MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA.

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SANTIAGO, noviembre 3 de 1997

MENSAJE Nº 81-336/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

Una de las características de nuestro proceso de desarrollo y de nuestra evolución histórica, es la asimetría que es posible advertir entre, por una parte, el conjunto de transformaciones sociales y políticas que nuestro país ha experimentado en las últimas décadas y, por la otra, el estado de sus instituciones jurisdiccionales. Estas, como es sabido, no han acompasado su diseño institucional a los desafíos que plantea una sociedad cada vez más diversa y más compleja. Esa asimetría no sólo se manifiesta en la incapacidad estructural de nuestro sistema de administración de justicia para hacer frente al crecimiento del litigio que, desde hace ya un par de décadas, experimenta nuestro país, sino que se manifiesta también en la falta de correspondencia que es posible constatar entre los procedimientos previstos para producir decisiones jurisdiccionales y la extrema diversidad de los conflictos que comparecen ante la judicatura reclamando solución.

Así, el problema no consiste sólo en que nuestro sistema de administración de justicia posea deficiencias cuantitativas que le impidan hacer frente con prontitud y eficiencia a la cada vez más creciente cantidad de litigios, sino que el problema consiste, además, en que los diseños procedimentales con que cuenta nuestro país poseen deficiencias cualitativas que impiden a nuestros jueces dar una respuesta adecuada a la naturaleza y tipo de conflicto que ante ellos comparece. Los conflictos, hoy día, no sólo son más que aquellos que nuestro sistema es capaz de resolver, también son distintos a aquellos que pudieron imaginar quienes originalmente lo diseñaron. El desafío, en consecuencia, no sólo es aumentar la capacidad del sistema para resolver conflictos; es necesario, todavía, ocuparse del modo en que el sistema los resuelve, para que las decisiones que emita sean socialmente adecuadas y percibidas como legítimas.

La política de justicia del gobierno que presido se ha esmerado por encarar de manera sistemática y con sentido de Estado, ese grave desafío estratégico. El gobierno considera indispensable hacer frente a esas deficiencias de nuestro sistema de administración de justicia para favorecer, a la vez, el respeto de los derechos, por una parte, y la seguridad de las personas, por la otra; el respeto por el individuo, que es base de una sociedad democrática, por un lado; pero, al mismo tiempo, el fomento de un mínimo de virtudes comunitarias, indispensables para la prosecución de un proyecto nacional, por el otro.

El proyecto de reforma procesal penal -quizá la más importante modernización del estado en Chile desde su consolidación-; el fomento del uso de sistemas alternativos al jurisdiccional para la resolución de los conflictos, con el fin de aumentar y hacer más heterogénea la tutela de derechos que es capaz de ofrecer el estado; los programas de acceso a la justicia, que tienden a aumentar la información disponible y a prestar asistencia letrada a sectores marginados de la protección jurisdiccional; el aumento persistente y sostenido de recursos al sector justicia; y, en fin, el proyecto de tribunales de familia que ahora sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara, forman parte de ese proyecto sistemático de desarrollo de las instituciones jurisdiccionales que mi gobierno se ha esmerado en llevar a término, provisto de la convicción que se trata de un objetivo estratégico, que debe encararse con sentido de Estado y en especiales condiciones de imparcialidad. Porque referirse a la justicia no es aludir a intereses parciales, ni importa perseguir objetivos de corto plazo, pues nos estamos ocupando de las instituciones sociales básicas en que desenvolverán su vida innumerables generaciones de chilenos.

En el proyecto de tribunales de familia que ahora someto a vuestra consideración -y que, como se viene diciendo, forma parte de ese gran proyecto de modernización en el que los más diversos sectores del país han realizado persistentes y sistemáticos esfuerzos- se enlazan múltiples objetivos de política pública. Hacer explícitos esos objetivos de política pública, resulta imprescindible para poner de relieve la importancia crucial que para el conjunto de la sociedad chilena reviste este proyecto.

I. OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS GENERALES DEL PROYECTO

Ante todo, se trata de dotar a nuestro sistema de administración de justicia de órganos y procedimientos para hacer frente a un especial tipo de contencioso, para el cual hoy, nuestro ordenamiento, carece de una respuesta específica: el de naturaleza familiar.

