Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.054

Modifica la ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Fanny Pollarolo Villa, José Miguel Ortiz Novoa, Adriana Muñoz D' Albora, Guillermo Ceroni Fuentes, Carlos Montes Cisternas, Luis Monge Sánchez, María Antonieta Saa Díaz, Gutenberg Martínez Ocamica, Carlos Abel Jarpa Wevar y Rosauro Martínez Labbé. Fecha 12 de septiembre, 2001. Moción Parlamentaria en Sesión 38. Legislatura 344.

Moción de las diputadas señoras María Antonieta Saa, Fanny Pollarolo, Adriana Muñoz y de los diputados señores Ceroni, Jarpa, Monge, Montes, Gutenberg Martínez, Rosauro Martínez y Ortiz.

Modifica la ley Nº 18.962 orgánica constitucional de Enseñanza restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social. (boletín Nº 2792-04)

“Vistos:

Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo prescrito por la ley Nº 18.918 y lo establecido por el Reglamento de la honorable Cámara de Diputados.

Considerando:

1º Que mediante la dictación del decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Educación del año 1981 primero y luego mediante la ley Nº 18.962 orgánica constitucional de Enseñanza se terminó con la antigua tradición de la exclusividad universitaria de la carrera de trabajo o servicio social, permitiéndose en consecuencia que los institutos profesionales pudieran abrir y dictar esta carrera profesional.

2º Que dicha situación, desde su origen motivó los fundados reclamos de la comunidad de asistentes sociales del país, conformada por un elevado número de hombres y mujeres profesionales que se desempeñan en las más variadas esferas del quehacer público y privado, incluyendo un importante segmento de académicos universitarios, por considerar este hecho como un grave atentado contra una disciplina académica de antigua raigambre en el medio universitario chileno, al crearse las condiciones para desligar al servicio social del seno de las universidades y al permitirse, como consecuencia, la formación de trabajadores sociales por entidades que por su naturaleza están llamadas a formar a profesionales con un perfil esencialmente técnico y práctico, lo que redunda en una formación con carencias en los aspectos científicos y metodológicos.

3º Que mediante la ley orgánica constitucional de Enseñanza, que valga decir, fue publicada en el Diario Oficial el último día del Gobierno Militar y elaborada en consecuencia, sin el necesario debate pluralista que exigen tan importantes asuntos para el país, se procedió a entregar la exclusividad universitaria a unas cuantas carreras, por la vía de vincular el otorgamiento del título profesional correspondiente a la obtención previa de la licenciatura en el área de conocimiento respectivo, que, como sabemos, por aplicación de la norma del artículo 31 incisos 3º y 4º de la misma ley orgánica de Enseñanza es un grado académico que sólo se puede otorgar de manera exclusiva por parte de las universidades.

4º Que al analizar el concepto legal del grado académico de la licenciatura que da el artículo 37 inciso final de la Ley de Enseñanza, esto es: “El que se otorga a un alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada”, se aprecia su trascendencia para la futura formación e idoneidad científico-técnica de los futuros profesionales del área. En efecto y a contrario sensu, de conformidad al mismo Artículo 37 el título profesional que “es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional”, sólo habilita para un puro desempeño práctico de las profesiones, en un sentido infra científico, lo cual es un contrasentido en el caso del trabajo social moderno, que ya desde hace muchas décadas, es una compleja disciplina científica autónoma, inserta en las ciencias sociales y con un objeto y unos métodos investigativos y de acción propios. A nuestro juicio, los profesionales del área deben estar dotados de las condiciones propias de quien se mueve en medio de la realidad más dinámica de todas, como es la realidad social, más aún, cuando su desempeño ordinario, es en la intervención social directa para autorizar situaciones complejas y multicausales de alta conflictividad, para lo cual la solidez de la formación científica es determinante para dotarlos de la flexibilidad y creatividad en su “hacer” profesional, que demanda el medio social en el que se encuentran insertos.

Restar el trabajo social de su diálogo interdisciplinario en el seno de las universidades es secar las raíces que lo nutren como disciplina científica.

6º Que más arriba se ha hecho hincapié en la raigambre del trabajo social en el medio universitario chileno, cuestión que esta honorable Cámara debe tener en consideración al momento de resolver esta materias, pues ya el año 1925, se funda la primera Escuela de Servicio Social, que llevaba el nombre del Doctor Alejandro del Río, la que fue pionera a nivel latinoamericano.

El nacimiento de esta primera escuela chilena y latinoamericana de servicio social, se da en un contexto social muy particular. Las profesoras Smima Bartsch y Claudia Muñoz (“Reseña Histórica de la Escuela de Servicio Social Alejandro del Río”, Utem) indican que “La propuesta de creación y la puesta en marcha de la Escuela se realizaron durante el primer período presidencial de don Arturo Alessandri Palma (1920-1925), en el que la situación económica y social del país estaba afectada por el cierre de las salitreras y la disminución de las ventas de cobre y carbón, lo que había generado una cesantía aproximadamente de 55 mil obreros)”.

Como se puede apreciar, desde el origen de la profesionalización del trabajo social en Chile, las condiciones coyunturales sociales, políticas y económicas fueron decisivas. Era entonces y también ahora, cuando la sociedad demandaba un tipo de profesional que fuera capaz de intervenir en el medio social para ejecutar primero y luego también diseñar las políticas públicas generadas desde el Estado para ir en ayuda de los actores más deprivados, lo que nos demuestra, inequívocamente, que el quehacer del asistente social, no sólo no le es indiferente al sector público y a las organizaciones paraestatales que los requieren para el desarrollo de sus funciones, sino que para la propia sociedad civil.

Por otra parte, es necesario considerar el mandato contenido en el Artículo Primero inciso tercero de la Constitución Política de la República, que prescribe que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Atendida esta clara norma constitucional, no podemos sino concluir que la formación de asistentes sociales idóneos, habida cuenta de su relevancia para la sociedad es una cuestión de Estado, que debe preocupar a este Parlamento.

7º Que los asistentes sociales del país han jugado importantes roles en el diseño de políticas y programas de origen público que han marcado muchas veces sendos progresos y una mejora sustantiva en el calidad de vida de millones de chilenos, resulta un deber para la sociedad en su conjunto reconocer su trabajo, dignificarlo y promover su desarrollo futuro.

La labor de los asistentes sociales chilenos ha quedado marcada en la historia social y política de la República. Desde los primeros sistemas de beneficencia pública, que conoció el país, pasando por el desarrollo del servicio social como auxiliar de la administración de justicia, en la judicatura especializada de menores; la administración de los sistemas de protección de menores, hasta la implementación de los primeros programas de viviendas sociales en Chile; incluyendo la apertura de métodos innovadores en su tiempo, como fueron el desarrollo de la terapia familiar, la organización del movimiento poblacional y vecinal; la teoría del desarrollo local; la asistencia social especializada para víctimas de la represión política durante el Gobierno Militar; la implementación de las políticas y programas de promoción de la mujer y de combate a las discriminaciones de género hasta la administración de sistemas privados de seguridad social, hasta los aportes en materia de gerencia de recursos humanos en las empresas, en cada una de estas áreas y en muchas más el trabajo social. Las y los asistentes sociales día a día hacen su aporte al progreso humano de nuestra nación y eso merece ser reconocido también por este Parlamento, restituyendo la exclusividad universitaria de su carrera.

8º En atención a lo anterior, proponemos un proyecto de ley que consta de un artículo único que modifica la ley Nº 18.962 orgánica constitucional de Enseñanza, con la finalidad de agregar a su listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa para su otorgamiento, la carrera de trabajo o servicio social. Hemos empleado dos denominaciones, pues en la práctica existe una tendencia mayoritaria, a designar a estos profesionales como trabajadores sociales, lo cual es una cuestión con profundas implicancias científicas y también histórico-corporativas, que no es menester invocar en esta moción y que sin duda pueden ser objeto de un amplio debate en la Comisión que conozca el proyecto.

Finalmente, confiamos en la madurez de esta Cámara de Diputados para reconocer la relevancia científica y el aporte del servicio social chileno al desarrollo del país y la justicia de la demanda que ellos han hecho a través de su única organización gremial, el Colegio Profesional de Asistentes Sociales de Chile, con quienes hemos compartido la redacción de esta iniciativa legal, que hoy presentamos en la esperanza de obtener prontos resultados que restituyan la exclusividad universitaria del servicio social que nunca debió haber perdido.

Por tanto,

La parlamentaria que suscribe viene en presentar el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Agréguese la siguiente letra q) al artículo 52 de la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza:

“q) Título de Trabajador o Asistente Social: Licenciatura en Trabajo Social”.

1.2. Informe de Comisión de Educación

Cámara de Diputados. Fecha 02 de julio, 2002. Informe de Comisión de Educación en Sesión 17. Legislatura 347.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN, RECAÍDO EN LA MOCIÓN QUE MODIFICA LA LEY N° 18.962, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, RESTABLECIENDO LA EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA DEL TRABAJO SOCIAL.

BOLETÍN N° 2792-04.

_____________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación pasa a informar la moción de que son autores la señorita María Antonieta Saa Díaz, las señoras Fanny Pollarolo Villa y Adriana Muñoz D’Albora, y los señores Guillermo Ceroni Fuentes, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Abel Jarpa Wevar, Carlos Montes Cisternas, Luis Monge Sánchez, Gutenberg Martínez Ocamica y Rosauro Martínez Labbé que modifica la ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para restablecer la exclusividad universitaria del trabajo social.

I.- PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

En atención a la similitud de este proyecto con el que persigue igual objetivo respecto de la carrera de “construcción civil e ingeniería en construcción” (Boletín 2769-04), la Comisión acordó discutir conjuntamente ambos proyectos, por cuyo motivo estimó procedente escuchar en forma indistinta a representantes de las siguientes instituciones: por INACAP los señores José Pedro Undurraga, Rector; José Pedro Solari, Director del Área Servicios; Adelchi Colombo, Director del Área Construcción, y la señora Paulina Dittborn, Directora de Desarrollo y Proyectos Educacionales; por el Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Formación Superior (CONIFOS), los señores Luis Penna Díaz, Presidente Nacional; Joaquín Penroz, Presidente de Institutos Profesionales; Álvaro del Barrio, asesor legal y la señora María Josefina Bilbao, Secretaria General; por el Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores A.G., los señores César Vargas, Presidente Nacional; Roberto Tedias, Vicepresidente, Jorge Risopatrón, Director; Cristián Piera, Director de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Manuel Cerda, de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica de Valparaíso; por el Colegio de Asistentes Sociales, la señora Lucía Sepúlveda, Presidenta Nacional; Norma Muñoz, Secretaria Nacional, Francisca Díaz, Prosecretaria, Germán Ibarra, Tesorero y por la Asociación Chilena de Escuelas de Trabajo Social, la señora Teresa Matus.

II.- ANTECEDENTES GENERALES.

El decreto con fuerza de ley N° 1 del Ministerio de Educación del año 1981, primero y luego la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, terminaron con la antigua tradición de la exclusividad universitaria de la carrera de trabajo o servicio social. Desde esa fecha ya no sería necesario obtener el grado de licenciado para acceder al título respectivo, permitiéndose en consecuencia que los institutos profesionales pudieran abrir y dictar esa carrera.

Con posterioridad al año 1990, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza ha sido objeto de modificaciones en abril de 1991, oportunidad en que son incorporadas como carreras universitarias la educación de párvulos y el periodismo (Ley N° 19.054). Luego, el 10 de septiembre de 1998, se publica la ley N° 19.584, que permite otorgar títulos universitarios y la alternativa de entregar grados de licenciaturas, maestrías y doctorados a las academias de las Fuerzas Armadas.

La exclusión de la carrera de trabajo social del nivel universitario, motivó desde su origen, los fundados reclamos de la comunidad de asistentes sociales del país, que se desempeñan en las más variadas esferas del quehacer público y privado, incluyendo un importante segmento de académicos universitarios. Este hecho fue considerado como un grave atentado contra una disciplina académica de antigua raigambre en el medio universitario chileno, al crearse las condiciones para desligar al servicio social del seno de las universidades, pues como consecuencia, se permitía la formación de trabajadores sociales por entidades que por su naturaleza están llamadas a formar a profesionales con un perfil esencialmente técnico y práctico.

El Trabajo Social es un quehacer que exige poseer sólidos conocimientos del área de las Ciencias Sociales, que permita interpretar la realidad social y apoyar los diagnósticos sociales a niveles microsociales y, por ende, apoyar los programas que se discuten a nivel macrosocial.

Los autores de la moción señalan que al analizar el concepto legal del grado académico de licenciado, que da el artículo 31 inciso décimo de la Ley Orgánica de Enseñanza, como "El grado que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada", se aprecia su trascendencia para la formación e idoneidad científico técnica de los futuros profesionales del área. En efecto y a contrario sensu, de conformidad al inciso noveno del artículo 31, el título profesional que "se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional"; sólo habilita para un desempeño práctico de las profesiones, lo cual es un contrasentido en el caso el trabajo social moderno, que ya desde hace muchas décadas, es una compleja disciplina científica autónoma, inserta en las ciencias sociales y con un objeto y métodos de investigación y de acción propios.

A juicio de los autores de esta iniciativa legal, los profesionales del área deben estar dotados de las condiciones propias de quien se mueve en medio de la realidad social que es la más dinámica de todas, más aún, cuando su desempeño ordinario, es en la intervención social directa para afrontar situaciones complejas y multicausales de alta conflictividad, para lo cual la solidez de la formación científica es determinante.

Los proponentes de la moción abundan en su razonamiento al decir que restar al trabajo social de su diálogo interdisciplinario en el seno de las universidades, es secar las raíces que lo nutren como disciplina científica.

También se dijo en la Comisión que si se analizan los ejes educativos del Trabajo Social en el mundo, se encuentra una tendencia sostenida y acelerada en los últimos veinte años que consiste en que las distintas Escuelas y Centros Académicos de excelencia han pasado a priorizar claramente un nivel de formación general basado en criterios de un aprender a aprender, subordinando a ellos toda forma de aplicación y destrezas. De este modo, se ha colocado el énfasis en el conocimiento de los niveles adecuados para una mejor comprensión de lo social. Estos fundamentos contemporáneos del Trabajo Social se basan en una lógica que cruza toda la formación: No existe una buena intervención social, sin un complejo y exigente nivel de interpretación y comprensión.

En Chile, este eje de formación se abre con el grado de Licenciatura iniciado en 1944 y con el primer doctorado en Trabajo Social creado en 1952. En la actualidad se traduce en la existencia de más de 300 Magíster disciplinarios y 105 Doctorados en Trabajo Social a nivel mundial. Cabe mencionar especialmente el esfuerzo que han realizado Universidades que ocupan un lugar destacado en el pensamiento de lo social, como es el caso de Estados Unidos, Canadá. Inglaterra y Brasil. Asimismo, en noviembre del 2001 la Comunidad Económica Europea ratificó que el Trabajo Social fuese una de las carreras que debía, desarrollarse tanto a nivel de Licenciatura como de Magíster y Doctorado. Consecuentemente, el desarrollo de posgrados en Trabajo Social dice relación con una fuerte profundización en investigación y ella depende, a su vez. de actualizaciones conceptuales, del estudio de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, así como de la renovación clara de un análisis y un compromiso con la ética a nivel social. Lo anterior fue especialmente enfatizado por la Directiva Mundial de Escuelas de Trabajo Social en un seminario internacional realizado en Santiago de Chile en enero del 2002. Allí se trazaron importantes caminos del desarrollo de la disciplina que están marcados por tres grandes encuentros de las Escuelas Universitarias a nivel mundial: el de Montpellier en julio del 2002, Sidney 2004 y precisamente en Santiago de Chile en el 2006. La agenda fijada compromete además a una etapa de consolidación y crecimiento de posgraduaciones de Trabajo Social en Chile. Por ello, constituyó un fuerte impacto la pérdida del grado universitario en 1981, razón por la cual no reponer ahora esa condición en el panorama actual, es dejar a Chile fuera de los niveles de acuerdo internacional existentes. Esto sería especialmente perjudicial en relación por ejemplo al desnivel que significaría en cuanto a intercambio con la Comunidad Económica Europea, con Estados Unidos o Canadá. Si el país acaba de adquirir un compromiso de intercambio en diversas dimensiones, entre las cuales la educativa está contemplada, sería una enorme pérdida y una imprudencia dejar sin poder acceder a los trabajadores sociales chilenos a un grado de formación en el más alto nivel, que sea homologable a las tendencias de desarrollo mundial de la disciplina.

Persistir en Chile, en una formación profesionalizante, unida a una visión del Trabajo Social como práctica social aplicativa, es desdeñar los actuales impulsos históricos que conforman la disciplina a nivel mundial.

El Trabajo Social ya no puede ser definido exclusivamente desde el universo de la pobreza, sino desde las diversas formas de exclusión social, ya sea en virtud de edad, sexo, raza u otro carácter significante como la existencia de niveles de dependencia de drogas, de alcoholismo, las condiciones de salud, la variada persistencia y aumento de fragilidades en los sistemas de protección social, los procesos de desregulación jurídica, los fenómenos como la violencia doméstica, los desafíos de acceso al mercado laboral, los procesos de desarrollo local, etcétera.

Los señores diputados que inician este proyecto, expresan en su moción que la labor de los asistentes sociales chilenos ha quedado marcada en la historia social y política de la República. Desde los primeros sistemas de beneficencia pública que conoció el país, pasando por el desarrollo del servicio social como auxiliar de la administración de justicia, en la judicatura especializada de menores; la administración de los sistemas de protección de menores, hasta la implementación de los primeros programas de viviendas sociales en Chile; incluyendo la apertura de métodos innovadores en su tiempo, como fueron el desarrollo de la terapia familiar, la organización del movimiento poblacional y vecinal; la teoría del desarrollo local; la asistencia social especializada para víctimas de la represión política durante el Gobierno Militar; la implementación de las políticas y programas de promoción de la mujer y de combate a las discriminaciones de género hasta la administración de sistemas privados de seguridad social, incluso los aportes en materia de gerencia de recursos humanos en las empresas.

Las y los asistentes sociales día a día hacen su aporte al progreso humano de nuestra Nación y eso merece ser reconocido también por este Parlamento, restituyendo la exclusividad universitaria de su carrera.

En síntesis este proyecto tiene por finalidad agregar al listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa para su otorgamiento, la carrera de trabajo o servicio social. Se han empleado dos denominaciones, pues en la práctica existe una tendencia mayoritaria, a designar a estos profesionales como trabajadores sociales, lo cual es una cuestión con profundas implicancias científicas y también histórico corporativas.

III.- SÍNTESIS DE OPINIONES DISIDENTES.

Los detractores de este proyecto sostuvieron que restablecer la exclusividad universitaria de la carrera de Trabajo Social, responsabilidad que dicha norma legal entrega actualmente a los Institutos Profesionales, causaría un enorme daño a esos Institutos, que en conjunto con las Universidades y Centros de Formación Técnica, conforman el nivel terciario de la Educación Superior.

Hicieron presente que la modificación de una ley orgánica constitucional, por la propia jerarquía de su rango como por las trascendentes y complejas materias que norma, requiere de un muy profundo análisis, máxime cuando generan tanto líneas de inversión como fuentes de trabajo, etcétera.

El Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Formación Superior (CONIFOS) entregó lo que llamó una visión preliminar sustentada en razonamientos de sentido común y experiencia en la función docente directiva y gremial que poseen sus miembros. Coetáneamente a la preparación de su informe preliminar por el directorio, señalaron que se ha designado una comisión técnica integrada por especialistas en esta materia, para que elabore un informe definitivo que aborde los aspectos legales, académicos y epistemológicos respecto del modelo que orienta y estructura el sistema de Educación Superior vigente y que este anteproyecto pretende modificar.

En concordancia con lo planteado, el presentante del Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Formación Superior (CONIFOS) expresó los fundamentos para considerar que este anteproyecto es inconveniente, perjudicial, insustancial, extemporáneo.

Hicieron presente además que actualmente son cinco los Institutos que la imparten: el Instituto Profesional del Valle Central, el Instituto Profesional Diego Portales, el Instituto Profesional INACAP, el Instituto Profesional La Araucana y el Instituto Profesional Santo Tomás.

En conjunto estos Institutos albergan 5.239 alumnos de trabajo social y a nivel nacional poseen 29 sedes regionales que incluyen desde Arica a Iquique por el Norte hasta Coyhaique y Punta Arenas por el Sur.

Afirmaron que este anteproyecto es extemporáneo, en atención a que el actual modelo sistémico de Educación Superior, ya ha cumplido 20 años y el enorme aporte que ha significado la incorporación de múltiples Institutos Profesionales Privados al sistema de Educación Superior ha permitido un sustantivo crecimiento en la capacidad de atención del nivel terciario, prácticamente sin costos para el erario nacional. Debilitar en este momento a las Instituciones de Educación Superior Privadas como son los Institutos Profesionales, conlleva debilitar el sistema a cambio de satisfacer lo que ellos llaman intereses minoritarios.

Lo que es más grave, sostuvieron, es que de materializar esta iniciativa en la Ley se violaría gravemente nuestro sistema jurídico, en orden a expropiar derechos adquiridos los que se traducen en que las instituciones que imparten dicha carrera, no podrían seguir otorgando sus títulos. Cabe hacer presente la situación desmedrada y no considerada de aquellos profesionales y actuales alumnos que se titulen bajo el presente régimen legal.

IV.- DESCRIPCIÓN E IDEA MATRIZ DEL PROYECTO.

El proyecto consta de un solo artículo que tiene por objeto incorporar una letra nueva al artículo 52 de la Ley N° 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el objeto de comprender la carrera de “Trabajador o Asistente Social” entre los títulos que requieren haber obtenido previamente el grado académico de licenciado en “Trabajo Social”

V.- APROBACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto fue aprobado en general y en particular, en votación económica, por mayoría de votos, 8 por la afirmativa, tres en contra y una abstención).

No hubo artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.

VI.- ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE QUÓRUM CALIFICADO U ORGÁNICO CONSTITUIONALES.

El proyecto contiene en el texto de su artículo único, una norma, considerada como orgánico constitucional, pues modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, por lo que para su aprobación requiere de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio.

VII.- ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

No hay disposiciones en esta situación.

VIII.- TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de lo expuesto y de otros antecedentes que pueda entregar el señor Diputado Informante, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, somete a la aprobación de la H Cámara, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

ARTÍCULO ÚNICO.- Agréguese una letra nueva, a continuación de la p) del artículo 52 de la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, del tenor siguiente:

" ) Título de Trabajador o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social.”

******

Se designó DIPUTADA INFORMANTE a la señorita María Antonieta Saa Díaz.

Acordado en sesiones de fecha 4 y 17 de junio y 1 y 2 de julio de 2002, con la asistencia de los HH. Diputados señores Carlos Montes Cisternas (Presidente), Eugenio Bauer Jouanne, Germán Becker Alvear, Sergio Correa De La Cerda, Fidel Espinoza Sandoval, Rodrigo González Torres, Rosauro Martínez Labbé, Carlos Olivares Zepeda, Pablo Prieto Lorca, Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez, y de la Diputada señora Carolina Tohá Morales y de la Diputada señorita María Antonieta Saa Díaz.

SALA DE LA COMISIÓN, a 2 de julio de 2002.

JOSÉ VICENCIO FRÍAS

Secretario de la Comisión

1.3. Discusión en Sala

Fecha 14 de octubre, 2003. Diario de Sesión en Sesión 8. Legislatura 350. Discusión General. Se aprueba en general y particular.

RESTABLECIMIENTO DE CALIDAD UNIVERSITARIA DE CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. Modificación de la ley Nº 18.962. Primer trámite constitucional.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, a fin de restablecer la exclusividad universitaria de la carrera de trabajo social.

Diputada informante de la Comisión de Educación , Cultura, Deportes y Recreación es la señora María Antonieta Saa.

Antecedentes:

-Moción, boletín Nº 2792-04, sesión 38ª, en 12 de septiembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 6.

-Informe de la Comisión de Educación, sesión 17ª, en 16 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 10.

El señor MONTES.-

Pido la palabra.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor MONTES .-

Señora Presidenta , este proyecto fue informado y ya se había iniciado su discusión. No hay un segundo informe.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Entonces, corresponde continuar la discusión de este importante proyecto, que interesa a muchas personas; incluso, algunas nos acompañan en las tribunas.

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES .-

Señora Presidenta , cuando la Sala discutió esta iniciativa, hubo ciertas discrepancias, y se acordó que el Colegio de Asistentes Sociales conversara con las escuelas de trabajo social a fin de lograr una solución.

Se esgrimieron muchos argumentos -no meramente formales, sino sustantivos- a favor de elevar el rango de la carrera de trabajo social. Tienen que ver con el hecho de que estamos insertos en una sociedad tremendamente compleja, como consecuencia de los procesos de modernización y de crecimiento del producto, de la globalización, de cambios experimentados en las personas y en el tejido social, aspectos que hacen que esa profesión tenga mucha importancia, incluso más que antes.

La comunidad necesita, entonces, de profesionales que logren comprender la diversidad de la realidad y las complejidades de los distintos rincones de la sociedad, y que sean capaces, además de comprenderla, de diseñar respuestas apropiadas a sus necesidades.

El trabajo social requiere capacidad para entender e interpretar el mundo juvenil en sus distintas edades, el de las copropiedades de viviendas sociales del Serviu, el de las comunas urbanas y rurales; en fin, los profesionales de esta área deben tener una formación global muy sólida y capacidad para generar respuestas adecuadas a los tiempos actuales.

Vivimos una época de muchos fenómenos de desintegración social, cuya expresión tiene que ver con la droga, la delincuencia y otros problemas. Nadie duda de la existencia de estos fenómenos, ante los cuales muchos tienden a replegarse en sus familias y en sus casas, con el consecuente abandono de muchos espacios en los barrios. Surgen, entonces, expresiones nuevas de convivencia, como las visitas “sociales” a los mall.

Ante esa realidad, se requieren trabajadores sociales capaces de construir respuestas y de revitalizar los espacios públicos, de formar administradores de copropiedades de viviendas sociales; en fin, son muchos los aspectos que ameritan que esta profesión se fortalezca.

La realidad muestra que los estándares de formación de las universidades chilenas y, en general, de la educación superior, son muy desiguales.

La discusión de fondo radica en cómo elevar el estándar de la profesión de trabajo social y ponerlo a la altura de las circunstancias. Hay universidades y escuelas que imparten esa carrera, que están tratando de lograr ese objetivo; otras no. Definitivamente, en la actualidad el trabajador social debe ser no sólo un técnico que responda a uno u otro problema, sino que debe cumplir el rol de constructor de sociedad en las distintas esferas en que se desenvuelve. Ésa es la discusión de fondo de la iniciativa.

Para ello puede haber diversas respuestas, distintas maneras de entender esta materia, pero siempre dentro de un estándar superior.

Las bancadas de los partidos Socialista y Radical Social Demócrata están por elevar a la calidad de universitario el rango de la carrera de trabajo social.

Sabemos que en el último tiempo se han formado trabajadores sociales en institutos de educación superior y otros; asimismo, que hay institutos que imparten una muy buena formación y, en algunos casos, deberían tener carácter de universidad. Sin embargo, la profesión de trabajador social, como tal, requiere elevarse al nivel de universitaria. Esto está muy ligado al debate más global sobre la acreditación de las instituciones y de las carreras en la educación superior. No puede ser que el país, la sociedad, el sector público no asuman la necesidad de contar con profesiones de mayor nivel.

Lo que ocurre en la actualidad con los profesores lo vamos a pagar muy caro en el futuro. Existen universidades -universidades, no institutos- como la de Los Lagos, la Arturo Prat, la de Playa Ancha, que están formando profesores -que después van a formar estudiantes- los sábados en la mañana.

La sociedad requiere que asumamos formas de acreditación -ésa es tarea del Congreso Nacional- coherentes con el interés global de la sociedad.

Lamento la posición adoptada por la Unión Demócrata Independiente aparecida en la prensa en el último tiempo y la avalancha de críticas ante la idea de que haya una lógica pública de evaluación de nuestras instituciones de educación superior, porque el país requiere de una educación superior a la altura de los desafíos que se le presentan. Por eso, en vez de bajar el nivel, debemos elevarlo; más que decir que la educación es una cuestión de mercado, en la que cada uno ofrece lo que puede y luego se verá qué pasa, se debe subir su nivel. Necesitamos un sistema público de acreditación, es decir, que la sociedad cuente con instrumentos para evaluar si la forma de impartir una carrera es o no adecuada.

En tales circunstancias, el trabajo social debe ser mirado desde esa perspectiva. Por ello, junto con las diputadas señoras María Antonieta Saa y Carolina Tohá , y con diputados de la Democracia Cristiana, hemos formulado una indicación, a fin de incorporar en la ley orgánica constitucional de Enseñanza una letra q), que dice: “Título de Trabajador Social: Licenciado en Trabajo Social”, propuesta por el Colegio de Asistentes Sociales. Con ello, no negamos otras formas o niveles técnicos de formación en los institutos, sino que consagramos el principio de que el trabajador social debe tener el carácter de universitario.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-

Señora Presidenta , como dijo el colega Montes , todo lo que se haga por fortalecer la formación de nuestros profesionales, para que estén a la altura de los requerimientos y exigencias que deben enfrentar en la sociedad contemporánea, es laudable, necesario y oportuno. Por eso, anuncio mi respaldo a esta iniciativa.

(Aplausos).

Es conveniente que hagamos lo posible por mejorar la formación de nuestros profesionales, aun cuando en los institutos y centros de formación técnica existen programas óptimos y muy buena disposición para trabajar en forma seria respecto de este mismo objetivo.

Lo que está en juego -como dijo el diputado Montes -, más allá de la calificación universitaria o de instituto profesional de una carrera, es determinar qué tipo de formación superior queremos para nuestra juventud.

Precisamente, porque estoy preocupado por el desarrollo de las instituciones universitarias, al igual que mi bancada, rechazo la pretensión del Gobierno de organizar un sistema estatal único de acreditación, en el que casi todos los miembros de la comisión respectiva serán designados por el Presidente de la República . Ello significaría volver a décadas pasadas, en que la educación superior era un privilegio de unos pocos. Hace veinte años había 150 mil alumnos en educación superior; hoy, gracias al empeño, al empuje, a la creatividad y capacidad de riesgo de las instituciones privadas, esa cantidad ha subido a 500 mil alumnos, y la educación superior se ha convertido en un objetivo natural para cualquier joven de educación media.

Ese empuje, ese éxito de las nuevas instituciones en el cumplimiento de su misión no merece ser aherrojado de la manera como pretenden el Gobierno y las bancadas de la Concertación.

