniciativas -y aquí se mencionaron algunas- necesitan que el Impuesto al Valor Agregado mantenga su tasa actual y, además, precisan lo que se recaude por concepto del crecimiento.

Pero ¡entendámonos! -y aquí es donde radica la seriedad y la responsabilidad financiera-, no podemos subir un gravamen en momentos en que el país está recaudando muchos recursos. Ignoramos si son temporales o no, pero pareciera que lo del cobre tiene para rato.

Más aún, se debe considerar que las estimaciones conforme a las cuales se estructuró el Presupuesto son bastantes menores que los ingresos reales. Por lo tanto, tenemos una situación de holgura. Pero, sin necesidad ni justificación para un proyecto específico, se pretende subir el IVA.

Desde el punto de vista de los recursos fiscales, no me parece responsable mantener holguras excesivas sin destino preciso.

Ése fue el sentido de los planteamientos de los señores Joaquín Lavín y Sebastián Piñera durante la campaña presidencial -entiendo que también lo fue el de la propia señora Michelle Bachelet -, en orden a financiar con la mantención del IVA diversos proyectos. Sin embargo, aquí no estamos frente a ese escenario.

Distinto será cuando se nos plantee que se necesitan recursos para cosas que revisten costos específicos, pero no cuando se trate de ideas generales. Porque aquí estamos legislando; no es un ejercicio académico. En ese caso podremos decir: "Perfecto", "Se justifica", "Vale la pena", como hemos procedido en el pasado.

Ahora se está realmente aumentando un tributo a los chilenos sin necesidad. Además, es un impuesto regresivo, porque hasta ahora no he oído lo contrario. El incremento del IVA, para una persona que percibe un ingreso mínimo -el grueso de los chilenos, más de la mitad, gana dos sueldos mínimos o una cantidad inferior-, le significa dos meses de renta, porque todas sus entradas están relacionadas con el consumo, a diferencia de los sectores con más altos recursos.

Ese impacto deberán pagarlo ahora por esta "gracia", que es innecesaria e injustificada hasta el momento. Por lo demás, en esto existe inconsecuencia con el compromiso existente en cuanto a que en lugar de subir el IVA a partir del próximo año se reduzca.

Por otro lado, con respecto a las pensiones asistenciales, debo manifestar que el mecanismo señalado no va a garantizar lo que se dice, porque no habrá un derecho automático para su logro. ¡Ésa es la verdad! Se ha expresado que beneficiará a 25 mil nuevas personas. Sin embargo, alguien que conozca la realidad, como todos los Parlamentarios aquí presentes, ¿podrá creer que tal número de pensiones adicionales es el que requiere el país? ¡Por favor! Sabemos que se necesitan cientos de miles, porque la pobreza es algo que afecta a mucha gente y que con las restricciones propuestas no podrá acceder a ellas.

Por eso, considero justo el planteamiento hecho en la indicación presentada por diversos señores Senadores. Y quiero aclarar que si ésta no es aceptada, voy a pedir que se divida la votación. Porque, según el texto que se propone, bastaría con cumplir los requisitos del artículo 1º para obtener una pensión. Ahí se da el derecho automático que se plantea.

De lo contrario, se estaría engañando a los chilenos si se les dijese que van a tener acceso a la pensión sólo si satisfacen cierta cantidad de requisitos, que son los mismos que hoy les impiden obtenerla.

Por lo tanto, señor Presidente , si se quiere decir a la ciudadanía que ahora habrá derecho automático a una pensión, creo que resulta justo concederlo. La indicación presentada o, en subsidio, la posible votación dividida, lo va a garantizar.

Esperamos que los Senadores de la Concertación nos acompañen en la tarea de hacer realidad una promesa formulada durante la campaña presidencial.

Voto que sí.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, voy a pronunciarme a favor del proyecto de ley. Sin embargo, quiero hacerme cargo de ciertos argumentos esgrimidos después de mi intervención anterior, algunos de los cuales atentan bastante contra la inteligencia.

Sostener que el aumento del IVA es progresivo, porque se recauda más y aportan en mayor grado quienes gozan de más altos ingresos, lo considero fantástico. Díganme ¿qué aumento de impuestos no es progresivo? ¡Todos! Por lo tanto, después de esta discusión se acabaron los impuestos regresivos. Esto opera respecto de cualquier tributo. ¿Cuál podría subir sin que las personas con mejores rentas no contribuyan en mayor proporción que las de menores entradas?

Entonces, afirmar que no existe regresión en los impuestos constituye una noticia notable. Primera vez que la escucho.

En segundo lugar, ¿cuál es el problema de fondo? Existen 36 medidas anunciadas para los cien primeros días de esta Administración, una de las cuales consiste en el aumento de las pensiones mínimas y de las asistenciales.

Dentro de aquéllas, no se encuentra el incremento del IVA, según entiendo. Pero el Ejecutivo dijo: "¿Cómo logro controlar a mis huestes para que voten a favor del aumento del IVA?"

Inicialmente, cuando se anunció esta iniciativa, dijeron que ella no requería financiamiento. Días después vinculaban el aumento de 10 por ciento para las pensiones más bajas con el incremento del uno por ciento del IVA, el que pronto dejaría de regir. Ésta era la oportunidad. Por eso lo estamos discutiendo en esta ocasión.

Y lo han logrado, porque en las bancas del frente tienen que dar financiamiento a esta normativa que viene redactada de forma tal que -como lo he sostenido- constituye un chantaje legislativo: o aprobamos la iniciativa, o cae el artículo 7º.

Entonces, los Senadores de la Concertación están obligados -inclusive quienes son contrarios a la idea- a votar a favor, aunque les gustaría hacerlo igual que nosotros.

En tercer término, señor Presidente , creo que lo más extraordinario que hemos escuchado en esta sesión apunta a que las pensiones asistenciales no pueden depender del ingreso. Éstas se crearon precisamente por dicho factor. En él tuvieron su origen.

Esas pensiones son recibidas por personas que carecieron de jubilación en su vida laboral. Por consiguiente, cuando aquí se pone como ejemplo que un señor de altos ingresos a los 69 años podría pedir una pensión asistencial, debo decir que no es así. Se trata de una normativa para gente que no cuenta con ingresos regulares por no haber efectuado imposiciones o que, habiéndolas hecho, no cumplió el tiempo requerido.

¿Para quiénes son las pensiones asistenciales? Para personas respecto de las cuales, por no tener entradas, rige el factor ingreso para acceder a tal beneficio.

Como los Señores Senadores han de saber, para no perder la PASIS, mucha gente no quiere que le hagan imposiciones, porque sabe que al tener trabajo es un antecedente para que se las supriman. Pero no debería perderla el jubilado que busca una "pega" para mejorar o aumentar sus ingresos; no obstante, existe esa incompatibilidad.

Entonces, ¿qué hace un adulto mayor de entre los 400 mil chilenos que recibe una pensión asistencial? Le dice a todos los empleadores -a los grandes y a los pequeños- que lo contraten, pero "a la negra", porque no le conviene perder la PASIS. Así opera el país y es bueno que el trabajador proceda de ese modo. Porque, ¿para qué quitar la pensión asistencial a una persona que carece de jubilación?

Nuestra indicación apunta exactamente a lo que la Concertación prometió durante la campaña presidencial dentro de las primeras 36 medidas del nuevo Gobierno: que las pensiones asistenciales sean automáticas. ¿Qué significa lo anterior? Que si una persona tiene más de 65 años o sufre de invalidez a partir de los 18, acreditada por la COMPIN; o es deficiente mental, sin requisito de edad, puede optar a ese beneficio. Sin embargo, no puede percibir un ingreso superior al 50 por ciento del monto de una pensión mínima.

¿Qué otras condiciones se quiere poner? Si desean agregar otras, háganlo, pero no referidas al factor ingreso.

La pensión asistencial es lo que señala su nombre y lo que define el proyecto original. No recuerdo qué Gobierno tan progresista la creó.

La señora MATTHEI.-

El militar.

El señor LONGUEIRA.-

Si fue así, no lo sabía.

Señor Presidente, aquí no hay que confundir las cosas: el sentido profundo de nuestra indicación busca, precisamente, que las pensiones asistenciales cumplan su propósito; es decir, que se entreguen a quienes no tengan ingresos propios o que de tenerlos sean inferiores al 50 por ciento de la pensión mínima, como se establece en el artículo 6º de la ley de las PASIS.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Cómo vota, Su Señoría?

