MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y OTROS CUERPOS LEGALES.

SANTIAGO, diciembre 27 de 2001

MENSAJE Nº 158-345/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

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Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponer un proyecto de ley que tiene por objeto fundamental, modificar ciertos aspectos del Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna.

I.ANTECEDENTES.

La reforma educacional que se ha venido implementando desde 1990, ha buscado asegurar una educación de calidad equitativamente distribuida. Uno de sus pilares ha sido la creación del régimen de Jornada Escolar Completa (JEC).

Si bien la implementación de este nuevo régimen educacional ha sido exitosa y masiva, se ha estimado necesario ampliar el plazo para que los establecimientos ingresen a este nuevo régimen. Como consecuencia de ello, es preciso perfeccionar tanto el sistema de ingreso como el de financiamiento de las inversiones en infraestructura, necesarias para la incorporación al régimen de JEC, para hacerlo más expedito y así garantizar de mejor manera el cumplimiento de los objetivos perseguidos, esto es, que todos los niños tengan acceso a una educación de mejor calidad.

II.IDEAS CENTRALES.

Para concretar lo anterior, el Gobierno ha elaborado el siguiente proyecto de ley, cuyas ideas centrales son las siguientes:

1.Atendido que aún falta que un número importante de establecimientos educacionales ingrese al régimen de JEC y siendo interés del Estado que todos ellos se incorporen al nuevo sistema, se hace imprescindible ampliar el plazo inicialmente previsto para ese efecto por la ley N°19.532.

2.La experiencia acumulada en los concursos sobre aporte suplementario por costo de capital adicional, que son necesarios para realizar las obras de infraestructura indispensables para ingresar a ese régimen, ha demostrado la necesidad de ajustar todas aquellas materias que dicen relación con los mecanismos de inversión de los recursos.

Por esta razón, se establecen nuevos tipos de intervenciones en infraestructura y una mayor flexibilidad para determinar los valores máximos de aporte a entregar por alumno, de tal manera de disponer de herramientas adecuadas que permitan el financiamiento de la totalidad de la infraestructura necesaria para que, aquellos establecimientos que tienen derecho a acceder al aporte, cuenten con esos recursos y puedan ingresar a la JEC.

3.De conformidad con la ley N°18.962 (Orgánica Constitucional de Enseñanza), las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación son las encargadas de otorgar el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales, contando para ello con el personal adecuado para verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicho reconocimiento. Dado que los requisitos para ingresar a la JEC son muy similares, es más razonable que sean revisados, igualmente, por la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente.

4.Se ha estimado necesario ampliar el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos, en lo relativo a la protección al derecho a la educación, introduciendo algunas modificaciones a las actuales disposiciones contempladas en la ley de subvenciones.

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objeto fundamental del proyecto de ley es ampliar el plazo para funcionar en JEC, hasta el inicio del año escolar 2007, ya que, conforme al actual ritmo de inversión pública, es posible que en dicho plazo el Estado entregue la totalidad de los recursos necesarios para que en los establecimientos educacionales se puedan realizar las obras de infraestructura indispensables para ingresar a la JEC, sin disminuir su número de alumnos.

1.Cambio de fechas.

En concordancia con lo anterior, en primer lugar, se propone una modificación a la norma que permite a determinados establecimientos excepcionarse de ingresar al régimen de jornada completa, cambiándose las fechas que se considerarán respecto de las pruebas nacionales de medición de calidad de la educación que se rindan hasta el año 2006.

2.Obligación de ingreso.

En segundo lugar, se ha estimado como absolutamente necesario para el éxito del programa y de las políticas educacionales del gobierno que, a contar del año 2003, los nuevos establecimientos subvencionados que se creen funcionen, obligatoriamente, en el régimen de JEC.

3.Perfeccionamiento en mecanismos de inversión.

En tercer lugar, el proyecto tiene por objeto perfeccionar los mecanismos de inversión de los recursos, para beneficiar efectivamente a todos los alumnos por los que no se dispone de la infraestructura necesaria para ingresar a la JEC. Por eso, se ha estimado necesario hacer extensiva la figura que permite crear establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar, a la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes.

4.Garantía en favor del Fisco.

En cuarto lugar, y dada la experiencia acumulada en los cuatro concursos que se han desarrollado a la fecha, se ha visto la necesidad de establecer algunas mejoras que consideren todas las posibles situaciones que afectan a los inmuebles en que funcionan los establecimientos educacionales, de manera tal de perfeccionar la garantía a favor del Fisco constituida sobre ellos, para hacer procedente la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional. En el mismo orden de ideas, y considerando que la infraestructura escolar tiene una vida útil de 30 años, se rebaja el plazo máximo por el cual deben constituirse la hipoteca y prohibición a 30 años.

5.Apoyo del Ministerio de Educación.

En quinto lugar, el proyecto persigue que el Ministerio de Educación cuente con herramientas adecuadas para otorgar asistencia técnica para la preparación de los proyectos de infraestructura que postulen al aporte, de tal manera que esa asistencia técnica se entregue a quienes efectivamente la necesiten.

6.Desconcentración.

En sexto lugar, se busca hacer más eficiente el procedimiento de ingreso de los establecimientos al régimen de JEC mediante la radicación de éste en las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, en términos que sea más coherente la revisión del cumplimiento de los requisitos para otorgar el reconocimiento oficial y de aquellos necesarios para ingresar a la JEC.

7.Participación.

En séptimo lugar, se establece que la cuenta sobre gestión educativa del establecimiento que debe rendir el director, sea por escrito y esté dirigida a toda la comunidad escolar, no solo a los centros de padres y apoderados. Además, se deberá dejar constancia de las observaciones presentadas por esa comunidad, las que quedarán a disposición de los interesados en un registro público.

8.Amplicación de sujetos beneficiados con financiamiento.

En octavo lugar, se reconoce la necesidad de financiar la infraestructura necesaria para que los establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, puedan ingresar al régimen de JEC.

9.Subvención para adultos.

En noveno lugar, se establece una subvención de apoyo al mantenimiento para la educación de adultos que se imparta en establecimientos reconocidos oficialmente, a contar del año 2003.

10.Protección del derecho a la educación.

Finalmente, para proteger de manera más eficaz el derecho a la educación, se establecen prohibiciones, cuya transgresión implica una sanción por infracción a la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

IV.CONTENIDO DEL PROYECTO.

Para el logro de los objetivos anteriores, el proyecto modifica cuatro cuerpos legales.

1.Modificaciones a la Ley Nº 19.532, que estableció el régimen de JEC.

En primer lugar, se modifica la Ley de la Jornada Escolar Completa en los siguientes aspectos:

a)Se prorroga el plazo establecido para funcionar en JEC, hasta el inicio del año escolar 2007. Además, se deroga el plazo del año 2003 para funcionar en ese régimen, para aquellos establecimientos que no soliciten el aporte suplementario por costo de capital adicional, quedando, en consecuencia, todos los establecimientos educacionales obligados a funcionar en JEC a contar de una misma fecha.

b)Se modifica, enseguida, el artículo 1° de la ley de manera tal que, para que los establecimientos educacionales puedan eximirse del régimen de JEC, se consideren las pruebas nacionales de medición de la calidad de la educación que se rindan hasta el año 2006.

c)Se introduce, también, un artículo 3° bis que dispone que, a los establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de JEC con la totalidad de sus alumnos, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos hasta el año 2006 para superar ese déficit. Los recursos deberán incorporarse en la ley de presupuestos de cada año y la forma de entregarlos se regulará por decreto supremo.

d)Se modifica, asimismo, el artículo 4° del siguiente modo:

i.Se incorpora la recuperación como intervención en infraestructura, pero limitada a los casos y por las condiciones que se señalen en el reglamento. Asimismo, se reemplaza la intervención de adecuación por normalización, permitiendo optimizar los recintos existentes.

ii.Se disminuye el plazo máximo de cincuenta años por el que debe garantizarse el funcionamiento de los establecimientos educacionales que reciben el aporte, a un máximo de treinta años.

iii.Se hace equivalente el período por el que debe otorgarse la autorización de uso, con aquel por el que debe constituirse la garantía para la entrega del aporte y el período por el que debe funcionar el establecimiento. Por otra parte, se elimina la necesidad de contar con una autorización de uso en el caso de los establecimientos municipales que funcionen en inmuebles fiscales.

iv.Se permite calcular el aporte sobre un techo más alto, pues se hará, también, en función de la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte el establecimiento y las dificultades topográficas del terreno.

v.Se dispone la inembargabilidad del aporte entregado respecto de terceros acreedores del sostenedor, con excepción del Ministerio de Educación.

vi.Se establece que la fecha que debe considerarse para determinar la matrícula que debe ingresar a JEC, se fije en las bases de cada concurso, de forma que sea lo más próxima a la fecha en que se efectúe la postulación de proyectos de infraestructura por parte de los sostenedores.

e)Se incorpora un nuevo artículo 4° bis, de manera de precisar que el Ministerio de Educación no entregará más recursos que el aporte adjudicado y que la disminución del costo total del proyecto adjudicado, significará la disminución del aporte a entregar en la misma proporción.

f)Se incorpora un artículo 5° bis, que regula la creación de nuevos establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente, materia que se encontraba regulada en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N°19.532. Asimismo, se agrega la posibilidad de crear un nuevo nivel en establecimientos ya reconocidos, si es que existe el déficit antes señalado. Se establece la participación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y de Planificación en la determinación dichos déficits.

g)Se modifica el artículo 8° del siguiente modo:

i.Se sustituye la obligación de reducir a escritura pública el convenio que debe suscribirse para acceder a la entrega del aporte, por la protocolización del mismo, otorgándosele el carácter de instrumento público y de título ejecutivo respecto de las obligaciones del adjudicatario.

Con ello, se busca reducir los costos y tiempos de los trámites que deben verificarse. También se otorga al Ministerio de Educación la facultad de calificar las circunstancias para permitir al sostenedor efectuar este trámite después de los plazos fijados en las bases del respectivo concurso.

ii.Se incorpora la posibilidad de no constituir los gravámenes sobre la totalidad de los inmuebles en que funciona un establecimiento educacional, en los casos calificados que establecerá el reglamento.

iii.Se incorpora el derecho a que el sostenedor dueño del inmueble en que funciona el establecimiento a intervenir, pueda ofrecer otro inmueble para garantizar el aporte, si el inmueble en que funciona el establecimiento ya se encuentra gravado o prohibido.

iv.Se exime a los sostenedores del sector municipal (municipios y corporaciones municipales) de constituir hipoteca, cuando el inmueble en que funciona el establecimiento educacional es de dominio municipal, manteniéndose la obligación de constituir prohibición a favor del Fisco, la que se inscribirá con el solo mérito de copia autorizada del convenio protocolizado y aprobado por resolución ministerial. Asimismo, si el establecimiento funciona en un inmueble fiscal, los sostenedores de ese sector quedarán exentos, además, de constituir prohibición.

v.Se establece que los años de uso del establecimiento educacional, que deben considerarse para el descuento que deba efectuarse al valor a devolver del aporte, se contarán desde el funcionamiento efectivo del establecimiento en el régimen de JEC y no desde la fecha de recepción del aporte.

vi.Se suprime la palabra sostenedor en el tipo penal que contiene este artículo, de manera tal que el sujeto activo sea indeterminado, abarcando a todas las personas que pueden ser adjudicatarias del aporte.

vii.Se mejora la tipificación de los delitos establecidos. En primer lugar, se aclara que el sujeto activo puede ser cualquier funcionario municipal, ya que el término sostenedor municipal es inductivo a error; en segundo lugar, respecto de las conductas tipificadas, la norma se remite para ese efecto a las establecidas en el Código Penal; por último, se determinan las sanciones a aplicar.

h)Se agrega un artículo 8° bis, que establece que no hay obligación de respetar el arrendamiento inscrito que se haya otorgado al sostenedor para cumplir con la autorización de uso exigida por la ley N°19.532, por parte del adjudicatario del inmueble en subasta pública realizada en razón de la ejecución de la hipoteca constituida a favor del Ministerio de Educación para garantizar la entrega del aporte.

i)Se reemplaza el actual artículo 9° por otro que establece que, para facilitar las inversiones del aporte suplementario por costo de capital adicional, el Ministerio de Educación puede celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para otorgar asistencia técnica para ese fin.

j)Se reemplaza el actual artículo 11 por uno que establece que el informe de gestión educativa del establecimiento que deben entregar los directores, deberá ser escrito y dirigido a toda la comunidad escolar, no solo a los centros de padres y apoderados. Este informe debe rendirse al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar. Copia del informe y de las observaciones escritas y presentadas por la comunidad escolar, deberán quedar en un registro público que llevará el establecimiento.

k)Se modifica el plazo de vigencia del actual artículo 13 de la ley, en el sentido que este regirá hasta el término del año escolar 2004.

l)Se reemplazan los incisos primero y segundo del artículo 3° transitorio, estableciéndose que el proyecto de jornada escolar completa diurna deberá presentarse ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación. En concordancia con lo anterior, se establece que la apelación que se presente por rechazo de dicho proyecto deberá ser resuelta por el Subsecretario de Educación.

2.Modificaciones al decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.

La segunda ley que se modifica, es la de subvenciones educacionales.

a)En primer lugar, se modifica el artículo 6°, del siguiente modo:

i.Se dispone que el reglamento interno de los establecimientos educacionales, deberá regir las relaciones entre dicho establecimiento, los alumnos y también los padres y apoderados, el que deberá señalar normas de convivencia, sanciones y reconocimientos que originen su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos aplicables para determinar dichas infracciones o destacado cumplimiento; y las instancias de revisión.

Los reglamentos deberán ser notificados a los padres y apoderados al momento de su matrícula o la renovación de su pago, dejándose constancia escrita de ello.

Sólo se podrán aplicar las sanciones establecidas en el reglamento interno, el que no podrá contraponerse a normas legales o reglamentarias generales.

Se señala expresamente que el embarazo, la lactancia o paternidad no pueden ser causales de exclusión o de medidas que restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado como infracción grave.

ii.Se prohibe sancionar a los alumnos por los incumplimientos económicos de los apoderados, sin perjuicio de otros derechos que pueda ejercer el establecimiento para lograr el cumplimiento de las obligaciones económicas.

iii.Se establece que se entenderán como horas de trabajo escolar, las comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales propios o elaborados por el Ministerio de Educación, así como aquellas complementarias a dicho plan que cada establecimiento defina como de asistencia obligatoria, sujetas a evaluación, pero sin incidencia en la promoción.

iv.Se dispone que, a contar del año 2003, los establecimientos que por primera vez impetren la subvención por todos sus niveles o por un nuevo nivel o modalidad de enseñanza, deberán funcionar en JEC. En todo caso, se podrá eximir al establecimiento educacional del cumplimiento de ese requisito, cuando su exigencia impida de manera insalvable el acceso a la educación de alumnos que carezcan de cobertura escolar.

b)Se modifica el artículo 37, de la siguiente manera:

i.Se crea una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de educación de adultos, respecto de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. Se precisa que siempre se pagará el cien por ciento de esta subvención, independientemente del régimen en que el establecimiento atienda a los demás alumnos.

ii.Se hace explícita la forma de pagar la subvención de mantenimiento, en el caso que el establecimiento funcione en más de una jornada escolar. Además, se establece que la subvención de apoyo al mantenimiento por alumno interno siempre se pagará completa.

3.Modificaciones a la ley N°19.715, que otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación.

Enseguida, se modifica la Ley Nº 19.715.

a)En primer lugar, se modifica el artículo 8°, de modo de hacer extensiva la infracción grave que allí se establece a los establecimientos particulares subvencionados y no sólo a los municipales, cuando los sostenedores no aplican los aumentos de subvención a las situaciones contempladas en la ley.

b)Se incorpora a los docentes que se desempeñan en establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, a la "Red Maestros de Maestros".

4.Modificaciones al Estatuto Docente.

El último cuerpo legal que se modifica es el Estatuto Docente, a contar del 1 de marzo de 2003, agregándose un inciso tercero al artículo 80 estableciéndose que los docentes que se desempeñan en establecimientos particulares subvencionados, tendrán los mismos beneficios que aquellos que se desempeñan en el sector municipal, respecto de una hora no lectiva adicional.

5.Incremento de la subvención.

Se establece un incremento de la subvención establecida en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998, para aquellos establecimientos que se encuentran funcionando en el régimen de JEC, con el objeto de financiar la hora no lectiva adicional para los docentes con 38 o más horas semanales de contrato.

6.Vigencia subvención para adultos.

Finalmente, se dispone que la subvención de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que se crea en esta ley, se pagará a contar del año 2003.

Con este proyecto, en suma, el Gobierno espera continuar con el objetivo de asegurar una educación de calidad equitativamente distribuida.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 19.532:

1)En el artículo 1º:

a)Sustitúyese, en el inciso primero, el guarismo "2002" por "2007".

b)Sustitúyese, en el inciso tercero, el guarismo "2001" por "2006".

c)Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión "año 2002" por "inicio del año escolar 2007".

2)Agrégase, a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo 3º bis, nuevo:

"Artículo 3º bis.- A aquellos establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna con la totalidad de sus alumnos en razón de la disponibilidad de aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos para superar dicho déficit hasta el año 2006. Con todo, el mobiliario que se adquiera y la infraestructura que se construya o adquiera con dichos recursos, será de propiedad del Fisco, y quedarán sujetos al mismo régimen de administración de los demás bienes entregados con motivo de los convenios de administración ya suscritos.

Por decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, se regulará la forma en que se asignarán estos recursos.".

3)En el artículo 4º:

a)Sustitúyase el inciso primero por el siguiente:

"Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1°, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos.".

b)Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión "cincuenta" por "treinta".

c)Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

"Para acceder a la entrega del aporte, los sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que lo habilita para destinarlo a dicho uso por un período equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8° de esta ley. En el caso de establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) que funcionen en inmuebles fiscales, no será necesaria dicha autorización.".

d)Sustitúyase el inciso quinto por el siguiente:

"Dichos valores máximos serán fijados en el reglamento, de acuerdo con el número de alumnos que no puedan ser atendidos en jornada escolar completa diurna en los establecimientos en situación deficitaria, el tipo de intervención requerida, la modalidad de adquisición de inmuebles construidos, la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte, las características topográficas del terreno y la modalidad de entrega del aporte, el cual será fijado en unidades tributarias mensuales a la fecha que establezcan las bases de cada concurso.".

e)Incorpórase, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando los actuales sexto a noveno a ser séptimo a décimo, respectivamente:

"Los recursos correspondientes al aporte suplementario por costo de capital adicional que se entreguen a los sostenedores de conformidad con esta ley, no serán embargables. Sin embargo, esta inembargabilidad no regirá respecto de los juicios seguidos por el Ministerio de Educación por incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha entrega.".

f)Sustitúyese el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Para efectos de la determinación de este aporte, se entenderá que un establecimiento educacional se encuentra en situación deficitaria, cuando la totalidad de sus alumnos matriculados entre tercer año de educación general básica y cuarto año de educación media, al mes que se señale en las bases del respectivo concurso, no pueda ser atendido bajo el régimen de jornada escolar completa diurna en razón de la disponibilidad de aulas, servicios básicos o mobiliario. El mes a que se refiere este inciso deberá, en todo caso, ser anterior a la fecha del llamado a dicho concurso.".

4)Agrégase, a continuación del artículo 4º, el siguiente artículo 4º bis, nuevo:

"Artículo 4° bis.- El Ministerio de Educación, en ningún caso, podrá entregar más recursos que el aporte adjudicado en los concursos a que se refiere esta ley. Toda disminución del costo total del proyecto presentado por el sostenedor y considerado para su adjudicación en un determinado concurso, significará la disminución del aporte en la misma proporción en que disminuya el costo total del proyecto.".

5)Deróganse los incisos cuarto y quinto del artículo 5º.

6)Agrégase, a continuación del artículo 5º, el siguiente artículo 5º bis, nuevo:

"Artículo 5 bis.- Podrán, de la misma forma, postular al aporte suplementario por costo de capital adicional, los sostenedores que proyecten crear y sostener nuevos establecimientos subvencionados bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, hasta el inicio del año escolar 2006, en comunas o localidades en que la capacidad de la infraestructura de los establecimientos educacionales existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente. Las personas adjudicatarias deberán ser las sostenedoras de los establecimientos cuya creación se financie conforme a este artículo.

Asimismo, podrán postular al aporte suplementario por costo de capital adicional los sostenedores de establecimientos reconocidos oficialmente para incorporar un nuevo nivel completo de enseñanza (básica o media), siempre que se cumplan los requisitos y plazos señalados en el inciso anterior.

Los valores máximos y condiciones de financiamiento, al igual que la forma de determinar la existencia de déficit de infraestructura, en los casos señalados en los dos incisos anteriores, se establecerá en el reglamento, el que deberá considerar, en todo caso, la participación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y de Planificación en la determinación de dichos déficit. En todo caso, el aporte suplementario por costo de capital adicional no podrá exceder del 50% de las intervenciones que se pueden financiar conforme a esta ley, de acuerdo a los valores máximos que fije el reglamento. A los establecimientos que se instalen de conformidad a esta norma y que funcionen en el régimen de financiamiento compartido, les serán aplicables los descuentos por ese concepto de conformidad al inciso final del artículo quinto y a la regla del artículo sexto de esta ley.".

7)En el artículo 8º:

a)Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Para acceder al aporte, el sostenedor que haya sido declarado adjudicatario en virtud del concurso que se indica en el artículo anterior, deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Educación, que se aprobará por resolución de esta Secretaría de Estado. En dicho convenio se establecerán los derechos y obligaciones de las partes y deberá ser protocolizado por el sostenedor, a su costa. Para todos los efectos legales, el convenio debidamente protocolizado tendrá valor de instrumento público y constituirá título ejecutivo respecto de las obligaciones del adjudicatario. La no suscripción del convenio dentro del plazo establecido en las bases, hará caducar de pleno derecho el aporte obtenido, salvo circunstancias que no le sean imputables al sostenedor y que calificará el Ministerio de Educación en única instancia.".

b)Elimínase en el inciso segundo la expresión "o arriendo".

c)Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

"Conjuntamente con la hipoteca, el convenio exigirá la constitución de una prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional. Si el establecimiento funciona en más de un inmueble, el Ministerio de Educación, en los casos calificados que establezca el reglamento y siempre que se garantice la recuperación por el Fisco del aporte entregado, podrá autorizar que la hipoteca y prohibición no se constituyan sobre todos los inmuebles. Tanto la hipoteca como la prohibición deberán inscribirse conjuntamente en el Conservador de Bienes Raíces por un plazo de treinta años, en el caso de las adquisiciones y construcciones de locales escolares, y de hasta treinta años, en el caso de ampliaciones, habilitaciones, recuperaciones y normalizaciones, dependiendo del monto del aporte.".

d)Agrégase, a continuación del punto final (.) del inciso séptimo, que pasa a ser seguido, lo siguiente: "El mismo derecho y en las mismas condiciones podrán ejercerlo los sostenedores dueños del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, cuando dicho inmueble se encuentre hipotecado y/o se haya constituido a su respecto prohibición de gravar y enajenar y/o de celebrar actos y contratos.".

e)Intercálase, a continuación del inciso séptimo, el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando los actuales incisos octavo a decimoquinto a ser noveno a decimosexto, respectivamente:

"A los sostenedores del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), no les será exigible la constitución de hipoteca respecto de los inmuebles de dominio municipal; y la prohibición a que se refiere el inciso quinto de este artículo, se constituirá mediante su inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces, la que se practicará con el sólo mérito de copia autorizada del convenio en que se consigna, notarialmente protocolizado y previamente aprobado por resolución ministerial. Asimismo, los sostenedores de dicho sector, cuyos proyectos de infraestructura correspondan a establecimientos educacionales que funcionan en inmuebles de dominio del Fisco, estarán exentos de constituir prohibición, salvo que con posterioridad adquieran el bien raíz. Desde ese momento estarán obligados a constituir una prohibición o hipoteca y prohibición, según corresponda, por el plazo de funcionamiento pendiente a esa fecha.".

f)Reemplázase el actual inciso duodécimo, que ha pasado a ser decimotercero, por el siguiente:

"Al valor a devolver se le deducirá una trigésima parte de los fondos recibidos por cada año de uso del establecimiento para fines educacionales, contados desde la fecha de funcionamiento efectivo del establecimiento en jornada escolar completa diurna, o la fracción que corresponda si el plazo del gravamen es menor a treinta años".

g)Reemplázase el actual inciso decimotercero, que ha pasado a ser decimocuarto, por el siguiente:

"El que proporcionare antecedentes falsos o adulterados con el propósito de obtener el aporte suplementario por costo de capital adicional a que se refiere esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.".

h)Reemplázase el actual inciso decimocuarto, que ha pasado a ser decimoquinto, por el siguiente:

"El funcionario municipal que administre los recursos del aporte suplementario por costo de capital adicional, y que incurra respecto de estos recursos en la conducta tipificada en el artículo 236 del Código Penal, será sancionado con las penas que allí se indican, aumentadas en un grado. Si en las operaciones en que interviniere ese funcionario municipal en razón de la administración de dichos recursos o en razón de su cargo, incurriere en alguna de las conductas tipificadas en el artículo 239 del Código Penal, será sancionado con las penas que allí se indican, aumentadas en un grado.".

8)Agrégase, a continuación del artículo 8º, el siguiente artículo 8º bis, nuevo:

"Artículo 8° bis.- Si el inmueble en que funciona el establecimiento educacional se encuentra dado en arrendamiento al sostenedor y es subastado en razón de una hipoteca constituida a favor del Ministerio de Educación para garantizar la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional, el subastador no estará obligado a respetar dicho arriendo aún en el caso que se hubiese otorgado por escritura pública inscrita en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, con anterioridad a la hipoteca.".

9)Reemplázase el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- Para facilitar las inversiones del aporte suplementario por costo de capital adicional en la infraestructura requerida para incorporar a los establecimientos educacionales al régimen de jornada escolar completa diurna, el Ministerio de Educación podrá celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas, con el objeto de otorgar asistencia técnica, para los fines señalados.".

10)Reemplázase el artículo 11 por el siguiente

"Artículo 11.- Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar, los directores de los establecimientos educacionales subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar.

Copia del informe y de las observaciones que hayan presentado por escrito los miembros de la comunidad escolar, quedarán a disposición de los interesados en un registro público que llevará el establecimiento.

En la misma oportunidad, los directores deberán dar cuenta por escrito del uso dado a la subvención de mantenimiento recibida el mes de enero del año por el cual se rinde cuenta. Copia de este informe deberá remitirse al Ministerio de Educación.

Las infracciones a este artículo serán sancionadas de conformidad con la letra a), del artículo 45, del decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998.".

11)Reemplázase, en el inciso primero del artículo 13, las expresión "dentro del plazo de un año, a contar de la publicación de esta ley," por la siguiente: "hasta el término del año escolar 2004,".

12)Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 3° transitorio, por los siguientes

"Los proyectos deberán presentarse ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación, donde se certificará la fecha de recepción.

Si dicha presentación no se resolviera dentro de los 90 días posteriores a su entrega, el proyecto se tendrá por aprobado y, si hubiese sido rechazado, el sostenedor podrá apelar al Subsecretario de Educación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del rechazo. La apelación deberá presentarse en la Secretaría Regional Ministerial de Educación que corresponda. El Subsecretario de Educación resolverá en única instancia en un plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la recepción del recurso en la Subsecretaría.".

13)Derógase el artículo 6º transitorio.

Artículo 2º.-Introdúcense las siguiente modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998:

1)En el artículo 6º:

a)Reemplázase el literal d) por el siguiente:

"d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados al momento de la matrícula o de la renovación anual de su pago, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Las disposiciones del reglamento interno que se contrapongan con normas legales o reglamentarias, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matricula o suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven, exclusivamente, de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causal para la aplicación de medidas que excluyan, restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave.".

b)Agréguese el siguiente inciso final al literal e):

"El no pago de compromisos económicos contraídos por el alumno o el padre o apoderado con motivo del contrato de matrícula u otros con el establecimiento, no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni la retención de documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del establecimiento.".

c)Reemplázase el inciso segundo de la letra g), por el siguiente:

"Para todos los efectos, se entenderán como horas de trabajo escolar tanto aquellas comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales, propios o elaborados por el Ministerio de Educación, como aquéllas que, de manera complementaria a dicho plan y de acuerdo con su proyecto educativo, defina cada establecimiento como de asistencia obligatoria y sujetas a evaluación sin incidencia en la promoción. Dichas horas serán de 45 minutos, tanto para la enseñanza básica como media.".

d)Agréganse los siguientes incisos penúltimo y último, nuevos:

"Los establecimientos educacionales que a contar del año 2003 impetren por primera vez la subvención educacional, por todos sus niveles o por un nuevo nivel o modalidad de enseñanza, para tener derecho a ella, deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna por los alumnos correspondientes a los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media. En todo caso, los alumnos atendidos en jornada escolar completa diurna no podrán ser atendidos con posterioridad en un régimen distinto.

Excepcionalmente, por resolución fundada del respectivo Secretario Regional Ministerial de Educación, se podrá eximir a un establecimiento educacional del cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente, cuando por aplicación de dichas normas se impida de manera insalvable el acceso a la educación de alumnos que carezcan de cobertura escolar.".

2)En el artículo 37:

a)Incorpórase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

"Se pagará una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que será de 0,1362 unidades de subvención educacional (U.S.E.) para la Educación General Básica; 0,3103 U.S.E. para la Educación Media hasta 25 horas semanales presenciales de clases; y 0,3999 U.S.E. para la Educación Media con más de 25 horas semanales presenciales de clases. Esta subvención sólo se pagará cuando este tipo de educación se preste en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. En este caso, siempre se pagará el 100% de la subvención que corresponda, independientemente de la que se deba pagar por los alumnos que cursen los otros tipos de enseñanza que pueda impartir el establecimiento y no le será aplicable lo dispuesto en el inciso octavo de este artículo.".

b)Reemplázase, en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión "al inciso primero" por "a los incisos primero y segundo".

c)Reemplázase, en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión "inciso segundo" por "inciso tercero".

d)Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Aquellos establecimientos que atiendan alumnos en doble jornada percibirán, respecto de estos alumnos, sólo el 50% de la subvención a que se refiere este artículo. Asimismo, si en un mismo local escolar funciona en jornada diurna más de un establecimiento del mismo o diferentes sostenedores, cada uno de ellos percibirá este porcentaje. La subvención de mantenimiento por alumno interno se pagará siempre completa.".

Artículo 3º.-Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.715:

1)Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 8º, la expresión "el inciso anterior" por "los incisos anteriores".

2)Agrégase, al número tres del inciso segundo del artículo 16, a continuación del punto final (.), que se reemplaza por una coma (,) la siguiente oración: "o desempeñarse en iguales condiciones en los establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980.".

Artículo 4º.-Introdúcese, a contar del 1 de marzo de 2003, en el artículo 80 del decreto con fuerza de ley N°1, de Educación, de 1996, que aprobó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.070, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando a ser cuarto, quinto y sexto los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

"La docencia de aula semanal, para los docentes que se desempeñen en establecimientos educacionales que estén afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, no podrá exceder de las 32 horas con 15 minutos excluidos los recreos, cuando la jornada contratada fuere igual a 44 horas semanales. El horario restante será destinado a actividades curriculares no lectivas. Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas semanales e igual o superior a 38 horas semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva.".

Artículo 5º.-A contar del 1 de marzo del año 2002, se pagará a los sostenedores de los establecimientos educacionales subvencionados, regidos por el decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998, que se encuentren afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, un aumento de la subvención del artículo 9° de dicho cuerpo legal, de acuerdo a la siguiente tabla, expresada en unidades de subvención educacional (U.S.E.):

Aquellos establecimientos que estén afectos al régimen de jornada escolar completa diurna por sus alumnos de 1° y 2° años de Educación General Básica, percibirán por estos alumnos el mismo incremento a la subvención establecido para la Educación General Básica de 3° a 8° años.

Los sostenedores de los establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 4º de la presente ley, percibirán este aumento a contar del 1 de marzo del año 2003.

Artículo 6º.-La subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos que se crea por el literal a), del número 2, del artículo segundo de esta ley, se pagará a contar del año 2003.

Artículo transitorio.- El mayor gasto fiscal que represente en el año 2002 la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33-104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público y al presupuesto del Ministerio de Educación.".

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

MARIANA AYLWIN OYARZÚN

Ministra de Educación

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro de Hacienda

?INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN, RECAÍDO EN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y OTROS CUERPOS LEGALES. BOLETÍN N° 2853-04.

_____________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación pasa a informar el proyecto de ley, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales (B. 2834-04).

I.-PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Durante la discusión del proyecto la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas: doña Mariana Aylwin Oyarzún, Ministra de Educación, don José Weinstein Cayuela, Subsecretario de Educación, y de los señores Patricio Vilaplana Barberis, Jefe División de Planificación y Presupuesto, Hugo Montaldo Salas del Programa de Jornada Escolar Completa, Marcos Miranda Vico, del Programa JEC, Luis Villarroel Villalón, Jefe del Departamento Jurídico, Emilio Oñate, asesor de la Ministra de Educación, Alexis Yáñez, asesor del Subsecretario, Alejandra Contreras, abogada, todos del Ministerio de Educación y del señor José Espinoza de la Dirección de Presupuesto.

Asimismo, durante la discusión del proyecto, la Comisión escuchó indistintamente a representantes de las siguientes instituciones:

1.El señor Jorge Pavez, el señor Darío Vásquez y la señora Carmen Gallardo, Presidente, Vicepresidente y abogada del Colegio de Profesores A.G., respectivamente.

2.Las señoras María de los Ángeles Santander y Paula Pinedo, abogadas del Instituto Libertad y Desarrollo

3.Dagmar Raczynski, investigadora de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile

4.Padre Héctor Vargas – Presidente Nacional de la Federación de Instituciones de Educación y el señor Rodrigo Díaz, abogado de dicha institución.

5.Walter Oliva, Presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvecionados de Chile (Conacep).

6.Patricia Matte y María Domeyko, Presidenta y Secretaria General de la Sociedad de Educación Primaria, respectivamente.

7.Sonia Lavín y Silvia Del Solar Directora e Investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (Piie), respectivamente.

8.Marcos Núñez – Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación

9.Guillermo Mondaca, Vicepresidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Técnico-Profesional (Confesitep).

10.Padre Juan Díaz, Vicario para la Educación.

11.Miguel Gaete de la Fuente, Presidente de la Coordinadora de Federaciones de Funcionarios de la Educación Municipal de Chile (Corfem).

12.Juan Ramos Sandoval, Director del Liceo José Tohá de Recinto.

13.Manuel Utreras, Director Liceo B-12 de Chillán.

14.María Angélica Reyes, Directora del Liceo Yungay de Ñuble.

15.Ismael Calderón, Jorge Godoy, Eduardo Catalán, Miguel Villanueva, Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Protesorero

de la Asociación Metropolitana de Centros de Padres y Apoderados

16.Obispo Emiliano Soto Valenzuela, Felipe Eduardo Vidal y Eduardo Vidal del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana (Cuprem).

17.Francisco Fernández Fredes, Presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas.

18.Francisco Espejo, Cristián Martínez y Ana María Aburto, Director Nacional, Jefe de Programas y Jefa de la Unidad de Alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), respectivamente.

II.-ANTECEDENTES GENERALES

Desde el inicio de los años noventa, se ha venido implementando una reforma educacional que tiene como propósito central mejorar la calidad y equidad de nuestra educación.

Uno de los pilares de esa reforma, ha sido la creación del régimen de Jornada Escolar Completa Diurna (JECD), instaurado en 1997 por la ley N° 19.532. Con su establecimiento, y con la serie de programas de mejoramiento educacional impulsados desde aquel año, se ha buscado producir una transformación educativa de carácter global, que busca sentar nuevas bases pedagógicas que permitan, en último término, mejorar el quehacer docente y asegurar una educación de calidad equitativamente distribuida.

A ello apuntan, el programa de las 900 escuelas, iniciado en marzo de 1990, cuya finalidad es lograr que los niños de las escuelas básicas de menor rendimiento y menores recursos, accedan al dominio de las destrezas culturales básicas en lectura, escritura y matemática elemental.

Más tarde, en 1992, con el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE-básica) se produce una intervención de mayor amplitud que persigue enriquecer todo el subsistema preescolar y de educación básica, con la ampliación y mejoría de la educación parvularia, el perfeccionamiento de los profesores, la entrega de textos de estudio, materiales y bibliotecas de aula, reparaciones de infraestructura , apoyo especial a las escuelas rurales, los proyectos de mejoramiento educativo (PME), el inicio de la red de informática educativa Enlaces, etc.

Luego se agrega el Programa MECE-media, que pone el acento en la renovación pedagógica profunda de los liceos, propicia el trabajo colectivo de los profesores para revisar prácticas pedagógicas que tengan al alumno como centro y protagonista de su propio aprendizaje, e impulsa a que las comunidades creen sus propios proyectos educativos.

A las anteriores iniciativas, se han agregado la ley N° 19.070 sobre estatuto de los profesionales de la educación o estatuto docente en el año 1991, el DFL N° 5 del Ministerio de Educación, dictado en 1993, sobre régimen de subvenciones, la ley N° 19.410, de 3l de agosto de 1995 que modifica el estatuto docente y la ley de subvenciones, la dictación de la ley N° 19.532 de 17 de noviembre de 1997 que establece el régimen de jornada escolar completa diurna, y la ley N° 19.715 de 31 de enero de 2001 sobre mejoramiento especial de remuneraciones. Todas ellas, como se dijo, apuntan al mejoramientos de los procesos educativos, a la elevación de la calidad de la educación, y a la distribución equitativa de esa calidad.

El proceso de reforma actúa sobre cuatro ámbitos considerados claves, que son: la reforma curricular, el desarrollo profesional docente, los programas de mejoramiento e innovación, y la jornada escolar completa diurna. Cada uno de estos pilares se puede conceptuar, en el decir de la señora Ministra de Educación, como “saberes y competencias para hoy y el futuro, y nuevos modos de aprender y enseñar”; “apoyos y estímulos para los educadores, actores principales del proceso”; “apoyo con más y mejores materiales y recursos”, y “más tiempo para aprender”.

Todo lo que partió aparentemente en forma desagregada y parcial, se ha ido integrando en un todo coherente del cual forma parte el régimen de jornada escolar completa.

Sin duda que una de las medidas de mayor significación, dentro de los medios para alcanzar los fines de la Reforma, es la Jornada Escolar Completa Diurna, pues ha resultado evidente que el aumento del tiempo de instrucción escolar es una de las variables que mayor incidencia tiene en el logro de aprendizaje de los alumnos. El mayor tiempo que implica la jornada escolar completa permite, en consecuencia, más tiempo para los profesores en el trabajo con los alumnos; el desarrollo de un proyecto de utilización del mayor tiempo disponible -requisito para optar al sistema- que comprenda la elaboración de una malla curricular integrada a su proyecto educativo; un rediseño de los métodos pedagógicos, y la incorporación de la comunidad y las familias a la escuela, elementos todos que significan una modificación de la actual cultura escolar.

Los países más desarrollados de Europa y del sudeste asiático tiene una extensión del año escolar de entre 190 y 250 días, con jo0rnadas diarias de entre 6 y 7 horas cronológicas, lo que da un tiempo anual de 1300 y 1500 horas cronológicas. Los países con ingresos más altos, según un estudio del Banco Mundial, presentan un mayor número de horas anuales de docencia

La ley N° 19.532 consulta dos principios básicos: la equidad y la calidad.

La equidad, que se manifiesta en privilegiar la entrada al sistema de JECD de establecimientos educacionales que atiendan a escolares en riesgo social y educativo, y al mismo tiempo, en aumentar el tiempo de trabajo escolar a todos por igual, con lo que se obtiene la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes.

La calidad, que se logra con el factor tiempo dedicado al aprendizaje y se potencia con el trabajo técnico de los docentes, a la vez que flexibiliza la gestión de los establecimientos escolares y fortalece su autonomía.

La ley 19.532 amplía la doble jornada a jornada única extendida, establece las características básicas del nuevo régimen y los requisitos que deben cumplir los colegios y sus sostenedores para incorporarse a él; fija la forma y procedimientos que permitan a los sostenedores lograr las mayores demandas de infraestructura escolar que exige el sistema; regula la transición de la doble jornada a la jornada completa, y establece un mecanismo de financiamiento.

Al mismo tiempo, la referida ley contempla aportes para la habilitación de nuevos espacios educativos; introduce modificaciones a la subvención escolar; crea un sistema de becas para alumnos de menores recursos en los establecimientos de financiamiento compartido, y desarrolla la gestión escolar.

Los establecimientos que deben funcionar bajo el régimen de JECD, son: Los subvencionados, desde 3° básico a 4° medio (se exceptúan los de Educación Básica Especial Diferenciada, los de educación de adultos y los que lo soliciten y demuestren altos niveles de logros en, a lo menos, dos pruebas nacionales consecutivas entre los años 1995 y 2001) y los. técnico profesionales regidos por el decreto ley 3.166. Los establecimientos rurales y los de educación especial diferencial podrán incorporarse al sistema en las condiciones que se señalan en la ley.

Los resultados de esta ley suponían.

Que al año 2002, cerca de 9.000 establecimientos estuvieran funcionando en JECD desde 3° básico a 4° medio; que cada establecimiento aumentara 200 horas cronológicas anuales, manteniendo las 40 semanas lectivas del calendario escolar, con una jornada de al menos 38 horas semanales en enseñanza básica y 42 horas en media; un aumento de los aportes por la vía de la subvención de un 34%; y que se beneficiaran 2,3 millones de alumnos de básica y media. Esto suponía esfuerzos organizativos y financieros, por el aumento de las horas pedagógicas y la construcción del equivalente a 20.000 salas de clases, estimado en 700 millones de dólares, según proyección al momento de entrar en vigencia la Ley 19.532 .

Para concluir este análisis de lo existente, creemos necesario señalar las fuentes de financiamiento del sistema educacional, porque el proyecto en informa incide en dichas materias.

Los principales recursos son:

La subvención escolar, que consiste en un aporte fiscal vigente desde 1980, que se otorga mensualmente y que se entrega de acuerdo a la asistencia diaria de los estudiantes. Dicho pago por alumno se denomina Unidad de Subvención Escolar (USE) y tiene distinto monto según el tipo de enseñanza (parvularia, básica, media, adultos, etcétera), el tipo de escuela, la región, o la ruralidad.

El financiamiento compartido, modalidad en la cual los cobros mensuales a padres y apoderados se suman al financiamiento fiscal. El acceso es voluntario para los sostenedores particulares, está sujeto a la aprobación de los padres en la en la enseñanza media municipalizada, y las escuelas básicas están excluidas de este sistema. Además, obliga a los sostenedores a establecer un sistema de becas por razones socioeconómicas.

También se nutre el financiamiento con aportes municipales, cuando es el municipio el sostenedor.

Por último, el Fisco financia proyectos de infraestructura y equipamiento, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en colegios del sistema municipal.

Desde 1996 al 2002, los recursos públicos asignados a educación se han incrementado en un 141% (según Compendio Estadístico del Ministerio de Educación 2000 y Compendio de Información Estadística del Ministerio de Hacienda). Durante el período señalado la matricula de niños y jóvenes se incrementó en un 7°, y la de adultos en un 34%. Los padres y apoderados, entre 1996 y 1998, aumentaron. su aporte por concepto de financiamiento compartido, en 20.000 millones de pesos. Recursos todos que se han orientado no sólo a la inversión en infraestructura, sino en un 32% a la entrega de textos y en un 2365 % ,a la entrega de raciones alimenticias, así como al incremento de la remuneración por hora cronológica en básica y media.

En materia de resultados, la información disponible señala que ha disminuido la tasa de reprobación y de abandono escolar y se han podido revertir en alguna medida las iniquidades iniciales. No obstante, en materia de calidad de educación, dichos resultados reflejan deficiencias en generación de habilidades mínimas en matemáticas y comprensión del medio natural, social y cultural.

El éxito o fracaso de la reforma educacional no es posible evaluarlo completamente, porque aún no alcanza niveles de cobertura que permitan al sistema educacional generar resultados generales y es necesario que transcurra un tiempo de implementación de medidas, pues los contenidos mínimos y los objetivos fundamentales sólo fueron aprobados entre 1996 y 1999. Otro aspecto a considerar , es la falta de espacio físico en los establecimientos educacionales para realizar construcciones o ampliaciones, aspecto que , junto a otros costos asociados, no fue considerado al realizar las proyecciones de inversión en infraestructura.

El estudio de evaluación sobre la jornada escolar completa, realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile a solicitud el Ministerio de Educación, que abarca el período 1997 y 1999, y que comprende la totalidad de los establecimientos incorporados a la JECD en las regiones Octava y Metropolitana, fue expuesto ante la Comisión por la profesora Dagmar Raczynski.

Sus conclusiones pueden resumirse así:

Los agentes o actores de la comunidad escolar muestran una disposición y percepción positiva frente a la JECD. No obstante, se señalan matices que es posible y necesario mejorar y buscar soluciones a temas pendientes. Es débil la participación del cuerpo docente en la incorporación al sistema. En la decisión sólo intervienen el sostenedor y el director. También es baja la participación del Centro de Padres y Apoderados. Más de la mitad de los profesores opinan que el énfasis prioritario de la JEC es mejorar el aprendizaje de los alumnos. En porcentajes más bajos, se indica que ese propósito es el de proteger a los alumnos de los riesgos del entorno. Más de la mitad de los establecimientos han logrado solucionar la reorganización del tiempo, el problema de los almuerzos y las condiciones laborales de los docentes, lo que no ocurre en la dotación de infraestructura y equipamiento, que sólo alcanza a un 16 o 23 por ciento. En el uso del tiempo, se aprecia adecuación a la normativa establecida, salvo que en el tiempo no pedagógico mayoritariamente se apartan de la norma, estando por debajo o por encima de la misma. Las condiciones laborales de los docentes muestran una extensión de la jornada contratada y una disminución de la realización de otros trabajos fuera del colegio. Se detecta el no cumplimiento de las dos horas de trabajo colectivo y de la proporcionalidad entre el trabajo lectivo frente a los alumnos y el no lectivo que debiera ser de 75% y 25%, respectivamente. Por último, el estudio concluye que los establecimientos en situación crítica en aspectos relevantes de la JEC, son minoritarios.

Para el estudio del proyecto se recogieron diversas opiniones, expuestas por los invitados cuya nómina se señala en el Capítulo I, las que en líneas generales consignan o recogen las observaciones transcritas, con mayor o menor énfasis en aspectos puntuales.

III.IDEAS CENTRALES DEL PROYECTO.

Si bien este nuevo régimen educacional, conocido por su sigla JECD, desde su creación en 1997 ha sido exitoso y masivo, se ha estimado necesario ampliar el plazo primitivamente pensado para que los establecimientos ingresen a este nuevo sistema. También se hace preciso perfeccionar tanto el sistema de ingreso como el de financiamiento de las inversiones en infraestructura, necesarios para la incorporación al régimen de JEC, con el fin de hacerlo más expedito y así garantizar de mejor manera el cumplimiento de los objetivos perseguidos, esto es, que todos los niños tengan acceso a una educación de mejor calidad.

Las ideas centrales de este proyecto pueden sintetizarse en las siguientes:

1.- Ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimiento educacionales al régimen de JEC establecido en la ley N°19.532;

2.- Ajustar todas aquellas materias que dicen relación con los mecanismos de inversión de los recursos que consulta la ley para realizar las obras de infraestructura indispensables.

Por esta razón, se establecen: nuevos tipos de intervenciones en infraestructura y una mayor flexibilidad para determinar los valores máximos de aporte a entregar por alumno, de tal manera de disponer de herramientas adecuadas que permitan el financiamiento de la totalidad de la infraestructura necesaria para que, aquellos establecimientos que tienen derecho a acceder al aporte, cuenten con esos recursos y puedan ingresar a la JEC.

3.- En atención a que, de conformidad con la ley N° 18.962 (Orgánica Constitucional de Enseñanza), las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación son las encargadas de otorgar el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales, contando para ello con el personal adecuado para verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicho reconocimiento y dado que los requisitos para ingresar a la JEC son muy similares, es más razonable que éstos sean revisados, igualmente, por la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente.

4.- Se ha estimado necesario ampliar el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos, en lo relativo a la protección al derecho a la educación, introduciendo algunas modificaciones a las actuales disposiciones contempladas en la ley de subvenciones.

IV.OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Se señala en el Mensaje que el objeto fundamental del proyecto de ley es ampliar el plazo para funcionar en JEC, hasta el inicio del año escolar 2007, ya que, conforme al actual ritmo de inversión pública, es posible que en dicho plazo el Estado entregue la totalidad de los recursos necesarios para que en los establecimientos educacionales se puedan realizar las obras de infraestructura indispensables para ingresar a la JEC, sin disminuir su número de alumnos.

1.Cambio de fechas.

En concordancia con lo anterior, en primer lugar, se propone una modificación a la norma que permite a determinados establecimientos excepcionarse de ingresar al régimen de jornada completa, cambiándose las fechas que se considerarán respecto de las pruebas nacionales de medición de calidad de la educación que se rindan hasta el año 2006.

2.Obligación de ingreso.

En segundo lugar, indica el mensaje que se ha estimado como absolutamente necesario para el éxito del programa y de las políticas educacionales del gobierno que, a contar del año 2003, los nuevos establecimientos subvencionados que se creen funcionen, obligatoriamente, en el régimen de JEC.

3.Perfeccionamiento en mecanismos de inversión.

En tercer lugar, el proyecto tiene por objeto perfeccionar los mecanismos de inversión de los recursos, para beneficiar efectivamente a todos los alumnos por los que no se dispone de la infraestructura necesaria para ingresar a la JEC. Por eso, se ha estimado necesario hacer extensiva la figura que permite crear establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar, a la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes.

4.Garantía en favor del Fisco.

En cuarto lugar, y dada la experiencia acumulada en los cuatro concursos que se han desarrollado a la fecha, se ha visto la necesidad de establecer algunas mejoras que consideren todas las posibles situaciones que afectan a los inmuebles en que funcionan los establecimientos educacionales, de manera tal de perfeccionar la garantía a favor del Fisco constituida sobre ellos, para hacer procedente la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional. En el mismo orden de ideas, y considerando que la infraestructura escolar tiene una vida útil de 30 años, se rebaja a 30 años el plazo máximo por el cual deben constituirse la hipoteca y prohibición.

5.Apoyo del Ministerio de Educación.

En quinto lugar, el proyecto persigue que el Ministerio de Educación cuente con herramientas adecuadas para otorgar asistencia técnica para la preparación de los proyectos de infraestructura que postulen al aporte, de tal manera que esa asistencia técnica se entregue a quienes efectivamente la necesiten.

6.Desconcentración.

En sexto lugar, se busca hacer más eficiente el procedimiento de ingreso de los establecimientos al régimen de JEC mediante la radicación de éste en las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, en términos que sea más coherente la revisión del cumplimiento de los requisitos para otorgar el reconocimiento oficial y de aquellos necesarios para ingresar a la JEC.

7.Participación.

En séptimo lugar, se establece que la cuenta sobre gestión educativa del establecimiento, que debe rendir el director, sea por escrito y esté dirigida a toda la comunidad escolar, no sólo a los centros de padres y apoderados. Además, se deberá dejar constancia de las observaciones presentadas por esa comunidad, las que quedarán a disposición de los interesados en un registro público.

8.Ampliación de sujetos beneficiados con financiamiento.

En octavo lugar, se reconoce la necesidad de financiar la infraestructura necesaria para que los establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, puedan ingresar al régimen de JEC.

9.Subvención para adultos.

En noveno lugar, se establece una subvención de apoyo al mantenimiento para la educación de adultos que se imparta en establecimientos reconocidos oficialmente, a contar del año 2003.

10.Protección del derecho a la educación.

Finalmente, para proteger de manera más eficaz el derecho a la educación, se establecen prohibiciones, cuya transgresión implica una sanción por infracción a la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

V.CONTENIDO DEL PROYECTO.

Para el logro de los objetivos anteriores, el proyecto modifica cuatro cuerpos legales.

1.Modificaciones a la Ley Nº 19.532, que estableció el régimen de JEC.

En primer lugar, se modifica la Ley de la Jornada Escolar Completa en los siguientes aspectos:

a)Se prorroga el plazo establecido para funcionar en JEC, hasta el inicio del año escolar 2007. Además, se deroga el plazo del año 2003 para funcionar en ese régimen, para aquellos establecimientos que no soliciten el aporte suplementario por costo de capital adicional, quedando, en consecuencia, todos los establecimientos educacionales obligados a funcionar en JEC a contar de una misma fecha.

b)Se modifica, enseguida, el artículo 1° de la ley de manera tal que, para que los establecimientos educacionales puedan eximirse del régimen de JEC, se consideren las pruebas nacionales de medición de la calidad de la educación que se rindan hasta el año 2006.

c)Se introduce, también, un artículo 3° bis que dispone que, a los establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de JEC con la totalidad de sus alumnos, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos hasta el año 2006 para superar ese déficit. Los recursos deberán incorporarse en la ley de presupuestos de cada año y la forma de entregarlos se regulará por decreto supremo.

d)Se modifica, asimismo, el artículo 4° del siguiente modo:

i. Se incorpora la recuperación como intervención en infraestructura, pero limitada a los casos y por las condiciones que se señalen en el reglamento. Asimismo, se reemplaza la intervención de adecuación por normalización, permitiendo optimizar los recintos existentes.

ii. Se disminuye el plazo máximo de cincuenta años por el que debe garantizarse el funcionamiento de los establecimientos educacionales que reciben el aporte, a un máximo de treinta años.

iii. Se hace equivalente el período por el que debe otorgarse la autorización de uso, con aquel por el que debe constituirse la garantía para la entrega del aporte y el período por el que debe funcionar el establecimiento. Por otra parte, se elimina la necesidad de contar con una autorización de uso en el caso de los establecimientos municipales que funcionen en inmuebles fiscales.

iv. Se permite calcular el aporte sobre un parámetro más alto, pues se hará, también, en función de la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte el establecimiento y las dificultades topográficas del terreno.

v. Se dispone la inembargabilidad del aporte entregado respecto de terceros acreedores del sostenedor, con excepción del Ministerio de Educación.

vi. Se establece que la fecha que debe considerarse para determinar la matrícula que debe ingresar a JEC, se fije en las bases de cada concurso, de forma que sea lo más próxima a la fecha en que se efectúe la postulación de proyectos de infraestructura por parte de los sostenedores.

e)Se incorpora un nuevo artículo 4° bis, de manera de precisar que el Ministerio de Educación no entregará más recursos que el aporte adjudicado y que la disminución del costo total del proyecto adjudicado, significará la disminución del aporte a entregar en la misma proporción.

f)Se incorpora un artículo 5° bis, que regula la creación de nuevos establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente, materia que se encontraba regulada en el inciso quinto del artículo 5° de la ley N°19.532. Asimismo, se agrega la posibilidad de crear un nuevo nivel en establecimientos ya reconocidos, si es que existe el déficit antes señalado. Se establece la participación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y de Planificación en la determinación dichos déficits.

g)Se modifica el artículo 8° del siguiente modo:

i. Se sustituye la obligación de reducir a escritura pública el convenio que debe suscribirse para acceder a la entrega del aporte, por la protocolización del mismo, otorgándosele el carácter de instrumento público y de título ejecutivo respecto de las obligaciones del adjudicatario.

Con ello, se busca reducir los costos y tiempos de los trámites que deben verificarse. También se otorga al Ministerio de Educación la facultad de calificar las circunstancias para permitir al sostenedor efectuar este trámite después de los plazos fijados en las bases del respectivo concurso.

ii. Se incorpora la posibilidad de no constituir los gravámenes sobre la totalidad de los inmuebles en que funciona un establecimiento educacional, en los casos calificados que establecerá el reglamento.

iii. Se incorpora el derecho a que el sostenedor dueño del inmueble en que funciona el establecimiento a intervenir, pueda ofrecer otro inmueble para garantizar el aporte, si el inmueble en que funciona el establecimiento ya se encuentra gravado o prohibido.

iv. Se exime a los sostenedores del sector municipal (municipios y corporaciones municipales) de constituir hipoteca, cuando el inmueble en que funciona el establecimiento educacional es de dominio municipal, manteniéndose la obligación de constituir prohibición a favor del Fisco, la que se inscribirá con el solo mérito de copia autorizada del convenio protocolizado y aprobado por resolución ministerial. Asimismo, si el establecimiento funciona en un inmueble fiscal, los sostenedores de ese sector quedarán exentos, además, de constituir prohibición.

v. Se establece que los años de uso del establecimiento educacional, que deben considerarse para el descuento que deba efectuarse al valor a devolver del aporte, se contarán desde el funcionamiento efectivo del establecimiento en el régimen de JEC y no desde la fecha de recepción del aporte.

vi. Se suprime la palabra sostenedor en el tipo penal que contiene este artículo, de manera tal que el sujeto activo sea indeterminado, abarcando a todas las personas que pueden ser adjudicatarias del aporte.

vii. Se mejora la tipificación de los delitos establecidos. En primer lugar, se aclara que el sujeto activo puede ser cualquier funcionario municipal o empleado de una corporación municipal, ya que el término sostenedor municipal es inductivo a error; en segundo lugar, respecto de las conductas tipificadas, la norma se remite para ese efecto a las establecidas en el Código Penal; por último, se determinan las sanciones a aplicar.

h)Se agrega un artículo 8° bis, que establece que no hay obligación de respetar el arrendamiento inscrito pactado con el sostenedor para cumplir con la autorización de uso exigida por la ley N°19.532, por parte del adjudicatario del inmueble en subasta pública realizada en razón de la ejecución de la hipoteca constituida a favor del Ministerio de Educación para garantizar la entrega del aporte.

i)Se reemplaza el actual artículo 9° por otro que establece que, para facilitar las inversiones del aporte suplementario por costo de capital adicional, el Ministerio de Educación puede celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para otorgar asistencia técnica para ese fin.

j)Se reemplaza el actual artículo 11 por uno que establece que el informe de gestión educativa del establecimiento que deben entregar los directores, deberá ser escrito y dirigido a toda la comunidad escolar, no solo a los centros de padres y apoderados. Este informe debe rendirse al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar. Copia del informe y de las observaciones escritas y presentadas por la comunidad escolar, deberán quedar en un registro público que llevará el establecimiento.

k)Se modifica el plazo de vigencia del actual artículo 13 de la ley, en el sentido que este regirá hasta el término del año escolar 2004.

l)Se reemplazan los incisos primero y segundo del artículo 3° transitorio, estableciéndose que el proyecto de jornada escolar completa diurna deberá presentarse ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación. En concordancia con lo anterior, se establece que la apelación que se presente por rechazo de dicho proyecto deberá ser resuelta por el Subsecretario de Educación.

2.Modificaciones al decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales.

La segunda ley que se modifica, es la de subvenciones educacionales.

a)En primer lugar, se modifica el artículo 6°, del siguiente modo:

i. Se dispone que el reglamento interno de los establecimientos educacionales, deberá regir las relaciones entre dicho establecimiento, los alumnos y también los padres y apoderados, el que deberá señalar normas de convivencia, sanciones y reconocimientos que originen su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos aplicables para determinar dichas infracciones o destacado cumplimiento; y las instancias de revisión.

Los reglamentos deberán ser notificados a los padres y apoderados al momento de su matrícula o la renovación de su pago, dejándose constancia escrita de ello.

Sólo se podrán aplicar las sanciones establecidas en el reglamento interno, el que no podrá contraponerse a normas legales o reglamentarias generales.

Se señala expresamente que el embarazo, la lactancia o paternidad no pueden ser causales de exclusión o de medidas que restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado como infracción grave.

ii. Se prohibe sancionar a los alumnos por los incumplimientos económicos de los apoderados, sin perjuicio de otros derechos que pueda ejercer el establecimiento para lograr el cumplimiento de las obligaciones económicas.

iii. Se establece que se entenderán como horas de trabajo escolar, las comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales propios o elaborados por el Ministerio de Educación, así como aquellas complementarias a dicho plan que cada establecimiento defina como de asistencia obligatoria, sujetas a evaluación, pero sin incidencia en la promoción.

iv. Se dispone que, a contar del año 2003, los establecimientos que por primera vez impetren la subvención por todos sus niveles o por un nuevo nivel o modalidad de enseñanza, deberán funcionar en JEC. En todo caso, se podrá eximir al establecimiento educacional del cumplimiento de ese requisito, cuando su exigencia impida de manera insalvable el acceso a la educación de alumnos que carezcan de cobertura escolar.

b)Se modifica el artículo 37, de la siguiente manera:

i. Se crea una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de educación de adultos, respecto de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. Se precisa que siempre se pagará el cien por ciento de esta subvención, independientemente del régimen en que el establecimiento atienda a los demás alumnos.

ii. Se hace explícita la forma de pagar la subvención de mantenimiento, en el caso que el establecimiento funcione en más de una jornada escolar. Además, se establece que la subvención de apoyo al mantenimiento por alumno interno siempre se pagará completa.

3.Modificaciones a la ley N°19.715, que otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación.

Enseguida, se modifica la Ley Nº 19.715.

a)En primer lugar, se modifica el artículo 8°, de modo de hacer extensiva la infracción grave que allí se establece a los establecimientos particulares subvencionados y no sólo a los municipales, cuando los sostenedores no aplican los aumentos de subvención a las situaciones contempladas en la ley.

b)Se incorpora a los docentes que se desempeñan en establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980, a la "Red Maestros de Maestros".

4.Modificaciones al Estatuto Docente.

El último cuerpo legal que se modifica es el Estatuto Docente, a contar del 1 de marzo de 2003, agregándose un inciso tercero al artículo 80 estableciéndose que los docentes que se desempeñan en establecimientos particulares subvencionados, tendrán los mismos beneficios que aquellos que se desempeñan en el sector municipal, respecto de una hora no lectiva adicional.

5.Incremento de la subvención.

Se establece un incremento de la subvención establecida en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998, para aquellos establecimientos que se encuentran funcionando en el régimen de JEC, con el objeto de financiar la hora no lectiva adicional para los docentes con 38 o más horas semanales de contrato.

6.Vigencia subvención para adultos.

Finalmente, se dispone que la subvención de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que se crea en esta ley, se pagará a contar del año 2003.

VI.-APROBACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

VII.PRINCIPALES DISPOSICIONES E INDICACIONES ACOGIDAS:

ARTÍCULO 1°

Numeral 1, letra a)

El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar la letra a) del numeral 1), que modifica el artículo 1° de la ley 19.532, del siguiente tenor:

“ a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Los establecimientos educacionales de enseñanza diurna regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 1998, del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y los particulares que atiendan alumnos considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente, deberán funcionar, a contar del inicio del año escolar 2007, en el régimen de jornada escolar completa diurna, para los alumnos de los niveles de enseñanza de 3° hasta 8° año de educación general básica y de 1° hasta 4° año de educación media.".

La Comisión estuvo de acuerdo en acoger la indicación en lo relativo a la ampliación del plazo para ingresar al régimen de Jornada Escolar Completa Diurna desde el año 2002 al 2007 para los establecimientos educacionales tanto del sector municipal como particular considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente. Al respecto se sostuvo en la Comisión que la prioridad es centrar los esfuerzos en los establecimientos vulnerables, sin perjuicio de que, en la medida que haya más recursos, se incorporen el resto de los establecimientos y que en esta tarea tengan una actitud más proactiva, no sólo las autoridades ministeriales sino que también los alcaldes de los respectivos municipios.

Sin embargo, para clarificar el precepto, se estimó necesario precisar que la disposición debía hacer referencia a los establecimientos educacionales considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente y no a los alumnos, por cuyo motivo se acogió una indicación de los señores Accorsi, Bauer, Prieto, Rojas, Rossi, Saffirio y la señorita Saa, cuyo tenor es el siguiente:

“Eliminar del numeral 1, letra a) del artículo 1° del Mensaje, la siguiente frase: “que atiendan alumnos”.

Ambas indicaciones fueron aprobadas por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 1, letra b)

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar la siguiente letra b) al numeral 1), que modifica el artículo 1° de la ley 19.532, del siguiente tenor:

“b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

"Los demás establecimientos particulares subvencionados deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna a contar del inicio del año escolar 2010."

Esta indicación está estableciendo una ampliación de plazo hasta el inicio del año escolar 2010 para que los colegios particulares subvencionados que no sean vulnerables se incorporen al sistema de Jornada Escolar Completa Diurna.

Puesta en discusión, sin debate, fue aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 1, letra c)

El Ejecutivo propuso una indicación para agregar la siguiente letra c), que tiene por objeto sustituir en el inciso segundo del artículo 1° de la ley, que ha pasado a ser tercero, la expresión "refiere el inciso anterior" por "refieren los incisos anteriores".

Esta indicación sólo tiene por objeto adecuar la referencia indicada, en cuanto exceptúa de las disposiciones precedentemente aprobadas a los establecimientos educacionales que impartan educación básica especial diferencial y educación de adultos.

Puesta en votación, sin debate, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 1, letra d)

El Ejecutivo propone mediante esta indicación reemplazar en el inciso tercero del artículo 1° de la ley, que ha pasado a ser cuarto, la expresión "el inciso primero" por "los incisos primero y segundo" y el guarismo "2001" por "2006 ó 2009, según corresponda".

La indicación sólo tienen por objeto hacer una mera adecuación de los plazos indicados en el precepto de la ley en que incide.

Puesta en votación, sin debate, es aprobada por unanimidad

ARTÍCULO 1°

Numeral 1, letra e )

El Ejecutivo propone sustituir en el inciso cuarto del artículo 1° de la ley, que ha pasado a ser quinto, la expresión "año 2002" por "inicio del año escolar 2007 ó 2010, según corresponda".

Puesta en votación, sin debate, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 2

Esta disposición del Mensaje tiene por objeto agregar, a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo 3º bis, nuevo:

"Artículo 3º bis.- A aquellos establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna con la totalidad de sus alumnos en razón de la disponibilidad de aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos para superar dicho déficit hasta el año 2006. Con todo, el mobiliario que se adquiera y la infraestructura que se construya o adquiera con dichos recursos, serán de propiedad del Fisco, y quedarán sujetos al mismo régimen de administración de los demás bienes entregados con motivo de los convenios de administración ya suscritos.

Por decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, se regulará la forma en que se asignarán estos recursos.".

Se señaló en la Comisión que los establecimientos técnico-profesionales regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, ascienden al número de 70, de propiedad fiscal, administrados por corporaciones empresariales. Esos establecimientos, por el hecho de ser fiscales, no participan de los concursos de aporte de capital.

La posibilidad de otorgarles recursos a esos establecimientos pasa por un aporte directo del Ministerio de Educación, al objeto de que puedan estar en el régimen de Jornada Escolar Completa. Por tanto, la proposición del Ejecutivo consiste en que a dichos establecimientos se les asegure recursos para que puedan ingresar al sistema de Jornada Escolar Completa al inicio del año escolar 2007.

Esta indicación fue aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 3, letra a)

Esta disposición del Mensaje tiene por objeto sustituir el inciso primero del artículo 4º de la ley, por el siguiente:

“3) En el artículo 4°:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1°, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos.".

Esta modificación a la ley tiene por objeto ampliar el destino del aporte suplementario por costo de capital adicional que reciban los sostenedores, a otras finalidades que las señaladas en el texto primitivo de la ley.

Puesta en votación es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 3, letra b)

El Mensaje consulta en esta letra reemplazar en el inciso segundo del artículo 4° de la ley, la expresión “cincuenta” por “treinta”.

La disposición propuesta reduce de cincuenta a treinta años el plazo máximo de la garantía que deben otorgar los sostenedores que sean beneficiados con un aporte suplementario por costo de capital adicional, ya sea constituyendo hipotecas, avales o codeudores a favor del fisco, a fin de asegurar que dichos aportes sean destinados al cumplimiento efectivo de los fines para los cuales se otorguen, máxime cuando se trata de recursos que constituyen una donación del Estado que ingresa al patrimonio de los sostenedores.

Puesta en votación, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 3, letra c)

El Mensaje consulta en esta letra sustituir el inciso tercero del artículo 4° de la ley, por el siguiente:

"Para acceder a la entrega del aporte, los sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que lo habilita para destinarlo a dicho uso por un período equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8° de esta ley. En el caso de establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) que funcionen en inmuebles fiscales, no será necesaria dicha autorización."

El precepto tiene por objeto hacer coincidir el plazo de la garantía con el plazo de destinación del inmueble para el uso educacional, cuando el sostenedor no sea propietario del inmueble en que funciona el establecimiento educacional.