Tengamos acreditación, la mejor información para los jóvenes que quieran postular a la universidad, a la educación superior. No hay ningún problema al respecto, pero sí con la instancia que pretende entregar esa información y, con ello, “asegurar” la calidad de la educación superior, es decir, con una comisión nacional nombrada por el Presidente de la República . Con ello, estamos colocando una zancadilla al desarrollo de este sector, lo que resulta intolerable para la juventud.

Por eso, junto con respaldar el proyecto, quiero hacer una mención categórica a la necesidad de abrirnos a nuevas formas de educación superior.

Es menester, por ejemplo, que, de una vez por todas, se desarrolle el ámbito de los posgrados. ¿Por qué sólo los títulos profesionales van anexos a la obtención de una licenciatura de pregrado? ¿Por qué no estudiar la manera de que a través de posgrados -es decir, gente que tiene licenciatura, pero quiere buscar nuevos horizontes profesionales- se puedan desarrollar carreras que permitan acceder a esos mismos títulos profesionales? El trabajo social sería un buen ejemplo y permitiría un buen desarrollo en esta materia, como también pedagogía, ingeniería comercial, periodismo y otras carreras.

Es muy propicia la ocasión para iniciar el debate acerca de los contenidos, del marco, de los objetivos de la educación superior que necesita nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , este proyecto nació de una inquietud que nos planteó la diputada señora María Antonieta Saa a un grupo de parlamentarios integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Debido a ello, la diputada señora Adriana Muñoz , los diputados señores Guillermo Ceroni , Carlos Abel Jarpa , Carlos Montes y Rosauro Martínez los ex diputados señora Fanny Pollarolo y señores Luis Monge y Gutenberg Martínez , y quien habla, nos reunimos y consideramos que era de justicia presentar esta moción para devolver la categoría de universitaria a la carrera de trabajador social o asistente social.

(Aplausos).

Intervengo también en nombre del diputado señor Exequiel Silva , quien ha estado muy preocupado de esta situación, aunque no figura como coautor de la moción por haberse completado el número máximo de diez parlamentarios que se requiere para ello.

¿Por qué nos convencimos de que debía hacerse este acto de justicia? En primer lugar, el decreto supremo Nº 1, de 1981, del Ministerio de Educación, transformó total y absolutamente la educación universitaria, oportunidad en que perdieron la condición de carreras universitarias las de asistente social, construcción civil -tema que desde hace bastante tiempo se encuentra pendiente en la Comisión de Educación-, periodismo y educación de párvulos.

Esto se ratificó con la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, publicada el 10 de marzo de 1990, como si el país no hubiese sabido que al día siguiente asumiría Patricio Aylwin como Presidente de la República , además de 120 diputados y 38 senadores, por votación popular. Esa ley nunca debió ser publicada, pues lo único que ha hecho es dañar la educación.

(Aplausos).

Más aun, en la Comisión de Educación de nuestra Corporación duerme, desde 1994, una modificación a la ley orgánica constitucional de Enseñanza, pues nunca se han puesto de acuerdo los actores que tienen que ver con el proyecto: las 25 universidades que dependen del Consejo de Rectores y las 43 ó 44 universidades privadas.

Durante estos años hemos introducido diferentes modificaciones en la ley Nº 18.962. Una de ellas, de abril de 1991, fue para incorporar como carreras universitarias las de educación de párvulos y de periodismo. Recuerdo muy bien que en esto tuvo una activa participación el ex diputado Sergio Velasco .

Como se trata de modificaciones constitucionales, en sesión de Congreso Pleno dimos a conocer el porqué éramos partidarios de tales enmiendas.

Además, en 1998 fue publicada la ley Nº 19.584, que permite otorgar títulos universitarios y entregar grados de licenciatura, maestría y doctorado a las academias de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué recuerdo estos hitos? Porque es justo, necesario y vital que hoy demos otra demostración en esta Sala y aprobemos la moción en estudio, en lo posible en forma unánime, para hacer justicia a la carrera de trabajador social o asistente social.

(Aplausos).

Hace algunos días, en la bancada de la Democracia Cristiana se tocó el tema por parte de los colegas Edmundo Villouta , Eduardo Saffirio y Carlos Olivares , titulares de la Comisión de Educación, y se adoptó el acuerdo unánime, de los veintidós diputados, de apoyar hoy con sus votos este proyecto.

(Aplausos).

Para la historia fidedigna del estalbecimiento de la ley, sería importante que, una vez aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación acordara solicitar que el Ejecutivo calificara su urgencia en el segundo trámite constitucional, en el Senado, pues podría suceder que hoy, 14 de octubre, lo aprobáramos en la Cámara, pero que llegara a la Sala del Senado en un año o en un año y medio más, y, con ello, se perdiera el objetivo fundamental de la moción.

También debemos recordar que el trabajador social o asistente social es un profesional que ha ayudado a solucionar los grandes problemas sociales, en especial de las personas de bajos ingresos; es decir, es parte de la historia, del progreso y del mejoramiento de la calidad de vida de las chilenas y de los chilenos.

Por ello, en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, anuncio que hoy todos sus integrantes apoyaremos este proyecto para que el trabajo social y la carrera de asistente social recuperen la exclusividad universitaria.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ .-

Señora Presidenta , en la Comisión de Educación estudiamos en profundidad esta iniciativa parlamentaria y adoptamos un acuerdo, que quiero reiterar y ratificar en la Sala. Lo hago en nombre de mis colegas del Partido por la Democracia, del conjunto de la Comisión y, en especial, de las diputadas señoras Carolina Tohá y María Antonieta Saa . Doy las excusas por la diputada Saa , quien no pudo asistir a esta sesión porque se encuentra en Santiago tratando problemas importantes relativos a los niños.

En Chile, el trabajador social o asistente social no es considerado un profesional, porque la carrera carece de rango universitario. La comunidad sabe que la labor del asistente social requiere de calidad de nivel académico y, sobre todo, de una preparación exhaustiva de rango universitario. La profesión de trabajador social requiere de una profunda formación valórica e interdisciplinaria, de una rigurosa formación profesional desde el punto de vista de la ciencia, y adecuada a los avances de la tecnología en el mundo contemporáneo. Asimismo, es importante que su intervención esté dirigida a promover el mejoramiento de la sociedad, lo que se alcanza transformando a los actores sociales en agentes del mejoramiento de su propia vida y de su hábitat. Los temas que tratan los asistentes o trabajadores sociales son muy variados y complejos, lo que hace necesaria una formación académica.

Por eso, la bancada del PPD dará su apoyo irrestricto al proyecto, a fin de elevar a rango universitario el nivel de formación de los trabajadores sociales.

(Aplausos).

Ello constituye un reconocimiento al aporte histórico del servicio social en Chile y al desarrollo social, político y económico del país. Asimismo, esta es la reparación de una deuda que tenemos con los trabajadores sociales. En 1981, se rebajó injustificadamente el rango de esta profesión; hoy se lo queremos restituir en plenitud, por el significado que eso tiene en la sociedad. En los servicios públicos, en las empresas y en el trabajo con las comunidades, los asistentes sociales se enfrentan diariamente al dolor, a las preocupaciones, a las inquietudes y, sobre todo, a las necesidades que tiene nuestra sociedad por mejorar su calidad de vida, especialmente en los sectores más postergados. Por eso, esta profesión requiere de una formación científica y tecnológica compleja y completa. Es preciso saldar esa deuda y reconocer el aporte histórico que los trabajadores sociales han hecho a Chile, especialmente en la época más dura, cuando en nuestro país no había democracia ni libertad. Sin embargo, allí estuvieron los trabajadores sociales o asistentes sociales, en forma silenciosa y abnegada, defendiendo a los más postergados,...

(Aplausos).

... y escuchando a la gente, como sólo ellos lo saben hacer.

En reconocimiento a esa labor, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.

Además, en nombre mío y en el de mi bancada, quiero rendir un homenaje a la labor -esta no es sólo una reivindicación gremial- que cumplen los gremios y las asociaciones de los trabajadores sociales. En especial, quiero destacar la labor que han cumplido en la elaboración de este proyecto la presidenta del colegio de Asistentes Sociales , señora Lucía Sepúlveda , sus dirigentes, los colegios regionales y todos aquellos asistentes sociales que han entendido que esa colegiatura es importante no sólo para defender intereses gremiales, sino también para hacer crecer esa carrera e incorporar en ella más elementos científicos, tecnológicos y valóricos, que permitan un mayor aporte de esos profesionales a Chile.

Reitero mi reconocimiento a la abnegada labor que han cumplido y que cumplen las escuelas de trabajo o de servicio social en todas las universidades del país.

También considero necesario dar un espacio a los jóvenes que han estudiado esa carrera en institutos profesionales, a fin de que tengan la oportunidad de adquirir el título universitario de trabajador social, para lo cual es necesaria la aprobación de este proyecto, que otorga rango universitario a la carrera de trabajo social.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.

El señor MARTÍNEZ .-

Señora Presidenta , durante bastante tiempo he reflexionado respecto de la problemática de la educación superior, particularmente sobre determinadas carreras que, en mi opinión, debieran tener rango universitario. No me voy a introducir en las motivaciones que, en su momento, tuvo la autoridad para establecer este tipo de división, porque sería un mero ejercicio intelectual que no solucionaría el problema de fondo, que, de una u otra manera afecta a nuestros estudiantes.

He analizado con atención los argumentos que nos dicen, por ejemplo, que debemos dejar que la comunidad discrimine sobre quiénes son las personas más idóneas para desarrollar determinadas actividades, según los méritos que demuestren en las diferentes áreas donde se desempeñan, así como también aquellos planteamientos que nos hablan de la libertad académica.

Estoy convencido de que no están en discusión ninguno de estos bienes, que debemos cautelar y profundizar. La razón es muy simple: la libertad se construye, fortalece y profundiza en la medida en que existe un ordenamiento común para el conjunto de las instituciones que participan en la educación superior.

Si queremos una sociedad efectivamente transparente, donde exista claridad para que el joven elija la carrera más acorde con su vocación e interés, debemos tener un sistema en el cual las carreras sean universitarias, con todos los requisitos de calidad y excelencia que ello implica, y técnicas de nivel superior impartidas por institutos profesionales y centros de formación técnica, y sujetas a estudios sustentatorios de viabilidad e impacto en el desarrollo del país.

Si revisamos nuestro sistema de educación superior, vamos a comprobar que existe un total libertinaje, tanto en la creación como en la mantención de determinadas carreras, cuyo marketing es atractivo y permite la captación de alumnos. El problema y las consecuencias vienen después, al momento de buscar trabajo.

Creo que, para ser más eficiente, el mercado requiere de determinadas regulaciones en materia de calidad, de viabilidad, de sustentación y, por sobre todo, de transparencia, para hacer real la posibilidad de elegir.

De acuerdo con esa premisa, estoy convencido de que una forma de transparentar esto es que existan carreras exclusivamente universitarias o bien de institutos profesionales, pero no esta mezcla que distorsiona el sistema y que, en definitiva, de una u otra manera estigmatiza a los alumnos según la institución de la cual egresan.

El trabajo social es una disciplina que interviene en situaciones problemáticas y en conflictos que afectan a diversos sectores, sociales mediante el análisis crítico de la realidad, con la finalidad de contribuir al desarrollo humano, a la afirmación de los derechos y al fortalecimiento de las condiciones de vida de los sectores sociales vulnerables. Por ello, el profesional que egresa de esa carrera debe tener la capacidad de traducir esa causalidad de manera tal, que esté en condiciones de participar en el diseño y en la ejecución de políticas públicas, y en acciones que promuevan la participación, la autogestión, la capacidad organizativa y el fortalecimiento de la calidad de vida de los sectores sociales vulnerables.

Al revisar los alcances de esta disciplina, es posible vislumbrar a un profesional que se desempeña en los organismos públicos, en organizaciones intermedias, y, en el ámbito privado, que asiste, en forma individual o grupal, a personas, a familias, a grupos sociales y a comunidades en la satisfacción de sus necesidades y en el fortalecimiento del desarrollo humano; que promueve modalidades organizativas, autogestivas y cooperativas que fortalezcan la capacidad de las personas, de los grupos sociales y de las comunidades para la participación, el ejercicio pleno de sus derechos y la transformación de sus condiciones de vida; que diseña alternativas operativas y ejercicios que contribuyan al logro de los objetivos de transformación social de las familias, de los grupos sociales, de las comunidades y, por cierto, de la universidades y de otros ámbitos de la docencia, investigación y extensión; que actúa muy fuertemente en el sistema educativo formal y en la educación extraescolar, y, permanentemente, como docente y orientador social en el desarrollo de los contenidos disciplinarios transversales y en las áreas sociales pertinentes.

Hay una variada gama de rubros que requieren de la presencia de este profesional, y que, dada la complejidad y el dinamismo de nuestra sociedad, le exigen una preparación de nivel superior, excelencia y método para adaptarse a los cambios, y, lo que es más importante, capacidad para materializar las políticas sociales que la comunidad le va dando. El desafío, como país, de derrotar definitivamente la pobreza exige no sólo crecimiento económico -por cierto que es fundamental-, sino también un conjunto de acciones en que la labor del trabajador social, desde el interior de las unidades educativas hasta las municipalidades y desde las organizaciones comunitarias hasta la empresa privada, resulta ser imprescindible y de primer orden.

Hechas estas primeras reflexiones, Renovación Nacional, mayoritariamente, votará favorablemente el proyecto para que el trabajador social tenga rango universitario.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señores diputados, espero que no haya objeción para que la votación del proyecto se realice a las 13 horas, pues en este momento están sesionando las comisiones que están analizando el Presupuesto.

Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.

El señor ROJAS.-

Señora Presidenta , ¿ese fue un acuerdo de los Comités?

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

No, señor diputado. Desgraciadamente, cometí el error de no solicitar anteriormente el acuerdo. Sin embargo, algunos diputados -incluso de su bancada- se acercaron a preguntarme la hora de la votación, porque estaban en las comisiones. Les señalé que podíamos votar a las 13 horas, al término del Orden del Día. En todo caso, si no hay acuerdo, tendremos que votar inmediatamente.

Tiene la palabra el diputado René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Señora Presidenta , hay muchas delegaciones que están esperando ingresar a las tribunas para conocer el trabajo parlamentario.

Todos los diputados que han intervenido están a favor del proyecto; no hay ninguno que esté en contra. Ahora, si existe alguno, que pida la palabra y entregue su opinión, y luego votamos. De esa manera, si existe voluntad, podremos aprobar el proyecto, con lo cual las asistentes sociales presentes en las tribunas se irán tranquilas y nosotros podremos seguir trabajando.

Gracias, señora Presidenta.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señora Presidenta , ¿existe algún acuerdo para hacer uso de la palabra?

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

No hay acuerdo alguno sobre la materia.

Lo que propuse fue votar los tres proyectos de la Tabla a las 13 horas, es decir, al término del Orden del Día, porque después de éste debemos continuar con la discusión del relacionado con la violencia intrafamiliar -incluso está presente la ministra- e iniciar la del que se refiere a maltrato animal. Sin embargo, no hubo acuerdo para ello.

Por lo tanto, corresponde que intervengan todos los diputados inscritos. Luego, suspenderé la sesión por diez minutos y llamaré a votar, de manera que los diputados que están en las subcomisiones de Presupuesto tengan el tiempo suficiente de llegar a la Sala.

Eso sí, como el proyecto ha sido objeto de indicaciones, solicitaré el acuerdo de la Sala para votarlo en general y en particular en la presente sesión.

Tiene la palabra la diputada Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señora Presidenta , considero que hoy día estamos pagando doblemente una deuda que teníamos.

En primer lugar, sin duda, la tenemos con todas aquellas personas que ejercen el trabajo social, quienes durante tanto tiempo lucharon con ahínco y en forma persistente para que se llevara a cabo la discusión y la votación de este proyecto.

En segundo lugar, también teníamos una deuda mayor con el país, en cuanto a discutir democráticamente el tipo de educación superior que tenemos, ya que, en verdad, en Chile existen una legislación y un sistema que fueron establecidos en una época en que no se daban estos debates sanos y democráticos, porque no estaba en funcionamiento el Congreso Nacional. Es así como se introdujeron grandes cambios al sistema de educación superior sin que nadie pudiera decir nada. Prueba de ello son el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1981, del Ministerio de Educación y, sin duda, la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, que se promulgó, como una especie de burla, días antes de la reinstauración de la democracia. Es algo parecido a lo que ocurre con una persona agónica que es obligada a firmar su testamento poco antes de morir. Así es nuestra educación superior: no fue discutida democráticamente entre los chilenos.

Esta iniciativa se inserta en el marco de otras que estamos discutiendo y que nos permitirán contar con un mejor sistema de educación superior, con el que todos estemos de acuerdo y que nos garantice calidad, equidad y pertinencia para nuestro desarrollo. Espero que podamos pagar esta deuda, tal como lo hacemos hoy con los asistentes sociales.

¿En qué se basa el proyecto? En que durante mucho tiempo ha existido disconformidad por el hecho de que el trabajo social haya estado excluido de las profesiones consideradas exclusivamente universitarias. Esto, en primer lugar, es oprobioso, porque atenta contra nuestra tradición, según la cual el trabajo social siempre fue considerado una carrera universitaria, con todos los requisitos y exigencias pertinentes.

El hecho de que hoy no sea considerada una carrera universitaria significa que quienes obtienen ese título profesional deben acreditar preparación, conocimientos generales y haber cursado un programa de estudios que les permita desempeñarse profesionalmente. En el caso de una carrera universitaria, los alumnos deben aprobar un programa de estudios que les permita comprender los aspectos esenciales de un área de conocimientos o una disciplina determinada, característica que no tiene la carrera de trabajo social.

Resulta difícil justificar esto, porque hoy vivimos en una sociedad muy compleja, en la cual los problemas sociales son multicausales y obedecen a razones que están cambiando permanentemente. Es muy difícil entender el fenómeno social y dar respuestas adecuadas, con buenos programas públicos y buenas intervenciones, si no existe una disciplina científica que se preocupe de analizar e investigar las causas de nuestros problemas y las mejores maneras de darles solución.

Así había ocurrido tradicionalmente en nuestro país, donde la licenciatura en trabajo social data de 1944, y en 1952 ya existía un doctorado en esta disciplina; así ha ocurrido también en el mundo. Hoy existen 300 programas de magíster y 105 doctorados en trabajo social. Ésa es la tendencia internacional en que nos inscribimos. Si Chile no corrige este error, quedaremos excluidos de un gran proceso internacional de intercambios y acuerdos que buscan potenciar, profundizar y actualizar esta disciplina; más aun, quedaremos al margen de una serie de oportunidades que nos abre el intercambio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá y con otros países con los cuales hemos firmado acuerdos de libre comercio, que esperamos que se amplíen a la cooperación académica, especialmente con la primera. Sin embargo, no podremos aprovechar esas oportunidades en esta área tan sensible si no aprobamos esta moción parlamentaria. Por ello, es muy importante que ella cuente con nuestros votos favorables. Como lo señaló el diputado Rodrigo González , el PPD la apoyará, en especial, porque la diputada Saa , su gran promotora, nos ha entregado suficientes argumentos.

Pero, para poner las cosas en su justa dimensión, debo decir que en la Comisión también discutimos los problemas que acarreará la decisión que hoy vamos a tomar. Como consecuencia de ese debate, un grupo de parlamentarios presentamos una indicación, concordada con la presidenta del Colegio de Asistentes Sociales, la cual tiene por objeto resolver el problema que se les creará a las personas que están estudiando o que pensaban seguir la carrera en institutos profesionales. Lo que pretendemos es que la carrera de trabajo social sea exclusivamente universitaria...

(Aplausos).

...pero que también exista la posibilidad de obtener el título profesional de asistente social, y que la carrera pueda seguir siendo impartida por los institutos profesionales. Así, quienes estudien en ellos podrán optar por quedarse con este título, o seguir un programa de estudios complementarios en una universidad, a fin de acceder a la licenciatura universitaria. Son dos cosas distintas: la carrera de trabajo social exclusivamente universitaria, y el título profesional de asistente social para quienes deseen mantenerse en esa opción que hoy está disponible.

Pero también es importante no quedarse sólo en la formalidad de los títulos. Debemos entender que puede haber títulos universitarios, profesionales y técnicos, de buena o de mala calidad; lo que necesitamos es que en Chile todos sean de buena calidad. Por eso es tan importante vincular este proyecto al sistema de acreditación que estamos discutiendo, el cual se da en nuestra sociedad para asegurar que los distintos niveles de la educación superior sean de buena calidad. Aquí le estamos dando una condición universitaria a la carrera de trabajo social, porque consideramos que es una disciplina que tiene las características científicas para serlo; pero también debemos asegurar que las carreras profesionales sean de calidad; no se trata de considerarlas como de segunda categoría. Por su parte, las carreras universitarias también deben acreditar su calidad; no basta con tener el título.

Por eso, también es muy importante aprobar este sistema de acreditación de la calidad. Podemos discutir la composición de la instancia que lo acreditará, pero lo importante es que exista. No nos saquemos la suerte entre nosotros, diciendo que un sistema de acreditación es aquel en que cada institución contrata a alguien en el mercado con tal objeto y que eso garantiza una acreditación transparente. ¿Acaso las clínicas y los supermercados contratan a los que deben acreditarlos? En todas partes existen instituciones que dan cuenta pública de su trabajo y obedecen a estándares definidos por la sociedad. Lo que queremos es que en Chile también exista esa instancia.

Reitero que esta moción parlamentaria es parte de un debate mayor. Hoy, debemos zanjar la deuda que tiene el país con los asistentes sociales, y ello se logra estableciendo que su actividad tendrá la condición de carrera universitaria, lo que, por cierto, se merecen y obedece a la tradición chilena y a la tendencia internacional predominante.

También es importante realizar un debate más amplio sobre el sistema de la educación superior chilena, que no ha sido discutido en democracia, no tiene una forma de acreditación de calidad y mantiene enormes deudas. Estoy segura de que con ello daremos un paso importante y haremos un reconocimiento al aporte social y humano que hacen miles de trabajadores y de trabajadoras sociales, quienes, con esta iniciativa, verán potenciada su contribución a nuestra sociedad.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JARPA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable diputado Sergio Correa.

El señor CORREA .-

Señor Presidente , hoy nos corresponde decidir si la carrera de trabajo social debe ser exclusivamente universitaria o si, como ocurre actualmente, ella debe continuar siendo impartida por centros de formación técnica o institutos profesionales.

Coincido con muchas de las apreciaciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de que es necesario mejorar la calidad de la educación. Considero que el desarrollo del país pasa por el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de las diversas carreras que se están entregando. Por ello, en la Comisión de Educación estamos estudiando un proyecto de ley a fin de legislar sobre la materia, a través de un sistema de acreditación universitaria. Puede haber diversas opiniones sobre la forma de realizar tal acreditación, pero todos coinciden en que debe existir.

Creo que es una mala idea que sólo las universidades puedan impartir la carrera de trabajo social y que no exista la posibilidad de que sea impartida por institutos profesionales y centros de formación técnica. Pienso que ambas instancias son compatibles. Me parece bien que exista una carrera universitaria que entregue el título de asistente social, pero desde ningún punto de vista debe ser exclusivamente universitaria. Considero que los institutos profesionales y centros de formación técnica también deberían tener esa posibilidad.

Hoy son 5 mil 300 los alumnos que estudian la carrera en institutos profesionales y centros de formación técnica, y, a mi juicio, ellos no pueden quedar sin apoyo y sin la posibilidad de seguir estudiando. Es una alternativa que debe ser considerada y definida, pero bajo ningún concepto se debe dar exclusividad universitaria a la carrera de trabajo social.

He dicho.

-Manifestaciones en las tribunas.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Ruego a los asistentes a las tribunas guardar silencio y respetar el derecho de los parlamentarios que están haciendo uso de la palabra.

Tiene la palabra el diputado Alberto Robles .

El señor ROBLES .-

Señora Presidenta , uno de los temas puestos en relieve en esta discusión es la función del Estado en materia de educación superior.

El gobierno militar, a través del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1981, del Ministerio de Educación, introdujo un elemento que hoy la sociedad chilena debe discutir: les quitó el grado académico universitario a varias carreras, dentro de las cuales se incluía la de asistente social o trabajador social. Con ello pretendió incorporar la educación chilena al mercado y abrir la posibilidad de que instituciones privadas desarrollaran actividades conexas sólo para aumentar la oferta de profesionales. Lo cierto es que con esa medida el gobierno militar disminuyó, deprimió la labor que los asistentes sociales o trabajadores sociales venían realizando hace muchos años.

Quienes conocemos de cerca el trabajo que desarrollan los profesionales asistentes sociales o trabajadores sociales sabemos de la importancia esa carrera tenga el rango de profesión universitaria. A la persona que estudia, la universidad le entrega los conocimientos necesarios para desarrollarse y desenvolverse en el mundo contemporáneo, en la sociedad global que hoy tenemos.

En todo el mundo la carrera de trabajador social tiene el rango universitario. Los países desarrollados consideran a sus trabajadores sociales, tal vez, como uno de los pilares de su propio desarrollo.

Los trabajadores sociales están inmersos en una dinámica bastante compleja. Quizás una de las mayores complejidades en términos profesionales es estudiar el área social y llegar a lo microsocial, como lo hacen los trabajadores sociales. Históricamente, nuestro país ha realizado un trabajo importante en ese ámbito. La verdad es que, hasta 1981, las universidades que formaron profesionales en esa área lo hicieron -diría- con una calidad bastante buena si se hace una comparación a nivel de continente. Tanto es así, que asistentes sociales o trabajadores sociales chilenos han difundido esta profesión a lo largo de él. Han ido a otros países, a fin de ampliar el horizonte del trabajo social en América Latina. Son profesionales nuestros los que han llevado y difundido este conocimiento específico a través de Latinoamérica.

Por eso es tan importante aprobar el proyecto, ya que, para la obtención del título de trabajador o asistente social, se exige ser licenciado en trabajo social por una universidad.

Por otra parte, a los radicales nos causa una profunda desesperanza el hecho de que el Estado dejara de tener potestad sobre la acreditación universitaria en determinados casos, sobre todo si él debe velar por que los ciudadanos tengamos profesionales idóneos en cada uno de los ámbitos. Sin duda, las aulas universitarias forman profesionales con capacidad para desarrollar su trabajo.

Al respecto, es tremendamente importante aprobar el proyecto, de modo que el Estado sea el garante de que cada profesional que se forme en Chile tenga los conocimientos adecuados para ejercer su profesión en los distintos ámbitos del quehacer nacional, en especial, porque algunas universidades privadas e institutos profesionales entregan títulos luego de dos o tres años de estudios -tal vez menos- y sin currículum conocido.

Como bien señaló la diputada señora Carolina Tohá , el proyecto viene a reparar en parte el daño causado a los trabajadores sociales, lo que debió haberse hecho hace mucho tiempo, tal vez cuando se les devolvió la calidad de universitaria a las carreras de educación parvularia y de periodismo. Por lo tanto, anuncio que la bancada radical va a votar favorablemente.

Con la diputada Saa y otros diputados hemos presentado una indicación que recoge la preocupación del Colegio de Trabajadores Sociales en cuanto a diferenciar al trabajador social del asistente social. Tal como lo planteó la diputada Carolina Tohá , en el proyecto se confunden dichas calidades, al mencionar “título de trabajador o asistente social: licenciado en trabajo social”. Por eso, se pretende que el título sea únicamente de trabajador social; y que el grado sea de licenciado en trabaja social.

Según explicaron los representantes de dicho Colegio, la razón del cambio es que en la historia de nuestro país el trabajo social se inició como un trabajo asistencial, y de ahí su nombre. Sin embargo, en el mundo moderno el término que identifica con mayor fidelidad la labor que desarrollan dichos profesionales es el de trabajador social. Por ejemplo, en los países desarrollados de Europa y de Norteamérica se utiliza la denominación de trabajador social, y Chile debe adecuarse a lo que sucede en el resto del mundo, especialmente considerando que el 2006 nuestra capital será sede de una reunión internacional de trabajadores sociales.

En consecuencia, es importante que la indicación se apruebe para que el título sea el de trabajador social; y el grado, de licenciado en trabajo social, y no otro. Ello permitirá que los estudiantes universitarios de trabajo social tengan claro cuáles son el título profesional y el grado académico al que aspiran.

Por su parte, el título de asistente social perfectamente puede seguir vigente para denominar a quienes han estudiado en los institutos profesionales. Así, se diferenciará claramente a los profesionales, que se han formado en la universidades, de aquellas personas que lo han hecho en los institutos profesionales.

Está respaldada por una serie de antecedentes que nos hizo llegar -reitero- el Colegio de Trabajadores Sociales, por lo que creo de la mayor importancia aprobarla, cosa que espero que ocurra.

Finalmente, el debate acerca de la acreditación universitaria está inconcluso, así como lo están el de la responsabilidad del Estado en la educación superior y el relacionado con lo que los chilenos queremos respecto de ella. La regularización de los estudios debe darse a través del Estado. Es necesario acreditar las carreras universitarias y se requiere una mayor participación del Estado en estas materias.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.

El señor BURGOS .-

Señora Presidenta , las intervenciones de la diputada Carolina Tohá y del diputado Alberto Robles han clarificado una duda que algunos teníamos.

Sin embargo, es legítimo que el Estado vuelva atrás y deje sin efecto la decisión, tomada entre cuatro paredes, de quitar el carácter universitario a una carrera. Por lo tanto, es positivo que ahora, avalados por la legitimidad de un Congreso elegido, seamos capaces de otorgarle el rango natural que merece. Pero, para que el proyecto sea completo y no adolezca de eventuales vicios de inconstitucionalidad, es de su esencia preocuparse de la situación de los miles de jóvenes chilenos que han estudiado esta profesión durante estos años. Si no presentamos una indicación a fin de no perjudicar derechos adquiridos, estaremos haciendo un grave daño a los propios trabajadores sociales. Una vez subsanado ese problema, podrá votarse con mayor tranquilidad.

Por otra parte, la acreditación universitaria debe ser mejorada. Son demasiados los ejemplos que dan cuenta de que ese procedimiento no toma en consideración la excelencia académica, y que algunas carreras universitarias se están impartiendo sin ningún rigor, especificidad y más bien apoyadas en elementos de marketing.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presienta).-

Tiene la palabra la diputada señora Saa.

