Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.066

Establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

Índice

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

1.2. Oficio a la Corte Suprema

1.3. Oficio de la Corte Suprema

1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

1.5. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

1.6. Primer Informe de Comisión de Familia

1.7. Discusión en Sala

1.8. Discusión en Sala

1.9. Segundo Informe de Comisión de Familia

1.10. Discusión en Sala

1.11. Discusión en Sala

1.12. Informe Complementario de Comisión de Constitución

1.13. Discusión en Sala

1.14. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Oficio a la Corte Suprema

2.2. Oficio de la Corte Suprema

2.3. Primer Informe de Comisión de Constitución

2.4. Discusión en Sala

2.5. Boletín de Indicaciones

2.6. Boletín de Indicaciones

2.7. Segundo Informe de Comisión de Constitución

2.8. Discusión en Sala

2.9. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

3.1. Informe de Comisión de Familia

3.2. Discusión en Sala

3.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

4. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Diputados-Senado

4.1. Informe Comisión Mixta

4.2. Discusión en Sala

4.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

4.4. Discusión en Sala

4.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen

5. Trámite Tribunal Constitucional

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

5.2. Oficio al Tribunal Constitucional

5.3. Oficio del Tribunal Constitucional

6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados

6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

7. Publicación de Ley en Diario Oficial

7.1. Ley Nº 20.066

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Adriana Muñoz D' Albora y María Antonieta Saa Díaz. Fecha 07 de abril, 1999. Moción Parlamentaria en Sesión 49. Legislatura 339.

Moción de las Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz. Introduce modificaciones a la ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

(boletín Nº 2318-18)

I. ANTECEDENTES GENERALES:

El 27 de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 19.325 que estableció normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

A tres años del inicio de la publicación de la ley, hoy día están muy claras sus ventajas, desventajas, aciertos, vacíos y problemas. Esta claridad proviene de estudios de seguimiento de su aplicación, de las opiniones de expertos (as) en la materia, de la experiencia de trabajo de diversas organizaciones -privadas, gubernamentales y municipales- con mujeres que realizan demandas por violencia intrafamiliar y del análisis de legislación comparada en la materia.

De acuerdo al análisis de la información anterior, los aportes y deficiencias que se detectan en la ley y en aplicación son los siguientes:

a) Aportes de la ley:

1. Determinar claramente la ilicitud de la conducta tipificada como violencia intrafamiliar, que produce el efecto de prevención negativa (inhibición por temor a la sanción) y prevención positiva (refuerza la confianza de las víctimas en el sistema legal al sentirse protegidas). A la vez que incorpora en la ilicitud la violencia psicológica por primera vez en nuestra legislación.

2. El Estado adquiere un compromiso como garante de los bienes jurídicos protegidos por esta ley: la salud física y psicológica de las personas (opinión del profesor Juan Bustos). A la vez que las sanciones alternativas implican una decisión de transformación social y cultural hacia una sociedad más igualitaria.

3. Nos proporciona un marco básico de seguridad para las intervenciones interdisciplinarias.

4. El carácter de autoridad que revisten los funcionarios policiales y los jueces en Chile, si es bien utilizado detiene la violencia en la mayoría de los casos.

5. Opción por la judicatura civil implica una búsqueda de protección y cautela de los derechos de las ofendidas y recomposición del tejido social más que culpables a ser sancionados.

6. Consagración de modernas tendencias en derecho penal, procesar y criminología, por ejemplo:

-Concepción de los derechos humanos, fin de todo tipo de discriminación y prevención de la violencia.

-Protección de bienes jurídicos ligados directamente a la persona y a su vida cotidiana.

-Reemplazo de las penas cortas privativas de libertad e instauración de procedimientos breves.

-Asignación de gran importancia a la víctima.

-Consagración del poder cautelar general de los jueces.

7. Consagración de mecanismos de protección eficaces de las víctimas y sus familias, a través de las medidas cautelares.

8. Consagra un concepto amplio familia, que incorpora las uniones de hecho, reconocido mundialmente.

9. Facilita el acceso a la justicia de las víctimas con la instauración de un procedimiento sencillo (breve, sumario, concentrado, oral y no ritual).

10. Se hace eco de la realidad del problema al habilitar como testigos a los familiares y dependientes, que son generalmente los únicos que tienen conocimiento de la situación de violencia.

11. El establecimiento de la multa en base a ingresos diarios la hace una sanción económica real y no una medida irrelevante.

b) Problemas de la ley o que redundan en su aplicación:

Para establecer si una situación es problema en este contexto es muy importante tener presente los riesgos que la denunciante asume por tal decisión, el estado psicoemocional en que se encuentra, el ciclo de la violencia, la desprotección en que se encuentra por vivir en el mismo hogar que el agresor, el aislamiento en que vive su problema, las carencias institucionales para brindarle el apoyo integral que requiere, la rigidez e interdisciplinariedad que se requiere en las intervenciones, los efectos y daños que están viviendo la víctima directa y el resto de la familia testigo de esta violencia y muchos otros factores que hacen de la violencia intrafamiliar un problema muy complejo.

Los principales problemas detectados son:

1. Falta de recursos económicos y humanos bien preparados para una eficiente implementación en el Poder Judicial y en las otras instancias que deben intervenir. Lo cual se traduce en criterios desiguales de interpretación, victimización secundaria, desprotección de las víctimas y sus familias, falta de hogares para derivación o terapias, etc.

2. La competencia entregada en la materia a los juzgados civiles, ha significado un largo proceso de ruptura de las barreras impuestas por muchos de estos jueces a un problema que no consideraban atingente a su jurisdicción y respecto del cual no tenían conocimiento ni preparación alguna. Esto último, aplicación también a los funcionarios, ha sido determinante ya que ha quedado claramente demostrado que, con los mismos escasos recursos, en los juzgados en que hay jueces y/o funcionarios sensibilizados y que comprenden el problema, la ley se aplica mucho más eficazmente.

Lo anterior sólo se solucionará con la creación de los Tribunales de Familia. Por el proceso que ya se ha hecho en estos tres años en los Tribunales Civiles, que ha significado capacitación de los funcionarios y creación de instancias de recepción de causas a cargo de asistentes sociales, y por el menor atochamiento que éstos tienen en relación a los Tribunales de Menores, no es oportuno cambiar la jurisdicción de los primeros hacia los segundos, menos aún cuando muchos (as) jueces (zas) de menores han demostrado no tener ninguna sensibilidad con el problema de la violencia intrafamiliar y ningún interés por ver materias en que sólo estén involucrados adultos (as).

3. Falta de mecanismos de control del cumplimiento de las medidas precautorias y de las sanciones, lo cual implica una gran impunidad para los agresores y desprotección para las víctimas.

4. El llamado obligatorio a conciliación que contempla la ley, junto con el desconocimiento del problema, ha significado un sinnúmero de avenimientos forzados e ineficaces en sus contenidos. Esto reviste mucha gravedad si tenemos presente que entre el 65% y 70% de los casos terminan por esta vía.

5. La no consagración de un mecanismo de ratificación de las causas en un mismo juzgado que, teniendo presente el ciclo y la escalada de la violencia, implica a las víctimas repetir sus historias muchas veces, tener que recuperar documentos archivados, desorientación, aplicación de criterios diversos, etc., todo lo cual redunda en intervenciones ineficaces y lentas y su consecuente deprotección.

6. El tipo incurrió en una omisión: algunos familiares y otros que ejercen esta violencia en el hogar no se incluyeron en la tipificación de la figura, como los yernos, hermanos mayores de edad, ex cónyuges, ex convivientes y quienes hayan procreado un hijo sin mediar convivencia.

7. Problemas para efectuar las notificaciones por los funcionarios designados en la Ley (receptores judiciales, notarios y oficiales de Registro Civil), lo cual ha implicado en muchos casos el encargo de esta diligencia a la propia víctima, con todos los riesgos e inconvenientes que ello tiene que en muchos casos obliga al desistimiento.

8. La falta de claridad en algunos artículos junto con el desconocimiento del problema, ha implicado una diversidad de criterios de interpretación que en nada aportan al mejoramiento del acceso a la justicia de las personas. Así, algunos jueces de menores no reconocen su competencia en maltrato extrafamiliar o desconocen las pensiones alimenticias fijadas provisoriamente por juez civil como medida precautoria, los jueces del crimen no hacen uso de las medidas precautorias, el momento para archivar las causas es muy diverso, los criterios para conceder o denegar una medida precautoria son totalmente distintos, se exige la ratificación de las denuncias, etc.

9. Las medidas precautorias no se conceden de acuerdo al peligro de cada caso y con la rapidez necesaria, por desconocimiento de los riesgos que implica la violencia intrafamiliar y falta de elementos para evaluar dicho riesgo, prevaleciendo más bien otros factores que nada tienen que ver con los objetivos y esencia de estas medidas.

10. Las terapias como sanción en un porcentaje importante son ineficaces. En la mayoría de los casos en que se obliga a los condenados a asistir no comparecen o abandonan la terapia luego de la primera sesión.

11. No se contemplan mecanismos de seguimiento de las sanciones ni de los avenimientos, lo cual genera además de sensación de impunidad y desprotección, un descrédito muy fuerte del Poder Judicial y una desconfianza de las víctimas para recurrir nuevamente a la justicia.

12. Se carece de un mecanismo eficiente de representación de los menores maltratados, para el caso que sus agresores sean sus representantes legales, quedando atadas de manos instituciones que trabajan el problema ya que para representar a un niño o niña debe el abogado (a) pagar una fianza, suma con que obviamente no se cuenta.

13. Las medidas precautorias se pueden mantener o modificar en la sentencia hasta por 60 días, pero no se señala desde cuándo se cuenta este plazo, si desde que se decretan o desde que se llevan a cabo.14. No se establecen claramente las obligaciones de la policía, como por ejemplo:

-Prestar auxilio, protección y transporte a las víctimas.

-Tomar las denuncias, sin necesidad de exigir certificado médico o la víctima.

-Ingresar al hogar en caso de maltrato flagrante.

-Detener al agresor en caso de maltrato flagrante.

15. En estos juicios quedan muchas situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar sin resolver y que dificultan el término de la misma, por ejemplo, la liquidación de la sociedad conyugal.

La precedente evaluación de la ley ha sido nutrida con:

-Estudios de seguimiento de la aplicación de la ley, realizados por el Instituto de la Mujer en 1995 y por la Consultora El Agua en 1996, ambos para Sernam.

-Opciones de expertos (as) y actores involucrados en la aplicación de la ley (jueces, actuarios, carabineros, funcionarios de la salud, profesores, etc.) a lo largo del país.

-Documentos enviados por diversas instituciones a la sesión especial de la Cámara de Diputados sobre Violencia Intrafamiliar, realizada en junio de 1997, en particular el de la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual.

-Síntesis de los documentos anteriores realizada por Corsaps.

-Opiniones y experiencias de víctimas de violencia intrafamliar que han utilizado la ley.

-Análisis de legislación comparada y su evaluación. Se analizaron las leyes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela (proyecto de ley), los cuales se seleccionaron por las características similares a Chile en cuanto a eficiencia judicial y recursos, por el acceso a los contenidos de dichas leyes y por las evaluaciones que en algunos casos ya se han hecho en relación a su aplicación.

II. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

En virtud de lo anteriormente expuesto, venimos en proponer a esta honorable Cámara de Diputados, las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar:

1. Iniciar la ley señalando claramente:

-Su objetivo de protección a las víctimas.

-Su primacía respecto de normas generales por su carácter de norma especial.

-El carácter de irrenunciables de los derechos que consagra.

-La vigencia de principios procesales como la gratuidad, la reserva, la celeridad y la inmediación obligatoria.

2. Validación de las primeras diligencias hechas por un juez incompetente.

3. Nueva redacción del artículo 1º para:

-Ampliación del tipo para incluir familiares y otros similares no contemplados, definir el grado de violencia física que comprende (lesiones leves), la violencia psicológica, incorporando explícitamente en esta última la restricción de libertad y la violencia sexual no constitutiva de delito proveniente de las personas que señala esta ley.

-Aclarar la situación de quienes no viven “bajo un mismo techo”, expresión que ha causado muchos problemas interpretativos.

4. Inclusión de un mecanismo claro y expedito de representación judicial de los niños y niñas maltratados por sus padres, para lo cual se eliminan los requisitos de discernimiento del cargo de curador ad litem y de rendición de fianza, a fin de que los abogados o procuradores que representen a los menores no se vean entrabados por dichas exigencias.

5. En relación a las medidas de protección o cautelares se propone:

-Establecer la obligatoriedad de fundamentación de la solicitud, con a lo menos los datos de la solicitante, de la víctima y del agresor, el relato de los hechos y las pruebas si se tuvieren, para la cual existirá un formulario tipo.

-Incorporar en el listado, que si bien no es taxativo, por desconocimiento los jueces no dictan otras, las siguientes:

-Radio mínimo de acercamiento al hogar y lugar de trabajo o estudio.

-Decomiso de armas en poder del agresor.

-Prohibición de toda forma de hostigamiento, incluso telefónico.

-Disposición de inventario bienes.

-Entregar el cuidado de la víctima menor, incapaz o anciano desvalido a quien el juez considere idóneo para su seguridad psicofísica y mientras se efectúe un diagnóstico de la situación.

-Embargo de bienes.

-Arresto transitorio hasta 36 meses del agresor.

-En la sentencia el juez debe ordenar al agresor abstenerse de la conducta violenta o de otra similar.

-El juez que conoce de la causa debe ser competente para la ejecución y cumplimiento de las medidas precautorias por él dictadas.

-Las medidas que consistan en terapias deberán ser costeadas por el agresor en servicios pagados, a menos que no tenga recursos para ello.

-Cuando la medida sea la fijación de una pensión alimenticia provisoria el agresor deberá acreditar sus ingresos para que se fije en base a éstos y sirva como antecedente real para la pensión definitiva.

-Para los efectos de renovación o extensión de una medida, el plazo se contará desde el vencimiento del primer plazo fijado.

-Que la sanción establecida para el incumplimiento de las medidas precautorias en el artículo 6º se incorpore al artículo relativo a dichas medidas o se coloque a continuación y se agregue la siguiente:

-Si está gozando de beneficios como libertad condicional u otros, le serán revocados.

-En juicios de divorcio cuya causal sea el maltrato, el juez podrá decretar las medidas precautorias.

-Otorgar facultad a los jueces para ordenar una protección policial especial a la víctima cuando el maltrato revista gravedad y se tema su repetición.

6. En relación al comparendo se propone que si el agresor no comparece con justa causa, se entenderá que acepta los cargos. Si la víctima no asiste, se citará para un segundo comparendo y si no asiste por segunda vez, se la tendrá por desistida, salvo que sea menor de edad o discapacitada.

7. En relación a los medios probatorios se propone que se señale expresamente que cualquier certificado médico tiene validez para los efectos de probar la gravedad del daño.

8. Considerar la violencia intrafamiliar como agravante cuando estamos frente a la comisión de un delito y como atenuante cuando la persona maltratada asesina o lesiona al agresor.

9. En relación a las sanciones se propone:

-Establecer la obligación de pago de los gastos y daños ocasionados y de reposición en dinero o especies por la pérdida o destrucción de bienes, resolución que debe tener mérito ejecutivo.

-Establecer no como sanción, sino como medida a aplicar, además de la sanción, la asistencia a terapias y programas educativos.

-Cuando se condene a una multa será obligación del condenado probar sus ingresos a fin de fijar su monto.

-Agregar como sanción el arresto de fin de semana.

10. En cuanto al control de las medidas precautorias y sanciones se propone que:

-El juez tenga facultades para solicitar la comparecencia de las partes con la frecuencia que estime conveniente durante la aplicación de la medida o sanción.

11. Las causas por violencia intrafamiliar deberán radicarse en el juzgado que conoció la primera vez del asunto.

12. Se propone que en estos juicios el juez tenga facultad para liquidar la sociedad conyugal.

13. Se propone señalar que la competencia de esta materia corresponderá a los Tribunales de Familia una vez que se creen, pero a su respecto no se podrá mediar.

14. En relación a las notificaciones se propone: otorgarle facilidades a Carabineros para los casos en que justificadamente no puedan efectuarla los receptores o los otros funcionarios señalados por la ley.

15. Con la creación de los Tribunales de Familia se incorporará en nuestro sistema jurídico la institución de la mediación, por ello es muy importante dejar fuera de este mecanismo a la violencia intrafamiliar, ya que ésta no se daría el presupuesto esencial de igualdad de condiciones entre las partes (agresor y agredido).

Por lo anterior, los diputados que suscriben vienen en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

INTRODÚCENSE LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LA LEY Nº 19.325:

1. Reemplácese el artículo 1º por el siguiente: “Esta ley, de carácter especial, tiene por objeto proteger la salud y seguridad física y psíquica de las víctimas de la violencia intrafamiliar; los derechos que establece son irrenunciables y en los juicios que se inicien en la materia regirán los principios procesales de la gratuidad, la reserva, la celeridad y la inmediación obligatoria.

Se entenderá por acto de violencia intrafamiliar todo maltrato que no sea constitutivo de delito, que afecte la salud física o psíquica de quien:

-aún siendo mayor de edad, tenga o respecto del ofensor la calidad de ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, conviviente, ex conviviente o hermano, aun cuando no conviva con el grupo familiar.

-o siendo menor de edad o discapacitado, tenga respecto del ofensor la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, aun cuando no conviva con el grupo familiar.

-o esté al cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del núcleo familiar.

Se comprenden también las amenazas con armas blancas o de fuego, el abandono de menores y la privación de libertad o de los elementos necesarios para la subsistencia, si se reúnen cualquiera de los elementos señalados en el inciso precedente.

El que incurra en estos actos será sancionado en la forma que establece el artículo 4º de esta ley”.

2. Agréguese al artículo 2º, los siguientes incisos:

“En este juzgado quedará radicado el conocimiento de las futuras denuncias o demandas que se susciten por violencia intrafamiliar entre las mismas partes.

Las primeras diligencias hechas por un juez incompetente, serán válidas”.

3. Agréguese en la letra a) del artículo 3º, antes del punto seguido, lo siguiente: “y sin necesidad de ratificación”.

4. Sustitúyase en el inc. 2º de la letra c) del artículo 3º el punto y coma, y reemplácesele por una “,” y agréguese luego de ésta, la siguiente frase: “sin necesidad de discernimiento del cargo ni rendición de fianza alguna;”.

5. Agréguese en el inciso primero de la letra h) del artículo 3º entre el punto y coma y la “y” lo siguiente “determinar un radio mínimo de acercamiento del agresor al hogar y lugar de trabajo o estudio de la víctima; decretar el decomiso de las armas que se encuentren en poder del agresor, prohibir al agresor toda forma de hostigamiento incluso telefónico a la víctima; disponer la factura de un inventario bienes; entregar el cuidado de la víctima menor, incapaz o anciano desvalido a quien considere idóneo para su seguridad psicofísica y mientras se efectúa un diagnóstico de la situación; decretar embargo de bienes del agresor; decretar el arresto transitorio hasta 36 horas del agresor, ordenar protección policial especial para la víctima, cuando el maltrato revista gravedad y se tema su repetición”.

6. Agréguese como inciso segundo de la letra h) del artículo 3º, pasando los actuales incisos a ser 3º, 4º y 5º, respectivamente, lo siguiente: “La solicitud de estas medidas deberá ser fundada, con a lo menos los datos de la solicitante, de la víctima y del agresor, el relato de los hechos y las pruebas si se tuvieren”.

7. Agréguense los siguientes incisos a la letra h) del artículo 3º:

“El juez que conoce de la causa será competente para la ejecución y cumplimiento de las medidas precautorias por él dictadas y tendrá facultades para solicitar la comparecencia de las partes con la frecuencia que estime conveniente durante la aplicación de la medida.

Las medidas que consistan en terapias deberán ser costeadas por el agresor en servicios pagados, a menos que no tenga recursos para ello.

Cuando la medida sea la fijación de una pensión alimenticia provisoria, el agresor deberá acreditar sus ingresos para que se fije en base a éstos y sirva como antecedente real para la pensión definitiva.

Para los efectos de renovación o extensión de una medida, el plazo se contará desde el vencimiento del primer plazo fijado.

El juez que conoce de la causa deberá entregar copia de la medida a la víctima o su representante o remitirla directamente a Carabineros o Investigaciones.

La única medida que el juez podrá tomar con carácter de definitiva será la liquidación de la sociedad conyugal, a petición de parte o de oficio, cuando esto sea conveniente para la tranquila convivencia familiar.

En juicios de divorcio cuya causal sea el maltrato, el juez podrá decretar las medidas precautorias establecidas en esta letra.”.

8. Agréguese en el artículo 6º antes del punto seguido lo siguiente: “y si el infractor está gozando de beneficios como libertad condicional u otros, éstos le serán revocados”.

9. Agréguese el siguiente inciso tercero a la letra d) del artículo 3º: “Cualquier certificado médico tiene validez para los efectos de probar la gravedad del daño”.

10. Agréguese en la letra e) del artículo 3º, luego de la expresión “oficial de Registro Civil”, lo siguiente: “Carabineros -en los casos en que justificadamente no puedan efectuarla los funcionarios señalados anteriormente-”.

11. Agréguese el siguiente artículo 9º: “La violencia intrafamiliar constituirá una circunstancia agravante cuando se trate de la comisión de un delito y una circunstancia atenuante cuando la persona maltratada ocasione la muerte o lesione al agresor”.

12. Reemplázase el número 1) del artículo 4º por el siguiente: “Arresto por un número de fines de semana que no exceda de 24”.

13. Agréguese en el número 2) del artículo 4º, antes del primer punto seguido, lo siguiente: debiendo para estos efectos el condenado probar sus ingresos”.

14. Agréguense los siguientes incisos cuarto y quinto al artículo 4º:

“Toda sentencia en estos juicios tendrá mérito ejecutivo y en ella el juez deberá ordenar la asistencia del agresor a determinados programas educativos y/o terapéuticos -por un lapso que no exceda de un año-; ordenar al agresor abstenerse de la conducta violenta o de otra similar; y determinar el monto y obligación de pago de los gastos y daños ocasionados con la violencia intrafamiliar y de reposición en dinero o especies por la pérdida o destrucción de bienes.

El juez podrá citar a las partes las veces que estime conveniente a fin de controlar el cumplimiento de las medidas señaladas en el inciso anterior”.

15. Agréguese el siguiente artículo 11º “La competencia en materia de violencia intrafamiliar, actualmente asignada a los Tribunales Civiles, corresponderá a los Tribunales de Familia una vez que se creen, pero a su respecto no se podrá realizar mediación”.

PROPOSICIONES QUE REQUIEREN EL PATROCINIO DEL EJECUTIVO

Además de las proposiciones que se plantean en el proyecto, se contienen un conjunto de otras medidas que por su contenido necesitan ser patrocinadas por el Ejecutivo, patrocinio que solicitaremos prontamente.

Tales medidas son las siguientes:

1. Obligatoriedad para las policías de hacer cumplir las medidas precautorias, si es necesario con allanamiento, para lo cual los jueces deberán entregar copia de la medida a la víctima o su representante o remitirla directamente a Carabineros o Investigaciones.

2. Establecer claramente la obligación de la policía de:

a) Prestar auxilio, protección y transporte a las víctimas.

b) Tomar las denuncias, sin necesidad de exigir certificado médico a la víctima.

c) Ingresar al hogar en caso de maltrato flagrante.

d) Detención del agresor en caso de maltrato flagrante.

3. En relación a la prevención y a la rehabilitación se propone:

a)La incorporación de un acápite sobre prevención que contemple, por ejemplo, la incorporación de la temática en los currículum universitarios y de otras entidades de educación superior o perfeccionamiento funcionario -como la Academia Judicial, la Escuela de Carabineros y Detectives-, la realización de campañas preventivas y la capacitación de funcionarios.

b) En cuanto a la rehabilitación se hace necesario incorporar políticas municipales tendientes a la creación de Centros Municipales o intercomunales que presten apoyo a las víctimas y agresores.

4.Establecimiento de la obligación de denuncia de los actos de violencia intrafamiliar que lleguen a su conocimiento por parte de los funcionarios públicos, tal como se contempla en el artículo 84 del Código de Procedimiento Penal para los crímenes y simples delitos.

5. Confección por parte de las Cortes de Apelaciones de una lista de profesionales expertos en violencia intrafamiliar para que realicen los informes y peritajes en la materia.

6. Se propone que las municipalidades entreguen a los juzgados correspondientes y mantengan al día catastros de los servicios con que cuenta su comuna en violencia intrafamiliar, a fin de que los jueces, los servicios o centros que reciban personas remitidas judicialmente deberán emitir informes respecto a las terapias que realicen, una vez finalizadas o cuando sean interrumpidas por inasistencia de alguna de las partes.

TEXTO DE LAS MODIFICACIONES QUE NECESITAN PATROCINIO DEL EJECUTIVO

1. Agréguese la siguiente letra l) al artículo 3º: “Las policías deberán prestar auxilio, protección y transporte a las víctimas de violencia intrafamiliar; tomar las denuncias, sin necesidad de exigir certificado médico a la víctima; ingresar al hogar en caso de maltrato flagrante; y detener al agresor en caso de maltrato flagrante”.

2. Agréguese la siguiente letra m) al artículo 3º: “Los funcionarios públicos tendrán la obligación de denunciar los actos de violencia intrafamiliar que lleguen a su conocimiento en ejercicio del cargo.

El incumplimiento de este deber será sancionado con prisión hasta 20 días o multa”.

3. Agréguese la siguiente letra n) al artículo 3º: “La Corte de Apelaciones respectiva confeccionará una lista de profesionales expertos en violencia intrafamiliar para que realicen los informes y peritajes en la materia.

Los servicios o centros que reciban personas remitidas judicialmente deberán emitir informes respecto a las terapias que realicen, una vez finalizadas o cuando sean interrumpidas por la inasistencia de alguna de las partes”.

4. Agréguese el siguiente artículo 10º: “Con el fin de prevenir la violencia intrafamiliar y educar al respecto, deberá incorporarse la temática en los currículum escolares, universitarios y de otras entidades de educación superior o perfeccionamiento funcionario -como la Academia Judicial, la Escuela de Carabineros y Detectives-, y deberán realizarse campañas preventivas y programas de capacitación de funcionarios por los organismos pertinentes.

A objeto de apoyar a las víctimas y rehabilitar a los agresores, deberá incorporarse como política municipal la creación de Centros Municipales o intercomunales; la entrega a los juzgados de listados con los tipos de trabajos comunitarios que pueden desempeñarse en su comuna, el lugar y la persona que controlará el cumplimiento y la entrega a los juzgados correspondientes y mantención al día de los catastros de los servicios con que cuenta su comuna en violencia intrafamiliar, al fin de que los jueces puedan remitir correctamente.

A los funcionarios públicos, municipales y judiciales que se hayan especializado en violencia intrafamiliar deberá facilitárseles la adopción de mecanismos de autocuidado”.

1.2. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 07 de abril, 1999. Oficio

VALPARAISO, 7 de abril de 1999

Oficio Nº 2295

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en Moción- que modifica la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar. BOLETIN N° 2318-18.

Dios guarde a V.E.

CARLOS MONTES CISTERNAS

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

1.3. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 10 de mayo, 1999. Oficio en Sesión 68. Legislatura 339.

Santiago, 10 de mayo de 1999

Oficio Nº 0509

AL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO

Esa honorable Cámara de Diputados, por oficio Nº 2295, de 7 de abril pasado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte Suprema para su informe copia del proyecto de ley presentado por las honorables Diputadas María Antonieta Saa y Adriana Muñoz D’Albora, relativo a diversas modificaciones a la ley Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar.

Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema de la materia consultada, en sesión del día 7 de mayo en curso, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los Ministros señores Servando Jordán López, Osvaldo Faúndez Vallejos, Hernán Álvarez García, Óscar Carrasco Acuña, Luis Correa Bulo, Mario Garrido Montt, Guillermo Navas Bustamante, Marcos Libedinsky Tschome, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, José Benquis Camhi, Enrique Tapia Witting, Ricardo Gálvez Blanco, Alberto Chaigneau del Campo, Jorge Rodríguez Ariztía, Enrique Cury Urzúa, José Luis Pérez Zañartu, Urbano Marín Vallejos, Domingo Yurac Soto y Humberto Espejo Zúñiga, estimó conveniente informar dicho proyecto de ley, en las materias que corresponde, en los siguientes términos:

A) El artículo 2º de la ley Nº 19.325 establece que será Juez competente para conocer de los asuntos de violencia intrafamiliar el juez letrado de turno en lo civil, dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el hogar donde vive el afectado.

Por el Nº 2 del proyecto en análisis se agregan dos incisos a este artículo, estableciendo en el primero de ellos, que en dicho Juzgado “quedará radicado el conocimiento de las futuras denuncias o demandas que se susciten por violencia intrafamiliar entre las mismas partes”, y en el segundo, que las primeras diligencias hechas por un juez incompetente serán válidas.

Esta Excelentísima Corte estima inconveniente la radicación forzada para las denuncias futuras, pues eventualmente si hubiere un cambio de domicilio de la familia, los afectados tendrían que concurrir a efectuar las denuncias al primitivo tribunal, lo que redundaría en perjuicios evidentes si su nueva residencial fuere de una comuna, provincia o región diferente.

En lo relativo a la validez de las actuaciones del juez incompetente relativamente a las primeras diligencias, esta E. Corte no ve inconveniente en su aprobación, dado que es un principio básico de la legislación procesal penal que se haría extensivo a este tipo de procedimientos.

B) Por el Nº 7 del proyecto, se propone agregar algunos incisos a la letra h) del artículo 3º de la ley Nº 19.325. y en lo que interesa informar a este tribunal, se menciona: 1) En el primer inciso propuesto se establece que “el juez que conoce de la causa será competente para la ejecución y cumplimiento de las medidas precautorias por él dictadas y tendrá facultades para solicitar la comparecencia de las partes con la frecuencia que estime conveniente durante la aplicación de las medidas”. 2) Por el sexto inciso que se propone agregar, se faculta al juez, que normalmente tiene facultad para decretar medidas temporales, que la única medida que puede tomar con el carácter de definitiva será la liquidación de la sociedad conyugal, a petición de parte o de oficio. 3) Por el 7º inciso propuesto agregar, se establece que en los juicios de divorcio, cuya causal sea el maltrato, el juez podrá decretar las medidas precautorias establecidas en esta letra.

Respecto del primer inciso propuesto, esta Excelentísima Corte estima que esta disposición es innecesaria, atendido lo dispuesto en los artículos 73 de la Constitución Política de la República, 1º y 11 del Código Orgánico de Tribunales y 213 del Código de Procedimiento Civil.

En relación con el 6º inciso propuesto, esta Excelentísima Corte lo estima inconveniente y no congruente con la legislación vigente, pues la liquidación de la sociedad conyugal no se puede efectuar sin que previamente se disuelva esta sociedad por alguna de las causales establecidas en el artículo 1.764 del Código Civil.

En lo que se refiere al 7º inciso propuesto, no se observa inconveniente en su aprobación.

C) Por el Nº 8 del proyecto se propone agregar al artículo 6º de la ley el concepto de que si el infractor está gozando de beneficios como la libertad condicional u otros, éstos le serán revocados.

Esta Excelentísima Corte estima inconveniente esta norma, pues los beneficios penitenciarios como la libertad condicional están sujetos a otra normativa, que corresponde aplicar a otras instituciones del Estado.

D) Por el Nº 14 se agrega un inciso 4º al artículo 4º de la ley, por el que se dispone que “toda sentencia en estos juicios tendrá mérito ejecutivo”, etc.

En esta parte esta Corte encuentra inconveniente e innecesaria la disposición propuesta, pues, por los principios generales, toda sentencia firme o ejecutoriada que ordena una prestación tiene mérito ejecutivo, y también pueden cumplirse en esta forma aquéllas respecto de las cuales la apelación se concede en el efecto devolutivo, como ocurre en el procedimiento de la ley Nº 19.325, dado lo dispuesto en la letra k) del artículo 3º de la ley citada.

E) Por el Nº 15 del proyecto se agrega un artículo nuevo, que sería el Nº 11, que establece que “la competencia en materia de violencia intrafamiliar, actualmente asignada a los Tribunales Civiles, corresponderá a los Tribunales de Familia una vez que se creen”.

Esta Excelentísima Corte no ve inconveniente en la aprobación de esta norma.

F) Por el Nº 3 del Texto que requeriría de patrocinio del Ejecutivo, se propone que “la Corte de Apelaciones respectiva confeccionará una lista de profesionales expertos en violencia intrafamiliar para que realicen los informes y peritajes en la materia”.

Sobre esta materia, esta Excelentísima Corte no encuentra inconveniente en su aprobación.

Sin perjuicio de lo informado en relación con la exigencia establecida en la norma del artículo 74 de la Constitución Política de la República, esta Excelentísima Corte estima innecesaria la agregación de una frase que se pone al inciso 2º de la letra c) del artículo 3º, en el sentido que los abogados y procuradores que representen a los menores o discapacitados serán su curador ad litem por el solo ministerio de la ley, “sin necesidad de discernimiento del cargo ni rendición de fianza alguna”, desde el momento que si son curadores ad litem por el solo ministerio de la ley, no requieren discernimiento del cargo, y por tratarse de una curaduría “para un negocio particular, sin administración de bienes”, cuyo es el caso de los curadores ad litem, no están obligados a prestar fianza de acuerdo con el Nº 3 del artículo 375 del Código Civil.

Es cuanto este Tribunal puede informar en torno al proyecto en examen.

Saluda atentamente a V.S.

(Fdo.): ROBERTO DÁVILA DÍAZ, Presidente; CARLOS MENESES PIZARRO, Secretario.

1.4. Oficio Indicaciones del Ejecutivo

Indicación Sustitutiva del Ejecutivo. Fecha 30 de agosto, 2001. Oficio

FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 19.325, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES RELATIVOS A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Boletín Nº 2318-18).

SANTIAGO, agosto 30 de 2001.

Nº 177-344/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

_______________________________

Honorable Cámara de Diputados:

Presento a vuestra consideración una indicación sustitutiva a la moción parlamentaria que introduce modificaciones a la Ley Nº 19.325 que "Establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar" de las diputadas María Antonieta Saa Díaz y Adriana Muñoz D'Albora en actual tramitación parlamentaria, estableciendo una nueva regulación sobre la materia. La finalidad principal de este cambio es superar las dificultades observadas en la aplicación de la mencionada ley, a fin de dotar al sistema jurídico de une regulación eficaz y operativa que de respuestas integrales y oportunas frente al problema de la violencia en la familia.

I. ANTECEDENTES

1. El rol del Estado en la erradicación de la violencia intrafamiliar.

Tenemos la convicción que el Estado debe tener un rol preponderante en la erradicación de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad, por cuanto ésta constituye una violación a los derechos esenciales de la persona humana y un obstáculo para el desarrollo y la profundización del proceso democrático.

En efecto, el valor jurídico asignado a la privacidad e intimidad de las personas impidió por largo tiempo reconocer como de competencia del Estado los hechos que ocurren en el seno de la familia, lo que dio lugar a que ésta pudiera convertirse, en cierto modo, en un territorio al margen de la ley, donde los valores de la integridad física y psicológica de sus integrantes, así como el de su libertad obedecieran a regulaciones determinadas por el arbitrio de la parte que detenta mayor poder.

2. El problema de la violencia intrafamiliar en el marco de la protección internacional de los derechos humanos.

Por otra parte, desde fines de la década pasada, ha comenzado a tomar fuerza la idea de la integralidad e interdependencia de los derechos humanos. Por ello, es preciso comprender, asimilar y apropiarse de la necesidad de protección de los derechos de las personas no sólo en el ámbito de lo público, sino también en el de las relaciones privadas, admitiendo la existencia de su transgresión en la intimidad de la vida familiar.

Existe consenso en la actualidad que la violencia intrafamiliar es un fenómeno de carácter social por su magnitud, su multicausalidad y los graves efectos que produce, tanto a nivel individual como familiar y social.

En este contexto, la comunidad internacional, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, han generado un marco jurídico de compromisos para los Estados. Dichos compromisos, poco a poco, los han llevado a un grado de permeabilidad frente a la necesidad de asumir la violencia intrafamiliar como problema público y no privado. Ello se ha expresado en la ratificación de tratados internacionales y regionales sobre la materia e iniciativas legales de orden interno.

Así, nuestro país es signatario de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de la Mujer (1979) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belem do Pará (1994).

En razón de esto, se han diseñado e implementado políticas que son el reflejo de los compromisos internacionales adquiridos. Así, hemos logrado una reforma constitucional que reconoce de manera explícita la igualdad entre el hombre y la mujer chilenos; hemos eliminado las arbitrarias diferencias existentes entre los hijos en razón a haber nacido dentro o fuera del matrimonio; hemos introducido modificaciones al ordenamiento penal en materia de abuso sexual; hemos presentado también un proyecto para la creación de los Tribunales de Familia. Asimismo, está en ejecución un Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y Mujeres, que inició el año 2000 su segunda etapa y que se prolongará hasta el año 2010.

II. EL MARCO LEGAL VIGENTE.

La aprobación de la Ley Nº 19.325, en el año 1994, representó un avance importante en términos de su mensaje social y del valor pedagógico que tiene reconocer la ilegitimidad de la violencia, de todo tipo de violencia, incluso la psíquica, como modo de resolver los conflictos en el seno de la familia.

Además, mediante esta ley, efectivamente se dotó a nuestro ordenamiento jurídico de mecanismos institucionales destinados a intervenir, desde la judicatura y las instituciones policiales, en los casos de violencia al interior de la familia. Asimismo, se permitió la adopción de medidas cautelares de protección que impidieran la repetición de la Violencia Intrafamiliar, o evitaran, tal vez parcialmente, sus consecuencias para el grupo familiar.

Desde el punto de vista de las sanciones, lo más valorado de esta ley ha sido el expreso reproche que, su sola invocación, ha significado para quienes han sido llamados ante la autoridad judicial por haber ejercido violencia en contra de un miembro de su familia.

Sin embargo, el resultado de seguimiento y evaluación de casi seis años de aplicación, consignada en distintas investigaciones realizadas tanto respecto de usuarios de la ley como a operadores de la misma, demuestra la necesidad de introducir variados cambios.

1. Dificultades en la denuncia.

Se han detectado dificultades para que la denuncia recibida por las instituciones policiales sea debidamente recepcionada y trasmitida a la autoridad judicial correspondiente. De esta manera, queda restringida la intervención de la red institucional, limitada a sólo dejar constancia de los hechos.

2. Retrasos en el procedimiento.

Se observa que el procedimiento sufre retardos no contemplados en la ley, al no estar claramente especificada la improcedencia de ciertos trámites no esenciales, como la ratificación de la denuncia, incrementando el riesgo de la víctima, ya que en el período que media entre la recepción de la denuncia y el comparendo, la persona afectada no cuenta con medidas de protección.

Respecto de estas medidas, el tribunal no las decreta, esperando "oír a la otra parte", no obstante que la ley no señala tal requisito, por lo que es necesario explicitar este deber judicial.

3. Problemas en las notificaciones.

Las notificaciones constituyen un problema serio, porque los encargados de realizarlas no lo hacen oportunamente, debido a la sobrecarga de trabajo, a la gratuidad del trámite o al riesgo que puede implicar, viéndose el Tribunal en la necesidad de suspender la audiencia de conciliación y prueba. Aunque los denunciantes señalan el domicilio laboral del ofensor, éste por lo general no se usa para notificarlo.

4. Asimetrías en la defensa.

La circunstancia de que una de las partes se presente con patrocinio letrado lleva muchas veces a la paralización del procedimiento en espera que la otra parte obtenga dicha asesoría.

5. Distorsión en la conciliación.

La conciliación, equivalente jurisdiccional al que deben instar los tribunales, ha sido entendida como "reconciliación" y en ella se ha privilegiado la mantención de la unión familiar por encima de la salud, la integridad física y psicológica de las personas afectadas. Por ello, las bases de acuerdo se han centrado en "pactos de no agresión", los que son difícilmente ejecutables y a cuyo respecto no existe efectivo seguimiento de su cumplimiento en cada caso. La mencionada conciliación pone término al juicio en la mayoría de los casos (92,5%) que "es la forma más rápida de terminar el procedimiento, pero no resuelve el problema de violencia intrafamiliar" (Investigación, El Agua p. 19).

6. Falta de aplicación de ciertos trámites.

Ha habido poca o nula aplicación de la facultad de decretar medidas para mejor resolver, lo que unido a la insuficiencia o falta de oportunidad en la rendición de las pruebas por la parte afectada, lleva a que la violencia no sea debidamente establecida en los procesos por Violencia Intrafamiliar.

7. La asistencia a terapia no se aplica bien.

De las sanciones que contempla la ley, la más usada es la asistencia a terapia como castigo para el autor de violencia intrafamiliar, a pesar que, desde el punto de vista científico la asistencia no voluntaria tiene escasas posibilidades de éxito. No obstante que la ley establece un plazo mínimo de duración de ella y señala la obligación de que el Tribunal, o la institución a la cual éste delegue, realice el seguimiento del cumplimiento de la sanción, ello no se realiza.

8. Sanciones que no se aplican.

La conmutación de las sanciones de multa o prisión por trabajos al servicio de la comunidad no han sido operativos, ya que no se contemplaron los planes necesarios para ello en el nivel comunal.

III.EL PROYECTO QUE SE PROPONE.

En base a los antecedentes expuestos, someto a esta Honorable Cámara de Diputados, una indicación que sustituye íntegramente el texto del Proyecto de Ley actualmente en discusión, que Modifica la Ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar, moción parlamentaria de las Diputadas María Antonieta Saa Díaz y Adriana Muñoz D`Albora.

Los elementos esenciales de la propuesta son los siguientes:

1. Sustitución de ley vigente.

Se propone sustituir en su totalidad la ley actual. En efecto, se propone un nuevo cuerpo normativo denominado "Ley sobre Violencia Intrafamiliar".

Lo anterior se funda en una razón de técnica legislativa, por la variedad de cambios, y también en que dichos cambios la hacen ser una normativa realmente nueva, a pesar que recoge varios aspectos de la ley vigente.

2. Ampliación del concepto de violencia intrafamiliar.

La indicación amplía el concepto de violencia intrafamiliar en dos aspectos.

En primer lugar, busca comprender aquellos maltratos cuya ocurrencia afecte la salud física, psíquica o integridad sexual de la víctima, y en segundo término, para comprender conductas no comprendidas en la tipificación de delitos sexuales, pero que igualmente constituyen conductas sancionables de no menor incidencia en el ámbito de las relaciones familiares.

3. Situación de riesgo.

Enseguida, se contempla la noción de riesgo inminente como consideración que deben tener en cuenta los jueces para decretar medidas de protección, prescindiendo del resultado de los hechos y como consideración que habilitará a las instituciones policiales para intervenir directamente, sin mediar resolución judicial.

4. Procedimiento.

En materia de procedimientos, los cambios más relevantes son los siguientes:

a. Radicación.

Para facilitar un conocimiento más completo del conflicto familiar, se sugiere radicar en el tribunal que sustancia un primer proceso, el conocimiento de las posteriores denuncias.

b. Información al denunciante.

Se establece la obligación de dar a conocer al denunciante los derechos que reconoce esta ley e informarla acerca de las gestiones judiciales inmediatas.

c. Denuncia.

Se especifican y detallan las menciones que debe contener la denuncia, a fin de que sea comprensiva de todos los elementos necesarios para que el tribunal se forme una pronta noción de la realidad de la familia y así actuar en consecuencia.

d. Deberes para organismos policiales.

Se especifican deberes para los organismos policiales, en el entendido de que en la mayoría de los casos son los primeros en tomar contacto con la persona afectada. Por ello, se especifica la obligatoriedad de recibir la denuncia, sin requerir certificado médico a la víctima y ponerla en conocimiento del tribunal así como la facultad y deber de actuar en caso de violencia flagrante o riesgo inminente para la víctima o su grupo familiar.

e. Deber de denuncia.

Se extiende la obligación de denuncia a los Directores de establecimientos relacionados con los procesos educativos y de conservación y reestablecimiento de la salud.

f. Acceso a Justicia.

Se propone que la falta de asesoría letrada no obste para hacer avanzar el procedimiento ni a la adopción de medidas de protección. Se establece de pleno derecho la representación judicial de niñas y niños.

g. Medidas de protección.

Respecto de las medidas de protección, se dispone su obligatoriedad verificados determinados supuestos, y la obligación del tribunal de ponerlas en inmediato conocimiento de las partes y organismos policiales y se conserva la facultad judicial de modificarlas en todo momento.

Estas medidas, cuando comprendan materias propias de otro juez natural, serán de competencia del tribunal que conoce de la violencia intrafamiliar mientras dure el proceso.

h. Prueba.

Se establece, en todo caso, el derecho de las partes a rendir prueba y su necesidad para los fines del procedimiento que se propone. Además, se amplía el sistema probatorio, admitiéndose como elementos capaces de producir convicción antecedentes no contemplados entre los medios de prueba que regula el Código de Procedimiento Civil.

i. Información que debe requerirse al Registro Civil.

Atendida la gravitancia que tiene en la nueva ley la existencia de antecedentes penales relativos a crímenes o simple delitos en contra de las personas, el tribunal deberá requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación tanto el extracto de filiación del denunciado como las anotaciones especiales de violencia intrafamiliar.

j. Soluciones alternativas.

Quizás una de las principales modificaciones que se proponen consiste en diseñar un procedimiento que contemple distintas soluciones.

En efecto, se ha buscado diversificar el tipo de respuesta para abordar conflictos cuya naturaleza y distintas etapas de desarrollo, los hace particularmente complejos de abordar de una única forma. En este punto central se recoge la idea que el conflicto en la familia no debe ser totalmente arrebatado a las personas que están involucradas en él, debiendo permitirse la resolución o acuerdos entre partes, dejando la intervención sancionatoria del Estado como una alternativa posterior. Principio, por lo demás, plenamente vigente en la Reforma Procesal Penal en curso.

Consecuente con lo anterior, para mantener la posibilidad de acuerdos entre las partes, pero cautelando que estos no sean una vía rápida e indiscriminada de poner término al juicio y no amenacen bienes jurídicos fundamentales, se reemplaza la actual conciliación por la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, regulando los efectos del cumplimiento, así como de la infracción de dichos acuerdos. Tiene lugar, sin afectar la facultad de las partes de rendir prueba y por una única vez.

La dictación de la sentencia queda entonces condicionada al cumplimiento de obligaciones específicas y determinadas, incluidas las de carácter reparatorio y/o a la observancia, dentro de determinado tiempo, de las medidas de protección. El incumplimiento injustificado por el ofensor obliga al juez a dictar sentencia. El cumplimiento efectivo por un año extingue la responsabilidad por violencia intrafamiliar en la causa de que se trata.

5. Sanción.

La indicación propone innovar en materia de las sanciones. Ellas dan cuenta de un progresivo agravamiento de las consecuencias jurídicas para quienes incurran en actos de violencia intrafamiliar. Así, se establecen sanciones restrictivas o privativas de libertad: la prisión, que significa privación de libertad de 1 a 60 días, la reclusión nocturna de 1 a 120 días y multas de media a cinco Unidades Tributarias Mensuales. Se establece como medida accesoria la obligación de pagar o compensar a la víctima los perjuicios patrimoniales que los actos sancionados le hubiesen irrogado. La multa no será procedente en caso de una persona condenada.

También se propone que a solicitud del condenado, podrá conmutarse, por una única vez, la sanción impuesta por la asistencia de programas terapéuticos, siempre previa satisfacción de las medidas reparatorias impuestas en el fallo.

En definitiva, sólo se podrá acceder a la suspensión condicional de la dictación de la sentencia por una vez, al pago de una Multa, por una vez y a la conmutación por tratamiento terapéutico, por una vez. De esta manera, evidenciamos como el poder sancionatorio del Estado opera con rigor progresivo, dando diversas salidas al problema, dejando claramente establecido que la Violencia Intrafamiliar como modo de vida no es tolerada y lleva necesariamente a una sanción.

6. Potestades cautelares del juez.

El tribunal, para el cumplimiento de sus resoluciones y medidas de protección, contará con una facultad de apremio especial.

Para los casos en que las conductas de violencia intrafamiliar corresponda conocer a un tribunal con competencia penal, tendrá plena facultad para adoptar medidas de protección. En todos los casos en que un acto de violencia intrafamiliar sea constitutivo de delito la pena se aumentará en un grado.

7. Delito.

Otro importante aporte de este Proyecto es que se tipifica y sanciona como ilícito penal el maltrato habitual, producido en el contexto de la familia, que causa grave o irreparable daño a la víctima.

Por los motivos señalados, y en uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación sustitutiva al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

Proyecto de Ley:

Artículo 1º.-

Sustitúyese la Ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, por la siguiente:

LEY SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1º De la Violencia Intrafamiliar.

Artículo 1º.-

Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular las consecuencias y sanciones de la violencia intrafamiliar, así como el procedimiento para la determinación de las responsabilidades que de ella derivan.

Artículo 2º.-

Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la salud física, psíquica o la integridad sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, descendiente, adoptado, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive y del cónyuge, sea que vivan o no bajo el mismo techo y cualquiera sea la edad o condición del afectado.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia, sobre los hijos de aquella, entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4º o 5º del artículo 494 del Código Penal, se regirán por el procedimiento y se le aplicarán las sanciones contempladas en la presente ley.

Artículo 3°

Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aún cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19.

En estas situaciones, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, deberán actuar según lo dispuesto en el artículo 32.

2º De la competencia y del procedimiento

Artículo 4

Competencia. Los conflictos a que dé origen la comisión de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, serán de conocimiento del Juez Letrado de Turno en lo civil dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el hogar donde vive la persona afectada.

El tribunal donde se hubiere promovido un proceso por violencia intrafamiliar será competente para conocer de las demás demandas o denuncias que sean presentadas o deducidas entre las mismas partes, o en contra de la misma persona por otro integrante del grupo familiar.

Lo dispuesto en el inciso precedente no tendrá lugar en caso que la persona afectada tenga domicilio en otro territorio jurisdiccional.

Artículo 5

.Procedimiento. El procedimiento respectivo se regirá por las normas que se establecen en el presente párrafo y en forma supletoria por las reglas comunes a todo procedimiento que se contienen en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 6.-

Inicio del procedimiento. El juicio se iniciará por denuncia, oral o escrita, o por demanda, que podrá ser formulada o deducida por la persona afectada, sus ascendientes, descendientes, guardadores, tutores, curadores o cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos.

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones estarán obligados a recibir todas las denuncias por Violencia Intrafamiliar que se les formulen, sin exigir certificado médico, y deberán ponerlas en conocimiento del juez competente, a más tardar al día siguiente hábil. El incumplimiento de este deber será sancionado con multa de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales.

No corresponderá al funcionario policial o judicial que reciba la denuncia evaluar el mérito de su contenido, exigir antecedentes que acrediten la efectividad de la misma, ni exigir acreditar o documentar el vínculo de parentesco o la condición invocada.

En todo caso, dicho funcionario deberá informar a la persona que efectúe la denuncia sobre el procedimiento especial que se contempla en esta ley y los derechos que le asisten, de lo que dejará expresa constancia en el Parte Policial o expediente, según corresponda.

Artículo 7.-

Obligación de denunciar. Los Directores de establecimientos de salud y educacionales, sean públicos o privados que en razón de su cargo tomen conocimiento de maltratos constitutivos de violencia intrafamiliar, se encuentran obligados a denunciarlos. Asimismo, los profesionales y técnicos relacionados con la conservación y restablecimiento de la salud o con el proceso educativo formal, deberán informar a dichos directores los hechos señalados.

Igual obligación recae sobre quienes detentan el cuidado personal de alguna persona menor de edad o incapaz, cuando el maltrato afectare a estos.

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado con multa de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales.

Artículo 8.-

Contenido de la denuncia o demanda. La denuncia o demanda por violencia intrafamiliar deberá contener:

1. Una narración circunstanciada de los hechos en que se funda;

2. Individualización del autor o autores, incluyendo su domicilio o lugar donde pueda ser habido, si se conocieren;

3. La indicación de la o las personas que componen el grupo familiar afectado y su domicilio o residencia;

4. Una relación del riesgo o peligro que afecte o pueda afectar la salud física o psíquica o la integridad sexual de la víctima y su grupo familiar, de acuerdo a la apreciación de la persona que denuncia.

En toda denuncia que se formule ante Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, en que no conste alguna de las menciones anteriores, la institución que la haya recibido practicará de oficio las diligencias necesarias para su determinación, cuyo resultado se indicará en el mismo parte policial que se envíe al tribunal, al transcribir la denuncia respectiva, en un plazo que no podrá exceder las 48 horas. En la práctica de estas diligencias las instituciones policiales deberán guardar reserva de la identidad del denunciante.

El incumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior generará las responsabilidades funcionarias que correspondan, de acuerdo a las reglas generales.

Artículo 9º.-

Representación. En estos juicios las personas podrán actuar y comparecer personalmente, sin necesidad de mandatario judicial ni de abogado patrocinante.

Si una de las partes fuera patrocinada por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y la otra parte no dispusiere de medios suficientes para sufragar su defensa, el tribunal designará a un abogado de la respectiva Corporación de Asistencia Judicial, de otro organismo público o privado que preste asistencia jurídica gratuita o, en su defecto, nombrará un abogado de turno. Dicha designación, en ningún caso, suspenderá el curso del procedimiento.

Tratándose de menores de edad o de incapaces, el abogado o procurador que los represente judicialmente se constituirá como curador adlitem por el sólo ministerio de la ley, sin necesidad de discernimiento, ni rendición de fianza.

Artículo 10º.-

Notificaciones. La demanda o citación por denuncia será notificada en forma personal a la persona denunciada o demandada, pudiendo la actuación realizarse en cualquier día o lugar, entre las seis y las veintitrés horas.

Podrá sustituirse la notificación personal por la entrega de una cédula que contenga copia íntegra de la resolución y de la demanda o denuncia, o de un extracto de ella, visado por el Secretario del Tribunal, previa verificación por el ministro de fe que realice la diligencia, y con el sólo mérito de su certificación, del domicilio, residencia o lugar de trabajo de la persona denunciada o demandada y del hecho de encontrarse en el lugar del juicio. La cédula deberá entregarse a una persona adulta que se encontrare en alguno de los lugares indicados, debiendo el ministro de fe dejar constancia de la notificación. Podrán actuar como ministros de fe, para estos efectos, los receptores judiciales, los funcionarios del tribunal que hubieren sido comisionados a tal efecto, notarios públicos o, finalmente, los oficiales del Registro Civil, en aquellos lugares en que no exista notario.

En todo caso, el tribunal podrá disponer que la primera notificación se realice por carta certificada que de cuenta de la resolución y de la demanda o denuncia, en alguno de los lugares indicados en el inciso precedente. Esta notificación se entenderá practicada desde el día subsiguiente a aquel en que fue expedida, debiendo el Secretario del Tribunal dejar constancia de esta última fecha en el expediente.

Las demás notificaciones que tuvieren lugar se practicarán conforme a lo dispuesto en el inciso precedente.

Excepcionalmente y por resolución fundada, el Juez podrá ordenar que las notificaciones se practiquen por personal de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones.

Artículo 11º.-

Información complementaria. Junto a la resolución que provea la demanda o denuncia, el tribunal requerirá del Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, una copia del extracto de filiación de la persona denunciada o demandada y un informe sobre las anotaciones que éste tuviere en el Registro Especial que establece el artículo 31 de la presente ley.

Artículo 12º.-

Audiencia. Recibida la denuncia o demanda, el Tribunal citará a la persona denunciante o demandante, afectada y denunciada o demandada, a un comparendo que deberá celebrarse dentro de los ocho días hábiles siguientes, bajo el apercibimiento de procederse en rebeldía de quien no asista.

Las partes deberán concurrir a la audiencia con todos los antecedentes y medios de prueba de que dispongan.

Adicionalmente, si el tribunal lo estima conveniente, podrá citar a otras personas que compongan el núcleo familiar.

Artículo 13º.-

Desarrollo de la audiencia. Luego de oír a las partes o en rebeldía de cualquiera de ellas, el tribunal recibirá la causa a prueba, señalando los puntos sobre los cuales ésta debe recaer, debiendo las partes rendir a continuación aquella que ofrezcan. En caso que la prueba no alcance a ser expuesta en una sola audiencia, continuará su examen en forma sucesiva al día siguiente hábil, hasta su total desarrollo.

El tribunal deberá disponer la habilitación de horarios especiales para estos efectos, de no ser posible su realización dentro de su horario normal de funcionamiento.

Cuando se proceda a tomar declaración a una persona menor de 18 años, sea en calidad de víctima o de testigo, se procederá siempre sin la presencia de la persona denunciada o demandada, o de cualquier otra persona que pueda afectar la libertad de su deposición o impedir su libre declaración, lo que el juez ponderará según la edad y madurez del niño o niña que declara.

Terminado el examen de la prueba, el tribunal dictará sentencia sin más trámite, debiendo entregar copia escrita de la misma a las partes dentro de tercero día, todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en los tres artículos siguientes.

La sentencia deberá incluir las indicaciones que establecen los números 1°, 4° y 6° del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y deberá contener un pronunciamiento sobre la ocurrencia del maltrato, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción que se le aplica.

Esta sentencia sólo producirá cosa juzgada material respecto de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del ofensor.

Artículo 14º.-

Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si en la declaración de la persona denunciada o demandada existe un reconocimiento de los hechos y concurren antecedentes que permitan presumir fundadamente que no existe peligro de violencia futura, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, cuando concurra una o más de las siguientes circunstancias:

1. Que se hayan establecido y aceptado por las partes involucradas obligaciones específicas y determinadas respecto de su comportamiento recíproco, entre las que se deberán incluir obligaciones de carácter reparatorio en favor de la víctima.

2. Que se haya adquirido compromiso de observancia, por parte de la persona denunciada o demandada, de una o más de las medidas de protección establecidas en el siguiente párrafo, por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.

En caso de cumplimiento efectivo de las obligaciones acordadas o de las medidas aplicadas, durante el lapso establecido, se deberá dictar sentencia declarando la extinción de la responsabilidad de la persona denunciada o demandada en la causa que motiva dicha resolución.

En caso de incumplimiento injustificado de una o más de las obligaciones acordadas o de las medidas aplicadas, el Tribunal, procederá a constatar el hecho y dictará sentencia. Asimismo, si la persona denunciada o demandada incurre en nuevos acto de violencia intrafamiliar en el periodo de condicionalidad, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar ambas sentencias conjuntamente.

En los casos previstos en este artículo, las resoluciones se inscribirán por el Servicio del Registro Civil e Identificación, en el Registro Especial que establece en el artículo 31 de esta ley, para los efectos del artículo siguiente, pudiendo comunicarse su contenido sólo al tribunal que lo requiera, en causas por violencia intrafamiliar en contra de la misma persona.

Artículo 15º.-

Improcedencia de la suspensión condicional. No procederá la suspensión condicional de la dictación de la sentencia cuando la persona denunciada o demandada haya sido condenada por crimen o simple delito contra las personas o por los delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II del Código Penal o por actos constitutivos de violencia intrafamiliar. Tampoco procederá cuando no haya dado cumplimiento a condiciones impuestas en causa anterior conforme al mecanismo de suspensión condicional de la dictación de la sentencia.

Artículo 16º.-

Medidas para mejor resolver. En todo caso, y mediante resolución fundada, el tribunal podrá no dictar sentencia al finalizar la audiencia, decretando medidas para mejor resolver, si las considerare necesarias para una acertada decisión.

En uso de esta facultad, además de las medidas establecidas en el artículo 159 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal podrá solicitar informes médicos, psicológicos, sociales u otros de similar naturaleza que estime convenientes. Podrá asimismo solicitar informes o antecedentes de organismos de la Administración del Estado, de las Municipalidades y de instituciones del sector privado.

En la misma resolución deberá fijar un plazo para su cumplimiento, pudiendo dar aplicación a los apremios que establece el artículo 420 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 17º.-

Regulación de la prueba y sentencia. La prueba se regulará y apreciará según las reglas de la sana crítica.

En estos juicios no regirán las inhabilidades contempladas en el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 18.-

Apelación. La apelación de la sentencia definitiva y de cualquier resolución susceptible de este recurso se podrá interponer de manera verbal, se verá en cuenta, y sin esperar la comparecencia personal de las partes, gozando de preferencia para su fallo.

El recurso se concederá en el solo efecto devolutivo, con excepción de aquel que se interponga en contra de la sentencia definitiva condenatoria. En este último caso, permanecerán vigentes las medidas de protección que se hubieren decretado. Asimismo, se concederá también en ambos efectos la apelación de la resolución que decreta el alzamiento de una medida de protección.

3º De las Medidas Judiciales de Protección

Artículo 19º.-

Medidas de protección. El juez de oficio o a petición de parte, desde el momento de la recepción de la denuncia o demanda, deberá, en caso que las circunstancias así lo requieran, decretar cualquier medida de protección destinada a disminuir el riesgo en que se encuentre la persona afectada o su grupo familiar, garantizar su seguridad e integridad física, psíquica o sexual, su convivencia tranquila, así como su subsistencia económica.

Al efecto y sin que ello sea taxativo, podrá:

a. Prohibir, restringir o limitar la presencia de la persona denunciada o demandada en el hogar común;

b. Prohibir, restringir o limitar la presencia de la persona denunciada o demandada al lugar de trabajo o estudios de la persona ofendida u otros especificados, a menos que por trabajo o estudio deba también concurrir;

c. Ordenar el reintegro al hogar de quien injustificadamente haya sido obligado a abandonarlo;

d. Garantizar la entrega inmediata de los efectos personales de quien haya dejado el hogar común;

e. Prohibir o limitar la concurrencia de la persona denunciada o demandada al lugar de estudio o cuidado de los hijos menores de edad;

f. Prohibir el hostigamiento o amenaza, por cualquier medio, a la persona afectada;

g. Prohibir el porte y tenencia de armas a la persona denunciada o demandada, lo que se llevará a cabo según las normas pertinentes de la Ley 17.798;

h. Fijar alimentos provisorios. Esta medida se considerará en forma especial cuando se disponga la salida de la persona denunciada o demandada del hogar común;

i. Establecer un régimen de cuidado personal, crianza y educación de los hijos o menores que integren el núcleo familiar;

j. Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre el inmueble de propiedad de cualquiera de los miembros del núcleo familiar que sirva de residencia principal de la familia y los muebles que la guarnecen, cualquiera sea el régimen fijado para su administración, o, en su caso, ordenar la facción de inventario de los mismos.

En caso que una medida haya sido solicitada por la persona denunciante o demandante, sólo podrá rechazarse por resolución fundada.

En caso de haber sido formulada la denuncia por un tercero, el juez podrá decretar, como medida de protección, la obligación de mantener su nombre en secreto y otras que estime pertinentes, según el caso.

Se presumirá que existe riesgo de afectación directa de los bienes jurídicos protegidos por esta ley para la persona afectada y el grupo familiar en los siguientes casos: la existencia de reiteradas denuncias de violencia intrafamiliar en contra de la persona denunciada o demandada; el que este último haya sido condenado anteriormente por violencia intrafamiliar, o se encuentre procesado o condenado por crimen o simple delito contra las personas, o por los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II del Código Penal y, finalmente, el haber precedido a la violencia intimidación de grave daño en contra de la víctima o de otros miembros del grupo familiar por parte del agresor.

El Tribunal, en todo caso, deberá considerar en forma especial los casos en que la persona afectada fuere menor de edad, adulto mayor, discapacitada o se encontrare embarazada.

Artículo 20º.-

Duración de las medidas de protección. Las medidas se prolongarán por un lapso que no exceda de 6 meses, pudiendo, en todo caso, mantener su vigencia durante todo el proceso. El Tribunal, en cualquier etapa del juicio, tanto de oficio como a petición de parte y con conocimiento de causa, podrá ampliarlas, limitarlas, modificarlas, substituirlas o dejarlas sin efecto.

La sentencia definitiva podrá determinar la mantención de una o más medidas de protección, hasta por un período que no exceda el año contado desde la ejecutoria de la sentencia.

Artículo 21.-

Ampliación de competencia. Toda regulación del régimen provisorio o definitivo, sobre derecho a alimentos, cuidado personal o derecho a mantener con el hijo o hija una relación directa o regular, así como la aplicación de los apremios que correspondan al respecto, serán de competencia del mismo tribunal que conoce de la causa por violencia intrafamiliar mientras dure el juicio, hayan sido decretados por éste o por el tribunal naturalmente competente.

Terminado el proceso por violencia intrafamiliar, iniciado que sea un proceso sobre algunas de las materias señaladas en el inciso anterior, divorcio o separación de bienes, se tendrán como provisionales las medidas ya decretadas en el procedimiento establecido en esta ley.

Artículo 22º.-

Notificación de las medidas. La resolución que imponga alguna de las medidas contempladas en el artículo 19, se pondrá en conocimiento de las partes, de quien se encuentra obligado por ellas, según sea el caso, y de quienes deban hacerlas cumplir, por la vía más rápida y expedita posible.

4º De las responsabilidades y sanciones

Artículo 23.-

Sanciones. Se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar con alguna de las siguientes sanciones.

1. Prisión, en cualquiera de sus grados.

2. Reclusión nocturna de 1 a 120 días.

3. Multa, a beneficio municipal de la comuna del domicilio del denunciante o demandante, de media a cinco Unidades Tributarias Mensuales.

Para la determinación de la sanción, el tribunal deberá considerar la gravedad del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, la reiteración de su ocurrencia o la habitualidad con que se haya ejecutado, y la existencia de condenas anteriores por violencia intrafamiliar.

En caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.

Artículo 24.-

Perjuicios patrimoniales. La sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluyendo la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez.

Artículo 25.-

Conmutación de las sanciones. El juez podrá, a solicitud del condenado, conmutar el cumplimiento de la medida impuesta, en los casos y formas regulados en el presente artículo, por su asistencia a determinados programas terapéuticos, bajo el control del Servicio Nacional de la Mujer, los Centros de Diagnóstico del Ministerio de Educación o los centros comunitarios de Salud Mental Familiar, lo que determinará en la resolución que acepte la conmutación.

Para proceder a la conmutación se requerirá:

Haber dado cumplimiento satisfactorio a la obligación establecida en el artículo precedente, y,

No haber sido el condenado previamente sancionado por violencia intrafamiliar.

Artículo 26.-

Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que realicen los tratamientos, deberán dar cuenta al respectivo tribunal del inicio y término de la misma.

Corresponderá a estas instituciones definir la pertinencia de la terapia, el tipo de intervención y la duración de la misma en cada caso, de lo que darán inmediata cuenta al tribunal.

Artículo 27.-

Multa. El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia definitiva, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término por un lapso no superior a los 15 días. En caso contrario, podrá sustituirse su cumplimiento por un día de arresto o reclusión nocturna por cada media Unidad Tributaria Mensual.

Lo anterior será aplicable a las sanciones de multa establecidas en los artículos 6 inciso segundo y 7 inciso final, las que deberán ser aplicadas por el juez que conoce de la causa por violencia intrafamiliar.

Artículo 28.-

Cumplimiento de la medida de tratamiento impuestas por conmutación de la condena principal. El cumplimiento o incumplimiento de las medidas de tratamiento de que trata el artículo 25, deberá ser puesto en conocimiento del tribunal por el propio beneficiado con ella, dentro del mes siguiente a su término. Recibido, el tribunal deberá dar por cumplida la sanción impuesta.

Cuando se hubiere dado lugar al cumplimiento de la medida de tratamiento impuesta como conmutación, el tribunal oficiará al Servicio de Registro Civil e Identificación, ordenando omitir del Certificado de Antecedentes la anotación por violencia intrafamiliar respecto de la persona condenada, debiendo conservarla para el sólo efecto ser remitida a un tribunal que conoce por violencia intrafamiliar.

En caso de incumplimiento, a solicitud de parte interesada o por informe de la institución tratante, el tribunal procederá a ordenar el cumplimiento de la sanción originalmente impuesta en la sentencia.

5º Disposiciones generales.

Artículo 29.-

Facultad de apremio. Para el cumplimiento de las resoluciones y medidas de protección decretadas conforme a esta ley, el juez podrá imponer multa que no exceda 1 Unidad Tributaria Mensual o arresto de hasta 30 días.

Para el cumplimiento de las medidas de protección, contará además con la facultad de ordenar el auxilio de la fuerza pública y la facultad de allanamiento y descerrajamiento si fuera necesario.

Artículo 30.-

Violencia intrafamiliar constitutiva de delito. En caso que el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar importare la comisión de un crimen, simple delito o falta, con excepción del caso previsto en el inciso tercero del artículo 2, el Ministerio Público deberá solicitar al Tribunal de Garantía o al Tribunal Oral en lo Penal, según corresponda, la aplicación de las medidas de protección reguladas en el artículo 19 de la presente ley, en los mismos casos y con el mismo objeto que en él se prescriben.

Sin perjuicio de lo anterior, siempre corresponderá al tribunal que primero tome conocimiento de los hechos, adoptar las medidas de protección que correspondan.

La violencia intrafamiliar constitutiva de delito se considerará revestida de una circunstancia agravante, sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales.

Artículo 31.-

Registro de sanciones. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las resoluciones que se ordene inscribir al tenor de la presente Ley.

El tribunal, ejecutoriada que sea la sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al condenado y la sanción aplicada por el hecho de violencia intrafamiliar, circunstancias que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo Certificado de Antecedentes. Este Registro especial será puesto en conocimiento del tribunal a solicitud de éste, en los casos regulados en la presente ley.

Artículo 32.-

Deberes de las policías. En caso de flagrancia de un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, los funcionarios de Carabineros de Chile, o de la Policía de Investigaciones de Chile deberán proceder a adoptar todas las medidas tendientes a evitar de manera inmediata su ejecución o continuación, según sea el caso.

En virtud de ello podrán:

a) Ingresar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, de ser el caso.

b) Efectuar la detención de la persona que agrede.

c) Decomisar los instrumentos que pudieren ser utilizados en actos de similar naturaleza.

d) Brindar a la víctima los medios de asistencia, protección e incluso de transporte, que sean necesarios de acuerdo a las circunstancias.

En caso de detención, el detenido será presentado al tribunal competente a primera audiencia, considerándose el parte policial respectivo como antecedente suficiente para constituir denuncia.

Artículo 33°.-

Maltrato habitual. El que habitualmente ejerza violencia física, psíquica o ambas, sobre una persona que tenga a su respecto alguna de las calidades referidas en el artículo 2, y de ella derivare grave o irreparable daño a la víctima, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, a menos que el hecho merezca una pena mayor.".

Artículo 2º.-

Modificación a la ley 16.618, denominada Ley de Menores. En el inciso segundo del artículo 62 de la Ley 16.618, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo 6º del DFL Nº 1, de 2000, de Justicia, intercálese, a continuación de la expresión "similares," y antes de la expresión "será", la expresión: "como la Ley sobre Violencia Intrafamiliar,".

Disposiciones transitorias

Artículo 1º Transitorio.-

La disposición contenida en el inciso 1º del artículo 29 de la presente ley, entrará en vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º transitorio de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

En aquellos lugares en que la disposición no haya entrado en vigencia en razón de lo previsto en el inciso anterior, la facultad establecida en el inciso primero antes citado, se entenderá conferida al tribunal que ejerza jurisdicción en materia criminal competente para conocer del delito.

Artículo 2º Transitorio.

Los procedimientos por actos de violencia intrafamiliar iniciados al amparo de la ley 19.325, se seguirán substanciando conforme al procedimiento establecido en esta ley, con excepción de lo previsto en el artículo 23.

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

ADRIANA DELPIANO PUELMA

Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer

JOSE ANTONIO GÓMEZ URRUTIA

Ministro de Justicia

1.5. Oficio de la Corte Suprema a Comisión

Oficio de la Corte Suprema a Comisión. Fecha 07 de diciembre, 2001. Oficio en Sesión 22. Legislatura 345.

No existe constancia del Oficio de consulta emitido por la Comisión de Familia a la Corte Suprema

Santiago, 7 de diciembre de 2001.

Oficio Nº 003003.

Ant.: AD-17.734.

AL SEÑOR SECRETARIO COMISIÓN DE FAMILIA

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO

Esa honorable Cámara de Diputados, por oficio de 6 de noviembre pasado y de conformidad a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República y 16 de la ley Nº 18.916, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ha remitido a esta Corte

Suprema, para su informe, copia de la indicación sustitutiva formulada por su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley -iniciado en moción-, que modifica la ley

Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar. (Boletín Nº 2318-18).

Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte Suprema el día 30 de noviembre último de la materia consultada, presidido por su titular don Hernán Álvarez García y con la asistencia de los ministros señores Jordán, Garrido, Ortiz, Benquis, Tapia, Gálvez, Chaigneau, Rodríguez, Cury, Álvarez Hernández, Espejo, Kokisch, Juica y la señorita Morales, acordó informar lo siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto en las normas citadas precedentemente a este Tribunal sólo le corresponde emitir opinión en lo relativo a la competencia y al procedimiento que regula el proyecto de ley que se examina.

Esta Corte, respecto de la competencia que se atribuye a los juzgados civiles por el artículo 4º del proyecto de ley, informa que mientras no se creen los tribunales de familia, no existen observaciones que formular a dicho artículo. No obstante lo anterior, atendida la recargada competencia de los juzgados civiles -situación que se hizo presente mediante oficio Nº 001541, de 26 de octubre de 1993- y la necesidad de dar una cobertura integral a los conflictos que se generan al interior de las familias, acordó hacer presente que resulta de extrema urgencia crear los tribunales de familia.

Se estima, además, que no existen observaciones que formular a las normas que regulan el procedimiento, contenidas en los artículos 5º al 18º del proyecto de ley, salvo que se considera conveniente que se deje expresa constancia que en contra de las sentencias que se dicten no procederá el recurso de casación.

El Presidentes señor Álvarez García y los ministros señores Gálvez, Espejo, Kokisch y Juica, fueron de opinión de informar desfavorablemente el proyecto de ley que se examina, porque, en su concepto, los conflictos a que da origen la comisión de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su naturaleza, no es una materia que deba quedar radicada en los juzgados que conocen de asuntos de orden civil, razón por la que no resulta aconsejable insistir en esta radicación. Abona la conclusión anterior, la experiencia que se ha adquirido a través de la aplicación de las disposiciones de la ley de violencia intrafamiliar por los actuales juzgados civiles.

Es cuanto puede este Tribunal informar en torno al proyecto en examen a la honorable Cámara.

Saluda atentamente a V.S.,

(Fdo.): HERNÁN ÁLVAREZ GARCÍA, Presidente, CARLOS A. MENESES PIZARRO, Secretario”.

1.6. Primer Informe de Comisión de Familia

Cámara de Diputados. Fecha 12 de junio, 2003. Informe de Comisión de Familia en Sesión 7. Legislatura 349.

?INFORME DE LA COMISION DE FAMILIA ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA LEY N° 19.325, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES RELATIVAS A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

BOLETIN Nº 2318-18.

_____________________________________________________________

Honorable Cámara:

La Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley de la referencia, originado en una moción de las Diputadas señoras María Antonieta Saa Díaz y Adriana Muñoz D'Albora.

El propósito primordial de esta iniciativa consistía en modificar la ley vigente en materia de violencia intrafamiliar, con el deseo de mejorarla y modernizarla, subsanando en ella las desventajas, vacíos y problemas que ha evidenciado su uso según información proveniente de sus diversos actores y usuarios jueces, actuarios, carabineros, funcionarios de la salud, profesores, víctimas, etc., como lo señalan claramente los estudios de seguimiento de su aplicación; las opiniones de expertos en el tema de la violencia intrafamiliar; las evaluaciones de trabajo realizadas por diversas organizaciones privadas, gubernamentales y municipales con mujeres que han interpuesto demandas por violencia intrafamiliar y el análisis de legislación comparada en la materia.

Sin embargo, con fecha 30 de agosto de 2001, antes de que se iniciara el tratamiento de esta moción en la Comisión de Familia, S E. el Presidente de la República formuló sobre la misma una indicación sustitutiva total de su articulado, no limitada a modificar determinadas normas de la ley N° 19.325, como lo proponía aquella en su texto original, sino que orientada, en primer lugar, a sustituir íntegramente dicho cuerpo legal estableciendo una nueva regulación sobre la materia y, en segundo lugar, a modificar la ley N° 16.618, sobre Menores, a fin de someter los casos de maltrato infantil ocasionados en el contexto intrafamiliar a los alcances de dicha nueva regulación. La finalidad principal de este cambio, según señala el Ejecutivo coincidiendo con la opinión de las autoras de la moción, es superar las dificultades observadas en la aplicación de la mencionada ley, a fin de dotar al sistema jurídico de una regulación eficaz y operativa que dé respuestas integrales y oportunas frente al problema de la violencia en la familia.

Se hace constar que, en atención a lo precedentemente señalado, la Comisión de Familia acordó, por unanimidad, realizar la discusión de este proyecto de ley sobre la base de la antedicha indicación sustitutiva del Ejecutivo, en consideración a que ella ha recogido los aspectos fundamentales que contenía la moción en estudio.

* * * * *

Durante el análisis de esta iniciativa, concurrieron especialmente invitados por la Comisión a exponer sus puntos de vista y observaciones sobre su articulado, las siguientes personas: las señoras Adriana Delpiano Puelma, ex Ministra Directora; Cecilia Pérez Díaz; actual Ministra Directora; Lissette García Bustamante, Subdirectora; Patricia Silva Meléndez, Jefa del Departamento Situación Jurídica de la Mujer; Patricia Schaulsohn Brodsky y Miriam Reyes García, abogadas asesoras de la ex Ministra Directora, todas ellas del Servicio Nacional de la Mujer; Mireya Pérez Videla, General (EF) de Carabineros, y Nancy Chacoff Adi, Teniente Coronel (J) de Carabineros, Directora y asesora jurídica, respectivamente, de la Dirección de Protección Policial de la Familia, Diprofam; Marta Pinto Salazar, jueza titular del IV juzgado civil de Santiago y Coordinadora de la Red Intrajudicial de Violencia Intrafamiliar; Elizabeth Lewin García, psicóloga, y María Emilia Sepúlveda, Coordinadora de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas de Violencia Intrafamiliar, ambas de la Corte de Apelaciones de Santiago; Nelly Santander Marín, Coordinadora del Centro de Atención y Prevención de Violencia Intrafamiliar, Zona Sur, Región Metropolitana, dependiente de la Corporación de Desarrollo Integral de la Familia, Codeinfa, y Carolina Merino Lobos, abogada de dicha institución; Ana María Arón, psicóloga, profesora del Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Alejandra Ibieta de LeaPlaza, Presidenta de la Fundación Familia Unida; Fernanda Soza y María Cristina De la Sotta, abogadas, colaboradoras de la anterior; y los señores Marco Antonio Rendón, abogado del Programa de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer; Leonardo EstradéBráncoli, sociólogo y asesor parlamentario, y Cristián Contador Salazar, asesor parlamentario.

Además de lo expuesto por las personas antes mencionadas, se hizo llegar a la Comisión un artículo titulado "La Ley de Violencia Intrafamiliar, aspectos sociojurídicos y propuestas", publicado en la Revista de Derecho, N° 3, de la Universidad Central de Chile.

I.- ANTECEDENTES GENERALES.

a) Ley N° 19.325.

Este cuerpo legal, publicado el 27 de agosto de 1994, establece normas especiales sobre competencia, procedimiento y sanciones relativas al juzgamiento de los actos de violencia intrafamiliar. Lo más importante de su contenido es lo siguiente:

- Define, como acto de violencia intrafamiliar, "todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de quien, aun siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo un mismo techo." Extiende la aplicación de sus sanciones al que incurra en iguales actos, aun cuando no conviva con el grupo familiar, ordenando, además, comprender como violencia intrafamiliar las amenazas con armas blancas o de fuego y las lesiones leves penalmente consideradas faltas, si reúnen cualquiera de los elementos señalados en la definición (art. 1°).

- Encomienda el conocimiento de los conflictos originados por la comisión de actos de violencia intrafamiliar al juez de turno en lo civil dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el hogar donde vive el afectado (art. 2°).

- Dispone que el procedimiento se regirá por las normas que, en rasgos generales, se describen a continuación y, supletoriamente, por las reglas comunes a todo procedimiento contenidas en el Código de Procedimiento Civil (art. 3°):

- El juicio se inicia por denuncia o demanda formulada o deducida por el afectado, sus ascendientes, descendientes, guardadores, tutores, curadores o cualquier otra persona que tenga conocimiento directo de los hechos materia de la denuncia o demanda. Carabineros o la Policía de Investigaciones son obligados a recibir las denuncias y a ponerlas de inmediato en conocimiento del juez competente, siéndoles aplicable lo establecido en los artículos 83 y 86 del Código de Procedimiento Penal (art. 3°, letra a));

- La denuncia o demanda debe contener una narración de los hechos en que se funda, los motivos por los cuales esos hechos afectan la salud de los afectados, la individualización de los autores de esos hechos y la indicación de quienes componen el núcleo familiar afectado. En caso de denuncias hechas ante Carabineros o la Policía de Investigaciones, si no se precisare la identidad de los ofensores, la institución que la reciba deberá practicar las diligencias necesarias para su individualización, informando de ello en el parte que envíe al tribunal (art. 3°, letra b));

- La comparecencia podrá ser personal, sin necesidad de procurador y de abogado patrocinante, salvo que el juez lo ordene, lo que deberá hacer siempre que una de las partes cuente con asesoría de letrado, caso en el cual la representación judicial deberá asumirla la Corporación de Asistencia Judicial y se gozará de privilegio de pobreza. Tratándose de menores o discapacitados, el abogado o procurador que los represente será su curador ad litem por el solo ministerio de la ley (art. 3°, letra c));

- Luego de recibida la denuncia o demanda, el juez citará al denunciante o demandante, al afectado y al ofensor, a un comparendo a realizarse dentro de ocho días hábiles, bajo el apercibimiento de procederse en rebeldía de quien no asista. Podrá, además, citar a otros miembros del núcleo familiar. Las partes deben concurrir con todos los medios de prueba, incluidos los testigos presenciales de los hechos. No regirán las inhabilidades para declarar derivadas de relaciones de parentesco, subordinación o dependencia hijos, padres, cónyuge, hermanos, abuelos, criados, pupilos, etc.,. El juez requerirá informe del Registro Civil sobre las anotaciones que el agresor tuviere en el registro especial de personas condenadas judicialmente por violencia intrafamiliar (art. 3°, letra d));

- La primera notificación es personal, salvo que el juez, por motivos calificados, disponga otra forma. Siempre debe dejarse al notificado copia íntegra de la resolución y de la demanda o denuncia. Las notificaciones podrán hacerse por funcionario judicial, receptor, notario, oficial de Registro Civil o por carta certificada, según lo determine el juez. Las notificaciones personales podrán hacerse en cualquier día y lugar, entre las seis y las veintitrés horas. Toda otra notificación deberá hacerse, con igual habilitación de día y hora, en el domicilio o en el lugar de trabajo de la persona por notificar (art. 3°, letra e));

- La audiencia se celebrará con las personas que asistan. Luego de escuchar al ofensor, el juez propondrá las bases sobre las que estima posible una conciliación y personalmente las instará a ello. Las opiniones del tribunal al respecto no serán causal de inhabilitación. En la conciliación se podrá convenir cualquier materia destinada a garantizar la convivencia familiar y la integridad del ofendido. La conciliación pondrá término al juicio y se estimará como sentencia ejecutoriada (art. 3°, letra f));

- No habiendo conciliación o en rebeldía del ofensor, el juez recibirá la causa a prueba, fijando los puntos sobre los cuales deberá recaer, debiendo las partes rendir a continuación la que ofrezcan. Iniciada la audiencia, no podrá suspenderse, y en caso de que la prueba no alcance a rendirse en ella, continuará al día siguiente hábil y así hasta terminar, debiendo el juez habilitar horarios especiales para ello, de no poderse continuar en horario normal (art. 3°, letra g));

- El juez, al recibir la denuncia o demanda, y en caso de que la gravedad de los hechos lo requiera, podrá, fundadamente, decretar cualquier medida precautoria destinada a garantizar la seguridad del afectado y la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial de la familia. Así, a modo ejemplar, temporalmente podrá: prohibir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común; ordenar la vuelta al hogar de quien injustificadamente fue obligado a abandonarlo; autorizar al afectado para abandonar el hogar común y disponer la entrega inmediata de sus efectos personales; prohibir o limitar la ida del ofensor al lugar de trabajo del ofendido, a menos que trabajen en un mismo establecimiento; fijar alimentos provisorios y establecer un régimen de tuición, crianza y educación de los hijos; y decretar prohibición de celebrar actos o contratos sobre ciertos bienes de quienes lo integren. Estas medidas no podrán exceder de sesenta días, pudiendo el juez ampliarlas, limitarlas, modificarlas, substituirlas o dejarlas sin efecto. Asimismo, por motivos muy graves y urgentes, podrá prorrogarlas por un máximo de ciento ochenta días. Iniciado un juicio de tuición, alimentos, divorcio o separación de bienes, corresponderá sólo al respectivo tribunal resolver sobre las medidas precautorias vigentes al iniciarse tal procedimiento y que estén directamente relacionadas con la materia. Para el cumplimiento de estas medidas, el juez podrá imponer multas y arrestos (hasta por sesenta días), y decretar el auxilio de la fuerza pública, con las facultades de descerrajamiento y allanamiento (art. 3°, letra h));

- Terminada la prueba, el juez citará a las partes para oír sentencia y, dentro de tercero día (hábil), podrá decretar medidas para mejor resolver, como informes médicos, psicológicos, de asistentes sociales, etc., (art. 3°, letra i));

- La prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica y la sentencia se dictará en el acto o dentro de décimo día. Esta deberá pronunciarse sobre la ocurrencia de la violencia intrafamiliar, si afecta o no a la salud del ofendido, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción que se le aplica. Asimismo, por tiempo que no exceda de sesenta días, podrá mantener, ampliar, modificar, sustituir, reducir o dejar sin efecto las medidas precautorias que haya decretado. La sentencia sólo producirá cosa juzgada respecto de la ocurrencia del hecho y la responsabilidad del ofensor (art. 3°, letra j));

- La apelación de la sentencia definitiva y de cualquier otra resolución susceptible de este recurso se concederá en el solo efecto devolutivo. La apelación se podrá interponer verbalmente, sin formalidad alguna, se verá en cuenta, sin esperar la comparecencia personal de las partes, y gozará de preferencia para su fallo (art. 3°, letra k)).

- El autor de violencia intrafamiliar será castigado con alguna de las siguientes medidas: 1) Asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar hasta por seis meses, bajo el control de las instituciones indicadas en el artículo 5°; 2) Multa de uno a diez días de ingreso diario (del condenado). El incumplimiento se sancionará con un día de arresto por cada ingreso diario aplicado de multa. 3) Prisión, en cualquiera de sus grados. El tribunal, al aplicar la pena, considerará como agravante el incumplimiento, por parte del denunciado o demandado, de cualquiera medida precautoria decretada en su contra. El juez, con acuerdo del ofensor, una vez ejecutoriada la sentencia, podrá conmutar la sanción del N° 2 ó N° 3 por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad. La resolución que lo haga deberá expresar el tipo de trabajo, el lugar donde deba realizarse, su duración y la persona o institución encargada de controlarlo. La no realización de dichos trabajos dejará sin efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley y deberá cumplirse cabalmente la sanción primitivamente aplicada (art. 4°).