En la ley actual se exige que, cuando no se es dueño del inmueble donde funciona el establecimiento, el sostenedor debe entregar un instrumento publico que lo habilite a destinarlo por un plazo de 5 años al uso educacional, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Se dijo en la Comisión que la experiencia práctica de los concursos ha demostrado que lo anterior es inviable, toda vez que el dueño del inmueble no va a aceptar una hipoteca por 20 años y celebrar un contrato de arriendo por 5 años. Por tanto, lo lógico es que ese arriendo, para garantizar adecuadamente la inversión que se está haciendo en el establecimiento, sea equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8° de la ley.

Puesta en votación, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 3, letra d)

El Mensaje consulta en esta letra sustituir el inciso quinto del artículo 4° de la ley, por el siguiente:

"Dichos valores máximos serán fijados en el reglamento, de acuerdo con el número de alumnos que no puedan ser atendidos en jornada escolar completa diurna en los establecimientos en situación deficitaria, el tipo de intervención requerida, la modalidad de adquisición de inmuebles construidos, la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte, las características topográficas del terreno y la modalidad de entrega del aporte, el cual será fijado en unidades tributarias mensuales a la fecha que establezcan las bases de cada concurso."

La disposición tiene por objeto ajustar los valores máximos de los aportes de acuerdo a las distintas realidades que existen en el país. Hay lugares donde la topografía es bastante accidentada, tal como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Valparaíso, de allí que construir en esas localidades requiere ajustar los valores máximos por alumno. Los valores máximos se fijan en el reglamento, por tipo de intervención, tipo de enseñanza, etcétera.

Puesta en votación, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 3, letra e)

El Mensaje contempla incorporar a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando los actuales sexto a noveno a ser séptimo a décimo, respectivamente:

"Los recursos correspondientes al aporte suplementario por costo de capital adicional que se entreguen a los sostenedores de conformidad con esta ley, no serán embargables. Sin embargo, esta inembargabilidad no regirá respecto de los juicios seguidos por el Ministerio de Educación por incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha entrega."

Se señaló en la Comisión que la experiencia indica que a algunas corporaciones les han sido embargadas por terceros la totalidad de las cuentas corrientes, entre estas la cuenta especial donde se deposita el aporte. La disposición impediría la embargabilidad de esos recursos, salvo respecto de los juicios seguidos por el Ministerio de Educación por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la entrega del aporte. El objeto de la disposición es resguardar el destino especifico de los recursos fiscales.

Puesta en votación, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 3, letra f)

El Mensaje propone sustituir el actual inciso séptimo del artículo 4° de la ley, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Para efectos de la determinación de este aporte, se entenderá que un establecimiento educacional se encuentra en situación deficitaria, cuando la totalidad de sus alumnos matriculados entre tercer año de educación general básica y cuarto año de educación media, al mes que se señale en las bases del respectivo concurso, no pueda ser atendido bajo el régimen de jornada escolar completa diurna en razón de la disponibilidad de aulas, servicios básicos o mobiliario. El mes a que se refiere este inciso deberá, en todo caso, ser anterior a la fecha del llamado a dicho concurso.".

Los asesores del Ministerio de Educación explicaron que mediante la disposición se busca evitar algunos problemas que se dieron en los primeros concursos, esto es, que las matriculas con que postulaban los establecimientos correspondían a un año y medio atrás a la fecha de la adjudicación. Por tanto, lo que se está proponiendo es acercar el mes que se toma como referencia para convocar al concurso.

Puesta votación, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 4

El Mensaje propone agregar, a continuación del artículo 4º de la ley, el siguiente artículo 4º bis, nuevo:

"Artículo 4° bis.- El Ministerio de Educación, en ningún caso, podrá entregar más recursos que el aporte adjudicado en los concursos a que se refiere esta ley. Toda disminución del costo total del proyecto presentado por el sostenedor y considerado para su adjudicación en un determinado concurso, significará la disminución del aporte en la misma proporción en que disminuya el costo total del proyecto."

Esta disposición se refiere a los proyectos que están cofinanciados, como por ejemplo proyectos municipales con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En esos casos, cuando se licita la obra y esta obra en definitiva tiene un costo menor al aporte máximo adjudicado, se disminuirá el aporte en la misma proporción en que disminuyó el valor total del proyecto. También existe la posibilidad de que los sostenedores pueden solicitar mejoramientos adicionales tendientes a mejorar el proyecto, siempre que estos no signifiquen omisiones o errores del mismo.

Puesto en votación, es aprobado por unanimidad.

ARTICULO 1°

Numeral 5

En el Mensaje se propone derogar los incisos cuarto y quinto del artículo 5º de la ley.

La derogación del inciso cuarto obedece a que nunca ha sido solicitado en los concursos el otorgamiento del aporte para el caso de arrendamiento de inmuebles construidos y a que, además, tiene un procedimiento engorroso para su entrega y que el aporte se otorga por un máximo de 15 años y se calcula en relación con el número de alumnos y que resulta una inversión incierta en el tiempo.

Puesta en votación la derogación del inciso cuarto, es aprobada por unanimidad.

La derogación del inciso quinto obedece al hecho de que, en este mismo proyecto, con posterioridad, se crea un artículo 5° bis, nuevo, que trata de modo más sistemático el aporte suplementario por costo de capital adicional para los colegios nuevos.

Puesta en votación la derogación del inciso quinto del articulo 5° y la indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas, en igual sentido, son aprobadas por unanimidad.

ARTICULO 1°

Numeral 6

El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar el numeral 6 del artículo 1° del proyecto, por el siguiente:

"6) Agrégase, a continuación del artículo 5º, el siguiente artículo 5º bis, nuevo:

"Artículo 5 bis.- Podrán, de la misma forma, postular al aporte suplementario por costo de capital adicional, los sostenedores que proyecten crear y sostener nuevos establecimientos subvencionados bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, hasta el inicio del año escolar 2006, en comunas o localidades en que la capacidad de la infraestructura de los establecimientos educacionales existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente. Las personas adjudicatarias deberán ser las sostenedoras de los establecimientos cuya creación se financie conforme a este artículo.

Asimismo, podrán postular al aporte suplementario por costo de capital adicional los sostenedores de establecimientos subvencionados reconocidos oficialmente para incorporar un nuevo nivel completo de enseñanza (básica o media), siempre que se cumplan los requisitos y plazos señalados en el inciso anterior.

En todo caso, los establecimientos o niveles que se creen de acuerdo con este artículo, deberán funcionar con la totalidad de sus cursos desde que obtengan el reconocimiento oficial.

Los valores máximos y condiciones de financiamiento, al igual que la forma de determinar la existencia de déficit de infraestructura, en los casos señalados en los dos primeros incisos, se establecerá en el reglamento, el que deberá considerar, en todo caso, la participación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y de Planificación en la determinación de dichos déficit. En todo caso, el aporte suplementario por costo de capital adicional no podrá exceder del 50% de las intervenciones que se pueden financiar conforme a esta ley, de acuerdo a los valores máximos que fije el reglamento. A los establecimientos que se instalen de conformidad a esta norma y que funcionen en el régimen de financiamiento compartido, les serán aplicables los descuentos por ese concepto de conformidad al inciso final del artículo quinto y a la regla del artículo sexto de esta ley."

A esta indicación, se formuló, a su vez, otra de los señores Bauer, Correa, Martínez, Prieto y Rojas para sustituir en el inciso cuarto la frase “participación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Planificación en la determinación de dichos déficit” por la siguiente:

“la existencia de una resolución fundada de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Planificación sobre la determinación de dichos déficit “

De conformidad a la indicación del Ejecutivo podrán postular al aporte suplementario por costo de capital adicional, los sostenedores que proyecten crear y sostener nuevos establecimientos subvencionados bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, hasta el inicio del año escolar 2006, en comunas o lugares en los que la capacidad de la infraestructura de los establecimientos educacionales existentes sea insuficiente para atender a la población escolar. El concepto de déficit de infraestructura está referido a la población escolar vulnerable.

La indicación consulta también el caso de establecimientos que obtienen aporte de capital para déficit de cobertura y que no funcionan con toda su matricula y que incluso no abren todos los cursos. En ese sentido la indicación recoge la obligatoriedad de que si se construye con aporte de capital para superar déficit de infraestructura el establecimiento tiene que funcionar con todos sus cursos desde que obtengan el reconocimiento oficial y que en caso alguno quede infraestructura ociosa.

Igualmente se incorpora la posibilidad de que por un déficit de cobertura no sólo se pueda crear un nuevo establecimiento, sino que también, en el evento de que exista déficit de establecimientos para la enseñanza media y el colegio imparta la enseñanza básica, ese establecimiento podría postular a incorporar la enseñanza media.

Mediante la indicación se busca la participación conjunta de las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación y de Planificación y del sostenedor y no sólo de este en la determinación del déficit de infraestructura, porque esas Secretarías Ministeriales tienen una visión más clara respecto de los alumnos y de su desplazamiento y de las dificultades que existen para instalar un establecimiento en un determinado lugar, más allá de un simple estudio reducido a cifras.

Puesta en votación la indicación, es aprobada por unanimidad, dejándose constancia que en el segundo informe se podría mejorar su redacción y contenido.

La Comisión también acogió incorporar al texto de la indicación del Ejecutivo la indicación de los señores Bauer, Correa, Martínez, Prieto y Rojas, ya transcrita, por la que se busca que la determinación del déficit de infraestructura debe ser expedida mediante una resolución fundada de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y de Planificación. La importancia de la resolución fundada radica en el hecho de que mediante esta se certifique que el déficit existe o no.

Puesta en votación esta indicación, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7

El Ejecutivo propuso intercalar este numeral 7), nuevo, para reeemplazar el inciso final del artículo 7° de la ley, a continuación del numeral 6) del Mensaje, pasando los actuales 7 a 13, a ser 8 a 14 respectivamente:

"El Presidente de la República, mediante decreto fundado, podrá establecer distintas modalidades de asignación o de aumento del aporte, o establecer alguna exención en cuanto al cumplimiento de alguno de los requisitos para acceder a éste, en caso de necesidad pública o de situaciones de emergencia o fuerza mayor."

Durante la discusión se presentó una indicación de varios señores diputados que reemplaza la frase “en caso de necesidad pública o de situaciones de emergencia o fuerza mayor” por “en situaciones especiales de necesidad pública, alta vulnerabilidad, emergencia o fuerza mayor.”

La importancia de la indicación del Ejecutivo radica en el hecho de que por primera vez se pueda eximir el cumplimiento de algunos de los requisitos de los concursos, mediante decreto fundado de S.E. el Presidente de la República, en los casos que se señalan en la indicación.

La indicación parlamentaria amplía las causales que permiten obviar los requisitos señalados, con el objeto de consultar situaciones especiales de vulnerabilidad.

Puestas en votación las indicaciones del Ejecutivo y la indicación parlamentaria, fueron aprobadas por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7 que pasa a ser 8, letra a)

El Mensaje propone en la letra a), sustituir el inciso primero del artículo 8° de la ley, por el siguiente:

"Para acceder al aporte, el sostenedor que haya sido declarado adjudicatario en virtud del concurso que se indica en el artículo anterior, deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Educación, que se aprobará por resolución de esta Secretaría de Estado. En dicho convenio se establecerán los derechos y obligaciones de las partes y deberá ser protocolizado por el sostenedor, a su costa. Para todos los efectos legales, el convenio debidamente protocolizado tendrá valor de instrumento público y constituirá título ejecutivo respecto de las obligaciones del adjudicatario. La no suscripción del convenio dentro del plazo establecido en las bases, hará caducar de pleno derecho el aporte obtenido, salvo circunstancias que no le sean imputables al sostenedor y que calificará el Ministerio de Educación en única instancia."

A este precepto se le formuló una indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas para intercalar en la letra a) la frase “por resolución fundada” antes de la expresión “en única instancia”.

La modificación propuesta por el Ejecutivo elimina, por razones de costo, la reducción a escritura pública del convenio del sostenedor con el Ministerio de Educación, y en su reemplazo contempla la protocolización del convenio con cargo al sostenedor y señala que el convenio debidamente protocolizado tendrá valor de instrumento público y constituirá título ejecutivo respecto de las obligaciones del sostenedor adjudicatario.

El convenio no caducará de pleno derecho el aporte en caso que no haya sido suscrito dentro del plazo establecido en las bases por razones no imputables al sostenedor, lo que calificará el Ministerio de Educación en única instancia. La indicación parlamentaria complementó esta última idea intercalando la expresión “por resolución fundada” antes de la frasea “en única instancia”.

La letra a) del numeral 7 que pasa a ser 8 y la indicación parlamentaria mencionada, fueron aprobadas por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7 que pasa a ser 8, letra b)

El Mensaje propone en la letra b), eliminar, en el inciso segundo del artículo 8° de la ley la expresión “o arriendo”

Excluye al sostenedor arrendatario de la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 8°.

Puesta en votación esta norma del Mensaje, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7 que pasa a ser 8, letra c)

El Mensaje propone en la letra c), reemplazar el inciso quinto del artículo 8° de la ley, por el siguiente:

"Conjuntamente con la hipoteca, el convenio exigirá la constitución de una prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional. Si el establecimiento funciona en más de un inmueble, el Ministerio de Educación, en los casos calificados que establezca el reglamento y siempre que se garantice la recuperación por el Fisco del aporte entregado, podrá autorizar que la hipoteca y prohibición no se constituyan sobre todos los inmuebles. Tanto la hipoteca como la prohibición deberán inscribirse conjuntamente en el Conservador de Bienes Raíces por un plazo de treinta años, en el caso de las adquisiciones y construcciones de locales escolares, y de hasta treinta años, en el caso de ampliaciones, habilitaciones, recuperaciones y normalizaciones, dependiendo del monto del aporte."

Se señaló en la Comisión que se analizó la posibilidad de suprimir la hipoteca como garantía y sólo mantener la prohibición de enajenar, gravar y ejecutar contratos sobre los inmuebles en los que funciona el establecimiento. Pero se optó por permitir que la hipoteca y prohibición no se constituyan sobre todos los inmuebles en que funciona el colegio y por rebajar el tiempo de la hipoteca hasta treinta años en proporcionalidad al monto del aporte.

Puesta en votación, se aprobó por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7 que pasa a ser 8, letra d)

El Mensaje propone mediante esta letra, agregar a continuación del punto final (.) del inciso séptimo, que pasa a ser seguido, lo siguiente:

"El mismo derecho y en las mismas condiciones podrán ejercerlo los sostenedores dueños del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, cuando dicho inmueble se encuentre hipotecado y/o se haya constituido a su respecto prohibición de gravar y enajenar y/o de celebrar actos y contratos."

Se establece la posibilidad de que el sostenedor de un inmueble hipotecado pueda ofrecer otro inmueble en hipoteca, propio o de un tercero.

Puesta en votación es aprobada por mayoría de votos (6 por la afirmativa y 2 por la negativa).

ARTÍCULO 1°

Numeral 7 que pasa a ser 8, letra e)

El Mensaje propone intercalar a continuación del inciso séptimo del artículo 8” de la ley, el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando los actuales incisos octavo a decimoquinto a ser noveno a decimosexto, respectivamente:

"A los sostenedores del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), no les será exigible la constitución de hipoteca respecto de los inmuebles de dominio municipal; y la prohibición a que se refiere el inciso quinto de este artículo, se constituirá mediante su inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces, la que se practicará con el sólo mérito de copia autorizada del convenio en que se consigna, notarialmente protocolizado y previamente aprobado por resolución ministerial. Asimismo, los sostenedores de dicho sector, cuyos proyectos de infraestructura correspondan a establecimientos educacionales que funcionan en inmuebles de dominio del Fisco, estarán exentos de constituir prohibición, salvo que con posterioridad adquieran el bien raíz. Desde ese momento estarán obligados a constituir una prohibición o hipoteca y prohibición, según corresponda, por el plazo de funcionamiento pendiente a esa fecha."

Se exime al sector municipal de constituir hipoteca, bastando sólo la prohibición como garantía. Además, si el inmueble es del Fisco, tampoco se exigirá la prohibición.

Puesto en votación, es aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7 que pasa a ser 8, letra f)

El Ejecutivo propone en el Mensaje reemplazar el actual inciso duodécimo del artículo 8° de la ley, que ha pasado a ser decimotercero, por el siguiente:

"Al valor a devolver se le deducirá una trigésima parte de los fondos recibidos por cada año de uso del establecimiento para fines educacionales, contados desde la fecha de funcionamiento efectivo del establecimiento en jornada escolar completa diurna, o la fracción que corresponda si el plazo del gravamen es menor a treinta años".

El precepto se refiere al valor que se le devuelve al sostenedor si decide el cambio de destino del inmueble, señalando que se le deducirá una 1/30 parte de los fondos recibidos por cada año de uso del establecimiento para fines educacionales, en lugar de 1/50 que establece el texto vigente.

La modificación es consecuencia de la rebaja del plazo de cincuenta a treinta años de la garantía.

Puesta en votación, esa probada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7 que pasa a ser 8, letra g)

En el Mensaje se reemplaza el actual inciso decimotercero del artículo 8° de la ley, que ha pasado a ser decimocuarto, por el siguiente:

"El que proporcionare antecedentes falsos o adulterados con el propósito de obtener el aporte suplementario por costo de capital adicional a que se refiere esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo."

En la Comisión se aclaró que la pena propuesta en este precepto es la misma consultada en la norma primitiva de la ley. Lo que cambia es la amplitud del sujeto activo. Anteriormente se castigaba sólo al sostenedor, en cambio, mediante la disposición en comento, el sujeto puede ser cualquier persona que proporcionare antecedentes falsos o adulterados con el propósito de obtener el aporte suplementario por costo de capital adicional.

Puesta en votación, sin discusión, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7 que pasa a ser 8, letra h)

En el Mensaje se propone reemplazar el actual inciso decimocuarto del artículo 8° de la ley, que ha pasado a ser decimoquinto, por el siguiente:

"El funcionario municipal que administre los recursos del aporte suplementario por costo de capital adicional, y que incurra respecto de estos recursos en la conducta tipificada en el artículo 236 del Código Penal, será sancionado con las penas que allí se indican, aumentadas en un grado. Si en las operaciones en que interviniere ese funcionario municipal en razón de la administración de dichos recursos o en razón de su cargo, incurriere en alguna de las conductas tipificadas en el artículo 239 del Código Penal, será sancionado con las penas que allí se indican, aumentadas en un grado."

Esta norma fue objeto de dos indicaciones de los señores Bauer y Saffirio y de la señorita Saa para incorporar la expresión “o el empleado de la corporación municipal” entre “funcionario municipal” y “que administre” y entre “funcionario municipal” y “o en razón” y para incorporar la expresión “corporales” después del vocablo “penas”.

La disposición vigente establecía al sostenedor como sujeto activo del delito de malversación de caudales públicos o de fraude, contemplados en los artículos 236 y 239 del Código Penal, respectivamente. La disposición propuesta en el Mensaje, complementada con la indicación parlamentaria referida, cambia al sujeto activo del delito, toda vez que, en ocasiones, el que administra los recursos no necesariamente es el sostenedor municipal, sino que puede ser un funcionario del municipio respectivo o un empleado de una Corporación Municipal.

Este cambio se sustenta en que una resolución de la Contraloría General de la República ha dictaminado que el sostenedor municipal es la Municipalidad y no el alcalde, razón por la cual el Ministerio de Justicia llegó a la conclusión que se estaba frente a un delito inaplicable. En virtud de lo anterior, es que se ha precisado que el sujeto activo de este delito puede ser algún funcionario municipal que administre los recursos del aporte suplementario por costo de capital adicional.

Puestas en votación la letra h) y las indicaciones mencionadas, fueron aprobadas por unanimidad.

ARTICULO 1°

Numeral 8 que pasa a ser 9

En el Mensaje se introduce una modificación que consiste en agregar, a continuación del artículo 8° de la ley, el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Si el inmueble en que funciona el establecimiento educacional se encuentra dado en arrendamiento al sostenedor y es subastado en razón de una hipoteca constituida a favor del Ministerio de Educación para garantizar la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional, el subastador no estará obligado a respetar dicho arriendo aún en el caso que se hubiese otorgado por escritura pública inscrita en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, con anterioridad a la hipoteca.”

Se hizo presente que de conformidad al artículo 1962 del Código Civil estarán obligados a respetar el arriendo “2.- Los acreedores hipotecarios, si el arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública inscrita en el registro de del Conservador antes de la inscripción hipotecaria.” En virtud de la norma propuesta en el Mensaje se hace excepción a este principio, y en el evento que el bien sea subastado, el adjudicatario no estará obligado a respetar el arriendo.

Puesta en votación, es aprobada por unanimidad.

ARTICULO 1°

Numeral 9 que pasa a ser 10

En el Mensaje se propone reemplazar el artículo 9º de la ley, por el siguiente:

"Artículo 9º.- Para facilitar las inversiones del aporte suplementario por costo de capital adicional en la infraestructura requerida para incorporar a los establecimientos educacionales al régimen de jornada escolar completa diurna, el Ministerio de Educación podrá celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas, con el objeto de otorgar asistencia técnica, para los fines señalados."

La disposición fue objeto de dos indicaciones:

La primera de los señores Becker, Olivares, González y Montes para sustituir la norma propuesta en el Mensaje por la siguiente:

“Para facilitar las inversiones de aporte suplementario por costo de capital adicional en la infraestructura requerida para incorporar a los establecimiento educacionales al régimen de jornada escolar completa diurna, el Ministerio de Educación podrá celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas, con el objeto de proveer asistencia técnica para aquellos establecimientos que atienden alumnos vulnerables y/o a los sostenedores que no tengan capacidad técnica para elaborar proyectos.”

La segunda, de los señores Bauer, Correa, Martínez, Prieto y Rojas para agregar un inciso nuevo al precepto que se propone en el Mensaje, del siguiente tenor:

“El Ministerio de Educación deberá mantener un listado actualizado de las empresas que presten esta asesoría, en el cual indicará su naturaleza jurídica y la individualización de sus socios mediante su cédula nacional de identidad.”

Se explico en la Comisión que con la asistencia técnica se apoya a los sostenedores, especialmente a los sostenedores vulnerables en la generación de proyectos. Quienes realizan esas acciones son empresas y consultoras externas al Ministerio de Educación, las que asesoran a los sostenedores antes de la presentación a los distintos concursos.

Lo que hace el Ministerio de Educación es poner recursos a disposición de los sostenedores, al objeto de contratar empresas asesoras. En otros términos, son los sostenedores los que contratan a las empresas o consultoras y no el Ministerio.

Se agregó que en esta materia se aborda un problema de vulnerabilidad económica y también un problema de vulnerabilidad o imposibilidad técnica de los sostenedores, pero además un problema de vulnerabilidad de los alumnos que pudiera tener el establecimiento, por lo cual es acogida la indicación parlamentaria que amplia la figura a los sostenedores con alumnos vulnerables.

La segunda indicación aprobada se explica por si misma.

La Comisión en mérito del debate producido prestó su aprobación a las dos indicaciones parlamentarias, que reemplazan la proposición del Mensaje del Ejecutivo, por mayoría de votos (9 por la afirmativa y 1 abstención).

ARTICULO 1°

Numeral 10 que pasa a ser 11

El Mensaje propone reemplazar el artículo 11 de la ley, por el siguiente:

"Artículo 11.- Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar, los directores de los establecimientos educacionales subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar.

Copia del informe y de las observaciones que hayan presentado por escrito los miembros de la comunidad escolar, quedarán a disposición de los interesados en un registro público que llevará el establecimiento.

En la misma oportunidad, los directores deberán dar cuenta por escrito del uso dado a la subvención de mantenimiento recibida el mes de enero del año por el cual se rinde cuenta. Copia de este informe deberá remitirse al Ministerio de Educación.

Las infracciones a este artículo serán sancionadas de conformidad con la letra a), del artículo 45, del decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998."

A este precepto se propuso, por indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas intercalar un inciso nuevo del siguiente tenor:

“En la misma oportunidad los establecimientos deberán entregar los resultados obtenidos en las pruebas nacionales de medición de la calidad de la educación, con las siguientes informaciones:

1)1. Un listado con los resultados de cada establecimiento de la misma comuna, ordenados de mejor a peor, con indicación de su calidad de municipal, subvencionado o particular;

2. Los listados equivalentes, correspondientes a las comunas limítrofes a aquella en que se encuentra el establecimiento y;

2)El detalle de los resultados generales y por objetivos correspondientes al establecimiento.”

Se destacó en la Comisión que sería de alta conveniencia que los directores de los establecimientos educacionales entreguen la información a la que hace referencia la indicación precedente.

Con relación al numeral propuesto por el Ejecutivo se hizo presente la importancia de que los directores presenten una cuenta más acotada de la gestión educativa, tanto en su contenido como en el ámbito ante quienes debe hacerse llegar esa cuenta, pues la disposición primitiva de la ley la hacia obligatoria para ante los centros de padres y apoderados y, en el precepto que se propone se establece que debe presentarse ante la comunidad escolar al termino del segundo semestre y debe comprender, además, cuenta del uso dado a la subvención de mantenimiento y remitirse copia de todo esto al Ministerio de Educación.

Puestas en votación la disposición del Ejecutivo, es aprobada por 5 votos a favor, dos en contra y una abstención y la indicación parlamentaria mencionada, fue aprobada por unanimidad, dejándose constancia que su redacción definitiva sería revisada en el segundo informe.

ARTICULO 1°

Numeral 11 que pasa a ser 12

El Mensaje propone reemplazar en el inciso primero del artículo 13 de la ley, la expresión "dentro del plazo de un año, a contar de la publicación de esta ley," por la siguiente: "hasta el término del año escolar 2004,"

Se presento una indicación suscrita por varios señores diputados de la Comisión para intercalar después de la expresión “ampliaciones” la siguiente frase “existentes al 31 de diciembre de 2001 que”.

Se explicó en la Comisión que es necesario fijar una fecha definitiva para regularizar la situación de los colegios cuyas construcciones o ampliaciones hayan sido construidas con o sin permiso de edificación y que no cuenten con recepción final. El plazo definitivo para tal efecto sería el año 2004.

No obstante, en la discusión de esta indicación, se hizo presente que debía restringirse esta posibilidad de regular construcciones o ampliaciones, para evitar que se siga construyendo de modo irregular, fijando una fecha precisa, por cuyo motivo se propuso la indicación que sólo permite acoger a la regularización establecida en el artículo 13 de la ley a las construcciones o ampliaciones existentes al 31 de diciembre de 2001.

Puestas en votación la disposición propuesta por el Ejecutivo y la indicación, ambas fueron aprobadas por unanimidad.

ARTICULO 1°

Numeral 12 que pasa a ser 13

El Mensaje propone que se reemplacen los incisos primero y segundo del artículo 3° transitorio de la ley 19.532, por los siguientes:

“Los proyectos deberán presentarse ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación, donde se certificará la fecha de recepción.

Si dicha presentación no se resolviera dentro de los 90 días posteriores a su entrega, el proyecto se tendrá por aprobado y, si hubiese sido rechazado, el sostenedor podrá apelar al Subsecretario de Educación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del rechazo. La apelación deberá presentarse en la Secretaría Regional Ministerial de Educación que corresponda. El Subsecretario de Educación resolverá en única instancia en un plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la recepción del recurso en la Subsecretaría."

Se explicó en la Comisión que esta norma tiene por objeto establecer una ventanilla única de postulación de todos los antecedentes de los proyectos de jornada escolar completa, tanto del proyecto educativo como el de infraestructura, razón por la cual los proyectos deberán presentarse únicamente ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación y no separadamente ante el Departamento Provincial de Educación y la Secretaría Ministerial Regional de Educación.

Puesto en votación el numeral 12 que pasa a ser 13 del artículo 1° del Mensaje, es aprobado por unanimidad.

ARTICULO 1°

Numeral 13 que pasa a ser 14

El Mensaje propone derogar el artículo 6º transitorio de la ley 19.532 que permite incorporarse al régimen de Jornada Escolar Completa Diurna hasta el año 2003, con el objeto de hacer concordante el articulado con las nuevas fechas acordadas en este proyecto.

Puesto en votación el numeral 12 que pasa a ser 13 del artículo 1° del Mensaje, es aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2°

Numeral 1, letra a)

La norma que el Ejecutivo propone en el Mensaje tiene por objeto reemplazar el literal d) del artículo 6° del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio de Educación, de 1998, por el siguiente:

"d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados al momento de la matrícula o de la renovación anual de su pago, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Las disposiciones del reglamento interno que se contrapongan con normas legales o reglamentarias, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matricula o suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven, exclusivamente, de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causal para la aplicación de medidas que excluyan, restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave."

Al precepto propuesto por el Ejecutivo se le formuló indicación del los señores Montes y Olivares para agregar al literal precedentemente transcrito, antes de su inciso final, los siguientes incisos nuevos:

"Cuando un establecimiento desarrolle procesos de selección, éstos deberán ser objetivos y trasparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familiares.

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar:

a) Número de vacantes ofrecidas y nivel;

b) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados;

c) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.;

d) Tipos de prueba a las que serán sometidos los postulantes;

e) Criterios de selección y sistema de composición del puntaje de los postulantes, y

f) Monto y condiciones del cobro por participar en el proceso.

Una vez hecha la selección, el establecimiento publicará en un lugar visible la lista de los seleccionados con su puntaje en orden alfabético. A los no seleccionados o a sus familiares, cuando lo soliciten, deberá entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas firmado por el encargado del proceso de selección del establecimiento.

Los criterios de selección usados por el establecimiento deberán ser respetuosos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.”

En lo relativo a los reglamentos internos de los establecimientos educacionales se produjo un extenso y detenido debate en que se señalaron innumerables situaciones de discriminación producidas en los colegios, sustentadas en reglamentaciones internas que no se condicen con normas legales ni reglamentarias. En razón de lo anterior es que el Ejecutivo propone legislar con más desarrollo que la norma establecida en la norma legal primitiva el tema de los reglamentos internos que va a regir las relaciones del establecimiento con los alumnos y los padres y apoderados, fijando normas de convivencia, sanciones y procedimientos y determinando que las disposiciones del reglamento y las medidas disciplinarias que apliquen no podrán contraponerse a las normas legales o reglamentarias, y que de hacerlo, se tendrán por no escritas.

En cuanto a la indicación parlamentaria, esta tiene por objeto establecer normas claras en cuanto el proceso de selección de los alumnos, tales como: número de vacantes, plazo de postulación, fecha de la publicación de los resultados de los exámenes de selección, requisitos exigidos, pruebas a las que serán sometidos los estudiantes postulantes, etcétera.

Puestas en votación la modificación propuesta por el Ejecutivo y la indicación parlamentaria, fueron aprobadas por unanimidad.

ARTÍCULO 2°

Numeral 1, letra b), nueva

Los señores Montes y Olivares presentaron una indicación para agregar una letra b), nueva, al artículo 2, numeral 1) del Mensaje, que diga:

“Agregase el siguiente literal d) bis al artículo 6° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, de Educación:

"d) bis. Que cuenten en un lugar visible de la oficina de atención de público con un cartel que enuncie los principales puntos de la Ley 18.962 y del decreto con fuerza de ley N° 2 de Subvenciones en lo que respecta a sistema de admisión, reglamentos y normas disciplinarias. “

Se señaló en a Comisión que esta norma tiene por objeto que las disposiciones relativas al proceso de selección de alumnos tengan la publicidad necesaria.

Puesta en votación es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 2°

Numeral 1, letra b) que ha pasado a ser c)

El Ejecutivo propone agregar el siguiente inciso final del literal e) del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, de Educación, del siguiente tenor:

"El no pago de compromisos económicos contraídos por el alumno o el padre o apoderado con motivo del contrato de matrícula u otros con el establecimiento, no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni la retención de documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del establecimiento."

Esta disposición fue objeto de una indicación de varios señores diputados para eliminar las palabras “el alumno o”.

La proposición del Mensaje, con la indicación señalada, precisan que no podrá servir de fundamento para sancionar a un alumno, ni para retenerle documentación académica el no pago de compromisos económicos contraídos por el padre o apoderado con motivo del contrato de matrícula.

Puestos en votación, fueron aprobados por unanimidad.

ARTÍCULO 2°

Numeral 1, letra c) que ha pasado a ser d)

El Mensaje propone reemplazar el inciso segundo de la letra g) del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, de Educación, por el siguiente:

"Para todos los efectos, se entenderán como horas de trabajo escolar tanto aquellas comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales, propios o elaborados por el Ministerio de Educación, como aquéllas que, de manera complementaria a dicho plan y de acuerdo con su proyecto educativo, defina cada establecimiento como de asistencia obligatoria y sujetas a evaluación sin incidencia en la promoción. Dichas horas serán de 45 minutos, tanto para la enseñanza básica como media."

En atención a que el texto de esta norma se explica por si mismo, la Comisión acordó aprobarla por unanimidad, sin debate.

ARTÍCULO 2°

Numeral 1, letra d) que ha pasado a ser e)

El Mensaje propone agregar los siguientes incisos penúltimo y último, nuevos al artículo 6° del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, de Educación, del siguiente tenor:

"Los establecimientos educacionales que a contar del año 2003 impetren por primera vez la subvención educacional, por todos sus niveles o por un nuevo nivel o modalidad de enseñanza, para tener derecho a ella, deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna por los alumnos correspondientes a los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media. En todo caso, los alumnos atendidos en jornada escolar completa diurna no podrán ser atendidos con posterioridad en un régimen distinto.

Excepcionalmente, por resolución fundada del respectivo Secretario Regional Ministerial de Educación, se podrá eximir a un establecimiento educacional del cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente, cuando por aplicación de dichas normas se impida de manera insalvable el acceso a la educación de alumnos que carezcan de cobertura escolar."

Se explicó que esta norma tiene por objeto impedir que se creen colegios con un régimen distinto del de Jornada Escolar Completa Diurna mientas rijan los plazos del 2007 y el 2010. No obstante, en casos excepcionales, de conformidad al inciso segundo de la disposición en comento, por resolución fundada del respectivo Secretario Regional Ministerial de Educación, se podrá eximir a un establecimiento, cuando por aplicación de dichas normas se impida de manera insalvable el acceso a la educación de alumnos que carezcan de cobertura escolar.

Puesta en votación, es aprobada por mayoría de votos (6 por la afirmativa y 1 negativo).

ARTÍCULO 2

Numeral 2, nuevo

El Ejecutivo presentó una indicación al artículo 2° del Mensaje, para intercalar, a continuación del numeral 1) los numerales 2) y 3), nuevos. El numeral 2 es del tenor siguiente::

"2) Sustitúyese el inciso séptimo, del artículo 24, por el siguiente:

"Las exenciones que se concedan mediante este sistema, deberán mantenerse mientras las circunstancias socioeconómicas del grupo familiar lo ameriten. Los padres beneficiarios deberán informar, en el más breve plazo, los cambios experimentados en su situación socioeconómica al sostenedor, el que deberá reasignar las exenciones en caso de existir nuevos recursos disponibles. En todo caso, el sostenedor deberá reevaluar los beneficios otorgados al inicio del segundo semestre del año escolar respectivo."

Los señores Montes y Olivares presentaron una indicación de idéntico tenor a la transcrita precedentemente

La señora Ministra de Educación explicó que la indicación busca dar mayor flexibilidad al sistema de becas, permitiendo reasignar fondos durante el año escolar, para el caso de que un estudiante que ha recibido la beca cuya familia mejore la situación socioeconómica durante el año, el beneficio pueda ser reasignado por el sostenedor a otro estudiante, previa evaluación efectuada a mediados del año.

Puesta en votación es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 2

Numeral 3, nuevo

Esta norma se originó en una indicación de los señores Errázuriz y Martínez para consultar el siguiente numeral 3), nuevo, para agregar el siguiente inciso final al artículo 24 del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, de Educación, del siguiente tenor:

“Las Direcciones Provinciales de Educación deberán informar, dentro del mes de septiembre de cada año, a las respectivas secretarías regionales ministeriales los establecimientos educacionales que no han dado a conocer a los padres y apoderados el sistema de exención de los cobros mensuales dentro del mes de agosto anterior. Atendidas las circunstancias, la Subsecretaría de Educación podrá retener la subvención hasta que el establecimiento cumpla con la obligación indicada.“

La Comisión estuvo de acuerdo en aprobar por mayoría de votos la norma propuesta en este trámite reglamentario, con la intención de pulir su redacción en el segundo informe por estimarse que es muy drástica la sanción de retener la subvención a los establecimientos que no informen el sistema de exención de los cobros mensuales a los padres y apoderados en la fecha indicada.

ARTÍCULO 2

Numeral 4

El Ejecutivo, tal como se señaló más arriba, presentó una indicación al artículo 2° del Mensaje, para intercalar, a continuación del numeral 1) los numerales 2) y 3), nuevos. El numeral 3, que ha pasado a ser 4, es del tenor siguiente

“4) Intercálase en el inciso quinto del artículo 26, después del punto seguido (.) que separa las dos oraciones que lo conforman, lo siguiente:

"Dicho informe deberá señalar, además, el número de alumnos beneficiados con el sistema de exenciones establecido en el artículo 24 y el monto total de recursos que se destinó a dicho fin."

También los señores Montes y Olivares presentaron una indicación de idéntico tenor.

Esta indicación tiene por objeto dar mayor trasparencia a la información que debe entregar el sostenedor a la comunidad escolar respecto del número de alumnos beneficiados con el sistema de exenciones.

Puesta en votación, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 2°

Numeral 2, que pasa a ser 5), letra a)

El Ejecutivo propone incorporar a continuación del inciso primero del artículo 37 del decreto con fuerza de ley N°2, 1998, de Educación, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

"Se pagará una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que será de 0,1362 unidades de subvención educacional (U.S.E.) para la Educación General Básica; 0,3103 U.S.E. para la Educación Media hasta 25 horas semanales presenciales de clases; y 0,3999 U.S.E. para la Educación Media con más de 25 horas semanales presenciales de clases. Esta subvención sólo se pagará cuando este tipo de educación se preste en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. En este caso, siempre se pagará el 100% de la subvención que corresponda, independientemente de la que se deba pagar por los alumnos que cursen los otros tipos de enseñanza que pueda impartir el establecimiento y no le será aplicable lo dispuesto en el inciso octavo de este artículo."

Esta norma crea una subvención de mantenimiento que se refiere al desgaste de las instalaciones a favor de los establecimientos que tienen una tercera jornada destinada a la educación de adultos, que sólo existía para el mantenimiento de los establecimientos con jornada diurna.

Puesta en votación, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 2°

Numeral 2 que pasa a ser 5, letra b)

El Mensaje propone reemplazar en el actual inciso tercero del artículo 37 del artículo 37 del decreto con fuerza de ley N°2, 1998, de Educación, que ha pasado a ser cuarto, la expresión "al inciso primero" por "a los incisos primero y segundo".

ARTÍCULO 2°

Numeral 2 que pasa a ser 5, letra c)

El Mensaje propone reemplazar en el actual inciso cuarto del artículo 37 del artículo 37 del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, de Educación, que ha pasado a ser quinto, la expresión "inciso segundo" por "inciso tercero".

Las dos normas precedentes son adecuaciones de lo aprobado anteriormente que introducen modificaciones al artículo 37 del decreto con fuerza de ley N° 2, de1998, de Educación.

Puestas en votación, fueron aprobadas por unanimidad.

ARTÍCULO 2°

Numeral 2 que ha pasado a ser 5, letra d)

El Mensaje propone reemplazar el actual inciso séptimo del artículo 37 del decreto con fuerza de ley N°2, de 1998, de Educación que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Aquellos establecimientos que atiendan alumnos en doble jornada percibirán, respecto de estos alumnos, sólo el 50% de la subvención a que se refiere este artículo. Asimismo, si en un mismo local escolar funciona en jornada diurna más de un establecimiento del mismo o diferentes sostenedores, cada uno de ellos percibirá este porcentaje. La subvención de mantenimiento por alumno interno se pagará siempre completa."

La disposición resuelve un problema de interpretación de la ley vigente en cuanto a que bastaba que el establecimiento tuviera sólo un curso en doble jornada, aunque todo el resto estuviera en Jornada Escolar Completa, para que se pagara el 50% . Ahora el pago se hará de manera proporporcional y por tanto el control y el registro se hará por curso, entendiendo que es posible por ley entrar al régimen de Jornada Escolar Completa de manera escalonada en proporción a los cursos que se vayan incorporando al régimen de Jornada Escolar Completa.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 2°

Numerales 6 y 7, nuevos

Por indicación de la señorita Saa se propone agregar los siguientes numerales 6) y 7), nuevos al artículo 2° del Mensaje.

"6) Intercálase, a continuación del inciso primero del articulo 43, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero:

"Se considerarán infracciones menos graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 24, inciso tercero y siguientes;

b) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 26, inciso quinto; y

c) La retención de documentos necesarios para que el alumno pueda matricularse en otro establecimiento, sin perjuicio de las acciones legales que el establecimiento pueda desarrollar para asegurar el cobro de lo adeudado por padres y apoderados."

Los señores Montes y Olivares presentaron una indicación de idéntico tenor.

Estas indicaciones propugnan sanciones intermedias para una serie de situaciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 24 ( referidas al sistema de exención total o parcial del pago mensual) y 26 (sobre el informe anual a la comunidad, sobre la forma en que se utilizaron los recursos que ingresaron por vía del financiamiento compartido, el avance del proyecto educativo y la contribución al mejoramiento de la calidad de la educación por parte del establecimiento).

Puesta en votación la letra a), fue aprobada por unanimidad, las letras b) y c), fueron aprobadas por mayoría de votos.

La segunda indicación anunciada precedentemente, de la señorita Saa tiene por objeto agregar un numeral 7, nuevo, para sustituir la primera parte del inciso segundo del artículo 45 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación, hasta el punto seguido (.) por la siguiente frase:

"En caso de infracciones que tienen el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones contempladas en las letras a) y b). Las de las letras c) a e) además podrán ser aplicadas en caso de infracciones graves."

Los señores Montes y Olivares presentaron una indicación de idéntico tenor.

La indicación tiene por finalidad establecer que en caso de infracciones que tienen el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones de multa y suspensión de pago de subvención, consignadas en las letras a) y b) del artículo 45. En cambio, en el caso de infracciones graves correspondería aplicar las sanciones contempladas en las letras c) a e ). Del mismo artículo, esto es, privación total o parcial, temporal o definitiva de la subvención, revocación del reconocimiento oficial e inhabilidad temporal o perpetua de los sostenedores.

Puestas en votaciones las indicaciones referidas, fueron aprobadas por unanimidad.

ARTÍCULO 3°

Numeral 1

El Mensaje propone reemplazar en el inciso tercero del artículo 8º de la ley 19.715, sobre mejoramiento especial para los profesionales de la educación la expresión "el inciso anterior" por "los incisos anteriores".

El precepto propuesto tiene por objeto precisar que será considerada infracción grave, cualquiera de las obligaciones impuestas a los sostenedores en los incisos primero y segundo del artículo 8° sobre la destinación de los recursos que reciban los sostenedores por concepto del aumento de la subvención.

Puesta en votación, sin discusión, es aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 3°

Numeral 2

El Mensaje propone agregar al número tres del inciso segundo del artículo 16 de la ley 19.715, a continuación del punto final (.), que se reemplaza por una coma (,) la siguiente oración: "o desempeñarse en iguales condiciones en los establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980."

Mediante esta modificación se incorpora a los docentes de los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que otorga un mejoramiento especial para los profesionales de la educación, al denominado Programa de Apoyo a la Docencia, con el fin fortalecer la profesión docente.

Puesto en votación, es aprobado por mayoría de votos.

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El Mensaje proponía un artículo 4° y un artículo 5° en este proyecto de ley, los que por propia indicación del Ejecutivo se acordó suprimir.

La indicación para suprimir fue aprobada por unanimidad.

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ARTICULO 6° que ha pasado a ser 4°

El Mensaje proponía un artículo 6° que ha pasado a ser 4°, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 4º.- La subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos que se crea por el literal a), del número 5, del artículo segundo de esta ley, se pagará a contar del año 2003.”

El sentido de la proposición del Mensaje esta claro en su propio texto. No obstante es necesario precisar que la referencia fue corregida de acuerdo con el artículo 15 del reglamento de la H. Cámara de Diputados.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORO

El Ejecutivo presentó indicación para intercalar, antes del artículo transitorio del mensaje, el siguiente artículo primero transitorio, nuevo, pasando aquél a ser "artículo segundo transitorio", del siguiente tenor:

"Artículo primero transitorio.- Los sostenedores que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, hayan garantizado la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional con la constitución de hipoteca y/o prohibición de conformidad con la ley N° 19.532, podrán solicitar y el Ministerio de Educación aceptar, la modificación de las mismas para el sólo efecto que se adecuen al nuevo plazo que corresponda de acuerdo con lo previsto en esta ley."

Esta indicación guarda relación con la rebaja de la hipoteca de cincuenta a treinta años. La modificación hace posible que la rebaja del plazo tenga efecto retroactivo. para lo cual los sostenedores podrán solicitar y el Ministerio de Educación aceptar la modificación para el sólo efecto de que la garantía se adecue al nuevo plazo.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

Finalmente en el Mensaje se establece el financiamiento del mayor gasto fiscal para el año 2002, mediante la siguiente disposición:

“El mayor gasto fiscal que represente en el año 2002 la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33-104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público y al presupuesto del Ministerio de Educación."

Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

VIII.DISPOSICIONES E INDICACIONES RECHAZADAS.

Cabe señalar que algunas de las indicaciones rechazadas lo fueron, porque se estimó que en el segundo informe deberían ser objeto de un mejor estudio y análisis.

ARTÍCULO 1°

Numeral 1

1.-Disposición del Mensaje, al artículo 1°, numeral 1), letra a), del siguiente tenor:

a) Sustitúyese, en el inciso primero, el guarismo "2002" por "2007”

2.-Disposición del Mensaje al artículo 1°, numeral 1), letra b), del siguiente tenor:

b) Sustitúyese, en el inciso tercero, el guarismo "2001" por "2006".

3.- Disposición del Mensaje al artículo 1°, numeral 1), letra c), del siguiente tenor:

c) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión "año 2002" por "inicio del año escolar 2007".

4.-Indicación al artículo 1°, numeral 1), de los diputados señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas, para insertar una letra d), nueva, del siguiente tenor:

“d) Sustitúyanse los incisos tercero, cuarto y quinto (sólo 4) por los siguientes):

“Asimismo, quedarán exceptuados de la obligación a que se refiere el inciso primero, los establecimientos educacionales de educación básica y media que tengan un logro promedio superior al 60%, cualquiera sea el sistema de evaluación que se emplee. Para estos efectos será necesario que dicho resultado se obtenga durante dos mediciones consecutivas. En caso contrario, quedarán igualmente excepcionados de la obligación a la que se refiere el inciso primero, durante un año más, a contar del cual deberán volver al nivel superior del referido 60%, pues de no ser así, deberán incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna, en un plazo no superior a tres años, contado desde aquel en el cual el Ministerio de Educación, verifique y comunique los resultados de una tercera medición consecutiva en la que no hubieren obtenido el referido logro en materia de calidad educacional.

No obstante lo anterior los establecimientos que no se encuentren comprendidos dentro de la hipótesis a la que se refiere el inciso anterior, podrán solicitar quedar exceptuados de la obligación a la que se refiere el inciso primero, cuando dicha solicitud cuente con el apoyo de la mayoría de los padres del establecimiento en cuestión.”

ARTÍCULO 1°

Numeral nuevo.

5.-Indicación del diputado señor González para agregar un numeral 2),nuevo, del siguiente tenor:“

“Agrégase en el artículo 2°, N°1, letra B) de la ley 19.532, la siguiente letra d):

“d) Asegurar, dentro de las actividades curriculares no lectivas, un mínimo de 2 horas mensuales para la realización de un Consejo de establecimiento cuya única finalidad será la de actualizar, evaluar y perfeccionar en forma continua el proyecto educativo y optimizar el clima organizacional del establecimiento. Será una especial obligación del Director preparar y animar en forma innovadora y participativa esta actividad, para lo cual podrá solicitar la asesoría de las Secretarías regionales Ministeriales de educación. De igual modo el Director deberá asegurar la realización mensual de al menos un Consejo de Profesores, todo lo cual deberá ser normado por el reglamento.”

ARTÍCULO 1°

Numeral 2.

6.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas para suprimir el numeral 2) del artículo 1°.

ARTÍCULO 1°

Numeral 3.

7.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 3 del artículo 1° para sustituir la letra b), que pasa a ser c) por la siguiente:

“c) Reemplázase en el inciso segundo la expresión “cincuenta” por “veinte”.

8.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas, para consultar una letra d) en el artículo 1°, numeral 3), del siguiente tenor:

“d) Sustitúyese en el inciso tercero del artículo 4° de la ley 19.532 el guarismo “cinco” por “diez”.

9.-Indicación de los señores Espinoza, Montes y Saffirio al número 3 del artículo 1° para intercalar en la letra d) después de la palabra “terreno”, la frase “ la vulnerabilidad socio-económica y educativa de los alumnos...”

10.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al número 3 del artículo 1° para suprimir la letra e).

ARTÍCULO 1°

Numeral 6.

11.-Disposición del Mensaje al artículo 1°, numeral 6, del siguiente tenor:

“6) Agrégase, a continuación del artículo 5º, el siguiente artículo 5º bis, nuevo:

"Artículo 5 bis.- Podrán, de la misma forma, postular al aporte suplementario por costo de capital adicional, los sostenedores que proyecten crear y sostener nuevos establecimientos subvencionados bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, hasta el inicio del año escolar 2006, en comunas o localidades en que la capacidad de la infraestructura de los establecimientos educacionales existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente. Las personas adjudicatarias deberán ser las sostenedoras de los establecimientos cuya creación se financie conforme a este artículo.

Asimismo, podrán postular al aporte suplementario por costo de capital adicional los sostenedores de establecimientos reconocidos oficialmente para incorporar un nuevo nivel completo de enseñanza (básica o media), siempre que se cumplan los requisitos y plazos señalados en el inciso anterior.

Los valores máximos y condiciones de financiamiento, al igual que la forma de determinar la existencia de déficit de infraestructura, en los casos señalados en los dos incisos anteriores, se establecerá en el reglamento, el que deberá considerar, en todo caso, la participación de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y de Planificación en la determinación de dichos déficit. En todo caso, el aporte suplementario por costo de capital adicional no podrá exceder del 50% de las intervenciones que se pueden financiar conforme a esta ley, de acuerdo a los valores máximos que fije el reglamento. A los establecimientos que se instalen de conformidad a esta norma y que funcionen en el régimen de financiamiento compartido, les serán aplicables los descuentos por ese concepto de conformidad al inciso final del artículo quinto y a la regla del artículo sexto de esta ley.".

12.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Martínez, Prieto y Rojas para agregar en el numeral 6, lo siguiente:

“Agrégase un inciso final del siguiente tenor:

El procedimiento a que se refiere este artículo quedará sometidos a la normativa que regula los contratos de Obras Públicas”.

ARTÍCULO 1°

Numeral 7.

13.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 7) del artículo 1° del Mensaje, para suprimir la letra b).

14.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 7 del artículo 1° del Mensaje, para eliminar la letra c).

15.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Martínez, Prieto y Rojas al numeral 7) del artículo 1° del Mensaje, para reemplazar la letra c) por lo siguiente:

“c) Reemplázanse los incisos cuarto y quinto por el siguiente:

“En el convenio se deberá estipular la obligación del adjudicatario de no destinar el inmueble a un fin diverso al educacional durante un plazo de 20 años, como requisito previo para acceder a la entrega de aportes, a fin de asegurar que éstos sean destinados al cumplimiento efectivo de los objetivos para los cuales se otorguen. La prohibición deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces”.

16.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Martínez, Prieto y Rojas para consultar en el numeral 7) del artículo 1°, una letra nueva que diga:

“ ) Sustitúyense los incisos cuarto y quinto por los siguientes:

“En el convenio se estipulará la obligación del sostenedor de constituir hipotecas, avales o codeudores a favor del Fisco, o la prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el inmueble en el cual funciona el establecimiento educacional, como requisito previo para acceder a la entrega de aportes, a fin de asegurar que éstos sean destinados al cumplimiento efectivo de los objetivos para los cuales se otorguen. Si el establecimiento funciona en más de un inmueble, el Ministerio de Educación, en los casos calificados que establezca el reglamento y siempre que se garantice la recuperación por el Fisco del aporte entregado, podrá autorizar que la hipoteca o prohibición, según corresponda, no se constituyan sobre todos los inmuebles. La caución que deba constituir el sostenedor beneficiario del aporte será calificada por el Ministerio de Educación.

La hipoteca, o la prohibición, según corresponda, deberán inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces, por un plazo de 20 años.”

17.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 7) del artículo 1° del Mensaje, para sustituir la letra d) por la siguiente:

“d) Reemplázase el inciso séptimo por los siguientes, pasando el actual inciso octavo a ser noveno y así sucesivamente:

“El Ministerio de Educación, por resolución fundada, podrá autorizar el alzamiento de la prohibición de que trata este artículo, siempre que se mantenga la autorización del inmueble para fines educacionales durante el tiempo señalado. Igualmente, el Ministerio podrá exigir que se restablezca la prohibición por el tiempo que corresponda.

El mismo derecho y en las mismas condiciones podrán ejercerlo los sostenedores dueños del inmueble en que funciona el establecimiento, en cuyo caso, deberán restituir la proporción correspondiente al aporte de capital, que hayan efectivamente utilizado, expresados en unidades tributarias mensuales, más el interés bancario promedio existente entre la fecha de la entrega y la del referido reintegro.”.

18.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 7) del artículo 1° del Mensaje, para sustituir en la letra d) las conjunciones “y/o” por “o” las dos veces que aparece.

19.-Indicación del señor Errázuriz al numeral 7) del artículo 1° del Mensaje para eliminar en la letra e) la expresión “A los sostenedores del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), no les será exigible la constitución de hipoteca respecto de los inmuebles de dominio municipal; y””

20.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 7) del artículo 1° del Mensaje, para agregar una letra nueva que diga:

“ ) Suprímese el inciso octavo.”

21.Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 7) del artículo 1° del mensaje, para agregar una letra nueva que diga:

“ ) Elimínase el inciso undécimo.

ARTÍCULO 1°

Numeral 9.

22.-Disposición del Mensaje, al artículo 1°, numeral 9), del siguiente tenor: “9) Reemplázase el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- Para facilitar las inversiones del aporte suplementario por costo de capital adicional en la infraestructura requerida para incorporar a los establecimientos educacionales al régimen de jornada escolar completa diurna, el Ministerio de Educación podrá celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas, con el objeto de otorgar asistencia técnica, para los fines señalados.".

23.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Martínez, Prieto y Rojas al numeral 9) del artículo 1° para insertar un inciso nuevo al precepto que se propone en el mensaje, del siguiente tenor:

“El Ministerio de Educación deberá mantener un listado actualizado de las empresas que presten esta asesoría, en el cual indicará su naturaleza jurídica y la individualización de sus socios mediante su cédula nacional de identidad.”

ARTÍCULO 1°

Numeral 10

24.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 10) que pasaría a ser 11) del artículo 1° del mensaje, para eliminarlo.

25.-Indicación del diputado señor Errázuriz al numeral 10) que pasaría a ser 11) del artículo 1° del mensaje, para agregar a continuación del punto que sigue a la expresión “... un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar”, lo siguiente:

“Esta misma obligación regirá respecto de los directores de establecimientos educacionales del sector municipal”.

26.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al numeral 10) que pasaría a ser 11) del artículo 1° del mensaje, para eliminar el inciso tercero que se propone.

27.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Martínez, Prieto y Rojas para agregar un numeral 12) al artículo 1° del mensaje que diga:

“12) Agrégase una artículo 20 nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 20.- Los establecimientos educacionales regidos por la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, podrán celebrar entre sí, con municipalidades, con otras personas jurídicas de derecho público o privado, o con personas naturales, convenios que tengan por objeto la utilización de infraestructura complementaria a la función docente de aula, tales como gimnasios, casinos, bibliotecas, laboratorios, estadios, teatros, instrumentos musicales, videos, grabadoras u otros recintos o elementos similares.

Los convenios a que se refiere este artículo, podrá ser gratuitos u onerosos, se perfeccionarán por el sólo consentimiento de las partes, pero deberán constar por escrito para los efectos de su prueba y de su fiscalización, cuando corresponda.

No obstante, los establecimientos educacionales que reciban subvención educacional o aporte fiscal directo sólo podrán utilizar infraestructura ajena de propiedad de personas naturales, mediante contrato de arrendamiento.”

ARTÍCULO 2°

Numeral 1.

28.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas al artículo 2°, número 1) letra a) del mensaje, para eliminarlo.

29.-Indicación de la señorita Saa para sustituir el literal a) del numeral 1) del artículo 2° del mensaje, por el siguiente:

a) Sustitúyese el literal d), por el siguiente:

d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. Dicho reglamento señalará: las normas de convivencia del establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan y las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser conocidos por los padres y apoderados, para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, ésta deberá ser confirmada por una segunda instancia que garantice les derechos del alumno.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos educacionales no podrán cancelar la matricula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales y sus reglamentos, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada come infracción grave.

Los establecimientos educacionales tendrán un plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley para dar cumplimiento con la obligación precedente.".".

30.-Indicación de los señores Montes y Olivares para sustituir el literal a) del numeral 1) del artículo 2° del mensaje, por el siguiente:

“a) Sustitúyese el literal d), por el siguiente:

"d) Que cuenten con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. La elaboración de dicho reglamento se hará con consulta a la Junta Escolar del establecimiento. Dicho reglamento señalará: las normas de convivencia del establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento(sic); los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan y las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser conocidos por los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el Reglamento Interno respectivo. Con todo, la instancia de apelación deberá ser justa e imparcial, no pudiendo participar de ella personas que ya hayan actuado de una u otra forma en instancias anteriores a la apelación. El alumno afectado podrá hacerse acompañar de sus padres o apoderados en los casos que corresponda.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos educacionales no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales y los Decretos Supremos que los reglamentan se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa. Cualquier persona interesada puede recurrir al Ministerio de Educación para denunciar este hecho y solicitar su modificación.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave.

Los establecimientos educacionales tendrán un plazo de seis meses contados desde la fecha de publicación de la presente ley para dar cumplimiento con la obligación precedente."

31.-Indicación del señor Errázuriz a la letra a) numeral 1) del artículo 2° del mensaje, para agregar en el inciso primero de la nueva letra d), luego del punto que sigue a las palabras “revisión correspondientes”, lo siguiente:

“Asimismo, el reglamento deberá considerar una reunión del Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento y del centro de padres de cada curso, a lo menos una vez al año. También deberá contemplar que al inicio del año escolar, los padres deberán tener siempre la libertad de comprar directamente los útiles escolares que se emplearán durante el año, sin ser obligados a pagar al colegio una suma determinada para que sea el establecimiento educacional el que los adquiera.

Las infracciones a este artículo serán sancionadas de acuerdo a la letra a) del artículo 45 del DFL N° 2 del Educación, de 1998”.

32.-Indicación de los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas a la letra a) numeral 1) del artículo 2° del mensaje, para modificar el literal d) propuesto, de la siguiente forma:

“1) Eliminar en su inciso segundo la siguiente frase “o de la renovación anual de su pago”.

2) Eliminar en su inciso tercero la siguiente frase “o reglamentarias”.

3) Reemplazar su inciso quinto por el siguiente:

En caso de que un establecimiento no contenga dentro de su reglamento disposiciones tendientes a cumplir con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, deberá otorgar, desde doce semanas anteriores al parto y seis posteriores al mismo, un permiso a la alumna que se encuentra embarazada, debiendo darle facilidades para la lactancia del hijo.

Este derecho implicará que el establecimiento educacional recibirá una subvención igual a la que correspondería si la alumna asistiera normalmente a clases.”.

33.-Indicación del señor Errázuriz a la letra a) del numeral 1) del artículo 2° del mensaje, para eliminar en el inciso tercero de la nueva letra d) las palabras “o reglamentarias”.

34.-De los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas a la letra b) numeral 1) del artículo 2° del mensaje, para eliminar la letra b) propuesta.

35.-De los diputados señores Montes y Olivares al numeral 1) del artículo 2° del mensaje, para consultar la siguiente letra b) nueva, pasando la letra b) a ser c) del siguiente tenor:

“b) Agrégase el siguiente inciso segundo al literal e):

En el caso de los establecimientos educacionales que implementen procesos de selección, el monto y condiciones del derecho o arancel que se cobrará a los padres para participar no podrá superar el 30% del derecho de escolaridad mensual que el propio establecimiento fije, como tope máximo."

36.-De los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas a la letra b) del numeral 1) del artículo 2° del mensaje, para reemplazar la letra b) por la siguiente:

“b) Agrégase el siguiente inciso final al literal e):

“El no pago de compromisos, por parte de los padres o apoderados, dará lugar a que el colegio tome todas las medidas que estime convenientes y que se ajusten a derecho, sin poder afectar a los alumnos, salvo que éstos incurran en faltas sancionados por el reglamento.”

37.-De los señores Bauer, Correa, Prieto y Rojas a la letra d) del numeral 1) del artículo 2° del mensaje, para suprimir la letra d) propuesta.

ARTÍCULO 4º.

38.-Disposición del Mensaje mediante la cual se introducía el artículo 4°, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 4º.- Introdúcese, a contar del 1 de marzo de 2003, en el artículo 80 del decreto con fuerza de ley N°1, de Educación, de 1996, que aprobó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°19.070, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando a ser cuarto, quinto y sexto los actuales incisos tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

La docencia de aula semanal, para los docentes que se desempeñen en establecimientos educacionales que estén afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, no podrá exceder de las 32 horas con 15 minutos excluidos los recreos, cuando la jornada contratada fuere igual a 44 horas semanales. El horario restante será destinado a actividades curriculares no lectivas. Cuando la jornada contratada fuere inferior a 44 horas semanales e igual o superior a 38 horas semanales, el máximo de clases quedará determinado por la proporción respectiva.".

ARTÍCULO 5º

39.-Disposición del Mensaje mediante la cual se introducía el artículo 5°, del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 5º.- A contar del 1 de marzo del año 2002, se pagará a los sostenedores de los establecimientos educacionales subvencionados, regidos por el decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998, que se encuentren afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, un aumento de la subvención del artículo 9° de dicho cuerpo legal, de acuerdo a la siguiente tabla, expresada en unidades de subvención educacional (U.S.E.):

Nivel y Modalidad de Enseñanza Aumento de subvenciónque imparte el Establecimiento en USE Educacional

________________________________________________________

Educación General Básica (3° a 8°) 0,0327

Educación General Básica Especial Diferencial 0,0994

Educación Media Humanístico-Científica 0,0361

Educación Media Técnico-Profesional Agrícola y Marítima 0,0361

Educación Media Técnico-Profesional Industrial 0,0361

Educación Media Técnico-Profesional Comercial y Técnica 0,0361

_________________________________________________________

Aquellos establecimientos que estén afectos al régimen de jornada escolar completa diurna por sus alumnos de 1° y 2° años de Educación General Básica, percibirán por estos alumnos el mismo incremento a la subvención establecido para la Educación General Básica de 3° a 8° años.

Los sostenedores de los establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 4º de la presente ley, percibirán este aumento a contar del 1 de marzo del año 2003.”

IX.-ARTÍCULOS CALIFICADOS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

El proyecto no contiene normas que puedan ser consideradas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado.

X.-ARTÍCULOS Y DISPOSICIONES DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

La Comisión estimó que los siguientes artículos y disposiciones deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda:

ARTÍCULO 1°

Numeral 1)letra a)

letra b)

letra d)

letra e)

Numeral 2)

Numeral 3)letra a)

letra c)

letra d)

letra e)

letra f)

Numeral 4)

Numeral 6)

Numeral 7)

Numeral 8)letra a)

letra b)

letra c)

letra d)

letra e)

letra f)

Numeral 9)

Numeral 11)

Numeral 14)

ARTÍCULO 2°

Numeral 1) letra a)

letra d)

letra e)

Numeral 2)

Numeral 3)

Numeral 4)

Numeral 5)

letra a)

letra b)

letra c)

letra d)

ARTÍCULO 3°

Numeral 1)

Numeral 2)

ARTÍCULO 4°

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.

XI.-TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de lo expuesto y de otros antecedentes que pueda entregar la señorita Diputada Informante, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, somete a la aprobación de la H Cámara, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley Nº 19.532:

1) En el artículo 1°:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Los establecimientos educacionales de enseñanza diurna regidos por el decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998, del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y los particulares considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente, deberán funcionar, a contar del inicio del año escolar 2007, en el régimen de jornada escolar completa diurna, para los alumnos de los niveles de enseñanza de 3° hasta 8° año de educación general básica y de 1° hasta 4° año de educación media."

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

"Los demás establecimientos particulares subvencionados deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna a contar del inicio del año escolar 2010."

c) Sustitúyese, en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la expresión "refiere el inciso anterior" por "refieren los incisos anteriores".

d) Reemplázase, en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión "el inciso primero" por "los incisos primero y segundo" y el guarismo "2001" por "2006 o 2009, según corresponda".

e) Sustitúyese, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión "año 2002" por "inicio del año escolar 2007 o 2010, según corresponda."

2) Agrégase, a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo 3º bis, nuevo:

"Artículo 3º bis.- A aquellos establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna con la totalidad de sus alumnos en razón de la disponibilidad de aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos para superar dicho déficit hasta el año 2006. Con todo, el mobiliario que se adquiera y la infraestructura que se construya o adquiera con dichos recursos, serán de propiedad del Fisco, y quedarán sujetos al mismo régimen de administración de los demás bienes entregados con motivo de los convenios de administración ya suscritos.

Por decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, se regulará la forma en que se asignarán estos recursos."

3) En el artículo 4º:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1°, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos."

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión "cincuenta" por "treinta".

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

"Para acceder a la entrega del aporte, los sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que lo habilita para destinarlo a dicho uso por un período equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8° de esta ley. En el caso de establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) que funcionen en inmuebles fiscales, no será necesaria dicha autorización."

d) Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

"Dichos valores máximos serán fijados en el reglamento, de acuerdo con el número de alumnos que no puedan ser atendidos en jornada escolar completa diurna en los establecimientos en situación deficitaria, el tipo de intervención requerida, la modalidad de adquisición de inmuebles construidos, la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte, las características topográficas del terreno y la modalidad de entrega del aporte, el cual será fijado en unidades tributarias mensuales a la fecha que establezcan las bases de cada concurso."

e) Incorpórase, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto, nuevo, pasando los actuales sexto a noveno a ser séptimo a décimo, respectivamente:

"Los recursos correspondientes al aporte suplementario por costo de capital adicional que se entreguen a los sostenedores de conformidad con esta ley, no serán embargables. Sin embargo, esta inembargabilidad no regirá respecto de los juicios seguidos por el Ministerio de Educación por incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha entrega."

f) Sustitúyese el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Para efectos de la determinación de este aporte, se entenderá que un establecimiento educacional se encuentra en situación deficitaria, cuando la totalidad de sus alumnos matriculados entre tercer año de educación general básica y cuarto año de educación media, al mes que se señale en las bases del respectivo concurso, no pueda ser atendido bajo el régimen de jornada escolar completa diurna en razón de la disponibilidad de aulas, servicios básicos o mobiliario. El mes a que se refiere este inciso deberá, en todo caso, ser anterior a la fecha del llamado a dicho concurso.".

4) Agrégase, a continuación del artículo 4º, el siguiente artículo 4º bis, nuevo:

"Artículo 4° bis.- El Ministerio de Educación, en ningún caso, podrá entregar más recursos que el aporte adjudicado en los concursos a que se refiere esta ley. Toda disminución del costo total del proyecto presentado por el sostenedor y considerado para su adjudicación en un determinado concurso, significará la disminución del aporte en la misma proporción en que disminuya el costo total del proyecto."

5) Deróganse los incisos cuarto y quinto del artículo 5º.

"6) Agrégase, a continuación del artículo 5º, el siguiente artículo 5º bis, nuevo:

"Artículo 5 bis.- Podrán, de la misma forma, postular al aporte suplementario por costo de capital adicional, los sostenedores que proyecten crear y sostener nuevos establecimientos subvencionados bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, hasta el inicio del año escolar 2006, en comunas o localidades en que la capa-cidad de la infraestructura de los establecimientos educacionales existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente. Las personas adjudicatarias deberán ser las sostenedoras de los establecimientos cuya creación se financie conforme a este artículo.

Asimismo, podrán postular al aporte suplementario por costo de capital adicional los sostenedores de estable-cimientos subvencionados reconocidos oficialmente para incorporar un nuevo nivel completo de enseñanza (básica o media), siempre que se cumplan los requisitos y plazos señalados en el inciso anterior.

En todo caso, los establecimientos o niveles que se creen de acuerdo con este artículo, deberán funcionar con la totalidad de sus cursos desde que obtengan el reconocimiento oficial.