El señor LONGUEIRA.-

Voto a favor.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, voy a iniciar mis observaciones con algo que es obvio y que para entenderlo no se necesita de mucha inteligencia, porque es de sentido común: en enero ganó las elecciones presidenciales la doctora Bachelet . Parece que algunos señores Senadores -con una memoria muy esquiva para ciertas cosas- lo han olvidado.

¿Por qué lo señalo? Porque nuestra candidata fue muy clara en el mensaje que dio a conocer al país al sostener que de ser elegida, el IVA se mantendría en 19 por ciento, pues lo requeriría para llevar adelante su programa de protección social. Por lo tanto, cuando la gente votó por ella supo que tal tributo se mantendría en dicho porcentaje.

Es bueno recordarlo para que quienes no lo quieren entender ojalá lo comprendan hoy.

Si una persona recién llegara a Chile sin estar interiorizada de nuestros problemas diría: "¡Qué curioso, parece que la Concertación es culpable o responsable de la estructura tributaria del país!".

Aquí hemos escuchado cosas muy curiosas. Tal vez se deba a que ahora hay Senadores que, a lo mejor, nos traen aires nuevos. Y tanto el Gobierno como el Ministro de Hacienda deberían atenderlos, porque, al parecer, existe el propósito de cambiar la actual estructura tributaria. Entonces, escuchémoslos, porque, a mi juicio, lo más importante que ha ocurrido hoy aquí es que por primera vez un Senado Democrático -con mayúsculas-, con todos sus miembros elegidos en votación popular, expresa tal voluntad. ¡Y caramba que es distinto a lo que ocurría hace poco, señor Presidente ! ¡Caramba que lo es!

Quienes fuimos Senadores en una Corporación alterada en su integración, sabemos perfectamente que cada vez que un Gobierno de la Concertación quiso avanzar en ciertas materias, ¡caramba que salió caro el peaje! Dábamos un paso hacia adelante en asuntos sociales y dos atrás en otros materias, porque había que pasar por la aduana y pagar peaje. ¡Y caramba que era caro! Los señores Senadores de enfrente recordarán que debíamos pagar peajes bastante caros cuando queríamos avanzar en ese tipo de asuntos.

En cambio, hoy -¡qué gran alivio!- hemos logrado alinear a toda la Concertación. Podremos tener discrepancias -¡es legítimo!-, podremos abrigar distintos puntos de vista sobre la materia que se está tratando esta tarde, pero todos nos hemos alineado detrás del Gobierno de la doctora Bachelet , porque entendemos que la iniciativa en análisis trae consigo una enorme reparación de justicia.

Ocurre -y uno lo ha podido apreciar en el debate- que cuando se está acostumbrado a cobrar peaje y en esta ocasión no lo invitan a la mesa, es entendible que a algunos les produzca incomodidad y no se encuentren a gusto hoy sentados en el Senado. Incluso, pueden haber vivido una experiencia traumática dado que esta vez no hubo que negociar para adoptar la medida propuesta en el proyecto.

Señor Presidente , yo valoro tremendamente esta situación, porque ello refleja que hoy la voluntad popular se ha expresado en el Parlamento para discutir y aprobar una normativa que conlleva una enorme reparación en materia de justicia. Y eso es lo importante. Porque la doctora Bachelet ha cumplido nuevamente con una de las promesas que anunció durante su campaña y que se propuso llevar adelante dentro de los cien primeros días de Gobierno.

Con mucho gusto y agrado voto a favor de la iniciativa, porque una vez más se ha expresado un Senado democrático, que mucha falta hacía en el país.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, en verdad, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Porque lo cierto es que al leer los informes de ambas Comisiones, que los señores Senadores tuvieron a la vista, queda claro que el señor Ministro de Hacienda se explayó de manera detallada -como aparece consignado en el informe de la Comisión de Trabajo- sobre la proyección del costo del sistema de protección social no sólo para este año, sino también para los próximos cuatro años del mandato presidencial, indicando, además, las diversas fuentes de financiamiento, entre las cuales está la mantención del actual porcentaje del IVA.

Por lo tanto, como aquí no se quiere escuchar, se ha planteado la variable del ingreso y se critica que no se pueda priorizar como la única o definitiva, no obstante que nadie ha dicho eso en la Sala. Por consiguiente, los argumentos parten de una premisa falsa, que no se ha formulado. Porque el señor Ministro del Trabajo fue categórico en su primera intervención en el Senado en señalar que el ingreso es una variable, pero que también existen otras, que se tienen en consideración y que ha señalado claramente.

En ese sentido, "palos porque bogas y palos porque no bogas". Porque, en definitiva, cuando se reajustan las pensiones para más de un millón doscientos mil personas, se nos dice que recurrimos a un instrumento regresivo. Y no se menciona que se aumentan las pensiones. Se ve sólo la parte negativa y cuestionable.

Quiero señalar que habrá una gran oportunidad -espero que el Gobierno así lo haga- para que la Cámara Alta, y particularmente la Oposición y la Derecha, concreten este ánimo de revisar la estructura tributaria. Porque no basta, como lo plantearon algunos señores Senadores - lo sostuvo el Honorable señor Longueira en la Comisión-, que quede fijado por ley el puntaje de corte para determinar la asignación de las pensiones asistenciales. ¡Qué más discrecional y arbitrario que fijar por ley rígidamente un puntaje de corte! Cuando hemos dicho que ello debe ser parte de una evaluación permanente y de una revisión, en la que todos coincidimos, acerca del mecanismo de otorgamiento de las pensiones asistenciales, de cómo establecer la encuesta CASEN.

Señor Presidente , espero que, dentro de las otras alternativas que la Oposición ha planteado en su crítica a la mantención del IVA, sea abordado el término de la exención del 65 por ciento de dicho tributo a la construcción de viviendas. Porque nada justifica que respecto de un bien inmueble de 10 mil UF de La Dehesa se tenga que devolver el 65 por ciento de aquél. En la Cámara de Diputados, la Derecha ya votó en contra de ese proyecto. Espero que, si el Ejecutivo se atreve, busquemos una estructura tributaria más igualitaria y equitativa. Porque las empresas constructoras pagan 6,5 por ciento de IVA y los pensionados que compran remedios deben pagar 19 por ciento. ¡Eso es una inequidad absoluta!

Por lo tanto, si efectivamente el discurso se orienta a explorar otros instrumentos que no sean regresivos, espero que la Oposición vote a favor de esa iniciativa. Confío en que el Ejecutivo la enviará. Vamos a realizar todos los esfuerzos para que ello ocurra, porque nos interesa que la estructura tributaria sea más equitativa.

Por último, quiero decir que votaré a favor, pues el beneficio que entregamos es coherente con lo que decimos. Como dijo la Presidenta: "Digo lo que pienso y hago lo que digo". Hoy, las bancadas de la Concertación estamos siendo coherentes.

No es coherente hacer una larga crítica a todos los instrumentos para después terminar votando a favor. Lo coherente hubiera sido votar en contra. Pero, sin duda, hay un problema político: no se puede estar en contra de aumentar las pensiones.

Por lo tanto, reconociendo el legítimo derecho de la Oposición a plantear su crítica, creo que también es coherente que nosotros la emplacemos a votar como dicen que piensan, en otros proyectos de reforma tributaria.

Por tratarse de un beneficio que llega a miles y a millones de chilenos, voto a favor.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, dentro de los argumentos que se han dado con mayor fuerza se plantea el hecho de que en Chile se podría recurrir sólo a los ingresos como una variable para determinar la pobreza.

Yo, por lo menos, he asistido a varios encuentros -varios señores Senadores de las bancadas de enfrente también lo han hecho- acerca de cómo debe medirse la pobreza. Y lo cierto es que en todas las últimas reuniones de las Naciones Unidas para determinar exactamente la pobreza en países como el nuestro se ha señalado que se debe incorporar una serie de variables.

He señalado desde hace varios años -no sólo a propósito de la última campaña presidencial- que la encuesta CAS no está midiendo efectivamente la pobreza en Chile. Presenta graves problemas de distorsión en la forma como fue concebida bastante tiempo atrás, que por cierto obedecían a las condiciones socioeconómicas imperantes en el país en ese momento.