La señora SAA .-

Señora Presidenta , intervengo en mi calidad de autora de esta iniciativa, entre los que también se cuentan la ex diputada señora Fanny Pollarola , los ex diputados señores Luis Monge Sánchez y Gutenberg Martínez , la diputada señora Adriana Muñoz y los diputados señores Guillermo Ceroni , José Miguel Ortiz , Carlos Abel Jarpa , Carlos Montes Cisternas y Rosauro Martínez .

Cuando comenzamos a estudiar este tema a petición del Colegio de Asistentes Sociales, pensamos, en principio, que esta iniciativa era un asunto puramente gremial, que tenía que ver con las antiguas y legítimas reivindicaciones de una orden profesional. Pero a medida que comenzamos a conocer, de boca de los asistentes sociales, docentes universitarios y dirigentes gremiales, la historia del trabajo social en Chile y su importancia, entendimos que este proyecto no podía ser sólo la cristalización de una reivindicación gremial, pues para el propio gremio era algo mucho más complejo y profundo.

El proyecto se justifica a lo menos en tres órdenes: primero, reconoce el aporte histórico del servicio social al desarrollo social, político y económico del país; segundo, repara a una profesión, a un colectivo de profesionales y a una disciplina académica que fue objeto de persecución durante el gobierno militar, y, finalmente, defiende una disciplina científica amenazada de perecer como consecuencia de la vulgarización de la enseñanza.

No es posible entender el Chile de hoy sin la acción de los asistentes sociales, que, desde la década de los años 30, han sido el soporte de buena parte de las acciones de intervención social generadas a partir de Estado y, luego, desde el sector privado, avanzado el siglo XX. Sería imposible desplegar políticas públicas de promoción y protección social si no existieran los trabajadores sociales formados con una sólida base científica. Lo decimos en los fundamentos de nuestra moción: hay instituciones que deben su historia a los y a las asistentes sociales: la teoría del desarrollo local y comunitario, la mediación familiar, las intervenciones respecto de personas y grupos vulnerados en sus derechos, como los menores en riesgo social; la planificación urbana y la generación de hábitat, los sistemas públicos y privados de seguridad social, el apoyo a la labor jurisdiccional en los tribunales de menores y, a futuro, en los tribunales de familia, etcétera.

En cada repartición pública, a nivel local, regional o central, hay equipos de trabajadores sociales que sostienen la acción social y pública, como también importantes iniciativas a través del mundo de las organizaciones no gubernamentales.

Estas razones, por sí solas, bastarían para reconocer la importante función de los trabajadores sociales y entregarle la exclusividad universitaria a su enseñanza. Pero hay más. Este proyecto también tiene que ver con una deuda pendiente que Chile tiene con el trabajo social y con el colectivo de personas que conforman su cuerpo profesional. Esa deuda dice relación con la reparación a un gremio que sufrió una implacable persecución política. Son varios las trabajadoras y los trabajadores sociales que murieron en manos de los organismos de seguridad de la dictadura; pero hay casos en que la represión también alcanzó a la academia, a la enseñanza misma de esta disciplina. Aún en la mente de muchos de los presentes en estas tribunas está la imagen vívida del cierre de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile por parte de las autoridades militares. Era peligroso mantener esos centros de pensamiento y de difusión de ideas libertarias e igualitarias; eran peligrosos los asistentes sociales consecuentes, quienes fueron capaces de decirle al pueblo que podía tomar las riendas de su destino superando el asistencialismo paternalista y conservador del statu quo, que sólo contribuía a mantener las dependencias del clientelismo del gobierno de turno. Pero esa acción represiva en contra del trabajo social y de su colectivo de docentes y profesionales sigue produciendo sus efectos hasta hoy, en la medida en que se ha mantenido incólume la ley orgánica constitucional de Enseñanza que dictaron los militares, que terminó sacando de las aulas universitarias la enseñanza del trabajo social.

En ese sentido, este proyecto repara y vuelve, en parte, las cosas a su estado anterior, aunque jamás podrá borrar el dolor de quienes sufrieron por ser consecuentes, no sólo con sus ideas de sociedad, sino con su profesión.

Este proyecto se justifica en la necesidad de salvaguardar, para el futuro, el trabajo social como una disciplina integrante de las ciencias sociales, que, fruto de los excesos que permite el libre mercado extremo aplicado a la educación superior, se ve amenazada por una vulgarización creciente de sus contenidos científicos.

Con el tiempo, el trabajo social no universitario se ha ido convirtiendo en un conocimiento puramente instrumental y técnico de aplicación directa. De él se han purgado los elementos científicos y metodológicos que le dan vigor y que lo potencian en su capacidad de entender la realidad social y buscar la forma más idónea para intervenir en ella, a fin de hacer frente a los nuevos fenómenos sociales que un mundo cambiante, como el que vivimos, nos muestra día a día.

El trabajo social puramente utilitario, sin método, muchas veces carente de solidez científica, terminará dañando definitivamente las posibilidades de desarrollo futuro de esta disciplina. Por ello es fundamental mantenerla reservada, al menos en parte, en el ámbito universitario, sometida a un régimen de licenciatura previa, en un ambiente de crecimiento y de discusión interdisciplinaria, que es lo que caracteriza esencialmente a la docencia universitaria, a diferencia de la enseñanza puramente profesional.

El proyecto, en los términos aprobados por la Comisión de Educación, tiene un defecto -lo reconocemos-, cual es que no alcanza a satisfacer íntegramente las expectativas de un importante grupo de alumnos y de profesionales que se han formado en los institutos profesionales. Hoy, el título profesional de asistente social puede ser otorgado indistintamente por institutos profesionales y por universidades. Nosotros proponíamos que sólo lo pudieran otorgar las universidades, lo que, obviamente, genera un problema para los institutos que ya han instalado una cierta capacidad de oferta de servicios educacionales.

Ahora, queremos proponer, generosamente, mediante una indicación sustitutiva, pero sin renunciar al espíritu de este proyecto, que existan dos títulos profesionales diferenciados: de asistente social, que no requiera de licenciatura y pueda ser entregado por un instituto profesional o por una universidad, y de trabajador social, otorgado previa obtención de la licenciatura en trabajo social y, por ende, que sea exclusivamente universitario, en tanto la ley orgánica constitucional de Enseñanza entrega a las casas universitarias la potestad exclusiva de entregar grados académicos, como el de licenciado.

De esta forma, lograremos generar una norma justa, prudente, equitativa, que también respetará a quienes han visto en los institutos profesionales oportunidades que, muchas veces, por deficiencias estructurales, las universidades no han sido capaces de ofrecer.

En definitiva, será el mercado del trabajo el que determinará qué profesionales demandan los servicios públicos o las organizaciones del sector privado. Por ejemplo, el que necesite ejecutores materiales de programas sociales, probablemente requerirá asistentes sociales profesionales; en tanto, la institución que requiera un profesional con un plus científico y metodológico, demandará trabajadores sociales formados en universidades en los términos previstos por esta indicación que sometemos a consideración de la Sala.

No puedo terminar mi intervención sin antes rendir un merecido reconocimiento y homenaje a dos personas. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro asesor legislativo, Cristián Beltrán , por su enorme aporte a esta iniciativa.

(Aplausos).

En segundo lugar, quiero rendir un homenaje a una persona que también ha sido esencial en este proceso legislativo relacionado con la revalorización del trabajo social en Chile. Me refiero a doña Lucía Sepúlveda , presidenta del Colegio de Asistentes Sociales de Chile.

(Aplausos).

Ella es parte de la historia viva de su orden y de la enseñanza del trabajo social en Chile. Es reconocida y querida por sus pares, por sus colegas, por los docentes universitarios en Chile y, sobre todo, por sus estudiantes.

(Aplausos).

Lucía fue la última directora de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Chile.

(Aplausos).

Una mujer valiente, que alzó su voz y entregó su empeño en los años de la persecución y represión, merece ser nombrada y reconocida en esta Sala. Sin su dedicación y voluntad de avanzar en este proyecto -acompañada, por cierto, de su directiva-, pese a las frustraciones que originó la dilación de los trámites parlamentarios, hoy no estaríamos discutiéndolo.

A Lucía, y a sus colegas que la acompañan en el directorio del Colegio, queremos dar nuestro reconocimiento y estimación. Además, deseamos expresar nuestro compromiso de apoyo permanente al desarrollo del trabajo social en Chile, pilar esencial de una sociedad que quiere avanzar en justicia social y en igualdad de oportunidades para todos sus hijos e hijas.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Por cierto, la Mesa también saluda a la señora Lucía Sepúlveda, presidenta del Colegio de Asistentes Sociales de Chile, y al nutrido grupo de profesionales de la orden, que se encuentran en las tribunas acompañándonos esta mañana.

(Aplausos).

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.-

Señora Presidenta , sin duda, hoy, con el marco de apoyo que hay en las tribunas para esta moción, más que hablar sobre la acción popular, quiero hacer reflexionar a la gente que nos escucha.

Soy profesor y considero conveniente señalar que la educación universitaria no lo es todo.

Pero quiero referirme, fundamentalmente, a las últimas palabras de la diputada María Antonieta Saa . Cuando se buscaba alguna solución al problema -lo reconocemos como tal-, quienes no lo reconocían, presentaron una indicación.

Nuestra bancada, la de la UDI, o al menos sus integrantes de la Comisión de Educación, estábamos en desacuerdo con este proyecto. Lo digo públicamente, sin temor a las pifias ni nada por el estilo. Quiero llevarlos a una reflexión.

(Manifestaciones en las tribunas).

Estábamos en desacuerdo, porque lo que se señalaba al principio de la moción era que existiera exclusividad de la universidad para entregar este título profesional. Y, como dije, la universidad no lo es todo, por muchas razones que se conocen. Una muy simple dice relación con la situación económica para aspirar a estudiar en ella.

Por lo tanto, hoy los invito a reflexionar -ojalá, de corazón- acerca de qué educación queremos en Chile. Nadie niega que, dentro de este nivel educacional, deseemos los grados superiores de desarrollo; pero, como profesor, también debo expresar mi gran molestia por la práctica, por parte de instituciones universitarias, de impartir la carrera de docente, de pedagogo, una vez a la semana: los sábados. Esos son los denominados profesores “Marmicoc”, quienes están conduciendo el destino de nuestra educación; por eso estamos como estamos.

Entonces, debemos cambiar radicalmente y buscar las posibilidades de desarrollo que queremos para el país. Más allá de votar a favor o en contra del proyecto en estudio, anhelo un cambio radical para que la acreditación no sea estatista y dé posibilidades de desarrollo; para que la educación se impregne de la calidad a que todos pretendemos, no sólo en los niveles superiores, sino también en los inferiores, como la educación básica.

Hoy, las parvularias también están haciendo clases en primero y en segundo año básico, y ése no fue el trato a que se llegó en su momento. La condición no fue que hicieran clases.

También me pregunto, con el mismo predicamento de quienes postulan que los profesores puedan acceder al título universitario, ¿con qué moral puedo coartar la posibilidad de que una persona que, como yo, no pudo ir a la universidad, mediante un curso a distancia, por internet o como sea, puede adquirir un grado académico que le permita desenvolverse en este mundo tan complejo?

Comparto las últimas palabras de la diputada Saa y me alegro mucho de que haya entendido nuestro planteamiento: que el grado de licenciado en esa carrera sea otorgado por la universidad; que se entregue en los estándares superiores. Pero que aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder a la universidad, puedan optar a un grado técnico y que la carrera no se cierre en los institutos profesionales.

Por lo tanto, después de analizar la indicación que presentó la diputada Saa , es conveniente pedir que el proyecto vuelva a la Comisión a fin de modificarlo y generar las instancias reales para su discusión. De lo contrario, si esto se va a votar para lograr un efecto populista, tengan por seguro que no me prestaré para ello.

-Manifestaciones en las tribunas.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Diputado Rojas , ¿me permite una interrupción?

Pido a los asistentes a las tribunas que, por favor, sean respetuosos de nuestra Reglamento y del derecho de cada diputado para intervenir en la Sala.

Puede continuar, señor diputado .

El señor ROJAS.-

Señora Presidenta , no me resta más que decir a la gente que nos acompaña en tribunas, que no acostumbro votar por presión. Lo hago por convicción, sobre la base de mejorar las cosas. Y si estoy acá, en mi segundo período legislativo como parlamentario, en representación de los electores del distrito 4, quiero decir con mucha honestidad que no votaré bajo presión. La indicación es positiva, tiene sentido y es válido analizarla; pero no es conveniente ni hace bien al país utilizar este sistema de presión en el momento de votar. Por lo tanto, el proyecto debe volver a Comisión.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.

El señor JARPA .-

Señora Presidenta , como coautor de la moción para restablecer el carácter universitario del trabajo social, me ha sido muy grato escuchar este interesante debate que se ha suscitado en torno de la importancia de esta profesión en nuestra sociedad, en especial en materia de educación universitaria.

Han sido muy importantes las intervenciones de distintos parlamentarios en esta Sala, en especial la de la diputada María Antonieta Saa , que nos ahorra mayores comentarios. Sin embargo, deseo hacer tres reflexiones para destacar la importancia del trabajo social en nuestro país. En primer lugar, como médico, me ha correspondido conocer el relevante rol que cumplen esas personas en el área de salud en nuestra sociedad; me impuse, como gobernador, de la importante función que cumplen en el área de la educación; también en los tribunales de menores, a propósito de los juicios sobre menores que se ventilan en relación con los casos de pedofilia que se han conocido en el país; en Chile Solidario, uno de los programas donde el rol del asistente social es fundamental -no paternalista- para lograr que más de 225 mil familias, o sea, más o menos un millón de personas, superen, mediante la capacitación, primero, la indigencia, y, después, la pobreza, a fin de que puedan gozar de los beneficios de una sociedad moderna.

En segundo lugar, cabe recordar que en 1944 empieza el trabajo social y que en 1952 se otorgó el primer doctorado en esta materia. El trabajo del asistente social surgió a raíz de la importancia que se daba en ese entonces al ser humano en la parte humanista. Hoy, me preocupa especialmente que nuestra sociedad haya privilegiado el sector económico productivo, relegando al olvido al hombre, en sentido genérico, que es lo que verdaderamente tiene importancia. Esto se demuestra claramente en el hecho de que, en la actualidad, del total de recursos que el Estado entrega para efectuar diferentes estudios de investigación, sólo el 15 por ciento se destina a la investigación social; el resto corresponde al área urbanista.

Señora Presidenta , como socióloga, su señoría comprende nuestra preocupación por restablecer el estatus del asistente social al darle carácter universitario a una actividad que permite integrar a nuestra sociedad a las áreas que tienen que ver con el aspecto social de las personas, en el entendido de que la ciencia está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la ciencia.

En tercer lugar, este proyecto, del cual soy autor junto con otros colegas parlamentarios, tiene por principal objeto reparar el daño que se hizo a esta profesión y, consecuentemente, a la educación universitaria y a las personas en riesgo social.

El diputado señor Robles , en nombre de la bancada del Partido Radical Social Demócrata, anunció nuestro voto favorable al proyecto, que -reitero- repara un error, a fin de que la carrera de trabajo social tenga el rango que les permita a sus profesionales optar a más beneficios y que su importante rol les sea reconocido en nuestra sociedad.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señora Presidenta , el proyecto en discusión modifica de la ley N° 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, y tuvo su origen, hace algunos años, en una moción, cuyos autores principales se encuentran presentes en la Sala, encabezados por la diputada señora María Antonieta Saa . Su finalidad es restablecer la exclusividad de enseñanza universitaria para la carrera de servicio social o trabajo social, denominación usada indistintamente, aunque la tendencia mayoritaria, en el nivel mundial, es llamarla trabajo social. Por ende, a quien la ejerce, se le conoce como trabajador social.

En el debate se ha señalado que la modificación propuesta constituiría un grave retroceso para los institutos profesionales que hoy imparten esa carrera. Sin embargo, sin desconocer que, eventualmente, lo que dispone la iniciativa podría afectar la oferta académica de algunos institutos, no es menos cierto que hay muchas otras opciones emergentes que les son propias, como las que aquí se han mencionado.

La ley N° 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, tiene más de trece años de existencia. Desde la fecha en que fue aprobada, la realidad social, económica y cultural nacional y mundial ha cambiado mucho. Una de las diferencias está dada por el rol y la relevancia que han adquirido los profesionales de trabajo social, quienes requieren de mejores y más calificados conocimientos, que, según establece el proyecto, pueden obtener mediante la licenciatura, la que con posterioridad permite cursar maestrías y doctorados.

Otra razón más de fondo para aprobar la iniciativa es que como país debemos ser capaces de adaptarnos a las tendencias y realidades del mundo contemporáneo. Como sabemos, en Europa y en Estados Unidos el trabajo social tiene una creciente importancia. En ese contexto, la enseñanza exclusivamente universitaria permitirá alcanzar el grado de licenciado, no sólo el título profesional, como sucede en la actualidad, lo que capacitaré mejor a los profesionales del área para atender las demandas crecientemente más complejas de la sociedad.

Varios colegas se han referido al rol que cumplen hoy esos profesionales, quienes a diario trabajan en sectores rurales y en comunidades indígenas, en un esfuerzo inmenso por superar la pobreza en los campamentos y en las comunidades más pobres. En la actualidad, ellos representan el mejor cable a tierra de la sociedad.

Nuestra realidad, ligada a la globalización, al crecimiento urbano y a las modificaciones culturales y sociales de la comunidad, obliga a imaginar nuevos escenarios, no sólo para los trabajadores sociales, sino también para los institutos profesionales que imparten la carrera, los que, lejos de considerar el proyecto como una limitación, deberían verlo como una oportunidad para presentar una oferta más creativa y ligada a la naturaleza del nivel de formación que deben entregar.

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación analizó detenidamente la iniciativa, tal como lo hicimos varios diputados que, aun cuando no somos miembros de ella, nos interesamos en sus disposiciones, en sus implicancias positivas y en sus riesgos.

Además, se escuchó la opinión de todos los actores involucrados en el proyecto, que fortalece la carrera de trabajo social en beneficio del país, no en detrimento de un sector de la enseñanza, como el conformado por los institutos profesionales, los que, en mi concepto, cumplen una labor insustituible como gestores de la educación superior en el país.

En estos momentos, el trabajador social no es sólo un ejecutor de un conjunto de técnicas y aprendizajes, sino que también debe tener la oportunidad de crear conocimiento y de promover la discusión social al más alto nivel de maestría y de doctorado, lo que es posible con la enseñanza universitaria que ahora se quiere garantizar para todos.

Por lo tanto, la bancada del Partido por la Democracia aprobará el proyecto, pues permitirá que los futuros profesionales del área egresen como licenciados en trabajo social, lo que constituirá un beneficio para la sociedad.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA .-

Señora Presidenta , tal como han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, el proyecto concita el respaldo unánime de la Sala. Sin embargo, quiero hacer algunos alcances en mi calidad de profesor.

En la Universidad de Los Lagos, de Osorno, me correspondió ser profesor de alumnas que hoy ya son profesionales asistentes sociales. Desde ese punto de vista, los profesores por años hemos sufrido la misma problemática de las trabajadoras sociales.

He conversado con colegas de la Comisión de Educación para observar lo que, en el futuro, ocurrirá con un gremio tan importante como el de las asistentes sociales. Lo menciono porque en todo el país se generó una irrupción de carreras vinculadas al magisterio. Quienes se dedicaron durante cinco años a estudiar para ser profesionales de la educación, se sienten, de una u otra manera, desplazados por la forma en que algunos institutos u otros centros de educación están entregando títulos de profesores.

Este proyecto, que vamos a aprobar por amplia mayoría, hace justicia, como lo decía uno de mis colegas, a un gremio respecto del cual debemos destacar no sólo su rol en los diferentes servicios públicos y en el sector privado, sino, también, el hecho de que jugó -lo digo con firmeza- un rol gravitante en la recuperación democrática de Chile, recorriendo las poblaciones más humildes, conversando con las dueñas de casa y con los trabajadores, y buscando soluciones a las sentidas necesidades en el barrio o en el campamento de aquel entonces.

El rol de la asistente social es fundamental. Creo que la retribución mínima es entregar nuestro voto favorable a esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe) .-

Señora Presidenta , en forma muy breve, quiero señalar que los discursos de las diputadas señoras Saa y Tohá han sido brillantes.

Debo hacer un reconocimiento a las trabajadoras sociales que llegaron de distintas universidades a trabajar a las comunas de Coelemu, San Carlos, Ranquil y Cobquecura, a las que represento en la Cámara.

Mediante diversos proyectos y programas, he conocido a un sinnúmero de trabajadoras sociales que, junto con la aplicación de las políticas de apoyo, de desarrollo y modernización, han cambiado el rostro de esas comunas. En el campo, la labor que ellas han desempeñado ha sido fundamental.

Este proyecto de ley, por tanto, hace justicia al deslindar quehaceres técnicos y profesionales. Por ello, respaldo los discursos de mis colegas señoras María Antonieta Saa y Carolina Tohá .

Quiero reconocer, una vez más, la labor de las trabajadoras sociales en el desarrollo y progreso de nuestro país.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Cerrado el debate para someter el proyecto a votación. En su momento, pedí el acuerdo de la Sala para votarlo a las 13 horas, pero no se otorgó. Sin embargo, por la importancia de este tema y por el entusiasmo y preocupación de quienes nos acompañan, posteriormente se convino en que fuera al término del Orden del Día.

Por lo tanto, se llamará a votar a los señores diputados que se encuentran en la Comisión Mixta de Presupuestos.

Debemos contar con un quórum de dos tercios, a lo menos, para tratar las indicaciones de las diputadas señoras Saa y Tohá, y del diputado Carlos Montes.

Cuando hayan ingresado los demás señores diputados, solicitaré el acuerdo de la Sala para tratar las indicaciones y votarlas.

En ese caso, despacharemos hoy el proyecto, sin que haya que enviarlo nuevamente a la Comisión.

Se suspende la sesión por cinco minutos, a la espera de que se integren a la Sala los diputados que están en las comisiones.

-Transcurrido el tiempo de suspensión.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Se reanuda la sesión.

En primer lugar, someteré a votación en general el proyecto de ley, que contiene disposiciones de ley orgánica constitucional.

Como se han presentado indicaciones, dos comités han solicitado a la Mesa omitir el segundo informe. Para resolver favorablemente la petición, de acuerdo con el artículo 130 del Reglamento, se requiere el apoyo de los dos tercios de los diputados presentes.

Si se aprueba eximir al proyecto del segundo informe, se procederá a votar las indicaciones, en cuyo caso ofreceré el uso de la palabra para que se explique el sentido de ellas.

En votación general.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 14 votos. Hubo 1 abstención.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende ( doña Isabel), Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Díaz, Encina, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníba), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros, Bauer, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), García-Huidobro, Masferrer, Melero, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Recondo, Rojas, Salaberry y Urrutia.

-Se abstuvo el diputado señor Monckeberg.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Para una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado Rojas.

El señor ROJAS.-

Señora Presidenta, quiero dejar en claro, para la historia fidedigna de la ley, que el proyecto modifica situaciones de personas que hoy poseen el título profesional.

Por lo tanto, nuevamente solicito que la iniciativa vuelva a la Comisión, a fin de legislar en forma respetuosa y con la seriedad que se merece la materia.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señor diputado , a la Mesa le consta que anteriormente solicitó remitir el proyecto nuevamente a Comisión, garantizando incluso su rápido despacho. Pero dos comités han solicitado omitir el segundo informe de comisión. Por lo tanto, debo aplicar el Reglamento.

En votación la solicitud para omitir el segundo informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

Por haberse reunido los dos tercios de los diputados y diputadas presentes en la Sala, el proyecto no volverá a la Comisión.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Allende ( doña Isabel), Araya, Ascencio, Becker, Bustos, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Quintana, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vilches, Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Forni, Galilea (don José Antonio), García-Huidobro, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Masferrer, Melero, Moreira, Norambuena, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Vargas.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca y Cristi ( doña María Angélica).

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Saa para que nos explique el contenido de las indicaciones.

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Tal como lo expliqué en mi intervención, la indicación fundamental presentada en virtud del estudio de la realidad pretende que el título universitario, con grado de licenciado, sea el de trabajador social.

(Hablan varios señores diputados a la vez).

Señora Presidenta , pido al diputado Rojas que escuche. Comprendo su preocupación por hacer una buena ley, pero no ha entendido a cabalidad lo que estamos planteando.

Todos los profesionales que hayan estudiado servicio social en las universidades de Chile, con licenciatura, pasarán a llamarse trabajadores sociales.

Mediante la otra indicación se deroga, para todos los efectos legales, el título de asistente social otorgado por las universidades, que ahora será equivalente al título de trabajador social expresado en el artículo 1º del proyecto que aprobamos.

¿Cuál es la consecuencia? Que todos los que en este momento estudien servicio social en las universidades pasarán a tener el título de trabajador o trabajadora social y todos los que estudien en los institutos profesionales conservarán el título de asistente social. Esa disposición termina con las preocupaciones del diputado Rojas . A ningún instituto profesional se le prohibirá seguir impartiendo la carrera. La diferencia radicará en que el título profesional de cuatro años será el de asistente social y el título universitario con licenciatura, de cinco años, será el de trabajador social.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El señor Secretario dará lectura a las indicaciones.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación de las diputadas señoras Saa y Tohá y de los diputados señores Montes, Olivares y Robles.

“Reemplázase el artículo único del proyecto de ley por el siguiente:

“Artículo 1º.- Introdúzcanse las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza:

“1.- Agréguese la siguiente letra q) al artículo 52 de la Ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza:

“q) Título de Trabajador Social: Licenciado en Trabajo Social.”.

La segunda indicación, de las diputadas señoras Saa y Tohá y de los diputados señores Rojas y Martínez, agrega el siguiente artículo 2º:

“Artículo 2º.- Declárase, para todos los efectos legales, que el título de Asistente Social otorgado por las universidades es equivalente al título de Trabajador Social que se establece en el artículo 1º de esta ley.”.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Se trata de dos indicaciones, pero deben votarse de una sola vez para que el texto tenga coherencia.

En votación las indicaciones.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 81 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 9 abstenciones

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende ( doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Cristi ( doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vilches, Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Recondo y Salaberry.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bauer, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Forni, García-Huidobro, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Melero y Monckeberg.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El señor prosecretario va a dar lectura a la siguiente indicación.

El señor ÁLVAREZ ( Prosecretario ).-

Indicación de los diputados señores Álvarez y Recondo por la cual solicitan agregar un nuevo inciso final al artículo 52 de la ley Nº 18.962, que dice: “En relación a los títulos profesionales indicados a continuación de la letra b), no se exigirá grado de licenciado respecto de aquellos institutos profesionales y centros de formación técnica que gocen actualmente de autonomía.”

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 50 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Burgos, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Forni, García-Huidobro, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Luksic, Masferrer, Melero, Norambuena, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Rojas, Salaberry, Salas, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Allende ( doña Isabel), Araya, Ascencio, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto), Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas y Villouta.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Delmastro, García (don René Manuel), Lorenzini y Muñoz ( doña Adriana).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El diputado señor Rojas presentó una indicación, pero la Mesa entiende que las dos indicaciones aprobadas son genéricas y solucionan el problema. Señor diputado , ¿insiste en su indicación?

El señor ROJAS.-

Señora Presidenta , en honor al compromiso adquirido, retiro la indicación.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Conforme, señor diputado .

Despachado el proyecto.

1.4. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 14 de octubre, 2003. Oficio en Sesión 4. Legislatura 350.

VALPARAISO, 14 de octubre de 2003

Oficio Nº 4581

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo de la Moción, Informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 52 de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza:

1.- Suprímese en la letra o) la expresión “, y” por un punto y coma (;).

2.- Reemplázase el punto final de la letra p) por la conjunción “y” precedida de una coma (,).

3.- Agrégase la siguiente letra q), nueva:

"q) Título de Trabajador Social: Licenciado en Trabajo Social.”.

Artículo 2°.- Declárase, para todos los efectos legales, que el título de Asistente Social otorgado por las universidades es equivalente al título de Trabajador Social a que se refiere la letra q) del artículo 52 de la ley N° 18.962, incorporado por el artículo 1° de esta ley.”.

Hago presente a V.E. que este proyecto fue aprobado en general por 74 señores Diputados presentes y, en particular, por 81 Diputados, en ambos casos de 114 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

ISABEL ALLENDE BUSSI

Presidenta de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Primer Informe de Comisión de Educación

Senado. Fecha 11 de abril, 2005. Informe de Comisión de Educación en Sesión 43. Legislatura 352.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del Trabajo Social.

BOLETÍN Nº 2.792-04

Honorable Senado:

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tiene el honor de informar respecto del proyecto de ley individualizado en el rubro, en segundo trámite constitucional, iniciado en Moción de los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D’Albora y señores Guillermo Ceroni Fuentes, Carlos Jarpa Wevar, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Montes Cisternas y Rosauro Martínez Labbé, y ex Diputados señora Fanny Pollarolo Villa y señores Gutenberg Martínez Ocamica y Luis Monge Sánchez.

A las sesiones que vuestra Comisión dedicó a este asunto asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores Mario Ríos Santander y Mariano Ruiz Esquide.

En representación del Ejecutivo, concurrió la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Pilar Armanet; la asesora de la División de Educación Superior, señorita Loreto Monardes; el Jefe del Departamento Jurídico, señor Rodrigo González y el asesor, señor Cristián Inzulza. De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el señor José Espinoza.

Asimismo, concurrieron especialmente invitados las siguientes personas:

- La Presidenta del Consejo Nacional de Asistentes Sociales, señora Lucía Sepúlveda, acompañada de la Secretaria General de la entidad, señora Violeta Flores, y de la Prosecretaria, señora Eusebia Manzo.

- El Rector del Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP), señor Pedro Undurraga, junto a la Directora Académica de la institución, señora Paulina Dittborn, y el asesor señor Cristián Pizarro.

- El Director de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Dagoberto Salinas, acompañado de la Secretaria Académica, señora Adela Bork.

- El Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, señor Fernando Pastén, acompañado de la Jefa de Práctica, señora Patricia Castañeda.

- La Subdirectora de Investigaciones y Postgrado y Directora del Magíster en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Teresa Matus.

- La Directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, señora Cecilia Aguayo, junto a la Secretaria de Facultad, señora Julia Cerda.

- Del Instituto Libertad y Desarrollo, el abogado señor Sebastián Soto.

- - - - - -

Cabe consignar que, en conformidad con el artículo 36, inciso sexto, del Reglamento del Senado, la Comisión discutió el proyecto en general.

- - - - - -

Se hace presente que los artículos 1º y 2º, contenidos en este proyecto de ley, deben ser aprobados con el quórum requerido para las normas orgánico constitucionales, en cuanto versan sobre materias reguladas por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nº 18.962.