Los valores máximos y condiciones de financiamiento, al igual que la forma de determinar la existencia de déficit de infraestructura, en los casos señalados en los dos primeros incisos, se establecerá en el reglamento, el que deberá considerar, en todo caso, la existencia de una resolución fundada de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Planificación sobre la determinación de dichos déficit. En todo caso, el aporte suplementario por costo de capital adicional no podrá exceder del 50% de las intervenciones que se pueden financiar conforme a esta ley, de acuerdo a los valores máximos que fije el reglamento. A los establecimientos que se instalen de conformidad a esta norma y que funcionen en el régimen de financiamiento compartido, les serán aplicables los descuentos por ese concepto de conformidad al inciso final del artículo quinto y a la regla del artículo sexto de esta ley.".".

7) Reemplázase el inciso final del artículo 7°, por el siguiente:

"El Presidente de la República, mediante decreto fundado, podrá establecer distintas modalidades de asignación o de aumento del aporte, o establecer alguna exención en cuanto al cumplimiento de alguno de los requisitos para acceder a éste, en situaciones especiales de necesidad pública, alta vulnerabilidad, emergencia o fuerza mayor.”

8) En el artículo 8º:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Para acceder al aporte, el sostenedor que haya sido declarado adjudicatario en virtud del concurso que se indica en el artículo anterior, deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Educación, que se aprobará por resolución de esta Secretaría de Estado. En dicho convenio se establecerán los derechos y obligaciones de las partes y deberá ser protocolizado por el sostenedor, a su costa. Para todos los efectos legales, el convenio debidamente protocolizado tendrá valor de instrumento público y constituirá título ejecutivo respecto de las obligaciones del adjudicatario. La no suscripción del convenio dentro del plazo establecido en las bases, hará caducar de pleno derecho el aporte obtenido, salvo circunstancias que no le sean imputables al sostenedor y que calificará el Ministerio de Educación por resolución fundada en única instancia."

b) Elimínase en el inciso segundo la expresión "o arriendo".

c) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

"Conjuntamente con la hipoteca, el convenio exigirá la constitución de una prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional. Si el establecimiento funciona en más de un inmueble, el Ministerio de Educación, en los casos calificados que establezca el reglamento y siempre que se garantice la recuperación por el Fisco del aporte entregado, podrá autorizar que la hipoteca y prohibición no se constituyan sobre todos los inmuebles. Tanto la hipoteca como la prohibición deberán inscribirse conjuntamente en el Conservador de Bienes Raíces por un plazo de treinta años, en el caso de las adquisiciones y construcciones de locales escolares, y de hasta treinta años, en el caso de ampliaciones, habilitaciones, recuperaciones y normalizaciones, dependiendo del monto del aporte."

d) Agrégase, a continuación del punto final (.) del inciso séptimo, en punto seguido (.), lo siguiente: "El mismo derecho y en las mismas condiciones podrán ejercerlo los sostenedores dueños del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, cuando dicho inmueble se encuentre hipotecado y/o se haya constituido a su respecto prohibición de gravar y enajenar y/o de celebrar actos y contratos."

e) Intercálase, a continuación del inciso séptimo, el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando los actuales incisos octavo a decimoquinto a ser noveno a decimosexto, respectivamente:

"A los sostenedores del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), no les será exigible la constitución de hipoteca respecto de los inmuebles de dominio municipal; y la prohibición a que se refiere el inciso quinto de este artículo, se constituirá mediante su inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces, la que se practicará con el sólo mérito de copia autorizada del convenio en que se consigna, notarialmente protocolizado y previamente aprobado por resolución ministerial. Asimismo, los sostenedores de dicho sector, cuyos proyectos de infraestructura correspondan a establecimientos educacionales que funcionan en inmuebles de dominio del Fisco, estarán exentos de constituir prohibición, salvo que con posterioridad adquieran el bien raíz. Desde ese momento estarán obligados a constituir una prohibición o hipoteca y prohibición, según corresponda, por el plazo de funcionamiento pendiente a esa fecha."

f) Reemplázase el actual inciso duodécimo, que ha pasado a ser decimotercero, por el siguiente:

"Al valor a devolver se le deducirá una trigésima parte de los fondos recibidos por cada año de uso del establecimiento para fines educacionales, contados desde la fecha de funcionamiento efectivo del establecimiento en jornada escolar completa diurna, o la fracción que corresponda si el plazo del gravamen es menor a treinta años".

g) Reemplázase el actual inciso decimotercero, que ha pasado a ser decimocuarto, por el siguiente:

"El que proporcionare antecedentes falsos o adulterados con el propósito de obtener el aporte suplementario por costo de capital adicional a que se refiere esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo."

h) Reemplázase el actual inciso decimocuarto, que ha pasado a ser decimoquinto, por el siguiente:

"El funcionario municipal o el empleado de la Corporación Municipal que administre los recursos del aporte suplementario por costo de capital adicional, y que incurra respecto de estos recursos en la conducta tipificada en el artículo 236 del Código Penal, será sancionado con las penas corporales que allí se indican, aumentadas en un grado. Si en las operaciones en que interviniere ese funcionario municipal en razón de la administración de dichos recursos o en razón de su cargo, incurriere en alguna de las conductas tipificadas en el artículo 239 del Código Penal, será sancionado con las penas corporales que allí se indican, aumentadas en un grado."

9) Agrégase, a continuación del artículo 8°, el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Si el inmueble en que funciona el establecimiento educacional se encuentra dado en arrendamiento al sostenedor y es subastado en razón de una hipoteca constituida a favor del Ministerio de Educación para garantizar la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional, el subastador no estará obligado a respetar dicho arriendo aún en el caso que se hubiese otorgado por escritura pública inscrita en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, con anterioridad a la hipoteca.”

10) Reemplázase el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- Para facilitar las inversiones del aporte suplementario por costo de capital adicional en la infraestructura requerida para incorporar a los establecimientos educacionales al régimen de jornada escolar completa diurna, el Ministerio de Educación podrá celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas, con el objeto de proveer asistencia técnica para aquellos establecimientos que atienden alumnos vulnerables y/o a los sostenedores que no tengan capacidad técnica para elaborar proyectos.

El Ministerio de Educación deberá mantener un listado actualizado de las empresas que presten esta asesoría, en el cual indicará su naturaleza jurídica y la individualización de sus socios mediante su cédula nacional de identidad.”

11) Reemplázase el artículo 11 por el siguiente:

"Artículo 11.- Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar, los directores de los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar.

En la misma oportunidad los establecimientos deberán entregar los resultados obtenidos en las pruebas nacionales de medición de la calidad de la educación, con las siguientes informaciones:

1)1. Un listado con los resultados de cada establecimiento de la misma comuna, ordenados de mejor a peor, con indicación de su calidad de municipal, subvencionado o particular;

2. Los listados equivalentes, correspondientes a las comunas limítrofes a aquella en que se encuentra el establecimiento, y

2)El detalle de los resultados generales y por objetivos correspondientes al establecimiento.

Copia del informe y de las observaciones que hayan presentado por escrito los miembros de la comunidad escolar, quedarán a disposición de los interesados en un registro público que llevará el establecimiento.

En la misma oportunidad, los directores deberán dar cuenta por escrito del uso dado a la subvención de mantenimiento recibida el mes de enero del año por el cual se rinde cuenta. Copia de este informe deberá remitirse al Ministerio de Educación.

Las infracciones a este artículo serán sancionadas de conformidad con la letra a), del artículo 45, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de Educación."

12) Intercálase en el inciso primero del artículo 13, después de la palabra “ampliaciones” la expresión: “existentes al 31 de diciembre de 2001 que ..” y reemplázase, en el inciso primero del artículo 13, las expresión "dentro del plazo de un año, a contar de la publicación de esta ley," por la siguiente: "hasta el término del año escolar 2004,"

13) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 3° transitorio, por los siguientes:

"Los proyectos deberán presentarse ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación, donde se certificará la fecha de recepción.

Si dicha presentación no se resolviera dentro de los 90 días posteriores a su entrega, el proyecto se tendrá por aprobado y, si hubiese sido rechazado, el sostenedor podrá apelar al Subsecretario de Educación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del rechazo. La apelación deberá presentarse en la Secretaría Regional Ministerial de Educación que corresponda. El Subsecretario de Educación resolverá en única instancia en un plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la recepción del recurso en la Subsecretaría.".

14) Derógase el artículo 6º transitorio.

ARTÍCULO 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación,:

1) En el artículo 6º:

a) Reemplázase el literal d) por el siguiente:

"d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados al momento de la matrícula o de la renovación anual de su pago, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Las disposiciones del reglamento interno que se contrapongan con normas legales o reglamentarias, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matricula o suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven, exclusivamente, de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causal para la aplicación de medidas que excluyan, restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento.

Cuando un establecimiento desarrolle procesos de selección, éstos deberán ser objetivos y trasparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familiares.

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar:

a) Número de vacantes ofrecidas y nivel;

b) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados;

c) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar;

d) Tipos de prueba a las que serán sometidos los postulantes;

e) Criterios de selección y sistema de composición del puntaje de los postulantes, y

f) Monto y condiciones del cobro por participar en el proceso.

Una vez hecha la selección, el establecimiento publicará en un lugar visible la lista de los seleccionados con su puntaje en orden alfabético. A los no seleccionados o a sus familiares, cuando lo soliciten, deberá entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas firmado por el encargado del proceso de selección del establecimiento.

Los criterios de selección usados por el establecimiento deberán ser respetuosos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.”.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave."

b) Agrégase el siguiente literal d) bis:

"d) bis. Que cuenten en un lugar visible de la oficina de atención de público con un cartel que enuncie los principales puntos de la Ley 18.962 y del DFL N°2 de Subvenciones en lo que respecta al sistema de admisión, reglamentos y normas disciplinarias. Dicho cartel será distribuido por el Ministerio de Educación a todos los establecimientos.

c) Agrégase el siguiente inciso final al literal e):

"El no pago de compromisos económicos contraídos por el padre o apoderado con motivo del contrato de matrícula u otros con el establecimiento, no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni la retención de documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del establecimiento."

d) Reemplázase el inciso segundo de la letra g), por el siguiente:

"Para todos los efectos, se entenderán como horas de trabajo escolar tanto aquellas comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales, propios o elaborados por el Ministerio de Educación, como aquéllas que, de manera complementaria a dicho plan y de acuerdo con su proyecto educativo, defina cada establecimiento como de asistencia obligatoria y sujetas a evaluación sin incidencia en la promoción. Dichas horas serán de 45 minutos, tanto para la enseñanza básica como media."

e) Agréganse los siguientes incisos penúltimo y último, nuevos:

"Los establecimientos educacionales que a contar del año 2003 impetren por primera vez la subvención educacional, por todos sus niveles o por un nuevo nivel o modalidad de enseñanza, para tener derecho a ella, deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna por los alumnos correspondientes a los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media. En todo caso, los alumnos atendidos en jornada escolar completa diurna no podrán ser atendidos con posterioridad en un régimen distinto.

Excepcionalmente, por resolución fundada del respectivo Secretario Regional Ministerial de Educación, se podrá eximir a un establecimiento educacional del cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente, cuando por aplicación de dichas normas se impida de manera insalvable el acceso a la educación de alumnos que carezcan de cobertura escolar.”

2) Sustitúyese el inciso séptimo, del artículo 24, por el siguiente:

"Las exenciones que se concedan mediante este sistema, deberán mantenerse mientras las circunstancias socioeconómicas del grupo familiar lo ameriten. Los padres beneficiarios deberán informar, en el más breve plazo, los cambios experimentados en su situación socioeconómica al sostenedor, el que deberá reasignar las exenciones en caso de existir nuevos recursos disponibles. En todo caso, el sostenedor deberá reevaluar los beneficios otorgados al inicio del segundo semestre del año escolar respectivo."

3) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 24:

“Las Direcciones Provinciales de Educación deberán informar, dentro del mes de septiembre de cada año, a las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales los establecimiento educacionales que no han dado a conocer a los padres y apoderados el sistema de exención de los cobros mensuales dentro del mes de agosto anterior. Atendidas las circunstancias, la Subsecretaría de Educación podrá retener la subvención hasta que el establecimiento cumpla con la obligación indicada.”

4) Intercálase en el inciso quinto del artículo 26, después del punto seguido (.) que separa las dos oraciones que lo conforman, lo siguiente:

"Dicho informe deberá señalar, además, el número de alumnos beneficiados con el sistema de exenciones establecido en el artículo 24 y el monto total de recursos que se destinó a dicho fin."

5) En el artículo 37:

a) Incorpórase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

"Se pagará una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que será de 0,1362 unidades de subvención educacional (U.S.E.) para la Educación General Básica; 0,3103 U.S.E. para la Educación Media hasta 25 horas semanales presenciales de clases, y 0,3999 U.S.E. para la Educación Media con más de 25 horas semanales presenciales de clases. Esta subvención sólo se pagará cuando este tipo de educación se preste en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. En este caso, siempre se pagará el 100% de la subvención que corresponda, independientemente de la que se deba pagar por los alumnos que cursen los otros tipos de enseñanza que pueda impartir el establecimiento y no le será aplicable lo dispuesto en el inciso octavo de este artículo."

b) Reemplázase, en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión "al inciso primero" por "a los incisos primero y segundo".

c) Reemplázase, en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión "inciso segundo" por "inciso tercero".

d) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Aquellos establecimientos que atiendan alumnos en doble jornada percibirán, respecto de estos alumnos, sólo el 50% de la subvención a que se refiere este artículo. Asimismo, si en un mismo local escolar funciona en jornada diurna más de un establecimiento del mismo o diferentes sostenedores, cada uno de ellos percibirá este porcentaje. La subvención de mantenimiento por alumno interno se pagará siempre completa."

6) Intercálase, a continuación del inciso primero del articulo 43, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero:

"Se considerarán infracciones menos graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 24, inciso tercero y siguientes;

b) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 26, inciso quinto, y

c) La retención de documentos necesarios para que el alumno pueda matricularse en otro establecimiento, sin perjuicio de las acciones legales que el establecimiento pueda desarrollar para asegurar el cobro de lo adeudado por padres y apoderados.".

7) Sustitúyese la primera parte del inciso segundo del artículo 45, hasta el punto seguido (.) por la siguiente frase:

"En caso de infracciones que tienen el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones contempladas en las letras a) y b). Las de las letras c) a e) además podrán ser aplicadas en caso de infracciones graves.".

ARTÍCULO 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.715:

1) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 8º, la expresión "el inciso anterior" por "los incisos anteriores".

2) Agrégase, al número tres del inciso segundo del artículo 16, a continuación del punto final (.), que se reemplaza por una coma (,) la siguiente oración: "o desempeñarse en iguales condiciones en los establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980."

ARTÍCULO 4º.- La subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos que se crea por el literal a), del número 5, del artículo 2° de esta ley, se pagará a contar del año 2003.

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Los sostenedores que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, hayan garantizado la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional con la constitución de hipoteca y/o prohibición de conformidad con la ley N° 19.532, podrán solicitar y el Ministerio de Educación aceptar, la modificación de las mismas para el solo efecto que se adecuen al nuevo plazo que corresponda de acuerdo con lo previsto en esta ley.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.- El mayor gasto fiscal que represente en el año 2002 la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33-104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público y al presupuesto del Ministerio de Educación.".

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Se designó DIPUTADA INFORMANTE a la señorita MARÍA ANTONIETA SAA DÍAZ.

Tratado y acordado en sesiones de fechas 1°, 2, 8, 9, 15, 16, 29 y 30 de abril; 14 de mayo; 3 y 4 de junio; 9, 16, y 30 de julio; 13 y 20 de agosto; 3 y 4 de septiembre con la asistencia de los HH. Diputados señores Carlos Montes Cisternas (Presidente), Eugenio Bauer Jouanne, Germán Becker Alvear, Sergio Correa De La Cerda, Fidel Espinoza Sandoval, Rodrigo González Torres, Rosauro Martínez Labbé, Carlos Olivares Zepeda, Pablo Prieto Lorca, Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez, y de la señora Diputada doña Carolina Tohá Morales y de la Diputada señorita María Antonieta Saa Díaz, y de los diputados no miembros de la Comisión señores Maximiano Errázuriz Eguiguren, Francisco Encina Moriamez, Fulvio Rossi Ciocca, Enrique Accorsi Opazo y José Antonio Kast Rist

SALA DE LA COMISIÓN, a 4 de septiembre de 2002.

JOSÉ VICENCIO FRÍAS

Secretario de la Comisión

ÍNDICE

I.-PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

II.-ANTECEDENTES GENERALES.

III.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

IV.-APROBACIÓN DEL PROYECTO.

V.- ARTÍCULOS CALIFICADOS DE CARÁCTER ORGANICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

VI.-ARTÍCULOS DEL PROYECTO DESPACHADO POR LA COMISIÓN QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

VII.-DISPOSICION DECLARADA INADMISIBLE.

VIII.-TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

?Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

(BOLETÍN Nº 2853-04)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS PREVIAS

1.Origen y Urgencias.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

2.Disposiciones o indicaciones rechazadas.

No hay.

3.Artículos que no fueron aprobados por unanimidad.

-Las letras c), d), e) y f) del numeral 3) del artículo 1º.

-Los numerales 4), 6), 7), y 8), con excepción de la letra f), del artículo 1º.

-o-

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Mariana Aylwin, ministra de Educación; los señores Patricio Vilaplana, jefe de la División de Planificación y Presupuesto; Hugo Montaldo, abogado coordinador de la Jornada Escolar Completa, y Marcos Miranda, coordinador del Programa JEC, todos del mencionado Ministerio, y el señor José Espinoza, asesor de la Dirección de Presupuestos.

El propósito de la iniciativa consiste en ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales al régimen de Jornada Escolar Completa establecido en la ley Nº 19.532, hasta el inicio del año escolar 2007, ya que en dicho plazo el Estado habrá entregado los recursos necesarios para realizar las obras de infraestructura indispensables. Además, se adecuan los mecanismos de inversión y de reconocimiento oficial a los establecimientos educacionales vinculados con el ingreso a la JEC.

En el análisis del proyecto intervino la señora Mariana Aylwin, ministra de Educación, quien manifestó que, no obstante que el sistema de JEC ha sido exitoso en el país, se ha estimado necesario ampliar el plazo primitivamente establecido para que los establecimientos ingresen a este nuevo sistema. Asimismo, se pretende perfeccionar tanto el sistema de ingreso como el de financiamiento de las inversiones en infraestructura.

Explicó que el proyecto de ley, entre otras materias, aborda las siguientes: a) ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales hasta el año 2007, en el caso de los colegios del sector municipal y de alta vulnerabilidad, y hasta el año 2010, para el resto. Sobre el particular, puntualizó que es prioritario para el Gobierno centrar los esfuerzos en los establecimientos vulnerables socio económica y, o educativamente, sin perjuicio de que, en la medida que haya más recursos, se incorporen el resto de los establecimientos; b) disponer la obligatoriedad, a contar del año 2003, de que los nuevos establecimientos subvencionados que se creen operen en el régimen de JEC; c) perfeccionar los mecanismos de inversión, particularmente permitiendo la creación de establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar, como también, la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes; d) rebajar el período de constitución de las garantías hipotecarias de 50 a 30 años, toda vez que la infraestructura escolar tiene una vida útil más cercana a esta última; e) establecer una subvención de apoyo al mantenimiento para la educación de adultos que se imparta en establecimientos reconocidos oficialmente, a contar del año 2003, y f) establecer mecanismos más eficaces de protección del derecho a la educación, para lo cual se establecen prohibiciones, cuya transgresión implica una sanción por infracción a la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

El señor Patricio Vilaplana señaló que en la actualidad existen 6 mil 370 establecimientos operando en el sistema de JEC, de los cuales 5 mil 23 corresponden a establecimientos vulnerables. Agregó que, a su vez, se han realizado 4 concursos y que en estos momentos se lleva adelante un quinto y sexto concurso.

Puntualizó que el Fisco ha invertido cerca de 300 mil millones de pesos, a lo que se deben sumar los aportes de los privados en el sistema, los que totalizan 378 mil millones de pesos.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 3 de enero de 2002, formula los siguientes alcances respecto al proyecto:

-El número 2) del artículo 1º, establece que el Ministerio de Educación podrá asignar recursos a los establecimientos educacionales regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, destinados a crear la infraestructura educacional que permita incorporar a sus alumnos a la jornada escolar completa-diurna. En la ley de Presupuestos de cada año se determinará el monto de recursos que se destinará para este objeto, por lo que esta disposición no representa un mayor gasto fiscal durante el año 2002.

-El número 2) del artículo 2º crea, a contar del año 2003, la subvención anual de apoyo al mantenimiento de los alumnos de educación de adultos en los establecimientos subvencionados.

Lo anterior representa un mayor gasto fiscal anual de $ 350 millones, considerando una matrícula de 116.623 alumnos (a junio del año 2001).

-El artículo 69 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 1969, del Ministerio de Educación, establece la hora curricular no lectiva adicional para las jornadas contratadas de docentes con 38 y más horas semanales, que se desempeñen en establecimientos educacionales con régimen de jornada escolar diurna en el sector municipal. En el artículo 4º del proyecto dicha disposición se hace obligatoria para el sector particular subvencionado a contar del mes de marzo del año 2003.

Con el objeto de contribuir al financiamiento de dicha modificación, el artículo 5º del proyecto de ley en comento establece un incremento de la subvención escolar de los establecimientos afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, a contar de marzo del año 2002 para el sector municipal y a contar de mes de marzo del año 2003 para el sector particular subvencionado.

Para el año 2002, la aplicación de esta norma representará un mayor gasto fiscal estimado de $ 3.214 millones, con una matrícula en jornada escolar completa diurna proyectada de 809.515 en el sector de educación municipal subvencionado.

Para el año 2003, dicho gasto fiscal se estima en $7.369 millones, correspondiente a la suma de los sectores de educación municipal y particular subvencionado, con una matrícula en jornada escolar completa diurna proyectada de 1.599.192 alumnos.

El mayor gasto fiscal por el presente incremento de la subvención escolar, al momento en que se incorporen todos los alumnos a la jornada escolar completa diurna, será del orden de los $ 13.900 millones anuales, considerando una matrícula de 2.700.000 alumnos.

En resumen, el proyecto de ley representaría el siguiente mayor gasto fiscal:

Con fecha 7 de mayo de 2002, fue presentado un nuevo informe financiero que señala lo siguiente:

-El 3 de mayo de 2002, el Ejecutivo formula una indicación por la cual se suprimen los artículos 4º y 5º de la iniciativa, por lo que los gastos quedan expresados de la siguiente manera:

a.El número 2) del artículo 1º, establece que el Ministerio de Educación podrá asignar recursos a los establecimientos educacionales regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, destinados a crear la infraestructura educacional que permita incorporar a sus alumnos a la jornada escolar completa diurna. En la ley de Presupuestos de cada año se determinará el monto de recursos que se destinará para este objeto, por lo que esta disposición no representa un mayor gasto fiscal durante el año 2002.

b.El número 2) del artículo 2º, crea a contar del año 2003 la subvención anual de apoyo al mantenimiento de los alumnos de educación de adultos en los establecimientos subvencionados.

Lo anterior representa un mayor gasto fiscal anual de $ 350 millones, considerando una matrícula de 116.623 alumnos (a junio del año 2001).

Nota: Este informe financiero reemplaza el anterior de fecha 3 de enero de 2002.

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de las siguientes disposiciones: artículo 1º número 1) letras a), b), d) y e); número 2); número 3) letras a), c), d), e) y f); número 4); número 6); número 7); número 8) letras a), b), c), d), e), y f); número 9); número 11) y número 14); artículo 2º número 1) letras a), d) y e); número 2); número 3); número 4); número 5) letras a), b), c) y d); artículo 3º número 1) y número 2); artículo 4º; artículos 1º y 2º transitorios. Por su parte, la Comisión de Hacienda incorporó a su conocimiento la letra b) del número 3) y el numeral 10) del artículo 1º conforme al párrafo segundo del artículo 220 del Reglamento.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo 1º del proyecto, se introducen las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.532:

Por el numeral 1), se modifica el artículo 1º, en los términos siguientes:

En la letra a), se sustituye el inciso primero por el siguiente:

“Los establecimientos educacionales de enseñanza diurna regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y los particulares considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente, deberán funcionar, a contar del inicio del año escolar 2007, en el régimen de jornada escolar completa diurna, para los alumnos de los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media”..

En la letra b), se incorpora el siguiente inciso segundo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“Los demás establecimientos particulares subvencionados deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna a contar del inicio del año escolar 2010”..

En la letra d), se reemplaza, en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el inciso primero” por “los incisos primero y segundo” y el guarismo “2001” por “2006 o 2009, según corresponda”.

En la letra e), se sustituye, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “año 2002” por “inicio del año escolar 2007 o 2010, según corresponda”..

Puestas en votación las letras a), b), d) y e) del numeral 1) del artículo 1º fueron aprobadas por unanimidad.

Por el numeral 2), se agrega a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo 3º bis:

“Artículo 3º bis.- A aquellos establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna con la totalidad de sus alumnos en razón de la disponibilidad de aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos para superar dicho déficit hasta el año 2006. Con todo, el mobiliario que se adquiera y la infraestructura que se construya o adquiera con dichos recursos, serán de propiedad del Fisco, y quedarán sujetos al mismo régimen de administración de los demás bienes entregados con motivo de los convenios de administración ya suscritos.

Por decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito, además, por el ministro de Hacienda, se regulará la forma en que se asignarán estos recursos”..

La señora Mariana Aylwin puntualizó que los establecimientos técnico-profesionales ascienden a 70, de propiedad fiscal, los cuales son administrados por corporaciones empresariales. Agregó que, dichos establecimientos, por el hecho de ser fiscales, no participan de los concursos de aporte de capital.

En consideración a lo anterior, se propone que a dichos establecimientos se les asegure los recursos para que puedan ingresar al sistema de Jornada Escolar Completa al inicio del año escolar 2007.

Puesto en votación este numeral fue aprobado por unanimidad.

Por el numeral 3), se modifica el artículo 4º en los siguientes términos:

En la letra a), se sustituye el inciso primero por el siguiente:

“Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1º, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos”..

La señora Mariana Aylwin destacó que la norma propuesta amplía las posibilidades de intervención contempladas en la legislación vigente, permitiendo, por ejemplo, la recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale; la habilitación, normalización o ampliación; la adquisición de inmuebles construidos, o la adquisición de equipamiento y mobiliario.

Puesta en votación la letra a) del numeral 3) del artículo 1º fue aprobada por unanimidad.

En la letra b), se reemplaza en el inciso segundo, la expresión “cincuenta” por “treinta”, reduciéndose el plazo máximo de la garantía que deben otorgar los sostenedores.

Puesta en votación la letra b) del número 3 del artículo 1º fue aprobada por unanimidad.

En la letra c), se reemplaza el inciso tercero por el siguiente:

“Para acceder a la entrega del aporte, los sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que lo habilita para destinarlo a dicho uso por un período equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8º de esta ley. En el caso de establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) que funcionen en inmuebles fiscales, no será necesaria dicha autorización”..

En la letra d), se sustituye el inciso quinto por el siguiente:

“Dichos valores máximos serán fijados en el reglamento, de acuerdo con el número de alumnos que no puedan ser atendidos en jornada escolar completa diurna en los establecimientos en situación deficitaria, el tipo de intervención requerida, la modalidad de adquisición de inmuebles construidos, la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte, las características topográficas del terreno y la modalidad de entrega del aporte, el cual será fijado en unidades tributarias mensuales a la fecha que establezcan las bases de cada concurso”..

En la letra e), se incorpora a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso sexto, pasando los actuales sexto a noveno a ser séptimo a décimo, respectivamente:

“Los recursos correspondientes al aporte suplementario por costo de capital adicional que se entreguen a los sostenedores de conformidad con esta ley, no serán embargables. Sin embargo, esta inembargabilidad no regirá respecto de los juicios seguidos por el Ministerio de Educación por incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha entrega”..

En la letra f), se sustituye el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

“Para efectos de la determinación de este aporte, se entenderá que un establecimiento educacional se encuentra en situación deficitaria, cuando la totalidad de sus alumnos matriculados entre tercer año de educación general básica y cuarto año de educación media, al mes que se señale en las bases del respectivo concurso, no pueda ser atendido bajo el régimen de jornada escolar completa diurna en razón de la disponibilidad de aulas, servicios básicos o mobiliario. El mes a que se refiere este inciso deberá, en todo caso, ser anterior a la fecha del llamado a dicho concurso”..

Las letras c), d), e), y f) del número 3 del artículo 1º fueron aprobadas por 4 votos a favor y 2 abstenciones.

Por el numeral 4), se agrega a continuación del artículo 4º, el siguiente artículo 4º bis:

“Artículo 4º bis.- El Ministerio de Educación, en ningún caso, podrá entregar más recursos que el aporte adjudicado en los concursos a que se refiere esta ley. Toda disminución del costo total del proyecto presentado por el sostenedor y considerado para su adjudicación en un determinado concurso, significará la disminución del aporte en la misma proporción en que disminuya el costo total del proyecto”..

Puesto en votación el numeral 4) fue aprobado por 5 votos a favor y 2 abstenciones.

Por el numeral 6), se agrega a continuación del artículo 5º, el siguiente artículo 5º bis:

“Artículo 5 bis.- Podrán, de la misma forma, postular al aporte suplementario por costo de capital adicional, los sostenedores que proyecten crear y sostener nuevos establecimientos subvencionados bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, hasta el inicio del año escolar 2006, en comunas o localidades en que la capacidad de la infraestructura de los establecimientos educacionales existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente. Las personas adjudicatarias deberán ser las sostenedoras de los establecimientos cuya creación se financie conforme a este artículo.

Asimismo, podrán postular al aporte suplementario por costo de capital adicional los sostenedores de establecimientos subvencionados reconocidos oficialmente para incorporar un nuevo nivel completo de enseñanza (básica o media), siempre que se cumplan los requisitos y plazos señalados en el inciso anterior.

En todo caso, los establecimientos o niveles que se creen de acuerdo con este artículo, deberán funcionar con la totalidad de sus cursos desde que obtengan el reconocimiento oficial.

Los valores máximos y condiciones de financiamiento, al igual que la forma de determinar la existencia de déficit de infraestructura, en los casos señalados en los dos primeros incisos, se establecerá en el reglamento, el que deberá considerar, en todo caso, la existencia de una resolución fundada de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Planificación sobre la determinación de dichos déficit. En todo caso, el aporte suplementario por costo de capital adicional no podrá exceder del 50% de las intervenciones que se pueden financiar conforme a esta ley, de acuerdo a los valores máximos que fije el reglamento. A los establecimientos que se instalen de conformidad a esta norma y que funcionen en el régimen de financiamiento compartido, les serán aplicables los descuentos por ese concepto de conformidad al inciso final del artículo quinto y a la regla del artículo sexto de esta ley”..

La señora Mariana Aylwin explicó que el concepto de déficit de infraestructura está referido a la población escolar vulnerable. Al respecto, el proyecto de ley propone que, en casos de existir un déficit de cobertura no sólo se pueda crear un nuevo establecimiento, sino que también, si existe déficit de establecimientos para la enseñanza media y un colegio imparte la enseñanza básica, dicho establecimiento pueda postular a incorporar la enseñanza media también.

Puesto en votación el numeral 6) fue aprobado por 5 votos a favor y 3 abstenciones.

Por el numeral 7), se reemplaza el inciso final del artículo 7º, por el siguiente:

“El Presidente de la República, mediante decreto fundado, podrá establecer distintas modalidades de asignación o de aumento del aporte, o establecer alguna exención en cuanto al cumplimiento de alguno de los requisitos para acceder a éste, en situaciones especiales de necesidad pública, alta vulnerabilidad, emergencia o fuerza mayor”..

El diputado señor Alvarado, preguntó si en la aplicación del sistema se han dado situaciones que ameriten la existencia de una norma como la propuesta.

La señora Mariana Aylwin señaló que la disposición propuesta es una norma de excepción para casos que rara vez se dan, pero que requieren de una solución. Así, por ejemplo, mencionó que en la localidad de Montepatria se efectuó un concurso; sin embargo, a raíz de desastres naturales no se pudo construir el establecimiento en el lugar definido originalmente y, al mismo, no se podían emplear los recursos en otro lugar.

Puesto en votación este numeral fue aprobado por 5 votos a favor y 4 abstenciones.

Por el numeral 8), se modifica el artículo 8º de la siguiente manera:

En la letra a), se sustituye el inciso primero por el siguiente:

“Para acceder al aporte, el sostenedor que haya sido declarado adjudicatario en virtud del concurso que se indica en el artículo anterior, deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Educación, que se aprobará por resolución de esta Secretaría de Estado. En dicho convenio se establecerán los derechos y obligaciones de las partes y deberá ser protocolizado por el sostenedor, a su costa. Para todos los efectos legales, el convenio debidamente protocolizado tendrá valor de instrumento público y constituirá título ejecutivo respecto de las obligaciones del adjudicatario. La no suscripción del convenio dentro del plazo establecido en las bases, hará caducar de pleno derecho el aporte obtenido, salvo circunstancias que no le sean imputables al sostenedor y que calificará el Ministerio de Educación por resolución fundada en única instancia”..

Puesta en votación la letra a) fue aprobada por 5 votos a favor y 3 abstenciones.

En la letra b), se elimina en el inciso segundo la expresión “o arriendo”.

Puesta en votación la letra b) fue aprobada por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

En la letra c), se reemplaza el inciso quinto por el siguiente:

“Conjuntamente con la hipoteca, el convenio exigirá la constitución de una prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional. Si el establecimiento funciona en más de un inmueble, el Ministerio de Educación, en los casos calificados que establezca el reglamento y siempre que se garantice la recuperación por el Fisco del aporte entregado, podrá autorizar que la hipoteca y prohibición no se constituyan sobre todos los inmuebles. Tanto la hipoteca como la prohibición deberán inscribirse conjuntamente en el Conservador de Bienes Raíces por un plazo de treinta años, en el caso de las adquisiciones y construcciones de locales escolares, y de hasta treinta años, en el caso de ampliaciones, habilitaciones, recuperaciones y normalizaciones, dependiendo del monto del aporte”..

Puesta en votación la letra c) fue aprobada por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

En la letra d), se agrega a continuación del punto final (.) del inciso séptimo, en punto seguido (.), lo siguiente: “El mismo derecho y en las mismas condiciones podrán ejercerlo los sostenedores dueños del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, cuando dicho inmueble se encuentre hipotecado y/o se haya constituido a su respecto prohibición de gravar y enajenar y/o de celebrar actos y contratos”..

Puesta en votación la letra d) fue aprobada por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

En la letra e), se intercala a continuación del inciso séptimo, el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando los actuales incisos octavo a decimoquinto a ser noveno a decimosexto, respectivamente:

“A los sostenedores del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), no les será exigible la constitución de hipoteca respecto de los inmuebles de dominio municipal; y la prohibición a que se refiere el inciso quinto de este artículo, se constituirá mediante su inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces, la que se practicará con el solo mérito de copia autorizada del convenio en que se consigna, notarialmente protocolizado y previamente aprobado por resolución ministerial. Asimismo, los sostenedores de dicho sector, cuyos proyectos de infraestructura correspondan a establecimientos educacionales que funcionan en inmuebles de dominio del Fisco, estarán exentos de constituir prohibición, salvo que con posterioridad adquieran el bien raíz. Desde ese momento estarán obligados a constituir una prohibición o hipoteca y prohibición, según corresponda, por el plazo de funcionamiento pendiente a esa fecha”..

Puesta en votación la letra e) fue aprobada por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

En la letra f), se reemplaza el actual inciso duodécimo, que ha pasado a ser decimotercero, por el siguiente:

“Al valor a devolver se le deducirá una trigésima parte de los fondos recibidos por cada año de uso del establecimiento para fines educacionales, contados desde la fecha de funcionamiento efectivo del establecimiento en jornada escolar completa diurna, o la fracción que corresponda si el plazo del gravamen es menor a treinta años”..

Puesta en votación la letra f) fue aprobada por unanimidad.

Por el numeral 9), se agrega a continuación del artículo 8º, el siguiente artículo 8º bis:

“Artículo 8º bis.- Si el inmueble en que funciona el establecimiento educacional se encuentra dado en arrendamiento al sostenedor y es subastado en razón de una hipoteca constituida a favor del Ministerio de Educación para garantizar la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional, el subastador no estará obligado a respetar dicho arriendo aun en el caso que se hubiese otorgado por escritura pública inscrita en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, con anterioridad a la hipoteca”..

El diputado Hidalgo, don Carlos, manifestó dudas respecto de la constitucionalidad del artículo 8º bis propuesto, puesto que, a su juicio, estaría vulnerándose el derecho de propiedad de quien ha inscrito el arriendo en el respectivo registro del Conservador de Bienes Raíces.

El señor Hugo Montaldo argumentó que, para que el subastador esté interesado en la propiedad de que se trata, debe contar con la facultad para no respetar el arriendo que ha sido inscrito, puesto que, en la práctica, muchos inscriben contratos de arriendo que tienen una renta de arrendamiento muy baja y son a muy largo plazo.

Puesto en votación el numeral 9) fue aprobado por unanimidad.

Por el numeral 10), se sustituye el artículo 9º por el siguiente:

“Artículo 9º.- Para facilitar las inversiones del aporte suplementario por costo de capital adicional en la infraestructura requerida para incorporar a los establecimientos educacionales al régimen de jornada escolar completa diurna, el Ministerio de Educación podrá celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas, con el objeto de proveer asistencia técnica para aquellos establecimientos que atienden alumnos vulnerables y/o a los sostenedores que no tengan capacidad técnica para elaborar proyectos.

El Ministerio de Educación deberá mantener un listado actualizado de las empresas que presten esta asesoría, en el cual indicará su naturaleza jurídica y la individualización de sus socios mediante su cédula nacional de identidad”..

Los diputados señores Escalona, Jaramillo, Lagos, Ortiz, Tohá, señora Carolina, y Villouta, presentaron una indicación al numeral 10), del tenor siguiente: para agregar en el inciso primero del artículo 9º que se reemplaza, a continuación de la palabra “proyectos” las expresiones “, para los fines señalados”., con el objeto de precisar de qué proyectos se trata.

Puesto en votación este numeral con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.

Por el numeral 11), se reemplaza el artículo 11 por el siguiente:

“Artículo 11.- Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar, los directores de los establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar.

En la misma oportunidad los establecimientos deberán entregar los resultados obtenidos en las pruebas nacionales de medición de la calidad de la educación, con las siguientes informaciones:

1.Un listado con los resultados de cada establecimiento de la misma comuna, ordenados de mejor a peor, con indicación de su calidad de municipal, subvencionado o particular;

2.Los listados equivalentes, correspondientes a las comunas limítrofes a aquella en que se encuentra el establecimiento, y

El detalle de los resultados generales y por objetivos correspondientes al establecimiento.

Copia del informe y de las observaciones que hayan presentado por escrito los miembros de la comunidad escolar, quedarán a disposición de los interesados en un registro público que llevará el establecimiento.

En la misma oportunidad, los directores deberán dar cuenta por escrito del uso dado a la subvención de mantenimiento recibida el mes de enero del año por el cual se rinde cuenta. Copia de este informe deberá remitirse al Ministerio de Educación.

Las infracciones a este artículo serán sancionadas de conformidad con la letra a), del artículo 45, del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, de Educación”..

Puesto en votación el numeral 11) fue aprobado por unanimidad.

Por el numeral 14), se deroga el artículo 6º transitorio.

Puesto en votación este numeral fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 2º, se introducen las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación:

Por el numeral 1), se modifica el artículo 6º de la siguiente forma:

En la letra a), se reemplaza el literal d) por el siguiente:

“d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan, y las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados al momento de la matrícula o de la renovación anual de su pago, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Las disposiciones del reglamento interno que se contrapongan con normas legales o reglamentarias, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula o suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven, exclusivamente, de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causal para la aplicación de medidas que excluyan, restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento.

Cuando un establecimiento desarrolle procesos de selección, éstos deberán ser objetivos y trasparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familiares.

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar:

a)Número de vacantes ofrecidas y nivel;

b)Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados;

c)Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar;

d)Tipos de prueba a las que serán sometidos los postulantes;

e)Criterios de selección y sistema de composición del puntaje de los postulantes, y

f)Monto y condiciones del cobro por participar en el proceso.

Una vez hecha la selección, el establecimiento publicará en un lugar visible la lista de los seleccionados con su puntaje en orden alfabético. A los no seleccionados o a sus familiares, cuando lo soliciten, deberá entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas firmado por el encargado del proceso de selección del establecimiento.

Los criterios de selección usados por el establecimiento deberán ser respetuosos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”..

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave”..

Los diputados señores Escalona, Hidalgo, Jaramillo, Lagos, Ortiz y Tohá, señora Carolina, presentaron la siguiente indicación, argumentándose que mejora la proposición de la Comisión Técnica:

a)Reemplázase el literal d) por el siguiente:

“d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave”..

Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.

En la letra d), se reemplaza el inciso segundo de la letra g), por el siguiente:

“Para todos los efectos, se entenderán como horas de trabajo escolar tanto aquellas comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales, propios o elaborados por el Ministerio de Educación, como aquéllas que, de manera complementaria a dicho plan y de acuerdo con su proyecto educativo, defina cada establecimiento como de asistencia obligatoria y sujetas a evaluación sin incidencia en la promoción. Dichas horas serán de 45 minutos, tanto para la enseñanza básica como media”..

Puesta en votación la letra d) fue aprobada por unanimidad.

En la letra e), se agregan los siguientes incisos penúltimo y último, nuevos:

“Los establecimientos educacionales que a contar del año 2003 impetren por primera vez la subvención educacional, por todos sus niveles o por un nuevo nivel o modalidad de enseñanza, para tener derecho a ella, deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna por los alumnos correspondientes a los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media. En todo caso, los alumnos atendidos en jornada escolar completa diurna no podrán ser atendidos con posterioridad en un régimen distinto.

Excepcionalmente, por resolución fundada del respectivo Secretario Regional Ministerial de Educación, se podrá eximir a un establecimiento educacional del cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente, cuando por aplicación de dichas normas se impida de manera insalvable el acceso a la educación de alumnos que carezcan de cobertura escolar”..

Puesta en votación la letra e) fue aprobada por unanimidad.

Por el numeral 2), se sustituye el inciso séptimo, del artículo 24, por el siguiente:

“Las exenciones que se concedan mediante este sistema, deberán mantenerse mientras las circunstancias socioeconómicas del grupo familiar lo ameriten. Los padres beneficiarios deberán informar, en el más breve plazo, los cambios experimentados en su situación socioeconómica al sostenedor, el que deberá reasignar las exenciones en caso de existir nuevos recursos disponibles. En todo caso, el sostenedor deberá reevaluar los beneficios otorgados al inicio del segundo semestre del año escolar respectivo”..

Puesto en votación este numeral fue aprobado por unanimidad.

Por el numeral 3), se agrega el siguiente inciso final al artículo 24:

“Las Direcciones Provinciales de Educación deberán informar, dentro del mes de septiembre de cada año, a las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales los establecimiento educacionales que no han dado a conocer a los padres y apoderados el sistema de exención de los cobros mensuales dentro del mes de agosto anterior. Atendidas las circunstancias, la Subsecretaría de Educación podrá retener la subvención hasta que el establecimiento cumpla con la obligación indicada”..

Puesto en votación este numeral fue aprobado por unanimidad.

Por el numeral 4), se intercala en el inciso quinto del artículo 26, después del punto seguido (.) que separa las dos oraciones que lo conforman, lo siguiente:

“Dicho informe deberá señalar, además, el número de alumnos beneficiados con el sistema de exenciones establecido en el artículo 24 y el monto total de recursos que se destinó a dicho fin”..

Puesto en votación este numeral fue aprobado por unanimidad.

Por el numeral 5), se modifica el artículo 37 de la siguiente manera:

En la letra a), se agrega a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente:

“Se pagará una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que será de 0,1362 unidades de subvención educacional (U.S.E.) para la Educación General Básica; 0,3103 U.S.E. para la Educación Media hasta 25 horas semanales presenciales de clases, y 0,3999 U.S.E. para la Educación Media con más de 25 horas semanales presenciales de clases. Esta subvención sólo se pagará cuando este tipo de educación se preste en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. En este caso, siempre se pagará el 100% de la subvención que corresponda, independientemente de la que se deba pagar por los alumnos que cursen los otros tipos de enseñanza que pueda impartir el establecimiento y no le será aplicable lo dispuesto en el inciso octavo de este artículo”..

En la letra b), se reemplaza en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “al inciso primero” por “a los incisos primero y segundo”.

En la letra c), se reemplaza en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión “inciso segundo” por “inciso tercero”.

En la letra d), se reemplaza el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

“Aquellos establecimientos que atiendan alumnos en doble jornada percibirán, respecto de estos alumnos, sólo el 50% de la subvención a que se refiere este artículo. Asimismo, si en un mismo local escolar funciona en jornada diurna más de un establecimiento del mismo o diferentes sostenedores, cada uno de ellos percibirá este porcentaje. La subvención de mantenimiento por alumno interno se pagará siempre completa”..

Puesto en votación este numeral fue aprobado por unanimidad

Los diputados señores Escalona, Hidalgo, Jaramillo, Lagos, Ortiz y Tohá, señora Carolina, y Villouta, presentan una indicación para agregar el siguiente numeral 8) al artículo 2º:

“Artículo octavo transitorio.- Los establecimientos educacionales tendrán un plazo máximo de un año, contado desde la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el literal d) del artículo 6º de la presente ley”..

Sometida a votación la indicación precedente, se aprobó por unanimidad.

En el artículo 3º, se introducen las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.715:

Por el numeral 1), se reemplaza en el inciso tercero del artículo 8º, la expresión “el inciso anterior” por “los incisos anteriores”.

Por el numeral 2), se agrega al número tres del inciso segundo del artículo 16, a continuación del punto final (.), que se reemplaza por una coma (,) la siguiente oración: “o desempeñarse en iguales condiciones en los establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980”..

Puesto en votación el artículo 3º fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 4º, se dispone que la subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos que se crea por el literal a), del número 5, del artículo 2º de esta ley, se pagará a contar del año 2003.

Puesto en votación el artículo 4º fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 1º transitorio, se señala que los sostenedores que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, hayan garantizado la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional con la constitución de hipoteca y/o prohibición de conformidad con la ley Nº 19.532, podrán solicitar y el Ministerio de Educación aceptar, la modificación de las mismas para el solo efecto que se adecuen al nuevo plazo que corresponda de acuerdo con lo previsto en esta ley.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 2º transitorio, se establece que el mayor gasto fiscal que represente en el año 2002 la aplicación del proyecto, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público y al presupuesto del Ministerio de Educación.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

Sala de la Comisión, a 4 de octubre de 2002.

Acordado en sesiones de fechas 10 de septiembre y 1 de octubre, de 2002, con la asistencia de los diputados señores Lorenzini, don Pablo (Presidente); Alvarado, don Claudio; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Escalona, don Camilo; Hidalgo, don Carlos; Jaramillo, don Enrique; Lagos, don Eduardo; Ortiz, don José Miguel; Silva, don Exequiel; Tohá, señora Carolina; Villouta, don Edmundo, y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Se designó diputado informante al señor Ortiz, don José Miguel.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión”.

PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Primer trámite constitucional.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda son la señora María Antonieta Saa y el señor Ortiz , respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2853-04, sesión 22ª, en 8 de enero de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informes de las Comisiones de Educación y Hacienda, sesión 4ª, en 8 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nºs 6 y 7, respectivamente.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señora Presidenta, paso a informar sobre el proyecto de ley, originado en un mensaje, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

Durante su discusión en la Comisión, se contó con la colaboración de la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin ; del subsecretario de Educación, don José Weinstein , y de los señores Patricio Vilaplana , Hugo Montaldo , Marcos Miranda , Luis Villarroel , Emilio Oñate , Alexis Yáñez , Alejandra Contreras , todos funcionarios del Ministerio de Educación, en las reparticiones de finanzas, Programa JEC, etcétera.

Asimismo, se escuchó a representantes de diversas instituciones, entre ellos, a los señores Jorge Pavez y Darío Vásquez y a la señora Carmen Gallardo , del Colegio de Profesores; a las señoras María de los Ángeles Santander y Paula Pinedo , abogadas del Instituto Libertad y Desarrollo; a la señora Dagmar Raczynski , investigadora de la Dirección de Estudios Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile; al padre Héctor Vargas , presidente nacional de la Federación de Instituciones de Educación; a Walter Oliva, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados de Chile; a las señoras Patricia Matte y María Domeyko , presidenta y secretaria general de la Sociedad de Educación Primaria, respectivamente; a las señoras Sonia Lavín y Silvia Del Solar , directora e investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación Piie, respectivamente; a don Marcos Núñez , presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación; a don Guillermo Mondaca , vicepresidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Técnico-Profesional; al padre Juan Díaz , vicario para la Educación de la Iglesia Católica; a don Miguel Gaete de la Fuente, presidente de la Coordinadora de Federaciones de Funcionarios de la Educación Municipal de Chile; a don Juan Ramos Sandoval , director del Liceo José Tohá ; también a los señores Ismael Calderón , Jorge Godoy , Eduardo Catalán , Miguel Villanueva , de la Asociación Metropolitana de Centros de Padres y Apoderados; al obispo Emiliano Soto Valenzuela ; a los señores Felipe Eduardo Vidal y Eduardo Vidal , del Consejo de Unidades Pastorales de la Región Metropolitana; a don Francisco Fernández Fredes , presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas; a los señores Francisco Espejo y Cristián Martínez y a la señora Ana María Aburto , director nacional, jefe de Programas y jefa de la Unidad de Alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb , respectivamente.

Antecedentes generales.

Este proyecto de modificación de jornada escolar completa diurna se encadena con numerosas iniciativas que hemos tratado en la Cámara de Diputados y programas del Ministerio de Educación que han implementado la reforma educacional, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación. Uno de los pilares de la reforma fue la creación del régimen de jornada escolar completa diurna, instaurado en 1997 por la ley Nº 19.532. El mejoramiento educacional ha sido impulsado por el Ministerio de Educación desde marzo de 1990, con los gobiernos de la Concertación. A ello apuntan los programas de las 900 escuelas; en 1992, de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, Mecebásica ; de Mejoramiento Educativo dirigidos a las escuelas rurales y de Mejoramiento de la Calidad de la Educación de la Enseñanza Media, Mecemedia . A las anteriores iniciativas, también se agrega la ley N° 19.070, de 1991, sobre estatuto de los profesionales de la educación o Estatuto Docente; el DFL N° 5, del Ministerio de Educación, de 1993, sobre régimen de subvenciones; la ley N° 19.410, de 1995, que modificó el Estatuto Docente y la ley de subvenciones; la ley N° 19.532, de 1997, que establece el régimen de jornada escolar completa diurna, y la ley N° 19.715, de 2001, sobre mejoramiento especial de remuneraciones. Todas ellas apuntan a los mejoramientos de los procesos educativos, a la elevación de la calidad de la educación y a la distribución equitativa de esa calidad.

En este proceso de reforma existen cuatro ámbitos considerados claves: la reforma curricular, el desarrollo profesional docente, los programas de mejoramiento e innovación y la jornada escolar completa diurna.

Todo lo que partió aparentemente en forma parcial y desagregada, se ha ido integrando en un todo coherente. Es así como la jornada escolar completa diurna ha avanzado en estos años, y ya existen cuatro llamados a concurso para infraestructura. Además, hemos tenido excelentes resultados con la prueba Simce en aquellos colegios donde se ha aplicado la jornada escolar completa diurna.

Los países más desarrollados de Europa y del sudeste asiático tienen una extensión del año escolar de entre 190 y 250 días, con jornadas diarias de entre seis y siete horas cronológicas, lo que da un tiempo anual de 1.300 y 1.500 horas cronológicas. Los países con ingresos más altos, según un estudio del Banco Mundial, presentan un mayor número de horas anuales de docencia.

Todos estos factores se han considerado para plantear una modificación de la jornada escolar completa diurna, que va en la línea de ampliar los plazos y mejorar algunos mecanismos.

Se esperaba, como resultado de la ley, entre otros, que al año 2002 cerca de nueve mil establecimientos subvencionados estuvieran funcionando en jornada escolar completa de tercero básico a cuarto medio. Esto suponía esfuerzos organizativos y financieros por el aumento de las horas pedagógicas y la construcción equivalente a veinte mil salas de clases, con un costo estimado de 700 millones de dólares, según proyección al momento de entrar en vigencia la ley Nº 19.532.

Desde 1996 a 2002, los recursos públicos asignados a educación se han incrementado en un 141 por ciento; la matrícula de niños y jóvenes en 7 por ciento, y la de adultos en 34 por ciento. Los padres y apoderados, entre 1996 y 1998, aumentaron su aporte por concepto de financiamiento compartido en 20 mil millones de pesos. Todos estos recursos se han orientado no sólo a la inversión en infraestructura, sino que en 32 por ciento a la entrega de textos y en 2.365 por ciento a la entrega de raciones alimentarias, así como al incremento de la remuneración por hora cronológica en enseñanza básica y media.

Ideas centrales del proyecto.

El régimen educacional de jornada escolar completa diurna, desde su creación en 1997, ha sido exitoso y masivo. Sin embargo, se ha estimado necesario ampliar el plazo primitivamente pensado para que los establecimientos integren este nuevo sistema.

Las ideas centrales de este proyecto pueden sintetizarse en las siguientes:

1. Ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales al régimen de JEC establecido en la ley N° 19.532.

2. Ajustar aquellas materias que dicen relación con los mecanismos de inversión de los recursos que consulta la ley para realizar las obras de infraestructura indispensables. Se establecen nuevos tipos de intervenciones en infraestructura y una mayor flexibilidad para determinar los valores máximos de aporte a entregar por alumno, de manera que se pueda disponer de herramientas adecuadas que permitan el financiamiento de la totalidad de la infraestructura necesaria para que aquellos establecimientos que tienen derecho a acceder al aporte, cuenten con esos recursos y puedan ingresar a la jornada escolar completa diurna.

3. En atención a que, de acuerdo con la ley N° 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, las secretarías regionales ministeriales de Educación son las encargadas de otorgar el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales, contando para ello con el personal adecuado para verificar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicho reconocimiento y dado que los requisitos para ingresar a la JEC son muy similares, es más razonable que éstos sean revisados, igualmente, por la secretaría regional ministerial de Educación correspondiente.

Al otorgar estas facultades a las secretarías ministeriales de Educación, se está dando un paso muy importante, en términos de la descentralización de los procesos.

Por último, se ha estimado necesario ampliar el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos, en lo relativo a la protección del derecho a la educación, con la introducción de algunas modificaciones a las actuales disposiciones contempladas en la ley de subvenciones.

Objetivos del proyecto.

Cambio de fecha. Este punto es extremadamente importante. Se propone una modificación a la norma que permite a determinados establecimientos excepcionarse de ingresar al régimen de jornada escolar completa, cambiando las fechas que se considerarán respecto de las pruebas nacionales de medición de calidad de la educación que se rindan hasta el año 2006, es decir, al ingreso del año escolar 2007.

En la discusión habida en la Comisión, llevada a cabo en un ambiente de absoluta cordialidad y colaboración, fuimos intercambiando puntos de vista y construyendo juntos un pensamiento similar y poco discordante hasta concluir que era muy importante fijar como plazo el año 2007 para implementar la jornada escolar completa en todos los establecimientos, tanto municipales como privados subvencionados, que presentaran vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico y educacional. Nos pareció que el proyecto debía poner el acento en esos establecimientos y darles prioridad absoluta, de modo que a comienzos del año escolar 2007 estuvieran en condiciones de emprender la jornada escolar completa. Respecto del resto de los establecimientos particulares subvencionados y atendidas las intervenciones de algunos invitados, como la señora Patricia Matte y el señor Walter Oliva, extendimos el plazo al año 2010, con total acuerdo del Ministerio de Educación.

El hecho de poner el acento en los establecimientos vulnerables y el de ampliar el plazo hasta el año 2010 para implementar la jornada escolar completa, constituyen dos puntos fundamentales del proyecto sobre los cuales hubo total acuerdo en la Comisión.

Obligación de ingreso.

En segundo lugar, el mensaje indica que se ha estimado absolutamente necesario para el éxito del programa y de las políticas educacionales del Gobierno que, a contar del año 2003, los nuevos establecimientos subvencionados que se creen, funcionen, obligatoriamente, en el régimen de JEC.

Perfeccionamiento en mecanismos de inversión.

Los cuatro concursos llevados a cabo para entregar capitales de inversión e infraestructura escolar han sido una valiosa experiencia. Eso llevó al ministerio a perfeccionar los mecanismos de inversión de los recursos, a fin de beneficiar a todos los alumnos respecto de los cuales no se dispone de la infraestructura necesaria para su ingreso a la jornada escolar completa. Por eso, se estimó necesario hacer extensiva la figura que permite crear establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar y a la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes.

Se trata de otro punto fundamental, porque permite focalizar los recursos en comunas donde no han existido iniciativas municipales o de otros entes para construir nuevos establecimientos. El proyecto permite perfeccionar estos mecanismos, con el objeto de construir colegios en lugares donde no se ha planificado la jornada escolar completa, o completar los ciclos de los que sí cuentan con ella.

Garantía en favor del fisco.

En cuarto lugar y dada la experiencia acumulada en los cuatro concursos que se han desarrollado a la fecha, se ha visto la necesidad de establecer algunas mejoras que consideren todas las posibles situaciones que afectan a los inmuebles en que funcionan los establecimientos educacionales, de manera de perfeccionar la garantía constituida sobre ellos en favor del fisco, para hacer procedente la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional. En el mismo orden de ideas y considerando que la infraestructura escolar tiene una vida útil de 30 años, se rebaja a 30 años el plazo máximo por el cual deben constituirse la hipoteca y prohibición.

La Comisión estuvo completamente de acuerdo en esta materia.

Apoyo del Ministerio de Educación.

En quinto lugar, el proyecto persigue que el Ministerio de Educación cuente con herramientas adecuadas para otorgar asistencia técnica en la preparación de los proyectos de infraestructura que postulen al aporte, de tal manera que esa asistencia técnica se entregue a quienes efectivamente la necesiten.

Muchas veces, los municipios o los sostenedores no tienen la capacidad técnica necesaria para presentar buenos proyectos, lo que les resta posibilidades en los concursos. Por eso, facultamos al Ministerio de Educación para apoyarlos con asistencia técnica, sobre todo a los colegios vulnerables.

Desconcentración.

En sexto lugar, se busca hacer más eficiente el procedimiento de ingreso de los establecimientos al régimen de JEC mediante la radicación de éste en las secretarías regionales ministeriales de Educación, en términos de que sea más coherente la revisión del cumplimiento de los requisitos para otorgar el reconocimiento oficial y de aquellos necesarios para ingresar a la JEC.

Esto significará una gran desconcentración, pues se facultará a las secretarías ministeriales para analizar los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales para ingresar a la JEC y permitirá una mejor focalización de los colegios, esto es, se construirán donde hagan falta.

Participación.

En séptimo lugar, el proyecto se preocupa de la gestión educativa de los establecimientos, para lo cual consagra una serie de medidas tendientes a la participación de la comunidad, lo que despertó gran interés en la Comisión y se tradujo en la presentación de indicaciones para apoyar tales medidas. El mensaje señala que la cuenta sobre gestión educativa del establecimiento, que debe rendir el director, sea por escrito y esté dirigida a toda la comunidad escolar, no sólo a los centros de padres y apoderados. Además, se deberá dejar constancia de las observaciones presentadas por esa comunidad, las que quedarán a disposición de los interesados en un registro público.

Todas estas medidas de participación llevaron a la Comisión a una reflexión profunda sobre el particular. En el curso de la tramitación del proyecto realizamos un seminario que se centró en el análisis del tema. Hubo consenso en crear los consejos escolares, organizaciones en las que participaría toda la comunidad escolar y que cumplirían un rol importante en la vida del establecimiento. No todo lo debatido en ese seminario se plasmó en el informe, razón por la cual muchos diputados han señalado que presentarán indicaciones. Incluso, se ha pedido al Ejecutivo ampliar estos capítulos en el segundo informe.

Ampliación de sujetos beneficiados con financiamiento.

En octavo lugar, se reconoce la necesidad de financiar la infraestructura necesaria para que los establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, puedan ingresar al régimen de JEC. Se trata de establecimientos técnico-profesionales que en la actualidad se encuentran administrados por corporaciones privadas, pero cuya propiedad es fiscal. En ese sentido, el proyecto establece un monto de recursos aportados por el ministerio para que, a partir de 2007, se incorporen a la jornada escolar completa con la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Subvención para adultos.

En noveno lugar, se establece una subvención de apoyo al mantenimiento para la educación de adultos que se imparta en establecimientos reconocidos oficialmente, a contar del año 2003.

Protección del derecho a la educación.

Finalmente, para proteger de manera más eficaz el derecho a la educación, se establecen prohibiciones, cuya transgresión implica una sanción por infracción a la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

El proyecto no sólo modifica la ley Nº 19.532, que estableció el régimen de JEC, al ampliar los plazos de inicio del sistema a los años 2007 y 2010, sino que también consagra una serie de medidas en cuanto a las hipotecas, al funcionamiento de los créditos, que recogen la experiencia de los concursos anteriores y perfeccionan los sistemas de distribución.

Se garantiza el funcionamiento de los establecimientos que reciben el aporte a un máximo de treinta años; se hace equivalente el período por el que debe otorgarse la autorización de uso, con aquel por el que debe constituirse la garantía para la entrega del aporte; se permite calcular el aporte sobre un parámetro más alto, también en función de la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte el establecimiento y las dificultades topográficas del terreno. Es muy distinto construir una escuela en un cerro de Puerto Montt que en la ciudad de Santiago, en términos de topografía y necesidades de recursos.

En la discusión en particular se podrá dar cuenta de todos estos mecanismos, que contaron con el total acuerdo de la Comisión y la contribución de los diputados y diputadas en cuanto a precisar las normas.

Modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.

Las modificaciones más importantes a este decreto se refieren al reglamento interno que deberá regir las relaciones entre los establecimientos educacionales, los alumnos y también los padres y apoderados, el que deberá señalar normas de convivencia, sanciones y reconocimientos que originen su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos aplicables para determinar dichas infracciones o destacado cumplimiento, y las instancias de revisión.

Los reglamentos deberán ser notificados a los padres y apoderados al momento de la matrícula o de la renovación del pago, dejándose constancia escrita de ello.

Queremos que la aceptación del reglamento del colegio deje de ser un trámite burocrático y se transforme en una instancia de participación de la comunidad escolar.

También se crea una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumno de educación de adultos, respecto de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. Se precisa que siempre se pagará el ciento por ciento de esta subvención, independientemente del régimen en que el establecimiento atienda a los demás alumnos.

Modificaciones a la ley Nº 19.715, que otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación.

Se modifica su artículo 8°, de modo de hacer extensiva la infracción grave que allí se establece a los establecimientos particulares subvencionados y no sólo a los municipales, cuando los sostenedores no aplican los aumentos de subvención a las situaciones contempladas en la ley.

Esta es una antigua reivindicación de los profesores de los colegios subvencionados, a quienes el proyecto hace justicia, pues los recursos entregados para subvención deben aplicarse estrictamente a las situaciones que la ley establece, cosa que en muchas partes no se estaba haciendo.

Modificaciones al Estatuto Docente.

En relación con los establecimientos particulares subvencionados, se señala que los docentes tendrán los mismos beneficios que aquellos que se desempeñan en el sector municipal, respecto de una hora no lectiva adicional. Esta es también una antigua aspiración de los profesores.

Incremento de la subvención.

Se incrementa la subvención establecida en el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 1998, para aquellos establecimientos que se encuentran funcionando en el régimen de JEC, con el objeto de financiar la hora no lectiva adicional para los docentes con 38 o más horas semanales de contrato.

El proyecto fue aprobado en general, por unanimidad, en la Comisión.

Quiero volver a destacar el ánimo constructivo y de colaboración con que se discutió la iniciativa por parte de los diputados de todos los partidos, de la ministra de Educación y del personal de su ministerio.

Muchos diputados manifestaron la idea de profundizar los temas de participación. Esperamos que esto sea recogido por la honorable Sala, a fin de revisar nuevamente el proyecto en la Comisión de Educación.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor José Miguel Ortiz , diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor ORTIZ.-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar sobre el proyecto que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

Durante su estudio en la Comisión participaron la señora Mariana Aylwin , ministra de Educación, y los señores Patricio Vilaplana , jefe de la División de Planificación y Presupuesto; Hugo Montaldo , abogado coordinador de la jornada escolar completa, y Marcos Miranda , coordinador del programa jornada escolar completa, JEC, todos de dicha Secretaría de Estado.

Además, en representación del ministro de Hacienda, asistió el señor José Espinoza , asesor de la Dirección de Presupuestos.

La iniciativa aborda las siguientes materias:

a) Ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales al régimen de JEC hasta el año 2007, en el caso de los colegios del sector municipal y de alta vulnerabilidad, y hasta el año 2010 para el resto.

Sobre el particular, la ministra de Educación puntualizó que es prioritario para el Gobierno centrar los esfuerzos en los establecimientos más vulnerables desde los puntos de vista socioeconómico y educativo, sin perjuicio de que, en la medida en que haya más recursos, se incorpore el resto de los establecimientos.

b) Disponer la obligatoriedad, a contar del año 2003, de que los nuevos establecimientos subvencionados que se creen operen en el régimen de jornada escolar completa, JEC.

En este aspecto y para la historia fidedigna de la ley, es bueno señalar que los establecimientos educacionales son alrededor de 9.850, y que año a año se crean al menos cien, cifra que resulta significativa. Con esta medida se los obligará a operar en el régimen de jornada escolar completa.

c) Perfeccionar los mecanismos de inversión, en particular al permitir la creación de establecimientos educacionales en comunas o localidades en que la capacidad de los establecimientos existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar, como también la instalación de nuevos niveles educacionales respecto de establecimientos ya existentes.

d) Rebajar el período de constitución de las garantías hipotecarias de 50 a 30 años, toda vez que la infraestructura escolar tiene una vida útil más cercana a esta última.

Este tema fue ampliamente discutido en la Comisión, porque muchos sostenedores estiman que la garantía no estaba acorde con la realidad de las instalaciones educativas.

Es bueno que esta Sala sepa cuál es la realidad del sistema de la jornada escolar completa. El señor Patricio Vilaplana señaló que existen 6.370 establecimientos operando en dicho sistema, de los cuales 5.023 corresponden a establecimientos vulnerables. Agregó que se han realizado cuatro concursos para financiamiento de infraestructura y que están en proceso un quinto y un sexto concursos.

La información actualizada con que cuento señala que hace diez días se dieron a conocer los resultados del quinto concurso sobre financiamiento de infraestructura.

El informe financiero del 3 de enero de 2002 fue reemplazado por otro, de fecha 3 de mayo de este año. Como diputado informante, quiero poner énfasis en el informe financiero, para después explicitar a grandes rasgos la discusión que se produjo en la Comisión de Hacienda.

Como consecuencia de que se suprimieran los artículos 4º y 5º de la iniciativa, que decían relación con el incremento de las horas no lectivas y la subvención escolar a los establecimientos afectos al régimen de jornada escolar completa diurna, se plantea lo siguiente:

El número 2) del artículo 1º establece que el Ministerio de Educación podrá asignar recursos a los establecimientos educacionales regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980.

Para conocimiento de los colegas que no han participado en las discusiones de la Comisión de Educación, debo señalar que setenta establecimientos educacionales técnico-profesionales están siendo administrados por corporaciones privadas de origen empresarial sin fines de lucro.

Con ello se autoriza al Ministerio de Educación para crear la infraestructura educacional que permita incorporar a sus alumnos a la jornada escolar completa diurna. En la ley de Presupuestos de cada año se determinará el monto que se destinará para este objeto, por lo que esta disposición no representa mayor gasto fiscal durante 2002.

El número 2) del artículo 2º crea, a contar del año 2003, la subvención anual de apoyo al mantenimiento de los alumnos de educación de adultos en los establecimientos subvencionados.

Lo anterior representa un mayor gasto fiscal anual de 350 millones de pesos, considerando una matrícula de 116.623 alumnos a junio de 2001.

Entrando en la discusión particular de los artículos que nos correspondió estudiar, que fijó la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, debo señalar lo siguiente:

El artículo 1º introduce las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.532:

El numeral 1) modifica el artículo 1º en los términos siguientes:

En la letra a), se sustituye el inciso primero por el siguiente:

“Los establecimientos educacionales de enseñanza diurna regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y los particulares considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente, deberán funcionar, a contar del inicio del año escolar 2007, en el régimen de jornada escolar completa diurna, para los alumnos de los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media”.