Me alegro mucho de la información que hoy se nos ha entregado en la Sala, y que también ha aparecido en la prensa, en el sentido de que la Ministra de MIDEPLAN estudia seriamente reformular el único instrumento que conocemos en América Latina y en Chile, en particular, que en nuestro país llamamos encuesta CASEN.

¿Por qué digo esto? Porque creo que a propósito de esta discusión sería bueno que nosotros hiciéramos algún aporte tendiente a mejorar esa encuesta para medir realmente la pobreza en el país.

Porque el concepto de pobreza no sólo varía entre las naciones, sino también entre las diversas regiones de los países. No puede decirse que Chile es igual de Arica a Magallanes.

Uno de los aspectos más negativos que ha exhibido el centralismo -particularmente, por la concepción extraordinariamente centrada en determinados instrumentos que se elaboran en Santiago- es no entender que Chile felizmente es muy diverso y que, por lo tanto, debemos elaborar algún tipo de instrumento que mida la pobreza según las regiones. No hablo de una región determinada, sino de macrorregiones, donde el concepto de familia, de pobreza y de marginalidad es distinto, según sea la manera como la gente se inserta en la actividad productiva de la región.

En consecuencia, lo anterior constituye uno de los puntos que deben surgir de este interesante debate.

A mi juicio, la Oposición ha entendido que éste es un buen proyecto, no obstante que presenta una dificultad con el impuesto al valor agregado. Pero, en fin, es una discusión que ya se ha hecho y no voy a dar mayores opiniones sobre el particular.

Sólo quiero decir que a propósito de este debate me parecería muy importante que pudiéramos participar -no sé si ahora o más adelante- haciendo aportes en cuanto a cómo elaborar un mecanismo que efectivamente mida la pobreza en el país.

Creo que una de las primeras cuestiones que se debe tener en vista es la regionalización del instrumento. En segundo lugar, en Chile está variando de modo fundamental la inserción de la mujer en la actividad productiva.

El concepto de familia en Atacama no tiene nada que ver con el que existe en Chiloé. Las mujeres se están insertando crecientemente en la fuerza de trabajo del país. En la Décima Región, el porcentaje de mujeres que se han incorporado a la actividad productiva es enorme. Ello ha generado también un cambio social y cultural muy relevante, que no mide este tipo de encuestas.

Es distinto en las zonas urbanas altamente desarrolladas, donde prevalece el concepto de pobreza, porque normalmente es un concepto más bien urbano y no rural.

Un tercer aspecto, que por cierto es muy fundamental, dice relación al hecho de que en Chile están incorporándose crecientemente al trabajo jóvenes que formaban parte de la enorme cesantía o desempleo existente en el país.

Cuando un joven deja de trabajar, puede llegar a ser pobre dependiendo del tipo de familia donde está inserto y de la región, comuna o ciudad a la que pertenece.

Sólo quiero agregar que del debate surge algo positivo: todos estamos de acuerdo en la necesidad de reformular el instrumento de que se trata. Y ojalá dentro de breve tiempo, durante los primeros cien días del Gobierno o a propósito de algunos otros proyectos en discusión, pudiéramos aportar más a ese objetivo, que ha sido un factor de discusión en el día de hoy.

Voto a favor.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en el curso del debate, y después de haber leído a muchos analistas, la verdad es que he sentido que perdimos una gran oportunidad, porque la iniciativa en análisis se hallaba financiada durante el año en curso y se ha recurrido a un impuesto tremendamente regresivo para lograr ese propósito. Y creo que no hay mejor argumento que el de que el propio Presidente Lagos haya establecido el porcentaje de manera transitoria y no en forma permanente.

La medida se toma ahora en un contexto que, a mi juicio, es el peor, el cual ha variado fundamentalmente por una abundancia de carácter fiscal. Durante el año en curso, en efecto, Chile recibirá alrededor de 6 mil millones de dólares adicionales. Se registra un superávit fiscal, por segundo año consecutivo, de 5 por ciento. Ha bajado drásticamente la deuda pública a 2,6 por ciento del producto, con lo cual ahorramos parte importante de los intereses de manera permanente. Y, respecto del precio del cobre y del molibdeno, aunque sea transitorio, se prevé que será alto en los próximos dos años y que jamás llegará al de los años ochenta o noventa.

Pero, paralelamente, ¿cuál es el signo preocupante? Y, por ello, ésta era la gran oportunidad de discutir a fondo el aspecto tributario. Lo único duradero para mantener las políticas y la recaudación tributaria es el crecimiento. ¿Y hoy qué está ocurriendo? El crecimiento del primer trimestre ha sido extremadamente bajo; la tasa de desempleo, si se saca el factor estacional, ha aumentado y la tasa de inversión privada ha caído en 16 por ciento, la más reducida en los últimos diez años. Eso amerita un debate más a fondo en torno del tema mencionado, porque es algo que influye.

Pero no se trata sólo de lo anterior, señor Presidente . Aquí se ha planteado que el IVA es regresivo, evidentemente, para los sectores más modestos. Pero también lo es, en forma tremenda, para los sectores medios. Cabe recordar que han aumentado las contribuciones y los valores del agua; que se calcula que la electricidad subirá en 30 por ciento en los próximos meses; que las familias deben financiar la educación y la salud; que el pago por circular en las vías concesionadas es prácticamente insostenible. Pienso que se está gravando en forma agobiante a la clase media.

Y, al mismo tiempo -porque es la otra cara de la moneda-, ¿cuánto han subido las remuneraciones? Los ingresos promedio de los trabajadores, en los últimos doce meses, sólo han crecido en 4,2 por ciento nominal y 0,5 por ciento con relación al año anterior.

A mi juicio, nos hallamos frente a un problema político mayor, del cual no nos hemos hecho cargo, en relación con esos factores al gravar permanentemente a los sectores medios, en especial, por distintos conceptos, sin que simultáneamente aumenten de manera razonable las remuneraciones. Ello importará un costo político alto.

El chileno sabe, señor Presidente , que se registra una holgura presupuestaria y que ésta se mantendrá, por lo menos, en los próximos dos años; pero, paralelamente, ve a un Gobierno que no opera como si ella existiera. Nadie, razonablemente, pretende que se gaste toda. Sin embargo, tampoco es razonable ni aceptable que se siga actuando como si no se contara con los recursos y que todo nuevo gasto o programa implique nuevos tributos.

Personalmente, abrigo la convicción de que más temprano que tarde, con todo derecho y justificación, se irán generando movimientos ciudadanos contra las alzas de los tributos, las patentes y los distintos cobros. También, la de que a partir de ahora se comenzará a premiar a las autoridades que, con imaginación, con creatividad, con rigurosidad, evalúen los distintos programas gubernamentales en desarrollo, eliminen los que no se justifican y, lejos de subir los impuestos o cobros de distinta naturaleza, los rebajen, especialmente si son regresivos.

Voto a favor.

El señor PÉREZ VARELA.-

Señor Presidente, fundaré mi voto de la manera más sucinta posible, porque ya el amplio debate realizado ha permitido establecer las ideas sobre la normativa que nos ocupa. Pero quiero enfatizar lo siguiente: ha quedado absolutamente claro que el alza del IVA no es necesaria para financiarla. Tanto es así que en las intervenciones de los señores Ministros y de los distintos señores Senadores se argumenta que la medida se requiere para proyectos diferentes, como la nueva red de protección social anunciada, y otros proyectos bastante innominados y de los cuales carecemos de antecedentes, en verdad. El reajuste de las pensiones mínimas y la incorporación de más pensiones asistenciales no exigen, insisto, el aumento de dicho impuesto. El país debe tener claro que a las personas de escasos recursos se les aumentarán tales beneficios en 5 mil, en 6 mil, en 8 mil pesos, y que el alza del IVA les "comerá", claramente, sus nuevos ingresos.

Por lo tanto, digamos las cosas en forma precisa: el proyecto, específicamente, no demandaba el incremento del impuesto. Y, por ello, encontrándonos absolutamente de acuerdo en la necesidad de acrecentar el monto de las pensiones mínimas, formulamos una objeción de fondo a la cuestión del financiamiento. El estado de la Hacienda Pública, de las finanzas públicas, hace perfectamente posible incluso algo mejor, para que las personas de más escasos recursos vean reajustados sus ingresos. Lo anterior ha quedado completamente nítido.