Lo anterior, en conformidad con lo prescrito en el artículo 63, inciso segundo, de la Constitución Política.

- - - - - -

ANTECEDENTES

A.- Antecedentes legales

a) El artículo 19, Numerales 10º, 11º y 16º, inciso cuarto, de la Constitución Política.

b) La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nº 18.962.

c) El decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Educación, de 1981, que fija normas sobre universidades.

B.- Antecedentes de hecho

Moción

Al fundar la presente iniciativa legal, sus autores destacan que mediante el decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Educación, de 1981, y la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, se terminó con la antigua tradición de la exclusividad universitaria de la carrera de trabajo o servicio social, permitiéndose que los institutos profesionales pudieran abrir y dictar esta carrera profesional.

Agregan que dicha situación motivó los fundados reclamos de la comunidad de asistentes sociales del país, conformada por un elevado número de hombres y mujeres profesionales que se desempeñan en las más variadas esferas del quehacer público y privado, incluyendo un importante segmento de académicos universitarios, por considerar este hecho como un grave atentado contra una disciplina académica de antigua raigambre en el medio universitario chileno, al crearse las condiciones para desligar al servicio social del seno de las universidades y al permitirse, como consecuencia, la formación de trabajadores sociales por entidades que por su naturaleza están llamadas a formar a profesionales con un perfil esencialmente técnico y práctico, lo que redunda en una formación con carencias en los aspectos científicos y metodológicos.

Recuerdan, enseguida, que la LOCE procedió a entregar la exclusividad universitaria a unas cuantas carreras, por la vía de vincular el otorgamiento del título profesional correspondiente a la obtención previa de la licenciatura en el área de conocimiento respectivo, la cual, por aplicación del artículo 31, es un grado académico que sólo se puede otorgar de manera exclusiva por parte de las universidades.

El análisis del concepto legal de “licenciatura”, arguyen, permitiría colegir su relevancia para la futura formación e idoneidad científico-técnica de los profesionales del área. En cambio, el título profesional sólo habilita para un desempeño práctico de las profesiones, lo cual sería un contrasentido en el caso del trabajo social moderno, que desde hace décadas se considera una compleja disciplina científica autónoma, inserta en las ciencias sociales y con un objeto y unos métodos investigativos y de acción propios.

En opinión de los autores, estos profesionales deben estar dotados de las condiciones propias de quien se mueve en medio de la realidad más dinámica de todas, como es la realidad social, más aún, cuando su desempeño ordinario consiste en la intervención social directa para autorizar situaciones complejas de alta conflictividad, para lo cual la solidez de la formación científica es determinante para dotarlos de la flexibilidad y creatividad en su “hacer” profesional.

A continuación, efectúan una breve reseña histórica de esta carrera profesional en las universidades chilenas.

Sobre el particular, indican que en 1925 se funda la primera Escuela de Servicio Social, que llevaba el nombre del Doctor Alejandro del Río, pionera a nivel latinoamericano.

El nacimiento de esta primera escuela chilena y latinoamericana de Servicio Social se da en un contexto social muy particular, pues la propuesta de creación y puesta en marcha de la Escuela se realizaron durante el primer período presidencial de don Arturo Alessandri Palma, en el que la situación económica y social del país estaba afectada por el cierre de las salitreras y la disminución de las ventas de cobre y carbón, lo que había generado una cesantía aproximadamente de cincuenta y cinco mil obreros.

Así, añaden, desde el origen de la profesionalización del trabajo social en Chile, las condiciones sociales, políticas y económicas fueron decisivas. Tanto en aquella época como en la actual, la sociedad demanda un tipo de profesional que sea capaz de intervenir en el medio social para diseñar y ejecutar las políticas públicas generadas desde el Estado para ir en ayuda de los actores más necesitados, lo que demostraría que el quehacer del asistente social no sólo interesa al sector público y a las organizaciones paraestatales que los requieren para el desarrollo de sus funciones, sino también a la propia sociedad civil.

Basados en el artículo 1º, inciso tercero, de la Constitución Política, los autores advierten que la formación de asistentes sociales idóneos, habida cuenta de su relevancia para la sociedad, es una cuestión de Estado que debe preocupar al Congreso Nacional.

En tal sentido, sostienen que los asistentes sociales del país han jugado importantes roles en el diseño de políticas y programas de origen público que han permitido progresos y una mejora sustantiva de la calidad de vida de millones de chilenos. De allí es que sea un deber para la sociedad en su conjunto reconocer su trabajo, dignificarlo y promover su desarrollo futuro.

Al concluir, señalan que la labor de los asistentes sociales chilenos ha quedado marcada en la historia social y política de la República, mediante acciones tales como: diseño de sistemas de beneficencia pública; desarrollo del servicio social como auxiliar de la administración de justicia; protección de menores; implementación de los primeros programas de viviendas sociales; terapia familiar; organización del movimiento poblacional y vecinal; asistencia social especializada para víctimas de la represión política; implementación de políticas y programas de promoción de la mujer y de combate a las discriminaciones de género, y administración de sistemas de seguridad social. Este aporte diario merece ser reconocido legislativamente, restituyendo la exclusividad universitaria de esta carrera.

Conforme a lo anteriormente consignado, los objetivos del proyecto son:

1) Reconocer la relevancia científica y el aporte del servicio social chileno al desarrollo del país, y la demanda que estos profesionales han hecho por intermedio del Colegio de Asistentes Sociales de Chile, en orden a restituir el estatus universitario de la carrera.

2) Modificar la LOCE, con la finalidad de agregar la carrera de trabajo o servicio social a su listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa para su otorgamiento.

Estructura del proyecto

Consta de dos artículos.

El primero, introduce, en tres numerales, diversas enmiendas en el artículo 52 de la LOCE.

Los dos primeros numerales efectúan modificaciones formales, y el tercero agrega el título de Trabajador Social, entre las carreras profesionales que requieren licenciatura previa (en la especie, licenciado en Trabajo Social).

El segundo artículo declara, para todos los efectos legales, que el título de Asistente Social otorgado por las universidades es equivalente al título de Trabajador Social.

- - - - - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Con motivo de la discusión de la idea de legislar en la materia, vuestra Comisión escuchó a representantes de entidades públicas y privadas a las que interesa la iniciativa.

En primer término expuso la Presidenta del Consejo Nacional de Asistentes Sociales, quien señaló que la iniciativa busca recuperar el rango universitario que tuvo la carrera de trabajo social en el país desde 1925, fecha de creación de la primera escuela universitaria de la especialidad. En consecuencia, dijo, no se trata de conferirle forzadamente estatus universitario a una carrera, sino meramente de restituirle una condición de la que tradicionalmente dispuso.

En tal sentido, informó que la aspiración en comentario, compartida por la generalidad de los profesionales chilenos que se desempeñan en esta área del saber, fue mayoritariamente respaldada por la Honorable Cámara de Diputados que le dio su aprobación mediante una alta votación.

En la actualidad existen más de ocho mil seiscientos trabajadores sociales que cumplen funciones profesionales dentro del mercado laboral, tanto en el sector público como en el privado. La actividad profesional de los asistentes y trabajadores sociales, afirmó, ha sido por décadas de gran significación para la sociedad chilena, en lo que atañe a la identificación de las causas de los problemas que afectan a la población y al diseño y desarrollo conceptual y metodológico de políticas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas y al apoyo de grupos humanos en situación de vulnerabilidad, así como en lo relativo a la adecuada ejecución de las mismas.

A juicio de la representante gremial de los trabajadores sociales, se trata de una disciplina cuyo estatuto científico ha sido reconocido internacionalmente. En su enseñanza convergen los aportes de diversas ciencias sociales, por lo que su malla curricular se estructura con un sentido integrador. Esto permite a los futuros profesionales del área contar con conocimientos amplios y sólidos de carácter teórico y práctico para acometer la compleja y cambiante realidad social. Es un elemento clave en el proceso formar en los estudiantes un acendrado espíritu de investigación y de evaluación, sin el cual se corre el riesgo de confundir una actividad eminentemente profesional y universitaria en una labor técnica sin mayor profundidad científica.

Luego de aludir brevemente a la historia del establecimiento en Chile de las escuelas de trabajo social con rango universitario, recordó que la intervención de estos profesionales fue determinante para la creación de numerosas leyes sociales y de diversas instituciones públicas dedicadas a satisfacer necesidades sociales en los ámbitos de la educación, la salud y la seguridad social.

Al finalizar su exposición, informó que próximamente se celebrará en Chile un congreso internacional de trabajadores sociales, que demuestra la importancia de nuestro país como creador y difusor de políticas sociales y de la relevancia, a nivel mundial, de los profesionales chilenos dedicados al tema. El anhelo de los trabajadores sociales es que, a esa fecha, esta carrera haya podido recuperar su estatus universitario.

A continuación intervino el Rector de INACAP, quien, al inicio de su exposición, advirtió que de los argumentos entregados por la representante gremial de los trabajadores sociales no se colige, necesariamente, el carácter exclusivamente universitario de esta carrera. Aún cuando el legislador optara por no reconocerle dicho estatus, sostuvo, las universidades igualmente podrían ofrecer esta carrera como licenciatura, lo que en los hechos ocurre hasta ahora. Quedaría a criterio del estudiante decidir en qué institución cursará sus estudios, si en un instituto profesional o en una universidad, dependiendo de la intención formativa que lo motive.

INACAP, agregó, se ha preocupado de estructurar una carrera profesional, y no sólamente técnica. La formación que se entrega a los alumnos es de primer nivel. No sería aceptable argüir que por la sola circunstancia de brindarse la carrera en un instituto profesional, y no en una universidad, la enseñanza será de inferior calidad, incompleta o insatisfactoria. No se justificaría, por ende, exigir que la carrera de trabajo social sea impartida por universidades, a menos que se pretenda que todos estos profesionales se desempeñen en el ámbito universitario, académico o de investigación.

El caso de la carrera de trabajo social, añadió, reviste especiales características, porque si bien se trata de una profesión que implica la realización de importantes funciones sociales, nada obsta a que sea ofrecida en un instituto profesional. No parece tener fundamento plausible establecer que la carrera quede circunscrita a las universidades. El grado académico, en lo que respecta a trabajo social, no sería inexcusable. La diferencia radica en que los institutos profesionales ofrecerán la carrera con una orientación proclive a la práctica profesional, esto es, a la praxis de la disciplina antes que a la investigación (opción esta última que escogerán las universidades).

Luego de ilustrar a la Comisión, mediante diversos cuadros estadísticos, acerca del impacto que tendría dentro del universo de estudiantes de trabajo social de los institutos profesionales que se los privara legislativamente de la posibilidad de ofrecer la carrera, el Rector de INACAP afirmó que su planteamiento no persigue empobrecer sus posibilidades académicas, sino que defender el derecho de los estudiantes a elegir en qué tipo de institución educacional cursarla.

Concluyó su intervención indicando que el proyecto vulneraría los numerales 2º y 21º del artículo 19 de la Carta Fundamental, en la medida en que implica un trato desigual entre los trabajadores sociales titulados en institutos profesionales y los egresados de universidades, y afectaría a aquéllos en su derecho a desarrollar esta actividad económica. Además, marginaría a los institutos de su derecho a otorgar este título profesional, lo que sentaría un precedente riesgoso, dado que nada impediría que en lo sucesivo los profesionales universitarios de otras carreras que hoy imparten los institutos profesionales aboguen por la exclusividad universitaria de las mismas.

El Director de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en defensa del carácter universitario de la carrera, sostuvo que el desarrollo de las ciencias sociales muestra que, al interior de esta área del conocimiento, las diversas disciplinas que lo componen han alcanzado independencia conceptual, lo que las sitúa en ámbitos epistemológicos, metodológicos y prácticos claramente diferenciados. Lo anterior es particularmente significativo para el trabajo social, pues lo inviste de sólidos fundamentos disciplinarios y científicos y le permite actuar de manera autónoma en relación a otros campos del saber.

No obstante, dijo, abogar por el estatus universitario de la carrera de trabajo social supone responder adecuadamente a los nuevos desafíos que las ciencias sociales en su conjunto deben acometer, y que se encaminan decididamente hacia una actividad cognoscitiva interdisciplinaria, esto es, al diálogo permanente con otras ciencias afines, lo cual sólo puede darse en la medida en que la disciplina sea impartida en las universidades y tenga una fuerte vocación por la investigación. Esta labor científica mancomunada contribuye a mejorar la calidad de la intervención de los profesionales en sus áreas específicas de desempeño.

Luego de coincidir con los planteamientos de la Presidenta de esta Orden Gremial, reiteró que la carrera de trabajo social tiene una innegable dimensión política, pues se encuentra estrechamente relacionada con el desarrollo de la sociedad. En este sentido, los profesionales del trabajo social cumplen, a su juicio, un rol de apoyo insustituible en el diseño y ejecución de políticas públicas destinadas al mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas. Dado lo delicado de esta clase de intervención, para asegurar la formación de los futuros profesionales del trabajo social en principios y valores sólidos de responsabilidad y ética profesional, se justificaría que la carrera recupere su estatus universitario.

Los representantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, identificaron cinco etapas de desarrollo histórico en la formación universitaria de trabajo social en el país, a saber: de la beneficencia a la profesionalización (1925-1960); del asistencialismo a la promoción (1960-1973); trabajo social y gobierno militar (1973-1990); continuidad y cambios en busca de síntesis (1990-2000), y de la tradición profesional a la transformación de la profesión (2000 en adelante).

En la primera etapa, los principales aportes profesionales apuntan al desarrollo de un repertorio especializado en la atención del caso social y el trabajo con grupos, en un marco de optimización de los recursos públicos y privados destinados a la beneficencia y asistencialidad. En esta época el currículo tiende a preparar profesionales que actúen en el campo médico social y en organismos públicos de asistencia y seguridad social.

En la segunda, la profesión inicia una profunda autocrítica, en búsqueda de una revisión de su quehacer profesional. Como resultado, la formación profesional se fortalece con la incorporación de asignaturas propias de las ciencias sociales, la planificación y la investigación social. En este período destacan las experiencias de asociatividad vecinal, habitacional, rural e industrial.

En la tercera, se produce una revisión y rediseño de los currículos, los objetivos y las metodologías profesionales. El campo profesional sufre una fuerte contracción. En esta etapa el trabajo social pierde su rango universitario.

En la cuarta, las preocupaciones fundamentales de los profesionales del trabajo social se enfocan hacia la superación de la pobreza, el desarrollo económico con justicia social y la integración disciplinaria.

En la quinta, la formación de pregrado se caracteriza por la existencia de modelos de competencias insertos en procesos de innovación curricular, autoevaluación y acreditación y el creciente reconocimiento de las inestables condiciones laborales. En este contexto, la movilidad nacional e internacional en la formación y ejercicio profesional es una demanda creciente. Destaca la propuesta de titulación en grado de licenciatura universitaria para la Comunidad Europea, así como elevados niveles de desarrollo disciplinario en Estados Unidos y Canadá.

Los expositores indicaron que las competencias derivadas del núcleo histórico de formación universitaria de trabajo social, son confrontadas con las nuevas competencias que demanda un escenario profesional impactado por las transformaciones estructurales que experimenta la sociedad contemporánea.

Concluyeron señalando que restituir el carácter universitario del trabajo social no constituye una medida discriminatoria, sino que sería una oportunidad histórica para el avance disciplinario de la carrera.

Al hacer uso de la palabra, la Subdirectora de Investigaciones y Postgrado de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó que la tendencia contemporánea en la formación del profesional del Trabajo Social pretende articular una lógica distinta, esto es, una intervención social que se funda en mecanismos complejos de comprensión y en el fomento de la investigación social. Ello debe conducir a un título de Trabajador Social sustentado en los grados de licenciatura, maestría y doctorado.

La propuesta de rango universitario se basa en que para hablar de calidad es necesario considerar un sustrato de diferenciación de los modos de enseñanza. El proyecto, explicó, responde al concepto de “educación continua”, pero no desprecia la posibilidad de cooperación entre institutos profesionales y universidades. En otras palabras, dijo, busca esencialmente perfeccionar la LOCE, enriqueciendo el sistema educativo en su conjunto desde el momento en que ofrece mayores alternativas de respuestas a los desafíos de la agenda social del país.

En lo que atañe al carácter científico del trabajo social, sostuvo que el horizonte de desarrollo de un saber depende, en esencia, del despliegue de conocimientos y discusiones sostenidas por la comunidad científica y que repercute en ritmos diferenciados en las dimensiones culturales de su reconocimiento público. Hoy, adujo, toda intervención social responde a la comprensión de la compleja realidad social. Así, no habría intervención efectiva sin la búsqueda rigurosa de un universo explicativo que la configure.

Más adelante, señaló que si se analizan los ejes educativos contemporáneos del trabajo social es posible identificar una tendencia sostenida y acelerada en los últimos veinte años, a saber, su crecimiento disciplinario. Se prioriza un nivel de formación general fundado en criterios y en una lógica que entiende que no existe una buena intervención social sin una profunda interpretación y comprensión del fenómeno y sus causas. Este eje de formación, que comienza con el grado de licenciatura en 1944 y el primer doctorado en trabajo social en 1952, se traduce en la actualidad en más de trescientas maestrías y ciento cinco doctorados en la especialidad a nivel mundial. El desarrollo de estos postgrados, afirmó, se relaciona con una fuerte profundización en investigación, que depende, a su vez, de actualizaciones conceptuales y epistemológicas, así como de la renovación de las formas de análisis crítico y del compromiso con la ética en el ámbito social.

En un contexto globalizado, dijo, caracterizado por acelerados cambios sociales y económicos, las ciencias sociales en su conjunto, y el trabajo social en particular, se ven impelidos a renovar y revisar sus saberes para entregar los conocimientos adecuados a sus estudiantes. Las configuraciones de lo social suponen un desafío de indagación que involucra, al menos, los requisitos de historicidad, superación de los sistemas binarios de interpretación y nuevas formas de interpretación de lo social. La sociedad reclama ser descifrada, tarea fundamental en la formación disciplinaria de los trabajadores sociales. Lo anterior, considerando que el trabajo social posee experiencia en la generación de las condiciones sociales del diálogo y de sus múltiples vías de ejercicio, con vistas a una gestión social responsable, compartida y exitosa.

Finalizó su exposición indicando que, en el marco de su planteamiento, los institutos profesionales dictarían la carrera de Servicio Social, conducente al título profesional de Asistente Social. Por su parte, las universidades ofrecerían el título profesional de Trabajador Social, previa licenciatura en trabajo social, con un fuerte acento en la investigación. Adicionalmente, propondrían estudios de postgrado.

Por último, intervino la Directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien reiteró los argumentos de los restantes representantes universitarios y agregó que la recuperación del rango o estatus universitario de la carrera de Trabajo Social constituye un proyecto disciplinario, académico, económico, social y cultural, que se expresaría:

En América Latina, en las iniciativas de acreditación del MERCOSUR mediante la búsqueda de propuestas curriculares universitarias comunes, intercambio de docentes y estudiantes e investigaciones conjuntas. Se añade el efecto en la materia del TLC con México.

En Europa, por medio del convenio suscrito entre Chile y la Unión Europea, que incluye ciencia y tecnología y aspectos de desarrollo social.

En países anglosajones, la movilidad de profesionales chilenos y su desempeño en esas naciones, especialmente en Estados Unidos.

Lo anterior, dijo, exige una carrera de trabajo social rigurosa, científica, económicamente viable, éticamente coherente con los requerimientos sociales y con capacidad intercultural. Ello se consolida con el rango universitario.

A continuación hizo uso de la palabra el Honorable Senador señor Parra, quien señaló que era necesario reformular la ley orgánica constitucional de enseñanza, pero que no existían iniciativas al respecto. En cuando al proyecto en discusión, hizo presente que adolecía de dos grandes deficiencias: en primer lugar, no contemplaba una disposición transitoria que estableciera la situación en que quedan los actuales estudiantes de Trabajo Social de los Institutos Profesionales, ya que no podrían recibir el título ante la institución respectiva, porque ésta se encontraría inhibida de otorgarlo, y en segundo lugar, señaló que la homologación que hace el artículo 2º del proyecto es impropia, porque no se conocen los programas de las distintas instituciones o universidades que están impartiendo la carrera de Asistente Social o de Trabajador Social.

Agregó que el grado de licenciado tiene gran importancia en nuestra sociedad contemporánea, ya que vivimos en una sociedad donde la educación es proactiva y cada vez con más frecuencia el simple título profesional no permite el desarrollo de las personas, así se precisa alcanzar un grado académico especializado en el área científica superior para poder optar a otros grados académicos superiores, como master o doctorado.

Señaló que en el caso de la carrera de Trabajo Social, ésta debía ser concebida como una expresión del área del desarrollo científico social que está al mismo nivel que la Sociología, a la cual se le otorga el grado de licenciado.

- Sometida a votación la idea de legislar en la materia fue objeto de un doble empate. Se pronunciaron a favor de la idea de legislar los Honorables Senadores señores Moreno y Parra y en contra, los Honorables Senadores señores Arancibia y Vega.

En conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, a fin de dirimir el doble empate, se sometió a votación la idea de legislar sobre la materia al inicio de la siguiente sesión de la Comisión, aprobándose la idea de legislar con tres votos a favor y dos en contra. Votaron a favor los Honorables Senadores señores Flores, Moreno y Parra y en contra, los Honorables Senadores señores Arancibia y Vega.

- - - - - -

En mérito de lo anterior, vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología os propone aprobar en general el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, cuyo tenor es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza:

1.- Reemplázase en la letra o) la expresión “, y” por un punto y coma (;).

2.- Reemplázase el punto final de la letra p) por la conjunción “y” precedida de una coma (,).

3.- Agrégase la siguiente letra q), nueva:

"q) Título de Trabajador Social: Licenciado en Trabajo Social.”.

Artículo 2º.- Declárase, para todos los efectos legales, que el título de Asistente Social otorgado por las universidades es equivalente al título de Trabajador Social a que se refiere la letra q) del artículo 52 de la ley Nº 18.962, incorporado por el artículo 1º de esta ley.”.

- - - - - -

Acordado en sesiones celebradas el día 4 de agosto de 2004 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Rafael Moreno Rojas (Presidente), Sergio Fernández Fernández, Roberto Muñoz Barra, Mariano Ruiz-Esquide Jara y Ramón Vega Hidalgo, y los días 4 y 6 de abril de 2005, con asistencia de los Honorables Senadores señores Rafael Moreno Rojas (Presidente), Jorge Arancibia Reyes, Roberto Muñoz Barra (Fernando Flores Labra), Augusto Parra Muñoz y Ramón Vega Hidalgo.

Sala de la Comisión, a 11 de abril de 2005.

María Isabel Damilano Padilla

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.962, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, RESTABLECIENDO LA EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA DEL TRABAJO SOCIAL. (Boletín Nº 2.792-04).

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Los siguientes:

1) Reconocer la relevancia científica y el aporte del servicio social chileno al desarrollo del país, y la demanda que estos profesionales han hecho por intermedio del Colegio de Asistentes Sociales de Chile A.G., en orden a restituir el estatus universitario de la carrera.

2) Modificar la LOCE, con la finalidad de agregar la carrera de trabajo o servicio social a su listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa para su otorgamiento.

II. ACUERDOS: Aprobado en general (3x2).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de dos artículos.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: El proyecto debe ser aprobado con el quórum requerido para las normas orgánico constitucionales, en cuanto modifican la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nº 18.962.

V. URGENCIA: No tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Moción de los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D’Albora y señores Guillermo Ceroni Fuentes, Carlos Jarpa Wevar, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Montes Cisternas y Rosauro Martínez Labbé, y ex Diputados señora Fanny Pollarolo Villa y señores Gutenberg Martínez Ocamica y Luis Monge Sánchez.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 15 de octubre de 2003.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Las siguientes:

a) El artículo 19, Numerales 10º, 11º y 16º, inciso cuarto, de la Constitución Política.

b) La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nº 18.962.

c) El decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Educación, de 1981, que fija normas sobre universidades.

Valparaíso, a 11 de abril de 2005.

María Isabel Damilano Padilla

Secretario

2.2. Discusión en Sala

Fecha 17 de mayo, 2005. Diario de Sesión en Sesión 52. Legislatura 352. Discusión General. Se aprueba en general.

RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA PARA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.862, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para restablecer la exclusividad universitaria de la carrera de trabajo social.

--(Manifestaciones en las tribunas).

El señor ROMERO (Presidente).-

Como al parecer los asistentes a las tribunas son novatos, debo advertirles que en el Senado no se permite ningún tipo de manifestaciones. El Reglamento me otorga facultades casi imperativas para desalojar a quienes se encuentran ellas en estos casos.

Como no me gustaría hacerlo -muy por el contrario: quiero que escuchen atentamente el debate-, les solicito que guarden silencio.

Muchas gracias.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2792-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 4ª, en 15 de octubre de 2003.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 43ª, en 12 de abril de 2005.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

El proyecto cuenta con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Sus objetivos principales son:

-Reconocer la relevancia científica y el aporte del servicio social chileno al desarrollo del país.

-Modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, con la finalidad de agregar la carrera de Trabajo Social o de Servicio Social al listado de títulos profesionales que requieren el grado de licenciatura previamente a su otorgamiento.

La Comisión discutió la iniciativa solamente en general, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.

Luego de escuchar a los representantes de diversas entidades educacionales públicas y privadas interesadas en la materia, se sometió a votación la idea de legislar, produciéndose un doble empate. Se pronunciaron a favor los Honorables señores Moreno y Parra, y en contra, los Senadores señores Arancibia y Vega.

Dicho empate se dirimió con la aprobación en general de la iniciativa por tres votos a favor (Honorables señores Flores, Moreno y Parra ) y dos en contra (Senadores señores Arancibia y Vega).

El texto que la Comisión propone aprobar en general se transcribe en el informe.

Finalmente, cabe señalar que la iniciativa reviste el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que su aprobación requiere el voto favorable de 27 señores Senadores.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Honorable señor Moreno.

El señor MORENO .-

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación , Cultura, Ciencia y Tecnología debo informar a la Sala respecto de esta moción iniciada en la Cámara de Diputados en 2001, hace casi cuatro años. Fue aprobada después de un extenso debate, durante el cual surgieron elementos que van más allá de la consideración misma de la profesión de asistente social o de trabajador social.

Asimismo, se busca un ordenamiento y reconocimiento de una de las actividades cuyo desempeño tiene un efecto concreto en la vida de millones de personas.

Todos estamos conscientes de que los sectores más vulnerables, incluso de clase media, en muchas circunstancias de su vida deben recurrir a informes de asistentes sociales, documentos que deben prepararse con competencia profesional, con ecuanimidad y también con sentido de servicio propio de la profesión.

A raíz del proceso de expansión del sistema de educación superior -que cuenta con más de 260 universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales- hoy se entregan numerosos títulos. El Senado debe saber que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha terminado de estudiar otro proyecto que, de algún modo, se relaciona con el que ahora discutimos y que se refiere al aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y cuando se constata que en Chile se otorgan 5 mil 700 títulos en más de 260 planteles de educación superior, muchos de los cuales no acreditan sus carreras ni la calidad con que las imparten y sus egresados trabajan en áreas sensibles de la sociedad, surge ineludiblemente la siguiente pregunta: ¿en qué rol y en qué función se desempeñarán esas actividades?

La carrera de Asistente Social tiene más de ochenta años de existencia con rango universitario, no como actividad auxiliar de un municipio, de un ministerio o de una empresa determinada. A lo largo de nuestra historia estos profesionales se han caracterizado -y todos los señores Senadores son conscientes de ello- por ejercer sus funciones con seriedad y responsabilidad.

Aún más, muchas escuelas de trabajo social o de servicio social de América Latina han sido formadas por profesionales chilenas, quienes han participado en su puesta en marcha mediante contratos o por convenios con el Gobierno o con organismos internacionales. Ello acredita la solidez con que la profesión ha nacido.

Pues bien, cuando surge la aspiración de mucha gente por ingresar a la educación superior y no se está en condiciones de hacerlo en universidades, aparece la oferta de institutos profesionales o de centros de formación técnica que, buscando satisfacer ese anhelo, empiezan a preparar profesionales análogos, con la misma nomenclatura, con la misma definición, pero con estructuras de formación distintas. Y de ahí viene la presión, que en un momento dado se vio en las votaciones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, donde algunos dijeron: "Miren, si hay institutos -como INACAP, concretamente- que forman asistentes sociales, ¿por qué vamos a cercenar la posibilidad de que se acceda a una formación universitaria o a la obtención de un título universitario?".

Pues bien, ese argumento complicó el debate en diversos lugares, porque muchos no querían cercenar fuentes de trabajo, si bien se amagaba la posibilidad de una formación sólida y reconocida mediante el título universitario de asistente social, nomenclatura que ahora se propone denominar "trabajador social".

Sin embargo, las pruebas vinieron solas, porque fue el propio INACAP el que el año pasado, dándose cuenta de la necesidad de impartir una formación más universitaria, celebró un convenio con la Universidad Finis Terrae, que tiene autonomía, con el objeto de que quienes completaran cuatro años, tres o tres años y medio en el INACAP, pudieran acceder al título universitario. Y en 2004 se entregó el título a 24 profesionales egresados del INACAP que siguieron ese procedimiento. Además, se buscó regularizar la situación de 240 personas que también se habían atenido a dicho esquema de estudio.

¡A confesión de parte, relevo de prueba!

Obviamente, se trata de una profesión universitaria. Si los títulos entregados por institutos de formación técnica o por institutos profesionales no tenían esa característica, entonces aquí se la reconocía de manera evidente.

Por lo tanto, señor Presidente , creo que no sólo es de justicia, sino que también de transparencia, reconocer que la profesión de trabajador social es de nivel universitario y requiere preparación sólida, prolongada y permanente. Las funciones de quienes la desempeñan comprende el manejo de gran parte de la política de subsidios, responsabilidad ética propia del informe que emiten. ¿Hoy día cuántas personas piden que se les realice la famosa encuesta CASEN? De lo que haga el trabajador social dependerá si acceden o no a los beneficios de los subsidios. Parte de la calidad de vida de aquéllas queda sometida a una firma, sin la posibilidad de recurso ulterior. ¿Por qué? Porque está respaldada por una formación profesional.

Como Presidente de la Comisión de Educación, quiero aclarar que este tema, que puede ser debatible, no está directamente vinculado al proyecto sobre acreditación. ¡No está vinculado! Y si alguien dice: "No quiero aprobar el proyecto en discusión, porque estoy a la espera de que se acoja la otra normativa", no es un argumento correcto.