- El juez deberá controlar el cumplimiento y resultado de las medidas precautorias decretadas y de las sanciones adoptadas, pudiendo delegar estas funciones en instituciones idóneas, como el SERNAM, los Centros de Diagnósticos del Ministerio de Educación o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar (COSAM), los cuales deberán, con la periodicidad que el juez determine, evacuar los informes respectivos (art.5°).

- El incumplimiento de cualquier medida precautoria será sancionado con reclusión menor en sus grados medio a máximo (en contra del que quebrante lo ordenado), dejándose, además, sin efecto todo lo que se haga en contravención de su cumplimiento. Asimismo, mientras se sustancia el respectivo proceso por el competente tribunal en lo criminal, el juez en lo civil podrá ordenar arrestos hasta por quince días (art. 6°).

Si el hecho en que se funda la denuncia o la demanda es constitutivo de delito, el tribunal civil deberá enviar de inmediato el proceso al juzgado del crimen competente para conocer de éste. El tribunal del crimen, reuniéndose los elementos constitutivos de un acto de violencia intrafamiliar, gozará de la potestad cautelar establecida en la letra h) del artículo 3° (art. 7°)

- El Servicio de Registro Civil deberá llevar un registro especial de personas condenadas por sentencia ejecutoriada como autoras de actos de violencia intrafamiliar. El tribunal, ejecutoriada que sea la sentencia, deberá oficiar al Servicio, individualizando al condenado, señalando el hecho sancionado y la medida aplicada (art. 8°).

b) La moción parlamentaria.

En la moción que origina esta iniciativa, sus autoras destacan que los principales aportes y deficiencias o problemas de la ley N° 19.325, de 1994, detectados a través de su aplicación, son los siguientes:

Aportes.

1. Determina la ilicitud de la conducta tipificada como violencia intrafamiliar. Ello produce los efectos de prevención negativa (inhibición por temor a la sanción) y de prevención positiva (refuerza la confianza de las víctimas en el sistema legal, al sentirse protegidas). A la vez, incorpora en la ilicitud la violencia psicológica por primera vez en nuestra legislación.

2. Compromete al Estado como garante de los bienes jurídicos que protege; esto es, la salud física y psicológica de las personas. Además, las sanciones alternativas que contempla implican una decisión de transformación social y cultural hacia una sociedad más igualitaria.

3. Proporciona un marco básico de seguridad para las intervenciones interdisciplinarias.

4. Detiene la violencia en la mayoría de los casos si la autoridad de los jueces y de los funcionarios policiales es bien utilizada.

5. La opción por la judicatura civil implica una búsqueda de protección y cautela de los derechos de las ofendidas y de recomposición del tejido social, más que la búsqueda de culpables para ser sancionados.

6. Consagra modernas tendencias del derecho penal, procesal, y de la criminología, como, por ejemplo: la concepción de los derechos humanos, el fin de toda discriminación, la prevención de la violencia, la protección de bienes jurídicos ligados a la persona y su vida cotidiana, el reemplazo de las penas cortas privativas de libertad, la instauración de procedimientos breves, la asignación de gran importancia a la víctima y la consagración del poder cautelar general de los jueces.

7. Aplica, a través de las medidas cautelares, mecanismos de protección eficaces para la víctima y su familia.

8. Consagra un concepto amplio de familia, que incorpora las uniones de hecho, reconocido mundialmente.

9. Facilita a las víctimas el acceso a la justicia mediante el establecimiento de un procedimiento breve, sumario, concentrado, oral y no ritual.

10. Al habilitar como testigos a los familiares y dependientes de las partes, es realista, pues son ellos, generalmente, los únicos que tienen conocimiento de la situación de violencia.

11. Finalmente, la fijación de la multa en base al ingreso diario del condenado la hace una sanción económica real y no una medida irrelevante.

Deficiencias o problemas.

1. Falta de recursos económicos y humanos capacitados para una eficiente implementación en el Poder Judicial y en las otras instancias que deben intervenir, lo cual produce criterios dispares de interpretación, victimización secundaria, desprotección de las víctimas y sus familias, falta de lugares para derivación o terapias, etc.

2. Falta de una judicatura especializada en materias de familia con competencia en el tema de la violencia intrafamiliar. La competencia otorgada a los jueces civiles no es asumida con la misma dedicación por todos, de modo tal que en los juzgados en que hay jueces y/o funcionarios sensibilizados y que comprenden dicho tema la ley se aplica mucho más eficazmente.

3. Falta de mecanismos de control del cumplimiento de las medidas precautorias y de las sanciones, lo cual implica gran impunidad para los agresores y desprotección para las víctimas.

4. Inconveniencia del llamado obligatorio a conciliación, pues ello ha significado un sinnúmero de avenimientos forzados e ineficaces, lo que reviste mucha gravedad si se tiene presente que entre el 65% y el 70% de los casos terminan por esta vía.

5. La no consagración de un mecanismo de ratificación de las causas en un mismo juzgado, teniendo presente el ciclo de la violencia, implica a las víctimas repetir sus historias muchas veces; recuperar documentos archivados; desorientación; aplicación de criterios diversos, etc., todo lo cual redunda en intervenciones ineficaces y lentas, y consecuente desprotección a las víctimas.

6. La de insuficiencia de la tipificación (definición de violencia en el ámbito de esta ley), pues omitió a algunos familiares y a otras personas que ejercen esta violencia en el hogar. En efecto, se excluyó a yernos, hermanos mayores de edad, ex cónyuges, ex convivientes y a quienes hayan procreado un hijo sin mediar convivencia.

7. Dificultades para efectuar las notificaciones por los funcionarios designados en la ley (receptores, notarios y oficiales de Registro Civil), lo que en muchos casos obliga al desistimiento.

8. La diversidad de criterios de interpretación de sus normas dificulta el acceso a la justicia de las personas. Algunos jueces del crimen no hacen uso de las medidas precautorias; el momento para archivar las causas es muy diverso; los criterios para conceder o denegar una medida precautoria son totalmente distintos; se exige la ratificación de las denuncias. etc.

9. Las medidas precautorias no se conceden de acuerdo con el peligro de cada caso y con la rapidez necesaria, por desconocimiento de los riesgos que implica la violencia intrafamiliar y falta de elementos para evaluar dichos riesgos, prevaleciendo otros factores que nada tienen que ver con los objetivos y esencia de estas medidas.

10. La ineficacia de las terapias como sanción. En la mayoría de los casos en que los condenados son obligados a ellas, no comparecen o las abandonan luego de la primera sesión.

11. Faltan mecanismos de seguimiento de las sanciones y de los avenimientos, lo que genera, además de sensación de impunidad y desprotección, un descrédito muy fuerte del Poder Judicial y una desconfianza de las víctimas para recurrir nuevamente a la justicia.

12. Falta un mecanismo eficiente de representación de menores maltratados, para el caso en que sus agresores sean sus representantes legales, quedando atadas de manos instituciones que trabajan el problema, ya que para representar a un niño o niña debe el abogado(a) pagar una fianza, suma con que, obviamente, no se cuenta.

13. Falta de uniformidad de criterios para contar el plazo de hasta sesenta días (desde que se decretan o desde que se llevan a cabo) por el cual se pueden mantener o modificar, en la sentencia, las medidas precautorias vigentes en ese momento.

14. Falta de precisión respecto de las obligaciones de la policía, en materias como: prestar auxilio, protección y transporte a las víctimas; tomar las denuncias, sin necesidad de exigir certificado médico de la víctima; ingresar al hogar en caso de maltrato flagrante.

15. Falta de una solución integral de los problemas que afectan al grupo familiar que vive una situación de violencia intrafamiliar. Subsisten problemas sin resolver que dificultan el término de la violencia, como, por ejemplo, la liquidación de la sociedad conyugal.

c) La indicación sustitutiva del Ejecutivo.

S. E. el Presidente de la República, reconociendo los aportes, desventajas y problemas a que se han visto enfrentados los usuarios y operadores de esta ley (víctimas, jueces, actuarios, carabineros, funcionarios de la salud, profesores, etc.), y fundado en la convicción de que el Estado debe tener un rol preponderante en la erradicación de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad, por cuanto ésta constituye una violación de los derechos esenciales de la persona humana y un obstáculo para el desarrollo y la profundización del proceso democrático, como asimismo en el marco jurídico de compromisos para los Estados [1] que han generado la comunidad internacional, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, en cuanto a la necesidad de asumir la violencia intrafamiliar como problema público y no privado, formuló una indicación que sustituye íntegramente el texto de este proyecto de ley, que modifica la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar, originado en moción parlamentaria de las Diputadas señoras María Antonieta Saa Díaz y Adriana Muñoz D`Albora.

Los elementos esenciales de la nueva propuesta del Ejecutivo son los siguientes:

1. Sustituye en su totalidad la ley actual, proponiendo en su reemplazo, por razones de técnica legislativa, un nuevo cuerpo formativo, denominado "Ley sobre Violencia Intrafamiliar".

2. Amplía el concepto de violencia intrafamiliar a fin de comprender en él tanto los maltratos que afecten la integridad sexual de la víctima, como las conductas no consideradas delitos sexuales, pero que constituyen conductas sancionables de no menor incidencia en el ámbito de las relaciones familiares.

3. Contempla la noción de riesgo inminente como factor que deben tener en cuenta los jueces para decretar medidas de protección, prescindiendo del resultado de los hechos y como consideración que habilitará a las instituciones policiales para intervenir directamente, sin mediar resolución judicial.

4. En materia de procedimientos, los cambios más relevantes son los siguientes:

a) Radica en el tribunal que sustancia un primer proceso el conocimiento de las posteriores denuncias, salvo que la persona afectada cambie su domicilio a otro territorio jurisdiccional.

b) Ordena informar al denunciante tanto los derechos que esta ley le reconoce como las gestiones judiciales inmediatas.

c) Detalla las menciones que debe incluir la denuncia, a fin de que contenga todos los elementos necesarios para que el juez se forme una pronta noción de la realidad familiar y así actúe en consecuencia.

d) Detalla el deber de las policías de recibir la denuncia, sin requerir certificado médico a la víctima, y de ponerla en conocimiento del tribunal, así como la facultad y el deber de actuar en caso de violencia flagrante o riesgo inminente para la víctima o su grupo familiar.

e) Extiende el deber de hacer denuncias a los directores de establecimientos relacionados con los procesos educativos y de conservación y restablecimiento de la salud.

f) Para facilitar el acceso a la justicia, dispone que la falta de asesoría letrada no obsta el avance del procedimiento ni la adopción de medidas de protección. Asimismo, establece de pleno derecho la representación judicial de niñas y niños.

g) Obliga al tribunal, verificados ciertos supuestos, tanto a dictar medidas de protección como a ponerlas de inmediato en conocimiento de las partes y de los organismos policiales.

h) Amplía el sistema probatorio, admitiéndose como elementos capaces de producir convicción antecedentes no contemplados entre los medios de prueba que regula el Código de Procedimiento Civil.

i) Impone al tribunal el deber de requerir al Servicio de Registro Civil e Identificación tanto el extracto de filiación del denunciado como las anotaciones especiales de violencia intrafamiliar.

j) Contempla soluciones alternativas, buscando diversificar el tipo de respuesta para abordar conflictos cuya naturaleza y distintas etapas de desarrollo los hacen particularmente complejos de abordar de una única forma. Así, se acoge la idea de que el conflicto familiar no debe ser totalmente arrebatado a las personas involucradas en él, debiendo permitirse la resolución o acuerdos entre partes, dejando la intervención sancionatoria del Estado como una alternativa posterior.

Para mantener la posibilidad de acuerdos entre las partes, pero cautelando que éstos no sean una vía rápida e indiscriminada de poner fin al juicio y no amenacen bienes jurídicos fundamentales, reemplaza la actual conciliación por la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, regulando los efectos del cumplimiento o infracción de dichos acuerdos. Esta suspensión tendrá lugar sin afectar la facultad de las partes de rendir prueba y por una única vez. La dictación de la sentencia queda condicionada al cumplimiento de obligaciones específicas, incluidas las de carácter reparatorio y/o a la observancia de las medidas de protección. El incumplimiento injustificado por el ofensor obliga al juez a dictar sentencia. Por el contrario, el cumplimiento efectivo por un año extingue la responsabilidad por violencia intrafamiliar en la causa de que se trate.

5. Innova en materia de sanciones, contemplando un progresivo agravamiento de las consecuencias jurídicas para quienes incurran en actos de violencia intrafamiliar. Además, por una sola vez, contempla la posibilidad de conmutar la sanción impuesta por la asistencia a programas terapéuticos, siempre previa satisfacción de las medidas reparatorias impuestas en el fallo.

6. Concede facultades de apremio especial tanto al tribunal con competencia en lo civil como en lo penal para el cumplimiento de las resoluciones y medidas de protección que dicte conociendo de casos de violencia intrafamiliar. Asimismo, aumenta la pena en un grado en todos los casos en que un acto de violencia intrafamiliar sea constitutivo de delito.

7. Tipifica y sanciona como delito el maltrato habitual, producido en el contexto de la familia, que cause grave o irreparable daño a la víctima.

d) Legislación extranjera.

1. ESPAÑA.

El plan de acción contra la violencia doméstica, aprobado por el Consejo de Ministros, en 1998, incluía determinadas acciones legislativas encaminadas a la modificación del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr la erradicación de las conductas delictivas consistentes en malos tratos, a la par que otorgar una mayor y mejor protección a las víctimas de estas conductas.

En lo referente al Código Penal, la articulación de dichas acciones legislativas se tradujeron en las siguientes enmiendas: la inclusión, como pena accesoria de determinados delitos, de la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima; la tipificación como delito específico de violencia física o psíquica ejercida con carácter habitual [2] sobre quien sea o haya sido su cónyuge, sobre los hijos propios o del cónyuge, conviviente, pupilos, ascendientes, incapaces que con él convivan o se hallen sujetos a patria potestad, tutela, curatela o guarda; hacer perseguible de oficio la amenaza con armas, la coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve en contra de alguna de las personas señaladas precedentemente; y la consideración de las posibles consecuencias económicas que la pena impuesta pudiera tener sobre la propia víctima o los demás miembros del grupo familiar.

En cuanto a la ley de Enjuiciamiento Criminal, se le agrega un precepto que persigue facilitar la inmediata protección de la víctima en los delitos de violencia mediante el establecimiento de una nueva medida cautelar que permite el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima, medida que podrá acordarse entre las primeras diligencias. Por otro lado, se permite la persecución de oficio de las faltas de malos tratos, al tiempo que se elimina la obsoleta referencia a la desobediencia de las mujeres respecto de sus maridos o de los hijos respecto de sus padres.

Asimismo, mediante la agregación de otra norma, se prohíbe la confrontación visual entre las víctimas y el procesado; la forma de llevar a cabo dicha diligencia podrá consistir en la utilización de medios audiovisuales. En consonancia con este principio, la práctica de careos, cuando los testigos sean menores de edad, pasa a tener carácter excepcional.

Emilio Cortés Bechiarello [3], asumiendo una posición crítica respecto de alguna de las citadas reformas, señala que el gran problema que puede plantear la incorporación del uso de la violencia psíquica, absolutamente desconocida para el Código de 1995, es la indeterminación de su contenido, creándose un nuevo campo de desarrollo del arbitrio judicial, si se tiene en cuenta, además, lo atinente a la prueba, así como la importancia de la personalidad del sujeto pasivo a la hora de determinar judicialmente si dicha violencia psíquica fue capaz de lograr el menoscabo del bien jurídico que se trata de proteger con la inclusión de esta nueva modalidad de agresión.

Sobre el concepto de habitualidad, el mismo autor expone que su significado es un enigma, quedando de esta forma sujeto a una desconocida interpretación jurisprudencial, por lo que recomienda que, en el caso de que este término subsista, sea legalmente perfilado desde la propia ley, a fin de poner freno al desmedido arbitrio judicial al que queda condenada la aplicación de este tipo penal.

2. ARGENTINA.

En Argentina, la ley N° 24.417, de Protección contra la Violencia Familiar, de 7 de diciembre de 1994, tiene carácter especial y la competencia en la materia recae sobre el juez de asuntos de la familia.

Los tipos de violencia que regula comprenden tanto la física como la psicológica. Los procedimientos son breves, concentrados y pueden ser verbales o escritos. La comparecencia es personal y se establece la obligación de una audiencia de mediación, instando a la víctima y su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos.

Entre las medidas de protección, la ley enumera medidas cautelares, en las cuales el juez establece su duración. Existe, además, un Consejo Nacional del Menor y la Familia, encargado de coordinar los servicios públicos y privados.

3. BOLIVIA.

En Bolivia, la ley N° 1.674, de Protección contra la Violencia Familiar o Doméstica, de 15 de diciembre de 1995, es de carácter especial y la competencia en la materia recae sobre el juez de instrucción de familia. En las comunidades indígenas y campesinas, son competentes las autoridades comunitarias y naturales, de acuerdo con la costumbre.

Los tipos de violencia que regula comprenden la física, la psicológica, la moral y la sexual. Los procedimientos son breves, concentrados, orales o escritos y reservados. La comparecencia es personal o con abogado. Si una parte tiene abogado, a la otra se le debe designar uno.

El llamado a conciliación es obligatorio y las sanciones comprenden multa; arresto hasta por cuatro días, que pueden cumplirse en fines de semana; medidas alternativas; terapia y trabajos comunitarios. Las medidas de protección son enumeradas dentro de las medidas cautelares y el juez no puede establecer su duración más allá del término del proceso.

4. MÉXICO.

La ley para la prevención, atención y sanción de la violencia familiar en el Estado de México es una ley de tipo administrativo que privilegia la protección de las personas contra la violencia y no asume competencia de tipo penal. De lo que se trata es de evitar llegar, en la medida de lo posible y dependiendo de las circunstancias, ante el Ministerio Público.

Pretende fomentar la cultura de la prevención y la denuncia de la violencia intrafamiliar. La ley establece un trabajo amplio y en todos los ámbitos del gobierno estatal, ya que obliga a acciones coordinadas entre sus distintas dependencias, como son el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF), el Instituto Mexiquense de la Mujer, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia, y diversas ONGs. Todas esas organizaciones conforman el consejo estatal para la prevención, atención y sanción de la violencia familiar.

La ley define y clasifica los tipos de violencia intrafamiliar, quiénes la generan y quiénes la reciben, además de establecer las funciones de todas las dependencias que integran el consejo estatal para la prevención, atención y sanción de la violencia familiar, lo mismo que estatuye la solución de los conflictos familiares mediante la mediación y el arbitraje; además, señala las diversas sanciones, como multas de uno hasta 180 salarios mínimos y los arrestos administrativos hasta por treinta y seis horas. En caso de lesiones graves o delitos sexuales en el seno familiar, los casos pasan a la jurisdicción penal.

Existe, además, un decreto de 1997, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil, del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. La competencia recae sobre los jueces de lo familiar. Trata la violencia familiar y sexual a través de procedimientos penales cuyo seguimiento recae en el Ministerio Público.

II.- FUNDAMENTOS DE LA INDICACIÓN SUSTITUTIVA.

S. E. el Presidente de la República fundamentó la formulación de su indicación sustitutiva de la moción parlamentaria en informe de las diputadas señoras María Antonieta Saa Díaz y Adriana Muñoz D'Albora que perseguía modificar la ley N° 19.325, relativa a los actos de violencia intrafamiliar, que establece una nueva regulación sobre la materia, en la necesidad de superar las dificultades observadas en la aplicación de la mencionada ley, a fin de dotar al sistema jurídico de una regulación eficaz y operativa que dé respuestas integrales y oportunas frente al problema de la violencia en la familia.

III. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO Y SÍNTESIS DE SU CONTENIDO.

La idea central o matriz del proyecto se orienta a modificar la legislación vigente aplicable en materia de violencia intrafamiliar, con el propósito de mejorarla y modernizarla, subsanando los defectos y los vacíos legales que presenta en la actualidad.

Con este objeto, el Jefe del Estado propone un nuevo texto legal sobre la materia, el cual comprende dos artículos permanentes y dos transitorios, que tratan las siguientes materias:

El artículo primero sustituye la actual ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, por una nueva ley que denomina "LEY SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR", comprensiva de 33 artículos permanentes, divididos en cinco párrafos, a saber:

Párrafo 1°, denominado "De violencia intrafamiliar." (artículos 1º al 3°).

Párrafo 2°, denominado "De la competencia y del procedimiento." (artículos 4º al 18).

Párrafo 3°, denominado "De las medidas judiciales de protección." (artículos 19 al 22).

Párrafo 4°, denominado "De las responsabilidades y sanciones." (artículos 23 al 28).

Párrafo 5°, denominado "Disposiciones generales." (artículos 29 al 33).

El artículo segundo modifica la ley N° 16.618, sobre Menores.

IV.- Opinión de la Excma. Corte Suprema.

Consultada la opinión de la Excelentísima Corte Suprema en relación con los preceptos relativos a la organización y atribuciones de los tribunales contenidos en la aludida indicación sustitutiva, dicho máximo tribunal, mediante oficio Nº 3003 [4], de 7 de diciembre del año 2001, informó no tener observaciones que formular respecto de la competencia que se atribuye a los juzgados civiles por el artículo 4°, mientras no se creen los tribunales de familia. No obstante ello, atendida la recargada competencia de los juzgados civiles y la necesidad de dar una cobertura integral a los conflictos que se generan al interior de las familias, hizo presente que resulta de extrema urgencia crear dichos tribunales de familia. Asimismo, informó que no existen observaciones que formular respecto de las normas que regulan el procedimiento, contenidas en los artículos 5° al 18 del proyecto, salvo en cuanto estimar conveniente que se deje expresa constancia de que en contra de las sentencias que se dicten no procederá el recurso de casación.

V.- Síntesis de las exposiciones formuladas en la Comisión.

La señora Adriana Delpiano Puelma (Ministra Directora del Sernam), junto con destacar el valioso aporte que ha significado para la sociedad chilena la dictación de la ley sobre violencia intrafamiliar, en 1994, reconoció que ella ha cumplido ya una etapa y que, como fruto de ello, así como del seguimiento que el Sernam ha debido hacer de su aplicación, y del proceso que el país ha vivido en relación con el tema de la violencia intrafamiliar, el Ejecutivo ha estimado necesario formular una indicación sustitutiva del texto de la moción parlamentaria en informe, la cual sustituye, a su vez, íntegramente la ley N° 19.325.

Agregó que el año pasado se hizo un estudio, que por razones de costos sólo abarcó las regiones Metropolitana y Novena, basado en una metodología utilizada por la OPS [5] que lo hace comparable con la situación de otros países, el cual arrojó cifras francamente preocupantes, como es que una de cada dos mujeres reconoce haber vivido violencia intrafamiliar y que el tema atraviesa todos los sectores socioeconómicos del país. Precisó, eso sí, que la violencia psicológica es más alta en los sectores de altos ingresos, reduciéndose y aumentando en cambio la violencia física a medida que se indaga en los sectores medios y bajos.

A continuación, luego de afirmar que en Chile la violencia intrafamiliar grave (aquella que deja secuelas físicas por más de una semana) es juzgada criminalmente, informó que la indicación sustitutiva sólo busca tipificar, prevenir y sancionar la violencia no constitutiva de delito, esto es, aquella que viven cotidianamente miles de hogares, que deja muchas veces secuelas difíciles de establecer y que tiene un fuerte impacto en el conjunto de la familia, porque si bien el conflicto puede darse a nivel de los cónyuges, en general, además, se asocia a violencia física en contra de los niños, o bien éstos viven como violencia psicológica severa las agresiones mutuas que observan en sus padres.

En cuanto a los lineamientos generales de la indicación sustitutiva, destacó que ella coincide en varios aspectos con la regulación contenida en la moción parlamentaria de las Diputadas señoras Saa y Muñoz. Así, destacó coincidencias en la finalidad de aumentar los sujetos destinatarios de la protección que consagra la ley; en la necesidad de evitar el uso indiscriminado de la conciliación por parte de los jueces civiles como forma de terminar los procesos por violencia intrafamiliar [6]; en fortalecer la potestad cautelar del juez; en regular las facultades y deberes de las policías particularmente en casos de violencia flagrante, y en hacer seguimiento de las causas por violencia intrafamiliar.

Asimismo, destacó que la indicación agrega los siguientes elementos que la moción parlamentaria no contempla:

-La noción de "integridad sexual" de las personas a que alude la ley. Su inclusión en la definición del concepto de violencia intrafamiliar se funda, primeramente, en la necesidad de visibilizar esta noción como un derecho básico o un bien jurídico que requiere de especial protección, toda vez que ella no es subsumible automáticamente en la idea de integridad psíquica. Se desea que la integridad sexual tenga un tratamiento particular, de modo que no quede englobada dentro de aquel otro concepto, más general, que abarca más bien las lesiones a la emocionalidad de la persona.

Sobre lo anterior, hizo hincapié en que, si bien la ley que reguló los delitos sexuales contiene un tipo residual bastante amplio, éste no abarca aquellas situaciones que se pueden producir en el seno de una familia y que, sin ser delito, pueden dañar a sus integrantes, especialmente tratándose de menores, como lo sería la falta de pudor frente a los hijos de la pareja o la observación oculta de un niño o niña mientras se ducha. Agregó que el tratamiento oportuno de este tipo de situaciones ayudaría a prevenir futuros atentados sexuales.

- La introducción de la noción de riesgo, referido a los peligros a los que está enfrentada la familia, como aspecto gravitante dentro del proyecto, la que, junto con la procedencia de medidas de protección y el otorgamiento de facultades a las policías, busca proteger a las posibles víctimas.

- El agravamiento progresivo de las sanciones, asociado a un sistema de conmutación restringido en cuanto a sus posibilidades de acceso. Las sanciones son conmutables por la asistencia a programas terapéuticos de orientación familiar bajo el control del Sernam, Centro de Diagnóstico del Ministerio de Educación y de los Centros Comunitarios de Salud Mental.

- El establecimiento de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia en reemplazo del modelo de la conciliación. El juez, en la audiencia de contestación y prueba, luego de rendida ésta, puede suspender la dictación de la sentencia, siempre que haya un reconocimiento de la situación por parte del agresor y que no exista peligro de violencia futura, condicionando dicha suspensión a dos circunstancias: que las partes acuerden obligaciones específicas y determinadas en sus relaciones mutuas, dentro de las cuales deberán incluirse siempre obligaciones de carácter reparatorio en favor de la víctima, y la observancia de medidas de protección por un lapso determinado, que puede llegar hasta a un año. El sentido de esto es que los compromisos quedan sujetos a la condición de dictarse sentencia en la causa si se infringen tales acuerdos. Por el contrario, si se cumplen dichos compromisos durante el período establecido, se extingue la responsabilidad por violencia intrafamiliar.

La indicación también establece hipótesis en que este mecanismo de suspensión condicional de la dictación de la sentencia no procede. Una de ellas es que el agresor haya sido condenado previamente por delitos contra las personas, por delitos sexuales o por actos de violencia intrafamiliar, para lo cual el juez debe tener a la vista el extracto de filiación del demandado. La segunda hipótesis es que el agresor haya accedido al mecanismo de suspensión condicional de la sentencia en una causa anterior y haya incumplido las condiciones impuestas.

Por otra parte, informó que, cuando la violencia intrafamiliar sea constitutiva de delito, la pena se aumentará en un grado, sin perjuicio de las reglas generales. Además, el juez del crimen tendrá siempre la potestad cautelar que la ley vigente otorga al juez civil y se establece un tipo penal especial, que sanciona con la pena de sesenta y un días a tres años al que infiera maltrato habitual que cause grave o irreparable daño a quien lo sufre. En este caso, se trata del daño que se provoca a través del tiempo, golpeando o humillando sistemáticamente a la víctima.

* * * * *

La señorita Mireya Pérez V. (General Directora de la Dirección de Protección Policial de la Familia) informó que, en enero de 1994, Carabineros creó la primera comisaría de asuntos de la familia para atender los casos de violencia intrafamiliar. Luego, en agosto de ese año, con motivo de la dictación de la ley N° 19.325, se vio también la necesidad de constituir secciones de asuntos de la familia a nivel nacional.

Pero los análisis estadísticos demostraron que la gente no denunciaba sólo en esas unidades especializadas, sino en la más cercana a su domicilio. Por ello, en 2001, se dispuso que todas las unidades policiales del país contaran con una oficina para la atención de denuncias de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, delitos sexuales y personas desaparecidas.

En ese contexto, el personal que atiende tales denuncios debe contar con capacitación, en tanto que las oficinas requieren de espacios que brinden privacidad a quienes concurren a denunciar esos ilícitos. Respecto de la capacitación, informó que se ha logrado un gran avance a través de un convenio de cooperación suscrito con el Sernam, el cual, desde el año pasado, incluye incorporar en las mallas curriculares de las escuelas de formación, tanto de oficiales como de personal, y en las escuelas de perfeccionamiento de suboficiales, la temática de la violencia intrafamiliar. Así, a contar de este año, se están dictando clases de un semestre en la escuela de suboficiales y en la de formación policial, y la Escuela de Carabineros tiene alrededor de ciento sesenta horas destinadas al estudio de dicha materia. Hay, por tanto, un compromiso institucional por mejorar cada día, a fin de disminuir al máximo las dificultades que esta situación acarrea.

Informó que en 1996 fue creada la Dirección de Protección Policial de la Familia, por entenderse que, dada la magnitud del problema de la violencia, no podía éste seguir radicado en una comisaría jurisdiccional de la Región Metropolitana, sino que era necesario crear un nivel directivo en la materia, para uniformar los procedimientos aplicables a lo largo del país.

Con respecto a la ley vigente en la materia, expresó que ésta tiene serias dificultades en lo que se refiere a la denuncia, porque la gente tiene temor de formular una acusación y muchas veces se limita a consultar qué puede hacer frente a un hecho de violencia, pero no quiere iniciar un proceso judicial. En ese sentido, consideró muy adecuado que la indicación sustitutiva en debate establezca la obligación de acoger la denuncia.

Por otra parte, observó que la creación de los centros de atención a víctimas de violencia del Sernam, así como de entidades privadas que existen en distintos sectores, permitirá a las personas obtener la orientación profesional que el caso requiere, antes de tomar la decisión de presentar una denuncia e iniciar un juicio, lo cual resulta muy conveniente.

En relación con la noción de integridad sexual, fue de la opinión que debiera explicitarse más en la ley. No obstante ello, y atendido que dicha noción comprendería todas aquellas conductas que no constituyan violación o abusos sexuales, dedujo que habría un atentado a la integridad sexual, por ejemplo, cuando se obliga a la mujer a realizar ciertas prácticas contra su voluntad.

En relación con medidas de prevención sobre violencia intrafamiliar, destacó el éxito de la campaña iniciada por Carabineros sobre seguridad compartida mediante la creación del Fonofamilia 149. La compañía de teléfonos proporcionó estudios de tráfico de llamadas, que registraron, en octubre y diciembre, entre 500 y 900 intentos de consulta diarios. Esto ha constituido un gran aporte en la línea de la prevención, porque permite a las personas pedir orientación para enfrentar sus problemas.

Con todo, puso de relieve que hay situaciones de riesgo que la policía no puede prever, porque hay personas aparentemente normales que tienen conductas insospechadas. Por eso es bueno que, frente a una situación de riesgo, la policía tenga la facultad de proceder como en caso de delito flagrante. El problema de la violencia va a desaparecer sólo en la medida en que pueda hacerse un trabajo de prevención realmente completo, con participación de todas las instituciones con que se relaciona la familia afectada. Así, si interviene el colegio a que asisten los hijos de la pareja que sufre el problema, por ejemplo, podría incluso mejorar la relación, porque ello debe producir también un efecto inhibidor de las conductas violentas.

Finalmente, respecto de la norma propuesta que obliga a las policías a actuar frente a situaciones en que exista un riesgo inminente para las personas de sufrir maltrato a causa de la violencia intrafamiliar, señaló que se trata de una norma innovadora que constituye una muy buena noticia jurídica; pero Carabineros se hace un deber en representar que la calificación de dicho riesgo inminente adolece de una falta de descripción, por lo que una errada calificación de la misma por el personal que proceda a una detención podría dar lugar al ejercicio de recursos de amparo o de protección en su contra, poniendo, en consecuencia, en riesgo su cargo el respectivo funcionario. Por ello, estimó altamente conveniente que se aclare esta noción con más detalle o se dejen facultades abiertas para que el reglamento respectivo lo permita.

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La señora Marta Pinto S. (Jueza y Coordinadora de la Red Intrajudicial de Violencia Intrafamiliar) informó que los tribunales civiles están trabajando en equipo, por entender que la violencia doméstica requiere de un tratamiento interdisciplinario. Así lo han reconocido tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema, por lo que se han implementado servicios integrados por psicólogos y asistentes sociales judiciales expertos, que brindan apoyo a las personas afectadas por violencia intrafamiliar.

Respecto de la ley vigente sobre la materia, observó que ésta, para definir la problemática por regular, utiliza la expresión "maltrato", que no se corresponde necesariamente con el concepto de violencia intrafamiliar, pues éste es mucho más rico y complejo en elementos esenciales. Agregó que resulta de la mayor trascendencia conceptualizar bien el objeto de regulación de la ley, porque de ello dependen todas las demás decisiones que traspasan su articulado y la toma de posiciones en materias fundamentales, como, por ejemplo, determinar si se está frente a una problemática de índole civil, inserta en el ámbito de la familia, o de índole penal, ya que en este último caso ella tendrá que inscribirse dentro del sistema de la reforma procesal en marcha, cosa que la iniciativa en comento no permite.

Así es como uno de los principios más comunes en materia criminal, cual es el principio "proreo", que implica establecer soluciones alternativas a las sanciones penales, tales como los acuerdos reparatorios o el otorgamiento de libertades, que han sido tan criticados, pareciera estar presente de alguna manera en el proyecto, pero no tiene realmente una organicidad adecuada.

Asimismo, la forma de llevar a cabo la intervención judicial será diferente si se opta por definir la violencia intrafamiliar como una cuestión penal, porque en tal caso tendrán que participar en su juzgamiento los jueces de garantía y el ministerio público. Pero, si reconociendo la naturaleza penal del asunto, se deja el procedimiento en manos del juez civil, se estará incurriendo en un contrasentido que será imposible abordar en la ley y que estará siempre indicando una falencia. El juez será investigador y sancionador, cuestión muy criticada del antiguo sistema penal, y además decretaría las medidas precautorias.

En consideración a lo anterior, estimó necesario adoptar posiciones políticas en el sentido de definir qué se va a entender por violencia y en qué ámbito se la va a situar, lo cual va a determinar inmediatamente la competencia, el procedimiento y las sanciones.

Señaló que la violencia es un drama que tiene lugar al interior de la familia, pero que atañe a la persona que es víctima. Sin embargo, hay normas del proyecto que obligan al juez a ponderar estas situaciones teniendo en cuenta el bienestar de toda la familia, lo cual genera ambigüedades, pues, dado que el agresor también forma parte del grupo familiar, no podría ser alejado de su hogar. Por lo tanto, hay que reconocer que de lo que se trata es de recomponer a una víctima dañada, que generalmente será una mujer o un niño. Al efecto, propuso eliminar en algunas normas de la indicación sustitutiva la referencia al grupo familiar.

Por otra parte, afirmó que el problema de la violencia irradia hacia lo social y, como está traspasado de tantos elementos, requiere del trabajo de expertos y de una capacitación constante de los tribunales, pues, si bien éstos tienen hoy mayor conocimiento del tema, no lo tenían cuando recién se dictó la ley, y será cada vez más necesario incrementar esa capacidad.

El Estado tiene que asumir responsablemente este reconocimiento social. La forma de hacerlo es dotar a la ley de los medios necesarios para que se trabaje el tema como se merece. No obstante, el proyecto en estudio no contempla recursos económicos. Se han llevado a cabo muchos seminarios para evaluar la ley de violencia intrafamiliar y el resultado ha sido comprobar invariablemente que su gran falencia es la falta de presupuesto. Como producto de ello, la intervención interdisciplinaria que debe efectuar el Poder Judicial ha demandado fondos destinados a otros fines.

La responsabilidad del Estado, insistió, es dotar de presupuesto a la ley, porque ése es el verdadero reconocimiento que hay que hacer de este dilema social. Pero ello no significa otorgarle más recursos al Poder Judicial. Lo que se debe hacer es crear un Fondo de Violencia Intrafamiliar, al que puedan acceder todos los sistemas. Sernam no tiene el dinero suficiente para hacer los seguimientos y evaluaciones que requieren los tribunales, y los exámenes psiquiátricos demoran tres o cuatro meses, en circunstancias que la ley actual obliga a dictar sentencia en dieciocho días y el proyecto pretende exigirla en trece.

Afirmó que la reacción del Estado tiene que ser sistémica. Faltan fondos para capacitar al personal y para coordinar la labor de los distintos tribunales. Todo el tema del maltrato infantil debe ser derivado a los juzgados de menores en la actualidad, porque los tribunales civiles no tienen cómo trabajar con niños. Los temas de salud deben ser derivados a los servicios respectivos y los de ancianos no hay adónde derivarlos. Tampoco es posible coordinar el trabajo con los jueces del crimen, los cuales están absolutamente atochados y ven los casos de violencia intrafamiliar como una falta. Incluso, en el mismo proyecto se trata el tema como una falta, lo que constituye un grave error, porque el sistema penal no le va a dar ninguna importancia. Es importante tomar definiciones al respecto y considerar que la violencia es un delito.

En materia de sanciones, observó que el proyecto establece multas y reclusión nocturna, las cuales tienen carácter penal. De modo que, al parecer, los autores de la iniciativa han optado por definir la violencia como una cuestión penal. Empero, quien tiene la misión de aplicar estas sanciones es el juez civil, quien en materia procesal aplica principios civilistas.

En relación con el procedimiento, afirmó que, si la violencia se ha generado durante toda una vida, es imposible que el juez encuentre la solución en un comparendo en el que se debe rendir toda la prueba y en el que, sin asesoría profesional, tendrá que dictar sentencia y aplicar sanciones. Se necesita un experto que ayude a calificar la intensidad del daño y la magnitud de la violencia. Se necesita un procedimiento adecuado, porque la rehabilitación de la víctima y del agresor, la búsqueda de soluciones, es un proceso que requiere tiempo. Hay que modificar estos plazos tan cortos y facultar al juez para que, ponderando la situación, pueda realizar otras audiencias, hacer seguimiento de las medidas protectoras, etcétera, y después dicte sentencia, pero una sentencia razonada, reflexiva, una vez evaluados todos los caminos que se hayan adoptado durante el juicio. De lo contrario, se está ofreciendo un milagro.

Adicionalmente, propuso diversas otras modificaciones del articulado del proyecto, las que la Comisión acordó tener presentes en el momento de la discusión particular.

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La señora Elizabeth Lewin G. (psicóloga del equipo de psicología en violencia intrafamiliar de la Corte de Apelaciones de Santiago) formuló críticas al concepto de violencia intrafamiliar contenido tanto en la ley vigente como en la indicación sustitutiva en debate, señalando que incluso en ésta se amplifica el efecto negativo que se observa en aquélla.

Reprochó la amplitud y la falta de especificidad del concepto utilizado en ambos textos, lo cual se traduce en que la ley sanciona cualquiera agresión cometida por cualquier miembro de la familia en contra de otro, sin hacer algunas distinciones importantes, como, por ejemplo, entre agresión y violencia, que a su juicio son cosas distintas. Al respecto, destacó que el legislador nunca buscó sancionar cualquier tipo de agresión dentro de la familia, ni los actos agresivos en sí mismos, sino aquellos que se producen en el marco de una relación de abuso, es decir, aquellas agresiones que se inscriben en un régimen de violencia, donde lo sancionable y judicializable es el abuso de poder dentro de las relaciones familiares y, más aun, dentro de ciertas relaciones familiares, como las relaciones de género en el espacio doméstico (maltrato entre cónyuges) y las transgeneracionales (maltrato infantil), que son los tipos de maltrato más frecuentes en Chile.

Por otra parte, esta amplitud e indiferenciación del concepto tiene graves efectos tanto en las prácticas judiciales como en la ciudadanía. Primero, porque genera una gran congestión en la judicatura civil, debido a que ingresan al sistema muchas causas que dan cuenta de problemas no relacionados con violencia o que, al menos, no son judicializables. Incluso, hay a veces situaciones de naturaleza estrictamente sanitaria, como por ejemplo, las psicopatologías, es decir, denuncias de padres o madres contra hijos psicóticos o enfermos mentales, que son procesados en virtud de la ley de violencia intrafamiliar como agresores. Ello provoca que las personas no reciban respuestas adecuadas y exige de los funcionarios competencias ajenas a su rol.

En segundo lugar, la falta de especificidad del concepto hace que se establezca un procedimiento único para casos que son cualitativamente diferentes, lo que conlleva un problema de ineficiencia, al validarse socialmente, por no existir límites claros, la idea de que todo malestar dentro de la familia puede ser judicializable. Informó que aproximadamente el cinco por ciento de los casos que ingresan a los tribunales civiles de Santiago son derivados al equipo de psicología en violencia intrafamiliar. De éstos, alrededor del 60% son situaciones de violencia conyugal y un 25% son relaciones disfuncionales. El resto incluye diagnósticos tales como violencia conyugal mezclada con psicopatologías, adicciones, maltrato infantil o abuso sexual, psicopatologías puras, etcétera.

Aclaró que el problema no es sólo la congestión del sistema, sino que una definición indiferenciada de la noción de violencia produce otros efectos a nivel social, como, por ejemplo, el de invisibilizar que la violencia que se ejerce en Chile es básicamente contra las mujeres y contra los niños; y eso es un mensaje social.

Por otra parte, la ley, al no hacerse cargo de que lo realmente sancionable es el abuso y no cualquier acto agresivo en sí mismo, se aparta de la demanda social que le dio origen. Recordó que esta ley surgió por una demanda social que tenía que ver con visibilizar el abuso de género fundamentalmente, a lo cual se sumó después el abuso transgeneracional hacia los niños, los ancianos y los discapacitados.

Enfatizó que la imprecisión del concepto genera el efecto de validar la idea de que el Estado tutela sin límites todo lo que ocurre en la familia. Por ello, estimó que la ley debería pronunciarse, primeramente, acerca de las exclusiones y límites que la realidad de la violencia intrafamiliar impone, es decir, que deberían excluirse de su regulación las psicopatologías, porque no corresponde tratar judicialmente problemas de salud mental, y los casos de familias disfuncionales, donde no hay una relación de abuso entre sus miembros y el conflicto central y la motivación de la denuncia no tiene que ver con la violencia. Las agresiones que las motivan son expresivas de cierta tensión emocional en el marco de una familia en crisis, y no de que se haya constituido en ella un régimen de violencia donde los conflictos se resuelven mediante el ejercicio sistemático de ésta por parte de uno de sus miembros en contra de los demás.

Asimismo, afirmó que la ley debiera incorporar en el concepto de violencia intrafamiliar algunos de los siguientes elementos:

1. Que lo sancionable es el abuso de poder dentro de las relaciones familiares.

2. Que las formas habituales de violencia intrafamiliar en Chile son: la violencia de género en el espacio doméstico, el maltrato infantil, el maltrato de ancianos y el maltrato a discapacitados, y que cada uno de estos tipos tenga un procedimiento específico para su juzgamiento.

3: Que el maltrato produce un daño en la salud física y psíquica de las personas, el que, en los casos de la violencia de género y de maltrato infantil, se manifiesta en síndromes específicos que constituyen, a su vez, un elemento que prueba la especificidad del daño causado por el ejercicio de la violencia.

4. Que el maltrato debe configurarse como un patrón sistemático en el tiempo, lo cual no excluye necesariamente las denuncias de episodios de violencia, que también tiene sentido que sean denunciados.

5. Que el maltrato implica relaciones de desigualdad y asimetría en el poder.

6. Que esta desigualdad es rígida, lo cual implica que las personas no pueden salir fácilmente de esa dinámica, y

7. Que la violencia se instala como un modo habitual de resolver conflictos, de comunicarse y de relacionarse.

En relación con la mediación, añadió que ella requiere de ciertos principios para poder ejecutarse. Es válida para un sinnúmero de temas, pero requiere que las partes estén en igualdad de condiciones para negociar. En la violencia conyugal, esto no se da, pues hay una parte que está dominando a la otra y, por tanto, por principio, no es posible mediar en violencia intrafamiliar. Incluso, el equipo de psicólogas de la Corte de Apelaciones de Santiago piensa que las parejas que viven violencia de género y que están, por ejemplo, en el proceso de separación, y que tienen que ponerse de acuerdo en materia de alimentos, visitas, etcétera, no están en condiciones de negociar sobre eso. La violencia se va a reproducir cada vez que tengan que negociar y, por tanto, en estos casos, las regulaciones externas resultan mucho más útiles que aquéllas en que los procesos se dejan abiertos a que las personas los resuelvan por sí mismas.

Finalmente, con respecto a la noción de integridad sexual, expresó que estaría de acuerdo en que la violencia que la afecta se mencionara en la ley de la misma manera en que se mencionan la violencia física y psíquica, porque es algo que está en el relato de las mujeres y niños que formulan denuncias y porque, al no estar expresada en la ley, será mucho más fácil que se siga invisibilizando su existencia. Sería bueno que esto que las personas están viviendo, con una frecuencia que ni siquiera sospechamos, sea puesto en la ley para que ésta refleje la realidad que está tratando de atender.

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Las señoras Carolina Merino L. y Nelly Santander M. (Codeinfa) rechazaron aplicar la mediación a los casos de violencia intrafamiliar, porque en ellos no existe equilibrio de poderes entre las partes.

Acotaron que, en las relaciones de violencia, una de cuyas características es ser cíclicas, hay una situación de desigualdad entre las partes que se mantiene incluso en las reconciliaciones, las que se dan siempre porque, de lo contrario, no subsistiría la pareja. Si se somete a las partes a un proceso judicial y se les apura el ciclo de violencia para que lleguen a una reconciliación, ésta no será satisfactoria para ambas, porque una impondrá sus condiciones y la otra se plegará a los intereses de aquélla.

Por eso, agregaron, el problema de la mediación es que podría transformarse en una reconciliación que no interrumpiera el ciclo de la violencia, el cual se inicia con un período de latencia en que se van acumulando las tensiones, continúa con un período de agresiones, que pueden ir desde insultos y golpes hasta intentos de asesinato, para terminar con una reconciliación en la que el agresor pide perdón y la mujer se culpa de haber provocado la violencia, decidiendo que es posible seguir adelante. Lo grave es que esto se reproduzca en un juicio, porque las partes nunca van a estar en igualdad de condiciones. Incluso, se podría obligar a la mujer a lograr acuerdos con el agresor, para que no tenga problemas con éste posteriormente, con lo cual el resguardo que ella busca al acudir al tribunal terminaría favoreciendo al ofensor.

Señalaron que debería existir un programa de capacitación orientado hacia los funcionarios encargados de aplicar la ley para una mejor comprensión del problema, pues la violencia intrafamiliar se reproduce y valida dentro de una sociedad con estereotipos, prejuicios e ideas preconcebidas sobre sus razones, consecuencias y justificaciones, que por regla general perpetúan la situación. Los agentes encargados de la aplicación e interpretación de la ley, si no cuentan con una preparación adecuada, replicarán estos prejuicios e ideas personales y subjetivas sobre la situación que se les presenta, perdiendo la imparcialidad y profesionalismo que el tratamiento del tema requiere. Aplicar prejuicios e ideas preconcebidas a la resolución del problema sólo lo agrava y resulta un atentado contra las víctimas, que se ven nuevamente agredidas y sin posibilidad de ser escuchadas.

Observaron que la radicación de la responsabilidad del conocimiento y fallo de las causas de violencia intrafamiliar en los juzgados civiles se realizó sin la asignación de los recursos necesarios para enfrentar la sobrecarga de trabajo y la capacitación especializada que el adecuado tratamiento del problema necesita. Ello ha redundado en la sobrecarga de trabajo y la falta de apoyo especializado al juez para la adopción de sus resoluciones. Si bien en Santiago existen psicólogos judiciales, en la Corte de Apelaciones de San Miguel no existen, como tampoco las asistentes sociales judiciales en los juzgados de su territorio jurisdiccional. La falta de financiamiento ha redundado también en la inexistencia de centros especializados en la atención y prevención de la violencia intrafamiliar. Más aun, instituciones que a la fecha de la dictación de la ley existían (ej. centros de Conchalí, El Bosque, Huechuraba, La Florida y Santiago) han sido cerradas por falta de recursos y/o voluntades políticas de los gobiernos locales, con la consiguiente pérdida de la experiencia acumulada.

Consideraron un desacierto que no se reconozcan legalmente los centros de violencia intrafamiliar existentes, pues si bien éstos son utilizados como un valioso recurso en la ejecución de sanciones, terapias, medidas para mejor resolver, etcétera, no existe ningún reconocimiento oficial e institucionalizado de las intervenciones realizadas o propuestas por ellos. Por lo mismo, propusieron incorporar expresamente en la ley a estos centros, como expertos en temas de violencia, y su validación y reconocimiento a través de su inclusión en un registro, sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones específicas.

Finalmente, en cuanto al seguimiento de los casos, observaron que el proyecto vuelve a encargar esa labor al Sernam, a los centros de diagnóstico del Ministerio de Educación y a los centros comunitarios de salud mental, en circunstancias que el primero hace seguimiento de sentencias, el Mineduc no cuenta con centros de diagnóstico en la Región Metropolitana y hasta donde se sabe éstos no hacen seguimientos en materia de violencia intrafamiliar, y los Cosam están desbordados y carecen de personal adecuado. Se excluye, en cambio, a los centros especializados como el que representan, que cuentan con equipos profesionales interdisciplinarios que podrían abordar el tema en forma integral, además de filtrar los casos antes de judicializarlos, evitando así el atochamiento de los tribunales.

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La señora Alejandra Ibieta señaló que, según su experiencia como abogada y el trabajo de consejería matrimonial que realiza la Fundación Familia Unida, la violencia intrafamiliar no afecta sólo a las personas que la sufren, sino también a la sociedad, pues el bienestar de la familia es determinante para el desarrollo de las personas.

Sin embargo, advirtió, hay quienes parecen ver en la propia familia, como institución, la raíz de la violencia. Así, Alda Facio, citada por María Paz Garafulic en el libro "Mujer y Derecho", dice: "la familia es la institución que más ha sometido, subvalorado y violentado a la mujer", lo cual es bastante grave, porque equivale a cuestionar el trascendente rol de la familia para la sociedad y el bien común.

Afortunadamente, ello se contradice con el resultado de ciertas encuestas, como la realizada en noviembre de 1995 por el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la que el 87,6% de las personas casadas se declararon felices o muy felices, mientras que sólo el 11,2% de ellas se declararon no muy felices, cifras que entre las personas no casadas fueron de 65,8 y 33,1 por ciento, respectivamente.

Por otra parte, cabe reconocer que la violencia y el abuso de poder no son algo que se dé sólo al interior de los hogares, sino también en las calles, en el trabajo, en los colegios, etcétera; pero la violencia intrafamiliar sigue siendo más grave que en otros ámbitos, porque de algún modo podría estar afectando, incluso, los esfuerzos por superar la pobreza y alcanzar mayor desarrollo social, dado que ella disminuye la capacidad productiva de los individuos, así como su rendimiento en áreas tales como el aprendizaje, la socialización, etcétera, y si una familia pobre sufre el problema, tiene mucho menos recursos para salir adelante que una acomodada.

En ese sentido, la ley de violencia intrafamiliar constituyó un hito importante en el país, dando una señal de que el Estado chileno, en cumplimiento de su deber, emanado de la Constitución Política y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, estaba decidido a detener un flagelo que estaba y continúa afectando a la sociedad en su conjunto. Lamentablemente, la aplicación efectiva y adecuada de esta normativa se ha visto embarazada por numerosas dificultades, derivadas tanto de su propio texto como provocadas por factores externos. De ahí la importancia de las reformas que ahora se pretende introducir en ella.

Asimismo, propuso incorporar las siguientes ideas al debate del proyecto.

1. Autorizar la acumulación de autos, cuando existan varias causas en un mismo tribunal entre las mismas partes, y obligar al juez a traer a la vista el historial del agresor cada vez que deba resolver un juicio de violencia intrafamiliar en su contra.

2. Distinguir entre violencia en contra de menores y personas discapacitadas, y violencia entre adultos, admitiendo sólo en el primer caso la denuncia de terceros, sin perjuicio de exigir alguna garantía de seriedad de la misma, y prohibiéndola en el segundo. Distinguir, asimismo, entre violencia constitutiva de delito y no constitutiva de delito, para efectos de una mayor claridad y evitar así conflictos de competencia. Por último, distinguir también entre los distintos grados de violencia sancionados por la ley, al objeto de establecer un procedimiento más breve en los casos más graves (amenazas con armas blancas o de fuego u otras).

3. Establecer un mecanismo para filtrar las denuncias recibidas por los tribunales a través de uno o más equipos multidisciplinarios de profesionales idóneos, tales como psicólogos, asistentes sociales y/o terapeutas familiares, que ayuden a determinar el procedimiento aplicable a cada caso.

4. Permitir las soluciones alternativas, tales como la mediación, aun en los casos de violencia intrafamiliar grave, sobre todo cuando es dable presumir que las relaciones van a continuar, esto es, cuando hay hijos de por medio o un vínculo fuerte entre los miembros de la pareja, pero condicionando su procedencia a la rehabilitación del agresor y terapia de la víctima.

5. Reforzar la adopción de medidas de protección y fiscalizar su cumplimiento, especialmente en situaciones de riesgo inminente.

6. Poner énfasis en las acciones de prevención de la violencia intrafamiliar, apoyando a las instituciones que trabajan en ese ámbito.

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La señora Ana María Arón (profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile) informó que lleva doce años trabajando en el tema de la violencia, junto a un equipo interdisciplinario de esa Casa de Estudios. A partir de ello, ha podido observar que estamos insertos en una sociedad que avala la violencia y, por lo tanto, hay al respecto una responsabilidad compartida por todos, que dice relación con un sistema de creencias y valores que admite el uso de la fuerza e invisibiliza sus riesgos y consecuencias, lo cual ha contribuido también a que ésta se mantenga.

Agregó que la experiencia acumulada por el equipo de trabajo del que forma parte muestra que, frente a un caso concreto de violencia intrafamiliar, las intervenciones se realizan en dos niveles. La primera es la llamada intervención social, que procura interrumpir los circuitos de violencia y, la segunda, es la reparación o rehabilitación.

Opinó que el espíritu de una ley de violencia intrafamiliar no debe perder de vista que esa es su primera función, es decir, actuar para interrumpir situaciones de abuso y no para repararlas, pues eso les va a corresponder a otros, que no podrán hacerlo si la violencia no se ha detenido.

Por otra parte, debe entenderse que la intervención social, o sea, la capacidad que tiene la comunidad para interrumpir los circuitos abusivos, sólo la pueden hacer los que tienen fuerza dentro de la sociedad, no los psicólogos ni las asistentes sociales u otros terapeutas, sino que la policía y el sistema judicial, amparados desde luego por una ley.

Por lo mismo, celebró la presentación del proyecto en debate, que busca reemplazar la ley vigente, ya que el gran mérito de ésta fue enviar una señal a la comunidad sobre la necesidad de poner fin a las situaciones de violencia que se venían produciendo, porque independientemente de todas las disquisiciones que se pudieran hacer acerca de por qué los hombres golpean a las mujeres, o los padres a los niños, la verdad es que lo hacen porque no está prohibido, y la ley tiene precisamente la finalidad de decir claramente qué se puede hacer y qué no.

Sin embargo, estimó necesario formular las siguientes observaciones a la propuesta del Ejecutivo.

En primer lugar, consideró muy pertinentes los antecedentes y las consideraciones sobre el marco legal vigente, especialmente, en lo relacionado con el rol del Estado en la erradicación de la violencia intrafamiliar; las asimetrías en la defensa, porque no podemos poner al mismo nivel a una persona que tiene el poder y la fuerza física con una mujer que está siendo agredida impunemente; las distorsiones en la conciliación y la asistencia a terapia.

Asimismo, destacó como aspectos relevantes de la iniciativa la ampliación del concepto de violencia intrafamiliar, la introducción del concepto de riesgo, la radicación de la denuncia, los deberes impuestos a los organismos policiales, el deber de denuncia, la información al Registro Civil y las potestades cautelares de los jueces

Con todo, al leer todo el proyecto, dijo tener la sensación de que en él se defiende con mayor celo a los agresores que a las víctimas.

En segundo lugar, respecto del contenido específico de la indicación sustitutiva, subrayó lo siguiente.

- La necesidad de una mayor especificación del término "integridad sexual", de manera que la definición de violencia incluya derechamente, además del maltrato físico y psicológico, el abuso sexual al interior de la familia.

- La importancia de considerar la situación de riesgo inminente. La modificación es muy importante, porque aquí no estamos hablando de un riesgo cualquiera, sino de uno cuya ocurrencia daña a veces en forma irreparable a quien está expuesto a él.

- La necesidad de resguardar la integridad psicológica de cualquier menor involucrado en actos de violencia intrafamiliar, impidiendo que se les use como testigos en los conflictos entre adultos, porque cuando se le pide a un niño que cuente cómo es que su padre le pega a su madre, o viceversa, se le está sometiendo a una victimización secundaria y es muy difícil que se sobreponga al hecho de haber declarado en contra de alguno de sus padres, sobre todo si éste ha sufrido por ello consecuencias negativas.

- La suspensión condicional del pronunciamiento de la sentencia hace perder a la ley su sentido de control social, cuyo mensaje contrario a la violencia debe ser muy claro, y protege indebidamente al agresor, pues lo exime de responsabilidad si cumple las obligaciones acordadas con la víctima o las medidas decretadas por el tribunal.

- Los peritajes para mejor resolver debieran tener el mismo objeto que la constatación de lesiones, esto es, evaluar el daño psicológico producido en la víctima. No tiene sentido pedir informes psicológicos o psiquiátricos del agresor, porque para éste resulta muy fácil conseguir que se le evalúe positivamente, sobre todo si es un connotado personaje público. Los maltratadores no son enfermos, sino personas normales, con un desajuste conductual que los exámenes psicológicos o psiquiátricos no logran detectar.

Es urgente crear un registro de profesionales expertos en los temas de violencia y maltrato.

- Restricción de la presencia del agresor en el lugar de trabajo o estudio de la víctima, a menos que aquél trabaje o estudie en el mismo lugar. La excepción establecida pone en riesgo a la persona agredida. En consecuencia, si bien no es posible prohibirle al ofensor que asista a su trabajo o establecimiento educacional, sería conveniente notificar la medida al respectivo jefe o director.

Es útil permitir que el juez prolongue las medidas de protección, incluso hasta por un año después de ejecutoriada la sentencia, pero hay casos en que debiera tener más flexibilidad, como, por ejemplo, cuando hay riesgo para la vida de la víctima, cuando el historial de violencia del agresor registra lesiones graves o abuso sexual, o cuando éste tiene acceso a armas.

- Importancia de que las medidas precautorias decretadas por el tribunal se informen por escrito a la víctima, porque ésta las usa como una forma de control social, sobre todo en niveles socioeconómicos bajos, donde el poder del papel escrito, firmado y timbrado es más fuerte.

- La conmutación de sanciones hace perder el control social que debe tener la ley. Además, tratándose del agresor, no parece buena idea conmutarle la pena por terapia, primero, porque ésta es vista como un castigo que crea resistencia en él y, segundo, porque no hay capacidad instalada para efectuarla. Lo que sí se le puede ofrecer es rehabilitación, pero en forma adicional a la sanción impuesta. La terapia, en tanto, debe ofrecerse a la víctima, pues está destinada a reparar el daño sufrido por la situación de violencia.

Por otra parte, las acciones terapéuticas, encomendadas al Sernam, a los centros de salud mental y a los centros de diagnóstico escolar, deberían ampliarse también a otras instancias debidamente calificadas que podrían efectuar esas labores, desde consultorios de salud hasta centros particulares.

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VI.- DISCUSION Y VOTACION EN GENERAL DEL PROYECTO.

La Comisión de Familia, compartiendo plenamente los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por las autoras del proyecto, y luego de recibir las opiniones, observaciones y proposiciones de las personas e instituciones individualizadas precedentemente tanto en relación con el texto original de la moción como en relación como el texto sustitutivo presentado por el Ejecutivo, lo que permitió a sus miembros conocer de mejor forma las deficiencias y problemas que se derivan de la aplicación de la actual ley sobre violencia intrafamiliar, procedió, sin mayor debate, a dar su aprobación a la idea de legislar, por la unanimidad de los Diputados presentes.

VII.- DISCUSION Y VOTACION EN PARTICULAR DEL PROYECTO.

En esta etapa de la tramitación legislativa del proyecto de ley en informe, cabe reiterar que esta Comisión, al iniciar su estudio, aprobó, por unanimidad, realizar la discusión en particular del mismo sobre la base del nuevo texto que propuso S. E. el Presidente de la República, en su indicación sustitutiva total formulada con fecha 30 de agosto de 2001.

Asimismo, se hace constar que, con fecha 3 de julio de 2002, la misma en que se dio inicio a la discusión en particular de esta iniciativa de ley, el Ejecutivo formuló nuevas indicaciones, todas ellas de carácter supresivo, para los efectos de eliminar del texto sustitutivo antes aludido diversas disposiciones referidas a reglas especiales relativas al procedimiento aplicable a los actos de violencia intrafamiliar, incluidos, entre otros, íntegramente, los párrafos 2°, "De la competencia y del procedimiento", y 3°, "De las medidas judiciales de protección".

En apoyo de las referidas indicaciones supresivas, el Presidente de la República argumentó que las reglas especiales en materia de procedimiento para los actos de violencia intrafamiliar, contenidas en el texto sustitutivo del proyecto en debate, que el mismo propuso en mayo de 2001, se justificaban en razón de la urgente necesidad de modificar las normas procesales sobre violencia intrafamiliar, debido a que, en ese momento, se encontraba paralizado en su tramitación legislativa el proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia (boletín N° 221818), el cual contiene también reglas especiales de procedimiento muy similares a las de esta iniciativa. Hizo presente, además, que, habiéndose reiniciado la tramitación del proyecto sobre Tribunales de Familia por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, actualmente carece de todo sentido que esta última Comisión revise en paralelo las mismas normas de procedimiento que sus miembros analizan como integrantes de tales Comisiones Unidas [7].

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A continuación, la Comisión dio al citado texto propuesto el siguiente tratamiento.

Artículo 1°.

Sustituye la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, por una nueva ley en proyecto denominada "Ley sobre Violencia Intrafamiliar", la cual comprende de 33 artículos distribuidos en cinco párrafos. Los epígrafes de dichos párrafos son los siguientes: "1°, De la violencia intrafamiliar."; "2°, De la competencia y del procedimiento."; "3°, De las medidas judiciales de protección."; "4°, De las responsabilidades y sanciones.", y "5°, Disposiciones generales."

Durante el debate habido en la Comisión para emitir un pronunciamiento acerca de la naturaleza de las normas contenidas en el proyecto, se arribó a la conclusión de que este artículo, al sustituir íntegramente la ley N° 19.325, produciría el efecto de derogar orgánicamente dicho cuerpo legal, incluido su actual artículo 2°, que otorga competencia a los juzgados de letras en lo civil para conocer de las causas sobre violencia intrafamiliar. Siendo así, el carácter orgánicoconstitucional que tiene el citado artículo 2° de la ley N° 19.325, conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 74 de la Carta Fundamental, otorgaría igual rango al artículo 1° del proyecto en debate.

A fin de prevenir el hecho eventual de no alcanzarse en la Sala el quórum necesario para aprobar el artículo 1° de la iniciativa en comento, lo cual traería consigo el derribamiento del proyecto en su conjunto, las Diputadas señoras Mella y Saa, y el Diputado señor Galilea, don José Antonio, formularon la siguiente indicación:

"a) Para eliminar todo el encabezamiento del artículo primero, hasta los dos puntos (:) que siguen al vocablo 'siguiente', y para reemplazar el epígrafe de la nueva ley sustitutiva en proyecto por el siguiente: 'Dicta normas de Protección contra la Violencia Intrafamiliar."

El reemplazo del epígrafe o suma de la nueva ley tiene por objeto poner de relieve tanto el carácter protector de la nueva normativa como el carácter represivo y sancionatorio de las conductas que regula.

Se hace constar que el efecto derogatorio perseguido por la norma en debate se logrará por la vía de incorporar un nuevo artículo final a la ley en proyecto, el cual derogará expresamente la ley N° 19.325. De este modo, se traslada el riesgo de la eventual falta del quórum constitucional de aprobación de este artículo al artículo 13, nuevo, del que se informará en la parte correspondiente de este informe.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.

Artículo 1º.

Dispone que el objeto de esta nueva ley en proyecto es regular las consecuencias y sanciones de la violencia intrafamiliar, así como el procedimiento para la determinación de las responsabilidades que de ella derivan.

El Presidente de la República formuló una indicación supresiva de esta norma, atendida la referencia al procedimiento que en ella se hace, dado que, según lo expresado en la Comisión por los representantes del Ejecutivo, no será objeto de esta ley la regulación del procedimiento que se aplicará a las causas sobre violencia intrafamiliar para la determinación de las responsabilidades que de ella deriven. Ello, en conformidad a un acuerdo adoptado por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, durante la discusión del proyecto de ley que crea los tribunales de familia, en orden a tratar en esa iniciativa las normas relativas al procedimiento aplicable a las causas por violencia intrafamiliar y, en este proyecto de ley en informe, las normas de carácter sustantivo sobre la materia.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue rechazada por unanimidad.

En concordancia con dicho acuerdo, las Diputadas señoras Cristi y Saa, y los Diputados señores Letelier, don Juan Pablo, y Urrutia, partidarios de mantener una norma que defina el objeto de la futura nueva ley, formularon una indicación para sustituir el artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto proteger la salud y seguridad física y psíquica de las víctimas de la violencia intrafamiliar y regular las consecuencias y sanciones de dicha violencia."

Sometida a votación la indicación parlamentaria, fue aprobada unánimemente, con la sola enmienda de reemplazar la frase "salud y seguridad física y psíquica" por "integridad física y psíquica y la seguridad". Esto último, con el objeto de adecuar el lenguaje utilizado en la norma a las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho a la integridad personal.

Artículo 2º.

Define la violencia intrafamiliar de modo más amplio que la norma vigente. Al efecto, señala que constituye violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la salud física, psíquica o la integridad sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, descendiente, adoptado, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive o cónyuge, sea que viva o no bajo el mismo techo y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

Su inciso segundo agrega que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida anteriormente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia, sobre los hijos de aquella, entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Finalmente, su inciso tercero dispone que cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4º o 5º del artículo 494 del Código Penal [8], se regirán por el procedimiento y se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley.

Las Diputadas señoras Cristi, Mella, Saa y Vidal, y los Diputados señores Barros y Urrutia, formularon una indicación para reemplazar este artículo por el siguiente:

"Artículo 2°.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no en la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado personal o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4 o 5 del artículo 494 del Código Penal, se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley."

Esta indicación sustitutiva, aprobada por unanimidad en la Comisión, tiene por objeto introducir, en el texto del artículo 2°, anteriormente descrito, las siguientes enmiendas:

i) En el inciso primero: 1) Reemplaza la frase "la salud física, psíquica o la integridad sexual" por "la integridad física, psíquica o sexual", con el propósito de adecuar la terminología que utiliza este artículo a la norma constitucional que protege el derecho a la integridad personal; 2) Sustituye la referencia que se hace a los ascendientes y descendientes del ofensor por otra efectuada a los parientes por consanguinidad de éste en toda la línea recta; 3) Amplía, en lo relativo a las relaciones familiares, el universo de personas que pueden llegar a ser los sujetos pasivos del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, al incluir entre éstos a los parientes por afinidad [9] del ofensor en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, y a los adoptantes; 4) Reemplaza la frase "bajo el mismo techo" por "en la misma morada", por ser esta última expresión jurídicamente más correcta.

ii) En el inciso segundo: 1) Sustituye la referencia que se hace "a los hijos de aquélla", en alusión a la conviviente, por otra efectuada a los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta; 2) Asimismo, igual que en el inciso primero, pero esta vez referido al ámbito de una relación de convivencia, amplía el universo de personas que pueden llegar a ser los sujetos pasivos del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, al incluir, entre aquellos, a los parientes de su conviviente en la línea colateral hasta el cuarto grado inclusive, equiparando su situación, por razones de justicia, a la de las demás personas que menciona este artículo; 3) Intercala, a continuación de la palabra "cuidado", el vocablo "personal", reproduciendo así la misma expresión que contiene la ley sobre adopción y que alude a una calidad previa a su constitución que se confiere en el marco de un proceso judicial respectivo, a diferencia de la dependencia, que constituiría, según las representantes del Ejecutivo, una situación de hecho.

iii) En el inciso tercero: 1) Elimina la frase "se regirán por el procedimiento y". Ello, a raíz de que las normas especiales en materia de procedimiento para los actos de violencia intrafamiliar que contempla el proyecto en debate serán eliminadas, según se explicará más adelante al tratarse los párrafos 2° (de la competencia y del procedimiento) y 3° (de las medidas judiciales de protección).

.- En relación con el concepto de integridad sexual contenido en el inciso primero, se hace constar que, ante la crítica formulada por algunos de los miembros de la Comisión acerca de la falta de claridad tanto de su significado como de sus límites, la Ministra Directora del Sernam señaló que, en la convivencia diaria, pueden darse conductas relacionadas con la sexualidad que pueden responder a hábitos más liberales de las familias, pero también otras que pueden ser antesala de lo que podría constituir un delito. Más que aludir a una tipificación específica, el concepto se refiere a un conjunto de situaciones que se dan al interior de las familias, que no son constitutivas de delitos sexuales, pero que pueden preceder a éstos.

Se trata de un elemento que puede ayudar a los jueces a configurar una situación familiar compleja, como por ejemplo, si hubiera un adulto que incurriere en algún tipo de exhibicionismo, alarde o discurso de carácter sexual que pueda violentar a los menores que integran la familia. Como no es posible establecer un código de conductas sexuales obligatorias, la noción de integridad sexual, igual que en el caso del acoso sexual, alude a un conjunto de elementos que configuran una situación que el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, podrá ponderar y evaluar si violentan o no a los niños y adolescentes que integran la familia, a partir de cierto grado de exhibicionismo, lenguaje soez, etcétera; y su objeto no es otro que otorgar más elementos de protección a la familia.

Concordando con la explicación precedente, la Comisión rechazó, por 4 votos a favor y 6 votos en contra, una indicación formulada por el Diputado señor Kast que perseguía eliminar el concepto de la integridad sexual en este artículo.

Artículo 3°.

Dispone que, cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.

Su inciso segundo agrega que, en estas situaciones, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones deberán actuar según lo dispuesto en el artículo 32.

Durante la discusión de esta norma quedó de manifiesto la necesidad de eliminar, en el inciso primero, la remisión efectuada al artículo 19 [10], dado el carácter procedimental del contenido de este precepto. Ello, en conformidad al acuerdo adoptado por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, durante la discusión del proyecto de ley que crea los tribunales de familia, en orden a tratar en esa iniciativa las normas relativas al procedimiento especial aplicable a las causas por violencia intrafamiliar y, en este proyecto de ley en informe, las normas de carácter sustantivo sobre la materia, el cual fue ratificado por esta Comisión de Familia.

En consideración a lo expuesto, la Comisión acordó, por unanimidad, reemplazar, en el inciso primero la frase "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19" por "o cautelares que corresponda", toda vez que en la iniciativa que crea los tribunales de familia se contiene una norma similar, que usa la expresión "medidas cautelares." Asimismo, también en relación con el inciso primero, la Comisión acordó, por unanimidad, agregar, a continuación de la palabra "directamente", la expresión "alguno de", al objeto de aclarar que, para que exista la situación de riesgo inminente a que se refiere la norma, basta que resulte afectado solamente uno de los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, esto es, la integridad física, psíquica o sexual de la víctima.

En relación con el inciso segundo, que efectúa una remisión al artículo 32, la Comisión acordó, por unanimidad, su eliminación, por considerarlo igualmente una norma básicamente de orden procedimental.

En cuanto a las hipótesis de riesgo inminente a que alude el inciso primero de este artículo, la Comisión estimó necesario agregar dos nuevos incisos que se encarguen de explicitar dichas situaciones de riesgo para que las policías tengan certeza sobre cuándo ejercer las facultades que la ley les conferiría. Con tal propósito, las Diputadas señoras Allende, Saa, Sepúlveda y Vidal formularon una indicación para agregar a este artículo dos nuevos incisos, segundo y tercero, del siguiente tenor:

"Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, habiendo precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: una o más denuncias por violencia intrafamiliar; condena previa por violencia intrafamiliar; procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II del Código Penal; o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada o en que se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable."

Puesta en votación la indicación aditiva precedente, fue aprobada por 4 votos a favor y 3 abstenciones.

La indicación antes aprobada establece una presunción simplemente legal de que existe una situación de riesgo inminente, basada en el peligro de afectación de los bienes jurídicos a que alude el artículo 2° de la ley en proyecto, esto es, la integridad física, psíquica o sexual de las personas allí enumeradas, en caso de existir en contra del ofensor, entre otras circunstancia o antecedentes: una o más denuncias o una condena previa por actos de violencia intrafamiliar; hallarse procesado o haber sido condenado por delitos contra las personas o de naturaleza sexual, o bien, existir en su contra antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta, y haber siempre precedido intimidación de su parte de causar daño a alguna de las personas comprendidas en el concepto de violencia intrafamiliar contenido en el ya referido artículo 2°.

Dicha última circunstancia, esto es, la de haber precedido siempre intimidación por parte del ofensor, debe entenderse claramente que es copulativa con alguna de las otras circunstancias señaladas relativas al historial de condena o denuncia por violencia intrafamiliar, o de condenas por algún delito previo de los aludidos, o de antecedentes psiquiátricos o psicológicos como los descritos, las que, en ningún caso, debieran ser consideradas como las únicas. En este aspecto, la Comisión quiso dejar abierta la posibilidad de considerar la existencia de una situación de riesgo inminente en otros casos que a los jueces les corresponderá apreciar.

Además, impone a los jueces el deber de cautelar especialmente los casos en que la víctima se encuentre embarazada o en que se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.

Sometido a votación el artículo 3°, con la indicación y acuerdos adoptados, fue aprobado por 4 votos a favor y 3 abstenciones.

2° De la competencia y del procedimiento (artículos 4° al 18).

3°. De las medidas judiciales de protección (artículos 19 al 22).

El párrafo 2°, relativo a la competencia y el procedimiento, comprende los artículos 4° (juez competente), 5° (procedimiento aplicable), 6° (inicio del procedimiento), 7° (obligación de denunciar), 8° (contenido de la denuncia o demanda), 9° (comparecencia), 10 (notificaciones), 11 (solicitud de información complementaria), 12 (audiencia de contestación y prueba), 13 (recepción de la prueba y sentencia), 14 (suspensión condicional de la dictación de la sentencia), 15 (improcedencia de la suspensión), 16 (medidas para mejor resolver), 17 (apreciación de la prueba e inhabilidades), y 18 (apelación).

Por su parte, el párrafo 3°, relativo a las medidas judiciales de protección, contiene los artículos 19 (procedencia y descripción de las medidas de protección aplicables), 20 (duración de estas medidas), 21 (ampliación de la competencia del tribunal), y 22 (notificación de las medidas decretadas).

El Ejecutivo formuló una indicación para eliminar todo el contenido de los dos párrafos precedentes, esto es, desde el artículo 4° al 22, inclusive.

En apoyo de su indicación, el Presidente de la República argumentó que las reglas especiales en materia de procedimiento para los actos de violencia intrafamiliar, contenidas en el texto sustitutivo del proyecto en debate, que el mismo propuso en mayo de 2001 [11], se justificaban en razón de la urgente necesidad de modificar las normas procesales sobre violencia intrafamiliar, debido a que, en ese momento, se encontraba paralizado en su tramitación legislativa el proyecto de ley que crea los tribunales de familia (boletín N° 221818), el cual contiene también reglas especiales de procedimiento muy similares a las de esta iniciativa. Hizo presente, además, que habiéndose reiniciado la tramitación del proyecto sobre tribunales de familia por las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, actualmente carece de todo sentido que esta última Comisión revise en paralelo las mismas normas de procedimiento que sus miembros analizan como integrantes de dichas Comisiones Unidas.

Esta indicación, que fue puesta en conocimiento de la Comisión en su sesión 7ª, ordinaria, de fecha 3 de julio de 2002, fue votada y aprobada, en cuanto a la eliminación de ambos párrafos, en la misma sesión, por unanimidad.

4º (pasa a ser 2°) De las responsabilidades y sanciones

Artículo 23 (pasa a ser 4°).

Dispone que el autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar será castigado con alguna de las siguientes sanciones: 1. Prisión, en cualquiera de sus grados [12]; 2. Reclusión nocturna de uno a ciento veinte días; 3. Multa, a beneficio municipal de la comuna del domicilio del denunciante o demandante, de media a cinco unidades tributarias mensuales.

Su inciso segundo obliga al juez a considerar, para determinar la sanción aplicable al ofensor, la gravedad del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, la reiteración de su ocurrencia o la habitualidad con que se haya ejecutado y la existencia de condenas anteriores por violencia intrafamiliar.

Su inciso tercero prohíbe al juez aplicar la sanción de multa tratándose de una segunda condena por violencia intrafamiliar.

La Comisión acordó votar por separado cada uno de los incisos que comprende esta disposición, adoptando respecto de cada uno de ellos los siguientes acuerdos:

- En relación con el inciso primero, las Diputadas señoras Allende, Saa y Sepúlveda, y el Diputado señor Barros, formularon sendas indicaciones a los números 1 y 2 del inciso primero, al objeto de elevar el límite inferior de las penas de prisión y reclusión nocturna desde uno a siete días, respecto de la pena de prisión, y de uno a quince días, respecto de la pena reclusión nocturna, en razón de que el ilícito de violencia intrafamiliar se considera más grave que otros tipos de faltas.

Puestas en votación ambas indicaciones, fueron aprobadas en forma unánime.

Asimismo, el Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar el número 3 de su inciso primero por el siguiente:

"3. Multa de media a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la respectiva región y que sean de financiamiento público."

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta indicación no hace sino acoger el planteamiento de la Comisión en el sentido de que el destino de las multas a beneficio municipal, establecido en la ley vigente, presenta, además del bajo monto de las mismas y la posibilidad de ser conmutadas, el inconveniente de que la gran mayoría de las municipalidades no cuentan con centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar. Por esa razón, se sugirió destinar los recursos provenientes de ellas a los gobiernos regionales, que sí cuentan con centros de esa naturaleza.

Al efecto, la indicación precisa el sujeto a cuyo patrimonio deberán ingresar tales recursos y el destino específico que deberá asignárseles, cual es el financiamiento de los centros de atención de carácter público que tengan su sede en la respectiva región.

Respondiendo a diversas consultas formuladas por los Diputados presentes, informaron que actualmente existen veintiún centros de este tipo, presentes en todas las regiones del país, financiados en su mayoría mediante asignaciones directas de recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, salvo uno, situado en la provincia de Chañaral, Región de Atacama, que depende exclusivamente de la empresa CODELCOCHILE y que no recibe aporte estatal, por lo que tampoco podrá percibir fondos generados por la aplicación de multas a los autores de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en la misma Región existe otro centro, situado en la provincia de Copiapó, que es administrado por una ONG y que se financia mediante un convenio suscrito entre el FNDR, el Sernam y la municipalidad de la comuna de Huasco.

Agregaron que el monto que por aplicación de esta norma reciban los gobiernos regionales y, por esa vía, los centros de atención, dependerá, a fin de cuentas, de la cantidad de multas que apliquen los tribunales competentes en materia de violencia intrafamiliar en cada región.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.

Puesto en votación el inciso primero, con las tres indicaciones señaladas, fue aprobado por unanimidad.

- En relación con las alternativas de sanción que el inciso primero en comento pone a disposición del juez para castigar al autor de violencia intrafamiliar, la Comisión debatió también la posibilidad agregar la privación de libertad de fin de semana. A juicio de quienes plantearon dicha idea, ello se justificaría porque muchas veces los jueces se abstienen de imponer una sanción que pueda alterar la situación laboral del condenado, por impedirle cumplir debidamente sus obligaciones con su cónyuge e hijos.

La Comisión, no obstante compartir inicialmente dicha propuesta, en definitiva terminó desechándola, luego de adherir a la postura respaldada por las representantes del Ejecutivo, en el sentido de que la incorporación de la privación de libertad de fin de semana implicaría ampliar el catálogo de sanciones sin que exista claridad acerca de su gradación, lo cual podría redundar en la no aplicación de las penas de prisión y reclusión nocturna, por ser aquélla más leve, traduciéndose esto, además, en una falta de reproche a las conductas que se pretende prevenir o reprimir. Influyó también en esta decisión lo informado por dichos representantes en el sentido de que Gendarmería de Chile habría señalado que la implementación de esa medida resultaría dificultosa para la institución.

- En cuanto a los criterios por considerar para determinar la sanción, señalados en el inciso segundo, las representantes del Ejecutivo propusieron establecer que el tribunal deberá considerar únicamente la gravedad del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, dejando la reiteración de su ocurrencia y la habitualidad con que se haya ejecutado como elemento constitutivo del tipo penal de maltrato habitual, contenido en el artículo 33 (que paso a ser 8°) de la ley en proyecto.

Puesto en votación el inciso segundo, fue aprobado por unanimidad, con la enmienda de eliminar todo el texto que sigue a la expresión "violencia intrafamiliar", la primera vez que aparece.

Respecto del inciso segundo, la Comisión acordó, además, dejar constancia de que el término "gravedad" que contiene no está referido a la gravedad de las lesiones causadas a la víctima, sino a la magnitud o relevancia misma del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar.

- En relación con el inciso tercero, algunos miembros de la Comisión fustigaron el hecho de que una segunda condena sólo haría improcedente la aplicación de la multa, pues, en la segunda vez que alguien es procesado por violencia intrafamiliar, su conducta debiera juzgarse y castigarse como delito, dándose así a la sociedad una señal de que estas situaciones no pueden darse al interior de la familia.

Por su parte, las representantes del Sernam afirmaron que, para solucionar ese problema, el proyecto considera la figura del maltrato habitual.

Puesto en votación el inciso tercero, fue aprobado por 4 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, sin modificaciones.

Artículo 24 (pasa a ser 5°).

Dispone que la sentencia deberá establecer la obligación del condenado de pagar a la víctima los perjuicios patrimoniales ocasionados con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o especies de los bienes dañados, destruidos o perdidos, para lo cual el juez determinará prudencialmente dichos perjuicios.

Respecto de esta norma, la Comisión debatió acerca de la posibilidad de incluir, entre las cuestiones que el juez deberá resolver al dictar sentencia en el juicio por violencia intrafamiliar, la obligación del condenado de resarcir, además del daño patrimonial, el daño físico y psicológico causado y los gastos médicos en que hubieren incurrido la víctima y los miembros del grupo familiar directamente afectados, como producto del maltrato infligido.

Las representantes del Ejecutivo, no obstante compartir el propósito de incluir entre las obligaciones del condenado la indemnización de todo daño a la víctima, advirtieron que el procedimiento breve, concentrado y expedito ideado para el juzgamiento de las causas sobre violencia intrafamiliar no daría tiempo al juez para avaluar todos los perjuicios causados. De ahí que la propuesta original busca que el juez se pronuncie obligatoriamente sobre los perjuicios directos de carácter patrimonial, que serían aquellos desembolsos efectivos que la víctima ha debido realizar para volver al estado previo a la situación de violencia, incluidos los gastos médicos efectuados por ésta, y no sobre una reparación completa, que podría ser materia de un juicio de lato conocimiento. Es decir, aspira a asegurar un resultado mínimo, dejando a salvo la acción indemnizatoria ordinaria.

En consideración a lo anterior, con el fin de aclarar que la reparación exigida por la norma debe incluir también los gastos por concepto de tratamientos médicos y/o terapéuticos en que hayan debido incurrir la víctima y demás miembros de la familia afectados por el o los actos de violencia objeto del juicio, las Diputadas señoras Allende, Ibáñez, Saa, Sepúlveda y Vidal formularon una indicación para anteponer a la expresión "perjuicios patrimoniales", que sirve de título a este artículo, así como al vocablo "perjuicios", la primera vez que aparece en el texto, las palabras "desembolsos y".

Puesto en votación el artículo en comento, con la indicación precedente, fue aprobado en forma unánime, pasando a ser artículo 5°.

Artículo 25.

Permite al juez conmutar el cumplimiento de la medida impuesta, a solicitud del condenado, por su asistencia a determinados programas terapéuticos, bajo el control de las entidades públicas que indica [13], en los casos y formas que señala.

Su inciso segundo exige dos requisitos copulativos para proceder a la conmutación de la sanción. Ellos son: haber satisfecho el condenado la obligación de pago de los perjuicios patrimoniales establecida en la sentencia y no haber sido sancionado previamente por violencia intrafamiliar.

Explicando la razón por la cual esta disposición autoriza conmutar la sanción impuesta por programas terapéuticos, las representantes del Ejecutivo sostuvieron que la idea es que el agresor, habiendo cumplido con la reparación de perjuicios y no siendo reincidente, tenga la opción de conmutar la sanción decretada por una asistencia terapéutica que le permita resolver el conflicto familiar que ha originado, quedando radicada en él la responsabilidad de dar cuenta del cumplimiento efectivo de la medida terapéutica y su inobservancia sujeta a la obligación de cumplir la sanción originalmente impuesta en la sentencia. Además, sobre la base de la legislación penal que permite la conmutación de penas privativas de libertad de hasta cinco años, resulta coherente que, al menos por una vez, la ley en proyecto contemple también esta salida.

La Comisión se manifestó en total desacuerdo con el exceso de tolerancia que dicho planteamiento demuestra hacia los agresores al permitirles la conmutación de las sanciones que sus conductas merecen. Más aun cuando las estadísticas demuestran que: a) sólo después de varios años de sufrir violencia intrafamiliar las mujeres se atreven a denunciar estos hechos; b) más del 90% de los casos denunciados terminan en una conciliación o avenimiento que en nada favorece a las víctimas; c) para que un agresor llegue a reconocer que ha cometido una falta, debe estar a lo menos un año en rehabilitación, y d) la conmutación de las sanciones, en general, hace perder el objetivo de control social de la violencia que persigue la ley.

Puesto en votación el artículo 25, fue rechazado por unanimidad [14].

Artículo 26.

Dispone que las instituciones que ejecuten la medida de tratamiento deberán dar cuenta al tribunal respectivo del inicio y término de la misma.

Su inciso segundo faculta a dichas instituciones para definir la pertinencia de la terapia, el tipo de intervención y la duración de la misma, debiendo dar cuenta inmediata de ello al tribunal.

Por estar referido a la formalización de la medida de tratamiento a que aludía el artículo anterior, fue rechazado en forma unánime.

Artículo 27 (pasa a ser 6°).

Señala que el condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de quinto día de notificada la sentencia definitiva, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término por un lapso que no exceda de quince días en total, agregando que, en caso contrario, podrá sustituirse su cumplimiento por un día de arresto o reclusión nocturna por cada media unidad tributaria mensual.

Su inciso segundo dispone que lo anterior procederá también respecto de las sanciones pecuniarias establecidas en los artículos 6°, inciso segundo, y 7°, inciso final, las que deberán ser aplicadas por el juez que conoce del proceso por violencia intrafamiliar.