En segundo lugar, respecto de si es automático o no el acceso a las pensiones asistenciales, cabe consignar que, tal como se halla establecido el proyecto, no era menester una norma de carácter legal. Hoy existe una lista de espera por una razón de carácter presupuestario. Resuelto ese punto, no se requiere en modo alguno una disposición de esa naturaleza, porque no se está generando una nueva entrada al sistema de personas que pudieran ser titulares de un derecho. Y, por lo tanto, se trata de un precepto meramente programático que era necesario ampliar. Ello es lo que determina con claridad la indicación del Senador señor Longueira , entre otros.

Y en cuanto al tema que ha provocado la controversia, que es el aumento impositivo, que es la necesidad de más recursos, creo que hubiera sido extraordinariamente sano y bueno para el debate haber escuchado al señor Ministro de Hacienda , de modo de poder explicitar ante el país y dar a conocer ante esta Corporación todas aquellas medidas tendientes a un mejor uso de los recursos públicos. Aquí se han dado a conocer por distintos señores Senadores, especialmente por el Honorable señor Kuschel, una serie de situaciones en las que claramente existe un despilfarro y en las que fondos destinados a una determinada finalidad o se pierden o terminan en otra cosa.

Un solo ejemplo permite argumentar y demostrar que lo que se necesita hoy es un Ministerio de Hacienda con una gran iniciativa para evitar esos derroches, ese mal uso de los recursos públicos. Uno de los grandes debates registrados en el Congreso ha sido el del proyecto que se transformó en Ley de Concesiones, cuyo elemento fundamental es la idea de que, para las grandes carreteras, para todo lo que constituye la columna vertebral de la infraestructura en el país, se requiere que los privados incorporen recursos e intervengan en su construcción. Y ello le permitirá al Estado de Chile, al Ministerio de Obras Públicas, destinar fondos a infraestructura en todo lo que es la red comunal y provincial. Pues bien, ¿cuál ha sido el resultado? Hoy, el Estado de Chile mantiene una deuda de mil 500 millones de dólares sólo por convenios complementarios de proyectos de la Ley de Concesiones relativos a carreteras concesionadas. ¡Mil 500 millones de dólares!

Por lo tanto, se hace necesario un esfuerzo -la inventiva de entrar rápidamente a aumentar el IVA es lo más fácil que se puede tener a mano- para que todos los recursos públicos en verdad puedan ser destinados adecuadamente a los fines establecidos en la ley y los distintos programas y proyectos. El control del gasto público, el buen uso de los recursos públicos, a mi juicio, debe ser prioritario. ¿Pero qué incentivo existe para ese buen uso cuando se contará, una vez aprobada la iniciativa, con una holgura -con un "ancho", como a alguien le gustaría decir- de miles de millones de dólares, que se encontrarán disponibles en la Hacienda Pública, en la caja pública, para poder ser usados, en cualquier momento, para cualquier iniciativa o para cualquier programa.

Ésas son las cuestiones que es importante tener presentes.

Por eso, no constituye un problema de memoria votar favorablemente el alza de las pensiones y objetar el aumento del IVA. ¡Si todos tenemos claro cuál fue el resultado de la última elección presidencial! Pero se equivocan quienes creen que, por haber ganado una elección, todo el país debe andar detrás de ellos o pensar igual que ellos.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las distintas intervenciones y los fundamentos de voto acerca del proyecto.

El tema tributario y el alza o la mantención de los impuestos, cualesquiera que sean, siempre generan mucha pasión y sentimiento en el Parlamento. Y es natural que sea así. Somos seres humanos, y cada vez que se tratan materias relativas a tributos y a ingresos de determinados sectores se producen debates como éste.

A mi juicio, lo más importante de todo, aparte de aprobar la iniciativa -ella beneficia, sin duda, a los grupos más postergados y vulnerables del país, ya sea por la carencia de ingresos, por la falta de patrimonio, por la condición económica o social o, incluso, por dificultades de salud o por discapacidad-, es que, en el fondo, el Gobierno está planteando que sólo con la mantención del IVA será capaz de financiar las políticas sociales que la Presidenta de la República expuso en su campaña.

Francamente, yo no estoy tan seguro de que los recursos de allí derivados sean suficientes para cumplir los compromisos que asumimos en el periodo eleccionario.

El Ministro de Hacienda nos ha dicho que, para el reajuste de las pensiones más bajas, para el aumento de la dotación de Carabineros, para el incremento de las patologías del Plan AUGE, para el mejoramiento de la cobertura en jardines infantiles destinados a niños en situación de mayor vulnerabilidad, se necesitan aproximadamente 6 mil millones de dólares. Así le entendí. Si sacamos la cuenta de lo que puede significar la recaudación del IVA en los próximos tres o tres años y medio, considerando lo que aquí se ha sostenido en cuanto a que un punto porcentual equivale a 600 millones de dólares por año, en el mejor de los casos, estamos hablando de 1.800 millones de dólares o de 2.400. O sea, existe una diferencia bastante grande con respecto a los 6 mil millones requeridos.

Por lo tanto, apostar a que únicamente con la mantención del 1 por ciento del IVA seremos capaces de financiar todos esos proyectos me parece arriesgado.

Éste es un compromiso que el Senado debería tomar en consideración. Porque, hasta donde yo entiendo, en ese financiamiento no está incluido lo que significará para el país la aprobación de una reforma al sistema previsional, que es nuestro desafío más serio como sociedad y que todos los candidatos presidenciales -al igual que el tema que nos convoca hoy- estuvieron de acuerdo en enfrentar.

Es evidente que tal financiamiento no puede estimarse, porque todavía no conocemos la dimensión de dicha enmienda. Y por eso deben de haberse formado comisiones y equipos de trabajo, para arribar a una solución objetiva.

Pero, incuestionablemente, la revisión del sistema tributario seguirá formando parte del debate.

Entonces, yo prefiero que de una vez por todas, al menos para el paquete social más urgente o que se planteó con mayor énfasis en la campaña electoral, tengamos una fuente de financiamiento clara. Y creo que la apuesta que ha hecho el Gobierno al respecto no deja de ser interesante.

El segundo aspecto que deseo abordar se refiere a la ficha CAS.

Me parece importante y bueno que se revise ese instrumento. Hace mucho tiempo que venimos planteando que no es eficiente, que no mide en forma adecuada y que numerosas familias en situación de vulnerabilidad no pueden obtener diversos subsidios porque sólo se accede a ellos según el puntaje que determina la referida ficha. Y seguramente deberemos desarrollar un proceso mucho más profundo de estudio y aplicación de tal herramienta, como el que se está aplicando en la Cuarta Región a modo de experiencia piloto.

Pero retornemos a la discusión sobre el IVA, que es la que más nos ha apasionado.

Más allá de que se trate de un compromiso de campaña - Michelle Bachelet dijo con toda claridad que iba a mantener ese impuesto en 19 por ciento; por lo tanto, no está engañando a nadie; uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero la coherencia es algo que la opinión pública siempre valorará-, el argumento de que se está metiendo la mano en los bolsillos a los chilenos cuando no se rebaja el IVA a 18 por ciento me parece relativo, por una cuestión de sentido común.

¿En el bolsillo de quién estamos metiendo la mano cuando no reducimos en 1 por ciento el impuesto al valor agregado?

Si me señalaran y me comprobaran que en la práctica, a partir del 1° de enero de 2007, los precios de todos los productos a que accedemos los consumidores, independiente del ingreso, van a rebajarse en 1 por ciento, yo diría: "Sí: estamos metiendo la mano en el bolsillo a todos los chilenos". Pero sabemos que eso no es así. Ese 1 por ciento no será rebajado del precio de los productos y los consumidores vamos a seguir pagando exactamente lo mismo.

Entonces, ¿a los bolsillos de quiénes estamos metiendo la mano? De los productores, de los intermediarios, de los comerciantes. Y me parece bien, si a partir de ahí podemos redistribuir a favor de la gente más vulnerable en salud, pensiones, educación y seguridad ciudadana.