En efecto, la justicia de menores que hoy existe en nuestro país, posee una inspiración conceptual y un diseño procedimental que no se condice ni con la especial naturaleza del contencioso familiar, ni, tampoco, con las exigencias que el derecho internacional de los derechos humanos -al que Chile se encuentra sometido por mandato constitucional- contempla.

Los conflictos de naturaleza familiar suelen poseer una naturaleza más bien sistémica. Respecto de ellos, las nociones habituales del derecho privado, como la culpa o las técnicas de responsabilidad, resultan inadecuadas. A la vez, el derecho comparado, y los instrumentos internacionales, aconsejan considerar a los niños que se relacionan con el sistema jurisdiccional, como sujetos de derecho que deben ser oídos, en un proceso interactivo, en que sus intereses sean especialmente considerados. La actual situación de la administración de justicia respecto de la niñez, la adolescencia y la familia es, pues, gravemente deficitaria. Esta es una situación especialmente grave, que debe ser corregida para dar cabal cumplimiento al deber del Estado de proteger la familia que proclaman el texto constitucional y múltiples instrumentos internacionales.

Si hasta hace algunas décadas los ritmos tradicionales de la sociedad chilena permitían entregar buena parte del contencioso familiar a una resolución más bien espontánea o a mecanismos informales de control social, hoy día ello ya no es posible.

Los procesos de modernización en Chile han debilitado los grupos primarios de pertenencia y, entonces, la juridificación del conflicto de familia tenderá, inevitablemente, a acrecentarse.

De ahí que corresponda al Estado emprender una política que, con sentido estratégico, pueda hacer frente a esa realidad.

Pero no se trata únicamente de dar una respuesta -hasta ahora inexistente- al contencioso familiar. Se trata, todavía, de que esa respuesta sea socialmente adecuada a las especiales características que reviste este tipo de conflicto.

El diseño predominantemente adversarial del procedimiento judicial chileno; su extrema escrituración; la alta mediación que es posible advertir entre el juez llamado a proveer la decisión al conflicto y un conjunto de funcionarios no letrados del tribunal; y la alta discrecionalidad del procedimiento, especialmente en materia de niños y adolescentes, aconsejan modificar la actual justicia de menores, para dotar así a sus jueces -hombres y mujeres dedicados, que gozan de una alta confianza social- de procedimientos y formas de actuación que les permitan dar una respuesta socialmente adecuada al contencioso familiar.

Esos nuevos procedimientos persiguen, en términos generales, cuatro objetivos de política pública de justicia que al gobierno le interesa explicitar, porque subyacen también en otros proyectos que se encuentra impulsando. Ello prueba la sistematicidad de su esfuerzo y la coherencia de sus múltiples iniciativas.

En primer lugar, se trata de tender, al igual que en materia procesal penal, hacia procedimientos que favorezcan la inmediación entre los justiciables y los jueces, instituyendo, en consonancia con el derecho comparado, un procedimiento que enfatice la oralidad por sobre la escritura. Ello favorecerá la publicidad y la imparcialidad del juicio jurisdiccional contribuyendo, así, a aumentar su legitimidad.

En segundo lugar, se trata de acrecentar el acceso a la justicia de sectores tradicionalmente excluidos. La evidencia empírica disponible pone de manifiesto que el contencioso familiar es, de los problemas que aquejan a los sectores de menores recursos, el más vinculado a su bienestar cotidiano. En esta parte, existe una muy estrecha relación con el proyecto de reforma procesal penal, en la medida que ambos proyectos acrecientan el acceso a la justicia de sectores que, por razones socioeconómicas, se encuentran, hasta ahora, mayoritariamente excluidos.

Investigaciones empíricas muestran que cuando los pobres sienten necesidad de acudir a la jurisdicción, lo hacen o por cuestiones vinculadas al contencioso familiar o por asuntos relativos al proceso penal. Entrevistas estandarizadas realizadas por prestigiosas instituciones -la Corporación de Promoción Universitaria- han puesto de manifiesto que cuando se pregunta a los pobres, urbanos y rurales, qué tipo de justicia prefieren se mejore para aumentar su acceso, más del ochenta por ciento de ellos ha respondido que la justicia penal y aquella que se ocupa de problemas familiares.

El proyecto, pues, viene a dar respuesta a una necesidad de acceso empíricamente acreditada. Existe una clara relación entre el bienestar de los sectores de menores ingresos y el proyecto que ahora presentamos.