En relación con el inciso primero, se estimó que no era clara la redacción de su parte final, en los siguientes dos aspectos: 1) La utilización de la forma verbal "podrá", que precede a la expresión "sustituirse", no es pertinente, pues, si no se paga la multa, la sanción debe cumplirse por vía de arresto o reclusión nocturna, y 2) Tampoco resulta clara respecto a la forma de computar el tiempo de arresto o reclusión que debería cumplir el condenado, por vía de sustitución y apremio, en caso de no pagar la multa impuesta en la sentencia.

Al objeto de corregir aquello y sobre la base de una nueva redacción propuesta por el Sernam, inspirada en lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal, las Diputadas señoras Cristi, Mella, Saa y Vidal, y los Diputados señores Barros y Urrutia, formularon una indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 27.- El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. Si no pagare dicha multa, sufrirá, por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de sesenta días."

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.

Por su parte, el Ejecutivo formuló una indicación para eliminar el inciso segundo de este artículo, por contener una remisión a dos disposiciones que han sido suprimidas.

Puesta en votación la indicación supresiva, fue aprobada por unanimidad.

Puesto en votación el artículo 27, con las indicaciones precedentes, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 28.

Dispone que el cumplimiento de la medida de tratamiento a que alude el artículo 25 deberá ponerse en conocimiento del tribunal por el beneficiario de la misma, dentro del mes siguiente a su término, debiendo darse por cumplida la sanción conmutada una vez recibida la comunicación respectiva.

Su inciso segundo señala que, cuando se hubiere dado lugar a la medida de tratamiento, el tribunal deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación para ordenarle omitir la anotación por violencia intrafamiliar del certificado de antecedentes de la persona condenada, debiendo conservarse ésta para el solo efecto de remitirla a un tribunal que conozca de violencia intrafamiliar.

Su inciso tercero establece que, en caso de inobservancia de la medida de tratamiento, el tribunal deberá, a solicitud de parte interesada o por informe de la institución tratante, ordenar el cumplimiento de la sanción originalmente impuesta en la sentencia.

Por estar referido al cumplimiento de la medida de tratamiento de que trataba el artículo 25 (conmutación de las sanciones establecidas en el artículo 23 por la medida de tratamiento terapéutico del agresor), fue rechazado en forma unánime.

5º (pasa a ser 3°), Disposiciones generales.

Artículo 29.

Faculta al juez para imponer, por vía de apremio, multas de hasta 1 unidad tributaria mensual o arresto de hasta treinta días, a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones y medidas de protección decretadas conforme a la ley en proyecto.

Su inciso segundo permite al tribunal ordenar, además, el auxilio de la fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario, al objeto de asegurar el cumplimiento de las medidas de protección.

El Ejecutivo formuló una indicación para suprimirlo, por cuanto la materia a que se refiere se regularía en la ley en proyecto que crea los tribunales de familia.

Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 30.

Dispone que, si el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar importare la comisión de un crimen, simple delito o falta, exceptuado el caso previsto en el inciso tercero del artículo 2° [15], el Ministerio Público deberá solicitar al juez de garantía o al tribunal oral en lo penal, según corresponda, la aplicación de las medidas de protección previstas en el artículo 19 de la ley en proyecto, en los mismos casos y con el mismo objeto que en él se prescriben.

Su inciso segundo establece que, sin perjuicio de lo anterior, corresponderá siempre al tribunal que primero tome conocimiento de los hechos adoptar las medidas de protección pertinentes.

Su inciso tercero señala que la violencia intrafamiliar constitutiva de delito se considerará revestida de una circunstancia agravante, sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales.

Por estar tratada la materia a que se refieren los incisos primero y segundo en el proyecto de ley que crea los tribunales de familia, el Ejecutivo formuló una indicación para eliminarlos, la que fue aprobada por unanimidad.

Respecto del inciso tercero, la Comisión acordó, también por asentimiento unánime, trasladar su contenido, con enmiendas, a un lugar después de la norma que tipifica el delito de maltrato habitual, el cual, en el texto propuesto al final de este informe, se denomina delito de violencia intrafamiliar.

Artículo 31 (pasa a ser 7°).

Dispone que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un registro especial de personas condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las resoluciones que se ordene inscribir al tenor de la ley en proyecto.

Su inciso segundo ordena al tribunal competente, una vez ejecutoriada la sentencia respectiva, oficiar al Registro Civil individualizando al condenado y la sanción aplicada por el hecho de violencia intrafamiliar, circunstancia que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes. Agrega que dicho registro especial deberá ser puesto a disposición del tribunal que lo requiera, en los casos que la ley regula.

Las representantes del Ejecutivo explicaron que lo que innova este artículo respecto de la ley vigente es la obligación de que las anotaciones por violencia intrafamiliar consten en el certificado de antecedentes.

Sometido a votación el artículo 31, fue aprobado por unanimidad, pasando a ser 7°.

Se hace constar, en relación con este artículo, que se solicitó al Ejecutivo, a través sus representantes en la Comisión, la inclusión de un inciso tercero, nuevo, que establezca la obligación, para el Servicio de Registro Civil e Identificación, de llevar un registro de denuncias por violencia intrafamiliar, que sólo podrá ser puesto en conocimiento de los jueces que así lo requieran expresamente para mejor resolver. Esto último, para evitar aquellas denuncias cuya veracidad o gravedad no ha sido comprobada

Sin embargo, esta idea no contó con la adhesión del Ejecutivo.

Artículo 32.

Obliga a los funcionarios de Carabineros e Investigaciones a adoptar, en caso de violencia flagrante, todas las medidas tendientes a evitar de manera inmediata su ejecución o continuación.

Su inciso segundo detalla las medidas que en tales casos podrán adoptar las policías, entre las cuales se encuentran: a) el ingreso al lugar en que estén ocurriendo los hechos, b) la detención del agresor, c) el decomiso de los instrumentos que pudieren ser utilizados en actos de igual naturaleza, y d) la asistencia, protección y transporte que la víctima requiera de acuerdo con las circunstancias.

Su inciso tercero señala que, en caso de procederse a la detención del agresor, éste deberá ser presentado al tribunal competente en la primera audiencia, considerándose el parte respectivo como constitutivo de denuncia.

El Ejecutivo formuló una indicación para suprimir este artículo, por cuanto la materia a que se refiere se regularía en la ley en proyecto que crea los tribunales de familia.

Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 33 (pasa a ser 8°).

Tipifica el delito de maltrato habitual, consistente en ejercer habitualmente violencia física, psíquica o ambas, en contra de alguna de las personas amparadas por el artículo 2° de la ley en proyecto, del cual derivare grave o irreparable daño a la víctima, siéndole aplicable la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, a menos que el hecho merezca una pena mayor.

Las representantes del Ejecutivo explicaron que el bien protegido por esta figura es la sana y adecuada constitución familiar. El fundamento básico de la sanción radica en el ejercicio habitual de la violencia por uno de los miembros de la familia, lo que constituiría un factor de riesgo para la integridad física, psíquica o sexual de sus demás integrantes. Se trata de un delito continuado, pues se configura por un conjunto de actos que son demostrativos de un maltrato habitual.

Es un delito de peligro, y no de resultado, pues no se requiere que se cause un determinado efecto para que se sancione al hechor. Acotaron que una de las dificultades de la ley de violencia intrafamiliar es que nuestra legislación penal sanciona los delitos de resultado (lesiones, homicidio, etc.,), y el objetivo de esta propuesta es no tener que esperar que ello ocurra para imponer al culpable una sanción drástica.

En relación con la violencia sexual, señalaron que el Ejecutivo optó por no incluirla en este tipo penal, porque en alguna medida ella está incorporada como acto constitutivo de la violación

En cuanto a la habitualidad, indicaron que se trata un concepto de hecho y no formal, porque una persona puede haber sido condenada una vez y volver a cometer el mismo hecho veinte años más tarde, y ello no constituye habitualidad, aunque sí reincidencia. Tampoco es un concepto cuantitativo, sino cualitativo, porque no requiere de denuncias previas, como la jurisprudencia de algunos países lo ha entendido. El reproche deriva del ejercicio permanente de la violencia, que redunda en un estado de vulnerabilidad e indefensión de las personas más o menos importante.

Señalaron también que en el delito de maltrato habitual, que fue recogido de legislación penal española y que sanciona lo que allá denominan "actividad no familiar", la habitualidad es un concepto jurisprudencial. Es decir, corresponde al tribunal determinar si existe o no existe habitualidad, para lo cual tendrá que considerar caso a caso al contexto de violencia o agresión permanente en que viven la o las víctimas (según se trate de una persona individual o de un grupo familiar).

Hicieron presente, por último, que este es un delito y, por tanto, el ofendido puede ejercer directamente la acción que le concede la norma, sin necesidad de haber ejercido otras acciones previas para transformarse en un legítimo sujeto activo de acción.

La Comisión estimó que esta figura constituye un gran aporte a la ley de violencia intrafamiliar, porque protege especialmente la integridad psíquica de las personas que han estado sometidas a malos tratos durante un periodo de tiempo más o menos prolongado. Asimismo, valoró el hecho de que la habitualidad no esté sujeta a la existencia de condenas anteriores, pues ello facilitaría la persecución de este tipo de delitos.

No obstante lo anterior, sus miembros expresaron la necesidad de modificar esta norma a fin de establecer que el fundamento del tipo penal en debate será el de ejercer violencia física o psíquica en contra de alguna de las personas a que ella alude, en forma habitual, continua o permanente, pero sin exigir de dicha violencia un resultado concreto de daño, razón por la cual es menester eliminar la referencia a éste.

En consideración a lo anterior, las Diputadas señoras Ibáñez, Saa, Sepúlveda y Vidal, y el Diputado señor Barros, formularon una indicación para introducir en este artículo las siguientes modificaciones:

1. Cambiar el epígrafe de este artículo por el de "delito de violencia intrafamiliar", en el entendimiento de que esta nueva denominación refleja mejor la gravedad de la conducta que se sanciona y tiende a evitar que los jueces hagan exigible, para configurar el delito, la existencia de una o más denuncias previas contra el querellado.

2. Reemplazar el adverbio "habitualmente" por las expresiones "habitual, continua o permanentemente", debiendo darse a éstas el sentido que les atribuye el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua;

3. Eliminar la frase "y de ella derivare grave o irreparable daño a la víctima" y la coma (,) que le sigue, a fin de excluir la exigencia de un resultado concreto para que se configure el delito, y

4. Sustituir la expresión "a menos" por "sin perjuicio de".

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada en forma unánime, como también el artículo con ella, pasando éste a ser artículo 8°.

* * * * *

Artículo 34, nuevo, que pasa a ser 9°.

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

"Artículo 34.- En caso de condena por la comisión del delito previsto en el artículo 33 de esta ley, el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la ley N° 18.216 se sujetará a lo dispuesto en el artículo 30 de dicho cuerpo legal."

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta indicación pretende satisfacer también una inquietud de la Comisión, en orden a hacer lo más efectiva posible la figura penal que se tipifica en la ley en proyecto, cuya penalidad tiene una duración máxima de tres años. En consecuencia, el autor del delito de violencia intrafamiliar bien puede ser condenado a cumplir una pena privativa de libertad, pero, simultáneamente, obtener alguno de los beneficios de cumplimiento alternativo que regula la ley N° 18.216, tales como libertad vigilada, reclusión nocturna o remisión condicional de la pena. Sin embargo, en la práctica, estos beneficios no están sujetos a ninguna forma de control importante, existiendo cierto consenso en torno a que la citada ley no se corresponde con los actuales requerimientos de control post condena del sistema penal.

Como una forma de precaver de algún modo esta hipótesis, lo que se persigue con la indicación es acoger un criterio que ya contiene la ley sobre delitos sexuales, en el sentido de que, si una persona es condenada y se le concede alguno de estos beneficios, sólo pueda continuar gozando de ellos en la medida en que cumpla la condición que el tribunal le imponga en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de la ley, esto es, la de no ingresar ni acceder a las inmediaciones del hogar, el establecimiento educacional o el lugar de trabajo del ofendido, so pena de revocársele el beneficio concedido y exigírsele el cumplimiento efectivo de la pena originalmente decretada.

Puesta en votación la indicación en comento, fue aprobada por asentimiento unánime, con las enmiendas de anteponer al texto de la norma propuesta la expresión "Condicionalidad de los beneficios establecidos en la ley N° 18.216", en referencia al contenido de la misma, y de reemplazar, por razones de concordancia, el guarismo "33" por el ordinal "8°."

* * * * *

Artículo 10, nuevo.

Tal como se anunció al informar acerca de la discusión del inciso tercero del artículo 30, del texto sustitutivo del proyecto propuesto por el Ejecutivo, las Diputadas señoras Saa, Sepúlveda y Vidal, y el Diputado señor Barros, formularon una indicación para agregar un artículo, nuevo, al objeto de configurar como circunstancia agravante de responsabilidad criminal la relación de parentesco, de convivencia o de dependencia que une al autor de un delito contra las personas; de violación y de estupro con la víctima, cuyo texto es del siguiente tenor:

"Artículo 10.- Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Tratándose de delitos contra las personas, o de los establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofensor."

Esta disposición, cuya redacción fue concordada previamente entre sus autores y los representantes del Ejecutivo, se aplicaría a todos los delitos que señala su texto.

Se dejó constancia, en todo caso, de que la agravante no se aplicaría al delito de violencia intrafamiliar, porque en este caso la relación de parentesco está incorporada en el tipo, y esa circunstancia no puede producir el efecto de aumentar la pena; pero sí respecto de otros delitos, como pueden ser las lesiones, el homicidio o cualquier atentado sexual, que no suponen ese vínculo entre el autor y la víctima.

Puesta en votación la referida indicación, fue aprobada por unanimidad.

* * * * *

Artículo 11, nuevo.

Las Diputadas señoras Saa, Sepúlveda y Vidal, y el Diputado señor Barros, formularon una indicación para incorporar, en la ley en proyecto, un nuevo artículo 11, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 11.- Circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de sevicia o violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido; o cuando el hechor tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° respecto del ofendido.

Lo anterior es sin perjuicio de las eximentes o atenuantes generales que procedan conforme a derecho."

Según expresaron sus autores, el propósito de la indicación es configurar la violencia intrafamiliar como una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal en beneficio de la víctima de dicha violencia cuando ésta, en vindicación próxima de la misma, cometa en contra de su maltratador alguno de los delitos arriba señalados. Esta atenuante beneficiará, también respecto de los mismos ilícitos, al hechor cuando tenga respecto del ofendido alguna de las calidades que indica el artículo 2°.

Por su parte, las representantes del Ejecutivo señalaron que configurar una atenuante aplicable a delitos cometidos en ambientes familiares constituiría una señal que les parece complicado dar a la sociedad, pues lo que debe hacerse es fomentar que las personas resuelvan sus problemas pacíficamente. Advirtieron que la atenuante para el que comete un delito en reacción a una provocación previa es innecesaria, pues ya existe en nuestra legislación.

Al respecto, señalaron que el artículo 11 [16] del Código Penal, circunstancia 4ª, señala que constituye atenuante la de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge, a sus parientes legítimos por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, a sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos. A su vez, la circunstancia 1ª del mismo precepto califica como atenuantes las expresadas en el artículo 10 [17], cuando no concurren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad, lo cual incluye al que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño. Agregaron que, de aprobarse la norma propuesta, los jueces se van a inhibir de eximir de responsabilidad penal a la persona que haya actuado, por ejemplo, motivada por un miedo insuperable en el ámbito familiar.

Asimismo, observaron que, atendida la redacción de la indicación, será fácil para los jueces concebir situaciones de violencia cruzada y aplicar la atenuante también al agresor, bastando para ello que éste acredite haber sido víctima de violencia por parte del sujeto pasivo de su propio delito.

Puesta en votación la referida indicación, fue aprobada por unanimidad.

* * * * *

Artículo 12, nuevo.

Las Diputadas señoras Saa, Sepúlveda y Vidal, y el Diputado señor Barros, formularon una indicación para agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 12.- Sanciones accesorias. Si el juez aplicare alguna sanción en virtud de los artículos 4° u 8° de esta ley, podrá imponer además, como sanción accesoria, una o más de las siguientes:

1. Obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima.

2. Prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido.

3. Prohibición para portar y/o tener armas de fuego.

4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar."

Los autores de la indicación, en conjunto con los representantes del Ejecutivo redactoras de la misma, explicaron que la inclusión de las primeras tres sanciones accesorias responde a un planteamiento de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia en las que se discute el proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia en orden a que éstas, propuestas originalmente como medidas de protección, se transformaran derechamente en penas accesorias, atendida la necesidad de mantenerlas vigentes aun después de la dictación de la sentencia, a fin de resguardar la seguridad de las víctimas.

Respecto de la asistencia obligatoria del condenado a programas terapéuticos o de orientación familiar informaron que su inclusión se estimó necesaria durante la discusión del artículo 25, con el propósito de facultar al juez para que aplique dicha sanción accesoria indistintamente tanto a los condenados por actos de violencia intrafamiliar como a los condenados por el delito de violencia intrafamiliar.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada en forma unánime, con la enmienda de habérsele agregado a esta disposición un inciso segundo, nuevo, que precisa que el cumplimiento de las sanciones accesorias podrá subsistir sin perjuicio de que la sanción principal aplicada al agresor se encuentre cumplida. Ello, a fin de desvirtuar una eventual interpretación en el sentido de que las sanciones accesorias deben extinguirse junto con la sanción principal.

Se hace constar que, adicionalmente, y por tratarse de una materia de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, la Comisión, en relación con los programas terapéuticos, solicitó a las representantes del Sernam que estudiaran la posibilidad de agregar al número 4, pasando el punto final (.) a ser coma (,), la siguiente frase "bajo el control del Servicio Nacional de la Mujer, los centros de diagnóstico del Ministerio de Educación o los centros comunitarios de salud mental familiar y/o entes particulares de salud mental o terapia familiar debidamente acreditados ante el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud."

En respuesta a dicha solicitud, en la sesión 18ª, ordinaria, de 30 de abril del año en curso, la Ministra Directora del Sernam informó que ese Servicio, en conjunto con el Ministerio de Salud, está trabajando en una fórmula que permita incorporar dichos programas entre las nuevas prestaciones de salud que incluiría el Plan Auge. Sin perjuicio de ello, anunció su intención de formular también una indicación al respecto, durante el segundo trámite constitucional del proyecto.

* * * * *

Artículo 13, nuevo.

Las Diputadas señoras Mella y Saa, y el Diputado señor Galilea, don José Antonio, a fin de prevenir el hecho eventual de no alcanzarse en la Sala el quórum necesario para aprobar el artículo 1° (del texto sustitutivo del Ejecutivo), lo cual traería consigo el derribamiento del proyecto en su conjunto según se informó en la parte expositiva del tratamiento de dicho precepto, formularon indicación para agregar el siguiente artículo final, nuevo:

"Artículo 13.- Derogación. Derógase la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.'

Puesta en votación la referida indicación, ésta fue aprobada por unanimidad.

* * * * *

Artículo 2°.

Modifica el inciso segundo del artículo 62 de la ley N° 16.618, sobre Menores, el cual enumera las medidas con que puede ser sancionado el maltrato, no comprendido en leyes especiales sobre materias similares, resultante de una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de un menor, en el sentido de intercalar, a continuación de la expresión "similares", la frase "como la ley sobre Violencia Intrafamiliar", seguida de una coma.

Las representantes del Ejecutivo explicaron que esta disposición tenía por objeto hacer aplicables las normas de la ley en proyecto a los casos de maltrato de menores que ocurran en el ámbito familiar, los cuales son conocidos actualmente por los juzgados de protección de menores, cuestión que al Ejecutivo le pareció pertinente, aun cuando éstos no tienen la estructura institucional de los tribunales de familia, que serán competentes para conocer de ellos en lo futuro. Sin embargo, la aprobación de la norma implicaría sustraer de los juzgados de menores una gran cantidad de causas de maltrato infantil para radicarlas en los tribunales civiles, donde es sabido que la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar ha sido muy dificultosa, razón por la cual se planteó la conveniencia de eliminar el artículo en comento.

Acogiendo la proposición de dichos representantes, la Comisión rechazó por unanimidad esta disposición.

Disposiciones transitorias

Artículo 1º transitorio

Dispone que lo establecido en el inciso primero del artículo 29, entrará en vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° transitorio de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público. Es decir, las facultades de apremio conferidas al juez para forzar el cumplimiento de las resoluciones y medidas de protección decretadas conforme a esta nueva ley de violencia intrafamiliar serán ejercidas por los juzgados de garantía creados en virtud de la reforma procesal penal, a medida que éstos se constituyan. Por lo mismo, agrega la norma que, en aquellos lugares en que dicha disposición no haya entrado en vigencia, tal facultad se entenderá conferida al tribunal que ejerza jurisdicción en materia criminal, competente para conocer del delito (derivado de la violencia intrafamiliar).

El Ejecutivo formuló una indicación para eliminar esta disposición.

La Comisión estuvo de acuerdo en eliminarlo, por cuanto hace referencia a una disposición del proyecto primitivo que ha sido eliminada.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo, fue aprobada unánimemente.

Artículo 2º (pasa a ser único) transitorio.

Señala que los procedimientos por actos de violencia intrafamiliar iniciados al amparo de la ley N° 19.325 se seguirán substanciando conforme al procedimiento establecido en esta ley, con excepción de lo previsto en su artículo 23 (que ha pasado a ser 4°), relativo a las sanciones aplicables al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar.

El Ejecutivo formuló una indicación para eliminar este artículo, la cual, a petición de los representantes del Sernam, fue rechazada en forma unánime por la Comisión.

A juicio de las representantes del Ejecutivo, teniendo presente que el texto del proyecto aprobado por la Comisión carece de normas especiales de procedimiento, el propósito de este artículo no debe ser otro que precisar que las causas de violencia intrafamiliar se seguirán sustanciando conforme al procedimiento establecido en la ley N° 19.325 actualmente vigente, en tanto no se promulgue la futura ley sobre tribunales de familia.

Con ese objeto, la Comisión aprobó esta disposición, por unanimidad, con las enmiendas de reemplazar en ella la palabra "esta" por "dicha", y de suprimir además, la frase "con excepción de lo previsto en el artículo 4°" y la coma (,) que la antecede.

VIII.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión de Familia hace constar lo que sigue.

I. Que el artículo 13 del texto del proyecto aprobado por la Comisión de Familia, que deroga la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, tiene carácter orgánico constitucional en conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, inciso segundo, y 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Ello, debido a que dicha derogación comprende el artículo 2° del citado cuerpo legal vigente, que encomienda el conocimiento de los conflictos originados por la comisión de actos de violencia intrafamiliar al juez de turno en lo civil dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el hogar donde viva el afectado.

II. Que no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

III. Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

IV. Que los artículos 3°, inciso segundo; 25; 26; 28, y el artículo 2° (que proponía modificar la ley de Menores) fueron rechazados por unanimidad. Cabe hacer presente que el contenido del inciso tercero del artículo 30 fue incorporado en el artículo 10 aprobado por la Comisión.

Asimismo, se hace constar que la Comisión rechazó la siguientes indicaciones:

1. Del Ejecutivo, para eliminar el artículo 1° (subtitulado "Objeto de la ley"). (Por unanimidad).

2. De los Diputados señores Kast y Urrutia, para sustituir, en el inciso primero del artículo 2° (subtitulado "Violencia intrafamiliar"), la palabra "salud" por "integridad"; eliminar la frase "o la integridad sexual", e intercalar la palabra "adoptante", a continuación del vocablo "ascendiente". (Por mayoría).

3. Del Diputado señor Urrutia, para agregar, en el inciso primero del artículo 2° (subtitulado "Violencia intrafamiliar"), a continuación de la palabra "adoptado", la expresión "o en calidad de tuición". (Por unanimidad).

4.- De las Diputadas señoras Saa y Sepúlveda, para reemplazar, en el inciso primero del artículo 2° (subtitulado "Violencia intrafamiliar"), la frase "se mantiene una relación de convivencia", por "se mantiene o mantuvo una relación de convivencia o matrimonio". (Por mayoría).

5.- De la Diputada señora Saa, para reemplazar, en el número 1 del inciso primero del artículo 23, relativo a la pena de prisión, la frase "en cualquiera de sus grados" por "de 1 a 60 días", y, en el número 2, del mismo inciso, relativo a la pena de reclusión nocturna, el guarismo "1" por "41". (Por mayoría).

6.- De la Diputada señora Cristi, para agregar, al final del inciso segundo del artículo 23, la frase "y en lo posible que sea compatible con la actividad laboral del agresor". (Por mayoría).

7.- De la Diputada señora Allende y del Diputado señor Ceroni, para sustituir el artículo 24 por el siguiente:

"Artículo 24.- Reparación del daño. La sentencia que condene a la persona agresora por maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar deberá fijar la indemnización por el daño físico y psicológico causado, sin perjuicio de la obligación de pago del tratamiento médico y/o terapéutico a la persona agredida y a los miembros del grupo familiar directamente afectados.

Si, además, el condenado ocasionó daño patrimonial causado a la persona ofendida, deberá indemnizar los perjuicios ocasionados, incluyendo la reposición en dinero o en especie, según el valor de mercado, de los bienes dañados, destruidos o perdidos.

Los perjuicios que deban indemnizarse serán determinados prudencialmente por el juez." (Por unanimidad).

8.- Del Diputado señor Letelier, don Juan Pablo, para trasladar al articulado transitorio del proyecto en estudio las normas procesales (artículos 4° al 22) contenidas en el primitivo párrafo segundo del texto sustitutivo de la ley N° 19.325, contenido en el artículo primero del mismo, que ha pasado a ser artículo único. (Por unanimidad).

9.- Del Ejecutivo, para eliminar el artículo 2° transitorio. (Por unanimidad).

* * * * *

Por las razones expuestas y las que en su oportunidad dará a conocer el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la H. Corporación, se le han introducido algunas modificaciones de forma, que no se detallan, y que se incluyen en el siguiente texto:

PROYECTO DE LEY.

DICTA NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1° De la violencia intrafamiliar.

Artículo 1º.-

Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad física y psíquica y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, y regular las consecuencias y sanciones de dicha violencia.

Artículo 2º.-

Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no en la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado personal o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4 ó 5 del artículo 494 del Código Penal, se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley.

Artículo 3°.-

Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente alguno de los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, habiendo precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: una o más denuncias por violencia intrafamiliar; condena previa por violencia intrafamiliar; procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II del Código Penal; antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, en que se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.

2° De las responsabilidades y sanciones.

Artículo 4°.-

Sanciones. Se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar con alguna de las siguientes sanciones:

1. Prisión de siete a sesenta días.

2. Reclusión nocturna de quince a ciento veinte días.

3. Multa de media a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la respectiva región y que sean de financiamiento público.

Para la determinación de la sanción, el tribunal deberá considerar la gravedad del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar.

En caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.

Artículo 5°.-

Desembolsos y perjuicios patrimoniales. La sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez.

Artículo 6°.-

Multa. El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. Si no pagare dicha multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de sesenta días.

3° Disposiciones generales.

Artículo 7°.-

Registro de sanciones. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las resoluciones que se ordene inscribir al tenor de esta ley.

El tribunal, ejecutoriada que sea la sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al condenado y la sanción aplicada por el hecho de violencia intrafamiliar, circunstancias que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes. Este Registro Especial será puesto en conocimiento del tribunal a solicitud de éste, en los casos regulados en esta ley.

Artículo 8°.-

Delito de violencia intrafamiliar. El que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica, o ambas, sobre una persona que tenga a su respecto alguna de las calidades referidas en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de que el hecho merezca una pena mayor.

Artículo 9°.-

Condicionalidad de los beneficios de la ley N° 18.216. En caso de condena por la comisión del delito previsto en el artículo anterior, el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la ley N° 18.216 se sujetará a lo dispuesto en el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

Artículo 10.-

Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Tratándose de delitos contra las personas o de los establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofensor.

Artículo 11.-

Circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de sevicia o de violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido; o cuando el hechor tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofendido.

Lo anterior es sin perjuicio de las eximentes o atenuantes generales que procedan conforme a derecho.

Artículo 12.-

Sanciones accesorias. Si el juez aplicare alguna sanción en virtud de los artículos 4° u 8° de esta ley, podrá imponer, además, como sanción accesoria, una o más de las siguientes:

1. Obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima.

2. Prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido.

3. Prohibición para portar y/o tener armas de fuego.

4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

El cumplimiento de las sanciones accesorias señaladas podrá subsistir sin perjuicio de que la sanción principal aplicada al agresor se encuentre cumplida.

Artículo 13.-

Derogación. Derógase la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

Disposición transitoria.

Artículo transitorio.-

Los procesos por actos de violencia intrafamiliar iniciados al amparo de la ley 19.325 se seguirán substanciando conforme al procedimiento establecido en dicha ley."

SALA DE LA COMISION, a 12 de junio de 2003.

Acordado en sesiones de fechas 3, 10 y 17 de abril, 5 de junio, 3 de julio, 21 de agosto, 4 y 11 de septiembre, 16 y 30 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre, de 2002; 30 de abril, 14 de mayo y 11 de junio, de 2003, con asistencia de las Diputadas señoras Isabel Allende Bussi, María Angélica Cristi Marfil, Carmen Ibáñez Soto, María Eugenia Mella Gajardo, Adriana Muñoz D'Albora, María Antonieta Saa Díaz (ex Presidenta), Alejandra Sepúlveda Orbenes (actual Presidenta) y Ximena Vidal Lázaro; y de los Diputados señores Pedro Araya Guerrero, Ramón Barros Montero, Maximiano Errázuriz Eguiguren, José Antonio Galilea Vidaurre, José Antonio Kast Rist, Juan Pablo Letelier Morel, Nicolás Monckeberg Díaz e Ignacio Urrutia Bonilla.

Se designó Diputado Informante al señor Barros, don Ramón.

ANDRÉS LASO CRICHTON,

Secretario de la Comisión.

INDICE

Propósito de la iniciativa...1

Personas escuchadas y documentos recibidos por la Comisión...2

I. ANTECEDENTES GENERALES

a) Ley N° 19.325...2

b) La moción parlamentaria...6

c) La indicación sustitutiva del Ejecutivo...8

d) Legislación extranjera...11

II. FUNDAMENTOS DE LA INDICACIÓN SUSTITUTIVA...13

III. IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO Y SÍNTESIS DE SU CONTENIDO...14

IV. OPINIÓN DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA...14

V. SINTESIS DE LAS EXPOSICIONES FORMULADAS EN LA COMISION...

Adriana Delpiano Puelma, ex Ministra Directora del Sernam...15

Mireya Pérez V., General Directora de la Dirección de Protección Policial de la Familia...17

Marta Pinto S., jueza coordinadora de la Red Intrajudicial de VIF...19

Elizabeth Lewin G., psicóloga de la Corte de Apelaciones de Santiago...21

Carolina Merino L. y Nelly Santander M., de la ONG Codeinfa...23

Alejandra Ibieta, Presidenta de la Fundación Familia Unida...25

Ana María Arón, profesora del Instituto de Psicología de la PUC...26

VI. DISCUSION Y VOTACION EN GENERAL DEL PROYECTO...29

VII. DISCUSION Y VOTACION EN PARTICULAR DEL PROYECTO

Artículo 1°. Sustituye la ley N° 19.325...30

I. De la violencia intrafamiliar.

Artículo 1°. Objeto de la ley...31

Artículo 2°. Violencia intrafamiliar...32

Artículo 3°. Situación de riesgo...34

II. De la competencia y del procedimiento (art. 4° a 18)...36

III. De las medidas judiciales de protección (art. 19 a 22)...36

IV. De las responsabilidades y sanciones.

Artículo 23. Sanciones...37

Artículo 24. Perjuicios patrimoniales...40

Artículo 25. Conmutación de las sanciones...41

Artículo 26. Formalización de la medida de tratamiento...42

Artículo 27. Multa...42

Artículo 28. Cumplimiento de la medida de tratamiento...43

V. Disposiciones generales.

Artículo 29. Facultad de apremio...43

Artículo 30. Violencia intrafamiliar constitutiva de delito...44

Artículo 31. Registro de sanciones...44

Artículo 32. Deberes de las policías...45

Artículo 33. Maltrato habitual...45

Artículo 34, nuevo. Condicionalidad de los beneficios de la ley 18.216...47

Artículo 10, nuevo. Circunstancia agravante de responsabilidad penal...48

Artículo 11, nuevo. Circunstancia atenuante de responsabilidad penal...49

Artículo 12, nuevo. Sanciones accesorias...50

Artículo 13, nuevo. Derogación...51

Artículo 2°. Modifica la Ley de Menores...52

Disposiciones transitorias.

Artículo 1° transitorio...52

Artículo 2° transitorio...53

VIII. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS...53

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION.

I. De la violencia intrafamiliar.

Artículo 1°. Objeto de la ley...55

Artículo 2°. Violencia intrafamiliar...55

Artículo 3°. Situación de riesgo...55

II. De las responsabilidades y sanciones.

Artículo 4°. Sanciones...56

Artículo 5°. Desembolsos y perjuicios patrimoniales...56

Artículo 6°. Multa...56

III. Disposiciones generales.

Artículo 7°. Registro de sanciones...56

Artículo 8°. Delito de violencia intrafamiliar...57

Artículo 9°. Condicionalidad de los beneficios de la ley 18.216...57

Artículo 10. Circunstancia agravante de responsabilidad penal...57

Artículo 11. Circunstancia atenuante de responsabilidad penal...57

Artículo 12. Sanciones accesorias...57

Artículo 13. Derogación...57

Disposición transitoria...57

* * * * *

[1] Expresados en la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (1979) y en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belem do Pará (1994) ratificadas por nuestro país.
[2] Para apreciar la habitualidad se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados así como a la proximidad temporal de los mismos con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las arriba señaladas y de que la violencia haya sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.
[3] Cortés Bechiarello Emilio. El delito de malos tratos familiares. Nueva regulación. España 2000.
[4] En su parte final el oficio de la Corte Suprema consigna que "El Presidente señor Álvarez García y los Ministros señores Gálvez Espejo Kokisch y Juica fueron de opinión de informar desfavorablemente el proyecto de ley que se examina; porque en su concepto los conflictos a que da origen la comisión de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar atendida su naturaleza no es una materia que deba quedar radicada en los juzgados que conocen de asuntos de orden civil razón por la que no resulta aconsejable insistir en esta radicación. Abona la conclusión anterior la experiencia que se ha adquirido a través de la aplicación de las disposiciones de la ley de violencia intrafamiliar en los actuales juzgados civiles".
[5] Organización Panamericana de la Salud.
[6] 925% de los casos según estudio del propio Sernam se resolvieron por esa vía entre 1995 y 1997.
[7] El proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia (boletín N° 221818) fue despachado por las Comisiones Unidas de Constitución Legislación y Justicia y de Familia y visto por la Sala de la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria de fecha 11 de junio de 2003.
[8] El artículo 494 del Código Penal tipifica las situaciones constitutivas de faltas. Su número 4° penaliza con multa al que amenazare a otro con armas blancas o de fuego y al que riñendo con otro las sacare como no sea con motivo justo; mientras que su número 5° penaliza también con multa al que causare lesiones leves entendiéndose por tales las que en concepto del tribunal no se hallaren comprendidas en el artículo 399 del mismo Código esto es las lesiones menos graves.
[9] Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer.
[10] El artículo 19 enumera por la vía ejemplar diversas medidas de protección que el juez debería adoptar frente a la existencia de situaciones de riesgo para los efectos de disminuirlo y garantizar la seguridad e integridad física psíquica o sexual del afectado o su grupo familiar.
[11] Fecha en que el Ejecutivo formuló la indicación sustitutiva total del texto del proyecto en debate en base a cuyo articulado la Comisión acordó por unanimidad realizar su discusión.
[12] La pena de prisión tiene una duración que se extiende de uno a sesenta días. En su grado mínimo dicha pena se extiende de uno a veinte días; en su grado medio se extiende de veintiuno a cuarenta días y en el grado máximo lo hace de cuarenta y uno a sesenta días.
[13] Dichas entidades son el Servicio Nacional de la Mujer los Centros de Diagnóstico del Ministerio de Educación o los centros comunitarios de Salud Mental Familiar.
[14] No obstante dicho rechazo la Comisión sí estuvo de acuerdo en dar al agresor la posibilidad de rehabilitarse con la ayuda de estas terapias motivo por el cual acordó incluirlas en un nuevo artículo al final del texto del proyecto como medidas o sanciones accesorias a las penas aplicables tanto a la violencia intrafamiliar como al delito de maltrato habitual (contenido en el artículo 33 del texto sustitutivo en discusión que la Comisión aprobó como artículo 8° bajo el epígrafe de “delito de violencia intrafamiliar”.
[15] Amenazas con arma blanca o de fuego y lesiones leves.
[16] Esta disposición enumera 10 circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal.
[17] Este precepto enumera 13 circunstancias que eximen de responsabilidad criminal. Las circunstancias 4ª 5ª y 6ª se refieren a la legítima defensa personal la del cónyuge y parientes y la de terceros respectivamente.

1.7. Discusión en Sala

Fecha 01 de julio, 2003. Diario de Sesión en Sesión 11. Legislatura 349. Discusión General. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Primer trámite constitucional.

La señora ALLENDE, doña Isabel( Presidenta ).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.325, sobre procedimientos y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Ramón Barros.

Antecedentes:

-Moción boletín N° 2318-18, sesión 49ª, en 7 de abril de 1999., Documentos de la Cuenta Nº 6.

-Informe de la Comisión de Familia, sesión 7ª, en 17 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 5..

La señora ALLENDE, doña Isabel(Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BARROS.-

Señora Presidenta , el proyecto introduce modificaciones en la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimientos y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, con el deseo de mejorarla y de modernizarla a partir de la moción de las diputadas señoras Saa y Muñoz .

Sin embargo, con fecha 30 de agosto de 2001, antes de que se iniciara el tratamiento del proyecto en la Comisión de Familia, su Excelencia el Presidente de la República formuló una indicación sustitutiva de su articulado. No se limitó a modificar determinadas normas de la ley N° 19.325, como lo proponía el texto original, sino que se orientó, en primer lugar, a sustituir íntegramente dicho cuerpo legal, con el objeto de establecer una nueva regulación sobre la materia, y, en segundo lugar, a modificar la ley Nº 16.618, sobre menores, a fin de abarcar los casos de maltrato infantil ocasionados en el contexto intrafamiliar.

La finalidad de este cambio, según señala el Ejecutivo -coincidiendo con la opinión de las autoras de la moción-, es superar las dificultades observadas en la aplicación de la mencionada ley y dotar al sistema jurídico de una regulación eficaz y operativa, que dé respuestas integrales y oportunas al problema de la violencia intrafamiliar.

En atención a lo precedentemente señalado, se hace constar que la Comisión de Familia acordó, por unanimidad, realizar la discusión del proyecto de ley sobre la base de la antedicha indicación sustitutiva del Ejecutivo , en consideración a que ella ha recogido los aspectos fundamentales que contenía la moción.

En la ley actual, se consignaron las siguientes deficiencias y problemas principales:

1. Falta de recursos económicos y humanos capacitados para una eficiente implementación en el Poder Judicial y en las otras instancias que deben intervenir.

2. Falta de una judicatura especializada en materia de familia, con competencia en materia de violencia intrafamiliar.

3. Falta de mecanismos de control del cumplimiento de las medidas precautorias y de las sanciones.

4. Inconveniencia del llamado obligatorio a conciliación, pues ello ha significado un sinnúmero de avenimientos forzados e ineficaces.

5. No consagración de un mecanismo de ratificación de las causas en un mismo juzgado.

6. Insuficiencia de la tipificación (definición de violencia en el ámbito de esta ley), pues omitió a algunos familiares y a otras personas que ejercen este tipo de violencia en el hogar.

7. Dificultades para efectuar notificaciones por los funcionarios designados en la ley.

8. Diversidad de criterios de interpretación de sus normas, lo que dificulta el acceso a la justicia de las personas. Algunos jueces del crimen no hacen uso de las medidas precautorias.

9. Medidas precautorias no se conceden de acuerdo con el peligro de cada caso y con la rapidez necesaria.

10. Ineficacia de las terapias como sanción.

11. Falta de mecanismos de seguimiento de las sanciones y de los avenimientos, lo que genera, además, una sensación de impunidad y otros numerosos problemas.

Su Excelencia el Presidente de la República , reconociendo los aportes, desventajas y problemas a que se han visto enfrentados los usuarios y operadores de la ley (víctimas, jueces, actuarios, carabineros, funcionarios de la salud, profesores, etcétera), y fundado en la convicción de que el Estado debe tener un rol preponderante en la erradicación de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad, por cuanto ésta constituye una violación de los derechos esenciales de la persona humana y un obstáculo para el desarrollo y la profundización del proceso democrático, como, asimismo, en el marco jurídico de compromisos para los estados que han generado la comunidad internacional, las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, en cuanto a la necesidad de asumir la violencia intrafamiliar como problema público y no privado, formuló una indicación que sustituye íntegramente el texto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar, originado en moción parlamentaria de las diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz .

Los elementos esenciales de la propuesta del Ejecutivo son los siguientes:

-Sustituye en su totalidad la ley actual, proponiendo en su reemplazo, por razones de técnica legislativa, un nuevo cuerpo normativo denominado “Ley sobre violencia intrafamiliar”.

-Amplía el concepto de violencia intrafamiliar a fin de comprender en él tanto los maltratos que afecten la integridad sexual de la víctima como las conductas no consideradas delitos sexuales, pero que constituyen conductas sancionables de no menor incidencia en el ámbito de las relaciones familiares.

-Contempla la noción de riesgo inminente como factor que deben tener en cuenta los jueces para decretar medidas de protección, prescindiendo del resultado de los hechos y como consideración que habilitará a las instituciones policiales para intervenir directamente, sin mediar resolución judicial.

-Innova en materia de sanciones, contemplando un progresivo agravamiento de las consecuencias jurídicas para quienes incurran en actos de violencia intrafamiliar. Además, por una sola vez, considera la posibilidad de conmutar la sanción impuesta por la de asistencia a programas terapéuticos, siempre previa satisfacción de las medidas reparatorias impuestas en el fallo.

-Concede facultades de apremio especial tanto al tribunal con competencia en lo civil como en lo penal para el cumplimiento de las resoluciones y medidas de protección que dicte en conocimiento de casos de violencia intrafamiliar. Asimismo, aumenta la pena en un grado en todos los casos en que un acto de violencia intrafamiliar sea constitutivo de delito.

-Tipifica y sanciona como delito el maltrato habitual, producido en el contexto de la familia, que cause grave o irreparable daño a la víctima.

Cabe consignar, también, que la indicación sustitutiva formulaba diversos cambios en el procedimiento. No obstante, con fecha 3 de julio de 2002, la misma en que se dio inicio a la discusión en particular de esta iniciativa de ley, el Ejecutivo formuló nuevas indicaciones, todas ellas de carácter supresivo, para los efectos de eliminar del texto sustitutivo antes aludido diversas disposiciones referidas a reglas especiales sobre el procedimiento aplicable a los actos de violencia intrafamiliar, incluidos, entre otros, íntegramente los párrafos 2º, “De la competencia y el procedimiento”, y 3º, “De las medidas judiciales de protección”.

En apoyo de las referidas indicaciones supresivas, el Presidente de la República argumentó que las reglas especiales en materia de procedimiento para los actos de violencia intrafamiliar, contenidas en el texto sustitutivo del proyecto en debate que él mismo propuso en mayo de 2001, se justificaban en razón de la urgente necesidad de modificar las normas procesales sobre violencia intrafamiliar, debido a que en ese momento se encontraba paralizado en su tramitación legislativa el proyecto de ley que crea los tribunales de familia, el cual contiene también reglas especiales de procedimiento muy similares a las de esta iniciativa.

Hizo presente, además, que habiéndose reiniciado la tramitación del proyecto sobre tribunales de familia por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, actualmente carece de todo sentido que esta última Comisión revise simultáneamente las mismas normas de procedimiento que sus miembros analizan como integrantes en tales comisiones unidas.

Es así, entonces, como en la discusión y votación en general del proyecto, la Comisión de Familia, compartiendo plenamente los objetivos y fundamentos tenidos en consideración por las autoras del proyecto -y luego de recibir las opiniones, observaciones y proposiciones de las personas e instituciones individualizadas precedentemente, tanto en relación con el texto original de la moción como con el texto sustitutivo, lo que permitió a sus miembros conocer de mejor forma las deficiencias y problemas que se derivan de la aplicación de la actual ley sobre violencia intrafamiliar-, procedió, sin mayor debate, a dar su aprobación a la idea de legislar, por la unanimidad de los diputados presentes.

Respecto del tratamiento que dio la Comisión al texto propuesto, en el artículo 1º sustituyó la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, por una nueva ley en proyecto, denominada “ley sobre Violencia Intrafamiliar”.

Durante el debate habido en la Comisión para emitir un pronunciamiento acerca de la naturaleza de las normas contenidas en el proyecto, se arribó a la conclusión de que este artículo, al sustituir íntegramente la ley N° 19.325, produciría el efecto de derogar orgánicamente dicho cuerpo legal, incluido su actual artículo 2°,que otorga competencia a los juzgados de letras en lo civil para conocer de las causas sobre violencia intrafamiliar. Siendo así, el carácter orgánico-constitucional que tiene el citado artículo 2° de la ley N° 19.325, conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 74 de la Carta Fundamental, otorgaría igual rango al artículo 1° del proyecto en discusión.

A fin de prevenir el hecho eventual de que no se alcanzare en la Sala el quórum necesario para aprobar el artículo 1° de la iniciativa, lo cual traería consigo el derribamiento del proyecto en su conjunto, las diputadas señoras Mella y Saa , y el diputado señor Galilea, don José Antonio , formularon la siguiente indicación:

"a) Para eliminar todo el encabezamiento del artículo primero, hasta los dos puntos (:) que siguen al vocablo “siguuiente”, y para reemplazar el epígrafe de la nueva ley sustitutiva en proyecto, por el siguiente: “Dicta normas de Protección contra la Violencia Intrafamiliar ”.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

El artículo 1º dispone que el objeto de esta nueva iniciativa legal es regular las consecuencias y sanciones de la violencia intrafamiliar, así como el procedimiento para la determinación de las responsabilidades que de ella derivan.

El artículo 2º define la violencia intrafamiliar de modo más amplio que la norma vigente. Al efecto, señala que constituye violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la salud física, psíquica o la integridad sexual de quien tenga respecto del ofensor, la calidad de ascendiente, descendiente, adoptado, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive o cónyuge, sea que viva o no bajo el mismo techo y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

Las diputadas señoras Cristi , Mella , Saa y Vidal , y los diputados señores Barros y Urrutia, formularon una indicación para reemplazar este artículo por el siguiente:

"Artículo 2°. Violencia intrafamiliar.

Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no en la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado”.

“También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado personal o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

“Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4 ó 5 del artículo 494 del Código Penal, se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley”.

Esta indicación sustitutiva fue aprobada por unanimidad.

El artículo 3° establece que, cuando exista una situación de riesgo inminente, para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.

Su inciso segundo agrega que, en estas situaciones, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones deberán actuar según lo dispuesto en el artículo 32.

Durante la discusión de esta norma quedó de manifiesto la necesidad de eliminar, en el inciso primero, la remisión efectuada al artículo 19, dado el carácter procedimental del contenido de este precepto. Ello, en conformidad al acuerdo adoptado por las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, durante la discusión del proyecto de ley que crea los tribunales de familia.

En consideración a lo expuesto, la Comisión acordó, por unanimidad, reemplazar, en el inciso primero, la frase "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19" por "o cautelares que corresponda", toda vez que en la iniciativa que crea los tribunales de familia se contiene una norma similar, que usa la expresión "medidas cautelares". Asimismo, en relación con el inciso primero, la Comisión acordó, por unanimidad, agregar, a continuación de la palabra "directamente", la expresión "alguno de", con el objeto de aclarar que, para que exista la situación de riesgo inminente a que se refiere la norma, basta que resulte afectado solamente uno de los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, esto es, la integridad física, psíquica o sexual de la víctima.

En el número 4º, que pasa a 2°, “De las responsabilidades y sanciones”, el artículo 23, que pasa a ser 4°, dispone que el autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar será castigado con alguna de las siguientes sanciones: 1. Prisión, en cualquiera de sus grados; 2. Reclusión nocturna de uno a ciento veinte días; 3. Multa, a beneficio municipal de la comuna del domicilio del denunciante o demandante, de media a cinco unidades tributarias mensuales.

Su inciso segundo obliga al juez a considerar, para determinar la sanción aplicable al ofensor, la gravedad del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, la reiteración de su ocurrencia o la habitualidad con que se haya ejecutado y la existencia de condenas anteriores por violencia intrafamiliar.

Su inciso tercero prohíbe al juez aplicar la sanción de multa tratándose de una segunda condena por violencia intrafamiliar.

La Comisión acordó votar por separado cada uno de los incisos que comprende esta disposición, adoptando respecto de cada uno de ellos los siguientes acuerdos:

En relación con el inciso primero, las diputadas señoras Allende, Saa y Sepúlveda , y el diputado señor Barros, formularon indicaciones a los números 1 y 2 del inciso primero, para elevar el límite inferior de las penas de prisión y reclusión nocturna de uno a siete días, respecto de la pena de prisión, y de uno a quince días, respecto de la pena de reclusión nocturna, en razón de que el ilícito de violencia intrafamiliar se considera más grave que otros tipos de faltas.

Puestas en votación ambas indicaciones, fueron aprobadas en forma unánime.

Asimismo, el Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar el número 3 de su inciso primero por el siguiente:

“3. Multa de media a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la respectiva región y que sean de financiamiento público."

El artículo 24, que pasa a ser 5º, dispone que la sentencia deberá establecer la obligación del condenado de pagar a la víctima los perjuicios patrimoniales ocasionados con la ejecución del o de los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especies de los bienes dañados, destruidos o perdidos, para lo cual el juez determinará prudencialmente dichos perjuicios.

El artículo 27, que pasa a ser 6º, señala que el condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de quinto día de notificada la sentencia definitiva, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término por un lapso que no exceda de quince días en total, agregando que, en caso contrario, podrá sustituirse su cumplimiento por un día de arresto o reclusión nocturna por cada media unidad tributaria mensual.

El artículo 31, que pasa a ser 7º, establece que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un registro especial de personas condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las resoluciones que se ordene inscribir al tenor de la ley en proyecto.

Su inciso segundo ordena al tribunal competente, una vez ejecutoriada la sentencia respectiva, oficiar al Registro Civil , individualizando al condenado y la sanción aplicada por el hecho de violencia intrafamiliar, circunstancias que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes. Agrega que dicho registro especial deberá ser puesto a disposición del tribunal que lo requiera, en los casos regulados en esta futura ley.

Las representantes del Ejecutivo explicaron que la innovación de este artículo, respecto de la ley vigente, es la obligación de que las anotaciones por violencia intrafamiliar consten en el certificado de antecedentes.

Sometido a votación el artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 33, que pasa a ser 8º, tipifica el delito de maltrato habitual, consistente en ejercer habitualmente violencia física, psíquica o ambas, en contra de alguna de las personas amparadas por el artículo 2º de la ley en proyecto, del cual derivare grave o irreparable daño a la víctima, siéndole aplicable la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, a menos que el hecho merezca una pena mayor.

En el artículo 34, nuevo, que pasa a ser 9º, el Ejecutivo formuló una indicación para agregar un nuevo artículo del siguiente tenor:

"Artículo 34.- En caso de condena por la comisión del delito previsto en el artículo 33 de esta ley, el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la ley Nº 18.216 se sujetará a lo dispuesto en el artículo 30 de dicho cuerpo legal".

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta indicación pretende satisfacer también una inquietud de la Comisión, en orden a hacer lo más efectiva posible la figura penal que se tipifica en la ley en proyecto, cuya penalidad tiene una duración

máxima de tres años. En consecuencia, el autor del delito de violencia intrafamiliar bien puede ser condenado a cumplir una pena privativa de libertad, pero, simultáneamente, obtener alguno de los beneficios de cumplimiento alternativo que regula la ley Nº 18.216, tales como libertad vigilada, reclusión nocturna o remisión condicional de la pena. Sin embargo, en la práctica, estos beneficios no están sujetos a ninguna forma de control importante, existiendo cierto consenso en torno de que la citada ley no se corresponde con los actuales requerimientos de control poscondena del sistema penal.

En relación con el artículo 10, nuevo, tal como se anunció al informar acerca de la discusión del inciso tercero del artículo 30 del texto sustitutivo del proyecto propuesto por el Ejecutivo , las diputadas señoras Saa , Sepúlveda y Vidal , y el diputado señor Barros, formularon una indicación para agregar un artículo nuevo, a objeto de configurar como circunstancia agravante de responsabilidad criminal, la relación de parentesco, de convivencia o de dependencia que une al autor de un delito -contra las personas; de violación y de estupro- con la víctima, cuyo texto es del siguiente tenor:

"Artículo 10.- Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Tratándose de delitos contra las personas, o de los establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el ar-tículo 2° de esta ley respecto del ofensor”.

Esta disposición, cuya redacción fue concordada previamente entre sus autores y los representantes del Ejecutivo, se aplicaría a todos los delitos que señala su texto.

Se dejó constancia, en todo caso, de que la agravante no se aplicaría al delito de violencia intrafamiliar, porque en este caso la relación de parentesco está incorporada en el tipo, y esa circunstancia no puede producir el efecto de aumentar la pena; pero sí respecto de otros delitos, como pueden ser las lesiones, el homicidio o cualquier atentado sexual, que no suponen ese vínculo entre el autor y la víctima.

Puesta en votación la referida indicación, fue aprobada por unanimidad.

Artículo 11, nuevo.

Las diputadas señoras Saa , Sepúlveda y Vidal , y el diputado señor Barros, formularon una indicación para incorporar, en la ley en proyecto, un nuevo artículo 11, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 11.- Circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de sevicia o violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido; o cuando el hechor tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° respecto del ofendido.

“Lo anterior es sin perjuicio de las eximentes o atenuantes generales que procedan conforme a derecho”.

Según expresaron sus autores, el objeto de la indicación es configurar la violencia intrafamiliar como una circunstancia atenuante de responsabilidad criminal en beneficio de la víctima de dicha violencia, cuando ésta, en vindicación próxima de la misma, cometa en contra de su maltratador alguno de los delitos arriba señalados.

Puesta en votación la referida indicación, fue aprobada por unanimidad.

Artículo 12, nuevo.

Las diputadas señoras Saa , Sepúlveda y Vidal , y el diputado señor Barros, formularon una indicación para agregar el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo 12.- Sanciones accesorias. Si el juez aplicare alguna sanción en virtud de los artículos 4° u 8° de esta ley, podrá imponer además, como sanción accesoria, una o más de las siguientes:

“1. Obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima.

“2. Prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido.

“3. Prohibición para portar y/o tener armas de fuego.

“4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar."

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

Artículo 13, nuevo.

Las diputadas señoras Mella y Saa , y el diputado señor Galilea, don José Antonio , a fin de prevenir el hecho eventual de no alcanzarse en la Sala el quórum necesario para aprobar el artículo 1° del texto sustitutivo del Ejecutivo , lo cual traería consigo el derribamiento del proyecto en su conjunto -según se informó en la parte expositiva del tratamiento de dicho precepto-, formularon indicación para agregar el siguiente artículo final, nuevo:

"Artículo 13.- Derogación. Derógase la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.”

Puesta en votación la referida indicación, ésta fue aprobada por unanimidad.

Disposiciones transitorias

El artículo 1º transitorio dispone que lo establecido en el inciso primero del artículo 29 entrará en vigencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° transitorio de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público. Es decir, las facultades de apremio conferidas al juez para forzar el cumplimiento de las resoluciones y medidas de protección decretadas conforme a esta nueva ley de violencia intrafamiliar serán ejercidas por los juzgados de garantía creados en virtud de la reforma procesal penal, a medida que éstos se constituyan. Por lo mismo -agrega la norma-, en aquellos lugares en que dicha disposición no haya entrado en vigencia, tal facultad se entenderá conferida al tribunal que ejerza jurisdicción en materia criminal, competente para conocer del delito derivado de la violencia intrafamiliar.

El Ejecutivo formuló una indicación para eliminar esta disposición.

La Comisión estuvo de acuerdo en eliminarlo, por cuanto hace referencia a una disposición del proyecto primitivo que ha sido eliminada.

Puesta en votación la indicación del Ejecutivo , fue aprobada por unanimidad.

El artículo 2º transitorio señala que los procedimientos por actos de violencia intrafamiliar iniciados al amparo de la ley N° 19.325 se seguirán substanciando conforme al procedimiento establecido en esta futura ley, con excepción de lo previsto en su artículo 23 -que ha pasado a ser 4°-, relativo a las sanciones aplicables al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar.

El Ejecutivo formuló una indicación para eliminar este artículo, la cual, a petición de los representantes del Sernam, fue rechazada en forma unánime.

A juicio de las representantes del Ejecutivo , teniendo presente que el texto del proyecto aprobado por la Comisión carece de normas especiales de procedimiento, la finalidad de este artículo no debe ser otra que precisar que las causas de violencia intrafamiliar se seguirán susbtanciando conforme al procedimiento establecido en la ley N° 19.325, en tanto no se promulgue la futura ley sobre tribunales de familia.

Con ese objeto, la Comisión aprobó esta disposición, por unanimidad, con las enmiendas de reemplazar en ella la palabra "esta" por "dicha", y de suprimir, además, la frase "con excepción de lo previsto en el artículo 4°" y la coma (,) que la antecede.

Constancias reglamentarias.

Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión de Familia deja constancia de lo siguiente:

1. Que el artículo 13 del texto del proyecto aprobado por la Comisión de Familia, que deroga la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, tiene carácter orgánico constitucional en conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, inciso segundo, y 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Ello, debido a que dicha derogación comprende el artículo 2° del citado cuerpo legal vigente, que encomienda el conocimiento de los conflictos originados por la comisión de actos de violencia intrafamiliar al juez de turno en lo civil dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el hogar donde viva el afectado.

2. Que no hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

3. Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

4. Que los artículo 3°, inciso segundo; 25, 26 y 28, y el artículo 2º -que proponía modificar la ley de Menores- fueron rechazados por unanimidad.

Cabe hacer presente que el contenido del inciso tercero del artículo 30 fue incorporado en el artículo 10 aprobado por la Comisión.

Acordado en sesiones de fechas 3, 10 y 17 de abril; 5 de junio, 3 de julio, 21 de agosto, 4 y 11 de septiembre; 16 y 30 de octubre; 13 de noviembre y 11 de diciembre de 2002; 30 de abril, 14 de mayo y 11 de junio de 2003, con asistencia de las diputadas señoras Isabel Allende Bussi , María Angélica Cristi Marfil , Carmen Ibáñez Soto , María Eugenia Mella Gajardo , Adriana Muñoz D'Albora , María Antonieta Saa Díaz (ex presidenta), Alejandra Sepúlveda Orbenes (actual presidenta) y Ximena Vidal Lázaro ; y de los diputados señores Pedro Araya Guerrero , Maximiano Errázuriz Eguiguren, José Antonio Galilea Vidaurre, José Antonio Kast Rist, Juan Pablo Letelier Morel , Nicolás Monckeberg Díaz e Ignacio Urrutia Bonilla y de quien habla.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel(Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Pedro Araya.

El señor ARAYA .-

Señora Presidenta , sin duda, la violencia intrafamiliar es uno de los problemas que más nos ocupa en la actualidad como sociedad y comunidad.

La zona que represento -Antofagasta- ha registrado en los últimos años alarmantes índices de aumento en el delito de violencia intrafamiliar. El proyecto en debate subsana varias falencias detectadas a la hora de poner en práctica la ley que hoy se modifica, en particular respecto de la atribución de los jueces, las medidas cautelares y la forma de actuar de las policías. Resulta importante que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones tengan una participación mucho más activa en la investigación de estos delitos, posibilidad que no entrega la ley vigente. Asimismo, quiero destacar el valor que se entrega a los jueces en materia de resguardo de la familia agredida, posibilidad que tampoco establece la ley que se intenta modificar.

Reconociendo que el espíritu de esta futura ley es bueno y que sin duda solucionará gran cantidad de problemas que vive nuestra sociedad, quiero hacer tres prevenciones respecto del proyecto, fundamentalmente porque tenemos que entender que esta iniciativa debe ir dentro de un todo orgánico en nuestra legislación, y porque, a mi juicio, el derecho penal ha de ser la última ratio legis de la legislación.

Hay tres artículos que me llaman mucho la atención y que quiero comentar brevemente. En primer lugar, el artículo 8º, que crea el delito de violencia intrafamiliar. Si bien resulta del todo importante contar con un tipo penal para dicho delito, la adecuación típica, es decir, la conducta antijurídica que se está describiendo en este delito, es bastante confusa y, a mi juicio, constituye un tipo penal abierto, en el cual al juez no le queda mucha claridad, y será problema de interpretación establecer cuándo efectivamente existe el delito de violencia intrafamiliar; cómo se va a interpretar en materia jurisdiccional “el que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica, o ambas, sobre una persona”.

Esto puede ser materia de mucha discusión y de una gran problemática -reitero- en materia jurisprudencial, fundamentalmente porque en los tres tipos descritos no hay una conducta clara y precisa.

Debemos recordar que la legislación penal busca establecer con claridad los tipos penales, con el objeto de evitar, por un lado, caer en arbitrariedades y, por otro, de dejar exentas de responsabilidad penal otras conductas.

Al respecto, con el diputado señor Ojeda hemos presentado una indicación supresiva de este artículo, fundamentalmente porque el tipo penal no es claro; y la experiencia práctica que tengo como abogado me ha enseñado que en estos tipos penales se abusa por parte del juez o bien no son aplicados.

La segunda prevención se refiere al artículo 10 del proyecto, mediante el cual se establece como circunstancia agravante el hecho del parentesco cuando se trata de los delitos establecidos en los párrafos 5º y 6º del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, es decir, el delito de violación y de abusos deshonestos.

¿Por qué me causa prevención este artículo? Porque el derecho penal, en la parte general, establece ya la agravante de parentesco, pero le otorga al juez también la posibilidad de utilizar la circunstancia del parentesco como una atenuante. Entonces, estimamos que habrá discordancia entre lo que establece la parte general del derecho penal en materia de circunstancia mixta de responsabilidad, como es el parentesco, y lo que se está estableciendo en esta norma.

Reitero: pienso que el derecho penal, aunque a la diputada señora Saa no le guste, tiene que ser la última ratio legis del ordenamiento jurídico. No podemos penalizar todo tipo de conducta. El derecho penal debe estar en la última línea de defensa del derecho.

También hemos pedido la supresión de este artículo, porque el juez tiene que interpretar si el parentesco agrava la situación o la atenúa.

En tercer término, nos preocupa el artículo 11, que establece lo siguiente: “Circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de sevicia o de violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido;”.

Nos preocupa este tema porque al establecer esta circunstancia atenuante de responsabilidad penal, en la práctica podríamos estar derogando tácitamente lo que se refiere a la legítima defensa, que es una eximente de responsabilidad penal total. Al preceptuarse aquí como una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, podemos dejar afuera lo consignado sobre la legítima defensa en el artículo 10, números 4º, 5º y 6º, del Código Penal. Por lo demás, también la atenuante aparece ya mencionada en ese Código, en la parte general, porque al no reunirse los requisitos de la legítima defensa -pongámonos, por ejemplo, en el caso de que una persona que es víctima de violencia intrafamiliar se defiende y agrede a su atacante-, conforme a esta norma se le estaría aplicando una atenuante de responsabilidad penal; pero si aplicamos los principios generales del derecho penal, esa persona perfectamente puede quedar libre de toda culpa bajo el prisma de la legítima defensa. Y aun cuando no se reunieran los requisitos de la legítima defensa, el mismo Código Penal, en su parte general, establece que no reuniéndose los requisitos, sería una circunstancia atenuante. Por eso, considero que esta norma también se encuentra de más en este proyecto de ley.

Lo dicho por la diputada señora Saa en esta materia, aun cuando mantenemos algunas diferencias de tipo jurídico-penal, es bastante loable, porque éste es un problema que debe preocupar a la comunidad en general, a toda la sociedad, y no puede ser un problema de género. Se trata de un problema tanto de hombres como de mujeres.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señora Presidenta , los miembros de la Comisión Familia discutimos el proyecto con mucho interés y responsabilidad.

Estamos introduciendo a una ley que rige desde 1994, normas de protección y de castigo respecto de un problema que invade los hogares de los chilenos, ya que la violencia intrafamiliar física se da en la tercera parte de ellos, mientras que la intrafamiliar psíquica afecta a la mitad de éstos. O sea, dentro del hogar se crea el conflicto y la violencia, la que, estoy segura, se proyecta posteriormente a la sociedad.

En la actualidad, se producen tres veces más denuncias por violencia intrafamiliar que por violencia en las calles. Estamos frente a un problema de gran magnitud, que debiera ser el gran tema en la agenda de seguridad ciudadana, pero que no figura allí, aunque tengamos un problema de inseguridad al interior de los hogares.

La violencia intrafamiliar no es un problema coyuntural, de accidente, de alcoholismo o de droga, sino de poder y de control. La ley de matrimonio civil decía, hasta 1989, que la mujer debía obediencia al marido. ¡Imagínense, esto regía hasta hace pocos años atrás! ¿Qué pasaba si no obedecía? Se producía el castigo. De alguna manera esa ley de matrimonio, que regulaba una unión de afecto, daba el pase para castigar en caso de que existiera “desobediencia”. O sea, permitía que una persona estuviera sometida a otra.

Ése es el origen de la violencia intrafamiliar; es decir, el poder sobre una persona, la necesidad de controlarla. Esto ha existido en la cultura de nuestra sociedad. No es un problema de algunos, sino de la cultura. Por eso existe el dicho: “Quien te quiere, te aporrea”. ¡Miren que concepto más maravilloso! O el que decían las mujeres años atrás y que repiten cada vez menos: “En lo suyo no más, pega”.

Entonces, estamos frente a un problema cultural tremendo, que no es considerado delito o falta en la mentalidad de la sociedad. No hay conciencia sobre el tema, y siempre se trata de achacar estos problemas a los estratos bajos y con poco nivel cultural. Ello no es así, pues existe en todos los niveles de la sociedad.

Hace poco, un diario denunciaba que un prestigioso empresario, un hombre muy bueno, con gran inspiración cristiana, habría sido demandado por violencia intrafamiliar, debido a que tenía absolutamente atemorizados a su mujer y a sus hijos. Por lo tanto, esto se da en todos los estratos sociales, y esta mentalidad está presente en muchas instituciones. Desde los años ‘80 empezó a salir a flote y a correrse el velo de este tremendo problema, que no es sólo chileno, sino de la humanidad, y es parte de las sociedades patriarcales, en la que existe poder y control sobre la mitad de la población.

En consecuencia, debemos elaborar una ley que, además que proteger a los afectados, a la vez dé señales muy claras a la sociedad de que no es posible que esto se siga produciendo.

Ojalá llegue el momento en que agredir a una mujer, a un niño o a un anciano al interior de la casa sea tan grave como golpearlo en el colegio. Antes se decía “la letra con sangre entra”, pero hoy nadie está dispuesto a aceptar esa teoría.

Los problemas de violencia son realmente tremendos. La semana pasada un canal de televisión presentó un programa en el que se dio a conocer el sufrimiento y todo lo que significan estas situaciones al interior del hogar.

El otro día leí partes de una carta en que queda en evidencia la tremenda tortura a que fue sometida una mujer.

Por ello, hemos querido reflejar la realidad en esta iniciativa en estudio, que se discutió en dos partes. La primera, relativa al procedimiento, se debatió en la Comisión de Familia, donde fue aprobada una figura que, en mi opinión, es una válvula de escape para castigar estos hechos: la suspensión condicional de la sentencia. Espero que el Senado no la ratifique para que podamos despachar una ley que sea una señal muy nítida en términos de que no es posible proceder con ese criterio.

Entre las modificaciones, existen algunas muy importantes. Una de ellas es la situación de riesgo, que consiste en que el juez debe estimar cuándo la persona está en peligro para disponer medidas aun antes de efectuarse el comparendo. Hay cientos o miles de casos en que, como el juez no ha actuado con rapidez, se han producido hasta muertes.

En promedio, 50 mujeres son asesinadas al año en nuestro país debido a la violencia intrafamiliar. También hay un número alto de varones asesinados por sus mujeres después de toda una vida de violencia.

Tenemos la descripción de la situación de riesgo, que constituye un paso muy importante, ya aprobada. También está precisado cómo debe proceder Carabineros para ingresar a las casas cuando en ellas se sienten gritos, con el fin de verificar el delito in fraganti, hecho que es muy importante. Además, se fijan las sanciones, estableciendo prisión de siete a 60 días, reclusión nocturna de 15 a 120 días y multas.

Como decía, son relevantes las medidas de protección que el juez puede dictar, incluso antes de los comparendos, como la obligación de que uno de los cónyuges abandone el hogar, la prohibición de visitar el domicilio y de portar armas de fuego, etcétera.

Estas medidas de protección conllevan penas accesorias en el momento de la condena, de manera que cuando el agresor o la agresora salga de la prisión, la víctima pueda estar protegida por un tiempo más, debido a que muchas veces estos hechos revisten características de espiral y pueden seguir los atentados y violencias.

Otro aspecto importante es introducir estas materias en el Código Penal. Allí tengo una discrepancia con mis colegas Araya y Ojeda , por cuanto es muy relevante que tanto en el Código Procesal Penal como en el Código Penal, nuevos, quede establecido lo relativo al delito de violencia intrafamiliar.

Lo anterior se debe a que aquí no estamos hablando sólo de faltas, sino de lesiones graves, de homicidios y de situaciones permanentes de temor al interior de la familia, que son de carácter sicológico, o sea, de un continuo sufrimiento físico o síquico. Por lo tanto, es muy importante que exista un procedimiento especial para tratar el delito de violencia intrafamiliar. No nos sirve el que establece el nuevo Código Procesal Penal, porque es muy garantista; incluso se considera la suspensión del procedimiento. Eso no puede ser aplicado en el caso de violencia intrafamiliar. Aquí deben incluirse, en forma muy clara, las medidas cautelares y de protección, y también las penas accesorias, en todos los procedimientos. Por lo tanto, es muy importante establecer este delito en el Código Penal nuevo para que las causas de violencia intrafamiliar tengan un tratamiento especial y no se tramiten como cualquiera otra agresión con lesiones graves. Esto es distinto.

Por lo mismo, considero muy importante el artículo 11, que los colegas Araya y Ojeda son partidarios de derogar, porque se trata de circunstancias especiales que los jueces deben tener en cuenta.

Hay muchos casos de mujeres víctimas de violencia que han terminado agrediendo o matando al agresor de toda la vida, por supuesto que en legítima defensa. Muchas han sido condenadas por homicidio a penas superiores a los 15 años, sin que se haya tomado en cuenta, como atenuante, no sólo el parentesco, sino el hecho de haber sido víctimas de violencia intrafamiliar.

Me acuerdo del caso bien señero de Juana Candia , quien fue violada a los 15 años y, con posterioridad, obligada por su padre a casarse con su violador. Incluso, perdió una guagua debido a los golpes. Durante una navidad en la que éste regresó a su casa a ver a sus niños, ella, en una situación desesperada, lo agredió. Pero también ha habido muertes por encargo, porque la situación se ha tornado muy apremiante.

Todo ello amerita que la justicia conozca las causas por las cuales se producen esos hechos. Por eso es importante señalarlo como algo específico, especial, y no que sea la regla general del Código Penal.

El proyecto está bastante acotado; recoge una evaluación de lo que ha sido la aplicación de la ley durante estos años; experiencia que no ha sido buena, porque de 90 mil

causas, sólo se han fallado alrededor de 6 mil; en el resto ha existido conciliación, lo que deja en la impunidad y en la impotencia a muchas personas.

Creo que con los tribunales de familia, con jueces especializados y un procedimiento rápido, como el que habrá, entregaremos señales muy claras de protección, de defensa y de castigo al delito de violencia intrafamiliar. Insisto, no se trata de una violencia cualquiera, sino de una enraizada en la cultura de la sociedad, la que, a mi juicio, debe ser erradicada.

Por último, quiero decir que no basta con una ley. Lo puede corroborar la ministra del Servicio Nacional de la Mujer . Debemos proteger y prevenir. Felicito al Sernam por sus campañas de prevención, pero aún falta mucho por hacer. Falta presupuesto para aumentar los centros de atención a las víctimas y la habilitación de refugios o de casas de acogida. En la comuna de Conchalí hubo uno, pero en la actualidad Chile no cuenta con ninguno. De repente, hay situaciones muy desesperadas, y la mujer no tiene adonde irse con sus hijos. Se necesitan casas de refugio para que la víctima pueda pensar sobre su situación, tranquilizarse ella misma y los hijos, no correr peligro y, luego, continuar con su vida.

La prevención de la violencia intrafamiliar debe tener prioridad dentro de las políticas públicas. Deben crearse centros en los municipios, pues han resultado ser una buena experiencia. Debemos instaurar una política que erradique este problema y proteja a las víctimas. Reitero, la violencia física está presente en casi el 30 por ciento de los hogares, y la sicológica, en casi un 50 por ciento.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel(Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Señora Presidenta, coincido con gran parte de los planteamientos esgrimidos por la colega María Antonieta Saa. No obstante ello, quiero agregar algunas cosas que me parecen importantes.

Voy a partir con el testimonio de la señora Beatriz , del distrito que represento, quien el viernes pasado, en una audiencia conmigo, me manifestó lo siguiente: “Me aburrí de denunciar a mi marido. Soy golpeada físicamente todas las semanas y, sicológicamente, soy amedrentada todos los días. No sé que va a ocurrir un día, pero la justicia hoy no me protege. Cuando hemos llegado a los tribunales, jura cambiar de conducta; pero cuando él vuelve a la casa, comienza de nuevo el suplicio”. En mi opinión, esa frase grafica la situación en la cual se encuentra sumida una importante cantidad de familias.

Coincidimos con lo dicho por la ex ministra del Sernam , señora Adriana Delpiano , durante las discusiones del proyecto en las Comisiones, quien sostuvo que la ley sobre violencia intrafamiliar ya cumplió una etapa. Así es, y hoy estamos ante la urgente necesidad de implementar una legislación mucho más profunda, traducida en gran parte en el texto de este proyecto, en el cual tuvo primordial participación el citado servicio, a través de la participación de la actual ministra señora Cecilia Pérez .

Consideramos importantes las modificaciones introducidas a la ley Nº 19.325, de 1994, porque, tal como se demuestra en el testimonio que di a conocer en la Sala, si bien el citado cuerpo legal tiene muy buenas intenciones, carece de medidas sancionatorias ejemplarizadoras que hagan disminuir los índices de violencia intrafamiliar.

Un estudio realizado hace poco por el Servicio Nacional de la Mujer, en las regiones Novena y Metropolitana, demostró en forma muy clara que, lamentablemente, una de cada dos mujeres reconoce haber vivido violencia intrafamiliar, y que este hecho ocurre en todos los sectores sociales. Los grados de violencia física se acentúan en los sectores medio y bajo y los de violencia psicológica, con mucha profundidad, en el sector alto de la sociedad.

Resulta fundamental contar con una judicatura especializada y sanciones más drásticas para castigar estos delitos. Consideramos que, desde ese punto de vista, la nueva ley permitirá proteger a las familias y castigar a los hechores al ampliar el concepto de violencia intrafamiliar, lo cual constituye un hecho muy necesario. Es importante tener en consideración la situación de riesgo inminente para proteger a la familia y también lo es establecer que los directores de establecimientos educacionales o los profesores puedan tomar cartas en tratar de solucionar el drama que muchas veces afecta a estudiantes que viven la violencia intrafamiliar en su hogar, por cuanto, generalmente, son los primeros que lo conocen. El agravamiento de las consecuencias jurídicas y la restricción de la conmutación de las penas son modificaciones introducidas a la ley Nº 19.325, de 1994, que contribuirán a que en las regiones urbanas y rurales, y en nuestra sociedad en general, tengamos la posibilidad de ver que bajan los índices de violencia intrafamiliar, lo que deseamos todos los chilenos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel(Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, la ley Nº 19.325, promulgada el 27 de agosto de 1994, que establece normas sobre procedimientos y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, que se pretende modificar por el proyecto que hoy estamos conociendo, no ha sido eficaz en la lucha contra ese flagelo. No ha cumplido con los objetivos de prevenirla y de sancionarla.

A diario nos enteramos, a través de la prensa, de la radio y de la televisión, de informaciones sobre situaciones dramáticas -a veces dadas a conocer de manera muy sensacionalista- que reflejan la cruda realidad de la violencia intrafamiliar. Se ha señalado que han aumentado las denuncias al respecto; que la violencia está en la familia, no en la calle, y que estos casos en la actualidad duplican a los de robos y asaltos en contra de la propiedad. En efecto, las primeras ascienden a 52 mil, y las segundas, a 25 mil. Algunos diarios han dado a conocer que la violencia intrafamiliar es un drama que se vive todos los días, y que la mitad de las chilenas la ha sufrido, pero que pocas la denuncian.

La ley vigente no ha sido capaz de resolver el problema e impedir que esta situación se siga produciendo. Por ello, la indicación sustitutiva del Gobierno al proyecto, cuyas autoras son las diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz , tiene como objetivo reparar las deficiencias u omisiones de la actual normativa.

En su oportunidad, esa legislación se debatió en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía; porque la violencia intrafamiliar también constituye un problema de violación de los derechos humanos, ya que hiere la dignidad humana, fundamentalmente la de la mujer o la de la persona más débil dentro del hogar. Es muy particular, pues no siempre deja huellas físicas, y generalmente se produce en la intimidad del hogar. No siempre es física; muchas veces además, psicológica, forma más grave y que produce mayor dolor.

La indicación sustitutiva del Ejecutivo posibilita llenar los vacíos y corregir las imperfecciones de la actual legislación para proteger de mejor forma a las víctimas. El proyecto establece elementos nuevos muy importantes, los que se han incorporado producto de la percepción y de la experiencia obtenida en la aplicación de la actual ley.

La introducción del concepto de riesgo inminente, como factor que deben tener en cuenta los jueces para decretar medidas de protección, será una medida oportuna, porque posibilitará que los organismos policiales actúen. Este aspecto es uno de los más importantes, porque a veces, por no producirse los hechos, los organismos pertinentes no actúan, lo que lleva a que, con posterioridad, ocurran desgracias. Dicha disposición es necesaria, y el proyecto señala las circunstancias que pueden involucrar las situaciones más delicadas y de mayor riesgo de violencia intrafamiliar.

Asimismo, constituye violencia intrafamiliar cuando se atenta en contra de la integridad sexual. Ese es un gran paso, porque este tipo de violencia es reiterado y generalizado. Sin embargo, no se actúa cuando ésta se produce, pues no constituye delito, aspecto digno de ser considerado.

Por otro lado, la tramitación burda y la inoportuna atención de las víctimas, a las que se les exigen pruebas y evidencias de que se ha producido violencia intrafamiliar, provoca contratiempos que dificultan la adopción de medidas de resguardo de las víctimas o la detención del agresor. Por ello, valoro la iniciativa de prescindir del certificado médico y de otros medios probatorios para que la policía y los organismos pertinentes actúen. A veces se exigen certificados médicos, documentos y una serie de pruebas para actuar. Sin embargo, como se trata de un delito peligroso, donde hay una víctima, una persona en estado de indefensión, débil y desprotegida, se debe actuar rápidamente. Creo que la medida incorporada aquí es muy importante.

El deber de actuar inmediatamente, en caso de violencia flagrante o de riesgo inminente para la víctima o su grupo familiar, es también una situación que no merece vacilación ni duda. Hay que actuar rápido para evitar el desenlace trágico que ocasiona la brutalidad, la crueldad, la crudeza de los golpes y la agresión despiadada de quien actúa en contra de un familiar. Además, es importante considerar que no solamente se pueden aplicar estas medidas cuando hay delitos flagrantes, en cuyo caso se puede actuar de inmediato, sin necesidad de prueba.

No está contenido en la legislación el caso de las mujeres embarazadas, de los discapacitados y de las personas en condición vulnerable, que merecen prioridad en la protección.

Para que la ley sea eficaz, debe facilitar los mecanismos para que se cumplan sus fines. Como ello no ha ocurrido, se introducen estos elementos.

Pensábamos que podría haber servido como un elemento didáctico, ejemplarizador, de enseñanza; que, por lo menos, la gente hubiera sabido que no se debe agredir a un familiar, que eso no está permitido. La corrección del hijo o la mantención del orden en el hogar no puede servir para excederse en los límites razonables.

Una de las deficiencias detectadas es la falta de mecanismos de control del cumplimiento de las medidas precautorias, de lo que se ha hecho, de lo que se ha aplicado, del cumplimiento de las resoluciones judiciales. ¿Quién las cumple? Hay organismos estatales que lo hacen; pero debieran existir medidas más expeditas, certeras y rápidas para sancionar a los agresores y proteger a las víctimas.

Creemos que debe existir un seguimiento para que se vea si la sanción ha surtido los efectos previstos, si ha tenido eficacia la aplicación de la pena, si la ley vale o no, y si ha habido corrección de conductas o cambio de comportamiento.

Por otro lado, pareciera que los tribunales de familia resultan ineficaces. En la actualidad, los juzgados civiles que conocen estas materias no siempre las priorizan, por el exceso de causas y porque no tienen los conocimientos específicos.

Quiero plantear las mismas inquietudes y objeciones señaladas por el diputado Pedro Araya , con quien suscribimos una indicación para eliminar los artículos 8º, 10 y 11.

El artículo 8º y siguientes nos hablan de criminalidad, de delitos y de circunstancias atenuantes y agravantes. ¿Cómo se configura el delito? No se dice que comete delito quien ejerce violencia física o psíquica a secas, sino que se agrega la habitualidad o la permanencia, lo que complica su configuración.

¿Qué se entiende por habitualidad? Imagínese cuántas agresiones, golpes, “cachuchazos”; no sé. No entiendo esa parte. La habitualidad permanece, como dice la ley y como dicen los diarios, que hablan en esos términos. Los actos de violencia pueden ser tres, cuatro o cinco. Es decir, si se trata de una sola agresión que constituye violencia intrafamiliar, no será delito. En esta parte, a lo mejor, se podría aplicar el artículo correspondiente a los atentados a la integridad física, a las lesiones. Sin embargo, hay un margen inferior en el que no se producen lesiones físicas, sino psicológicas.

Por eso, solicito un nuevo estudio sobre la materia.

En segundo lugar, entiendo que el delito de violencia intrafamiliar es la agresión en contra de un familiar o pariente cercano. Si la agresión es cometida por una de las personas señaladas en el artículo 2º, hay un delito y una circunstancia agravante. Ésa es la explicación que hace falta, porque considero bastante controvertida y sin explicación esa disposición.

En tercer lugar, me voy a referir a las circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal. El artículo 11 del Código Penal señala que constituye atenuante la de haberse ejecutado la agresión luego de una ofensa grave, previa, de parte del agredido.

Me parece que aquí también hay una confusión, en consideración a que en el artículo 10 del Código Penal se enumeran 13 circunstancias eximentes de responsabilidad criminal, y la cuarta se refiere a la legítima defensa.

En general, éste es un muy buen proyecto: repara algunas insuficiencias, llena ciertos vacíos, responde a las inquietudes de la comunidad y procura disminuir la violencia intrafamiliar, que constituye un problema humano dramático, que no siempre se conoce, por el temor de la víctima, por el qué dirán, por la vergüenza que genera, por el descrédito y por tantas otras cosas que pueden sentir tanto la víctima como el agresor.

La iniciativa introduce elementos que permitirán la intervención de terceros, quienes podrán denunciar lo ocurrido sin necesidad de que participen los afectados.

Por otra parte, felicito a los autores del proyecto. Quiero decirle a la diputada señora María Antonieta Saa que, a través de nuestra historia, el legislador ha ido cambiando las leyes, basado en las nuevas circunstancias y en los nuevos requerimientos sociales, políticos y económicos de la sociedad. A veces los hechos impulsan a modificar la legislación, o la legislación lleva a actuar conforme a los hechos.

El inciso segundo del artículo 131 del Código Civil, a que hice mención, constituye un recuerdo de una concepción machista de la época, de una visión discriminatoria que hoy no es aceptada, producto de las grandes reformas, impulsadas por el Congreso, relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres, que hacen que en la actualidad no se hagan diferencias.

Dicha disposición señalaba que el marido debía protección a la mujer y que ésta debía obediencia al marido. Fue modificada por la ley Nº 18.802, como muchas otras, producto de la nueva concepción en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

En general, me pronuncio a favor del proyecto, salvo las objeciones que he señalado y que están materializadas en una indicación que presentamos a la Mesa.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada Pía Guzmán .

La señora GUZMÁN (doña Pía) .-

Señora Presidenta , eran necesarias nuevas normas sobre la violencia intrafamiliar, pues las dictadas a principios de la década anterior estaban quedando obsoletas, además de que, desde su vigencia, hubo muchos problemas en su aplicación. Ello por diversas razones, la más importante de las cuales es que no se entregaron los recursos necesarios a fin de capacitar a los jueces y al personal de los tribunales civiles para abocarse a estos temas, aunque con posterioridad, ello se hizo. Sin duda, esas normas fueron sobrepasadas por la realidad que se vivía y que empezó a emerger cuando el tema se puso sobre la mesa y se conversó públicamente.

Por lo tanto, es muy atinado apoyar este proyecto de ley que regula y reglamenta muy bien cuáles son los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, que abarcan tanto los que afectan la integridad física, sexual, como también la psíquica. Por primera vez, se reconoce la violencia psíquica como un elemento que puede ser castigado. No podría decir que la violencia psíquica sea más importante que la física como ha dicho alguien en el último tiempo, pero sí puede llegar a ser tan dañina como la física. Además, es una violencia que no se ve y es muy difícil compartirla.

La iniciativa establece muy bien los tipos de relación, de parentesco y de convivencia en los que el maltrato puede tipificarse como violencia intrafamiliar. Incluso, puede producirse entre los padres de un hijo co-mún o cuando recaiga en un discapacitado que se encuentre bajo el cuidado personal o dependencia de algún integrante del grupo familiar, aunque no sean parientes por consanguinidad en la línea directa o colateral hasta el cuarto grado inclusive, pero el ser discapacitado implica un desmedro de sus posibilidades de defensa y, por lo tanto, es muy conveniente considerarlo.

Otro elemento relevante que establece es el riesgo inminente, es decir, la posibilidad, la amenaza cierta de que se va a sufrir un maltrato. El legislador no lo deja a la determinación de la policía o del juez, sino que establece que se presumirá que existe esa situación cuando haya una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena por esa conducta o por algún otro delito.

En estas materias, efectivamente el proyecto de ley es un acierto como también en sanciones accesorias que deberán ser aplicadas -luego, espero- por los tribunales de familia.