Voto a favor, señor Presidente . Y también acojo el planteamiento del Honorable señor Núñez en el sentido de que el Senado, de manera más sistemática, consistente y responsable, haga su aporte para mejorar la ficha CAS. No sé qué Comisión puede asumir este desafío; pero, como se trata de una exigencia que es de toda la sociedad, la Cámara Alta debería abocarse sistemáticamente a la búsqueda de la forma de optimizar el referido instrumento.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, no pensaba fundar el voto, pues resulta muy difícil a esta hora decir algo nuevo o algo inteligente. Pero lo haré, porque el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, al parecer, cree que el IVA es el único impuesto que se ha subido.

Si uno hace un análisis de lo ocurrido en la última década, verá que a la gente le han elevado los tributos en forma considerable.

Y eso no es todo.

Al aumentar el precio de los combustibles -ello repercute en la situación de la clase media-, crece también, como el IVA es proporcional, el ingreso del Fisco.

Y por si eso fuera poco, ya se alzaron las contribuciones.

¡Por favor! ¡En este tema tenemos que ver las dos caras de la medalla!

Cuando se plantea la discusión tributaria, no sólo debemos hablar de los montos. Porque al pronunciarnos aquí en cuanto al aumento de las contribuciones o de otros tributos, al cambio del impuesto a la renta o del IVA, el debate tendría que llevar aparejada la determinación de cómo ello se refleja en las personas más modestas y en las de la clase media.

Y perdónenme, pero lo que yo veo, por lo menos en mi Región, es que la calidad de la salud para la gente es, no mala, sino muy mala.

Se anunció con mucho bombo que se atendería en forma gratuita a los mayores de 60 años. Pero cuando alguien de esa edad llega a un hospital, se le dice: "Sí, lo vamos a atender gratuitamente, pero en un año más".

¡Eso no sirve de nada!

¡Y qué hablar de la educación! El Honorable señor Ávila decía que éramos penúltimos en el mundo en no sé qué área. En educación, pienso que andamos por el lugar que señala Su Señoría. Y cada vez metemos más recursos a ese sector. Sin embargo, ellos se mal invierten, se malgastan. No estoy diciendo que se los roben -algunos también los roban-; pero los mal utilizan. Porque la educación es pésima. A la clase media y a la gente modesta les subimos los impuestos, pero la educación que damos a sus hijos es un engaño. O sea, estamos mutilando a esas personas para el resto de sus días, pues de tal forma no podrán superar su situación de pobreza.

Por último, me referiré a un tema que se analizó hace pocos minutos: la seguridad ciudadana.

Todos los días la gente más modesta tiene que gastar en protegerse. Porque se puede aumentar la dotación de Carabineros, pero el estado de inseguridad persistirá si, en el ámbito de la reforma procesal penal, no cambia lo concerniente a la seguridad. Día a día esa gente invierte ingentes recursos en poner barrotes en sus casas, en encerrarse en ellas y en una serie de elementos de resguardo.

Finalmente, hay algo que no puedo dejar de mencionar: ¡éste es el Fisco más rico en nuestra historia! El año pasado tuvo una recaudación de 20 mil millones de dólares. ¡Cifra récord! Cuando se habla de evasión, hay que compararse con otros países. Pienso que en Chile existe evasión, pero bajísima. Aquí, en general, el ciudadano paga sus impuestos.

Además, hay una recaudación histórica en materia del cobre: ¡5.300 millones de dólares! Y qué hablar de los combustibles: ¡más de 1.000 millones de dólares!

¿Quién paga eso? ¿Las espaldas de quién lo sostienen?

Entonces, si alguien me pregunta cuál es nuestra diferencia con los Senadores de enfrente, le responderé que, habitualmente, a nosotros no nos gusta seguir subiendo la carga de la mochila que tiene la gente.

Y queremos decirlo con claridad.

Personalmente, cada vez que se me coloca en la posición de subir los impuestos, lo pienso bastante.

En el caso que nos ocupa, ¡cómo no voy a estar a favor de incrementar las pensiones, si las que se otorgan son una vergüenza! Pero hoy el Estado posee muchos recursos para mejorarlas.

Cuando elevamos en forma directa el pasaje de la micro o del colectivo, a la gente modesta le estamos dando por un bolsillo una pensión y por el otro se la estamos sacando derechamente.

Voto a favor.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, este debate resulta curioso. Y no cabe la menor duda de que no sólo es entre sordos, sino también entre personas con algún problema de memoria, porque en él se han dejado sin efecto varios principios que muchos teníamos como vigentes hasta instantes antes del inicio de esta sesión.

Desde luego, el valor de la palabra empeñada ha sido especialmente despreciado por quienes sostienen que no ha existido compromiso alguno respecto de bajar el IVA del 19 al 18 por ciento.

Incluso más: han dicho "De qué compromiso me hablan, cuando el Gobierno actual no tiene nada que ver con el Gobierno anterior". Esto, sin duda, va a preocupar profundamente a nuestro distinguido ex Presidente de la República .

Por otra parte, llama la atención que se haya descubierto ahora, en estos instantes, que el IVA no es regresivo y que se señale que quien sostenga lo contrario, no sólo está en contra de la "verdad oficial", sino que además puede correr el riesgo de "no dar el ancho". Y, al no dar el ancho, lo más grave es que esta materia se halla medida por la cintura del acusador.

Siento, por otra parte, que la coherencia ha quedado a muy mal traer. Algunos Senadores han criticado públicamente el alza del IVA, pero en la Sala se dan varias vueltas y votan lo contrario.

Por último, un señor Senador conocido por sus problemas puntuales de memoria nos achaca una situación que sin duda lo ha hecho famoso.

En esta semana, señor Presidente , deberíamos exclamar: "¡Señor, danos tu fortaleza!".

Voto que sí.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, me alegro mucho del debate realizado, porque ha sido tranquilo, sereno, profundo, con las debidas excepciones, para que la regla valga.

Obviamente, hay que pedir al Señor cierta fortaleza también para lograr que en definitiva se entienda lo que claramente estamos manifestando en la Sala.

En primer lugar, aquí se habla de "verdad oficial". Pero en la Concertación no hay una "verdad oficial", sino un sentido de Gobierno. Ninguno de nosotros es obligado a votar como el Ejecutivo quiere. Creemos en lo que estamos haciendo. Por tanto, no hay derecho a que planteen así la situación.

Yo lo entiendo. Existen ciertas estructuras psicológicas que permanecen en el tiempo y personas que, habiendo vivido momentos en los cuales la autoridad sí tenía "verdad oficial", sobre la que nadie podía reclamar, sigan pensando de acuerdo con esa ordenación psicológica generada a lo largo de su vida.

Además, eso nos parece inadecuado, porque el señor Senador que lo dijo es un hombre al que respetamos desde hace muchos años.

En segundo término, se nos ha expresado que somos inconsecuentes en cuanto a que el IVA es regresivo y, sin embargo, apoyamos el incremento de su tasa.

Hemos sido muy claros. Ninguno de nosotros puede afirmar que el IVA es regresivo o no lo es. Depende de cómo se usen las platas que se recaudan. Eso es evidente.

También hemos señalado que deseamos aprobar el proyecto hoy por la urgencia que reviste su despacho y que luego, en determinado momento, deberíamos realizar una reforma tributaria, lo que el Gobierno ha recogido como planteamiento nuestro. Y esperamos que así se haga.

Si a partir de ahora, cuando en el Senado tenemos mayoría para efectuar los cambios que antes no pudimos concretar, no hacemos lo que ofrecimos, autorizo a los señores Senadores de la Oposición para decirnos que no somos coherentes. La verdad es que lo hecho hasta hoy no era lo que deseábamos. Pero fue así porque no contábamos con la mayoría necesaria.

En tercer lugar -para ir aclarando las cosas-, nadie ha manifestado que los 600 millones de dólares anuales de recaudación sólo son para financiar este proyecto. El Gobierno ha planteado -y lo hemos recogido todos- que esos recursos están previstos para la llamada "protección social". Y lo que se requiere financiar son los 6 mil nuevos carabineros; el AUGE; nuevas viviendas y salas cunas, y compensar lo que todos sabemos sobre los tratados que deberían firmarse.

Por lo tanto, seguir insistiendo en ese punto me parece una tozudez excesiva, porque no tiene lógica con el planteamiento que estamos formulando.