En tercer lugar, se trata de instituir un órgano jurisdiccional que, en el futuro inmediato, y como lo reclaman múltiples instrumentos internacionales, pueda hacerse cargo del conocimiento de las infracciones juveniles a la ley penal, en conformidad a un procedimiento que satisfaga las garantías del debido proceso. Hoy, como es sabido de todos, nuestro ordenamiento no provee de un juicio genuino a quienes, siendo adolescentes, han infringido la ley penal. Los tribunales de familia constituyen -junto al proyecto sobre responsabilidad penal juvenil que enviaremos prontamente a trámite legislativo- un paso indispensable para corregir esa grave deficiencia de nuestro ordenamiento jurídico. Esperamos corregir así, una de las más graves deficiencias, que en términos de garantías, posee hoy nuestro ordenamiento jurídico.

En cuarto lugar, el proyecto tiene por objeto instituir un procedimiento que confiera primacía a las soluciones no adversariales del conflicto familiar.

En efecto, como es sabido, el conflicto familiar es un conflicto que reclama soluciones cooperativas, es decir, soluciones que acrecienten el bienestar de todas las partes del conflicto.

Con dicho fin, el proyecto instituye la mediación. La mediación, al aumentar los niveles de información disponibles y los canales de comunicación entre la partes, fomenta las soluciones autocompositivas.

Existe evidencia empírica de que este tipo de soluciones disminuye las ineficiencias, permitiendo así, en el largo plazo, un ahorro de recursos. La solución adversarial -al concebir el conflicto como una relación no interactiva- tiende a asignar bienestar a una de las partes, negándoselo a la otra. Ello suele ser motivo de un nuevo conflicto que, muy prontamente, comparece de nuevo ante el sistema reclamando solución.

Este un aspecto del proyecto de particular interés y a favor del cual es posible citar importantes experiencias en sistemas jurídicos tan prestigiosos como el francés o el canadiense.

Ofrecer soluciones alternativas a la estrictamente adversarial para la solución de los conflictos, es un objetivo global de la política de justicia de mi gobierno que es posible advertir en este proyecto, pero que, también, forma parte de la reforma procesal penal en actual trámite.

Es fácil, entonces, advertir que el proyecto que ahora envío no constituye una iniciativa aislada, carente de plausibilidad empírica y de justificación global.

Como lo acabo poner de manifiesto, se trata de un proyecto que guarda estrecha relación de principios con el conjunto de las iniciativas de modernización que este Gobierno ha emprendido en el área de justicia.

A todo lo anterior podemos agregar que la necesidad de crear estos tribunales es compartida por importantes sectores de la sociedad, como queda de manifiesto tanto en el Informe de la Comisión Nacional de la Familia y en el discurso de inauguración del año judicial 1996 del Excelentísimo Señor Presidente de la Corte Suprema. Otra muestra de este amplio consenso lo constituye la moción parlamentaria sobre la materia presentada en el año 1995, por un grupo de diputados, cuyo aporte también a recogido el proyecto.

A fin de alcanzar los precedentes objetivos generales, y a fin de que el proyecto se fundara en diagnósticos confiables y estuviese dotado de suficientes antecedentes técnicos, se encargaron consultorías externas, lo que favoreció el enfoque interdisciplinario en el diseño del proyecto. Se contó, además, con las fundadas opiniones de jueces, académicos, abogados, asistentes sociales y psicólogos obtenidas en diversas instancias y seminarios. También se recogieron las iniciativas parlamentarias sobre la materia. En fin, se puso especial cuidado en oír a la actual judicatura de menores, cuyo aporte, basado en la experiencia, contribuyó a enriquecer el diseño del proyecto.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO DE LEY.

Los objetivos específicos del proyecto de ley que tengo la honra de someter a vuestra consideración, se relacionan con ciertas condiciones que, según se ha señalado, se estiman indispensables para una jurisdicción de familia. Ellas son:

1. Que exista una jurisdicción especializada en asuntos de familia. Para ello se crean tribunales dotados de competencia para conocer de todas las materias que puedan afectar a las familias, de manera que aquellas que se encuentran en conflicto no deban iniciar varios procedimientos distintos -incluso ante tribunales diversos- para resolver los asuntos que los involucran. Dichos tribunales conocerán exclusivamente materias de familia, lográndose así la necesaria especialización de esta instancia jurisdiccional. Que un sólo órgano -el tribunal de familia- resuelva el conjunto de problemas que poseen a fin de cuentas, un mismo origen, es el principal objetivo específico del proyecto.