En todo caso, hay ciertas cosas que me preocupan porque no logro entenderlas ni efectuar el análisis de cómo serán aplicadas en la práctica. Varios colegas ya lo han mencionado. Me refiero a las sanciones, es decir, a la responsabilidad penal. Puede tratarse de faltas, como las que se indican en el artículo 4º, o un tipo de delito específico como el del artículo 8º. Pero lo que no me queda claro es cómo concurren las penas del artículo 4º, por ejemplo, con las lesiones. ¿Habrá concurso de delitos o no? ¿Se subsume un tipo en otro? Me quedan muchas dudas y más respecto de la aplicación del artículo 8º, porque el tipo está perfecto en aquellos casos en que se ejerce violencia psíquica, no así cuando hay violencia física que puede terminar con lesiones graves, gravísimas o, incluso, en un homicidio. ¿Cómo se va a considerar? Estamos hablando de la misma conducta: es la violencia física la que causó la muerte y sin ella ésta no habría ocurrido. Por lo tanto, es un elemento esencial del homicidio o de las lesiones.

A mi entender, el delito está bien tipificado en los casos de violencia psíquica, no así en los de violencia física, porque los subsumen otras conductas a las que el Código Penal les asigna mayor penalidad.

En esta materia, los miembros de la Comisión de Familia deberían considerar el artículo 10 que, en definitiva, habla de cómo la violencia física y psíquica constituye una agravante de los delitos sexuales o de la violación. Me parece que si hubo violencia física y se causó la muerte o lesión, más que un tipo especial como el del artículo 8º, esa acción debería ser una agravante en los delitos respectivos. Falta afinar la parte penal. Por eso, le pido a nuestro ilustre profesor Bustos que lo revise y lo adecue, porque según mis conocimientos de derecho penal está bastante alejado de lo que corresponde a los tipos penales, sus agravantes o cómo se deben establecer los concursos.

Otro punto que me preocupa tiene que ver con el registro especial. No logro entender cuál es la razón de crearlo, porque cuando una persona es procesada o condenada por un delito -y aquí estamos hablando de delitos-, inmediatamente se anota en su prontuario y aparece en el certificado de antecedentes que emite el Registro Civil , información cuyo envío puede pedir el juez incluso por fax o e-mail. Entonces, no entiendo cuál es la necesidad de tener un registro especial en los casos de violencia doméstica. Si los tribunales establecen la existencia de un delito, como tal, debe quedar registrado.

Hay casos de violencia que van a ser tramitados en los tribunales de familia. Nos demoramos muchísimo en establecer un sistema para tratar de la mejor forma posible el tema. Incluso, en ese minuto estuve en desacuerdo con la diputada Saa . Ella decía que la mediación no debía aplicarse y mi posición era la contraria, porque me parecía que era posible. Debo confesar que me di vuelta y que ahora estimo que efectivamente la mediación no es posible en materia de violencia intrafamiliar. Pero también debo confesar que tras leer el proyecto me surgieron dudas respecto de cuál es el límite que determinará la competencia de los tribunales de familia y la de los tribunales penales. No está bien definido, y ello es básico para que la normativa surta efecto, ya que con promover cuestiones de competencia entre los jueces de familia y los jueces penales, para “tirarse” las causas de violencia intrafamiliar de un lado para otro, no aportaremos mucho a mejorar lo que hoy sucede entre los tribunales civiles y los del crimen. Por lo tanto, a este tema le falta algún expertizaje en materia penal y, eventualmente, procesal.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL (doña Ximena).-

Señora Presidenta , con horror vemos cómo día a día la violencia se apodera de la vida familiar y de nuestro entorno; inclusive la violencia institucionalizada, que se aplica con actitudes y prácticas que todos quisiéramos desterrar, sancionar y, en definitiva, eliminar. La violencia está presente con inusitada profusión en los medios de comunicación, mucho más de lo razonable para la formación de nuestros niños y jóvenes; se manifiesta con idéntica frecuencia y cantidad en todos los estratos sociales, sin mediar razón ni diferencia; en fin, su presencia dañina nos envuelve. Pero este diagnóstico no puede minar nuestra vocación que nos mantiene de pie en la lucha contra la violencia, en cualquiera de sus formas y manifestaciones.

La regulación de la violencia por parte del Estado debe ser idónea para prevenir y disuadir la comisión de los delitos, dejando como última ratio el uso de la fuerza. Con mayor razón en el caso de la violencia entre familiares, parientes o consanguíneos, en el que debe explicarse un tratamiento adecuado, pero a la vez enérgico, a fin de reprimir las conductas que podrían generar violencia.

La violencia al interior de la familia ha sido en todo tiempo una de las más penosas lacras de nuestro país, pero ha existido una violencia interfamiliar soterrada, escondida. De la espiral de la violencia nacen los conflictos. Un agredido es un agresor. Ésa es la gran conclusión que podemos sacar de los que día a día vemos publicado en la prensa; casos que nos espantan, pero que, al parecer, no nos conmueven lo suficiente como para acelerar la aprobación de las modificaciones legales, tan importantes para la tranquilidad de las familias violentadas.

Si como país nuestra aspiración superlativa es el desarrollo, el crecimiento con equidad y los índices sostenidos de cifras favorables para la economía, las miles de mujeres y niños cruel y brutalmente golpeados no nos permiten siquiera intentar considerarnos un país en vías de entrar en el siglo XXI. La macabra y cotidiana ocurrencia de casos de violencia intrafamiliar nos recuerda que el crecimiento como sociedad tiene íntima relación con la adecuación de nuestras conductas y valores a la dignidad de los seres humanos. Sin seres humanos dignos no hay opción de desarrollo. La violencia física y psicológica desgarra a la persona y la despoja del sentido de humanidad básico para relacionarse con los demás. Por eso, siempre detrás de un agresor hay un ser humano menoscabado.

La nueva ley, que reemplazará a la que hoy existe, hará responsables y sancionará a los agresores. La ley actual, sin duda, ha sido un aporte y un avance, pues, de alguna manera, ha servido de base para que el legislador enfrente más decididamente el tema, creando una normativa que aborde de mejor forma la situación de quienes son maltratados al interior de una familia. Claramente, tales esfuerzos no han sido suficientes. Estas palabras pueden parecer dramáticas, pero la realidad es un verdadero drama para los involucrados. No debemos olvidarnos de eso.

Estamos dando un nuevo paso que renovara las esperanzas de las víctimas de violencia intrafamiliar, drama que se vive en miles de hogares. Los esfuerzos que hemos realizado los integrantes de la Comisión de Familia han sido muy conscientes -y esperamos que fecundos-, puesto que hoy existen mayores facultades para que el juez dicte medidas cautelares, imponga sanciones mayores y, en un futuro próximo, pueda aplicar con más rigor la nueva ley, que subsana los defectos de la actual, como las conciliaciones falsas, avenimientos inexistentes en que el integrante proveedor de la familia dicta las pautas forzosas bajo las cuales se consiguen acuerdos en tribunales, dejando a las víctimas en una sola posición: la de seguir callando y soportando las reiteradas conductas de maltrato a cambio de la provisión de las necesidades de la familia.

Este proyecto define de manera muy clara el concepto de violencia intrafamiliar y, en tal sentido, avanza muchísimo en relación a la ley vigente.

También se regulan los delitos-faltas que serán conocidos por los tribunales de familia; o sea, conductas que se conocerán y sancionarán en sede jurisdiccional. Para estos efectos el juez podrá castigar al agresor con las sanciones de prisión, reclusión nocturna, multas de hasta 15 unidades tributarias y, además, será obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hayan ocasionado con la ejecución del acto de violencia intrafamiliar.

Se establece el simple delito de violencia intrafamiliar, que será conocido por el juez competente de la judicatura penal, estableciéndose pena privativa de libertad menor en sus grados mínimo a medio.

Otro acierto del proyecto son las sanciones accesorias que pueden acompañar a la falta o al simple delito y que consisten en la obligación de abandonar el hogar común, asistencia obligatoria a programas terapéuticos y prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido, todo lo cual tiene por finalidad conseguir el objeto del proyecto: proteger la integridad física y síquica y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar.

En todo caso, debo señalar que en la iniciativa que establece los juzgados de familia se encuentra una figura llamada “suspensión condicional de la dictación de la sentencia”, de dudosa constitucionalidad -tendrán que verla los abogados-, la que llevada al derecho de familia puede causar algunos problemas en término del no cumplimiento de la obligación de los jueces de dictar sentencia en los casos de que conozcan. Creo que eso es materia de revisión.

De lo dicho, no queda más que señalar las ventajas del proyecto, a fin de poner al alcance de la ciudadanía una judicatura especializada y tendiente a generar, de una vez por todas, jueces, funcionarios, tribunales y partes que persigan la dignidad del individuo por medio de la negación de la violencia, que en un Estado democrático de derecho viene dado por la aplicación de fuerza sólo por los tribunales establecidos de conformidad con la ley.

Es urgente efectuar la votación de este proyecto, razón por la cual invito a mis colegas a apoyarlo.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel( Presidenta ).-

Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer , señora Cecilia Pérez.

La señora PÉREZ, doña Cecilia ( Ministra del Servicio Nacional de la Mujer ).-

Señora Presidenta , más allá del hito que significó la dictación de la ley Nº 19.325, que hoy constituye una etapa cumplida en materia de protección legal y judicial en el tema de violencia intrafamiliar, quiero destacar los principios que concurren a la discusión de esta modificación legal, como lo vimos en el debate en la Comisión de Familia y hoy en la Sala de la Cámara.

Se trata de principios que desde la década pasada comenzaron a tener gran vigencia en nuestra sociedad. Los vinculados a la protección de los derechos humanos, convertidos, además, como principios de legitimidad de nuestro sistema democrático y el reconocimiento público de que al interior de la familia se producían importantes vulneraciones a los derechos esenciales de las personas fue lo que hizo imperiosa, en ese entonces, en 1994, y lo vuelve a hacer hoy, la posibilidad de extender su protección al ámbito de las relaciones privadas, temas que recién entonces empiezan a dejar de ser tabú en nuestra sociedad.

Existe hoy más que nunca consenso de que la violencia intrafamiliar es un fenómeno social y cultural por su magnitud, por su multicausalidad y por los graves efectos que produce a nivel individual, familiar y social. A nivel mundial, casi la mitad de las muertes de mujeres lo son por homicidio en manos de sus propios maridos o de sus parejas actuales o anteriores. En Chile, la mitad de las mujeres ha experimentado situaciones de violencia física y, una de cada diez, de violencia sexual. Tres de cada cuatro niños ha sufrido algún tipo de violencia de parte de sus progenitores. De ellos, uno de cada tres sufre maltrato grave.

Es más, los últimos datos indican que la violencia intrafamiliar constituye un problema de seguridad pública. Las 75 mil denuncias al año por ese concepto triplican las que recibe la policía por delitos de robo con violencia. Por ello, el Estado asumió compromisos: en 1979, con la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer; en 1991, con la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, y en 1994, con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o Convención de Belén Do Pará-. Desde un primer momento, los gobiernos democráticos diseñaron e implementaron medidas para dar cumplimiento a estos compromisos internacionales, a fin de convertir la violencia intrafamiliar como un espacio real y concreto de política pública.

En el ámbito de la protección, hoy contamos con más de sesenta centros de atención y prevención para víctimas de violencia intrafamiliar, de delitos violentos o de maltrato grave de niños. Hoy se cuenta con una enorme red de fonos para denunciar, que funcionan las 24 horas, en Carabineros, en el Servicio Nacional de la Mujer, (Sernam) en la Fundación Integra, en el Servicio Nacional del Menor, (Sename) y en el Ministerio de Educación. Se han establecido convenios con colegios profesionales de abogados, de sicólogos y de asistentes sociales, lo que da cuenta de la existencia de más de 164 redes locales en todo el país para trabajar en la prevención comunitaria de la violencia intrafamiliar. Se lleva a cabo la capacitación y formación de educadores de párvulos, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), y de más de cinco mil docentes de enseñanza básica, a través del programa Resolución no Violenta de Conflictos. Asimismo, se han firmado convenios con la Asociación Chilena de Municipalidades, entre otras, y se han hecho campañas de sensibilización e información de la población en el tema.

En el ámbito de la capacitación, cabe destacar el trabajo hecho al interior de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y de Carabineros de Chile. En esta última institución se incorpora la asignatura de violencia intrafamiliar en la malla curricular de las escuelas de oficiales, suboficiales y de formación policial.

En el ámbito legislativo, quiero dar relevancia al rol que han jugado los parlamentarios, desde la recuperación de la democracia, quienes han aprobado anualmente el presupuesto en esta línea de política pública y también el último acuerdo de protocolo Nº 91 de la Cámara de Diputados, que permitió el año pasado contar con una adhesión importantísima a la campaña de protección y prevención de la violencia intrafamiliar, a través de la red Protege.

No obstante estos tremendos esfuerzos desplegados por el sistema democrático, el problema de la violencia en la familia sigue afectando seriamente a nuestra sociedad. La dictación de la ley Nº 19.325, en 1994, representó un avance fundamental en la erradicación de la violencia ejercida al interior de las familias. Expresó la reprobación explícita del Estado a estos actos y el reconocimiento de su ilegitimidad como forma de resolver conflictos al interior de la familia. Otorgó, bajo una nueva concepción, facultades para adoptar medidas de protección, tanto personales como patrimoniales. Los estudios acerca de la aplicación de esa ley permitieron constatar que, luego de la denuncia, las agresiones no volvieron a producirse en un 47 por ciento de los casos y que disminuyeron su frecuencia en el 25 por ciento de ellos.

Sin embargo, las cifras de esas evaluaciones también dicen que sólo se pidieron medidas cautelares en el 20 por ciento de los casos y que se concedieron en un 7 por ciento de ellos. Durante 2001, hubo un 20 por ciento de reincidencia por parte del agresor.

Durante sus casi diez años de vigencia se han dictado poco más de cinco mil sentencias condenatorias frente a las setenta y cinco mil denuncias, y en el 92 por ciento de las causas, éstas terminan por conciliación judicial.

Es indiscutible que esta ley demanda cambios sustantivos y procesales. Estos últimos -como aquí se ha recordado- ya fueron abordados en el proyecto que crea los tribunales de familia y que hoy se discute en la Comisión de Constitución del Senado.

En este marco, el Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva a la moción de las diputadas señoras Saa y Muñoz para modificar sustancialmente la señal política que una ley como ésta entregará a la sociedad para erradicar el tema de la violencia intrafamiliar.

El proyecto tiene por objeto proteger la integridad física y psíquica y la seguridad de las víctimas de violencia intrafamiliar, y regular las consecuencias y sanciones de esta violencia. Extiende el concepto de violencia intrafamiliar, protegiendo nuevos bienes jurídicos. Asimismo, da amparo a personas con relaciones de afectividad no consideradas en la ley N° 19.325, como aquella que existe entre dos personas que, teniendo descendencia común, no han convivido con los ascendientes de aquella persona con quien existe el vínculo matrimonial o de convivencia.

Mejora la protección de la víctima. Especial relevancia reviste en esta materia el fortalecimiento de las atribuciones, tanto de los jueces como de la policía, para adoptar medidas de protección; tema que esta Cámara acogió hace unos días al aprobar el proyecto que crea los tribunales de familia.

Aumenta y establece nuevas penalidades para los actos constitutivos de violencia intrafamiliar. Aumenta la penalidad a fin de enfatizar la necesidad de reproche social de los actos de violencia intrafamiliar, aumentando el monto de las multas, el mínimo de tiempo de prisión e incorporando la reclusión nocturna.

Se ha eliminado la posibilidad de conmutar la sanción impuesta por trabajos en beneficio de la comunidad.

Quiero resaltar -como lo han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra- la capacidad que entrega esta ley para autorizar o imponer, en carácter de sanciones accesorias, las observancias de protección. Su cumplimiento, además, condicionará la vigencia de las formas alternativas de cumplimiento de la pena, en caso de que éstas hayan sido concedidas. Adicionalmente, la sentencia podrá obligar al pago de los perjuicios patrimoniales ocasionados por los actos de maltrato.

Se incorpora el delito de maltrato habitual para quien ejerza habitual, permanente o constantemente la violencia física o psíquica, de acuerdo con la observación y estudios hechos -a partir de esta ley- de la legislación comparada en países mucho más avanzados que nosotros.

La señora ALLENDE, doña Isabel( Presidenta ).-

Señora ministra, le pido redondear la idea, pues ha terminado el Orden del Día.

La señora PÉREZ, doña Cecilia ( Ministra ).-

Termino enseguida.

Es el caso de la legislación española, que después de diez años de aplicación de la ley de violencia intrafamiliar, ha tenido que incorporar la figura del delito de maltrato habitual. Asimismo, a quien cometa un delito en contra de una persona amparada en la ley de violencia intrafamiliar se le impondrá una pena agravada por tal circunstancia.

Sin duda, todas las modificaciones incorporadas en la ley -presentadas a vuestra aprobación junto con el nuevo procedimiento ya aprobado por esta Cámara en el marco del proyecto que crea los tribunales de familia- permitirán contar con una herramienta legal y una respuesta mejor, eficiente y protectora de derechos tan fundamentales de las personas por parte del Estado, como los de la integridad física, psíquica y sexual en el espacio más íntimo, que es la familia.

Por último, aquí está la posibilidad de dar una respuesta integrada y de primera categoría a un asunto que, al parecer, hoy no tiene ese estatus y estándar en la discusión de nuestros debates públicos, familiares y personales.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel( Presidenta ).-

Señores diputados, como hay varios diputados inscritos y el tema es de mucha importancia, pido el acuerdo para agregarlo a la Tabla de mañana para continuar su discusión.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Ha terminado el Orden del Día.

1.8. Discusión en Sala

Fecha 02 de julio, 2003. Diario de Sesión en Sesión 12. Legislatura 349. Discusión General. Se aprueba en general.

NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Primer trámite constitucional. (Continuación).

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

A continuación, corresponde continuar la discusión del proyecto, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.325, sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

Tiene la palabra el honorable diputado señor Gonzalo Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ .-

Señor Presidente , es difícil expresar de manera suficientemente categórica mi acuerdo con las medidas destinadas a sancionar de manera ejemplarizadora los delitos que se producen al interior de la familia especialmente cuando ellos están revestidos de violencia.

Sin duda, la violencia intrafamiliar constituye una de las situaciones más difíciles de sostener y, por lo tanto, es menester reprimirla y sancionarla duramente. Es atroz y se ejerce, en general, sobre personas físicamente más débiles: niños y mujeres. Además, las víctimas sienten un temor reverencial frente a sus agresores, lo que les impide una adecuada defensa. En este tipo de violencia predomina el matonaje, que es, a la vez, una agravante por la responsabilidad de los hechores frente a sus víctimas.

Por otra parte, la comunidad nacional es cada vez más sensible frente a estos actos; cada vez se genera un sentimiento de mayor rechazo y de exigencia a los poderes públicos para que les pongan término y establezcan las sanciones necesarias para castigar a los hechores, y, así, evitar que acaezcan nuevos hechos de esta naturaleza.

El proyecto en discusión modifica textos legales anteriores e incorpora nuevas disposiciones. En general, castiga las conductas violentas, pero deja incólumes las causas que las producen. Es cierto que éstas pueden ser muchas y que será muy difícil erradicarlas del todo; pero, por lo menos, lo que se puede pedir al Ejecutivo es que sea congruente y que, junto con sancionar las conductas que tipifican la violencia intrafamiliar, a la vez implemente las políticas públicas necesarias para disminuirla o eliminarla.

La causa más importante de la violencia intrafamiliar sigue siendo el adulterio; es decir, la falta de fidelidad a los compromisos matrimoniales. Obviamente, el adulterio provoca en el cónyuge engañado una reacción que lo incita a la violencia, o que provoca, en definitiva, esa situación al interior del hogar.

Por lo tanto, si se establecen sanciones a la violencia intrafamiliar, también se debe procurar ponerle remedio, pues ella se extiende como una lacra y un cáncer entre las familias. No se trata de reponer el adulterio como delito, sino de dejar en claro que, con la despenalización de dicha figura, se envió a la sociedad chilena el mensaje de que para el Estado es irrelevante que los cónyuges mantengan sus promesas matrimoniales. Eso fue extremadamente grave en su momento y sigue siéndolo ahora.

Quiero llamar la atención frente al hecho de que, si bien con justa indignación, castigamos las conductas de violencia intrafamiliar, poco o nada hacemos por prevenir sus causas. La promoción entre la juventud del sexo seguro y la incitación a la frivolidad en el manejo de la sexualidad y de la práctica de actos sexuales fuera del matrimonio, lleva a la desvalorización de esa institución y de la nobleza de las personas, lo que suele ser causa de violencia intrafamiliar.

La promoción que hacen los medios de comunicación de cuanto escándalo conyugal existe en el país -en especial si es de gente relativamente conocida-, constituye, sin duda, una de las causas de la violencia intrafamiliar. En las últimas semanas, a propósito de la separación de una conocida ex figura de la televisión, hemos visto cómo los medios de comunicación se han dado un banquete al promover y mostrar, casi como una cosa magnífica y deseable, ese tipo de situaciones. Esos medios practican un verdadero chantaje al ofrecer sus portadas y páginas a las personas que provocan ese tipo de escándalos. Hay una irresponsabilidad generalizada en esta materia. Por supuesto, no pretendo erigirme en censor de tal actitud, sino simplemente señalarla como una de las causas más importantes de la violencia intrafamiliar.

Si no ponemos término como sociedad a ese tipo de situaciones, si no las erradicamos de la cultura nacional ni promovemos las conductas que tienen por objeto la fidelidad al interior del matrimonio y la responsabilidad en la educación de los hijos -con medios de comunicación social y políticas públicas que tiendan a la orientación de la sexualidad responsable de nuestros jóvenes-, no podremos quejarnos después de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, la cual a todos nos duele, afecta y horroriza.

Anuncio mi voto favorable al proyecto, pero quiero dejar en claro que poco ganaremos con sancionar las conductas si no remediamos sus causas.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la honorable diputada Alejandra Sepúlveda .

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-

Señor Presidente , no pude dejar de sorprenderme con las cifras que entregó la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer . Me conmovieron por su crudeza y por el hecho de imponerse de que la violencia intrafamiliar afecta fundamentalmente a la mujer.

Como presidenta de la Comisión de Familia, quiero agradecer al diputado señor Barros por el extenso y completo informe que entregó ayer a la Cámara.

El 27 de agosto próximo se cumplirán nueve años de la publicación de la ley Nº 19.325, y es importante analizar los avances que ha habido desde 1994.

En primer lugar, hizo visible la violencia intrafamiliar. En efecto, desde ese momento pudo hablarse sin tapujos al respecto. Al mismo tiempo, ha sido posible comparar cifras y cuantificar el problema.

Sin duda, hoy nadie discute el tremendo reproche social que significa la violencia intrafamiliar. Sin embargo, algunas dificultades han motivado la modificación que se propone. Entre ellas, visualizo seis: al abandono prematuro de los procedimientos por denuncias de violencia intrafamiliar; la reducida eficaces de las medidas cautelares; la sobrecarga administrativa, de la judicatura, que ha hecho imposible llegar a un buen fin a los casos; los avenimientos absolutamente inducidos; la victimización secundaria de muchas de las mujeres, y la revisión del cumplimiento de las sentencias?

Al respecto, quiero pedir, por su intermedio, señor Presidente, a la señora ministra una revisión del cumplimiento de las sentencias y de los avenimientos que ha habido a partir de 1994.

En la Comisión de Familia se escuchó a numerosos expertos y expertas en violencia intrafamiliar. Sin duda, uno de los datos más relevantes fue que, en promedio, después de siete años que una mujer la sufre, recién se atreve a presentar la denuncia.

Surgieron muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la violencia intrafamiliar se reitera? ¿Qué pasa cuando, después de la denuncia, la mujer vuelve a recibir golpes? ¿Qué se entiende por habitualidad? ¿Cómo se evitará la repetición del problema al interior de la familia? ¿Quiere darse una señal social? ¿Se quiere dejar de tratar como una falta el hecho de que un hombre le pegue a una mujer, permanentemente por más de siete años? ¿Qué pasa con la protección de la vida y de la dignidad de las mujeres al interior de la familia?

Por eso, fue importante concluir, primero, que se debe ampliar el concepto de violencia intrafamiliar e incorporar el de integridad sexual.

Además, fue importante definir y ampliar el concepto de familia. Hay un problema complejo en el caso del conviviente que se ha retirado del hogar y no vive bajo el mismo techo. Por un período que también se define, la mujer que sufre abusos en este caso deberá estar bajo el amparo de esta ley.

Otra importante modificación se discutió con la general Mireya Pérez , a fin de facultar a Carabineros para entrar en un hogar sin autorización de un juez cuando se percate de un problema de violencia intrafamiliar.

Por otro lado, es necesario ampliar las medidas cautelares de manera de prevenir muchas de las situaciones que hoy se enfrentan.

Se incorporan sanciones accesorias para la protección de la vida de muchas mujeres que sufren violencia intrafamiliar.

La Comisión de Familia quiere dar una señal social con el proyecto. Por eso, varios no estamos de acuerdo con suspender condicionalmente la sentencia.

Por otro lado, debe discutirse con mayor profundidad la mediación, porque las mujeres hoy no están en condiciones de enfrentarla.

Espero que las indicaciones no alteren el sentido que ha querido dársele al proyecto. Por ello, solicito que los diputados integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia asistan a la Comisión de Familia, porque nos parece importante dar la señal social de que la violencia no es la forma de relacionarse al interior de la familia.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Ramón Barros.

El señor BARROS.-

Señor Presidente , la publicación de la ley Nº 19.325, en 1994, constituyó un hito en la historia legislativa del país, porque desde ese año se reconoce y castiga expresamente la violencia intrafamiliar.

Se han tomado importantes medidas para prevenir y rehabilitar a las víctimas de este problema; se ha capacitado a 15 mil funcionarios de educación, salud, poder judicial, municipalidades y policías, principalmente a Carabineros de Chile, en materia de violencia intrafamiliar. Todos ellos se han comprometido a atenderla y a prevenirla.

En ese sentido, cabe destacar que Carabineros de Chile es la institución que ha invertido mayores recursos en la materia, al crear la Dirección de Protección Policial de la Familia y la Comisaría de Asuntos de la Familia, e incorporar 27 secciones especializadas.

Asimismo, en la malla curricular de las escuelas de oficiales, suboficiales y de formación policial se ha incorporado como asignatura la de violencia intrafamiliar.

El proyecto en análisis, en la práctica, sustituye la ley Nº 19.325, pues durante su aplicación se han detectado varias fallas, en especial en materia de competencia de los tribunales civiles. En el corto plazo, los tribunales de familia contribuirán decisivamente a canalizar y facilitar los procedimientos de los problemas de la familia.

Antes de entrar en los aspectos sustantivos del proyecto, quiero recalcar algunas consideraciones que no podemos perder de vista.

En primer lugar, la familia sigue siendo el núcleo humano dentro del cual aprendemos a entregar afecto y protección. No obstante sancionar situaciones lamentables y reprochables que ocurren al interior del hogar, como aquellas de las que el proyecto de ley se hace cargo, sin duda, el desafío de nuestra sociedad es reforzar a la familia como el lugar de privilegio, en el que nos sentimos más queridos y respetados. En ese sentido, nuestra responsabilidad, además de sancionar conductas de violencia intrafamiliar, es encontrar fórmulas para prevenirlas, proteger a sus víctimas y rehabilitar a los agresores. Quiero reafirmar, una vez más, que si bien es cierto que esta ley castiga a quienes ejercen violencia intrafamiliar, con la amplitud que define el texto -que espero se apruebe por amplia mayoría-, deberemos seguir trabajando, en forma simultánea, en el fortalecimiento de nuestras familias para ir revirtiendo las cifras que ayer entregó la señora ministra, los cuales, muchas veces, nos dejan consternados. Cuando uno representa o proviene de distritos rurales, se da cuenta de que, incluso, las cifras quedan todavía cortas. Hay una zona oscura. En muchas partes, como consecuencia de la falta de vías, por miedo, lejanía o falta de conocimiento, aún no se denuncia la violencia intrafamiliar. Se impone un cambio cultural completo al respecto. Por eso, hay que fortalecer la familia, como asimismo educar y provocar ese cambio cultural a través de la divulgación de los contenidos del proyecto de ley en discusión.

Uno de los aspectos sustantivos que aborda la indicación sustitutiva es la definición del acto constitutivo de violencia intrafamiliar, que abarca ahora la integridad física, psíquica y sexual. Se amplía el número de personas protegidas y se aumenta la penalidad a fin de enfatizar el reproche social que existe respecto de los actos de violencia intrafamiliar. Actualmente, la sanción de privación de libertad es de uno a sesenta días. Por el proyecto se aumenta de siete a sesenta días, sin posibilidad de conmutación de la pena -como ocurre hoy-. Se agrega la reclusión nocturna, de quince a ciento veinte días.

En la Comisión se discutió sobre la posibilidad de aplicar la reclusión nocturna en función de que personas de sectores más desposeídos puedan cumplirla, pero también continuar en su trabajo y no perderlo.

Se incorpora el delito de violencia intrafamiliar en el sentido de que el que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica, o ambas, en contra de alguna persona, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de que el hecho merezca una pena mayor. Asimismo, a quien cometa un delito en contra de una persona amparada por la ley de violencia intrafamiliar, se le impondrá una pena agravada dadas las circunstancias.

Se permite que las medidas de protección se fijen como sanciones accesorias, por un plazo determinado, por un juez, quien, a partir de la ley de Tribunales de Familia, estará capacitado en los temas de la familia.

También se encuentra pendiente concordar con el ministro de Salud una indicación aditiva sobre la asistencia a programas terapéuticos.

Respecto de las medidas de protección, cualquier tribunal de familia, penal o que ejerce jurisdicción en asuntos de familia, que tome conocimiento de un acto de violencia intrafamiliar, deberá adoptar de inmediato las medidas de protección que correspondan en favor de aquellos que se sientan intimidados, aun cuando pudiera ser incompetente.

Se incorporan nuevas medidas, tales como la prohibición para portar y tener armas de fuego, y la fijación de alimentos provisorios, cuando se disponga la salida del agresor del hogar común.

La sentencia podrá obligar al pago de los perjuicios patrimoniales, e imponer, además las sanciones y medidas de protección.

Como se puede apreciar, el proyecto mejora sustancialmente lo que hoy tenemos, y creo que, a partir del pleno funcionamiento de los tribunales de familia, en esa instancia vamos a tener otra herramienta para el tratamiento de estos problemas, incluidos los de violencia intrafamiliar.

Señor Presidente , vamos a votar a favor el proyecto. Reitero que debemos seguir fortaleciendo la familia y, simultáneamente con castigar, educar. Espero que el proyecto sea aprobado en forma unánime. Además, agradezco -por su intermedio- a la presidenta de la Comisión su elogio, a mi entender absolutamente inmerecido, y a la Comisión, el trabajo realizado.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, nadie duda de la importancia del proyecto. El diputado informante ha sido suficientemente claro en insistir en la importancia de mejorar la legislación sobre violencia intrafamiliar. Creo que en eso existe un acuerdo general.

Un proyecto de esta naturaleza, tal vez de la misma importancia del primero, relativo a la transmisión de los bienes, persigue un objetivo de fondo, cual es la integridad física y psíquica de las personas.

Desde comienzos de los años ’90, el trabajo del Sernam, a través de las antecesoras de la ministra Pérez , las señoras Soledad Alvear , Bilbao y Delpiano , ha dado cuenta de la necesidad de que nuestra sociedad se haga cargo de un problema real, que normalmente, estaba escondido, puertas adentro.

A alguien le comenté la siguiente anécdota que me ocurrió hace ya veinte años:

Cuando era estudiante de derecho, me dirigía, junto a otro compañero, al juzgado del crimen ubicado en la avenida España. Al salir del Metro, vimos a una pareja que discutía. La discusión se complicó y el hombre le dio un golpe en la cara a la mujer. Nos acercamos a espetarle su actitud cobarde; pero nuestra sorpresa fue muy grande cuando la víctima nos dijo que no nos metiéramos en problemas de pareja. Nos alejamos de allí muy complicados.

Esa reacción es cada vez menos común en nuestra sociedad, como consecuencia del trabajo que han hecho, particularmente, las mujeres, en el sentido de hacer público un problema que era considerado de puertas adentro. Se decía que lo que sucedía puertas adentro, quedaba puertas adentro. ¡Mentira! Si alguien sabe que un vecino golpea a sus hijos o a su mujer, no puede sino denunciarlo. No hacerlo es un acto de cobardía. Eso no es entrometerse en la intimidad; es, simplemente, testimoniar un acto delictual. A mi juicio, el proyecto progresa bastante en esta materia. Pero, no obstante que progresa, como suele ocurrir, hay distintas visiones. Por eso, con los diputados Saffirio y Silva hemos presentado una indicación -entiendo que los diputados Araya y Ojeda han propuesto otras-, a fin de perfeccionar la normativa penal contenida en el proyecto. Asimismo, me parece buena la decisión de votarlo sólo en general para que vuelva a la Comisión de Familia y se escuche a quienes hemos hecho indicaciones. Particularmente en nuestro caso, no se entiende mucho que la connotación sexual se encuentre sólo en un artículo. O está en todos o no está. De lo contrario, va a prestarse para confusión a la hora de la interpretación.

Respecto de la circunstancia agravante de responsabilidad penal -que está más en tela de juicio por el diputado Araya -, sostener que siempre procederá es muy riesgoso. Siempre debe existir, por parte del juez, la posibilidad de calificarla y no obligarlo a aplicarla en todos los casos.

Por último, en el caso del artículo 2º, no obstante tratarse de maltrato, es conveniente decir que si la conducta constituye un hecho típico, un delito que tiene mayor sanción, se aplicará ésta como se señala en el artículo respecto de la habitualidad.

Estas consideraciones son menores y no dicen relación con el fondo del buen proyecto que nos ha presentado la Comisión de Familia, que responde a la intención histórica de avanzar en un tema que, desgraciadamente, sigue siendo bastante común en nuestra sociedad. Tengamos en cuenta que entre las últimas cifras sobre delitos de mayor connotación social entregadas por el Ministerio del Interior la semana pasada, la que más crece es la relativa a la violencia intrafamiliar. Probablemente, en este caso crece mucho porque hay más denuncias, porque la brecha entre la cifra negra y la denuncia se ha acortado debido a que hay más posibilidades y la gente se atreve más. Entonces, no es necesariamente una mala noticia el hecho de que aumenten las denuncias, porque, a mi juicio -reitero-, ello, en gran parte, se debe al hecho de que hoy la sociedad se atreve mucho más a denunciar este tipo de delito.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas.

El señor ROJAS.-

Señor Presidente , el tema que hoy discutimos es bastante complejo en la Segunda Región por las características que señalaba el diputado Gonzalo Ibáñez respecto de la situación y causas que generan la violencia intrafamiliar. Ciertamente, a propósito del análisis del proyecto, y de acuerdo con lo que la gente perteneciente a la Red contra la Violencia Intrafamiliar de Antofagasta me ha entregado -con la que estoy trabajando en conjunto sobre la materia-, nos preocupa cómo nace la violencia intrafamiliar. Muchas veces vemos que los problemas familiares se producen, básicamente, por la falta de trabajo y de recursos para el hogar.

Por otro lado, hoy la Segunda Región tiene el problema de los turnos mineros. Allí, los sistemas de turnos “cuatro por cuatro” o “siete por siete” generan problemas sociales muy fuertes de desvinculación familiar. De una u otra forma, también vivimos esa situación los parlamentarios que no residimos en la capital ni en Valparaíso, quienes debemos viajar, permanecer acá durante cuatro días y dejar a la familia, quizás varios de nosotros incluso, hasta abandonada.

Entonces, si bien este proyecto apunta a buscar una solución al problema, debe buscarse también un grado de solución en sus causas. Sé que es difícil modificar los turnos en la Segunda Región, pero tenemos que buscar mecanismos para que aquellas empresas que hoy están instaurando ese tipo de turnos, ofrezcan complementos en áreas como relaciones laborales, recursos humanos, apoyo de psicólogos, asistencia familiar, etcétera, como asimismo para que las familias también se integren y participen activamente en el desarrollo laboral, en los casos en que el trabajador deba ausentarse de su hogar por períodos muy prolongados.

Por otro lado, el concepto de violencia intrafamiliar debiera ampliarse. Hoy no se produce sólo en el hogar -así lo definimos-, puesto que, lamentablemente, ya en la edad del pololeo los jóvenes se agreden. Además -quiero ser responsable en mis dichos-, debemos entender que la violencia intrafamiliar no sólo afecta a la mujer sino también al hombre.

El diputado señor Ibáñez nos planteaba la reacción del marido frente al adulterio de su mujer. Situaciones como ésta hay que tenerlas presente. Por lo tanto, ojalá que este proyecto, al volver a la Comisión, sea perfeccionado.

Primeramente debemos ampliar la expresión “violencia intrafamiliar”. Podríamos decir que esta violencia, incluso, se ve a nivel escolar, porque las vicisitudes que se dan en la relación del pololeo se aproximan muchísimo a las de la pareja de adultos. De acuerdo con el estudio que nos entregaron profesores, hay pololos que se agreden en el colegio. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre frente a esa situación?

Enseguida, otro de los importantes temas que aborda el proyecto es el de la terapia. Nadie duda de que un trabajo con especialistas -sicólogos, siquiatras- ayuda a limar asperezas o a resolver un problema que obstaculiza el crecimiento y la formación de una familia. Tal vez, traumas que vienen desde hace un tiempo, con la ayuda de estos profesionales podrían desaparecer. Lo aconsejable sería una terapia voluntaria y no una obligatoria o impuesta. Se trata, en definitiva, de que haya la posibilidad cierta de recuperar, al término de un tratamiento, el concepto de familia unida.

El sistema de pensiones alimentarias es otro de los temas que en definitiva hay que perfeccionar -y muchos amigos se han visto involucrados en esta situación-. Cuando una persona obligada a pagar alimentos no cumple, se le apremia y hasta se le detiene y encarcela. Lamentablemente, no tenemos una solución para ese apremio o castigo del alimentante que evite un deterioro económico y espiritual del grupo familiar. Muchas veces, la prisión del alimentante desafortunadamente lo hace perder su trabajo, con lo que se generan más problemas en el núcleo familiar.

Otro aspecto importante es radicar la denuncia en el tribunal que conoció del primer proceso, con el objeto de facilitar la tramitación del juicio y el esclarecimiento de los hechos.

Señor Presidente, no quiero extenderme en el tema. El hecho es que estamos dando un paso relevante para abordar un tema complejo y al cual no es ajeno la Segunda Región. En la medida en que establezcamos ahora disposiciones atendibles y reales, estaremos dando una señal muy positiva en el camino de solucionar un grave problema de convivencia.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta)-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.

El señor BUSTOS .-

Señora Presidenta , estamos ante un proyecto de ley de mucha importancia, porque se refiere precisamente a un tema que cruza no sólo a nuestro país, sino también a todos los países subdesarrollados y, asimismo, desarrollados, como Estados Unidos, Suecia, Francia o Alemania, donde acontecen todas las situaciones que se abordan en esta ley sobre violencia intrafamiliar.

Aquí hay un grave y profundo problema de carácter cultural: la violencia sobre aquel que tiene menos posibilidades de defenderse, sobre la persona desamparada desde el punto de vista físico. Eso ha hecho que este tema, dentro de la familia, haya quedado debajo de la mesa durante mucho tiempo. Sólo después de la Segunda Guerra Mundial se inicia un movimiento muy fuerte, en que la mujer recobra todos sus derechos, en la medida en que surgen las disposiciones y convenciones sobre el particular. Lo mismo sucede respecto de los derechos del niño como ciudadano.

En todos los países se cita reiteradamente aquella respuesta que se le habría dado a una mujer que fue a la policía o al tribunal a denunciar una agresión: “Por algo habrá sido que su marido la golpeó”. Eso, que uno lo escucha Suecia, en España, en Alemania y también en Chile, queremos superarlo completamente con un cambio cultural. Este tema debe ser abordado no sólo como materia de ley, sino también como un problema en nuestra educación. En los colegios, desde la educación primaria, debe enseñarse el respeto a los derechos y a la dignidad de las personas, en el sentido de que todos son iguales, cualquiera que sea su sexo o condición. Por ello, este proyecto es importante, pues más allá de lo jurídico, contempla también el aspecto educacional, formativo y cultural.

La primera ley dictada sobre esta materia -la Nº 19.325- marcó el rumbo en nuestro país, pues permitió que este tema se planteara en nuestra sociedad. La ley en tramitación, a cuyos redactores felicitamos, modifica la anterior en todos aquellos aspectos oscuros, equívocos o incompletos, especialmente en relación con el concepto de “violencia”, esto es, qué comprende y cuál es su ámbito denotativo. Evidentemente, la violencia puede no sólo ser física, sino también psíquica. Por ello, en el proyecto está comprendida no sólo la salud física, sino también la psíquica.

Por otra parte, también se amplía el ámbito de las personas que pueden ser objeto de violencia, dada la realidad de muchos hogares. En nuestro país recurrentemente hay convivientes o allegados dentro de las familias; en consecuencia, también a ellos se hace extensiva la norma. Ésta es una importante modificación, que profundiza el tema dentro de nuestra sociedad, más allá de los problemas que existen.

En mi opinión, el proyecto debe volver a la Comisión, porque presenta algunas imprecisiones graves, que han de ser solucionadas. La mayor de ellas es que no fija claramente el deslinde entre lo que son, según el Código Penal, los delitos de lesiones y lo que es violencia intrafamiliar. En principio, si el proyecto se aprobara en sus actuales condiciones, podría sostenerse que el infligir una lesión grave -de acuerdo a cómo la califica el Código Penal- a una persona, en virtud de la cual ésta queda demente, ciega o impotente, traería consigo para el agresor sólo la pena contemplada en esta ley, lo que no se condice con la intención que tuvieron sus redactores. Por eso, ahí hay un tema sumamente grave, desde un punto de vista jurídico y jurídico-penal, que tiene que ser debidamente esclarecido en la ley en tramitación, con el objeto de que no se permitan abusos en su aplicación práctica, sino que la problemática sea regida por la intencionalidad de esta ley: proteger mejor a la mujer, a los niños y a aquellas personas que sufren violencia dentro del hogar familiar.

Por eso, vamos a dar nuestro pleno respaldo a este proyecto, sin perjuicio de señalar que es necesario introducirle enmienda a varias de sus disposiciones, en especial en lo referente al primero de los problemas que he señalado, que recorre íntegramente este proyecto de ley. Por lo tanto, es indispensable una aclaración y una mejor precisión al respecto.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Ofrezco la palabra al diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señora Presidenta , efectivamente este constituye un avance en la ley Nº 19.325 -norma vigente- que, por primera vez, reguló y sancionó la figura de la violencia intrafamiliar. Efectivamente, estimo que la actual ley adolece de una serie de defectos que la debilitan y que, por lo mismo, generan expectativas que no han sido cumplidas, especialmente respecto de la mujer o del hombre violentado. La conciliación es una de las cuestiones que resulta necesario perfeccionar.

La tendencia de los jueces civiles era buscar figuras o espacios para que se pusieran de acuerdo los cónyuges, los contrayentes o la pareja, según fuera el estado civil correspondiente. En verdad, el tema de la violencia intrafamiliar va más allá de la simple disputa de carácter patrimonial entre los contrayentes.

De acuerdo con los estudios, la violencia intrafamiliar es un problema de carácter psicológico o psiquiátrico que muchas veces se hereda; por ejemplo, si el padre le pega a la madre, es muy probable que el hijo, que presencia la agresión, también golpee a su futura señora. O sea, los menores tienden a repetir las conductas de sus padres. Esta conducta también se puede homologar en lo que sucede con el alcoholismo y con la drogadicción. Reitero, hay una tendencia a la imitación.

Hay también caracteres de índole cultural, como bien se señaló en esta sesión y en la anterior. “Pego en lo mío” es una frase propia de una cultura totalitaria y autocrática. Por eso, este tema es de difícil tratamiento; tiene muchas aristas y no es una cuestión puramente civil, que fue el error que cometimos los legisladores al dejarlo en la sede civil. Sin embargo, este tema tampoco es puramente penal y en eso quiero llamar la atención. Considero que el tema de la violencia intrafamiliar no se va a resolver con disminuir o aumentar las penas. Este es un tema mucho más complejo y sofisticado. En esa línea, pregunto cómo se va a relacionar este proyecto de ley con el que ya aprobamos en materia de creación de los tribunales de familia, en el cual también hay un acápite o un título relativo al procedimiento de violencia intrafamiliar. Ahí tenía una duda que se la planteé a la ministra señora Cecilia Pérez para que me pudiera aclarar qué pasará con la mediación, por cuanto nosotros establecimos que ésta procedía cuando había acuerdo entre las partes. Entonces, ¿procede a todo evento? Está claro que cuando constituye delito otra sede jurisdiccional la conocerá, esto es, la penal, la criminal. Como aquí se ha hecho el esfuerzo -que me parece positivo- de clasificar la violencia intrafamiliar desde la simple pelea hasta el delito, quiero saber -en lo que se refiere a la competencia de los tribunales de familia- cómo se enlazará, en qué causas o situaciones tendrán competencia los tribunales de familia y en qué situaciones se procederá a la mediación.

Por otro lado, extraño -a menos que esté establecida en otra norma, por lo que puedo pecar de ignorante- una disposición que obligue al cónyuge, contrayente o pareja golpeadora, agresora, a hacerse un tratamiento siquiátrico a petición del juez o en virtud de una resolución judicial, de tal manera que responda a esta situación, que es un delito o figura con connotaciones de carácter siquiátrico bastante importantes.

Por otro lado, comparto lo mencionado por algunos parlamentarios en el sentido de que deberemos mejorar algunas figuras jurídicas. Por eso creo conveniente que el proyecto vuelva a la Comisión y formar una comisión conjunta con la de Constitución, Legislación y Justicia para hacerle una segunda revisión.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Carmen Ibáñez.

La señora IBÁÑEZ (doña Carmen) .-

Señora Presidenta , quiero hacer presente la tremenda significación que tiene este proyecto de ley para la familia y para nosotras, las mujeres.

Dentro de los puntos importantes de la iniciativa que hoy se vota en esta Cámara, resalta la clara y precisa determinación de la ilicitud de la violencia intrafamiliar, tipificándola como delito y describiendo la conducta como tal. También se destacan, entre otras cosas, la concepción amplia del concepto de familia, la protección de los bienes jurídicos ligados directamente a la persona y a su vida cotidiana, la consagración del poder cautelar de los jueces y, finalmente, la instauración de procedimientos breves para la solución de las controversias.

Por todo lo anterior y por las innumerables y necesarias medidas de protección que se consagran a favor de las víctimas, votaremos a favor de este importante proyecto.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar este proyecto de ley a las 12.40 horas, por lo cual pido el asentimiento de la Sala para que puedan hacer uso de la palabra los tres diputados inscritos que aún no han intervenido. Posteriormente, cerraré el debate para proceder a la votación del proyecto.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe) .-

Señora Presidenta , mi intención es respaldar la iniciativa. El diputado Jorge Burgos recordaba que hace 30 años una mujer que era maltratada por su marido rechazaba la defensa de terceros. En el pueblo esa realidad se conocía en forma más dura, porque cuando un marido en una población periférica y marginal golpeaba a su mujer, ésta terminaba diciendo “Para qué se mete en el problema, si mi marido es quien me está pegando?”

Entonces, hay múltiples causales, pero no quiero reiterarlo gratuita y oficiosamente. El tema cultural es la columna vertebral a la cual apelamos para muchas cosas. Tampoco podemos desconocer que hemos vivido en una sociedad muy violenta, violencia que es cohonestada por el mismo Estado. Efectivamente, ¿de qué nos extrañábamos cuando la televisión muestra a un torturado, a un desaparecido o a un degollado? Vivímos en una sociedad violenta.

De manera que hoy debemos incidir en el tema educacional. Queremos que en la malla curricular figuren los derechos humanos, el medio ambiente y, evidentemente la violencia intrafamiliar.

Celebro que con el advenimiento de la democracia también se traten estos temas, que antes no se discutían en ninguna parte y estaban escondidos. Hay múltiples causales para incluir esta materia.

Hemos atravesado momentos de verdadera enfermedad en nuestra sociedad. El diputado señor Luksic ha señalado algunos elementos psicológicos. Es obvio, porque no podemos hacer abstracción y expresar que esas causales son superficiales. Como he indicado, hemos vivido en una sociedad de mucha violencia y, por tanto, eso también ha repercutido en la familia. Incluso, hay un dicho popular que señala que si me crían con violencia y me maltratan, no puedo ser un padre que tenga otra conducta el día de mañana. De manera que este proyecto es sumamente importante.

Asimismo, deseo manifestar al diputado señor Gonzalo Ibáñez que estos problemas no sólo se resuelven con castigos severos. Apelo nuevamente a los temas educacional y cultural.

Por eso, apoyo este proyecto y tengo claro que la unanimidad de la Sala lo va a respaldar, dada la importancia que tiene sobre todo para el futuro de nuestra sociedad.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señora Presidenta , ya se ha dictado lo importante y trascendente que es para una sociedad como la nuestra proteger mejor a la familia. Hoy, la violencia afecta la convivencia humana. Cuando se dice que debemos tratar de que las nuevas generaciones tengan una forma no violenta para resolver los conflictos en nuestra sociedad, también hablamos de que es fundamental generar instancias que permitan, a nivel de la educación, que los primeros modelos que tienen los hijos -el padre y la madre- no incurran en situaciones de violencia para resolver los conflictos. Debemos tener claro que no sólo en la escuela, sino también en el seno familiar es donde los hijos se forman en aspectos tan importantes como éstos.

También cabe señalar que este proyecto constituye un avance significativo, por cuanto no se puede dejar de vincular con el que crea los tribunales de familia, que aprobamos hace poco tiempo. Ello representa un tremendo avance y un gran esfuerzo. Hoy, el 50 por ciento de las denuncias presentadas en los tribunales son a raíz de problemas relativos a la familia. Este proyecto no sólo aumenta a 60 el número de juzgados de familia, sino que, además, otorga facultades y competencia a 83 juzgados de letras y crea 250 cargos de jueces especiales. Hay 16 causales relacionadas con la familia, una de las cuales, sin duda, es la violencia intrafamiliar que se produce en la vida cotidiana.

Ahora bien, este proyecto tiene algunos aspectos que me parecen conveniente resaltar, y como el hecho de fortalecer la potestad del juez cautelar; preservar la integridad sexual al interior de una familia, que es un tema fundamental porque se regula y sanciona, y la realización de prácticas sexuales que no cuenten con el consentimiento de uno de sus miembros, en especial de la mujer. Asimismo, la introducción la noción de riesgo y el aumento progresivo de las sanciones.

Por otra parte, quisiera responder a algunas interrogantes que se han planteado con respecto a la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, para lo cual hay requisitos muy estrictos. Ellos son el reconocimiento de la situación por parte del agresor, la voluntad favorable de la víctima, que no exista peligro de violencia futura, recoger la opinión del consejo técnico y que el juez no estime conveniente continuar el proceso. Es decir, son bastantes las condiciones que se deben dar.

El objeto de la mediación, contenido en un capítulo especial dentro del proyecto de tribunales de familia, no es mediar sobre la violencia -preocupación manifestada muchos colegas parlamentarios- sino determinar obligaciones reparatorias y acordar materias vinculadas con las relaciones de familia: pensión, tuición, etcétera. Eso está suficientemente claro en un capitulo del proyecto recién citado.

Por último, destaco la profunda importancia de una iniciativa como ésta, que busca tener una sociedad y seres humanos que no necesiten recurrir a la violencia para resolver sus diferencias y conflictos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.

El señor ACCORSI.-

Señora Presidenta , sólo quiero recalcar que, en mi condición de diputado , me produce gran vergüenza legislar sobre esta materia, porque ello demuestra el tipo de sociedad en la cual estamos viviendo.

Quiero mencionar algunas cifras. Hoy se reciben 75 mil denuncias de violencia intrafamiliar al año; una de cada dos mujeres en Chile es golpeada; tres de cada cuatro niños sufre maltrato infantil.

Si a estos datos le agregamos que nuestra juventud, entre los doce y los dieciocho años, es la que presenta la mayor ingesta de alcohol en el mundo, tenemos que preguntarnos ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?

Necesitamos mayores espacios para las familias. La competencia a la que está sometida hoy la familia, el padre y la madre, contribuyen a generar tensión.

Debemos hacer un esfuerzo y apoyar este proyecto.

El tema de la violencia intrafamiliar y del maltrato infantil redunda en un derecho humano: que las personas tengan la posibilidad de vivir sin el calvario que significa estar con una persona que la golpea en forma permanente. Aquí, no sólo hablo de la mujer, sino que también de los hijos. Reitero, una de cada dos mujeres es golpeada y tres de cada cuatro niños es maltratado en el país. Eso constituye una vergüenza.

Me avergüenzo que debamos legislar sobre este tema, pero es necesario.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Cerrado el debate.

-Posteriormente, la Sala votó las modificaciones del Senado en los siguientes términos:

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar en general, con excepción del artículo 13, que contiene materias propias de ley orgánica constitucional, el proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.325, sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Longueira, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Von Mühlenbrock y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar en general el artículo 13, que, requiere quórum de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Longueira, Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal (doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión para su segundo informe, en cuya elaboración, según lo acordado, trabajarán en conjunto las comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Al artículo 1º1. De los señores Saffirio, Burgos y Silva

Al artículo 2º

Inciso primero

2. De la señora Cristi y de los señores Kast y Barros, para sustituir la expresión “misma morada” por “mismo techo”.

Inciso segundo

3. De la señora Cristi y de los señores Kast y Barros, para sustituirlo por el siguiente:

“También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia, sobre los hijos de aquélla, entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaída en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

Inciso nuevo 4. De los señores Saffirio, Burgos y Silva“Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de algún delito, se aplicarán las penas que corresponden al hecho típico.”.

Al artículo 3º 5. De las señoras Muñoz, Saa y Vidal“Sin perjuicio de otros casos, se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurran en el denunciado una o más circunstancias tales como el uso de drogas o alcohol, tenencia de armas, conducta violenta fuera del hogar, antecedentes siquiátricos o sicológicos que denoten características de personalidad violenta, de existencia de una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas, o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Código Penal. De igual modo, se presumirá que existe una situación de riesgo cuando la violencia física se ha incrementado en violencia y severidad implicando riesgo vital para el o la denunciante. En ningún caso podrá exigirse a la parte denunciante la presentación de documentos o antecedentes escritos que verifiquen tales circunstancias.”.

Al artículo 4º

Inciso primero

6. De los señores Saffirio, Burgos y Silva, para agregar en el encabezado, entre las palabras “intrafamiliar” y “con”, la expresión “atendida su gravedad”.

Al artículo 8º

7. De los señores Ojeda y Araya, para suprimirlo.

8. De los señores Saffirio, Burgos y Silva, para agregar el término “sexual”.

Al artículo 9º

De las señoras Muñoz, Saa y Vidal, para reemplazar el artículo 9º, por el siguiente:

“Artículo 9º.- En caso de condena por la comisión del delito previsto en el artículo 8º de esta ley, o los delitos agravados en conformidad a los señalados en el artículo siguiente, el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la ley Nº 18.216, se sujetará siempre a las condiciones que establece el artículo 30 de dicho cuerpo legal, a menos que por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, el juez estime innecesario el establecimiento de dichas condiciones para la seguridad de la víctima.”.

Al artículo 10

10. De los señores Ojeda y Araya, para suprimirlo.

11. De las señoras Muñoz, Saa y Vidal“Artículo 10.- Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Será circunstancia agravante de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o síquica, o de los establecidos en los párrafos 5 y 6 del Titulo VII del Libro Segundo del Código Penal, la de haber cometido el delito precediéndole sevicia por parte del hechor en contra de la víctima, entendiéndose por tal las reiteradas acciones ejecutadas o expresiones proferidas constitutivas de malos tratos en contra de la víctima; o cuando la víctima tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2º de esta ley respecto del ofensor.”.

Al artículo 11

12. De los señores Ojeda y Araya, para suprimirlo.

Inciso primero

13. De los señores Saffirio, Burgos y Silva, para sustituir la expresión “Siempre será” por “Se considerará”.

Artículo nuevo 14. De la señora Cristi y de los señores Kast y BarrosArtículo 13.- Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que realicen los tratamientos, deberán dar cuenta al respectivo tribunal del inicio y término de los mismos.Corresponderá a estas instituciones definir la pertinencia de la terapia, el tipo de intervención y la duración de los mismos en cada caso, de lo que darán inmediata cuenta al tribunal.”.

1.9. Segundo Informe de Comisión de Familia

Cámara de Diputados. Fecha 06 de agosto, 2003. Informe de Comisión de Familia en Sesión 32. Legislatura 349.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE FAMILIA ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA LEY N° 19.325, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES RELATIVAS A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

BOLETÍN Nº 2318-18.

_____________________________________________________________

Honorable Cámara:

La Comisión de Familia pasa a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, originado en una moción de las Diputadas señoras María Antonieta Saa Díaz y Adriana Muñoz D'Albora.

Durante el análisis de esta iniciativa, para los efectos de este segundo informe, la Comisión contó con la asistencia y la colaboración de la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Cecilia Pérez; la abogada Jefe del Departamento Situación Jurídica de la Mujer, señora Patricia Silva; la abogada asesora del mismo, doña Mitzy Henríquez; el abogado asesor del Departamento Reformas Legales, señor Marco Antonio Rendón, todos ellos del Sernam, y los asesores parlamentarios señores Leonardo Estradé y Cristián Contador.

Se hace constar además que la Comisión, durante este trámite reglamentario, contó con las opiniones y observaciones formuladas por escrito de las siguientes personas:

Señoras María Eugenia Díaz Mujica y Luz Rioseco Ortega, Directora y abogada de la Corporación de Desarrollo de la Mujer DOMOS, respectivamente; señora Soledad Rojas B., Coordinadora Nacional de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual; señora Rosario Castillo Iribarren, Secretaria Ejecutiva de la Fundación APES, y señora María Sandra Pinto Vega, Profesora de Derecho Penal Clínico de la Universidad Central de Chile.

* * * * *

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 130 y 288 del Reglamento de la Corporación, este informe versa sobre el proyecto aprobado en general por la H. Cámara, en su sesión 12ª ordinaria de fecha 2 de julio de 2003, con todas las indicaciones presentadas y admitidas a tramitación en la Sala, que constan en la respectiva "hoja de tramitación" elaborada por la Secretaría de la Corporación, sin perjuicio de las nuevas modificaciones que la Comisión pudiere acordar introducirle con ocasión de este segundo trámite reglamentario, debiendo referirse expresamente a las materias siguientes:

1. De los artículos que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones en el segundo informe.

En esta situación se encuentran los artículos 5º; 6º y 12 (que ha pasado a ser 9°) permanentes y el artículo transitorio del texto del proyecto propuesto al final de este informe.

Asimismo, se encuentran en esta situación los artículos 9° (que ha pasado a ser 14) y 13 (que ha pasado a ser 17) permanentes, respecto de los cuales cabe dejar expresa constancia que fueron objeto de indicaciones rechazadas por la Comisión.

Se hace constar, además, para efectos de lo preceptuado en los artículos 131, inciso segundo, y 288, del Reglamento de la Corporación, en relación con el inciso primero del artículo 30 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que de las disposiciones mencionadas precedentemente, el artículo 13 (que ha pasado a ser 17), tiene carácter orgánico-constitucional dado que deroga un cuerpo legal que contiene normas de esa naturaleza, razón por la cual debe votarse en particular.

2. De los artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado.

i) El artículo 13 (que ha pasado a ser 17) del texto del proyecto propuesto en la parte final de este informe, que deroga la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, tiene carácter orgánico-constitucional en conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, inciso segundo, y 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental. Ello, debido a que dicha derogación comprende el artículo 2° del citado cuerpo legal vigente, el cual encomienda el conocimiento de los conflictos originados por la comisión de actos de violencia intrafamiliar al juez de turno en lo civil dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre ubicado el hogar donde viva el afectado.

ii) No existen en el proyecto disposiciones legales de quórum calificado.

3. De los artículos suprimidos.

En esta situación se encuentra el artículo 10 del texto del proyecto propuesto en el primer informe, el cual la Comisión acordó suprimir por mayoría (seis votos a favor y cuatro en contra). Tal determinación se fundó en la consideración de que las circunstancias agravantes de responsabilidad criminal están bastante bien reguladas en el Código Penal. Asimismo, se tuvo en consideración la opinión adversa de los representantes del Ejecutivo, quienes advirtieron que en Derecho Penal rige el principio de que una misma circunstancia no puede ser doble fuente de incriminación. Así, si el parentesco, por ejemplo, es elemento constitutivo de parricidio, no puede agravar el homicidio, porque ya está incorporado en la figura típica. Tampoco puede ser agravante en el delito de violencia intrafamiliar, porque ya está incorporado en la descripción del tipo, ni respecto de algunos delitos sexuales en los que se incluye como agravante especial.

El texto del artículo que se suprime es el siguiente:

"Artículo 10.- Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Tratándose de delitos contra las personas o de los establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofensor."

4. De los artículos modificados.

En este segundo trámite reglamentario, la Comisión introdujo en el articulado del proyecto las siguientes modificaciones:

Artículo 1°.

Dispone que el objeto de la ley en proyecto es proteger la integridad física y psíquica y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, y regular las consecuencias y sanciones de dicha violencia.

Los Diputados señores Saffirio, Burgos y Silva, a fin de concordar esta disposición con lo señalado en el artículo 2°, que considera acto de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quienes la sufran, formularon una indicación para agregar en ella el término "sexual".

No obstante, teniendo en cuenta que los diferentes aspectos de la integridad personal de las víctimas se encuentran enumerados en la definición del concepto de violencia intrafamiliar contenida en el artículo 2°, y estimando preferible utilizar una terminología lo más amplia posible al definir el objeto de la ley, la Comisión acordó, por unanimidad, rechazar la indicación precedente.

En cambio, y a sugerencia de los representantes del Ejecutivo, las Diputadas señoras Sepúlveda, Saa y Vidal, y los Diputados señores Barros y Urrutia, formularon una indicación para reemplazar el artículo 1° por el siguiente:

"Artículo 1°. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad ý la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, así como establecer las sanciones a dicha violencia."

La norma sustitutiva elimina la referencia a las dimensiones física y psíquica de la integridad personal, por la misma razón que se tuvo en cuenta para no incorporar la alusión al aspecto sexual de la misma; modifica la redacción para evitar el uso reiterativo de la conjunción "y", y suprime la mención a las consecuencias de la violencia intrafamiliar, por estimarse que su regulación no forma parte del objeto de la ley en proyecto.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por 5 votos a favor, 1 voto en contra y una abstención.

Artículo 2°.

Define como constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no en la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

Su inciso segundo agrega que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta antes referida se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado personal o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Finalmente, su inciso tercero dispone que cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4 ó 5 del artículo 494 del Código Penal, se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley.

En relación con el inciso primero, la Diputada señora Cristi y los Diputados señores Kast y Barros formularon una indicación para sustituir en él la expresión "misma morada" por "mismo techo". Explicaron que el objeto de la indicación es conservar la terminología usada en la ley vigente, por estimar que el concepto de "morada" es demasiado rebuscado y se encuentra obsoleto, en tanto que el propuesto en su lugar, siendo más común y actual, cumple la misma función.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por mayoría (cinco votos a favor, un voto en contra y una abstención), con la enmienda de reemplazar además, por motivos de redacción, las palabras "en la" que siguen a la expresión "vivan o no" por "bajo el".

Asimismo, en relación con el inciso primero, la Diputada señora Saa formuló una indicación para agregar en él la expresión "ex cónyuge", a continuación del vocablo "cónyuge".

A juicio de la autora de la indicación, la inclusión de los ex cónyuges como posibles sujetos de violencia intrafamiliar se justifica plenamente debido a que las agresiones de los ex cónyuges son incluso peores que las de aquéllos que permanecen casados, porque la mayoría de las veces se trata de personas frustradas, vengativas, a las que se les ha herido gravemente en su amor propio, por lo que son capaces de hacer cualquier cosa.

Al respecto, los representantes del Ejecutivo hicieron presente que la ley en proyecto confiere un trato mesurado a la violencia doméstica porque hay relaciones de largo plazo que se desea cautelar, cosa que en el caso de los ex cónyuges desaparece, siendo razonable entonces proteger sólo a los hijos comunes, tal como hace el inciso segundo de esta disposición. En cambio, el maltrato inferido por o al ex cónyuge debe quedar cubierto por las normas penales comunes, pues no hay ninguna relación de largo plazo que aconseje darle un trato más beneficioso.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por mayoría (siete votos a favor y un voto en contra).

En relación con el inciso segundo, la Diputada señora Cristi y los Diputados señores Kast y Barros formularon una indicación para sustituirlo por otro similar, en el cual se reemplaza la oración "sobre los parientes por consaguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive" por la frase "sobre los hijos de aquélla", además de eliminar la palabra "personal" que sigue a la expresión "cuidado".

Según sus autores, el objeto de esta indicación es restringir la protección otorgada por la ley en proyecto a los hijos de un conviviente que fuere agredido por el otro, a fin de no ampliar en demasía el universo de personas amparadas por esta iniciativa, toda vez que los demás parientes del conviviente se encontrarían protegidos por otras normas, incluso, de carácter penal.

En relación con la indicación precedente, las representantes del Ejecutivo consideraron preocupante que se establezca una suerte de discriminación entre las uniones matrimoniales y las uniones de convivencia respecto de la protección de los parientes, porque mientras el inciso primero incluye a los consanguíneos y afines de los cónyuges en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, el inciso segundo sólo comprende a los consanguíneos del conviviente y ahora, si se acoge la indicación, se reduciría únicamente a sus hijos. Hicieron presente que está en el espíritu de la ley en proyecto hacerse cargo de la configuración informal de las familias en la sociedad chilena actual, por lo que no les pareció adecuado volver atrás en esta materia.

Los demás integrantes de la Comisión, que no adhirieron a la indicación, abogaron por dar igual protección a todos los miembros de cualquier núcleo familiar, sea que esté o no legalmente constituido, pues es sabido que la violencia se da siempre entre personas que tienen algún tipo de relación afectiva e incluso recrudece cuando esas relaciones se rompen y las partes ya no viven bajo un mismo techo, lo cual requiere un tratamiento legislativo diferente del que recibe la violencia generada entre personas extrañas.

Recordaron, además, que el inciso en comento protege especialmente a los menores de edad y discapacitados que se encuentren bajo el cuidado de algún miembro del grupo familiar, entendiendo por tal no sólo a la familia sustentada en el matrimonio, sino también al núcleo formado por los convivientes y sus respectivos parientes consanguíneos, que la norma asimila a los afines de los cónyuges, los cuales quedarían excluidos si se restringiera su aplicación solamente a los hijos de aquéllos.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por mayoría (cuatro votos a favor y tres votos en contra).

Finalmente, en relación con este artículo, y a fin de precisar que si producto de la violencia se ha cometido algún delito de los regulados por el Código Penal, éste deberá juzgarse conforme a dicho cuerpo legal, la Diputada señora Sepúlveda formuló una indicación para agregar en él el siguiente inciso cuarto:

"Cuando los hechos denunciados fueren constitutivos de delito, el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público."

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

Artículo 3°.

Dispone que, cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente alguno de los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Su inciso segundo dispone que se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, habiendo precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: una o más denuncias por violencia intrafamiliar; condena previa por violencia intrafamiliar; procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II del Código Penal; o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

Su inciso tercero, además, ordena al tribunal cautelar especialmente los casos en que la víctima esté embarazada o se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.

En relación con el inciso segundo, las Diputadas señoras Cristi y Saa, y los Diputados señores Becker, Kast y Rossi, formularon una indicación para agregar en él los términos "drogadicción; alcoholismo;" a continuación de la expresión "tales como:", por estimar que ambas circunstancias configurarían por sí solas situaciones de riesgo inminente.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por mayoría (ocho votos a favor y dos votos en contra).

Artículo 4°.

Dispone que se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar con alguna de las siguientes sanciones:

1. Prisión de siete a sesenta días;

2. Reclusión nocturna de quince a ciento veinte días;

3. Multa de media a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional de la comuna del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la respectiva región y que sean de financiamiento público.

Su inciso segundo obliga al juez a considerar, para determinar la sanción aplicable al ofensor, la gravedad del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar.

Su inciso tercero prohíbe al juez aplicar la sanción de multa tratándose de una segunda condena por violencia intrafamiliar.

En relación con el encabezamiento del inciso primero de esta norma, los Diputados señores Saffirio, Burgos y Silva formularon una indicación para agregar en él, entre la palabra "intrafamiliar" y la preposición "con", la expresión "atendida su gravedad".

Los representantes del Ejecutivo observaron que la estimación de la gravedad del maltrato está ordenada en el inciso segundo del artículo en comento. No obstante ello, estimaron que la referencia a ella quedaría mejor en el encabezamiento, por lo que sugirieron aprobar la indicación, eliminando el citado inciso segundo por innecesario.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por asentimiento unánime, con la enmienda de eliminar el inciso segundo.

Artículo 7°.

Dispone que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un registro especial de personas condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las resoluciones que se ordene inscribir al tenor de esta ley.

Su inciso segundo ordena al tribunal competente, una vez ejecutoriada la sentencia respectiva, oficiar al Registro Civil individualizando al condenado y la sanción aplicada por el hecho de violencia intrafamiliar, circunstancia que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes. Agrega que dicho registro especial será puesto en conocimiento del tribunal que lo requiera, en los casos que la ley regula.

En relación con el inciso segundo, la Diputada señora Cristi y los Diputados señores Barros, Becker, Kast y Urrutia formularon una indicación para eliminar la oración "circunstancias que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes".

Los autores de la indicación manifestaron su conformidad con la existencia de un registro especial de sanciones, pero objetaron que la violencia intrafamiliar aparezca en el certificado de antecedentes del agresor, porque, sin perjuicio de su gravedad, se trata de un hecho de la vida privada cuya figuración en un documento público impedirá rehacer su vida a las personas que se hayan rehabilitado o que hayan incurrido en violencia intrafamiliar una sola vez, impidiéndoles reinsertarse laboral y socialmente, lo cual resultaría injusto para quienes han recibido ya una sanción por la falta o el delito cometidos.

Por su parte, quienes no estuvieron a favor de la indicación estimaron que el certificado de antecedentes debe dar cuenta del hecho de la violencia, que ya no sólo será constitutiva de falta sino que será también delito en determinadas circunstancias, sin perjuicio de que, pasado un tiempo y bajo determinadas condiciones, pueda eliminarse la anotación, tal como sucede con quienes han sido condenados por conducir en estado de ebriedad.

Los representantes del Ejecutivo consideraron pertinente acotar las anotaciones por violencia intrafamiliar al caso de la falta regulada en el artículo 2°, estableciendo que, en caso de condena, ésta deberá figurar en el certificado de antecedentes del autor como infracción a dicho precepto, y dejar que el delito de violencia intrafamiliar se rija al efecto por el Código Penal y sus normas complementarias, toda vez que el proyecto de ley sobre tribunales de familia ordena anotar las resoluciones que autorizan la suspensión condicional del procedimiento, la cual debe cancelarse un año después y, si ello es así para quien no ha sido condenado, no existe razón para no dar la misma facilidad al que ha recibido una sanción, sin perjuicio de su incorporación en el registro.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por mayoría (seis votos a favor y cuatro votos en contra).

Artículo 8°.

Tipifica el delito de violencia intrafamiliar, disponiendo que: "el que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica, o ambas, sobre una persona que tenga a su respecto alguna de las calidades referidas en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de que el hecho merezca una pena mayor."

En relación con esta norma, la Diputada señora Vidal y el Diputado señor Araya formularon una indicación para sustituir la frase "merezca una pena mayor" por los términos "revista caracteres de un delito de mayor gravedad.".

Los representantes del Ejecutivo explicaron la indicación señalando que, si bien en la figura descrita por este artículo como delito de violencia intrafamiliar se subsumían determinados ilícitos contra las personas, parecía necesario precisar que la pena que la norma en estudio establece sería aplicable en la medida en que el hecho delictivo de que se tratare no constituyere, a su vez, un delito más grave, sancionado por la ley con una pena más elevada.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, en relación con este artículo, los Diputados señores Saffirio, Burgos y Silva formularon una indicación para agregar en él la expresión "sexual". Ello, con el propósito de concordar esta norma con la definición de violencia sexual contenida en el artículo 2° del proyecto.

Al respecto, los representantes del Ejecutivo recordaron que el artículo 1° de la ley en proyecto fue modificado para excluir en él la alusión a los aspectos físico y psíquico de la integridad personal como objetos de su protección, los cuales se mencionan sin embargo en el artículo 2°, junto con el aspecto sexual de la misma, estableciendo que todo maltrato que los afecte se considerará violencia intrafamiliar. Restando determinar, en consideración a lo anterior, si la afectación de esas tres dimensiones sería la que configuraría el delito de violencia intrafamiliar, estuvieron de acuerdo en que así debiera ser, pero, en tal caso, enfatizaron que convendría delimitar el concepto de violencia sexual, de manera tal que esta figura no permita subsumir otros delitos que también importan el ejercicio de ese tipo de violencia. Al respecto, informaron que el Ejecutivo era partidario de comprender en esta figura solamente aquellas conductas de significación sexual no reconocidas por el sistema penal actual.

Puesta en votación la aludida indicación, fue aprobada por mayoría (seis votos a favor, un voto en contra y una abstención), con las enmiendas de anteponer al término "sexual" la conjunción "o" y de eliminar las palabras "o ambas" y la coma que las antecede, todo ello por motivos de redacción.

Luego, habida consideración de los planteamientos de los representantes del Ejecutivo, y con la colaboración de éstos, las Diputadas señoras Mella, Saa, Sepúlveda y Vidal, y los Diputados señores Becker y Kast, formularon una indicación para agregar a este artículo el siguiente inciso segundo:

"Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, que vulnere la integridad de la víctima."

La indicación se fundó en la necesidad de precisar que el delito de violencia intrafamiliar, que tipifica este artículo, comprende todo acto de significación sexual no sancionado por el Código Penal como delito de esa naturaleza, figuras que dicho cuerpo legal incluye en los tres párrafos señalados, como también, en la conveniencia de incluir la mención del bien jurídico protegido, en este caso la integridad de la víctima, el que, en concordancia con lo establecido en el artículo 1°, debe verse afectado para que se entienda configurado el delito de violencia intrafamiliar.

Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por unanimidad.

Artículo 11 (pasa a ser 13).

Establece que siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de sevicia o violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido; o cuando el hechor tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° respecto del ofendido.

Su inciso segundo dispone que lo anterior es sin perjuicio de las eximentes o atenuantes generales que procedan conforme a derecho.

La Diputada señora Mella formuló una indicación para eliminar, en el inciso primero de esta disposición, los términos "de sevicia o" y la oración final "o cuando el hechor tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofendido", incluido el punto y coma (;) que la antecede. Ello, porque en su opinión la sola posesión de las calidades señaladas en el artículo 2° respecto del ofendido no puede ser fuente de atenuación de la pena para el hechor.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 6 votos a favor y una abstención.

5. De los artículos nuevos introducidos.

Artículo 10, nuevo.

Los Diputados señores Becker, Kast y señora Saa formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo nuevo:

"Artículo ....- Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que desarrollen aquellos programas indicados en el N° 4 del artículo 11 darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término."

Se explicó que la norma propuesta busca preservar la facultad judicial de imponer la medida de tratamiento, sin perjuicio de que sean las instituciones que ofrecen terapia las encargadas de definir el tipo de intervención y de informar al tribunal sobre el inicio y término de la misma. En cuanto a la determinación del plazo de duración del programa terapéutico, éste deberá fijarlo el juez ateniéndose a lo dispuesto en el inciso final del artículo relativo a las sanciones accesorias, según el cual éstas pueden subsistir sin perjuicio de que la sanción principal aplicada al agresor se encuentre cumplida.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por asentimiento unánime.

Artículo 11, nuevo.

Las Diputadas señoras Saa y Mella formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo nuevo:

"Artículo ....- Interés público prevalente. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, se entenderá existir un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal cuando el delito de lesiones menos graves haya sido precedido por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley."

Los representantes del Ejecutivo, quienes colaboraron con las autoras de la indicación en su elaboración, explicaron que una de las salidas alternativas que contempla el nuevo proceso penal, y que implica no condenar al imputado, es el acuerdo reparatorio. No obstante, el Ministerio Público, en un instructivo emitido en enero del presente año, dispuso que los fiscales debían favorecer los acuerdos reparatorios respecto de los delitos de lesiones menos graves y leves tipificados en los artículos 399 y 494 N° 5 del Código Penal, sin perjuicio de negarse a ello en caso de existir un interés público prevalente en su persecución, noción que ejemplifica con aquellas lesiones que sean resultado de la violencia al interior de la familia constitutiva de delito y que se presenten en el marco de una relación de violencia que deba ser interrumpida, y que, en todo caso, corresponde definir al propio Ministerio Público.

Por ello, la indicación declara que existe un interés público prevalente en la continuación del proceso penal tratándose de lesiones menos graves que han sido precedidas por amenazas con armas blancas o de fuego, o por otras lesiones de carácter leve.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 5 votos a favor y 3 votos en contra.

Artículo 12, nuevo.

Las Diputadas señoras Saa y Mella, y los Diputados señores Becker y Kast, formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo nuevo:

"Artículo ....- Condiciones imperativas para la suspensión del procedimiento penal. Tratándose de los delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, que hayan sido precedidos por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, si el tribunal decretare la suspensión condicional del procedimiento, impondrá conjuntamente las condiciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 238 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de las demás que estime pertinentes."

Explicaron sus autores que esta indicación sólo establece una mayor exigencia a la suspensión condicional del procedimiento penal tratándose de los delitos que se señalan, casos en los cuales deben imponerse conjuntamente las obligaciones que la norma expresa (abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas y someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza), sin perjuicio de otras condiciones que el tribunal estime aconsejables.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por asentimiento unánime.

Artículo 15, nuevo.

Las Diputadas señoras Saa y Vidal, y el Diputado señor Urrutia, formularon una indicación para agregar al proyecto el siguiente artículo nuevo:

"Artículo ....- Restricciones a la concesión de beneficios de la ley N° 18.216. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, si el hechor hubiere cometido previamente en contra de la víctima actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, no tendrá lugar la remisión condicional de la pena ni la libertad vigilada, contempladas en la ley N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Con todo, cuando el hechor incurriere en lesiones menos graves, el tribunal, por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, podrá otorgar la libertad vigilada.

Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la citada ley N° 18.216."

Explicaron sus autores que la indicación pretende acotar las restricciones impuestas a la concesión de los beneficios que contempla la ley 18.216 a la circunstancia de haberse cometido el delito precedido de amenazas con armas blancas o de fuego, o de lesiones menos graves, en contra de la víctima.

Los representantes del Ejecutivo sugirieron enmendar la disposición en debate en el sentido de que la restricción de tales beneficios sea facultativa para el juez. Asimismo, observaron que lo determinante para la denegación de los beneficios de libertad vigilada y remisión condicional de la pena es que el delito se haya cometido precedido de alguna de las faltas a que se refieren los números 4 y 5 del artículo 494 del Código Penal. Es decir, no se trata de cualquier acto de violencia, sino de las formas más intensas de violencia intrafamiliar constitutiva de falta.

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por 7 votos a favor y 1 voto en contra.

Artículo 16, nuevo.

Los Diputados señores Araya, Becker y Montes formularon una indicación para agregar al proyecto el siguiente artículo nuevo:

"Artículo ....- Modificación al artículo 369 del Código Penal. Reemplazáse la regla 2ª del inciso cuarto del artículo 369 del Código Penal por la siguiente:

'2ª Cualquiera sea la circunstancia bajo la cual se perpetre el delito, a requerimiento del ofendido el juez podrá poner término al procedimiento, en consideración a los antecedentes que obren en el proceso.'."

Explicaron sus autores que el artículo 369 del Código Penal obliga al juez a poner término al procedimiento por violación en contra de un cónyuge o conviviente si la víctima así lo solicita, a menos que dicho juez tenga motivos fundados para oponerse. Por ello, y a fin de darle mayor flexibilidad, se propone enmendar la disposición en el sentido de que sea facultativo para el tribunal acceder al requerimiento de la víctima, debiendo en caso afirmativo fundar su resolución en antecedentes que obren en el proceso.

Considerando que la forma verbal "podrá" deja a salvo la posibilidad de que el juez deniegue la petición del ofendido, siempre por motivos fundados, la Comisión aprobó la indicación por 9 votos a favor y una abstención.

6. De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

No hay.

7. De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

La Comisión rechazó las siguientes indicaciones:

1.- De los Diputados señores Saffirio, Burgos y Silva, para agregar, en el artículo 1°, el término "sexual" (Por mayoría).

2.- De los Diputados señores Saffirio, Burgos y Silva, para agregar, en el artículo 2°, el siguiente nuevo inciso :

"Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de algún delito, se aplicarán las penas que corresponden al hecho típico." (Por mayoría).

3.- De las Diputadas señoras Muñoz, Saa y Vidal, para sustituir el inciso segundo del artículo 3° por el siguiente:

"Sin perjuicio de otros casos, se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando concurran en el denunciado una o más circunstancias tales como el uso de drogas o alcohol, tenencia de armas, conducta violenta fuera del hogar, antecedentes siquiátricos o sicológicos que denoten características de personalidad violenta; existencia de una o más denuncias por violencia intrafamiliar; condena previa por violencia intrafamiliar; procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas, o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Código Penal. De igual modo, se presumirá que existe una situación de riesgo cuando la violencia física se ha incrementado en violencia y severidad implicando riesgo vital para el o la denunciante. En ningún caso podrá exigirse a la parte denunciante la presentación de documentos o antecedentes escritos que verifiquen tales circunstancias." (Por mayoría).

4.- De los Diputados señores Ojeda y Araya, para suprimir el artículo 8° (Por mayoría).

5.- De los Diputados señores Barros y Kast, para agregar en el artículo 8°, a continuación de la expresión "artículo 2°", la frase "del cual derive grave o irreparable daño a la víctima" (Por mayoría).

6.- De las Diputadas señoras Muñoz, Saa y Vidal, para reemplazar el artículo 9° por el siguiente:

"Artículo 9°.- En caso de condena por la comisión del delito previsto en el artículo 8° de esta ley, o de los delitos agravados en conformidad a los señalado en el artículo siguiente, el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la ley N° 18.216 se sujetará siempre a las condiciones que establece el artículo 30 de dicho cuerpo legal, a menos que, por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, el juez estime innecesario el establecimiento de dichas condiciones para la seguridad de la víctima." (Por mayoría).

7.- De las Diputadas señoras Muñoz, Saa y Vidal, para reemplazar el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Será circunstancia agravante de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o síquica, o de los establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, la de haber cometido el delito precediéndole sevicia por parte del hechor en contra de la víctima, entendiéndose por tal las reiteradas acciones ejecutadas o expresiones proferidas constitutivas de malos tratos en contra de la víctima; o cuando la víctima tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofensor." (Por mayoría).

8.- De los Diputados señores Ojeda y Araya, para suprimir el artículo 11 (Por mayoría).

9.- De los Diputados señores Saffirio, Burgos y Silva, para sustituir, en el artículo 11, la expresión "Siempre será" por "Se considerará" (Por mayoría).

10.- De la Diputada señora Cristi y de los Diputados señores Barros y Kast, para agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo 12. Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que realicen los tratamientos deberán dar cuenta al respectivo tribunal del inicio y término de los mismos.

Corresponderá a estas instituciones definir la pertinencia de la terapia, el tipo de intervención y la duración de los mismos en cada caso, de lo que darán inmediata cuenta al tribunal." (Por unanimidad).

11.- Del Diputado señor Kast, para suprimir el artículo 13 (Por mayoría).

12.- De las Diputadas señoras Saa y Sepúlveda, para agregar el siguiente artículo nuevo:

"Artículo ....- Para los efectos previstos en esta ley, no tendrá aplicación el N° 2 del artículo 369 del Código Penal." (Por mayoría).

8. Indicaciones declaradas inadmisibles.

No hay.

* * * * *

Cabe consignar que la Comisión acordó, en forma unánime, encomendar a su Secretario la determinación del orden en que debían figurar los nuevos artículos incorporados a la iniciativa en debate, la cual fue concordada con los representantes del Ejecutivo, optándose en definitiva por ordenarlos conforme a la relación existente entre las materias que ellos abordan y a la cronología de las situaciones que ellos regulan.

Fruto de lo anterior, se determinó que, a continuación del artículo 8°, debe figurar el relativo a las sanciones accesorias (artículo 12 del primer informe, que pasa a ser 9°), por estar éstas asociadas tanto a las penas de que trata el artículo 4° como a la asignada al delito de violencia intrafamiliar (artículo 8°). En seguida, se consignó, como nuevo artículo 10, el relativo a la formalización de la medida de tratamiento, por referirse al cumplimiento de una de las sanciones accesorias. Posteriormente, deben figurar, como artículos 11 y 12, las nuevas disposiciones relativas al interés público prevalente en la persecución del delito de lesiones y a las condiciones imperativas para la suspensión del procedimiento penal (en relación con los delitos contra las personas y de naturaleza sexual), respectivamente; como artículo 13, el 11 del primer informe, que se refiere a la circunstancia atenuante de responsabilidad penal (respecto de los delitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica); como artículo 14, el 9° del primer informe, que trata de la condicionalidad de los beneficios de la ley N° 18.216 (en relación con el delito previsto en el artículo 8°); como artículo 15, la disposición relativa a restricciones a la concesión de beneficios de la ley N° 18.216 (en relación a la aplicación de medidas alternativas respecto de los delitos contra las personas y de naturaleza sexual ); como artículo 16, la modificación a la regla 2ª del artículo 369 del Código Penal y, como artículo 17, la derogación de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar.

* * * * *

9. PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones expuestas y por las que en su oportunidad os dará a conocer el señor Diputado Informante, esta Comisión os recomienda aprobar el siguiente proyecto, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la H. Corporación, se le han introducido algunas modificaciones de forma, que no se detallan y que se incluyen en el siguiente texto:

PROYECTO DE LEY.

"DICTA NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

1° De la violencia intrafamiliar.

Artículo 1º.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, así como establecer las sanciones a dicha violencia.

Artículo 2º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado, cónyuge o ex cónyuge, sea que viva o no bajo el mismo techo y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los hijos de aquélla; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4 ó 5 del artículo 494 del Código Penal, se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley.

Cuando los hechos denunciados fueren constitutivos de delito, el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Artículo 3°.- Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente alguno de los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, habiendo precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción; alcoholismo; una o más denuncias por violencia intrafamiliar; condena previa por violencia intrafamiliar; procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal; antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, en que se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.

2° De las responsabilidades y sanciones.

Artículo 4°.- Sanciones. Se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con alguna de las siguientes sanciones:

1. Prisión de siete a sesenta días.

2. Reclusión nocturna de quince a ciento veinte días.

3. Multa de media a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la respectiva región y que sean de financiamiento público.

En caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.

Artículo 5°.- Desembolsos y perjuicios patrimoniales. La sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez.

Artículo 6°.- Multa. El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. Si no pagare dicha multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de sesenta días.

3° Disposiciones generales.

Artículo 7°.- Registro de sanciones. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las resoluciones que la ley ordene inscribir.

El tribunal, ejecutoriada que sea la sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al condenado y la sanción aplicada por el hecho de violencia intrafamiliar. Este Registro Especial será puesto en conocimiento del tribunal a solicitud de éste, en los casos regulados en la ley.

Artículo 8°.- Delito de violencia intrafamiliar. El que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica o sexual, sobre una persona que tenga a su respecto alguna de las calidades referidas en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de que el hecho revista caracteres de un delito de mayor gravedad.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal, que vulnere la integridad de la víctima.