Reitero a un sector del Senado -que, ejerciendo su derecho legítimo, ha dicho que no se encuentra disponible para dar su voto favorable a la moción porque sería negar la fuente de trabajo a quienes han pasado por institutos profesionales o por centros de formación técnica- el reconocimiento del INACAP vía firma de un convenio con la Universidad Finis Terrae, que prueba que la carrera de trabajador social es propia de una formación universitaria.

Por tales razones, solicito a la Sala que apruebe la iniciativa con el quórum constitucional exigido, para que dicha profesión readquiera la categoría que siempre tuvo en nuestro ordenamiento jurídico y educacional.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, el Senador señor Moreno , como Presidente de la Comisión de Educación , dio a conocer un criterio que me parece atendible en cuanto a la normativa en estudio, que se relaciona con la acreditación universitaria. Sin duda alguna, ése es tan sólo su punto de vista. Lo respetamos, pero no lo compartimos.

El tema es el siguiente.

El Senado está considerando dos caminos distintos para resolver acerca de los títulos de la educación superior y las capacidades de los profesionales que adquieren una responsabilidad social al recibirlos. Es cierto que hasta el momento en algunos casos se ha exagerado al otorgarlos sin las acreditaciones respectivas, es decir, sin las bases necesarias para entender que este proceso corresponde a los objetivos nacionales en materia de preparación y capacidad de nuestros profesionales.

Es cierto también que muchísimos organismos han creado más bien desilusión en los jóvenes que, al titularse, se encontraron con una sociedad ausente en cuanto a la responsabilidad que deseaban asumir mediante estudios superiores.

¡Todo eso es verdad! No hay duda de ello.

Es cierto, además, que existen instituciones que, a pesar de ser universidades, todavía no han alcanzado frente a la sociedad el peso académico necesario para entregar títulos universitarios. Y a su vez hay establecimientos de formación técnico-profesional que han alcanzado nivel universitario, incluso sin acreditarse, gracias a su tradición, a la gente que los administra, en fin.

En definitiva, la diversidad de ejemplos es muy grande.

El tema está radicado en una sola cosa: ¿cuán trascendente será la acreditación en la educación superior? Ése es el tema.

Quienes hemos participado en el estudio de esta normativa -a la que presentamos un conjunto de indicaciones- estamos convencidos de que la acreditación es indispensable.

Cabe destacar, señor Presidente , que hoy cerca de 5 mil jóvenes chilenos se hallan estudiando doctorados, maestrías, MBA, etcétera, en distintas universidades muy prestigiosas del mundo. Y ellos regresan al país con títulos donde, aparte de la firma, se agrega un informe sobre la institución donde los obtuvieron, lo que es muy importante para quienes contratan sus servicios o para quienes desarrollan actividades profesionales con ellos, porque da veracidad y fortaleza a su responsabilidad como profesionales.

Entonces, ¿cuál es lo trascendente en el futuro inmediato de Chile? Una sola cosa: la acreditación. ¡Eso es lo más importante! Y los profesionales egresados de institutos de educación superior o de universidades acreditadas, con todas las dificultades que ello significa, recibirán títulos con valor distinto de los emanados de planteles no acreditados.

Es cierto que esto responde a un criterio aceptado por todos los chilenos. Hay evidente unanimidad en el Congreso Nacional. También es evidente que se están abriendo las puertas a una nueva doctrina en materia de educación superior, a la cual todos hemos accedido y a la que queremos perfeccionar. A ello obedece el estudio profundo que lleva a cabo la Comisión de Educación. Y a pesar de que el Presidente de ésta sostiene que ahora no es el momento para unir dos proyectos, es imposible dejar de hacerlo. Porque las cosas de futuro siempre se unen y llevan a establecer una manera de actuar conforme a una política definitiva.

Antes de determinar nuestra votación, quisiéramos oír otros argumentos. La verdad de las cosas es que los planteados en la Comisión no nos convencieron. Sí nos convenció la acreditación. Creemos que ése es el camino que deben tomar los institutos de enseñanza superior o universidades para que quienes estén estudiando en ellos tengan la fortaleza suficiente y necesaria para poder actuar.

Señor Presidente , nosotros creemos que es indispensable estudiar primero este criterio. Porque si aceptamos, como política, la existencia de una ley especial que acredite para los trabajadores o trabajadoras sociales un título otorgado solamente por universidades y no agregamos la obligación de acreditación a estas últimas, la verdad es que no vamos a dar ningún paso fundamental. Entiendo que podría ser trascendente que dicho título sea conferido por universidades acreditadas; pero, si éstas no lo están, no habrá ningún avance decisivo.

El que el proyecto establezca una norma de ese tipo abre las puertas para nuevas iniciativas en el futuro. La diversidad de ingenieros que existe en Chile es enorme. Antes la Ingeniería Civil -Mecánica, Industrial, Química - no superaba las cinco o seis menciones. Hoy son cientos. Luego vendrán, entonces, los ingenieros solicitando una ley especial para que su título sólo lo tengan determinadas universidades. Y nosotros volveremos a discutir el tema de la acreditación y a analizar cuál va a ser la política de Chile en materia de educación superior.

En consecuencia, señor Presidente, proponemos concretamente estudiar a fondo el tema de la acreditación, porque de esa forma vamos a dar seguridad a quienes obtienen los títulos para ejercer la actividad profesionalmente.

He dicho.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , éste es un tema de gran relevancia para todas las trabajadoras o asistentes sociales del país.

La verdad es que, como señala el propio informe, Trabajo Social perdió su condición de carrera universitaria en 1981, lo que quedó definitivamente consagrado cuando se dictó la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, poco tiempo antes de que terminara el Régimen militar. Después de mucho tiempo, se viene a discutir aquí la posibilidad de que recupere su condición universitaria.

Creo que es muy importante manifestar dos cosas.

En primer lugar, como lo indica el informe, la historia del establecimiento de las escuelas de Trabajo Social se remonta a la época de don Arturo Alessandri , en su primera Magistratura, y llega hasta el día de hoy. Esta carrera, en sus inicios, era básicamente asistencial y estaba muy motivada por la crisis de la época, la del salitre. Después pasó a ser, crecientemente, una carrera perfectamente encuadrada dentro del ámbito de una licenciatura universitaria, que busca proporcionar el conocimiento interdisciplinario suficiente de los fenómenos sociales, de los procesos de cambio, y asumir, como señalaron varias de las personas que intervinieron en la Comisión, el compromiso de erradicar las causas de los problemas sociales.

En segundo término, como se lee en la moción, es muy impresionante ver la cantidad de responsabilidades que tienen los trabajadores sociales del país: en los sistemas de asistencia pública; en los procedimientos auxiliares de administración de justicia -los nuevos tribunales de familia tienen ahí un papel significativo-; en las nuevas técnicas de mediación; en la judicatura especializada de menores, que ahora se transforma en judicatura de familia; en la administración de los sistemas de protección de menores; en la implementación de los primeros programas de vivienda social en Chile; en la apertura de métodos innovadores en su tiempo, como fueron el desarrollo de la terapia familiar y la organización de movimientos poblacionales y vecinales; en el desarrollo municipal; en la implementación de las políticas públicas de Gobierno; en los programas de promoción de la mujer y de la infancia; en los combates contra cualquier forma de discriminación de género y, también, hacia los discapacitados; en todo el sistema de seguridad social. O sea, son múltiples las actividades estatales y de la sociedad, en el ámbito público y privado, en que estos profesionales se desempeñan, función que debe hacerse con gran responsabilidad, porque la intervención que ellos realizan incide directamente en la suerte de las personas, de los ciudadanos y, al final, de las acciones que el propio Estado o las empresas o el sector privado o los organismos no gubernamentales llevan a cabo.

Por todo ello, señor Presidente, quiero manifestar mi total acuerdo con el contenido del proyecto, como lo he hecho presente al Colegio de Asistentes Sociales de la Región del Biobío.

Sin embargo, subsiste la necesidad de resolver el problema, como muy bien señala en el informe el Senador señor Parra , respecto de los actuales estudiantes de Trabajo Social de institutos profesionales. Y por eso se pide a la Sala la aprobación en general. Obviamente hay que introducir una indicación para que las personas que hoy se están formando en dichas instituciones puedan terminar su carrera y no se vean perjudicadas por esta disposición.

Pero, cuando esta normativa entre en vigencia, la carrera de Trabajo Social tendrá el rango universitario que le corresponde, que tuvo en el pasado y que nunca debió perder.

He dicho.

--(Aplausos en tribunas).

El señor ROMERO (Presidente).-

Hago presente a quienes se encuentran en las tribunas que debo aplicar el Reglamento. Si no, me lo van a exigir mis colegas. En consecuencia, les solicito que no efectúen manifestaciones, pues, de haberlas, desgraciadamente tendré que disponer su desalojo.

Ésta es la segunda advertencia. A la próxima, debo proceder. Por tanto, están en el límite.

Tiene la palabra el Honorable señor Parra.

El señor PARRA .-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero plantear una cuestión de la mayor trascendencia, atendido que la votación en la Comisión fue, como Sus Señorías ya han escuchado, dividida. Me refiero a la naturaleza de las normas que ahora estamos llamados a aprobar o a rechazar.

En el informe se hace constar que se trata de disposiciones de carácter orgánico constitucional. Soy miembro de la Comisión y, tal vez por estar ausente en el momento en que se dejó esa constancia, no tuve oportunidad de observar que se trata de una afirmación equivocada. Éstas son normas de ley ordinaria. En consecuencia, no requieren quórum especial para su aprobación. Y pido que la Mesa, antes de que se inicie la votación, se pronuncie sobre este particular.

Las razones por las que hago esta afirmación son dos.

La primera se encuentra en la última parte del inciso cuarto del Nº 16º del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Dicho precepto dispone lo siguiente: "La ley [y se refiere claramente a una ley común] determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.".

Por su parte, el inciso quinto del Nº 11º del mismo artículo 19 establece la existencia de una ley orgánica constitucional de enseñanza, pero circunscribe el contenido de dicho cuerpo legal a los requisitos necesarios para el reconocimiento y funcionamiento de los establecimientos educacionales de todo nivel.

Entonces, esta norma, que determina la exigencia de estudios universitarios para acceder al título de trabajador o asistente social, es claramente una disposición de ley común y no puede ser votada con quórum de ley orgánica constitucional.

En segundo lugar, debo señalar que me pronuncié a favor de la idea de legislar en la Comisión y también voy a concurrir con mi voto favorable esta tarde en la Sala.

Sin embargo, creo que se requiere un esfuerzo de otra naturaleza y mucho más significativo que el que estamos realizando para resolver los problemas de la educación superior.

No es la primera vez que el Congreso Nacional tiene que pronunciarse sobre una materia como ésta. Desde 1990 lo ha hecho, por ejemplo, respecto de las pedagogías y de las carreras de educación, y también en relación con los comunicadores sociales y el periodismo, incorporándolos a la nómina que taxativamente establece el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Asimismo, se encuentra en tabla en este momento una iniciativa relacionada con el título de matrón y, en la Cuenta de una de las sesiones de la semana pasada, se informó de un proyecto, iniciado en moción de diversos señores Senadores, donde se pide que todas las carreras del área de la salud tengan el carácter de universitarias, incluidas algunas tecnologías conducentes a títulos de tecnólogos en distintas áreas de apoyo, que son tremendamente importantes para el ejercicio de la medicina.

Lo que el país requiere es una nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. La que está en vigencia, publicada el 10 de marzo de 1990, ha sido ampliamente superada por los hechos y tiene metida a la educación superior chilena en una camisa de fuerza, en una estructura extraordinariamente rígida, en una arquitectura -como algunos han dicho- de tres pisos, donde no existen escaleras adecuadas de comunicación.

No es posible que, con modificaciones como las que se están incorporando, estemos sistemáticamente reduciendo el campo de desarrollo de uno de los niveles contemplados en dicha arquitectura: el de los institutos profesionales. Hay que tomar una decisión sobre el particular para determinar si están o no están justificados.

Se deben trazar las fronteras divisorias entre los distintos establecimientos de educación superior de manera más adecuada y nítida. La experiencia chilena sobre la materia no es buena. Y, en este momento -y también en el futuro inmediato-, ello genera serios problemas en el desarrollo de ese nivel educativo.

En tercer término, señor Presidente , lo que el proyecto hace es incorporar el título de Trabajador Social en la lista del artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Pero, ¿a qué se refiere dicho precepto? A las carreras, cuyo título profesional requiere en forma previa la entrega de una licenciatura, la cual, conforme a la ley, es un grado académico, como lo son el de bachiller, el de magíster y el de doctor. Y, en tanto grado académico, constituye naturalmente un prerrequisito para desarrollar estudios de posgrado de nivel superior, como son, específicamente, el magíster y el doctorado.

En consecuencia, se trata de que los estudiantes de Trabajo Social obtengan la licenciatura y, una vez alcanzada ésta, puedan acceder al título profesional correspondiente.

En cuarto lugar, el caso sobre el cual tenemos que pronunciarnos está absolutamente justificado.

No sólo hay una tradición histórica; no sólo hay un campo de investigación y de desarrollo profesional -al que muy bien se refirió el Honorable señor Viera-Gallo en su intervención-, sino que las universidades que imparten estas carreras en el país también se orientan al ámbito del desarrollo de las ciencias sociales. No son pocas las que contemplan estudios generales en esta materia conducentes al grado de bachiller. Desde luego, se ha extendido vigorosamente el posgrado en todo el campo de las ciencias sociales, resucitadas a partir de 1990 en Chile, pues en el período inmediatamente precedente muchas facultades debieron cerrar sus puertas o se vieron forzadas a descontinuar su trabajo.

Hoy los trabajadores sociales están accediendo a estos programas de posgrado, no obstante no poseer la licenciatura, salvo que, en el ejercicio de su autonomía, la propia universidad la haya contemplado y la otorgue.

Pienso que está plenamente justificado dar el paso que se propone y habrá que valerse del plazo para formular indicaciones, a fin de corregir dos omisiones o defectos que hay en el proyecto.

En primer lugar, no me parece suficientemente clara la homologación que establece el artículo 2º entre títulos distintos, materia sobre la cual la Comisión no tuvo suficientes antecedentes. Y, en segundo término, como ha ocurrido en los casos que antes referí y que han sido objeto de disposiciones similares a las que ahora debemos aprobar, debe resolverse la situación de los actuales estudiantes de institutos profesionales, los que, con buena fe y en el marco de la ley, se han matriculado para cursar dichos estudios.

Por las consideraciones expuestas, votaré a favor de la iniciativa.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Señor Senador, antes de proceder a votar, la Mesa se pronunciará sobre el quórum requerido.

Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA .-

Señor Presidente , quiero dejar en claro mi reconocimiento a la labor trascendente que realizan los asistentes sociales; más aún, con el tremendo desarrollo que ha tenido esta actividad en todos los ámbitos del quehacer nacional. Sin embargo, con la misma intensidad, debo hacer presente que la dignidad que se pretende reconocer, otorgando un título universitario, no apunta al fondo del asunto.

Digo lo anterior porque, en todos los antecedentes que logramos allegar y en las reuniones que sostuvimos, no se planteó la carencia del reconocimiento de la licenciatura como causa de un mal desempeño de los profesionales de esta área, formados durante los últimos veinte años y algo. Por el contrario, las organizaciones que los han empleado están plenamente satisfechas. Éste es un punto fundamental: la capacitación técnica que tales funcionarios han otorgado al servicio público está fuera de discusión.

Admitimos que puede existir, en parte de quienes operan en este sector, el legítimo derecho -o la aspiración de recuperación histórica o de otro tipo- a obtener la licenciatura en Trabajo Social, como se define en el proyecto. Encuentro que es legítimo. Pero yo estoy yendo a la necesidad de que la sociedad se pronuncie frente a estos temas.

En ese sentido -y lo digo con todo respeto- percibo una confusión.

Por una parte, está el título profesional que se otorga a un estudiante después de haber cursado una malla curricular. Después de revisar los programas de estudio de las actuales carreras de Asistencia Social, puedo decir que son extraordinariamente completos, con objetivos muy eficientes y claramente definidos.

No estamos hablando, entonces, de la malla curricular, sino de la aspiración legítima de alguien que desea obtener la licenciatura para seguir los procedimientos que han planteado los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.

Quiero ser enfático al decir que debe distinguirse entre dos cosas: una es el título profesional, que es lo que estamos discutiendo, y otra, el grado académico de licenciado, de magíster o de doctorado que se puede obtener. Y lo uno no niega lo otro.

Si una persona que obtuvo título profesional en la forma acostumbrada hasta este momento y que se ha desempeñado satisfactoriamente por determinado número de años quisiera postular a una licenciatura, a un magíster o a un doctorado en cualquiera de las disciplinas afines a ese título, no le está negado hacerlo; pero ahora, por ley, le estaríamos tratando de confundir tal posibilidad.

Eso lo quiero dejar bien en claro, y es lo que me conduce a adoptar una posición contraria. Porque no estamos mejorando un servicio, sino avanzando en una idea legítima de recuperación histórica -por así decirlo- de algo que en un momento existió, pero que no guarda relación con los servicios que estos distinguidos profesionales prestan al sistema.

El señor GAZMURI (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Boeninger.

El señor BOENINGER.-

Señor Presidente, creo que en esta materia hay un punto esencial.

En relación con la actual profesión de asistente social -que de acuerdo con el proyecto se convierte en la de trabajador social, ligada a las licenciaturas de igual nombre-, pienso que lo fundamental es que se trata de una actividad extremadamente necesaria, dados los desafíos y problemas que enfrentan tanto el desarrollo social del país como la convivencia a nivel familiar. En todos estos frentes se necesita un número muy amplio de profesionales del más alto nivel.

Por ello, me congratulo realmente de que se esté tomando acá la decisión de devolver a esta profesión la categoría de universitaria. Entre paréntesis, me parece que está ligada a las licenciaturas -y en esto discrepo de lo que acaba de decir el Senador señor Arancibia -, que involucran exigencias de calidad unidas a la entrega del título correspondiente.

En seguida, quiero señalar que me alegró mucho lo dicho por el Honorable señor Moreno en su primera intervención de la tarde, y que ha sido corroborado por otros señores Senadores, en el sentido de que se ha abierto una puerta. Y dio el ejemplo de un convenio celebrado el año pasado, que permite a quienes siguieron la carrera de asistente social en institutos profesionales continuar y terminar sus estudios en una universidad, y titularse. Porque, de no abrirse esa puerta de par en par y de no haberse mantenido esa legítima aspiración y la necesidad de dar rango universitario a la carrera de asistente social, el propósito habría sonado a reivindicación corporativa, legítima, por cierto, pero reivindicación al fin. Y creo que la forma de resolverlo es exactamente mediante este conducto.

Para que todo esto sea una solución real, el punto esencial es la acreditación, tanto de las carreras que impartan los institutos profesionales en este terreno como la de trabajador social de rango universitario a que nos estamos refiriendo. Porque la acreditación es lo que nos va a permitir generar profesionales de alto nivel para tan delicada y fundamental función social, la cual debe desempeñarse con la calidad requerida, evitando que, por mejorar la carrera, simplemente se descuide la excelencia en la instrucción de las personas que la sigan.

En consecuencia, la acreditación en estos dos niveles -instituto profesional y universidad- resulta absolutamente esencial.

A propósito de lo que señaló el Senador señor Parra , quiero agregar que no es necesario elevar cualquier formación tecnológica -sea en equipos médicos o en otro ámbito- a categoría universitaria.

Como Sus Señorías saben, por haber sido rector de universidad, pude percatarme de que la presión por elevar a rango universitario cualquier formación intermedia era interminable, porque obviamente llevaba aparejados diversos beneficios sociales; pero ahora no se trata de eso, sino de que realmente haya profesionales de alto nivel en las áreas que los requieren.

Por lo tanto, para mí no debe constituir un precedente el hecho de que, al aprobarse este proyecto -espero que así sea-, cualquier otra carrera intermedia de tipo tecnológico que se imparta en institutos profesionales o en centros de formación técnica pase súbitamente, por disposición de la ley, a adquirir carácter universitario. Considero pertinente analizar cada caso en su mérito.

Concuerdo con el Honorable señor Parra en que es indispensable mantener los incentivos a la formación tecnológica después de la enseñanza media, y que no necesariamente todos los que egresen de ella deban pasar a ser profesionales universitarios, sin perjuicio de reconocer que siempre es bueno, conveniente y necesario mantener las puertas abiertas para que completen el escalón -muchas veces no lo logran, por insuficiencia de medios materiales- y tengan la posibilidad de continuar sus estudios en un nivel superior.

En síntesis, quiero manifestar mi acuerdo con el proyecto. En la discusión particular -esto también tiene que ver con una de las observaciones del Senador señor Parra - habrá que precisar lo relativo a la declaración de equivalencia del título de asistente social a que se refiere el artículo 2º, para que, de alguna manera, podamos incluir el tema de la calidad en relación con la acreditación y con este paso de reconocimiento a lo ocurrido en el pasado.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , en primer término quiero destacar que, en materia de estudios y desarrollo del trabajo social, Chile es pionero en Latinoamérica. El doctor Alejandro del Río, eximio salubrista, después de sus estudios y trabajos en Inglaterra, en 1925, llega a reconocer la importancia de los trabajadores y trabajadoras sociales para resolver las condiciones por las que se producen enfermedades sociales. Y fue así que, al regresar al país, se creó la carrera universitaria de asistente social, que irradia al resto de Latinoamérica en forma pionera.

Esa actividad se vio cambiada profundamente. En 1981, con la dictación del decreto con fuerza de ley Nº 1, se generan los tipos de enseñanza superior: los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las universidades. Y dentro de los institutos profesionales se empieza a impartir sistemáticamente la carrera de asistente social.

En marzo de 1990 -antes de que reiniciara sus actividades el Congreso Nacional-, mediante la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, se quitó la obligatoriedad de que tal carrera tuviera rango universitario.

Las diferencias entre quienes estudian en un instituto profesional y los que lo hacen en una universidad son evidentes. No lo digo en forma discriminatoria en cuanto a valores, pues éstos son distintos por la modalidad de la enseñanza en cada una de estas instituciones. Me ha tocado trabajar largamente con profesionales de los dos sectores. Pero en la universidad -que también tiene la malla curricular que se entrega en los institutos-, hay exigencias previas: la Prueba de Aptitud Académica, que pasó a ser Prueba de Selección Universitaria; la necesidad de una tesis o de una memoria; hacer disciplina científica; relacionarse con otras ciencias sociales y con el desarrollo del área que se estudia en otras partes del mundo. Esto es algo que no podemos desconocer.

Por otro lado, la realidad chilena, a la luz de los indicadores de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es que las inequidades han aumentado en forma alarmante y escandalosa, como señaló la última Conferencia Episcopal. Las diferencias existentes en tales indicadores determinan que en Chile haya comunas que están al nivel de Canadá, Estados Unidos y países europeos, y otras que se encuentran a la altura -lo digo con todo respeto- de los países africanos. Esas inequidades entre comunas ocurren en el interior de las ciudades y a veces dan lugar, por causa de planes sociales de vivienda mal llevados, a la generación de verdaderos guetos, como lo ha reconocido recientemente la propia autoridad.

Ésa es la realidad que debemos enfrentar. Y, desde luego, la manera de realizarlo con profesionales provenientes de una universidad o con otros de un instituto profesional es absolutamente distinta.

La necesidad de focalizar, investigar y evaluar en forma permanente los problemas de la población hace imprescindible el reconocimiento de que la carrera de trabajo o servicio social precisa del grado académico de licenciado.

La cuestión radica en cómo hacer también justicia a todas las personas -más de 6 mil- que han estudiado en institutos profesionales por distintas razones: algunas, por no haber alcanzado un puntaje acorde con la exigencia universitaria; y otras, por residir en lugares donde no tuvieron la opción de acceder a una universidad.

Ésa es la situación que se palpa en diversas partes de Chile, especialmente a raíz de las inequidades que señalé.

Por otro lado, hemos revisado las mallas curriculares de los institutos profesionales y comprobamos que en algunos casos incluso superan a las de las universidades. Pero ello no es suficiente.

Por las razones expuestas, estimamos que se debe seguir la vía adoptada por algunos institutos, como el INACAP, que suscribió un convenio con la Universidad Finis Terrae y el 19 de enero comunicó por la prensa que este año sus alumnos empezarán a recibir título universitario después de cumplir con las exigencias para la licenciatura.

La idea es establecer por ley tal modalidad, de manera que tenga fuerza legal, pero que también se dé en los hechos.

Por eso, he elaborado una indicación para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

"Las universidades que ofrezcan el Título de Trabajador Social y el grado académico de licenciado en Trabajo Social, a los que se refiere la presente ley, deberán celebrar, con los respectivos institutos profesionales, acuerdos destinados a establecer procedimientos efectivos que permitan que los Asistentes Sociales titulados en estos últimos, puedan optar a completar los requisitos conducentes a obtener el grado académico y el título profesional mencionados.".

Estimo que de ese modo podemos hacer justicia a los dos sectores y posibilitar la entrega del título universitario que merece esta importante carrera.

En ese contexto, votaré a favor.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , pido una interrupción para hacer una consulta.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Señor Senador, la Honorable señora Matthei le solicita una interrupción.

El señor HORVATH.-

Se la concedo, con todo agrado.

El señor GAZMURI (Vicepresidente).-

Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , deseo formular una pregunta, porque, obviamente, a todos nos preocupan las personas que cursaron esa carrera en un instituto y cuya situación se complicaría mucho si se aprobara el proyecto.

Se propone obligar a las universidades a celebrar contratos. ¿Cuánto tiempo duraría el proceso? Porque si la convalidación se realizara en cinco años, entonces sería lo mismo que empezar de nuevo. Pero el asunto sería distinto si ella se efectuara en seis meses o a lo más un año. Por ese motivo, no me parece conveniente votar en esta ocasión sin saber qué va a pasar con toda esa gente. ¡Son 6 mil las personas que de buena fe cursaron una carrera que la ley permite impartir a los institutos profesionales a las que mediante esta iniciativa estaríamos perjudicando!

Entonces, quiero preguntar al Senador señor Horvath -le agradezco que gentilmente me cediera este espacio- cuánto tiempo demoraría la convalidación. Porque, como dije, podría durar como mínimo seis meses o significar cinco años. Un lapso de seis meses sería razonable, porque la carrera tiene cuatro años y medio en un instituto y cinco en la universidad. O sea, la diferencia sería sólo de un semestre.

Ésa es mi consulta.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Puede continuar el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Ante todo, hago presente que estamos en la discusión general del proyecto. Además, requerimos contar con muchos antecedentes para examinar la gran gama de institutos en los cuales se ha instaurado esta carrera profesional y en qué medida ella calza con las exigencias y características universitarias, como señalé antes.

Por lo tanto, propongo lo siguiente: aprobar la idea de legislar y en la Comisión de Educación, con motivo del segundo informe, analizar caso a caso, como debe ser, la realidad de los más de 6 mil profesionales referidos, más la de quienes actualmente estudian esta carrera en institutos profesionales, y luego dirimir lo atinente al plazo y la razonabilidad de la convalidación. Pero no podemos fijar un plazo por ley, pues se corre el riesgo de provocar también una terrible inequidad en cuanto a la exigencia universitaria para obtener el título.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente , han pasado quince años para que se ponga en discusión la posibilidad de restituir el estatus...

--(Manifestaciones en tribunas).

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

¡Silencio!

¡Solicito guardar silencio o me veré obligado a desalojarlos!

¡Voy a ordenar sacar de las tribunas a quienes están realizando manifestaciones!

Se suspende la sesión.

-------------

--Se suspendió a las 17:31.

--Se reanudó a las 17:32.

--------------

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Continúa la sesión.

Retoma el uso de la palabra el Senador señor Ávila.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente , creo que a todos los que hemos asistido a esta curiosa manifestación nos ha dejado perplejos el nivel de "desubicación" de algunos ejemplares de nuestra fauna social.

Hacía tiempo que no veíamos la imagen de don " Daniel López " en este Hemiciclo.

Pero como eso no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando -aun cuando no es difícil buscarle cierta conexión, como lo explicaré-, voy a proseguir, a los efectos de que rápidamente procedamos a la votación del proyecto.

No deja de ser un hecho simbólico el que precisamente en el último día del Gobierno que representaba el "personaje del afiche" se haya puesto término a la exclusividad universitaria de la carrera de asistente social.

Quizás pensaron que después de la obra que todos conocemos, a la luz de sus resultados, ya no era necesario el trabajo social en el país. Y por eso estos profesionales fueron víctimas, primero, de esa circunstancia inexplicable, y luego, de la lógica mercantilista que ha dominado, por desgracia, a la educación superior chilena.

Es así como en estos años ha proliferado un conjunto de ofertas destinadas a entregar una carrera formalmente similar a la que venía impartiendo una escuela universitaria por espacio de 65 años.

Entonces, ha llegado el momento de devolver un derecho y de reordenar una situación caracterizada por un conjunto de circunstancias que hacen que mucha gente sienta inseguridad respecto de su futuro y, al mismo tiempo, un temor constante de que sigan saliendo al mercado ofertas que compitan sin equivalencias académicas adecuadas para los escasos puestos de trabajo que hoy quedan disponibles para desempeñar dicha profesión.

Por lo tanto, señor Presidente , sin más dilación, deseo manifestar que aprobaré en general el proyecto y que espero verlo pronto convertido en ley.

He dicho.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, parto por señalar que mi voto y el del Senador señor Flores serán a favor de la iniciativa que nos ocupa.

Cabe recordar que mediante un decreto con fuerza de ley, de 1981, se terminó con la exclusividad universitaria de la carrera de asistente social. Frente a un hecho de esa envergadura, estoy absolutamente cierto de que ese año no se entregaron los antecedentes tenidos en vista para adoptar esa determinación. Además, dichos argumentos no fueron conocidos por los organismos gremiales -que no existían- ni por los colegios profesionales.

Por lo tanto, para mí constituye un hecho histórico el restituir un derecho a su estado original, respecto del cual no hubo un fundamento que avalara su supresión.

La verdad de las cosas es que hasta la presentación de esta iniciativa nadie se había detenido a pensar en ello, salvo, por supuesto, quienes se sentían perjudicados.

El motivo por el cual el Senador que habla y mi Honorable colega Flores votaremos a favor de la idea de legislar obedece a que muchas medidas cuya aplicación incidía en derechos fundamentales de los chilenos nunca fueron avaladas por razones técnicas o científicas, contrariamente a lo que ocurre en los procesos democráticos. Eso sucedió, por ejemplo, cuando se municipalizó la educación. Y hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, no se logra afirmar su tranco para seguir un camino fecundo, como es el clamor que en la actualidad emerge de todas las familias chilenas.