Señor Presidente , pienso que la Oposición es digna y respetable: cada uno de sus integrantes, personalmente, y también, el conjunto. Ésa es la gracia de la democracia. Porque, en su tiempo, a los que fuimos Oposición nunca nos dijeron ni "dignos", ni "justos", ni "equitativos", ni "saludables" (como reza el salmo). De modo que reconocerlo ahora a la Oposición no es algo sólo del momento. Más bien, se trata de una oportunidad para señalar que siempre hemos pensado así, independiente de si se nos da un trato distinto.

El señor ESPINA.-

Muchas gracias, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

A usted, Su Señoría.

Ahora bien -sólo para hacer un análisis más global-, algunos Senadores que se apartaron de la idea de efectuar un debate con cierta seriedad han planteado que en la Concertación tenemos un problema de inteligencia para comprender todas las cosas.

¡Cuidado, porque eso era lo que decía la vieja bruja cuando se paraba ante el espejo: "¡Oh, cuán inteligente y bonita soy!"!

También se habla de dificultades de memoria.

A mí no me interesa mucho lo que señalaron los otros candidatos: me basta lo que expuso mi candidata. Yo no recurro al argumento de decir: "Si los demás no cumplen, yo tampoco cumplo". No me importa; no me preocupa lo que hayan expresado los candidatos de la Derecha, porque, en verdad, ellos fueron -lo señalo con todo respeto- consecuentes con sí mismos a cada instante. De modo que cuesta encontrar por dónde pillar qué se sostiene realmente.

El 23 de marzo del 2005, según "La Tercera" -diario serio, que todos conocemos-, en una reunión con la CPC, "Lavín comentó algunos tópicos de lo que será su campaña. Entre éstos, la creación de un estatuto para las Pymes, estímulos tributarios para el sector y la inversión en general, y mantener el IVA en 19% (a mediados de 2007 debe bajar a 18%)".

Señor Presidente , la consecuencia en política se mide con el tiempo. Nosotros estamos aquí votando, en lo medular, un sistema que es bueno para terminar con la segregación social. El país no resiste, en democracia, la actual diferencia de ingresos.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Concluyó su tiempo, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Termino de inmediato, señor Presidente.

Segundo, lo estamos haciendo con los recursos que necesitamos no sólo para esto, sino para otras cosas.

Tercero, la consecuencia se mide en lo que hemos venido diciendo. Yo me mido por lo que dijo la Presidenta , por lo que hago y por lo que seguiremos haciendo, en la medida en que se oriente en ese sentido.

Gastar bien los dineros se ha señalado como una especie de demanda exclusiva de la Oposición. Creo que nadie puede pensar otra cosa ni buscar una norma distinta. Pero, también es cierto que, cuando discutamos los temas, debemos exponer no sólo nuestra verdad, como parte de la verdad general, sino también la de los demás, ya que todos tenemos visiones diferentes.

Aquí no hay acusaciones, por lo menos de nuestra parte.

El señor NOVOA .-

Tiempo, señor Presidente .

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Jamás diré que las cosas ocurren porque un señor Senador de la Oposición tiene mal interés para Chile o está buscando algo negativo.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor Senador.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Por eso, siempre exijo que se nos dé el respeto que merecemos.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Vota que sí, Su Señoría?

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Con mucho entusiasmo.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (37 votos afirmativos).

Votaron los señores Allamand, Alvear, Arancibia, Ávila, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei (don Eduardo), García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Matthei, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

A continuación, corresponde pronunciarse respecto del artículo 5º, aprobado por unanimidad en ambas Comisiones. Es de quórum calificado, por lo que debe dejarse testimonio en la Versión Oficial del número de Senadores que votan afirmativamente.

El señor GAZMURI.-

Si le parece, señor Presidente .

El señor LARRAÍN.-

Que se apruebe con la misma votación.

--Se aprueba el artículo 5º, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que emitieron pronunciamiento favorable 37 señores Senadores.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Se entiende que los demás artículos que fueron acogidos unánimemente en las Comisiones quedarían aprobados en particular.

El señor NOVOA.-

Así es. No fueron objeto de indicaciones.

--Quedan aprobados reglamentariamente.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Entonces, restaría despachar el artículo 6º, que fue acogido por mayoría y es de quórum calificado, y el artículo 7º, que se aprobó por mayoría pero es de quórum simple.

Ha llegado a la Mesa una indicación suscrita por los Senadores señores Allamand, Novoa, García y Longueira, que propone sustituir el artículo 6° por el siguiente:

"Artículo 6º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley 869, de 1975:

"1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2 del presente artículo deróganse los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 8º.

"2) Reemplázase, a contar del día 1º del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7º de la presente ley, el art. 2 del DL 869, de 1975, por el siguiente:

""Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas automáticamente a todas aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.

""Estas pensiones serán pagadas por el Instituto de Normalización Previsional, conforme a lo dispuesto en el Reglamento respectivo.".".

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Si no hay patrocinio del Ejecutivo para esta indicación, tendré que declararla inadmisible.

El señor ÁVILA.-

Así es.

El señor LONGUEIRA.-

¡Lo solicitamos!

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

No hay acuerdo.

Por tanto, declaro inadmisible la indicación.

En votación el artículo 6º.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente , pedí formalmente el patrocinio del Ejecutivo para la referida indicación y, como no se otorgó, me gustaría que en la Versión Oficial quedara testimonio de ese rechazo.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Ya lo hice presente, Su Señoría. El señor Ministro de Hacienda me señaló claramente que no daba el patrocinio. Por lo tanto, el tema está resuelto.

El señor GAZMURI.-

¡Es que no lo solicitaron de buena manera...!

El señor LARRAÍN.-

Pido la palabra.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Puede hacer uso de ella, señor Senador.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , mi petición se refería a dividir la votación en el Nº 2) del artículo 6°. O sea, que en primer lugar nos pronunciemos hasta donde dice "en el artículo 1º", porque en eso estamos de acuerdo. Luego, podríamos discutir la segunda parte.

El señor GAZMURI.-

Que se apruebe por unanimidad.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Excúseme, Su Señoría, pero no capté lo que dijo.

El señor LARRAÍN.-

En el artículo 6º se introducen dos modificaciones, la Nº 1) y la N° 2). Respecto de la última, que sustituye el inciso primero del artículo 2º del decreto ley Nº 869, de 1975, deseo que se vote la primera parte a fin de mantener lo siguiente: "Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1º.".

A continuación, nos pronunciamos sobre la segunda parte de la norma.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Entonces, habría unanimidad respecto de lo primero.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, un punto de Reglamento.

Yo entiendo -me puede corregir el señor Secretario - que uno está facultado para solicitar la división de una votación cuando ello tiene cierta lógica. No cabe duda de que truncar el texto propuesto persigue el mismo propósito que la indicación anterior -muy loable-, pero no cuenta con el patrocinio del Ejecutivo.

En el fondo, el planteamiento, sin duda muy inteligente, del Honorable señor Larraín presenta la dificultad de ser también inadmisible, por lo siguiente. Este debate ya se dio en otros momentos. Entonces, no cabe sostener que se trata de una nueva discusión. Cuando se pide votar en forma separada una norma, evidentemente hay incidencia en determinadas materias acerca de las cuales carecemos de iniciativa, como ocurre en este caso.

Reitero: ésta no es una discusión novedosa entre nosotros, pero es la primera vez que a mí me toca participar en ella en el Senado. Por lo tanto, me interesa saber si el criterio que se adoptará será permanente o eventual. En la Cámara de Diputados se resolvió que era inaceptable dividir la votación mediante este tipo de mecanismos, porque si bien se trata de un procedimiento formal, a mi juicio presenta un problema de legalidad.

He dicho.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente, estoy invocando un derecho reglamentario que se concede por el solo hecho de solicitarlo, de manera que no corresponde discutirlo. Y mi petición -lo aclaro por si se rechaza la segunda parte de la disposición- simplemente se refiere a exigencias que forman parte de los derechos de los Parlamentarios a ejercer su iniciativa en cuanto a debatir, aprobar o rechazar una norma. No estamos hablando de materias económicas, sino de cumplimiento de requisitos.

Por lo tanto, señor Presidente , corresponde votar dicha modificación en forma separada.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Vamos a proceder a tomar la votación.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, disculpe que me detenga en el debate reglamentario. El resultado será el mismo. Pero el asunto tiene que ver con el modo en que la Corporación aborda ciertos asuntos.