Artículo 9°. Sanciones accesorias. Si el juez aplicare alguna sanción en virtud de los artículos 4° u 8° de esta ley, podrá imponer, además, como sanción accesoria, una o más de las siguientes:

1. Obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima.

2. Prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido.

3. Prohibición para portar y/o tener armas de fuego.

4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

El cumplimiento de las sanciones accesorias señaladas podrá subsistir sin perjuicio de que la sanción principal aplicada al agresor se encuentre cumplida.

Artículo 10.- Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que desarrollen aquellos programas indicados en el N° 4 del artículo 9° darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

Artículo 11.- Interés público prevalente. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, se entenderá existir un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal cuado el delito de lesiones menos graves haya sido precedido por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley.

Artículo 12.- Condiciones imperativas para la suspensión del procedimiento penal. Tratándose de los delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, que hayan sido precedidos por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, si el tribunal decretare la suspensión condicional del procedimiento, impondrá conjuntamente las condiciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 238 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de las demás que estime pertinentes.

Artículo 13.- Circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido.

Lo anterior es sin perjuicio de las eximentes o atenuantes generales que procedan conforme a derecho.

Artículo 14.- Condicionalidad de los beneficios de la ley N° 18.216. En caso de condena por la comisión del delito previsto en el artículo 8°, el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la ley N° 18.216 se sujetará a lo dispuesto en el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

Artículo 15.- Restricciones a la concesión de beneficios de la ley N° 18.216. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, si el hechor hubiere cometido previamente en contra de la víctima actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, no tendrá lugar la remisión condicional de la pena ni la libertad vigilada, contempladas en la ley N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Con todo, cuando el hechor incurriere en lesiones menos graves, el tribunal, por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, podrá otorgar la libertad vigilada.

Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la citada ley N° 18.216.

Artículo 16.- Modificación al artículo 369 del Código Penal. Reemplázase la regla 2ª del inciso cuarto del artículo 369 del Código Penal por la siguiente:

'2ª Cualquiera sea la circunstancia bajo la cual se perpetre el delito, a requerimiento del ofendido el juez podrá poner término al procedimiento, en consideración a los antecedentes que obren en el proceso.'.

Artículo 17.- Derogación. Derógase la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

Disposición transitoria.

Artículo transitorio.- Los procesos por actos de violencia intrafamiliar iniciados al amparo de la ley 19.325 se seguirán substanciando conforme al procedimiento establecido en dicha ley."

* * * * *

SALA DE LA COMISION, a 6 de agosto de 2003.

Acordado en sesiones de fechas 9, 16 y 30 de julio, y 6 de agosto, de 2003, con asistencia de las Diputadas señoras María Angélica Cristi Marfil, María Eugenia Mella Gajardo, María Antonieta Saa Díaz, Alejandra Sepúlveda Orbenes (Presidenta) y Ximena Vidal Lázaro, y de los Diputados señores Sergio Aguiló Melo (Juan Bustos Ramírez), Pedro Araya Guerrero, Ramón Barros Montero, Germán Becker Alvear, José Antonio Galilea Vidaurre, José Antonio Kast Rist, Carlos Montes Cisternas (Juan Bustos Ramírez), Fulvio Rossi Ciocca, Ignacio Urrutia Bonilla y Edmundo Villouta Concha (Pedro Araya Guerrero), a las que concurrieron, además, los Diputados señores Zarko Luksic Sandoval y Sergio Ojeda Uribe.

Se designó Diputado Informante al señor Barros, don Ramón.

ANDRÉS LASO CRICHTON,

Secretario de la Comisión.

1.10. Discusión en Sala

Fecha 08 de octubre, 2003. Diario de Sesión en Sesión 5. Legislatura 350. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Modificación de la ley Nº 19.325. Primer trámite constitucional.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, iniciado en moción, en primer trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Ramón Barros.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Familia, boletín Nº 2318-18, sesión 32ª, en 26 de agosto de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 4.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BARROS.-

Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Familia paso a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

La iniciativa tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de violencia intrafamiliar.

Durante el análisis del proyecto, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de numerosos expertos en el tema de la violencia intrafamiliar.

De los artículos que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones en el segundo informe.

En esta situación se encuentran los artículos 5º, 6º y 12 -en esta última ha pasado a ser 9º-, permanentes, y el artículo transitorio propuesto al final del informe.

En la misma situación se encuentran los artículos 9º, que ha pasado a ser 14, y 13, que ha pasado a ser 17, permanentes, respecto de los cuales cabe dejar expresa constancia que fueron objeto de indicaciones, rechazadas por la Comisión.

De los artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado.

El artículo 13, que ha pasado a ser 17, que deroga la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, tiene carácter orgánico-constitucional, en conformidad con lo dispuesto en los ar-tículos 63, inciso segundo, y 74, inciso segundo, de la Carta Fundamental.

No existen en el proyecto disposiciones legales de quórum calificado.

De los artículos suprimidos.

En esta situación se encuentra el artículo 10 del proyecto propuesto en el primer informe. Tal determinación se fundó en la consideración de que las circunstancias agravantes de responsabilidad criminal están muy bien reguladas en el Código Penal.

De los artículos modificados.

El artículo 1º dispone que el objeto de la ley en proyecto es proteger la integridad física y psíquica, y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, y regular las consecuencias y sanciones de dicha violencia.

A sugerencia de los representantes del Ejecutivo , las diputadas señoras Alejandra Sepúlveda , María Antonieta Saa y Ximena Vidal , y los diputados señores Barros y Urrutia , formularon indicación para reemplazar el artículo 1º por el siguiente:

“Artículo 1º. Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, así como establecer las sanciones a dicha violencia.”

La norma sustitutiva elimina la referencia a las dimensiones física y psíquica de la integridad personal, por la misma razón que se tuvo en cuenta para no incorporar la alusión al aspecto sexual de la misma; modifica la redacción para evitar el uso reiterativo de la conjunción “y”, y suprime la mención a las consecuencias de la violencia intrafamiliar, por estimarse que su regulación no forma parte del objeto de la ley en proyecto.

Puesta en votación, fue aprobada por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El artículo 2º define como constitutivo de violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta, o, en la colateral, hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no en la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

Su inciso segundo agrega que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta antes referida se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta, y, en la colateral, hasta el cuarto grado inclusive; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado personal o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Finalmente, su inciso tercero dispone que cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4 ó 5 del artículo 494 del Código Penal, se aplicarán las sanciones contempladas en el proyecto.

En relación con el inciso primero, la diputada señora Cristi y los diputados señores Kast y Barros formularon indicación para sustituir la expresión “misma morada” por “mismo techo”.

Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Además, por motivos de redacción, se reemplazaron las palabras “en la”, que siguen a la expresión “vivan o no”, por “bajo el”.

En relación con el inciso primero, la diputada señora Saa formuló indicación para agregar la expresión “ex cónyuge”, a continuación del vocablo “cónyuge”.

A juicio de la autora de la indicación, la inclusión de los ex cónyuges como posibles sujetos de violencia intrafamiliar se justifica plenamente, debido a que las agresiones de éstos son, incluso, peores que las de aquellos que permanecen casados, porque la mayoría de las veces se trata de personas frustradas, vengativas, a las que se les ha herido gravemente en su amor propio, debido a lo cual son capaces de hacer cualquier cosa.

Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 7 votos a favor y 1 en contra.

En relación con el inciso segundo, la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Kast y Barros formularon indicación para sustituirlo por otro similar, en el cual se reemplaza la oración “sobre los parientes por consaguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado inclusive” por la frase “sobre los hijos de aquélla”, además de eliminar la palabra “personal”, que sigue a la expresión “cuidado”.

Según sus autores, el objeto de la indicación es restringir la protección otorgada por el proyecto de ley a los hijos de un conviviente que fuere agredido por el otro, a fin de no ampliar en demasía el universo de personas amparadas por la iniciativa, toda vez que los demás parientes del conviviente se encontrarían protegidos por otras normas, incluso de carácter penal.

Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 4 votos a favor y 3 en contra.

Finalmente, en relación con este artículo y a fin de precisar que si producto de la violencia se ha cometido algún delito de los regulados por el Código Penal, éste deberá juzgarse conforme a dicho cuerpo legal, la diputada señora Alejandra Sepúlveda formuló indicación para agregar el siguiente inciso cuarto:

“Cuando los hechos denunciados fueren constitutivos de delito, el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.”

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

Las diputadas señoras María Angélica Cristi y María Antonieta Saa y los diputados señores Becker , Kast y Rossi formularon indicación al inciso segundo del artículo 3º, para agregar los términos “drogadicción; alcoholismo;”, a continuación de la expresión “tales como:”, por estimar que ambas circunstancias configurarían por sí solas situaciones de riesgo inminente.

Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 8 votos a favor y 2 en contra.

El artículo 4º establece sanciones para los autores de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Los diputados señores Saffirio , Burgos y Silva formularon indicación a su inciso primero para agregar, entre la palabra “intrafamiliar” y la preposición “con”, la expresión “atendida su gravedad”.

Los representantes del Ejecutivo observaron que la estimación de la gravedad del maltrato está considerada en el inciso segundo del artículo en comento. No obstante, estimaron que la referencia a ella quedaría mejor en el encabezamiento del inciso primero, por lo que sugirieron aprobar la indicación, eliminando el citado inciso segundo por ser innecesario.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

En relación con el artículo 7º, la diputada señora María Angélica Cristi y los diputados señores Barros, Becker , Kast y Urrutia formularon indicación a su inciso segundo para eliminar la oración “circunstancias que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes”.

Los autores de la indicación manifestaron su conformidad con la existencia de un registro especial de sanciones, pero objetaron que la violencia intrafamiliar aparezca en el certificado de antecedentes del agresor, porque, sin perjuicio de su gravedad, se trata de un hecho de la vida privada cuya constancia en un documento público impediría rehacer su vida a las personas que se hayan rehabilitado o que hayan incurrido en violencia intrafamiliar una sola vez, impidiéndoles reinsertarse laboral y socialmente, lo que resultaría injusto para quienes han recibido ya una sanción por la falta o el delito cometidos.

Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 6 votos a favor y 4 en contra.

Respecto del artículo 8º, la diputada señora Ximena Vidal y el diputado señor Araya formularon indicación para sustituir la frase “merezca una pena mayor” por los términos “revista caracteres de un delito de mayor gravedad”.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

Los diputados señores Saffirio , Burgos y Silva formularon indicación para agregar la expresión “sexual”, con el objeto de concordar esta norma con la definición de violencia sexual contenida en el artículo 2º del proyecto.

Puesta en votación, fue aprobada por mayoría: 6 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

Las diputadas señoras María Eugenia Mella , María Antonieta Saa , Alejandra Sepúlveda y Ximena Vidal y los diputados señores Becker y Kast formularon indicación para agregar el siguiente inciso segundo:

“Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, que vulnere la integridad de la víctima.”

La indicación se fundó en la necesidad de precisar que el delito de violencia intrafamiliar, que tipifica este artículo, comprende todo acto de significación sexual no sancionado por el Código Penal como delito de esa naturaleza, figuras que dicho cuerpo legal incluye en los tres párrafos señalados, como también en la conveniencia de incluir la mención del bien jurídico protegido, en este caso, la integridad de la víctima, el que, en concordancia con lo establecido en el artículo 1º, debe verse afectado para que se entienda configurado el delito de violencia intrafamiliar.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

Respecto del artículo 11, que pasa a ser 13, la diputada señora María Eugenia Mella formuló indicación para eliminar, en el inciso primero, los términos “de sevicia o” y la oración final “o cuando el hechor tenga alguna de las calidades señaladas en el artículo 2º de esta ley respecto del ofendido”, incluido el punto y coma que la antecede. Ello, porque, en su opinión, la sola posesión de las calidades señaladas en el artículo 2º respecto del ofendido no puede ser fuente de atenuación de la pena para el hechor.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 6 votos a favor y una abstención.

Se introdujeron algunos artículos nuevos.

Artículo 10, nuevo.

Los diputados señores Becker y Kast y la diputada señora Saa formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo nuevo:

“Artículo ...- Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que desarrollen aquellos programas indicados en el Nº 4 del artículo 11 darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.”

Se explicó que la norma propuesta busca preservar la facultad judicial de imponer la medida de tratamiento, sin perjuicio de que sean las instituciones que ofrecen terapia las encargadas de definir el tipo de intervención y de informar al tribunal sobre el inicio y término de la misma.

Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 11, nuevo.

Las diputadas señoras Saa y Mella formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- Interés público prevalente. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, se entenderá existir un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal cuando el delito de lesiones menos graves haya sido precedido por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2º de esta ley.”

Los representantes del Ejecutivo, quienes colaboraron con las autoras de la indicación en su elaboración, explicaron que una de las salidas alternativas que contempla el nuevo proceso penal, y que implica no condenar al imputado, es el acuerdo reparatorio.

Puesto en votación, fue aprobado por 5 votos a favor y 3 votos en contra.

Artículo 12, nuevo.

Las diputadas señoras Saa y Mella y los diputados señores Becker y Kast formularon una indicación para incorporar al proyecto el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo ...- Condiciones imperativas para la suspensión del procedimiento penal. Tratándose de los delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, que hayan sido precedidos por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2º de esta ley, si el tribunal decretare la suspensión condicional del procedimiento, impondrá conjuntamente las condiciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 238 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de las demás que estime pertinentes.”

Explicaron sus autores que esta indicación sólo establece una mayor exigencia a la suspensión condicional del procedimiento penal tratándose de los delitos que se señalan, casos en los cuales deben imponerse conjuntamente las obligaciones que la norma expresa, sin perjuicio de otras condiciones que el tribunal estime aconsejables.

Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

Artículo 15, nuevo.

Las diputadas señoras Saa y Vidal y el diputado señor Urrutia formularon una indicación para agregar al proyecto el siguiente artículo nuevo:

“Artículo ...- Restricciones a la concesión de beneficios de la ley Nº 18.216. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, si el hechor hubiere cometido previamente en contra de la víctima actos descritos en el inciso tercero del artículo 2º de esta ley, no tendrá lugar la remisión condicional de la pena ni la libertad vigilada, contempladas en la ley Nº 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Con todo, cuando el hechor incurriere en lesiones menos graves, el tribunal, por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, podrá otorgar la libertad vigilada.

Puesto en votación, fue aprobado por 7 votos a favor y 1 voto en contra.

Artículo 16, nuevo.

Los diputados señores Araya , Becker y Montes formularon una indicación para agregar al proyecto el siguiente artículo nuevo:

“Artículo ...- Modificación al artículo 369 del Código Penal. Reemplázase la regla 2ª del inciso cuarto del artículo 369 del Código Penal por la siguiente:

“2ª Cualquiera sea la circunstancia bajo la cual se perpetre el delito, a requerimiento del ofendido el juez podrá poner término al procedimiento, en consideración a los antecedentes que obren en el proceso.”.”

Explicaron sus autores que el artículo 369 del Código Penal obliga al juez a poner término al procedimiento por violación en contra de un cónyuge o conviviente si la víctima así lo solicita, a menos que dicho juez tenga motivos fundados para oponerse. Por ello, y a fin de darle mayor flexibilidad, se propone enmendar la disposición en el sentido de que sea facultativo para el tribunal acceder al requerimiento de la víctima, debiendo, en caso afirmativo, fundar su resolución en antecedentes que obren en el proceso.

Considerando que la forma verbal “podrá” deja a salvo la posibilidad de que el juez deniegue la petición del ofendido, siempre por motivos fundados, la Comisión aprobó la indicación por 9 votos a favor y una abstención.

No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

Dos indicaciones, consignadas en las páginas 13 y 14 del informe, fueron rechazadas.

La Comisión acordó, en forma unánime, encomendar a su secretario la determinación del orden en que deben figurar los nuevos artículos incorporados a la iniciativa.

Por último, cabe consignar que este proyecto, y sus modificaciones, fueron acordados en sesiones de fechas 9, 16 y 30 de julio, y 6 de agosto de 2003, con asistencia de las diputadas señoras María Angélica Cristi , María Eugenia Mella , María Antonieta Saa , Alejandra Sepúlveda (presidenta de la Comisión) y Ximena Vidal , y de los diputados señores Sergio Aguiló , en reemplazo de Juan Bustos ; Pedro Araya , Ramón Barros, Germán Becker, José Antonio Galilea, José Antonio Kast , Carlos Montes , Fulvio Rossi , Ignacio Urrutia y Edmundo Villouta , a las que concurrieron, además, los diputados señores Zarko Luksic y Sergio Ojeda .

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor JARPA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña Antonieta).-

Señor Presidente, el proyecto se discute en el marco de un hecho real y concreto, al cual se debe la presencia de las mujeres de la Casa de la mujer, de Huamachuco, comuna de Renca.

(Aplausos).

El sábado pasado, Flavia García , funcionaria del consultorio de salud de Huamachuco y participante desde su creación, de la Casa de la Mujer, de Renca, fue asesinada de dos balazos por su conviviente. Vivían juntas desde hace cuatro años y continuamente había problemas de violencia intrafamiliar.

En este marco, Flavia García se suma a cientos de mujeres asesinadas por sus convivientes o por sus maridos, por un problema que todavía no logramos solucionar a través de una ley que establezca castigos ejemplares.

Quiero rendir un homenaje a Flavia, que, desgraciadamente, se ha convertido en un símbolo del tremendo flagelo de la violencia intrafamiliar. Ella ha muerto en manos de su conviviente, un hombre con el que tenía una relación de amor.

Este es el drama de la violencia intrafamiliar. Por eso, en primer lugar, debe protegerse a las posibles víctimas. No pueden quedar sin protección. En segundo lugar, debe establecerse una sanción ejemplarizadora, de manera que quede claro que estos actos constituyen un delito y van a ser castigados, ya que, me atrevo a decirlo, no existe conciencia en la sociedad chilena sobre el particular.

Con las modificaciones a la ley Nº 19.325, de violencia intrafamiliar, se pretende proteger a las víctimas y castigar a los agresores, pues con las normas vigentes, de las más de 70 mil causas, sólo en 6 mil hubo sancionados. El resto quedó impune por un resquicio llamado conciliación. Por eso, las personas agredidas sienten impotencia.

Me gustaría mucho que los que se preocupan por la seguridad ciudadana, también se preocuparan para la seguridad al interior de las casas.

Además de la normativa, el Poder Judicial debe tomar conciencia de lo que significan estos delitos. Se necesita una política pública. Sé que el Sernam ha hecho un tremendo esfuerzo, pero requiere presupuesto para implementar una casa de atención de las víctimas de violencia intrafamiliar, de modo que recuperen su autoestima.

Éste es un problema nacional. No es un pariente pobre. Estos hechos ocurren todos los días, en más del 30 por ciento de los hogares chilenos. Al respecto, hay cifras y estudios, por lo que pido tomar conciencia.

Con las modificaciones se avanza, primero en la protección de las víctimas. Se determinan las situaciones de riesgo. Con la ley de tribunales de familia, Carabineros tiene una participación más proactiva y no deberá esperar la orden del juez para investigar. Se fijan penas efectivas: prisión, de 7 a 60 días, multas y reclusión nocturna; porque en la actualidad son de multa, terapia -que muchas veces no se hace por falta de recursos- y trabajos comunitarios, que tampoco se concretan porque no los implementan las municipalidades.

Invito a los colegas a que revisemos la tenencia de armas. Flavia murió porque su conviviente, Osvaldo, tenía una en la casa. Dentro de las medidas cautelares, está hasta el retiro de las armas; pero es preciso que no se mantengan al interior de los hogares.

Las medidas cautelares también incluyen la protección. O sea, una vez cumplida la condena, se protege a la víctima con el fin de evitar que vuelva a ocurrir el hecho.

Lo más importante es que el delito de violencia intrafamiliar su juzgará mediante el procedimiento penal. Por eso, debe reponerse la indicación al artículo 10, que fue rechazada, sobre circunstancia agravante de responsabilidad penal. En estos casos, los parentescos son agravantes, pero se necesita un agravante más calificado para que el castigo sea ejemplar. Por eso es muy importante reponer esa indicación.

Además, existe gran inquietud entre colegas abogados constitucionalistas, quienes poseen todo el saber jurídico sobre la materia, porque en el artículo 2º empleamos la expresión “ex cónyuge”. No creo que en la ley se reflejaría ignorancia jurídica por el uso de esa expresión, y les pido a esos colegas, quienes tuvieron oportunidad de participar en la discusión de la iniciativa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pero que no asistieron a ella -porque el debate quedó abierto-, que nos propongan otro término. Si en este país se recurre a la nulidad y los contrayentes vuelven a ser solteros, no existiría el “ex cónyuge”; pero la expresión “ex cónyuge” se emplea comúnmente en el habla popular para referirse a los que están separados de hecho. Generalmente, si se trata del marido, se indica al cónyuge que se fue, que ya no vive en la casa y que no tiene hijos.

Llamo a los compañeros abogados a darle legalmente otra denominación. Las leyes actuales no hacen referencia a esa situación de hecho; pero las leyes no son inmutables: deben adecuarse a la realidad.

Otro tema que me preocupa mucho dice relación con el artículo 2º. Lamentablemente, se aprobó una indicación que amplía los imputables por violencia intrafamiliar a las personas ligadas a la víctima por consanguinidad hasta el cuarto grado. Es decir, sólo son sujetos de dicha ley aquellas personas cuando existe matrimonio. Se suprimió lo de la convivencia. Entonces, por ejemplo, el conviviente que mató a Flavia quedaría sin castigo; no caería dentro de la ley sobre violencia intrafamiliar, pues sólo es su conviviente, no su marido legal. Eso no puede ser.

Sé que esa situación no podrá repararse aquí en la Cámara, porque estamos en el segundo trámite reglamentario, pero puede subsanarse en el Senado. Espero que el Sernam reponga el artículo original, porque sería un error grave que sólo fueran sujetos de la ley sobre violencia intrafamiliar quienes tuvieran, respecto del ofensor, la calidad de pariente por consanguinidad, esto es, cuando existe un matrimonio. Aquí hay una realidad de convivencia muy grande. Debemos corregir toda situación que permita, por ejemplo, que la muerte de Flavia no sea considerada como delito de violencia intrafamiliar.

Pido a los colegas que estudiemos bien este proyecto teniendo en vista la amplia experiencia que hay en Chile sobre la materia. Sé que muchos piensan, por ejemplo, con la lógica de que “se equivocó una vez” o de que el problema es privado. No es un problema privado, sino público que conmueve tanto como la seguridad ciudadana en las calles, y si no tenemos una ley que proteja a la víctima y que castigue al ofensor, vamos a seguir alentando la violencia intrafamiliar, que cobra víctimas inocentes como Flavia o María Eugenia Sotomayor , de Conchalí, otra gran mujer que fue ultimada a balazos por su ex marido, o como se llame legalmente.

Debemos ser muy serios en el análisis de esta iniciativa, por la tremenda responsabilidad que nos compete. Cuando votemos, acordémonos de las Flavias, de las María Eugenia , de las Juanas, quienes son, mayoritariamente, las víctimas. No podemos dejarlas indefensas y sin que la sociedad tome conciencia de este tremendo flagelo.

Por ello, en homenaje a Flavia y por la promesa que hicimos ayer en la Casa de Mujeres de Huamachuco, queremos que estas modificaciones se aprueben y que del Senado salga una ley que valga la pena, en el sentido de que reconozca esta realidad y no la deje impune.

He dicho.

-Aplausos.

El señor JARPA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, señora Cecilia Pérez.

La señora PÉREZ, doña Cecilia ( ministra del Sernam ).-

Señor Presidente , hoy, como país nos enfrentamos a una oportunidad histórica. Hace ya diez años que el Estado chileno asumió la voluntad y responsabilidad política de convertir la violencia intrafamiliar en un tema de interés ciudadano, dejando de ser éste un drama silencioso que soportan muchas mujeres y niños maltratados entre las murallas de sus hogares.

En esa ocasión, histórica también, que dio lugar a la ley Nº 19.325, asumimos un compromiso como sociedad chilena. Hoy queremos que Chile reconozca, en este acto político, que ese compromiso se consolida a partir de la posibilidad de entregar a la sociedad chilena una mejor ley, que supere los objetivos de hacer público el tema de la violencia intrafamiliar, de rechazarlo socialmente y de hacer vinculantes las relaciones familiares, sociales, públicas, privadas y políticas de Estado, en una materia íntimamente relacionada con la vida de las familias.

Eso tratamos de hacer hoy y, con el aporte de todos los diputados y diputadas de la Comisión de Familia, estamos en condiciones de presentar a consideración de la Sala un nuevo proyecto que pone al día a Chile en materias de sanciones, de reconocimiento público, sociales, jurídicos e imclñuso penales, respecto de la realidad de la violencia intrafamiliar. Al mismo tiempo, nos compromete como Estado a no quedarnos sólo en el esfuerzo de la nueva legislación, sino a ampliar las opciones políticas hacia más programas públicos, sociales, en un esfuerzo expresado, finalmente, en ese instrumento tan importante como la ley de Presupuestos de la nación.

Por lo tanto, este proyecto apunta en la dirección correcta de que no sólo se trata de un problema público, sino también de seguridad humana, ciudadana, pública. No es posible que en nuestro país, particularmente entre las familias chilenas, se viva la desprotección y la inseguridad al interior de sus hogares, con una frecuencia que la que se vive en la calle, porque las denuncias de violencia intrafamiliar son tres veces más altas que las por robo con fuerza en la vía pública.

En ese contexto, el proyecto está en la línea correcta porque amplía el número de personas comprendidas en él, ya que no solamente incluye a aquellas que provienen de una descendencia común, sino también a las que tienen relación con su ascendencia vertical y colateral.

Sin embargo, espero que en el siguiente trámite legislativo se reponga un tema sobre el que estamos trabajando desde hace tiempo, cual es reconocer la realidad y la diversidad de las familias chilenas, y comprometer, políticamente, un esfuerzo colectivo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para regular y proteger a la familia, sin importar cómo se la defina, porque, en la práctica, en Chile además de las familias matrimoniales, existen familias de la convivencia, familias núcleos y familias extendidas, y familias en que la mujer es la jefa de hogar.

La iniciativa también está en la línea correcta porque aumenta la penalidad y sustituye medidas que no han dado suficientes frutos, como la conmutación de penas por trabajos voluntarios. Asimismo, establece el delito de maltrato habitual, dispone sanciones accesorias y formas alternativas de cumplimiento de penas privativas de libertad; ofrece salidas alternativas en el nuevo proceso penal e incluye, con fuerza y nitidez, en el contexto de la violencia, la violación conyugal.

Sin duda, la violencia sexual es hoy una de las formas de violencia de género más brutal en Chile y en el mundo. Lamentablemente, la violación también puede producirse dentro de una relación matrimonial. El proyecto reconoce esa realidad, la regula y, por lo tanto, protege a las eventuales víctimas.

No cabe ninguna duda de que la aprobación de este proyecto de ley permitirá cambiar la situación de miles de ciudadanos y ciudadanas, especialmente de mujeres y niños, quienes, dentro de sus propios hogares, experimentan altísimos niveles de inseguridad. Insistimos en que la seguridad ciudadana debe ser abordada en forma integral. Es por ello que esta iniciativa debe insertarse como un instrumento más que, como Estado, entregamos a la sociedad, especialmente a las familias, para la protección de sus derechos.

Para terminar, quiero agradecer, en nombre de tantas mujeres que han reclamado en la historia reciente, y que aún lo siguen haciendo, agobiadas por el drama de sus vivencias, una respuesta del Estado para una nueva regulación legal.

Asimismo, agradezco el rigor, el compromiso y la sensatez que ha habido, tanto durante el trabajo de la Comisión como en el de la Sala, para convertir este proyecto en una mejor ley de violencia intrafamiliar. Todos los días somos interpelados para asumir las responsabilidades política y pública que de nosotros esperan los ciudadanos y las ciudadanas, por un país más seguro, mejor protegido y donde la dignidad de las mujeres sea un interés superior de la política y del servicio público.

He dicho.

Muchas gracias.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada María Eugenia Mella .

La señora MELLA (doña María Eugenia) .-

Señora Presidenta , el tema de la violencia intrafamiliar no me es ajeno, pues me correspondió ser la primera directora del Servicio Nacional de la Mujer en la Quinta Región.

El Sernam fue el primer organismo que sacó a la luz pública un tema que hasta ese momento aparecía sólo como privado. Se trabajó profundamente en él, hasta lograr tener la ley Nº 19.325.

Las leyes son perfectibles. Por eso nos encontramos hoy con una modificación que nace de las dificultades generadas por su aplicación y de las carencias evidenciadas en su oportunidad.

Quiero destacar dos aspectos. En primer lugar, que mediante esta modificación, lo que hasta hoy se consideraba una falta, por fin se tipificará como delito.

Es fundamental destacar que este proyecto de ley recoge una realidad que, en el ámbito de los derechos humanos y del equilibrio de la norma jurídica que queremos impugnar, no puede quedar fuera.

A partir de la dictación de la ley en tramitación, la violencia intrafamiliar será delito. Por lo tanto, tendrá sanciones mayores que las que se contemplan hoy.

En segundo lugar, en el artículo 2º hay una carencia fundamental. Como se ha dicho, se refiere a la inequidad con que se abordó el tema de las familias conformadas por convivientes.

La convivencia es una realidad en Chile y la comunidad chilena pretende que se considere en la ley de Matrimonio Civil.

La convivencia forma parte de la política de familia, porque forma un núcleo reconocido, unido por el afecto, tal como es la definición de una familia, legalmente constituida o no.

Por lo tanto, habría que ampliar el ámbito de aplicación para considerar a quiénes abarca la tipificación de este delito o qué personas pueden estar incorporadas en la comisión del mismo.

Como un desafío para las mujeres se presenta el hecho de que debemos luchar por los aspectos que nos parecen justos.

Las mujeres que nos encontramos en la Sala y las que nos acompañan en las tribunas debemos ser eficientes y actuar con la mayor rigurosidad. Debemos demostrar que, unas y otras, somos capaces de producir los cambios requeridos y aplicar nuestra inteligencia y capacidad.

(Aplausos).

Y, en el ámbito de esa responsabilidad y rigurosidad, no puedo dejar pasar una expresión del artículo 2º, que fue aprobado por la Comisión y que me parece que va contra la normativa vigente.

La calidad de ex cónyuge no existe legalmente. Cuando hay nulidad, nunca se estuvo casada. Cuando el marido o la mujer se han ido, siguen siendo cónyuges. No sabemos cómo la ley de Matrimonio Civil va considerar la disolución del vínculo. En el caso de que lo considere en forma independiente, como divorciado, el proyecto de ley tendrá que modificarse para adecuarse convenientemente. Pero no podríamos actuar en forma ineficiente.

Señora Presidenta, pido recabar la unanimidad de la Sala para borrar ese término, con el objeto de que no se rechace el artículo completo, pues nos interesa que no se demore el despacho de este importante proyecto de ley.

Por último, el artículo 10, que tenía que ver con las circunstancias agravantes -lo he conversado con muchos juristas, más calificados que yo-, si se eliminó no fue por disminuir sus efectos, sino porque preferimos que se tipificara como delito.

Como bien señala el informe, en derecho penal rige el principio de que una misma circunstancia no puede ser doble fuente de incriminación. Asimismo, sostiene que el parentesco tampoco puede ser agravante en el delito de violencia intrafamiliar, porque ya está incorporado en la descripción del tipo.

Cuando precisamos en el artículo 8º que la violencia intrafamiliar constituye delito, en su descripción ya definimos quiénes cometen este delito, y en Chile no existe ninguna actuación sancionada per se y, además, por las mismas circunstancias, considerada como agravante.

Espero que aprobemos el proyecto y que le introduzcamos las modificaciones pertinentes, pero me siento en la obligación de decir a la gente que se encuentra en las tribunas que los alcances que he hecho al proyecto han sido motivados por la rigurosidad con que las mujeres acostumbramos a trabajar en todos los ámbitos y no por estar en desacuerdo con el fondo del proyecto.

Mi interés es que se defina adecuadamente el delito y que se establezcan penas adecuadas, para que recuperemos el valor de la convivencia como familia.

Mi voto desfavorable en la Comisión, que, en el sentido explicado, reitero en esta oportunidad, se debe a que las falencias que presenta el proyecto pueden motivar a la gente a decir que no estamos haciendo bien nuestra labor legislativa, y como eso no es verdad, debo dejarlo planteado en la Sala.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Ha terminado el Orden del Día.

Dada la trascendencia del proyecto que acabamos de debatir y el interés de las señoras diputadas y señores diputados en la materia, debo señalar que su discusión continuará la próxima semana. La mesa espera incluirlo en la agenda a más tardar el próximo martes o miércoles. Asimismo, en su oportunidad se estudiará la indicación a que se ha referido la diputada señora María Eugenia Mella.

1.11. Discusión en Sala

Fecha 15 de octubre, 2003. Diario de Sesión en Sesión 9. Legislatura 350. Discusión Particular. Pendiente.

NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Primer trámite constitucional. (Continuación).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En el Orden del Día, corresponde continuar con la discusión, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, del proyecto que modifica la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Barros.

Solicito el acuerdo de la Sala para autorizar el ingreso de don Marco Antonio Rendón, abogado asesor del Servicio Nacional de la Mujer.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi.

El señor ROSSI.-

Señora Presidenta , en primer lugar, felicito a las diputadas autoras del proyecto, las señoras Saa y Muñoz , por ser éste una iniciativa que apunta a la protección de la familia.

El proyecto contiene disposiciones de gran importancia no sólo para la protección de víctimas de violencia intrafamiliar, sino también para la prevención de la misma, al definir, por ejemplo, lo que son situaciones de riesgo, que permiten detectar y prevenir hechos de violencia, así como al establecer el registro de sanciones.

Ahora bien, voy a analizar el tema desde otro punto de vista. Cuando abordamos el tema de la seguridad ciudadana, lamentablemente, tendemos a enfocarlo en relación con el control del delito: cómo aumentamos la dotación de Carabineros, cómo mejoramos la coordinación de las policías con las fiscalías, cómo implementamos planes cuadrantes, cómo establecemos planes de seguridad y cómo logramos comunas seguras; pero poco se habla de la prevención del delito, es decir, de evitar la aparición del comportamiento delictual, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes.

En relación con este último, la educación y la protección de los niños y de la familia son, sin duda alguna, factores fundamentales a la hora de prevenir la aparición de comportamientos antisociales y conductas delictuales. Cuando uno analiza el perfil del delincuente, en especial el del joven que delinque, se encuentra con un adolescente que viene de un hogar con padres de baja instrucción o una educación inconclusa, que ha desertado de su escuela -que es un espacio privilegiado para prevenir el comportamiento delictual- y que ha sido víctima de la violencia intrafamiliar. Ahí está el punto. Si somos capaces de prevenir y de afrontar la violencia intrafamiliar, el maltrato y el trabajo infantil -temas regulados por distintos tratados internacionales-, seremos capaces de prevenir la aparición de conductas delictuales en nuestra juventud.

Ahora bien, si creemos que la escuela es un espacio privilegiado, debemos abordar el tema de la deserción escolar. El umbral de tolerancia de la violencia es mucho menor en los niños que vienen de hogares donde existe violencia intrafamiliar que lo que la sociedad, la comunidad académica, los profesores y sus compañeros están dispuestos a tolerar. Por lo tanto, esos niños habitualmente son excluidos, lo que produce una mayor desintegración, pues terminan siendo marginados y en la calle, con muchas posibilidades de incurrir en conductas delictuales, especialmente en momentos de crisis, como son la niñez y la adolescencia, sin el apoyo de los apoderados en la labor de sociabilización o fortalecimiento de conductas de inclusión social.

Quiero compartir con la Sala este análisis acerca de la importancia de este tema, por cuanto vemos que aumenta, de manera sistemática y progresiva, la percepción de inseguridad ciudadana, lo que afecta gravemente la calidad de vida de la gente, para que le demos a esta materia un enfoque una mirada basada en los esfuerzos que también tenemos que hacer en prevención y no solamente en control del delito. En ese sentido, la educación, la protección de la infancia y la prevención de la violencia intrafamiliar -esta última, idea matriz del presente proyecto-, sin duda, constituyen elementos y herramientas fundamentales.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi .

La señora CRISTI (doña María Angélica ).-

Señora Presidenta , la aprobación de la ley sobre violencia intrafamiliar, en 1995, constituyó un hito en la historia legislativa del país, porque, por primera vez, se reconoció y se castigó la violencia al interior del hogar, y se terminó con la impunidad y el silencio que existían en esta materia por tantos años.

Todos conocemos las grandes huellas que deja la violencia intrafamiliar en las víctimas. Lo más triste es que ello, muchas veces, es sinónimo de desamor. Una familia en cuyo interior existe violencia tiene muy poca esperanza de subsistir y de salir adelante. Hoy, nuestro país se enfrenta a situaciones dramáticas, como las que hemos vivido en estos días, relacionadas con el abuso de niños, el drama de muchos menores, la violencia y a la delincuencia. En mi comuna han muerto dos menores en los últimos dos días: uno, en un asalto, y el otro, en una riña. El drama de la violencia es sumamente grave. Si existe violencia al interior de la familia, ¿qué podemos esperar para el resto de la sociedad? Es un tema en el que debemos intervenir y trabajar con mucha fuerza.

Se han adoptado importantes medidas para prevenir y rehabilitar a las víctimas de violencia intrafamiliar. Entre otras, se ha capacitado a más de 15 mil funcionarios de sectores de la educación, de la salud, del Poder Judicial , de las municipalidades y de las policías, principalmente de Carabineros de Chile, que, en materia de violencia intrafamiliar, se ha comprometido en la atención y en la prevención. En efecto, Carabineros de Chile es la institución que ha invertido mayores recursos en esta materia. Creó la Dirección de Protección Policial de la Familia, la Comisaría de Asuntos de la Familia y 27 secciones especializadas. Además, ha incorporado -esto fue fruto de un trabajo importante de la Comisión de Familia y de la señora ministra de la época- la asignatura de violencia intrafamiliar en la malla curricular de las escuelas de oficiales, suboficiales y de formación policial.

El proyecto modifica la ley Nº 19.325, pues durante su aplicación se han detectado algunas fallas, especialmente en materia de competencia de los tribunales civiles. Lamentablemente, estos casos se seguirán viendo en los tribunales civiles mientras se instalan los tribunales de familia, lo que esperamos ocurra pronto.

Aprovecho de recordar que fue muy difícil legislar en esta materia, porque mientras la Comisión de Familia discutía el proyecto sobre violencia intrafamiliar, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia revisaba sus normas sobre procedimiento judicial, lo que confundía, porque mientras en una Comisión se aprobaba algo, en la otra se determinaba una cosa distinta o paralela. El proyecto debió haberse visto como una unidad y no parcializado en dos Comisiones. Por eso quedaron algunos vacíos, que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tendrá que corregir. Por lo tanto, pediremos que el proyecto vuelva a esa Comisión para una última revisión, porque no queremos que se deba legislar nuevamente sobre esta materia en dos años más. Por lo demás, esta modificación lleva ya dos años en las Comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia, y le hemos dedicado muchas horas de trabajo.

En todo caso, el proyecto mejora la situación y, además de sancionar toda forma de violencia y de proteger a las víctimas, establece fórmulas para prevenirla y para proteger y rehabilitar a las personas afectadas.

Hoy existe un gran vacío social, que debemos asumir más allá de la ley. Debemos reconocer que la familia es la unidad fundamental en la cual se sociabilizan los seres humanos. Una familia debilitada o desprotegida se arriesga a sufrir violencia intrafamiliar. Debemos preguntarnos por qué existe violencia dentro de la familia y cuáles son los factores que inciden para que se produzca, y trabajar para prevenirla.

Aprovecho la presencia de la directora del Sernam para expresarle algo que di a conocer el otro día en Incidentes. Ha faltado, como país y como Servicio Nacional de la Mujer -tan importante para la familia-, fortalecer y ayudar a la familia; porque cuando hablamos de ésta, siempre terminamos haciéndolo respecto del divorcio, de la violencia intrafamiliar, en fin, de aspectos negativos, oscuros y no deseados. Más allá de pronunciarse si se está a favor o en contra del divorcio, falta buscar las causas que producen la violencia y las rupturas familiares, para luego subsanarlas. Ésa es una gran tarea pendiente del Servicio Nacional de la Mujer.

Respecto del texto del proyecto, debo señalar que nos parece inadecuada la redacción original del inciso segundo del artículo 2º, que establece como sujetos de violencia intrafamiliar a los parientes por consaguinidad de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia, puesto que las agresiones cometidas entre esas personas constituyen delitos ya contemplados y sancionados por nuestro Código Penal, por lo que deben ser juzgados de acuerdo con las normas penales comunes, y no por aquellas establecidas en la legislación familiar.

Tuvimos una gran discusión respecto de si se incluía a los parientes consanguíneos de los convivientes. Incluso, se habló de los ex convivientes y hasta de los ex pololos, lo que va más allá de la violencia intrafamiliar. El proyecto debe centrarse en la familia, mientras que la ley penal común debe hacerse cargo de los otros casos de violencia.

Por otra parte, estoy de acuerdo en que se haya incluido al ex cónyuge, porque, aunque ya no sea parte de la familia, un padre tiene responsabilidades que asumir respecto de sus hijos. Además, se ha comprobado que el ex cónyuge ejerce mucha de la violencia que afecta a las mujeres solas, separadas o abandonadas. Por lo tanto, me parece atingente que se lo haya mantenido en el texto.

Nos queda una gran preocupación respecto del artículo 8º, que tipifica el delito de violencia intrafamiliar, incluyendo el ejercicio de violencia física psíquica o sexual, el cual dispone: “...se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5º, 6º, y 9º del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal,...”. En consecuencia, la gama es demasiado amplia. Se dieron algunos ejemplos que podrían ser atingentes, pero existen muchos más.

Al respecto, debo señalar, en primer lugar, que cualquier acto de violencia sexual debe ser castigado de acuerdo con las normas establecidas por la ley de violaciones y abusos sexuales, aprobada hace algunos años por la Cámara, cuyas sanciones son más efectivas que las que se aplican en casos de violencia intrafamiliar. Si el cónyuge, conviviente o algún miembro de la familia comete actos de abuso sexual sobre un adulto o, peor aún, sobre algún menor de edad, debe ser castigado con todo el rigor de la ley, de acuerdo con las normas establecidas.

En segundo lugar, ¿qué se entiende por integridad sexual? Según el Servicio Nacional de la Mujer, “se atenta en contra de ella principalmente mediante la llamada violencia sexual, la que puede incluir la restricción a la libertad sexual, la imposición de actos sexuales no deseados, el control sobre la vida sexual de otra persona”. En esta definición hay una gama de situaciones que va más allá de la violencia. Algunos de nuestros expertos invitados se preguntaban: “¿Quiere decir, por ejemplo, que un hombre puede acusar a su mujer de violencia intrafamiliar si le recrimina un acto de infidelidad?” De acuerdo con dicha definición, podría hacerlo, puesto que la mujer estaría ejerciendo “control sobre la vida sexual de otra persona”, en este caso, la de su propio esposo.

En tercer término, hay actos de significación sexual no penados expresamente por el Código Penal, y que caben, sin embargo, dentro de lo que internacionalmente se entiende por protección de la integridad sexual, en particular todos los actos referidos a los denominados derechos reproductivos. ¿Qué pasaría si en un matrimonio se producen diferencias entre los cónyuges con respecto al número de hijos que quieren tener?

Deberíamos ser capaces de enumerar los actos que afectan la integridad sexual no recogidos por el Código Penal, a fin de no llegar a los extremos antes mencionados y, así, evitar que, por la ambigüedad del término, los jueces no apliquen la ley o que la apliquen en forma equivocada.

Anuncio nuestro respaldo al proyecto, y sólo pediremos a la Mesa que nos permita votar en forma separada el artículo 8º, a propósito de lo anteriormente planteado.

Esperamos que la iniciativa, de una vez por todas, haga más efectivas las sanciones en contra de la violencia intrafamiliar, que obviamente constituye una situación muy dramática que existe en nuestra sociedad.

Ayer, en el Senado, se analizó la posibilidad de aumentar las penas para los delitos de violación con homicidio. Hubo algunos senadores que plantearon que ésa era una forma de desviar la atención de otras situaciones relacionadas con casos de pedofilia, de violación, etcétera. Debo recordar que en esta Cámara, ése fue un tema que se discutió largamente cuando se aprobó la modificación respectiva al Código Penal, oportunidad en que se mantuvo la pena de muerte para el caso de violación de menores con homicidio. Después, esa disposición fue modificada, cuando se derogó la pena de muerte -exceptuados los casos de juicios tramitados en tribunales militares-, a fin de acoger las normas establecidas en el Pacto de San José de Costa Rica. No obstante, como se recordará, a fines del año pasado presentamos, junto a la diputada Rosa González y al diputado Ibáñez , un proyecto cuyo espíritu era similar, solicitud de reposición de la pena de muerte, lo cual representa la posición de muchos chilenos. Por lo tanto, no es una situación nueva, y, en consecuencia, es atingente meditarla y acogerla.

Reitero que aprobaremos el proyecto y pediremos votación separada para el artículo 8º.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-

Señora Presidenta , el proyecto es un compromiso que el Estado asume con la sociedad respecto de la erradicación de la violencia intrafamiliar.

¿Cuál es la importancia de modificar esta ley que, sin duda, cumplió una etapa importante y que tiene elementos relevantes por considerar?

Primero, la visualización de los derechos de la mujer y de la familia. Hoy podemos hablar del problema, y al estar conscientes de nuestros derechos, podemos hacer un cambio cultural.

Llegó a mis manos un libro del Sernam, sobre detección y análisis de la prevalencia de la violencia intrafamiliar. Lamento no tener datos de regiones y sólo contar con un análisis del problema en la Región Metropolitana. Sólo pude comparar los datos de la región de La Araucanía con los de la Región Metropolitana. Me hubiera gustado haber tenido esta comparación respecto la Sexta Región, a la que pertenece el distrito al que represento. Cuando uno analiza la situación de la Región Metropolitana y de la de La Araucanía, comprueba que lo que sufre la familia es exactamente igual, en términos de porcentaje, en ambas regiones. El daño psicológico y la violencia física que se ejercen en las víctimas son exactamente los mismos.

Ahora, quiero dar un antecedente. El 10 por ciento de las mujeres que sufren de violencia física están embarazadas. Más del 50 por ciento de las mujeres de la Región Metropolitana ha sufrido algún tipo de violencia; en tanto, en La Araucanía se llega a un 48 por ciento.

En promedio, una mujer golpeada realiza recién una denuncia después de siete años. Si tomamos conocimiento de estas cifras, ¿cómo no realizar estas modificaciones urgentes para efectivamente reducir los porcentajes de violencia intrafamiliar?

En la actualidad, hay deserción prematura en los procesos judiciales, una reducida implementación de las medidas precautorias, una sobrecarga administrativa en los tribunales -ojalá con los tribunales de familia mejoremos este aspecto-, una resolución francamente inducida de los avenimientos: más del 90 por ciento de los casos no llega a término, porque los tribunales están obligados a llamar a las partes a la conciliación. Por consiguiente, son innumerables las razones por las cuales tenemos que modificar la ley.

Estamos ampliando el concepto de familia. En ese sentido, no estoy de acuerdo con la diputada señora Cristi . De acuerdo con el último censo, la convivencia en nuestro país aumentó en un 40 por ciento. Se sabe que por un período bastante prolongado, una mujer que ha sufrido violencia intrafamilar de parte de su ex conviviente no emprenderá acciones judiciales en contra de él. Lo que planteamos en el proyecto es proteger a la mujer y a su familia de la agresión, ya sea de un ex conviviente o bien de un ex cónyuge. Los expertos han dicho que los ex convivientes, al igual que los ex maridos, son los sujetos más golpeadores. De manera que habría que incorporarlos dentro del concepto de familia.

Un avance importante en este aspecto es cómo incorporamos el delito de violencia intrafamiliar para que, cuando ocurra, no sea considerada simplemente una falta.

En las situaciones de riesgo incorporamos la drogadicción, el alcoholismo y las denuncias reiteradas. El 20 por ciento de las mujeres pide medidas cautelares, pero sólo el 7 por ciento tiene resultados positivos. Además, cabe recordar que existen cinco mil denuncias anuales y que en el 92 por ciento de los casos se llega a una conciliación.

Estoy de acuerdo con que debemos tomar medidas de prevención. Nadie está en desacuerdo con que el Sernam pueda contar con más recursos para lograr ese objetivo. Ojalá no tuviéramos que legislar en esta materia, pero más del 50 por ciento de los hogares de nuestro país sufre, en alguna época, esta forma de violencia.

Por lo anterior, la bancada de la Democracia Cristiana votará a favor el proyecto.

Si la iniciativa tiene que ir, a petición de algunos diputados, a la Comisión de Constitución, como presidenta de la Comisión de Familia pido que sea por un tiempo acotado, de no más de una semana, porque el despacho de esta materia no puede seguir dilatándose: las mujeres y sus familias están a la espera que hoy se les dé protección.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Señora Presidenta , las estadísticas que dan cuenta de la violencia intrafamiliar en la Novena Región, en comparación con las de la Región Metropolitana, son muy similares. Sin embargo, en tanto en ésta responde, en su mayoría, a fenómenos de estrés, en la Región de La Araucanía se debe a una situación de pobreza. Existe mucho desencanto entre sus habitantes ya que es la región más pobre del país. Desgraciadamente, La Araucanía está apareciendo en los medios de comunicación debido a hechos fundamentales, tales como la pobreza y la falta de políticas agrarias, lo cual nos parece simplemente lamentable.

Quiero preguntar a la ministra : ¿Cuántos hechos de violencia intrafamiliar no son denunciados? ¿Qué pasa cuando la dueña de casa o sus hijos se atreven a hacer la denuncia?

Muchas veces, el agresor es quien aporta a la familia, y, normalmente, amenaza a sus integrantes con dejarlos sin sustento si es denunciado, lo que se ha transformado en un freno para las personas que sufren este tipo de violencia.

Por lo tanto, en la ley debería consignarse alguna forma de protección económica para las familias que se atreven a denunciar; de otra forma, si persiste esa especie de chantaje, las personas no harán la denuncia y el maltrato subsistirá durante años.

Por otra parte, la violencia intrafamiliar se transmite de generación en generación. El niño que se cría en un ambiente de violencia, o la niña que la ve y que se acostumbra a presenciar todo tipo de abusos, en definitiva lo asumen como una situación normal, de modo que, cuando llegan al matrimonio, adoptan y transmiten las mismas malas costumbres. Por eso en el proyecto debemos introducir algunas condiciones que frenen definitivamente el maltrato infantil o de la cónyuge, sea éste físico, sicológico o sexual.

En verdad, cuando uno revisa estos proyectos, quedan algunas dudas. La mía se relaciona con la efectividad de las normas. En muchas partes sucede -sobre todo en las zonas rurales- que cuando se intenta ayudar a un matrimonio que está enfrascado en una pelea, lo más probable es que la mujer no lo permita.

Debemos erradicar ese tipo de mentalidad, porque tanto la mujer como el hombre tienen los mismos derechos. De la cintura para abajo está la diferencia entre hombres y mujeres; pero de la cintura para arriba son exactamente iguales en capacidad e inteligencia. Por eso creo que debemos acelerar el proceso de aprobación de esta iniciativa de ley.

También debería existir un programa escolar para que a los niños se les enseñe qué es la familia y cómo se la puede mantener, de manera que ese conocimiento les permita aprender que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad; que ese concepto aparezca no sólo en un artículo de la Constitución, sino que sea la preocupación constante que debemos tener todas las personas que queremos que este país sea mejor. Ello comienza cuando la familia está tranquila, cuando los niños no son agredidos; cuando éstos se van contentos al colegio y vuelven de la misma forma a su hogar. Hoy, a muchos niños no les dan ganas de regresar a su casa como consecuencia de las agresiones que sufren en el hogar. Eso es lo que debemos evitar.

¿Qué sucede cuando los niños no llegan al hogar? Adquieren malas costumbres. Por ejemplo, se van a los parques y empiezan a consumir drogas y alcohol. Esas son las cosas que queremos evitar. Lo importante es una familia unida que sepa cómo compartir el pan, sin agresiones.

Sin embargo, la iniciativa sólo propone sanciones. Este es un proyecto restrictivo que no considera ninguna solución para corregir a las personas. Sin duda, es más fácil elaborar una iniciativa represiva que dar las soluciones que todos esperamos. Hay voluntad de uno y otro lado para que tengamos una familia segura y con posibilidades de un futuro sin violencia. Tal vez, con la modificación propuesta habrá denuncias y se detendrá a personas. Esa solución es fácil; lo difícil es proponer cómo sacar adelante a la familia y lograr mejores condiciones de vida. Por eso se ha pedido votar separadamente el artículo 8º. Queremos ayudar a la familia en la concreción de sus expectativas.

Esperamos, si así lo estima la Comisión, que se debe analizar nuevamente el proyecto -por segunda o tercera vez-, de manera que todos pongamos nuestro intelecto en favor de este proyecto con el fin de obtener lo mejor posible para las familias que tanto lo necesitan.

Por eso, me gustaría incorporar en la iniciativa alguna propuesta en beneficio de la educación de la familia, para que el dueño de casa no vuelva a repetir acciones de violencia y que los niños vivan en un ambiente tranquilo. Ello requiere la formación correspondiente, que comienza en el colegio, a fin de que los niños estén preparados para competir en la vida sin violencia.

Hace muchos años -el ministro debe acordarse perfectamente-, un gran Presidente de Chile , don Arturo Alessandri , dijo: “El odio nada engendra; sólo el amor es fecundo”. Al parecer, en esta discusión esas palabras, a pesar de haberse pronunciado hace más de sesenta años, tienen más peso y cobran más vigencia que nunca. Cuando los países están en apuros, recurren a sus grandes personajes, a sus dichos y pensamientos. Hay cosas que no pasan de moda, entre las cuales se halla la familia; la violencia, sí, debe pasar de moda. Queremos que la familia perdure por muchos años en las mejores condiciones, y que el Congreso Nacional tenga la conciencia absolutamente tranquila de que ha trabajado lo mejor posible para sacar adelante este proyecto, para favorecer, sobre todo, a los niños y a los cónyuges que han sido agredidos, mujeres y hombres, porque la violencia no sólo proviene del sexo masculino, sino también del femenino. Muchas veces se cree que sólo la mujer es la agredida; pero también hay maridos que son violentados sicológica y verbalmente por las mujeres. Los integrantes de una familia deben complementarse, pues “lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”. Las leyes son para respetarlas y para favorecer a las familias que tanto necesitan de nosotros.

Para terminar, quiero dar a conocer algunas aprensiones.

No nos confundamos cuando hablamos del tema. En las familias de estrato alto hay mucha violencia intrafamiliar que no se denuncia. En consecuencia, los niños y adultos que sufren agresiones en esas familias tienen la obligación de denunciarlas. Muchas veces, debido al “qué dirán”, no se atreven a hacerlo, y esos hechos quedan en la más absoluta impunidad, por lo que las familias siguen creciendo en un ambiente de violencia, que no tiene que ver con estratos sociales, sino con las costumbres de cada una. Hagamos las cosas como es debido, por el bien de la patria y de nuestros hijos. Por un futuro más tranquilo, legislemos en conciencia y aprobemos esta iniciativa lo más pronto posible, para que los niños de Chile nos agradezcan, los matrimonios se fortalezcan y la familia siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Recuerdo a la Sala que estamos en la discusión particular del proyecto. Por lo tanto, agradeceré a los señores diputados referirse a los artículos que han sido objeto de modificaciones.

Por otra parte, la Mesa comparte la idea de enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, planteada por la diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la Comisión de Familia, y propone fijar como fecha tope hasta el 31 de octubre para que aquélla se pronuncie sobre la materia, a fin de que no se dilate la tramitación de un proyecto de enorme trascendencia para el país. Es importante acotar el plazo y, así, no desperdiciar el esfuerzo realizado en la Comisión de Familia.

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Señora Presidenta , quiero aclarar que, si bien no lo mencioné en mi intervención, me referí desde el artículo 1º al 36 del proyecto de ley.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señora Presidenta , en agosto de 1990, hace trece años, con el diputado Sergio Aguiló presentamos una moción para prevenir y sancionar la violencia doméstica, que se convirtió en ley en agosto de 1994.

Desde ese momento, se ha producido un cambio muy importante en la elaboración de las políticas públicas y en las leyes. Temas como el que hoy discutimos se consideraban culturalmente parte de la vida privada, íntima o familiar de las personas, pero, con la citada ley, pasaron a formar parte de la agenda pública y política de Chile. Hay que destacar la participación activa del movimiento de mujeres a fin de hacer público el sufrimiento de miles de ellas que padecen este flagelo e instalar el tema en la agenda de la transición a la democracia de nuestro país.

Sin duda, la aplicación de dicha norma por los tribunales de justicia ha mostrado deficiencias. Por eso, con la diputada María Antonieta Saa presentamos una moción para modificar aspectos importantes de esa ley.

Me preocupa que se dilate la tramitación del proyecto, aunque la presidenta de la Cámara de Diputados haya señalado la necesidad de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia resuelva con prontitud las diferencias que se han constadado en su articulado.

Esta es una situación humana que ha costado instalar en la legislación y en la competencia de los tribunales. Esta moción tiene su origen en una evaluación hecha por el Sernam, en relación con la aplicación de la ley en los tribunales. Incluso, el año 2000, junto con la entonces diputada Fanny Pollarolo y con la colega María Antonieta Saa , nos reunimos con el entonces presidente de la Corte Suprema , señor Hernán Álvarez , y le entregamos un documento a fin de hacerle presente nuestra preocupación por la forma en que se aplica la ley en los tribunales.

Ésta no es una cuestión de eficiencia o no eficiencia, o de desconocimiento de las leyes, o de recursos -que, entendemos, se resolverá el 2005, con la instalación de los tribunales de familia-; se trata de un tema cultural, de fondo, que quiero destacar.

No fue fácil el despacho de la iniciativa cuya modernización se propone. La Cámara la aprobó por unanimidad. El gran dilema se produjo en el Senado, donde se consideró que ésta no era materia de ley, sino de políticas de capacitación, de formación, de asesoría familiar; finalmente, ganamos la batalla y la iniciativa se aprobó por mayoría.

¿Por qué me preocupa la dilación en su despacho? En sesiones anteriores, cuando se debatió el proyecto en general y se formularon indicaciones para que volviera a la Comisión, el acuerdo unánime fue que miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se integraran a la Comisión de Familia, donde está radicada la iniciativa, para que, en conjunto, se resolvieran las dudas o se incorporaran las modificaciones y los perfeccionamientos.

Me preocupa que, una vez más, le demos poca importancia a la seriedad que conlleva la violencia intrafamiliar. Sin duda, es una batalla cultural que cuesta instalar. Además, los jueces han interpretado la ley a su manera. En ocasiones, los actuarios han hecho lo que han querido con las disposiciones, y la tramitación a la que se somete a las mujeres golpeadas es lamentable. Hay muchos estudios en relación con aspectos tales como la aplicación de las medidas precautorias, cuánto se demora la notificación, la dilación inmensa que, además, pone en peligro la vida de la persona que ha denunciado.

Por lo tanto, en esto no hay porfía, sino una urgente necesidad de seguir protegiendo a las víctimas de violencia intrafamiliar. Hemos avanzado mucho en prevención -eso es importante-; pero hoy, ahora, en este preciso minuto hay víctimas de violencia intrafamiliar.

Cuando se constituyó la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, le manifestamos nuestra extrañeza al ministro del Interior de la época, por el hecho de no haberse incluido en el centro de este nuevo cuerpo institucional la violencia intrafamiliar; porque hoy, en materia de riesgo de muerte, de golpes, es más peligrosa la casa que la calle.

Por lo tanto, en esta materia me preocupan, en primer lugar, las barreras culturales que existen en los tribunales. Debemos generar un cambio de mentalidad al respecto. Es importante que las escuelas de derecho incorporen estas materias en su malla curricular. El tema requiere un cambio fuerte de mentalidad en los estudiantes de derecho, por cuanto de ellos, posteriormente, saldrán los jueces y las juezas del país.

En segundo lugar, me preocupa que el Estado no aborde de manera central este drama. La seguridad ciudadana no se refiere solamente a los asaltos en la calle, porque la mayoría de las agresiones y perversiones sexuales se dan en la cercanía del hogar o en él.

Por otro lado, las cifras van y vienen. En relación con el año pasado, en el primer trimestre del 2003 las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron en 3 mil, y las detenciones, en alrededor de 200.

Por lo expuesto, propongo, sobre todo a los colegas de la Comisión de Constitución, que no “bagatelicemos”, que no demoremos más el debate -sé que ellos tienen razón en algunos preciosismos y que tienen temor de que en el Senado se considere que lo relativo a los ex cónyuges no es pertinente, etcétera- y fijemos como plazo perentorio para que el proyecto vuelva a la Sala el 28 de octubre. La lentitud en nuestra respuesta, sobre todo en cuanto al mandato a los tribunales para que hagan las cosas de otra manera, redunda en un daño a las personas que día a día están sufriendo la violencia.

La ley puede ser buena, mala o bien tener imperfecciones; pero debe generarse un cambio cultural y una actitud en los tribunales para atender y recoger lo que los legisladores y las legisladoras queremos incorporar en el espíritu de la ley que estamos modificando.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo) .-

Señora Presidenta , sin perjuicio de abordar algunos aspectos generales del proyecto, me referiré a dos de las indicaciones que se incluyeron en el segundo informe de la Comisión de Familia: la que tiene por objeto agregar a los ex cónyuges como eventuales sujetos de la violencia intrafamiliar y la que incorpora a los hijos de una persona con la que se mantiene una relación de convivencia.

Haré algunos comentarios respecto de estas dos indicaciones, tomándolas como punto de referencia para enfocar la generalidad del proyecto.

Estoy profundamente convencido de la necesidad de proteger a las personas al interior de la familia, y de evitar, a través de iniciativas como la que estamos analizando -entre otras medidas posibles-, la violencia que pueda desatarse en ella. Sin embargo, quiero manifestar que soy escéptico acerca de las posibilidades que tiene este proyecto de alcanzar el objetivo de evitarla.

En Chile estamos viviendo una verdadera esquizofrenia moral. Levantamos algunos principios, los ensalzamos, nos miramos en ellos y después nos aterrorizamos frente a sus consecuencias.

A juicio de la diputada María Antonieta Saa , una de las autoras de la indicación, “la inclusión de los ex cónyuges como posibles sujetos de violencia intrafamiliar se justifica plenamente, debido a que las agresiones de los ex cónyuges son incluso peores que las de aquellos que permanecen casados, porque la mayoría de las veces se trata de personas frustradas, vengativas, a las que se les ha herido gravemente en su amor propio, por lo que son capaces de hacer cualquier cosa”. Tomo como base esta afirmación, que me parece real, para sostener la tesis de la esquizofrenia moral relativa a la violencia intrafamiliar, porque, precisamente, es el adulterio la causa fundamental de dicha violencia.

El hecho de que una persona vea que su ex cónyuge conviva con otra persona le causa una reacción de tal magnitud que, dominado por la pasión, puede ejecutar cualquier acto de violencia.

Por eso, me preocupa que en nuestra legislación, que ya despenalizó el adulterio, ahora, casi mofándose o burlándose del respeto por los compromisos matrimoniales, se pretenda castigar a quienes fueron víctimas del engaño a la fe de un compromiso matrimonial.

Con el proyecto relativo al divorcio -en tramitación en el Senado y patrocinado por el Gobierno-, el adulterio ya no sólo se despenaliza, sino que se legaliza, se impulsa, se convierte casi en una actitud natural, porque la ley respaldará a quienes quieran deshacer sus compromisos matrimoniales, contraer nuevas nupcias y pasar de una situación de convivencia a otra, como quien cambia de socios en una sociedad comercial.

Eso es lo que constituye la raíz de la violencia intrafamiliar: la destrucción de la familia. Aquí, poco a poco, nos vamos a quedar sin el medio para cometer estos delitos, porque ya no existirán familias. De modo que hablar de “intrafamiliar” constituirá un sinsentido.

Por eso, me preocupa esta situación de ambivalencia moral: por un lado, proclamamos una serie de principios, como la disolución del matrimonio, la posibilidad de cambiar de cónyuge como quien se cambia de traje, y, por otro, condenamos las consecuencias que producen ese tipo de situaciones.

En cuanto a la segunda indicación, que considera a los hijos de la persona con que se convive, está claro -las estadísticas no engañan a ese respecto- que un número muy importante de víctimas de violencia intrafamiliar son los hijos de personas que mantienen vínculos con un conviviente que no tolera la presencia de hijos habidos en otra relación. Esto demuestra claramente lo antinatural de una situación de esa índole. Si queremos precaver la violencia que de allí emana, debemos fortalecer el vínculo matrimonial y educar a nuestra juventud en el respeto a sus compromisos, en la fe, en el amor y en la entrega que supone el matrimonio. De lo contrario, estaremos construyendo una cultura del egocentrismo, en la cual la persona se ve a sí misma como el punto hacia el cual todo debe converger, y si algo le produce placer, eso siempre será bueno.

Nos hemos abrumado con los problemas de la pedofilia. Sin embargo, muchas veces detrás de situaciones como esa se encuentra la incitación de que cualquier uso de la sexualidad puede ser bueno.

Apoyaré la iniciativa, pero quiero manifestar mi escepticismo respecto de un proyecto de esta naturaleza. Veo muy poco posible que, a través de iniciativas como ésta, que endurecen las condenas y no remedian las causas, vayamos a solucionar los problemas que nos abruman.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Bustos.

El señor BUSTOS .-

Señora Presidenta , estamos ante un proyecto de gran importancia y trascendencia. Como señaló la diputada Adriana Muñoz , ya en la década de los ‘90 se presentó una iniciativa que, posteriormente, fue discutida en el Sernam, cuando estaba a cargo de ese servicio la actual ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear . En esa oportunidad tuve el honor de participar en la discusión del proyecto sobre violencia intrafamiliar, que luego se transformó en ley y significó un reconocimiento y protección de género.

Ciertamente, había un tema escondido en nuestra sociedad: la violencia intrafamiliar, en especial contra las mujeres y los niños. Dicha ley ha permitido que cada vez exista mayor conciencia cultural sobre la importancia y trascendencia que tiene la violencia dentro de nuestras familias, entendidas éstas como familias extendidas, es decir, que comprende no solamente el matrimonio legal, sino también la convivencia, que en nuestro país es de enorme amplitud y difusión, al igual que los hijos de matrimonios anulados, con todas las consecuencias que tiene la nulidad, al no existir una ley de divorcio que proteja realmente a la familia, a los hijos y a la mujer, en el caso de una separación que no tiene posibilidades de ser reconstituida.

Por eso, estoy de acuerdo con el proyecto en debate, pues modifica todas las deficiencias de la actual ley de violencia intrafamiliar. En efecto, se ha podido apreciar que hay una serie de ineficiencias y de casos que no quedaban comprendidos, tanto desde el punto de vista material como procesal.

Dada la importancia y trascendencia de la iniciativa, considero que tiene una serie de problemillas que es necesario rectificar. Por eso, considero que debería ir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por una semana, para enmendar los problemas de carácter conceptual.

Así, por ejemplo, en el artículo 1º se dice que “tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad”. Es decir, se plantean dos bienes jurídicos: la integridad y la seguridad. Pero al leer todo el texto del proyecto, se puede apreciar que no aparece la seguridad como bien jurídico protegido, sino solamente la integridad.

El artículo 2º habla de “todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica...”. Ahí está justamente el tema de la integridad a que se refiere el artículo 1º; pero, además, se agrega otro concepto que no está en el artículo 1º: el maltrato sexual. Pero queda abierto; no se sabe a qué se está refiriendo el maltrato sexual, pues solamente en el inciso primero del artículo 8º se establece una definición, pero sólo en relación con esa norma. De manera que no se puede aplicar al artículo 2º, que habla de violencia o de maltrato sexual.

Por lo tanto, no se sabe a qué se refiere, qué amplitud o alcance tiene el maltrato sexual, como muy bien decía la diputada señora Cristi , porque este concepto queda totalmente abierto, sin ninguna consideración exacta. Además, en el inciso segundo del artículo 8º, el concepto de violencia sexual aparece muy amplio y no queda claro a qué se refiere. Ello, sobre todo si se piensa en que la nueva ley de delitos sexuales, cuya reforma se hizo por este propio Congreso Nacional, es sumamente amplia en cuanto a todos los hechos de violencia sexual.

En verdad, resulta difícil imaginarse algún hecho de violencia sexual que no esté tipificado ya como delito dentro de las nuevas modificaciones al Código Penal.

Por otra parte, en el inciso primero del artículo 2º se habla de un término que no existe en nuestro país: ex cónyuge. Entiendo la intencionalidad, pero está mucho mejor expuesta en el inciso segundo, cuando se señala “entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio”. Es decir, allí se está refiriendo al caso de padres anulados que tengan un hijo común, lo que, ciertamente, da cuenta de una relación que no ha sido pasajera. Por lo tanto, lo señalado en el inciso segundo del artículo 2º también podría referirse a un caso de violencia intrafamiliar.

En cuanto al inciso primero del artículo 2º, la expresión “ex cónyuge” se estaría refiriendo a los casos en que, incluso, ni siquiera hay un hijo común. ¿Cómo puede hablarse de violencia intrafamiliar entre personas que se han anulado? En ese caso, sólo habría delito de lesiones, menos graves o leves, según el caso.

Por tanto, respecto del inciso segundo del artículo 2º, se puede dar el caso de violencia intrafamiliar en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia y sobre los hijos de aquélla; pero no así en el inciso primero del mismo artículo, menos aun cuando contiene un concepto tan extraño, como el de “ex cónyuge”.

En cuanto al inciso tercero del artículo 2º, considero restringida la aplicación del artículo 494 del Código Penal, ya que sólo se hace alusión a los números 4 y 5, pero se deja de lado el número 16, que establece las coacciones por violencia. ¿Qué más claro que allí puede haber violencia intrafamiliar, cuando, por coacción, se obliga a alguien a hacer lo que no quiere o a prohibirle algo. Lo mismo se da en el caso del número 14, que establece la omisión de socorro, o en el número 15, que establece una seguridad respecto del niño que sufre abandono por parte de la familia desde un punto de vista educacional.

Por lo tanto, en esta iniciativa no se han incorporado todas las situaciones que deben ser consideradas como violencia intrafamiliar, de modo que no sólo debe hacerse referencia a los números 4 y 5 del artículo 494 del Código Penal.

Con respecto al artículo 8º, no queda claro qué se entiende por vulnerar la integridad de la víctima desde el punto de vista sexual, cuando se refiere a la violencia física, psíquica o sexual. En el texto queda sumamente amplio, por lo que habría que precisar la violencia desde un punto de vista sexual, a menos que por “integridad” se entendiera que sólo se refiere a la integridad física y psíquica, en cuyo caso tendría que señalarse en forma expresa.

Por último, en el artículo 13 se establece una circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Dice: “Siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad” -por ejemplo, la del artículo 68 bis del Código Penal establece que es un grado desde el mínimo de la pena; es decir, una atenuante bastante importante-, “respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido”. Es decir, se establece la venganza como un expediente dentro del estado de derecho. Perfectamente, se puede dar el caso de que un hombre le pegue a su mujer, y al año siguiente, la mujer lo mate. En ese caso, la mujer tendría una atenuante de responsabilidad. O sea, el juez no tiene ninguna posibilidad de considerar las circunstancias que rodean cada caso. Estoy de acuerdo con la atenuante, pero siempre que se use la forma verbal “podrá”; es decir, el juez tendrá que determinar, según la circunstancia del caso, si realmente cabe la atenuante de responsabilidad penal. Decir “siempre”, significaría impedir al juez apreciar la circunstancia en cada caso, por lo que podrían darse las cosas más nefastas. Debemos entender que esto se refiere a violencia psíquica, física y sexual; o sea, lo más variado. En todo caso, cualquiera sea la circunstancia, la persona tendría una atenuante de responsabilidad calificada. Insisto, lo más apropiado sería sustituir la expresión “siempre” por “podrá”, y -como ocurre con todas las circunstancias atenuantes- que sea el juez quien deba determinar, según las circunstancias de cada caso, si cabe aplicar la atenuante de responsabilidad penal.

Estas pequeñeces son importantes, porque no quiero que el Senado nos haga una revisión al respecto. Considero que la Cámara de Diputados debe despachar la iniciativa redactada en la mejor forma posible, porque el proyecto es muy importante para nuestra sociedad, para nuestro sistema cultural, para nuestras mujeres, niños, ancianos y para la familia en su conjunto. Por eso, debe salir lo más perfecto posible. En consecuencia, estimo que debe volver a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sólo por una semana, para que se le introduzcan estas pequeñas modificaciones.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

La Mesa espera que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia cumpla su compromiso de abordar los temas planteados por el diputado Bustos en una semana.

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS .-

Señora Presidenta , seré breve porque la intervención del diputado y profesor Bustos me inhibe de intentar explicar lo que, desde el punto de vista del derecho penal, él hizo con absoluta certeza y claridad.

Sin duda, el articulado del proyecto es un gran aporte a la hora de configurar instrumentos que permitan punir de mejor forma un delito demasiado común en nuestra patria. Incluso, en las encuestas sobre denuncias hechas desde 1997, está incluido como aquellos delitos que causan mayor conmoción social.

Si se hiciera un seguimiento acerca de la tasa de denuncia de esos delitos, se llegaría a la conclusión de que no hay buenas noticias; que, en general, tienden al alza. Probablemente, como en este caso, esa tasa de denuncia tenga mucho que ver con la capacidad de algunas diputadas, particularmente como las que han intervenido acá, desde 1990 a la fecha, tales como las señoras Alejandra Sepúlveda , María Eugenia Mella , Adriana Muñoz , etcétera, en el sentido de hacer conciencia respecto de la importancia de denunciar este delito.

Gráficamente, podemos decir que quedó atrás el tiempo en que la gente creía que todo lo que pasaba al interior del hogar pertenecía a la vida privada y no era delictual. Ahora hay más libertad y más conciencia para denunciar, a pesar de que falta un buen poco.

Creo que un proyecto de esta naturaleza constituirá un buen instrumento. No será la panacea, porque debe ir acompañado de políticas preventivas realizadas por el Servicio Nacional de la Mujer. Se debe dotar a dicho organismo de más recursos para la implementación de esas políticas preventivas, pero es obvio que estamos en un buen camino. Para ello, debemos mejorar la ley anterior y crear una situación penal específica respecto de lo que es la violencia intrafamiliar. Pero eso se debe hacer en términos lo más correctos posibles, de manera que la ley sea aplicable. Porque si la vamos a dotar de normas de difícil aplicación, como sería una atenuante calificada cerrada, tendremos dificultades para que, en la práctica, se aplique. En consecuencia, es mejor dejar cierta capacidad de interpretación al juez en el caso particular, atendidas las características de la atenuante que estamos creando.

Por esas razones, específicamente por aquellas establecidas en la exposición del diputado Juan Bustos , sería de toda prudencia que el proyecto volviera a la Comisión de Constitución por un tiempo razonable -puede ser de una semana-, a fin de echarle una segunda mirada a las cuestiones fundamentalmente de carácter penal, sin poner en tela de juicio lo esencial del proyecto, que constituye su triunfo, cual es la creación del tipo penal respecto de la violencia intrafamiliar. De esa manera, despacharemos al Senado un proyecto que tenga una tramitación rápida y eficiente, y muy luego contaremos con una nueva norma que permita dotar a los particulares, a las policías y a las autoridades de Gobierno de un instrumento eficiente de persecución penal en contra de los autores de este tipo de delitos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily ).-

Señora Presidenta , debemos ser muy claros en precisar el alcance del proyecto sobre violencia intrafamiliar, a fin de que la gente que nos está escuchando sepa en qué consisten las modificaciones introducidas por el Senado al texto original, que establece, básicamente, sanciones.

He conversado con varios diputados -entre ellos Patricio Cornejo , quien es médico- en relación con un aspecto muy relevante que no aborda el proyecto -y no tendría por qué hacerlo, por cuanto no es materia de su incumbencia-. Me refiero a la prevención de la violencia intrafamiliar, apuntando básicamente a personas con problemas psicológicos, aspecto respecto del cual deberíamos preocuparnos en un futuro próximo.

Claramente, las personas que cometen violencia intrafamiliar tienen un daño psicológico importante, ya que no son capaces de controlar su furia; buscan canalizar y desahogar su violencia y su impulsividad a través de otro más débil, que, eventualmente, en la mayoría de los casos es la mujer o, a veces, los niños o los ancianos. Porque, si bien la violencia intrafamiliar afecta principalmente a mujeres, no debemos perder de vista que muchos ancianos, ahora albergados en hogares, fueron víctimas de violencia al interior de las familias con las que vivieron sus años de vejez.

Tengo sumo interés en dejar bien precisado este aspecto, a fin de no generar falsas expectativas con respecto a la materia que el proyecto nos convoca a discutir.

La violencia intrafamiliar y doméstica dejó de ser un problema de las familias, como algunos quisieron hacer ver durante muchos años. Una de las cosas positivas que ha hecho el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam -siempre lo he dicho-, es haber logrado instalar en la sociedad chilena y en la opinión pública asuntos, problemas y temas que históricamente sólo fueron considerados de interés de grupos feministas o que dedicaban su atención a esos problemas. Uno de los méritos que tiene el Sernam es, repito, haber instalado en la sociedad chilena la discusión de estos temas y, con ello, que se dejara de pensar que sólo involucran y deben ser resueltos al interior de la familia. Además, los Estados deben comprometerse a eliminar, sancionar y prevenir todo lo relacionado con la violencia intrafamiliar.

Con respecto a las modificaciones introducidas al proyecto, es muy importante, a mi juicio, lo que se establece en el inciso primero del artículo 2º, en el sentido de que, a partir de ahora, “Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado, cónyuge o ex cónyuge -si bien se generó una discusión respecto de este último término, creo importante, tal vez, ponerlo expresamente en el proyecto-, sea que viva o no bajo el mismo techo y cualquiera que sea la edad o condición del afectado”.

Del mismo modo, la modificación que determina: “También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los hijos de aquélla; entre los padres de un hijo común, cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”

Otro avance que cabe destacar respecto de las modificaciones introducidas al proyecto original, es la tipificación del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que sanciona con penas de prisión de siete a sesenta días, y con multa, lo que se traducirá en mayor efectividad al momento de prevenir este tipo de conductas.

Incluso, se establecerá la obligación de que el condenado pague a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que le hubiese ocasionado, lo que, sin duda, constituye un gran avance en esta materia.

De igual modo, como se ha hecho en otros proyectos que buscan sancionar conductas indeseadas para la sociedad, se crea un registro especial de sanciones de las personas que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada como autoras de violencia intrafamiliar, que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Otro avance en la misma línea es que se podrá conocer con exactitud a los autores de violencia intrafamiliar y sancionar a los reincidentes; es decir, se establece una especie de hoja de vida de las personas que cometen en forma reiterada tales actos.

Por lo señalado -dejando en claro que hablamos sólo de sanciones, puesto que aún nos queda un aspecto muy importante por abordar: el de las prevenciones-, el proyecto constituye un avance respecto de la señal pública que queremos dar como Congreso Nacional. Por eso, debemos aprobarlo, porque establece los cambios legislativos esperados, no obstante que espero que, más adelante, también abordemos medidas de prevención.

Si bien es cierto lo que, en reiteradas ocasiones, me ha expresado el diputado Waldo Mora, en cuanto a que el Código Penal establece sanciones para quienes cometen atentados, lesiones graves u homicidios -debido a la violencia intrafamiliar hay mujeres que han resultado muertas-, me parece importante consignar agravantes que impliquen mayores penas para quienes cometan este tipo de actos y establecer que la violencia intrafamiliar es un delito.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.-

Señora Presidenta , este proyecto, que crea un nuevo marco de tratamiento de la violencia intrafamiliar, constituye un gran avance en cuanto a la modernización y convivencia que queremos alcanzar como sociedad.

La iniciativa, originada en moción de las diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz , complementada con posterioridad con una indicación sustitutiva del Ejecutivo, ha tenido un tratamiento muy intenso en la Cámara. Además, responde al sentido anhelo de fortalecer el sistema democrático, que, como sabemos, sitúa a la persona en el centro de sus derechos, respetando su dignidad y felicidad, como aspectos principales de sus intereses.

El proyecto, orientado a enfrentar la violencia intrafamiliar, responde al hecho de que las víctimas de estos actos no se pronuncian en voz alta ni masivamente, porque se trata de una especie de cáncer silencioso, a pesar de que, en términos estadísticos, sea muy alta y de creciente ocurrencia. La iniciativa recoge esa realidad y le da una respuesta eficaz, satisfactoria y moderna.

Hace algunas semanas, la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer nos entregó cifras en el contexto de un debate similar. En esa ocasión nos informó que en 2002 hubo 70 mil denuncias de violencia intrafamiliar, tres veces más que las relacionadas con robo con fuerza, y señaló que quienes se deciden a hacer las denuncias respectivas, en promedio, han sido víctimas de esa situación por un período de cinco a siete años.

Es importante destacar que el artículo 3º establece la violencia no sólo a partir de hechos consumados, sino que reconoce las situaciones de riesgo, toda vez que ella es consecuencia de un proceso complejo, en el que hay componentes de frustración social, desequilibrios psicológicos, problemas económicos y, en algunos casos, predisposición a la violencia. Por eso, es necesario que la Sala apruebe el proyecto, reconociendo como válidas las situaciones de riesgo, y que se opere a partir de ellas y no cuando ya sea demasiado tarde.

La iniciativa busca la seguridad y la integridad de las víctimas, y establece con claridad las sanciones que, se espera, desalienten a los que hasta ahora han tenido libertad para actuar en contra de los suyos, quienes a menudo viven bajo el mismo techo, sin mayores consecuencias penales. Las sanciones no constituyen un fin en sí mismas, sino una manera de desalentar la violencia de quienes la ejecutan sin mediar formas de prevención o autolimitación. A partir de ahora, ese aspecto quedará formalmente resuelto en favor de la mujer y de los hijos, principales víctimas de la violencia intrafamiliar.

Es preciso entender la violencia de este tipo como un hecho grave y carácter transversal, pues atraviesa a toda la sociedad. Al respecto, se tiende a estigmatizar -no comparto lo que señalaba el colega René Manuel García - a los sectores más pobres. Incluso, se mencionó la Región de La Araucanía como una de las que tiene mayores niveles de violencia intrafamiliar, y la diputada Alejandra Sepúlveda dio a conocer un cuadro estadístico según el cual la incidencia de estos delitos en la Región Metropolitana es muy similar a la que existe en cualquiera otra. Lo concreto es que se trata de un fenómeno que sucede en todos los niveles de la sociedad chilena y no solamente en los grupos con mayores carencias sociales. Aquí se habla de violencia psíquica, y no sólo física. Se trata de un avance que nos deja en un nivel de vanguardia, pues, además de lo señalado, el artículo 11 reconoce el tema como de interés público.

Valoro el esfuerzo realizado para elaborar un proyecto sólido y socialmente muy consistente, a fin de enfrentar un verdadero drama de la sociedad, que, por sabido, se calla, y por callado, se olvida.

A partir de esta nueva mirada que da el proyecto, habrá que asumir que la violencia intrafamiliar es un indicador del estado de salud mental de la sociedad chilena. En consecuencia, no se puede dejar de entregar, al menos por parte de esta Corporación, un diagnóstico realista que enfrente con determinación las soluciones que el caso amerita.

Comparto lo señalado por el diputado y profesor Juan Bustos -puedo decirle profesor con propiedad, porque fui su alumno-, en el sentido de destacar los méritos del artículo 8º, que consagra el delito, pero, al mismo tiempo, hacer presente la necesidad de precisar el alcance de la vulnerabilidad sexual de las víctimas.

Por lo tanto, interpretando a la bancada del Partido por la Democracia, considero conveniente remitir el proyecto, por un plazo breve, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque situaciones como ésta no pueden seguir prolongándose por mucho tiempo, y, por ello, es urgente y necesario aprobar el proyecto con las precisiones señaladas.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier .

El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-

Señora Presidenta , el proyecto en discusión es tremendamente complejo, puesto que es una verdadera radiografía de nuestra sociedad.

El diputado que me precedió en el uso de la palabra decía que estamos frente a un fenómeno que nos obliga a analizar nuestro estado de salud mental. Evidentemente es así, y, por lo mismo, hay que situar el debate en un ámbito muy acotado, porque la iniciativa no ataca las causas de la violencia intrafamiliar, ni siquiera entrega una hipótesis sobre el problema. Sería muy positivo que el Congreso Nacional se tomara el tiempo suficiente para realizar esa reflexión, porque, de lo contrario, estaremos haciendo un esfuerzo estéril, tratando de contener una inmensa ola con el flotador de un niño.

Este fin de semana se estrenó una producción teatral llamada “Mano de Obra”, pieza dramática que cuenta lo que les sucede a los trabajadores y promotores de los supermercados, que es similar a lo que les ocurre a cientos de trabajadores y empleados manuales e intelectuales respecto de sus condiciones de trabajo. Dicha obra intenta explicar que muchas de nuestras patologías sociales están vinculadas, precisamente, a la valoración que le damos al mundo laboral y a las condiciones de trabajo, y que un ambiente perverso repercute en la familia.

No es casual, entonces, comprobar que las crecientes denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar se deban a que las condiciones del mundo laboral son cada vez más complejas y precarias. Tampoco es erróneo sostener que la violencia que el hombre ejerce sobre la mujer en el hogar va aparejada con la dramática violencia que ésta, a su vez, ejerce sobre los hijos.

El proyecto centra el conflicto en la violencia del hombre en contra de la mujer, que es, sin duda, una de las prácticas que más se dan entre los adultos; pero soslaya la violencia intrafamiliar que afecta a los menores de edad, a los hijos.

Por eso, al analizar el proyecto, cuyos alcances están muy acotados, debemos tener una visión más amplia sobre lo que consideramos más importante: nuestras familias, y estudiar las causas que conducen a que nuestra sociedad, más allá de las apariencias, sea una de las que ejerce mayor violencia en su núcleo societal fundamental, tanto de los hombres en contra de las mujeres como de padres y madres en contra de sus hijos. Sin duda, es un tema dramático. No debemos olvidar que el 70 por ciento de los delitos sexuales que se cometen en nuestro país son contra menores, y que el 70 por ciento de los hechores son familiares directos de las víctimas o bien perseonas cercanas a éstas.

Ahora, yendo a sus elementos sustantivos, esta iniciativa no constituye un gran paso en contra de la violencia intrafamiliar; pero es un avance, al fin y al cabo, porque, por primera vez, tipifica como delito -no como falta- lo que entendemos por violencia intrafamiliar, dando una definición clara de ella. Asimismo, amplía el ámbito de los sujetos: agresores y receptores de la violencia.

Es muy importante el concepto de familia que contempla el proyecto, puesto que recoge nuestra realidad y, con ello, se permitirá ampliar el ámbito de aplicación de la ley. La familia chilena no es la que describen algunos libros, constituida por el hombre y la mujer casados, con sus hijos y los abuelos; nuestra realidad no es así. La familia chilena también está formada por los juntados, los separados y los “rejuntados”. Es en ese ámbito en el cual se generan situaciones de violencia, no deseadas. Es correcto lo que dicen algunos, en cuanto a que no se debe incluir a los ex cónyuges y que se debería ampliar el concepto de convivencia, que no está bien logrado en el proyecto, porque es en ese ámbito donde se crean lazos afectivos que, a veces, hacen pensar al agresor que tiene cierto derecho de propiedad sobre quienes se transforman en sus víctimas. Aunque el proyecto ha pretendido ampliar ese concepto, es bueno precisarlo mejor.