En la letra b), se incorpora el siguiente inciso segundo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

“Los demás establecimientos particulares subvencionados deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna a contar del inicio del año escolar 2010”.

En la letra d), se reemplaza, en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “el inciso primero” por “los incisos primero y segundo”, y el guarismo “2001” por “2006 ó 2009, según corresponda”.

En la letra e), se sustituye, en el inciso cuarto que ha pasado a ser quinto, la expresión “año 2002” por “inicio del año escolar 2007 ó 2010, según corresponda”.

Puestas en votación las letras a), b), d) y e) del numeral 1) del artículo 1º, fueron aprobadas por unanimidad.

Por el numeral 2) se agrega, a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo 3º bis:

“Artículo 3º bis.- A aquellos establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna con la totalidad de sus alumnos en razón de la disponibilidad de aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos para superar dicho déficit hasta el año 2006. Con todo, el mobiliario que se adquiera y la infraestructura que se construya o adquiera con dichos recursos, serán de propiedad del Fisco, y quedarán sujetos al mismo régimen de administración de los demás bienes entregados con motivo de los convenios de administración ya suscritos.

Por decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito, además, por el ministro de Hacienda, se regulará la forma en que se asignarán estos recursos”.

La ministra de Educación, señora Mariana Aylwin , puntualizó que son 70 los establecimientos técnico-profesionales de propiedad fiscal administrados por corporaciones empresariales. Agregó que dichos establecimientos, por el hecho de ser fiscales, porque están entregados en comodato a esas corporaciones, no participan de los concursos de aporte de capital.

En consideración a lo anterior, se propone que a dichos establecimientos se les aseguren los recursos para que puedan ingresar al sistema de jornada escolar completa al inicio del año escolar 2007.

Puesto en votación este numeral, fue aprobado por unanimidad.

El numeral 3) modifica el artículo 4º en los siguientes términos:

La letra a) sustituye el inciso primero por el siguiente:

“Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1º, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos”.

Es bueno que los parlamentarios sepan que esto era algo muy anhelado por los sostenedores, por cuanto se amplía la forma en que ellos pueden utilizar los recursos que, año a año, el Presupuesto de la Nación asigna para infraestructura, a través de la partida correspondiente al Ministerio de Educación.

Puesta en votación la letra a) del numeral 3) del artículo 1º, fue aprobada por unanimidad.

La letra c) reemplaza el inciso tercero por el siguiente:

“Para acceder a la entrega del aporte, los sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que los habilita para destinarlo a dicho uso por un período equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8º de esta ley. En el caso de establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) que funcionen en inmuebles fiscales, no será necesaria dicha autorización”.

El resto de los numerales fueron aprobados por unanimidad, con excepción del 8), que modifica el artículo 8º, cuyas letras a), b), c), d) e) y f) fueron aprobadas por mayoría de votos.

A continuación, me referiré a algunas indicaciones que, estoy convencido, contribuyeron a perfeccionar la iniciativa.

Los diputados señores Escalona , Hidalgo , Jaramillo , Lagos, Ortiz y la señora Carolina Tohá , presentaron la siguiente indicación, argumentando que mejora la proposición de la Comisión de Educación:

a) Reemplázase la letra d) por la siguiente:

“d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan, y las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados, para lo cual se entregará una copia de los mismos al momento de la matrícula o de su renovación cuando éstos hayan sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave”.

Lo anterior es en respuesta al amplio debate que se produjo debido a que algunos colegios sancionan a sus alumnos, excluyéndose algunas situaciones que dieron origen a una iniciativa parlamentaria que ya es ley de la República: “El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causal para la aplicación de medidas que excluyan, restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento”.

Hubo otras indicaciones que fueron aprobadas por unanimidad.

Es importante destacar también la modificación que introduce el numeral 5) del artículo 2º, que modifica el artículo 37 de la siguiente manera:

En la letra a), se agrega, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente:

“Se pagará una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que será de 0,1362 unidades de subvención educacional (U.S.E.) para la Educación General Básica; 0,3103 U.S.E. para la Educación Media hasta 25 horas semanales presenciales de clases, y 0,3999 U.S.E. para la Educación Media con más de 25 horas semanales presenciales de clases. Esta subvención sólo se pagará cuando este tipo de educación se preste en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. En este caso, siempre se pagará el 100% de la subvención que corresponda, independientemente de la que se deba pagar por los alumnos que cursen los otros tipos de enseñanza que pueda impartir el establecimiento y no le será aplicable lo dispuesto en el inciso octavo de este artículo”.

Debo recordar que esta materia ya había sido planteada con motivo de la discusión de otros proyectos relacionados con la educación; es decir, debía existir una señal muy clara y precisa del Gobierno, en cuanto a aumentar la subvención anual para la educación de adultos. La explicación de la autoridad bastante lógica, por lo demás es que durante el último tiempo el número de adultos interesados en completar sus estudios ha crecido en forma considerable, pero las matrículas han permanecido estancadas. Ahora, con el incremento de la subvención para la educación de adultos, como profesor, no me cabe la menor duda de que el próximo año serán más los adultos que podrán completar su enseñanza básica y media.

Por último, el artículo 2º transitorio establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación del proyecto incluido el aumento de la subvención para la educación de adultos, que para 2003 será de 350 millones de pesos, se financiará con cargo al ítem 5001032533.104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, y al presupuesto del Ministerio de Educación.

Me alegro mucho de que, mediante la modificación de la jornada escolar completa y el mejoramiento de la infraestructura escolar, se posibilite a los sectores de más bajos ingresos y más vulnerables de nuestra sociedad acceder a la educación.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Hago presente a la Sala que el proyecto fue objeto de numerosas indicaciones. La Comisión de Educación rechazó 39 y la de Hacienda aprobó dos. Además, en la Sala se han presentado tres.

De manera que debe volver a Comisión, y ahora sólo corresponde discutirlo y votarlo en general.

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .

El señor CORREA.-

Señora Presidenta, el proyecto en debate forma parte de la reforma educacional que comenzó en 1992, es decir, hace diez años, lo que nos permite evaluar si se ha logrado el objetivo perseguido: mejorar la calidad de la educación, necesidad que todos compartimos.

En la década pasada se incrementó fuertemente el gasto en educación: de 500 mil millones, en 1992, a cerca de un billón 800 mil millones; es decir, alrededor del 300 por ciento en diez años. Entonces, cabe preguntarse si se ha logrado un resultado acorde con los recursos utilizados; pero los únicos elementos de que disponemos para saberlo son los sistemas de evaluación existentes: el Simce, la Prueba de Aptitud Académica, la prueba internacional denominada Timss , etcétera.

La prueba Simce de 1999 nos mostró el desempeño de los alumnos de cuarto año básico en matemáticas, comunicación y lenguaje y ciencias naturales. El resultado en las escuelas municipalizadas fue inferior a 240 puntos, y en la media alcanzó a 250.

¿Qué significa este puntaje en términos prácticos? El propio Simce establece cuatro categorías: deficiente, básico, intermedio y alto. La suma de las categorías deficiente y básico arrojó los siguientes resultados: en lenguaje, el 50 por ciento de los alumnos está entre deficiente y básico, y en matemática, el 63 por ciento se encuentra en ese mismo nivel.

Sin duda, estos datos demuestran la preocupante situación de los cuartos años básicos del país. El caso más crítico se presenta en matemáticas, ramo en el cual más de un tercio de los alumnos es considerado con desempeño deficiente.

En la prueba Timss, que mide el rendimiento en matemáticas y ciencias, efectuada en 1999 a los alumnos de octavo básico de diversos países del mundo, Chile obtuvo 392 puntos, frente a un puntaje promedio de 487 puntos. El puntaje máximo lo obtuvo Singapur , con 604 puntos, y el mínimo, Sudáfrica , con 275. Señalo estas cifras porque es bueno tenerlas presente cuando discutimos un proyecto de ley que modifica el régimen escolar completo, que se inició en 1997, y que constituye el eje de la reforma educacional en marcha.

Como lo expresé al iniciar mi exposición, la reforma educacional y, por lo tanto, la jornada escolar completa tiene como meta mejorar la calidad de la educación. Después de varios años desde que empezó a implementarse, aún no se ha definido cuál es la meta concreta que se quiere alcanzar con todos los cambios que se están llevando a cabo.

En el caso de la jornada escolar completa, el aumento de 30 a 38 horas semanales en la educación básica, y de 36 a 42 horas en la media, si bien puede parecer adecuado, toda vez que significa más horas de estudio por parte de los niños, la relación tiempo-rendimiento no es directa; el mayor tiempo de permanencia en la escuela no se traducirá necesariamente en mejor calidad. El resultado dependerá, en gran medida, de los contenidos que se entreguen en ese mayor tiempo y de la forma de lograrlos. La experiencia así lo demuestra: algunos países con jornada escolar completa han mejorado notablemente; otros, con jornada reducida, también han logrado excelentes resultados.

En nuestro país existe conciencia, gracias a las estadísticas, de que la prueba Simce revela la brecha que existe entre la educación particular y la municipal, problema que debe ser corregido. La jornada escolar completa puede ser una manera de lograrlo si se hace bien.

Si bien los objetivos del presente proyecto apuntan en el sentido correcto, no son suficientes ni solucionarán los innumerables problemas que se han ido presentando. Debido a su gran diversidad, en Chile existen enormes diferencias entre una región y otra. Entonces, como las realidades son distintas se requieren soluciones diferentes y es necesario que exista la flexibilidad suficiente que permita adaptar los recursos a esas realidades.

En muchos establecimientos la jornada escolar completa no ha funcionado bien, principalmente por falta de recursos humanos: no hay suficientes profesores que se hagan cargo del alargamiento de la jornada, o bien cuando un profesor se enferma, no hay otro que lo reemplace. Además, no será posible que en el plazo fijado por el proyecto, el año 2007, exista jornada completa en todo el país, debido a la carencia de terrenos en las comunas con gran concentración urbana. Por otra parte, si no somos capaces de elevar nuestra tasa de crecimiento por sobre el 5 por ciento, es una utopía pensar que lograremos la meta con tasas de entre el 2 y 3 por ciento.

Es necesario hacer una evaluación seria de la marcha de la jornada escolar completa. Han transcurrido cuatro años desde que se implementó y en marzo terminó el plazo fijado por la ley Nº 19.532 para que se incorporaran todos los establecimientos; sin embargo, más del 30 por ciento aún no lo ha hecho. Antes de la dictación de la ley sólo el 23 por ciento tenía jornada escolar completa; de manera que en ese plazo se ha incorporado sólo alrededor del 40 por ciento.

Cabe mencionar que la evaluación realizada por la Universidad Católica en 2001 no revela mayores logros académicos como consecuencia de estos cambios; los resultados positivos dicen relación, principalmente, con beneficios sociales, generados por la mayor permanencia de los estudiantes en las escuelas.

Por eso, debemos insistir en el establecimiento de metas concretas relacionadas con el mejoramiento de la educación y en que las escuelas sean evaluadas sobre la base de avances de este tipo, puesto que es la única manera de saber si estamos mejorando efectivamente la calidad de nuestra educación.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .

El señor MARTÍNEZ.-

Señora Presidenta, considero oportuno reconocer el trabajo realizado por las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación y de Hacienda en lo que dice relación con el proyecto en discusión, por la trascendencia que tiene para el país.

Está fuera de toda duda la importancia de dar a nuestra juventud los espacios adecuados para que desarrolle sus potencialidades, especialmente a aquellos estudiantes que acceden a la educación subvencionada y que pertenecen al segmento más necesitado de la comunidad, precisamente aquel en que, según todos los estudios sobre calidad de la educación, se producen las mayores dificultades.

Tal como se recordó durante la discusión del proyecto que establece la obligatoriedad de la educación media, los resultados del Simce dados a conocer recientemente muestran una realidad preocupante. Según la explicación de la ministra de Educación, los resultados tienen un comportamiento mejor en aquellos estudiantes que están en jornada escolar completa. Es decir, de acuerdo con la autoridad educacional, existe una correlación positiva entre la ampliación de la jornada escolar y los resultados académicos en los establecimientos subvencionados. De manera que no queda más que entregar nuestro respaldo a esta iniciativa.

No obstante, con la misma claridad y seriedad que exige una materia de esta naturaleza, es imperioso que seamos muy rigurosos frente al tema, como lo fuimos en la Comisión de Educación, en la cual escuchamos como consta en el informe las opiniones de las más diversas autoridades y representantes educacionales de todo el país.

Es importante recordar que recogimos la experiencia de directores de establecimientos de enseñanza básica y media que llevan varios años en el sistema, así como de quienes pertenecen a un sector no menos importante y muchas veces olvidado en el análisis de la temática educacional: los mal llamados no docentes o paradocentes. Consciente de que muchas de las falencias de nuestras disposiciones legales radican en la nula o escasa participación de las personas que deben aplicarlas, pedí que se invitara a la Comisión a tres directores de las comunas pertenecientes al distrito que represento y al presidente nacional de los funcionarios de la educación, a fin de conocer sus vivencias.

El proyecto en cuestión no aborda ni recoge todas las materias involucradas, así como tampoco soluciona todos los déficit y problemas que se han venido presentando, relacionados principalmente con los establecimientos pioneros en el acceso a esta modalidad, que pagaron las consecuencias de ser los primeros en aplicar la jornada escolar completa y que hoy muestran serios problemas de infraestructura y de recursos pedagógicos para cumplir con eficacia la función encomendada.

Por eso, en su momento, junto con otros colegas manifesté serios reparos, no al fondo, sino a la forma en que se estaba desarrollando la JEC. A mi juicio, ha habido una postura efectista tendiente a cumplir metas, sin detenerse a analizar las circunstancias y las variables que ello implicaba. El objetivo era cumplir con las fechas establecidas; cada región y cada provincia tenían un itinerario. De allí el énfasis que ponían las autoridades provinciales para que los municipios postularan a los proyectos.

Asimismo, se incentivó a los profesores que pensaron que tendrían mejoramientos económicos, puesto que no se les advirtió que el aumento de la jornada era para atender a los niños y niñas y que no implicaba necesariamente más horas en sus contratos. Hubo una presión, y sus resultados están afectando a alumnos, profesores e, incluso, municipios, que no pueden acceder a proyectos porque las estadísticas indican que no hay recursos para incorporarlos a la jornada escolar completa, lo que implica que cualquier mejora debe ser financiada con dineros de la corporación.

Lo importante no es el tiempo que nos demoremos en este proceso ojalá sea el menor posible, sino que lo hagamos bien y con dignidad, porque para un país no es bueno tener espacios escolares muy modernos y adecuados, junto a otros, de la misma escuela o liceo, en pésimas condiciones y con los alumnos hacinados en su interior.

Por eso, la ampliación del plazo hasta el año 2007 para que los establecimientos educacionales de enseñanza diurna, regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998, del sector municipal y particulares considerados vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y/o educacional, incorporen la jornada escolar completa, viene a subsanar un conjunto de dificultades y, lo que es más importante, permite asimilar la experiencia acumulada en los cuatro concursos desarrollados.

El proyecto da un enfoque muy certero a la priorización que establece para la selección de los establecimientos vulnerables en el aspecto socioeconómico y educativo cuando los recursos son escasos, y da una señal muy precisa en el sentido de que, junto con las condiciones socioeconómicas, importan también los resultados académicos.

A su vez, la modificación que se introduce al inciso quinto del artículo 4º, en cuanto a que el cálculo del aporte se hará sobre la base de un parámetro más alto, pues considera esto es muy significativo factores como ubicación geográfica, tipo de enseñanza que se imparte y dificultades topográficas, constituye un avance muy importante porque descentraliza la política de asignación de recursos y considera las características particulares de cada localidad. De ahí el fundamento de radicar el procedimiento de postulación de los proyectos pedagógicos y de infraestructura en las secretarías regionales ministeriales de educación, a fin de uniformar el proceso y de que la aplicación de los criterios de evaluación recaiga en un organismo que, por sus particularidades, conoce a cabalidad la realidad regional.

De igual modo, es muy importante considerar la matrícula del proyecto postulado, en atención a que en la actualidad hay un gran desfase entre la que existía en la fecha de referencia junio de 1997 y el número de alumnos que hay al momento de acceder a la jornada escolar completa, iniciativa que compatibiliza la oferta educacional con los derechos de elección de padres y apoderados.

Igualmente positivas son las disposiciones tendientes a garantizar el derecho de protección de la educación, a través de medidas tales como la subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de educación de adultos, construcción de nuevos establecimientos, recuperación de los existentes y habilitación, normalización y ampliación de los mismos, normas que amplían el destino del aporte suplementario por costo de capital a otras finalidades que las señaladas en el texto primitivo.

Dentro de la política de ampliación de la cobertura de la JEC, merecen especial mención las posibilidades de acceso a esta modalidad de los establecimientos regidos por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, mediante la asignación de recursos directos, dada su imposibilidad de participar en los concursos por ser propiedad fiscal.

Al existir conciencia de que la gestión y la transparencia son bienes altamente significativos para la adecuada marcha del establecimiento, el compromiso de la comunidad educativa y el entorno en que ésta se inserta, se perfeccionan dos instrumentos orientadores del trabajo pedagógico y administrativo: el reglamento interno y el informe de gestión, que resultan fundamentales para resguardar derechos y especificar deberes de los diferentes estamentos de la unidad educativa y mostrar a la comunidad circundante el grado de cumplimiento de los objetivos y metas trazados. Hay aquí un avance interesante que va en la línea de hacer responsable a la escuela o liceo del producto que está entregando a la sociedad, que es, precisamente, la que aporta los recursos y que, como tal, merece una permanente rendición de cuentas. La idea del informe de gestión o cuenta pública, en mi concepto muy positiva, debe ser perfeccionada, a tal punto que junto con ella se entreguen informes permanentes, según el régimen escolar de cada establecimiento trimestral o semestral, porque es necesario realizar oportunamente las correcciones pertinentes y comprometer a la comunidad y a los padres.

Con la finalidad de precisar mejor el objetivo de que la comunidad conozca los rendimientos académicos derivados principalmente de las pruebas nacionales, considero conveniente que se incluyan también, a continuación del artículo 11, que se reemplaza en virtud del numeral 11) del artículo 1º, los promedios nacionales y regionales por calidad de establecimiento. Asimismo, se debe consignar que los liceos humanísticos y científicos den a conocer los resultados obtenidos en la prueba de aptitud académica o en el sistema de selección que se establezca. Ambos datos permitirán saber de manera muy clara la calidad de la educación que se está entregando.

Son tantos los aspectos positivos del proyecto que resultaría muy largo enumerarlos. Si bien existe una mayor garantía en favor del fisco frente a los problemas derivados de la mala calidad de la construcción, me asiste la íntima convicción de que en la discusión particular debiéramos incorporar elementos de mayor rigurosidad con el objeto de que, quien se asigne la ejecución de los trabajos, garantice su calidad y oportunidad. De lo contrario, me temo que seguiremos escuchando en la Sala realidades indignantes y dilapidando los recursos que no tenemos. En esta materia, hay variados ejemplos.

Queda pendiente también un tema extremadamente sensible: la alimentación. Si bien es imposible extender universalmente este beneficio, estimo que se debieran hacer todos los esfuerzos posibles y aprovechando la presencia de la señora ministra de Educación, que sabemos que los está realizando para que se garantice el acceso a aquellos niños cuyos padres están cesantes o provienen de sectores rurales.

Señora Presidenta, con los alcances que he señalado, Renovación Nacional votará favorablemente el proyecto en general.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana .

El señor QUINTANA.-

Señora Presidenta, antes de dar mi opinión en relación con el proyecto de ley, quiero saludar afectuosamente a los maestros en vísperas del Día del Profesor, ocasión en la cual se inicia un nuevo proceso de negociación, caracterizado según palabras de dirigentes del magisterio como una apuesta a un cambio educacional de fondo, y no sólo a mejoras salariales, las que, por cierto, son importantes.

Por ello, me parece oportuno señalar que el cumplimiento de la jornada escolar completa supone más maestros; pero, también, avanzar hacia una jornada de 44 horas para que se imparta una educación de mejor calidad, con menos alumnos por curso para que el mayor tiempo de permanencia en las aulas no sea una lata, sino una óptima combinación de metodologías y procesos.

Para los maestros esa mayor cantidad de horas en un solo establecimiento, sin andar a la carrera de colegio en colegio, debe traducirse en una mejor remuneración. Pero, del mismo modo, en una razonable distribución del tiempo de trabajo, tanto en actividades lectivas como de evaluación, planificación, formación general y de atención de alumnos.

Nadie puede discutir seriamente los efectos de la jornada escolar completa. Es indudable que los alumnos con más horas en sus establecimientos, con una modificación al currículo, haciéndolo pertinente y efectivo, junto a una mejor implementación en textos y material informático, recibirán un mayor aprendizaje.

En todo caso, al momento de evaluar la jornada escolar completa, y especialmente al momento de mirar lo que aún está pendiente, no podemos dejar de hacer la distinción entre dos modalidades de nuestro sistema educativo. Me refiero a la educación municipal y a la particular subvencionada, que son objeto de financiamiento de parte del Estado, a través del llamado aporte de capital.

La primera afirmación que habría que hacer, es que gran parte de los estudiantes no incorporados a la jornada escolar completa pertenecen a los establecimientos más grandes del país, lo que hace suponer que las inversiones pendientes son cuantiosas y, por lo tanto, cobra mucho efecto el proyecto de ley en el tiempo que se necesita adicionar para la materialización de estas obras.

En segundo término, nos parece que, como Estado, debemos hacer, para estos efectos, una clara opción por la educación municipal, la cual, sin duda, es la más vulnerable y, además, no tiene otra posibilidad de allegar recursos y de hacer las inversiones necesarias si no es por la vía estatal.

Por su parte, los establecimientos particulares subvencionados pueden ser sujetos de crédito. En muchos casos, los sostenedores no traspasan en forma íntegra los recursos que reciben por concepto de subvenciones a pagos de sueldos y asignaciones, estando especificadas en las partidas correspondientes.

No es raro encontrar que, en estos casos, se ahorre dinero por esta vía por decirlo de manera moderada, porque también muchos recursos fiscales destinados a la educación han terminado lucrando a personas y menoscabando el sistema y sus objetivos.

Por lo anterior, se hace imprescindible la fiscalización en el sistema particular subvencionado. Hay estudios serios que nos permiten sostener que por falta de ella, con todo lo que el Estado pierde año a año por concepto de subvenciones, se podría, por ejemplo, haber financiado el plan Auge hace rato o la recuperación de los sueldos que el magisterio estima perdidos durante las últimas tres décadas.

Hay situaciones más extremas aún, como los establecimientos particulares subvencionados con financiamiento compartido. Aquí, creo que no cabría un aporte estatal desde ningún punto de vista.

Finalmente, junto con respaldar el proyecto de ley, estimo que para avanzar con equidad en lo que nos queda de la jornada escolar completa, el criterio debiera ser uno solo: que el Estado invierta en las familias más pobres.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles .

El señor ROBLES.-

Señora Presidenta, el objetivo del proyecto es tremendamente importante. Tiene que ver con el cambio de fechas para ampliar la posibilidad de que los establecimientos logren alcanzar la jornada escolar completa, la obligación de ingreso, el perfeccionamiento de mecanismos de inversión, garantía en favor del fisco, etcétera. Sin embargo, hay dos o tres temas más que me parecen muy relevantes.

El primero es la participación, uno de los elementos más importantes en el gobierno del Presidente Lagos y que evidentemente debe tener cualquier tipo de reforma que quiera hacerse de cara a quienes reciben los servicios del Estado, sobre todo en educación, que se imparte a los hijos de la mayoría de los chilenos en establecimientos subvencionados.

Por lo tanto, me parece de fundamental importancia que se consigne en el proyecto que el director debe rendir cuenta de su gestión a los educandos y a los padres y apoderados.

La participación ciudadana en materias educacionales implica necesariamente que los padres y apoderados y los escolares que reciben la educación, es decir, la comunidad escolar en conjunto, tendrán una instancia para decir lo que piensan al respecto. En un proyecto de esta naturaleza es imprescindible que así se consigne.

Además, en esta materia, la participación es de vital importancia y su ejercicio ampliará la democracia de que hoy goza el país.

También me parece muy importante que se establezca una subvención para mantener la educación de adultos. Si bien éstos han recibido un proceso educativo, no es menos cierto que muchos en comunas rurales y alejadas requieren de un apoyo formal de establecimientos subvencionados para que alcancen una mejor calidad de vida.

A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho durante décadas, todavía un pequeño porcentaje de adultos no sabe leer ni escribir. Es necesario ir en su apoyo. Ningún ciudadano debe quedar sin desarrollo en términos educacionales, sobre todo en el siglo XXI.

Pero, tal vez, el punto más importante tiene que ver con la protección del derecho a la educación, y el proyecto amplía los mecanismos que permiten mejorarlo.

Quiero referirme, en particular, al artículo 2º, que introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, algunas de las cuales, a mi juicio, van en la línea de proteger al escolar de distintas situaciones.

El artículo 6º del DFL Nº 2 establece que los establecimientos de enseñanza, para impetrar el beneficio de la subvención, deberán cumplir con los requisitos que se enumeran. Es muy importante que el Estado ponga determinadas condiciones en este sentido para proteger a las escolares que, por ejemplo, por razones de su juventud, se embaracen, o habiendo sido madres, tengan que amamantar a sus hijos. Incluso a los padres.

El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causales de medidas de exclusión o de restricción o que impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento. Es un avance muy importante de la forma en que el Estado concibe el respeto a la libertad de las personas.

Sabemos que no es bueno que una adolescente se embarace, principalmente porque este estado constituye un importante problema de salud en nuestro país, pero no es menos cierto que es absurdo desconocer que gran cantidad de niñas se embarazan antes de los 16 años, realidad que se vive en el distrito que represento.

Por lo tanto, es clara la determinación del Estado de que los establecimientos educacionales que reciben subvención no podrán excluir ni tomar medidas que restrinjan el derecho a la educación de las jóvenes que se encuentran en esas circunstancias.

Como el proyecto volverá a Comisión, es relevante avanzar en otras materias que apunten en la línea de respeto a la libertad y protección a la enseñanza, como asimismo que se introduzcan elementos que protejan la libertad de culto de los educandos.

La ley de igualdad de culto es para toda la población. Sin embargo, en algunos establecimientos educacionales no se aplica. Por lo tanto, es imperativo que en los subvencionados por el Estado se permita que los educandos elijan libremente el culto. Por ello, este elemento es tremendamente necesario para avanzar en el desarrollo educacional de nuestro país.

Es evidente que todo lo que amplíe la libertad de las personas va por el buen camino.

Porque estamos tratando el proyecto en general, quiero mencionar un aspecto que hace pocos días apareció en la prensa: una estudiante de educación media fue segregada por sus antecedentes relativos a su condición o afinidad sexual. Parece necesario debatir su caso.

Si bien todos coincidimos en que la educación debe orientar a los jóvenes en relación con su sexualidad, no es posible negarla simplemente porque, de una u otra manera, se ha optado por una condición sexual que no es la más aconsejable desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto.

Dentro del ámbito de las libertades, establecimientos que reciben el beneficio de la subvención del Estado deben abrir sus puertas a todos los educandos, sin considerar su situación socioeconómica u otras de diversa índole.

Por eso, es fundamental aprobar el proyecto en análisis. Alabo que la Cámara de Diputados avance en la seguridad de que en el futuro nuestros hijos recibirán una educación que incluirá los valores del Estado, de la democracia, de la libertad, de la fraternidad, de la tolerancia.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Recuerdo a la Sala que quedan quince minutos para el término del Orden del Día.

Debemos despachar en general el proyecto y quedan cinco diputados inscritos para intervenir, por lo que les pido que abrevien sus intervenciones para que todos tengan la posibilidad de participar en el debate.

Tiene la palabra el diputado señor Bauer .

El señor BAUER.-

Señora Presidenta, el proyecto que nos convoca, sobre la jornada escolar completa, es la continuación de una ley en funcionamiento en buena parte de la educación chilena.

La iniciativa, en mi opinión, es meramente mecánica, por decirlo de alguna manera, ya que, por un lado, prorroga la entrada en vigencia del sistema a todo el país y a todo tipo de escuelas y, por el otro, resguarda los intereses del Estado que ha entregado a los privados con el fin de adecuar sus instalaciones a esta nueva modalidad, así como también garantizar el funcionamiento de éstos en el tiempo, pero nada dice en relación con la calidad de la educación. Cantidad nunca ha sido sinónimo de calidad.

Durante la discusión del proyecto, entre otras informaciones, recibimos el estudio de la Universidad Católica respecto de la jornada escolar completa, en el que se concluyen muchas condiciones de la jornada escolar, como la conveniencia de los alumnos de permanecer más horas en la escuela, lo que evita que pasen mucho tiempo en la calle o frente a los televisores, pero nada concluyente respecto de la calidad de la educación.

Creemos firmemente que para mejorar la calidad de la educación se hace necesario, sin duda, aumentar el aporte del Estado por cada estudiante, de manera de mejorar la calidad de los profesores, de optimizar el número de alumnos por sala, etcétera.

En colegios particulares subvencionados, administrados por entes sin fines de lucro, en los sectores de más bajos ingresos, los resultados han sido espectaculares. Ello nos dice que con recursos todo se puede mejorar.

Estoy de acuerdo con el proyecto, pero insisto en que debemos velar por la calidad de la educación.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá .

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señora Presidenta, podría comentar varias materias, pero quiero concentrarme sólo en tres y plantear de manera muy general los puntos que deberemos seguir desarrollando en un segundo informe y quizás en otros proyectos.

Durante la discusión del proyecto un debate muy importante, llegamos a la conclusión de que con la ampliación del plazo para incorporar la jornada escolar completa estaríamos enviando una señal fuerte en el sentido de que la prioridad apunta hacia los establecimientos más vulnerables, hacia aquellos que tienen menores resultados en el mejoramiento de sus aprendizajes, sobre todo porque el último Simce confirmó una noticia: los establecimientos que cumplen jornada escolar completa mejoran su rendimiento escolar.

Por eso, en la medida en que madure el proceso y que todos hayan adoptado la jornada escolar completa, los rendimientos van a mejorar. Sin embargo, preocupa que el mejoramiento se dé a velocidades muy distintas.

En los establecimientos más vulnerables, el mejoramiento es más lento que en aquellos que poseen condiciones favorables desde el punto de vista socioeconómico. Por eso, se adoptó la decisión de privilegiar a los establecimientos vulnerables con la implementación de la jornada escolar completa. Tendrán plazo sólo hasta el 2007. Los demás podrán demorarse un poco más.

Hay que profundizar esta primera señal, junto con la decisión de que el ministerio aporte recursos para que los establecimientos más vulnerables desarrollen sus proyectos. En el futuro, a raíz de otros proyectos, por ejemplo, cuando se discuta el nuevo sistema de nombramiento y evaluación de los directores o el mecanismo de participación de la comunidad escolar en las decisiones, no debiéramos esperar los indicadores de los establecimientos que se quedan atrás para reforzarlos con programas adicionales, sino que debiéramos generar, sin más trámites, nuevas modalidades y modernizaciones que los privilegien y favorezcan, especialmente a los más vulnerables. Que ellos sean los primeros que elijan y evalúen a los nuevos directores; los primeros en que la comunidad escolar se organice y participe. No esperemos que se queden atrás para apurarlos. Privilegiémoslos, démosles condiciones preferenciales. En lugar de dejar atrás a los que tienen problemas, tratemos de apoyarlos y reforzarlos, de manera que la energía de los que van más adelante les genere un incentivo.

Un segundo punto fundamental del proyecto es la protección del derecho a la educación. Fundamentalmente, se regulan los reglamentos para asegurar el respeto a la normativa legal y a los convenios internacionales sobre derechos del niño. Se obliga a que se den a conocer los reglamentos a los apoderados; se regulan las expulsiones para que haya procesos de apelación, para que a mitad de año no se expulse a nadie por razones económicas o de rendimiento.

Pero, en esta materia, quedó pendiente un aspecto fundamental: la regulación de los procesos de selección. Resultó ser más complejo de lo que esperábamos y en un segundo informe habrá que trabajar con mayor rigurosidad.

Dos temas difíciles. Primero, el cobro que se hace, pese a ser ilegal, por los procesos de selección. En estricto rigor, no se debe cobrar en los establecimientos subvencionados para dar la prueba de admisión. Sin embargo, sucede y es una realidad muy extendida. Tenemos dos posibilidades: o buscamos una manera de controlar que eso no suceda, o lo regulamos y aseguramos que al menos los establecimientos gratuitos no cobren. Si son gratuitos, las familias que postulan a ellos, probablemente, no tienen la posibilidad de pagar por un proceso de selección.

El segundo problema es aún más difícil, pero debe discutirse en el segundo informe: ¿cuán válido es que los establecimientos seleccionen a los alumnos? Todos sabemos que, en muchos casos, eligen el tipo de familia, seleccionan a los niños por afecto, exigen que haya una condición. Por ejemplo, que los padres no estén separados. ¿Eso es válido? A una familia que acepta un proyecto educacional y quiere que su hijo se eduque en los valores y en la visión religiosa de ese establecimiento, ¿se le puede pedir que reúna determinadas características? Esto quedó para el segundo informe y es algo sobre lo cual se debe legislar. En principio, en la actualidad se permite cualquier criterio de selección discriminatorio.

Por último, se va a reforzar el sistema de educación de adultos con una subvención de retención para los establecimientos que se dedican a ella. Esto es fundamental y coherente con el hecho de hacer obligatoria la educación por doce años. En Chile, la mayoría de la población, el 70 por ciento de los mayores de quince años, no tiene escolaridad completa. En la fuerza laboral, más del 40 por ciento no tiene escolaridad completa.

Cuando sea obligatoria la educación de doce años, esas personas van a enfrentar obstáculos cada vez más difíciles en el mundo laboral y les costará más ser ciudadanos plenos.

Vamos a reforzar los establecimientos que imparten educación para adultos no sólo destinando más recursos a ella, sino que también realizando una gran campaña nacional que involucre a municipios, a parlamentarios, a las familias. La escolaridad de los adultos es una tarea que requiere del reconocimiento y apoyo de todos los chilenos.

Este proyecto es importante, pero nos deja muchos desafíos hacia delante, tanto para el segundo informe como para el futuro.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Quedan cinco minutos para el término del Orden del Día.

Tiene la palabra el diputado señor Rojas, a quien le pido, por favor, que sea breve.

El señor ROJAS.-

Señora Presidenta, es difícil ser breve en una materia tan importante para quienes, de una u otra forma, estamos ligados a la educación.

Ciertamente, este proyecto nos enorgullece y, en definitiva, aspiramos a que siga adelante porque este innovador proceso educativo dará un nuevo impulso al desarrollo del país. En su justa medida, contribuirá a salir del subdesarrollo.

Por otro lado, claramente debemos señalar que la heterogeneidad de nuestro territorio hace que tengamos que analizar con mayor fineza este proyecto. ¿Por qué? Claramente no es lo mismo la implementación de una jornada completa en zona urbana que rural. Puede darse un problema tan simple como es la expansión de la infraestructura para desarrollar las clases o el que dice relación con el mayor espacio educacional que se suscita en el territorio urbano.

Sin duda, se pretendió solucionar los problemas con la creación y puesta en marcha de la jornada escolar completa, en 1997, acompañada por una serie de programas como el Mece, la escuela P900 y, más tarde, los de mejoramiento educativo, que permitieron, aunque en forma desagregada y parcial, dar un paso que reconocemos, con la esperanza de buscar una coherencia mayor.

En efecto, según consta en el mensaje, este proyecto busca ampliar el plazo para funcionar en jornada escolar completa hasta el inicio del año escolar 2007. La JEC presenta dos principios básicos para el desarrollo, que son la equidad y la calidad educativa.

El Gobierno señala que la equidad se manifiesta en privilegiar la entrada al sistema de la JEC diurna de establecimientos que atienden a escolares en riesgo social y educativo, aumentando el tiempo de trabajo a escolares, a todos por igual, con lo que supuestamente se obtiene una igualdad en la oportunidad de aprendizaje.

Asimismo, debemos tener en cuenta la calidad educativa, aunque en toda la discusión no se pudo acotar claramente qué vamos a entender por calidad educativa. Claramente, el Presidente del Colegio de Profesores, señaló la importancia de definir qué queremos y qué entendemos por calidad de la educación, dado que hoy no tenemos una evaluación ni estudio que señalen claramente que las medidas adoptadas por el Gobierno están en la línea correcta.

Dentro del funcionamiento y su soporte económico, es necesario buscar el fortalecimiento del financiamiento compartido, que ha sido el gran aporte de los padres y apoderados al proceso educativo y ha permitido asimismo reforzar el sistema de cooperación complementaria en cuanto a los recursos que entrega el Gobierno.

En materia de resultados, ¿qué se pretende obtener ante estos cambios? De acuerdo con la información recogida en la Comisión, ha disminuido la tasa de reprobación y deserción escolar lo reconocemos, pero también hay inquietudes relacionadas con la calidad de la educación.

Dichos resultados reflejan deficiencias, mayoritariamente en las áreas de matemáticas y de comprensión del medio social y cultural. Lamentablemente, no existe un referente verdadero de evaluación del proceso que permita señalar que estamos frente al éxito o al fracaso, por lo cual es necesario pedir al Ministerio de Educación que enfrente este tema con objetivos claros y transparentes que permitan una constante evaluación, para no tener que lamentar, al cabo del proceso, que todo el esfuerzo no sirvió o no cumplió con los objetivos planteados.

En esta materia sólo existe un estudio que realizó la Pontificia Universidad Católica de Chile, a petición del Ministerio de Educación, en el cual usó como muestra los establecimientos de las regiones Octava y Metropolitana. Dicho estudio concluyó en que la participación del cuerpo docente en el proceso de incorporación al sistema de Jornada Escolar Completa, JEC, es muy débil, por cuanto en las decisiones sólo participa el sostenedor y el director del establecimiento; asimismo en que la participación de los padres y apoderados es baja y plantea la preocupación existente en materia de infraestructura y equipamiento, especialmente para llevar a efecto los procesos alimentarios de los alumnos y las mejoras laborales de los docentes.

Al principio, hubo entusiasmo de parte nuestra en apoyar la jornada escolar completa, porque es una herramienta indispensable y está en lo correcto, pero con algunos cambios. Estoy seguro de que, de perfeccionarse el sistema, nuestros jóvenes lograrán un aprendizaje óptimo.

En definitiva, apoyaremos este proyecto de ley, no obstante considerar que es indispensable que vuelva a la Comisión a fin de que las indicaciones que hemos propuesto puedan analizarse en el segundo informe.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señora Presidenta, no cabe duda de que el proyecto sobre jornada escolar completa es uno de los más importantes en materia educacional que ha discutido la Cámara en este período legislativo.

En la Comisión tuvimos oportunidad de escuchar a representantes de diversos sectores de la comunidad, tanto de organismos públicos como privados, de establecimientos escolares como universitarios, y de todos ellos recibimos el testimonio sobre el impacto positivo de la aplicación del régimen de jornada escolar completa, no sólo porque se ha ampliado el tiempo escolar, sino también porque ha permitido cambiar muchos aspectos internos en los establecimientos, en cuanto a mejorar la participación de los profesores e incentivar la participación de organismos de la comunidad, pero, sobre todo, permitir a los niños desarrollar actividades complementarias, reforzar sus aprendizajes y avanzar, especialmente en establecimientos de sectores socioeconómicos más deprimidos. El resultado del último Simce así lo indica. Los establecimientos con jornada escolar completa han mejorado notablemente su rendimiento en casi todas las asignaturas y ello es consecuencia de la mayor dedicación y tiempo escolar, y del aumento de posibilidades que tienen los alumnos en los establecimientos donde se ha aplicado esta legislación. Sin embargo, aún hay aspectos que corregir al interior de la vida escolar, los cuales permitirían mejorar mucho más el rendimiento y, sobre todo, la calidad de la educación.

No cabe duda de que, hoy, el principal desafío de la educación en Chile no reside en incrementar el acceso y la cobertura, aun cuando todavía falta por completar muchos aspectos en ese sentido, especialmente en educación preescolar y universitaria, sino en la calidad. Para poder avanzar en la reforma educacional que se ha impulsado en los últimos años, la calidad es esencial. Por ello, en la discusión habida en la Comisión, notamos que es necesaria una mayor incorporación de la comunidad, de la familia y los profesores en los procesos educativos. Hoy, los actores educacionales no tienen la suficiente motivación para involucrarse y participar en la vida escolar. Por eso, además de realizar un seminario sobre las mejores condiciones para optimizar la vida al interior de los establecimientos, en la Comisión discutimos un aspecto que subrayó la diputada informante, María Antonieta Saa , y que quiero relevar especialmente. Hoy se plantea el mayor desafío de vincular la acción educativa con la familia, ya que ésta es un factor esencial para estimular a los alumnos, especialmente de las comunas más alejadas, de sectores urbanos marginales o de lugares culturalmente más deprimidos. La incorporación de la familia pasa por crear mecanismos regulatorios que permitan mayor participación de los padres y apoderados, como asimismo de los profesores, de los no docentes y de la comunidad que rodea la escuela, a fin de hacer de la educación

como lo ha planteado la Unesco una tarea de todos. Esperamos que esta participación se logre a través de la anexión de mecanismos hoy dispersos en nuestra legislación que permitan desarrollar comunidades escolares verdaderas. Dichos mecanismos los hemos llamado “consejos escolares” y son experiencias educacionales que se han acrecentado con mucha fecundidad en otros países del mundo. Aquí, a partir de nuestra propia experiencia, es posible establecer consejos escolares debidamente regulados, a los cuales las familias se podrían incorporar más activamente; que el consejo de profesores tenga mayor participación, y la comunidad, expresada en los distintos organismos que rodean la escuela, también pueda participar. Estos mecanismos deberán ser regulados a través de una legislación especial que afecte en particular a los establecimientos subvencionados, tanto municipales como de educación particular.

En la Comisión acordamos presentar indicaciones en el sentido de incorporar a la legislación estos consejos, a fin de complementar y mejorar este proyecto en su segunda discusión. De esa manera, junto con continuar la línea de mejoramiento en nuestros establecimientos educacionales, se incorporarán también aspectos más cualitativos que apunten a estimular más a nuestros alumnos, a hacer que los actores involucrados en esta materia tengan más protagonismo en el proceso educacional que se desarrolla en nuestras escuelas y, con ello, incrementar efectivamente la calidad de la educación.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Para cerrar el debate, ofrezco la palabra al diputado señor Carlos Montes .

El señor MONTES.-

Señora Presidenta, discutir nuevas normas para la jornada escolar completa no puede sino partir de un balance de la reforma educacional. Ahora no podemos hacerlo porque el tiempo es limitado, pero en el debate en particular deberíamos tomarnos el tiempo necesario para hacer un análisis mucho más en profundidad sobre la materia.

Una de las premisas básicas es que la educación es un problema de la sociedad, es público. A través de la educación se va prefigurando la sociedad, y es responsabilidad de ésta asegurar calidad y equidad para todos. No se trata sólo de un problema de cada cual: cada cual no se las arregla por su cuenta en materia de educación. Eso responde a una concepción conservadora de nuestra sociedad que llevaría a quienes poseen un capital familiar, educativo y cultural mayor, a reproducirlo en sus herederos.

Además, nunca se habría efectuado una reforma educacional, estructural, profunda, de esta envergadura. La importante reforma impulsada por Eduardo Frei Montalva amplió la cobertura educacional. Ahora se enfrentan los problemas de la educación chilena en muchas dimensiones: el acceso a medios educativos modernos de todo tipo; la formación de profesores, incluyendo pasantías en el exterior y la búsqueda de mejores condiciones de vida; la jornada escolar completa, con infraestructura creada para tal efecto, y las modificaciones al currículum. Hasta la creación del Sies, jamás se había cuestionado la facultad del Estado para establecer un currículum nacional, prerrogativa que existe en todo el mundo. Es una función básica de la sociedad a través del Estado.

También es importante reconocer que existen problemas, que no toda la reforma se está desarrollando tan bien como uno quisiera. Quizá el problema más serio consiste en que hay colegios que han avanzado más que otros. La estrategia impulsada por la reforma ha abierto oportunidades para que los establecimientos educacionales las aprovechen. Algunos lo han hecho plenamente, porque gozaban de condiciones preexistentes para ello; en cambio, otros han debido enfrentar muchas dificultades. Esto se encuentra más asociado a colegios que atienden a niños en condiciones más vulnerables, en situación socioeconómica precaria o que provienen de familias con capital cultural o situaciones familiares específicas. Allí, los profesores no sólo deben ser educadores, sino, también, en muchas ocasiones, transformarse en padres de familia.

En cuanto a esa realidad, es necesario perfeccionar la manera en que se está desarrollando la reforma. Por ejemplo, a lo mejor no es bueno que en este tipo de establecimientos haya cursos con 45 alumnos, sino grupos más reducidos o contar con un profesor ayudante.

También son necesarios sicólogos y asistentes sociales que ayuden a la gestión de los profesores, quienes no tienen por qué estar preparados para cumplir otras funciones.

Asimismo, se requiere que el Ministerio de Educación disponga de más facultades. Por ejemplo, no es posible que un funcionario de ese ministerio no pueda visitar el colegio San Andrés de La Florida o se entere de que es un establecimiento en que las cosas no funcionan bien y, sin embargo, no tenga facultades para actuar, salvo cerrarlo, en circunstancias de que en ese sector se requiere un colegio. En el evento de que no exista otro, el ministerio debería contar con facultades para actuar en ese establecimiento. Por tal razón, la Comisión, por unanimidad, solicitó al ministro de Educación que pida más facultades para actuar en ese aspecto.

Otro problema que ha debido enfrentar la reforma se relaciona con la participación de los actores del proceso educativo, cuales son los padres, los profesores los no docentes y la comunidad del entorno. Hay un problema en el gobierno de la escuela. Por eso estamos planteando una modificación al funcionamiento, características y rol del director. No podemos seguir con directores que permanecen en sus puestos de por vida. Debe existir capacidad para revalidar o no a los funcionarios, como también consejos escolares representativos de los distintos estamentos que permitan equilibrar la gestión del colegio. Muchos pensamos que los consejos escolares deben tener facultades para decidir sobre materias que no sean propiamente educativas, sino complementarias, como el reglamento interno del colegio y otras.

Finalmente, se presenta el problema relacionado con el financiamiento compartido. La Universidad de Chile acaba de terminar un estudio que demuestra el escaso impacto que ha tenido esa modalidad sobre la calidad educativa y que el diferencial está dado mucho más por el tipo de alumno que se atiende que por el hecho de contar con más recursos. Esto también requiere de una revisión y en el proyecto se proponen medidas al respecto.

El balance global de la reforma es muy positivo. El país está embarcado en una de las reformas estructurales más importantes y que apunta a lo fundamental: obtener mayor calidad y equidad. Se han hecho muchas cosas valiosas, pero repito hay problemas que superar y en esa dirección ha estado trabajando la Comisión, para hacer posible que el proyecto se perfeccione, desarrolle y alcance mayor solidez.

Los socialistas votaremos en general a favor del proyecto; sin embargo, insisto, tenemos muchas indicaciones para perfeccionarlo en el debate en particular.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Cerrado el debate.

En votación en general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Aprobado en general el proyecto.

Vuelve a Comisión para su segundo trámite.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros, Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Escobar , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Jarpa , Kast , Kuschel, Lagos, Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Montes, Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma, Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Ramón) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Uriarte, Urrutia , Valenzuela , Varela , Venegas , Vidal ( doña Ximena ), Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra la señora ministra de Educación.

La señora AYLWIN, doña Mariana, (ministra de Educación).-

Señora Presidenta, sólo quiero valorar el hecho de que el proyecto haya sido aprobado en general por la unanimidad de la Sala, como asimismo el espíritu constructivo de todas las propuestas generadas en el debate. Espero que en el segundo informe podamos enriquecerlo con ellas.

Muchas gracias.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y OTROS CUERPOS LEGALES.

BOLETÍN N° 2853-04-2.

_____________________________________________________________

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, con urgencia calificada de “suma”, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

I.PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DEBATE.

Durante el debate para la aprobación de este segundo informe, fueron escuchados la señora Mariana Aylwin Oyarzún, Ministra de Educación, el señor José Weinstein Cayuela, subsecretario de Educación; los señores Patricio Vilaplana Barberis, Jefe de la División Planificación; Pedro Montt Leiva, Jefe de la División de Educación General; Rodrigo González, Jefe del Departamento Jurídico; Hugo Montaldo Salas, del Programa de Jornada Escolar Completa del Ministerio de Educación y el señor José Espinoza Fincheira, asesor de la Dirección de Presupuesto y los integrantres de la Asociación Nacional de Directores de Establecimientos Municipalizados, señores Fernando Navarro Olmos; presidente, Gonzalo Videla, Vicepresidente;. Gustavo Gala, Presidente Regional Santiago; Hernán Zúñiga, Juan Torres, Eduardo Herrera, Mario Silva y Héctor Mateo Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Asociación de Directores de Ñuble.

De conformidad a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 7ª, de 15 de octubre de 2002.

II.SÍNTESIS DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN.

La Comisión inició el despacho del segundo informe sobre la base de una propuesta de indicaciones solicitadas al Ejecutivo, hechas llegar a través de la señora Ministra de Educación, que abordaba tres aspectos:

En primer término, lo relativo a la cuenta que deben rendir los directores de establecimientos educacionales, de conformidad con el artículo 11 de la ley 19.532 y a las facultades que se les otorgan.

En segundo lugar, lo que se refiere a los requisitos, acreditación y concursabilidad para acceder al cargo de director.

Y como tercer tema, la propuesta contenía indicaciones acerca de la creación de los Consejos Escolares.

Aparte de esos tópicos, la Comisión aprobó algunas normas relativas a la selección de los de alumnos para el ingreso a los establecimientos educacionales y a su permanencia en ellos, a la exigencia de contar con un reglamento interno y a la creación del Consejo Comunal de Directores.

Inicialmente la Comisión trabajó sobre los textos de la propuesta señalada. Posteriormente, S.E. el Presidente de la República formalizó en un oficio las indicaciones relativas a estas materias, especialmente, en aquellas que requerían de su patrocinio por ser de su exclusiva iniciativa.

Tanto en las indicaciones del Ejecutivo como en otras numerosas presentadas por los señores Diputados se recogieron las observaciones, inquietudes y proposiciones expuestas en dos Seminarios que la Comisión organizó para recabar antecedentes y opiniones, con el patrocinio de la Unesco, el Consejo Británico, el Centro Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) y del propio Ministerio de Educación, sobre el tema “Gobierno y Participación en la Escuela”.

III.RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES.

Como se dijo precedentemente, las modificaciones acordadas en este segundo informe inciden principalmente en las cuatro materias ya indicadas y en algunas conexas con ellas.

La Cuenta del Director.

De acuerdo con el artículo 11 de la ley 19.532, “los directores deberán entregar anualmente a los Centros de Padres y Apoderados un informe de la gestión educativa del establecimiento, correspondiente al año escolar anterior, en el primer semestre del nuevo año escolar.” La ley aplica sanciones a quien no cumpla con esta obligación.

El proyecto de ley en este trámite reglamentario fue modificado en los siguientes sentidos, haciendo extensivo la cuenta del director no sólo ante la comunidad escolar sino también ante sus organizaciones, e incorporando nuevas materias sobre las que el director debe informar.

Tales materias son las siguientes:

a) Las metas y resultados de aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar.

b) Los avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizaje.

c) Las horas realizadas del plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar.

d) Los indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados y retirados.

e) El uso de los recursos financieros que se le hayan delegado conforme a los artículos 21 y siguientes de la ley N°19.410.

f) La situación de la infraestructura del establecimiento.

g) La cuenta deberá incluir también una relación respecto a líneas de acción y compromisos futuros.

h) En el caso de los establecimientos municipales deberán dar cuenta de los compromisos asumidos en el PADEM.

En el texto aprobado por la Comisión en este segundo informe, se agrega que el director debe dejar la cuenta a disposición del Consejo Escolar y de los interesados en un registro público que llevará el establecimiento.

Facultades que se entregan a los directores.

El proyecto consulta un artículo 5° que modifica el DFL N° 1, de Educación, de 1996, cuerpo legal que se refiere al Estatuto de los Profesionales de la Educación, denominado también Estatuto Docente.

Dicho Estatuto Docente define las funciones de los profesionales de la educación, y en su artículo 7° precisa que “la función docente-directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función se ocupa de lo atinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos”.

El proyecto en informe complementa este concepto de función docente-directiva, respecto del director del establecimiento educacional, señalando como su función principal la de dirigir y liderar el proyecto educativo institucional y, complementariamente, gestionar administrativa y financieramente el establecimiento en los casos en que se le haya delegado esa facultad.

Se aprobó también que estas facultades complementarias se pueden encomendar.

De acuerdo a lo aprobado por esta Comisión en este segundo informe, el director tendrá “complementariamente” estas funciones. Además en el ámbito pedagógico, para dar cumplimiento a las funciones que se le asignan en este proyecto, tendrá la facultad de “observar en el aula” las instancias de trabajo de los docentes bajo su dirección y “tomar las medidas” para que los padres o apoderados reciban la información pertinente sobre el funcionamiento del colegio y el progreso de sus hijos. También se le entrega, mediante modificación acordada en este informe, la facultad, en el ámbito administrativo para “participar en la selección de los profesores”.

Requisitos y acreditación para optar al cargo de director.

El párrafo segundo del título III del DFL N° 1, de Educación, de 1996, regula la carrera docente del sector municipal. En el artículo 24 se señalan los requisitos para el ingreso a la carrera docente.

En este trámite de aprobación del proyecto se introdujo en el primer informe un inciso por el que, para incorporarse a la función docente directiva, se exige contar con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a dicha función.

Además, en este segundo informe se agrega al DFL N°1, mencionado, un artículo 24 bis que señala los requisitos específicos para ser director de un establecimiento educacional, y se indica que para el efecto se requiere cumplir, además de los requisitos indicados en el artículo 24, los siguientes:

a) Tener una experiencia docente de a lo menos 3 años, y

b) Estar debidamente “acreditado” para ejercer como director.

La acreditación es definida en esta norma como un proceso voluntario en el que se evaluará el cumplimiento de los estándares nacionales de Directores aprobados por el Ministerio de Educación. Dichos estándares definirán los conocimientos, habilidades y competencias requeridas para ser Director de un establecimiento educacional y serán fijados por decreto del Ministerio de Educación.

Se aprobó además un precepto que establece que la acreditación para concursar y desempeñarse como Director de establecimiento educacional será obligatoria a contar del año 2005 y que mientras no se implemente el proceso de acreditación, será requisito para ejercer el cargo de Director contar con el perfeccionamiento pertinente.

También se faculta al Presidente de la República para dictar, en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la ley, expedido a través del Ministerio de Educación, el que llevará también la firma del Ministro de Hacienda, un decreto con fuerza de ley que contemple las normas necesarias que regulen el proceso de acreditación de Directores

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política de la República, para el caso de otorgarse esta autorización, este proyecto de ley establece los parámetros a que deberá sujetarse el Ejecutivo en la dictación de dicho decreto con fuerza de ley, para cuyo efecto dispone lo siguiente:

a) La forma en que el Ministerio de Educación estructurará, organizará y operará el proceso de acreditación de Directores y la manera en que podrán participar instituciones de educación superior autónomas en las distintas etapas de ese proceso.

b) Los elementos que permitan una adecuada estructura y funcionamiento del proceso de acreditación de Directores.

c) El Ministerio de Educación podrá licitar, a lo menos, entre las entidades de educación superior mencionadas en la letra a) precedente, el proceso de acreditación, conforme la demanda de postulantes y las necesidades de personal directivo de los establecimientos educacionales.

d) Los mecanismos y procedimientos de evaluación para certificar programas de formación de Directores de establecimientos educacionales que cumplan con los estándares nacionales y su seguimiento y permanente evaluación por parte del Ministerio de Educación.

e) Los requisitos que deberán contener las bases de la(s) convocatoria(s) a instituciones de educación superior para la certificación de programas de formación para la acreditación de Directores de establecimientos educacionales.

f) La estructura básica de los programas de formación y los requisitos para acreditar los conocimientos, habilidades y competencias establecidos en los estándares nacionales de Directores, el período de validez de la certificación de los programas y los requisitos para mantener esta certificación.

g) Los derechos y obligaciones de los docentes acreditados como Directores de establecimientos educacionales, los requisitos para mantener dicha calidad y el período de validez de ésta.”.

Cabe destacar que entre los requisitos para incorporarse en cualquier tipo de cargo de la dotación docente del sector municipal se agrega al número 5) del articulo 24 el de “no hallarse condenado en virtud de ley 19.325 sobre violencia intrafamiliar.”

De los concursos para el cargo de director.

El artículo 31 del DFL N° 1, de 1996, de Educación, fija la integración de las Comisiones Calificadoras de Concursos para los respectivos tipos de funciones docentes.

En este trámite reglamentario la Comisión acordó intercalar un artículo 31 bis, nuevo, en el que se establece la forma de integrar las Comisiones Calificadoras de Concursos para llenar los cargos vacantes de director de un establecimiento educacional, fijando en cinco el número de sus miembros.

Para el efecto su integración se conformará como sigue:

a) El Director del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal que corresponda

b) Un Director de otro establecimiento educacional del mismo sostenedor que imparta el mismo nivel de enseñanza en la comuna, elegido por sorteo entre sus pares.

c) Un representante del Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento, elegido por éstos.

d) Un docente elegido por sorteo de entre los profesores de la dotación del establecimiento.

e) Un funcionario del respectivo Departamento Provincial de Educación, quien actuará como ministro de fe.

En el reglamento de esta ley se indicará la forma de designar a los integrantes de la Comisión Calificadora de Concursos para Directores.

Asimismo, se aprobó sustituir el artículo 32 del referido DFL N° 1, en el sentido de establecer que las vacantes de Directores serán provistas mediante concurso público de antecedentes y oposición, y que estos concursos se desarrollarán en dos etapas:

a) En la primera etapa, la Comisión Calificadora preseleccionará una quina de postulantes, de acuerdo con sus antecedentes; y,

b) En la segunda etapa, los integrantes de la quina preseleccionada deberán presentar una propuesta de trabajo para el establecimiento, sin perjuicio de rendir otras pruebas, las que serán establecidas a través del llamado a concurso para el cargo, que la Comisión Calificadora considere necesarias para evaluar las competencias y la idoneidad del postulante.

La Comisión Calificadora de Concursos para los cargos de directores, evaluará los antecedentes presentados, los resultados de las pruebas realizadas y la propuesta de trabajo presentada y, conforme a ella, emitirá un informe fundado que detalle el puntaje de cada postulante que se presentará al Alcalde, quien deberá nombrar a quien figure en el primer lugar ponderado en el respectivo concurso.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Alcalde, por resolución fundada, podrá nombrar a quien figure en el segundo lugar de dicho concurso.

El nombramiento o contrato de los Directores tendrá una vigencia de cinco años, al término del cual se deberá efectuar un nuevo concurso, en el que podrá postular el Director en ejercicio. Con todo, si un Director ha sido evaluado en forma destacada durante todo su período y el Consejo Escolar así lo solicita al sostenedor, podrá ser nombrado sin necesidad de concurso por un nuevo período de cinco años, después de lo cual se deberá llamar necesariamente a concurso.

En aquellos establecimientos que no exista Consejo Escolar, o no se esté aplicando el sistema de evaluación, necesariamente se deberá llamar a concurso para llenar la vacante de Director.

Asimismo el proyecto se pone en el caso de suplencia o subrogancia del Director, y dispone que ésta no podrá prolongarse más allá del término del año escolar, al cabo del cual obligatoriamente deberá llamarse a concurso.

Si un director no repostula o ha perdido el concurso, podrá volver a desempeñarse en alguna de las funciones docentes o directivas a que se refiere el artículo 5° de la ley, en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, y podrá ser designado o contratado con, a lo menos, el mismo número de horas que servía en ellas antes de ejercer como Director, sin necesidad de concursar.

Si lo anterior no fuese posible, en función de la dotación docente, tendrá derecho a los beneficios establecidos en el inciso tercero del artículo 73 de la ley, esto es, a una indemnización por años de servicio.

Enseguida, en el numeral 10) del artículo 5°, el proyecto distingue dos situaciones que deben considerar las Comisiones Calificadoras de Concursos, ya sea que se trate de proveer vacantes docentes directivas y de unidades técnico-pedagógicas, o de proveer una vacante de Director de establecimiento educacional.

En el caso de los concursos para proveer las vacantes de cargos docentes directivos y de unidades técnico-pedagógicas, las Comisiones Calificadoras de Concursos deberán considerar en su evaluación su desempeño anterior, el perfeccionamiento pertinente y sus competencias para desempeñar esas funciones.

En el caso de los concursos para proveer una vacante de Director de establecimiento educacional, las Comisiones Calificadoras de Concursos deberán considerar en su evaluación la experiencia del postulante en el ejercicio de la función docente directiva o técnico-pedagógica, la evaluación de su desempeño anterior, el perfeccionamiento pertinente, sus competencias para ser Director y la calidad de la propuesta de trabajo presentada.

Gradualidad de los concursos.

Para resolver las situaciones que se producirían a futuro, el proyecto despachado en este segundo trámite reglamentario establece que los concursos a que se refieren las disposiciones aprobadas, en aquellos casos que actualmente estén siendo desempeñados por Directores y Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal, con nombramiento anterior a la fecha de publicación de la ley N° 19.410, se efectuarán con la siguiente gradualidad:

a) Durante el año 2005, las Municipalidades y Corporaciones Municipales llamarán a concurso para renovar aquellos Directores y Jefes de Departamento de Administración de Educación Municipal que los sirvan desde hace más de 20 años al 31 de diciembre de 2004.

b) Durante el año 2006, llamarán a concurso para renovar aquellos que hayan servido dichos cargos entre 15 años y 20 años al 31 de diciembre de 2005.

c) Durante el año 2007, se llamará a concurso para renovar aquellos Directores y Jefes de Departamento de Administración de Educación Municipal que hayan servido dichos cargos por menos de 15 años al 31 de diciembre de 2006.

Los Directores a que se encuentren en las situaciones referidas, y que les falte para cumplir la edad de jubilación el tiempo equivalente a la duración de un período como Director, o un plazo menor, permanecerán en el cargo hasta cumplir la edad de jubilación, momento en que cesarán como Directores por el solo ministerio de la ley.

Por su parte, los Directores y Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal, que no concursen o que, habiéndolo hecho, no sean elegidos por un nuevo período de cinco años, cesarán al inicio del año escolar 2005, 2006 y 2007, respectivamente.

Más adelante se dispone que las normas que se han señalado, serán aplicables a todos los Directores de los establecimientos educacionales del sector municipal, así como a todos los Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal, cualquiera sea su denominación.

Creación del Consejo Escolar.

Mediante la aprobación del artículo 7°, incorporado en este trámite, la Comisión da vida a la existencia del Consejo Escolar y establece su integración, su carácter y las materias sobre las que tendrá competencia para exigir que se le informe, así como de las oportunidades en que debe ser consultado sobre los aspectos que señala el texto aprobado.

Las normas contempladas en los artículos 7°, 8° 9° y 10 nuevos, dan las pautas de la organización, carácter y facultades del Consejo Escolar creado en virtud de este proyecto, que son las que se expresan a continuación.

En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, que será un órgano integrado a los menos por el Director del establecimiento que lo presidirá; por el sostenedor o un representante designado por él; un docente elegido por los profesores del establecimiento; un representante de los padres y apoderados elegidos por estos y el presidente del Centro de Alumnos o un representante de los alumnos de enseñanza media.

En los establecimientos de más de 600 alumnos se agregarán a lo menos un docente, un representante de los padres y apoderados, y un representante de los profesionales y técnicos de apoyo a la docencia elegido por estos.

En cuanto a la oportunidad de su formación, el proyecto dispone que todos los establecimientos educacionales subvencionados deberán constituir Consejos Escolares antes de concluido el año escolar 2005.

Para el efecto, el Director del establecimiento deberá convocar a la constitución del Consejo por decisión propia, a solicitud del sostenedor, o a petición del 30% de los padres o apoderados.

En lo que se refiere al carácter del Consejo Escolar, se establece que este tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo, carácter que podrá revocarse por parte del sostenedor al inicio de cada año escolar.

La importancia que tiene la creación de este Consejo es que la ley determina que deberá ser informado, a lo menos de las siguientes materias:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos.

b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la ley 18.962 y del DFL 2 de 1998, de Educación.

c) En los establecimientos municipales conocer los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos.

d) En los establecimientos municipales conocer el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento.

e) Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados.

Por su parte, se establece que se deberá consultar al Consejo en los siguientes aspectos

a) Proyecto Educativo Institucional.

b) Programación Anual y actividades extracurriculares.

c) Monitorear y evaluar los resultados y metas del establecimiento, y los proyectos de mejoramiento propuestos.

d) Conocer y pronunciarse sobre el informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad.

e) Revisar y proponer modificaciones al reglamento interno del establecimiento o aprobarlo en caso de que le otorgue dicha atribución.

Una importante prerrogativa que tendrá el Consejo escolar se refiere a que en los establecimientos municipales tendrá la facultad de proponer la continuidad del director, sin necesidad de concurso por una sola vez, por un nuevo período, de acuerdo a lo establecido en la ley.

La única limitación que se le fija al Consejo Escolar se consigna en el inciso final del artículo 9° del proyecto que establece: “En ningún caso el Consejo Escolar podrá tener atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas que digan relación con las funciones que comprenden los Consejos de Profesores u organismos equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el DFL 1 de Educación, de 1996.

Selección de los alumnos para el ingreso y permanencia de estos en los colegios.

El DFL N° 2 de Educación de 1998, sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, en su Artículo 6°, ubicado en el párrafo segundo, señala los requisitos que los establecimientos se enseñanza deben cumplir para impetrar el beneficio de la subvención.

Recapitulando, podemos mencionar que este proyecto, en su primer trámite reglamentario, introdujo una detallada normativa que incorpora al Artículo 6° del mencionado DFL N° 2 otras diversas exigencias para poder impetrar la subvención, que dicen relación con el reglamento interno y la selección de los alumnos para el ingreso.

Es así como reemplazó la letra d) del Artículo 6° en lo referido al reglamento interno, modificando el contenido de éste que contemplaba el texto legal primitivo. Se excluyeron las causales de embarazo, lactancia o paternidad como motivos de eliminación, restricción o impedimento de ingreso o permanencia de una alumna o alumno del establecimiento.

Se reguló también el proceso de selección y se estableció toda una serie de requisitos en el llamado a selección con el propósito de hacerlo más objetivo, transparente y publicitado.

En lo relativo a los cobros, se dijo que no podrá sancionarse a un alumno, ni retenerle documentación académica por el no pago de compromisos económicos de los padres.

Pues bien, a toda la normativa descrita del primer informe, en este segundo trámite reglamentario, la Comisión adicionó, como requisitos para impetrar la subvención, los siguientes:

Que a lo menos un 15 por ciento de los alumnos del establecimiento presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y familiar. Podrá exceptuarse el cumplimiento de este requisito cuando no existan alumnos suficientes para cumplir con el porcentaje antes indicado.

Para los efectos de esta ley la vulnerabilidad de los alumnos y de los establecimientos deberá considerar a lo menos: el nivel socioeconómico de la familia y el nivel de escolaridad de los padres.

La ponderación y forma de medición de dicha vulnerabilidad será reglamentada por el Ministerio de Educación.

Cuando haya más postulantes que vacantes, los establecimientos educacionales deberán implementar procedimientos para seleccionar aquellos alumnos de entre quienes deseen ingresar a los mismos. Estos procesos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos y alumnas y sus familias, de conformidad con las Garantías establecidas en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño.

Al momento de la convocatoria para la selección o admisión de alumnos, el sostenedor del establecimiento deberá informar:

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.

b) Criterios generales de selección, entre los que deberán considerarse el tener el postulante uno o mas hermanos en el mismo establecimiento, y el de estar domiciliado en la misma comuna.

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.

d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.

e)Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes.”

f) Monto y condiciones del cobro por participar en el proceso.

Una vez hecha la selección, el establecimiento publicará en un lugar visible la lista de los seleccionados.

A los no seleccionados o a sus apoderados, cuando lo soliciten, deberá entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas firmado por el encargado del proceso de selección del establecimiento.

Se aprobó también que en el caso de los establecimientos educacionales que implementen procesos de selección, el monto y condiciones del derecho o arancel que se cobrará a los padres para participar no podrá superar el valor de la matrícula fijado por el Ministerio de Educación.

Asimismo, tampoco podrá aducirse la causal de atrasos en los pagos, como motivo suficiente para no renovar la matrícula de los alumnos que deseen continuar sus estudios en el establecimiento el año siguiente, excepto en caso de mora existente al momento de la matrícula para el próximo año.

Por último, los alumnos en condiciones de vulnerabilidad, no podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno.

Exigencia de contar con un reglamento interno.