Ayer, durante la discusión del Nº 1 del artículo 6º, consulté si era de quórum calificado o no. Y argumenté que, en mi opinión, no lo era, porque no incidía en materias previsionales. Sin embargo, la enmienda contenida en el mencionado Nº 2), por el resultado práctico de lo planteado por el Senador señor Larraín, sí tiene incidencia.

Invoco una lógica reglamentaria. Mi duda es si colisiona o no con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

El señor COLOMA.-

¡No!

El señor LETELIER.-

Ésa es la razón de mi consulta, señor Presidente , para ver cómo actúa el Senado en esta materia.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

En votación electrónica la primera parte del numeral 2) del artículo 6°.

--(Durante la votación).

El señor SABAG.-

¿Cómo se vota, señor Presidente?

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Está aprobada...

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

La primera parte.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

...la primera parte del artículo 6º, como ha dicho el señor Presidente .

Ahora se va a votar si se aprueba o rechaza, en el numeral 2) de ese precepto, la segunda parte del texto modificatorio del inciso primero del artículo 2º del DL Nº 869, de 1975, propuesto por la Comisión de Trabajo y que comienza como sigue: "y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente," y termina en "imparta la Superintendencia de Seguridad Social.".

La señora ALVEAR.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor COLOMA.-

¡Estamos en votación electrónica...!

La señora ALVEAR.-

Perdón, señor Presidente , deseo hacer una acotación antes de la votación. Como ésta aún no empieza, dado que...

El señor COLOMA.-

¡Estamos en votación!

La señora ALVEAR.-

...esta indicación -porque se trata de una indicación-,...

El señor LARRAÍN.-

Estamos en votación.

La señora ALVEAR.-

...a mi juicio es inadmisible,...

El señor NOVOA.-

¡No es una indicación!

La señora ALVEAR.-

...me gustaría preguntar a los señores Ministros que nos acompañan cuál es su parecer sobre el particular.

El señor PROKURICA.-

¡Señor Presidente , cuando algo se ponga en votación, que realmente esté en votación...!

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Está en votación, Su Señoría, porque se pidió votar separadamente un artículo.

La señora MATTHEI.-

¡No es indicación!

El señor CHADWICK.-

¿Y esa solicitud es admisible o inadmisible?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

El señor Secretario explicará el sentido de la votación.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Votar "sí" significa dejar el número 2) del artículo 6º tal como lo aprobó la Comisión; votar "no", suprimir la segunda parte del texto modificatorio propuesto en él, que corresponde a lo sugerido por el Honorable señor Larraín.

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Resultado de la votación: por aprobar el numeral 2) del artículo 6º en la forma propuesta por la Comisión de Trabajo, 19 votos; por rechazar la última parte de él, 17 votos; ninguna abstención; ningún pareo.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Queda aprobado...

El señor LARRAÍN.-

Espere, señor Presidente . ¡Se trata de una norma de quórum calificado...!

El señor ÁVILA.-

¡Nada que ver!

El señor NARANJO.-

¡Debería haber 20 votos afirmativos, señor Presidente...!

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Sí. Es de quórum calificado.

El señor NARANJO.-

Hay un voto que no aparece registrado.

El señor ORPIS.-

¡Se necesitan 20 votos para su aprobación...!

El señor NARANJO.-

Falta un voto. No se registró.

El señor LARRAÍN.-

El Presidente de la Comisión de Trabajo manifestó que la norma era de quórum calificado.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Parece que hay un voto que no fue registrado.

El señor HOFFMANN (Secretario).-

El resultado que tengo es el siguiente: 19 votos por la afirmativa y 17 por la negativa. No hubo abstenciones ni pareos.

El señor ORPIS.-

¡Pero la norma es de quórum especial...!

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Sí, es de quórum calificado.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, ¿por qué no compara el número de votos con los Senadores presentes? ¡Los 20 que votaron a favor están en la Sala!

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Habría que revisar.

El señor PIZARRO.-

Por supuesto, revise en la lista quién no aparece votando, señor Presidente.

El señor GAZMURI.-

Entonces, alguien no votó.

El señor PIZARRO.-

¡Si acá habemos 20 Senadores de la Concertación...!

El señor NÚÑEZ.-

Reglamentariamente, corresponde repetir la votación.

El señor LARRAÍN.-

¡Debe proclamarse la aprobación o rechazo!

El señor MUÑOZ BARRA.-

Hay que ver la votación del Senador señor Ominami, porque parece que se equivocó.

El señor LARRAÍN.-

¡Hay que proclamar el resultado de la votación, señor Presidente!

El señor CHADWICK.-

Sí, ya terminó la votación. La Mesa tiene que proclamar si se mantiene o se suprime la disposición.

El señor GAZMURI.-

¡Si 20 Senadores votaron que "sí", entonces hubo un problema electrónico...!

El señor CHADWICK.-

¡No!

El señor NÚÑEZ.-

¡Señor Presidente , usted está facultado para reiterar la votación!

El señor GAZMURI.-

Se puede repetir.

El señor VÁSQUEZ.-

Que se repita.

El señor NÚÑEZ.-

Repita la votación, señor Presidente .

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

La votación electrónica, no. Porque ya vimos que el registro de los votos no fue exacto.

Se efectuará votación nominal. Y ahí terminamos.

El señor CHADWICK.-

¡Cómo...!

El señor NOVOA.-

¡Si no falta nadie...!

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

No, pero hubo 20 señores Senadores que se pronunciaron positivamente y eso no se reflejó en el tablero.

El señor LONGUEIRA.-

¿Cómo que no está marcando, señor Presidente?

El señor COLOMA.-

¿No registra?

El señor VÁSQUEZ.-

¡Somos 37 Senadores, no 36...!

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Señor Presidente , el Honorable señor Flores se halla presente y su votación no aparece.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Revisemos.

El señor GAZMURI.-

¡Es notorio...!

El señor NARANJO.-

¡El Senador señor Flores no figura en el tablero!

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Sí, no aparece.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Entonces, tiene que votar.

El señor CHADWICK.-

¡Y ahora nos van a decir que el Senador señor Flores no maneja la tecnología...!

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

El Honorable señor Flores está presente y su nombre no aparece en el tablero. Es un hecho que no se puede negar. Se hará votación nominal.

El señor GARCÍA.-

¡No!

El señor ROMERO.-

No corresponde.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Si el Senador señor Flores está en la Sala, el resultado de la votación debería haber sido de 20 votos contra 17.

El señor NÚÑEZ.-

¡Es más que evidente!

El señor ROMERO.-

Permítame la palabra, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Su Señoría se encuentra presente y su voto no fue registrado. Y ello es obvio para todo el mundo.

El señor ROMERO.-

Eso no tiene nada que ver. El tema...

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Perdón, Su Señoría, estoy hablando.

El señor ROMERO.-

¡Pero conceda la palabra también, señor Presidente...!

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Ya se la voy a otorgar.

El tablero marca 19 votos afirmativos y 17 negativos.

Teniendo en cuenta que el Senador señor Flores no aparece en el tablero en circunstancias de que se halla en la Sala y que su pronunciamiento es positivo, el resultado de la votación es de 20 votos a favor y 17 en contra. Y se acabó la discusión.

El señor ESCALONA.-

¡Muy bien!

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

¡Porque no se puede argüir que no está presente...!

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , a mí me parece...

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

Son dos cosas distintas.

El señor ROMERO.-

...que si se realizó votación electrónica, usted debe atenerse a su resultado.

La señora VELOSO ( Ministra Secretaria General de la Presidencia ).-

¡Ah, no!

El señor SABAG.- ¡Por supuesto que no!

El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-

No.

El señor ROMERO.-

...y no a otra situación.

El señor PIZARRO.-

¡No, pues!

El señor NARANJO.-

No.

El señor ROMERO.-

Se hizo una votación electrónica. Y punto. ¡Se acabó!

El señor MUÑOZ BARRA.-

No, señor Senador.

El señor ROMERO.-

¡No se puede hacer una imputación tan grave a la persona menos indicada para incurrir en una falla tecnológica, señor Presidente ...!

El señor LARRAÍN.-

¡Tiene razón...!