De tal manera que ése es mi compromiso, al igual que el del Senador señor Flores.

Asimismo, quiero manifestar que, así como voy a aprobar en general el proyecto, también participaré y daré a conocer mi opinión durante su discusión en particular en la Comisión.

Deseo decir derechamente que no me gusta el hecho de que tengamos la posibilidad de podar, tijeretear, injertar iniciativas diversas y de ir creando un cuerpo extraño en lo que atañe a la educación superior, a la cual considero fundamental para el desarrollo del país en este siglo que es del conocimiento y la tecnología. Repito: estamos generando un cuerpo extraño.

Felicito a los autores del proyecto en debate, que, como sabemos, tuvo su origen en una moción. Sin embargo, no es dable que en asuntos eminentemente técnicos como el que nos ocupa estemos entregados a mayorías o minorías políticas circunstanciales.

No participo del procedimiento empleado en una materia como la que ahora se discute, que no emana de proyectos del Ministerio técnico correspondiente, y que entremos a debatirla, corregirla o mejorarla en el Senado.

No nos olvidemos de que en varias oportunidades hemos debido detener proyectos en los que, con un entusiasmo legítimo, honesto y sin mala intención, por iniciativa de un señor Parlamentario o de un grupo de ellos, se pretendía introducir contenidos en los programas de educación.

Ese camino me parece sumamente peligroso en un país que debe legislar y crear estructuras en niveles de esta naturaleza con coherencia y absoluta responsabilidad.

Hay un tema que no podemos soslayar: la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Actualmente, dicha normativa otorga el carácter de profesiones de rango universitario a determinado número de carreras, lo cual permite postular a algunos beneficios económicos en la Administración Pública, como la asignación de título.

Entonces, aquí hay un trabajo y una responsabilidad que no deben eludir el Ministerio de Educación y su respectivo organismo técnico, porque no es dable ir creando un cuerpo injertado, adosado con diferentes medidas de tipo coyuntural.

Y es preciso decirlo: no estoy defendiendo a los institutos profesionales, ¡pero el Gobierno tiene que rayar la cancha, en el sentido de establecer qué carreras profesionales les corresponde dictar a las universidades, y qué carreras, a los institutos profesionales!

Esto no puede quedar en tierra de nadie. Los institutos profesionales, cuya existencia incluso fue aceptada por este Gobierno, deben tener ideas claras y saber los límites dentro de cuáles han de desenvolverse. Aquí, quedan en cuestionamiento. Si hay un clamor nacional para que desaparezcan, conversémoslo, discutámoslo, pero es preciso dotar de reglas absolutamente claras a esas instituciones que acogen a chilenos de diferentes sectores sociales del país.

Señor Presidente , éste es un camino complejo y peligroso, porque así como hoy día, con legítimo derecho, los trabajadores sociales están pidiendo que se les otorgue el reconocimiento que históricamente han tenido, también habrá colegios profesionales e instituciones gremiales fuertes que cada cierto tiempo solicitarán que se le dé también carácter universitario a otro tipo de carreras. Y mañana o pasado mañana, ¿por qué no?, las autoridades de un instituto profesional podrán decir que las carreras que ofrecen no las pueden impartir las universidades, cuando las mallas curriculares -como se señaló- sean bastante similares.

Entonces, mi intervención apunta a que debemos buscar -reitero- un camino coherente, serio y responsable para crear una educación superior acorde con la exigencias de la globalización, que cada día nos exige mostrar calidad en nuestros profesionales o técnicos de nivel superior -como se les quiera llamar-, en comparación con los de otros países, ya sea de la Unión Europea, del APEC, o con Estados Unidos, en fin, con los que hemos suscrito tantos convenios comerciales, culturales y educacionales.

En definitiva, se van a crear dos tipos de trabajadores sociales. Eso deberemos acotarlo en la discusión en particular. Porque ¿en qué rango se van a ubicar, por ejemplo, los egresados de los institutos profesionales? ¿Cuáles serán las diferencias con los profesionales que -insisto- en buena hora vuelven a las universidades?

Esto hay que reglarlo.

Asimismo, como muy bien planteó una señora Senadora , en el proyecto en análisis será preciso determinar qué va a ocurrir con los jóvenes que hoy día cursan esta carrera en los institutos profesionales, porque, en los términos en que aparece su articulado, ellos no podrían titularse. De tal manera que ese asunto debe aclararse y especificarse. Se trata de 6 mil y tantos jóvenes que creyeron en nuestro sistema jurídico, que pensaron que tenían estabilidad y seguridad, y que ahora se encuentran con esta nueva situación respecto de la cual ahora legislamos.

Por lo anterior, y para terminar mi intervención, señalo que mi voto está disponible para devolver el reconocimiento histórico a los trabajadores y a las trabajadoras sociales; pero en la discusión en particular haré presentes las aprensiones a que me he referido, porque un grupo importante de jóvenes chilenos también tiene derecho a que se les reconozca su esfuerzo, por lo menos conforme a los convenios que suscribieron cuando ingresaron a un instituto profesional.

En consecuencia, anuncio que los votos de los dos Senadores del Partido Por la Democracia serán favorables al proyecto.

He dicho.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vega.

El último orador inscrito es el Senador señor Larraín. Luego se procederá a votar.

El señor VEGA.-

Señor Presidente , como hemos podido apreciar en el transcurso del debate, en realidad estamos ante un problema mayor, con todo respeto a los profesión de los trabajadores sociales, quienes, por supuesto, han realizado una labor realmente significativa durante nuestra historia cercana, sobre todo en una sociedad que está emergiendo del subdesarrollo y que presenta múltiples problemas en todo Chile.

He tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos y de ellas a lo largo de mi carrera, así que conozco bien la importancia de una profesión de esta naturaleza para resolver los problemas coyunturales, particularmente de la familia.

Sin embargo, ése no es el tema. Éste tiene que ver -como se ha manifestado en forma reiterada aquí- con la estructura del sistema de la educación superior. Lo recalco: por esa razón voté en contra del proyecto, no por el problema de la profesión, sino por el que dice relación a aquélla. Siempre que en el Senado empezamos a discutir aspectos relevantes de la estructura del Estado terminamos por establecer soluciones absolutamente tangenciales que no guardan correspondencia con la cuestión principal.

El problema de fondo -como expresó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- es el de la arquitectura de nuestra educación superior, de las universidades y de los institutos de formación técnica, que está a la inversa de la de los países desarrollados. En efecto, no obstante que hemos suscrito importantes convenios con dichas naciones, nuestro sistema de educación superior, que deberá responder a las nuevas exigencias, no se encuentra a la misma altura del exhibido por ellas y aún debe realizar un largo proceso de perfeccionamiento, como vimos en la discusión de la iniciativa sobre acreditación de la calidad de la educación superior.

Ése es el gran problema. No tiene que ver sólo con los trabajadores sociales, sino también con la cantidad de profesionales técnicos y universitarios que necesariamente tendrán que graduarse en el presente y en el futuro para poder competir relativamente en igualdad de condiciones con los países con los cuales estamos negociando convenios.

Fíjense Sus Señorías que, de acuerdo con cifras del 2002 entregadas por el Banco Mundial, en Chile hay 570 mil profesionales, según las categorías 3 y 4 de la International Standard Classification of Occupations

Al establecer una relación con la fuerza de trabajo, que hoy llega a los 6 millones de chilenos, apenas alcanzamos el 10 por ciento, mientras que Finlandia llega al 40 por ciento, Irlanda y España al 30 por ciento, y Corea, al 20 por ciento.

Por lo tanto, en Chile, contrariamente a lo que se sostiene a veces, no existe un superávit de profesionales y técnicos, sino un déficit, lo cual nos va a ocasionar debilidades en nuestros tratados con los países desarrollados, pues se nos están requiriendo en todas las áreas acreditaciones y certificaciones que, si no perfeccionamos la educación superior, no podremos concretar.

El sistema de educación superior fue completamente reformulado. A un modelo monopolizado por los establecimientos estatales se le introdujeron competencia, flexibilidad, libertad, diversidad y gestión moderna, lo que derivó en una compleja red de 62 universidades, 49 institutos profesionales, 113 centros de formación técnica, que operan en 500 sedes, donde alrededor de 50 mil profesores desarrollan 3 mil programas de estudio, con cobertura a 600 mil alumnos.

En el año 82 teníamos 95 mil educandos en las carreras técnicas y alrededor de 135 mil en las profesionales. Hoy día hemos crecido en 400 por ciento en estas últimas y en 4 ó 5 por ciento en las carreras técnicas.

Ésa es la cuestión. Ése es el talón de Aquiles de nuestro sistema de educación superior.

Ahora bien, este proyecto es importante para los profesionales que laboran en el área del Trabajo Social. Pero el problema mayor es el que deberíamos enfrentar en la Comisión de Educación: vamos a marginar a 6 mil egresados de institutos, como expresó el Senador señor Muñoz Barra ; para 4 mil 500 jóvenes que se hallan estudiando no tenemos solución. Eso es, en mi opinión, desigualdad ante la ley. Y yo diría que es hasta inconstitucional.

Por esa razón, señor Presidente , voté que no en la Comisión y mantendré en la Sala ese pronunciamiento.

Hay un proyecto relativo a las matronas; existe otro relacionado con técnicos de la salud. Ambos son importantes. Y creo que deberíamos analizar juntas en la Comisión todas las iniciativas sobre la misma materia, a la luz de la necesidad de perfeccionar nuestro sistema de educación superior.

Por tanto, habiendo dificultades de fondo y sobre la base de que el sistema de educación superior requiere soluciones, mantendré -como dije- mi voto en contra.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor VEGA.-

Por supuesto, con la venia de la Mesa.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Muchas gracias, Honorable colega, por cederme los minutos que le restan.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , frente al tema que estamos discutiendo, es posible que todos tengamos alguna razón en lo que señalamos. Sin embargo, a hechos concretos, precisos, debemos buscarles soluciones que no se pueden seguir postergando.

Yo comparto como el que más la necesidad de cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Y lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo en la Comisión de Educación.

Más aún, hubo un proyecto de ley marco que se estudió en forma muy extensa. No logramos acuerdo y se perdió porque, literalmente, estábamos empatados frente a sus normas, entre las cuales se hallaban las que planteaban determinar cuál era el nivel de cada una de las instancias que hoy tiene la educación superior; cuáles eran los ámbitos de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales, y qué debía ser la universidad.

Y ello, con un segundo punto agregado sobre esta materia -lo he dicho muchas veces aquí-: en el área de las universidades, como reza la vieja frase, "no están todas las que son, ni son todas las que están". Porque, en definitiva, algunas no cumplen el rol universitario clásico, salvo que la sociedad chilena resuelva que desea otro tipo de enseñanza superior. Pero hoy día la concepción clásica de universidad se da en muy pocos establecimientos de educación superior chilenos.

También es verdad que, como consecuencia de eso, hay otro elemento en que estamos de acuerdo: la pirámide de la educación superior tiene que ser más ancha en la base y de menor nivel cuantitativo en el vértice, que son las universidades. Por cierto, en Chile la pirámide se encuentra invertida.

Entonces, yo comparto que aquello debe cambiarse. Empero, esto no imposibilita entender que no es bueno que ciertas cosas sigan como están. Y una de ellas es ésta: el sistema de enseñanza que se está aplicando en el caso de las trabajadoras sociales no da cuenta de las actuales necesidades de la disciplina respectiva.

Alguien mencionó que prácticamente en todo el mundo existen otros criterios. Sin embargo, tengo aquí un texto entregado por Christine Labonté-Roset , Presidenta de la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social, que en una de sus partes dice lo siguiente: "en noviembre del 2001, la Comunidad Económica Europea ratificó el que Trabajo Social fuese una de las carreras que debía desarrollarse tanto a nivel de Licenciatura como de Magíster y Doctorado.".

O sea, dicha especialidad requiere el licenciamiento y, por lo tanto, que aprobemos el proyecto en debate.

Y señalo esto porque en el Senado se habla con frecuencia de cómo debemos asimilarnos a determinadas exigencias que está haciendo el mundo más desarrollado. Pero de repente, cuando tratamos, por ejemplo, de los requerimientos y del perfeccionamiento de las disciplinas sociales o de las relativas a salud -como las que vienen en otra iniciativa-, pareciéramos olvidar la fuerza que utilizamos para hablar de aquello.

Señor Presidente , a quienes hemos conocido el trabajo social no nos cabe ninguna duda de que requiere el intangible entregado por la educación universitaria. Porque de lo que los trabajadores sociales realizan dependen personas, al igual que en otras profesiones, pero con mayor fuerza, porque se trata de la vida de seres humanos o de su existencia real, como señaló aquí el señor Senador informante .

Por lo tanto, voy a votar a favor del proyecto.

Ahora, se han expuesto sobre el particular tres argumentos que no comparto.

En primer lugar, se planteó que deberíamos esperar una solución de largo aliento y global en cuanto al problema de la educación superior.

Con el debido respeto, he de puntualizar que llevamos muchos años -y lo he dicho aquí en otras oportunidades- tratando de avanzar en temas sobre los cuales, como Senado, no tenemos capacidad de resolución, por la exigencia de quórum especiales y por nuestras visiones distintas acerca de ellos.

Entonces, definamos si la carrera de Trabajo Social requiere nivel universitario. Si lo requiere, establezcámoslo hoy, mañana o cuando sea necesario. Pero no podemos esperar una solución global, porque ella puede tardar muchísimos años.

En segundo término, se dijo que existe un problema con las personas que estudiaron dicha carrera en institutos profesionales y, por consiguiente, quedarán defraudadas.

Al respecto, me parece -insisto en ello- que debemos resolver en definitiva sobre el proyecto en su mérito, cual es dar nivel universitario a la carrera de Servicio Social.

¿Qué pasará con el resto? Lo que señalaron el Honorable señor Horvath y algunos Senadores de la Concertación: hagamos una homologación que considere tanto lo que hoy se aprende en los institutos como los requerimientos universitarios, para luego posibilitar la realización de un posgrado o, en forma directa, la prosecución de estudios en la universidad, a los efectos de permitir llenar la brecha existente entre ambos tipos de establecimientos.

Y, por último, creo que aquello no debe llamar a escándalo, porque no significa que quienes estudiaron la carrera de Servicio Social en institutos quedarán sin posibilidades de trabajo o sin título viable. Será también un aspecto por definir. Y ello podría extenderse a otras carreras impartidas en dichos establecimientos. Tal ha ocurrido en el caso de quienes siguen la de parvularia: tienen un título universitario y uno en los otros establecimientos.

Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable.

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

El último Senador inscrito para intervenir es el Honorable señor Larraín. Luego se procederá a la votación.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , doy excusas por hacer uso de la palabra a estas alturas, pues sé que todos quieren votar. Pero la verdad es que este proyecto nos plantea una situación entre difícil e imposible. Porque si lo miramos desde el punto de vista de una carrera, de una profesión, de una actividad, como lo es el trabajo social, resulta bastante complicado emitir un juicio sobre cuál es el nivel que corresponde. En último término, nos lleva a una discusión epistemológica de muy ardua resolución por parte del Senado.

Sin embargo, la dificultad mayor no estriba en eso, sino en que, si seguimos el camino de ir analizando y decidiendo carrera por carrera, estaremos estructurando una normativa bajo la teoría del salame: cortándola a tajaditas.

Ésa no es manera de legislar. Ya dijo un señor Senador que aquí se está tratando de cambiar un sistema, pero en forma oblicua, mediante resquicios, en definitiva, pues se ha planteado el tema de un modo difícil de entender.

Originalmente, cuando se reformó el sistema universitario y se creó el que restringió para las universidades las carreras que requerían licenciatura, definiéndolas en la ley, éstas no eran más de 10 ó 12 (no recuerdo exactamente su número). Ahora ya se han autorizado 17.

Aparte de este proyecto, en la tabla de hoy figura otro que, por razones semejantes, plantea incorporar una carrera más, sin contar otra iniciativa -alguien la señaló- referida a los tecnólogos médicos. Es decir, estamos haciendo un análisis casuístico, en lugar de abocarnos al problema de fondo.

¿Por qué lo digo? Porque aquí no se trata de la jerarquía o dignidad de una carrera -como manifesté, es un juicio difícil de emitir-, sino de la estructura que queremos para nuestra educación superior. Porque el concepto que subyacía en esa lista -que era excepcional, exclusiva- consistía en lo siguiente. La educación superior está constituida por universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Cada cual tiene tales objetivos. En general, todos pueden impartir ciertas carreras. La limitación, en el caso de los institutos profesionales (y eso los diferenciaba de los centros de formación técnica), es que ninguna de ellas puede durar menos de 4 años. No obstante, respecto de las universidades se dijo: "Aquellas que deben tener el grado de licenciado"; y se las definió abiertamente, pero restringiéndolas -como expresé- a unas pocas.

Por lo tanto, si en vez de aplicar el criterio de la excepción seguimos el de la apertura -cosa que me parece perfectamente discutible-, estaremos dejando a la educación superior con un nivel sin objetivos, porque, en el fondo, la continuidad legislativa por este camino nos conduce a terminar con el sentido de los institutos profesionales y a forzar para la educación superior una sola institucionalidad: la universitaria.

Ése era el sistema antiguo. Eso fue lo que ocurrió con el desarrollo de la reforma, sobre todo en la década de los 60, cuando se produjo una explosión universitaria, con un gran crecimiento en el número de matrículas y en las posibilidades de los planteles del sector para satisfacer las demandas por educación postmedia.

Para atender dichas demandas, las universidades generaron todo tipo de carreras. Cuanto quería tener algún sentido debía estar al interior de aquellos establecimientos. Y eso dio lugar a una institucionalidad con múltiples objetivos, pero sin claridad.

La legislación vigente corrigió esa situación. Para bien o para mal, logró ordenar. Lo que nosotros estamos haciendo es, no queriéndolo, modificar el actual sistema -porque pareciera que no nos atrevemos a reformarlo derechamente- y, al mismo tiempo, pretender mantenerlo.

Me parece que esos dos propósitos son contradictorios. O tenemos universidades en que las posibilidades de otorgar títulos queden circunscritas a los grados académicos y las profesiones sean las menos, y dejamos, por tanto, que los institutos profesionales ofrezcan otros en forma genérica, o estos últimos dejan de existir. Pero no podemos conseguir las dos cosas a la vez.

Ir decidiendo caso a caso en proyectos diferentes nos desvía de la definición de una política de educación superior para Chile y, en consecuencia, es un mal camino.

Por eso, creo que, más allá de las bondades o falencias de esta iniciativa, estamos legislando en forma equivocada.

He dicho.

El señor GAZMURI (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde votar.

El Senador señor Parra pidió a la Mesa definir el quórum necesario para aprobar este proyecto.

El informe de la Comisión de Educación señala que esta iniciativa es de rango orgánico constitucional. No es ése, sin embargo, el criterio de la Mesa. Y voy a declarar que el quórum es de ley simple.

Se trata de un asunto de difícil solución, pero que, a mi juicio por lo menos, debe ser resuelto en función de la Carta Fundamental, que en su artículo 19 -contenido en el capítulo relativo a los derechos y deberes constitucionales- consigna dos normas sobre la materia.

El número 11º de dicha disposición estatuye en su inciso final: "Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;".

El mencionado inciso habla, de manera clara y explícita, de los niveles de la educación y del reconocimiento oficial de los establecimientos.

Si ése fuera el único precepto constitucional referido a la materia, podría ser discutible que el otorgamiento de un grado o título constituyera nivel.

Sin embargo, el número 16º, inciso cuarto, del mismo artículo 19 -asegura la libertad de trabajo y su protección- es explícito en cuanto al tema que hoy está discutiendo el Senado. Dice a la letra en su parte final: "La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas".

Esa norma habla de "La ley" y no de "Una ley orgánica".

Se trata, entonces, de un mandato constitucional respecto de este asunto específico. Y estamos frente a un proyecto relativo precisamente a una profesión que requiere grado o título universitario.

En consecuencia, existiendo sobre la materia una norma constitucional explícita que no exige el requisito de ley orgánica constitucional, la Mesa determina que el proyecto, para ser aprobado, precisa quórum simple.

En votación.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor GAZMURI ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (23 votos contra 7 y 4 abstenciones), y se fija el 8 de junio próximo, a las 12 horas como plazo para formular indicaciones.

Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Cantero, Flores, Frei ( doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.

Votaron por la negativa los señores Arancibia, Cordero, Fernández, Martínez, Matthei, Prokurica y Vega.

Se abstuvieron los señores Canessa, Larraín, Orpis y Stange.

2.3. Boletín de Indicaciones

Fecha 20 de junio, 2005. Boletín de Indicaciones

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LE LEY Nº 18.962, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, RESTABLECIENDO LA EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA DEL TRABAJO SOCIAL. BOLETÍN Nº 2792-04

20.06.05

INDICACIONES

ARTÍCULO 1º

1.- Del Honorable Senador señor Parra, para reemplazar la letra q) propuesta en el numeral 3, por la siguiente:

“q) Título de Trabajador Social o Asistente Social. Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente.”.

ARTÍCULO 2º

2.- Del Honorable Senador señor Parra, para suprimirlo.

3.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Las universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.”.

4.- Del Honorable Senador señor Moreno, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Las universidades, en ejercicio de su autonomía, podrán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.”.

º º º

5.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Las universidades que ofrezcan el Título de Trabajador Social y el grado académico de licenciado en Trabajo Social, a los que se refiere la presente ley, deberán celebrar, con los respectivos Institutos Profesionales, acuerdos destinados a establecer procedimientos efectivos que permitan que los Asistentes Sociales titulados en estos últimos, puedan optar a completar los requisitos conducentes a obtener el grado académico y el título profesional mencionados.”.

6.- Del Honorable Senador señor Parra, para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Los Institutos Profesionales que actualmente imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente hasta el completo egreso de la cohorte 2005. En consecuencia, a partir del año 2006 no podrán ofrecer la carrera de Trabajador Social, de Servicio Social ni otra equivalente.”.

º º º

2.4. Segundo Informe de Comisión de Educación

Senado. Fecha 03 de agosto, 2005. Informe de Comisión de Educación en Sesión 22. Legislatura 353.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del Trabajo Social.

BOLETÍN Nº 2.792-04

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tiene el honor de presentaros su segundo informe respecto del proyecto de ley individualizado en el rubro, en segundo trámite constitucional, iniciado en Moción de los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D’Albora y señores Guillermo Ceroni Fuentes, Carlos Jarpa Wevar, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Montes Cisternas y Rosauro Martínez Labbé, y ex Diputados señora Fanny Pollarolo Villa y señores Gutenberg Martínez Ocamica y Luis Monge Sánchez.

En representación del Ejecutivo, concurrió la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, señora Pilar Armanet y el Asesor señor Cristián Inzulza.

- - - - - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

1.- Artículos del proyecto que no han sido objeto de Indicaciones ni de modificaciones: Ninguno.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: N° 2.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: N°s 1 (con enmienda formal), 3, 4 y 6.

4.- Indicaciones rechazadas: N° 5.

5.- Indicaciones retiradas: Ninguna.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: Ninguna.

º º º º º º

La Comisión observó que son varias las carreras que están solicitando el restablecimiento de su exclusividad como carreras universitarias.

En relación a esta materia, el Honorable Senador señor Parra propuso enviar un oficio a la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, con el fin de que remita un informe respecto de cada una de estas profesiones, especificando el tipo de institución que las imparte, el número de carreras que cada institución ofrece, haciendo referencia a su alumnado y a los profesionales que trabajan en ellas.

Asimismo, solicitó que esta División informe acerca de las carreras que se han incorporado en el artículo 52 de la ley Nº 18.962 a partir de1990.

Luego, agregó que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza contempla las definiciones de licenciado, profesional y de técnico, las cuales pueden orientar el sentido de esta ley.

El Honorable Senador señor Fernández señaló que el hecho que se incorporen todas las carreras al artículo 52 de la LOCE en cierta forma estaría impulsando a los Institutos Profesionales a transformarse en Universidades.

El Honorable Senador señor Parra concuerda con lo expuesto por el Honorable Senador señor Fernández y señala qiue el sistema estaría integrado por Universidades y Centros de Formación Técnica.

El Honorable Senador señor Muñoz Barra interviene señalando que tiene varias aprensiones respectos a los proyectos de ley que tienen por objeto incorporar nuevas carreras al artículo 52 de la LOCE, porque percibe que con estas iniciativas se estaría liquidando a los Institutos Profesionales. De este modo, concluye, se estaría entregando la exclusividad de la educación superior a las Universidades.

El Honorable Senador señor Vega concuerda con el Honorable Senador señor Muñoz Barra en el sentido que coincide que con estas normas se pone fin a un área del desarrollo tecnológico y científico impulsado por los Institutos Profesionales. Por otra parte, concluye, que si bien en la actualidad se solicita el reconocimiento de las carreras del área de la salud, en el futuro podrían incluirse otras áreas.

El Honorable Senador Moreno hace referencia a la Moción presentada por los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei y señor Alberto Espina, la cual propone incorporar en la LOCE seis nuevas carreras del área de la salud.

A continuación, llama a esta Comisión a cuestionarse sobre el rol que tendrían los Institutos Profesionales en el futuro, a raíz de estas legislaciones. En este contexto, destaca que se trata de un sector importante de la educación superior porque engloba a 49 Institutos Profesionales y al menos a unos 68.000 estudiantes.

Por otra parte, insta a la Comisión a aprobar la inclusión de los Asistentes Sociales en el artículo 52 de la LOCE, porque considera que se trata de un caso completamente diverso ya que desde 1925 fue concebido como una carrera universitaria aún cuando con posterioridad fue privado de este rango.

El Honorable Senador señor Muñoz Barra hace referencia a la importancia de los Institutos Profesionales, especialmente por su labor en la formación de carreras intermedias. Por otra parte, considera que el Ministerio de Educación no ha diseñado una política sobre esta materia e invita al Ejecutivo a pronunciarse sobre este tema.

El Honorable Senador señor Fernández señala que aprobará este proyecto advirtiendo que en el futuro esta Comisión podría verse expuesta a una presión innecesaria de incorporar todas las carreras impartidas, en el artículo 52 de la LOCE, ya que no se han fijado los criterios para determinar la calidad de universitaria de una carrera. En consecuencia, indica que sería muy difícil y arbitrario rechazar una iniciativa legal de esta naturaleza.

El Honorable Senador señor Parra señala que la extensión de la lista del artículo 52 de la LOCE, por una parte, podría reducir el espacio de los Institutos Profesionales y, por otra, facilitar la creación de nuevas Universidades, ya que de acuerdo a la LOCE, sólo se exige como requisito para que una institución se convierta en universidad el que ésta imparta al menos una de las carreras mencionadas en el artículo 52 de la norma aludida.

°°°°°°°

Antes de iniciar el estudio en particular de esta iniciativa, la Comisión escuchó a la Jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, quien expuso lo que a continuación se señala en relación al artículo 52 de la ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza respecto a las carreras de exclusividad universitaria.

Indicó que durante el último tiempo han surgido numerosas iniciativas parlamentarias que proponen la modificación del artículo 52 de la ley Nº 18.962, con el objeto de otorgar el grado de licenciado a nuevas carreras que no se encuentran contempladas en esta norma. Sobre el particular, hace referencia al artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, el cual define los conceptos de título profesional y grado de licenciado, bajo los siguientes términos: “El título profesional es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional.”. “El grado de licenciado es el que se otorga al alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada.”.

De acuerdo a estas definiciones, continúa, las universidades pueden otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos, en especial, los de licenciado, magíster y doctor. Además, agrega que les corresponde exclusivamente el otorgamiento de los títulos profesionales respecto de los cuales la ley exige previamente haber obtenido el grado de licenciado en las carreras que impartan. El artículo 52 de la LOCE señala taxativamente cuáles títulos profesionales requieren la obtención previa del grado de licenciado.

En cuanto a las instituciones de educación superior existentes en nuestro país, la LOCE, a diferencia de la legislación que la precedió, no definió los conceptos de universidad, instituto profesional y centro de formación técnica. Se limitó a caracterizarlas según su competencia en el otorgamiento de títulos y grados académicos.

Por otra parte, los institutos profesionales pueden otorgar toda clase de títulos profesionales, con excepción de aquellos exclusivamente universitarios, y además títulos técnicos de nivel superior. No obstante, agrega que no pueden otorgar grados académicos de ninguna especie.

En nuestra legislación existen ciertas carreras que no pueden ser impartidas si no consideran el otorgamiento del Grado Académico de Licenciado, es decir, si no incorporan en el plan de estudios todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada. Lo anterior se justifica en cuanto existen ciertas profesiones que requieren de una base disciplinaria o científica profunda, de manera previa a la formación más específica de tipo profesional.

A continuación, hace referencia a los títulos enumerados en el texto original del artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, los cuales son: Abogado, Arquitecto, Bioquímico, Cirujano Dentista, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Civil, Ingeniero Comercial, Ingeniero Forestal, Médico Cirujano, Médico Veterinario, Psicólogo, Químico Farmacéutico y Profesor de Educación Básica. Con posterioridad, señala que en el año 1991, se incorporaron los siguientes títulos: Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial, Educador de Párvulos y Periodista.

De manera paralela, reconoce que existen otras carreras que poseen un carácter eminentemente profesional, que se basan en la transmisión y aplicación de los conocimientos necesarios para una práctica profesional específica y, por ende, entiende que no requieren de manera obligatoria incorporar todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada.

Lo anterior, arguye, es sin perjuicio de las atribuciones que tienen las universidades, en virtud de su autonomía académica, de complementar la formación profesional en una determinada carrera, agregando aquellos elementos disciplinarios que ameriten el otorgamiento de una Licenciatura.

En consecuencia, señala que es necesario determinar en qué casos es efectivamente necesario que previamente al otorgamiento del título profesional, se otorgue al alumno el grado académico de licenciado, restringiendo con ello, además, las posibilidades de impartir esa carrera sólo en las Universidades. Para estos efectos, es relevante definir qué entendemos por área del conocimiento o disciplina, a fin de analizar si un programa de estudios determinado requiere obligatoriamente o no el otorgamiento de este grado.

La disciplina científica podría definirse como aquella que “tiene un contenido concreto y sustancial de conocimiento fundamental, que debe estar dentro de un área donde es posible lograr avances en el conocimiento, y en la que no debe predominar la formación de destrezas y técnicas” (Mountford, 1966).