2. Que se proporcione a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas. El proyecto privilegia fuertemente las vías no controversiales de resolución de conflictos -tanto la mediación como la conciliación- apuntando de esta manera a soluciones pacificadoras que favorezcan la armonía del grupo familiar. Como ya se dijo, el procedimiento adversarial, hasta ahora predominante en nuestro ordenamiento, resulta inadecuado para resolver los conflictos familiares.

3. Que esa jurisdicción tenga un carácter interdisciplinario. Los tribunales que se crean, requieren tratar el conflicto en su integralidad, considerando los múltiples aspectos involucrados, a fin de ofrecerles soluciones también integrales.

4. Que atendida la naturaleza del conflicto familiar, el juez tenga un conocimiento directo e inmediato de los asuntos. A este fin, se ha diseñado un procedimiento oral, flexible, concentrado, y basado en el principio de la inmediación.

5. Por último, en el proyecto se contempla un objetivo que, sin ser propio de la judicatura de familia, no es por eso menos importante: el que se refiere a la incorporación en esta judicatura de elementos de modernización comunes al resto de la administración de justicia con el objetivo de que el ejercicio de la jurisdicción sea lo más eficaz y eficiente posible.

III. CONTENIDO ESENCIAL DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley que presento a vuestra consideración, consta de seis Títulos, cada uno de los cuales se compone de un número específico de párrafos, y contiene, además, las normas transitorias necesarias para su puesta en marcha.

Para el logro de los objetivos antes señalados, ha debido concebirse una estructura orgánica sumamente innovadora para los tribunales de familia, los que se crean a partir de la transformación de los actuales tribunales de menores.

Recogiendo las tendencias modernas de organización de tribunales, los tribunales de familia tendrán el carácter de tribunales unipersonales de composición múltiple, lo que significa que constituirán verdaderas unidades jurisdiccionales compuestas por un número variable de jueces, calculado, en cada caso, según la carga de trabajo esperada, cada uno de los cuales detentará separadamente la potestad jurisdiccional plena.

1. TITULO I

a) Este Título regula la organización de los tribunales de familia a los que se concibe como una judicatura especializada, que forma parte del Poder Judicial. Como ya se dijo, se les da el carácter de tribunales unipersonales de composición múltiple, integrados por el número de jueces que la ley determine para cada territorio jurisdiccional. Regula, además, la organización y funcionamiento del personal que compone su estructura orgánica, esto es, además de los jueces, el Consejo Técnico, el administrador y el personal de secretaría.

b) El párrafo primero, establece algunas normas especiales relativas a los jueces de familia. Entre otras, destaca la siguiente: existencia de un juez presidente en cada uno de ellos -cargo nuevo que se ejerce por orden de antigüedad de los jueces del tribunal por períodos limitados de un año pero renovables.- Atendida la nueva composición y organización de estos tribunales, las facultades económicas y disciplinarias serán ejercidas por este juez presidente.

c) Los párrafos segundo, tercero y cuarto de este Título I, se refieren al Consejo Técnico, al administrador y a los oficiales de Secretaría, respectivamente.

Cada Tribunal de Familia tendrá un Consejo Técnico, que constituye un cuerpo de asesoría especializada, compuesto por asistentes sociales y psicólogos. Este Consejo asesorará al juez en la comprensión de los hechos y situaciones que se ventilen, permitiéndole tener una visión interdisciplinaria, de tanta importancia cuando se trata de conflictos de familia.

Especial importancia reviste la creación de este órgano, indispensable para el pleno logro de los objetivos de la jurisdicción de familia. La composición de este cuerpo -siempre multidisciplinaria- varía en función del número de jueces del tribunal y se establece que sus actuaciones deben ser públicas, en concordancia con el principio de la oralidad e inmediación presentes en esta judicatura.

d) Con miras a garantizar un eficiente funcionamiento del tribunal y permitir a los jueces dedicar el máximo de su tiempo a la labor propiamente jurisdiccional, se crea la figura del administrador. Este se concibe como un auxiliar de la administración de justicia. Deberá contar con un título profesional del área de administración o finanzas, y será el encargado de la gestión administrativa y financiera del tribunal.