También se exige para acceder a la subvención, que el establecimiento cuente con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados, con las siguientes características.

En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas o sanciones por parte del establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de esta normativa, será sancionada como infracción grave.

Creación del Consejo Comunal de Directores.

El proyecto consulta también, en el artículo 11, la obligación de que la administración municipal de establecimientos educacionales constituya un Consejo Comunal de Directores de cada comuna, entidad que deberá ser informada y consultada sobre el PADEM y, además, sobre las siguientes materias:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos de establecimientos de administración municipal de la comuna, así como monitorear y evaluar el desarrollo de estrategias y programas de mejoramiento de esos establecimientos.

b) Las políticas de fortalecimiento de la profesión docente, de desarrollo de los profesionales y técnicos de apoyo directo al trabajo docente, y de los administrativos. Semestralmente evaluará la situación de formación, inasistencia, de reemplazos y todos los aspectos considerados.

c) Presupuesto de ingresos y gastos comunal y por establecimiento. En estos se debe incluir todos los ingresos y gastos que correspondan a cada establecimiento y al conjunto.

d) Plan de ejecución presupuestaria de los establecimientos y del conjunto de la administración municipal de la educación.

e) El programa y la ejecución de obras de ampliación, reparación y mantención de los establecimientos.

Modificación al Artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Finalmente, el proyecto fue adicionado con un precepto que modifica el artículo 2° de la ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, que por su naturaleza será de aplicación general, con el objeto de no permitir que se suspenda, se cancele la matrícula o se expulse a escolares por causales que deriven de la situación socio-económica de sus padres o apoderados.

De igual manera se prohibe limitar de manera alguna el ejercicio de los derechos comprendidos en la prestación del servicio educacional o retener documentación alguna de los alumnos por los motivos precedentemente señalados.

No obstante se deja establecido que lo anterior es sin perjuicio del derecho que le asiste a los establecimientos educacionales de recurrir a todos los instrumentos legales que les permitan asegurar, exigir y cobrar al padre o apoderado que suscribió la matrícula el pago de lo comprometido.

Sobre esta materia el proyecto establece sanciones a las infracciones referidas a los preceptos recién transcritos.

Estas son, en síntesis, las modificaciones introducidas por la Comisión al texto que aprobó en su primer informe.

IV. DE LAS DISPOSICIONES QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PRIMER INFORME, NI DE MODIFICACIONES EN EL SEGUNDO.

Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 288 del Reglamento, se deja constancia que de los cuatro artículos permanentes del proyecto y de los dos transitivos que fueron aprobados en el primer informe, sólo se encuentran en esta situación los artículos 3° y 4° permanentes y primero y segundo transitorios, y ninguno de ellos contiene materias que deben ser aprobadas con quórum especial.

En consecuencia, deberán quedar aprobados sin votación y así deberá declararse al entrar en la discusión particular.

V. DE LAS DISPOSICIONES QUE TIENEN RANGO DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL O QUE DEBAN APROBARSE CON QUÓRUM CALIFICADO.

El artículo 13 nuevo, incorporado en este segundo trámite reglamentario, por contener modificaciones a la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, referidas a su artículo 2°, debe ser aprobado con el quórum de cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, según lo prescribe el inciso segundo del Artículo 63 de la Constitución Política de la República.

VI. DE LAS DISPOSICIONES SUPRIMIDAS.

No hay artículos en esta situación.

VII. DE LAS DISPOSICIONES MODIFICADAS.

Los artículos 1° y 2° fueron objeto de modificaciones.

VIII. DE LOS ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS.

Los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12 y 13 permantes son artículos nuevos no consultados en el primer informe.

IX.DE LOS ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Los artículos señalados en el primer informe, como de competencia de la Comisión de Hacienda, ya fueron conocidos por ésta, sin perjuicio de su facultad de volver a conocerlos en esta oportunidad.

En este trámite reglamentario han sido incorporadas las siguientes disposiciones que son de competencia de la Comisión de Hacienda:

Los numerales 11) y 12) bis del artículo 1°.

Los numerales 1); 2) letra a, y 3) del artículo 2°.

X.INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.

ARTÍCULO 1°

1.-Del diputado señor Rodrigo González al numeral 3) del artículo 1° para agregar la siguiente letra b) bis:

“b) bis Agrégase como inciso segundo nuevo:

“Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1° y los regidos por el DL.N° 3.166 de 1980 que hayan recibido aportes de capital para infraestructura pondrán, fuera de los días u horarios de actividades curriculares, sus instalaciones a disposición de los miembros de su comunidad escolar y, en forma regulada, de la comunidad del entorno del establecimiento, para actividades de capacitación, culturales, deportivas y otras de beneficio educativo y social que amplíen la comunicación y el aporte de dichos establecimientos a la comunidad, conforme al reglamento que dictará al efecto el Ministerio de Educación. En especial, los establecimientos municipalizados abrirán sus talleres de computación para desarrollar actividades educativas de extensión a la comunidad. El incumplimiento de esta obligación será considerada una infracción menos grave”.

2.-De la señora Vidal y los señores González, don Rodrigo, y Montes, al, número 11) del artículo 1°, para sustituir el artículo 11 por el siguiente:

"Artículo 11.- Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar, los Directores de los Establecimientos Educacionales Subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar.".

3.-De diputado señor González para incorporar un numeral 13), nuevo, al artículo 1° del proyecto aprobado en el primer informe, pasando el 13 y 14 a ser 14 y 15, que diga:

“13) Elimínase en letra a) del número 1 del artículo 2° transitorio, la conjunción “y” y agrégase a continuación de la palabra “establecimiento” la siguiente oración:

“el cual deberá ser reformulado y actualizado para esta nueva etapa de desarrollo, incorporándose al mismo la utilización de nuevas metodologías de enseñanza, una mayor interacción con la comunidad y la intensiva formación y capacitación de los docentes para el mejor aprovechamiento del mayor tiempo disponible para actividades docentes, complementarias y recreativas, para todo lo cual podrá requerir la ayuda y asesoría de las Secretarias Ministeriales de Educación, y”

ARTÍCULO 2°

4.- Del señor Paredes al número 1 del artículo 2°) en su letra a) para reemplazar los incisos primero, tercero y cuarto de la letra d) por los siguientes:

"Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos, los padres y apoderados. Dicho reglamento deberá contener una enunciación taxativa de los derechos de los docentes y de los niños y niñas adolescentes en el espacio escolar, así como de sus deberes en el mismo. En dicho reglamento se deberán señalar las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales las conductas que lo ameritan y las instancias de revisión correspondiente, conforme a las normas que regulan el debido proceso u otras formas alternativas de resolución de conflictos.".

Sólo se podrán aplicar sanciones o medidas disciplinarias obtenidas del reglamento interno. Las disposiciones del reglamento interno deberán ajustarse a la Constitución Política, los tratados internacionales, en especial, la Convención de los Derechos del Niño y, en general, nuestra legislación. Las normas que se contrapongan con las disposiciones antes señaladas, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de la comunidad educativa.".

La expulsión es una medida que atenta gravemente contra el derecho a la educación. Excepcionalmente, la expulsión de un alumno o alumna, por problemas de conducta, es una medida extrema y última, legítima sólo cuando la conducta del niño o niña o adolescente atente gravemente contra la integridad física o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar.".

5.Del diputado señor González en el numeral 1) del artículo 2° para reemplazar la letra a) por la siguiente:

“a) Reemplázase el literal d) por el siguiente:

“d) que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos, los padres y apoderados y la comunidad. El reglamento deberá ser aprobado por el Consejo Escolar. En dicho reglamento se deberán señalar: los derechos y deberes de los miembros de la comunidad escolar; las formas de participación y normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan, y las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación, dejándose constancia escrita de ello, mediante firma del padre o apoderado correspondiente.

Las disposiciones del reglamento interno deberán ajustarse a la Constitución Política, los Tratados Internacionales, en especial la Convención de los Derechos del Niño y, en general, nuestra legislación.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

El embarazo, la lactancia o la paternidad no podrán ser causal para la aplicación de medidas que excluyan, restrinjan o impidan el ingreso o permanencia en el establecimiento.

Cuando el número de postulantes a un establecimiento, en cualquiera de sus ciclos o niveles, exceda su matrícula, éste deberá desarrollar procesos de selección objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familiares e incorporando las normas que fije para la selección de alumnos a su reglamento interno.

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar:

a) Número de vacantes ofrecidas y nivel;

b) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados;

c) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentacióna presentar;

d) Tipos de prueba a las que serán sometidos los postulantes;

e) Criterios de selección y sistema de composición del puntaje de los postulantes y;

f) Monto y condiciones del cobro por participar en el proceso.

La participación en el proceso de selección será sin costo para los padres y apoderados que acrediten condiciones de pobreza. En ningún caso los cobros podrán superar el valor del 50% de la matrícula en el establecimiento.

Una vez hecha la selección, el establecimiento publicará en un lugar visible la lista de los seleccionados con su puntaje en orden alfabético. A los no seleccionados o a sus familiares, cuando lo soliciten, deberá entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas firmado por el encargado del proceso de selección del establecimiento.

Los criterios de selección usados por el establecimiento deberán ser respetuosos de la Convención Internacional de los Derechos Humanos. No podrá utilizarse como criterios de selección la confesión religiosa, la situación socioeconómica, ni la pertenencia a una ideología, raza o etnia de los padres y apoderados de los postulantes.

La proximidad del domicilio al establecimiento y la condición socioeconómica de pobreza o discapacidad física deberán ser considerados como factores positivos en la ponderación otorgada a los puntajes asignados a los requisitos exigidos a los postulantes.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento o conductas de los miembros de la comunidad educativa.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave”

6.-De la diputada señora Tohá para agregar, al número 1) del artículo 2° como letra c) de este proyecto, pasando la letra c) aprobada a ser c) bis:

“c) Agrégase como inciso segundo de la letra e) el siguiente texto:

“En el caso de los establecimientos educacionales que implementen procesos de selección, el monto y condiciones del derecho o arancel que se cobrará a los padres para participar no podrá superar el 20% del derecho de escolaridad mensual del establecimiento.”

7.-Del diputado Kast al numeral 2) artículo 2° letra a)bis para eliminar en el párrafo tercero la frase:

“cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo.”

ARTÍCULO 5°

8.-.De diputado señor Tuma al artículo 5° para eliminar el número 3) el del artículo 24 del DFL N° 1, de Educación, de 1996.

9.-Del diputado señor González al artículo 5° numeral 6) para reemplazar la letra d) por la siguiente:

“Un representante de los profesores, elegido por estos”.

10.-De los diputados señores Becker, Correa, Kast, Martínez y Prieto, al artículo 5° Numeral 7) en la letra b) para reemplazar la palabra “terna” por “quina” y, para agregar a continuación de los vocablos “.. otras pruebas” la siguiente frase:

“las que sean conocidas a través del llamado a concurso para asumir el cargo y ...”

11.-Del diputado señor González al artículo 5° numeral 7) para agregar después del inciso cuarto que finaliza con la palabra “concurso” lo siguiente:

“La propuesta de trabajo presentada por el candidato seleccionado se incorporará al proyecto educativo y al plan de actividades del establecimiento, sirviendo al final de su período de cinco años como un elemento para evaluar su desempeño”.

12.-Del diputado señor Montes al artículo 5° para agregar el siguiente artículo:

“Artículo ... Los establecimientos educacionales subvencionados mantendrán a partir del año 2004 un Registro de Asistencia de los docentes y directivos. El Ministerio de Educación reglamentará este Registro por profesor, establecimiento y comuna, y la forma de acumularlo anual e históricamente.

13.-De los diputados señores Kast y Prieto al artículo 5° numeral 3) para eliminar el inciso final nuevo al artículo 24.

14.-De los diputados señores Kast y Prieto al numeral 5) del artículo 5° para agregar a la letra b) del artículo 24 bis, la siguiente frase:

“....Director, cuando así lo determine el sostenedor en el llamado a concurso.”

15.-De los diputados señores Kast y Prieto al numeral 5) del artículo 5° para eliminar la letra b) del artículo 24 bis.

16.-De los diputados señores Kast y Prieto al numeral 5) del artículo 5° para sustituir el inciso final del artículo 24 bis, por el siguiente:

“La acreditación es un proceso voluntario que podrá ser efectuado por la institución que el sostenedor determine y en la cual se considerarán estándares de conocimiento, habilidades y competencias.”

17.-Del diputado señor Rojas al numeral 5) del artículo 5° para agregar en el artículo 24 bis después de la palabra “estándares” el vocablo “mínimos”.

18.-De los diputados señores Martínez y Prieto al numeral 6) del artículo 5° para eliminar la letra c) del artículo 31 bis y reemplazarlo por:

“Un representante elegido por sorteo entre los codocentes del establecimiento”.

19.-De los diputados señores Kast y Prieto al numeral 6) del artículo 5° para eliminar la letra c) del artículo 31 bis.

20.-De los diputados señores Correa, Kast, Martínez y Prieto al numeral 6) del artículo 5° para eliminar el artículo 31 bis.

21.-De los diputados señores Kast y Prieto al numeral 7) del artículo 5° para eliminar en el inciso tercero del artículo 32 todo desde el primer punto seguido.

22.-De los diputados señores Kast, Martínez y Prieto al numeral 7) del artículo 5° para eliminar en el inciso tercero del artículo 32, las siguientes frases:

“... durante todo su y el Consejo Escolar así lo solicita al sostenedor, ...”

“...por hasta dos nuevos períodos de cinco años, después de lo cual se deberá llamar necesariamente a concurso.”

“...En aquellos establecimientos que no exista Consejo Escolar, o no se esté aplicando el sistema de evaluación, necesariamente se deberá llamar a concurso para llenar la vacante de Director.”

23.-De los diputados señores Kast, Martínez y Prieto al numeral 13) del artículo 5° para reemplazar los siguientes guarismos en el artículo 37 transitorio:

“2005 en la letra a) por 2006”.

“2006 en la letra b) por 2007”.

“2007 en la letra c) por 2008”.

ARTÍCULO 7°.

24.-.De los diputados señores Correa, Kast, Martínez y Prieto para eliminar el artículo 7°.

25.-De los diputados señores Kast, Martínez y Prieto para eliminar el inciso segundo del artículo 7°.

26.-De los diputados señores Correa, Kast, Martínez y Prieto para reemplazar el vocablo “mayoría” por “66%”.

27.-Del diputado señor Rojas para agregar en el inciso primero, después de la palabra “docente” las expresiones: “de enseñanza media y básica”.

28.-Del diputado señor González para reemplazar el artículo 7° por el siguiente:

“Artículo 7°.- En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, que será un órgano colegiado integrado por, a lo menos, el Jefe del Departamento de Educación Municipal o el Jefe de Educación de la Corporación, según corresponda, o un representante designado por ellos; el director del establecimiento, quien lo presidirá; un docente elegido por los profesores del establecimiento; un codocente elegido por sus pares cuando su número se eleve a más de diez; un representante de los padres y apoderados, elegido por estos y un representante de los alumnos elegido por ellos, en los establecimientos de Educación Media”.

ARTÍCULO 8°

29.-De los diputados señores Kast y Prieto al artículo 8° para eliminarlo.

ARTÍCULO 9°

30.-Del diputado señor Montes, para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 9.- El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y resolutivo.

El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos.

b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la ley 18.962 y del DFL 2 de 1998.

c) En los establecimientos municipales conocer los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos.

d) En los establecimientos municipales conocer el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento.

e) Conocer bimensualmente el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados.

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:

a) Proyecto Educativo Institucional.

b) Programación Anual.

c) Monitorear y evaluar los resultados y metas del establecimiento, y los proyectos de mejoramiento propuestos.

d) Conocer y pronunciarse sobre el informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad.

El Consejo tendrá carácter resolutivo a lo menos en las siguientes materias:

a) Aprobar el Reglamento Interno del Establecimiento, propuesto por el Director. El Consejo podrá rechazar aspectos, y proponer al Director otras maneras de abordar temas.

b) Pronunciarse sobre el Programa de actividades extracurriculares del establecimiento, proponiendo nuevas iniciativas y/o rechazando las propuestas.

c) Definir e implementar modalidades de información a toda la comunidad escolar sobre la gestión educativa del establecimiento, los resultados logrados, y otras materias que se consideren de interés

En ningún caso el Consejo Escolar podrá tener atribuciones sobre materia técnico-pedagógicas que digan relación con las funciones que comprenden los Consejos de Profesores u organismos equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el DFL 1 de Educación, de 1996.”

31.-De los diputados señores Becker, Correa, Kast, Martínez y Prieto para eliminar la frase “, salvo que el sostenedor decida darle el carácter resolutivo según se indica más adelante.”

32.-De los diputados señores Becker, Correa, Kast, Martínez y Prieto para agregar el siguiente inciso nuevo:

“En todo caso el carácter resolutivo del Concejo Escolar deberá ratificarse anualmente por parte del sostenedor al inicio del año escolar”.

ARTÍCULO 11

33.-De los diputados señores Correa, Kast, Martínez y Prieto para agregar en la letra c) la siguiente frase: “, éstas deberán ser aprobadas anualmente por el Consejo Comunal.”

34.-Del diputado señor González para sustituir la letra c) de este artículo, la que quedará como sigue:

“Si se conceden otras facultares resolutivas al Consejo más allá de los casos a que se refiere el artículo 9 de esta ley”.

35.-Del diputado señor González para agregar los siguientes incisos penúltimo y final a este artículo:

“Los establecimientos particulares subvencionados deberán comunicar a las respectivas Secretarías Ministeriales la constitución y composición de sus consejos escolares”.

“Los incumplimientos de las obligaciones emanadas de los artículos 7° al 11 de la presente ley y del artículo segundo transitorio nuevo, serán considerados como infracciones graves”.

36.-De los diputados Becker y Rojas al artículo 11 para eliminar la letra e).

37.-De los diputados Kast y Rojas al artículo 11 para eliminar la frase “comunidad escolar” y para agregar después de la palabra “informe” la frase: “público por ..”.

38.-De los diputados Correa y Kast al artículo 11 para:

- cambiar el término “comunidad escolar” por “padres y apoderados”

- eliminar las letras b), c), d), e) y f)

- eliminar el inciso final.

ARTÍCULO 12

39.-Del diputado señor González para reemplazar el siguiente literal c)nuevo, pasando los actuales literales c), d), e), y f) a ser d), e), f) y g), respectivamente:

“c) La definición y fijación de estándares nacionales para la acreditación de directores”.

40.-De los diputados señores Kast, y Prieto para eliminar el artículo 12.

ARTÍCULO TRANSITORIO, NUEVO

41.-Del diputado señor González, para agregar el siguiente artículo transitorio nuevo.:

“Artículo segundo transitorio.- Los Consejos Escolares a que se refiere esta ley podrán constituirse a partir de la publicación de esta ley, debiendo el proceso de constitución de los mismos estar completado dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que esta ley entre en vigencia.

El Ministerio de Educación elaborará y pondrá en marcha un programa permanente de formación y capacitación dirigido a los padres y apoderados así como a los otros estamentos de la comunidad escolar con el propósito de motivarlos y prepararlos en los conocimientos, competencias y habilidades que requerirán para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, en colaboración con los Municipios, apoyará a los Centros de Padres para la obtención de su personalidad jurídica como organizaciones comunitarias”.

42.-Del diputado señor González Para agregar un artículo transitorio, nuevo.

“Artículo transitorio.- El reglamento determinará las formas de participación y de integración de los Consejos Escolares en los establecimientos educacionales que cuenten con menos de 5 docentes de planta. Asimismo, determinará las facultades que se otorgarán a los Consejos en los establecimientos municipalizados a los cuales se hayan delegado facultades de administración de acuerdo a la ley 19.410”.

43.-Del diputado señor González, al artículo 13 del proyecto, para eliminar la siguiente frase en el inciso tercero, nuevo, propuesto en la letra a) “Durante la vigencia del respectivo año escolar”.

- Se deja constancia que estas indicaciones fueron rechazadas por mayoría de votos.

XI. TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA.

En el cuerpo de este informe se han transcrito en algunos casos los textos que el proyecto modifica, en otros sólo se ha hecho mención de ellos.

Para la mejor comprensión, se deja constancia de lo siguiente:

1)La ley N° 19.532, que estableció la jornada escolar completa, es modificada por el Artículo 1° de este proyecto, en sus artículos 1°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11 y 13 y se deroga su artículo 6° transitorio.

2)El DFL N° 1 de Educación de 1996, sobre Estatuto Docente, es modificado por el Artículo 5° de este proyecto, en sus artículos 7°, 24, 32, 33, 70, permanentes y 23 y 36 transitorios.

3)El DFL N° 2 de Educación de 1996, sobre subvenciones, es modificado por el Artículo 2° de este proyecto, en sus artículos 4°, 6°, 23, 24 y 37.

4)La Ley N° 19.715, que otorga un mejoramiento especial de remuneraciones para los profesionales de la educación, es modificada en el Artículo 3° de este proyecto, en sus Artículos 8° y 16.

5)El artículo 6° de este proyecto, deroga el artículo 1° transitorio de la Ley N° 19.410, que modificó las leyes sobre Estatuto Docente y sobre subvenciones.

6)El artículo 13 de este proyecto, modifica el Artículo 2° de la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

XII.TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN.

Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión aprobó el proyecto de conformidad con el siguiente texto:

PROYECTO DE LEY:

"ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley Nº 19.532:

1) En el artículo 1°:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Los establecimientos educacionales de enseñanza diurna regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 1998, del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y los particulares considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente, deberán funcionar, a contar del inicio del año escolar 2007, en el régimen de jornada escolar completa diurna, para los alumnos de los niveles de enseñanza de 3° hasta 8° año de educación general básica y de 1° hasta 4° año de educación media."

b) Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto, respectivamente:

"Los demás establecimientos particulares subvencionados deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna a contar del inicio del año escolar 2010."

c) Sustitúyese, en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, la expresión "refiere el inciso anterior" por "refieren los incisos anteriores".

d) Reemplázase, en el inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión "el inciso primero" por "los incisos primero y segundo" y el guarismo "2001" por "2006 o 2009, según corresponda".

e) Sustitúyese, en el inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión "año 2002" por "inicio del año escolar 2007 o 2010, según corresponda."

2) Agrégase, a continuación del artículo 3º, el siguiente artículo 3º bis, nuevo:

"Artículo 3º bis.- A aquellos establecimientos regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, cuya infraestructura sea insuficiente para incorporarse al régimen de jornada escolar completa diurna con la totalidad de sus alumnos en razón de la disponibilidad de aulas, talleres, servicios básicos y mobiliario, el Ministerio de Educación podrá asignarles recursos para superar dicho déficit hasta el año 2006. Con todo, el mobiliario que se adquiera y la infraestructura que se construya o adquiera con dichos recursos, serán de propiedad del Fisco, y quedarán sujetos al mismo régimen de administración de los demás bienes entregados con motivo de los convenios de administración ya suscritos.

Por decreto supremo del Ministerio de Educación, que deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, se regulará la forma en que se asignarán estos recursos."

3) En el artículo 4º:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1°, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos."

b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión "cincuenta" por "treinta".

b bis) Agregáse como inciso segundo nuevo, el siguiente:

“Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1° y los regidos por el DL N° 3.166 de 1980 que hayan recibido aportes de capital para infraestructura podrán poner, fuera de los días u horarios de actividades curriculares, sus instalaciones a disposición de los miembros de la comunidad escolar y, en forma regulada, de la comunidad del entorno del establecimiento, para actividades de capacitación, culturales, deportivas y otras de beneficio educativo y social que amplíen la comunicación y el aporte de dichos establecimientos a la comunidad, conforme al reglamento que dictará al efecto el Ministerio de Educación. En especial, los establecimientos municipalizados, podrán abrir sus talleres de computación para desarrollar actividades educativas de extensión a la comunidad.”

c) Sustitúyese el inciso tercero por el siguiente:

"Para acceder a la entrega del aporte, los sostenedores que no sean propietarios del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, deberán acompañar el instrumento público correspondiente, debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, que lo habilita para destinarlo a dicho uso por un período equivalente a aquel por el que se deba constituir la hipoteca y prohibición a que se refiere el artículo 8° de esta ley. En el caso de establecimientos del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) que funcionen en inmuebles fiscales, no será necesaria dicha autorización."

d) Sustitúyese el inciso quinto por el siguiente:

"Dichos valores máximos serán fijados en el reglamento, de acuerdo con el número de alumnos que no puedan ser atendidos en jornada escolar completa diurna en los establecimientos en situación deficitaria, el tipo de intervención requerida, la modalidad de adquisición de inmuebles construidos, la ubicación geográfica, el tipo de enseñanza que imparte, las características topográficas del terreno y la modalidad de entrega del aporte, el cual será fijado en unidades tributarias mensuales a la fecha que establezcan las bases de cada concurso."

e) Incorpórase, a continuación del inciso quinto, el siguiente inciso nuevo:

"Los recursos correspondientes al aporte suplementario por costo de capital adicional que se entreguen a los sostenedores de conformidad con esta ley, no serán embargables. Sin embargo, esta inembargabilidad no regirá respecto de los juicios seguidos por el Ministerio de Educación por incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha entrega."

f) Sustitúyese el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Para efectos de la determinación de este aporte, se entenderá que un establecimiento educacional se encuentra en situación deficitaria, cuando la totalidad de sus alumnos matriculados entre tercer año de educación general básica y cuarto año de educación media, al mes que se señale en las bases del respectivo concurso, no pueda ser atendido bajo el régimen de jornada escolar completa diurna en razón de la disponibilidad de aulas, servicios básicos o mobiliario. El mes a que se refiere este inciso deberá, en todo caso, ser anterior a la fecha del llamado a dicho concurso.".

4) Agrégase, a continuación del artículo 4º, el siguiente artículo 4º bis, nuevo:

"Artículo 4° bis.- El Ministerio de Educación, en ningún caso, podrá entregar más recursos que el aporte adjudicado en los concursos a que se refiere esta ley. Toda disminución del costo total del proyecto presentado por el sostenedor y considerado para su adjudicación en un determinado concurso, significará la disminución del aporte en la misma proporción en que disminuya el costo total del proyecto."

5) Deróganse los incisos cuarto y quinto del artículo 5º.

"6) Agrégase, a continuación del artículo 5º, el siguiente artículo 5º bis, nuevo:

"Artículo 5 bis.- Podrán, de la misma forma, postular al aporte suplementario por costo de capital adicional, los sostenedores que proyecten crear y sostener nuevos establecimientos subvencionados bajo el régimen de jornada escolar completa diurna, hasta el inicio del año escolar 2006, en comunas o localidades en que la capacidad de la infraestructura de los establecimientos educacionales existentes sea insuficiente para atender a la población en edad escolar correspondiente. Las personas adjudicatarias deberán ser las sostenedoras de los establecimientos cuya creación se financie conforme a este artículo.

Asimismo, podrán postular al aporte suplementario por costo de capital adicional los sostenedores de establecimientos subvencionados reconocidos oficialmente para incorporar un nuevo nivel completo de enseñanza (básica o media), siempre que se cumplan los requisitos y plazos señalados en el inciso anterior.

En todo caso, los establecimientos o niveles que se creen de acuerdo con este artículo, deberán funcionar con la totalidad de sus cursos desde que obtengan el reconocimiento oficial.

Los valores máximos y condiciones de financiamiento, al igual que la forma de determinar la existencia de déficit de infraestructura, en los casos señalados en los dos primeros incisos, se establecerá en el reglamento, el que deberá considerar, en todo caso, la existencia de una resolución fundada de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Planificación sobre la determinación de dichos déficit. En todo caso, el aporte suplementario por costo de capital adicional no podrá exceder del 50% de las intervenciones que se pueden financiar conforme a esta ley, de acuerdo a los valores máximos que fije el reglamento. A los establecimientos que se instalen de conformidad a esta norma y que funcionen en el régimen de financiamiento compartido, les serán aplicables los descuentos por ese concepto de conformidad al inciso final del artículo quinto y a la regla del artículo sexto de esta ley.".".

7) Reemplázase el inciso final del artículo 7°, por el siguiente:

"El Presidente de la República, mediante decreto fundado, podrá establecer distintas modalidades de asignación o de aumento del aporte, o establecer alguna exención en cuanto al cumplimiento de alguno de los requisitos para acceder a éste, en situaciones especiales de necesidad pública, alta vulnerabilidad, emergencia o fuerza mayor.”

8) En el artículo 8º:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

"Para acceder al aporte, el sostenedor que haya sido declarado adjudicatario en virtud del concurso que se indica en el artículo anterior, deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Educación, que se aprobará por resolución de esta Secretaría de Estado. En dicho convenio se establecerán los derechos y obligaciones de las partes y deberá ser protocolizado por el sostenedor, a su costa. Para todos los efectos legales, el convenio debidamente protocolizado tendrá valor de instrumento público y constituirá título ejecutivo respecto de las obligaciones del adjudicatario. La no suscripción del convenio dentro del plazo establecido en las bases, hará caducar de pleno derecho el aporte obtenido, salvo circunstancias que no le sean imputables al sostenedor y que calificará el Ministerio de Educación por resolución fundada en única instancia."

b) Elimínase en el inciso segundo la expresión "o arriendo".

c) Reemplázase el inciso quinto por el siguiente:

"Conjuntamente con la hipoteca, el convenio exigirá la constitución de una prohibición de enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el inmueble en que funciona el establecimiento educacional. Si el establecimiento funciona en más de un inmueble, el Ministerio de Educación, en los casos calificados que establezca el reglamento y siempre que se garantice la recuperación por el Fisco del aporte entregado, podrá autorizar que la hipoteca y prohibición no se constituyan sobre todos los inmuebles. Tanto la hipoteca como la prohibición deberán inscribirse conjuntamente en el Conservador de Bienes Raíces por un plazo de treinta años, en el caso de las adquisiciones y construcciones de locales escolares, y de hasta treinta años, en el caso de ampliaciones, habilitaciones, recuperaciones y normalizaciones, dependiendo del monto del aporte."

d) Agrégase, a continuación del punto final (.) del inciso séptimo, en punto seguido (.), lo siguiente: "El mismo derecho y en las mismas condiciones podrán ejercerlo los sostenedores dueños del inmueble en que funciona el establecimiento educacional, cuando dicho inmueble se encuentre hipotecado y/o se haya constituido a su respecto prohibición de gravar y enajenar y/o de celebrar actos y contratos."

e) Intercálase, a continuación del inciso séptimo, el siguiente inciso octavo, nuevo, pasando los actuales incisos octavo a decimoquinto a ser noveno a decimosexto, respectivamente:

"A los sostenedores del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), no les será exigible la constitución de hipoteca respecto de los inmuebles de dominio municipal; y la prohibición a que se refiere el inciso quinto de este artículo, se constituirá mediante su inscripción en el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces, la que se practicará con el sólo mérito de copia autorizada del convenio en que se consigna, notarialmente protocolizado y previamente aprobado por resolución ministerial. Asimismo, los sostenedores de dicho sector, cuyos proyectos de infraestructura correspondan a establecimientos educacionales que funcionan en inmuebles de dominio del Fisco, estarán exentos de constituir prohibición, salvo que con posterioridad adquieran el bien raíz. Desde ese momento estarán obligados a constituir una prohibición o hipoteca y prohibición, según corresponda, por el plazo de funcionamiento pendiente a esa fecha."

f) Reemplázase el actual inciso duodécimo, que ha pasado a ser decimotercero, por el siguiente:

"Al valor a devolver se le deducirá una trigésima parte de los fondos recibidos por cada año de uso del establecimiento para fines educacionales, contados desde la fecha de funcionamiento efectivo del establecimiento en jornada escolar completa diurna, o la fracción que corresponda si el plazo del gravamen es menor a treinta años".

g) Reemplázase el actual inciso decimotercero, que ha pasado a ser decimocuarto, por el siguiente:

"El que proporcionare antecedentes falsos o adulterados con el propósito de obtener el aporte suplementario por costo de capital adicional a que se refiere esta ley, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo."

h) Reemplázase el actual inciso decimocuarto, que ha pasado a ser decimoquinto, por el siguiente:

"El funcionario municipal o el empleado de la Corporación Municipal que administre los recursos del aporte suplementario por costo de capital adicional, y que incurra respecto de estos recursos en la conducta tipificada en el artículo 236 del Código Penal, será sancionado con las penas corporales que allí se indican, aumentadas en un grado. Si en las operaciones en que interviniere ese funcionario municipal en razón de la administración de dichos recursos o en razón de su cargo, incurriere en alguna de las conductas tipificadas en el artículo 239 del Código Penal, será sancionado con las penas corporales que allí se indican, aumentadas en un grado."

9) Agrégase, a continuación del artículo 8°, el siguiente artículo 8° bis, nuevo:

“Artículo 8° bis.- Si el inmueble en que funciona el establecimiento educacional se encuentra dado en arrendamiento al sostenedor y es subastado en razón de una hipoteca constituida a favor del Ministerio de Educación para garantizar la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional, el subastador no estará obligado a respetar dicho arriendo aún en el caso que se hubiese otorgado por escritura pública inscrita en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, con anterioridad a la hipoteca.”

10) Reemplázase el artículo 9º por el siguiente:

"Artículo 9º.- Para facilitar las inversiones del aporte suplementario por costo de capital adicional en la infraestructura requerida para incorporar a los establecimientos educacionales al régimen de jornada escolar completa diurna, el Ministerio de Educación podrá celebrar convenios con instituciones públicas y/o privadas, con el objeto de proveer asistencia técnica para aquellos establecimientos que atienden alumnos vulnerables y/o a los sostenedores que no tengan capacidad técnica para elaborar proyectos para los fines señalados.”

El Ministerio de Educación deberá mantener un listado actualizado de las empresas que presten esta asesoría, en el cual indicará su naturaleza jurídica y la individualización de sus socios mediante su cédula nacional de identidad.”

11) Reemplázase el artículo 11 por el siguiente:

"Artículo 11.- Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar, los Directores de los establecimientos educacionales subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar y a sus organizaciones un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar.

Tal informe deberá versar sobre, a lo menos, lo siguiente:

a) Las metas y resultados de aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar.

b) Los avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizaje.

c) Las horas realizadas del plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar.

d) Los indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados y retirados.

e) El uso de los recursos financieros que se le hayan delegado conforme a los artículos 21 y siguientes de la ley N°19.410.

f) La situación de la infraestructura del establecimiento.

g) La cuenta deberá incluir también una relación respecto a líneas de acción y compromisos futuros.

h) En el caso de los establecimientos municipales deberán dar cuenta de los compromisos asumidos en el PADEM.

Copia del informe y de las observaciones que hayan presentado por escrito los miembros de la comunidad, quedarán a disposición del Consejo Escolar y de los interesado en un registro público que llevará el establecimiento.

Las infracciones a este artículo serán sancionadas de conformidad con la letra a), del artículo 45, del decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998.”

12) Intercálase en el inciso primero del artículo 13, después de la palabra “ampliaciones” la expresión: “existentes al 31 de diciembre de 2001 que ..” y reemplázase, en el inciso primero del artículo 13, las expresión "dentro del plazo de un año, a contar de la publicación de esta ley," por la siguiente: "hasta el término del año escolar 2004,"

12) bis Agrégase el siguiente artículo primero transitorio bis:

“Artículo 1° transitorio bis.- Las bases de los concursos de proyectos de infraestructura, a partir del año 2003, deben considerar que al menos el 60% de los recursos asignados anualmente en el Presupuesto para aporte de capital, deben ser destinados a los establecimientos con más de 50% de los alumnos en condiciones de vulnerabilidad; de un 20% de los recursos para los establecimientos con 35% o más de los alumnos en condiciones de vulnerabilidad; y 20% de los recursos para el resto de los establecimientos.

Podrá exceptuarse el cumplimiento de estos porcentajes cuando no existan establecimientos suficientes para cumplir alguno de los tramos.”

13) Agregase en el inciso segundo de la letra b) del artículo segundo transitorio después de la expresión “consultado” la frase “al Consejo Escolar”.

14) Reemplázanse los incisos primero y segundo del artículo 3° transitorio, por los siguientes:

"Los proyectos deberán presentarse ante la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación, donde se certificará la fecha de recepción.

Si dicha presentación no se resolviera dentro de los 90 días posteriores a su entrega, el proyecto se tendrá por aprobado y, si hubiese sido rechazado, el sostenedor podrá apelar al Subsecretario de Educación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del rechazo. La apelación deberá presentarse en la Secretaría Regional Ministerial de Educación que corresponda. El Subsecretario de Educación resolverá en única instancia en un plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la recepción del recurso en la Subsecretaría.".

15) Derógase el artículo 6º transitorio.

ARTÍCULO 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación,:

1) En el artículo 4°:

Agréguense los siguientes incisos finales, nuevos, del siguiente tenor:

“En los establecimientos educacionales del sector municipal (sostenidos por municipios o por corporaciones municipales) a partir del 1° de marzo de 2004, la subvención y los recursos que transfiera el Ministerio de Educación o cualquier organismo público serán administrados directamente por las municipalidades.

Derógase a partir de esa misma fecha el inciso segundo de este artículo.”.

2) En el artículo 6º:

a) Incorpórase una letra a bis, nueva, del siguiente tenor:

“a bis.- Que a lo menos un 15 por ciento de los alumnos del establecimiento presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y familiar. Podrá exceptuarse el cumplimiento de este requisito cuando no existan alumnos suficientes para cumplir con el porcentaje antes indicado.

Para los efectos de esta ley la vulnerabilidad de los alumnos y de los establecimientos deberá considerar a lo menos:

- Nivel socioeconómico de la familia.

- Nivel de escolaridad de los padres.

La ponderación y forma de medición de dicha vulnerabilidad será reglamentada por el Ministerio de Educación.

a) bis. Reemplázase el literal d) por el siguiente:

"d) Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes.

Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo.

Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico de éstos.

Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa.

La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave."

b) Incorpórase el siguiente literal d) bis:

“d) bis.- Cuando haya más postulantes que vacantes, los establecimientos educacionales deberán implementar procedimientos para seleccionar aquellos alumnos de entre quienes deseen ingresar a los mismos. Estos procesos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos y alumnas y sus familias, de conformidad con las Garantías establecidas en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño.

Al momento de la convocatoria, el sostenedor del establecimiento deberá informar:

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.

b) Criterios generales de selección, entre los que deberán considerarse el tener el postulante uno o mas hermanos en el mismo establecimiento, y el de estar domiciliado en la misma comuna.

c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.

d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.

e)Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes.

f) Monto y condiciones del cobro por participar en el proceso.

Una vez hecha la selección el establecimiento publicará en un lugar visible la lista de los seleccionados. A los no seleccionados o a sus apoderados, cuando lo soliciten, deberá entregárseles un informe con los resultados de sus pruebas firmado por el encargado del proceso de selección del establecimiento.

c) Agrégase el siguiente literal d) ter:

"d) ter. Que cuenten en un lugar visible de la oficina de atención de público con un cartel que enuncie los principales puntos de la Ley 18.962 y del DFL N°2 de Subvenciones en lo que respecta al sistema de admisión, reglamentos y normas disciplinarias. Dicho cartel será distribuido por el Ministerio de Educación a todos los establecimientos.

d) Agréganse como incisos segundo, tercero y cuarto de la letra e) el siguiente texto:

“En el caso de los establecimientos educacionales que implementen procesos de selección, el monto y condiciones del derecho o arancel que se cobrará a los padres para participar no podrá superar el valor de la matrícula fijado por el Ministerio de Educación.”

"El no pago de compromisos económicos contraídos por el padre o apoderado con motivo del contrato de matrícula u otros con el establecimiento, no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni la retención de documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos por parte del establecimiento.

Tampoco podrá aducirse esta causal como motivo suficiente para no renovar la matrícula de los alumnos que deseen continuar sus estudios en el establecimiento el año siguiente, excepto en caso de mora existente al momento de la matrícula para el próximo año.

e) Reemplázase el inciso segundo de la letra g), por el siguiente:

"Para todos los efectos, se entenderán como horas de trabajo escolar tanto aquellas comprendidas en los planes y programas de estudios oficiales, propios o elaborados por el Ministerio de Educación, como aquéllas que, de manera complementaria a dicho plan y de acuerdo con su proyecto educativo, defina cada establecimiento como de asistencia obligatoria y sujetas a evaluación sin incidencia en la promoción. Dichas horas serán de 45 minutos, tanto para la enseñanza básica como media."

f) Agréganse los siguientes incisos penúltimo y último, nuevos:

"Los establecimientos educacionales que a contar del año 2003 impetren por primera vez la subvención educacional, por todos sus niveles o por un nuevo nivel o modalidad de enseñanza, para tener derecho a ella, deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna por los alumnos correspondientes a los niveles de enseñanza de 3º hasta 8º año de educación general básica y de 1º hasta 4º año de educación media. En todo caso, los alumnos atendidos en jornada escolar completa diurna no podrán ser atendidos con posterioridad en un régimen distinto.

Excepcionalmente, por resolución fundada del respectivo Secretario Regional Ministerial de Educación, se podrá eximir a un establecimiento educacional del cumplimiento de lo señalado en el inciso precedente, cuando por aplicación de dichas normas se impida de manera insalvable el acceso a la educación de alumnos que carezcan de cobertura escolar.”

3) Intercálase en el artículo 23 un inciso segundo, nuevo, del tenor siguiente:

“Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad a que se refiere la letra a) bis del artículo 6° no podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno”.

4) Sustitúyese el inciso séptimo, del artículo 24, por el siguiente:

"Las exenciones que se concedan mediante este sistema, deberán mantenerse mientras las circunstancias socioeconómicas del grupo familiar lo ameriten. Los padres beneficiarios deberán informar, en el más breve plazo, los cambios experimentados en su situación socioeconómica al sostenedor, el que deberá reasignar las exenciones en caso de existir nuevos recursos disponibles. En todo caso, el sostenedor deberá reevaluar los beneficios otorgados al inicio del segundo semestre del año escolar respectivo."

5) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 24:

“Las Direcciones Provinciales de Educación deberán informar, dentro del mes de septiembre de cada año, a las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales los establecimiento educacionales que no han dado a conocer a los padres y apoderados el sistema de exención de los cobros mensuales dentro del mes de agosto anterior. Atendidas las circunstancias, la Subsecretaría de Educación podrá retener la subvención hasta que el establecimiento cumpla con la obligación indicada.”

6) Intercálase en el inciso quinto del artículo 26, después del punto seguido (.) que separa las dos oraciones que lo conforman, lo siguiente:

"Dicho informe deberá señalar, además, el número de alumnos beneficiados con el sistema de exenciones establecido en el artículo 24 y el monto total de recursos que se destinó a dicho fin."

7) En el artículo 37:

a) Incorpórase, a continuación del inciso primero, el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero y así sucesivamente:

"Se pagará una subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos, que será de 0,1362 unidades de subvención educacional (U.S.E.) para la Educación General Básica; 0,3103 U.S.E. para la Educación Media hasta 25 horas semanales presenciales de clases, y 0,3999 U.S.E. para la Educación Media con más de 25 horas semanales presenciales de clases. Esta subvención sólo se pagará cuando este tipo de educación se preste en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente. En este caso, siempre se pagará el 100% de la subvención que corresponda, independientemente de la que se deba pagar por los alumnos que cursen los otros tipos de enseñanza que pueda impartir el establecimiento y no le será aplicable lo dispuesto en el inciso octavo de este artículo."

b) Reemplázase, en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, la expresión "al inciso primero" por "a los incisos primero y segundo".

c) Reemplázase, en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la expresión "inciso segundo" por "inciso tercero".

d) Reemplázase el actual inciso séptimo, que ha pasado a ser octavo, por el siguiente:

"Aquellos establecimientos que atiendan alumnos en doble jornada percibirán, respecto de estos alumnos, sólo el 50% de la subvención a que se refiere este artículo. Asimismo, si en un mismo local escolar funciona en jornada diurna más de un establecimiento del mismo o diferentes sostenedores, cada uno de ellos percibirá este porcentaje. La subvención de mantenimiento por alumno interno se pagará siempre completa."

8) Intercálase, a continuación del inciso primero del articulo 43, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual a ser tercero:

"Se considerarán infracciones menos graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 24, inciso tercero y siguientes;

b) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 26, inciso quinto, y

c) La retención de documentos necesarios para que el alumno pueda matricularse en otro establecimiento, sin perjuicio de las acciones legales que el establecimiento pueda desarrollar para asegurar el cobro de lo adeudado por padres y apoderados. No obstante, la reiteración de esta infracción será considerada como infracción grave.".

9) Sustitúyese la primera parte del inciso segundo del artículo 45, hasta el punto seguido (.) por la siguiente frase:

"En caso de infracciones que tienen el carácter de menos graves, sólo podrán aplicarse las sanciones contempladas en las letras a) y b). Las de las letras c) a e) además podrán ser aplicadas en caso de infracciones graves.".

10) Agrégase el siguiente artículo 8° transitorio:

“Artículo octavo transitorio.- Los establecimientos educacionales tendrán un plazo máximo de un año, contado desde la fecha de entrada en vigencia de la presente disposición, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el literal d) del artículo 6° de la presente ley.”.

11) Agrégase el siguiente artículo 9° transitorio, nuevo:

“Artículo noveno transitorio: El requisito establecido en la letra a) bis se exigirá a los establecimientos educacionales a partir del año 2004 respecto de los alumnos que ingresen a los primeros años que ofrezcan dichos establecimientos”.

ARTÍCULO 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.715:

1) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 8º, la expresión "el inciso anterior" por "los incisos anteriores".

2) Agrégase, al número tres del inciso segundo del artículo 16, a continuación del punto final (.), que se reemplaza por una coma (,) la siguiente oración: "o desempeñarse en iguales condiciones en los establecimientos regidos por el decreto ley N°3.166, de 1980."

ARTÍCULO 4º.- La subvención anual de apoyo al mantenimiento por alumnos de Educación de Adultos que se crea por el literal a), del número 5, del artículo 2° de esta ley, se pagará a contar del año 2003.

ARTÍCULO 5º.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 1, de Educación, de 1996, de la siguiente manera:

1) Agrégase, en el artículo 7º, el siguiente inciso segundo,

nuevo:

“En el caso del Director del establecimiento educacional, su función principal será dirigir y liderar el proyecto educativo institucional, y complementariamente gestionar administrativa y financieramente el establecimiento, en los casos en que se le haya delegado esa facultad de conformidad con los artículos 21 y siguientes de la ley Nº 19.410, y cumplir las demás funciones, atribuciones y responsabilidades que le otorguen las leyes.”.

2) Intercálase, a continuación del artículo 18, el siguiente artículo 18 bis, nuevo:

“Artículo 18 bis.- Sin perjuicio de las demás normas de este párrafo, los Directores de los establecimientos educacionales, para dar cumplimiento a las funciones que les asigna el inciso segundo del artículo 7° de esta ley, tendrán las siguientes atribuciones:

a) En el ámbito pedagógico: La formulación, seguimiento y evaluación de las metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación; organizar, orientar y observar en el aula las instancias de trabajo técnico pedagógico y el desarrollo profesional de los docentes del establecimiento; y tomar las medidas para que los padres o apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.

b) En el ámbito administrativo: Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y del personal regido por la ley Nº 19.464 del establecimiento; proponer el personal a contrata y de reemplazo, tanto docente como el regido por la ley Nº 19.464; y promover una adecuada convivencia en el establecimiento y participar en la selección de los profesores.

c) En el ámbito financiero: Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa facultad por el sostenedor, de conformidad con los artículos 21 y siguientes de la ley Nº 19.410.

Las atribuciones señaladas en las letras b) y c) podrá encomendarlas”.

3) Agrégase, en el artículo 24, el siguiente inciso final, nuevo:

“Para incorporarse a la función docente directiva y de unidades técnico-pedagógicos, los postulantes deberán cumplir con el requisito de contar, a lo menos, con perfeccionamiento en las áreas pertinentes a dicha función.”.

4) Agregase al final del numeral 5 del artículo 24, la siguiente frase, precedida de una coma(,) :“ni condenado en virtud de la ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar”.

5) Intercálase, a continuación del artículo 24, el siguiente artículo 24 bis, nuevo:

“Artículo 24 bis.- Para ser Director de un establecimiento educacional se requiere cumplir, además de los requisitos indicados en el artículo anterior, con lo siguiente:

a) Tener una experiencia docente de, a lo menos, tres años, y

b) Estar debidamente acreditado para ejercer como Director.

La acreditación es un proceso voluntario en el que se evaluará el cumplimiento de los estándares nacionales de Directores aprobados por el Ministerio de Educación. Dichos estándares definirán los conocimientos, habilidades y competencias requeridos para ser Director de un establecimiento educacional y serán fijados por decreto del Ministerio de Educación.”.

6) Intercálase, a continuación del artículo 31, el siguiente artículo 31 bis, nuevo:

“Artículo 31 bis.- En el caso de los concursos para llenar la vacante de Director de un establecimiento educacional, las Comisiones Calificadoras de Concursos estarán integradas por:

a) El Director del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la Corporación Municipal que corresponda

b) Un Director de otro establecimiento educacional del mismo sostenedor que imparta el mismo nivel de enseñanza en la comuna, elegido por sorteo entre sus pares.

c) Un representante del Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento, elegido por éstos.

d) Un docente elegido por sorteo de entre los profesores de la dotación del establecimiento.

e) Un funcionario del respectivo Departamento Provincial de Educación, quien actuará como ministro de fe.

En el reglamento de esta ley se indicará la forma de integración de la Comisión.”.

7) Sustitúyese el artículo 32 por el siguiente:

“Artículo 32.- Las vacantes de Directores serán provistas mediante concurso público de antecedentes y oposición. Estos concursos se desarrollarán en dos etapas:

a) En la primera etapa, la Comisión Calificadora preseleccionará una quina de postulantes, de acuerdo con sus antecedentes; y,

b) En la segunda etapa, los integrantes de la quina preseleccionada deberán presentar una propuesta de trabajo para el establecimiento, sin perjuicio de rendir otras pruebas, las que serán establecidas a través del llamado a concurso para el cargo, que la Comisión Calificadora considere necesarias para evaluar las competencias y la idoneidad del postulante.

La Comisión Calificadora a que se refiere el artículo 31 bis precedente, evaluará los antecedentes presentados, los resultados de las pruebas realizadas y la propuesta de trabajo presentada y, conforme a ella, emitirá un informe fundado que detalle el puntaje de cada postulante que se presentará al Alcalde, quien deberá nombrar a quien figure en el primer lugar ponderado en el respectivo concurso. No obstante, por resolución fundada, podrá nombrar a quien figure en el segundo lugar de dicho concurso.

El nombramiento o contrato de los Directores tendrá una vigencia de cinco años, al término del cual se deberá efectuar un nuevo concurso, en el que podrá postular el Director en ejercicio. Con todo, si un Director ha sido evaluado en forma destacada durante todo su período y el Consejo Escolar así lo solicita al sostenedor, podrá ser nombrado sin necesidad de concurso por un nuevo período de cinco años, después de lo cual se deberá llamar necesariamente a concurso. En aquellos establecimientos que no exista Consejo Escolar, o no se esté aplicando el sistema de evaluación, necesariamente se deberá llamar a concurso para llenar la vacante de Director.

En el caso de suplencia o subrogancia del Director, ésta no podrá prolongarse más allá del término del año escolar, al cabo del cual obligatoriamente deberá llamarse a concurso.

El Director que no repostule o haya perdido el concurso, podrá volver a desempeñarse en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5° de esta ley, en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación, y podrá ser designado o contratado con, a lo menos, el mismo número de horas que servía en ellas antes de ejercer como Director, sin necesidad de concursar. Si lo anterior no fuese posible, dada la dotación docente, tendrá derecho a los beneficios establecidos en el inciso tercero, del artículo 73, de esta ley.”.

8) Agrégase, a continuación del artículo 32 el siguiente artículo 32 bis , nuevo:

“Artículo 32 bis.- No obstante lo anterior, el Alcalde y/o gerente de la Corporación podrá previo informe fundado del Secretario Regional Ministerial de Educación, solicitar al Concejo Municipal la remoción de un director. En este caso, la resolución deberá ser acordada por los cinco sextos de sus miembros en ejercicio.

9) Agrégase al final del inciso tercero del artículo 33, después de la expresión “concurso”, reemplazando el punto fina(.) por una coma(,), lo siguiente:

“salvo que haga uso de la facultad excepcional prescrita en el inciso segundo del artículo 32.”

10) Intercálanse, en el artículo 33, a continuación del inciso segundo, los siguientes incisos tercero y cuarto, nuevos:

“En el caso de los concursos para proveer las vacantes docentes directivas y de unidades técnico-pedagógicos, las Comisiones Calificadoras de Concursos deberán considerar en su evaluación su desempeño anterior, el perfeccionamiento pertinente y sus competencias para desempeñar esas funciones.

En el caso de los concursos para proveer la vacante de Director de establecimiento educacional, las Comisiones Calificadoras de Concursos deberán considerar en su evaluación la experiencia del postulante en el ejercicio de la función docente directiva o técnico-pedagógica, la evaluación de su desempeño anterior, el perfeccionamiento pertinente, sus competencias para ser Director y la calidad de la propuesta de trabajo presentada.”.

10 bis) Intercálase el siguiente artículo 69 bis, nuevo:

“Artículo 69 bis.- Los sostenedores mantendrán a partir del año 2004 un Registro de Asistencia anual e histórico de los docentes y directivos, de acuerdo a un reglamento que dictará el Ministerio de Educación.

11) Intercálase, en el artículo 70, a continuación del inciso segundo, el siguiente inciso tercero, nuevo,:

“Los Directores de establecimientos educacionales serán evaluados por el cumplimiento de los objetivos y metas educacionales y administrativas institucionales, anuales, acordadas con el sostenedor, y por los estándares de desempeño de los Directores.”.

12) Derógase el artículo 23 transitorio.

13) Agréganse, a continuación del artículo 36 transitorio, los siguientes artículos 37, 38 y 39 transitorios, nuevos:

“Artículo 37.- Los concursos a que se refieren los artículos 32 y 34 de esta ley, en aquellos casos que actualmente estén siendo desempeñados por Directores y Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal, con nombramiento anterior a la fecha de publicación de la ley N° 19.410, se efectuarán con la gradualidad que a continuación se indica:

a) Durante el año 2005, las Municipalidades y Corporaciones Municipales llamarán a concurso para renovar aquellos Directores y Jefes de Departamento de Administración de Educación Municipal que los sirvan desde hace más de 20 años al 31 de diciembre de 2004.

b) Durante el año 2006, las Municipalidades y Corporaciones Municipales llamarán a concurso para renovar aquellos Directores y Jefes de Departamento de Administración de Educación Municipal que los sirvan entre 15 años y 20 años al 31 de diciembre de 2005.

c) Durante el año 2007, las Municipalidades y Corporaciones Municipales llamarán a concurso para renovar aquellos Directores y Jefes de Departamento de Administración de Educación Municipal que los sirvan menos de 15 años al 31 de diciembre de 2006.

En el caso que a los Directores a que se refiere el inciso anterior, les falte para cumplir la edad de jubilación el tiempo equivalente a la duración de un período como Director, o un plazo menor, permanecerán hasta cumplir la edad de jubilación, momento en que cesarán como Directores por el solo ministerio de la ley.

Los Directores y Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal a que se refieren los literales a), b) y c) precedentes, que no concursen o que, habiéndolo hecho, no sean elegidos por un nuevo período de cinco años, cesarán durante el año escolar 2005, 2006 y 2007, respectivamente.

Artículo 38.- Lo dispuesto en el artículo 32 será aplicable a todos los Directores de los establecimientos educacionales del sector municipal, tal como se define en el inciso segundo, del artículo 19. Asimismo, lo dispuesto en el artículo 34 será aplicable a todos los Jefes de Departamentos de Administración de Educación Municipal, cualquiera sea su denominación.

Artículo 39.- La acreditación para concursar y desempeñarse como Director de establecimiento educacional será obligatoria a contar del año 2005.

Mientras no se implemente el proceso de acreditación, será requisito para ejercer el cargo de Director contar con el perfeccionamiento pertinente.”.

Artículo 6º.- Derógase el artículo 1° transitorio de la ley N° 19.410.

Artículo 7°.- En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un Consejo Escolar, que será un órgano integrado a los menos por el Director del establecimiento que lo presidirá; por el sostenedor o un representante designado por él; un docente elegido por los profesores del establecimiento; un representante de los padres y apoderados elegidos por estos y el presidente del Centro de Alumnos o un representante de los alumnos de enseñanza media.

En los establecimientos de más de 600 alumnos se agregarán a lo menos un docente, un representante de los padres y apoderados, un representante de los profesionales y técnicos de apoyo a la docencia elegido por estos.

Todos los establecimientos educacionales subvencionados deberán constituir Consejos Escolares antes de concluido el año escolar 2005. El Director del establecimiento convocará a la constitución del Consejo por decisión propia, a solicitud del sostenedor, o a petición del 30% de los padres o apoderados.

Artículo 8°.- En aquellos casos en que no existan los funcionarios a que se refiere el inciso primero del artículo 7º precedente, la composición del Consejo Escolar se determinará en la forma que determine el reglamento interno del establecimiento.

Artículo 9°.- El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo. En todo caso el carácter resolutivo del Consejo Escolar podrá revocarse por parte del sostenedor al inicio de cada año escolar.

El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos.

b) Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación respecto del cumplimiento de la ley 18.962 y del DFL 2 de 1998, de Educación.

c) En los establecimientos municipales conocer los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos.

d) En los establecimientos municipales conocer el presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento.

e) Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados.

El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos:

a) Proyecto Educativo Institucional.

b) Programación Anual y actividades extracurriculares.

c) Monitorear y evaluar los resultados y metas del establecimiento, y los proyectos de mejoramiento propuestos.

d) Conocer y pronunciarse sobre el informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad.

e) Revisar y proponer modificaciones al reglamento interno del establecimiento o aprobarlo en caso de que le otorgue dicha atribución.

En los establecimientos municipales el Consejo Escolar tendrá la facultad de proponer la continuidad del director, sin necesidad de concurso por una sola vez, por un nuevo período, de acuerdo a lo establecido en la ley.

En ningún caso el Consejo Escolar podrá tener atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas que digan relación con las funciones que comprenden los Consejos de Profesores u organismos equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el DFL 1 de Educación, de 1996.”

Artículo 10.- El sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación una copia del acta constitutiva del Consejo Escolar la que deberá indicar:

a) Identificación del establecimiento, fecha y lugar de constitución.

b) Integración del Consejo Escolar.

c) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas.

d) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad.

Artículo 11.- La administración municipal de los establecimientos educacionales, deberá constituir un Consejo Comunal de Directores, integrado por todos los directores de establecimientos municipales de esa comuna. Este Consejo deberá ser informado y consultado sobre el PADEM y además sobre las siguientes materias:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos de establecimientos de administración municipal de la comuna, así como monitorear y evaluar el desarrollo de estrategias y programas de mejoramiento de esos establecimientos.

b) Las políticas de fortalecimiento de la profesión docente, de desarrollo de los profesionales y técnicos de apoyo directo al trabajo docente, y de los administrativos. Semestralmente evaluará la situación de formación, inasistencia, de reemplazos y todos los aspectos considerados.

c) Presupuesto de ingresos y gastos comunal y por establecimiento. En estos se debe incluir todos los ingresos y gastos que correspondan a cada establecimiento y al conjunto.

d) Plan de ejecución presupuestaria de los establecimientos y del conjunto de la administración municipal de la educación.

e) El programa y la ejecución de obras de ampliación, reparación y mantención de los establecimientos.

Artículo 12.- Facúltase al Presidente de la República para dictar, en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la presente ley, un decreto con fuerza de ley expedido a través del Ministerio de Educación, el que llevará también la firma del Ministro de Hacienda, que contenga las normas necesarias que regulen el proceso de acreditación de Directores, a que se refieren los numerales 5) y 13) del artículo 5° de esta ley.

En virtud de dicha autorización, el Presidente de la República normará:

a) La forma en que el Ministerio de Educación estructurará, organizará y operará el proceso de acreditación de Directores y la manera en que podrán participar instituciones de educación superior autónomas en las distintas etapas de ese proceso.

b) Los elementos que permitan una adecuada estructura y funcionamiento del proceso de acreditación de Directores.

c) El Ministerio de Educación podrá licitar, a lo menos, entre las entidades de educación superior mencionadas en la letra a) precedente, el proceso de acreditación, conforme la demanda de postulantes y las necesidades de personal directivo de los establecimientos educacionales.

d) Los mecanismos y procedimientos de evaluación para certificar programas de formación de Directores de establecimientos educacionales que cumplan con los estándares nacionales y su seguimiento y permanente evaluación por parte del Ministerio de Educación.

e) Los requisitos que deberán contener las bases de la(s) convocatoria(s) a instituciones de educación superior para la certificación de programas de formación para la acreditación de Directores de establecimientos educacionales.

f) La estructura básica de los programas de formación y los requisitos para acreditar los conocimientos, habilidades y competencias establecidos en los estándares nacionales de Directores, el período de validez de la certificación de los programas y los requisitos para mantener esta certificación.

g) Los derechos y obligaciones de los docentes acreditados como Directores de establecimientos educacionales, los requisitos para mantener dicha calidad y el período de validez de ésta.

Artículo 13.- Modifícase el artículo 2° de la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, de la siguiente manera:

a) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual a ser cuarto, del siguiente tenor:

“Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de establecimientos educacionales no podrán suspender, cancelar la matrícula o expulsar alumnos o alumnas, por causales que se deriven de la situación socio-económica de sus padres o apoderados. Tampoco podrán limitar de manera alguna el ejercicio de los derechos comprendidos en la prestación del servicio educacional o retener documentación alguna. Lo anterior es sin perjuicio del derecho que le asiste a los establecimientos educacionales de recurrir a todos los instrumentos legales que les permitan asegurar, exigir y cobrar al padre o apoderado que suscribió la matrícula el pago de lo comprometido”.

b) Intercálase el siguiente inciso quinto, nuevo, pasando el cuarto actual a ser final, cuyo texto es el siguiente:

“Las infracciones cometidas a los incisos tercero y cuarto serán sancionadas de conformidad con el artículo 24 de la presente ley.”.

ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.- Los sostenedores que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, hayan garantizado la entrega del aporte suplementario por costo de capital adicional con la constitución de hipoteca y/o prohibición de conformidad con la ley N° 19.532, podrán solicitar y el Ministerio de Educación aceptar, la modificación de las mismas para el solo efecto que se adecuen al nuevo plazo que corresponda de acuerdo con lo previsto en esta ley.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO.- El mayor gasto fiscal que represente en el año 2002 la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33-104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público y al presupuesto del Ministerio de Educación.".

- ° -

Se designa como Diputado Informante al señor Rodrigo González Torres.

Acordado en sesiones de fechas 3, 10, 11 y 18 de diciembre de 2002 y 6, 7, 8, 14 y 15 de enero de 2003, con asistencia de los HH. Diputados señores Carlos Montes Cisternas (Presidente), Eugenio Bauer Jouanne, Germán Becker Alvear, Sergio Correa de la Cerda, Fidel Espinoza Sandoval, Rodrigo González Torres, Rosauro Martínez Labbé, Carlos Olivares Zepeda, José Antonio Kast Rist, Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez, de la señora Diputada doña Carolina Tohá Morales, de la Diputada señorita Maria Antonieta Saa Díaz, miembros titulares de la Comisión, de los Diputados señores Pablo Prieto Lorca, Iván Paredes Fierro, Boris Tapia Martínez, Pedro Muñoz Aburto, Eugenio Tuma Zedán, Rodolfo Seguel Molina, Felipe Letelier Norambuena, Juan Pablo Letelier Morel, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Edmundo Villouta Concha y Andrés Egaña Respaldiza y de las Diputadas señoras María Eugenia Mella Gajardo, Eliana Caraball Martínez y Ximena Vidal Lázaro.

SALA DE LA COMISIÓN, a 15 de enero de 2003.

JOSÉ VICENCIO FRÍAS

Secretario de la Comisión

INDICE DE MATERIAS

I.PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL DEBATE. 1

II.SÍNTESIS DE LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN. 1

III.RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES. 2

IV. DE LAS DISPOSICIONES QUE NO FUERON OBJETO DE INDICACIONES DURANTE LA DISCUSIÓN DEL PRIMER INFORME, NI DE MODIFICACIONES EN EL SEGUNDO. 14

V. DE LAS DISPOSICIONES QUE TIENEN RANGO DE LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL O QUE DEBAN APROBARSE CON QUÓRUM CALIFICADO. 15

VI. DE LAS DISPOSICIONES SUPRIMIDAS. 15

VII. DE LAS DISPOSICIONES MODIFICADAS. 15

VIII. DE LOS ARTÍCULOS NUEVOS INTRODUCIDOS. 15

IX.DE LOS ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA. 15

X.INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN. 16

XI. TEXTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA. 25

XII.TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN. 26

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DIURNA Y OTROS CUERPOS LEGALES.

BOLETÍN Nº 2.853-04

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a emitir este segundo informe relativo al proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

I. CONSTANCIAS PREVIAS

1.- Indicaciones rechazadas

- Del Diputado señor Dittborn para reemplazar la letra d) del artículo 11, modificado por el numeral 11) del artículo 1° del proyecto.

- Del mismo señor Diputado para modificar el inciso segundo del artículo 11.

- Del Diputado señor Von Mühlenbrock para eliminar la letra a) del numeral 2) del artículo 2° del proyecto.

- Del mismo señor Diputado para eliminar los numerales 3) y 11) del artículo 2° del proyecto.

- Las indicaciones enumeradas entre la 1) y la 41) del mismo señor Diputado, consignadas a partir de la página 15 de este informe.

2.- Indicaciones declaradas inadmisibles

No hay.

* * *

Asistieron a la Comisión durante el estudio del segundo informe los señores Sergio Bitar, Ministro de Educación; Patricio Vilaplana, Subsecretario Subrogante de Educación; Pedro Montt, Jefe de la División de Educación General; Rodrigo González, Jefe del Departamento Jurídico; Montaldo Salas, Abogado de la Jornada Escolar Completa, todos del Ministerio de Educación, y José Espinoza, Asesor del Ministerio de Hacienda. Concurrieron, asimismo, la señorita María de los Angeles Santander y el señor Sebastián Soto, Asesores del Instituto Libertad y Desarrollo.

Además, concurrieron especialmente invitados el Padre Héctor Vargas y el señor Rodrigo Díaz, Presidente y Abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE); los señores Walter Oliva y Patricio Parga, Presidente y Director de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (CONASEP); los señores Juan Morales y Solon Opazo, Presidente y Secretario de la Unión Nacional de Padres Católicos de Chile (UNAPAC), y el señor Mario Olavarría, Alcalde de Colina.

El Padre Héctor Vargas valoró la iniciativa en cuanto pretende introducir modificaciones al actual régimen de jornada escolar, toda vez que varias de ellas ya las habían propuesto en su tramitación original, el año 1996-1997, y que, gracias al estilo de diálogo y de trabajo plural y en equipo que está iniciando el Ministerio de Educación, lograron el consenso necesario para ser propuestas. Por lo tanto, su preocupación no está referida tanto a la Jornada Escolar, sino más bien a algunas indicaciones referidas a otros ámbitos de la vida escolar. Agregó que comparten el deseo de asegurar cada vez más una educación de calidad y de equidad para todos, y que sin duda debe ser la motivación central que subyace a la propuesta de asegurar al menos un 15% de alumnos vulnerables en las escuelas subvencionadas. Lo que, sin embargo, genera una gran preocupación –señaló- es que ello aparezca como una "conditio sine qua non", para recibir la subvención. Le preocupa, en primer lugar, por un tema de principios, ya que la naturaleza de la subvención no puede estar ligada exclusivamente a la mayor o menor presencia de una determinada variable, por muy importante que ésta sea, sino fundamentalmente, por el deber que tiene el Estado, por una parte, y por el derecho que tienen las familias por la otra, de garantizar uno y disponer otros de la diversidad y el libre acceso de los hijos a la educación que desean para ellos. Sobre este deber del Estado, el derecho de los padres y la naturaleza de la subvención, resulta iluminador lo que ha declarado el Concilio Vaticano II, acotó.