En segundo lugar, comparto las reservas planteadas por el diputado señor Bustos respecto del concepto incluido en los artículos 2º y 8º, relacionado con la violencia sexual, no porque no la considere una forma de violencia ni porque sea una práctica poco habitual en nuestra sociedad, sino porque, de acuerdo con la técnica legislativa, se debería aludir a la ley ya existente y no tipificar hechos sin contenido, que no son delitos, porque con ello daríamos una mala señal de lo que queremos entregar a los jueces como instrumento para que puedan definir un acto que queremos que sea castigado.

Hemos hecho una declaración de intenciones que es válida, pero al momento de tipificar, como lo hace el inciso segundo del artículo 8º, estamos utilizando palabras sin sustancia, porque en la ley sobre delitos sexuales están contempladas todas las variantes y formas de violencia que deben ser tipificadas, no como violencia intrafamiliar, sino derechamente como delitos sexuales.

Por ende, pido votación separada respecto de esa parte del artículo 8º, para no dar una señal equívoca.

Por otro lado, debe adecuarse y perfeccionarse el numeral 3. del artículo 9º, en concordancia con la modificación de la ley de control de armas, que se ha promovido en la Comisión de Defensa, en cuanto a que se prohíba la tenencia de armas como una medida básica para avanzar en la seguridad ciudadana, aunque algunos colegas creen que es buena su tenencia en las casas o el porte de ellas. Gracias a Dios, cada vez son menos, porque, generalmente, terminan en manos de los delincuentes.

Por último, respecto del artículo 10, en el que por primera vez se incluyen programas terapéuticos para atender a los agresores -que son personas enfermas, difíciles de curar, según se colijo de la exposición de una destacada psicóloga en la Comisión-, cuando estamos ad portas de tratar el proyecto de ley de presupuestos, es muy importante buscar los mecanismos para asegurar su financiamiento, de manera que no ocurra lo que pasa con las drogas, para cuyo combate se gasta más dinero en policía y represión y casi nada en rehabilitación.

El proyecto de ley es un avance, pero pido votar separadamente los artículos 2º y 8º, y el número 3º del artículo 9º, referido a la tenencia de armas.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Patricio Cornejo.

El señor CORNEJO.-

Señora Presidenta, con mucho respeto a los estudiantes de leyes, a los colegas abogados, a los juristas y profesores de derecho, quiero abordar el proyecto de ley desde un punto de vista médico.

La violencia intrafamiliar es el resultado de una alteración psicológica de mayor o menor magnitud.

Se avanza, básica y fundamentalmente, en el artículo 1º, al definir el objeto del proyecto; en el artículo 2º, al definir la violencia intrafamiliar, y en el artículo 3º, al definir las situaciones de riesgo.

En el caso de las situaciones de riesgo, se establece que cuando exista una inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, se deberán adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan por parte del tribunal.

Entre las situaciones de riesgo, se definen circunstancias claramente constitutivas de patología mental: drogadicción, alcoholismo; una o más denuncias por violencia intrafamiliar; condena previa por violencia intrafamiliar; condena previa por crimen o simple delito contra las personas, y antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

En nuestro país, existe un 40 por ciento de prevalencia de patología mental, según datos señalados por la unidad de salud mental del Ministerio de Salud. Esto significa que cuatro de cada diez chilenos tienen algún grado de las siguientes patologías: neurosis, trastornos de la personalidad, depresiones reactivas o endógenas, trastornos bipolares, esquizofrenia o psicosis grave.

Sin embargo, la disponibilidad de recursos de atención, tanto psicológica como psiquiátrica, es decir, la cobertura en materia de salud mental establecida por las autoridades de salud, sólo llega al 4 por ciento. Esto significa que el 96 por ciento de las personas que sufren algún daño o alguna patología de salud mental no tienen cobertura, ya sea por el sistema público o privado o por la atención primaria, secundaria o terciaria.

Entonces, en relación con las medidas cautelares que señalan el artículo 9º, número 4. y el artículo 10, quiero poner el dedo en la llaga y recoger lo que dijeron parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, como la diputada señora Lily Pérez y los diputados señores Quintana y Juan Pablo Letelier .

Este último habló de las sociopatías, es decir, de aquellas enfermedades que tiene la sociedad. Pero éstas no son sino la traducción de las afecciones de salud mental que individualmente presentan las personas, lo que, sin lugar a dudas, se encuentra en el trasfondo de la violencia intrafamiliar.

Como muchos de los parlamentarios, en especial las autoras de la iniciativa, estoy de acuerdo en que se avanza en la definición de violencia intrafamiliar. Pero me gustaría que en la reforma de salud, en marcha -respecto de ella, algunos proyectos los aprobamos el año pasado, entre ellos se encuentra el Auge-, se contemplaran garantías en materia de salud mental. Sólo se aborda, en forma muy discreta, la depresión en determinado grupo de personas: las mujeres en edad fértil.

Debe avanzarse fuertemente en el manejo de la salud mental en nuestro país, especialmente desde el punto de vista de la prevención primaria, secundaria y terciaria de las patologías y de la red de atención de salud mental en cada una de las regiones, como una forma de prevenir delitos que han conmocionado en el último tiempo.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señora Presidenta, sin duda, el proyecto contribuirá a evitar actos de violencia intrafamiliar, que son tan negativos para las personas afectadas, particularmente para los menores de edad.

Está comprobado que quienes, en forma repetida y continua, sufren actos de agresión en el seno de la familia, serán después personas violentas, que reproducirán los mismos hechos al interior de sus familias. Por lo tanto, lo que se haga para atacar estas conductas es muy conveniente.

No comparto el escepticismo que expuso al inicio de la sesión el diputado Ibáñez , en el sentido de que con estas normas poco se conseguirá. Es cierto que hay que atacar las causas de este flagelo, pero, obviamente, no puede desconocerse que de este modo se contribuye a producir cambios, incluso culturales, en las personas.

De hecho, con la aplicación de la ley Nº 19.325, que se modifica, según informes que tengo a la mano, las denuncias por violencia intrafamiliar han descendido. No se repitió el número de denuncias en un 47 por ciento, lo que demuestra la efectividad de una normativa de esta naturaleza.

En relación con el actual proyecto, el diputado Bustos ha manifestado con claridad lo que debe analizarse en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por supuesto, deben precisarse mejor los bienes jurídicos que se protegen en el artículo 1º y definirse si la violencia intrafamiliar, materia que se aborda en el artículo 2º, corresponde a maltrato sexual. Personalmente, creo que debería mantenerse sólo lo que se refiere a la integridad física y psíquica de las personas, porque en el primer concepto estaría incluido el aspecto sexual. En todo caso, es una materia que deberá discutirse.

Resulta incomprensible la violencia intrafamiliar cuando ex cónyuges, incluso, no viven bajo el mismo techo. Creo que debe reestudiarse este texto: “cónyuge o ex cónyuge, sea que viva o no bajo el mismo techo”. Está bien ampliar el concepto de violencia intrafamiliar a los convivientes, a los hijos de algunos de ellos, etcétera, pero, en la medida en que el ex cónyuge no habite bajo el mismo techo, la situación es bastante discutible.

También es discutible la circunstancia atenuante de responsabilidad penal que establece el artículo 13. La de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte de quien figura como víctima u ofendido, apunta a actos de venganza. Me parece bastante inusual. Por lo menos, habría que dar al juez la facultad para analizar cada caso y ponderar hasta qué punto una persona ha sido influida emocionalmente por una reacción violenta, para aplicarle la atenuante respectiva.

En definitiva, si bien desde el punto de vista jurídico se deben hacer algunas precisiones, no me cabe la menor duda de que el proyecto será muy efectivo en el marco de la creación de los tribunales de familia, iniciativa que está tramitándose en el Senado.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señora Presidenta , el proyecto constituye un importante avance para combatir la violencia intrafamiliar, mal nefasto que afecta a nuestra sociedad y uno de los delitos con mayor cantidad de denuncias en Carabineros, en Investigaciones y en tribunales. Pero, por rigurosidad que debe caracterizarnos al momento de legislar, tengo ciertas aprensiones, que las hice presente en la Comisión, fundamentalmente en lo que se refiere al artículo 2º.

Es necesario precisar el concepto de ex cónyuge, fundamentalmente porque es una figura que no existe en la legislación civil ni penal. Se está introduciendo por vía de una normativa especial y, sin duda, puede tener consecuencias en otras áreas del derecho.

A mi juicio, la figura del ex cónyuge es errada y no concuerda con conceptos del derecho establecidos en materia de familia. ¿Cómo se define que una persona es ex cónyuge de otra? ¿Por la mera separación de cuerpos o cuando han anulado? Es importante la definición para efectos de determinar la tipificación del delito.

En segundo lugar, como ya lo señaló el profesor y colega diputado Juan Bustos , es necesario precisar el artículo 8º, que tipifica el delito de violencia intrafamiliar. Me detendré en este punto.

Quizás, una de las áreas que mayor rigurosidad exige es la del derecho penal, en especial cuando se crean tipos penales nuevos. En mi concepto, no se precisa el tipo penal del delito de violencia intrafamiliar, tal como lo hice ver en la Comisión. Incluso, presenté una indicación, pero fue rechazada. ¿Cómo determinará el juez cuando la violencia intrafamiliar ya sea física, psíquica o sexual sea clasificada como habitual, continua o permanentemente? Es un tipo penal abierto que, sin duda, más que ayudar a la gente a solucionar los problemas de violencia intrafamiliar, va a crear un profundo grado de descontento y frustración, porque el juez, enfrentado a calificar estos tres verbos rectores del tipo penal, no va a tener claridad. ¿Cuándo hay habitualidad? ¿Una vez?, ¿dos veces?, ¿una vez al mes?, ¿una vez a la semana?, ¿dos veces a la semana? En este sentido, soy partidario de que el proyecto en informe vaya a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que se precise con claridad cuál es el tipo penal que existe, cuáles son los verbos rectores que hay, porque no vaya a ocurrir que aprobemos un tipo penal que, en la práctica, no apliquen los tribunales, por no definirse qué es habitual, qué es continuo y qué es permanente. O, tal vez, podemos encontrarnos con criterios judiciales jurisprudenciales más precisos y absolutamente distintos. Un juez, perfectamente, puede decir que la habitualidad no constituye golpear una o dos veces a la mujer a la semana o dos veces al mes.

Me parece que este tipo penal es bastante delicado y muy impreciso, por lo que -insisto- soy partidario de que la Comisión de Constitución y Justicia lo corrija.

Asimismo, como ya lo señaló el colega Juan Bustos , el artículo 13º, al establecer que: “Siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido.”, pareciera ser que permite que se pueda actuar por venganza o previo ataque a una persona. Derechamente, soy partidario de eliminar esa circunstancia atenuante de responsabilidad y de regirnos por aquellas que establece el propio Código Penal en la parte general, en el sentido de establecer que el juez podrá calificar el hecho de haber precedido agresión por parte del ofensor. Además -lo hice notar en la Comisión- puede ser que la persona víctima de violencia intrafamiliar repela la agresión y así encontrarnos frente a una legítima defensa. Por lo tanto, a través de esta circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, estamos eliminando la legítima defensa, lo que me parece mucho más grave.

Por estas razones, entendiendo que muchas veces la ley está llamada a solucionar problemas difíciles, como es el caso que hoy discutimos, que se viven al interior de la familia, es necesario que sea lo más precisa en materia penal.

Finalmente, pido que, en el evento de que este informe no vaya a la Comisión de Constitución, pueda haber votación separada de los artículos 2º, 8º y 13.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.

La señora VIDAL ( doña Ximena).-

Señora Presidenta , el sentido de este proyecto es proponer una respuesta adecuada, a miles de familias, entregando, desde el punto de vista legal, mejores posibilidades de acción para defenderse de los actos de violencia.

Hemos escuchado a expertos en la materia; hemos conocido testimonios de personas víctimas de violencia intrafamiliar; hemos coordinado acciones con los centros de asistencia de violencia y hemos discutido y defendido nuestros puntos de vista en la Comisión de Familia, junto a representantes del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam , interlocutores claves en los pasos que hemos dado para llegar hasta aquí después de votar favorablemente el proyecto en dicha Comisión.

Considerando la importancia de estas faltas o delitos, y dependiendo de las circunstancias que ocurren en nuestra sociedad, es que solicito encarecidamente a los colegas diputados y diputadas votar favorablemente esta modificación a la ley de violencia Intrafamiliar. Sabemos y nos informamos abundantemente, a través de los medios de comunicación, que la violencia en los delitos de todo tipo aumenta día a día. Doy algunas cifras: El primer lugar lo ocupa el robo con fuerza en las cosas, con 35 por ciento. El segundo lugar, el hurto, con 17 por ciento, y, el tercer lugar, los delitos de violencia intrafamiliar, con 17 por ciento. Entonces, ¿cómo vamos a cuestionar que en esta modificación a la ley estamos por fin delimitando qué es un delito?

No entiendo la discusión de mis colegas abogados. Discúlpenme, no soy abogada, pero realmente no estoy de acuerdo con la inquietud, el miedo, con esa voz débil frente a este proyecto.

Hoy hablamos de la violencia que ocurre en el núcleo más importante para los seres humanos: la familia. Ésa es la razón por la que debemos ser responsables y coherentes entre el discurso y la votación. Por eso, no estoy de acuerdo con los trámites propuestos, pues van a retardar las modificaciones tan necesarias para la aplicación de esta futura ley.

¿Por qué se cuestiona el buen legislar? Me parece que la Comisión de Familia es el espacio justo para debatir esta iniciativa como, lo hicimos durante el año pasado y como lo hemos hecho este año, contando siempre con la presencia de los miembros abogados de dicha Comisión.

Me llama la atención que algunos parlamentarios hablen de aumentar las penas para otro tipo de delitos; sin embargo, respecto de estos delitos, sus voces son demasiado débiles y temerosas. Está claro que la violencia es un antivalor presente en nuestra sociedad y sus causas son múltiples.

Estoy de acuerdo con el diputado de la Democracia Cristiana que habló sobre la salud mental. Hay que seguir avanzando respecto de su prevención. Con una ley no vamos a terminar con la violencia, pero sí vamos a regular de manera más efectiva las faltas o delitos que se cometan.

Me preocupa la relatividad sobre este tema. He estado presente en estas discusiones y me preocupa la visión de los diputados abogados. Existe una actitud sociocultural conservadora frente a la violencia. Los victimarios, aunque tengan problemas psicológicos, etcétera, son victimarios y dañan a miles de víctimas. Por lo tanto, debemos ser claros y precisos para que los jueces apliquen bien esta ley.

En el artículo 8º, la definición de violencia intrafamiliar es uno de los grandes logros de esta modificación. Otro acierto es el establecimiento de sanciones accesorias a la falta o al simple delito, tales como la obligación de abandonar el hogar común, la obligación de asistir a programas terapéuticos y la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional del ofendido. Todo ello constituye un tremendo objetivo de esta iniciativa.

La Comisión de Familia ha hecho un esfuerzo y un trabajo muy consistente y debemos ser consecuentes para votar este proyecto y no demorar más su trámite. Las familias de Chile lo están esperando.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Además de la diputada Alejandra Sepúlveda, están inscritos los diputados Mora, Ojeda y Valenzuela ; sin embargo, como el Orden del Día termina a las 12.45, sólo puedo otorgar la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda. Si hubiera acuerdo, los otros tres diputados podrían intervenir hasta por tres minutos.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-

Señora Presidenta , la mayoría de los diputados que hoy plantean algunas observaciones son parte de la Comisión de Familia.

En primer lugar, quiero referirme a lo señalado por el diputado Bustos . Nosotros tratamos de hacer lo más cerrado este proceso en relación con los jueces, por la experiencia que al respecto nos manifestaron los distintos especialistas. No soy jurista, pero aquí hay antecedentes por los cuales ratificamos que fuera un proceso cerrado con respecto a la experiencia de los jueces. El 90 por ciento de las denuncias terminan en conciliación. Cuando hoy las mujeres piden que se les proteja efectivamente y haya medidas cautelares, sólo el 20 por ciento de dichas medidas son adoptadas en el proceso. El caso de Juana Candia fue dramático. Durante años sufrió violencia intrafamiliar y terminó matando al marido. En estos momentos se ha logrado revertir la pena impuesta en primera instancia. Me preocupa el hecho que los jueces -con el respeto que me merecen- no tengan una sensibilidad similar ante los casos de violencia. Por eso, desde la Comisión de Familia, queremos emitir una señal hacia la sociedad y pedir a los jueces un criterio parejo en esta materia. A ello obedece la eliminación de la forma verbal “podrá”, de modo que siempre, imperativamente, el juez deberá proceder en la forma prevista en la disposición.

Además, la Comisión no se abocó a las causas ni analizó las hipótesis de la ocurrencia de la violencia intrafamiliar en Chile, pero, sin duda, dio pie para que sigamos estudiando el tema. Reitero, nuestro objetivo es que haya una señal hacia la sociedad de que esta violencia no se debe producir.

Propusimos que el proyecto fuera enviado a la Comisión de Constitución por el plazo máximo de una semana, al término del cual -como acaba de precisar la diputada Adriana Muñoz - deberá volver a la Sala.

Espero que el proyecto se mire más que con ojos de juristas o de profesores de leyes, como una señal que damos a la sociedad y movidos por el hecho de que nuestros jueces, lamentablemente, no tienen ni los instrumentos ni la decisión para proceder como corresponde frente a este flagelo.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Por última vez, solicito el acuerdo de la Sala para que los últimos tres diputados inscritos puedan intervenir, otorgándoles tres minutos a cada uno.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Asimismo, haciéndome eco de varias intervenciones -existe además un acuerdo al respecto, expresado por algunos integrantes de la Comisión de Constitución-, propongo no votar ahora este proyecto y remitirlo a dicha Comisión por el plazo de la semana distrital, pero con el compromiso de que el martes 4 de noviembre esté listo para que la Sala lo trate hasta su total despacho.

Tiene la palabra la diputada Adriana Muñoz.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).-

Señora Presidenta , como señaló la diputada Alejandra Sepúlveda , el año pasado presenté un proyecto de reforma al Reglamento de esta Corporación que fue aprobado en general por la Sala y que se envió a la Comisión de Régimen Interno con indicaciones. Uno de los objetivos de esa reforma es dirimir este tipo de situaciones cuando existe premura por legislar debido a una necesidad social y específica, como la violencia intrafamiliar, y a la indispensable tramitación, perfeccionamiento y eficacia de las leyes que aprobemos.

Allí se plantea -como en este caso- que si un proyecto se remite a la comisión porque fue objeto de indicaciones y la Sala establece un plazo para su estudio -yo propuse el 30 de octubre, después de la semana distrital-, si la Comisión no resuelve sobre esas indicaciones, el proyecto volverá a la Sala en la forma como está. No deben establecerse más plazos, porque es una manera de dilatar la tramitación de proyectos de gran importancia. Aprendí esta lección durante la tramitación del proyecto de acoso sexual, que estuvo diez años en esta Cámara, volviendo una y otra vez de la Sala a la Comisión y viceversa. Sería importante rescatar esa reforma reglamentaria.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Señora diputada , el parecer de la Mesa -y así se ha reflejado también a través del debate- es que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución con el compromiso de que lo despache en una misma sesión para que, posteriormente, vuelva a Sala y sea discutido, hasta su total despacho, con informe, o sin él, el martes 4 de noviembre.

Tiene la palabra el diputado Waldo Mora.

El señor MORA.-

Señora Presidenta, la verdad es que estamos tratando un tema que ha creado conciencia nacional por la gravedad que reviste. Nadie que se repute inteligente acepta la violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus formas.

Pero me preocupa profundamente que con esta ley estemos abriendo una caja de Pandora. Muchas veces este Congreso Nacional ha despachado leyes de las que posteriormente nos hemos arrepentido como consecuencia de la rapidez con que han sido dictadas a raíz de la presión generada por los medios de comunicación y la misma sociedad, cuestión que nos ha obligado a imprimirle urgencia al proceso legislativo en determinadas materias. Fue eso lo que nos llevó a cometer errores cuando legislamos respecto de la supresión de la detención por sospecha, ley que -hay conciencia de ello- deberá ser modificada por esta misma razón.

En este caso, me preocupa que no exista una clara definición del hecho que es constitutivo de violencia intrafamiliar, si bien aparece en el artículo 2º. En el proyecto de ley no existe relación directa entre el artículo 1º y el 2º, por cuanto el 1º dispone que la “ley tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar” y regular sus consecuencias y sanciones. En tanto, en el artículo 2º se introduce una serie de agregados, pero no se hace referencia a la seguridad ni a la integridad propiamente tales. Sólo se refiere a la violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual...”.

Ahora bien, en el inciso primero del artículo 8º se hace referencia a lo que se entiende por delito de violencia sexual, esto es, el estupro, el incesto y la violación. Pero en su inciso segundo se establece: “Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5º, 6º y 9º, del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal”, que, precisamente, se refieren a la violación, al estupro y al incesto. Entonces, ¿alguien podría decirme en qué parte de este proyecto de ley se define lo que se entiende por acto de significación sexual?, ¿cuál es el delito?, ¿cuál es la definición?, ¿no estamos abriendo una caja de Pandora?

Lo anterior se presta para una serie de otros hechos que podrían derivar en la venganza por despecho sentimental de parte de mujeres u hombres separados que han encontrado otra pareja o por la utilización de niños para denunciar a ciudadanos públicos o privados como ha sucedido en estos días.

Entonces, por lo señalado, estimo que el proyecto debería volver a la Comisión de Constitución para que no cometamos el error de volver a legislar sobre lo mismo. Además, se ha creado conciencia entre las mujeres en cuanto a la existencia de una ley que, supuestamente, las iba a proteger, sancionando al agresor, cosa que no ha sucedido. Sumado a ello, las sanciones que establece la ley son irrisorias porque no cumplen con su objetivo.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señora Presidenta , lamentablemente mi reflexión va en sentido completamente opuesto al postulado por el diputado Mora . En mi opinión, a veces pecamos de exceso de legalismo en la Cámara, porque el lenguaje revela y oculta nuestros pensamientos. Entonces, entrar a precisar lo que él señala respecto de otras formas de delito sexual, nos puede llevar a disquisiciones jurídicas complicadas. Confiemos en que en los tribunales de familia que se están creando, en forma paralela, y en las instancias de apelaciones que tiene el sistema legal habrá jueces especializados capaces de hacer una óptima interpretación. Confiemos, así, en la eficiencia de las instituciones de otros poderes del Estado.

Señora Presidenta , tengo la impresión de que en estos quince días llegaremos relativamente a lo mismo. Hubiese preferido votar el proyecto ahora mismo, pero considero sensata la idea de su señoría de someterlo a votación el martes 4 de noviembre. Como se ha señalado, este proyecto constituye un avance sustancial, puesto que se tipifican otros delitos que son parte de la violencia que se vive al interior de la familia, lo cual es precisamente lo que preocupa al señor diputado . De manera que debemos tener mayor confianza en lo sabio de esta legislación propuesta por el Servicio Nacional de la Mujer.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sergio Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, la controversia suscitada en la Sala demuestra la complejidad de este proyecto, que regula o sanciona ciertos hechos que se generan en la sociedad, sobre todo las complejas relaciones que se dan dentro de la familia. Estas dificultades no hacen otra cosa que graficar lo que hoy está ocurriendo. Actualmente, las denuncias sobre violencia intrafamiliar han aumentado. La actual ley no ha sido efectiva para disminuir los delitos de violencia intrafamiliar, tal como se encuentran definidos en la normativa.

Por eso, felicito a los autores del proyecto y reconozco el esfuerzo que ha hecho la Comisión de Familia. Es de toda justicia reivindicar su trabajo y eficiencia, porque aquí se ha criticado su falta de diligencia o de conocimiento en materias jurídicas. En verdad, ha habido un gran avance, puesto que se han ampliado algunos conceptos en materia de violencia intrafamiliar. Sin embargo, hay algunas situaciones que deben analizarse más pormenorizadamente, como aquellas que se han expuesto de manera fundada en la Sala. El deseo de sancionar, de prevenir o de terminar con este tipo de actos dramáticos, no nos puede hacer olvidar que existen una doctrina y preceptos legales que tipifican delitos penales sancionados en nuestro ordenamiento jurídico y que, por lo tanto, debemos supeditarnos a ello, porque se trata de una disciplina jurídica consagrada en los tribunales de justicia.

Tuvimos razón cuando formulamos indicaciones para corregir algunos conceptos que estaban de más en el proyecto, como es el caso, por ejemplo, del delito de violencia intrafamiliar, que en esta ocasión ha sido explicado ampliamente. Es así como, afortunadamente, la circunstancia agravante establecida en el proyecto original fue eliminada en virtud de una indicación. Sin embargo, quedó la impresión de que el proyecto es muy tajante, muy fundamentalista, y no otorga al juez la discrecionalidad necesaria para su aplicación. La circunstancia atenuante está establecida en el artículo 11, número 4, del Código Penal, de tal forma de que no es necesario definirla en el proyecto de ley.

Estoy de acuerdo con que el proyecto sea enviado a la Comisión de Constitución porque contiene aspectos y preceptos jurídicos que un organismo técnico puede corregir. Pero ello no debe crear el precedente que signifique que en todos los proyectos deba intervenir la Comisión de Constitución. Este es proyecto que le atañe a la Comisión de Familia y allí debió quedar zanjado el problema.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En primer lugar, agradezco a los señores diputados su comprensión y apoyo para que los tres últimos diputados inscritos pudieran hacer uso de la palabra y así emitir su opinión.

En segundo lugar, dada la trascendencia del proyecto, reitero, sobre la base de lo expuesto por los señores diputados, el acuerdo de enviarlo a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -de cuya labor todos estamos plenamente conscientes-, para que sea analizado en una sola sesión y tratado en la Sala, con informe o sin él, hasta su total despacho, el martes 4 de noviembre, sin que ello signifique crear un precedente. Nuestra intención es tener el mejor instrumento posible.

1.12. Informe Complementario de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 29 de octubre, 2003. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 14. Legislatura 350.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA LEY N° 19.325, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES RELATIVAS A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. (Informe complementario al segundo informe de la Comisión de Familia).

BOLETÍN N° 2.318-18.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en cumplimiento del mandato entregado por la Sala, el proyecto de ley de la referencia, iniciado por una moción de las Diputadas señoras María Antonieta Saa Díaz y Adriana Muñoz D’Albora.

Para el análisis encomendado por la Corporación, la Comisión contó con la colaboración de los abogados del Servicio Nacional de la Mujer, señora Patricia Silva Meléndez, Jefe del Departamento Situación Jurídica de la Mujer y Marco Antonio Rendón Escobar, asesor del Departamento de Reformas Legales.

Cabe hacer presente que, dentro de las proposiciones aprobadas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no existen normas que deban ser aprobadas por quórum especial.

*******

ANTECEDENTES.

1) Origen.

El mandato en virtud del cual esta Comisión procede a analizar este proyecto proviene de un acuerdo de la Corporación, adoptado en la sesión 9ª, de 15 de octubre de 2003, por el que se le encomienda que emita un informe complementario al segundo informe despachado por la Comisión de Familia, a la luz de las observaciones formuladas durante la discusión del mismo en la Sala. El plazo para cumplir con este trámite es el lunes 3 de noviembre del año en curso.

2) Reseña general del proyecto aprobado por la Comisión de Familia.

El texto propuesto por la Comisión de Familia está constituido por tres títulos, que agrupan diecisiete artículos permanentes, y un párrafo que contiene una disposición transitoria.

El título 1°, (artículos 1° al 3°), De la violencia intrafamiliar, señala el objeto de la ley, define qué se entiende por violencia intrafamiliar y, establece las situaciones de riesgo de maltrato que puede sufrir una persona.

El titulo 2°, (artículos 4° al 6°), De las responsabilidades y sanciones, contempla las sanciones aplicables al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar -todas correspondientes a penas de faltas de acuerdo a las normas pertinentes del Código Penal-, faculta al juez para determinar prudencialmente los perjuicios sufridos por las víctimas y fijar los desembolsos que debe efectuar la persona que sea condenada en juicio y, regula el pago de la multa cuando la condena consistiere en ello.

El título 3°, (artículos 7° al 17), de las Disposiciones generales, establece la existencia de un registro especial de condenas por violencia intrafamiliar, en el cual el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá anotar las sentencias ejecutoriadas respectivas; se contempla el delito de violencia intrafamiliar; se faculta al juez para aplicar las sanciones accesorias que allí se señalan; se fijan condiciones imperativas para el caso de suspensión del procedimiento penal; se establece una circunstancia atenuante calificada de responsabilidad para el hechor; y se contemplan restricciones para la concesión de los beneficios establecidos en la ley N° 18.216. Asimismo, se propone una modificación al artículo 369 del Código Penal [1] y la derogación de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar.

Finalmente, se propone una disposición transitoria, que hace aplicable el procedimiento de la ley N° 19.325 a los procesos por actos de violencia intrafamiliar iniciados al amparo de dicha ley.

DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN.

En cumplimiento del mandato señalado en el numeral 1) del capítulo Antecedentes, la Comisión procedió a efectuar el análisis del articulado del proyecto y, de conformidad a su estudio, observó los siguientes artículos: 2°, 8°, 13, 14 y 15.

Artículo 2°.-

El texto propuesto por la Comisión de Familia es del siguiente tenor:

“Artículo 2º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la integridad física, psíquica o sexual de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado, cónyuge o ex cónyuge, sea que viva o no bajo el mismo techo y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los hijos de aquélla; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4 ó 5 del artículo 494 del Código Penal, se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley.

Cuando los hechos denunciados fueren constitutivos de delito, el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- - Del Diputado Bustos, al inciso primero del artículo 2°:

a) Para agregar, entre las palabras “maltrato” y “que” la siguiente frase entre comas (,): “que no constituya crimen o simple delito”.

La indicación tiene por objeto aclarar que constituyen actos de violencia intrafamiliar aquellos maltratos que afectan la integridad física o síquica de la persona respecto de la cual el ofensor tenga alguna de las calidades señaladas en la norma, siempre que dichos actos no sean constitutivos de un crimen o un simple delito.

Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

b) Para eliminar la palabra “sexual”.

El autor de la indicación explicó que se propone suprimir la referencia expresa a la integridad sexual atendido que cuando se produce un maltrato de connotación sexual, que no sea una conducta constitutiva de delito, siempre se afecta la integridad física o síquica, entendiéndose aquélla comprendida en éstas. De lo contrario, si se mantiene el vocablo “sexual” en la norma, se deja un campo muy amplio para interpretar cuándo se puede afectar la integridad sexual, sobre todo si se toma en cuenta que se ha entendido que constituye violencia sexual, incluso, la restricción a la libertad sexual, que no ha sido claramente definida, y puede dar lugar a una aplicación ilimitada de casos y circunstancias.

Se señaló, asimismo, que algunos hechos que ocurren o pueden ocurrir dentro del ámbito familiar como las ofensas al pudor en recintos privados, exhibición obligada de prendas, exhibición grosera e impúdica de genitales, entre otros, siempre afectarán la integridad física o síquica de una persona, todo lo cual sin lugar a dudas podrá dar origen a una denuncia por violencia intrafamiliar.

Otros Diputados estimaron que es necesario mantener el vocablo “sexual” atendido que la integridad personal está constituida por tres aspectos concretos y diferenciables: físico, síquico y sexual.

Sometida a votación esta indicación, se aprobó por mayoría de votos (seis a favor, uno en contra y una abstención).

c) Para eliminar la expresión “o ex cónyuge”.

Se señaló que, desde el punto de vista jurídico, la legislación chilena no contempla la institución del ex cónyuge. Las personas que habiendo celebrado contrato de matrimonio que posteriormente ha sido declarado nulo por sentencia firme o ejecutoriada no adquieren la calidad de ex cónyuges pues se entiende que nunca estuvieron casadas. Si esas personas no tuvieron hijos en común, una vez declarado nulo el matrimonio, no tienen vínculo de parentesco alguno y por tanto, en el evento que medie violencia entre ellos, se debe aplicar las normas generales del Código Penal (delito de lesiones, u otro) y no las de violencia intrafamiliar. Si existieren hijos en común, se aplica la norma contemplada en el inciso segundo de este artículo.

Se aprobó la indicación, por unanimidad.

- - De la Diputada Soto y del Diputado Ceroni, al inciso primero del artículo 2°, para sustituir la frase “el mismo techo” por “la misma morada”.

Sin discusión, se aprobó por unanimidad.

- - De la Diputada Cubillos y de los Diputados Forni, Luksic y Pérez Varela, para intercalar, en el inciso segundo del artículo 2°, a continuación de la frase “relación de convivencia” la siguiente oración: “con quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia”.

Se señaló que esta indicación, entre otras posibles situaciones, viene a dejar en claro que las personas cuyo matrimonio fue declarado nulo por sentencia firme o ejecutoriada, respecto de la cual existen hijos en común, o que no existiendo, mantienen relaciones patrimoniales pendientes, pueden invocar las normas de la ley de violencia intrafamiliar cuando ocurra alguna situación de maltrato entre ellas con posterioridad a la disolución del vínculo matrimonial.

Se aprobó la indicación, por unanimidad.

- - De la Diputada Saa y del Diputado Ceroni, para reemplazar, en el inciso segundo del artículo 2° la frase “sobre los hijos de aquella” por la frase “sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive”.

Se pretende incluir, como titulares de la acción de violencia intrafamiliar, además de los hijos de un conviviente, a los parientes por consanguinidad del mismo en toda la línea recta (hijos, padres y abuelos) y en la colateral hasta el segundo grado inclusive (hermanos).

Se aprobó, por unanimidad, la indicación.

- - Del Diputado Bustos, al inciso tercero del artículo 2°, para agregar, después del número “5” los números “14, 15 y 16”.

La indicación tiene por objeto aplicar las sanciones contempladas en la ley de violencia intrafamiliar cuando, concurriendo las circunstancias de parentesco o vínculo respectivas, ocurran los hechos descritos como faltas en el artículo 494 del Código Penal, consistentes en falta de socorro o auxilio en despoblado (numeral 14), abandono de hijos por no procurarles educación adecuada (numeral 15) e impedir con violencia hacer lo que la ley permite u obligar a hacer lo prohibido (numeral 16). De esta forma, el autor de los hechos descritos es castigado con sanciones más drásticas que las contempladas en las normas penales generales.

Se aprobó, por unanimidad, la indicación.

Artículo 8°.-

El texto propuesto por la Comisión de Familia es del siguiente tenor:

“Artículo 8°.- Delito de violencia intrafamiliar. El que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica o sexual, sobre una persona que tenga a su respecto alguna de las calidades referidas en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de que el hecho revista caracteres de un delito de mayor gravedad.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal, que vulnere la integridad de la víctima.”.

Se presentaron las siguientes indicaciones:

- Del Diputado Bustos, para agregar en el inciso segundo del artículo 8°, después de la palabra “integridad” la frase “física o psíquica”.

Tiene por objeto circunscribir el delito de violencia intrafamiliar, cuando se origine por violencia sexual, a los actos de significación sexual que vulneren la integridad física o síquica de la víctima. Se indicó la necesidad de señalar expresamente tales circunstancias pues, de lo contrario, el concepto de integridad quedaría interpretable en forma amplia.

Se aprobó por mayoría de votos, la indicación.

- De las Diputadas Cubillos y Soto y de los Diputados Forni, Luksic y Pérez Varela, al inciso primero del artículo 8°. Para eliminar la expresión “o sexual”, sustituyendo la coma (,) que antecede al vocablo “psíquica” por la conjunción “o”.

- De los mismos señores Diputados, para eliminar el inciso segundo del artículo 8°.

Ambas indicaciones fueron analizadas y votadas en conjunto por cuanto se encuentran relacionadas. Se señaló, por sus autores, que se debe eliminar la expresión ‘sexual’ del inciso primero y suprimir el inciso segundo -ambos del artículo 8° propuesto por la Comisión de Familia- que hace referencia a la violencia sexual pues, engloba un concepto demasiado amplio que, por tanto, no responde a los requisitos necesarios para definir un tipo penal y obliga al juez a fallar sobre elementos de carácter netamente subjetivos e interpretar cuáles son los ‘actos de significación sexual’, los que no se encuentran expresamente descritos en la conducta que se sanciona, y configuran una ley penal en blanco. De esta manera, agregan, no se cumple con lo dispuesto en el artículo 19, N° 3, inciso final de la Constitución Política, que señala que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella; lo cual ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional [2].

Otros señores Diputados señalaron que es importante, en el ámbito del delito de violencia intrafamiliar, mantener como una de las conductas a la violencia sexual, circunscribiéndola a cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, en la medida que se señale expresamente en la ley que dichos actos deben vulnerar la integridad física o síquica de la víctima. Esto último se contempla en la indicación ya aprobada con anterioridad.

Sometidas a votación, conjuntamente, ambas indicaciones fueron rechazadas por mayoría de votos.

Artículo 13.-

El texto propuesto por la Comisión de Familia es del siguiente tenor:

“Artículo 13.- Circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Siempre será circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido.

Lo anterior es sin perjuicio de las eximentes o atenuantes generales que procedan conforme a derecho.”.

Se presentó la siguiente indicación:

- Del Diputado Bustos, para sustituir, en el inciso primero del artículo 13, la expresión “Siempre será” por “Podrá constituir”.

Se señaló la conveniencia de establecer una circunstancia especial atenuante de responsabilidad, como la descrita en la norma propuesta por la Comisión de Familia, pero no de aplicación imperativa para el juez sino que de carácter facultativa. Atendida las múltiples posibilidades que se pueden dar en la realidad, el juez debe tener la posibilidad de apreciar, en cada caso, la aplicación o no de dicha circunstancia atenuante; de lo contrario, se pueden producir consecuencias nefastas. Debe existir, se agregó, cierta equivalencia entre las conductas del victimario y aquella respecto de la cual fue víctima, pues sino, se estaría legitimando la venganza como forma de resolver las controversias, lo cual no puede ser la intención del legislador.

Se aprobó, por unanimidad, la indicación.

Artículo 14, nuevo.-

Se presentó la siguiente indicación:

- De la Diputada Saa y del Diputado Ceroni para agregar un artículo 14 nuevo, pasando los actuales artículos 14, 15, 16 y 17 a ser artículos 15, 16, 17 y 18 respectivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 14.- Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII [3] y de los establecidos en los párrafos 5, 6 y 9 del Titulo VII [4] del Libro II del Código Penal, se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofensor.”

Tiene por objeto establecer una nueva agravante de responsabilidad para quienes, teniendo alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley, cometan alguno de los delitos establecidos en los títulos y párrafos que allí se señalan.

Se hizo hincapié que la mayoría de los delitos de carácter sexual se cometen al interior de las familias, o entre personas que conviven dentro de un mismo hogar.

Se aprobó, por unanimidad, la indicación.

Artículo 15.- (Pasaría a ser artículo 16, de aprobarse la incorporación de un artículo 14 nuevo).

El texto propuesto por la Comisión de Familia es del siguiente tenor:

“Artículo 15.- Restricciones a la concesión de beneficios de la ley N° 18.216. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, si el hechor hubiere cometido previamente en contra de la víctima actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, no tendrá lugar la remisión condicional de la pena ni la libertad vigilada, contempladas en la ley N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Con todo, cuando el hechor incurriere en lesiones menos graves, el tribunal, por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, podrá otorgar la libertad vigilada.

Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2° de la citada ley N° 18.216.”.

Se presentó la siguiente indicación:

- De la Diputada Saa y del Diputado Ceroni para agregar, en el inciso primero del artículo 15, a continuación del vocablo “Penal” y la coma (,) que le sigue la frase “así como el contemplado en el artículo 8° de esta ley”.

Esta indicación tiene por objeto agregar un nuevo caso, a los ya contemplados en la norma propuesta por la Comisión de Familia, para impedir que se dé lugar a los beneficios de cumplimiento alternativo de las penas privativas o restrictivas de libertad, consistentes en remisión condicional de la pena o en la libertad vigilada, para quienes hubieren cometido el delito de violencia intrafamiliar contemplado en el artículo 8°.

Sin discusión, se aprobó por unanimidad la indicación.

- - La Comisión acordó por unanimidad, reemplazar la referencia de texto contemplada en el inciso segundo del artículo 15 propuesto por la Comisión de Familia, en el sentido que donde dice “artículo 2°”, debe decir “inciso segundo del artículo 1°”.

De esta manera, se mantiene la prohibición absoluta contemplada en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216 [5], esto es, no procederá el beneficio de cumplimiento alternativo de pena cuando se trate de los delitos contemplados en los artículos 362 (violación en persona menor de doce años) y 372 bis (violación con resultado de muerte), ambos del Código Penal.

PROPOSICIONES ACORDADAS POR LA COMISIÓN.

Como consecuencia de la discusión y votación señalada anteriormente, la Comisión propone las siguientes enmiendas al texto aprobado por la Comisión de Familia.

Al artículo 2°.-

- Para agregar, en el inciso primero, entre las palabras “maltrato” y “que” la siguiente frase entre comas (,): “que no constituya crimen o simple delito”.

- Para eliminar, en el inciso primero, la palabra “sexual”.

- Para eliminar, en el inciso primero, la expresión “o ex cónyuge”.

- Para sustituir, en el inciso primero, la frase “el mismo techo” por “la misma morada”.

- Para intercalar, en el inciso segundo, la siguiente frase: “con quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia”.

- Para reemplazar, en el inciso segundo, la frase “sobre los hijos de aquella” por “sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive”.

- Para agregar, en el inciso tercero, después del número “5” los números “14, 15 y 16”, reemplazando la conjunción “o” por una coma (,).

Al artículo 8°.-

- Para agregar, en el inciso segundo, después de la palabra “integridad” la frase “física o psíquica”.

Al artículo 13.-

- Para sustituir, en el inciso primero, la expresión “Siempre será” por “Podrá constituir”.

Artículo 14, nuevo.-

- Para agregar un artículo 14 nuevo, pasando los actuales artículos 14, 15, 16 y 17 a ser artículos 15, 16, 17 y 18 respectivamente, del siguiente tenor:

“Artículo 14.- Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5, 6 y 9 del Titulo VII del Libro II del Código Penal, se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofensor.”

Al artículo 15.- (Pasaría a ser artículo 16, de aprobarse la incorporación de un artículo 14 nuevo).

- Para agregar, en el inciso primero, a continuación del vocablo “Penal” y la coma (,) que le sigue, la frase “así como el contemplado en el artículo 8° de esta ley”.

- Para reemplazar, en el inciso segundo, la referencia “artículo 2°” por “inciso segundo del artículo 1°”.

* * * * *

Se designó Diputado Informante al señor Juan Bustos Ramírez.

Sala de la Comisión, a 29 de octubre de 2003.

Tratado y acordado, según consta en las actas correspondientes a las sesiones 90 y 91 de la Comisión, del día 29 de octubre de 2003, con asistencia de los Diputados señores Guillermo Ceroni Fuentes (Presidente), Jorge Burgos Varela, Juan Bustos Ramírez, Marcela Cubillos Sigall, Marcelo Forni Lobos, Zarko Luksic Sandoval, Adriana Muñoz D’Albora (en reemplazo de Aníbal Pérez Lobos), Darío Paya Mira, Víctor Pérez Varela, María Antonieta Saa Díaz (en reemplazo de Aníbal Pérez Lobos), Alejandra Sepúlveda (en reemplazo de Gabriel Ascencio Mansilla) y Laura Soto González.

ANA MARÍA SKOKNIC DEFILIPPIS

Abogado Secretaria de Comisiones

1.13. Discusión en Sala

Fecha 04 de noviembre, 2003. Diario de Sesión en Sesión 14. Legislatura 350. Discusión Particular. Se aprueba en particular.

NORMATIVA SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Primer trámite constitucional.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En el Orden del Día, corresponde conocer el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, complementario al segundo informe de la Comisión de Familia, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos.

Antecedentes:

-Informe complementario de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín Nº 2318-18. Documentos de la Cuenta Nº 11, de esta sesión.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BUSTOS .-

Señora Presidenta , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia aprobó las siguientes modificaciones, conforme al plazo de una semana que la Sala le otorgó, en relación con el proyecto que modifica la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar:

En el artículo 2º se acordó introducir, inmediatamente después de la palabra “maltrato”, la expresión “que no constituya crimen o simple delito”, con el objeto de precisar a qué se refiere la ley de violencia intrafamiliar. En el caso contrario, la aplicabilidad de esta ley quedaba dudosa y equívoca, pues se podía entender que se estaba refiriendo a los crímenes o simples delitos, que tienen penas sumamente bajas.

En el inciso primero del artículo 2º se acordó suprimir la palabra “sexual”, que seguía después de la frase “integridad física, psíquica”, pues no se entendía bien, por ambigüedad, qué comprendía la expresión eliminada.

También, dentro del inciso primero del artículo 2º, se acordó suprimir la expresión “o ex cónyuge”, en razón de que esa figura no existe en nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso, en el inciso segundo del artículo 2º sí se contempla el caso de personas que convivan o hayan convivido y que tengan hijos.

De todas maneras, quedó pendiente el caso de las personas que hubieren anulado su matrimonio y que tengan relaciones patrimoniales. Por lo tanto, se acordó que en el inciso segundo correspondía incluir a aquellas relaciones de carácter patrimonial que subsistieran después de una nulidad de matrimonio o, en el futuro, de una ley de divorcio.

También en el inciso primero del artículo 2º se sustituyó la frase “el mismo techo” por “la misma morada”. En virtud de que la palabra “morada” se contempla en nuestro Código Penal, se buscó hacer la correspondencia entre los delitos contemplados en la ley de violencia intrafamiliar y en el Código Penal.

En el inciso segundo del artículo 2º se sustituyó la expresión “sobre los hijos de aquella” por “sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive”, dado que la primera expresión resultaba sumamente restrictiva y dejaba fuera una serie de otros parientes cercanos que podían vivir dentro de la misma morada.

Por último, en el inciso tercero del artículo 2º, después del número 5, del artículo 494 del Código Penal, que se refiere a las lesiones leves, se agregan los números 14, 15 y 16 de la misma disposición, en razón de que en ellos se contemplan hechos que también pueden ser parte de la violencia intrafamiliar, como la omisión de socorro, el abandono de niños en educación y también la coacción, todos ellos considerados faltas.

En el inciso segundo del artículo 8º se intercaló, después de la palabra “integridad”, la expresión “física o psíquica”, para precisar que en el delito de violencia intrafamiliar, cuando el maltrato es habitual, permanente y continuo, la expresión “sexual” debe referirse a la integridad física o síquica.

En el inciso primero del artículo 13, que establece una circunstancia atenuante para el caso de que la víctima de violencia intrafamiliar posteriormente sea agresora en un hecho delictivo, se sustituyó la expresión “Siempre será” por “Podrá constituir”. Se estimó conveniente dejar al criterio del juez, según las circunstancias, la posibilidad de establecer una atenuante en ese caso.

Se agrega un artículo 14, nuevo, por el cual se establece una agravante de parentesco en todos aquellos casos con connotación de delito sexual, es decir, violaciones en sus diversas formas, estupro y abusos sexuales.

Por último, respecto del artículo 15, tanto en su inciso primero como en el segundo, se establecieron exclusiones a los beneficios de cumplimiento de penas alternativas.

En el inciso primero, se introdujo una indicación para agregar un nuevo caso a los ya contemplados en la norma propuesta por la Comisión de Familia, para impedir que se dé lugar a los beneficios de cumplimiento alternativo de las penas privativas o restrictivas de libertad, esto es, remisión condicional de la pena o libertad vigilada, para quienes hubieren cometido el delito de violencia intrafamiliar contemplado en el artículo 8º del proyecto. Y en el inciso segundo, se establece que el beneficio no procederá en los casos de delitos de violación en personas menores de doce años y violación con resultado de muerte, establecidos en el Código Penal.

Finalmente, cabe señalar que las modificaciones fueron aprobadas, en algunos casos, por mayoría de votos, y en otros, por unanimidad, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señora Presidenta , en primer lugar, las indicaciones aprobadas en la Comisión de Constitución son adecuadas y enriquecen la iniciativa. Pero debo agregar que no considero justo que esa Comisión se alce como revisora del trabajo de la Comisión de Familia, puesto que con ello se rompe la igualdad que debe existir entre éstas. Sé que los temas abordados por la Comisión revisten carácter jurídico y que nuestros informes pudieren no responder a la perfección jurídica que se requiere. Sin embargo, precisamente, ésta fue establecida para que de ella no sólo surgieran criterios de orden jurídico, sino que también diera cuenta de las realidades cotidianas de la gente. Quiero expresar mi opinión porque, desgraciadamente, no estaba presente en la Sala cuando esto fue acordado. Sin embargo, la Comisión de Constitución ha enriquecido el proyecto, y lo reconozco honestamente.

Quiero referirme a dos o tres artículos muy valiosos.

En primer lugar, la Comisión de Constitución hizo una corrección muy importante en el artículo 2º, en términos de los sujetos de la ley, materia que había quedado establecida de una manera muy unilateral y no se había integrado como titulares de la acción de violencia intrafamiliar, además de los hijos del conviviente, a toda la línea de parentesco de las personas que convivían. En ese sentido, se integran los hijos del conviviente y los parientes por consaguinidad del mismo en toda la línea recta, como los hijos, padres, abuelos, y en la línea colateral, hasta el segundo grado inclusive. Esto perfecciona los sujetos de la ley y, por tanto, constituye un aporte muy importante.

En segundo lugar, quiero referirme al artículo 14. Se ha hecho un gran aporte respecto de temas que hoy han conmocionado al país. Debemos estar conscientes de que los abusos de menores se dan mayoritariamente en el interior de la familia. El 80 por ciento de las denuncias de abusos sexuales en contra de niños y niñas demuestra que los delitos son cometidos en el hogar por parientes cercanos. Por lo tanto, el artículo 14, nuevo, establece una circunstancia agravante de responsabilidad penal. En efecto, dispone que “Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5, 6 y 9 del Título VII del libro Segundo del Código Penal” -es decir, delitos sexuales-, “se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el artículo 2º de esta ley respecto del ofensor”. Esto es tremendamente importante, porque la realidad indica -reitero- que es en el interior del hogar donde suceden los abusos sexuales a menores.

Por último, esta modificación de la ley de violencia intrafamiliar será una gran contribución para proteger a las víctimas de este flagelo y para tener una visión más clara de que los hechos de violencia cometidos en el interior del hogar constituyen delitos, respecto de los cuales la ciudadanía debe tomar conciencia de su gravedad. En 1994, cuando se dictó la ley de violencia intrafamiliar, se tipificó este fenómeno. La ley en tramitación será un gran aporte para proteger a lasvíctimas y a fin de dar una señal clara a la ciudadanía para que nunca más se haga realidad el dicho popular de que “quien te quiere, te aporrea” -ignoro si el colega Cardemil lo ha incluido en su libro sobre refranes-. La iniciativa apunta a que la relación de familia debe ser de profundo respeto entre todas las personas que componen el núcleo familiar.

Además, un grupo de diputados hemos solicitado al ministro del Interior incluir esta modificación de la ley de violencia intrafamiliar en la agenda corta de seguridad ciudadana, porque tenemos un tremendo foco de inseguridad en los hogares chilenos, lo que se ve reflejado en las estadísticas, que demuestran que existe un 30 por ciento de violencia intrafamiliar.

Por lo tanto, una política pública de seguridad ciudadana debe considerar la violencia al interior de los hogares. Se hace necesario contar con políticas públicas claras sobre protección, rehabilitación y apoyo a las víctimas del flagelo de la violencia intrafamiliar que cubren a toda la ciudadanía. El Servicio Nacional de la Mujer ha hecho un esfuerzo en este sentido. Sin embargo, se rebajó el financiamiento a los diecisiete centros de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar, por lo que se restringirá la atención a los afectados por este flagelo. Obviamente, no estoy de acuerdo con esta medida. Si la opinión pública sabe que en el 30 por ciento de las familias se produce este flagelo, ¿cómo es posible restringir el aporte económico a dichos centros, en circunstancias de que están colapsados, pues la cantidad de víctimas supera su capacidad de atención?

Un grupo de diputados del PPD propondrá al Presidente de la República y al ministro del Interior , el establecimiento de una política clara de atención a las víctimas y de reparación del daño causado. La ley en trámite debe contribuir, junto con una política de prevención, que debe partir en los colegios, a crear conciencia nacional sobre la materia. Asimismo, debe haber un presupuesto adecuado para financiar la protección de las víctimas.

Muchas mujeres pierden la vida en manos de sus maridos, convivientes, padres o hermanos. Hace poco, dos mujeres fueron asesinadas por sus cónyuges o sus convivientes. Eso no puede seguir sucediendo.

Se requiere prevención, protección, ayuda sicológica y una política pública, que incluya la existencia de casas de refugio y de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Es necesario implementar proyectos educativos que enseñen a resolver los conflictos de manera pacífica, y que promuevan el respeto entre todos los miembros de la familia. Debe propiciarse la existencia de “familias democráticas”, en las que el control no se radique en una sola persona y en las que no se recurra a la violencia para mantenerlo.

La modificación que se propone es un gran aporte a la solución de este problema.

Por lo tanto, la bancada del PPD concurrirá con su voto favorable a esta iniciativa.

He dicho.

-Aplausos.

El señor SILVA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Juan Bustos.

El señor BUSTOS .-

Señor Presidente , en la Cámara de Diputados no existen comisiones revisoras de la labor de otras. Cuando más, los proyectos son analizados por dos comisiones, si las materias así lo requieren. En el caso de la iniciativa sobre violencia intrafamiliar, siempre se planteó la necesidad de que fuese analizada por dos comisiones, la de Familia y la de Constitución, Legislación y Justicia, en razón de los temas que abarcaba y teniendo presente la necesidad de perfeccionar la iniciativa desde las perspectivas de esas dos comisiones. Más aun, la propia Sala acordó enviarla a la Comisión de Constitución, en virtud del tipo de las modificaciones y observaciones planteadas.

Tal como lo ha reconocido hidalgamente la diputada señora María Antonieta Saa , las modificaciones acordadas en la Comisión de Constitución permitieron perfeccionar el texto y subsanar una serie de defectos graves que presentaba. De allí que se haya logrado una excelente legislación sobre esta materia, como es el interés de todos, en vista de la gravedad de los hechos de violencia intrafamiliar en el país.

Por ejemplo, por citar uno de los defectos más graves, si en el inciso primero del artículo 2º no se hubiese introducido la frase “que no constituya crimen o simple delito”, entre las palabras “maltrato” y “que”, los tribunales de justicia se habrían visto obligados a sesionar muchos hechos graves de violencia sexual, que afectan la integridad física o psíquica de la persona, con las penas establecidas en la ley de violencia intrafamiliar, que son mínimas, porque corresponden a faltas.

Por su parte, la diputada Saa se refirió al mismo artículo 2º, en el sentido de lo restrictiva que resultaba la norma respecto de las personas comprendidas en los actos de violencia intrafamiliar. Después del estudio de la materia por la Comisión de Constitución, dicha norma ha quedado mucho más amplia.

También es sumamente importante la introducción de la agravante, etcétera.

Cuando una materia se trata en dos comisiones, ciertamente es con el objeto de perfeccionarla, de complementarla; en ningún caso de someterla a revisión. Naturalmente, no es ése el objetivo de esta Cámara en relación con determinados temas; sólo busca, más aun en este caso de una ley tan importante para nuestra sociedad, que salga del Congreso en la mejor forma posible, sobre todo cuando se trata de modificaciones adecuadas porque la ley actual tiene problemas. Es lógico, por la época en que se dictó y porque era una materia nueva, que -como ha sido advertido en los tribunales- presentara una serie de inconvenientes y de vacíos que permitían una enorme impunidad en materia de violencia intrafamiliar.

Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque nos permitirán despachar una ley de violencia intrafamiliar que no permita impunidad respecto de ese tipo de hechos en nuestra sociedad.

He dicho.

El señor SILVA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni.

El señor FORNI.-

Señor Presidente , comparto el objeto de esta iniciativa legal, originada en una moción, razón por la cual concurrí a su aprobación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

A diferencia de lo que señaló la diputada Saa, considero que el proyecto fue enriquecido por esa Comisión. El aporte que hicieron todos y cada uno de los diputados fue muy importante y, en consecuencia, es una muy buena manera de validar los informes de otras comisiones.

En relación con el contenido del proyecto, si bien estoy de acuerdo con la mayoría de sus disposiciones, particularmente con una indicación del diputado Bustos para eliminar la palabra “sexual” en el inciso primero del artículo 2º, no lo estoy con la tipificación del delito de violencia intrafamiliar del artículo 8º, razón por la cual me voy a abstener.

Me permití leer en la Comisión algunos fallos del Tribunal Constitucional que establecían categóricamente que, de no definirse adecuadamente una figura penal, estaríamos en presencia de una ley penal en blanco, lo que es abiertamente inconstitucional, por disponerlo así el inciso final del Nº 3º del artículo 19 de la Constitución Política.

El artículo 8º del proyecto dice textualmente: “El que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica o sexual...”. La razón que tuvo el diputado Bustos para proponer la eliminación de la palabra “sexual” en el artículo 2º fue que la connotación de violencia sexual estaba incluida en la violencia psíquica. Entonces, parece contradictorio que se haya mantenido en el artículo 8º el concepto violencia sexual, en circunstancias de que acordamos eliminar el término “sexual” en el artículo 2º, porque su connotación estaba incluida en la de violencia psíquica.

Pero, a mi juicio, lo más grave está en el inciso segundo del artículo 8º, que señala: “Para los efectos de dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en lo párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal,...”. Esa disposición me parece tremendamente amplia.

Por ello -insisto-, estamos de acuerdo con tipificar el delito de violencia intrafamiliar, pero consideramos que el proyecto tiene serios problemas de constitucionalidad. Por esa razón, hago reserva de constitucionalidad y solicito votación separada del artículo 8º.

En lo demás, concuerdo con lo señalado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Éste es un tema tremendamente importante, ya que han aumentado notoriamente las denuncias por violencia intrafamiliar, por lo menos en las comunas que represento. Si bien eso puede explicarse por el aumento de confianza de las víctimas en el sistema judicial, no es menos cierto que ha aumentado la violencia al interior de los hogares.

No obstante lo delicado del problema, el tratamiento que hoy se le da es bastante amateur. El viernes, en San Felipe, me reuní con el Centro biprovincial de atención para las víctimas de violencia intrafamiliar, y pude constatar que cuentan con muy pocos recursos y apoyo en su trabajo, y que la tendencia parece ser disminuir aún más esos recursos.

Por lo tanto, anuncio que los diputados de la bancada de la UDI vamos a votar a favor del proyecto, pero manifestamos nuestras aprensiones de constitucionalidad en relación con el delito de violencia intrafamiliar que se tipifica en su artículo 8º.

He dicho.

El señor SILVA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .

El señor CERONI .-

Señor Presidente , algunos de los parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra han señalado el sentido que tiene el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que no se ha transformado en revisora del trabajo realizado por otras comisiones, y menos del de la Comisión de Familia. Sin embargo, la Comisión de Constitución tiene una especialización en este tipo de materias y facultades que debe hacer valer cuando le corresponde revisar algún proyecto.

La iniciativa que estamos tratando llegó a la Comisión de Constitución por la necesidad de aclarar algunos aspectos jurídicos que surgieron a partir de la discusión de la iniciativa en la Sala. Me parece que lo obrado por la Comisión es tremendamente significativo y en nada altera el espíritu de lo realizado, en materia de violencia intrafamiliar, por la de Familia. Por el contrario, perfeccionó el proyecto, por lo que no hay duda de que, de aprobarse, nuestra legislación contará con una ley eficaz.

Si bien ya se ha dicho, quiero reafirmar que es atendible la eliminación de la expresión “o ex cónyuge”, puesto que tal concepto no existe en nuestra legislación. No obstante, la indicación presentada por la diputada Marcela Cubillos y los diputados señores Forni , Luksic y Pérez Varela puede, en alguna medida, cubrir el vacío que queda al eliminarse tal expresión, ya que agrega que también podrán ser víctimas del delito las personas con las que se tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia. Es decir, se consideran situaciones en las que puedan estar involucrados los ex convivientes, pero en la medida en que exista una relación patrimonial de por medio. Ello, porque pueden surgir conflictos en la relación patrimonial que deriven en violencia intrafamiliar.

Asimismo, me parece extraordinariamente positivo que se haya agregado a los parientes por consaguinidad, en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive, como posibles víctimas de la violencia intrafamiliar, si se ha convivido con ellos. Si no se considerara esta situación, el concepto de familia quedaría restringido a quienes tienen libreta de familia, en circunstancias de que, en la práctica, el concepto va mucho más allá del contrato civil, porque hay familias surgidas a partir de una relación de convivencia. Por eso, la tipificación del delito debe extenderse a los parientes por consaguinidad que ya mencioné. Me parece acertado.

El diputado Forni señaló hace un momento que el artículo 8º hace referencia a un concepto demasiado amplio. Pues bien, la indicación presentada por el diputado Bustos acota su contenido. En ese sentido, propone agregar, después de la palabra “integridad”, la frase “física o psíquica”. De este modo, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro Segundo del Código Penal, que vulnere la integridad física o psíquica de la víctima.

Por último, el proyecto en debate constituye un aporte a la legislación chilena, por lo que llamo a votarlo favorablemente.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda.

La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra) .-

Señora Presidenta , aquí no se trata de competencias entre una comisión y otra, sino de elaborar una ley que proteja a la familia. En varias ocasiones he pedido que la Comisión de Relaciones Exteriores se complemente con la de Agricultura a fin de estudiar determinados proyectos de ley. En el caso que nos ocupa -fue mencionado por otros diputados- existió esa complementariedad. Como presidenta de la Comisión de Familia, permití la concurrencia de sus miembros a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de mejorar el proyecto y, de ese modo, entregar a la ciudadanía y a los jueces una ley más completa.

Es muy satisfactorio despachar en forma completa la iniciativa en debate. Con ello, estaremos dando una señal al país en relación con la importancia que reviste para la Cámara de Diputados el tema concerniente a la violencia intrafamiliar, de modo de que este tipo de situaciones no siga ocurriendo.

La iniciativa amplía el concepto de violencia intrafamilar y de familia, mejora la legislación respecto de las situaciones de riesgo de las víctimas, entrega una señal social a la ciudadanía, aumenta las penas -la mayoría de las cuales han sido elevadas respecto de las fijadas en 1997-, establece compensaciones por los perjuicios ocasionados a las víctimas, mejora las sanciones accesorias y, sobre todo, establece que el tema de la violencia familiar debe ser tratado por tribunales especiales -en este caso, los de familia-, de modo que estas situaciones anómalas que ocurren al interior de las familias sean tratadas con la sensibilidad, compromiso y especialización que corresponde.

El artículo 8º es que el reviste mayor interés. Puede que existan muchos cuestionamientos respecto de este precepto; pero, sin duda, ha sido mejorado en las múltiples ocasiones en que hemos revisado el denominado delito de violencia intrafamiliar. Se trata de una nueva forma penal que existe en la legislación de otros países y que desde ya llamo a las distintas bancadas a votarla favorablemente. Sin duda, es una señal social potente, pues se considera que la violencia física o psíquica al interior de las familias no es una falta, y que cuando es reiterada puede ser considerada un delito.

Estoy hablando como presidenta de la Comisión de Familia y como integrante de la bancada de la Democracia Cristiana, la que va a votar favorablemente el artículo, a pesar de que se ve en forma separada.

Como lo hemos dicho en innumerables oportunidades, a través de la modificación a esta ley pretendemos decirle al país que no queremos más violencia al interior de la familia; que no queremos que los jóvenes, los adultos mayores y nuestros niños sean agredidos.

Hoy la violencia intrafamiliar contra los varones ha aumentando de 1 a 3 por ciento, dato que hay que tomar en cuenta al hablar de violencia al interior de la familia. No puede ser ésa la forma en que los chilenos y las chilenas nos estemos relacionando.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier .

El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-

Señora Presidenta , quiero comenzar mi intervención haciendo mención a las últimas palabras de la presidenta de la Comisión de Familia.

Es la realidad que más nos debe preocupar, esto es, que cada vez hay más violencia al interior de nuestros hogares. Algo está pasando en nuestra sociedad, que nos debe llevar a un análisis más profundo respecto de las causas del maltrato, que tiene que ver con la calidad de vida, con la inserción en el mundo del trabajo, con la transmisión de valores tanto en el contexto local como por los medios de comunicación televisivos y radiales.

Hay que tratar de ver cómo esos fenómenos impactan al interior de la familia, por cuanto cuando hay brotes de violencia -y lo hemos querido tipificar- éstos se transforman en una práctica sistemática de abuso contra quien se supone que no sólo comparte un techo, sino también un proyecto de vida.

Estamos hablando de una sociedad que tiene disfunciones dramáticas, y el proyecto, por perfeccionado que esté, no va a resolver el problema de fondo: el maltrato a la pareja, que se considera lícito por algunos. Y más aun, ver cómo a raíz de esa actitud, la pareja abusada después maltrata a sus hijos, con lo cual se genera un cuadro dramático al interior de la familia.

Quiero señalar este aspecto, por cuanto al aprobar la iniciativa vamos a generar los instrumentos para sancionar a quien practica la violencia intrafamiliar, pero no vamos a resolver las causas que llevan a este flagelo.

Las estadísticas son dramáticas. Los actos de violencia que tienen lugar al interior del hogar son casi tres veces más que los denunciados en Carabineros por atentados contra la propiedad o las personas en la vía pública.

Asimismo, es importante señalar que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hizo un aporte relevante al proyecto.

Me sumo al reconocimiento que se ha hecho sobre el perfeccionamiento del artículo 2º en materia de definir la violencia intrafamiliar en un sentido amplio; en eliminar la referencia al ex cónyuge, que legalmente no existe; en ampliar y perfeccionar, también, el concepto de violencia que se extiende no solamente a los hijos, sino al conjunto de parientes, tanto en línea recta como colateral. Así lo dio a conocer el diputado señor Bustos .

Al igual que respecto de otras prácticas, que, por estar incorporadas en otras leyes, no corresponde establecerlas acá, se eliminó la violencia sexual, porque dicho delito está dentro de los que afectan a la integridad física o psíquica.

Respecto del artículo 8º, pienso que el diputado Forni ha hecho una observación que no sé si tiene un sustento legal, como él pretendió hacerlo ver, o si él es contrario a que se tipifique la violencia intrafamiliar como un delito. El aporte que ha hecho la Comisión -ahí radica el valor que tiene la iniciativa- merece un pronunciamiento y, en lugar de abstenerse, debería decidir si considera delito la violencia intrafamiliar o no. La Comisión ha establecido un delito que, sin duda, resulta complejo tipificar, pues requerirá el concurso del juez tener que evaluar si la conducta de violencia es habitual, continua o permanente. ¿Qué significa que exista un hábito continuo? ¿Una práctica reiterada o permanente?

Por tanto, contrariamente a lo que entendí del diputado Forni, se trata de precisar una realidad social que existe a diario al interior de algunos hogares en que se ejerce la violencia física o psíquica como una forma de convivencia habitual.

En cuanto a que estaríamos frente a una tipificación en blanco o vacua, como él ha sostenido, puedo decir que es al revés: estamos ante una tipificación precisa que le dará a los tribunales los instrumentos que no han tenido hasta ahora para sancionar a quienes causan un daño tremendo a la familia y a la sociedad.

Crea confusión el diputado Forni cuando dice que se va a abstener en este punto. Espero que sea su opinión personal y no la de la Oposición, porque sería dramático pensar que algunos creyeran que no está mal que se ejerza la violencia al interior del hogar.

En otra ocasión la colega Saa dio cifras respecto de las mujeres que mueren al año como consecuencia de la violencia intrafamiliar, como también respecto de situaciones alarmantes que se dan en todas las regiones y en todos los niveles socioeconómicos. Pensar que la violencia intrafamiliar se presenta en las familias más modestas es otra distorsión que hay en la opinión pública. Es una práctica que se da en todos los sectores sociales.

Espero que después de dar a conocer estos antecedentes, los colegas de la Oposición apoyen este artículo 8º, que, si bien es complejo, permitirá defender a la familia como unidad básica de nuestra sociedad.

Mi última reflexión tiene relación con las agravantes. Al respecto, me gustaría preguntar al diputado informante sobre las modificaciones que se hicieron al artículo 15. Mi duda estriba en si el cambio que se introdujo está en relación con las normas generales. Tengo entendido que es un derecho solicitar el beneficio contemplado en la ley Nº 18.216, porque cualquier persona que haya quebrantado la ley puede acceder a él. Un asesino, que, según la sociedad, debe ser condenado, tiene derecho a solicitar un beneficio. Y el juez, el especialista o quien corresponda, tendrá que evaluar si, en ciertas circunstancias, un hombre o una mujer que cometieron un delito grave tienen derecho a acceder a un beneficio en un momento determinado. Por ejemplo si una mujer mató a su marido debido a la violencia sistemática de su hogar y, debido a ello, formalmente ha sido condenada por homicidio, ¿tiene derecho a postular a un beneficio? Por cierto, considero que sí.

La discusión en torno del artículo 15 se centró en si la persona sancionada por algún delito tiene derecho a pedir y también a que se le conceda cierto beneficio.

Con la modificación introducida por la Comisión de Familia, a mi juicio, se ha alterado la escala respecto de a quien se le puede otorgar o denegar un beneficio. Con la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se le puede dar un beneficio a un homicida, pero no a una mujer que golpea a sus niños en forma sistemática y que ha sido sancionada por un delito de violencia intrafamiliar, a pesar de haber cumplido parte de su pena.

Sería positivo que el diputado informante u otro colega que haya defendido esa posición, la explicara, porque en ese punto es necesario hacer una votación diferenciada para no alterar principios generales de la legislación.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Señor diputado , en este momento no se encuentra en la Sala el colega Juan Bustos , que es el diputado informante , pero la Mesa tendrá pendiente su inquietud y, alternativamente, se puede pedir votación separada, lo que podemos ver en su momento.

Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.

El señor ACCORSI.-

Señora Presidenta , deseo expresar mi voluntad de apoyar con todas mis fuerzas la iniciativa en discusión. El tema, como muchos otros lo manteníamos oculto en nuestra sociedad y no lo habíamos enfrentado en la debida forma.

Hoy, las cifras que nos muestran los organismos especializados en la materia hablan de una violencia intrafamiliar del orden del 55 por ciento, porcentaje que está referido más que nada a la violencia física.

Sin embargo, hay otro tipo de violencia que ni se toca, por lo demás muy difícil de probar: la violencia psicológica, de actitudes. Con la actual legislación se puede enfrentar; en todo caso, si sumáramos la violencia física a la psicológica, las cifras serían mucho más abultadas. El tema tiene directa relación con el tipo de sociedad que aspiramos para el futuro.

Por ello, creo que esta legislación nos brindará, por lo menos, un marco protector en el sentido de ir superando estos problemas, que estaban tan escondidos y que tienen que ver fundamentalmente con nuestras prioridades y con el tipo de sociedad que estamos enfrentando.

Ojalá que no hubiese sido necesario legislar sobre esta materia, que tuviésemos una sociedad con otras características. La violencia actual tiene mucho que ver con el individualismo, con el modelo de sociedad. Es significativo que haya un porcentaje tan importante de mujeres jefas de hogar, casi un 40 por ciento en algunos sectores. Eso dice claramente que las relaciones de parejas son bastante conflictivas, lo que tal vez ocurra porque no hemos abordado el tema de fondo.

Hoy estamos propiciando, por ejemplo, algo tan importante como es la racionalización de la normativa legal sobre la lactancia materna, pero se ha armado un problema con las licencias médicas, quizás, porque no hemos establecido prioridades, punto en el que he insistido tantas veces en la Cámara. Tenemos grandes dificultades en salud; sin embargo, se han adquirido elementos de defensa por montos que no dicen relación alguna con lo que se gasta en salud y educación.

Si bien considero que esta iniciativa constituye un primer paso para enfrentar debidamente el tema de la violencia intrafamiliar, nada sacaremos si no cambiamos de actitud como sociedad.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada María Angélica Cristi .

La señora CRISTI (doña María Angélica ).-

Señora Presidenta , supuestamente, hoy debíamos discutir las indicaciones que se hicieron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al proyecto sobre violencia intrafamiliar, en cumplimiento del mandato entregado por la Sala para que se revisaran algunas disposiciones. Varios diputados, en cambio, han hablado más bien en general acerca de la iniciativa. Yo aprovecharé esta oportunidad para precisar algunos puntos que se han planteado en la Sala.

Esta no es la primera vez que la Cámara discute un proyecto sobre la materia; de hecho, en 1994, aprobamos una iniciativa que tenía como único objetivo disminuir el flagelo de la violencia intrafamiliar que afecta a tantas familias chilenas, legislación que ha tenido un resultado muy positivo, por cuanto a partir de esa fecha aumentaron las denuncias y se empezó a hacer un trabajo, débil aún, de apoyo especial para las víctimas.

En los tres últimos años, hemos estado discutiendo permanentemente este proyecto en la Comisión de Familia. En un proceso largo y engorroso llegamos finalmente al texto que hoy debatimos, con algunos avances desde mi punto de vista, pero que no resuelve definitivamente el problema de la violencia intrafamiliar, en particular porque habrá que esperar la implementación de los tribunales de familia para contar con un procedimiento más ágil y especializado que tenga la efectividad que se necesita.

Más que estar tan optimistas, creo que debemos esperar que el Gobierno cumpla con su compromiso de implementar a la brevedad los tribunales de familia; sin embargo, vemos que se ha postergado la aplicación de la reforma penal. Cada vez se hace más urgente que se habiliten dichos tribunales, porque sólo así se podrá cumplir con el claro objetivo que dio origen a esta iniciativa.

En todo caso, estimo acertadas las modificaciones que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia introdujo al proyecto. Es así como en el inciso primero del artículo 2º se eliminó la palabra “sexual”, dado que no hay una definición clara respecto de qué significa “integridad sexual” -como dijo el diputado Juan Bustos , es obvio que la integridad física o psíquica incluye la integridad sexual”-, y, también, la expresión “o ex cónyuge”. Según se señaló, la sanción por violencia intrafamiliar deberá recaer sobre el padre de los niños.

En el mismo inciso primero se sustituye la frase “el mismo techo” por “la misma morada”. El cambio no parece ser de tanta importancia, pero se consideró aconsejable.

En el inciso segundo del artículo 2º se incorpora una frase con el objeto de incorporar como actor de violencia intrafamiliar a quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia. Hubo una gran discusión respecto de la amplitud de la responsabilidad de los convivientes; incluso, en algún momento se incluía todo maltrato que afectare a parientes hasta el cuarto grado, lo cual, evidentemente, constituía una exageración.

También hubo un gran debate respecto del artículo 8º propuesto por la Comisión de Familia, que configura el delito de violencia intrafamiliar.

Se presentó una indicación al inciso primero del artículo 13, para sustituir la expresión “Siempre será” por “Podrá constituir”, debido a la conveniencia de establecer una circunstancia especial, atenuante de responsabilidad, pues hay distintas formas de violencia intrafamiliar, desde un acto leve hasta el homicidio.

Por lo expresado, anuncio mi voto favorable a las modificaciones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y solicito votación separada para el artículo 8º.

Se debe hacer un gran esfuerzo a nivel nacional para que las comunas dispongan de especialistas en salud mental que atiendan a quienes padecen de enfermedades psíquicas, porque, sin duda, la violencia intrafamiliar constituye una patología mental que se manifiesta en agresividad incontrolada, que debe ser tratada para ayudar a las víctimas y rehabilitar a los agresores. Mientras en el país no haya plena conciencia de que se requiere atención de salud mental urgente para estos casos, será muy difícil resolver los problemas que afectan a nuestra sociedad.

Para evitar la violencia intrafamiliar es importante inculcar a las personas, desde niños, el autocontrol, el respeto, la tolerancia y la capacidad de enfrentar situaciones de alta tensión. Creo que eso es fundamental para vivir en un mundo menos agresivo. En Santiago se observa agresividad en todas partes: en calles, colegios, plazas y hogares. Nos hemos convertido en una sociedad tremendamente agresiva, actitud que desgraciadamente se ha trasladado al lugar donde debería existir profundo amor, como es la familia, la cual no está exenta de actos de violencia.

Para solucionar ese problema se requiere la implementación de políticas públicas, que ojalá se contemplen en proyectos de ley.

He dicho.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

El diputado señor Juan Pablo Letelier expresó algunas dudas, incluso de constitucionalidad, respecto del artículo 15, que establece restricciones a la concesión de beneficios que otorga la ley Nº 18.216. Lo hago presente para que el diputado informante , señor Juan Bustos , si lo desea, entregue con posterioridad una aclaración sobre el punto.

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto.

La señora SOTO (doña Laura).-

Señora Presidenta , en primer lugar, quiero aclarar que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia nunca ha pretendido ser revisora. Al contrario, ha sido unívoco el deseo de las Comisiones de Constitución y de Familia respecto del establecimiento de una legislación que sancione, en forma drástica, a quienes cometen actos de violencia intrafamiliar.

Las cifras que se han dado a conocer sobre el tema son muy alarmantes, y estamos totalmente sensibilizados respecto de esta situación. Por eso, el trabajo de la Comisión de Constitución tuvo como objeto enriquecer el proyecto desde el punto de vista jurídico, a fin de que a futuro no haya mala interpretación de las leyes o se planteen vicios de constitucionalidad, como ha ocurrido hoy en la Sala.

Cuando entró en vigencia la primera ley sobre la materia, se produjo una situación muy traumática. Recuerdo que muchas mujeres, cuando acudían a la comisaría “especializada”, -entre comillas- sentían que eran objeto de vituperios o mofas y que no se les prestaba la debida credibilidad a sus dichos. Pero ya ha pasado mucho de aquello, y ahora estamos perfeccionando el sistema.

Nuestra sociedad tiene claro que esta es una cuestión que debe atacar, pues, como ha dicho la diputada señora Cristi , se trata de algo arraigado en nuestra cultura. Incluso, los niños se hacen adictos a juegos de violencia extrema en sus hogares o colegios.

Quiero referirme a una materia que hoy no ha sido tocada en el debate, pero que enriqueció el proyecto. Se trata de la indicación del diputado señor Bustos al inciso tercero del artículo 2º, para agregar, después del número 5, los números 14, 15 y 16.

Ella reviste gran importancia, por cuanto las faltas que señalan dichos números son de gran entidad y podrían considerarse casi como un delito aparte. Se trata de la falta de socorro o auxilio en despoblado (numeral 14); del abandono de hijos por no procurarles educación adecuada (numeral 15) y de impedir con violencia hacer lo que la ley permite u obligar a hacer lo prohibido (numeral 16).

En el fondo, el diputado señor Bustos nos abrió los ojos respecto de faltas que no estaban consideradas y que son muy importantes, razón por la cual me quise referir a ellas.

Frente a la duda planteada por el diputado señor Juan Pablo Letelier, quiero señalar que siempre hemos sido garantistas. Nos interesa que cuando los delitos sean muy graves, los infractores no accedan a los beneficios especiales que establece la ley; el artículo 15 es bastante claro en ese sentido.

En el ejemplo que se dio, respecto de la mujer que mata al marido porque la maltrata, el juez va a tener perfectamente claro lo que debe hacer. Es muy probable que la exima totalmente de responsabilidad o le aplique una eximente de responsabilidad. Entonces, la pena será la adecuada a lo que haya ocurrido. Creo que esto puede aclarar la duda del señor diputado.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Vamos a pedir que el diputado informante nos aclare el artículo 15 antes de llamar a votación.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar el proyecto, iniciado en moción, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

Se votará el texto propuesto por la Comisión de Familia, más las indicaciones de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con excepción de los artículos 8º y 15, respecto de los cuales se ha pedido votación separada. Le voy a conceder la palabra al diputado Juan Bustos, porque se ha solicitado una aclaración sobre el último de dichos artículos.

Tiene la palabra su señoría.

El señor BUSTOS.-

Señora Presidenta, el artículo 15 tiene dos incisos.

En el primero se excluyen de penas alternativas todos los casos de violencia intrafamiliar contemplados en el artículo 2º del proyecto: homicidio, parricidio, etcétera, y en el Título VII del Libro Segundo del Código Penal: violación y demás delitos sexuales, como el estupro.

En el segundo había un error de referencia. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia acordó reemplazar la referencia propuesta por la Comisión de Familia, de manera que donde dice “artículo 2º”, debe decir “inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.216”, que contiene la prohibición general respecto de los delitos sexuales. Con eso quedó salvado el problema.

Sin embargo, como subsistía una situación que resultaba contradictoria, la diputada señora María Antonieta Saa y el diputado señor Ceroni presentaron indicación para agregar, en el inciso primero del artículo 15, a continuación de la coma que sigue al vocablo “Penal”, la frase “así como el contemplado en el artículo 8º de esta ley”. Es decir, se agregaba a los casos de homicidio y de violación, el de violencia intrafamiliar, cuando posteriormente había un acto de este tipo. Pero resulta que el delito de violencia intrafamiliar es un comportamiento habitual, continuo y permanente. Evidentemente, había una inconsecuencia, que conversé con la diputada María Antonieta Saa , autora de la indicación, quien estuvo de acuerdo en que, desde el punto de vista penal, se producía un non bis in ídem, porque se estaría introduciendo dos veces la misma circunstancia: una, para los efectos de tipificar un delito, y otra, para establecer la exclusión de las penas alternativas.

Por eso, se pidió la votación separada, precisamente, para la indicación aludida. Con lo dicho, considero que queda aclarada la inquietud planteada por el diputado Juan Pablo Letelier.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Gracias, señor diputado .

Por lo tanto, si le parece a la Sala, se votarán en un solo acto los artículos aprobados por las comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia, con excepción de los artículos 8º y 15, para los cuales se ha pedido votación separada.

Acordado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Alvarado, Álvarez, Allende ( doña Isabel), Araya, Ascencio, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Jaramillo, Jarpa, Kast, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Monckeberg, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Díaz e Ibáñez (don Gonzalo).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar el artículo 8º. El señor Secretario va a dar lectura a la indicación aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es para agregar, en el inciso segundo del artículo 8º, después de la palabra “integridad”, la frase “física o psíquica”.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 8º con la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 24 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

-Se abstuvieron los diputados señores:

Accorsi, Allende ( doña Isabel), Araya, Ascencio, Becker, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Jaramillo, Jarpa, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta y Walker. Alvarado, Álvarez, Bauer, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Masferrer, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Salaberry, Uriarte, Urrutia Varela y Von Mühlenbrock.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 15.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, si no entendí mal al honorable diputado señor Bustos, es para reemplazar, en el inciso segundo, la referencia “artículo 2º” por “inciso segundo del artículo 1º de la citada ley Nº 18.216”.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Bustos.

El señor BUSTOS .-

Señora Presidenta , hay dos indicaciones. La que leyó el señor Secretario es solamente un error de referencia.

La principal es para agregar, en el inciso primero, a continuación de la coma que sigue al vocablo “Penal”, la frase “así como el contemplado en el artículo 8º de esta ley”.

Lo que se pide votar en forma separada es el inciso primero del artículo 15.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el inciso primero del artículo 15.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Punto de Reglamento, señora Presidenta.

La señora ALLENDE , doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra su señoría.

El señor LETELIER (don Juan Pablo) .-

Señora Presidenta , hasta ahora nos hemos guiado por el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Nuestra intención, al solicitar votación separada para el inciso primero del artículo 15, es votarlo en contra. Entonces, si lo que votamos es el texto aprobado por la Comisión de Constitución, lo haremos en contra, y si se vota el de la Comisión de Familia, que no considera ese agregado, lo votaremos favorablemente.

Por eso, es importante saber cuál de ellos se votará.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El señor Secretario aclarará su duda, señor diputado .

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La proposición es votar el inciso primero del artículo 15 aprobado por la Comisión de Familia, sin la indicación. De aprobarse, no corresponde votar la indicación.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Entonces, en votación el inciso primero del artículo 15, sin la indicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 22 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Allende ( doña Isabel), Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Delmastro, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Jarpa, Kuschel, Leal, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Monckeberg, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez ( don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Errázuriz, Galilea (don Pablo), Jaramillo y Pérez (don José).

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado, Álvarez, Bauer, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Masferrer, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Despachado el proyecto.

(Aplausos).

Tiene la palabra la ministra, señora Cecilia Pérez.

La señora PÉREZ, doña Cecilia ( ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-

Señora Presidenta , sólo para manifestar la gran satisfacción del Gobierno por el despacho, después de un largo camino recorrido en esta Corporación, del proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar. Creo que todos debemos sentirnos orgullosos de entregar una señal más, una respuesta eficaz, eficiente y digna a las familias y mujeres de Chile, que, por tanto tiempo, desde la dictación de la primera ley, en 1993, habían esperado.

Quiero destacar que esta iniciativa, junto con la que crea los tribunales de familia, entregará, por primera vez en nuestra historia, una solución integral al problema de la violencia intrafamiliar. Por una parte, aumenta las sanciones para quienes cometan este tipo de delitos, y por otra, protege la integridad de las personas e impone medidas cautelares en favor de la familia, objetivo común de todos los presentes.

Asimismo, quiero destacar y reconocer la rigurosidad y seriedad con que se ha legislado, dentro de los márgenes de tiempo que merecía este proyecto de ley, tanto en las comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia como en la Sala.

En nombre del Gobierno y de las mujeres con las que hemos trabajado durante estos años, doy las gracias a la Cámara de Diputados.

He dicho.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Muchas gracias, señora ministra.

De esta manera, la Cámara ha cumplido su compromiso de aprobar hoy día el proyecto de ley sobre violencia intrafamiliar.

1.14. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 04 de noviembre, 2003. Oficio en Sesión 8. Legislatura 350.

VALPARAISO, 4 de noviembre de 2003

Oficio Nº 4616

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

DICTA NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1° De la violencia intrafamiliar

Artículo 1º.-

Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, así como establecer las sanciones a dicha violencia.

Artículo 2º.-

Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato, que no constituya crimen o simple delito, que afecte la integridad física o psíquica de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no bajo la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive; respecto de quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4°, 5°, 14, 15 y 16 del artículo 494 del Código Penal, se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley.

Cuando los hechos denunciados fueren constitutivos de delito, el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Artículo 3°.-

Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente alguno de los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, habiendo precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.

2° De las responsabilidades y sanciones

Artículo 4°.-

Sanciones. Se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con alguna de las siguientes sanciones:

1. Prisión de siete a sesenta días.

2. Reclusión nocturna de quince a ciento veinte días.

3. Multa de media a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la respectiva región y que sean de financiamiento público.

En caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.

Artículo 5°.-

Desembolsos y perjuicios patrimoniales. La sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez.

Artículo 6°.-

Multa. El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. Si no pagare dicha multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de sesenta días.

3° Disposiciones generales

Artículo 7°.-

Registro de sanciones. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las resoluciones que la ley ordene inscribir.

El tribunal, ejecutoriada que sea la sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al condenado y la sanción aplicada por el hecho de violencia intrafamiliar. Este Registro Especial será puesto en conocimiento del tribunal a solicitud de éste, en los casos regulados en la ley.