En consecuencia, distingue en los estudios de nivel superior las siguientes categorías:

- Los estudios en los que el elemento decisivo y unificador son los factores de formación que se revelan, en particular, en la enseñanza y en los programas científicamente fundamentados y que corresponden más propiamente a los grados académicos, y

- Los estudios profesionales en los que se insiste preferentemente en los resultados y que, por ello, ponen el énfasis en los conocimientos asimilados, en los procesos de aprendizaje y en las competencias adquiridas.

Considera que determinar a qué tipo de estudios corresponde una carrera es un elemento central, porque permite determinar si se requiere a no del Grado de Licenciado previo. En consecuencia, sostiene que el hecho de establecer la obligatoriedad del otorgamiento del Grado de Licenciado de una carrera sin tener en consideración lo anteriormente señalado, puede traducirse en una rigidización injustificada de la carrera, sobrecargando así su malla curricular con asignaturas que no serían indispensables para un adecuado ejercicio profesional.

Tal como han señalado numerosos estudios sobre la materia, concluye que la educación superior en Chile siempre ha sido profesionalizante. De este modo, reconoce que la proliferación de carreras y la mantención de esquemas rígidos en la mayoría de los casos va en contra de las tendencias internacionales.

Bajo este contexto hace referencia al pregrado, el cual se mantiene sobredimensionado en las duraciones de las mallas curriculares, sobrecargado por una proliferación de contenidos y asignaturas y cada vez con menos elementos académicos, a pesar del grado de la Licenciatura. En consecuencia, asevera que la universidad chilena tiende a descuidar la formación general y a duplicar –extendiendo innecesariamente- las etapas de formación profesional.

En la actualidad, destaca se ha tendido a diferenciar los estudios, lo que constituye una característica de nuestros tiempos y como tal es recogida en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, de octubre 1998, tal como puede apreciarse a través de la siguiente cita: “En la víspera del nuevo siglo, se da una demanda sin precedentes para una gran diversificación en la educación superior junto con un aumento de la conciencia de su vital importancia para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro; para ello, las nuevas generaciones deben equiparse con nuevas habilidades, conocimientos e ideales. La educación superior incluye cualquier tipo de estudios y formación para la investigación de nivel post-secundario, suministrados por las universidades y por otras instituciones de educación superior, autorizadas como tales por la Administración Pública.”.

Asimismo, señala que la preocupación de la autoridad debe estar dirigida a permitir el acceso tanto a una educación general como a una educación orientada y específica a menudo interdisciplinaria que se centre en las aptitudes y en las destrezas obtenidas, ya que ambas preparan a las personas para vivir en situaciones cambiantes y para desempeñar distintas ocupaciones.

De este modo, sostiene que la diversificación de la enseñanza superior se expresa, entre otras cosas, en la proliferación de las instituciones de enseñanza superior no universitarias. Luego, agrega que nuestro sistema de educación superior se destaca por contar con tres niveles institucionales que, de acuerdo al espíritu que motivó la reforma de los años 80, debían concentrarse en ciertos nichos específicos.

Originalmente se pensó que las Universidades concentrarían sus esfuerzos en las carreras asociadas a estudios de nivel académico, realizando investigaciones e impartiendo programas de postgrado. Los Institutos Profesionales estarían orientados fundamentalmente a la formación de profesionales en carreras relativamente más cortas y vinculadas al mundo productivo; mientras que los Centros de Formación Técnica estarían destinados a la formación de técnicos de nivel superior mediante carreras cortas de fácil adaptación a las demandas del mercado ocupacional. Sin embargo, se constata que la dinámica desarrollada en los últimos años se ha alejado de la concepción original, resultando necesario perfeccionar la definición de tipos institucionales así como sus áreas de competencia.

En consecuencia, considera que establecer legalmente licenciaturas obligatorias, mediante modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en aquellas carreras de carácter esencialmente profesional, juega en contra de las tendencias internacionales en la materia. En este sentido, cree que establecer este tipo de licenciaturas implicaría una prohibición para que los Institutos Profesionales puedan impartir aquellas carreras para las que, precisamente, fueron creados.

Destaca que la formación superior no universitaria ha recibido una especial atención por parte de los diferentes países y sus gobiernos, para dotar a las sociedades de profesionales de una preparación suficiente. De este modo, señala que la demanda social de esta clase de profesionales procede, en primer lugar, de los servicios generados por la llamada sociedad del conocimiento. Una segunda serie de demandas, continúa, procede de la Administración Pública en la búsqueda de profesionales capaces de reformarla y, finalmente, hace referencia a las demandas que representan las nuevas necesidades sociales en el campo cultural, sanitario y ambiental.

Asimismo, sostiene que la sociedad del conocimiento y sus manifestaciones en el mundo del trabajo exigen un sistema de educación superior flexible que ofrezca múltiples vías de entrada y salida para sus estudiantes, que se acomode a las variadas necesidades y ritmos de aprendizaje de clientelas cada vez más diversas, que ofrezca educación a lo largo de toda la vida de las personas en el lugar que ellas lo demanden, en la forma en que lo soliciten y en la oportunidad que lo pidan, haciendo posible alternar períodos de estudio con períodos de trabajo, cambiar de oficio o profesión en forma eficiente y agregar nuevos conocimientos y destrezas a las que ya se poseen.

En cuanto a la educación superior chilena, destaca que ha avanzado en los últimos años en la dirección de una mayor adaptación a estos requerimientos, a través, por ejemplo, de la creación y desarrollo de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales; de los programas técnicos y de la implementación de los bachilleratos en las universidades; la reducción de la duración de algunas carreras profesionales y el reconocimiento de la experiencia laboral o de estudios previos; la educación a distancia y los esquemas de modularización de programas, transferencia interinstitucional y continuidad de los estudios a un nivel de formación superior.

Sin embargo, señala que estas experiencias siguen siendo excepciones al modo de operación de nuestra educación superior, centrado en la universidad en detrimento de las instituciones no universitarias, orientado a acomodar la demanda por carreras profesionales en perjuicio del desarrollo del sector técnico y caracterizado por planes de formación rígidos, cerrados a transferencias de otras carreras y otras instituciones y con énfasis en las asignaturas profesionales y de especialización por sobre los contenidos de formación general.

Dada la ausencia de una reforma generalizada en estas materias, concluye que nuestra formación profesional es cada vez menos eficaz, menos eficiente y menos orientada al usuario. De este modo, plantea que se está experimentando un agotamiento del modelo profesionalizante en la formación universitaria, lo que se materializa en la imposibilidad práctica de seguir agregando nuevos ramos de especialización al ritmo en que avanza el conocimiento especializado, lo que se suma a la percepción generalizada de los empleadores de no encontrar en los egresados universitarios las competencias generales que requieren.

En consecuencia, señala que la Universidad debe centrar sus esfuerzos en el desarrollo del ámbito de la formación general y no en estudios profesionalizantes que pueden ser adecuadamente abordados por instituciones de educación superior no universitarios.

Finalmente, indica que esta formación general busca enseñar a pensar y a aprender, enfatizando el conocimiento amplio que atraviesa varias disciplinas: los métodos matemáticos y experimentales de las ciencias naturales, el análisis histórico y cuantitativo que lleva a la comprensión de la formación y desarrollo de la sociedad moderna, las cumbres del trabajo artístico, y los grandes sistemas filosóficos y religiosos de la humanidad. Para tal efecto, concluye que la actitud a inculcar es la pasión por aprender, la que debe estar basada en una adecuada preparación para continuar aprendiendo durante toda la vida.

º º º º º º

DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas, explicándose las disposiciones en que inciden, así como los acuerdos adoptados sobre las mismas.

ARTÍCULO 1º

Introduce modificaciones en el artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, agregando una letra que establece que el Título de Trabajador Social es de aquellos que previamente requiere haber obtenido el grado de licenciado en Trabajo Social.

Indicación Nº 1

1.- Del Honorable Senador señor Parra, para reemplazar la letra q) propuesta en el numeral 3, por la siguiente:

"q) Título de Trabajador Social o Asistente Social. Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente.".

El Honorable Senador señor Parra señala que esta indicación está íntimamente relacionada con la Indicación Nº 2 que propone suprimir el artículo 2º, el cual establece la equivalencia entre los estudios de Asistente Social y Trabajo Social. Asimismo, agrega que la denominación tradicional en esta materia es la de Asistente Social y, de acuerdo a su experiencia, sostiene que este es el término que se utiliza a nivel internacional. En consecuencia, sostiene que como ambas denominaciones son equivalentes le parece más adecuado incluir los dos términos en la letra correspondiente que se agregará en el artículo 52 de la LOCE. De este modo, indica, se mantiene la autonomía de las universidades para optar por la denominación que estimen más conveniente.

Agrega que el término de Trabajo Social se comenzó a utilizar hace unos doce años atrás como una consecuencia de la aparición de los Institutos Profesionales. Estima que el uso de ambos conceptos no tendría por qué generar una dificultad. Por otra parte, agrega que esta indicación estaría salvada por una propuesta de artículo transitorio que asegure a los Institutos Profesionales que actualmente imparten estas carreras el continuar haciéndolo.

El Honorable Senador señor Moreno señala que al aceptar esta indicación se refuerza que el título de Trabajador Social o Asistente Social sería únicamente de rango universitario. De este modo, agrega, ningún Instituto Profesional podría impartir una carrera con esta nomenclatura.

El Honorable Senador señor Vega manifiesta su inquietud en relación a lo que sucederá con las personas que estudian actualmente esta carrera en un Instituto Profesional.

El Honorable Senador señor Parra manifiesta que estos casos serían resueltos por lo dispuesto en la Indicación Nº 6, la cual propone incorporar un artículo transitorio que habilita a los Institutos Profesionales a continuar impartiendo esta carrera hasta el completo egreso de la cohorte 2005.

El Honorable Senador señor Muñoz Barra consulta si al aprobar esta Indicación se produciría un conflicto al incorporarse el concepto de Asistente Social.

El Honorable Senador señor Vega acota que con esta modificación ambos títulos profesionales serán otorgados por las universidades.

El Honorable Senador señor Moreno expone que esta Indicación resuelve el problema del uso de los términos de Trabajador Social y Asistente Social ya que ambos términos son equivalentes.

El Honorable Senador señor Fernández consulta a la Comisión qué sucederá con los titulados en los Institutos Profesionales, en el evento en que se apruebe esta Indicación.

El Honorable Senador señor Moreno señala que muchos Institutos han celebrado convenios con las universidades con el objeto de implementar una programa especial de estudios para que los egresados de los Institutos Profesionales puedan cursar un quinto año en estas entidades y así obtener su grado de Licenciado.

El Honorable Senador señor Muñoz Barra señala que de los acuerdos entre los Institutos Profesionales y las Universidades podría generarse una situación de inestabilidad respecto de los estudiantes egresados de los Institutos Profesionales, ya que podrían ser arbitrariamente reprobados por las Universidades, negándoseles así su posibilidad de obtener un grado académico.

El Honorable Senador señor Vega manifiesta su temor en relación al futuro de los Institutos Profesionales, ya que los estudiantes optarán por matricularse en las Universidades.

El Honorable Senador señor Muñoz Barra señala que difícilmente las Universidades y el Estado estarán en condiciones para absorber toda la demanda de los estudiantes de los Institutos Profesionales. En este sentido, sostiene que es partidario de una Educación con protección estatal, ya sea a través de una educación particular subvencionada o mediante otra fórmula diversa.

El Honorable Senador señor Moreno aclara que las Indicaciones N°s 1 y 2 del Honorable Senador señor Parra son coherentes entre ellas, por lo tanto expresa que de aprobarse la Indicación N° 1 debe también aprobarse la N° 2.

Manifiesta que la carrera de Trabajo Social desde sus inicios fue impartida únicamente por las universidades. No obstante, señala que esto cambió al permitirse a los Institutos Profesionales ofrecer esta carrera. Actualmente, señala que existen alrededor de unas 4.950 personas tituladas de Asistente Social provenientes de Institutos Profesionales.

El Honorable Senador señor Muñoz Barra señala que es efectivo que la carrera de Asistente Social era impartida anteriormente por las Universidades. No obstante, agrega que todas las carreras eran impartidas por las Universidades tradicionales porque no existían las Universidades privadas ni los Institutos Profesionales de nivel superior. En consecuencia, sostiene que si se acepta el argumento del Honorable Senador señor Moreno implicaría que todas las carreras deberían volver a ser ofrecidas por estas entidades.

Asimismo, afirma que el Estado no está capacitado financieramente para asumir esta gran cantidad de alumnos que estudian en los Institutos Profesionales del sector privado, ya que si se incorporan al sistema universitario deberían también entrar a gozar de las becas y del financiamiento estatal.

El Honorable Senador señor Vega insiste en que se debería atacar el problema de fondo, porque de aprobarse este proyecto se estaría generando un perjuicio a los Institutos Profesionales.

El Honorable Senador señor Moreno expone que este proyecto de ley aprobado en general por esta Corporación resuelve una aspiración del gremio de los Trabajadores Sociales, en este sentido llama a la Comisión a aprobarlo en particular.

- Sometida a votación la Indicación N°1, se aprueba, con una enmienda formal, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra y Vega.

ARTÍCULO 2º

En él se declara que para todos los efectos legales, el título de Asistente Social otorgado por las universidades es equivalente al título de Trabajador Social a que se refiere la letra q) del artículo 52 de la ley Nº 18.962, incorporado por el artículo 1º de este proyecto.

Indicación Nº 2

2.- Del Honorable Senador señor Parra, para suprimirlo.

En concordancia con lo resuelto en la Indicación N° 1, la Comisión acuerda aprobar esta Indicación.

- Sometida a votación la Indicación N° 2, se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra y Vega.

º º º º

Indicación Nº 3

3.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Las universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.".

Indicación Nº 4

4.- Del Honorable Senador señor Moreno, para incorporar el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Las universidades, en ejercicio de su autonomía, podrán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.".

Se debaten ambas Indicaciones que incorporan un inciso segundo al artículo segundo ya suprimido. La Comisión acuerda refundir ambas Indicaciones, redactando un nuevo artículo permanente, el que por razones de técnica legislativa será artículo 3°:

“Artículo 3°.- Las Universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.”.

- Sometidas a votación las Indicaciones N°s 2 y 3, se aprueban con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra y Vega.

º º º º

Indicación Nº 5

5.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

"Las universidades que ofrezcan el Título de Trabajador Social y el grado académico de licenciado en Trabajo Social, a los que se refiere la presente ley, deberán celebrar, con los respectivos Institutos Profesionales, acuerdos destinados a establecer procedimientos efectivos que permitan que los Asistentes Sociales titulados en estos últimos, puedan optar a completar los requisitos conducentes a obtener el grado académico y el título profesional mencionados.".

- Sometida a votación la Indicación N° 5, se rechaza por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra y Vega.

º º º º

Indicación Nº 6

6.- Del Honorable Senador señor Parra, para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

"Los Institutos Profesionales que actualmente imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente hasta el completo egreso de la cohorte 2005. En consecuencia, a partir del año 2006 no podrán ofrecer la carrera de Trabajador Social, de Servicio Social ni otra equivalente.".

El Honorable Senador señor Fernández manifiesta su inquietud sobre el destino de los Trabajadores Sociales titulados en Institutos Profesionales que actualmente se encuentran ejerciendo su profesión.

El Honorable Senador señor Muñoz Barra estima que de acuerdo a las Indicaciones N°s 3 y 4 ya aprobadas, entiende que a estos profesionales se les está reconociendo su título profesional, sin embargo, para que puedan optar al Grado de Licenciado deberán ingresar a una Universidad.

El Honorable Senador señor Fernández expresa que le preocupa perjudicar a los profesionales titulados en los Institutos Profesionales, en el sentido que con la aprobación de este proyecto se podrían ver expuestos a una disminución de sus remuneraciones. Por otra parte, se cuestiona sobre sus posibilidades laborales de ingresar a la Administración Pública y tener derecho a percibir la asignación profesional.

El Honorable Senador señor Moreno señala que este proyecto de ley no obsta a que los Asistentes Sociales titulados en Institutos Profesionales puedan ingresar a la Administración Pública y perciban la asignación profesional, porque el Estatuto Administrativo sólo exige el haber cursado como mínimo ocho semestres de estudio.

El Honorable Senador señor Fernández hace presente que esta Indicación implica que los Institutos Profesionales podrán continuar impartiendo la carrera de Asistente Social, más no podrán otorgar el Grado de Licenciado.

La Comisión acuerda aprobar la Indicación N° 6, con enmiendas y como artículo 2° permanente, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 2°.- Los Institutos Profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente.”.

- Sometida a votación la Indicación N° 6, se aprueba, con enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra y Vega.

º º º º

A continuación, la Comisión, a proposición del Honorable Senador señor Muñoz Barra y respaldada esta propuesta por el Honorable Senador señor Fernández, acuerda la redacción de dos Artículos Transitorios, nuevos, que tendrá por objeto establecer que los Asistentes Sociales titulados en los Institutos Profesionales no se verán perjudicados con la entrada en vigencia de esta ley y que las personas que actualmente tengan el título de Trabajador Social o Asistente Social otorgado por un Instituto Profesional o los que actualmente se encuentren cursando esta carrera tendrán los mismos derechos o calidades que aquellos que hayan obtenido su título en una Universidad.

Se redactan los siguientes Artículos Transitorios, nuevos:

“Artículo primero transitorio.- Los Trabajadores Sociales y los Asistentes Sociales egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado.

Sin perjuicio de los dispuesto en este artículo, quienes deseen optar al grado de licenciado deben cumplir con lo establecido en los artículos permanentes de esta ley.”.

“Artículo segundo transitorio.- La disposición establecida en el artículo anterior, no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a partir del año 2006.”.

- En votación los artículos transitorios, nuevos, se aprueban por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra, Parra y Vega.

MODIFICACIONES PROPUESTAS

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, tiene el honor de proponeros la aprobación del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO 1º

Reemplazar la letra q), por la siguiente:

"q) Título de Trabajador Social o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente.".

(Indicación N° 1. Aprobada con una enmienda formal. Unanimidad 4x0).

ARTÍCULO 2º

Suprimirlo. (Indicación N° 2. Unanimidad 4x0)

o o o

Agregar el siguiente artículo 2°, nuevo:

"Artículo 2°.- Los Institutos Profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente.”.

(Indicación N° 6. Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobada con enmiendas. Unanimidad 4x0).

o o o

Agregar el siguiente artículo 3°, nuevo:

“Artículo 3º.- Las Universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.”.

(Indicaciones N°s 3 y 4. Artículo 121 del Reglamento del Senado. Aprobadas con enmiendas. Unanimidad 4x0).

o o o

Agregar los siguientes artículos transitorios, nuevos:

“Artículo primero transitorio.- Los Trabajadores Sociales y los Asistentes Sociales egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado.

Sin perjuicio de los dispuesto en este artículo, quienes deseen optar al grado de licenciado deben cumplir con lo establecido en los artículos permanentes de esta ley.”.

“Artículo segundo transitorio.- La disposición establecida en el artículo anterior, no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a partir del año 2006.”.

(Artículos 121 del Reglamento del Senado. Aprobados por unanimidad. 5x0).

o o o

Como consecuencia de las modificaciones propuestas, el texto del proyecto queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza:

1.- Reemplázase en la letra o) la expresión “, y” por un punto y coma (;).

2.- Reemplázase el punto final de la letra p) por la conjunción “y” precedida de una coma (,).

3.- Agrégase la siguiente letra q), nueva:

"q) Título de Trabajador Social o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Los Institutos Profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente.

Artículo 3º.- Las Universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.

Artículo primero transitorio.- Los Trabajadores Sociales y los Asistentes Sociales egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado.

Sin perjuicio de los dispuesto en este artículo, quienes deseen optar al grado de licenciado deben cumplir con lo establecido en los artículos permanentes de esta ley.

Artículo segundo transitorio.- La disposición establecida en el artículo anterior, no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a partir del año 2006.”.

- - - - - -

Acordado en sesiones celebradas los días 6, 13 y 20 de julio y 3 de agosto de 2005, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Rafael Moreno Rojas (Presidente), Sergio Fernández Fernández, Roberto Muñoz Barra, Augusto Parra Muñoz y Ramón Vega Hidalgo.

Sala de la Comisión, a 3 de agosto 2005.

María Isabel Damilano Padilla

Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 18.962, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, RESTABLECIENDO LA EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA DEL TRABAJO SOCIAL. (Boletín Nº 2.792-04).

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Los siguientes:

1) Reconocer la relevancia científica y el aporte del servicio social chileno al desarrollo del país, y la demanda que estos profesionales han hecho por intermedio del Colegio de Asistentes Sociales de Chile A.G., en orden a restituir el estatus universitario de la carrera.

2) Modificar la LOCE, con la finalidad de agregar la carrera de trabajo o servicio social a su listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa para su otorgamiento.

II. ACUERDOS: Todos los acuerdos fueron tomados por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Tres artículos permanentes y dos artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No tiene.

V. URGENCIA: No tiene.

VI. ORIGEN INICIATIVA: Moción de los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D’Albora y señores Guillermo Ceroni Fuentes, Carlos Jarpa Wevar, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Montes Cisternas y Rosauro Martínez Labbé, y ex Diputados señora Fanny Pollarolo Villa y señores Gutenberg Martínez Ocamica y Luis Monge Sánchez.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 15 de octubre de 2003.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Segundo informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: Las siguientes:

a) El artículo 19, Numerales 10º, 11º y 16º, inciso cuarto, de la Constitución Política.

b) La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, Nº 18.962.

c) El decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Educación, de 1981, que fija normas sobre universidades.

Valparaíso, a 3 de agosto de 2005.

María Isabel Damilano Padilla

Secretario

2.5. Discusión en Sala

Fecha 10 de agosto, 2005. Diario de Sesión en Sesión 24. Legislatura 353. Discusión Particular. Se aprueba en particular con modificaciones.

RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA PARA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el fin de restablecer la exclusividad universitaria de la carrera de Trabajo Social, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2792-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 4ª, en 15 de octubre de 2003.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 43ª, en 12 de abril de 2005

Educación (segundo), sesión 22ª, en 9 de agosto de 2005.

Discusión:

Sesión 52ª, en 17 de mayo de 2005 (se aprueba en general).

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 17 de mayo del año en curso.

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología deja constancia, para los efectos reglamentarios, de las indicaciones aprobadas y de una indicación rechazada.

Las modificaciones efectuadas al proyecto aprobado en general fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que un señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, solicite impugnar la proposición del órgano técnico respecto de alguna de ellas o que haya indicaciones renovadas.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas, que transcriben el proyecto aprobado en general por el Senado; las modificaciones efectuadas por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y el texto que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.

El señor MORENO.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

No hay debate general sobre este proyecto, señor Senador .

El señor MORENO.-

Lo sé, señor Presidente . Pero creo que vale la pena explicar algunas enmiendas, para facilitar la votación de la Sala.

La Comisión de Educación introdujo una modificación para resolver un problema planteado en la discusión general: qué ocurre con los institutos profesionales que en el curso de los últimos años han formado asistentes sociales; según una cifra estimada, se trata de 5 mil egresados.

El texto acordado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, y que también fue aprobado en la Cámara de Diputados, contiene una disposición mediante la cual las universidades podrán establecer programas especiales para los asistentes sociales de los institutos profesionales a fin de que, en un año adicional, puedan optar al grado de licenciado y al título profesional. Así no se inhibe el funcionamiento de estas casas de estudio.

Incluso más, se fijó un plazo: los alumnos de institutos que hayan iniciado sus estudios hasta este año podrán terminar adecuadamente su carrera y no serán perjudicados desde el punto de vista de su inserción laboral en el futuro.

Esto es lo que quería informar a la Sala, en nombre de la Comisión de Educación. Y, tal como informó el señor Secretario , todas las modificaciones introducidas al proyecto aprobado en general fueron aprobadas por unanimidad.

El señor HORVATH.-

Pido la palabra.

El señor ROMERO (Presidente).-

Insisto en que no procede el debate en esta materia.

El señor HORVATH.-

Sí, señor Presidente . Pero quiero aclarar un punto.

El señor ROMERO (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Se lo agradezco.

Seré más preciso que el señor Presidente de la Comisión de Educación .

La modificación a que hizo referencia Su Señoría dice que las universidades que impartan la carrera de Trabajo Social "deberán" establecer planes y programas especiales para tales efectos, y no "podrán", como señaló el Senador señor Moreno . Ello implica la obligación de ofrecer a todos los que han obtenido el título de Asistente Social en institutos profesionales la posibilidad efectiva de continuar los estudios, siempre que cumplan, desde luego, los requisitos para obtener el grado de licenciado.

Gracias, señor Presidente.

El señor ROMERO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará en particular el proyecto.

--Se aprueba en particular la iniciativa y queda despachada en este trámite.

2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 10 de agosto, 2005. Oficio en Sesión 30. Legislatura 353.

Valparaíso, 10 de Agosto de 2.005

Nº 25.762

A S. E. El Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del Trabajo Social, correspondiente al Boletín Nº 2.792-04, con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º.-

Número 3.-

Ha reemplazado la letra q) que se agrega por la siguiente:

"q) Título de Trabajador Social o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente.".

Artículo 2º

Lo ha suprimido.

o o o

Ha agregado los siguientes artículos 2° y 3º, nuevos:

"Artículo 2°.- Los Institutos Profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente.

Artículo 3º.-

Las Universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.”.

- - - -

Ha agregado los siguientes artículos transitorios, nuevos:

“Artículo primero transitorio.- Los Trabajadores Sociales y los Asistentes Sociales egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado.

Sin perjuicio de los dispuesto en este artículo, quienes deseen optar al grado de licenciado deben cumplir con lo establecido en los artículos permanentes de esta ley.

Artículo segundo transitorio.- La disposición establecida en el artículo anterior, no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a partir del año 2006.”.

- - -

o o o

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4581, de 14 de Octubre de 2.003.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

SERGIO ROMERO PIZARRO

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Discusión en Sala

Fecha 30 de agosto, 2005. Diario de Sesión en Sesión 34. Legislatura 353. Discusión única. Se aprueban modificaciones.

RESTABLECIMIENTO DE CALIDAD UNIVERSITARIA DE CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. Modificación de la ley Nº 18.962. Tercer trámite constitucional.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, originado en moción, que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín Nº 2792-04, sesión 30ª, en 16 de agosto de 2005. Documentos de la Cuenta Nº 1.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señor Presidente , hoy, tras casi cuatro años, estamos llegando al final de una larga tramitación de este proyecto cuya moción presentáramos un grupo de colegas de distintas bancadas.

Sus autores siempre creímos que en esta propuesta buscó la defensa de una disciplina científica y de una profesión fundamental para el desarrollo social del país y para el diseño e implementación de cualquier política pública que busque la intervención en los cada vez más complejos procesos sociales que vive un país dinámico como el nuestro.

Esta mañana, las trabajadoras y los trabajadores sociales de Chile están de fiesta. No podía ser de otra manera, pues ven cómo tras 15 años de desprotección, este nuevo legislador, generado a partir de la soberanía popular, reconoce en ellos un puntal esencial del desarrollo social del Chile del futuro.

Por eso, esta mañana nos acompaña la directiva nacional de su colegio profesional en pleno, encabezada por su presidenta y primera promotora de esta iniciativa, doña Lucía Sepúlveda , y las presidentas provinciales de asistentes sociales de las provincias de Arica, Iquique , Limarí , Concepción, Puerto Montt, Chillán , Valparaíso , Talca, Cordillera, Santiago y Curicó .

Además, está presente la señora Malvina Ponce de León , presidenta de la Conferencia Internacional de Trabajo Social que se realizará el próximo año en nuestro país y que reunirá a representantes de más de cien naciones del mundo.

También están en las tribunas profesores y alumnos y alumnas de las escuelas de trabajo social de las Universidades Católica de Santiago, Academia de Humanismo Cristiano, Santo Tomás , Católica de Valparaíso, Arcis y Alberto Hurtado .

Todos los que nos acompañan, a los que se suman muchos trabajadores y trabajadoras sociales, han contribuido con su presencia y empeño, durante cada uno de los trámites de este proyecto, a generar las adhesiones para derribar los mitos y malentendidos que se han construido a partir de un lobby, a ratos poco leal, que llevó a cabo una institución privada de educación profesional que sólo ha tratado de sembrar dudas y confusión sobre el mérito de esta iniciativa.

Quiero dejar asentados ciertos puntos esenciales que corresponden a las modificaciones que el Senado aprobó por unanimidad al momento de despachar este proyecto en segundo trámite constitucional. Creo sinceramente que con estas modificaciones -que confío en que aprobemos por unanimidad en la Cámara de Diputados- quedan despejadas las dudas sobre su eficacia.

El Senado ha mantenido el sistema aprobado por la Cámara de Diputados de generar un estatuto diversificado para la profesión, separándola en dos, pero relacionadas. Una es la carrera de Trabajador Social, que podrán impartir sólo las universidades, previo otorgamiento de la licenciatura de trabajo social tras cinco años de enseñanza efectiva, y la otra es la carrera profesional y no técnica, como más de alguien ha pensado, de Asistente Social, que podrán seguir impartiendo los institutos profesionales que así lo deseen.

La Cámara Alta se preocupó especialmente de la situación de los alumnos que actualmente cursan la carrera en institutos profesionales, en particular, para que nadie dude, de los estudiantes de Inacap.

Para ello, el Senado nos propone, en el artículo 2º nuevo, que los institutos profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente, lo que, en sí mismo, es una protección para los institutos y sus alumnos.

Asimismo, el artículo primero transitorio nuevo, propuesto por el Senado, establece que quienes ya estudiaron en esos institutos y los actuales alumnos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en universidades, excepto el grado de licenciado. Esto, que puede ser redundante, pues nunca nadie ha pretendido limitar sus posibilidades de desarrollo profesional o sacarlos del mercado, y atendida la claridad con que ha sido redactado, debería despejar cualquier duda o aprensión sobre los posibles efectos futuros de las disposiciones de este proyecto.

Esta norma es tan esencial que en el Senado -la Oposición en pleno; debido a que se logró consenso en torno a ella- concurrió con su voto favorable para aprobarla.

Más aún, el Senado, reafirmando una práctica que venía dándose cada vez con mayor fuerza en el sistema de educación superior, ha establecido que las universidades que impartan la carrera de Trabajo Social crearán programas especiales para permitir a los asistentes sociales egresados de los institutos profesionales, acceder a la licenciatura, lo que constituye un interesante caso de continuidad de estudios estimulada por el legislador.

Los egresados de los institutos, libremente y según más convenga a sus intereses, podrán cursar en una universidad y optar a su licenciatura. Muchos egresados de Inacap, con su título profesional en la mano, ya están realizando sus estudios de licenciatura en la Universidad Finis Térrea, con la cual han suscrito un convenio para esos fines.