Desde el punto de vista de la aplicación, de los alcances y de las consecuencias prácticas de exigir un porcentaje determinado de vulnerabilidad, le parece de suma importancia responder a las siguientes interrogantes: ¿qué está entendiendo exactamente el legislador por el concepto "vulnerabilidad", los indicadores del mismo y la forma de evaluarlo?; ¿existe suficiente conciencia de que el tener más o menos alumnos no depende exclusivamente de la voluntad de los establecimientos, sino de las características socioeconómicas de las familias que desean postular libremente a un determinado colegio?; ¿qué ocurrirá con aquellas escuelas que no alcancen tal porcentaje?, ¿serán privadas de la subvención?, y en tal caso: ¿deberán cerrar sus puertas?; ¿cuál será el destino educacional de la totalidad de sus alumnos incluyendo a los vulnerables que en su conjunto no lograron el 15%?; ¿en qué situación quedarán los docentes, auxiliares y administrativos que laboran en ellas?; ¿a partir de esta exigencia, podrán los colegios asegurar el cumplimiento de los acuerdos, de las negociaciones colectivas si no se tiene la certeza de seguir impetrando el aporte del Estado?; al quedar la posibilidad de recibir la subvención condicionada al mencionado porcentaje, ¿qué seguridad podrán tener los colegios de responder mensualmente a los bancos por los créditos otorgados a 10, 15 ó 20 años para infraestructura y que en su momento tuvieron como aval justamente una subvención que ahora no aparece asegurada?; ¿cómo harán los colegios que, habiendo ganado el concurso de capital adicional y por el cual construyeron, han quedado hipotecados y obligados a mantener un establecimiento educacional por 50 años?

Hizo presente que el acierto del Estado de Chile de subvencionar por principio la diversidad escolar, ha quedado demostrado por el anhelo permanente de las familias chilenas de querer ingresar a sus hijos al sistema particular subvencionado que valorizan en gran medida. Tanto es así, que las estadísticas muestran, año tras año, el permanente aumento de estos establecimientos y de su matrícula. Agregó que, por ello, el desafío que tienen de atender a la población más vulnerable debería ir fundamentalmente por la línea de los incentivos, tales como la subvención diferenciada, o de la retención según la educación media obligatoria, o por otro tipo de incentivos, no necesariamente económicos.

Le pareció bien que otras de las propuestas que han venido siendo consideradas en el proyecto de ley, demuestren un gran interés por ámbitos que son muy significativos para la escuela, como son: los procesos de admisión y selección de alumnos, la existencia de organizaciones como los "Consejos Escolares" que garanticen la participación y la necesidad de la rendición de cuenta de la gestión. Lo que le preocupa, sin embargo, es que tales iniciativas no sólo quieran imponerse desde fuera y en modo similar a todas las escuelas subvencionadas, sino que además, no se considere para ello las características propias de sus proyectos educativos y a partir de los cuales se inspiran desde el proyecto curricular, hasta sus formas de organización, convivencia, procesos y reglamentos. De este modo, la tarea consiste en asegurar el necesario equilibrio que debe darse entre el justo deber del Estado por garantizar la participación de los estamentos de la comunidad educativa, la gestión transparente de los recursos y procesos de selección de alumnos en forma equitativa y respetuosa de su dignidad, con las exigencias de salvaguardar al mismo tiempo la legítima y fundamental autonomía de los centros. De este modo, respecto de los propuestos Consejos Escolares, y a la experiencia de las escuelas católicas que hace más de cuatro décadas originaron el concepto de comunidad educativa y que de hecho mantienen múltiples formas de corresponsabilidad, comunión y participación, le pareció bien que sea una exigencia que las escuelas generen organismos que permitan una clara representatividad y participación, pero la forma de llevarse a cabo y los grados de involucramiento han de quedar en manos de cada colegio y según las características y estilo de su proyecto educativo.

Se refirió entre otras materias a una modificación sobre el no pago que plantea también evitar que alumnos cuyos padres no han cumplido con el compromiso económico adquirido por el colegio, sean objeto durante el año escolar de medidas tales cono la suspensión de clases o la expulsión. Compartiendo las motivaciones a favor de los alumnos y alumnas y en conjunto con otras Instituciones representantes del mundo municipal y particular, no solo firmaron hace unos meses un protocolo de acuerdo en este mismo sentido con el Ministerio de Educación sino que, además, se encuentran dialogando con los colegios las mejores fórmulas de llevarlo a cabo, sin menoscabar al mismo tiempo la viabilidad económica de los mismos. De hecho, la inmensa mayoría de los colegios, tanto de financiamiento compartido como los pagados, han desarrollado desde hace tiempo estrategias que les permiten manejar sistemas de becas, determinados niveles de morosidad y el nivel de ingresos necesario para responder a su vez a todos los compromisos adquiridos, comenzando por las remuneraciones. Lo que le causa mucha preocupación es que según la forma como se pretende establecer lo que antes en la conciencia de todos era por la vía de la excepción y ante casos plenamente justificados y mantenidos en reserva, ahora puede transformarse en una suerte de protección o de incentivo al no pago, pudiendo postergar esta grave responsabilidad incluso hasta final de año, lo cual dejaría a los colegios y especialmente a los pagados en una situación muy complicada, ya que éstos no tendrían asegurado el flujo mensual mínimo requerido. Si bien es cierto que la legislación les permite garantizar la deuda del año mediante una serie de instrumentos; sin embargo, en un contexto escolar, no está tan claro si en definitiva pudiendo hacerlo legalmente en definitiva lo lleve a cabo, a través de, por ejemplo, el remate de los bienes. En este sentido, le parece fundamental que así como por ley se desea salvaguardar la educación de los alumnos; asimismo, también y en la misma ley, se busquen las mejores fórmulas que impidan el abuso de quienes sí están en condiciones de responder a los compromisos económicos libremente contraídos y en los tiempos previamente estipulados.

El señor Walter Oliva destacó que las indicaciones aprobadas por la Comisión Técnica tienen relación con principios que son importantes, como proteger el derecho a la educación; sin embargo, presentan algunas falencias como:

a) en relación con la fecha de incorporación a la JEC y del aporte de capital, sostuvo que deben existir criterios fundamentales en este tema como, por ejemplo, que no se discrimine por dependencia, ya que si se deben focalizar los esfuerzos en ayudar a los alumnos más vulnerables, ello debe ser en igualdad de condiciones, tanto para colegios subvencionados como para los particulares.

b) respecto al requisito del 15% de vulnerabilidad, para recibir subvención, existen algunos problemas como: la existencia de un cambio de los requisitos para recibir la subvención; se genera inestabilidad de flujos económicos en los colegios y una falta de proyección en el tiempo al estar supeditados a cumplir la obligación descrita; además, de generar incompatibilidad por mejoramiento de estándar de vida, deterioro de proyectos institucionales y su diversidad; incompatibilidad con elección de los padres; implementación inviable; incompatibilidad con el régimen de becas obligatorias actuales; eliminación de subvención a alumnos “no tan vulnerables”; problemas de traslado de los alumnos, en que la escuela no cuenta con las competencias necesarias para la atención de alumnos. Sobre el particular, propone algunas soluciones, como la subvención diferenciada a los alumnos más vulnerables del sistema y una revisión del sistema de becas en el sentido de aumentar el componente de tal forma que más alumnos se encuentren beneficiados con el sistema.

c) respecto al criterio de selección de alumnos, afirmó que presenta problemas como incompatibilidad del proceso de selección con el proyecto educativo cuando existe un exceso de demanda. Propone en este tema una selección por adhesión al proyecto educativo.

d) sobre el cobro de mensualidades y renovación de matricula, dice que las indicaciones generarán una imposibilidad de asegurar flujos económicos en los colegios, incentivos a incurrir en morosidad, imposibilidad de no renovación de matricula frente a incumplimientos reiterados. En tal sentido plantea que la solución podría ser la implementación de un seguro de vida y cesantía para los apoderados, con financiamiento mixto o la posibilidad de no renovar matricula al final del año.

Planteó que los consejos escolares solo consideran una solución única como mecanismo de participación, no obstante deberían respetarse las estructuras existentes y sus funciones, sin constituir una única opción.

Concluyó señalando que si bien considera temas importantes para la sociedad los antes señalados, la forma en que se abordan resulta insatisfactoria y debería generarse una mayor discusión para otorgar una solución real a los problemas. Agregó que el marco legal en que se desenvuelven los distintos actores de la educación chilena debe ser estable, centrándose el esfuerzo en el proceso educativo y en entregar una calidad óptima.

El señor Mario Olavarría se refirió a las modificaciones que se pretenden introducir al D.F.L. N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, particularmente la que prescribe que en los establecimientos educacionales del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales), a partir del 1 de marzo del año 2004, tanto la subvención como los recursos que les entrega el Ministerio de Educación o cualquier organismo público, serán administrados directamente por las municipalidades. Sostuvo que esta norma implica la desaparición de las Corporaciones Municipales, que son 53 en el país con una tutela de 720 mil estudiantes de un total de un millón ochocientos mil que pertenecen al sector municipal, además de que tales corporaciones no sólo se dedican al tema de la educación, sino que también, a otras actividades como la salud.

Agregó que el efecto que se produciría no es de una mayor regulación o control de las actividades que realizan hoy las Corporaciones, sino que, simplemente, limitar su capacidad de acción y de gestión y que la mayor capacidad de acción que tienen las corporaciones municipales no produce diferencia en cuanto a la fiscalización de la Contraloría General de la República respecto de los fondos públicos recibidos para la educación, puesto que ésta tiene las mismas facultades de fiscalización del uso de dos fondos públicos transferidos para educación tanto en un DAEM (Municipalidad), como en una Corporación Municipal.

En relación con las diversas indicaciones formuladas al proyecto en este segundo trámite reglamentario, según se consigna en la discusión particular, el Diputado Kast, don José Antonio, puso énfasis en que la Comisión Técnica aprobó una serie de modificaciones al proyecto, sin que pudieran ser analizadas las observaciones que a este respecto tenían las bancadas de Oposición.

En consideración a lo anterior, la Comisión sometió a votación sin debate la totalidad de aquellas indicaciones presentadas por el Diputado señor Von Mühlenbrock que no tienen relación con artículos de competencia de esta Comisión para que reglamentariamente puedan reiterarse en la discusión del proyecto en Sala.

Las disposiciones puestas en conocimiento de esta Comisión, en este trámite, son los numerales 11) y 12) bis del artículo 1° y los numerales 1); 2) letra a), y 3) del artículo 2°, aprobados por la Comisión Técnica. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento el numeral 3) letra a) del artículo 1°, numeral 11) del artículo 2°, y artículo 2° transitorio del proyecto aprobado por la Comisión Técnica, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En la letra a) del numeral 3) del artículo 1° del proyecto, se sustituye el inciso primero del artículo 4° de la ley N° 19.532, en los siguientes términos:

“Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1°, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos.”.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar en el literal a) del número 3), la expresión “año escolar de 2006” por “año escolar de 2009”.

Puesta en votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.

Por el numeral 11) del artículo 1° se modifica el artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11.- Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar, los Directores de los establecimientos educacionales subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar y a sus organizaciones un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar.

Tal informe deberá versar sobre, a lo menos, lo siguiente:

a) Las metas y resultados de aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar.

b) Los avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizaje.

c) Las horas realizadas del plan de estudios y el cumplimiento del calendario escolar.

d) Los indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados y retirados.

e) El uso de los recursos financieros que se le hayan delegado conforme a los artículos 21 y siguientes de la ley N°19.410.

f) La situación de la infraestructura del establecimiento.

g) La cuenta deberá incluir también una relación respecto a líneas de acción y compromisos futuros.

h) En el caso de los establecimientos municipales deberán dar cuenta de los compromisos asumidos en el PADEM.

Copia del informe y de las observaciones que hayan presentado por escrito los miembros de la comunidad, quedarán a disposición del Consejo Escolar y de los interesados en un registro público que llevará el establecimiento.

Las infracciones a este artículo serán sancionadas de conformidad con la letra a), del artículo 45, del decreto con fuerza de ley N°2, de Educación, de 1998.”.

El señor Patricio Vilaplana explicó que en la Comisión Técnica fue agregada a la disposición una enumeración de antecedentes sobre la gestión educativa del establecimiento del año escolar que termina que, al menos, deberá informar el director del establecimiento escolar antes del inicio del próximo año escolar; asimismo, se hace extensiva la cuenta, además de la comunidad escolar, a sus organizaciones, quedando los antecedentes a disposición del Consejo Escolar y de los interesados, e incorpora nuevas materias sobre las que el director deberá informar.

El Diputado Dittborn, don Julio, presentó una indicación para reemplazar en el inciso primero del numeral 11) las expresiones “deberán presentar a la comunidad escolar y a sus organizaciones” por “deberán publicar en un lugar visible del recinto y entregar a los padres y apoderados que lo soliciten”.

Expresó que, a su juicio, la indicación propuesta es más amplia y otorga una mayor difusión a la información.

El señor Pedro Montt consideró que es útil que la cuenta se deba presentar a la comunidad escolar, por lo que sugiere mantener el texto propuesto y agregar las exigencias contempladas en la indicación, para lo que bastaría agregar la conjunción “y”.

Sometida a votación la indicación parlamentaria para agregar la oración indicada anteponiendo la conjunción “y”, fue aprobada por unanimidad.

El Diputado Dittborn, don Julio, presentó una indicación para reemplazar la letra d) del numeral 11) por la siguiente: "d) los indicadores de eficiencia interna tales como matrícula, asistencia alumnos aprobados, reprobados y retirados.".

Sometida a votación la indicación anterior, fue rechazada por 3 votos a favor y 5 votos en contra.

El Diputado Dittborn, don Julio, presentó una indicación para agregar en el inciso segundo, después de la frase "quedarán a disposición del Consejo Escolar" lo siguiente: ", cuando éstos existan,". Fundamentó la indicación en ser partidario que exista una amplia gama de colegios y que tengan plena libertad para organizarse.

La Diputada Tohá, señora Carolina, consideró que los consejos escolares constituyen un mínimo con que deben contar los colegios y que su existencia no conllevaría una homogenización de la organización de las escuelas.

El Diputado Montes, don Carlos, sostuvo que el autoritarismo que existe en la actualidad en los colegios es muy fuerte; por ello, sería necesario que los padres puedan contar con información mínima. Coincidió con la Diputada Tohá en cuanto a que los consejos escolares son una organización indispensable en los establecimientos educacionales y que no afectarían la libertad de organización de las escuelas.

Mencionó que aquellos países en que ha habido un importante avance en el sistema educacional han incorporado a los consejos escolares en las estructuras de todas las escuelas, permitiendo la participación activa de los apoderados en la gestión educativa. Citó al respecto los casos de Estados Unidos y Singapur.

Sometida a votación la indicación precedente, fue rechazada por 4 votos a favor y 6 votos en contra.

Sometido a votación el numeral 11) del artículo 1° del proyecto de ley, fue aprobado por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

En el numeral 12) bis, se agrega el siguiente artículo primero transitorio bis:

“Artículo 1° transitorio bis.- Las bases de los concursos de proyectos de infraestructura, a partir del año 2003, deben considerar que al menos el 60% de los recursos asignados anualmente en el Presupuesto para aporte de capital, deben ser destinados a los establecimientos con más de 50% de los alumnos en condiciones de vulnerabilidad; de un 20% de los recursos para los establecimientos con 35% o más de los alumnos en condiciones de vulnerabilidad; y 20% de los recursos para el resto de los establecimientos.

Podrá exceptuarse el cumplimiento de estos porcentajes cuando no existan establecimientos suficientes para cumplir alguno de los tramos.”.

En el debate de la Comisión se sugirió que el concepto de vulnerabilidad y los mecanismos e índices que se emplean para determinarlo debieran establecerse en la ley.

Sometido a votación el numeral 12 bis) fue aprobado por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

Por el numeral 1) del artículo 2° se modifica el artículo 4° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en los términos siguientes:

1) En el artículo 4°:

Agréguense los siguientes incisos finales, nuevos, del siguiente tenor:

“En los establecimientos educacionales del sector municipal (sostenidos por municipios o por corporaciones municipales) a partir del 1° de marzo de 2004, la subvención y los recursos que transfiera el Ministerio de Educación o cualquier organismo público serán administrados directamente por las municipalidades.

Derógase a partir de esa misma fecha el inciso segundo de este artículo.”.

Consultado por la forma en que se realiza la transferencia de recursos en la actualidad, el señor Patricio Vilaplana respondió que existen dos sistemas. El primero consiste en que las direcciones municipales transfieren los recursos desde el propio municipio y el segundo consiste en la transferencia directa a las corporaciones, que son 52 casos en todo Chile.

Sometido a votación el numeral 1) del artículo 2° del proyecto ley, se aprobó por unanimidad.

Por el numeral 2) letra a), se modifica el artículo 6°, de la siguiente forma:

a) Incorpórase una letra a bis), nueva, del siguiente tenor:

“a bis.- Que a lo menos un 15 por ciento de los alumnos del establecimiento presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y familiar. Podrá exceptuarse el cumplimiento de este requisito cuando no existan alumnos suficientes para cumplir con el porcentaje antes indicado.

Para los efectos de esta ley la vulnerabilidad de los alumnos y de los establecimientos deberá considerar a lo menos:

- Nivel socioeconómico de la familia.

- Nivel de escolaridad de los padres.

La ponderación y forma de medición de dicha vulnerabilidad será reglamentada por el Ministerio de Educación.”.

El Diputado señor Dittborn opinó que esta disposición limita la posibilidad de crear colegios particulares subvencionados en sectores donde no hay vulnerabilidad social. Al respecto, sostuvo que sería mejor para los alumnos que están en condiciones de vulnerabilidad que se aumentara la subvención respecto de ellos y así habría empresarios interesados en abrir colegios para atender especialmente a ese sector.

La Diputada Tohá, señora Carolina, planteó que apoya la disposición puesto que pretende resolver la actual segregación que presenta el sistema con respecto a los escolares en condiciones de vulnerabilidad.

El Diputado Kast, don José Antonio, hizo presente que actualmente existe un mecanismo de becas que asciende al 12% ó 15% del alumnado, por lo que si se le agrega el 15% de niños en vulnerabilidad social, harían inviable económicamente el colegio.

El Diputado Montes, don Carlos, sostuvo que el mecanismo de becas ha tenido un impacto mínimo y que, a lo más, han abarcado al 8% del alumnado. Afirmó que las discrepancias se deben a la óptica de lo que se entiende como un país integrado socialmente.

El Diputado Von Mühlenbrock, don Gastón, formuló una indicación para eliminar la letra a) precedente, la que fue rechazada por 6 votos a favor y 7 votos en contra.

Puesta en votación la letra a) de este numeral fue aprobada por 7 votos a favor y 6 votos en contra.

Por el numeral 3), se intercala en el artículo 23 un inciso segundo, nuevo, del tenor siguiente:

“Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad a que se refiere la letra a) bis del artículo 6° no podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno.”.

El Diputado Von Mühlenbrock, don Gastón, formuló una indicación para reemplazar esta norma por la siguiente:

“Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad podrán, cuando el Director del establecimiento lo determine, eximirse del pago de los cobros que requiera el establecimiento. Para ello el Director deberá considerar principalmente la condición socioeconómica del alumno y su familia.”.

Puesta en votación la indicación precedente fue rechazada por 6 votos a favor y 7 votos en contra.

Sometido a votación el numeral 3) fue aprobado por 7 votos a favor y 6 votos en contra.

Por el numeral 11) del artículo 2°, se agrega el siguiente artículo transitorio:

“Artículo noveno transitorio.- El requisito establecido en la letra a) bis se exigirá a los establecimientos educacionales a partir del año 2004 respecto de los alumnos que ingresen a los primeros años que ofrezcan dichos establecimientos.”.

El Diputado Von Mühlenbrock, don Gastón, formuló una indicación para suprimir este numeral, siendo rechazada por 6 votos a favor y 7 votos en contra.

Puesto en votación el numeral 11) fue aprobado por 7 votos a favor y 6 votos en contra.

En el artículo 2° transitorio, se señala que el mayor gasto fiscal que represente en el año 2002 la aplicación de esta ley, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33-104. de la Partida Presupuestaria Tesoro Público y al presupuesto del Ministerio de Educación.

El Ejecutivo formuló una indicación, con fecha 30 de abril de 2003, para sustituir el guarismo “2002” por “2003”.

Puesto en votación este artículo con la indicación precedente fue aprobado por unanimidad.

La Comisión sometió a votación las indicaciones presentadas por el Diputado señor Von Mühlenbrock que se consignan a continuación, siendo rechazadas por 6 votos a favor y 7 votos en contra.

1) Para sustituir en el artículo 1° numeral 1) letra a) la frase “del sector municipal (municipalidades y corporaciones municipales) y los particulares considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente” por la frase “vulnerables, sean municipales o particulares subvencionados”.

2) Para eliminar en el artículo 1° numeral 1 letra b) la palabra “particulares”.

3) Para sustituir en el artículo 1° numeral 3) letra a.) el guarismo “2006” incluido en la frase “hasta el término del año escolar de 2006” por el guarismo “2009” de forma tal que la frase quede redactada del siguiente modo: “hasta el término del año escolar de 2009”.

4) Para sustituir en el artículo 1° numeral 6) inciso primero el guarismo “2006” incluido en la frase “hasta el inicio del año escolar 2006” por el guarismo “2010” de forma tal que la frase quede redactada del siguiente modo: “hasta el inicio del año escolar de 2010”.

5) En el artículo 1° numeral 6) para eliminar el inciso segundo y tercero.

6) En el artículo 1° numeral 11) que reemplaza el artículo 11:

En el inciso primero donde dice “deberán presentar a la comunidad escolar y a sus organizaciones” para que diga “deberán publicar en un lugar visible del recinto y entregar a los padres y apoderados que lo soliciten”.

7) Para reemplazar la letra d) del inciso segundo del artículo 11 por la siguiente frase: “d) los indicadores de eficiencia interna tales como matrícula, asistencia o alumnos aprobados, reprobados y retirados.”

8) En el inciso tercero del artículo 11, para agregar después de la frase “quedarán a disposición del Consejo Escolar” lo siguiente: “, cuando éstos existan,”.

9) Para sustituir el artículo 1° numeral 12 bis por un artículo del siguiente tenor: “Las bases de los concursos de proyectos de infraestructura, a partir del año 2003, deben considerar como criterio principal la vulnerabilidad de los alumnos de cada establecimiento.”

10) Para eliminar el número 1) del artículo 2° y ordenar correlativamente el resto de los numerales.

11) Para sustituir la frase final del inciso primero del artículo 2° numeral 1) que dice “por las municipalidades” por la siguiente: “por los establecimientos educacionales.”

En subsidio:

“por los establecimientos municipales de acuerdo a la normativa contemplada en la Ley Orgánica de Constitucional de municipalidades y en la ley 19.410 artículo 21 y siguientes.”

12) Para eliminar la letra b) del artículo 2° numeral 2), ordenando según corresponda el resto de las letras.

13) Para sustituir la frase inicial del artículo 2° numeral 2) letra b) desde la oración “d) bis.- Cuando haya más postulantes...” hasta la frase “. Estos procesos” por la frase “Los procesos de selección de alumnos”.

14) Para suprimir en el artículo 2° numeral 2) letra d) el inciso primero, esto es, aquel que se inicia con la frase “En el caso de los establecimientos educacionales” y termina con la frase “el valor de la matrícula fijado por el Ministerio de Educación.”.

15) Para suprimir el inciso tercero del artículo 2° numeral 2) letra d) que se inicia con la frase “Tampoco podrá aducirse” y termina con la frase “excepto en caso de mora existente al momento de la matrícula para el próximo año.”.

16) Para suprimir la letra f) del artículo 2° numeral 2).

17) Para sustituir en el artículo 2° numeral 4) la frase “el sostenedor deberá reevaluar los beneficios otorgados al inicio del segundo semestre del año escolar respectivo” por la siguiente: “el sostenedor podrá reevaluar los beneficios otorgados una vez al semestre.”.

18) Para sustituir en el artículo 2° numeral 5), la frase final que dice “Atendidas las circunstancias, la Subsecretaría de Educación podrá retener la subvención hasta que el establecimiento cumpla la obligación indicada.” por la siguiente: “Atendidas las circunstancias, la Subsecretaría de Educación podrá sancionar de conformidad con la letra a), del artículo 45, del decreto con fuerza de ley N° 2 de Educación de 1998, a los establecimientos que no cumplan con la obligación indicada.”.

19) En el artículo 5° numeral 1) para remplazar la palabra “complementariamente” por la frase “de acuerdo a las necesidades del establecimiento”.

20) Para remplazar en el artículo 5° numeral 3) la frase “deberán cumplir con el requisito de contar, a lo menos, con” por la siguiente frase: “se valorará el”.

21) Para sustituir en el artículo 5° numeral 5), el artículo 24 bis que se crea, por el siguiente: “Al momento de seleccionar al Director de un establecimiento educacional se valorará la experiencia docente previa y si cuenta con acreditación en los términos establecidos por el sostenedor.”.

22) Para eliminar la letra c) del artículo 5° numeral 6).

23) Para sustituir en el artículo 5° numeral 7) en el inciso segundo del artículo 32 la frase “quien figure en el primer lugar ponderado” por la siguiente frase: “entre los cinco primeros puntajes” y para eliminar la frase final del mismo artículo “No obstante, por resolución fundada podrá nombrar a quien figure en el segundo lugar de dicho concurso.”.

24) Para sustituir el inciso tercero del artículo 5° numeral 7), inciso tercero del artículo 32, es decir, entre las frases: “El nombramiento o contrato...” hasta “para llenar la vacante de director.” por el siguiente inciso: “El nombramiento o contrato de cada Director deberá establecer en términos explícitos metas concretas de logros, entre las que se deberán contemplar el mejoramiento del desempeño de los alumnos, los índices de deserción escolar y otros indicadores de eficiencia a definir por cada sostenedor en las bases del llamado a concurso. Para comprobar el cumplimiento de dichas metas deberán considerarse evaluaciones periódicas, externas y objetivas.”.

25) Para sustituir el artículo 5° numeral 8) que crea el artículo 32 bis por uno del siguiente tenor: “Artículo 32 bis: El no cumplimiento de las metas referidas en el artículo anterior, será causal suficiente para que el Alcalde, el gerente de la Corporación o el Consejo por dos tercios de sus miembros, según corresponda, soliciten a esta última instancia la remoción de un director. En este caso, la resolución deberá ser acordada por los cinco sextos de sus miembros en ejercicio.”.

26) En el artículo 5° numeral 10) inciso primero para agregar después de la frase “desempeño anterior” la siguiente frase: “si éste existe”.

27) En el artículo 5° numeral 10) inciso segundo para agregar después de la frase “la evaluación de su desempeño anterior” la siguiente frase “si éstos existen”.

28) Para eliminar en el artículo 5° numeral 10) inciso segundo la frase “el perfeccionamiento pertinente”.

29) En el artículo 5° numeral 13) para eliminar el artículo 39 transitorio nuevo.

30) Para sustituir en el artículo 7° inciso primero, la palabra “deberá” por la palabra “podrá” de forma tal que quede del siguiente modo: “En cada establecimiento educacional subvencionado podrá existir un Consejo Escolar”.

31) En el artículo 7° para suprimir:

En el inciso primero la frase final que dice: “y el presidente del Centro de Alumnos o un representante de los alumnos de enseñanza media.”.

El inciso segundo y tercero del mismo artículo.

32) Para suprimir en el artículo 9°:

Las letras d) y e) del inciso segundo, es decir, “d) En los establecimientos municipales conocer el presupuesto anual de todos los ingreso y todos los gastos del establecimiento.” y “e) Conocer cada cuatro meses el informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados.”.

33) Para suprimir en el artículo 9°:

El inciso tercero y cuarto, es decir, desde la frase: “El Consejo será consultado...” hasta la frase “de acuerdo a lo establecido en la ley.”.

34) Para suprimir en el artículo 9° el inciso cuarto, es decir, que empieza con la frase “En los establecimientos municipales el Consejo Escolar...”.

35) Para eliminar el artículo 10.

36) Para derogar el artículo 11.

37) Para agregar en el artículo 12 una frase final al inciso primero del siguiente tenor: “La acreditación será siempre voluntaria y ejecutada por organismos autónomos y técnicos en función de criterios objetivos.”.

38) Para eliminar en el artículo 12 inciso segundo letra a) la frase “y operará”.

39) Para eliminar la letra c) del inciso segundo del artículo 12 y ordenar correlativamente el resto de las letras.

40) Para agregar en la primera frase del artículo 13 letra a) después de la palabra “padres o apoderados.” Lo siguiente “, a menos que esta situación se traduzca en un atraso en el pago de la mensualidad por un tiempo superior a cinco meses.”.

41) Para sustituir en el artículo 13, letra b), la frase final del inciso quinto nuevo que dice “serán sancionadas de conformidad con el artículo 24 de la presente ley.” Por la siguiente frase “serán sancionadas con amonestación y multa en conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la presente ley.”.

SALA DE LA COMISIÓN, a 30 de abril de 2003.

Acordado en sesiones de fechas 11 de marzo, 1, 9 y 15 de abril de 2003, con la asistencia de los Diputados señores Lorenzini, don Pablo (Presidente); Alvarado, don Claudio; Alvarez, don Rodrigo (Kast, don José Antonio); Bayo, don Francisco; Becker, don Germán; Cardemil, don Alberto (Martínez, don Rosaura); Dittborn, don Julio; Escalona, don Camilo; Hidalgo, don Carlos; Jaramillo, don Enrique; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don José (Robles, don Alberto); Silva, don Exequiel; Tohá, señora Carolina; Tuma, don Eugenio y Von Mühlenbrock, don Gastón. Además, concurrió el Diputado Montes, don Carlos.

Se designó Diputado Informante al señor ORTIZ, don JOSÉ MIGUEL.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO

Abogado Secretario de la Comisión

PERFECCIONAMIENTO DE RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Primer trámite constitucional.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, y de Hacienda, son los señores Rodrigo González y José Miguel Ortiz, respectivamente.

Antecedentes:

-Segundos inforomes de las Comisiones de Educación y de Hacienda, boletín Nº 2853-04. Documentos de la Cuenta Nºs 11 y 12, respectivamente.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González.

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-

Señor Presidente , la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , con urgencia calificada de “suma”, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

Este proyecto fue objeto de discusión en forma prolongada, durante casi un año en esta Comisión.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Disculpe que lo interrumpa, señor diputado.

Cito a reunión de Comités para acordar los tiempos que corresponderá a cada uno de ellos.

Puede continuar, señor diputado .

El señor GONZALEZ (don Rodrigo) .-

Por lo tanto, hoy cabe dar a conocer las conclusiones de esta Comisión, que reconoció que la ley de jornada escolar completa y su aplicación en el sistema educacional había sido un gran aporte para el desarrollo de la educación chilena. Esto ha sido entendido por los organismos técnicos competentes, tales como la Universidad Católica, el Centro de Investigación a la Educación, CIES, y otras instituciones, en términos de que el aporte de esta ley ha sido significativo. Por tanto, ha sido valorada unánimemente como una contribución para mejorar la equidad de la educación y crear condiciones con el fin de mejorar la calidad de la misma, lo que constituye un gran desafío nacional. Sin embargo, en el curso de su aplicación se observaron vacíos y deficiencias que era necesario mejorar y potenciar, porque se ha transformado en una reforma legal de gran impacto y significación la que hoy estamos discutiendo.

En el primer trámite reglamentario, las normas legales que modificamos y conocimos en esta Sala pueden sintetizarse como sigue:

En primer lugar, en ese primer trámite se acordó ampliar el plazo inicialmente previsto para el ingreso de los establecimientos educacionales al régimen de jornada escolar completa establecido en la ley Nº 19.532.

En segundo lugar, se acordó ajustar todas aquellas materias que dicen relación con los mecanismos de inversión de los recursos que consulta la ley para realizar las obras de infraestructura indispensables. En ese sentido, se entregó mayor flexibilidad para determinar los valores máximos de aportes por alumnos y otras normas que mejorarán el financiamiento de estas obras de infraestructura.

En tercer lugar, se acordó dar a las secretarías regionales ministeriales -que son los organismos encargados de dar el reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos- facultades para resolver en esta materia, las que antes no tenían, por cuanto estaban radicadas en las direcciones provinciales de educación.

Por último, se estimó necesario ampliar el ámbito de aplicación de los reglamentos internos de los establecimientos en lo relativo a la protección del derecho a la educación, introduciendo modificaciones a las actuales disposiciones contempladas en la ley de subvenciones.

Entre otras normas, se incorporó, también en el primer trámite, la obligación de que todos los nuevos establecimientos subvencionados que se creen deben contar con la jornada escolar completa a partir del año 2003. Junto a ello, se dictaron normas que obligan a los directores a entregar una cuenta por escrito sobre la gestión educativa, dirigida a toda la comunidad, normas que se perfeccionaron en este segundo trámite.

Durante el segundo trámite reglamentario se introdujeron modificaciones sustantivas, que significan un aporte muy importante para el desarrollo y éxito en la aplicación del proyecto.

Se escuchó atentamente las opiniones de la anterior ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , quien estuvo presente durante las largas sesiones para tratar el proyecto; del entonces subsecretario de Educación , don José Weinstein ; de los directivos del Ministerio de Educación, de la Dirección de Presupuesto, de la Asociación Nacional de Directores de Establecimientos Municipalizados, y de personeros de otras organizaciones educacionales.

Las disposiciones legales que se modifican son numerosas. Por eso, el proyecto es complejo, de gran envergadura, pues implica la rectificación de, al menos, seis cuerpos legales: la ley N° 19.532, de jornada escolar completa; el decreto con fuerza de ley N° 1, de educación, de 1996, más conocido como el Estatuto Docente; el decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 1996, sobre las subvenciones escolares; la ley N° 19.715, que otorga un especial mejoramiento de remuneraciones a los profesionales de la educación; la ley N° 19.410, que modificó el artículo 1° transitorio del Estatuto Docente, y el artículo 2° de la ley N° 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza.

Los artículos modificados son los siguientes:

Se modifican de manera significativa los artículos 1° y 2° y se introducen artículos nuevos desde el 5° al 13. Los artículos 3° y 4°, y 1° y 2° transitorios, no sufren modificaciones.

Durante el trabajo de la Comisión, establecimos un sistema en que se introducían distintos tipos de observaciones en el articulado de la ley. Estos fueron trabajados en forma muy colegiada por los distintos miembros de la Comisión y por diputados que no tienen tal calidad.

Se solicitó al Ejecutivo el envío de indicaciones, las que fueron presentadas en diciembre y en enero, y aprobadas en las diez sesiones que desarrolló la Comisión. Estas introdujeron cambios en cinco ámbitos sustantivos de la ley. En primer lugar, significan un avance en la apertura a la comunidad de los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado.

Respecto de los directores, se modifican las normas relativas a la cuenta que éstos deben rendir a la respectivas comunidades, y a los requisitos, acreditación y concursabilidad que deben cumplir para acceder al cargo.

Como tercer gran acápite del proyecto, se introdujeron enmiendas respecto de la participación de la comunidad. Para estos efectos, se constituyen los consejos escolares como órganos de participación de la comunidad escolar en el trabajo y funcionamiento de los establecimientos educacionales.

La Comisión aprobó, además, un conjunto de normas que buscan la protección del derecho a la educación. Se establecieron garantías y normas que aseguran, especialmente a los alumnos, padres y apoderados, que sus derechos constitucionales estarán garantizados al momento de ejercerlos.

En quinto lugar, se establecen normas que permiten mayor control y regulación de los recursos que el Estado entrega a través de la forma de subvención a los municipios y a las corporaciones municipales de educación.

Durante el tiempo que duró el examen del proyecto se llevaron a efecto dos seminarios, en los cuales se dieron a conocer las proposiciones e ideas que existen en relación con el gobierno y la participación en escuelas. Estos eventos contaron con el patrocinio de la Unesco, del Consejo Británico, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación y del Ministerio de Educación. En el primero se expusieron experiencias internacionales en relación con el gobierno y la participación en la escuela, y se analizaron alternativas. En el segundo, los diputados recogieron la experiencia de distintos actores de la educación chilena, invitados para exponer sobre estas materias.

A continuación, paso a detallar las modificaciones que se introdujeron a la ley Nº 19.532, sobre la jornada escolar completa.

1º Apertura de los establecimientos educacionales.

Se establecen normas que permiten a los establecimientos educacionales abrir sus puertas, a fin de que la infraestructura insuficientemente utilizada, en especial en los horarios en que no hay clases, sea puesta a disposición de la comunidad. De esta manera, tanto los talleres de computación puestos por la red de Enlace, principalmente en los establecimientos rurales o urbanos más cercanos, como los recintos deportivos de los establecimientos educacionales podrán ser utilizados en beneficio de la comunidad.

En segundo lugar, el proyecto establece normas sobre los directores de los establecimientos.

El artículo 11 de la ley Nº 19.532 señala: “Los directores deberán entregar anualmente a los centros de padres y apoderados, un informe de la gestión educativa del establecimiento, correspondiente al año escolar anterior, en el primer semestre del nuevo año escolar”. La ley aplica sanciones a quienes no cumplen con esta obligación.

El proyecto modificó íntegramente dicho artículo, reemplazándolo por uno nuevo, en el que se hace extensiva la cuenta del director no sólo ante la comunidad escolar, sino también ante las organizaciones de la comunidad educativa, además de incorporar las siguientes nuevas materias sobre las cuales el director debe informar:

a) Las metas y resultados de aprendizaje del período, fijados al inicio del año escolar.

b) Los avances y dificultades en las estrategias desarrolladas para mejorar los resultados de aprendizaje.

c) Las horas realizadas del plan de estudio y el cumplimiento del calendario escolar.

d) Los indicadores de eficiencia interna: matrícula, asistencia, aprobados, reprobados y retirados.

e) El uso de los recursos financieros que se le hayan delegado conforme con los artículos 21 y siguientes de la ley Nº 19.410.

f) La situación de la infraestructura del establecimiento.

g) La cuenta también deberá incluir una relación respecto de las líneas de acción y compromisos futuros de la dirección con la comunidad para mejorar la calidad educativa de los establecimientos.

h) En el caso de los establecimientos municipales, deberán dar cuenta de los compromisos asumidos en el Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal, Padem , que todas las corporaciones y Departamentos Administrativos de Educación Municipal, Daem, están obligados a aprobar anualmente y respecto de los cuales deben dar cuenta al concejo.

En el texto aprobado por la Comisión en este segundo informe, se agrega que el director debe dejar la cuenta a disposición del consejo escolar y de los interesados en un registro público, que llevará el establecimiento.

La iniciativa establece nuevas facultades para los directores de establecimientos educacionales. Debe subrayarse que se les asigna una nueva definición en cuanto a lo que significa la dirección y el cargo de director en los establecimientos.

El decreto con fuerza de ley Nº 1, de Educación, de 1996, cuerpo legal que se refiere al Estatuto Docente, precisa que “la función docente-directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función, se ocupa de lo atinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva la tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos”.

El proyecto complementa el concepto de función docente-directiva, pues establece que la principal función del director del establecimiento educacional es la de dirigir y liderar el proyecto educativo institucional y, complementariamente, gestionar administrativa y financieramente el establecimiento. Sin embargo -reitero-, dispone que su principal función es liderar el proyecto educativo y el establecimiento, mejorar la calidad de la educación y su función, especialmente en los ámbitos pedagógicos y que se refieren a la calidad de la educación.

El proyecto señala que el director tendrá la facultad de “observar en el aula” las instancias de trabajo de los docentes, y que podrá “tomar las medidas” para que los padres y apoderados reciban la información pertinente sobre el funcionamiento del colegio y el progreso de los alumnos.

También se les entrega, mediante modificación acordada en este informe, la facultad, en el ámbito administrativo, para “participar en la selección de los profesores”, en el caso de los establecimientos municipalizados, así como promover una adecuada convivencia en el establecimiento.

Además, se les faculta para proponer el personal a contrata, atribución que no estaba incluida en el Estatuto Docente.

En tercer lugar, se establecen los requisitos para optar al cargo de director, se sustituye la forma de participación, que siempre es regulada a través de concursos públicos, y se dispone un sistema de acreditación para los directores que permitirá mejorar especialmente la forma como se accede a este cargo en los establecimientos educacionales subvencionados.

Se agrega al decreto con fuerza de ley Nº 1 un artículo 24 bis, que establece los requisitos específicos para ser director de un establecimiento educacional. Para el efecto, se requiere una experiencia docente de, a lo menos, tres años y estar debidamente acreditado como director.

La acreditación es definida en esta norma como un proceso voluntario en el que se evaluará el cumplimiento de los estándares nacionales de directores, aprobados por el Ministerio de Educación, los cuales serán dados a conocer a través de un reglamento que se autoriza dictar al Presidente de la República para este sistema de acreditación.

Dichos estándares definirán los conocimientos, habilidades y competencias requeridos para ser director de un establecimiento educacional, y serán fijados por decreto del Ministerio de Educación.

Se aprobó, además, un precepto que establece que la acreditación para concursar y desempeñarse como director de establecimiento educacional será obligatoria a contar del año 2005, y que mientras no se implemente el proceso de acreditación será requisito para ejercer el cargo de director contar con el perfeccionamiento pertinente.

También se faculta al Presidente de la República para dictar, en el plazo de un año contado desde la fecha de publicación de la ley, un decreto con fuerza de ley que contemple las normas necesarias que regulen el proceso de acreditación de directores.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución Política, para el caso de otorgarse esta autorización, este proyecto establece los parámetros a que deberá sujetarse el Ejecutivo en la dictación de dicho decreto, para cuyo efecto dispone lo siguiente:

a) La forma en que el Ministerio de Educación estructurará, organizará y operará el proceso de acreditación de directores y la manera en que podrán participar instituciones de educación superior autónomas en las distintas etapas de ese proceso.

b) Los elementos que permitan una adecuada estructura y funcionamiento del proceso de acreditación de directores.

c) El Ministerio de Educación podrá licitar, a lo menos, entre las entidades de educación superior mencionadas en la letra a), el proceso de acreditación, conforme con la demanda de postulantes y las necesidades de personal directivo de los establecimientos educacionales.

d) Los mecanismos y procedimientos de evaluación para certificar programas de formación de directores de establecimientos educacionales que cumplan con los estándares nacionales, y su seguimiento y permanente evaluación por el Ministerio de Educación.

e) Los requisitos que deberán contener las bases de la convocatoria a instituciones de educación superior para la certificación de programas de formación para la acreditación de directores.

f) La estructura básica de los programas de formación y los requisitos para acreditar los conocimientos, habilidades y competencias establecidos en los estándares nacionales de directores, el período de validez de la certificación de los programas y los requisitos para mantener esta certificación.

Cabe destacar que, entre los requisitos para incorporarse en cualquier tipo de cargo de la dotación docente del sector municipal, se agrega al número 5) del artículo 24 que los candidatos a directores no deberán hallarse condenados en virtud de la ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar.

Para ser directores se deberá participar en concursos.

El artículo 31 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, de Educación, fija la integración de las comisiones calificadoras de concursos.

En este trámite reglamentario, la Comisión acordó intercalar un artículo 31 bis, nuevo, en el que se establece que las comisiones calificadoras de concursos para llenar los cargos vacantes de director de un establecimiento educacional serán integradas por cinco miembros:

1º Por el director del Departamento de Administración de Educación Municipal o de la corporación municipal que corresponda. Este artículo se refiere en particular a los directores de establecimientos educacionales municipalizados.

2º Por un director de otro establecimiento educacional del mismo sostenedor que imparta el mismo nivel de enseñanza en la comuna, elegido por sorteo entre sus pares.

3º Por un representante del centro general de padres y apoderados del establecimiento, elegido por éstos.

4º Por un docente elegido por sorteo de entre los profesores de la dotación del establecimiento, y

5º Por un funcionario del respectivo departamento provincial de educación, quien actuará como ministro de fe.

En el reglamento de esta ley se indicará la forma de designar a los integrantes de la comisión calificadora de concursos para directores.

Asimismo, se aprobó sustituir el artículo 32 del referido decreto con fuerza de ley N° 1, en el sentido de establecer que las vacantes de directores serán provistas mediante concurso público de antecedentes y oposición, y que estos concursos se desarrollarán en dos etapas.

En la primera, la comisión calificadora preseleccionará una quina de postulantes, de acuerdo con sus antecedentes.

En la segunda, los integrantes de la quina preseleccionada deberán presentar una propuesta de trabajo para el establecimiento, sin perjuicio de rendir otras pruebas, las que serán establecidas a través del llamado a concurso para el cargo, que la comisión calificadora considere necesarias para evaluar las competencias y la idoneidad del postulante.

La comisión calificadora de concursos para los cargos de directores evaluará los antecedentes presentados, los resultados de las pruebas y la propuesta de trabajo.

Esta propuesta es una de las innovaciones que plantea el proyecto, pues todo concursante a director deberá proponer un proyecto específico para el establecimiento al que postule, que formará parte del plan estratégico de desarrollo de ese establecimiento.

De acuerdo con estas normas, el alcalde estará obligado a nombrar a quien figure en el primer lugar ponderado en el respectivo concurso.

Esta norma no permite que los alcaldes elijan a cualquiera de los propuestos en la quina, con la excepción de que el alcalde podría nombrar, sólo por resolución fundada, a quien figure en el segundo lugar de dicho concurso si existen antecedentes que así lo ameriten.

El nombramiento o contrato de los directores tendrá una vigencia de cinco años, período al término del cual se deberá efectuar un nuevo concurso, en el que podrá postular el director en ejercicio. Con todo, si un director ha sido evaluado en forma destacada durante todo su período y el consejo escolar así lo solicita al sostenedor, podrá ser nombrado sin necesidad de concurso por un nuevo período de cinco años, después del cual se deberá llamar necesariamente a concurso.

En aquellos establecimientos en los cuales no exista consejo escolar o no se esté aplicando el sistema de evaluación, necesariamente se deberá llamar a concurso para llenar la vacante de director.

El proyecto se pone en el caso de suplencia o subrogancia del director, y dispone que ésta no podrá prolongarse más allá del término del año escolar, al cabo del cual obligatoriamente deberá llamarse a concurso.

Si un director no repostula o ha perdido el concurso, podrá volver a desempeñarse en alguna de las funciones docentes o directivas a que se refiere el artículo 5° de la ley, en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación, y podrá ser designado o contratado con, a lo menos, el mismo número de horas que servía en ellas antes de ejercer como director, sin necesidad de concursar. Esta norma busca proteger especialmente a aquellos directores que durante años se han desempeñado en establecimientos educacionales de la misma municipalidad o corporación.

Si no fuese posible que el director pudiese continuar en esa corporación o Daem, en función de la dotación docente, tendrá derecho a los beneficios establecidos en el inciso tercero del artículo 73 de la ley, esto es, a una indemnización por años de servicio.

Enseguida, en el numeral 10) del artículo 5°, el proyecto distingue dos situaciones que deben considerar las comisiones calificadoras de concursos, ya sea que se trate de proveer vacantes docente-directivas y de unidades técnico-pedagógicas, o de proveer una vacante de director de establecimiento educacional.

En el caso de los concursos para proveer las vacantes de cargos docente-directivos y de unidades técnico-pedagógicas, las comisiones calificadoras de concursos deberán considerar en su evaluación el desempeño anterior, el perfeccionamiento pertinente y las competencias para desempeñar esas funciones.

En el caso de los concursos para proveer una vacante de director de establecimiento educacional, las comisiones calificadoras de concursos deberán considerar en su evaluación la experiencia del postulante en el ejercicio de la función docente-directiva o técnico-pedagógica, la evaluación de su desempeño anterior, el perfeccionamiento pertinente, sus competencias para ser director y la calidad de la propuesta de trabajo presentada.

El proyecto contempla, además, una gradualidad en la aplicación de los concursos.

Durante el año 2005, las municipalidades y corporaciones municipales llamarán a concurso para renovar aquellos directores y jefes de departamento de administración de educación municipal que los sirvan desde hace más de 20 años al 31 de diciembre de 2004.

Durante el año 2006, llamarán a concurso para renovar aquellos que hayan servido dichos cargos entre 15 y 20 años al 31 de diciembre de 2005.

Por último, durante el año 2007, se llamará a concurso para renovar a aquellos directores y jefes de departamento de administración de educación municipal que hayan servido dichos cargos por menos de 15 años al 31 de diciembre de 2006.

Los directores que se encuentren en las situaciones referidas, a quienes les falte para cumplir la edad de jubilación el tiempo equivalente a la duración de un período como director o un lapso menor, permanecerán en el cargo hasta cumplir la edad de jubilación, momento en que cesarán como directores por el solo ministerio de la ley.

Por su parte, los directores y jefes de departamentos de administración de educación municipal que no concursen o que, habiéndolo hecho, no sean elegidos por un nuevo período de cinco años, cesarán al inicio del año escolar 2005, 2006 y 2007, respectivamente.

Más adelante se dispone que las normas que se han señalado serán aplicables a todos los directores de los establecimientos educacionales del sector municipal, así como a todos los jefes de departamentos de administración de educación municipal, cualquiera sea su denominación.

Por último, en relación con los directores, se faculta al alcalde para remover, en caso excepcional, a un director. Se trata del artículo 32 bis), nuevo, que se agrega al DFL Nº 1, Estatuto Docente. En efecto, en dicha disposición se establece que "el Alcalde ... podrá, previo informe fundado del Secretario Regional Ministerial de Educación , solicitar al Concejo Municipal la remoción de un director.", cuando existan circunstancias graves que así lo ameriten. Esta remoción deberá ser acordada por los cinco sextos de sus miembros en ejercicio.

Además, se intercala un artículo 69 bis, nuevo, en el sentido de que en todos los establecimientos educacionales se deberá llevar un registro de asistencia anual de los directores. Asimismo, en el artículo 70 se intercala un inciso tercero, nuevo, que señala que habrá una evaluación de los mismos en relación con las metas y objetivos educacionales y en materias de administración y tareas que el sostenedor les haya encomendado, de manera que su desempeño será evaluado en forma permanente a lo largo del ejercicio de sus funciones.

Estas son las nuevas normas que se establecen en relación con los directores.

En tercer lugar, se consagran nuevas formas de participación de la comunidad y se crean los consejos escolares. Mediante la aprobación de los artículos 7º, 8º, 9º y 10 del proyecto, la Comisión da vida a los consejos escolares, establece su integración, su carácter y las materias sobre las que tendrá competencia para exigir que se le informe, así como de las oportunidades en que debe ser consultado sobre los aspectos que señala el texto aprobado.

La creación de los consejos escolares representará un avance significativo en las formas de participación de los distintos estamentos de la comunidad escolar, tanto de los docentes, padres y apoderados, como de los no docentes y de la comunidad que rodea al establecimiento. Es una norma que innova en forma sustantiva respecto de dicha participación. Se trata de una necesidad muy importante, no sólo para acoger las proposiciones, la creatividad o el enriquecimiento que pueden aportar los consejos de profesores, los centros de padres y apoderados y las distintas instancias de la comunidad escolar, sino que también significará un avance sustantivo en la calidad de la educación que se espera lograr en los colegios y establecimientos educacionales.

En diversas investigaciones se ha concluido que en los establecimientos en los cuales existe una participación viva de la comunidad, donde hay un mejor clima escolar y un sistema organizativo que permite acoger las iniciativas de esta comunidad y donde se crea un ambiente adecuado de aprendizaje, se logran mejores objetivos de calidad educativa, mejor participación y aprovechamiento de las energías de la comunidad.

Los artículos mencionados dan pauta de la organización, del carácter y de las facultades del consejo escolar creado en virtud de este proyecto.

En cada establecimiento educacional subvencionado deberá existir un consejo escolar, que será un órgano integrado, a los menos, por el director del establecimiento, que lo presidirá; por el sostenedor o un representante designado por él; por un docente elegido por los profesores del establecimiento; por un representante de los padres y apoderados elegidos por éstos, y por el presidente del centro de alumnos o un representante de los alumnos de enseñanza media.

En los establecimientos de más de seiscientos alumnos se agregarán a los consejos escolares, a lo menos, un docente, un representante de los padres y apoderados, y un representante de los profesionales y técnicos de apoyo a la docencia, elegido por éstos.

En cuanto a la oportunidad de su formación, el proyecto dispone que todos los establecimientos educacionales subvencionados deberán constituir consejos escolares antes de concluido el año escolar 2005. Para el efecto, el director del establecimiento deberá convocar a la constitución del consejo por decisión propia, a solicitud del sostenedor o a petición del 30 por ciento de los padres y apoderados.

En relación con las facultades y el carácter del consejo escolar, se establece que éste será informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida darle carácter resolutivo, el que podrá revocarse por parte del mismo al inicio de cada año escolar.

La importancia de la creación de este consejo radica en que se determina que deberá ser informado, a lo menos, de las siguientes materias:

a) De los logros de aprendizaje de los alumnos.

b) De los informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación.

c) En los establecimientos municipales, de los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos y directivos.

d) En los establecimientos municipales, del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento.

e) Deberá conocer, cada cuatro meses, el informe de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados.

Además, se establece que se deberá consultar al consejo respecto de los siguientes aspectos:

a) Proyecto educativo institucional.

b) Programación anual y actividades extracurriculares.

c) De los resultados y metas del establecimiento, y los proyectos de mejoramiento propuestos.

d) Sobre el informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad.

e) Sobre modificaciones al reglamento interno del establecimiento, o respecto de su aprobación en caso de que le otorgue dicha atribución.

Una importante prerrogativa del consejo escolar se refiere a que, en los establecimientos municipales, tendrá la facultad de proponer la continuidad del director por un nuevo período, sin necesidad de concurso, por una sola vez, de acuerdo con lo establecido en la ley.

La única limitación que se le fija al consejo escolar se consigna en el inciso final del artículo 9° del proyecto, al establecer lo siguiente: “En ningún caso el Consejo Escolar podrá tener atribuciones sobre materias técnico-pedagógicas que digan relación con las funciones que comprenden los Consejos de Profesores u organismos equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en el DFL 1 de Educación, de 1996”.

En cuarto lugar, el proyecto consagra derechos y garantías para padres, apoderados, alumnos y distintos actores del sistema educacional, mejorando las normas sobre derecho a la educación. Dado que los establecimientos educacionales municipalizados y particulares subvencionados obtienen sus ingresos de aportes del Estado, que pertenecen a todos los chilenos, y en virtud de que el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Educación, de 1996, señala ciertos requisitos que otorgan a los establecimientos educacionales la posibilidad y el derecho a impetrar la subvención educacional, se establecen nuevas normas que garantizan de mejor manera los derechos a la educación de todos los chilenos.

El decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, en su artículo 6° señala los requisitos que los establecimientos de enseñanza deben cumplir para impetrar el beneficio de la subvención.

Recapitulando acerca de las normas que estableció el primer informe, podemos mencionar que en el primer trámite reglamentario se introdujo una detallada normativa que incorpora al artículo 6° del mencionado DFL Nº 2, otras diversas exigencias para poder impetrar la subvención, que dicen relación con el reglamento interno y la selección de los alumnos para el ingreso.

Es así que reemplazó la letra d) del artículo 6° modificando el contenido del texto legal primitivo. Se excluyeron las causales de embarazo, lactancia o paternidad como motivos de eliminación, restricción o impedimento de ingreso o permanencia de una alumna o alumno en un establecimiento.

Se reguló, también, el proceso de selección, y se estableció toda una serie de requisitos en el llamado a selección con el propósito de hacerlo más objetivo, transparente y publicitado.

En lo relativo a los cobros, se dijo que no podrá sancionarse a un alumno, ni retenérsele documentación académica, por el no pago de compromisos económicos de los padres.

A toda la normativa descrita en el primer informe, en este segundo trámite reglamentario la Comisión adicionó, como requisitos para impetrar la subvención, los siguientes:

Derechos de los alumnos que presentan vulnerabilidad económica: en el artículo 6º, se incorpora una letra a bis, nueva, que dispone lo siguiente: "Que a lo menos un 15 por ciento de los alumnos del establecimiento presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y familiar. Podrá exceptuarse el cumplimiento de este requisito cuando no existan alumnos suficientes para cumplir con el porcentaje antes indicado.

"Para los efectos de esta ley la vulnerabilidad de los alumnos y de los establecimientos deberá considerar a lo menos:

-"Nivel socioeconómico de la familia.

-"Nivel de escolaridad de los padres.

"La ponderación y forma de medición de dicha vulnerabilidad será reglamentada por el Ministerio de Educación".

Con posterioridad, a través de una indicación presentada hoy a esta Sala, el Ejecutivo introdujo algunas modificaciones en relación con esta norma, las que serán dadas a conocer en particular por los representantes del Ministerio de Educación.

En relación con el derecho a la educación, en el proyecto se establecieron normas objetivas, justas e informadas de selección de los alumnos.

Se incorpora un literal d) bis en el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, que señala: "Cuando haya más postulantes que vacantes, los establecimientos educacionales deberán implementar procedimientos para seleccionar aquellos alumnos de entre quienes deseen ingresar a los mismos. Estos procesos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos y alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño”.

Estos procesos de selección se regulan en este artículo mediante un conjunto de normas que garantizan la objetividad del sistema de selección.

Con posterioridad, el Ejecutivo introdujo una modificación que elimina la primera frase del artículo que estableció la Comisión, el cual queda redactado de la siguiente manera: “Los procesos de selección de alumnos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos y alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño”.

Esta norma se dispuso para evitar arbitrariedades en la selección de los alumnos, ya que, en la actualidad dichos procesos se dan sin que exista ninguna regulación al respecto y muchas veces establecen restricciones o normas arbitrarias que no resultan deseables ni aconsejables.

La norma fue objeto de esta indicación del Ejecutivo para asegurar a todos los establecimientos la posibilidad de aplicar estos criterios de selección y no solamente a aquellos que presenten más postulaciones que vacantes.

En relación con los derechos a la educación, se establecen respecto de una materia sumamente sensible, que se relaciona con el derecho a la matrícula de los alumnos.

Al respecto, se garantiza a los padres y apoderados que pudiesen haber tenido alguna morosidad o atraso en el pago de sus mensualidades, que no se podrán establecer restricciones en la renovación de la matrícula, a menos que éstos se encuentren atrasados en sus pagos al momento de presentar sus antecedentes de matrícula. La norma dice que no podrá aducirse la causal de atraso en los pagos como motivo suficiente para no renovar la matrícula de los alumnos que deseen continuar sus estudios en un establecimiento el año siguiente, excepto en el caso de mora existente al momento de la matrícula para el próximo año.

En relación con lo anterior, el Ejecutivo ha introducido una indicación, con el objeto de cambiar dos palabras en el inciso cuarto de la letra e) del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, para eliminar la expresión “mora existente” por la siguiente: “que no existan deudas pendientes”, con el fin de no obligar a los sostenedores de esos establecimientos a ejercer acciones legales para establecer la mora.

Con ello se permite la existencia de esta norma, pero se restringe este derecho en el caso de existir deuda pendiente al momento de la renovación de la matrícula por parte de los padres y apoderados, para lo cual, como dije, se elimina la expresión que se había utilizado en la Comisión, perfeccionando de esta manera el artículo en comento.

En relación con los derechos de los padres para acceder a la subvención, en la letra a) bis del artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, se reemplaza el literal d) por el siguiente:

“Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las instancias de revisión correspondientes.

“Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo al momento de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente.

“Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento interno respectivo.

“Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académicos de éstos.

“Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad educativa.

“La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal, será sancionada como infracción grave.”.

Por último, en el artículo 11 del proyecto se crea un consejo comunal de directores, el que, en el caso de los establecimientos municipalizados, deberá regular la participación de los directores en el desarrollo de los procesos educacionales.

Dicho consejo deberá estar informado y considerar las siguientes materias:

a) Los logros de aprendizaje de los alumnos de establecimientos de administración municipal de la comuna;

b) Las políticas de fortalecimiento de la profesión docente;

c) El presupuesto de ingresos y gastos comunales.

d) El plan de ejecución presupuestaria de los establecimientos, y

e) El programa y la ejecución de obras de ampliación, reparación y mantención de los establecimientos municipalizados.

El proyecto introduce una modificación al artículo 2º de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, la que requiere quórum especial, y su objeto es que no se suspenda, no se cancele la matrícula ni se expulse a escolares por causales derivadas de la situación socioeconómica de sus padres o apoderados. De igual manera, prohíbe limitar de manera alguna el ejercicio de los derechos comprendidos en la prestación del servicio educacional, o retener la documentación que los alumnos soliciten a los establecimientos educacionales.

No obstante, se deja establecido que lo anterior es sin perjuicio del derecho que le asiste a los establecimientos educacionales de recurrir a todos los instrumentos legales que les permitan asegurar, exigir y cobrar al padre o apoderado que suscribió la matrícula, el pago de lo comprometido.

Sobre esta materia, el proyecto establece sanciones a las infracciones referidas a los preceptos recién descritos, y éstas son de carácter grave.

La última norma por comentar del proyecto de refiere al mayor control y regulación de los recursos entregados a las municipalidades según la denominación de subvenciones.

El artículo que modificaba estas normas establecía que todos los recursos entregados según la forma de subvención debían ingresarse a los municipios.

Esta norma sufrió modificaciones mediante la siguiente indicación del Ejecutivo: “Los servicios educacionales del sector municipal, ya sean administrados a través de su Departamento de Educación Municipal o por las corporaciones educacionales creadas por éstas, deberán nombrar especialmente a una persona que asumirá la calidad de sostenedor, con todos los derechos y obligaciones que a éste competen.

"En ambos casos, el presupuesto anual deberá ser aprobado por el concejo municipal en la forma y condiciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

"Asimismo, los sostenedores antes mencionados tendrán la obligación de informar mensualmente al concejo municipal de la ejecución presupuestaria de los servicios educacionales que administren de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias establecidas conforme al artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, debiendo remitir las municipalidades dicha información a la Contraloría General de la República, en las fechas que ésta determine.”

Esta nueva indicación del Ejecutivo busca asegurar un control sobre todos los recursos que el Estado le entrega a las corporaciones municipales de educación, las cuales en algunos casos han mostrado un manejo con un grado de autonomía que puede significar que el concejo municipal no tenga conocimiento de la forma como se administran los recursos que se perciben de otros organismos.

Estas normas fueron acordadas en la Comisión en diciembre de 2002 y enero de 2003, con la asistencia de los diputados señores Carlos Montes , presidente de la Comisión , Eugenio Bauer , Germán Becker , Sergio Correa , Fidel Espinoza , Rodrigo González , Rosauro Martínez , Carlos Olivares, José Antonio Kast , Manuel Rojas y Eduardo Saffirio , y de las diputadas señoras Carolina Tohá y María Antonieta Saa , miembros titulares de la Comisión. Como miembros no titulares, asistieron los diputados señores Pablo Prieto, Iván Paredes , Boris Tapia , Pedro Muñoz , Eugenio Tuma , Rodolfo Seguel , Felipe Letelier , Juan Pablo Letelier , Maximiano Errázuriz , Edmundo Villouta , Andrés Egaña , y las diputadas señoras María Eugenia Mella , Eliana Caraball y Ximena Vidal .

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de Educación, señora María Ariadna Hornkohl.

El señor ROJAS.-

No hay acuerdo

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , en representación de la Comisión de Hacienda -y haciendo honor a mi condición de profesor-, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales, explicitados claramente por el diputado informante de la Comisión de Educación .

Debo recordar que la reforma educacional que se viene implementando desde 1990, busca asegurar una educación de calidad y equitativamente distribuida. Pues bien, uno de los pilares fundamentales para lograrlo ha sido la creación del régimen de jornada escolar completa. Si bien la implementación de este nuevo régimen educacional ha sido exitosa y masiva, se ha considerado necesario ampliar el plazo para que los establecimientos educacionales puedan implantarlo, para lo cual es preciso perfeccionar el sistema de ingreso a la nueva modalidad y el financiamiento de las inversiones en infraestructura, a fin de hacerlo más expedito y así garantizar de mejor manera el cumplimiento del objetivo perseguido, esto es, que todos los niños y las niñas tengan acceso a una educación de mejor calidad. Al respecto, cabe señalar que el Congreso Pleno ratificará mañana la reforma educacional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza media.

El objetivo fundamental del proyecto es ampliar hasta el inicio del año escolar de 2007 el plazo para que los establecimientos educacionales adopten el régimen de jornada escolar completa, ya que, de acuerdo con el actual ritmo de inversión pública, es posible que en dicho plazo el Estado logre entregar los recursos necesarios para que los establecimientos efectúen las obras de infraestructura indispensables para ingresar al nuevo sistema, sin disminuir el número de alumnos.

De manera que el proyecto se refiere al cambio de fecha, a la obligación de ingresar al nuevo sistema, al perfeccionamiento de los mecanismos de inversión, a las garantías en favor del fisco, al apoyo del Ministerio de Educación, a la desconcentración, participación y aplicación de sujetos beneficiados con financiamiento. En concreto, se refiere a los establecimientos que se rigen por el decreto ley Nº 3.166, de 1980, que pueden ingresar al régimen de jornada escolar completa, es decir, los colegios técnico-profesionales que dependen de corporaciones privadas sin fines de lucro.

Por otra parte, está la subvención para adultos y la protección del derecho a la educación sin ningún tipo de distinción.

Durante el estudio del segundo informe, concurrieron a la Comisión de Hacienda el padre Héctor Vargas y el señor Rodrigo Díaz , presidente y abogado, respectivamente, de la Federación de Instituciones de Educación Particular, Fide. La intervención del primero aparece en el informe que los diputados tienen en su poder.

Concurrieron, también, los señores Walter Oliva , quien solicitó a nuestra Comisión ser escuchado, y Patricio Parga , en sus calidades de presidente y director, respectivamente, de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, Conasep , los señores Juan Morales y Solón Opazo , presidente y secretario de la Unión Nacional de Padres Católicos de Chile, Unapac, y el señor Mario Olavarría , alcalde de Colina .

En el informe también están consignadas las intervenciones de los señores Oliva, quien planteó su reserva respecto del requisito del 15 por ciento de vulnerabilidad para recibir subvención, y Mario Olavarría .

A la Comisión de Hacienda le cupo tomar conocimiento de los números 11) y 12) bis del artículo 1º, y de los numerales 1); 2), letra a), y 3) del artículo 2º aprobados por la Comisión técnica. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento la letra a) del numeral 3) del artículo 1º, el numeral 11) del artículo 2º y el artículo 2º transitorio del proyecto aprobado por la Comisión técnica, de conformidad con lo que establece el número 2º del artículo 220 del Reglamento.

En relación con la discusión particular, cabe señalar lo siguiente:

En letra a) del numeral 3) del artículo 1º, se sustituye el inciso primero del artículo 4º de la ley Nº 19.532, en los siguientes términos:

“Los sostenedores de establecimientos educacionales a que se refiere el artículo 1º, cuya planta física resulte insuficiente para incorporarse con la totalidad de sus alumnos al régimen de jornada escolar completa diurna entre el inicio del año escolar de 1998 y hasta el término del año escolar de 2006, podrán percibir, a partir del primero del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, un aporte suplementario por costo de capital adicional. Dicho aporte consistirá en un monto de recursos que se entregará en una o más cuotas, dependiendo del monto del mismo, durante un período de hasta quince años. El aporte deberá ser destinado a los siguientes tipos de intervenciones: construcción de nuevos establecimientos, recuperación de establecimientos existentes en los casos y condiciones que el reglamento señale, habilitación, normalización o ampliación, a la adquisición de inmuebles construidos o a la adquisición de equipamiento y mobiliario. El aporte no podrá ser utilizado para la adquisición o arriendo de terrenos.”

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en el literal a) del número 3), la expresión “año escolar de 2006” por “año escolar de 2009”. Es una simple adecuación, muy necesaria debido a la larga tramitación que ha tenido el proyecto en la Cámara.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

Por el numeral 11) del artículo 1º se modifica el artículo 11, por el siguiente:

“Artículo 11.- Al término del segundo semestre de cada año escolar y antes del inicio del próximo año escolar, los Directores de los establecimientos educacionales subvencionados deberán presentar a la comunidad escolar y a sus organizaciones un informe escrito de la gestión educativa del establecimiento correspondiente a ese mismo año escolar.”

La información que deberá contener dicho informe está detallada en las letras, a), b), c), d), e), f), g) y h).

“Copia del informe y de las observaciones que hayan presentado por escrito los miembros de la comunidad quedarán a disposición del Consejo Escolar y de los interesados en un registro público que llevará el establecimiento.

“Las infracciones a este artículo serán sancionadas de conformidad con la letra a) del artículo 45 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de Educación, de 1998.”

El señor Patricio Vilaplana , representante del Ministerio de Educación, explicó que en la Comisión técnica se agregó a la disposición una enumeración de antecedentes sobre la gestión educativa del establecimiento, correspondiente al año escolar que termina, respecto de lo cual el director del establecimiento escolar deberá informar antes del inicio del próximo año escolar. Asimismo, además de la comunidad escolar, la cuenta se hace extensiva a sus organizaciones, quedando los antecedentes a disposición del consejo escolar y de los interesados. Por último, se incorporan nuevas materias respecto de las cuales deberá informar el director.

El diputado Julio Dittborn presentó una indicación para reemplazar, en el inciso primero del numeral 11), la expresión “deberán presentar a la comunidad escolar y a sus organizaciones”, por “deberán publicar en un lugar visible del recinto y entregar a los padres y apoderados que lo soliciten”.

Sometida a votación, fue aprobada por unanimidad.

El mismo señor diputado presentó otra indicación para reemplazar la letra d) del numeral 11) por la siguiente: “d) los indicadores de eficiencia interna, tales como matrícula, asistencia, alumnos aprobados, reprobados y retirados”.