Artículo 8°.-

Delito de violencia intrafamiliar. El que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica o sexual, sobre una persona que tenga a su respecto alguna de las calidades referidas en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de que el hecho revista caracteres de un delito de mayor gravedad.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal, que vulnere la integridad física o psíquica de la víctima.

Artículo 9°.-

Sanciones accesorias. Si el juez aplicare alguna sanción en virtud de los artículos 4° u 8° de esta ley, podrá imponer, además, como sanción accesoria, una o más de las siguientes:

1. Obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima.

2. Prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido.

3. Prohibición para portar y/o tener armas de fuego.

4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

El cumplimiento de las sanciones accesorias señaladas podrá subsistir sin perjuicio de que la sanción principal aplicada al agresor se encuentre cumplida.

Artículo 10.-

Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que desarrollen aquellos programas indicados en el N° 4 del artículo 9° darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

Artículo 11.-

Interés público prevalente. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, se entenderá existir un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal cuado el delito de lesiones menos graves haya sido precedido por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley.

Artículo 12.-

Condiciones imperativas para la suspensión del procedimiento penal. Tratándose de los delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, que hayan sido precedidos por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, si el tribunal decretare la suspensión condicional del procedimiento, impondrá conjuntamente las condiciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 238 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de las demás que estime pertinentes.

Artículo 13.-

Circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Podrá constituir circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido.

Lo anterior es sin perjuicio de las eximentes o atenuantes generales que procedan conforme a derecho.

Artículo 14.-

Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII del Libro II del Código Penal, se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofensor.

Artículo 15.-

Condicionalidad de los beneficios de la ley N° 18.216. En caso de condena por la comisión del delito previsto en el artículo 8°, el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la ley N° 18.216 se sujetará a lo dispuesto en el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

Artículo 16.-

Restricciones a la concesión de beneficios de la ley N° 18.216. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, si el hechor hubiere cometido previamente en contra de la víctima actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, no tendrá lugar la remisión condicional de la pena ni la libertad vigilada, contempladas en la ley N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Con todo, cuando el hechor incurriere en lesiones menos graves, el tribunal, por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, podrá otorgar la libertad vigilada.

Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216.

Artículo 17.-

Modificación al artículo 369 del Código Penal. Reemplázase la regla 2ª del inciso cuarto del artículo 369 del Código Penal por la siguiente:

“2ª Cualquiera sea la circunstancia bajo la cual se perpetre el delito, a requerimiento del ofendido el juez podrá poner término al procedimiento, en consideración a los antecedentes que obren en el proceso.”.

Artículo 18.-

Derogación. Derógase la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

Disposición transitoria.

Artículo transitorio.-

Los procesos por actos de violencia intrafamiliar iniciados al amparo de la ley 19.325 se seguirán substanciando conforme al procedimiento establecido en dicha ley.".

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Hago presente a V.E. que el artículo 18, fue aprobado en general y en particular con el voto favorable de 83 Diputados presentes, de 114 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

ISABEL ALLENDE BUSSI

Presidenta de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.1. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 05 de noviembre, 2003. Oficio

Valparaíso, 5 de noviembre de 2003.

Nº 23.078

A S. E. El Presidente de la Excelentísima Corte Suprema

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que en sesión del Senado de esta fecha, se dio cuenta del proyecto que introduce modificaciones a la ley Nº 19.325, sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, correspondiente al Boletín Nº 2.318-18, respecto del cual Su Excelencia el Presidente de la República no ha hecho presente urgencia para su despacho.

En atención a que el referido proyecto dice relación con la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, el Senado acordó ponerlo en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, recabando su parecer, en cumplimiento a lo preceptuado por la Constitución Política de la República.

Lo que me permito solicitar a Vuestra Excelencia de conformidad a los artículos 74, inciso segundo, y siguientes, de la Carta Fundamental, y 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Adjunto fotocopia del referido proyecto de ley para los efectos señalados.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRES ZALDIVAR LARRAIN

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

2.2. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 11 de febrero, 2004. Oficio en Sesión 35. Legislatura 350.

Santiago, 11 de febrero de 2004.

CORTE SUPREMA

BOLETIN Nº 2318-18

OFICIO N°3189

Ant.:AD-19.943.

Por oficio N° 23.078, de 5 de noviembre del año 2003, el Senado de la República, ha enviado a la Corte Suprema el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley N°19.325, sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, correspondiente al Boletín N°2318-18 respecto del cual S.E. el Presidente de la República no ha hecho presente urgencia para su despacho. El objeto de tal remisión es que esta Corte Suprema informe, al tenor de lo que expresa el artículo 74 de la Constitución Política de la República, respecto de modificaciones que el proyecto de ley contiene acerca de atribuciones de los tribunales de justicia.

Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 30 de enero pasado, presidido por su titular don Marcos Libedinsky Tschorne y con la asistencia de los Ministros señores Benquis, Tapia, Gálvez, Chaigneau, Cury, Pérez, Alvarez Hernández, Marín, Espejo, Medina, Kokisch, Juica, Segura y Oyarzún, acordó emitir el siguiente informe:

De la lectura del proyecto puede concluirse que, aunque en forma bastante poco clara, se están impartiendo normas para la adecuación de la violencia intrafamiliar al nuevo proceso penal, vigente en la mayor parte del país. Ello puesto que, en primer lugar, se deroga la ley N°19.325, sobre violencia intrafamiliar, como lo indica el artículo 18 del proyecto, y, en segundo lugar, porque el artículo transitorio del mismo dispone que los procesos por actos de violencia intrafamiliar, iniciados al amparo de la Ley N°19.325, continúan sustanciándose conforme al procedimiento que ella establece.

AL SEÑOR PRESIDENTE H. SENADO DE LA REPÚBLICA

VALPARAISO.-

Al tenor del artículo 2° del proyecto, la finalidad de las reformas propuestas se dirige a determinar claramente la ilicitud de la conducta tipificada como violencia intrafamiliar, que produce los efectos de prevención negativa y positiva, es decir, de la inhibición por temor a la sanción y del reforzamiento de la confianza de las víctimas en el sistema legal al sentirse protegidas incorporándose en la ilicitud la violencia sicológica.

Sin embargo, el proyecto incurre en una cierta inexactitud cuando en el inciso tercero del artículo 2° se indica que en caso que los hechos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas que contemple el artículo 494 del Código Penal, en sus números 4, 5, 14 y 16, les serán aplicables las sanciones que se indican "en esta ley" y, si fueren constitutivas de delito -el artículo 8° tipifica el delito de violencia intrafamiliar- el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Con todo, en parte alguna se hace referencia al tribunal competente ni al procedimiento aplicable para los efectos de esta nueva ley. Sólo pudiera suponerse que se refiere al juez de garantía, en razón de lo que dispone el artículo 2° en cuanto ordena al "juez" remitir al Ministerio Público los antecedentes respectivos, cuando los hechos fueren constitutivos de delito y por las alusiones que se hacen al Código Procesal Penal, en los artículos 10,11 y 12 del proyecto.

No es posible informar otra cosa sobre el proyecto enviado, en la medida que no contiene normas claras sobre los tribunales que serían competentes para conocer de las faltas y del nuevo delito creado y porque tampoco se dan normas precisas para la tramitación del proceso al que puedan dar origen unas y otras. En tal sentido, esta Corte estima que el proyecto es claramente insuficiente.

Además, con la derogación que se hace de la actual ley de violencia intrafamiliar y con el artículo transitorio redactado sólo para los procesos ya iniciados, se producirá el fenómeno de que, en un momento determinado, los actos de violencia intrafamiliar "nuevos" no serán materia de ley alguna, en los lugares en que todavía no rige el nuevo sistema procesal penal.

El proyecto de ley contiene varias modificaciones, las que se refieren más bien a las consecuencias de tipo penal que acarrean estos actos, motivos por el que esta Corte no emitirá pronunciamiento al respecto.

Saluda atentamente a V.S.,

Marcos Libedinsky Tschorne

2.3. Primer Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 23 de diciembre, 2004. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 23. Legislatura 352.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

BOLETÍN Nº 2.318-18

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en Moción de las Honorables Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz D´Albora.

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Es dable señalar que la Comisión discutió en general esta iniciativa legal, en atención a lo dispuesto en el artículo 36, inciso sexto, del Reglamento de la Corporación.

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Asistieron en representación del Ejecutivo, por el Servicio Nacional de la Mujer, la Ministra, señora Cecilia Pérez, la Jefa del Departamento de Situación Jurídica de la Mujer, señora Patricia Silva y el abogado de dicho Departamento, señor Marco Rendón.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Cabe haceros presente que el artículo 18 es norma de quórum orgánico constitucional.

Lo anterior debido a que dicho precepto incide en la ley orgánica constitucional que determina la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Suprema, en relación con el artículo 63, inciso segundo, de ese Texto Fundamental.

En efecto, la referida disposición deroga la ley Nº 19.325 cuyo artículo 2º otorgaba competencia para conocer de los conflictos originados por actos de violencia intrafamiliar al juez de turno en lo civil dentro del territorio jurisdiccional en que se encuentre ubicado el hogar donde viva el afectado.

- - - - - -

Es dable señalar que el Senado, por oficio Nº 23.078, de 5 de noviembre del año 2003, remitió a la Excelentísima Corte Suprema esta iniciativa de ley, con el fin de recabar su parecer al respecto, debido a que el proyecto contiene disposiciones que atañen a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

El Máximo Tribunal respondió por oficio Nº 003189, de 11 de febrero de 2004, observando que la iniciativa incurre en cierta inexactitud en el inciso tercero del artículo 2º, que establece que cuando los hechos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas que contempla el artículo 494 del Código Penal, en sus números 4, 5, 14 y 16, serán aplicables las sanciones que se indican “en esta ley” y, si fueran constitutivas de delito (el artículo 8º del proyecto tipifica el delito de violencia intrafamiliar) el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Con todo, agrega la Excelentísima Corte, en parte alguna se hace referencia al tribunal competente ni al procedimiento aplicable para los efectos de esta nueva ley. Sólo pudiera suponerse que se refiere al juez de garantía, en razón de lo que dispone el artículo 2º en cuanto ordena al “juez” remitir al Ministerio Público los antecedentes respectivos, cuando los hechos fueren constitutivos de delito y por las alusiones que se hacen al Código Procesal Penal, en los artículos 10, 11 y 12 del proyecto.

Por otra parte, aprecia que el proyecto no contiene normas precisas sobre los tribunales que serían competentes para conocer de las faltas y del nuevo delito creado y tampoco se indica cuál sería el procedimiento para conocer estos tipos penales. En este sentido, estima que la iniciativa es claramente insuficiente.

Finalmente, la Excelentísima Corte Suprema hace presente que, con la derogación que se propone de la actual ley y el artículo transitorio que prescribe la ultra-actividad de la misma sólo respecto a los procesos ya incoados, los actos de violencia intrafamiliar “nuevos” no serán materia de ley alguna en los lugares donde todavía no esté vigente el nuevo sistema procesal penal.

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ANTECEDENTES

1.- Objetivos fundamentales de la iniciativa

Reemplazar la ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, modificando el procedimiento judicial a seguir, creando un nuevo tipo penal, ampliando las atribuciones de la policía y reformando el sistema sancionatorio.

2.- Moción

Al iniciar este proyecto de ley en informe, las autoras expresan que la actual ley Nº 19.325, que estableció normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, ha constituido un gran avance en las siguientes áreas:

1.- Ha determinado claramente la ilicitud de la violencia intrafamiliar.

2.- Por intermedio de ella el Estado ha asumido un compromiso como garante de los bienes jurídicos protegidos por esta ley.

3.- Proporciona un marco básico de seguridad para las intervenciones interdisciplinarias.

4.- El carácter de autoridad que revisten los funcionarios judiciales ha permitido detener la violencia en la mayoría de los casos.

5.- La opción por la judicatura civil acentúa la búsqueda de protección y cautela de los derechos de las ofendidas, y de recomposición del tejido social, a diferencia de un énfasis en la determinación de culpables a ser sancionados.

6.- Consagra las modernas tendencias en Derecho Penal, Derecho Procesal y Criminología.

7.- Por medio de las medidas cautelares se establecen mecanismos eficaces de protección a las víctimas y sus familias.

8.- Consagra un concepto amplio de familia que incorpora las uniones de hecho.

9.- El proceso oral y breve facilita el acceso a la justicia.

10.- La ley apunta a la realidad del problema al habilitar como testigos a los familiares y dependientes, que son generalmente los únicos que tiene acceso al tema.

11.- El establecimiento de multas en base a ingresos diarios.

Con todo, las autoras han identificado una larga lista de falencias en la ley vigente, a saber:

1.- Falta de recursos económicos y humanos bien preparados para una eficiente implementación en el Poder Judicial y en las otras instancias en que deben intervenir.

2.- La competencia de los tribunales civiles ha significado un largo proceso de ruptura de las barreras impuestas por muchos jueces a un problema que no consideran atingente a su jurisdicción y respecto al cual no tenían conocimiento ni preparación alguna. Esto último, aplicado también a los funcionarios, ha sido determinante ya que ha quedado claramente demostrado que, con los mismos escasos recursos, en los juzgados en que hay jueces o funcionarios sensibilizados y que comprenden el problema, la ley se aplica mucho más eficazmente. Lo anterior sólo se solucionará de forma definitiva con la creación de los Tribunales de Familia.

3.- Falta de mecanismos de control de cumplimiento de las medidas precautorias.

4.- El llamado obligatorio a conciliación que contempla la ley ha significado un sinnúmero de avenimientos forzados e ineficaces en sus contenidos.

5.- La no consagración de un mecanismo de radicación de las causas en un mismo juzgado, ha obligado a las víctimas a tener que repetir su historia innumerables veces, recuperar documentos archivados, etc.

6.- Se han omitido ciertos sujetos activos de la violencia intrafamiliar, como los yernos, los hermanos mayores de edad, los ex cónyuges, los ex convivientes, y quienes han procreado hijos sin mediar convivencia.

7.- Ha habido ciertos problemas para las notificaciones por los funcionarios designados en la ley.

8.- La falta de claridad de algunos artículos junto con el desconocimiento del problema ha implicado una diversidad de criterios de interpretación que en nada aportan al mejoramiento del acceso a la justicia de las personas. Así, algunos jueces no reconocen su competencia en maltrato extrafamiliar o desconocen las pensiones alimenticias fijadas provisionalmente por el juez civil como medida precautoria; los jueces del crimen no hacen uso de las medidas precautorias, el momento para archivar las causas es muy diverso, los criterios para conceder o denegar una medida precautoria son totalmente distintos, se exige la ratificación de las denuncias, etc.

9.- Las medidas precautorias no se conceden de acuerdo al peligro de cada caso y con la rapidez necesaria.

10.- Las terapias estatuidas como sanción son ineficaces en un alto porcentaje. En la mayoría de los casos en que se obliga a los condenados a asistir a una terapia, no comparecen o abandonan la terapia luego de la primera sesión.

11.- No se contemplan mecanismos de seguimiento de las sanciones ni de los avenimientos.

12.- Se carece de un mecanismo eficiente de representación de los menores maltratados para el caso de que los agresores sean sus representantes legales.

13.- Las medidas precautorias se pueden mantener o modificar en la sentencia hasta por 60 días, pero no se señala desde cuándo se cuenta este plazo, si desde que se decretan o desde que se llevan a cabo.

14.- No se establecen claramente las obligaciones de la Policía.

15.- En estos juicios quedan muchas situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar sin resolver y que dificultan el término de la misma, por ejemplo, la liquidación de la sociedad conyugal.

Para solucionar estos inconvenientes, las autoras de la Moción plantean el siguiente listado de modificaciones a la ley Nº 19.325:

1.- Señalar al principio de la ley, en forma categórica, que el objetivo de la norma es la protección a las víctimas, que esta ley prima respecto a las normas generales debido a su carácter de norma especial, que los derechos consagrados en ella son irrenunciables y que en esta materia rigen plenamente los principios procesales de la gratuidad, la reserva, la celeridad y la inmediación obligatoria.

2.- Validar las primeras diligencias realizadas ante un juez incompetente.

3.- Ampliar la definición del artículo 1º para incluir a los familiares y otros similares no contemplados y definir mejor los grados de violencia. Además, aclarar el concepto de quienes “no viven bajo un mismo techo”.

4.- Incluir un mecanismo claro y expedito de representación judicial de los niños y niñas maltratados por sus padres, para lo cual se eliminan los requisitos de discernimiento del cargo de curador ad-litem y de rendición de fianza.

5.- En relación con las medidas de protección o cautelares se propone lo siguiente:

a) Establecer la obligatoriedad de la fundamentación de la solicitud.

b) Incorporar al actual listado (que es no taxativo) las siguientes nuevas medidas: radio mínimo de acercamiento al hogar y lugar de trabajo o estudio de la víctima; decomiso de armas en poder del agresor; prohibición de toda forma de hostigamiento, incluso telefónico; disposición de inventarios de bienes; entregar el cuidado de la víctima menor, incapaz o anciano desvalido a quien el juez considere idóneo para su seguridad psicofísica y mientras se efectúe un diagnóstico de la situación; embargo de bienes, y arresto transitorio del agresor hasta por 36 horas.

c) En la sentencia el juez puede ordenar al agresor abstenerse de conductas violentas.

d) El juez que conoce la causa debe ser competente para la ejecución y cumplimiento de las medidas precautorias dictadas por él.

e) Las medidas que consistan en terapias deberán ser costeadas por el agresor a menos que no tenga recursos para ello.

f) Cuando la medida sea la fijación de una pensión alimenticia provisoria, el agresor deberá acreditar sus ingresos para que se fije en base a éstos y sirva, asimismo, como antecedente real para la pensión definitiva.

g) Para los efectos de renovación o extensión de una medida, el plazo se contará desde el vencimiento del primer plazo fijado.

h) Perfeccionar la sanción por incumplimiento de medidas precautorias.

i) En los juicios de divorcio cuya causal sea el maltrato, el juez podrá decretar también medidas precautorias.

j) Otorgar al juez la facultad de ordenar protección policial especial para la víctima cuando el maltrato revista gravedad y se tema su repetición.

6.- Si el agresor no asiste al comparendo sin causa justificada se entenderá que acepta los cargos. Si la víctima no asiste se citará a un segundo comparendo. Si no asiste por segunda vez la denuncia se tendrá por abandonada salvo que la víctima sea menor de edad o inválida.

7.- Cualquier certificado médico tendrá validez para probar la gravedad del daño.

8.- Considerar la violencia intrafamiliar como agravante cuando el agresor comete otros delitos contra las mismas víctimas y como atenuante cuando dichas víctimas asesinan o lesionan al agresor.

9.- En relación con las sanciones el proyecto propone lo siguiente: se establece la obligación de pago de los gastos ocasionados y de reposición en dinero o especies por la pérdida o destrucción de bienes; se dispone como medida accesoria a la sanción principal la obligación de asistencia a terapias y programas educativos; en caso de multas el agresor debe probar sus ingresos con el fin de fijarlas, y se agrega como sanción el arresto en fin de semana.

10.- En cuanto al control de las medidas precautorias y sanciones se faculta al juez para solicitar la comparecencia de las partes con la frecuencia que estime conveniente.

11.- Las causas por violencia intrafamiliar deberían radicarse en el juzgado que conoció por primera vez el asunto.

12.- El juez podrá, durante el juicio de violencia intrafamiliar, liquidar la sociedad conyugal.

13.- Proponer que desde el momento de la creación de los Tribunales de Familia, éstos serán competentes para conocer de los asuntos de violencia intrafamiliar. Por la naturaleza de la violencia intrafamiliar, dichos tribunales no podrán aplicar procedimientos de mediación en estos conflictos.

14.- Facultar a Carabineros para realizar las notificaciones en casos excepcionales.

15.- Impedir que los Tribunales de Familia medien en casos de violencia intrafamiliar, dado que no se presenta el presupuesto esencial de igualdad de condiciones entre las partes (agresor y agredido).

3.- Legales

Son los siguientes:

a.- Constitución Política de la República, especialmente sus artículos 1º y 19 Nos 1º y 2º.

b.- Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (1979).

c.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belén do Pará (1994).

d.- Ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

Esta ley, publicada en el Diario Oficial el 27 de agosto de 1994, trata por primera vez de forma orgánica el fenómeno de la violencia intrafamiliar.

Define violencia intrafamiliar como “todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de quien, aún siendo mayor, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo un mismo techo.” (artículo 1º).

Los conflictos que se produzcan a raíz de los actos de violencia intrafamiliar serán conocidos por el juez de letras en lo civil de turno en cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el hogar donde vive el afectado (artículo 2º).

El procedimiento establecido en la ley se inicia por denuncia o demanda interpuesta oralmente o por escrito por el afectado, sus parientes o cualquier otra persona que tenga conocimiento de los hechos. Esta denuncia o demanda contendrá una narración circunstanciada de los hechos en que se funda, de los motivos por los cuales tales hechos afectan a salud física o psíquica del afectado, la individualización completa del autor y de la o las personas que componen el grupo familiar afectado.

Esta demanda o denuncia será puesta en conocimiento de la contraparte por medio de una notificación personal (salvo que, por motivos calificados, se disponga otra forma de notificación), en la que todas las partes del litigio serán citadas a un comparendo de conciliación, contestación y prueba, que deberá celebrarse dentro de los ocho días hábiles siguientes. En este comparendo las partes deberán concurrir con todas sus pruebas.

La ley establece, además, que de oficio o a petición de parte y desde el momento de recibir la demanda o denuncia, el juez, por resolución fundada, podrá dictar cualquier medida precautoria tendiente a “garantizar la seguridad física o psíquica del afectado y la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar”. Estas medidas son esencialmente temporales y no podrán exceder de 60 días hábiles, y por motivos muy graves serán prorrogables hasta por un total de 180 días.

El juez deberá dictar sentencia en el acto o a más tardar dentro de décimo día. La sentencia definitiva será apelable sólo en el efecto devolutivo (artículo 3º).

Esta ley faculta al juez para castigar al autor de un acto de violencia intrafamiliar con las siguientes sanciones: asistencia obligatoria a determinados programas terapéuticos o de orientación familiar, multa en base a ingresos diarios y prisión en cualquiera de sus grados. Las últimas dos sanciones pueden ser conmutadas, con acuerdo del ofensor, por trabajos comunitarios (artículo 4º).

Si los hechos sometidos a conocimiento del juez revisten el carácter de delitos, deberán ser puestos en conocimiento del Ministerio Público (artículo 7º).

Por último, la ley crea un registro especial de condenas por violencia intrafamiliar que deberá ser administrado por el Servicio de Registro Civil (artículo 8º).

e.- Ley Nº 19.968 que Crea los Tribunales de Familia.

Esta norma legal establece que, entre otras, serán materias de la competencia de estos tribunales “los actos de violencia intrafamiliar” (artículo 8º Nº 18).

Finalmente, este cuerpo legal estatuye que los tribunales de familia entrarán en servicio el 1º de octubre del año 2005 (artículo 134).

f.- Ley Nº 18.216 que establece las medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad y deroga disposiciones que señala.

g.- Ley Nº 19.324 que introduce modificaciones a la ley Nº 16.618, en materia de Maltrato de Menores.

h.- Ley Nº 16.618 de Menores.

i.- Código Penal.

En lo referido al Libro Segundo, Título VII, párrafos 5º, 6º y 7º, sobre los delitos de violación, estupro y otros delitos sexuales, así como las disposiciones comunes para todos ellos.

4.- Estructura del proyecto

Esta iniciativa consta de dieciocho artículos permanentes y uno transitorio.

En su primer epígrafe, titulado “1º De la violencia intrafamiliar”, establece cual es el fin de la ley (artículo 1º), que se entiende por violencia intrafamiliar (artículo 2º) y que se entiende por “situación de riesgo” (artículo 3º).

En su segundo epígrafe, titulado “2º De las responsabilidades y sanciones”, señala cuales son las sanciones penales que establece la ley (artículo 4º), la situación de los desembolsos y perjuicios patrimoniales (artículo 5º), y cual es el efecto del no pago de la multa a la que condene la sentencia (artículo 6º).

En su tercer epígrafe, titulado “3º Disposiciones generales”, establece el registro de sanciones de la ley de violencia intrafamiliar (artículo 8º), las sanciones accesorias que procederán cuando se apliquen los artículos 4º u 8º (artículo 9º), la formalización de la medida de tratamiento (artículo 10), el concepto de interés público prevalente (artículo 11), las condiciones imperativas para la suspensión del procedimiento penal (artículo 12), las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal (artículo 13), las circunstancias agravantes de la responsabilidad penal (artículo 14), la condicionalidad de los beneficios de la ley Nº 18.216 (artículo 15), las restricciones a la concesión de los beneficios de la ley Nº 18.216 (artículo 16), la modificación del artículo 369 del Código Penal (artículo 17) y la derogación de la ley Nº 19.325 (artículo 18).

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DISCUSIÓN EN GENERAL

Vuestra Comisión, al comenzar la discusión de la idea de legislar en la materia, escuchó a la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), doña Cecilia Pérez, quien explicó que el objetivo del presente proyecto es facilitar la resolución de los conflictos de familia, modificando integralmente la legislación vigente en materia de violencia intrafamiliar.

Además, la iniciativa complementa el conjunto de leyes que permiten resolver conflictos de familia, tales como los Tribunales de Familia, norma que contempla un procedimiento especial para conocer de los asuntos de violencia intrafamiliar, otorgando más atribuciones a la policía, estableciendo medidas que faciliten el acceso a la justicia, protegiendo a las víctimas, aumentando el catálogo de medidas a aplicar, etc.

El proyecto en estudio, agregó, también propone adecuaciones a las salidas alternativas del Código Procesal Penal, para asegurar un mayor reproche al fenómeno de la violencia.

Hizo presente que, a una década de vigencia de la actual ley, es necesaria su reforma, considerando el positivo proceso de mayor sensibilidad, de más conciencia y de mayor visibilidad del problema, y dadas las expresiones más brutales de violencia dentro de la familia conocidas por la opinión pública.

Dentro de los temas más específicos del proyecto, la señora Ministra del SERNAM, doña Cecilia Pérez, señaló que la iniciativa contempla un aspecto civil, donde se considera la definición de la conducta sancionada, las personas protegidas y las sanciones.

Asimismo, se dispone una regulación de índole penal, que contiene la definición del nuevo delito de violencia intrafamiliar, la adecuación de las salidas alternativas del nuevo proceso penal a la situación de la violencia intrafamiliar, así como algunas restricciones en el otorgamiento de beneficios de cumplimiento alternativo de sanciones privativas de libertad previstos en la ley Nº 18.216, asociadas a precedentes de violencia intrafamiliar. Además, se estatuyen modificaciones a las reglas generales sobre circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal contenidas en el Código Penal así como la modificación del efecto del desistimiento de la víctima en caso de violación conyugal o entre convivientes. Finalmente, se establecen sanciones accesorias a las medidas civiles y penales.

Expresó que en los aspectos civiles la iniciativa contempla que será conducta sancionada todo maltrato que afecte la integridad física y psíquica de la víctima, trasuntando las meras faltas y lesiones e incluyendo figuras no penadas, como la coacción, la omisión de socorro, el abandono de hogar, etc., y ampliando el abanico de personas protegidas a los progenitores de un hijo común aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, a los consanguíneos del conviviente en toda la línea recta y a las personas ligadas por una relación patrimonial derivada de una ex convivencia.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo consultó sobre el posible conflicto que este proyecto pudiera tener con la iniciativa referente al maltrato infantil. Al respecto, hizo presente el riesgo de superposición de normas legales, porque el maltrato infantil puede darse fuera del contexto de la familia, pero si se da dentro de la familia hay un problema claro de saber cuál ley se aplica.

Los asesores del Ejecutivo respondieron señalando que este tema está tratado en la Ley que Crea los Tribunales de Familia, ya que ésta contempla un procedimiento especial para la adopción de medidas de protección cada vez que en una situación de violencia intrafamiliar estén afectadas personas menores de edad.

La señora Ministra del SERNAM, doña Cecilia Pérez, agregó que dentro del régimen de sanciones civiles contempladas en el proyecto destaca la elevación de los mínimos de las sanciones principales, la incorporación del arresto nocturno, la eliminación de la conmutación de penas por trabajo voluntario y la incorporación de sanciones accesorias. Dentro de las sanciones principales destacan la prisión, que puede imponerse en un rango de 7 a 60 días, el arresto nocturno, que puede imponerse en un rango de 15 a 120 días y las multas, que pueden imponerse en un rango de ½ a 15 Unidades Tributarias Mensuales.

En materia de sanciones accesorias la iniciativa contempla el pago de los perjuicios patrimoniales, obligar al agresor a hacer del hogar, la prohibición de visitar determinados lugares, la prohibición de portar y tener armas de fuego y la obligación de asistencia a programas terapéuticos.

Dentro del ámbito penal expresó que el proyecto crea un nuevo delito de violencia familiar, cuyo tipo penal señala que será punible el que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica o sexual, sobre una persona que a su respecto tenga las siguientes calidades: pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no bajo la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado, o cuando se trate de una persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive; respecto de quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

La pena de este delito es presidio menor en su grado mínimo a medio.

En relación con las salidas alternativas que contempla la reforma procesal penal, en los acuerdos reparatorios se establece que hay interés público prevalente para continuar la investigación las lesiones menos graves cuando hayan sido precedidas por faltas asimiladas a la violencia intrafamiliar contempladas en el proyecto. En el caso de delitos sexuales o contra las personas, precedidas por faltas asimiladas a la violencia intrafamiliar, conjuntamente con la suspensión condicional del procedimiento, deberá imponerse obligatoriamente la prohibición de frecuentar determinados lugares y la asistencia a programas psicológicos o de otra naturaleza.

Respecto a las restricciones al otorgamiento de formas alternativas de cumplir las penas privativas de libertad contempladas en la ley Nº 18.216, añadió que el proyecto establece que en caso de delitos contra las personas o de índole sexual, precedidos por faltas asimiladas a violencia intrafamiliar, no procederá la remisión condicional de la pena ni la libertad vigilada, y que cuando la medida sea aplicada por condena por delito de violencia intrafamiliar, la vigencia del beneficio quedará suspendida si no se da cabal cumplimiento a las sanciones accesorias adoptadas en protección de la víctima.

En relación con las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, el proyecto establece una atenuante cuando el autor ha sido víctima de violencia intrafamiliar por parte del ofendido, y una agravante cuando el delito contra las personas o de índole sexual ha sido cometido contra una víctima protegida por la norma en estudio.

Precisó que el proyecto modifica los efectos del desistimiento de la víctima en caso de violación conyugal, en el sentido de que se atenúa el efecto vinculante para el juez, quien podrá y no deberá obligatoriamente, como lo señala hoy la ley, poner término al proceso.

Concluyó señalando que el proyecto tiene una naturaleza eminentemente civil que incluye un tipo penal nuevo: el maltrato habitual y establece restricciones a las salidas alternativas de la reforma procesal penal cuando haya habido, como antecedente, conductas sancionadas como violencia intrafamiliar.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo propuso que el presente proyecto sea discutido en general y en particular en el primer informe de la Comisión. Expresó que no es conveniente aprobarlo solamente en general porque debe haber, por ejemplo, más claridad sobre la necesidad de tener un tipo penal específico que no estaba en la ley anterior.

Agregó que el artículo 8º habla de “...cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII del Libro Segundo del Código Penal …” lo que es extremadamente amplio.

Hizo presente que la ley primitiva está concebida en la idea, quizás ingenua, de que esto iba a ayudar a que las familias vivieran mejor. El proyecto en estudio, en cambio, parte de la base de que la violencia ya es un hecho de la causa en Chile y que hay que proteger a las víctimas más que recomponer la vida en común. Sin embargo, en la práctica la realidad es bastante cruel, por ejemplo, en la comuna de Coronel hay una sola casa de acogida muy pobre que puede albergar sólo a cuatro familias, lo que deja literalmente en la calle a las mujeres que huyen de sus hogares con sus hijos por este tipo de problemas.

Desde esta perspectiva, cualquier reforma debe optar porque el tribunal tenga una postura de recomponer la vida en común, salvo que se cuente con los recursos necesarios para acoger a las víctimas. De lo contrario, la ley no será eficaz.

Por estas razones concluyó que aunque está a favor de modificar la actual ley, que resulta insuficiente, no debe dictarse una reforma que no podrá aplicarse en la realidad de los hechos.

Añadió que debe estructurarse una política social ante este grave problema de la violencia intrafamiliar, que afecta a una de cada cuatro familias chilenas, lo que implica necesariamente el destino de fondos para la mantención de casas de acogida de mujeres maltratadas, con el fin de hacer eficaz este proyecto. Con la actual propuesta sólo se contempla una política represiva lo cual es claramente insuficiente.

Señaló que, por ejemplo, en materia de menores el proyecto de reforma al sistema de subvenciones del Servicio Nacional de Menores (SENAME) contempla la creación de oficinas a nivel municipal para dar atención y acogida a los menores (Oficina de Protección de Derechos, OPD). Igualmente debiera establecerse un mecanismo similar para las familias que sufren de la violencia en su seno.

Indicó que es insuficiente abordar este drama social sólo a nivel judicial, recordando que en las cárceles nacionales los presos están hacinados y que no se facilita la reinserción ni la rehabilitación. Además, no es realista tratar de resolver un drama social y cultural por medio de encarcelar al agresor que, en la mayoría de los casos, es el sostén económico de la familia. Deben buscarse fórmulas que brinden protección a la familia.

Concluyó manifestando que un proyecto de esta naturaleza debiera contemplar un capítulo sobre las políticas públicas, y después abocarse al aspecto sancionatorio en casos extremos.

El Honorable Senador señor Espina propuso aprobar en general el proyecto, dejando expresa constancia de que la Comisión no ha hecho el estudio particular de sus proposiciones. La idea es dar una tramitación expedita al proyecto y dejar para la discusión en particular el perfeccionamiento de sus disposiciones.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, expresó que entiende la preocupación del Honorable Senador señor

Viera-Gallo, pero suscribe la idea de una aprobación en general para discutir después el detalle de la ley, acordándose un plazo razonable de Indicaciones.

Con todo, coincidió en que el proyecto cambia el enfoque recomponedor que tiene la legislación vigente, sin proponer algo significativamente mejor, por ejemplo, la posibilidad de conmutar penas por trabajos voluntarios, que es muy útil para casos excepcionales de violencia familiar donde el agresor puede rehabilitarse.

La señora Ministra del SERNAM, doña Cecilia Pérez, señaló que es muy pertinente la apreciación del Honorable Senador señor Viera-Gallo, pues cuando se dictó la ley vigente no había la oferta pública que hoy existe para atender situaciones de crisis y para trabajar en la prevención de la violencia. Justamente gracias a la legislación se transformó el tema en un asunto público.

Precisó que lo que el proyecto hace es mejorar el acceso a la justicia de las víctimas, porque la actual ley ha sido totalmente sobrepasada. Recordó que, en la actualidad, se reciben 80.000 denuncias al año, una de cada dos mujeres declara haber sido víctima alguna vez en su vida de violencia por parte de sus parejas, y al año mueren más de 70 mujeres a manos de sus compañeros. En contraposición, hoy se archiva por conciliación un 92% de las causas que entran a los tribunales por violencia intrafamiliar y, en la Región Metropolitana, hay problemas serios de acceso a la justicia criminal por motivo de violencia intrafamiliar. Por otra parte, en la legislación comparada se ha estatuido en la mayoría de los casos un delito especial de la violencia intrafamiliar. Manifestó que su institución está disponible para hacer la discusión relativa a las políticas públicas en esta materia.

A continuación, el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, consultó acerca de la opinión del Ejecutivo respecto de las conciliaciones.

La señora Ministra del SERNAM, doña Cecilia Pérez, respondió que las conciliaciones son contraproducentes, atendido el hecho de que en la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar las posibilidades de reincidencia son altísimas. Este tema se discutió en la Honorable Cámara de Diputados, donde se resolvió eliminar la conciliación como figura y reemplazarla por la suspensión condicional del procedimiento, lo que implica una segunda posibilidad para el agresor.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, señaló que no comparte esta apreciación, pues la conciliación es fundamental, sobre todo en materia familiar. Toda la legislación que se ha discutido últimamente en la Comisión se orienta por el camino de fortalecer la conciliación, estableciendo incluso instancias de conciliación profesional. Es muy complicado declarar en la ley que no se cree en la conciliación, sobre todo en este tema donde se juzgan faltas y no delitos. Se debe privilegiar la conciliación y el arrepentimiento. En esta misma línea tampoco aparece conveniente limitar al juez la posibilidad de conmutar penas por trabajo social o por tratamientos terapéuticos.

El Honorable Senador señor Espina puntualizó que en la ley actual hay una instancia de tratamiento terapéutico y consultó en seguida si hay una norma similar en el proyecto en estudio.

La señora Ministra del SERNAM, doña Cecilia Pérez, respondió que no se contempla una instancia de dicha naturaleza.

Al respecto, el Honorable Senador señor Espina expuso que debe existir dicha posibilidad con un financiamiento adecuado. Si el objetivo del proyecto, por el contrario, sólo es aumentar la represión penal, es preferible no legislar y reconducir el tema a las reglas penales generales del nuevo proceso penal que tiene todas las normas necesarias.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo expresó que la violencia intrafamiliar no puede ser sólo un tema de los tribunales, ya que debe responder a una política social de mayor amplitud. Además, si hoy están colapsados los tribunales civiles mañana estarán colapsados los tribunales de familia.

El Honorable Senador señor Espina propuso despachar el proyecto aprobándolo en general y dejar su perfeccionamiento para el estudio en particular.

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Sometida a votación la idea de legislar en la materia, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

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Luego, la Comisión, a propuesta a Honorable Senador señor Viera-Gallo, dejó expresa constancia de lo siguiente:

1) El proyecto es insuficiente para tratar de solucionar la violencia intrafamiliar, dado que sólo se centra en una perspectiva sancionatoria y no abarca el problema en toda su complejidad. Consecuente con ello, no contempla la prevención y las acciones destinadas a acometer adecuadamente este fenómeno social;

2) La iniciativa debería tener un enfoque más global por medio de una política integral por parte del Estado, donde se hiciera hincapié en la acción de la sociedad para erradicar la práctica de la violencia en el seno de la familia, lo cual no sólo es responsabilidad del Estado sino también tarea de las redes comunales como las ONGs, las iglesias y los municipios;

3) Entregar esta materia sólo a los Tribunales de Familia es equivocado;

4) La Comisión tiene dudas respecto de los artículos 3º y 8º del proyecto, en relación con la nueva tipificación penal que se propone, en cuanto a su justificación así como en lo relativo al concepto de “riesgo” que se ocupa en la iniciativa, ya que judicializar un tema tan complejo podría hacer colapsar el sistema sin que por ello se obtengan mejores resultados en la materia, y

5) Es necesario que el Gobierno estime la conveniencia de aportar recursos que permitan operar en el sentido propuesto.

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En mérito del acuerdo anterior, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de proponeros que aprobéis en general el proyecto de ley en informe.

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A modo ilustrativo, el texto del proyecto de ley que figura en el Mensaje del Ejecutivo, es el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

"DICTA NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

1° De la violencia intrafamiliar

Artículo 1º.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, así como establecer las sanciones a dicha violencia.

Artículo 2º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato, que no constituya crimen o simple delito, que afecte la integridad física o psíquica de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no bajo la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive; respecto de quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

Cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4°, 5°, 14, 15 y 16 del artículo 494 del Código Penal, se les aplicarán las sanciones contempladas en esta ley.

Cuando los hechos denunciados fueren constitutivos de delito, el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Artículo 3°.- Situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente alguno de los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, habiendo precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.

2° De las responsabilidades y sanciones

Artículo 4°.- Sanciones. Se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con alguna de las siguientes sanciones:

1. Prisión de siete a sesenta días.

2. Reclusión nocturna de quince a ciento veinte días.

3. Multa de media a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la respectiva región y que sean de financiamiento público.

En caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.

Artículo 5°.- Desembolsos y perjuicios patrimoniales. La sentencia establecerá la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial que se hubieren ocasionado con la ejecución del o los actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez.

Artículo 6°.- Multa. El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. Si no pagare dicha multa, sufrirá por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de sesenta días.

3° Disposiciones generales

Artículo 7°.- Registro de sanciones. El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar un Registro Especial de las personas que hayan sido condenadas, por sentencia ejecutoriada, como autoras de violencia intrafamiliar, así como de las resoluciones que la ley ordene inscribir.

El tribunal, ejecutoriada que sea la sentencia, deberá oficiar al Registro Civil, individualizando al condenado y la sanción aplicada por el hecho de violencia intrafamiliar. Este Registro Especial será puesto en conocimiento del tribunal a solicitud de éste, en los casos regulados en la ley.

Artículo 8°.- Delito de violencia intrafamiliar. El que habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica o sexual, sobre una persona que tenga a su respecto alguna de las calidades referidas en el artículo 2°, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de que el hecho revista caracteres de un delito de mayor gravedad.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá por violencia sexual cualquier acto de significación sexual no comprendido en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal, que vulnere la integridad física o psíquica de la víctima.

Artículo 9°.- Sanciones accesorias. Si el juez aplicare alguna sanción en virtud de los artículos 4° u 8° de esta ley, podrá imponer, además, como sanción accesoria, una o más de las siguientes:

1. Obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima.

2. Prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido.

3. Prohibición para portar y/o tener armas de fuego.

4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar.

El cumplimiento de las sanciones accesorias señaladas podrá subsistir sin perjuicio de que la sanción principal aplicada al agresor se encuentre cumplida.

Artículo 10.- Formalización de la medida de tratamiento. Las instituciones que desarrollen aquellos programas indicados en el N° 4 del artículo 9° darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

Artículo 11.- Interés público prevalente. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, se entenderá existir un interés público prevalente en la continuación de la persecución penal cuado el delito de lesiones menos graves haya sido precedido por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley.

Artículo 12.- Condiciones imperativas para la suspensión del procedimiento penal. Tratándose de los delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal, que hayan sido precedidos por actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, si el tribunal decretare la suspensión condicional del procedimiento, impondrá conjuntamente las condiciones señaladas en las letras b) y c) del artículo 238 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de las demás que estime pertinentes.

Artículo 13.- Circunstancia atenuante de responsabilidad penal. Podrá constituir circunstancia especial de atenuación calificada de responsabilidad, respecto de los ilícitos que afecten la vida o la integridad física o psíquica, la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte de quien figura actualmente como víctima u ofendido.

Lo anterior es sin perjuicio de las eximentes o atenuantes generales que procedan conforme a derecho.

Artículo 14.- Circunstancia agravante de responsabilidad penal. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal, se considerará circunstancia agravante el tener la víctima alguna de las calidades señaladas en el artículo 2° de esta ley respecto del ofensor.

Artículo 15.- Condicionalidad de los beneficios de la ley N° 18.216. En caso de condena por la comisión del delito previsto en el artículo 8°, el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la ley N° 18.216 se sujetará a lo dispuesto en el artículo 30 de dicho cuerpo legal.

Artículo 16.- Restricciones a la concesión de beneficios de la ley N° 18.216. Tratándose de delitos contra las personas previstos en el Título VIII y de los establecidos en los párrafos 5°, 6° y 9° del Título VII, del Libro Segundo, del Código Penal, si el hechor hubiere cometido previamente en contra de la víctima actos descritos en el inciso tercero del artículo 2° de esta ley, no tendrá lugar la remisión condicional de la pena ni la libertad vigilada, contempladas en la ley N° 18.216, sobre medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Con todo, cuando el hechor incurriere en lesiones menos graves, el tribunal, por resolución fundada en antecedentes que obren en el proceso, podrá otorgar la libertad vigilada.

Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216.

Artículo 17.- Modificación al artículo 369 del Código Penal. Reemplázase la regla 2ª del inciso cuarto del artículo 369 del Código Penal por la siguiente:

“2ª Cualquiera sea la circunstancia bajo la cual se perpetre el delito, a requerimiento del ofendido el juez podrá poner término al procedimiento, en consideración a los antecedentes que obren en el proceso.”.

Artículo 18.- Derogación. Derógase la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

Disposición transitoria.

Artículo transitorio.- Los procesos por actos de violencia intrafamiliar iniciados al amparo de la ley 19.325 se seguirán substanciando conforme al procedimiento establecido en dicha ley.".

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Acordado en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2004, con asistencia de los Honorables Senadores señores Alberto Espina Otero (Presidente), Andrés Chadwick Piñera, José Antonio Viera-Gallo Quesney y Andrés Zaldívar Larraín.

Sala de la Comisión, a 23 de diciembre de 2004.

Sergio Gamonal Contreras

Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA LEY Nº 19.325, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES RELATIVAS A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

(Boletín Nº 2.318-18)

I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: Reemplazar la ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, modificando el procedimiento judicial a seguir, creando un nuevo tipo penal, ampliando las atribuciones de la policía y reformando el sistema sancionatorio.

II. ACUERDOS: Aprobar en general el proyecto en informe (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de dieciocho artículos permanentes y uno transitorio.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Cabe haceros presente que el artículo 18 es norma de quórum orgánico constitucional.

Lo anterior debido a que dicho precepto incide en la ley orgánica constitucional que determina la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Suprema, en relación con el artículo 63, inciso segundo, de ese Texto Fundamental.

V. URGENCIA: No hay.

_____________________________________________________________

VI. ORIGEN INICIATIVA: Moción de las Honorables Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz D´Albora.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII. APROBACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: El proyecto fue aprobado en general por 83 votos a favor de un total de 114 diputados en ejercicio.

IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 5 de noviembre de 2003.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

a.- Constitución Política de la República, especialmente sus artículos 1º y 19 Nos 1º y 2º.

b.- Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (1979).

c.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belén do Pará (1994).

d.- Ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

e.- Ley Nº 19.968 que Crea los Tribunales de Familia.

f.- Ley Nº 18.216 que establece las medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad y deroga disposiciones que señala.

g.- Ley Nº 19.324 que introduce modificaciones a la ley Nº 16.618, en materia de Maltrato de Menores.

h.- Ley Nº 16.618 de Menores.

i.- Código Penal.

Valparaíso, a 23 de diciembre de 2004.

Sergio Gamonal Contreras

Secretario de la Comisión

2.4. Discusión en Sala

Fecha 12 de enero, 2005. Diario de Sesión en Sesión 27. Legislatura 352. Discusión General. Se aprueba en general.

REEMPLAZO DE LEY CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

El señor LARRAÍN ( Presidente ).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.325, sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto (2318-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 8ª, en 5 de noviembre de 2003.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.

El señor LARRAÍN (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Los objetivos principales del proyecto son: reemplazar la ley Nº 19.325 que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, modificando el procedimiento judicial por seguir, creando un nuevo tipo penal, ampliando las atribuciones de la policía y reformando el sistema sancionatorio.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó la iniciativa solamente en general, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento, y por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Andrés Zaldívar, aprobó la idea de legislar, dejando constancia, resumidamente, de los siguiente reparos:

1º El proyecto es insuficiente para solucionar la violencia intrafamiliar, dado que sólo se centra en una perspectiva sancionatoria.

2º La iniciativa debería tener un enfoque más global, mediante una política integral por parte del Estado que haga hincapié en la acción de la sociedad para erradicar la práctica de la violencia en la familia.

3º Es un error entregar esta materia sólo a los tribunales de familia.

4º Existen dudas en cuanto a la tipificación penal establecida en los artículos 3º y 8º.

5º Resulta necesario que el Gobierno considere la conveniencia de aportar recursos que permitan operar en el sentido propuesto.

El texto despachado en general por la Comisión se transcribe en el informe correspondiente.

Cabe señalar que el artículo 18 tiene carácter de ley orgánica constitucional, por lo que, para su aprobación, requiere el voto conforme de 26 señores Senadores.

El señor LARRAÍN ( Presidente ).-

Antes de seguir, debo informar que la señora Cecilia Pérez, Ministra Directora del SERNAM , me llamó por teléfono y luego, incluso, me envió un fax, comunicándome que, por haber sido citada a un Consejo de Gabinete, no podía asistir a la discusión del proyecto.

Hago presente lo anterior porque, obviamente, la señora Ministra tiene gran interés en la aprobación del asunto. Le señalé que, de todos modos, si el ánimo de la Sala era discutirlo y aprobarlo, así procederíamos, aun en su ausencia.

Quiero dejar constancia de esta situación, porque dicha Secretaria de Estado ha tenido especial preocupación por participar en el estudio del proyecto y sacarlo adelante, ya que obedece a una preocupación suya.

En la discusión general, tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , en ausencia del Presidente de la Comisión , Honorable señor Espina -quien me pidió que diera un breve informe-, debo señalar que esta moción intenta modificar y actualizar la ley Nº 19.325, que estableció normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

Se sabe que en el país, desgraciadamente, ésta es una práctica bastante generalizada: una de cada cuatro familias sufre este flagelo, donde las víctimas, generalmente, son mujeres y niños.

El proyecto complementa un conjunto de leyes que permiten resolver estos conflictos, teniendo en cuenta que se acaban de crear los tribunales de familia, con competencia en la materia, los cuales empezarán a funcionar a fines de este año.

La iniciativa define mejor la violencia intrafamiliar; establece un delito claro en esta materia; al mismo tiempo, otorga más atribuciones a las policías, y permite mayor eficacia para sancionar acciones de esta naturaleza.

Lamentablemente, en lo que va corrido del año, han fallecido tres mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Por cierto, se trata de asesinatos; pero, si hubiésemos intervenido con prontitud, tal vez se habrían evitado.

Por eso, la Comisión coincide, por unanimidad, en la importancia de aprobar en general el proyecto. Sin embargo, como advirtió el señor Secretario, en el informe se deja constancia de algunas deficiencias que, a juicio de ella, existen en el texto.

Se llegó a un acuerdo con el Ejecutivo en el sentido de presentar una indicación complementaria en el debate en particular, para poner mayor énfasis en la parte preventiva y no sólo en la sancionatoria; asimismo, para dar un enfoque más integral en lo referente a las políticas del Estado respecto de la protección de la familia y establecer redes de acción junto con los municipios y los organismos no gubernamentales. Se trata de proceder, un poco, como lo hace el SENAME con las unidades de protección de derechos en las municipalidades.

Se hicieron presentes algunas dudas en cuanto a la tipificación del delito, según está consignado, y al uso del concepto de riesgo para intervenir, porque, a nuestro parecer, es algo que carece de precisión.

Dicho esto, la Comisión pide la aprobación de la Sala para, de acuerdo con el Gobierno, trabajar en el perfeccionamiento de la iniciativa en su análisis en particular.

El señor LARRAÍN ( Presidente ).-

En verdad, éste es un tema sumamente importante. Y, por lo que se desprende de lo señalado por Su Señoría y del informe del señor Secretario , hay concordancia en la iniciativa; pero, obviamente, ella requiere diversos cambios, por las insuficiencias anotadas. Entiendo que el Ejecutivo está de acuerdo en ello.

Ofrezco la palabra.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor LARRAÍN ( Presidente ).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , la explicación dada por el Senador señor Viera-Gallo al tenor del texto que analizamos; la importancia de la materia en discusión, y la necesidad de introducir cambios en un asunto que es nuevo, como lo fue hace años el maltrato infantil -cuya ley también tendremos que mejorar-, ameritan que, sin mayor discusión y conforme al acuerdo de la Sala en tal sentido, el proyecto se apruebe de inmediato y por unanimidad, para lo cual estamos disponibles.

El señor LARRAÍN (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presiente , sólo quiero referirme -no conozco el detalle del proyecto- a lo siguiente: al identificarse la larga lista de falencias de la ley, lo primero que se empezó a conocer fue que en los tribunales había carencia tanto de recursos humanos como materiales para implementarla, tal cual lo señala el informe.

Al respecto, consulto al señor Presidente subrogante de la Comisión cuál es el compromiso formal para implementar en esos aspectos este cuerpo legal. ¿Qué se discutió en el órgano técnico? ¿Qué sugirió el Ejecutivo ? Lo pregunto porque éste ha sido el principal escollo.

Asimismo, quiero dar a conocer que los magistrados no consideran como atinente a su jurisdicción tal problema, otro de los puntos en los cuales se advierte falencia.

Deseo consultar cómo se va a resolver el punto. Lo pregunto porque no lo veo incluido en el texto propuesto. Además, estas materias no son propias del articulado del proyecto, pues tratan de aspectos financieros.

El señor LARRAÍN (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, el gran esfuerzo del Ejecutivo y del Parlamento fue la creación de los tribunales de familia. El establecimiento de ellos para hacerse cargo de casos que se tramitaban en los juzgados civiles es, a mi juicio, un importante avance, que va a agilizar mucho el tratamiento judicial del asunto.

Lo que a la Comisión le preocupaba fue que hubiera sólo un enfoque sancionatorio, pues también se requiere uno de prevención y de educación.

Ahora, lo más fácil al respecto sería cumplir los compromisos internacionales contra la violencia intrafamiliar; establecer una parte preventiva en la ley y, al mismo tiempo, señalar -al igual como en el caso del SENAME- algunas líneas de acción con relación a los municipios y organismos no gubernamentales.

Cuánto de eso se va a implementar en el Presupuesto de la Nación escapa al propósito de la iniciativa legal en debate.

El señor LARRAÍN ( Presidente ).-

Señores Senadores, por tratarse de un proyecto que requiere ser aprobado con quórum de ley orgánica constitucional, no rigen los pareos.

No hay inscritos para intervenir.

El señor MORENO.-

Pido la palabra.

El señor LARRAÍN ( Presidente ).-

La tiene, Su Señoría.

El señor MORENO.-

Señor Presidente, antes de que ponga en votación el proyecto quiero dar a conocer, al igual que otros Honorables colegas, que lo apoyo.

Tuve la posibilidad de participar en la discusión realizada por la Comisión. Se trata de una situación que afecta actualmente sobre todo a muchas mujeres de condición social muy modesta. No es un problema que tenga un sesgo determinado, pero claramente son ellas las que tienen mayor vulnerabilidad.

En mi opinión, los tribunales de familia, a diferencia de lo que aquí he escuchado, constituyen un mecanismo que permite resolver estos problemas a través de toda una normativa.

Por lo tanto, voy a votar a favor. Pienso que esos tribunales, más allá de lo que aquí se ha mencionado ahora, constituyen la forma de salvar la situación.

El señor LARRAÍN (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación electrónica.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor LARRAÍN ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (30 votos favorables), y se deja constancia de que se cumplió con el quórum constitucional requerido.

Votaron los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cariola, Cordero, Flores, Frei ( doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zurita.

El señor LARRAÍN (Presidente).-

Corresponde fijar plazo para la presentación de indicaciones.

El señora VIERA-GALLO.-

Para marzo, señor Presidente.

El señor MORENO.-

Podría ser el 2, señor Presidente.

El señor LARRAÍN (Presidente).-

Sugiero el miércoles 2 de ese mes, a las 12.

¿Habría acuerdo?

--Así se acuerda.

2.5. Boletín de Indicaciones

Fecha 14 de marzo, 2005. Boletín de Indicaciones

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA LEY Nº 19.325, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES RELATIVAS A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

BOLETíN Nº 2.318-18

14.03.05

INDICACIONES

ARTÍCULO 2º

1) Del Honorable Senador señor Prokurica, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2º.- Violencia intrafamiliar. Se entenderá por acto de violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de quien, aún siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo un mismo techo.

El que incurra en estos actos, aun cuando no conviva con el grupo familiar, será sancionado en la forma que establece esta ley.

Se comprenden dentro de estos actos y se regirán por las normas de esta ley, las faltas contempladas en los números 4°, 5°, 14, 15 y 16 del artículo 494 del Código Penal, si se reúne cualquiera de los elementos señalados en el inciso primero.”.

2) Del Honorable Senador señor Ominami, para intercalar, en el inciso primero, entre “maltrato,” y “que” lo siguiente: “por acción u omisión”.

3) Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar, en el inciso primero, entre las palabras “de” y “pariente” las palabras “cónyuge o”, y sustituir la frase “adoptante, adotado o cónyuge” por la siguiente: “adoptante o adotado”.

4) Del Honorable Senador señor Ominami, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “mantiene una relación” por “mantiene o mantuvo una relación”.

º º º

5) Del Honorable Senador señor Prokurica, para intercalar, a continuación del artículo 2º, el siguiente, nuevo:

“Artículo …. .- Competencia y procedimiento. La investigación de los actos de violencia intrafamiliar corresponderá al Ministerio Público y su juzgamiento a los jueces de garantía y tribunales del juicio oral, en conformidad a las normas del Código Procesal Penal y a las reglas especiales establecidas en la presente ley.”.

º º º

ARTÍCULO 4º

6) Del Honorable Senador señor Prokurica, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4º.- Responsabilidad y sanciones. Los actos de violencia intrafamiliar que se describen en el artículo 2º, serán castigados:

1º Con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si se causare la muerte de la víctima.

2º Con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si se causaren lesiones graves.

3º Con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, si se causaren lesiones menos graves.

4º Con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, si no se causaren lesiones o si éstas fueren leves.

Si el acto de violencia intrafamiliar ha afectado únicamente la salud psíquica de la víctima, la pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, y se determinará de acuerdo a la gravedad de la afección o trauma psíquico causado a la víctima.

En caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.”.

Nº 3

7) Del Honorable Senador señor Bombal, para reemplazar la frase final “y que sean de financiamiento público”, por la siguiente: “que sean de financiamiento público o privado”.

8) Del Honorable Senador señor Bombal, en subsidio de la indicación Nº 7), para eliminar la frase final “y que sean de financiamiento público”.

ARTÍCULO 6º

9) Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Las multas que contempla esta ley irán a beneficio de centros especializados en el tratamiento de las víctimas, imputados y afectados por violencia intrafamiliar.”.

ARTÍCULO 7º

10) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 7º.- Las sentencias condenatorias definitivas que se dicten en los procesos iniciados de conformidad con esta ley, se inscribirán en el Registro General de Condenas establecido en el decreto ley Nº 645, de 1925.”.

11) De los Honorables Senadores señores Cantero, 12) Ominami y 13) Ruiz-Esquide, para intercalar, en el inciso segundo, después de la palabra “intrafamiliar”, lo siguiente: “, circunstancia que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes”

ARTÍCULO 8º

14) Del Honorable Senador señor Prokurica, para sustituir su encabezamiento por el siguiente:

“Artículo 8°.- Delito especial de habitualidad de violencia intrafamiliar.”.

ARTÍCULO 9º

15) Del Honorable Senador señor Ominami, para reemplazar, en el encabezamiento, la palabra “accesorias” por “especiales”.

16) Del Honorable Senador señor Ominami, para sustituir, en el inciso primero, la oración “podrá imponer, además, como sanción accesoria,” la siguiente: “podrá imponer como sanción especial, copulativa o alternativamente,”.

Nº 4

17) Del Honorable Senador señor Bombal, para sustituirlo por el siguiente:

“4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos, de orientación familiar o de rehabilitación de drogadicción o alcoholismo impartidos por la institución pública o privada que designe el tribunal.”.

18) Del Honorable Senador señor Ominami, para reemplazar, en el inciso segundo, la palabra “accesorias” por “especiales”.

19) Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “, mientras no se acredite el cambio de las circunstancias que la motivaron”.

º º º

20) Del Honorable Senador señor Prokurica, para agregar, a continuación del artículo 9º, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo....- Sin perjuicio de las medidas cautelares que se contemplan en el Código Procesal Penal, tratándose de actos de violencia intrafamiliar, en las audiencias de control de detención o de formalización de la investigación, según sea el caso, el fiscal deberá solicitar al juez de garantía la aplicación de algunas de las siguientes medidas, por el período que dure la investigación del delito:

1º Prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común.

2º Prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el lugar de trabajo de la víctima.

En el caso de que el imputado y la víctima trabajen en una misma sección u oficina de una empresa o faena, deberá oficiarse al empleador del imputado a fin de que proceda a adoptar las medidas conducentes a separarlos físicamente en el lugar de su desempeño, por el período indicado.

3º Prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el establecimiento educacional al que asiste la víctima.”.

º º º

ARTÍCULO 12

21) De los Honorables Senadores señores Cantero, 22) Ominami y 23) Ruiz-Esquide, para sustituir la letra “y” por una coma (,).

24) De los Honorables Senadores señores Cantero, 25) Ominami y 26) Ruiz-Esquide, para intercalar, entre la expresión “Penal,” y la palabra “que”, lo siguiente: “y el contemplado en el artículo 8º de esta ley”.

ARTÍCULO 13

27) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para eliminarlo.

ARTÍCULO 14

28) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para suprimirlo.

ARTÍCULO 16

29) De los Honorables Senadores señores Cantero, 30) Ominami y 31) Ruiz-Esquide, para sustituir la letra “y” por una coma (,).

32) De los Honorables Senadores señores Cantero, 33) Ominami y 34) Ruiz-Esquide, para intercalar, entre la expresión “Penal,” y la palabra “si”, lo siguiente: “y el contemplado en el artículo 8º de esta ley”.

ARTÍCULO 17

35) De los Honorables Senadores señores Cantero, 36 ) Ominami y 37) Ruiz-Esquide, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 17.- Derogación. Derógase la circunstancia 2ª del artículo 369 del Código Penal.”.

º º º

38) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para agregar, a continuación del artículo 18, el siguiente, nuevo:

“Artículo …...- Introdúzcanse las siguiente modificaciones al Código Penal:

1. Agrégase la siguiente circunstancia 11ª al artículo 11 del Código Penal:

“11ª. En los delitos contra las personas, la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte del actual ofendido”.

2. Agrégase la siguiente circunstancia 20ª al artículo 12 del Código Penal:

“20ª. En los delitos contemplados en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII y en los delitos contra las personas, la de tener la víctima la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive; adoptante o adoptado del ofensor. Así mismo, se aplicará esta circunstancia agravante cuando el delito se cometa contra la persona con quien se mantiene una relación de convivencia; los parientes de esta por consanguinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive; o el padre o madre del hijo común aún cuando no medie convivencia ni matrimonio.”.”.

39) Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar, a continuación del artículo 18, el siguiente, nuevo:

“Artículo ….. .- Incorpórase la Ley que Dicta Normas de Protección Contra la Violencia Intrafamiliar en el apéndice del Código Penal.”.

40) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para agregar, a continuación del artículo transitorio, el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo …… transitorio.- En tanto no entre en vigencia la ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia, los procesos que se originen por hechos contemplados en esta ley serán de conocimiento del Juez de Letras en lo civil del lugar en que se encuentre el domicilio del afectado, y según el procedimiento contemplado en la ley Nº 19.325.”.

º º º

- - -

2.6. Boletín de Indicaciones

Fecha 16 de marzo, 2005. Boletín de Indicaciones

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY QUE INTRODUCE MODIFICACIONES EN LA LEY Nº 19.325, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO Y SANCIONES RELATIVAS A LOS ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

14.03.05

16.03.05

BOLETíN Nº 2.318-18

INDICACIONES

PÁRRAFO 1º

1) De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir el epígrafe del párrafo 1º, por el siguiente:

“1º De la Violencia Intrafamiliar de conocimiento de los

Juzgados de Familia”

ARTÍCULO 1º

2) De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia.”.

º º º

3) De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación del artículo 1º, los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo.- Obligación de protección. Es deber del Estado adoptar, con la debida diligencia, todas las medidas necesarias para garantizar a toda persona, la vida, seguridad e integridad personal, física, psíquica y sexual.

Artículo.- Prevención y Asistencia. El Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia contra la mujer y la familia y a prestar asistencia a las víctimas.

En especial, impulsará las siguientes medidas:

a) Incorporar en los planes y programas de estudio contenidos dirigidos a modificar los patrones socioculturales de conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la violencia contra la mujer y la familia;

b) Desarrollar planes de capacitación para los funcionarios de la administración de justicia, organismos policiales y demás quienes intervengan en la aplicación de esta ley;

c) Desarrollar políticas y programas de seguridad ciudadana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia;

d) Favorecer iniciativas de la sociedad civil y de redes locales para el logro de los objetivos de esta ley;

e) Adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y

f) Crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos sobre las causas, frecuencia y consecuencias de la violencia contra la mujer y la familia.

Artículo.- Funciones del SERNAM. Corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer proponer al Presidente de la República el Plan Nacional de Acción para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Para estos efectos, en coordinación y colaboración con los organismos públicos pertinentes, tendrá las siguientes funciones:

a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra de la violencia hacia la mujer y la familia.

b) Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer y la familia.

c) Prestar asistencia técnica a organismos públicos que intervengan en la aplicación de esta ley.

d) Promover la contribución de los medios de comunicación a erradicar de la sociedad estereotipos que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer y la familia.

Artículo … .- Representación de los intereses de la víctima.- El Servicio Nacional de la Mujer, para efectos de tutelar los intereses de la víctima, podrá representarla, en conformidad a la ley, en los procesos incoados respecto de la investigación y sanción de los actos de violencia intrafamiliar que constituyan delito.”.

º º º

ARTÍCULO 2º

4) De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 2º.- Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que no constituya delito, que afecte la integridad física o psíquica de quien tenga respecto del ofensor la calidad de cónyuge, o respecto de quien mantiene una relación de convivencia; o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el segundo grado inclusive, respecto del adoptante o adoptado que viva bajo la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia o contra los parientes por consanguinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive respecto de aquél con quien se tenga una relación de convivencia; o entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”.

5) Del Honorable Senador señor Prokurica, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 2º.- Violencia intrafamiliar. Se entenderá por acto de violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de quien, aún siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo un mismo techo.

El que incurra en estos actos, aun cuando no conviva con el grupo familiar, será sancionado en la forma que establece esta ley.

Se comprenden dentro de estos actos y se regirán por las normas de esta ley, las faltas contempladas en los números 4°, 5°, 14, 15 y 16 del artículo 494 del Código Penal, si se reúne cualquiera de los elementos señalados en el inciso primero.”.

6) Del Honorable Senador señor Ominami, para intercalar, en el inciso primero, entre “maltrato,” y “que” lo siguiente: “por acción u omisión”.

7) Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar, en el inciso primero, entre las palabras “de” y “pariente” las palabras “cónyuge o”, y sustituir la frase “adoptante, adoptado o cónyuge” por la siguiente: “adoptante o adoptado”.

8) Del Honorable Senador señor Ominami, para sustituir, en el inciso segundo, la frase “mantiene una relación” por “mantiene o mantuvo una relación”.

º º º

9) Del Honorable Senador señor Prokurica, para intercalar, a continuación del artículo 2º, el siguiente, nuevo:

“Artículo …. .- Competencia y procedimiento. La investigación de los actos de violencia intrafamiliar corresponderá al Ministerio Público y su juzgamiento a los jueces de garantía y tribunales del juicio oral, en conformidad a las normas del Código Procesal Penal y a las reglas especiales establecidas en la presente ley.”.

º º º

ARTÍCULO 3º

10) De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3°.- Circunstancias indiciarias. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 92 de la ley 19.968, el tribunal considerará especialmente el haber precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, el concurrir respecto de éste una o más denuncias por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, condenas por actos de violencia intrafamiliar, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta, dependencia alcohólica o de sustancias estupefacientes.

Se considerará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.”.

ARTÍCULO 4º

11) De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 4°.- Sanciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días.

En caso de incumplimiento grave o reiterado el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”.

12) Del Honorable Senador señor Prokurica, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 4º.- Responsabilidad y sanciones. Los actos de violencia intrafamiliar que se describen en el artículo 2º, serán castigados:

1º Con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si se causare la muerte de la víctima.

2º Con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si se causaren lesiones graves.

3º Con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, si se causaren lesiones menos graves.

4º Con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, si no se causaren lesiones o si éstas fueren leves.

Si el acto de violencia intrafamiliar ha afectado únicamente la salud psíquica de la víctima, la pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, y se determinará de acuerdo a la gravedad de la afección o trauma psíquico causado a la víctima.

En caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.”.

Nº 3

13) Del Honorable Senador señor Bombal, para reemplazar la frase final “y que sean de financiamiento público”, por la siguiente: “que sean de financiamiento público o privado”.

14) Del Honorable Senador señor Bombal, en subsidio de la indicación Nº 13), para eliminar la frase final “y que sean de financiamiento público”.

º º º

15) De Su Excelencia el Presidente de la República, para intercalar, a continuación del artículo 4º, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo.- Sanciones accesorias. Sin perjuicio de lo dispuesto en artículo precedente, el juez podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones accesorias:

a) Prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

b) Prohibición de porte y tenencia, y, en su caso, el comiso de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que corresponda.

c) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

En caso de quebrantamiento de lo previsto en las letras a) y b) se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo precedente.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez en la sentencia definitiva fijará los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere, y cualquier otra cuestión de familia que sea sometida a su conocimiento por las partes.

Las sanciones accesorias de que trata este artículo podrán ser aplicadas por los tribunales con competencia en materia criminal cuando los actos de violencia intrafamiliar fueren constitutivos de delito, y una vez decretadas no se suspenderán en caso alguno.”.

º º º

ARTÍCULO 6º

16) De Su Excelencia el Presidente de la República, para eliminarlo.

17) Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo:

“Las multas que contempla esta ley irán a beneficio de centros especializados en el tratamiento de las víctimas, imputados y afectados por violencia intrafamiliar.”.

PÁRRAFO 3º

18) De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“3º De la violencia intrafamiliar constitutiva de delito”.

ARTÍCULO 7º

19) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 7º.- Las sentencias condenatorias definitivas que se dicten en los procesos iniciados de conformidad con esta ley, se inscribirán en el Registro General de Condenas establecido en el decreto ley Nº 645, de 1925.”.

20) De los Honorables Senadores señores Cantero, 21) Ominami y 22) Ruiz-Esquide, para intercalar, en el inciso segundo, después de la palabra “intrafamiliar”, lo siguiente: “, circunstancia que el mencionado Servicio hará constar en su respectivo certificado de antecedentes”

ARTÍCULO 8º

23) De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 8°.- Medidas aplicables. En los procesos judiciales incoados por actos de violencia intrafamiliar que a su vez constituyeren delito, se aplicarán las disposiciones del presente párrafo.”.

24) Del Honorable Senador señor Prokurica, para sustituir su encabezamiento por el siguiente:

“Artículo 8°.- Delito especial de habitualidad de violencia intrafamiliar.”.

ARTÍCULO 9º

25) De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 9°.- Medidas cautelares. El juez de garantía previa solicitud del fiscal, podrá decretar, aun antes de formalizada la investigación de un acto constitutivo de violencia intrafamiliar, las medidas cautelares a que se refiere el artículo 92 de la ley 19.968.”.

26) Del Honorable Senador señor Ominami, para reemplazar, en el encabezamiento, la palabra “accesorias” por “especiales”.

27) Del Honorable Senador señor Ominami, para sustituir, en el inciso primero, la oración “podrá imponer, además, como sanción accesoria,” la siguiente: “podrá imponer como sanción especial, copulativa o alternativamente,”.

Nº 4

28) Del Honorable Senador señor Bombal, para sustituirlo por el siguiente:

“4. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos, de orientación familiar o de rehabilitación de drogadicción o alcoholismo impartidos por la institución pública o privada que designe el tribunal.”.

29) Del Honorable Senador señor Ominami, para reemplazar, en el inciso segundo, la palabra “accesorias” por “especiales”.

30) Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar, en el inciso segundo, la siguiente oración final: “, mientras no se acredite el cambio de las circunstancias que la motivaron”.

º º º

31) De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar, a continuación del artículo 9º, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo … .- No aplicación. En caso que los actos de violencia intrafamiliar sean constitutivos de delito no procederá lo dispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Penal.".

32) Del Honorable Senador señor Prokurica, para agregar, a continuación del artículo 9º, el siguiente artículo nuevo:

“Artículo ... .- Sin perjuicio de las medidas cautelares que se contemplan en el Código Procesal Penal, tratándose de actos de violencia intrafamiliar, en las audiencias de control de detención o de formalización de la investigación, según sea el caso, el fiscal deberá solicitar al juez de garantía la aplicación de algunas de las siguientes medidas, por el período que dure la investigación del delito:

1º Prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común.

2º Prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el lugar de trabajo de la víctima.

En el caso de que el imputado y la víctima trabajen en una misma sección u oficina de una empresa o faena, deberá oficiarse al empleador del imputado a fin de que proceda a adoptar las medidas conducentes a separarlos físicamente en el lugar de su desempeño, por el período indicado.

3º Prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el establecimiento educacional al que asiste la víctima.”.

º º º

ARTÍCULO 10

33) De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazar la frase “indicados en el Nº 4 del artículo 9º”, por “a que se refiere el artículo anterior”.

ARTÍCULO 11

34) De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 11.- Interés público prevalente. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal, el juez al verificar si el consentimiento de la víctima apareciere libremente prestado, considerará especialmente si el delito ha sido precedido por actos de violencia intrafamiliar.”.

ARTÍCULO 12

35) De los Honorables Senadores señores Cantero, 36) Ominami y 37) Ruiz-Esquide, para sustituir la letra “y” por una coma (,).

38) De los Honorables Senadores señores Cantero, 39) Ominami y 40) Ruiz-Esquide, para intercalar, entre la expresión “Penal,” y la palabra “que”, lo siguiente: “y el contemplado en el artículo 8º de esta ley”.

41) De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituir la expresión “conjuntamente” por “preferentemente”, y las expresiones “b) y c)” por “a) y b)”.

º º º

42) De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar, a continuación del artículo 12, el siguiente, nuevo:

“Artículo.- Presunción. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 395 del Código Procesal Penal, el juez presumirá la concurrencia de antecedentes calificados en el caso de las faltas contempladas en el artículo 494 ter del Código Penal.”.

º º º

ARTÍCULO 13

43) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para eliminarlo.

ARTÍCULO 14

44) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para suprimirlo.

ARTÍCULO 15

45) De Su Excelencia el Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 15.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 18.216:

a) Intercálase como artículo 19° bis nuevo, el siguiente:

Artículo 19°

bis. La libertad vigilada no procederá si el hechor hubiere sido condenado previamente por la falta prevista en el artículo 494 ter del Código Penal.

b) En el inciso primero del artículo 30, intercálase a continuación de la expresión “Código Penal” la siguiente oración precedida de una coma (,): ”o delitos contra las personas que fueren constitutivos de actos de violencia intrafamiliar.”.

ARTÍCULO 16

46) De los Honorables Senadores señores Cantero, 47) Ominami y 48) Ruiz-Esquide, para sustituir la letra “y” por una coma (,).

49) De los Honorables Senadores señores Cantero, 50) Ominami y 51) Ruiz-Esquide, para intercalar, entre la expresión “Penal,” y la palabra “si”, lo siguiente: “y el contemplado en el artículo 8º de esta ley”.

ARTÍCULO 17

52) De Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 17.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

a) Incorpórase en el numeral 4° del artículo 11, el siguiente párrafo nuevo a continuación del punto aparte que pasa a ser seguido: “Asimismo, en los delitos contra las personas, el haberse ejecutado el hecho en contra de quien hubiere sido condenado previamente por actos de violencia intrafamiliar cometidos contra el autor o alguna de las demás personas referidas precedentemente, a menos que ese hecho se encontrare comprendido en alguna de las hipótesis enumeradas en el artículo precedente.”

b) Sustitúyase la regla 2ª del inciso cuarto del artículo 369 del Código Penal por la siguiente:

“2ª Cualquiera sea la circunstancia bajo la cual se perpetre el delito, a requerimiento del ofendido el juez podrá poner término al procedimiento, en consideración a los antecedentes que obren en el proceso.”.

c) Sustitúyase el artículo 400 por el siguiente:

“Artículo 400. Si los hechos a que se refieren los anteriores artículos de este párrafo constituyeren actos de violencia intrafamiliar o hubieren sido ejecutados concurriendo cualquiera de las circunstancias 2°, 3° y 4° del N° 1 del artículo 391, se impondrá la mitad superior de la pena señalada en la ley para el delito respectivo. Tratándose del delito establecido en el artículo precedente no se impondrá la pena de multa.

Si adicionalmente concurriere habitualidad en la conducta del agente se impondrá la pena superior en grado.”.

d) Agrégase el siguiente artículo 494 ter nuevo:

“Artículo 494 ter.- Cuando la conducta señalada en el artículo 494 N° 4 y 5 fueren constitutivas de un acto de violencia intrafamiliar, el hecho se sancionará exclusivamente con la pena de prisión en su grado medio.

Si adicionalmente concurriere habitualidad o reincidencia en la conducta del agente se impondrá la pena superior en grado.”.”.

53) De los Honorables Senadores señores Cantero, 54) Ominami y 55) Ruiz-Esquide, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 17.- Derogación. Derógase la circunstancia 2ª del artículo 369 del Código Penal.”.

º º º

56) De Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar, a continuación del artículo 17, los siguientes artículos, nuevos:

“Artículo.- La presente ley comenzará a regir el 1º de Octubre del 2005.

Artículo.- La Ley de Presupuestos del Sector Público deberá consultar anualmente los recursos necesarios para la adecuada aplicación de esta ley.”.

º º º

57) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para agregar, a continuación del artículo 18, el siguiente, nuevo:

“Artículo.- Introdúzcanse las siguiente modificaciones al Código Penal:

1. Agrégase la siguiente circunstancia 11ª al artículo 11 del Código Penal:

“11ª. En los delitos contra las personas, la de haber sido el hechor víctima de violencia intrafamiliar por parte del actual ofendido”.

2. Agrégase la siguiente circunstancia 20ª al artículo 12 del Código Penal:

“20ª. En los delitos contemplados en los párrafos 5º, 6º y 9º del Título VII y en los delitos contra las personas, la de tener la víctima la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive; adoptante o adoptado del ofensor. Así mismo, se aplicará esta circunstancia agravante cuando el delito se cometa contra la persona con quien se mantiene una relación de convivencia; los parientes de esta por consanguinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive; o el padre o madre del hijo común aún cuando no medie convivencia ni matrimonio.”.”.

58) Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar, a continuación del artículo 18, el siguiente, nuevo:

“Artículo.- Incorpórase la Ley que Dicta Normas de Protección Contra la Violencia Intrafamiliar en el apéndice del Código Penal.”.

º º º

ARTÍCULO TRANSITORIO

59) De Su Excelencia el Presidente de la República, para incorporar, a continuación del punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Para estos efectos, continuarán vigentes los artículos 1° y 4° de dicho cuerpo legal.”.

º º º

60) De los Honorables Senadores señores Cariola, Chadwick, Coloma, Fernández y Novoa, para agregar, a continuación del artículo transitorio, el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“Artículo. transitorio.- En tanto no entre en vigencia la ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia, los procesos que se originen por hechos contemplados en esta ley serán de conocimiento del Juez de Letras en lo civil del lugar en que se encuentre el domicilio del afectado, y según el procedimiento contemplado en la ley Nº 19.325.”.

º º º

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2.7. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Senado. Fecha 11 de mayo, 2005. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 52. Legislatura 352.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones en la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar.

BOLETÍN Nº 2.318-18

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de someter a vuestra consideración su segundo informe, relativo al proyecto de ley de la referencia, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción de las Honorables Diputadas señoras María Antonieta Saa y Adriana Muñoz D’Albora.

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A las sesiones en que vuestra Comisión trató este proyecto asistieron, en representación del Servicio Nacional de la Mujer, la Ministra, señora cecilia Pérez, la Jefa del Departamento sobre la Situación Jurídica de la Mujer, señora Patricia Silva y el asesor, señor Marco Rendón.

En representación del Ministerio de Justicia, el Jefe de la División Jurídica, señor Francisco Maldonado y la abogada señora Paula Recabarren.

Asimismo, en representación del Ministerio Público, concurrió la abogada señora María Eugenia Manaud.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Cabe hacer presente que los artículos 6º, 7º, inciso final, 9º, letra a), 13, 14 y 21 son normas de quórum orgánico constitucional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Suprema, en relación con el artículo 63, inciso segundo, de ese Texto Fundamental, pues inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

En efecto, la primera de las referidas disposiciones dispone que los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de familia que crea la ley

Nº 19.968 y se sujetarán al procedimiento que el mismo cuerpo legal establece. La última, deroga la ley Nº 19.325, cuyo artículo 2º otorga competencia para conocer los conflictos originados por actos de violencia intrafamiliar al juez de turno en lo civil dentro del territorio jurisdiccional en que se encuentre ubicado el hogar donde viva el afectado.

Los artículos 7º, inciso final, 13 y 14, por su parte, imponen a los jueces de familia y a los tribunales en lo penal la obligación de apremiar a quienes infrinjan las medidas de protección que pueden decretar.

La letra a) del artículo 9º otorga al juez de familia la atribución de aplicar en la sentencia que dicte en una causa por violencia intrafamiliar la medida accesoria de ordenar al hechor que abandone el hogar que comparte con su víctima.

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Como señaláramos en el primer informe, el Senado, por oficio Nº 23.078, de 5 de noviembre del año 2003, remitió a la Corte Suprema esta iniciativa de ley, con el fin de recabar su parecer al respecto, debido a que el proyecto contiene disposiciones que atañen a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

El Máximo Tribunal, dio respuesta por oficio

Nº 3.189, de 11 de febrero de 2004. La opinión emitida por la Corte fue consignada en el citado primer informe.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, cabe dejar constancia de lo siguiente:

1.- Artículo del proyecto que no fue objeto de Indicaciones ni de modificaciones: 5º, que pasa a ser 10.

2.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: Nos 13, 16, 43 y 44.

3.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: Nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,11, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 34, 45, 52 y 56.

4.- Indicaciones rechazadas: Nos 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59 y 60.

5.- Indicaciones retiradas: no hay.

6.- Indicaciones declaradas inadmisibles: no hay.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como se explicara en el primer informe, esta iniciativa legal reemplaza la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, modifica el procedimiento judicial a seguir, amplia las atribuciones de la policía y reforma el sistema sancionatorio.

En virtud de las enmiendas que ha introducido esta Comisión en el trámite reglamentario de segundo informe, cabe puntualizar que el proyecto se encamina, además, a hacer explícito que la finalidad de esta ley es la prevención, sanción y erradicación de la violencia intrafamiliar, todo lo cual constituye una concreción del deber del Estado de proteger y fortalecer a la familia; distingue entre las conductas de violencia intrafamiliar que son constitutivas de ilícitos penales de aquellas que no lo son, para determinar el tribunal competente y el procedimiento aplicable; incorpora a diversos tipos penales comunes la circunstancia calificatoria de ser la conducta, además, constitutiva de violencia intrafamiliar; regula las sanciones y medidas accesorias de rehabilitación procedentes; regula la aplicación en estos casos de medidas cautelares, acuerdos reparatorios y formas alternativas del cumplimiento de penas privativas o restrictivas de libertad; autoriza al SERNAM para asumir el patrocinio de la víctima de violencia intrafamiliar que lo requiera; dispone que este proyecto, una vez convertido en ley, entre en vigencia conjuntamente con la ley que crea los tribunales de familia, y resuelve los efectos en el tiempo de esta iniciativa y la ley actual, en lo relativo a competencia y procedimiento de los tribunales civiles y los de familia.

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ANTECEDENTES LEGALES

a.- La Constitución Política de la República, especialmente sus artículos 1º y 19 Nos 1º y 2º.

b.- Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, de 1979, promulgada por decreto Nº 789, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1989.

c.- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do Pará, de 1994, promulgada por decreto Nº 1.640, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1998.

d.- Ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar.

e.- Ley Nº 19.968, que crea los Tribunales de Familia.

f.- Ley Nº 18.216, que establece las medidas que indica como alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad y deroga disposiciones que señala.

g.- Ley Nº 19.324, que introduce modificaciones a la ley Nº 16.618, en materia de maltrato de menores.

h.- Ley Nº 16.618, de Menores.

i.- Código Penal: artículos 11, Nº 4º y 400

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DISCUSIÓN EN PARTICULAR

No obstante tratarse de la discusión particular del proyecto, la Comisión estimó conveniente escuchar a distintos personeros, con la finalidad de conocer su opinión respecto de la iniciativa.

La Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), señora Cecilia Pérez, inició su intervención señalando que, con las indicaciones que el Ejecutivo está presentando al proyecto, se amplía el contenido de dicha iniciativa legal, incorporándose la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer y la familia como objetivo de la ley. Lo anterior, precisó, recoge las observaciones hechas valer y concordadas durante la discusión y aprobación en general del proyecto.

Para ello, explicó, en el marco de la obligación del Estado de dar protección a la integridad de las personas, se establece expresamente que éste deberá dictar políticas orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres y las familias, enunciándose algunos de los ámbitos de intervención y las medidas que deberán adoptarse. Entre otras, mencionó:

- En el ámbito educacional, incorporar planes y programas de estudio con contenidos destinados a modificar patrones socioculturales que estimulan la violencia y a fomentar valores tales como el respeto por el otro, la tolerancia, la igualdad de derechos, etc.

- En el ámbito de la capacitación, implementar programas de formación destinados a todos los funcionarios y operadores del sistema jurídico que se vinculan con problemas de violencia.

- En el área de las políticas de seguridad ciudadana, incluir programas de prevención y erradicación de la violencia.

- Asimismo, apoyar las iniciativas de las redes locales y de la sociedad civil.

Expresó que para efectos de generar una política integral que permita evaluaciones periódicas, se establece que el SERNAM tendrá como función proponer al Presidente de la República un Plan Nacional para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Indicó que el proyecto enuncia una serie de funciones que competen al SERNAM, tales como coordinar las políticas, recomendar la adopción de medidas legales y de otra índole para la prevención, sanción y erradicación de la violencia, promover que los medios de comunicación contribuyan a la erradicación de la violencia y prestar asesoría técnica a los organismos que intervienen en la aplicación de la ley.

Destacó que, considerando los últimos casos de violencia intrafamiliar, que han generado fuerte impacto en la opinión pública, y con el fin de que se adopten a la brevedad medidas que tutelen los intereses de las víctimas, se entrega al SERNAM la facultad de representar a la víctima, de conformidad a la ley. La idea, explicó, es dar una mayor protección y consideración a los intereses de la víctima, particularmente en los casos en que dicho interés no es necesariamente convergente con los fines de la persecución penal pública.

Por otro lado, hizo presente que el proyecto señala que en la Ley de Presupuestos deberán contemplarse, anualmente, fondos para garantizar el eficiente cumplimiento de la ley.

En cuanto al control y sanción de la violencia intrafamiliar, manifestó que el Gobierno ha planteado un conjunto de indicaciones que redefinen el alcance de la competencia de los futuros tribunales de familia y del nuevo sistema procesal penal.

Añadió que, tal como lo ha sostenido el Ministerio de Justicia, se reafirma el mandato constitucional que reserva al Ministerio Público la investigación de toda falta penal y su juzgamiento conforme al nuevo proceso penal.

Bajo tal perspectiva, expuso, se propone excluir del conocimiento de la judicatura de familia las faltas de amenaza con arma blanca o de fuego y de lesiones leves, y sancionarlas con pena de prisión, como actualmente lo dispone la ley Nº 19.325 sobre violencia intrafamiliar. En tales hipótesis, la existencia previa de malos tratos habituales agravará la pena que deba imponerse al agresor.

De este modo, se propone reservar al conocimiento de la justicia de familia únicamente el maltrato que no produce lesiones físicas y sancionarlo con multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales.

Agregó que la protección a las víctimas, tanto en la judicatura de familia como en el sistema penal, ha sido otro aspecto en que se propone reforzar el proyecto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, dotando a los juzgados de garantía de una potestad cautelar que podrán ejercer aún sin preceder formalización de la investigación en contra del imputado. Del mismo modo, se propone que las sanciones accesorias de protección no puedan suspenderse en caso alguno.