El señor PIZARRO.-

Es indudable que el Honorable señor Flores está presente y tiene derecho a votar. ¡Cómo se les ocurre que no se lo van a permitir...!

La señora MATTHEI.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

No sigamos con esta discusión absurda.

En votación nominal.

Ruego al señor Secretario llamar a los señores Senadores.

--(Durante la votación).

El señor NARANJO.-

...Por qué el Senador Flores no aparece en la lista? ¡Habrá que revisar el sistema!

El señor GAZMURI.-

¡Alguien se metió en el tablero y sacó al Honorable colega...! ¡Es gravísimo lo que ha pasado, señor Presidente ...!

El señor COLOMA.-

¡Fue Bitar!

El señor LARRAÍN.-

¡Claro, fue el ex Senador señor Bitar!

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , tengo una duda. Tal vez el Honorable señor Flores sea un holograma. ¡Porque capaz que no esté físicamente con nosotros acá...!

En todo caso, voto por suprimir la segunda parte del Nº 2) del artículo 6º.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , hay que buscar al culpable de lo que pasó. ¡El ex Senador Bitar puede saber algo...!

Voto por eliminar del numeral 2) esa parte.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor FREI, don Eduardo ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la supresión propuesta por el Honorable señor Larraín y, por lo tanto, se aprueba el numeral 2) del artículo 6º tal como lo propone la Comisión de Trabajo (20 votos contra 17), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa los señores Alvear, Ávila, Escalona, Flores, Frei (don Eduardo), Gazmuri, Girardi, Gómez, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar (don Adolfo).

Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Cantero, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Matthei, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

En seguida, corresponde votar el artículo 7º.

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).-

En votación.

El señor LARRAÍN.-

Apruébelo con la misma votación registrada en el caso anterior, señor Presidente .

El señor CHADWICK.-

Sí, con la misma votación.

--Se aprueba el artículo 7º (20 votos contra 17), y queda despachado el proyecto en este trámite.

2.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación sin Modificaciones . Fecha 11 de abril, 2006. Oficio en Sesión 13. Legislatura 354.

Valparaíso, 11 de Abril de 2.006.

Nº 26.634

A S.E. El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de ley que concede un reajuste extraordinario a las pensiones más bajas y modifica otras leyes que indica, correspondiente al Boletín Nº 4.131-13.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con el voto conforme de 37 señores Senadores, de un total de 38 en ejercicio. En particular, las normas que a continuación se detallan fueron aprobadas, en el carácter de quórum calificado, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Carta Fundamental, con la votación siguiente:

- el artículo 5º, y los números 1) y 2) del artículo 6º, este último numeral en lo que respecta a su primera parte, que termina con la expresión “artículo 1º”, fueron aprobados por 37 señores Senadores de un total de 38 en ejercicio, y

- la segunda parte del número 2) del artículo 6º, que se inicia con la expresión “y que,” se aprobó por 20 señores Senadores del mismo número en ejercicio antes señalado.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6092, de 5 de Abril de 2.006.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

3. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

3.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S.E. La Presidenta de la República. Fecha 12 de abril, 2006. Oficio

VALPARAÍSO, 12 de abril de 2006

Oficio Nº 6111

A S. E. LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1 del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000, pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953.

Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase ”al momento de selección”.

2) Reemplázase, a contar del día 1 del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

“Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.”.

Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.”.

Dios guarde a V.E.

ANTONIO LEAL LABRÍN

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

4. Publicación de Ley en Diario Oficial

4.1. Ley Nº 20.102

Tipo Norma
:
Ley 20102
URL
:
https://www.bcn.cl/leychile/N?i=249198&t=0
Fecha Promulgación
:
24-04-2006
URL Corta
:
http://bcn.cl/2cx67
Organismo
:
MINISTERIO DE HACIENDA
Título
:
CONCEDE UN REAJUSTE EXTRAORDINARIO A LAS PENSIONES MAS BAJAS Y MODIFICA OTRAS LEYES QUE SE INDICAN
Fecha Publicación
:
28-04-2006

            LEY NUM. 20.102

CONCEDE UN REAJUSTE EXTRAORDINARIO A LAS PENSIONES MAS BAJAS Y MODIFICA OTRAS LEYES QUE SE INDICAN

    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

    Proyecto de ley:

    "Artículo 1°.- Concédese, a contar del día 1 del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975, a las pensiones mínimas de los artículos 24, 26 y 27 de la ley N° 15.386 y del artículo 39 de la ley N° 10.662 y a las pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto a la fecha indicada no exceda de $100.000 mensuales.

    Aquellas pensiones de regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional y por las Cajas de Previsión y las pensiones del seguro de la ley N° 16.744, cuyo monto mensual a la fecha indicada en el inciso anterior sea superior a $100.000, pero inferior a $110.000, se incrementarán a esta última cantidad.

    Las personas que sean beneficiarias de más de una pensión, tendrán derecho al reajuste otorgado en el inciso primero, en la medida que la suma de sus pensiones y de las bonificaciones de las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953, si las tuvieren, no exceda de $100.000 mensuales. En el evento que la suma de las pensiones y las referidas bonificaciones exceda dicho monto, pero sea inferior a $110.000 mensuales, tendrán derecho a que la pensión de mayor monto se incremente en la cantidad necesaria para alcanzar en conjunto el último valor indicado. Si una de las pensiones fuere mínima, ésta y las citadas bonificaciones si las hubiere, se reajustarán en el porcentaje señalado en el inciso primero; y si la suma de los montos reajustados más la otra u otras pensiones resultare inferior a $ 110.000, la otra pensión o la mayor de las otras, se incrementará en la cantidad necesaria para alcanzar este último valor.

    El reajuste e incrementos a que se refiere este artículo se aplicarán sin perjuicio de los reajustes automáticos que correspondan de conformidad al artículo 10 de la ley N° 18.611, al artículo 14 del decreto ley N° 2.448 y al artículo 2° del decreto ley N° 2.547, ambos de 1979.

     Artículo 2°.- Los beneficiarios de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, que cumplan 70 ó 75 años de edad con posterioridad a la fecha señalada en dicho artículo, tendrán derecho a las respectivas pensiones, en sus montos debidamente reajustados, a contar del día primero del mes siguiente a aquél en que cumplan las correspondientes edades.

    Artículo 3°.- Concédese, a contar del día 1° del mes siguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, un reajuste extraordinario de un 10% a las bonificaciones establecidas en las leyes N° 19.403, 19.539 y 19.953.

    Artículo 4°.- Para conceder el reajuste e incrementos establecidos en los artículos precedentes, respecto de las pensiones a que se refiere el artículo 2° del decreto ley N° 2.547, de 1979, serán aplicables las normas de la ley N° 18.694, y lo dispuesto en el artículo 83 de la ley N° 18.948 y en el artículo 66 de la ley N° 18.961.

    Artículo 5°.- Corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social impartir las correspondientes instrucciones para la aplicación de los artículos anteriores.

    Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 869, de 1975:

    1) A contar de la entrada en vigencia del numeral 2) del presente artículo, deróganse el inciso tercero del artículo 2° y los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 8°, y suprímese en el inciso segundo del artículo 2° la frase "al momento de selección".

    2) Reemplázase, a contar del día 1 del mes subsiguiente a la entrada en vigencia del artículo 7° de la presente ley, el inciso primero del artículo 2° del decreto ley N° 869, de 1975, por el siguiente:

    "Las pensiones asistenciales a que tengan derecho las personas carentes de recursos, conforme a este decreto ley, serán otorgadas por los intendentes regionales a aquellas que reúnan los requisitos señalados en el artículo 1° y que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, obtengan un puntaje igual o inferior en el respectivo instrumento, establecidos por el reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con la firma del Ministro de Hacienda. Ello sin perjuicio de las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social.".

   Artículo 7°.- Derógase, a contar de la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el literal b) del artículo 1° de la ley N° 19.888.

    Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante el año 2006, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-24-03.122 de la partida presupuestaria Tesoro Público. Con todo, los beneficios a que se refieren los artículos 1° y 3°, en lo que dicen relación con el seguro de la ley N° 16.744, se financiarán con cargo a dicho seguro.

    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

    Santiago, 24 de abril de 2006.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.- Osvaldo Andrade Lara, Ministro del Trabajo y Previsión Social.

    Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, María Olivia Recart Herrera, Subsecretaria de Hacienda.