Sometida a votación, fue rechazada por 3 votos a favor y 5 en contra.

El mismo colega presentó indicación para agregar en el inciso segundo, después de la frase “quedarán a disposición del Consejo Escolar”, lo siguiente: “, cuando éstos existan,”. Fundamentó la indicación argumentando que es partidario de que exista una amplia gama de colegios y que tengan plena libertad para organizarse.

La indicación fue ampliamente discutida, y resultó rechazada por 4 votos a favor y 6 en contra. Los colegas que fundamentaron su voto negativo fueron la diputada Carolina Tohá y el diputado Carlos Montes .

Sometido a votación el numeral 11) del artículo 1º, fue aprobado por 6 votos a favor y 4 abstenciones.

En el numeral 12) bis se agrega el siguiente artículo primero transitorio bis:

“Artículo 1º transitorio bis.- Las bases de los concursos de proyectos de infraestructura, a partir del año 2003, deben considerar que al menos el 60% de los recursos asignados anualmente en el Presupuesto para aporte de capital, deben ser destinados a los establecimientos con más de 50% de los alumnos en condiciones de vulnerabilidad; de un 20% de los recursos para los establecimientos con 35% o más de los alumnos en condiciones de vulnerabilidad, y 20% de los recursos para el resto de los establecimientos.

“Podrá exceptuarse el cumplimiento de estos porcentajes cuando no existan establecimientos suficientes para cumplir alguno de los tramos.”

En el debate se sugirió que el concepto de vulnerabilidad y los mecanismos e índices que se emplean para determinarlo deberían establecerse en la ley.

Sometido a votación el numeral 12) bis, fue aprobado por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

Por el numeral 1) del artículo 2º se modifica el artículo 4º del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, del Ministerio de Educación, en los términos siguientes:

1) En el artículo 4º:

Agréganse los siguientes incisos finales, nuevos, del siguiente tenor:

“En los establecimientos educacionales del sector municipal (sostenidos por municipios o por corporaciones municipales) a partir del 1º de marzo de 2004, la subvención y los recursos que transfiera el Ministerio de Educación o cualquier organismo público serán administrados directamente por las municipalidades.

“Derógase a partir de esa misma fecha el inciso segundo de este artículo.”

Consultado por la forma en que se realiza la transferencia de recursos en la actualidad, el señor Patricio Vilaplana respondió que existen dos sistemas. el primero consiste en que las direcciones municipales transfieren los recursos desde el propio municipio, y el segundo, en la transferencia directa a las corporaciones, que son 52 casos en todo Chile.

Sometido a votación el numeral 1) del artículo 2º, se aprobó por unanimidad.

Por el numeral 2), letra a), se modifica el artículo 6º de la siguiente forma:

a) Incorpórase una letra a bis), nueva, del siguiente tenor:

“a bis.- Que a lo menos un 15 por ciento de los alumnos del establecimiento presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y familiar. Podrá exceptuarse el cumplimiento de este requisito cuando no existan alumnos suficientes para cumplir con el porcentaje antes indicado”.

Debo decir que lo relacionado con el 15 por ciento fue uno de los temas más debatidos y respecto del cual hay diferentes interpretaciones. Por ejemplo, los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados han planteado que ello podría significar una baja muy importante de la unidad de subvención educacional. Sin embargo, ése no es el espíritu ni el deseo de los colegas que presentaron la indicación, pues, a continuación, la letra a bis establece lo siguiente:

“Para los efectos de esta ley la vulnerabilidad de los alumnos y de los establecimientos deberá considerar a lo menos:

“- Nivel socioeconómico de la familia.

“- Nivel de escolaridad de los padres.

“La ponderación y forma de medición de dicha vulnerabilidad será reglamentada por el Ministerio de Educación.”

El diputado señor Dittborn opinó que esta disposición limita la posibilidad de crear colegios particulares subvencionados en sectores donde hay vulnerabilidad social. Al respecto, sostuvo que, para los alumnos que están en condiciones de vulnerabilidad, sería mejor que se aumentara la subvención respecto de ellos y, así, habría empresarios interesados en abrir colegios para atender especialmente a ese sector.

La diputada Carolina Tohá planteó que apoya la disposición, puesto que pretende resolver la actual segregación que presenta el sistema con respecto a los escolares en condiciones de vulnerabilidad.

El diputado señor Montes sostuvo que el mecanismo de becas ha tenido un impacto mínimo y que, a lo más, ha abarcado al 8 por ciento del alumnado.

El diputado señor Kast hizo presente que actualmente existe un mecanismo de becas que asciende al 12 ó 15 por ciento del alumnado, por lo que si se agrega el 15 por ciento de niños en vulnerabilidad social, harían inviable económicamente el colegio.

Doy a conocer estas intervenciones porque hoy la Comisión de Hacienda debió sesionar extraordinariamente, presidida por el diputado señor Enrique Jaramillo , para estudiar las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Uno de los temas en debate fue, precisamente, éste, y en el debate se clarificó definitivamente que al porcentaje de 15 por ciento de niños en condiciones de vulnerabilidad como requisito para impetrar la subvención por los establecimientos subvencionados y sus excepciones se le descuentan los alumnos con becas, es decir, en este caso, ya no se trata del 15 por ciento. Se calcula que el porcentaje en esta situación es de 7 a 8 por ciento, lo que significa que el 15 por ciento primitivo se reduce a la mitad, de acuerdo con el informe verbal que me encomendó la Comisión de Hacienda en la reunión de esta mañana.

La letra a) de este numeral fue aprobada por 7 votos a favor y 6 votos en contra.

El artículo 2º transitorio aborda un tema netamente de Hacienda, porque especifica, en el informe presupuestario firmado por el director de Presupuestos , que el mayor gasto fiscal que represente en el año 2002 la aplicación de esta ley se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33-104, de la Partida Presupuestaria Tesoro Público, y al presupuesto del Ministerio de Educación.

El Ejecutivo formuló una indicación, con fecha 30 de abril de 2003, para sustituir el guarismo “2002” por “2003”.

Este artículo, con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

A continuación, la Comisión sometió a votación 41 indicaciones presentadas por el diputado señor Von Mühlenbrock , las cuales, luego de discutidas, analizadas y leídas, se votaron en conjunto y se rechazaron por 6 votos a favor y 7 votos en contra.

A continuación, me referiré a las indicaciones presentadas hoy en la mañana en la Comisión.

La más importante, a mi juicio, porque para su aprobación se requiere de quórum especial, señala: "En los servicios educacionales del sector municipal, ya sean administrados a través de su Departamento de Educación Municipal o por las municipalidades, a través de las corporaciones educacionales, pueden nombrar una persona que asumirá la calidad de sostenedor, con todos los derechos y las obligaciones que a éste competen.

"En ambos casos el presupuesto anual deberá ser aprobado por el concejo municipal, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

"Asimismo, los sostenedores antes mencionados tendrán la obligación de informar mensualmente al concejo municipal de la ejecución presupuestaria de los servicios educacionales que administran, de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias establecidas conforme al artículo 16 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, debiendo remitir las municipalidades dicha información a la Contraloría General de la República en la fecha que determine".

A mi juicio, ésta es la más importante de las reformas, porque apunta a un tema de larga data. Cuando en 1990 comenzamos la discusión de la ley Nº 19.070, Estatuto Docente, nos encontramos con una discriminación muy grande. En ese tiempo no eran 342 municipios, sino menos; en el transcurso de los años se fueron creando. Algunas corporaciones no tienen fiscalización de los dineros, y la unidad de subvención educacional llega directamente a ellas.

¿Qué pretende la indicación? Siempre y cuando se apruebe con el quórum, a lo menos, de 63 diputados, que las corporaciones y los Dem o Daem sean lo mismo, y que los municipios administren directamente los dineros de las corporaciones municipales. Es decir, habría una fiscalización directa de los municipios.

En relación con el 15 por ciento de vulnerabilidad, se clarificó que algunos establecimientos no tienen posibilidad de cumplir ese porcentaje, pero eso no les significará sanciones pecuniarias o de otra naturaleza.

Además, los procesos de selección de alumnos deberán ser objetivos y transparentes. En todos los establecimientos se asegurará el respeto a su dignidad y a la de sus familias, en conformidad con las garantías establecidas en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño.

Por último, se agrega la siguiente letra h): “no dar cumplimiento a la exigencia del artículo 6º, letra a bis, salvo que no se hayan presentado postulaciones suficientes para cubrir el porcentaje requerido”. O sea, significa que se eliminan las sanciones respecto del 15 por ciento de vulnerabilidad. Queda claro que ningún alumno puede ser rechazado, aunque podría suceder que en algunos colegios no haya la capacidad suficiente.

He dado un informe sucinto de la Comisión de Hacienda.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En primer lugar, se encuentra inscrito el diputado Rosauro Martínez.

Se suspende la sesión por quince minutos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra, hasta por doce minutos, el diputado Rosauro Martínez.

El señor MARTÍNEZ .-

Señor Presidente , cada uno de los integrantes de la Comisión de Educación, independientemente de nuestras visiones personales, hemos puesto todas las energías en este proyecto. Desde la fecha de su ingreso, tomé contacto con profesores de diferentes establecimientos de mi provincia en reuniones de análisis que han sido extremadamente clarificadoras y beneficiosas.

Además, a la Comisión fueron invitados representantes de los directores de establecimientos municipalizados de Chillán y de comunas vecinas, y su presidente nacional. Asimismo, funcionarios codocentes con sus principales dirigentes a nivel nacional.

Todo este panorama me ha llevado al convencimiento de que el proyecto contiene disposiciones erradas, que se mantienen en los informes que estamos conociendo y que fundamentan mi votación en contra. No obstante contener aspectos valiosos, importantes, lamentablemente coexisten otros que estimo negativos y perjudiciales, y otros derechamente inconstitucionales.

Sobre esta temática, recordemos que el texto del mensaje original señala, como ideas centrales, la ampliación del plazo de entrada en vigencia de la jornada escolar completa, la infraestructura que ésta implica, la modificación de la aplicación del reglamento interno de los establecimientos y otras materias relacionadas con este tipo de jornadas.

En el curso de la tramitación se han ido incorporando disposiciones que no se limitan a la ley vigente de la jornada escolar completa, sino que también inciden en la ley de subvenciones, en la ley orgánica constitucional de Enseñanza y en el Estatuto Docente, muchas de las cuales no dicen relación directa con las ideas matrices del proyecto, como lo exige el artículo 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso. Entre ellas se encuentran las siguientes:

El artículo 2º, número 1, que suprime las corporaciones y, como tal, se involucra en un aspecto de administración financiera de la educación municipal.

El artículo 2º, número 2, letra a), que incorpora una letra a) bis, nueva, establece que para tener derecho a subvención, al menos el 15 por ciento de los alumnos de establecimientos deben presentar condiciones de vulnerabilidad.

El artículo 2º, número 2, letra b), que incorpora una letra d) bis, nueva, señala los criterios de selección de los alumnos.

El artículo 5º, que modifica el Estatuto Docente en lo relativo a los directores de los establecimientos educacionales, sus funciones, requisitos, concursos, acreditación y remoción, entre otras materias que tienen que ver con el sistema educacional subvencionado y con aspectos educacionales generales, y poco con el proyecto original.

Además, hago la reserva de constitucionalidad de los artículos señalados, así como también de los artículos 7º, 8º, 9º, 10 y 11.

Asimismo, existen varias normas que requieren ser aprobadas con quórum de ley orgánica constitucional, según los artículos 107, 108 y 110 de la Constitución Política, en virtud de su incidencia en las funciones y atribuciones de las municipalidades, la competencia del alcalde y el funcionamiento del concejo. En ese ámbito está el número 1 del artículo 2°, que señala que la subvención y recursos que transfiera el ministerio a las municipalidades “serán administrados directamente por las municipalidades”; el número 7 del artículo 5°, que trata del proceso de elección de los directores -según el artículo 107 de la ley N° 19.532, ambas atribuciones corresponden a los municipios-; el número 8 del artículo 5°, que autoriza al alcalde o gerente de la corporación para solicitar al concejo la remoción del director. Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 108 de la Carta Fundamental, la consulta del alcalde al concejo es obligatoria.

No obstante lo señalado y hechas estas salvedades, entraré al mérito de las principales disposiciones contenidas en el proyecto.

Respecto de la nueva conformación de las comisiones calificadoras de concursos, falta en ellas un representante de los funcionarios codocentes, al tiempo que se debiera eliminar al representante de los padres y apoderados. Falta, además, la presencia del director subrogante -la norma vigente lo contempla-, quien conoce en profundidad la realidad del establecimiento que va a concursar. Como tal, la corporación está en óptimas condiciones para elegir al mejor postulante.

Asimismo, la forma de completar las vacantes es ambigua y, en definitiva, burocratiza todo el proceso. Dentro de un clima descentralizador, lo más adecuado es dejar que las municipalidades establezcan sus propios mecanismos de evaluación.

Es positiva la idea, contenida en el proyecto, según la cual si un director es evaluado en forma destacada durante todo su período, y el consejo escolar así lo solicita al sostenedor, podrá ser nombrado sin necesidad de concurso por un nuevo período de cinco años. El concepto de fondo es rescatable, en términos de que reconoce la importancia de la evaluación para tener continuidad en el cargo. Así debiera ser, pues lo que importa es el desempeño, no la cantidad de años. La evaluación es clave, pero tiene que ser técnica e imparcial, es decir, externa, lo que no tiene correspondencia con la participación que se le da en este consejo escolar. La renovación, así como su duración, debieran tomar en cuenta exclusivamente los resultados, medidos estos en forma objetiva.

La idea del consejo escolar, como organismo de participación entre los diferentes estamentos del establecimiento y la comunidad escolar, resulta a todas luces beneficiosa, pero no lo es tanto cuando es la consecuencia de una imposición, como ocurre en este caso. Lo que tendríamos que cautelar es el ejercicio amplio de la libertad, a fin de que cada establecimiento educacional se dé la organización más adecuada a su realidad. Tenemos, por ejemplo, una experiencia muy enriquecedora con los colegios particulares ligados a congregaciones religiosas.

Por otra parte, me parece ajeno a nuestra tradición la facultad que se otorga al consejo escolar de proponer la continuidad del director, sin necesidad de concurso. En esta materia, es útil observar otras realidades. En España se implementó un modelo similar, pero a poco andar, comenzaron sus problemas: los directores que se encuentran en esa situación exhiben un permanente conflicto de intereses, pues tratan de quedar bien con todos los estamentos de la organización y ser una especie de director popular, lo que impide una buena gestión.

Respecto de los criterios para la selección de directores, se incorporan dos indicaciones. Ambas señalan que se deberá considerar en su evaluación exclusivamente la experiencia del postulante en el ejercicio de sus función. Recordemos que la ley establece en la actualidad tres criterios: excelencia en el desempeño profesional, años de servicio -experiencia profesional- y perfeccionamiento. Para evaluar la excelencia en el desempeño profesional se pueden aplicar instrumentos tales como las entrevistas, los test sicológicos, de liderazgo y de gestión, entre otros. El punto es que no se aplican, pero la posibilidad está. Evaluar exclusivamente el desempeño anterior, como propone la indicación, y más aun, la experiencia del postulante en el ejercicio de la función, es absurdo, pues ello implica cercenar las posibilidades de un docente que no ha sido director para acceder al cargo. Se limita la movilidad del docente. Es importante que un director tenga experiencia en todos los escalafones de la organización escolar y no sólo en el ámbito directivo.

En definitiva, en materia de selección de personal, las indicaciones no mejoran en nada lo existente. Por el contrario, rigidizan el mecanismo de selección, establecen una especie de protección a los directivos existentes e impiden la movilidad docente.

En relación con la derogación del artículo 23 transitorio, lo que existe es un engaño, pues había sido una temática inexistente dentro del debate de la jornada escolar completa, y sorpresivamente se incorporó mediante una indicación. Es una idea errada, pues se cree que con la concursabilidad de los directores van a mejorar los rendimientos.

Cuando se discutió la ley Nº 19.410, hice ver que me parecía arbitrario establecer determinados plazos -cinco años-, porque en mi opinión no es la cantidad de años lo relevante, sino la calidad del trabajo y la gestión realizada. Eso es lo importante.

Pretender que por el solo hecho de que los cargos se renueven cada cierto tiempo va a mejorar la educación, es un absurdo. Aquí lo que hay que hacer es evaluar el desempeño de manera objetiva, con criterios conocidos, y que ello sea administrado por instituciones externas, para no caer en consideraciones políticas o de otro tipo.

Si como consecuencia de esta evaluación el director no califica en lista de distinción durante un período determinado, es razonable concursar al cargo.

No hay duda de que el director es una figura central en todo el proceso educativo y administrativo del colegio, pero responsabilizarlo por los resultados de su gestión, en circunstancias de que no se le entregan las atribuciones para ello, es una injusticia.

De igual manera ocurre con los profesores. A raíz de los magros resultados del Simce, el ministro de Educación le dijo a la opinión pública que los culpables eran los profesores. ¿Son ellos los exclusivos responsables en circunstancia de que no se les entregan las herramientas para cumplir de mejor manera su función? ¿Son responsables de medidas tan desacertadas como haber instaurado la denominada promoción automática en el decreto Nº 511, de 1997, de 1º a 2º y de 3º a 4º año de enseñanza básica? La disposición ha sido modificada, por ser absurda, a comienzos de este año. ¿Y quién responde de esto? Nadie.

Sobre la materia, hay una entrevista a don Ernesto Schiefelbein , aparecida en el diario “Las Últimas Noticias”, importante de tener en consideración, por los resultados que obtuvo en el Simce una escuela que él asesoró.

Señor Presidente , me alegra muchísimo que el Ejecutivo haya decidido retirar la urgencia, ya que ello posibilita una discusión más profunda y más acotada, lo que enriquecerá el espíritu del texto en discusión.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señor Presidente , estamos ante un proyecto de gran trascendencia para el sector educación. El trabajo efectuado en la comisión técnica de la Cámara, en conjunto con el Ministerio de Educación, ha sido fecundo, con mucho diálogo y muy interesante.

En las indicaciones que hoy analizamos se abordan aspectos fundamentales para la reforma educacional, como es el tema de los directores, el liderazgo educacional, que busca dejar en claro que el director no es el encargado económico del colegio, sino el líder educacional asociado a un proyecto educativo, a un sistema de acreditación. Es decir, serán directores los que realmente tengan las características de liderazgo educacional para ser directores, porque puede haber un muy buen profesor que no reúna las condiciones para serlo.

Hemos avanzado significativamente. La creación de los consejos escolares es muy importante en términos de participación. Un colegio abierto, participativo, que en el proceso enseñanza aprendizaje pone a toda la comunidad escolar en acción, es decir, a los padres y apoderados, a los alumnos, a los profesores, termina con una verticalidad que muchas veces es muy dañina para la libertad necesaria del aprendizaje y creación de los profesores y alumnos.

Lamentablemente, no están presentes en la Sala todos los diputados -veo mayoritariamente a colegas de la Comisión de Educación-, ya que es importante que el proyecto sea muy consensuado, pues plantea elementos fundamentales.

Me referiré a dos de ellos.

El primero se refiere a la incorporación del 15 por ciento de alumnos vulnerables. Sé que el tema ha sido profundamente discutido y que existen aprensiones, de parte de los sostenedores particulares, de que esta incorporación podría significar un déficit en un sistema de subvención y de financiamiento compartido. No obstante, considero que esos temores son infundados, ya que la indicación presentada por el Ejecutivo , respecto de la cual se ha llegado a acuerdo, es bastante razonable.

¿Cuál es el valor de la incorporación de este 15 por ciento de alumnos vulnerables? La integración. No es posible que nuestros niños y niñas, futuros ciudadanos y ciudadanas, no conozcan ni tengan la posibilidad de compartir con todas las realidades de Chile.

Soy fruto de una educación pública: estudié en el liceo de Quillota y en el liceo Nº 7 de niñas, y vengo de una familia de clase media. Conocer distintas realidades en el colegio fue muy útil para mi formación ciudadana y democrática. Creo que éste es un valor que debemos proteger. De ahí que este 15 por ciento de integración sea un valor fundamental.

El otro punto que quiero mencionar es el relativo a la transparencia. Tenemos tremendos problemas con las corporaciones municipales en relación con este tema. En el distrito 16 una corporación municipal está enfrentando un déficit de 1 mil 300 millones de pesos; el concejo obtuvo la información con tirabuzón.

Por eso, la indicación en el sentido de que un sostenedor, una persona específica, dé cuenta mensual al concejo del ejercicio presupuestario de la corporación, es un elemento que apunta a la transparencia y al buen uso de las subvenciones educacionales, porque hemos tenido verdaderos dramas en las corporaciones municipales. Esto no es un mito, sino que realidad.

Por eso, llamo a los colegas a aprobar el artículo que otorga transparencia a la gestión de las corporaciones municipales.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo de la UDI, tiene la palabra hasta por 8 minutos el diputado señor Sergio Correa.

El señor CORREA .-

Señor Presidente , la ley Nº 19.532, promulgada en 1997, obligó a los establecimientos educacionales, tanto municipales como subvencionados, a funcionar en régimen de jornada escolar completa diurna, lo que formaba parte medular de la reforma educacional iniciada a comienzos de la década de los años 90.

Señor Presidente, aún recuerdo el mensaje del 21 de mayo de 1997 cuando el entonces Presidente Frei anunció la puesta en marcha de este programa como plato de fondo de la reforma educacional, que, a la fecha, no mostraba grandes logros.

Todos los presentes tenían esperanza de que por fin tendríamos resultados concretos. El gobierno se fijó como plazo el año 2002, para implementar el régimen de jornada completa en todos los colegios y escuelas del país.

Ha pasado el tiempo. Se cumplió el plazo fijado por dicha ley, y sólo el 50 por ciento de los alumnos estudian bajo el régimen de doble jornada, aunque el número de establecimientos sometidos a él es de alrededor del 75 por ciento. Falta que se incorpore el 25 por ciento restante, que corresponde a los más grandes, los cuales se encuentran ubicados, mayoritariamente, en zonas urbanas.

Señor Presidente , resulta difícil hacer una evaluación respecto de si este programa está dando los resultados esperados. De hecho, existe un informe de la Universidad Católica que señala que la mayoría de los encuestados, especialmente padres de familia, se han mostrado satisfechos; pero consultados por la razón de ello, han indicado que este sistema ha significado que los alumnos tengan menos tiempo libre, por lo que pasan menos en la calle.

En dicho informe no hay referencias concretas en el sentido de que la reforma haya mejorado la calidad de la educación. Es más, las pruebas Simce , efectuadas con posterioridad al inicio de este programa (1999-2002), han demostrado que el avance de la educación está detenido en nuestro país y que, incluso, en matemáticas se ha retrocedido.

Estamos conscientes de que se ha hecho mucho en materia de educación. Se ha aumentado tres veces el presupuesto -de 700 mil millones de pesos a 2 billones; es decir, 2 millones de millones de pesos-. Basta señalar el PME -Plan de Mejoramiento Educativo-, las escuelas del P-900, el proyecto Mece, el programa Liceo para Todos, la iniciativa del Chile Califica, como también la misma jornada escolar completa que hoy nos ocupa.

Como se cumplió el plazo originalmente propuesto para la implementación del nuevo régimen de jornada escolar, que venció al inicio del año escolar 2002, se envió un proyecto de ley que buscaba extender la fecha de implementación de la jornada escolar completa, entre otros cambios. Sin embargo, durante la discusión de ese proyecto fueron apareciendo nuevas propuestas, muchas de las cuales no tienen ninguna relación con las ideas matrices del proyecto, lo cual, a nuestro juicio, sería inconstitucional.

1º Cambio a la ley de subvenciones.

Establece cuotas de alumnos vulnerables en el colegio. Se obliga a que cada establecimiento tenga como mínimo un 15 por ciento de alumnos con vulnerabilidad socioeconómica y familiar, condiciones que ni siquiera son definidas.

Creemos que debemos avanzar en el tema de la equidad y de la integración social, pero ello no puede ser impuesto por la fuerza y colocarse como requisito para recibir la subvención. La naturaleza de ésta no puede estar ligada a una variable de esa índole, sino fundamentalmente por el deber que tiene el Estado de garantizar el libre acceso de los hijos a la educación, lo que más interesa a los padres.

La intención que guía la propuesta contenida en el proyecto de ley es compartida por nosotros: la integración al interior de los colegios. Sin embargo, no se debe forzar a las escuelas a hacerlo, sino fomentar esa actitud. Se debe otorgar una subvención de monto mayor por aquellos alumnos cuya educación pueda representar costos más onerosos; es decir, proponer un sistema de subvención diferenciada.

2º Prohibición de seleccionar alumnos.

Una de las variables principales para diferenciar y buscar la calidad en la educación es el proyecto educativo de cada escuela. La preferencia por uno u otro modelo se refleja en la mayor o menor demanda por los distintos colegios. Cualquier cambio que signifique limitar la existencia de alguno de estos proyectos, reduciría también las posibilidades de elección de los padres.

La prohibición de seleccionar alumnos implica limitar la implementación de algunos de esos proyectos educativos. Esto no significa avalar la discriminación, lo cual no es aceptable. La pregunta que nos hacemos es qué posición se debe proteger: ¿la del niño a quien se le está limitando su derecho a optar por determinada escuela, o la de todos los otros niños que se pronunciaron por un modelo determinado, que se estaría alterando por una ley?

3º Eliminar facultades de las corporaciones de educación.

El proyecto en estudio propone que en los establecimientos educacionales municipales la subvención y cualquier otro recurso público sea administrado directamente por las municipalidades. Ello significa, lisa y llanamente, la desaparición de las corporaciones, organizaciones de derecho privado, creadas como alternativa a los departamentos de Administración de Educación Municipal (Daem), que poseen mayor flexibilidad debido a que sus funcionarios se rigen por el Código del Trabajo y administran los recursos en forma más descentralizada.

Si lo que se pretende es fiscalizar mejor los recursos públicos, se puede instruir a la Contraloría General de la República para que tenga acceso a las corporaciones y fiscalice de la misma manera que lo hace con los Daem, preocupándose especialmente de lo relacionado con las subvenciones que otorga el Ministerio de Educación.

Cobros morosos. Se propone profundizar las medidas actuales que dificultan el pago de las mensualidades por parte de los padres y apoderados.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Va a terminar su tiempo, señor diputado . Por favor, redondee su idea.

El señor CORREA .-

Señor Presidente , en cuanto a los cobros morosos, se propone implementar un sistema que impida matricularse a los alumnos que no se encuentren al día en el pago de su escolaridad. Ello atenta contra la libertad de enseñanza y afecta la existencia de los colegios particulares subvencionados.

Si bien el proyecto de ley permite alargar el período de implementación de la jornada escolar completa hasta 2007 -en lo que estamos todos de acuerdo-, hay una serie de propuestas que no tienen nada que ver con las ideas matrices de la iniciativa y que son abiertamente inconstitucionales, respecto de las cuales pido el pronunciamiento de la Mesa.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente , es bastante difícil comprender cómo este proyecto de ley ha llegado a provocar tanta polémica. En primer lugar, los medios de comunicación han publicado opiniones altisonantes respecto de temores muy profundos sobre problemas que acarrearía esta iniciativa. En segundo lugar, ahora, en la Sala, se han reiterado esos temores.

Lo considero incomprensible, no porque el debate en sí me parezca tan extraño -es bueno que lo haya-, sino porque en un tema que el país entero está de acuerdo en reforzar, introducir cambios, profundizar el camino de la reforma, y cuando finalmente se dan los mecanismos para tomar esas medidas, encauzar lo que no está bien, mejorar la calidad de la educación, aumentar la participación de la comunidad escolar, incrementar la gestión de los colegios y hacer más transparente el manejo de los recursos que se destinan a la educación, en lugar de escuchar un aplauso de parte de los principales críticos de este proceso, de la Oposición, notamos que se resisten a esos cambios. Es bastante incomprensible esta situación, en circunstancias de que el país está esperando que se realicen esas modificaciones.

Es difícil enumerar esos cambios en este debate tan apresurado, porque son muchos, pero hay cosas tan fundamentales como ese mecanismo extraño que existe en nuestra institucionalidad, que sólo excepcionalmente es aceptado, en algunos casos, por aquellos municipios en que los recursos para la educación los reciben corporaciones especiales, mecanismo que el Tribunal Constitucional calificó de inconstitucional; que sólo se admite respecto de estos casos, porque ya se crearon esas corporaciones. El proyecto de ley dice que para mejorar el control de los recursos, los dineros primero deben ingresar a la municipalidad y, de ahí, traspasarse a las corporaciones.

De esa manera, los dineros quedarán sometidos a los controles municipales, los que incluso, a veces, consideramos insuficientes, aunque son más de los que existen en las corporaciones. Esto, en lugar de ser aplaudido, es visto como una amenaza, lo cual considero incomprensible.

Estamos diciendo algo que todos los años notamos al inicio o final del año escolar, cuando se producen las postulaciones. Este proyecto de ley pretende resolver las reclamaciones de la gente por la arbitrariedad en los procesos de selección, la no entrega de certificados a alumnos que tienen deudas o porque se les niega la matricula pese a haberse puesto al día en sus pagos.

De ese modo, estamos garantizando que cuando haya proceso de selección, exista un sistema transparente que permita a la gente saber cómo se seleccionará, con qué criterio o por qué su niño no fue aceptado en el colegio. No es posible aceptar criterios discriminatorios que dejen afuera a una familia por razones arbitrarias, en vez de fundadas y explicadas en el marco de un proceso transparente. Es decir, se trata de que la persona esté debidamente informada sobre el colegio en que intenta matricular a su hijo, con pagos regulados y no abusivos, como se hace hasta ahora. Esto también lo ven como una amenaza para la libertad de la educación. De nuevo, considero incomprensible esa reacción.

Tanto hablamos en Chile de solidaridad, de preocupación por los pobres, de que debemos estar cerca o al lado de quien no tiene recursos económicos para desarrollarse, los que, ojalá, todos pudiéramos tener el día de mañana. Bueno, en lugar de aplaudir la idea de que todos los establecimientos que reciben dineros públicos acojan entre sus alumnos un porcentaje de niños más vulnerables, con menos recursos y cuyos padres tienen menos educación, esto sea visto como amenaza a la libertad de enseñanza.

La libertad de enseñanza es un concepto que debemos discutir más. La libertad de enseñanza es el derecho que tienen las familias y los niños a elegir dónde estudiar. No es el derecho de los colegios a determinar quién estudia ahí o quién no. Este derecho, en esos términos, no está siendo amenazado aquí, sino fortalecido. Con esta futura ley, la gente pobre, los niños que no tienen libertad de enseñanza ni derecho a elegir donde estudiar, porque sus padres cuentan con poca educación y carecen de recursos, podrán recurrir a cualquier establecimiento que reciba recursos públicos.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.

El señor BECKER.-

Señor Presidente , originalmente, el proyecto tenía como objetivo fundamental introducir modificaciones específicas a la ley Nº 19.532, y postergar el plazo para la integración de nuevos colegios a la jornada escolar completa entre 2002 y 2007. Para este efecto, se establecen claramente las formas de acceder a los aportes para nuevas infraestructuras, para lo cual se priorizan los colegios más vulnerables, se baja el plazo de las hipotecas de 50 a 30 años y se especifica, entre otras cosas, que a los sostenedores municipales no les será exigible este gravamen. Además, se regula la forma en que se harán los aportes suplementarios y una serie de otras materias relacionadas directamente con la construcción de nuevas infraestructuras para permitir que los colegios se incorporen a la jornada escolar completa.

En resumen, el proyecto original enfrentaba principalmente la cobertura educacional, sin incorporar, en la práctica, ningún aspecto relacionado con la equidad y calidad de la educación, que debería ser nuestra prioridad indiscutida, más aún después de los últimos resultados de las pruebas del Simce, en la que, aunque prácticamente el 70 por ciento de los colegios están incorporados a la jornada escolar completa, siguen teniendo malos resultados en cuanto a calidad.

Durante la discusión del proyecto, en la Comisión de Educación surgieron indicaciones que proponían cambios a los decretos con fuerza de ley Nºs 1 y 2, y a la ley orgánica constitucional de Enseñanza. En general, en mi opinión, las indicaciones van en el sentido correcto: es decir, procuran mejorar la calidad y equidad de la educación en nuestro sistema.

Además, gran parte de las dudas que existían fueron acogidas por el Ejecutivo en las indicaciones que se presentaron hoy.

Voy a hacer un breve análisis de las indicaciones más conflictivas. En verdad, me parece interesante que haya concurso para directores cada cinco años. Se creará una comisión especial que calificará a los postulantes, quienes deberán estar acreditados. El proceso de acreditación, de acuerdo con indicaciones presentadas por diputados de Renovación Nacional, será realizado por universidades del Consejo de Rectores y universidades autónomas. Parece importante que los directores se acrediten, ya que no sólo deben tener capacidad docente sino que también administrativa y de liderazgo.

La indicación más polémica al decreto con fuerza de ley Nº 1, Estatuto Docente, se refiere a la obligación de los colegios particulares subvencionados de crear un consejo escolar, que será un órgano integrado por el director del establecimiento, el sostenedor, un docente y un representante de los padres y otro de los alumnos.

Si queremos mejorar la calidad de la educación, deberemos integrar a este proceso, cada vez más, a los padres. Por eso me parece importante la creación de consejos escolares. Cabe aclarar, además, que no serán resolutivos, sino sólo informativos, consultivos y propositivos. Es verdad que existen colegios, especialmente católicos, que cuentan con sistemas de integración de los padres; sin embargo, muchos sostenedores prefieren obviar a la familia, medida que, me parece, atenta contra la calidad de la educación.

En cuanto a las modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 2, varias fueron muy polémicas. Mediante una indicación se exige a los colegios particulares subvencionados que, a lo menos, el 15 por ciento de los alumnos presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y familiar. La indicación fue muy polémica y generó muchas dudas, porque no quedaba claro, por ejemplo, cómo se consideraban los alumnos becados de esos colegios; o qué ocurre cuando no existen alumnos suficientes en la comuna para que se integren al establecimiento.

El Ejecutivo recogió las dudas y, de alguna manera, las solucionó con las indicaciones que presentó hoy. Así, el porcentaje de alumnos becados serán incorporados al 15 por ciento de alumnos vulnerables y si no existen suficientes alumnos en la comuna, no será exigido ese requisito.

El proyecto crea un sistema de selección muy transparente. Es muy positivo que se garantice la equidad en la selección, la que ya no será arbitraria. En un principio se llevaría a cabo cuando la cantidad de postulantes sea superior al número de alumnos que puede recibir un colegio. Sin embargo, es muy importante que el Ejecutivo se haya allanado a establecer que los procesos se efectúen aunque no haya más demanda que oferta.

Uno de los criterios de selección que había que considerar era que el niño debía estar domiciliado en la misma comuna del establecimiento educacional, normativa que, según se decía, restaba libertad a la enseñanza. No obstante, el proyecto no señala en cuánto debe ser ponderado, por lo que no restringe ese aspecto.

Causó algún grado de polémica el valor del proceso de selección, el cual se fijó en 4 mil pesos por concepto de matrícula. Como en algunos colegios se estaba discriminando con el valor del proceso de selección, se eliminó, lo que me parece positivo.

Las indicaciones que presentó hoy el Ejecutivo hacen que la iniciativa sea mucho más viable y que haya muchos más diputados dispuestos a apoyarla.

La reforma a la ley orgánica constitucional de Enseñanza, Loce, me merece reserva de constitucionalidad, por cuanto infringe los números 2º, 3º y 11º del artículo 19 de la Constitución Política. El número 2º establece que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Si la modificación al artículo 20 de la Loce fuera aprobada, la prestación de servicios educacionales sería el único que debería hacerse en forma gratuita, ya que en nuestro ordenamiento jurídico no hay norma alguna que permita tal situación en otras actividades económicas.

Si se invocara esta norma para otros servicios, podría obligarse a empresas a prestar gratis el suministro de agua potable, de energía eléctrica y otros.

Por lo expuesto, votaremos contra esa modificación.

El proyecto constituye un avance, pero si realmente queremos mejorar la calidad de nuestra educación, es indispensable que el Ejecutivo , cuanto antes, envíe un proyecto específico con ese objeto.

Hemos avanzado en el mejoramiento de la infraestructura. El año pasado el presupuesto del área de la educación fue de dos billones de pesos. Hemos invertido mucho en colegios y computadores, pero si queremos hacer rentable la inversión debemos mejorar la calidad de la educación chilena, para lo cual -reitero- se requiere que el Ejecutivo envíe lo más pronto posible un proyecto a la Cámara.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.-

Señor Presidente , tal como señaló el diputado Becker , lo importante es que todo lo que tienda a mejorar los procesos educativos debemos desarrollarlo de la mejor forma posible.

El debate está centrado principalmente en las modificaciones, en el espíritu y en la forma como se ha llevado a cabo la tramitación de esta iniciativa. Como se recordará, ésta comenzó como una simple modificación a la jornada escolar. Sin embargo, el análisis de esa materia llevado a cabo en la Comisión de Educación generó otras expectativas, por lo que se abordaron otros aspectos que, a la larga, más que simplificar el proyecto y darle mayor viabilidad, lo han vuelto más complejo.

A través del proyecto de ley se crean instancias, como los consejos escolares, que pueden ser valederas, pero las experiencias, como la de España indican que hay un retroceso en el fomento de la participación general de la comunidad escolar.

Hoy existen instancias claras y precisas de participación en el proceso educativo, como son los consejos de profesores y los centros generales de padres, de manera que antes de generar un nuevo cuerpo colegiado, como lo propone el proyecto, se debería estudiar una forma de integrar los ya existentes.

Me consta como profesor que los centros generales de padres son necesarios, pero muchas veces su participación se reduce a recaudar recursos económicos para comprar una fotocopiadora o financiar alguna actividad en el aniversario del colegio.

Creo que los centros de padres y apoderados deben participar fuerte y activamente en el proceso educativo y no generar un nuevo cuerpo, que no sé si va a tener la viabilidad planteada en el proyecto.

El Ejecutivo , en su interés de crear los consejos escolares, lamentablemente ha dejado de lado a quienes también son parte del proceso educativo, como son los codocentes. Es decir, no están participando las personas que, muchas veces, asumen un rol activo en el proceso educativo cuando los profesores dejamos de estar en las aulas frente a los niños. Por lo tanto, es importante tenerlos en cuenta.

Comparto la idea de que haya concursos públicos, cada cinco años, transparentes, abiertos y pluralistas para elegir a los directivos. Pero no me parece justo que se intervenga, a través de los consejos escolares, en la consecución del director en el mismo cargo. Si él lo ha hecho bien, después de ser nombrado a través de un concurso público, que no le quede ninguna duda de que puede continuar en su cargo. Si lo ha hecho mal, estas presiones, que muchas veces se transforman en situaciones anómalas y nebulosas en los procesos de elección, pueden contaminar la continuidad de los directores.

El proyecto de ley busca igualdad a través de la ampliación de la jornada escolar, pero estamos cayendo en una situación bastante compleja.

Es válido que el Ejecutivo pueda asumir un rol protagónico y buscar una solución a los problemas, como corresponde. En este caso específico, lo hace por medio de la permanencia de los alumnos en los colegios, donde la alimentación que reciben es importante para desarrollar la actividad educacional. Por lo tanto, el gran desafío complementario del desarrollo del proyecto de ley pasa porque se cumpla con la alimentación escolar en forma integral y no, como ahora, en que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas atiende sólo al 60 por ciento de los jóvenes.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Terminó su tiempo, señor diputado . Le ruego redondear su idea.

El señor ROJAS.-

Termino, señor Presidente , diciendo que la alimentación en el proceso educativo debe ser equitativa; debe haber igualdad. La deben recibir todos, porque para los padres, mantener a los alumnos en una jornada escolar desde la mañana a la tarde, tiene un costo muy elevado.

Por lo tanto, si un niño no es alimentado como corresponde, también va a confluir en que el éxito educacional sea mejor o peor.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.

El señor SAFFIRIO .-

Señor Presidente , los informes que se han escuchado en esta honorable Corporación, tanto en representación de la Comisión de Educación como de la Comisión de Hacienda, ahorran palabras respecto de la importancia de este proyecto de ley que la Sala conoce en segundo trámite reglamentario.

Esperamos que el proyecto se traduzca en un gran avance que beneficie a niños y jóvenes para tener una educación de mejor calidad, más acorde con los tiempos y que comience a ser el espacio para la integración social que este país, lleno de desigualdades y discriminaciones, aún mantiene, a pesar de los esfuerzos que han hecho los tres últimos gobiernos democráticos.

De los informes que hemos escuchado de los diputados señores González y Ortiz , queda clara la importancia del proyecto de ley sobre jornada escolar completa y su orientación hacia el bien común.

Por ello, voy a centrar mi intervención, en representación también de mi bancada, la Democracia Cristiana, para referirme a seis puntos que probablemente sean los más conflictivos en esta discusión.

En primer lugar, los concursos públicos. Es probable que en el proyecto se generen algunas omisiones que el Senado y el Ejecutivo , a través de indicaciones, puedan eventualmente salvar, como lo que ocurre con aquel director de un establecimien-to educacional municipalizado que pierde ese carácter. En la actualidad no hay claridad respecto de si podría seguir desempeñándose como docente, en circunstancias de que eso, a todas luces, parece de justicia.

Sin embargo, más allá de ajustes menores que probablemente el proyecto requiera, en ésta u otras materias en el Senado -no me cabe duda de la seriedad, tanto de la Cámara Alta como del Ejecutivo para hacer las aclaraciones o enmiendas que se requieran-, creo que es el momento de hacer una afirmación tajante. Hoy, esta sociedad es la sociedad del cambio, y del cambio vertiginoso. Las seguridades, las estabilidades que en otros momentos históricos se daban en la sociedad y que eran posibles de defender, son ya un anacronismo. Negarse, por lo tanto, a los concursos públicos, es ir contra los signos de los tiempos.

Quiero informar a mis colegas de la Cámara acerca de la incoherencia que significa que en los próximos días comencemos a discutir sobre proyectos que abren la concursabilidad a una serie de cargos públicos, proyectos insertos en la llamada Agenda Protransparencia. La aprobación de dichos proyectos provocarán una serie de modificaciones que consagrará el principio de la concursabilidad en la Administración del Estado, incluidos los cargos de la alta dirección pública. Que hoy no estemos de acuerdo o pongamos cortapisas a la concursabilidad de los directores en los establecimientos educacionales, como regula el proyecto de ley de la jornada escolar completa, sería una torpeza. Éste es un momento en que todos debemos reconcursar. Lo hacemos nosotros, los representantes populares, en elecciones periódicas, en las cuales el electorado tiene la posibilidad de reelegirnos o de sancionarnos, a través del voto libremente expresado en las urnas. Lo hacen los académicos ante sus pares. Tendrán que hacerlo, entonces, los altos gerentes y dirigentes del aparato público a partir de que estos proyectos se transformen en ley; tendrán que hacerlo, también, por supuesto, los directores, porque es un signo de los tiempos.

En segundo lugar, otro tema controvertible, y a veces controvertido con estridencia, con escándalo, con una especie de terrorismo retórico, se refiere a los consejos escolares.

Pero, ¡por favor, de qué estamos hablando! Estamos hablando de terminar con una sociedad que no es de comunidades, que no es de organizaciones, sino de individuos. En Chile, durante dos décadas se destruyó o se cayeron los cuerpos intermedios, en los términos que define la doctrina social de la iglesia Católica, es decir, el asociativismo, en el lenguaje de las Ciencias Sociales contemporáneas. Como no queremos una sociedad egoísta, apática, incívica de individuos, sino que queremos una sociedad organizada, activa y participativa es que promovemos los consejos escolares, integrados por los distintos miembros de la comunidad educativa, incluidos, por supuesto, los padres, los apoderados y los estudiantes.

Pero, además, ¿Por qué tanto temor con estos órganos? ¿Cuáles son las facultades de estos consejos escolares en los que se trata de que participen los padres, los apoderados, los alumnos, los profesores? Simplemente, facultades consultivas, propositivas, salvo que el sostenedor les quiera dar otras facultades distintas o adicionales.

En tercer lugar, quiero hablar sobre la selección de alumnos. No hay ningún problema en que los establecimientos que quieran hacer una selección de alumnos, porque hay una cantidad superior de postulantes, la hagan, pero deben hacerla en el marco de una sociedad democrática y republicana, es decir, sin discriminar a los niños en términos tales que afecten sus garantías constitucionales, los pactos internacionales de derechos humanos suscritos por Chile o la Convención de Derechos del Niño.

La libertad no es un bolsillo de payaso, ninguna libertad lo es; tampoco la libertad de enseñanza puede ser invocada para en su nombre abusar y pasar sobre los derechos de las personas. Es hora de decirlo de una vez por todas en una sociedad en que detrás del abuso del concepto de libertad se encubre o sólo existe la defensa del predominio de los intereses de los más poderosos sobre los más débiles.

En cuarto lugar, las indicaciones planteadas por el Ejecutivo aclaran todas las dudas sobre indicaciones votadas en las comisiones de Educación y de Hacienda para conseguir la integración social. En aquellos colegios en que lleguen niños en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica los colegios tendrán que aceptarlos hasta un mínimo de un 15 por ciento. Queremos integración y no desigualdades; queremos integración y no segmentación.

¿Qué ocurre en aquellas comunas en que no llegan postulantes vulnerables en ese 15%? No es cierto que tendrán que salir los sostenedores de Vitacura, de Las Condes o de Providencia a hacer campañas de marketing para captar niños en La Pintana, en Cerro Navia, en Lo Prado o en otras comunas pobres. En ese caso, la ley y las indicaciones aprobadas no hacen exigible ese 15 por ciento.

Además, en el espíritu de las indicaciones aprobadas y con mucha claridad en las indicaciones que presentará el Ejecutivo al proyecto queda claro que los alumnos actualmente becados, en la medida en que lo sean por condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, se imputan a este 15 por ciento. Además ésta es una medida gradual: para primero básico a contar de 2004. No de golpe para todas las promociones, como se ha tratado de hacer creer a través de la prensa.

En quinto lugar, en el tema del no pago, con la indicación del Ejecutivo, simplemente se salva algo que debió ser resuelto en la Comisión de Educación, a través de su Secretaría, porque varios diputados hicimos presente, y el asesor jurídico del Ministerio de Educación también, que no correspondía usar el término “mora” porque se iban a judicializar las cobranzas de las cuotas escolares y había que emplear otro término como “el atraso” o “el no pago”.

Pero, más allá del tecnicismo jurídico, ¿cuál es la idea de fondo? La siguiente: Desde el derecho romano, cuando éste terminó con la manus injectio -lo saben diputados de Gobierno y de Oposición, si es que alguna vez pisaron una escuela de derecho- no es razonable que deudas civiles se paguen con la muerte, la esclavitud, la prisión. Menos que se use a los niños y escolares como rehenes. Si un padre o apoderado no paga, el derecho chileno contempla y provee una serie de instrumentos para hacer efectiva la cobranza, incluso existe el derecho de prenda general de los acreedores, pero no es razonable que se use a un niño o a una niña como rehén para asegurar el pago de obligaciones mercantiles, o en este caso civiles, que en definitiva afianzan su cobro vulnerando la dignidad de las personas. Menos aún la dignidad de los niños y de los jóvenes.

Por eso, el apoderado que se pone al día en un momento anterior a la matrícula del año siguiente tiene el legítimo derecho, básico y elemental, a que ese alumno sea recibido en la escuela y matriculado.

Si los sostenedores dicen que pueden tener problemas en los flujos financieros mensuales, les contesto que ésta es una economía de mercado. Recurran entonces al sistema de seguros de la plaza y securiticen los flujos financieros. El Ministerio está trabajando en alguna fórmula para ayudarles en algo que ya el mercado de los seguros provee. Pero no es aceptable castigar a los niños con la no renovación de su matrícula o con la salida del colegio por el incumplimiento de padres o apoderados, quienes, en la inmensa mayoría de los casos, han incumplido el pago, no por mala fe, sino porque han sido afectados por cesantía, por menores ingresos o por ruina económica.

Por último, el tema de las corporaciones. Se trata de terminar con una situación de abusos en que, por la vía de las corporaciones municipales, el Estado coloca recursos que quedan fuera de todo control, incluso del órgano político de los municipios que forman los concejales. No se trata de impedir formas autónomas de administrar recursos que el Estado provea, sino de evitar martingalas y artimañas en que hoy incurren algunos alcaldes, verdaderos dictadores locales, vía esta fórmula de las corporaciones, muchas veces ideadas a fin de evitar el control de los fondos por parte del órgano democrático del municipio, como lo es el concejo municipal.

Señor Presidente, en nombre propio y de mi bancada, anuncio el voto favorable a este proyecto de ley de jornada escolar completa.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló .

El señor AGUILÓ .-

Señora Presidenta , en los cinco minutos que me ha concedido la bancada del Partido Socialista, quiero referirme a algunos aspectos específicos.

No formaba parte de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación cuando esta iniciativa fue estudiada, analizada y despachada, pero como he leído el informe, he escuchado las diversas intervenciones de los colegas y he seguido por la prensa los momentos polémicos de alguna de sus indicaciones, me he formado la convicción de que se trata de una iniciativa enormemente positiva para nuestros jóvenes, por cuanto fortalece el derecho a la educación, su calidad y equidad, pues contiene avances muy significativos, particularmente ahora, en su segundo informe, en virtud de las indicaciones presentadas en la Comisión respectiva.

Brevemente, quiero comentar dos o tres de esas indicaciones, junto con hacerme cargo de un documento que recibí, a través del correo electrónico, del padre Héctor Vargas , presidente nacional de Fide , quien tuvo la gentileza de hacerlo llegar. Se titula: “Comentarios a la Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados sobre el proyecto que introduce modificaciones a la jornada escolar completa”. Se refiere a varias de las indicaciones que han sido objeto de discusión durante esta sesión.

Quiero referirme a la indicación que fue presentada por varios diputados de la Concertación para que al menos el 15 por ciento de los alumnos de los establecimientos deben presentar condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y familiar.

Me parece, tal como lo dijo con gran pasión y entusiasmo mi colega Eduardo Saffirio , que en un país que muestra tan profundos y dramáticos niveles de desigualdad socioeconómicos -reconocidos en los informes del Pnud y en otros foros internacionales, que recientemente se han visto corroborados, por desgracia, en el ámbito específico de la educación, con los resultados de la prueba Simce que el ministro de Educación dio a conocer en días recientes-, lo menos que puede esperar del debate parlamentario es que los colegas miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación -y me alegro de que haya ocurrido así-, con sensibilidad, con conocimiento, con preocupación por la calidad y equidad de nuestro proceso y sistema educativo, hayan agregado una disposición como ésta. Creo que ella enaltece al Congreso, porque trasunta preocupación por la equidad, enfrenta un problema que conocemos desde hace mucho tiempo, el que se expresa, entre otras prácticas, en la segmentación de aquellos niños que provienen de familias de extrema vulnerabilidad socioeconómica que siempre son relegados a escuelas municipales, las cuales tienen, por ley, la obligación de recibirlos, porque se les niega la matrícula en colegios particulares, que no obstante percibir subvención del Estado no los reciben.

En sus comentarios, el padre Vargas señala su preocupación en cuanto a que el requisito de acoger un 15 por ciento de alumnos provenientes de familias vulnerables se convierta en una condición sine qua non para que las escuelas particulares subvencionadas reciban la subvención, y que esta condición entraría en litigio con un principio -desgraciadamente, por la redacción de la carta no termino de comprender cuál-: la libertad de elegir un establecimiento educacional. El principio de la libertad de educación se encuentra consagrado en la Carta Fundamental, en todas las leyes de educación y también en esta iniciativa. Sin embargo, el principio que sistemáticamente no se aplica y se desconoce en el ámbito educacional es el de la integración social y equidad en la educación. Por esa razón, diversas organizaciones de nuestra sociedad, en particular las de origen espiritual, deberían tener la sensibilidad para comprender que la equidad en la educación es indispensable para tener, en el despliegue y desarrollo de nuestra sociedad, condiciones de paz social y fundamento, a fin de que hombres y mujeres podamos aspirar a los goces espirituales, morales y materiales en igualdad de condiciones.

Para finalizar, deseo señalar que esta indicación, impulsada por la Comisión, es de suma importancia, y ella será apoyada resueltamente por la bancada socialista.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado señor Eugenio Bauer .

El señor BAUER .-

Señora Presidenta , el proyecto que hoy nos convoca, más conocido como “jornada escolar completa”, comenzó a tramitarse como la prórroga de su fecha de inicio y, por otra parte, como una forma mecánica de salvaguardar los intereses del Estado el que, al aportar grandes recursos a privados, buscaba la forma de garantizar que realmente se invirtieran en infraestructura, a fin de sacar adelante la jornada escolar completa.

Sin embargo, en la discusión habida en la Comisión, se incorporaron una serie de indicaciones que fueron variando sustantivamente la forma y el fondo del proyecto, con la mirada casi placentera del Ministerio de Educación, que no fue capaz de volver el proyecto a sus orígenes, terminando, como veremos más adelante, en una serie de atentados contra la educación.

Se insiste en la obligatoriedad de la jornada escolar completa, aun en establecimientos que funcionan con reconocido éxito bajo la modalidad de media jornada. Por su parte, los resultados de la última prueba Simce demuestran claramente que en nada ha mejorado la educación con la jornada escolar completa.

Se establecen cuotas de alumnos vulnerables, lo que obliga al sostenedor a solventar un porcentaje de la matrícula de su establecimiento en beneficio de dichos alumnos. La condición de “vulnerable” no está definida en ninguna parte. Sin embargo, supongamos que se relaciona con las familias de extrema pobreza. El Presidente Lagos señaló en enero de este año que en 2006 se acabaría la extrema pobreza. ¿Qué va a pasar entonces? Tampoco se define si este sistema de contemplar un porcentaje de alumnos vulnerables se aplicará en primer año básico o en todos los cursosa la vez.

Por último, nos parece de extrema gravedad que se estigmatice a los niños al diferenciarlos por su situación social.

En cuanto al tema de la renovación de las matrículas, la nueva indicación señala que ésta sólo regirá si no existen deudas pendientes. De ese modo, el sistema induce a pagar a fin de año, lo que pone en peligro la continuidad y el normal funcionamiento de los establecimientos, ya que el sostenedor debe financiar durante todo el año los sueldos de profesores, auxiliares, etcétera.

En general, nos parece que el proyecto viene a entorpecer el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales, en especial, los que funcionan bajo la modalidad de financiamiento compartido, pues los pone en una situación de riesgo no dejando más opciones que los colegios municipalizados que, como todos sabemos, tienen el peor resultado del sistema. En otras palabras, estamos nivelando hacia abajo.

Subsisten dos inquietudes que son compartidas por todos. Una se relaciona con la alimentación de los alumnos, sobre todo de quienes viven lejos de su establecimiento. Tampoco nada se dice sobre la calidad de la educación. Al respecto, los resultados de la prueba Simce, como hemos visto en estos días, prendieron una luz roja.

Quiero solicitar la votación separada de los siguiente artículos y letras:

Artículo 1º, numeral 1), letras a) y b), y numeral 6); artículo 2º, numeral 1); numeral 2), letras a), b), d) y f), y numeral 3); artículo 5º, numeral 5), letra b); numeral 6); numeral 7), inciso tercero; numeral 8), numeral 13, artículo 37, letras a), b) y c), y artículo 39; artículo 7º; artículo 8º; artículo 9º, inciso primero, letras d) y e), inciso cuarto; artículo 11; artículo 12; artículo 13.

Además, quiero recordar que hemos solicitado la renovación de nuestras diecinueve indicaciones.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.

El señor TUMA.-

Señora Presidenta , estoy orgulloso de participar en este período legislativo, en el cual, entre otros proyectos, estamos aprobando el que tiene que ver con la educación.

A pesar de que el proyecto tenía por objeto perfeccionar y asegurar la focalización de los ingentes recursos que el Estado está colocando en la educación, para que los programas cumplan con el objetivo para el cual han sido diseñados y para apoyar no sólo la educación municipal, sino también a los colaboradores particulares, a los sostenedores de educación, desde un comienzo, en forma permanente, la Oposición se ha opuesto a todas las iniciativas que signifiquen el mejoramiento de su texto, en orden a dar mayores garantías, primero a los alumnos, luego a los padres y apoderados, y por qué no decirlo, también a los sostenedores. Por ejemplo, cuando se han propuesto algunas disposiciones tendientes a evitar que el Estado sea burlado en los recursos que está destinando a la educación entonces, en ese momento, aparecen muchos votos de la Oposición para rechazarlas.

Me alegro de que estemos analizando esta iniciativa, a pesar de que el diputado señor Bauer señaló que desnaturaliza el régimen de jornada escolar completa. Aunque su idea matriz es perfeccionar el destino y control de los recursos del Estado en educación, ha sido objeto de algunas indicaciones que llevan, en último término, a producir un enriquecimiento de ciertos sectores aprovechándose de la reforma de la educación. Pero aun así, no estamos conforme.

En verdad, estoy orgulloso de las indicaciones presentadas, como la de suprimir el cobro de matrícula y los pagos durante el proceso de selección, y la de protección de los alumnos que son excluidos del proceso educacional por estar en mora con el establecimiento respectivo.

El diputado señor Saffirio y otros parlamentarios han dicho que eso significa un abuso de los derechos de los estudiantes y que hay otras formas de cobrar esas acreencias por los sostenedores.

El requisito y acreditación para desempeñar el cargo de director me parecen fundamentales para garantizar el mejoramiento de la calidad de la educación, como así también el establecimiento de un consejo escolar que garantice la participación de la comunidad escolar.

Sobre esta materia me quiero referir, en particular, a lo que ocurre en el mundo rural.

Considero que el proyecto ha sido elaborado con la mirada puesta en lo que ocurre en el mundo urbano, en las grandes ciudades. Por ejemplo, en la conformación de un consejo escolar en una escuela unidocente, donde existe un sostenedor que, además, es el director del establecimiento y el profesor, ¿qué consejo escolar vamos a formar con una persona que representa al director, al docente y al sostenedor, más un padre o apoderado y el presidente del centro de alumnos? Estoy hablando de escuelitas rurales, donde existen cursos combinados y en las cuales debería ser inaceptable la mantención de esta característica o de esta metodología de educar.

El proyecto tiene el gran mérito de mejorar las condiciones en que el Estado invierte en educación y de reglamentar de mejor manera el cómo caminamos hacia una mejor calidad de la educación, pero me gustaría que en otro proyecto pudiésemos abordar qué hacemos con las escuelas unidocentes del mundo rural.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA .-

Señora Presidenta , hace algunos días tuve la oportunidad de presenciar un debate en la ciudad de Valdivia entre dirigentes políticos de alto nivel de los distintos partidos que tienen representación parlamentaria. El tema era “El Chile que queremos”.

Evidentemente, se trata de manifestar, a través de diversos medios, que las diferencias no son sustanciales, que no son muchas y que más bien se refieren a cómo hacer las cosas.

Cuando se discuten proyectos como el que nos ocupa, uno se da cuenta de que el Chile que queremos construir, sin entrar en juicios de valor, es distinto. Me alegro de que, a partir del proyecto que perfecciona la jornada escolar completa, podamos debatir un tema de fondo: el Chile que queremos construir.

Para nadie es un misterio la desintegración y la segregación que hoy afectan a la sociedad chilena, en relación con distintas políticas. Quizá hay ámbitos en que resultan más notorias, como en el de las políticas de vivienda: existen barrios para los ricos y barrios para los pobres. Sin lugar a dudas, la desintegración de la sociedad chilena requiere de políticas de Estado que apunten a corregir la situación. La sociedad debe ser capaz de avanzar hacia mayores grados de pluralidad y diversidad; debe integrar esos valores e impedir que se produzca esta verdadera segregación por no existir una acción del Estado.

El proyecto contiene tres o cuatro punto que me interesa destacar.

En primer lugar, los consejos escolares. ¿Alguien tiene alguna duda de que la educación es una herramienta fundamental de participación? ¿Alguien duda de que los padres y la comunidad escolar en su conjunto deben tener un espacio real para determinar ese proyecto educativo, no por la significación que tendrá sobre el individuo que es mi hijo, sino por el alcance sobre la sociedad y el país que queremos construir? Espero que nadie. Ahí radica la importancia de establecer esa instancia de participación.

¿Alguien tiene alguna duda de que el Estado tiene derecho a establecer determinada política en un ámbito tan importante como es la educación, dado los recursos que pone a disposición del sector privado, en el caso de los colegios particulares subvencionados? ¿Qué mejor herramienta integradora que la educación? A eso apunta el proyecto y las indicaciones que se generaron en el Congreso: terminar con la discriminación que significaba dejar sin matrículas a estudiantes, sobre todo en los últimos años, porque sus padres y apoderados no pudieron seguir pagando la mensualidad, debido a serios problemas económicos. Esto ha sido resuelto adecuadamente por el Ejecutivo .

Se incorporó el tema de la obligatoriedad gradual de los colegios, a partir de los primeros años, de integrar a un 15 por ciento de alumnos en situación de vulnerabilidad. En un principio se hizo gran cuestión de esto, pero se trata de una medida muy importante en el ámbito de la integración. Bastaría con preguntar a los profesores que trabajan en estos colegios absolutamente segregados las dificultades que tienen para enseñar: la falta de integración que existe en los niños, el nulo interés de ver una realidad distinta. Hoy, la educación en Chile no tiene esa visión republicana con la cual se educaron muchos de los diputados presentes en la Sala. Se hizo mucha cuestión de esto. Sin embargo, el Ejecutivo también accedió a morigerar ese aspecto e imputar los sistemas de becas que entregaban los colegios subvencionados a este 15 por ciento de alumnos.

Me parece muy oportuno incorporar un sistema para fiscalizar a las corporaciones educacionales porque, de alguna manera, existía una inadecuada interpretación sobre el control que debía ejercer la Contraloría, en cuanto a que no estaban sujetas a los resguardos presupuestarios ni a los controles del concejo, órgano fiscalizador por excelencia en el ámbito municipal.

Por lo tanto, más allá de las aprensiones y de los fantasmas que aquí se pretendieron levantar al señalar que con esto se terminaba la educación particular subvencionada, creo que, por un lado, estamos avanzando en un proyecto equilibrado, que permite mantener sin ningún problema financiero la educación particular subvencionada y, por otro lado, estamos dando un paso gigantesco y significativo hacia la integración en nuestra sociedad y hacia controles mucho más estrictos con respecto a otras instancias que, a mi juicio, no estaban suficientemente acotados.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Uriarte.

El señor URIARTE.-

Señora Presidenta , me voy a referir sólo al artículo 4º y, en particular, a la indicación que acaba de presentar el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, la cual si bien avanza en forma sustantiva en relación a cómo estaba antes el artículo, contiene algunos aspectos que me interesa puntualizar.

Es muy importante que todos los diputados y, posteriormente, los senadores tengan claro que cuando se habla en sentido genérico de las corporaciones, se ignora que en Chile hay 53 corporaciones municipales, y que parte importante de la educación municipal está administrada por ellas. En términos generales, nadie podría decir que han funcionado mal. Es cierto que ha habido casos muy lamentables, pero son la excepción que confirma la regla.

Además, gran parte de estas 53 corporaciones funcionan en comunas pobres, en comunas chicas. En mi calidad de diputado que representa a comunas rurales, puedo señalar que hay escuelas situadas en la ruralidad misma. Por eso es preocupante ver que se establece una serie de mecanismos, de modalidades y de funcionamientos que están pensadas para realidades muy distintas de las de aquellas comunas que se manejan con recursos paupérrimos.

Por tanto, si bien este nuevo artículo 4º presenta avances alentadores, aún manifiesta una serie de inconvenientes de orden práctico. Por ejemplo, aumentar todos los controles que sean necesarios, lo que me parece muy bueno, muy sano, para fiscalizar platas públicas, pero en su funcionamiento se las equipara al estatuto de las direcciones de las municipalidades, a las Daes; pero, desde el punto de vista jurídico, su naturaleza es distinta. Nadie podría decir que son una misma entidad. Son distintas y funcionan de manera distinta. Por eso, someterlas a la aprobación del concejo municipal es algo que se debe estudiar por segunda o tercera vez.

En este caso, no es bueno asumir una posición inmediata sobre el punto sin estudiarlo previamente. Acá ha faltado estudiar cada una de estas normas con más calma, con más ponderación, con más sentido de futuro. Ésta es una de ellas, porque, por ley, las municipalidades deben presentar sus presupuestos en una fecha determinada. Desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre tienen plazo para su aprobación.

Esa realidad, ese dinamismo propio del sistema municipal no es comparable al de las corporaciones municipales. Además, si a través de la municipalidad se pretende entregar una subvención a la corporación municipal para que pueda funcionar, me parece engorroso que cada vez que la corporación necesite determinados recursos, deba pedirlos a la municipalidad. No se trata de eludir o evadir controles. Ojalá que se establezcan todos los necesarios. Pero no se puede perjudicar el normal y sano funcionamiento de las corporaciones.

Habría sido muy sano para el sistema educacional en general discutir esta norma, al igual que muchas otras, con más calma, con más silencio, con más ponderación. En esta discusión nos ha preocupado la ausencia de estudios técnicos, de fundamentos de orden práctico que denoten un conocimiento de cómo funciona el sistema en la realidad.

Lamento, por ejemplo, que en este tema no se haya pedido la opinión a la Asociación de Corporaciones Municipales, a la Asociación Chilena de Municipalidades o a los profesores. Por desgracia, todos han estado bastante ausentes de esta discusión, lo que no es bueno para el sistema legislativo, para esta Corporación ni para muchas de esas 53 corporaciones municipales que funcionan a lo largo del país y que -como ya decíamos-, en términos generales, mal no lo han hecho.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Kast.

El señor KAST .-

Señora Presidenta , quiero partir haciendo alusión a las intervenciones de algunos colegas. En primer lugar, la diputada señora Tohá nos preguntaba por qué tantos temores, tantas reacciones frente a este proyecto de ley. Cuando los proyectos se hacen mal, generan temores, preocupaciones.

Asimismo, se manifestó frente al tema de la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza también da la posibilidad a padres e instituciones de organizarse y plantear proyectos educativos de una u otra forma.

El diputado Saffirio nos hablaba de terrorismo, de cuerpos intermedios y expresaba que habíamos olvidado las normas de esos cuerpos. Éstos básicamente necesitan libertad para organizarse y no imposiciones legales.

El diputado señor Aguiló se refería a la conciencia social de las instituciones de la iglesia en torno al tema del 15 por ciento. Al respecto, ninguna institución ha dado más muestras de conciencia social que la iglesia.

El diputado señor Tuma consignó que no habíamos colaborado en el perfeccionamiento del proyecto. Asistí a todas las sesiones de la Comisión. Hubo muchas intervenciones nuestras y mejoramos varias cosas. Dijo que nos oponíamos a los controles, a las fiscalizaciones. Para ello, en primer lugar, deben nombrar a la gente idónea en los cargos. Hoy nos preocupan las cosas que están en la agenda modernizadora, porque apuntan derechamente hacia eso, y siempre tendrán nuestra colaboración para salir adelante.

El tema de la educación es muy importante. Ello se refleja en las intervenciones de muchos parlamentarios. Hoy tal vez sea más importante que nunca, porque tenemos malos resultados en el Simce.

No se pueden desconocer las cosas positivas que se han logrado: mayor inversión en infraestructura, que es un gran aporte para el país; mayor cobertura en los textos escolares, cuyo contenido puede ser discutible. La duda está en si se ha invertido bien y si esas inversiones han logrado el efecto positivo de mejorar la calidad de la educación. Aún falta mucho.

Originalmente, el proyecto sobre jornada escolar completa apuntaba a algo positivo: ampliar los plazos para que los sostenedores pudieran participar en los concursos y pedir recursos al Estado para implementar estas infraestructuras.

Lamentablemente, eso derivó en algo absolutamente distinto. Se incorporaron al proyecto los consejos escolares obligatorios, los procesos de selección, los conceptos de vulnerabilidad y gratuidad, la eliminación de corporaciones, la imposibilidad de cobros a morosos, todos temas importantes que estamos abiertos a discutir, pero en forma técnica, responsable y ponderada.

Este proyecto se discutió durante un año en la Comisión de Educación, pero los temas anteriores más otros que voy a mencionar sólo estuvieron un mes en discusión. La calificación de suma urgencia por parte del Ejecutivo impidió tratar estos temas en forma tranquila, como dijo el diputado Uriarte .

El diputado Ortiz reconoció que en la Comisión de Hacienda -no es la comisión técnica- se escucharon varias intervenciones: de la Fide, de la Conaset, de la Unapac, Asociación de Centros de Padres Católicos; de la Asociación de Corporaciones Municipales. Fue en la Comisión Hacienda en la cual se hablaron temas técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas se hicieron mal, porque, fruto del apuro, de la urgencia, de imponer mayorías circunstanciales, en la Comisión de Hacienda se fueron votando, uno a uno estos temas pero sin base técnica alguna.