Finalmente, el Senado eliminó el artículo 2º propuesto por la Cámara de Diputados, por considerarlo redundante. Éste declaraba, para todos los efectos legales, que el título de asistente social otorgado por las universidades es equivalente al título de trabajador social a que se refiere el artículo 1º del proyecto, con lo cual se resguardaban los derechos de los miles de asistentes sociales, formados en universidades y que han obtenido el título de asistente social y no de trabajador social, a quienes no se les otorgaba el grado de licenciado por una cuestión de práctica académica y de estructura del sistema anterior a la entrada en vigencia de la ley orgánica constitucional de Enseñanza, que separó definitivamente en Chile lo que es título profesional de la licenciatura.

El Senado entendió que dicha disposición era redundante, en tanto la ley no tiene efecto retroactivo, de manera que no perjudica el estatus ya obtenido por esos asistentes sociales universitarios. Sobre el particular, y para despejar cualquier duda que pudiera surgir para el intérprete administrativo o judicial, debemos dejar establecido que la Cámara de Diputados ha entendido que la razón del Senado para eliminar la disposición es correcta y que, por la sola aplicación de los principios generales del derecho, la irretroactividad de la ley en el tiempo y la protección constitucional de los derechos ya incorporados al patrimonio de las personas, este proyecto, en su actual redacción, no perjudica de manera alguna a esa clase de asistentes sociales, quienes disfrutarán de todos los derechos, estatus y calidades que la ley entregará a los trabajadores sociales formados en las universidades al momento de su entrada en vigencia.

He hecho una síntesis de las modificaciones propuestas por el Senado, sobre las cuales debemos pronunciarnos. Hemos hablado de ellas largamente con varios colegas diputados, con el Colegio de la Orden y con otras instituciones representativas del gremio, y todos están conformes, satisfechos y agradecidos por lo obrado por el Senado en el segundo trámite constitucional.

Por ello, sin ninguna duda, solicitamos a la Sala aprobar las modificaciones para que esta profesión, esta disciplina científica, retome la senda que nunca debió haber perdido.

Hoy, la Cámara de Diputados está cumpliendo con el trabajo social chileno, con esos profesionales que, desde de la época de la escuela que fundara el doctor Alejandro del Río, vinieron a cambiar la forma de entender los procesos sociales y de intervenir en ellos por parte del sector público. Sin buenos trabajadores sociales, no habrá capacidad de generación de más y mejores políticas públicas para enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio. Ése ha sido nuestro desafío y creemos que hemos cumplido.

Sólo resta que cada uno de ustedes, estimados colegas, apoye esta iniciativa.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , me sumo a los saludos de la diputada Antonieta Saa a la directiva del Colegio de la Orden . Sin el esfuerzo, el tesón y la convicción de la señora Lucía Sepúlveda y de todo el directorio, a quienes rindo homenaje por toda la labor que realizaron, no habría sido posible sacar adelante esta iniciativa.

Nuestra bancada va a apoyar las modificaciones propuestas por el Senado. Entendemos que son parte de un acuerdo político con la Oposición, que dan viabilidad al proyecto.

Antes de referirme al proyecto, quiero hacer algunas reflexiones. Para nosotros es claro que el sistema universitario está con problemas; en toda una dimensión, está bastante desbocado. Existe un crecimiento de la oferta educativa con estándares muy desiguales, con carreras de muy buen nivel, de regular nivel y otras de muy mal nivel; incluso, tenemos algunas ofertas educativas que no garantizan la calidad básica de la formación profesional, lo que debe preocuparnos como Estado, como sociedad y como Congreso.

Hay instituciones de educación superior que parecieran ser vendedoras de títulos más que formadoras de profesionales íntegros, comprometidos con el país. De una vez por todas, debemos velar por que el sistema de educación superior tenga un adecuado nivel.

El proyecto de ley sobre acreditación de la calidad en la educación superior busca avanzar en esa dirección; busca que las instituciones cumplan con ciertos estándares en la formación profesional y en la investigación. De esa manera, quien pase por la universidad, tendrá asegurado que va a adquirir, por lo menos, ciertas capacidades, conocimientos y valores, cierta responsabilidad hacia la sociedad, lo que es propio en un sistema de educación superior de un país desarrollado.

En ese marco, la profesión de asistente social es hoy más importante que nunca. No es una carrera técnica, dimensión que alguna vez se le quiso dar, por cuanto se pensó que era muy complementaria de otras profesiones con rango universitario. Detrás de esto, existe incomprensión del mundo en general y, del mundo moderno, en particular. Hoy, más que nunca, se requiere entender la realidad, pero inserto en ella, juzgamiento propio del asistente social, quien la conoce viviéndola muy vinculada a las personas, lo que le permite diseñar instrumentos o aportar en su diseño para construir una sociedad mejor.

Eso es fundamental para la familia, porque su realidad no es igual a la de antes, dado que hoy ella vive una crisis, que no debe ser entendida con la visión sesgada que sólo la vincula al problema de la pareja, porque es una institución muy presionada por la sociedad. Así, en la medida en que el resto de ésta no resuelve ciertos problemas, llegan como una presión muy fuerte sobre la familia. Por eso se requieren programas que la apoyen, como se plantea en muchas partes por la base social a los dirigentes de organizaciones. En este sentido, se señala la necesidad de enfrentar aspectos tales como la dimensión afectiva, la relación con los hijos, el papel y las características de la familia, tareas en las cuales deben estar presentes estas profesionales fundamentales.

En los centros laborales existen problemas. Sin ir más lejos, incluso en la Cámara de Diputados, como centro laboral o lugar de trabajo de mucha gente, al explorar la realidad de las personas que aquí laboran, es posible advertir que es muy difícil si se analiza desde puntos de vistas como su realidad de pareja, su situación en la familia y dentro de la institución.

Entonces, uno se pregunta si existe comprensión respecto de lo que ocurre con quienes trabajan en la Cámara, si hay una buena línea de apoyo, dadas las distintas realidades y las peculiaridades de cada persona. En ese sentido, es posible concluir que existen debilidades e insuficiencias.

Por lo tanto, aquí se requiere contar con profesionales que tengan un alto nivel de comprensión y capacidad de desarrollar instrumentos mucho más apropiados.

¡Para qué hablar de las políticas sociales, además de la familia y de los centros de trabajo! Hoy, las políticas sociales no pueden ser sólo para asistir a los “heridos” que van quedando como resultado de ciertas dimensiones de la política económica, sino que requieren, antes que todo, ser constructoras de sociedad, de integración social en las diferentes realidades y, además, se debe contar con un conjunto de programas del tipo Chile Solidario, que ayuden a los sectores de menores ingresos a aprovechar las oportunidades que pueden y deben presentarse.

Creo que, como nunca, la carrera de trabajo social es indispensable en tareas para construir sociedad y para contribuir a enfrentar los distintos procesos de desintegración.

No me queda más que decir que esta carrera debe tener rango universitario y debe ser fortalecida.

Considero que se debe trabajar más, no sólo en formación profesional, pues la mayor parte de los centros que imparten las diferentes carreras sólo entregan formación profesional, pero tienen muy poca investigación. A mi juicio, las trabajadoras sociales deben exigirse ordenar los conocimientos que adquieren en su vida cotidiana y concreta, con los cuales no cuentan los sociólogos encerrados en las universidades ni los antropólogos, porque es consecuencia de una vivencia mucho más directa con distintas dimensiones de la vida de los seres humanos en la sociedad actual.

Sin perjuicio de reiterar nuestro apoyo a las modificaciones del Senado, quiero decir a las trabajadoras sociales presentes en las tribunas que el hecho de alcanzar este importante logro, como es que la carera adquiera el rango universitario, debería fortalecer la voluntad de esas profesionales y de las estudiantes de dicha carrera para ayudar a que en el país haya una profunda reforma universitaria, porque necesitamos que las universidades no sean sólo un paso para acceder a un lugar de trabajo, sino que sean formadoras de personas, que tengan la capacidad de hacer conciencia crítica en la nación, de repensar el país y de hacer una sociedad mejor.

Esperamos que este paso fortalezca a esas profesionales, a fin de que se conviertan en una fuerza cultural y social que ayude para que se produzca una reforma universitaria de verdad en el país.

En nombre de la bancada del Partido Socialista, anuncio que vamos a apoyar completamente las modificaciones del Senado, y esperamos que la Sala, por unanimidad, proceda en igual forma, porque, más allá de algunas deficiencias, son parte de un acuerdo político.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.-

Señor Presidente , tal como señaló el diputado Montes , hace falta una reforma mucho más profunda en la educación universitaria.

Partiendo de esa base, debemos señalar que las modificaciones del Senado nos satisfacen.

Asimismo, debemos reconocer que la educación técnico-profesional está dando frutos consolidados a nuestro país.

En mi condición de profesor universitario y no obstante esperar que todas las carreras alcancen el reconocimiento de universitarias, no podemos desconocer que también se puede dar la oportunidad para que jóvenes que no tienen la posibilidad de llegar inmediatamente a la universidad, pero que tienen interés y talento para cursar una determinada carrera, lo puedan hacer primero en niveles inferiores.

En el fondo, el proyecto, si bien atenúa en parte la discriminación, reconoce que hay una educación técnico-profesional que hoy es mucho mejor que la que existió anteriormente y que tiene un nivel totalmente competitivo. Incluso, me atrevería a decir que, en algunos casos, imparte mejor educación que algunas universidades.

También es válido señalar que, más allá del reconocimiento del trabajo social y del grado de licenciado universitario, que vamos a asumir con propiedad, también se produce un problema social en el mercado. Existen institutos profesionales que entregan títulos de asistente social; pero, lamentablemente, el mercado está obteniendo este producto profesional a un bajo costo, en desmedro de aquel producto mucho más acabado, con más capacidad intelectual o mayor conocimiento, como es el profesional universitario.

Más allá del interés que hemos mostrado en apoyar el proyecto, éste es un tema que nuestra sociedad y el mercado laboral deberán resolver de la mejor forma. Creo importante señalar que no sólo es necesario que la carrera de asistente o trabajador social sea universitaria, sino que también el mercado le haga el correspondiente reconocimiento en el aspecto salarial.

Las modificaciones del Senado cambian sustancialmente lo que habíamos propuesto en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados; sin embargo, tales enmiendas nos dejan muy satisfechos.

Éste es un paso y, a la luz del interés y del esfuerzo que han mostrado las personas que hoy nos acompañan en las tribunas, en cuanto a defender el legítimo derecho de reconocer la carrera de asistente o trabajador social a nivel universitario, sin duda otras carreras también propondrán este reconocimiento en el futuro, como sucederá con la de enfermería.

La Unión Demócrata Independiente apoyará las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, en el entendido de que debemos reconocer que no solamente la educación universitaria es de calidad, sino que también existe educación técnico-profesional tan buena como la universitaria.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, no podía dejar de intervenir en nombre de nuestra bancada sobre este tema, por las siguientes razones.

Estamos realizando una nueva modificación a la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, promulgada el 10 de marzo de 1990. Una vez más, queda demostrado que esa normativa necesita modificarse.

Sin embargo, por tratarse de una ley orgánica constitucional, necesita quórum especial para su aprobación. Por eso ha sido tan difícil aprobar este proyecto, que, en justicia, gracias a la perseverancia y a la constancia de la directiva nacional del Colegio de Asistentes Sociales, ya está llegando a feliz término en este trámite constitucional.

¡Cómo no va a ser importante que este poder del Estado, la Cámara de Diputados, apruebe este proyecto, ya que sus 120 parlamentarios, elegidos a través de la esencia de la democracia, como es el voto popular, secreto e informado, siempre hemos contado con el apoyo de asistentes sociales o de trabajadores sociales, ya sea que hayan estudiado en universidades o institutos profesionales!

Estábamos en deuda, ya que merecían que se reestableciera -lo recalco- la exclusividad universitaria de trabajo social. Esto se cruzaba con la carrera que imparten los institutos profesionales, cuyos alumnos no eran culpables de que no se cumplieran los quórum parlamentarios necesarios para dar la categoría que le corresponde a los asistentes sociales.

Hoy se está culminando un proceso muy positivo. El Senado agregó algunos artículos, como el 3º, que dice: “Las universidades que impartan la carrera de trabajo social deberán establecer planes y programas especiales para los asistentes sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en trabajo social y al título profesional de trabajador social.”

Los artículos transitorios aclaran que los estudiantes que estén cursando la carrera de trabajo social en institutos profesionales tendrán los mismos derechos, estatus y calidad que quienes cursen sus estudios en universidades, lo que no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a partir de 2006.

Señalo lo anterior para la historia fidedigna de la ley, porque tiene que haber claridad en la publicidad que se hará para optar a esta carrera en institutos profesionales en 2006.

En nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano, anuncio que votaremos a favor las modificaciones del Senado, porque es justo y necesario, pues se trata de un reconocimiento rezagado para que la carrera de asistente social tenga la exclusividad universitaria.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL ( doña Ximena).-

Señor Presidente , quiero saludar a los asistentes sociales que nos acompañan en la tribuna.

Deseo hacer una síntesis de la iniciativa y de su contenido.

El proyecto tiene por objeto reconocer la relevancia científica y el aporte del servicio social al desarrollo del país y la demanda que los profesionales han hecho, a través del Colegio de Asistentes Sociales de Chile, para restituir el estatus universitario de la carrera.

Su contenido agrega el título de trabajador social entre las carreras profesionales que requieren licenciatura previa; declara que el título de asistente social otorgado por las universidades es equivalente al título de trabajador social; establece que los institutos profesionales que impartan la carrera de trabajador social o asistente social podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente; dispone que las universidades que impartan la carrera de trabajo social deberán establecer planes especiales para los asistentes sociales que hubieren obtenido su título profesional en institutos reconocidos por el Estado, con la finalidad de que puedan cursar en ellas para optar al grado de licenciado en trabajo social y el título profesional de trabajador social.

En ese contexto, estamos en el último trámite de una iniciativa que ha tenido una larga y contundente discusión, recordada por el diputado Carlos Montes.

El Colegio de Asistentes Sociales de Chile ha estado detrás de la recuperación del reconocimiento de esta disciplina.

¡Cómo no vamos a reconocer a los asistentes sociales, a los trabajadores sociales o a los profesionales del trabajo social. Cómo no vamos a reconocer en toda su dimensión lo que significa esa profesión para el desarrollo de las personas más vulnerables de nuestra sociedad!

El Colegio de Asistentes Sociales, que ha luchado por recuperar el reconocimiento de esta disciplina, y las “insistentes sociales” -como las llamamos cariñosamente-, no sólo defienden su estatus universitario, sino también la dignidad de las personas que atienden.

Por lo expuesto, apoyamos las modificaciones del Senado a este proyecto con todas nuestras fuerzas y compromiso.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE ( doña Isabel).-

Señor Presidente , en nombre de nuestra bancada, quiero saludar a las asistentes sociales presentes en las tribunas y, como expresaron la diputada María Antonieta Saa y el diputado Carlos Montes , felicitarlas por la lucha que dieron para que se elaborara un proyecto, cuya aprobación estamos logrando gracias a un buen acuerdo político con la Oposición en el Senado.

Con el respaldo de un colegio profesional, los asistentes sociales fueron capaces de velar por sus intereses y lograr lo que requerían: restablecer la exclusividad universitaria del trabajo social entre las carreras profesionales que requieren licenciatura previa. Ello es un gran logro. Por cierto, el proyecto establece que quienes obtuvieron su título profesional de asistente social en institutos profesionales podrán optar al grado de licenciado en trabajo social en las universidades que impartan esta carrera, a través de planes y programas especiales.

El proyecto constituye un logro en términos de restablecer a la carrera de trabajo social su valor y su carácter universitario. Pertenezco a esa generación -lo digo con mucho orgullo y satisfacción- que estudió gratuitamente en la Universidad de Chile. En ese sentido, lamento que con el actual sistema de educación superior muchos talentos se pierdan porque sus familias aún no logran ese crédito, esa beca, ese recurso necesario. Estudié gratuitamente, durante cinco años, la carrera de sociología, que era relativamente novedosa en los años 60. La Universidad de Chile tenía todo el espíritu que requiere una universidad y se proyectaba hacia la sociedad a través de sus actividades de investigación, de extensión e, incluso, culturales, como el teatro y otras expresiones.

Como señalaba el diputado Montes , nos preocupa nuestra educación superior no sólo porque se están perdiendo talentos debido a que no pueden acceder a créditos, sino también porque aparecen universidades que imparten dos o tres carreras y que sólo buscan lucrarse con la educación.

Las universidades tienen un compromiso con la sociedad: entregar una buena formación, elaborar con seriedad sus currículos y ser rigurosas en las disciplinas, en la investigación y en los trabajos de tesis final, a fin de que sus egresados aporten a la sociedad los conocimientos adquiridos. Queremos universitarios comprometidos con el mundo social y sus deficiencias, sus discriminaciones, sus distorsiones, etcétera.

Por lo expuesto, anuncio el voto favorable de nuestra bancada a las modificaciones del Senado, y quiero manifestar que compartimos que la carrera de trabajo social restablezca la exclusividad universitaria. Esperamos que esta iniciativa sirva para que en el futuro sigamos velando por la calidad de la educación superior y por la acreditación de los planes de estudios, a fin de que no sigan existiendo carreras que, a lo mejor, no merecen título universitario y sepamos reconocer a aquellos que se esfuerzan, que trabajan y que lo merecen a plenitud.

Por eso, con mucha satisfacción, aprobaremos las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor NAVARRO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa.

El señor JARPA .-

Señor Presidente , en nombre de la bancada del Partido Radical, quiero anunciar mi voto favorable y señalar que, después del excelente informe que nos ha entregado nuestra colega señora María Antonieta Saa sobre la técnica legislativa y los motivos por los cuales aceptamos las modificaciones del Senado, esperamos que éstas sean aprobadas por la unanimidad de nuestros colegas, porque la profesión de asistente social nunca debió haber perdido la condición de ser una carrera exclusivamente universitaria. Por ese motivo, junto con saludar a nuestras amigas y amigos que hoy nos acompañan en la tribuna, quiero felicitarlos por el trabajo que han realizado en estos años, el cual ha permitido que hoy recuperen un sitial que nunca debieron perder.

Quiero hacer algunas reflexiones al respecto. Cuando se creó la primera escuela universitaria de servicio social Doctor Alejandro del Río fue porque se entendió que la salud es el perfecto bienestar físico, psíquico y social. Es decir, es fundamental la condición del ser humano como un ser gregario en el desarrollo de la sociedad. Ése es el rol que hoy le corresponde desempeñar a los asistentes sociales.

No tenemos nada en contra de la educación técnico profesional. Sin embargo, entendemos que trabajar con seres humanos, como aquí muy bien se ha señalado, requiere de una capacidad que permita enfrentar las dificultades diarias que se desarrollan en nuestro mundo, como en el hogar, en la familia, en el ámbito laboral y en las universidades, con los problemas tienen nuestros jóvenes, así como también en los municipios y en los programas Puentes. Por consiguiente, esta concepción del desarrollo e importancia del ser humano fundamenta la necesidad de que hoy esta carrera tenga una formación exclusivamente universitaria.

Por otra parte, quiero adherirme a lo señalado por la diputada Isabel Allende y por el diputado Carlos Montes respecto de la revisión que debemos hacer a la educación universitaria en cuanto a su financiamiento y acreditación, porque entendemos que la educación debe ser un servicio y no un negocio. Es el elemento más importante que existe en nuestra sociedad, ya que permite el crecimiento y desarrollo de las personas. Hoy, cuando vivimos un mundo tecnologizado, muchas veces nos olvidamos de lo más importante: las personas, los seres humanos. Nadie puede reemplazar a los asistentes sociales en ese rol. Ello lo he podido comprobar desde mi infancia, como hijo de médico, al ver el trabajo que realizaban ya en esa época. También lo pude comprobar cuando me desempeñé como médico en el Hospital de Chillán y como gobernador, al ver el trabajo que se hace en los centros penitenciarios y juzgados de menores. Ésa es la importancia.

Por eso, con mucho agrado y satisfacción, anuncio nuestro voto favorable. A la vez, quiero manifestar mi alegría, porque con esto se hace justicia a esta noble profesión, que recupera el sitial que le corresponde como carrera universitaria.

He dicho.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.

El señor MARTÍNEZ .-

Señor Presidente , es natural que cuando se participa en la concreción de un proyecto de ley se desee que su resultado, en la misma forma en que se planteó originalmente, se dé en el menor plazo posible. Muchas veces la ciudadanía nos critica porque las propuestas e iniciativas no se materializan con la celeridad requerida y en las condiciones que resulten ideales a sus aspiraciones.

El oficio que recibimos del Senado nos comunica la aprobación del proyecto con determinadas modificaciones, las que, en mi opinión, no alteran la sustancia de la iniciativa respecto de los objetivos que persigue. Como se ha expresado en múltiples oportunidades, el proyecto busca crear, a través de la restitución de la calidad universitaria, las condiciones para el desarrollo de la profesión de trabajador social, en un contexto donde su contribución es fundamental para enfrentar los desafíos que el país tiene, los cuales, más allá de las cuestiones económicas y productivas, requieren de una mirada muy profunda al interior de la nación para ir atacando las desigualdades existentes, tal como lo reconoce la presidenta nacional del Colegio de Asistentes Sociales , señora Lucía Sepúlveda , cuando dice que “esta disciplina constituye un aporte real orientado a dar solución a los problemas de la familia”.

La cantidad de responsabilidades que tienen es enorme y progresiva, y las encontramos en los sistemas de asistencia pública, en los procedimientos auxiliares de administración de justicia, en la mediación que se establece en los nuevos tribunales de familia, en los sistemas de administración de menores, en los programas de promoción de la mujer y de la infancia, en los combates contra cualquier forma de discriminación de género y, en general, en toda implementación de políticas públicas que, para ser efectivas y eficientes, deben tener profesionales preparados para participar no sólo en la entrega del beneficio, sino en la detección del problema y en el diseño de la estrategia.

El trabajo social es una ciencia social, precisamente porque reúne la teoría, metodología y técnicas para intervenir en todo tipo de situaciones de la problemática social, estudiando las necesidades, carencias, potencialidades y habilidades de las personas a nivel individual, familiar, grupal o comunal, bajo cuatro modelos: asistencial, terapéutico, socioeducativo y gerencial.

Por eso, nuestro país, más aún en un mundo global y dinámico como en el que vivimos, requiere de profesionales en permanente capacitación, investigadores de los fenómenos sociales con preparación constante en diferentes áreas del conocimiento y con una visión multidisciplinaria de su profesión, camino que se abre necesariamente a través de una licenciatura, grado académico que busca proporcionar ese conocimiento interdisciplinario suficiente para actuar en la dinámica social, lo cual, además, está en correspondencia con la visión europea sobre la materia, como recuerda la presidenta de la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social, Christine Labonté-Roset , al señalar que ya “en noviembre de 2001, la Comunidad Económica Europea ratificó que el trabajo social fuese una de las carreras que debía desarrollarse tanto a nivel de licenciatura como de magíster y doctorado”.

Señor Presidente , estoy convencido de que esta iniciativa, que muy pronto será ley, nos ha permitido, además, reflexionar respecto de una problemática mayor, que requiere tratamiento a la brevedad.

Otros sectores también están solicitando que sus carreras tengan exclusividad universitaria. Por ejemplo, en el Senado se encuentra en trámite una moción relativa a las carreras de la salud. Seguramente vendrán otras, todas con fundamentos atendibles. Si a ello le agregamos la realidad educacional y ocupacional, nos encontraremos ante la urgencia de estudiar seriamente nuestra educación superior.

Tenemos 62 universidades, 49 institutos profesionales y 113 centros de formación técnica que operan en quinientas sedes, con una cobertura para 600 mil alumnos. En 1982 teníamos 95 mil estudiantes en carreras técnicas y 135 mil, en profesionales. Hoy, podemos comprobar un crecimiento de 400 por ciento en las carreras profesionales y de sólo 4 ó 5 por ciento en las técnicas.

Ahí está el problema: no existe una proporcionalidad entre lo universitario y lo técnico profesional. Es más, sabemos de la importancia que para el país tiene el disponer de técnicos altamente calificados. La experiencia internacional es abundante en esta materia. Sólo lo planteo como un tema que debemos comenzar a trabajar para llegar a un sistema de educación que responda a los requerimientos y desafíos del país y, sobre todo, de sus estudiantes y sus familias.

El sistema de educación superior, como originalmente se pensó, está quedando obsoleto por la dinámica de los tiempos. Cabe recordar que la idea inicial era que las universidades concentrarían sus esfuerzos en las carreras asociadas a estudios de nivel académico, realizando investigaciones e impartiendo programas de postgrado; los institutos profesionales estarían orientados fundamentalmente a la formación de profesionales en carreras más cortas y vinculadas al mundo productivo, y los centros de formación técnica, a la preparación de técnicos de nivel superior mediante carreras de fácil adaptación a las demandas del mercado ocupacional. Hoy, eso está superado. Por lo tanto, hay que estudiar muy seriamente la ley orgánica constitucional de Enseñanza.

Las modificaciones del Senado, que -reitero- no alteran el sentido original del proyecto, zanjan las inquietudes de los institutos profesionales y, en especial, de los titulados y estudiantes de esas casas de estudios. Por ejemplo, la equivalencia que se hace entre los estudios de trabajador social y asistente social y la incorporación de ambas denominaciones en la letra que se agrega al artículo 52 de la ley orgánica constitucional de Enseñanza, junto con ser adecuada, mantiene la autonomía de las universidades para optar por lo que estimen más conveniente.

De igual forma, se cautela al conjunto de estudiantes que actualmente cursa la carrera en algún instituto profesional -cerca de seis mil- a través de lo establecido en el artículo 2º del proyecto. También se da satisfacción a las inquietudes de las personas tituladas, que alcanzan a casi cinco mil, al disponer en el artículo 3º lo siguiente: “Las Universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social .”. Sobre esta materia existe una interesante experiencia entre el Inacap y la Universidad Finis Térrea.

Además, para evitar la discriminación que pudiera haberse originado tanto respecto de los actuales estudiantes como de los titulados, el artículo primero transitorio establece lo siguiente: “Los Trabajadores Sociales y los Asistentes Sociales egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado.” Esto regirá sólo hasta la promoción que ingresó este año a los institutos profesionales.

Al votar favorablemente el proyecto, estamos haciendo justicia con una profesión gravitante para nuestro país, que en materia de estudio y desarrollo del trabajo social es pionero en América Latina. Sin duda, gracias a sus actuales profesionales seguirá manteniendo ese liderazgo.

He dicho.

-Aplausos.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

El proyecto se votará al término del Orden del Día.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

En votación las modificaciones del Senado al proyecto que modifica la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor NAVARRO ( Vicepresidente ).-

Aprobadas.

-Aplausos.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bayo Veloso Francisco; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo Vidaurrázaga Patricio; Correa de la Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Díaz del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; Galilea Vidaurre José Antonio; García García René Manuel; González Román Rosa; González Torres Rodrigo; Guzmán Mena María Pía; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Hidalgo González Carlos; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Letelier Morel Juan Pablo; Longton Guerrero Arturo; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Mella Gajardo María Eugenia; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Mora Longa Waldo; Muñoz Aburto Pedro; Muñoz D’Albora Adriana; Navarro Brain Alejandro; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Pérez Lobos Aníbal; Jofré Núñez Néstor; Pérez Varela Víctor; Prieto Lorca Pablo; Quintana Leal Jaime; Riveros Marín Edgardo; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Salas de la Fuente Edmundo; Sánchez Grunert Leopoldo; Seguel Molina Rodolfo; Silva Ortiz Exequiel; Soto González Laura; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Villouta Concha Edmundo; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 30 de agosto, 2005. Oficio en Sesión 31. Legislatura 353.

VALPARAISO, 30 de agosto de 2005

Oficio Nº 5803

A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H. Senado, al proyecto que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social, boletín Nº 2792-04.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 25.762, de 10 de agosto de 2005.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

4. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 30 de agosto, 2005. Oficio

VALPARAÍSO, 30 de agosto de 2005

Oficio Nº 5802

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza:

1.- Reemplázase en la letra o) la expresión “, y” por un punto y coma (;).

2.- Reemplázase el punto final de la letra p) por la conjunción “y” precedida de una coma (,).

3.- Agrégase la siguiente letra q), nueva:

“q) Título de Trabajador Social o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente.”.

Artículo 2°.- Los Institutos Profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente.

Artículo 3º.- Las Universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Los Trabajadores Sociales y los Asistentes Sociales egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, quienes deseen optar al grado de licenciado deberán cumplir con lo establecido en los artículos permanentes de esta ley.

Artículo segundo.- La disposición establecida en el artículo anterior, no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a partir del año 2006.”.

Dios guarde a V.E.

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN

Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario General de la Cámara de Diputados

5. Publicación de Ley en Diario Oficial

5.1. Ley Nº 20.054

Tipo Norma
:
Ley 20054
URL
:
https://www.bcn.cl/leychile/N?i=242374&t=0
Fecha Promulgación
:
06-09-2005
URL Corta
:
http://bcn.cl/2cxkb
Organismo
:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Título
:
MODIFICA LA LEY Nº 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, RESTABLECIENDO LA EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA DEL TRABAJO SOCIAL
Fecha Publicación
:
27-09-2005

             LEY NUM. 20.054

MODIFICA LA LEY Nº 18.962, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE

ENSEÑANZA, RESTABLECIENDO LA EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA

DEL TRABAJO SOCIAL

    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

    Proyecto de ley:

    "Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza:

    1.- Reemplázase en la letra o) la expresión ", y" por un punto y coma (;).

    2.- Reemplázase el punto final de la letra p) por la conjunción "y" precedida de una coma (,).

    3.- Agrégase la siguiente letra q), nueva:

"q) Título de Trabajador Social o Asistente Social: Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente.".

    Artículo 2°.- Los Institutos Profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente.

    Artículo 3º.- Las Universidades que impartan la carrera de Trabajo Social deberán establecer planes y programas especiales para los Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador Social.

             Artículos Transitorios

    Artículo primero.- Los Trabajadores Sociales y los Asistentes Sociales egresados y titulados en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el grado de licenciado.

    Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, quienes deseen optar al grado de licenciado deberán cumplir con lo establecido en los artículos permanentes de esta ley.

    Artículo segundo.- La disposición establecida en el artículo anterior, no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a partir del año 2006.".

    Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

    Santiago, 6 de septiembre de 2005.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación.

    Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atentamente, Pedro Montt Leiva, Subsecretario de Educación.