Advirtió que la gravedad y reiteración de los actos de violencia contra la mujer exigen una clara señal de reprobación y por ello se limita la facultad que actualmente detenta el Ministerio Público para no iniciar una investigación o abandonar la iniciada.

Finalmente, anunció, se propone modificar el Código Penal con la finalidad de expresar un mayor reproche en caso de lesiones inferidas a una persona con la que se tiene alguno de los vínculos amparados por este proyecto de ley.

Desde el punto de vista de las modificaciones penales, el proyecto pretende otorgar a la víctima la más rápida y eficaz protección posible y, para tales efectos, se considerará el historial del agresor. Se busca, en definitiva, una mejor respuesta de la justicia.

En consecuencia, el proyecto y las indicaciones del Ejecutivo pretenden explicitar el deber del Estado en la protección y la erradicación de la violencia intrafamiliar, centrar las acciones en el SERNAM, y, en el ámbito penal, que sus normas sean convergentes con la reforma procesal penal, excluyendo el tratamiento de estos asuntos de la judicatura de familia y llevándolos al ámbito penal, dejando para la primera sólo los maltratos que no generan lesión física. Esto se suma a lo que ya se encuentra contemplado en la legislación sobre tribunales de familia.

A continuación, el Honorable Senador señor Viera-Gallo señaló que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto, al parecer, se orientan en el sentido planteado en el debate en esta Comisión, esto es, hacia la prevención, la educación, la definición de competencias, etc. Sin embargo, consultó por el fundamento de la representación de la víctima por parte del SERNAM -que se contempla en el artículo 5º del proyecto-, ya que el legislador ha venido restringiendo este tipo de representación y aquí, en cambio, se hace lo contrario.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, hizo una precisión de tipo semántico, señalando que el artículo 1º, tal como viene redactado en las indicaciones del Ejecutivo, define el objetivo de la ley como prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia. A entender del señor Senador, debería referirse a la violencia “intrafamiliar”, que es un concepto más amplio que involucra conjuntamente a la mujer y la familia.

Finalmente, manifestó que comparte la opinión del Honorable Senador señor Viera-Gallo en el sentido de que las indicaciones del Ejecutivo han recogido las observaciones planteadas en el seno de esta Comisión.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, expresó que las indicaciones van todas en una misma línea. La duda que se planteó respecto de las facultades del Ministerio Público se solucionó en el texto de las indicaciones por la vía de reforzar el sistema penal actualmente existente. Por tanto, en lugar de conformar una sola figura -que entregue una señal reprobatoria de estas conductas-, se ha preferido agravar cada una de las hipótesis de comisión de ilícitos penales.

Explicó que esta técnica legislativa es más apropiada para este proyecto, ya que logra dar un mensaje de reproche pero, al mismo tiempo, permite que la respuesta del sistema a estos actos se configure caso a caso, sin generar distorsiones. Por el contrario, cuando se engloban los actos de violencia intrafamiliar en una sola conducta, se termina postergando, a veces, la sanción que hubiera correspondido incluso por aplicación de las reglas generales. Por ejemplo, si un padre o madre incurre en un acto con resultado de muerte respecto de su hijo, según las reglas generales sería parricidio con una penalidad de hasta presidio perpetuo calificado. Si, en cambio, se engloba todo esto bajo un solo concepto y una sola sanción, no es posible llegar a una penalidad tan alta. Por ello, se ha optado por hacer más rígidas las figuras que actualmente se encuentran en el Código Penal, obteniendo un resultado mucho mejor y manteniendo el efecto simbólico buscado con la iniciativa en análisis.

Por otra parte, se reservan los casos que no alcanzan a constituir un ilícito penal, conforme a la ley actual, para su conocimiento por los tribunales de familia, a los que se ha proporcionado muchas más herramientas de carácter preventivo para que dichas conductas no se transformen en una escalada.

Seguidamente, dicho personero, respondiendo a la inquietud del Honorable Senador señor Viera-Gallo relativa a la representación de la víctima por el SERNAM, señaló que en este caso no se trata de una representación en general, en pro del interés público, sino de la representación de una víctima en particular, en conformidad a la ley, y esto es distinto a la representación en virtud del interés público encargada al Ministerio Público desde su creación.

A este respecto, el Honorable Senador señor Espina señaló que el ejercicio de la acción penal pública quedó restringido al Ministerio Público, excluyendo a otras entidades, en aras de facilitar los procedimientos. Sin embargo, añadió, este proyecto sería contrario a dicho criterio.

Recordó que en numerosos debates sostenidos en esta Comisión se ha seguido el criterio de que, conforme a la Constitución Política y al rol que se le asigna en su ley orgánica y en el Código Procesal Penal, es el Ministerio Público quien detenta el ejercicio de la acción penal pública en representación de la sociedad y de la víctima. Pero sucede, agregó, que la víctima también puede querellarse. Entonces, se estableció que ningún organismo, salvo casos muy excepcionales, puede ejercer esta función. Para esto se tomó en consideración que la experiencia demostraba un abuso en la presentación de querellas. También se consideró la opinión del Ministerio Público, que señaló que la multiplicidad de titulares de la acción penal termina entrabando su ejercicio e incluso debilitándolo, en lugar de facilitarlo, ya que no siempre las estrategias procesales de los distintos querellantes coincide y, a veces, derechamente se aleja de la que sigue el Ministerio Público.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo señaló que la víctima también podría recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial para querellarse, por lo que no se vislumbra la razón para entregar tal facultad de representación al SERNAM.

El representante del Ministerio de Justicia, respondió que si bien ello es efectivo, es una facultad que tiene la víctima y depende de su propia voluntad, y no de una decisión de la institución.

A continuación, la abogada del Ministerio Público, señora María Eugenia Manaud, advirtió que la entidad a la que representa ha tomado conocimiento incidentalmente de la existencia y tramitación del presente proyecto de ley. Manifestó desconocer el contenido de las indicaciones presentadas al proyecto por el Ejecutivo, de suerte que las observaciones que el mismo merece al Ministerio Público corresponden al proyecto aprobado en general.

Detalló las objeciones que se pormenorizan a continuación.

El proyecto sustituye el actual régimen de violencia intrafamiliar –de carácter eminentemente civil y a cargo de tribunales civiles–, por otro, en que se lleva el tema al ámbito penal.

En efecto, expresó, el proyecto deroga la ley del ramo -ley Nº 19.325-, haciendo desparecer el tratamiento de naturaleza civil que se ha dado a esta materia, y, junto a ello, elimina el trámite de la conciliación, lo cual es contrario a las tendencias internacionales sobre el particular. Expresó que, de acuerdo a los datos aportados por el propio SERNAM, de las 80.000 denuncias que se cursan al año en este ámbito, un 92% se archiva mediante conciliación. Al suprimir dicha diligencia tales causas deberán concluir necesariamente mediante sentencia de término, las que serán de carácter penal dadas las sanciones que impondrían.

Agregó que lo anterior se confirma, por ejemplo, si se considera que las sanciones por faltas incluyen la reclusión nocturna y la prisión, a lo que se agrega la tipificación del nuevo delito de violencia intrafamiliar al que se asigna la pena de presidio. Todo ello, manifestó, por expreso mandato constitucional, debe ser conocido en exclusividad por el Ministerio Público y los tribunales en lo penal.

Explicó que esto significará una carga extra de trabajo para el Ministerio Público, no considerada inicialmente, por cuanto se le asignará el conocimiento de materias que en realidad son civiles pero se están transformando en penales y que, por cierto, no fueron contempladas en la reforma procesal penal. A mayor abundamiento, esto exigirá hacer frente a nuevos requerimientos en recursos humanos y económicos, los que no fueron proyectados originalmente.

Otro orden de objeciones, explicó la representante del Ministerio Público, dice relación tanto con el nuevo delito que se crea como con las modificaciones que se introducen al proceso penal.

En cuanto al delito, hizo presente que, en primer término, no existen antecedentes que conduzcan al convencimiento de que es conveniente crear el nuevo tipo que se propone, máxime en el marco de un sistema penal de última ratio.

En segundo lugar, expresó que la norma que se propone adolece de problemas de redacción, porque no describe claramente la conducta que procura tipificar como ilícita ni establece con precisión la pena correlativa, en especial en materia de sanciones alternativas, las que quedan a criterio del juez imponerlas o no. Lo anterior contraría los principios constitucionales en virtud de los cuales ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella, y ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración.

A lo anterior se suma, añadió, la circunstancia de que el proyecto tampoco señala qué tribunales serán los competentes para conocer de los asuntos derivados de esta ley, ni qué procedimientos serán los aplicables al efecto. Recordó que esta observación ya había sido planteada por la Corte Suprema, la que reparó la inexactitud o insuficiencia en que incurre el proyecto al no definir la respectiva competencia y los procedimientos. Coincidió con el Máximo Tribunal en estimar que la competencia penal sólo se deduce de la naturaleza de las penas asignadas y de las referencias que hace el proyecto al Código Procesal Penal y a los jueces de garantía, por cuanto, en verdad, la iniciativa nada dice al respecto en forma expresa.

A mayor abundamiento, señaló, la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, reserva a la competencia de éstos el conocimiento de todos los asuntos relativos al maltrato de niños y a la violencia intrafamiliar propiamente tal.

En consecuencia, insistió, este es un tema que requiere de mayor definición.

Seguidamente, y también en el ámbito de las modificaciones procesales penales que involucra el proyecto, expresó que la iniciativa de ley contempla reformas en materias tales como las denominadas salidas alternativas del proceso penal y las circunstancias modificatorias

-atenuantes o agravantes- de la responsabilidad penal.

Respecto de las salidas alternativas expresó que el proyecto las restringe, en tanto que la reforma procesal penal procura fomentarlas, lo que prefigura la pugna que se generará entre ambos sistemas. En relación a las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad que se insertan en el Código Penal, indicó que ellas tendrán carácter facultativo para el juez, a la inversa de las restantes, que obligatoriamente deben ser consideradas en la sentencia.

Asimismo, advirtió que faltan normas transitorias que regulen lo que sucederá en aquellas regiones del país en las que aún no se ha implementado el nuevo sistema procesal penal, atendida la total e inmediata derogación que se propone de la actual ley de violencia intrafamiliar.

En seguida, y a modo de resumen, señaló que las observaciones de la entidad que representa se refieren principalmente a las siguientes materias:

En primer lugar, el problema de la creación de un nuevo delito que aparece mal tipificado.

En segundo término, al desaparecer el tratamiento civil de esta materia y la eliminación del trámite de la conciliación, necesariamente significará que las causas que antes se conocían por la vía civil y se resolvían mediante conciliación, pasarán ahora al dominio penal y requerirán sentencia de término, lo que en definitiva redundará en una mayor carga de trabajo para el Ministerio Público, que no estaba contemplada originalmente.

Señaló que todo esto hace necesario que se suspenda la tramitación del proyecto, para lo cual el Ministerio Público ha enviado sendos oficios al Ministerio de Justicia y al Servicio Nacional de la Mujer, porque se requiere más tiempo, no sólo para estudiar los aspectos jurídicos involucrados sino también para evaluar los requerimientos económicos o presupuestarios que la concreción de un proyecto de esta naturaleza puede generar.

La falta de participación del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público en el estudio de estas materias, a pesar de lo atingente que resulta la intervención de dichas entidades en estos temas, afecta gravemente la coordinación que debería existir para tramitar proyectos de ley que puedan vincular a un organismo autónomo, como es el Ministerio Público.

Advirtió que, al parecer, algunas de sus observaciones estarían superadas en las indicaciones que el Ejecutivo está presentando al proyecto, como, por ejemplo, el hecho de haber separado claramente las faltas que serán de competencia de los tribunales de familia de todas aquellas otras faltas penales y delitos que pasarían al ámbito penal propiamente tal. No obstante eso, insistió, se requiere de una revisión mayor y, en especial, el estudio de los costos que esto significa.

En cuanto al tema de la conveniencia o no de que un organismo público participe en el proceso penal, manifestó que, en términos generales y en principio, ya desde la reforma constitucional que creó el Ministerio Público y el nuevo sistema procesal penal, fue latamente resistida la incorporación de otros actores, incluso la de la víctima. Recordó que, en definitiva, se incorporó la participación del querellante particular ante la posibilidad de que éste tenga intereses contrapuestos con los del fiscal, y en ese entendido fue aprobada la idea. Añadió que el criterio de la ley adecuatoria que adaptó todo el sistema legal chileno a la reforma procesal penal fue concordante con lo expuesto, en el sentido de excluir a los querellantes particulares e institucionales.

Finalmente, y dado que la Constitución Política y el Código aseguran la participación de la víctima como querellante particular, su representante en el proceso penal tendrá que ser sólo uno: un abogado particular, la Corporación de Asistencia Judicial o el SERNAM. Informó que en la tramitación del proyecto de modificaciones al Código Procesal Penal que está en estos momentos en la Cámara de Diputados, que recoge la experiencia vivida hasta antes de la entrada en vigencia de la reforma en Santiago, se está modificando la norma que prevé la participación de los querellantes particulares, tratando de restringirla al máximo. La experiencia indica que mientras más querellantes o intervinientes hay en el proceso penal, más compleja se hacen la investigación y la substanciación del mismo.

El Honorable Senador señor Espina indicó que si las personas cuentan desde ahora con la alternativa penal para denunciar estos casos de maltrato, es muy probable que recurran a esta nueva vía, en lugar de la civil, por lo que efectivamente se puede generar una excesiva carga de trabajo para las Fiscalías, que no fue tenida en vista originariamente.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo consultó cuál es la situación actual, ya que ello incidirá en la eventual definición de un delito nuevo.

La representante del Ministerio Público explicó que, si bien el maltrato que nos ocupa podría significar un acto delictivo, actualmente se recurre a los tribunales civiles, los que están facultados para imponer la pena de prisión. Además, este resulta un procedimiento expedito para tales efectos. En lo sucesivo, en cambio, con el proyecto en estudio, las faltas o lesiones entran de lleno en el ámbito penal.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo agregó que, a la luz de la reforma constitucional, eso ya no sería procedente y que, en consecuencia, los jueces civiles tendrían que inhibirse para conocer asuntos de violencia intrafamiliar que presenten un carácter penal.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, señaló que la materia requiere de un estudio muy acucioso. Reiteró que deben abordarse con claridad temas como la conciliación o la representación y valoró la colaboración que, en tal sentido, puede hacer el Ministerio Público.

La Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, señora Cecilia Pérez, señaló que la violencia intrafamiliar y, en particular, la violencia contra la mujer, es una realidad muy grave que hay que atender en forma urgente. Indicó que en el año 2004 se registraron 70 casos con resultado de muerte de mujeres y en todos ellos existían antecedentes de violencia previa, de denuncias ante los tribunales e incluso de la aplicación de medidas precautorias. En consecuencia, debe reforzarse en la ley el papel del Estado en esta materia, no sólo en lo relativo a la prevención, sino también en orden a mejorar el acceso a la justicia y a la eficacia de las actuaciones de esta última. Puso especial énfasis en señalar que la violencia al interior de la familia, a pesar de la gravedad que reviste, tiende a ser minimizada y, por tanto, este proyecto representa una gran oportunidad para dar un giro en sentido contrario.

Precisó que, cuando se estudiaron las soluciones alternativas del proceso penal, se buscaba que la violencia intrafamiliar se resolviera por una vía distinta a la violencia en general, dadas las especiales características de aquélla. Añadió que en los tribunales de familia quedará radicado el conocimiento de los casos de violencia menos graves, en los cuales habrá una especie de conciliación. Explicó que la experiencia ha demostrado que el trámite de la conciliación se ha transformado más bien en una suerte de filtro de trabajo, desnaturalizando sus fines. Asimismo, agregó, en el 46% de los casos que se han resuelto por la vía conciliatoria, las personas han quedado descontentas con esa solución.

Expresó también que la experiencia mundial indica que la conciliación y la mediación no son estrategias válidas para resolver la violencia intrafamiliar.

En consecuencia, se trata no sólo de dar una señal, sino que de habilitar también una solución real y eficaz, sobre todo en materia de justicia.

El Honorable Senador señor Espina precisó que saturar a la Fiscalía con exceso de trabajo hasta hacerla colapsar no sería entendido por la opinión pública.

Indicó que los casos de violencia intrafamiliar, por la vía de la conciliación, suelen derivar hacia tratamientos psiquiátricos, a pesar del déficit de instituciones especializadas que presten dichos servicios en nuestro país. Asimismo, manifestó su preocupación por aquellos casos en que las lesiones provocadas no dejan huellas físicas en la víctima, ya que no resulta tan claro definir a qué situación legal corresponden tales daños. Recalcó que es muy difícil penalizar los temas de familia.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo manifestó que el problema surge porque frente a un hecho que reviste caracteres de delito sólo interviene la judicatura civil y no la penal. Sugirió la posibilidad de contemplar faltas especiales para estos casos, que no conlleven sanción penal, para mantener la materia en los tribunales de familia.

El Honorable Senador señor Espina puntualizó al respecto que, para tales efectos, a dichas faltas se les debería asignar la pena de multa.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, señaló que no se debe poner en riesgo el nuevo sistema procesal penal, sobrecargándolo de trabajo, punto en el cual expresó coincidir con lo manifestado por el Presidente de la Comisión.

Asimismo, estimó interesante la propuesta del Honorable Senador señor Viera-Gallo, en orden a que las faltas se mantengan en la judicatura de familia y se reserven los casos más graves para la órbita penal.

Insistió en que también son puntos de relevancia la conciliación y la representación de las víctimas, entre otros.

El asesor del Servicio Nacional de la Mujer, señor Marco Rendón, explicó que la ley 19.325 contempla como acto de violencia intrafamiliar el maltrato y las faltas de los Nos 4 y 5 del artículo 494 del Código Penal, es decir, la amenaza con arma blanca o de fuego y las lesiones leves. Expresó que eso actualmente está siendo conocido por los tribunales civiles, en tanto no entren en funcionamiento los tribunales de familia. Explicó que las indicaciones del Ejecutivo no tipifican una conducta nueva, sino que entregan las lesiones leves y las amenazas al sistema penal, y sanciona la habitualidad agravando la pena.

Finalmente, el Honorable Senador señor Espina, con la aquiescencia de los demás miembros presentes de la Comisión, solicitó al Ministerio Público un estudio sobre esta materia, con el fin de enriquecer el debate de este proyecto, valorando y agradeciendo desde ya la colaboración que se preste al efecto.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo solicitó al Ministerio Público que en dicho estudio se haga una estimación de cuántas de esas 80.000 denuncias pasarían efectivamente al campo de lo penal, afectando el trabajo de la Fiscalía.

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Fueron presentadas 60 Indicaciones al texto del proyecto de ley contenido en el Primer Informe.

A continuación se describen brevemente todos los artículos del proyecto aprobado en general y las Indicaciones presentadas, señalándose en cada caso los acuerdos adoptados por la Comisión a su respecto.

1° De la violencia intrafamiliar

El epígrafe que encabeza el proyecto es el que figura sobre este párrafo.

Indicación Nº 1)

Del Presidente de la República, para sustituir el epígrafe del párrafo 1º, por el siguiente:

“1º De la Violencia Intrafamiliar de conocimiento de los juzgados de familia”.

La Comisión, teniendo presente lo manifestado tanto por los representantes del Ejecutivo como por el Ministerio Público, acordó que el proyecto de ley en estudio se estructurará distinguiendo las materias que serán de competencia de los tribunales de familia de las que serán conocidas por el sistema penal. Para tales efectos, se dispuso su tratamiento en párrafos separados.

Conforme al criterio adoptado, se mantuvo el párrafo primero del proyecto, en el que se han incluido las normas generales relativas a la violencia intrafamiliar. Enseguida, se intercaló un nuevo párrafo segundo, con el epígrafe propuesto por la indicación Nº 1), en el cual se aborda la violencia intrafamiliar que será de conocimiento de los tribunales de familia, reservando el tratamiento penal de esta materia para el párrafo tercero de la ley.

Por último, por razones de técnica legislativa, se agregó la palabra “Párrafo” al inicio del epígrafe de cada una de las partes en que se ha ordenado el proyecto.

- Puesta en votación la indicación Nº 1) y la reubicación como párrafo segundo del epígrafe propuesto, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Aburto, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés, con la modificación expresada.

Artículo 1º

Define el objetivo de esta ley, cual es proteger la integridad y la seguridad de las víctimas de la violencia intrafamiliar, así como establecer las sanciones para las conductas constitutivas de dicha violencia.

Indicación Nº 2)

Del Presidente de la República, para reemplazar este artículo por el siguiente:

“Artículo 1°.- Objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia.”.

La Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), señora Cecilia Pérez, señaló que frente a la inquietud que ha suscitado la definición de los destinatarios de la ley, corresponde hacer mención no sólo de la mujer sino también de los demás miembros de la familia. Lo anterior, explicó, permitirá acentuar la especificidad de la violencia contra la mujer.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, indicó que no obstante entender que aquí se pretende destacar con claridad que una de las principales víctimas de la violencia intrafamiliar es la mujer, agregar una frase alusiva a los demás miembros de la familia, no le parece apropiado, ya que da la impresión de que la mujer no fuera parte de la misma. Recordó que su propuesta había sido definir la violencia como “intrafamiliar” porque así queda claro que se trata de la violencia que se sufre “dentro de la familia” y comprende a la mujer, el hombre, los niños, etc.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Viera-Gallo precisó que es necesario dejar en claro que se trata de violencia intrafamiliar, para distinguirla de aquellos casos que, si bien son de violencia, no se dan al interior de la familia, y que, por tanto, quedan al margen de esta ley.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina manifestó que el texto aprobado en general contiene un concepto exacto de quienes quedan protegidos por esta ley al aludir a las “víctimas” de la violencia intrafamiliar, expresión que comprende a la mujer, el marido, los hijos, etc. Destacó, además, que esta iniciativa persigue prevenir y sancionar tal violencia y dar protección a las víctimas.

El asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, agregó que la indicación también amplía el objetivo de la ley en la medida que, además del control, se incluye la prevención en esta materia.

La Ministra Directora del SERNAM hizo presente que, además de destacar que la mujer es la principal víctima de este tipo de violencia, se quiere recalcar que esa violencia contra la mujer tiene un efecto colateral muy severo en los demás integrantes de la familia, lo que es un efecto propio, distintivo y particular de este fenómeno. Por tal motivo, añadió, es necesario hacer una distinción expresa, más allá de la que se hizo antes, respecto de este tema. Precisó que el 98% de los casos denunciados de violencia intrafamiliar corresponden a violencia contra la mujer.

El Honorable Senador señor Aburto señaló que el texto aprobado en general, tal como se encuentra redactado, comprende a todos los miembros del grupo familiar, y que si se hace una mención especial respecto de la mujer, también tendría que hacerse, por ejemplo, respecto de los recién nacidos, los que sin duda están en situación de vulnerabilidad.

La Ministra Directora del SERNAM señaló que no hay duda alguna de que esta ley está acotada a lo que es la violencia al interior de la familia, pero que, no obstante ello, la legislación debería ser explícita en manifestar su preocupación particular por la violencia que al interior de la familia se ejerce contra la mujer. Insistió en que eso debería quedar expreso en esta oportunidad y recordó que esto ya fue materia del debate durante la tramitación de la actual ley Nº 19.325. Explicó que la experiencia de más de diez años ha demostrado, con total evidencia, que la violencia que se da dentro de la familia contra la mujer es precursora de más violencia y de consecuencias más graves aún respecto de los restantes miembros del grupo familiar. Precisó que en todos aquellos casos con resultado de muerte de mujeres, existían antecedentes de violencia previa. Por eso, agregó, se hizo esta distinción en relación a la mujer, y no por una simple preferencia de género antojadiza.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, indicó que, tal como lo señalara el Honorable Senador señor Aburto, si se hace una referencia especial a la mujer, también debería hacerse en relación a los niños o a los adolescentes que igualmente han sido víctimas de esta violencia en casos muy dramáticos que han impactado a la sociedad. Bajo ese entendido, propuso hacer sólo una definición genérica en el objetivo de la ley, ya que en las disposiciones pertinentes de la misma se puede hacer mención específica de la mujer, como, por ejemplo, en el artículo relativo a la prevención y asistencia.

Finalmente, la Comisión aprobó con enmienda la indicación Nº 2), estipulando que el objeto de la ley es prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas de la misma, criterio que inspiró varios acuerdos posteriores.

Sobre este último punto, se resolvió que, en lo sucesivo, cada vez que aparezca la frase “violencia contra la mujer y la familia” será reemplazada por “violencia intrafamiliar”.

- La indicación Nº 2) y su modificación fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Aburto, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

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Indicación Nº 3)

Del Presidente de la República, para intercalar, a continuación del artículo 1º, cuatro artículos nuevos:

El primero de ellos es del tenor siguiente:

“Artículo … .- Obligación de protección. Es deber del Estado adoptar, con la debida diligencia, todas las medidas necesarias para garantizar a toda persona, la vida, seguridad e integridad personal, física, psíquica y sexual.”.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo señaló que bastaría con decir “la vida, seguridad e integridad personal”.

El Honorable Senador señor Espina manifestó que, en estricto rigor, esta norma no sería necesaria, por cuanto es una reiteración de las garantías constitucionales. Añadió que, para superar lo anterior, debe especificarse que se trata de la protección que se proporcionará a “los miembros de la familia”, porque es eso lo que se pretende destacar.

El asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, explicó que esta indicación desarrolla la norma constitucional, en la medida que no se limita a reiterar la obligación de garantizar, sino que impone al Estado la obligación de adoptar medidas concretas.

El Honorable Senador señor Espina advirtió sobre las implicancias de una norma como ésta, que podría significar la interposición de un sinnúmero de demandas contra el Estado ante cualquier situación que pudiera entenderse como incumplimiento de dicha obligación, aunque sólo fuera aparente.

Los Honorables Senadores señores Zaldívar, don Andrés, y Viera-Gallo coincidieron en expresar que eso podría acontecer respecto de cualquiera de las garantías constitucionales, lo que el Honorable Senador Espina refutó señalando que el texto constitucional no habla de “debida diligencia”.

La abogada del Ministerio Público, señora María Eugenia Manaud, concordó en la conveniencia de eliminar la expresión “debida diligencia”, porque ello tiene una connotación manifiestamente distinta de las garantías constitucionales, que son más bien de carácter programático.

El Honorable Senador señor Espina señaló que eliminar las palabras “debida diligencia” no debilita la protección que se pretende dar. Añadió que es un tema en que cabe responsabilidad al Estado.

La Ministra Directora del SERNAM hizo presente que, en todo caso, en virtud de convenios internacionales que Chile ha suscrito, el Estado debe asumir esa responsabilidad.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, complementando lo anterior, señaló que la “debida diligencia” es un deber que el Estado ya ha asumido al suscribir distintos instrumentos internacionales y, en ese sentido, pudiera no ser necesario reiterarlo en esta ley.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, expresó que el texto de la indicación contiene una declaración de principios que reitera las normas constitucionales. En todo caso, y para acotar el compromiso que asumiría el Estado en esta materia, se manifestó partidario de eliminar la frase “debida diligencia”.

Finalmente, hizo hincapié en que, junto a la “vida” y la “seguridad”, resulta suficiente agregar “integridad personal”, en lugar de “integridad personal, física, psíquica y sexual”, como propone la indicación. Lo anterior porque, según explicó, la integridad personal comprende todos los aspectos del ser humano, tanto físicos como psíquicos.

Por otra parte, el Honorable Senador señor Viera-Gallo señaló que la oración “adoptar las medidas conducentes” es más apropiada que “adoptar todas las medidas necesarias”.

La Comisión recogió todas las sugerencias anteriores y aprobó con esas modificaciones la indicación, en la forma que se consigna en el capítulo respectivo del presente informe.

- El acuerdo fue adoptado por unanimidad, por los Honorables Senadores señores Aburto, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

El segundo artículo que propone incorporar la indicación del Presidente de la República es el siguiente:

“Artículo … .- Prevención y Asistencia. El Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia contra la mujer y la familia y a prestar asistencia a las víctimas.

En especial, impulsará las siguientes medidas:

a) Incorporar en los planes y programas de estudio contenidos dirigidos a modificar los patrones socioculturales de conductas que favorecen, estimulan o perpetúan la violencia contra la mujer y la familia;

b) Desarrollar planes de capacitación para los funcionarios de la administración de justicia, organismos policiales y demás quienes intervengan en la aplicación de esta ley;

c) Desarrollar políticas y programas de seguridad ciudadana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la familia;

d) Favorecer iniciativas de la sociedad civil y de redes locales para el logro de los objetivos de esta ley;

e) Adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y

f) Crear y mantener sistemas de información y registros estadísticos sobre las causas, frecuencia y consecuencias de la violencia contra la mujer y la familia.”.

A proposición del Honorable Senador señor Viera-Gallo, la Comisión reemplazó en el encabezamiento de este artículo la frase “violencia contra la mujer y la familia” por “violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer y los niños”, ya que ello, junto con prestar asistencia a las víctimas, resulta más acorde con los objetivos de la ley y con el criterio general adoptado al iniciar el estudio de las indicaciones.

A continuación, por razones de estilo, la Comisión sustituyó la oración que encabeza el segundo inciso, por la siguiente: “Entre otras medidas, implementará las siguientes:”.

En la letra a), a proposición del Honorable Senador señor Espina, la Comisión eliminó la frase “los patrones socioculturales de”, en virtud de lo cual la disposición aludirá a que los planes y programas de estudio deberán incluir contenidos dirigidos a modificar conductas.

A su vez, se reemplazó “violencia contra la mujer y la familia” por “violencia intrafamiliar”.

Por lo que dice relación con la letra b) del artículo propuesto, la abogada del Ministerio Público, señora María Eugenia Manaud, consultó si los funcionarios de organismos autónomos, como el propio Ministerio Público, quedarán o no obligados a participar en los planes de capacitación que se ejecuten.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo señaló que no es el Gobierno el que va a ejecutar los planes, sino que el Estado de Chile, por lo que cada organismo deberá asumir el tema de la capacitación.

El Honorable Senador señor Espina señaló que esta norma se refiere, en forma general, a todos los funcionarios que intervengan en la aplicación de esta ley, sin especificar a ninguna entidad u órgano en especial.

En definitiva, la Comisión enmendó la redacción de este literal para hacerlo más claro y preciso.

En la letra c), a sugerencia del Honorable Senador señor Cordero, se eliminó la palabra “ciudadana” por ser un término al que se podría atribuir un sentido restringido, excluyendo, por ejemplo, a los niños, cuya seguridad aquí también se protege.

Asimismo, de conformidad con lo acordado anteriormente, la Comisión cambió la frase “violencia contra la mujer y la familia” por “violencia intrafamiliar”.

En la letra d), por estimar la Comisión que el concepto de “sociedad civil” es genérico y suficientemente comprensivo de las “redes locales”, eliminó esta última frase.

El Honorable Senador señor Viera-Gallo solicitó que se incluya en la letra e) la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, señaló que sería conveniente agregar también una frase final alusiva a los demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile.

En relación con la letra f), a sugerencia del Honorable Senador señor Espina, la Comisión estimó pertinente eliminar las palabras “causas, frecuencia y consecuencias”, por cuanto limitan la posibilidad de registrar otro tipo de antecedentes y datos estadísticos que pueden ser de interés para la formulación de políticas de prevención y asistencia.

Nuevamente, y conforme a lo previamente acordado, se reemplazó “violencia contra la mujer y la familia” por “violencia intrafamiliar”.

Con las correcciones detalladas, la Comisión aprobó este artículo de la indicación Nº 3).

- Concurrieron unánimemente a adoptar estos acuerdos los Honorables Senadores señores Aburto, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

La misma indicación presidencial plantea agregar el siguiente artículo:

“Artículo … .- Funciones del SERNAM. Corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer proponer al Presidente de la República el Plan Nacional de Acción para el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Para estos efectos, en coordinación y colaboración con los organismos públicos pertinentes, tendrá las siguientes funciones:

a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra de la violencia hacia la mujer y la familia.

b) Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer y la familia.

c) Prestar asistencia técnica a organismos públicos que intervengan en la aplicación de esta ley.

d) Promover la contribución de los medios de comunicación a erradicar de la sociedad estereotipos que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer y la familia.”.

El Honorable Senador señor Espina consultó si la función enunciada en el encabezado del artículo se encuentra contemplada en la ley del Servicio Nacional de la Mujer.

La Ministra Directora del SERNAM, señora Cecilia Pérez, respondió que las funciones a que se refiere este artículo no se encuentran contenidas en la ley Nº 19.023, que crea el Servicio Nacional de la Mujer, ni en la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar.

Señaló que con esto se pretende dotar de un marco legal expreso y sistematizado a labores que el SERNAM, en los hechos, ha desarrollado a lo largo de su historia.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, expresó su acuerdo con la incorporación de una norma que establezca expresamente esta función del SERNAM. Sin embargo, precisó, es necesario eliminar el título de la disposición para que no se entienda que este proyecto afecta a las normas orgánicas del SERNAM, sino que está relacionado con los objetivos de esta ley.

A propuesta del Honorable Senador señor Espina, se agregó en el encabezado del inciso segundo una referencia a organismos privados que pueden ser colaboradores del SERNAM y actuar coordinadamente con él en la prosecución de objetivos compartidos.

En las letras a), b) y d) se sustituyó la frase “violencia en contra de la mujer y la familia” por “violencia intrafamiliar”.

Los miembros de la Comisión estuvieron contestes en realizar las siguientes enmiendas a la letra c):

En primer término, se eliminó la palabra “públicos”, a fin de establecer que el SERNAM podrá prestar asistencia técnica a organismos tanto públicos como privados.

En segundo lugar, se precisó que dicha asistencia se otorgará a aquellos organismos -públicos o privados- que así lo requieran.

- Concurrieron unánimemente a adoptar estos acuerdos los Honorables Senadores señores Aburto, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

Posteriormente, los miembros de la Comisión acordaron eliminar del encabezado de la norma la expresión “el Plan Nacional de Acción” y reemplazarlo por “las políticas públicas”, por cuanto esta última mención resulta más precisa, conforme a los propósitos del proyecto.

- Dicho acuerdo fue adoptado en forma unánime por los Honorables Senadores señores Aburto, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

En relación a la letra d), el Honorable Senador señor Viera-Gallo manifestó su preocupación por una eventual vulneración del principio de libertad de expresión que podría atribuirse a la norma propuesta.

El Honorable Senador señor Espina, en cambio, se mostró partidario de la disposición, por cuanto con ella se persigue generar acciones tendientes a sensibilizar a los medios de comunicación en esta materia, que es distinto de hacer publicidad a través de ellos. No se trata, puntualizó, de gastar recursos del Estado en publicidad.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, expresó que no le parece necesaria una norma como la que se estudia, por cuanto, sin ella, de igual manera se puede efectuar tal comunicación masiva.

El Honorable Senador señor Espina persistió en su opinión de que la norma en referencia no afecta a los medios de comunicación, por cuanto “promover” la contribución de los medios en esta materia no significa “obligarlos”. Agregó que no hay que olvidar que todo cuanto se difunde por los medios de comunicación tiene gran impacto en la sociedad, en especial, la violencia.

El asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, señaló que la norma que se propone recoge uno de los compromisos que asumió el Estado de Chile al suscribir la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también denominada “Convención de Belém do Pará”, en orden a favorecer que los medios de comunicación social desarrollen programas compatibles con la dignidad de la mujer.

A raíz de lo anterior, el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, propuso redactar la norma en términos similares a los consagrados en la citada Convención de Belém do Pará, pero ampliando la disposición al ámbito familiar, y no restringirla sólo a la mujer.

El Honorable Senador señor Espina reiteró que “promover” no es “obligar”, y que, en ese contexto, significa generar campañas de convencimiento de los medios en torno al tema de la violencia intrafamiliar.

La Ministra Directora del SERNAM, señora Cecilia Pérez, explicó que esta es una tarea que el Servicio ya ha realizado en los últimos años, y que la respuesta que han recibido desde los medios de comunicación social ha sido muy positiva.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Espina manifestó su disconformidad con la frase “erradicar de la sociedad estereotipos”, por lo que propuso su eliminación, ya que se trata de un concepto que no corresponde al ámbito jurídico. Sugirió que sería mejor un texto que señale, por ejemplo, “promover la contribución de los medios de comunicación a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer.”.

El Honorable Senador señor Aburto, coincidiendo con el Presidente de la Comisión, preguntó cuáles son los “estereotipos” que pueden existir en la sociedad y que legitimen la violencia. Lo anterior, según explicó, para poder comprender la finalidad de la disposición.

La Ministra Directora del SERNAM, señora Cecilia Pérez, explicó que la violencia en la familia y en contra de la mujer responde a una forma de entender los roles y las relaciones de hombres y mujeres en la sociedad. En efecto, agregó, un hombre agrede a su mujer porque tiene una visión de superioridad respecto de ella, visión que puede -y de hecho ocurre- transmitirse o fortalecerse con imágenes que aparecen en los medios de comunicación, sobre todo cuando los mensajes insisten en mostrar una imagen de la mujer que no se conecta apropiadamente con las personas de la vida real. Insistió en que esta difusión de situaciones de violencia, en forma exacerbada, fortalece esa visión de las personas e incluso la promueve, porque muestra como legítimos ciertos comportamientos de hombres contra mujeres o de adultos contra niños.

Agregó que éste ha sido un tema estudiado no sólo en Chile, sino a nivel mundial, de ahí su incorporación en convenciones internacionales como la de Belém do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En derecho comparado citó la legislación española, que mediante una ley reciente ha regulado la relación del Estado con los medios de comunicación social, a fin de trabajar en conjunto sobre los mensajes que se transmitan y que puedan legitimar o promover situaciones de violencia o de desigualdad.

El Honorable Senador señor Chadwick advirtió del posible elemento de censura o de intervención que pudiera haber en una disposición como la que se estudia. Asimismo, hizo presente que en nuestro país ya existe un organismo encargado de revisar estas materias, como es el Consejo Nacional de Televisión, al que corresponde actuar con motivo de las relaciones entre el Estado y los medios de comunicación.

El Honorable Senador señor Aburto manifestó que la norma está dirigida a mejorar la conducta de los medios de comunicación, los que muestran escenarios de violencia que afectan a la vida familiar, en especial, a la juventud. En ese sentido, expresó, la norma debería estar dirigida a la protección de la comunidad toda, por cuanto la violencia es reprochable no sólo contra la mujer, sino contra todo individuo y contra la sociedad.

La Ministra Directora del SERNAM, señora Cecilia Pérez, explicó que esta norma responde a la necesidad y al deber del Estado de promover en la sociedad valores que respeten y fomenten la igualdad entre hombres y mujeres. Recordó que en la violencia al interior de la familia hay una incidencia mayoritaria de ésta contra la mujer, y eso se sustenta en una visión de desigualdad que, a su vez, se explica socio-culturalmente.

De ahí entonces que, entre las funciones que se encargan a este Servicio, se pone especial énfasis en el tema de la educación, de las políticas de seguridad pública y en los medios de comunicación. Indicó que la experiencia del SERNAM con dichos medios ha demostrado que es fundamental la influencia que éstos tienen en el objetivo de transformar favorablemente el concepto de la sociedad sobre el respeto de los derechos y la dignidad de hombres y mujeres. Destacó que en este trabajo conjunto con los medios de comunicación la experiencia ha sido exitosa y que los mismos medios han hecho una evaluación muy positiva al respecto.

El Honorable Senador señor Chadwick insistió en su preocupación por la eventual intervención y restricción a la libertad de expresión que esto pudiera significar. Agregó que estos son temas sensibles a la hora de incorporarlos a normas permanentes, sobre todo cuando hay principios constitucionales de por medio.

Finalmente, la Comisión aprobó como texto de la norma el siguiente: “Promover la contribución de los medios de comunicación para erradicar la violencia contra la mujer y realzar el respeto a su dignidad.”.

- Concurrieron unánimemente a adoptar dicho acuerdo, los Honorables Senadores señores Aburto, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Finalmente, el último artículo nuevo que propone incorporar la indicación Nº 3), es del siguiente tenor:

“Artículo … .- Representación de los intereses de la víctima.- El Servicio Nacional de la Mujer, para efectos de tutelar los intereses de la víctima, podrá representarla, en conformidad a la ley, en los procesos incoados respecto de la investigación y sanción de los actos de violencia intrafamiliar que constituyan delito.”.

La abogada del Ministerio Público, señora María Eugenia Manaud, señaló que, durante el debate de la reforma constitucional y del Código Procesal Penal, hubo consenso en aceptar la participación del querellante particular, por vía excepcional, distinguiéndolo de la persona de la víctima. Uno de los principios que ilustran el proceso penal, es justamente el contacto directo entre el juez y los intervinientes del proceso, uno de ellos la víctima, a menos que se constituya en querellante, caso en el cual normalmente lo hace a través de abogado.

A mayor abundamiento, agregó, actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el artículo 111 del Código Procesal Penal restringiendo aún más la participación del querellante.

El Ministerio Público se manifestó contrario a la incorporación de una disposición como la que se analiza, por cuanto la experiencia ha demostrado que una mayor participación de organismos públicos en el proceso penal, en defensa de unos mismos intereses, que en definitiva son los que también defiende el Ministerio Público, contribuye a hacer más complejos los procesos penales.

Finalmente, y para el caso de que la Comisión estime pertinente la disposición propuesta, la representante del Ministerio Público hizo presente que el texto de dicha norma requiere aclaraciones.

En primer término, la norma se encuentra contemplada en el párrafo relativo a las actuaciones que se desarrollan ante los tribunales de familia, en circunstancias que la representación de que se trata está referida a los casos de violencia intrafamiliar que constituyan delito. Lo anterior, hace necesario cambiar la norma de párrafo, ubicándola en aquel en que se aborde el tratamiento penal de la materia.

En segundo lugar, señaló que existen múltiples delitos que se relacionan con la violencia intrafamiliar que no necesariamente afectan a mujeres, sino a niños y a hombres; en tales casos, no tendría que ser el SERNAM el que asumiera la respectiva representación, sino el Servicio Nacional de Menores (SENAME), la Corporación de Asistencia Judicial o, incluso, abogados particulares.

El Honorable Senador señor Espina expresó su preocupación por cuanto esta norma sería contraria al criterio general adoptado en materia de participación en el proceso penal.

La Ministra Directora del SERNAM, señora Cecilia Pérez, hizo presente que la experiencia de estos años ha evidenciado las dificultades que enfrentan las mujeres para llegar a la sede penal. Destacó que lo que se pretende con esta ley no es solamente dar señales, sino que existan más instrumentos de protección y de acceso a la justicia.

El Honorable Senador señor Espina solicitó al SERNAM mayores antecedentes al respecto. Asimismo, solicitó al Ministerio Público información en relación a las denuncias que se han formulado sobre esta materia, la cantidad de casos en que se ha asumido la respectiva representación y el destino de los procesos a que dichas denuncias dieron lugar.

Posteriormente, el Honorable Senador señor Espina insistió en que la norma propuesta es contraria al criterio adoptado en materia de intervención o participación en el proceso penal. El Ministerio Público es el que actúa en representación de la sociedad, y la víctima puede intervenir personalmente o representada por su abogado o por la institución a la que confiera patrocinio y poder.

En ese sentido, agregó, si el SERNAM desea representar a la víctima en un caso de violencia intrafamiliar constitutivo de delito, sólo necesita que ésta le otorgue el respectivo patrocinio y poder. En tal caso, actuará en nombre de la víctima y no de la sociedad.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, si bien manifestó compartir el criterio de participación restringida en el proceso penal -y al cual se arribó después de un largo debate, tal como aquí se ha recordado-, solicitó que se deje expresa constancia de que ello no obsta a la acción o defensa que pueda desarrollar el SERNAM, en representación de la víctima y a requerimiento de ésta.

El asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, explicó que en el caso que se estudia, no se trata de la representación del interés general, el que se encuentra radicado en el Ministerio Público. Advirtió que lo que se pretende con esta norma es precisamente lo que se ha señalado en este debate, esto es, que el Servicio Nacional de la Mujer actúe en nombre y representación de la víctima, patrocinándola cuando es querellante. Sin embargo, agregó, actualmente el SERNAM no lo puede hacer porque no está facultado para tales efectos en su ley orgánica.

Agregó que, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, éstas sí están facultadas, dentro de sus atribuciones legales, para prestar asistencia jurídica.

La abogada del Ministerio Público reiteró que no es conveniente que participen nuevas personas o entidades en el proceso penal. Recordó que durante el debate de las reformas constitucionales hubo serias dudas respecto de la participación del querellante particular, al cual finalmente se le incorporó por vía excepcional. Lo mismo aconteció respecto de organismos fiscalizadores, como el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio Nacional de Aduanas, a quienes se reconoció la posibilidad de intervenir en los procesos, por cuanto se entendió que ellos, como organismos, son el afectado. Agregó que no existen otras excepciones.

La Ministra Directora del SERNAM, señora Cecilia Pérez, señaló que, de conformidad a la legislación vigente, no está plenamente garantizado el acceso a la justicia para las víctimas de violencia intrafamiliar.

De acuerdo a la información de que dispone respecto de la implementación de la reforma procesal penal, el SERNAM no estima que se genere un colapso o un obstáculo administrativo a los juicios penales. Citó, al efecto, las estadísticas de hace dos años, las cuales revelan que sólo en el 0,5% de los casos se presentan querellas. Advirtió que dicho dato no se encuentra desagregado, por lo que habría que verificar qué cifra de dicho porcentaje corresponde a casos de violencia intrafamiliar.

Insistió en que, no estando el SERNAM facultado por su ley orgánica para representar a las víctimas de violencia intrafamiliar, no le es posible asumir tal defensa, por lo que se estimó pertinente incluir dicha atribución en el presente proyecto de ley, principalmente con miras a garantizar la protección de las víctimas y el acceso de las mismas a la justicia.

Culminó señalando que la intervención de este tercer organismo en estos procesos judiciales no sólo no recargaría el sistema, sino que tampoco vulneraría el principio de igualdad respecto del imputado, porque en una situación de violencia la víctima siempre va a estar en desventaja respecto de su agresor.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, manifestó su preocupación por la circunstancia de que el SERNAM no esté facultado por ley para representar a la víctima y sus intereses particulares, ni aún a requerimiento de ésta. Añadió que, entonces, es un tema que necesita revisión en este proyecto, más allá del criterio general adoptado en oportunidades anteriores.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que este tema, más que configurar un problema de atribuciones, se vincula con un concepto de Estado, en la medida que el Estado de Chile decidió que el ejercicio de la acción penal corresponderá al Ministerio Público. Calificó de perjudicial el hecho de que cada organismo público pueda concurrir con la Fiscalía en su rol de representación de las víctimas, porque eso destruye el sistema procesal penal que se ha construido. Recalcó que lo dicho es válido tanto respecto del SERNAM como para otras entidades, tales como el SENAME.

Advirtió que si el Ministerio Público no cumpliera a cabalidad su labor, para eso existen los respectivos órganos contralores o fiscalizadores, y si, por otro lado, el problema fuera de acceso a la justicia, entonces habría que modificar las atribuciones de la Fiscalía. Lo que no se puede permitir, añadió, es una permanente duda sobre la acción del Ministerio Público en la defensa de las víctimas o en el ejercicio de sus facultades, porque eso podría significar, en definitiva, el término del Ministerio Público y la creación de fiscalías en todos los organismos públicos especializados pertinentes.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, advirtió que el tema necesita ser resuelto con toda claridad. Requirió la opinión del Ministerio de Justicia, como ente rector de las políticas públicas que se implementan en materia de justicia.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina solicitó al Ministerio Público información acerca de las dificultades que dicha entidad ha debido enfrentar en el tratamiento de estos casos, en especial si tales dificultades, si las hay, dicen o no relación con las facultades que detenta para el cumplimiento de sus funciones.

Finalmente, recogiendo las diversas inquietudes y sugerencias vertidas, se aprobó el texto de la norma en análisis conforme al siguiente tenor:

“La mujer víctima de delitos asociados a violencia intrafamiliar que sea mayor de edad y se constituya personalmente en parte querellante, podrá hacerlo patrocinada y representada por el Servicio Nacional de la Mujer, si ella así lo requiere.”.

- El acuerdo señalado, que se incluye como artículo 16, fue adoptado en forma unánime por los Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

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Artículo 2º

El inciso primero de esta norma establece que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato, que no constituya crimen o simple delito, que afecte la integridad física o psíquica de quien tenga respecto del ofensor la calidad de pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado inclusive, adoptante, adoptado o cónyuge, sea que viva o no bajo la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

El inciso segundo agrega que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de la persona con la que se mantiene una relación de convivencia; sobre los parientes por consanguinidad de ésta en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive; respecto de quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia; entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

El inciso tercero establece que cuando los hechos constitutivos de actos de violencia intrafamiliar importen la comisión de alguna de las faltas contempladas en los números 4°, 5°, 14, 15 y 16 del artículo 494 del Código Penal, se aplicarán las sanciones contempladas en la ley Nº 19.325.

El inciso cuarto dispone que cuando los hechos denunciados fueren constitutivos de delito, el juez remitirá los antecedentes al Ministerio Público.

Indicación Nº 4)

Del Presidente de la República, tiene por finalidad reemplazar este artículo por otro que establece, en su inciso primero, que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que no constituya delito, que afecte la integridad física o psíquica de quien tenga respecto del ofensor la calidad de cónyuge, o respecto de quien mantiene una relación de convivencia; o que sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el segundo grado inclusive, respecto del adoptante o adoptado que viva bajo la misma morada y cualquiera que sea la edad o condición del afectado.

El inciso segundo agrega que también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente se ejecute en contra de quien tenga una relación patrimonial derivada de una convivencia o contra los parientes por consanguinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado inclusive respecto de aquél con quien se tenga una relación de convivencia; o entre los padres de un hijo común, aun cuando no medie convivencia ni matrimonio, o cuando recaiga en personas menores de edad o discapacitados que se encuentren bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, explicó que la indicación presidencial sólo importa un par de cambios más bien formales en relación al texto aprobado en general, como por ejemplo, traspasar el caso de la convivencia del inciso segundo al primero.

El Honorable Senador señor Chadwick consultó a qué tipo de actos de violencia se estaría refiriendo esta norma, por cuanto define por tal a todo maltrato “que no constituya delito”. Preguntó si con dicha expresión sólo se está aludiendo al maltrato psicológico.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia respondió que comprende también el maltrato físico que no deja lesiones, por cuanto nuestra jurisprudencia, en general, exige un resultado físico para configurar las lesiones propiamente tales.

El Honorable Senador señor Chadwick enfatizó que lo anterior significa que ese tipo de maltrato no tendrá una sanción penal y, en consecuencia, la máxima sanción que se podrá aplicar en tales casos será la multa.

La Jefa del Departamento Situación Jurídica de la Mujer del SERNAM, señora Patricia Silva, señaló que ello es producto de la adecuación que se ha hecho de las normas del proyecto a la actual normativa del proceso penal, conforme a la cual la investigación de hechos que revisten caracteres de delito y la aplicación de sanciones privativas de libertad, sólo puede efectuarse en sede penal, no correspondiendo a la competencia de los tribunales de familia.

El Honorable Senador señor Chadwick expresó que se está estableciendo una sanción demasiado benévola para una conducta que es oprobiosa. Indicó que la ofensa reiterada y persistente en el tiempo, puede ser tanto o más dañina que una lesión física producida de una sola vez.

El representante del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, explicó que el tema consiste, primeramente, en definir los hechos cuyo conocimiento estará radicado en sede de familia y los que lo estarán en sede penal.

Explicó que las lesiones y las amenazas constitutivas de falta no pueden quedar radicadas en el tribunal de familia, por cuanto la norma constitucional entrega al Ministerio Público y a los tribunales en lo penal el conocimiento de tales materias.

Agregó que no siempre el sólo mecanismo de la tipificación de conductas que ameritan sanción penal cumple un rol preventivo. Precisó que la prevención real a veces se logra con mayor eficiencia por medio de, por ejemplo, medidas accesorias a la multa, sujetas a control.

Insistió en que, entre la tipificación y el control preventivo, éste último representaría la mejor opción. Así, la exclusiva tipificación de la reiteración del maltrato psicológico o físico menor, no necesariamente pudiera ser la respuesta al caso.

La Jefa del Departamento Situación Jurídica de la Mujer del SERNAM, señora Patricia Silva, hizo presente que el texto aprobado en general recoge precisamente lo señalado por el Honorable Senador señor Chadwick, en la medida que tipifica el delito de violencia intrafamiliar como el que comete quien “habitual, continua o permanentemente ejerza violencia física, psíquica o sexual, sobre una persona” y lo sanciona con una pena de hasta tres años de privación de libertad. En ese contexto, explicó, lo que se pretende es proteger la armonía familiar más allá del resultado concreto de una lesión específica, es decir, lo protegido es un bien colectivo, no sólo la integridad física de la persona maltratada, sino la necesidad de poner fin a la tensión permanente a que puede estar sometida una familia completa por una situación de violencia sostenida en el tiempo.

El Honorable Senador señor Espina expresó su disconformidad con la frase “que no constituya delito”. Agregó que, frente a una situación de violencia intrafamiliar, debería ser la víctima quien decida si acudir a la sede de familia o a la vía penal para la solución de su problema. Además, la palabra “delito” que emplea la indicación, es confusa por cuanto no queda claro si es o no utilizada en su sentido genérico, comprensivo de crímenes, simples delitos y faltas.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, sugirió definir la violencia intrafamiliar en términos genéricos, eliminando la expresión “que no constituya delito”, y dejando la respectiva norma en un título preliminar, de manera que la definición que allí aparezca sea aplicable tanto para lo civil como para lo penal.

Por su parte, el asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, precisó que no todo maltrato necesariamente reúne el requisito de la habitualidad, y que, en ese sentido, resulta pertinente definir la conducta sin dicho elemento, sin perjuicio de sancionar la habitualidad o la reiteración en una figura posterior.

Sobre esta materia, el Ministerio Público, mediante oficio FN Nº 151, de fecha 21 de marzo de 2005, señaló que estima necesario dejar debida constancia de que la voz “delito” que se usa para distinguir la violencia intrafamiliar que se resuelve en el orden civil de la que discurre en el ámbito penal, está utilizada en su sentido amplio, es decir comprensivo de faltas, simples delitos, cuasidelitos contra las personas y crímenes, tal como lo emplea la Constitución Política de la República.

El representante del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, señaló que el conflicto que se expresa en actos de violencia intrafamiliar puede tener relevancia penal desde el momento en que se incurre en una falta y, conforme a nuestra normativa constitucional, ese caso pasa a ser de competencia exclusiva del Ministerio Público y de los tribunales en lo penal.

El Honorable Senador señor Espina consultó si, frente a un mismo caso, se puede recurrir a la justicia de familia y a la penal, a la vez.

El señor Francisco Maldonado respondió negativamente y explicó que ése ha sido uno de los grandes problemas que ha enfrentado la aplicación de la ley vigente, porque al ventilar casos por faltas en sede civil se ha dado lugar a interpretaciones arbitrarias.

En consecuencia, reiteró la proposición de eliminar la frase “que no constituya delito”, recomendó colocar la norma en un título preliminar o general y, posteriormente, en párrafos separados, establecer el tratamiento de la materia en sede de familia y en sede penal. Si el conflicto no coincide con una hipótesis delictual, va a los tribunales de familia, de lo contrario, queda radicado en sede penal.

En otro orden de ideas, el Honorable Senador señor Cordero hizo presente que la norma propuesta por la indicación en análisis incluye el parentesco -por consanguinidad o por afinidad- en toda la línea recta; en cambio, en la colateral comprende sólo hasta el segundo grado, esto es, los hermanos, por lo que quedan excluidos los sobrinos y los primos -que son de tercero y cuarto grado, respectivamente-, a pesar de que es muy frecuente que ellos formen parte de la familia y compartan una misma vivienda.

El Honorable Senador señor Espina consultó por el alcance de las disposiciones sobre las relaciones de convivencia y acerca de las relaciones patrimoniales derivadas de una convivencia, a que se refiere este artículo.

La abogada señora Patricia Silva explicó que con esta norma se intentó dar cuenta de una realidad que aparece en Chile a raíz del nuevo estado civil de divorciado. Precisó que no se utilizó la expresión “ex cónyuge”, porque fue rechazada durante el debate de la ley que crea los tribunales de familia. Añadió que, dentro de estas relaciones patrimoniales derivadas de una convivencia, cabe el caso, por ejemplo, de un matrimonio que ha obtenido el divorcio pero que mantiene pendientes peticiones compensatorias o pensión alimenticia respecto de los hijos, situaciones en las cuales ya no se trata de cónyuges ni tampoco de convivientes, sino de ex-cónyuges, pero, reiteró, como dicha expresión no prosperaría, se optó por la alternativa reflejada en el artículo en análisis.

El Honorable Senador señor Espina manifestó su preocupación por la amplitud que se estaría dando a esta ley en relación a los sujetos destinatarios de la misma. En efecto, señaló, los casos de violencia que se suscitan entre ex-cónyuges, o entre quienes tuvieron una relación de convivencia, podrían quedar al amparo de la normativa común y general, pero no sujetos a esta ley. Conforme a lo anterior, propuso la eliminación del inciso segundo de la norma.

El asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, explicó que la indicación en estudio restringe el texto aprobado en general. Señaló que el inciso segundo incorpora, además, el caso de quienes son padres de un hijo en común, pero no han mantenido una relación de convivencia y pudieran no querer tenerla jamás.

El Honorable Senador señor Espina insistió en que todos esos casos deben quedar fuera del ámbito de aplicación de esta ley, porque lo que ella pretende es proteger a la familia y, en las situaciones citadas, no existe familia alguna. Precisó que comparte que la ley comprenda tanto el matrimonio como las relaciones de convivencia, que en los hechos son como un matrimonio. Sin embargo, expresó, es necesario fijar un límite.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, coincidió en que casos como los descritos tendrían que ser resueltos conforme a la legislación penal común. Añadió que por la vía de la extensión de la ley sobre violencia intrafamiliar se podría llegar a tener un derecho penal paralelo. Existe un derecho penal frente al cual tiene que responder toda persona, y allí debe delimitarse el tema de la violencia intrafamiliar, sin extenderla más allá de lo que corresponda para no hacer inaplicable la ley.

Finalmente, a la luz del debate desarrollado, la Comisión acordó que el inciso primero de la norma en análisis comprendería a quienes tengan o hayan tenido, respecto del ofensor, la calidad de cónyuge o una relación de convivencia. Asimismo, resolvió eliminar las restantes hipótesis incluidas en el inciso segundo de la norma propuesta por la indicación presidencial.

Sin embargo, el Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, hizo presente que de las disposiciones del inciso segundo es necesario conservar el caso de los menores de edad o de los discapacitados que se encuentran bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.

El asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, ejemplificó dicha situación con los hijos provenientes de un matrimonio anterior, a los cuales el nuevo cónyuge maltrata.

Los miembros de la Comisión estuvieron contestes en mantener el caso descrito, el que permaneció como inciso segundo de la disposición.

- Puesta en votación la indicación Nº 4), fue aprobada, con las modificaciones descritas, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

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Con posterioridad, el Honorable Senador señor Viera-Gallo solicitó reabrir debate sobre el texto aprobado para este precepto, que pasó a ser artículo 5º, a fin de recoger la observación hecha por el Honorable Senador señor Cordero, y que es compartida por numerosas organizaciones de mujeres, en orden a ampliar el grado de parentesco colateral hasta el tercer grado, porque es frecuente que en una misma morada residan parientes unidos por dicho vínculo y también respecto de ellos la violencia intrafamiliar debe ser prevenida.

Además, la Comisión acordó dejar constancia, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta norma, que no hace falta agregar una frase alusiva al “progenitor del hijo común”, pues dicha hipótesis queda cubierta por la disposición, que alcanza a quien tenga o haya tenido una relación de convivencia con el ofensor, toda vez que la ley no fija un mínimo de tiempo para tal convivencia, la que, por lo tanto, puede haber sido efímera.

- Tanto el acuerdo modificatorio como la constancia precedente se aprobaron por unanimidad de los presentes, los Honorables Senadores señores Chadwick, Cordero, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

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Indicación Nº 5)

Del Honorable Senador señor Prokuriça, para sustituir el artículo 2º del proyecto por otro, mediante el cual se define la violencia intrafamiliar señalando que se entenderá por tal todo maltrato que afecte la salud física o psíquica de quien, aún siendo mayor de edad, tenga respecto del ofensor la calidad de ascendiente, cónyuge o conviviente o, siendo menor de edad o discapacitado, tenga a su respecto la calidad de descendiente, adoptado, pupilo, colateral consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive, o esté bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar que vive bajo un mismo techo.

Agrega que el que incurra en estos actos, aun cuando no conviva con el grupo familiar, será sancionado en la forma que establece esta ley.

Por último, dispone que se comprenden dentro de estos actos, y se regirán por las normas de esta ley, las faltas contempladas en los números 4°, 5°, 14, 15 y 16 del artículo 494 del Código Penal, si se reúne cualquiera de los elementos señalados en el inciso primero.

La Comisión, revisando esta indicación, estimó que los conceptos fundamentales de la misma se encuentran incorporados en el texto de la indicación Nº 4) precedentemente aprobada.

- Puesta en votación la indicación Nº 5), entendiéndola incorporada en la redacción dada al precepto contenido en la indicación Nº 4), fue aprobada, con adaptaciones formales, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Indicación Nº 6)

Del Honorable Senador señor Ominami, para intercalar, en el inciso primero del artículo 2º, entre las palabras “maltrato,” y “que”, lo siguiente: “por acción u omisión”.

Los integrantes de la Comisión desestimaron la indicación por innecesaria, toda vez que, por definición legal, es delito toda “acción u omisión” voluntaria penada por la ley, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º del Código Penal.

- Concurrieron unánimemente a adoptar el referido acuerdo los Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Indicación Nº 7)

Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar, en el inciso primero del artículo 2º, entre las palabras “de” y “pariente”, las palabras “cónyuge o”, y sustituir la frase “adoptante, adoptado o cónyuge” por la siguiente: “adoptante o adoptado”.

Esta indicación fue aprobada por la Comisión, por estimarla incorporada en el texto aprobado con anterioridad, al resolver sobre la indicación Nº 4).

- Adoptaron dicho acuerdo, en forma unánime, los Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Indicación Nº 8)

Del Honorable Senador señor Ominami, para sustituir, en el inciso segundo del artículo 2º, la frase “mantiene una relación”, por “mantiene o mantuvo una relación”.

Tal como en el caso precedente, esta indicación fue aprobada, por considerarla ya incorporada en el texto resultante de la indicación Nº 4).

- El acuerdo fue adoptado, unánimemente, por los Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

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Indicación Nº 9)

Del Honorable Senador señor Prokuriça, para intercalar, a continuación del artículo 2º, un artículo nuevo, relativo a competencia y procedimiento. Mediante esta disposición se establece que la investigación de los actos de violencia intrafamiliar corresponderá al Ministerio Público y su juzgamiento a los jueces de garantía y tribunales del juicio oral, en conformidad a las normas del Código Procesal Penal y a las reglas especiales establecidas en la presente ley.

El asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, señaló que con esta indicación se trasladaría todo el tratamiento de la violencia intrafamiliar a la sede penal, sin quedar ningún aspecto en sede de familia.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, recordó que, conforme a lo acordado por la Comisión, este proyecto se está estructurando sobre la base de una definición genérica de violencia intrafamiliar, para luego dar tratamiento separado a lo que será de competencia de familia de lo que será de competencia penal.

Sin embargo, puntualizó, las normas de competencia ya existen, a saber, el artículo 8º de la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia y el artículo 1º del Código Procesal Penal, así como la ley orgánica del Ministerio Público y las propias normas de la Constitución Política de la República. Dentro de dicho contexto, advirtió, no sería necesario reiterar en esta ley la distribución de competencias.

El Honorable Senador señor Espina señaló que el problema que plantea esta indicación es más de fondo, por cuanto propone que todo lo relativo a la violencia intrafamiliar se radique en sede penal, en tanto que el criterio de la Comisión ha sido otro, esto es, distinguir la competencia de familia de la penal, derivando a esta última los casos que constituyan delito, entendiendo este último en su sentido más genérico.

- Puesta en votación la indicación Nº 9), fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

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Como se dijo al consignar lo acordado respecto de la indicación Nº 1), se intercaló un Párrafo 2º denominándolo “De la Violencia Intrafamiliar de conocimiento de los Juzgados de Familia”, iniciando así el tratamiento de la materia en sede de familia.

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A continuación, y a propuesta de los representantes del Servicio Nacional de la Mujer, la Comisión acordó incorporar un artículo, nuevo, al inicio del Párrafo 2º, mediante el cual se establece en forma expresa que los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito, serán de conocimiento de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento establecido en la ley Nº 19.968.

Este artículo se incorpora con la finalidad de hacer más clara, didáctica y autosuficiente la ley.

- Concurrieron a aprobar el acuerdo, en forma unánime, los Honorables Senadores señores Aburto, Chadwick, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

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Más tarde, a instancia del Honorable Senador señor Viera-Gallo, la Comisión acordó dejar constancia expresa, también para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de esta norma, de que la violencia intrafamiliar sicológica, por cruel y sostenida que sea, será de competencia del juez de familia, a menos que constituya delito, en el sentido amplio, de ilícito penal.

- Así lo acordó la unanimidad de la Comisión, formada por los Honorables Senadores señores Chadwick, Cordero, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

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Artículo 3º

Esta norma se refiere a la situación de riesgo de violencia intrafamiliar.

Al respecto, el inciso primero dispone que, cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, que pueda afectar directamente alguno de los bienes jurídicos señalados en el artículo anterior, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan.

El inciso segundo establece la presunción de existir una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando, habiendo precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, concurran además, respecto de éste, circunstancias o antecedentes tales como: drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal [1], o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta.

El inciso tercero encomienda al tribunal, además, cautelar especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.

Indicación Nº 10)

Del Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 3°.- Circunstancias indiciarias. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 92 de la ley 19.968, el tribunal considerará especialmente el haber precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor, el concurrir respecto de éste una o más denuncias por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5° y 6° del Título VII, del Libro Segundo del Código Penal, condenas por actos de violencia intrafamiliar, o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta, dependencia alcohólica o de sustancias estupefacientes.

Se considerará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.”.

El asesor del SERNAM, señor Marco Rendón, explicó que esta indicación desarrolla el deber de protección que pesa sobre los tribunales de familia, sobre todo para aquellos casos en que dicha protección reclama medidas urgentes.

Agregó que la indicación ha tomado las hipótesis de vulnerabilidad descritas en el artículo aprobado en general, y las vincula directamente con ese deber de protección y con las facultades que tienen por ley los tribunales de familia.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, hizo varias observaciones a la indicación en estudio. En primer término, manifestó su desacuerdo con el título propuesto para la norma, esto es, “Circunstancias indiciarias”, por ser una expresión poco clara. Al respecto, estimó más apropiado el título contemplado en el texto aprobado en general, es decir, “Situación de riesgo”. Lo propio opinó respecto del texto completo de la norma, el que calificó de más claro y preciso en su tenor aprobado en general.

La Jefa del Departamento Situación Jurídica de la Mujer, señora Patricia Silva, explicó que la indicación pretende relacionar este tema con el artículo 92 de la ley Nº 19.968, que ya establece una potestad cautelar general para los tribunales de familia.

Finalmente, la Comisión optó por mantener el texto aprobado en general, agregando en el inciso primero, luego de la palabra “tribunal” la expresión “de familia”, con lo cual se despeja toda en cuanto al tribunal competente al efecto.

En relación al inciso segundo de la norma en comento, el Honorable Senador señor Espina requirió que el texto sea lo más amplio posible, contemplando todas las hipótesis probables de riesgo.

Por su parte, el Honorable Senador señor Chadwick consultó si la sola intimidación de causar daño hace presumir el riesgo o si, por el contrario, es necesaria siempre la intimidación previa en cada una de las hipótesis de riesgo descritas, esto es, intimidación acompañada de drogadicción, alcoholismo, etc.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que, en realidad, se trataría de circunstancias alternativas, razón por la cual sería necesario modificar el texto de la norma, en el que aparecen como copulativas.

Conforme a lo anterior, en lo pertinente, el texto quedó como sigue: “Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior cuando haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor o cuando concurran circunstancias o antecedentes tales como:”.

- Puesta en votación la indicación Nº 10), fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Asimismo, sometidas a votación las modificaciones propuestas al texto aprobado en general, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

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Como consecuencia de los acuerdos adoptados a raíz de la reapertura del debate solicitada por el Honorable Senador señor Viera-Gallo, la Comisión decidió agregar a este artículo, que pasó a ser 7º, un inciso final, nuevo, que reitera lo que dispondrá el precepto que reemplazará el artículo 94 de la ley Nº 19.968, respecto del desacato que comete quien no cumple las medidas de protección o cautelares adoptadas por el juez de familia y del apremio que se impondrá al contraventor.

En esta materia la Comisión prefirió abundar, para que la norma pueda ser leída y entendida claramente por toda persona, sin necesidad de investigar referencias legales que remiten a otro cuerpo normativo.

- Así lo acordó la unanimidad de los Honorables Senadores presentes, los señores Aburto, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

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2° De las responsabilidades y sanciones

Conforme a lo acordado al aprobar la indicación

Nº 1), este epígrafe fue eliminado.

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Artículo 4º

Esta disposición establece que se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con alguna de las siguientes sanciones:

1. Prisión de siete a sesenta días.

2. Reclusión nocturna de quince a ciento veinte días.

3. Multa de media a quince unidades tributarias mensuales, a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la respectiva región y que sean de financiamiento público.

Finalmente, la norma agrega que, en caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.

Indicación Nº 11)

Del Presidente de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“Artículo 4°.- Sanciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, se castigará al autor de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, atendida su gravedad, con una multa de media a quince unidades tributarias mensuales a beneficio del gobierno regional del domicilio del denunciante o demandante, para ser destinada a los centros de atención de víctimas de violencia intrafamiliar existentes en la región respectiva y que sean de financiamiento público.

El condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días.

En caso de incumplimiento grave o reiterado el tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”.

Sobre esta materia, el Ministerio Público, mediante el ya citado oficio FN Nº 151, señaló que los preceptos contenidos en las indicaciones Nos 11) y 15) comienzan con la frase “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente”, produciendo con ello una dificultad interpretativa. Agregó que el primero de dichos artículos debería establecer simplemente la sanción de multa, en tanto que el siguiente, sobre sanciones accesorias, debería comenzar con esas expresiones, pero adicionando el adverbio “además”, con lo cual se introduce la debida claridad en cuanto a que el tribunal de familia puede imponer conjuntamente la multa y una o más de las sanciones accesorias, si así lo resuelve.

En otro orden de ideas, el Ministerio Público hizo presente que el inciso final del artículo 4º que se estudia, alude a un incumplimiento grave o reiterado, que impone al tribunal la obligación de remitir los antecedentes al Ministerio Público, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sobre quebrantamiento de sentencias civiles.

Sin embargo, agregó, como esta norma está contenida en el artículo que establece la sanción única de multa, surge la duda acerca del concepto de gravedad y reiteración que se emplea. No queda claro, por ejemplo, si quedará a criterio del juez de garantía resolver cuando estime grave el atraso en el pago de la multa o si se requerirá que haya incumplido otra u otras sanciones de multas, impuestas en procesos anteriores, para que exista reiteración.

En cualquier caso, concluyó, el Código de Enjuiciamiento Civil exige solamente el quebrantamiento de lo resuelto, concepto bastante más claro y comprensivo de cualquier incumplimiento, fórmula que por lo demás emplea la ley que creó los tribunales de familia, a propósito de las infracciones en materia de medidas cautelares decretadas.

Atendido lo expuesto, la Comisión estimó pertinente eliminar del inciso primero la oración “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente”, así como también la expresión “grave o reiterado”, del inciso final.

A continuación, a sugerencia del Honorable Senador señor Espina, se eliminó del inciso primero la palabra “autor”, a fin de no inducir a error, por cuanto en la responsabilidad civil no se aplican los conceptos de autor, cómplice y encubridor.

En relación al monto de la multa, que la norma fija entre media y quince unidades tributarias mensuales, hubo diversas opiniones.

La Jefa del Departamento Situación Jurídica de la Mujer del SERNAM, señora Patricia Silva, explicó que la ley Nº 19.325 en materia de sanciones, establece en su artículo 4º, la asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar, multa equivalente de uno a diez días de ingreso diario y prisión en cualquiera de sus grados, o sea, de uno a sesenta días. El inciso final de dicha norma, además, establece la posibilidad de conmutación de las penas de multa o prisión, por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad.

El Honorable Senador señor Espina, hizo presente que uno de los problemas de dicha fórmula está en la determinación del ingreso diario. Asimismo, según su parecer, sería necesario elevar el tope máximo de la multa, no así el mínimo.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, señaló que para personas de escasos recursos es muy difícil pagar $ 15.000 pesos de multa. Por lo mismo, indicó, sería importante mantener la posibilidad de conmutación de la sanción, para no afectar el sustento económico familiar.

Ejemplificó lo anterior con casos en que, no obstante denunciar la mujer al marido agresor, después ella se retracta porque necesita el sustento económico que aquél provee.

Sugirió buscar algún sistema que faculte al juez para suspender la aplicación de la multa cuando existan antecedentes que así lo justifiquen y, en caso de que la conducta se repita, aplicar todo el rigor de la ley, por cuanto en tal evento se trataría ya de un infractor reiterado.

El Honorable Senador señor Cordero agregó que, así como el maltrato perjudica a la familia, el costo de una multa también lo hace.

En cuanto al pago de la multa, de que trata el inciso final de la norma, el Honorable Senador señor Espina consultó qué pasa cuando no se paga la multa, alegando, por ejemplo, no tener recursos.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que el texto aprobado en general plantea aplicar en tal caso las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, esto es, arresto por vía de apremio.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, precisó que tal vez podría estudiarse la posibilidad de establecer el fraccionamiento de la multa, en base a antecedentes demostrados.

Sobre esta materia, la abogada del SERNAM señora Patricia Silva recordó que, conforme al procedimiento aprobado en la ley que crea los tribunales de familia, frente a la primera denuncia por un hecho de violencia intrafamiliar, existe la posibilidad de suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, de acuerdo con la cual, durante un determinado período de tiempo no se pronuncia el fallo y no se aplica la respectiva sanción, siempre que se cumplan ciertos requisitos que la misma ley establece al efecto.

Por consiguiente, frente a la inquietud del Honorable Senador señor Zaldívar, enfatizó que, cuando el juez aplique en definitiva la sanción, es porque habrá constatado, al menos, que se trata de una segunda denuncia.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, advirtió entonces que es necesario hacer una mención expresa de que lo que se disponga en esta ley es sin perjuicio de lo establecido en materia de suspensión de la dictación de la sentencia, a fin de evitar cualquier interpretación de una posible derogación tácita.

El señor Francisco Maldonado sugirió evaluar una alternativa de exigibilidad escalonada de la multa, donde el primer peldaño sería cumplir los requisitos de suspensión de la dictación de la sentencia, el segundo podría ser el cumplimiento fraccionado de la sanción y, finalmente, en caso de incumplimiento, manteniendo el carácter de grave y reiterado, procedería aplicar las penas previstas para el desacato. Entonces, añadió, la norma se mantendría en los mismos términos y sólo faltaría agregar un inciso que permita el cumplimiento fraccionado.

El Honorable Senador señor Chadwick calificó este tema como extremadamente complejo, por cuanto no hay que olvidar que si una mujer agredida por su cónyuge, superando el miedo, decide efectuar la denuncia, lo que espera precisamente es que se aplique una sanción al agresor. Indicó que la mujer que no quiere provocar un problema económico en la familia no denuncia, de modo que si ha dado el primer paso, que es denunciar, no se la puede dejar sin apoyo y protección.

El Honorable Senador señor Zaldívar, don Andrés, insistió en que es necesaria una referencia a la norma general contenida en la ley que crea los tribunales de familia. Agregó que le parece bien que los agresores sepan que durante un año se observará su conducta y que, frente a una segunda denuncia, se les sancionará derechamente. Además, como aquí se ha dicho, es frecuente que después de la primera denuncia se produzca una reconciliación entre los cónyuges, que abandonan toda gestión judicial.

- Puesta en votación la indicación Nº 11), fue aprobada con las modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión presentes, Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Indicación Nº 12)

Del Honorable Senador señor Prokuriça, para reemplazar el artículo 4º por el siguiente:

“Artículo 4º.- Responsabilidad y sanciones. Los actos de violencia intrafamiliar que se describen en el artículo 2º, serán castigados:

1º Con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, si se causare la muerte de la víctima.

2º Con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, si se causaren lesiones graves.

3º Con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, si se causaren lesiones menos graves.

4º Con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, si no se causaren lesiones o si éstas fueren leves.

Si el acto de violencia intrafamiliar ha afectado únicamente la salud psíquica de la víctima, la pena será de presidio menor en su grado máximo a presidio menor en su grado mínimo o multa de cinco a diez unidades tributarias mensuales, y se determinará de acuerdo a la gravedad de la afección o trauma psíquico causado a la víctima.

En caso de tratarse de una segunda condena por violencia intrafamiliar, el juez no podrá aplicar la sanción de multa.”.

La Comisión rechazó esta indicación porque propone trasladar todo el tratamiento de la violencia intrafamiliar a la competencia de los tribunales en lo penal, en circunstancias que, según ya se ha señalado, el criterio adoptado en esta materia distingue una competencia de familia y otra penal.

- Dicho acuerdo fue adoptado unánimemente, por los Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Nº 3 (del artículo 4º)

Indicación Nº 13)

Del Honorable Senador señor Bombal, para reemplazar la frase final “y que sean de financiamiento público”, por la siguiente: “que sean de financiamiento público o privado”.

La Comisión aprobó esta indicación, por cuanto estimó pertinente incorporar a las organizaciones privadas entre las posibles destinatarias de las multas recaudadas con motivo de las sanciones impuestas en virtud de esta ley. Se explicó que también puede haber entidades privadas que estén disponibles y sean eficientes para estos efectos.

- Concurrieron unánimemente a adoptar dicho acuerdo los Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Indicación Nº 14)

Del Honorable Senador señor Bombal, en subsidio de la indicación Nº 13), para eliminar la frase final “y que sean de financiamiento público”.

La indicación fue rechazada, atendido que fue propuesta en forma subsidiaria de la precedente, que resultó aprobada.

- Dicho acuerdo fue adoptado, en forma unánime, por los Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

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Indicación Nº 15)

Del Presidente de la República, para intercalar, a continuación del artículo 4º, el siguiente artículo, nuevo:

“Artículo …. .- Sanciones accesorias. Sin perjuicio de lo dispuesto en artículo precedente, el juez podrá aplicar una o más de las siguientes sanciones accesorias:

a) Prohibición de visitar el domicilio, lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

b) Prohibición de porte y tenencia, y, en su caso, el comiso de armas de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director de Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que corresponda.

c) La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor, de su inicio y término.

En caso de quebrantamiento de lo previsto en las letras a) y b) se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo precedente.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez en la sentencia definitiva fijará los alimentos definitivos, el régimen de cuidado personal y de relación directa y regular de los hijos si los hubiere, y cualquier otra cuestión de familia que sea sometida a su conocimiento por las partes.

Las sanciones accesorias de que trata este artículo podrán ser aplicadas por los tribunales con competencia en materia criminal cuando los actos de violencia intrafamiliar fueren constitutivos de delito, y una vez decretadas no se suspenderán en caso alguno.”.

La primera cuestión que resolvió la Comisión respecto del precepto contenido en esta indicación fue titularlo “Medidas accesorias”, en lugar de “Sanciones accesorias”, porque aquella denominación es la que condice adecuadamente con la naturaleza de los arbitrios de protección y rehabilitación que enuncia este artículo y con la especificidad del órgano jurisdiccional llamado a aplicarlos en este caso, que es el tribunal de familia.

Acerca de este artículo nuevo que la indicación

Nº 15) introduce al proyecto, el Ministerio Público fue de la siguiente opinión:

En primer término, señaló que dicho artículo contempla un inciso final que autoriza a los tribunales en lo penal para imponer esas mismas medidas, a título de sanciones accesorias, “cuando los actos de violencia intrafamiliar fueren constitutivos de delito”.

No obstante, no se precisa que tales medidas serán complementarias de las penas que la ley contempla, y que será posible imponerlas en sede penal sólo en la medida en que el tribunal de familia se haya inhibido de seguir conociendo de los hechos y no las haya impuesto por su parte.

En torno a este tema, debiera precisarse que, en los casos en que se advierta por el tribunal de familia que los hechos denunciados son o podrían ser, además, constitutivos de delito, junto con remitir los antecedentes al Ministerio Público, deberá abstenerse de seguir conociendo de la materia, para evitar duplicidad y contradicción de procedimientos, sentencias y sanciones.

Ello, sin perjuicio de salvar adecuadamente otras competencias que puedan decir relación, por ejemplo, con el régimen de cuidado de los menores y adolescentes, de alimentos u otros.

En otro orden de ideas, añadió el Ministerio Público, la aplicación de medidas accesorias en el proceso penal, no puede quedar entregada al arbitrio del tribunal, en la forma en que está previsto, por impedirlo el principio de legalidad.

Por ello y para estos efectos, sería necesario eliminar la expresión “podrá”, en aquel inciso, y redactarlo en términos imperativos, determinando el tiempo por el cual se pueden extender tales medidas, que debe estar relacionado con el de las penas impuestas, y la eventual suspensión de aquéllas.

El Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, señaló que el Código Penal contempla, en sus primeros artículos, diversas disposiciones en las que se plantean sanciones accesorias, algunas con carácter imperativo y otras con carácter facultativo. No hay en ello ningún problema, ni de tipicidad ni de legalidad, afirmó.

Respecto del reparo del Ministerio Público relativo a la suspensión de las medidas accesorias, explicó que se pretende que para los casos de violencia intrafamiliar no exista tal posibilidad de suspensión, es decir, que ellas puedan aplicarse aun cuando se suspenda la pena principal. Precisó que es lo contrario de lo que sucede, por ejemplo, con la remisión condicional de la pena de acuerdo a la ley Nº 18.216, en virtud de la cual, si se suspende la pena principal, ocurre lo mismo con la accesoria.

Con mayor razón, entonces, si estamos en frente de medidas accesorias de prevención y rehabilitación y no de sanciones.

Finalmente, el representante de Justicia propuso reubicar el último inciso del artículo que se estudia entre las normas relativas a los actos de violencia intrafamiliar constitutivos de delito, esto es, en el párrafo siguiente del proyecto.

Lo anterior porque, según explicó, la circunstancia de que el inciso en referencia se encuentre entre las normas relativas a la violencia intrafamiliar de conocimiento de los tribunales de familia, probablemente motivó la inquietud del Ministerio Público frente a la posibilidad de que se substancien procedimientos paralelos y se produzca duplicidad de sentencias.

Agregó que, en todo caso, desde el momento en que se efectúe la denuncia, se hará una categorización del tipo de maltrato y, desde ese momento, se definirá si el caso queda en sede de familia o en sede penal.

- Puesta en votación la indicación Nº 15), fue aprobada, con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Además, la Comisión desglosó el inciso final y lo consignó como nuevo artículo 14, cuyo texto recoge las observaciones planteadas en el debate.

En efecto, se adoptó también en esta norma la nomenclatura adecuada, que es la de “medidas accesorias”, se le dio carácter imperativo, se fijaron plazos y se agregó la posibilidad de que tales medidas sean prorrogadas, a solicitud de la víctima, si se mantienen los hechos que las justificaron.

- Así se acordó, con la misma votación anterior.

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Ya despachado el proyecto, el Honorable Senador señor Viera-Gallo pidió reabrir el debate sobre este precepto, que se incorporó como artículo 9º, y propuso agregar, entre las medidas accesorias que podrá decretar el juez de familia respecto del ofensor, las de prisión y de reclusión nocturna, así como en los juicios de alimentos se puede arrestar al infractor, y la obligación de hacer abandono del hogar que comparte con la víctima.

Replicó el representante del Ministerio de Justicia que una medida de protección que prive de libertad sería inconstitucional, y agregó que, en el caso del arresto por no pago de pensiones alimenticias, se trata de un apremio impuesto a quien incumple una resolución judicial, para obtener su acatamiento.

La Comisión acogió la idea de permitir al juez de familia imponer al ofensor la obligación de dejar el hogar común, en que reside su víctima, y la incorporó al artículo 9º como nueva letra a), con el consiguiente cambio de designación del resto de los literales de dicho artículo.

En cuanto a las otras proposiciones del Honorable Senador señor Viera-Gallo, prefirió modificar derechamente la ley Nº 19.968, sobre tribunales de familia, en el sentido de tipificar como delito de desacato la conducta de quien transgrede las medidas accesorias o cautelares. Además, se incorporó una disposición que da al juez de familia la facultad de imponer de inmediato al infractor, por vía de apremio, arresto hasta por quince días.

Sin perjuicio de lo anterior, se resolvió reiterar la norma en esta ley, a fin de que ella se baste a si misma y que de su sola lectura quede en claro, para cualquier persona, que desobedecer en esta materia al juez constituye un delito de desacato.

Esta decisión se materializó en un nuevo artículo incorporado al proyecto, al que correspondió el número 19, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 94.- Incumplimiento de medidas cautelares. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Sin perjuicio de ello, impondrá al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por quince días.”.

En la misma línea arriba descrita, se agregó un inciso de similar contenido a los artículos 7º y 13 de la iniciativa en informe, relativos a la situación de riesgo y a las medidas cautelares, respectivamente.

El primero faculta al juez de familia para decretar medidas de protección o cautelares cuando exista el riesgo inminente de que alguna persona sufra un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. El segundo otorga al juez en lo penal la atribución de decretar las medidas cautelares del artículo 92 de la ley Nº 19.968, desde que se inicie la investigación de conductas que puedan configurar un delito constitutivo de violencia intrafamiliar.

- Todos estos acuerdos fueron adoptados unánimemente, por los Honorables Senadores señores Chadwick, Aburto, Espina, Viera-Gallo y Zaldívar, don Andrés.

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Artículo 5°

Esta norma se refiere a los desembolsos y perjuicios patrimoniales. Al efecto dispone que la sentencia establezca la obligación del condenado de pagar a la víctima los desembolsos y perjuicios de carácter patrimonial ocasionados por actos constitutivos de violencia intrafamiliar objeto del juicio, incluida la reposición en dinero o en especie de bienes dañados, destruidos o perdidos. Estos perjuicios serán determinados prudencialmente por el juez.

No fue objeto de indicaciones.

Artículo 6°

Conforme a este artículo, el condenado deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia, a menos que el juez, por motivos fundados, prorrogue dicho término hasta por quince días. Asimismo, establece que si no pagare dicha multa, sufrirá, por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada quinto de unidad tributaria mensual, sin que ella pueda exceder de sesenta días.

Indicación Nº 16)

Del Presidente de la República, para eliminarlo.

El representante del Ministerio de Justicia, señor Francisco Maldonado, explicó que la eliminación del artículo 6º que propone el Ejecutivo obedece al hecho de haberse incorporado la materia de que trata dicha disposición como incisos segundo y tercero de la norma contenida en la indicación Nº 11), que fue aprobada.

Atendido lo expuesto y lo resuelto al estudiar la referida indicación Nº 11), la Comisión aprobó la indicación Nº 16).

- El acuerdo fue adoptado, en forma unánime, por los Honorables Senadores señores Cordero, Chadwick, Espina y Zaldívar, don Andrés.

Indicación Nº 17)

Del Honorable Senador señor Ominami, para agregar en el artículo 6º, u