¿Cuáles fueron, básicamente, la materias que no tuvieron mayor discusión? Uno, el relativo a los consejos escolares, mencionado por varios colegas. Originalmente, venía una indicación respecto de los consejos escolares. En lo personal, no era partidario de la forma en que se proponía, pero quedó algo mucho peor. El Ejecutivo planteaba consejos escolares voluntarios para los establecimientos municipales. Como resultado de una indicación parlamentaria, pasó a ser obligatorio para todo establecimiento subvencionado.

¿Dónde queda la libertad de los padres para organizarse dentro de la escuela? Estoy consciente de la importancia de que los padres participen en los colegios; me encanta que se incorporen y que el colegio no sea un mero buzón donde se deje a los niños en la mañana y se retiren a las 2 de la tarde, pero no se puede imponer por ley la forma de organizarse los padres en un establecimiento educacional.

Los representantes de los colegios asociados a la Unapac señalaron que representan a más de 900 centros de padres de colegios católicos; que tienen una forma de organizarse y que, por lo tanto, no ven por qué se pretende cambiarla e imponer una distinta.

El Ejecutivo propuso que fuera en forma voluntaria. Nosotros somos partidarios de que se reponga la indicación en el Senado, a fin de que quede como voluntario o como subsidiario, pero no imponer un sistema determinado.

En el proceso de selección de alumnos ocurre lo mismo. Proyectos educativos apuntan a las cualidades artísticas de los niños; otros, a la unidad valórica de las familias. ¿Por qué imponer un determinado proceso de selección, si los colegios, libremente, pueden decidir cuál es su proyecto educativo, y los padres, libremente también, pueden escoger entre un proyecto y otro?

La eliminación de las corporaciones fue fruto de una indicación sin estudio alguno. Dicha indicación señala que los fondos públicos destinados a la educación deben ser administrados por los municipios. Nadie estudió qué significaba eso. Ello derivó en una indicación; pero no hubo, repito, un estudio técnico acerca de lo que implicaba que 53 comunas quedaran sin sus corporaciones y que los profesores pasaran a depender de los municipios en vez de continuar dependiendo de las corporaciones. Pero eso nadie lo discutió.

El tema relativo al 15 por ciento es una "joyita legislativa”.

Una indicación parlamentaria postulaba un 20 por ciento de alumnos vulnerables y gratuitos de todas las escuelas subvencionadas. ¿Estudio técnico? No había. ¿Cómo se llegó al 15 por ciento? preguntarán sus Señorías. Fue producto de una transacción propia de comerciantes en la cual alguien propuso 20 por ciento, y otro, que lo consideró excesivo, propuso fijarlo en 10 por ciento. Al final, para dejar a todos felices, se optó por el 15 por ciento. Así, lamentablemente no se puede legislar.

¿Cuál es el antecedente técnico de esto? ¿Vamos a mejorar la calidad de la enseñanza de esos niños? ¿Es un hecho que van a aprender más en los colegios particulares subvencionados que en los otros?

Hoy existe el sistema de becas. Tampoco está considerado. ¿Esto va a producir mayor integración de los niños o mayor segregación? En Estados Unidos hay estudios que dicen que cuando en las escuelas y universidades se imponen normas coercitivas se produce una mayor segregación. Incluso, los colegios particulares subvencionados podrían hacer cursos especiales para los niñitos vulnerables, a fin de generar mayor rendimiento. ¿Hubo un estudio detrás de esto? No hubo nada. ¿Hubo participación de los interesados? No hubo. Entonces, cuando se habla de temores y fantasmas es porque falta claridad y estudios en las cosas que se hacen.

Asimismo, se establece que los padres que no puedan pagar la mensualidad mes a mes podrán ponerse al día al final del año. Efectivamente, hay muchos padres que por problemas económicos no pueden solventar la educación de sus hijos, pero no se puede permitir que no paguen. No se puede dar una señal así, porque una disposición en tal sentido haría colapsar el sistema escolar. Si se aprueba la modalidad de que si no paga durante el año, lo puede hacer al final de éste, se posibilita a los padres y apoderados pedir créditos en casas comerciales o bancos para pagar y matricular a sus hijos para el año siguiente. Pero los autores de la indicación no consideraron lo que podría ocurrir con los colegios, que todos los meses deben pagar los sueldos y las cuentas de los servicios básicos.

Aquí se ha dicho que existen temores. Eso pasa cuando las cosas se han hecho mal o sobre la marcha. Hoy ingresaron a esta Cámara cinco indicaciones del Ejecutivo , las cuales cuentan con nuestro respaldo, pues dimos la unanimidad para su incorporación a un proyecto trascendente para la educación. Recién hoy se presentaron indicaciones sobre temas como las corporaciones, el 15 por ciento, el proceso de selección y otras materias, porque no había ningún estudio ni base técnica respecto de las indicaciones presentadas por los diputados sobre esos puntos, porque muchas veces ellas fueron fruto de estados casi emocionales por comentarios que recibieron de algunas personas. No se puede legislar para casos particulares, sino -como señaló el diputado señor Uriarte- con visión de futuro.

Este proyecto sólo ha traído inquietud a los sostenedores, a las instituciones y a los parlamentarios, y ha generado un gran debate. Incluso, instituciones como Conasep, Fide y otras presentaron a la Comisión de Hacienda informes en los que se formulan una serie de aprensiones que nadie considero al momento de elaborar las indicaciones. Al respecto, la señora Celia Alvariño , de la Fundación Chile, señaló que esto podría traer efectos colaterales no considerados hasta el momento, porque nadie ha puesto un freno para decir si esto está bien o mal. La jornada escolar completa ha traído efectos positivos, y a la larga irá demostrando que es buena; pero no se debe hacer obligatoria, porque si los padres de familia no cuentan con las condiciones económicas para pagar un colegio particular, deben tener la posibilidad de optar por la media jornada para sus hijos. Si se aprueba el proyecto, todos los colegios nuevos que se incorporen al sistema subvencionado deberán contar con jornada escolar completa. Hay padres que desean estar más tiempo con sus hijos. ¿Por qué no puede haber un proyecto educativo para la clase media, con aporte del Estado, de una manera distinta a la que se nos quiere plantear?

Durante el debate se ha hecho alusión a reservas constitucionales, a las cuales suscribo; se ha solicitado votación separada de algunos artículos; incluso, se ha señalado que hay materias que son inadmisibles, porque no venían en el proyecto original, lo cual es cierto. Así no se puede legislar. Existe un reglamento que señala la forma de enviar un proyecto de ley y cuáles deben ser las ideas matrices del mismo, y sobre ellas de debe realizar el análisis. Sin embargo, se ha presentado una serie de indicaciones que no dicen relación con el proyecto original que envió el Ejecutivo , las que a nuestro juicio son inadmisibles, por lo que solicitaremos a la Mesa un pronunciamiento al respecto.

En primer lugar, debe poner en votación la admisibilidad de las indicaciones presentadas. En la Comisión se planteó que había normas inadmisibles, pero siempre se impuso una mayoría circunstancial, y cuando se producía un empate, se suspendía la sesión.

Soy partidario de la libertad que deben tener las familias para elegir el establecimiento educacional en el cual estudiarán sus hijos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Hago presente a su Señoría que ha completado su tiempo. Sin embargo, puede continuar con el uso de la palabra con cargo a los cinco minutos del diputado señor Dittborn, quien no los utilizará.

El señor KAST .-

Señora Presidenta , soy partidario de que los padres elijan el proyecto educacional al cual desean adscribirse. Esta iniciativa cercena una a una esas posibilidades. Si bien no lo hace con todas, es el primer paso hacia un Estado educador. ¿Dónde queda la libertad de las personas para organizarse y para crear? No soy partidario de que el Estado sea el único que imparta educación en Chile.

Los temores y fantasmas sobre el proyecto son fruto de que las cosas se han hecho mal, sobre la marcha, sin el tiempo suficiente para meditar sobre las cosas importantes. Cuando se habla de vulnerabilidad, hay que ver qué efectos colaterales trae consigo; cuando se señala que el consejo escolar debe ser obligatorio para todas las escuelas, se debe recabar la opinión de los padres que participan en ella. No se puede imponer por ley a las personas lo que tienen que hacer, sino que hay que dejar un espacio para la libertad.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta , pensaba hablar de cosas más generales; por ejemplo, de la importancia de la educación, porque en el debate que sostenemos, muchas veces queda la sensación de que la educación sólo fuera un problema de capital humano, de cómo prepararse para trabajar.

Pero la educación es mucho más que eso: tiene que ver con la forma en que se construye la sociedad, con la manera de reproducir sus valores, con su universo simbólico, con la manera en que se va construyendo ciudadanía, en que se va favoreciendo el diálogo democrático, y con muchas cosas más.

En ese marco, creo que lo hecho por la Concertación en estos años ha sido espectacular, porque durante doce años hemos mantenido a la educación como un tema central en el debate nacional; ha sido una materia que ha estado en el centro de las preocupaciones nacionales. Lo que ha hecho la Concertación ha generado miles de oportunidades para que los establecimientos educacionales puedan, como se decía, con autonomía, emprender un camino de reforma y de avance; ha generado oportunidades en cuanto a insumos: computadores, libros, bibliotecas; oportunidades en términos de recursos, que se han multiplicado muchas veces. De hecho, hoy, Chile es el país de América Latina que destina más recursos a la educación: 7 por ciento del producto interno bruto. Asimismo, ha habido preocupación por los profesores: formación docente, pasantías en el exterior, y mejor infraestructura: vemos colegios nuevos por todos lados. Vemos nuevos programas de estudios, que son consecuencia de debates para modernizarlos. En fin, muchas oportunidades.

El problema es que esta autonomía no podía ser aprovechada en igual forma por todos los establecimientos. Como dice el profesor Schiefelbein , la autonomía no es la única alternativa para mejorar la educación; los colegios no son empresas. Hoy, los países que tienen más problemas en educación son aquellos donde la autonomía no ha funcionado, como, por ejemplo, Japón , Singapur, Alemania , Francia. De manera que no digamos aquí que es el único enfoque.

Lo concreto es que ha habido una estrategia de reforma que ha dado oportunidades, pero muchos colegios particulares subvencionados y municipales no las han aprovechado y se han quedado atrás. Entonces, tenemos que ver qué está ocurriendo y hacer un balance de la reforma.

Lamento que el diputado Kast se haya expresado en los términos en que lo ha hecho: con mucha prepotencia, como que es el único que puede pensar bien las cosas; como que todo lo demás está mal pensado, salvo lo que él piensa; como que todo se ha transgredido, excepto lo que él piensa. Yo le diría al diputado Kast que las cosas no son así, porque el Parlamento no acaba de partir: llevamos discutiendo diez años algunos de estos temas; no son de ahora.

No es que las cosas no se hayan pensado como él las piensa ahora, como también lo ha dicho el diputado Uriarte. Repito que se trata de una materia que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo.

Creo que hay que actuar con modestia.

Se dice que no estaba en las ideas matrices, pero basta con leer los objetivos fundamentales del proyecto: cómo el ministerio se involucra más en la reforma, la desconcentración, la participación, la ampliación de los sujetos beneficiados con el financiamiento, la subvención de adultos, la protección del derecho a la educación. Esos son algunos de los temas planteados. Por lo tanto, no se puede decir que no están dentro de las ideas y de los objetivos fundamentales del proyecto.

El diputado Kast y otro parlamentario no han entendido lo que hicimos en la Comisión; lo digo especialmente a quienes no estuvieron en la Comisión. Durante todo un año estuvimos invitando a representantes de todas las universidades ¿Para qué? Para hacer un balance de la reforma educacional. Desde el comienzo dijimos que discutir la jornada escolar completa implicaba discutir toda la reforma; hagamos un balance. Vinieron representantes de la Universidad Católica y de diversas universidades a presentar estudios sobre la reforma; vino gente del Colegio de Profesores; también concurrió el señor Vargas , de la Fide, a hacer su propio balance y el representante de la Conasep a hacer el suyo. Después de todo un año de balances, llegamos a conclusiones. Para los que no lo saben, hay minutas desde abril de 2002 con la misma línea de conclusiones que fuimos trabajando. Hicimos dos seminarios sobre consejos escolares con la Unesco, en los cuales se presentaron los modelos sudafricano, español e inglés. Conocimos distintas realidades; se trabajó a fondo.

Entonces, que no vengan a decir aquí que no hubo calma ni reflexión. La verdad es que no hubo información, o se entendieron mal las cosas. Tengo la impresión de que el diputado Kast no entendió lo que hizo la Comisión y que, por eso, llega a esa conclusión, por no suponer que está actuando de mala fe. Supongo que lo hace de buena fe, pero no asumió bien las cosas. Además -lo olvidaba- se incorporó al final, porque el diputado Prieto fue reemplazado cuando la Comisión estaba terminando su período. Entonces, saca conclusiones a partir de ese hecho.

Nuestra pregunta era, ¿qué pasa con la calidad de la educación? ¿Por qué, a pesar de todo lo que hemos hecho, no da el salto que quisiéramos? Aquí hay un mito según el cual toda la discusión es entre públicos y privados. En educación, éste es el país más privatizado del mundo; por lo tanto, los privados y también los municipios deben demostrar que son capaces de hacer bien las cosas. Tenemos problemas en todo el sistema; es un mito que la discusión sea entre públicos y privados; es algo que se ha distorsionado mucho. Hay problemas en el conjunto de la educación.

Podemos habernos equivocado, pero la Comisión llegó a una conclusión sobre lo que estaba afectando la calidad de la educación en dos aspectos: primero, problemas en el gobierno de la escuela. Nosotros decimos que hay problemas en la escuela, a pesar de que no se puede centrar todo en ella, porque tiene limitaciones obvias. Todos los diagnósticos de la prueba Simce indican que los resultados escolares dependen, ante todo, del entorno de origen del alumno: de su ingreso familiar, de la educación de sus padres, de los recursos educativos del hogar, de la comunicación y del apoyo familiar, de la socialización temprana, del conocimiento previo, etcétera. Eso es lo fundamental en la educación.

Pero nosotros decimos que hay problemas en el manejo de la escuela; por eso, llegamos a la conclusión de que el tema de los directores es central, y fueron diputados de la Unión Demócrata Independiente quienes, hace siete u ocho años, se opusieron a que los directores participaran en concursos y entraran en reciclamiento. Pues bien, ahora se propone un sistema de acreditación, no en la comuna que los va a seleccionar, sino como pre requisito para participar en los concursos. Pero el concurso no será igual que todos, puesto que el candidato a director deberá proponer un proyecto para el colegio al que postula: cómo lo dirigirá, qué cosas hará. Sé que no basta con los directores; el equipo directivo del colegio constituye un problema y eso no está en el proyecto. Espero que se incorpore en el Senado.

También dijimos que hay que crear un canal para que participen los actores. Aquí hay un enfoque tecnocrático, y ésta es una autocrítica que debería hacerse la Concertación. Una reforma no se puede hacer de arriba hacia abajo; debe llevarse a cabo con los actores involucrados. Por eso, el consejo busca eso. ¿Cómo? Un consejo que, por lo menos, tenga información y que, además, necesariamente deba ser consultado, se involucra en la manera de hacerlo.

Respecto de la gestión, mencionamos a las corporaciones. Quiero decirle al diputado Uriarte , por si no lo sabe, que las corporaciones fueron declaradas inconstitucionales en 1988; no tienen existencia legal como tales; no puede crearse ninguna más. Pero las corporaciones existen. ¿Cuál es su problema? Que no tienen directorio; el que está a cargo hace lo que quiere, y eso afecta mucho la manera de manejarlas.

Muchas veces -se lo digo a quienes no lo saben- hemos propuesto legislar para dar a los municipios la capacidad de crear instrumentos de gestión, tal como ocurre en todos los municipios modernos del mundo, de manera que no se rijan exclusivamente por el Estatuto Administrativo. Nunca han querido legislar sobre la materia, que requiere quórum calificado y, por lo tanto, también es necesario el concurso de la UDI, que siempre se ha opuesto a ello.

Le pregunto al diputado señor Uriarte , ¿qué pasa con la empresa de agua potable de su distrito? Que tiene el mismo problema, porque no hemos legislado adecuadamente sobre la manera de gestionar servicios que no son propios de la administración municipal. El proyecto no busca eliminar la gestión; lo único que pretende es someterla al control político y administrativo del municipio.

En cuanto al presupuesto, también habrá una forma, como en las Daem, que tienen una manera de administrar el presupuesto, pero no con la rigidez que el diputado señala; es de otra manera.

Finalmente, pensamos que todos los recursos municipales deben ser manejados con transparencia y el municipio, por su parte, debe explicar qué uso da a esos recursos, pública y permanentemente: cuánto recibe por cada colegio, cuánto aporta desde ese colegio a la administración comunal, cuánto aporta para otros propósitos.

En La Florida, hace poco tiempo, el alcalde Zalaquet, de la UDI, trajo al señor Bratton , del programa Tolerancia Cero, implementado en Nueva York. Gastó 20 millones de pesos que estaban destinados a educación y salud; sacó esa suma de educación y salud de la corporación para traer a ese señor y hacerlo aparecer en la televisión con el señor Lavín . Después dijo que le habían donado 15 millones y que sólo había ocupado cinco millones. Pero, ¿quién controla eso, bajo qué normas y qué tiene que ver el concejo? Las corporaciones son algo que es necesario sanear; busquemos soluciones; nosotros estamos abiertos a buscar soluciones que permitan administrar la educación de mejor manera, con transparencia. Éste era un eje al que quería referirme: mejorar la forma de gobernar las escuelas.

Además, tenemos los consejos de directores que, por lo menos, tienen información de la comuna. Por eso, deben ser consultados, porque no se les consulta nada y eso es malo para una buena gestión.

El otro eje tiene que ver con el problema de los alumnos más vulnerables, respecto de los cuales existe mucha segregación y segmentación. En 1990 partimos con mucha segregación y segmentación, debido a la estructura que heredamos y hoy el problema es mayor que el existente en 1990. La Concertación debe revisar este punto, porque lo hemos hecho mal en esta materia. Esto se expresa en la brecha digital, en la selección social de los alumnos según tipos de establecimientos; en fin, hay una dramática diferenciación social de acuerdo al tipo de establecimiento.

Hay niños vulnerables en lo socioeconómico y en lo familiar, porque el capital cultural de la familia y los barrios en que viven son decisivos. Esos niños están siendo forzosamente desintegrados. No se trata de que el proyecto busque la integración forzada; lo único que hace es evitar que se siga desintegrando, porque hoy existe una desintegración forzosa.

En el colegio Garden , de La Florida, hace 8 años, ningún alumno pagaba por la colegiatura; hoy están pagando 50 mil pesos. Más de la mitad de los alumnos, que son de financiamiento compartido, han tenido que irse del colegio. ¿Quién está provocando la desintegración? Así, seguimos con ese 1 millón 58 mil alumnos que están en el sistema y, por lo tanto, hay una barrera económica muy fuerte.

¿Qué está ocurriendo? Que los niños con más vulnerabilidad y problemas se están concentrando en algunos colegios municipalizados, y allí los profesores deben ser padres y educadores; deben cumplir muchos roles, pero el colegio no está preparado para eso. Lo lógico sería que se presentara una indicación, en el sentido de que no más del 70 ó 60 por ciento de los niños de un establecimiento municipal sean vulnerables; sería la contracara de lo otro para asegurar cierta diversidad e integración. Ojalá que tuviéramos otro tipo de discusión, no tan ideologizada; no una discusión del siglo XIX, como la del diputado Kast , sino una moderna, actual y futura, que apunte a lograr una educación más integradora y que contribuya al desarrollo del país.

Los colegios municipales no están preparados para atender a los niños que están en ciertas condiciones. Compadezco a los profesores que, en muchos casos, deben enseñar a niños que no tienen hábitos básicos de comportamiento social.

En el proyecto decimos que hay que concentrar los recursos en los colegios más vulnerables; muchos se quedaron atrás con la jornada escolar completa y en esos establecimientos hay que concentrar los recursos. Decimos también que hay un 15 por ciento de alumnos vulnerables en todo el sistema financiado por el sector público. Pero, como decía el diputado Bauer , esto no se hace de golpe, sino que en forma gradual: el año 2004 parte con los primeros años y después se aplica progresivamente. Las becas siempre estuvieron consideradas, independientemente de que la redacción puede ser perfeccionada. Creo que el 15 por ciento busca la integración, evitar la desintegración forzada.

En los colegios no se aprende sólo de los profesores, sino también de los demás alumnos, de la comunidad pedagógica. También queremos favorecer ese aspecto y desarrollarlo en la educación pública.

Lamento que el ministro de Educación no haya estado presente durante la discusión de este proyecto. Podría haber participado algún momento, y reclamo por eso porque es una iniciativa muy importante.

Con la ex ministra Mariana Aylwin habíamos llegado a acuerdo respecto de algunas indicaciones que tengo en mi poder y que retiramos a petición suya. Digo esto a propósito de la caricatura que hizo el diputado Kast , en cuanto a que no hubo diálogo y discusión. Hubo mucho diálogo, discusión y perfeccionamiento de las normas. Con la ministra discutimos algo fundamental: que el número de alumnos por curso fuera menor en los colegios más vulnerables y que hubiera un profesor ayudante. Eso es fundamental; lo demás son meras buenas intenciones. Dijimos que era fundamental que en esos colegios hubiera un psicólogo y una asistente social. Se requieren recursos adicionales a los asignados a la educación, porque hay una realidad social desintegradora que debemos asumir. Dijimos también que había que tener capacidad para intervenir pedagógicamente esos establecimientos de la manera en que se ha hecho en las 66 escuelas de la Región Metropolitana. Hace dos o tres días, el diario “El Mercurio” dijo que era una maravilla; pero la verdad es que hasta hace poco se oponía a que se efectuara tal intervención. Se hizo, y hay que hacerlo en todos los establecimientos que tengan problemas. No podemos permitir que los colegios que han estado mal por años sigan estando mal. Debemos hacer un esfuerzo en ese sentido, sea quien fuere el dueño. Si el colegio no está funcionando, el ministerio debe tener la capacidad de buscar socios que le ayuden.

Siempre he pensado que el colegio de Patricia Matte , de Puente Alto, debería ayudar a varios colegios de los alrededores; debería tener convenios formales. Pero eso implica intervenir pedagógicamente, facultad que hoy el ministerio no tiene.

Además, hay que preparar profesores para los niños vulnerables; hoy no están preparados para ello, porque se supone que todos los niños son iguales.

Quiero decirles a los pro empresarios, a quienes defienden a los empresarios de la educación, que por favor ayuden a que haya un seguro para quienes no puedan pagar en los colegios particulares y particulares subvencionados. El millón y medio de estudiantes de Chile podrían perfectamente concordar con el sistema financiero un seguro que los proteja. Le digo al diputado Kast y a los demás colegas que quieren defender a los empresarios de la educación que ellos son una dimensión, pero no todo; son una parte. Y les pido que ayuden a generar instrumentos financieros que protejan a los colegios, porque los flujos de ingresos no pueden estar bajando y subiendo.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

¿Me permite, señor diputado ? El PPD le ha cedido su tiempo y, por lo tanto, dispone de cuatro minutos y medio más.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta , hay que dejar en claro que estamos discutiendo política pública para los 3 millones 300 mil estudiantes de enseñanza básica y media financiados por el Estado; para hoy y para mañana. Eso es lo que estamos discutiendo: política pública. No estamos discutiendo solamente los intereses de quienes manejan los colegios. Si reducimos el debate a lo que a ellos les preocupa e interesa tenemos una visión sesgada. Esto es mucho más amplio, porque la educación -vuelvo al comienzo- no sólo tiene que ver con prepararse para ir a trabajar, sino que con prepararse para ser ciudadano y construir una identidad como país a través de códigos culturales. En otras palabras, tiene que ver con la construcción de una sociedad. Eso es la educación para los que tenemos la visión que tuvo "El Mercurio", en el siglo XIX, en contra de sectores ultraconservadores, quizás como algunos de los presentes. Con todo, debemos mirar la educación como una responsabilidad de toda la sociedad.

Termino haciendo presente a los diputados de la UDI que estoy convencido de que tenemos diferencias profundas en el concepto de sociedad en relación con la educación, pero no disfracemos esto diciendo que no fuimos serios, que no discutimos o que presentamos las indicaciones a última hora. Eso no es verdad. Se esconden en argumentos administrativos y técnicos para no ir al fondo del asunto.

Discutamos el fondo. ¿Queremos una educación integradora o queremos que cada uno se arregle por su cuenta? ¿Queremos que la sociedad, a través del Estado, construya este bien público que es la educación y que tengan acceso a él todos los niños que tienen talento? Los niños y jóvenes talentosos no están solamente entre los que tienen dinero, como decía Carlos Peña hace algunos días. Están repartidos por igual en toda la sociedad. El punto es que la sociedad sea capaz de dar las oportunidades para que los talentos se desarrollen. He ahí nuestro desafío. Nosotros tenemos una idea de sociedad y de educación que responde a ese concepto. La educación no es puramente un problema privado, sino del conjunto de la sociedad.

Desde esa perspectiva, llamo a la UDI a ir a un debate real y de fondo, no a esconderse en argucias técnicas y administrativas, porque con eso no están engañando a nadie. No sé dónde está el cambio. Quieren que no cambie nada, que quede todo igual; que sigamos con los mismos problemas. Queremos superar los problemas de calidad y mejorar la educación. A ese objetivo apunta nuestro proyecto.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor patricio Walker.

El señor WALKER.-

Señora Presidenta , quiero agradecer a los integrantes de la Democracia Cristiana que estuvieron trabajando en el tema en las comisiones de Educación, Deportes y Recreación y de Hacienda, particularmente a los diputados señores Eduardo Saffirio y Carlos Olivares , en la primera, y en la segunda, a los diputados señores Lorenzini , Ortiz y Silva .

Voy a obviar mi intervención respecto del contenido general del proyecto. Sólo quiero señalar que la Democracia Cristiana tenía dudas, aprensiones y precisiones respecto de algunos puntos. Por eso, quiero agradecer al ministro de Educación , don Sergio Bitar , por la apertura que tuvo y por la posibilidad de dialogar y llegar a acuerdos importantes.

El primer punto dice relación con la incorporación de alumnos que están en una situación económica y familiar de vulnerabilidad social. El proyecto establece que los colegios particulares subvencionados, de financiamiento compartido, deben incorporar un 15 por ciento de niños vulnerables en sus matrículas. Esto es muy importante, porque existe desintegración, desigualdad y un abismo enorme entre la gente que tiene y la que no tiene oportunidades. Por eso, producir nexos o puentes entre sectores que muchas veces no se conocen, nos parece relevante.

Sin embargo, teníamos ciertas dudas respecto de si con la redacción aprobada por las comisiones de Hacienda y de Educación, se consagraría este principio de manera libertaria, esto es, que el 15 por ciento opere en la medida en que exista una demanda igual o superior a esa cifra. De lo contrario, en caso de que no haya una demanda, se obligaría a niños de colegios particulares subvencionados -por ejemplo, uno de Vitacura-, a ir a comunas populares. Eso, de alguna manera, significaría “cazar” niños pobres para cumplir con el 15 por ciento, lo que es indigno tanto para el niño destinatario o beneficiario como para su familia, pues, en definitiva, los transformaríamos en conejillos de india.

Con la nueva redacción -no digo que la anterior no lo establecía- el punto quedó más claro, pues hoy asegura que esto operará cuando exista demanda suficiente para cubrir el 15 por ciento de alumnos vulnerables, de modo de cumplir con el principio de mayor equidad e integración.

También resulta relevante que las becas se imputen al 15 por ciento de alumnos más vulnerables. El diputado señor Montes señalaba que eso ya estaba incorporado en la legislación actual. Sin embargo, la redacción que se propone clarifica de mejor manera este punto y no deja dudas de que así se debe proceder.

Asimismo, preocupa la viabilidad financiera del proyecto. Existen personas que han hecho un esfuerzo importante -el diputado Montes puso un ejemplo relativo a Puente Alto-, muchas de las cuales han efectuado inversiones millonarias.

También se encuentra el tema de la gradualidad, concepto que se ha aplicado a la reforma procesal penal y que el Presidente Lagos ha señalado que también será recogida en el Plan Auge. Aunque siempre estuvo presente en el espíritu del proyecto en discusión, se presentaron dudas al respecto. Con todo, el tema quedó suficientemente precisado en el transcurso del debate.

Otro punto importante consiste en resguardar que en los procesos de selección no se incurra en prácticas de discriminación arbitraria cuando los alumnos participen en procesos de selección y hubiere más demanda que oferta. A nuestro juicio, los establecimientos pueden ejercer el derecho de selección, pero sin discriminar en forma arbitraria. Por eso, nos parece importante que se cumplan las disposiciones relacionadas con los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Nos parece relevante el cobro por selección de alumnos y que se haya establecido que el arancel no podrá superar el monto fijado por el Ministerio de Educación, es decir, 3 mil 500 pesos.

Respecto de la renovación de matriculas para el año siguiente, no podrá aducirse como causal para no otorgarla el hecho de que el alumno se encuentre moroso, excepto en caso de que la deuda subsista al momento de renovar la matricula. Originalmente se hablaba de mora, concepto que no sólo incorpora la idea de incumplimiento, sino elementos subjetivo-jurídicos que llevan justamente a la judicialización del cobro de los aranceles y mensualidades. En tal sentido, me alegro de que el proyecto reconozca esta situación como pagos pendientes y no como mora.

Por último, me alegra que se hayan incorporado normas adicionales de fiscalización para las corporaciones municipales. No es posible que los ingresos educacionales dirigidos a las corporaciones municipales se destinen a fines distintos de los objetivos delineados por el Ministerio de Educación. Las corporaciones municipales no pueden ser cajas negras para pagar favores políticos, financiar campañas, pagar a invitados extranjeros que vienen a disertar sobre seguridad ciudadana, etcétera. En tal sentido, el proyecto otorga a los concejos municipales no sólo la facultad de pedir información -de hecho, la tienen, pero no la utilizan-, sino de aprobar presupuestos e informes respecto de cómo se van a gastar los dineros. La idea es que los recursos se inviertan en fines educacionales. El hecho de informar esas materias a la Contraloría General de la República nos parece tremendamente relevante. No obstante las facultades con que cuenta ese organismo, no existe fiscalización respecto de cómo se utilizan los dineros específicamente en el ámbito educacional. En tal sentido, resulta muy importante que exista una obligación permanente, periódica y sistemática de informar estas materias y someterlas a discusión y votación en los concejos respectivos, como asimismo, entrega facultades en este campo a la Contraloría General de la República.

En todo caso, existen temas pendientes, como el seguro escolar. He sostenido reuniones con el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares , señor Walter Oliva, quien me informó que aquél se está implementando.

Por último, deseo señalar que las indicaciones presentadas nos satisfacen plenamente, por lo que daremos la unanimidad para que se voten. Ellas constituyen un gran avance y enriquecen el proyecto desde el punto de vista de la equidad y de la integración social, de modo de evitar los dos Chile que hoy tenemos, que no tienen vasos comunicantes y que producen desigualdad, discriminación y arbitrariedad.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En el tiempo que le resta a la UDI, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor José Antonio Kast .

El señor KAST.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero hacer reserva constitucional de los siguientes artículos:

Artículo 1º, número 11; artículo 2º, números 1, 2, 3. Del número 2, letras a), b), d) y f). Número 5; artículo 5º, números 1, 6, 7, 8, 13; artículo 7º; artículo 8º; artículo 9º; artículo 10; artículo 11; artículo 12; artículo 13.

Quiero aprovechar estos minutos para comentar la intervención del colega Montes.

Uno no tiene para qué hacer caricatura de ciertas cosas. Pero, en general, debe mantenerse la tranquilidad, la tolerancia. Creo que no corresponde descalificar a personas, como ocurrió conmigo en la propia Comisión.

Efectivamente, no me integré al inicio del trabajo, sino que a mitad del año pasado. No obstante, hice varios aportes, junto a otros diputados. Estudiamos en profundidad la materia. Por eso, tengo bastante información y sé de la jornada escolar completa.

Argumentar que uno no entendió lo que sucedió en la Comisión, que preside el señor Montes, con quien se concordaron varias cosas, me parece mal, una falta de tolerancia. Su posición es dogmática en muchos puntos.

Ha sido muy bueno el aporte que ha hecho la iglesia a las instituciones educacionales, incluso el del sector privado, pero el hecho de que uno crea que esos aportes son positivos no quiere decir que sean malos para otro sector.

Debe aprender a ser tolerante. No vale la pena alterarse. Pensé que iba a hacer una intervención más de fondo e iba a aludir aspectos puntuales de la reforma que él lidera.

Dije que no se había escuchado a nadie. En el mes de enero se presentaron varias indicaciones; se hicieron seminarios sobre los consejos escolares, pero con las instituciones municipalizadas, no con los particulares subvencionados, ámbito que fue reformado en enero. Se tuvo conocimiento de sistemas de consejos escolares voluntarios, no de los obligatorios, que después los planteó el propio señor Montes.

Igual cosa ocurrió con la vulnerabilidad. Fue indicación del señor Montes. Primero fue el 20 por ciento, que finalmente quedó en el 15, con algún arreglo del Ejecutivo. Estos temas se presentaron en enero y sobre ellos no hubo una discusión pública. A eso se refiere mi alusión.

Debe mantenerse la tranquilidad, la calma; no exasperarse cuando alguien piensa distinto. Las cosas positivas nacen cuando uno es capaz de compartir ideas y discutirlas.

Así como en el eslogan de don Patricio Aylwin, cuando se llamaba a votar en el plebiscito, yo digo, sin violencia y sin odio, no a muchos puntos de esta reforma.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Finalmente, en los dos minutos que restan de la bancada PS-PPD, tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta , ahora el diputado señor Kast cambia tono, en circunstancias que hace poco rato decía que éramos mercanchifles, ya que nosotros queríamos mantener un porcentaje de un 20 por ciento de alumnos en situación de vulnerabilidad y no un 15 por ciento como finalmente quedó. La idea era que hubiera una integración mayor.

Ahora cambia el tono y trata de decir que él ha sido maltratado. Lo que he dicho es que los argumentos son, en general, propios del siglo pasado y que no estamos discutiendo cómo provocar integración en educación, sino viendo cómo asumimos la realidad diversa de los estudiantes.

Usted es diputado por San Bernardo y no asume que hay niños en esa localidad a los cuales el colegio debe responderles mucho más integralmente y no sólo repetir lo que se hace en otros establecimientos; que no pueden utilizarse los mismos colegios y que algunos niños deben tener la posibilidad de ir a otros y que no tienen que pagar porque el Estado los sostiene. En fin, creo que se va matizando.

Diputado señor Kast , ¿usted sabe que respecto del proyecto de financiamiento compartido, en segundo informe, entre medio se vio una indicación sobre la cual no hubo debate? Se impuso sin debate en el Congreso. ¡Cero debate! Una modificación al financiamiento compartido. No me refiero a la época de la dictadura. Me refiero a la modificación que lo flexibilizó.

El señor ULLOA .-

Se modificó ahora.

El señor MONTES.-

¡No, señor! Lo creó la dictadura en 1988. Lea la historia del financiamiento compartido.

Uno se exaspera, a veces, cuando no se dice la verdad, porque tenemos que partir diciendo la verdad. La Comisión, como se reconoció, trabajó seriamente y muchas horas, escuchó a mucha gente que vino a hacer un balance de la reforma, hizo sus propuestas y, al final, como nos corresponde a los diputados, sacamos nuestras conclusiones. Si se descalifica esa manera de trabajar, podría haberse hecho en otro momento. Se llegó tarde. A lo mejor no se entendió que estábamos haciendo un balance y no sólo discutiendo la fecha, porque debatimos mucho más que eso y basta leer el debate del primer informe.

Además, me parece grave decir que porque buscamos una educación integrada estamos en contra de la iglesia. Gran parte de los miembros de la Cámara y de esta bancada somos católicos. Yo lo soy. No se pretenda tener el patrimonio de ser o no ser católico. Me preocupa mucho lo ocurrido con la iglesia. Cuando presidí esta Corporación, hablé con el cardenal y con el vicario de la Educación, a quienes les señalé que estamos haciendo mucho daño, porque la iglesia se está prestando para la segmentación. ¿Por qué no buscamos la integración?.

-Hablan varios señores diputados a la vez.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Señores diputados, no deben interrumpir a quien tiene la palabra.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta, para Chile, para los que tenemos formación cristiana y queremos una mejor sociedad,...

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señor Montes, se le acabó el tiempo.

El señor MONTES.-

...es fundamental que exista integración social. Segmentar, separar, desintegrar y convertir la educación en un negocio es malo para Chile. La educación no puede ser un negocio, es algo que la sociedad debe proveer como bien público fundamental a todas las personas, particularmente a todos los niños y jóvenes con talento.

He dicho.

-En conformidad con el artículo 85 del Reglamento se incluyen las siguientes intervenciones no pronunciadas en la Sala y que cumplen con lo dispuesto en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo:

El señor JARPA .-

Señora Presidenta , estimados colegas, desde el año 1990 se está implementando un proceso de reforma educacional que tiene por objeto lograr el mejoramiento de la calidad y de la equidad de la educación, de manera tal que todos los niños tengan acceso a una educación que les permita enfrentar con éxito los desafíos de un mundo crecientemente más complejo.

Es necesario dejar constancia de que este proceso de reforma, en todo caso, es heredero de otros que se han desarrollado en el país. Sólo por mencionar las últimas décadas debemos señalar que en los años sesenta se dio inicio a un proceso que significó ampliar el número de plazas escolares en cerca de un millón, lo que se concretó entre los años 1965 y 1973. Durante los años ochenta se implementaron las primeras medidas del proceso de descentralización de la educación traspasándose la gestión de los establecimientos educacionales a las municipalidades y al sector privado. Por último, en 1990 se dio inicio a dos programas para apoyar la gestión educacional de los establecimientos más pobres: el Programa de las 900 Escuelas (P-900) y el programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (Mece).

El actual proceso de reforma educacional tiene su origen en un diagnóstico socialmente compartido que puede resumirse en: baja calidad de la oferta educativa, retraso respecto del avance del conocimiento, poca atracción sobre los educandos y desajuste respecto a las necesidades sociales y del campo de la producción. Para dar respuesta a esas deficiencias el proceso de reforma actúa sobre cuatro ámbitos considerados claves, que se denominan los cuatro pilares de la reforma: Reforma Curricular, Desarrollo Profesional Docente, Programas de Mejoramiento e Innovación y Jornada Escolar Completa Diurna. Muy sucintamente, cada uno de estos pilares se pueden conceptuar como “saberes y competencias para hoy y el futuro, y nuevos modos de aprender y enseñar”; “apoyos y estímulos para los educadores, actores principales del proceso”; “apoyo con más y mejores materiales y recursos”, y “más tiempo para aprender”.

De estos cuatro pilares, el que nos ocupa en esta oportunidad es el de la jornada escolar completa diurna. Previamente, es necesario destacar que la jornada escolar completa no es la reforma educacional, puesto que ésta se inició en 1990 con los programas P-900 y Mece, anteriormente señalados. Tampoco lo es la enorme inversión en infraestructura educacional que está realizando el Estado en conjunto con el sector privado. La jornada escolar completa, como ya se indicó, es uno de los pilares de la reforma, no la reforma en sí. La infraestructura que se está implementando para llevar a cabo la extensión de la jornada escolar es necesaria para contar con el medio físico para que ésta se desarrolle, pero ella no es la reforma.

La jornada escolar completa, en esencia, aumenta la jornada escolar de 30 a 38 horas semanales de trabajo escolar en enseñanza básica y de 38 a 42 horas semanales de trabajo escolar en la enseñanza media. Este mayor tiempo de trabajo escolar en los establecimientos educacionales subvencionados del país, que implica un total de 1.520 horas anuales de trabajo escolar en enseñanza básica y 1.680 horas anuales en enseñanza media, lo que en promedio significa 200 horas cronológicas anuales más de trabajo escolar, conlleva los siguientes beneficios: más tiempo para el desarrollo de las actividades docentes, tiempo suficiente para responder a los requerimientos derivados de los nuevos objetivos fundamentales y contenidos mínimos para la enseñanza básica y media; la adecuada alternancia entre el trabajo intensivo del aula, los recreos y actividades complementarias; la realización de actividades de apoyo reguladas, como el estudio controlado, el fortalecimiento de la identificación de los estudiantes y sus familias con el establecimiento educacional; aumenta el tiempo de permanencia en la escuela de los niños que enfrentan un medio ambiente hostil, preservándolos de los riesgos y apoyando a las madres que trabajan; la obligación de mejorar la infraestructura educacional, y la generación de condiciones para un trabajo docente de mayor calidad.

Es necesario tener claro que la reforma educacional es un proceso, es decir, se va desarrollando y tomará varios años en implementarse en forma total, por lo que constituye una “política de Estado” y no un gobierno en particular. Lo mismo ocurre con la implementación de la jornada escolar completa.

El proyecto de ley, en este trámite reglamentario, fue modificado en varios aspectos al hacer extensiva la cuenta del director no sólo ante la comunidad escolar, sino también ante sus organizaciones, e incorporar nuevas materias sobre las que el director debe informar.

En primer término, lo relativo a la cuenta que deben rendir los directores de establecimientos educacionales, de conformidad con el artículo 11 de la ley Nº 19.532 y a las facultades que se les otorgan.

En segundo lugar, lo que se refiere a los requisitos, acreditación y concursabilidad para acceder al cargo de director.

Y, como tercer tema, la propuesta contenía indicaciones acerca de la creación de los consejos escolares.

Después de estudiar estos temas he llegado a la conclusión de que la jornada escolar completa necesita de esas indicaciones, ya que dicen relación con temas tan importantes como la idoneidad del director del establecimiento educacional; el consejo escolar, como también algo tan importante como la discriminación, tanto por la pobreza del educando como sus problemas sociales, tales como maternidad o paternidad adolescente, mora, etc.

Como dije anteriormente, este proyecto se preocupa de sumar un precepto que modifica el artículo 2º de la ley Nº 18.962, orgánica constitucional de Enseñanza, que por su naturaleza será de aplicación general, con el objeto de no permitir que se suspenda, se cancele la matrícula o se expulse a escolares por causales que deriven de la situación socioeconómica de sus padres o apoderados.

De igual manera prohíbe limitar de manera alguna el ejercicio de los derechos comprendidos en la prestación del servicio educacional o retener documentación alguna de los alumnos por los motivos precedentemente señalados.

No obstante, se deja establecido que lo anterior es sin perjuicio del derecho que le asiste a los establecimientos educacionales de recurrir a todos los instrumentos legales que les permitan asegurar, exigir y cobrar al padre o apoderado que suscribió la matrícula el pago de lo comprometido. Sobre esta materia el proyecto establece sanciones a las infracciones referidas a los preceptos recién transcritos.

Por esto, señora Presidenta , por el bien de la educación y por ser ésta el baluarte de nuestro partido, aprobaremos este proyecto de ley para que en nuestro país haya una mejor igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, como también un crecimiento sustentable de nuestra riqueza cultural y educacional.

He dicho.

La señora VIDAL ( doña Ximena).-

Señora Presidenta , el informe del diputado González ha sido completo y detallado, por eso me gustaría compartir algunas ideas más generales.

Hace un par de semanas hemos conocido los resultados de la prueba Simce, los que han puesto en duda la efectividad de la reforma educacional y, en especial, la aplicación de la jornada escolar completa, tanto en la educación básica como media.

Incluso el propio ministro de Educación ha reconocido que resultados no son favorables y que todavía queda mucho por hacer. Estamos claros que esta señal no debe desanimarnos, como decía Sergio Bitar , por el contrario, nos debe impulsar a preocuparnos más por el sistema escolar y a preguntarnos cómo podemos, desde nuestro trabajo parlamentario, gobierno y sociedad, lograr mayores grados de calidad y de equidad para que nuestros niños y jóvenes, quienes -aunque suene demasiado cliché- son el futuro de este país, pero sobre todo son el presente, por lo que merecen y necesitan herramientas claras y adecuadas para que puedan enfrentar los nuevos desafíos de este mundo global.

Tenemos claro que la jornada escolar completa es un proceso, el cual, poco a poco, se está desarrollando en todo el país.

A través de las diversas indicaciones hechas a este proyecto de ley, esperamos haber canalizado las diferentes falencias legales que encontramos en el tema de la educación, con las que nos vemos enfrentados hoy en día; creemos que es un gran paso que damos como país.

Los resultados de la prueba Simce , como indicador, han servido para saber en cuales áreas debemos colocar nuestro mayor énfasis y para contribuir a que se creen normas claras y eficientes que permitan alcanzar las metas de aprendizaje del período educativo fijado al inicio de cada año escolar, así como el cumplimiento y desarrollo de las estrategias educativas destinadas a mejorar el aprendizaje. Preocupándonos, eso sí, de la labor docente y cómo ésta es incentivada para mejorar la calidad de los contenidos entregados.

La reforma educacional, que incluye la jornada escolar completa, es una de las grandes preocupaciones del gobierno de Ricardo Lagos, quien, a su vez, representa la preocupación de los chilenos y chilenas. Es por ello que debemos buscar, entre todos, facilitar la aprobación de este proyecto de ley.

Debemos tener en claro que, además de los esfuerzos que ya ha realizado el gobierno, vale decir, los recursos destinados al área educacional en infraestructura, aumento de salarios, inversión en material educativo, etcétera, todavía queda mucho más por hacer, puesto que todo lo anterior debe ser acompañado con medidas complementarias que nos permitan crear ese cambio de actitud frente a los nuevos desafíos, especialmente cuando éstos significan un gran esfuerzo por parte de los diferentes sectores, tanto políticos como privados y de los principales protagonistas: alumnos, educadores, padres y apoderados.

No podemos quedarnos de brazos cruzados, por el contrario, debemos fomentar esta reforma educacional para que sea una buena respuesta a las diferentes necesidades de nuestra educación. Debemos incentivar, además, a la comunidad estudiantil, a alumnos y profesores de colegios y escuelas, para que se sientan parte del proceso en forma positiva, lo que nos permitirá, poco a poco, ir mejorando la calidad de la educación, logrando de esa forma elevar el conocimiento de nuestros estudiantes.

Por último, quisiera resaltar las siguientes modificaciones propuestas a este proyecto de ley:

1. Las nuevas facultades de los directores de establecimientos educativos. O sea, más responsabilidades en la calidad y entrega de la información que requieren los padres y apoderados.

2. La creación del consejo escolar. Ello responde a la necesidad de contar con una instancia de participación real, lo que este proyecto plantea como un derecho legal, que permite a los diversos actores, en este caso, padres, alumnos, directores y sostenedores, coordinar, supervisar, revisar y proponer con el objeto de mejorar los resultados.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Cerrado el debate.

Recuerdo a los señores diputados y señoras diputadas que el proyecto se votará mañana.

PERFECCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA. Primer trámite constitucional.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar en particular el proyecto de ley que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.

Hay votaciones separadas solicitadas por diversos colegas y, además, indicaciones. Pido especial atención para seguir el orden de la votación, artículo por artículo.

Por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, se declaran aprobados los artículos 3º y 4º permanentes y 1º transitorio.

Durante la discusión particular del proyecto, algunos señores diputados solicitaron a la Mesa declarar la inadmisibilidad de ciertas indicaciones aprobadas en el segundo trámite reglamentario, por cuanto ellas estarían fuera de las ideas matrices contenidas en el proyecto que votaremos a continuación.

El vicio de inconstitucionalidad afectaría a las siguientes disposiciones: artículo 2º, en sus números 1) y 2), letras a) y b), y artículos 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12 y 13.

A la Mesa le asiste el pleno convencimiento de que en el mensaje en virtud de la cual se dio inicio a este proyecto, claramente se expresa que las reformas que se desee incorporar al régimen de jornada escolar completa guardan relación con un sinnúmero de materias, entre las que se enumeran el aumento del plazo para el ingreso al sistema, el perfeccionamiento de los sistemas de financiamiento e inversión, la ampliación de sujetos beneficiados con este financiamiento, la mayor participación e información de la comunidad escolar, etcétera.

A juicio de la Mesa, las disposiciones cuestionadas se relacionan directa o indirectamente con las ideas matrices consignadas en el respectivo mensaje. Para llegar a este convencimiento la Mesa tuvo a la vista y analizó lo preceptuado en el artículo 66 de la Carta Fundamental; en los artículos 23, 24 y 25 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, y en las sentencias del Tribunal Constitucional, recaídas en los autos 174, del 4 de octubre de 1993, y 259, del 26 de septiembre de 1997.

Por consiguiente, la Mesa de la Corporación resolvió desestimar la solicitud formulada, y declarar que las normas en cuestión no contienen vicios de inconstitucionalidad imputados y que, por el contrario, se enmarcan plenamente en las ideas matrices del proyecto.

En cuanto a la solicitud que formulara el diputado señor José Antonio Kast respecto a calificar como de ley orgánica algunas disposiciones de esta iniciativa, la Mesa ha determinado que corresponde votar, con ese carácter, además del artículo 13 señalado por la Comisión técnica, el artículo 2º, número 1, producto de una indicación del Ejecutivo ; el artículo 5º, número 8, y el artículo 6º del proyecto.

A modo de información, me permito indicar a la Sala que el número 8 del artículo 5º dispone que el alcalde debe consultar al concejo acerca de la remoción del director de un establecimiento educacional, materia que, según el artículo 108 de la Carta Fundamental, debe regularse en virtud de una ley orgánica.

Por otra parte, el artículo 6º deroga el artículo 1º transitorio de la ley Nº 19.410, norma que fue consultada en su oportunidad al Tribunal Constitucional, el que, mediante sentencia recaída en los autos Rol Nº 265, del 30 de octubre de 1997, declaró que esa disposición tenía el carácter de orgánica constitucional.

Por último, la indicación que reemplaza el inciso tercero del artículo 2º entrega a las municipalidades la facultad de nombrar a una persona para que asuma la calidad de sostenedor y ordena que el presupuesto anual sea aprobado por el concejo municipal en la forma y condiciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades.

Tiene la palabra el diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta , usted señaló que el artículo 2º, número 1, sería de quórum calificado por la indicación del Ejecutivo, pero lo aprobado por la Comisión no tendría ese carácter.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Kast.

El señor KAST .-

Señora Presidenta , las dos normas son de quórum calificado, porque ambas modifican puntualmente el tema de las corporaciones municipales y la forma en que los municipios van a administrar los dineros. En su oportunidad pedí a la Mesa que se pronunciara respecto de las normas de la Comisión, no sobre la indicación del Ejecutivo.

Por último, como determinados numerales de los artículos 1°, 2° y 5° no han sido objeto de indicaciones ni se ha solicitado votación separada, sugiero darlos por aprobados.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señor diputado , respecto del segundo planteamiento, más adelante la Mesa estudiará votar en bloque los numerales que así lo ameriten. Sin embargo, mantendré el procedimiento de votar el proyecto artículo por artículo. La Mesa no abrirá discusión sobre el particular, pues ya manifestó su parecer al respecto.

Tiene la palabra el diputado señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ .-

Señora Presidenta , mantengo reserva de constitucionalidad respecto de los artículos que no fueron acogidos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señor diputado , está en su derecho de mantener reserva de constitucionalidad e, incluso, de hacer una presentación ante el Tribunal Constitucional.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación renovada de los diputados señores Álvarez, Ulloa, Kast, Uriarte, Correa y Forni, cuya finalidad es sustituir, en la letra a) del numeral 1 del artículo 1°, la frase "del sector municipal, municipalidades y corporaciones municipales y los particulares considerados vulnerables socioeconómica y/o educativamente" por la frase "vulnerables, sean municipales o particulares subvencionados.".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Alvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la letra a), en los términos que consigna el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto, Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde pronunciarse sobre la letra b).

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación es de los mismos señores diputados, para eliminar la palabra "particulares" en el inciso propuesto: "Los demás establecimientos particulares subvencionados deberán funcionar en el régimen de jornada escolar completa diurna a contar del inicio del año escolar 2010".

Reitero a los honorables señores diputados que la indicación tiene por objeto eliminar la palabra "particulares".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 51 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

En votación la letra b), tal como figura en el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bertolino, Galilea (don José Antonio), Martínez y Monckeberg.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, con la misma votación se dará por aprobado el resto del numeral.

Aprobado.

Corresponde pronunciarse sobre la letra a) del numeral 3 del artículo 1º.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación es de la Comisión de Hacienda, y tiene por finalidad sustituir, en el inciso primero del artículo 4º, la expresión "año escolar 2006" por "año escolar 2009".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 56 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Corresponde votar el numeral 3) que figura en el informe.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 28 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Luksic, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Forni, García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Masferrer, Molina, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Víctor), Prieto, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Me permito señalar a la Sala que el diputado señor Girardi registró pareo con el diputado señor Longton.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señores diputados, corresponde votar el numeral 6) del artículo 1º.

En este número se ha pedido votación separada de los incisos segundo y tercero, y se ha renovado indicación para eliminarlos.

Se va a votar el inciso segundo del artículo 5º bis propuesto.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta, solicito que se lea lo que vamos a votar.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Así se hará, señor diputado .

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

"Asimismo, podrán postular al aporte suplementario por costo de capital adicional los sostenedores de establecimientos subvencionados reconocidos oficialmente para incorporar un nuevo nivel completo de enseñanza (básica o media), siempre que se cumplan los requisitos y plazos señalados en el inciso anterior".

La indicación tiene por finalidad suprimir los incisos segundo y tercero.

El señor MASFERRER.-

¿Quién es el autor?

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

El mismo señor diputado .

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el inciso segundo del artículo 5º bis propuesto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Pérez ( doña Lily) y Rojas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar el inciso tercero del artículo 5º bis propuesto.

El señor MONTES.-

Solicito que se lea, señora Presidenta.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

"En todo caso, los establecimientos o niveles que se creen de acuerdo con este artículo, deberán funcionar con la totalidad de sus cursos desde que obtengan el reconocimiento oficial".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bayo, Delmastro y Rojas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, con el mismo resultado de la votación anterior se aprobará el resto del numeral 6) del artículo 1º.

Aprobado.

A continuación, corresponde votar el numeral 11.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación de la Comisión de Hacienda.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación de la Comisión de Hacienda propone reemplazar, en el inciso primero del numeral 11, las expresiones "deberán presentar a la comunidad escolar y a sus organizaciones" por "deberán publicar en un lugar visible del recinto y entregar a los padres y apoderados que lo soliciten".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 53 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

En votación el numeral 11) en la forma consignada en el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado, Álvarez, Dittborn, Norambuena y Paya.

La señora ALLENDE, doña Isabel, ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, con el mismo resultado de la votación anterior se dará por aprobado el resto del artículo 1º.

¿Habría acuerdo?

Aprobado.

Corresponde votar el artículo 2º.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación sustitutiva del numeral 1.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación de su Excelencia el Presidente de la República es para reemplazar el inciso tercero en el artículo 4º, por el siguiente:

"Los servicios educacionales del sector municipal, ya sean administrados a través de sus Departamentos de Educación Municipal o por las Corporaciones Educacionales creadas por éstas, deberán nombrar especialmente una persona que asumirá la calidad de "sostenedor" con todos los derechos y las obligaciones que a éste competen. En ambos casos el presupuesto anual deberá ser aprobado por el Concejo Municipal, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 81 y 82 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Asimismo, los sostenedores antes mencionados tendrán la obligación de informar mensualmente al Concejo Municipal de la ejecución presupuestaria de los servicios educacionales que administran, de acuerdo a las clasificaciones presupuestarias establecidas conforme al artículo 16 del decreto ley Nº 1.263, de 1975, debiendo remitir las municipalidades dicha información a la Contraloría General de la República, en las fechas que ésta determine".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

La indicación sustitutiva requiere un quórum de 64 votos para su aprobación.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 46 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada la indicación por no alcanzar el quórum requerido.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Babuer, Bayo, Becker, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez ( don Ramáon), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Ulloa, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Rojas y Uriarte.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Corresponde votar el artículo tal como viene propuesto en el informe.

Un señor DIPUTADO .-

¿También es de quórum calificado, señora Presidenta ?

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Esto no requiere quórum especial, señor diputado .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvo el diputado señor Araya.

El señor CORREA.-

Pido la palabra por un asunto reglamentario.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor CORREA.-

Señora Presidenta , solicito que quede constancia en el acta de que esta materia requiere, para su aprobación, de quórum calificado, para invocarlo en los trámites que corresponda.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidente ).-

Muy bien, señor diputado . Así se registrará.

Corresponde votar la letra a) del numeral 2) del artículo 2°. El señor Secretario va a dar lectura a la indicación del Ejecutivo.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación de su Excelencia el Presidente de la República es para modificar el N° 2), que introduce cambios en el artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, de la siguiente forma:

"a) Agrégase en el literal a), que incorpora una letra a bis, nueva, a continuación del primer punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente frase:

"La infracción a esta norma será sancionada conforme al artículo 43 de esta ley".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 35 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sáncheza, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Masferrer, Molina, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Vargas.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

En votación el resto de la letra a) del numeral 2).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Bertolino, Galilea (don José Antonio), Guzmán (doña Pía) y Vargas.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Martínez, Monckeberg y Salaberry.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El señor Secretario va a dar lectura a una indicación renovada.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación renovada de los diputados señores Espinoza y Tarud"Que cuenten con un reglamento interno que rija las relaciones entre el establecimiento, los alumnos, los padres y apoderados. Dicho reglamento deberá contener una enunciación taxativa de los derechos de los docentes y de los niños y niñas adoles-centes en el espacio escolar, así como de sus deberes en el mismo. En dicho reglamento se deberán señalar las normas de convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por los cuales las conductas que lo ameritan y las instancias de revisión correspondiente, conforme a las normas que regulan el debido proceso u otras formas alternativas de resolución de conflictos. "Sólo se podrán aplicar sanciones o medidas disciplinarias obtenidas del reglamento interno. Las disposiciones del reglamento interno deberán ajustarse a la Constitución Política, los tratados internacionales, en especial la Convención de los Derechos del Niño y, en general, nuestra legislación. Las normas que se contrapongan con las disposiciones antes señaladas, se tendrán por no escritas y no podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento a conductas de la comunidad educativa. "La expulsión es una medida que atenta gravemente contra el derecho a la educación. Excepcionalmente, la expulsión de un alumno o alumna, por problemas de conducta, es un medida extrema y última, legítima sólo cuando la conducta del niño o niña o adolescente atente gravemente contra la integridad física o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Luksic, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Mora, Moreira, Norambuena, Olivares, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Villouta y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Burgos y Riveros.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

En votación la letra a) bis, tal como viene en el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvo el diputado señor Salaberry.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar la letra b) del numeral 2). El señor Secretario va a dar lectura a la indicación del Ejecutivo.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de su Excelencia el Presidente de la República para sustituir, en la letra b), el inciso primero del literal d) bis que se incorpora, por el siguiente:

"d) bis.- Los procesos de selección de alumnos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos y alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación del Ejecutivo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 99 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hernández, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvo el diputado señor Ibáñez (don Gonzalo).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, se dará por aprobada con la misma votación el resto de la letra b).

Aprobada.

El señor KAST.-

Pido la palabra.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor KAST .-

Señora Presidenta , no sometió a votación la indicación que se presentó a la letra b) del literal d) bis, cuyas letras a), b), c), d), e) y f) establecen las materias sobre las cuales el sostenedor deberá informar.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Ya aprobamos la letra b), señor diputado .

El señor KAST .-

Señora Presidenta , no se puede aprobar con la misma votación de la indicación del Ejecutivo, porque la nuestra es para eliminar la letra b) del literal d) bis, que señala: "b) Criterios generales de selección, entre los que deberán considerarse el tener el postulante uno o más hermanos en el mismo establecimiento, y el de estar domiciliado en la misma comuna".

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Acabamos de aprobar la indicación del Ejecutivo a la letra b) del numeral 2).

El señor KAST .-

Señora Presidenta , la indicación del Ejecutivo es para eliminar la primera parte del inciso primero, que dice: "Cuando haya más postulantes que vacantes,...". Eso se cambió por "Los procesos de selección...".

Aparte de lo anterior, presentamos indicación para eliminar la letra b), en la que se dispone que tienen prioridad los hermanos y los niños que viven en la misma comuna donde está ubicado el establecimiento educacional. Ésa es la indicación que se debe votar.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Corresponde votar la indicación del diputado Kast para eliminar la letra b) de la letra d) bis.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 58 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), Garcíaa-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Se abstuvo el diputado señor Bayo.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Corresponde votar la letra b) de la letra d), en los términos en que figura en el informe.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 32 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Pérez ( don Aníbal) y Urrutia.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Dittborn, Egaña, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Martínez, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Ulloa, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Corresponde votar el inciso segundo de la letra e), que se agrega por medio de la letra d).

Ello, porque los señores diputados pidieron votación separada de los incisos.

En votación.

-Durante la votación:

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Se ha solicitado por los señores diputados votación separada para el inciso segundo de la letra e), que se agrega, a través de la letra d), en la página 37 del informe de la Comisión de Educación. Dice: "En el caso de los establecimientos educacionales que implementen procesos de selección, el monto y condiciones del derecho o arancel que se cobrará a los padres para participar no podrá superar el valor de la matrícula fijado por el Ministerio de Educación".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Por favor, señor Secretario , clarifique el punto, porque aún quedan dudas.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

En la página 37 del informe de la Comisión de Educación, dice: "d) Agréganse como incisos segundo, tercero y cuarto de la letra e) el siguiente texto:"

Los señores diputados varias veces mencionados pidieron votación separada para esos incisos.

La Mesa ha puesto en votación el primer inciso de la letra d).

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvo el diputado señor Rojas.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Corresponde votar el inciso tercero que se agrega a la letra e) por medio de la letra d).

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Dice lo siguiente: "El no pago de compromisos económicos contraídos por el padre o apoderado con motivo del contrato de matrícula u otros con el establecimiento, no podrá servir de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los alumnos ni la retención de documentación académica,..."

La modificación consiste en agregar como incisos segundo, tercero y cuarto, de la letra e), el texto que figura en el informe de la Comisión de Educación.

En consecuencia, lo que acabo de leer corresponde al inciso tercero de la letra e), que se agrega.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 30 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Prieto, Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Recondo, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Delmastro y Rojas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El señor Secretario va a dar lectura a una indicación del Ejecutivo al inciso cuarto de la letra e), que se agrega, por medio de la letra d).

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Para sustituir, en la letra d), el nuevo inciso cuarto que se incorpora, por el siguiente: "Tampoco podrá aducirse esta causal como motivo suficiente para no renovar la matrícula de los alumnos que deseen continuar estudios en el establecimiento al año siguiente, excepto en el caso de existir deuda pendiente al momento de la renovación de la matrícula".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación del Ejecutivo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada la indicación.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Masferrer, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Recondo, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca y Moreira.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Corresponde votar la letra f).

El señor Secretario va a dar lectura a una indicación renovada.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación renovada por los mismos señores diputados, para suprimir la letra f) que se encuentra en la página 37 del informe de la Comisión de Educación.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la letra f) en los términos en que viene en el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Bertolino, Pérez ( doña Lily) y Rojas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobaría el resto del numeral 2).

Aprobado.

En el numeral 3) hay una indicación, a la cual va a dar lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

En la página 14 del informe de la Comisión de Hacienda se reemplaza el numeral 3) que intercala en el artículo 23 un inciso segundo, nuevo, que dice: "Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad a que se refiere la letra a) bis del artículo 6º no podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno", por el siguiente: "Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad podrán, cuando el director del establecimiento lo determine, eximirse del pago de los cobros que requiera el establecimiento. Para ello el director deberá considerar principalmente la condición socioeconómica del alumno y su familia".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Seguel, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Villouta y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

-Se abstuvo el diputado señor Galilea (don José Antonio).

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

En votación el texto tal como viene en el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 12 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado el numeral 3).

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Martínez, Masferrer, Monckeberg, Paya, Prieto, Recondo y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Galilea (don José Antonio), Molina, Moreira, Norambuena, Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Rojas, Salaberry, Ulloa, Urrutia y Varela.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde votar el numeral 4), nuevo.

El señor Secretario va a dar a conocer la indicación del Ejecutivo.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación de su Excelencia el Presidente de la República es para intercalar, a continuación del actual Nº 3), el siguiente Nº 4), nuevo, pasando los actuales 4) a 8) a ser 5) a 9), respectivamente.

"4) Agrégase al inciso quinto, del artículo 24, después de la expresión "grupo familiar", modificando el (.) por una (,), la siguiente oración:

"alumnos que se entenderán incluidos en el porcentaje establecido en la letra a) bis) del artículo 6º, cuando la exención del inciso 3º anterior sea total y corresponda a alumnos en condiciones de vulnerabilidad"."

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación del Ejecutivo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Lorenzini, Martínez, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Burgos y Luksic.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El señor Secretario va a dar lectura a la siguiente indicación del Ejecutivo.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Para agregar un número 10), nuevo, que dice: "10) Agrégase en el artículo 43, la siguiente letra h), nueva:

"h) No dar cumplimiento a la exigencia del artículo 6 letra a) bis, salvo que no se hayan presentado postulaciones suficientes para cubrir el porcentaje requerido."."

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación del Ejecutivo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación el resto del artículo 2º.

Aprobado.

El señor Secretario va a dar lectura a la siguiente indicación al artículo 5º, numeral 5), letra b).

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación es de los mismos señores diputados para agregar en la letra b) del artículo 24 bis), después de la palabra "Director", sustituyendo el punto por una coma, la siguiente frase: "cuando así lo determine el sostenedor en el llamado a concurso".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 59 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Delmastro y Moreira.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la letra b) en su forma original.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Masferrer, Molina, Monckeberg, Paya, Pérez (don Víctor), Recondo, Ulloa, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Cardemil, Prieto, Uriarte y Urrutia.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado con la misma votación el resto del numeral 5).

Aprobado.

Corresponde votar una indicación al numeral 6) que consiste en eliminarlo.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paredes, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Varela y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Delmastro, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Se abstuvieron los diputados señores:

García (don René Manuel), Moreira y Ulloa.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el numeral 6), en los términos en que aparece en el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 3 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Prieto, Recondo, Uriarte, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Moreira, Rojas y Urrutia.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El señor Secretario va a dar lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Los mismos señores diputados han presentado indicación para votar separadamente y suprimir, en el inciso tercero de la letra b) del artículo 32 que se agrega por el numeral 7), desde donde dice: "Con todo...", hasta "...llenar la vacante de Director".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 55 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Bertolino, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio); González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Se abstuvo el diputado señor Luksic.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el inciso tercero de la letra b) del artículo 32, tal como figura en el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Galilea (don José Antonio) y Urrutia.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación el resto del numeral 7).

Aprobado.

Se ha pedido votación separada para el numeral 8), que es de quórum calificado.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta, ¿es posible que se lea?

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Muy bien, señor diputado . El señor Secretario le va a dar lectura.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Dice así: "8) Agrégase, a continuación del artículo 32, el siguiente artículo 32 bis, nuevo:

"Artículo 32 bis. No obstante lo anterior, el Alcalde y/o gerente de la Corporación podrá previo informe fundado del Secretario Regional Ministerial de Educación , solicitar al Concejo Municipal la remoción de un director. En este caso, la resolución deberá ser acordada por los cinco sextos de sus miembros en ejercicio".

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

En votación el numeral 8).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 4 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leal, Lorenzini, Luksic, Martínez, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Valenzuela, Varela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Álvarez-Salamanca, Bertolino, Galilea (don José Antonio), Mora, Prieto, Urrutia y Vargas.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado, Molina, Norambuena y Rojas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El señor Secretario va a dar lectura a la siguiente indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Indicación renovada de los mismos señores diputados a las letras a), b) y c) del artículo 37, que se agrega por el numeral 13), para reemplazar los siguientes guarismos: en la letra a), "2005" por "2006"; en la letra b), "2006" por "2007", y en la letra c), "2007" por "2008".

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cardemil, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Villouta y Von Mühlenbrock.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación las letras a), b) y c) del artículo 37, tal como figuran en el informe.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez, Allende (doña isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Burgos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bertolino, Delmastro, Galilea (don Pablo) y Martínez.

-Se abstuvieron los diputados señores:

García-Huidobro y Varela.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Se ha pedido votación separada para el artículo 39 que se agrega por el numeral 13).

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Se ha pedido votar separadamente el artículo 39.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 39.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Galilea (don José Antonio), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Leal, Lorenzini, Luksic, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez ( doña Lily), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado, Álvarez, Barros, Bauer, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Martínez, Masferrer, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Ulloa, Varela y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvieron los diputados señores:

Rojas y Urrutia.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

En votación el resto del numeral 13).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kuschel, Leal, Luksic, Masferrer, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Von Mühlenbrock y Walker.