El administrador será el superior jerárquico de los funcionarios de secretaría del tribunal y él, a su vez, dependerá del juez presidente.

Como una consecuencia de lo anterior, el proyecto de ley se hace cargo del amplio consenso existente en nuestra comunidad jurídica respecto de la subutilización del cargo de secretario del tribunal actualmente desempeñado por un funcionario abogado. Es así como, recogiendo propuestas existentes sobre la materia, se elimina dicho cargo.

2. TITULO II

Fija la competencia de estos tribunales, concentrando en ellos el conocimiento de todas las materias concernientes a las cuestiones de familia, con la sóla excepción de las nulidades de matrimonio por vicios de forma y aquellas de orden sucesorio.

Se ha estimado necesario excepcionar expresamente del conocimiento de estos tribunales las causas sobre nulidades de matrimonio basadas en la causal de incompetencia del Oficial del Registro Civil ante quien se celebran, en atención a las graves consecuencias sociales -de todos conocidas- que conlleva la utilización de esta norma. Sin perjuicio de lo anterior, se establece la obligatoriedad de que las partes resuelvan, por acuerdo directo o por decisión del tribunal de familia, los aspectos concernientes a las condiciones económicas y personales de la vida futura de los hijos menores.

Les corresponde asimismo a los tribunales de familia, el conocimiento de las causas sobre infracciones juveniles a la ley penal, materia que en un futuro cercano será objeto de una nueva regulación a fin de adecuar nuestra legislación en esta materia a la Convención sobre los Derechos del Niño.

3. TITULO III.

Este Título regula el procedimiento que se aplicará ordinariamente en los tribunales de familia. Se ha dividido en cinco párrafos, a saber: Principios Formativos, Reglas Generales, Medidas Cautelares, Procedimiento Ordinario, De la Mediación. Acorde con los objetivos de esta judicatura y recogiendo las tendencias modernas sobre la materia plasmadas en el Código Procesal Modelo para Iberoamérica, el proyecto establece un procedimiento esencialmente oral, público, desformalizado y concentrado.

a) Comparecencia de las partes. Estas podrán comparecer personalmente sin necesidad de patrocinio letrado. Sin embargo, si una de ellas designa abogado patrocinante, el juez debe ordenar que todas las demás cuenten con la misma asistencia. En esta materia, se adoptan medidas para garantizar que también los intereses de los niños e incapaces se encuentren debidamente representados.

b) Inicio del procedimiento. El procedimiento judicial se puede iniciar por demanda oral o escrita, siendo en ciertos casos -causas sobre alimentos, tuición y visitas- un requisito de procesabilidad el haber asistido previamente a mediación según se detalla más adelante. En caso de ser oral, la demanda deberá protocolizarse en un formulario.

c) Audiencias. El resto del procedimiento deberá llevarse a cabo en dos audiencias sucesivas; la primera de ellas, de carácter preliminar, para los efectos de preparar adecuadamente el juicio y provocar la conciliación entre las partes si la causa no se ha derivado a mediación; y la audiencia siguiente que se denomina complementaria, cuyo objeto es que en ella se rinda íntegramente la prueba que no se haya podido rendir con anterioridad.

d) Presencia del juez. Con el fin de fortalecer la vigencia del principio de inmediación, se sanciona con nulidad insanable la ausencia del juez en la práctica de las actuaciones que la ley le encomienda o la delegación no autorizada de sus funciones.

e) Potestad cautelar. Con el objeto de posibilitar la adopción de medidas urgentes cuando la situación lo amerite, se otorga al juez de familia una potestad cautelar amplia, que puede ejercer tanto de oficio como a petición de parte.

f) Oportunidad de la sentencia. En principio, el juez está obligado a dictar sentencia en la misma audiencia en que se rinde la prueba, salvo estricta necesidad de decretar nuevas diligencias, caso en que deberá fundamentar la resolución.

g) Soluciones cooperativas. Se promueve y fortalece, tanto antes como durante el proceso, la posibilidad de que las partes accedan a soluciones cooperativas. Para ello contarán con la ayuda de un tercero ya sea el juez -como conciliador- o el mediador.

Sin perjuicio de lo que se señala más adelante, específicamente y por primera vez en nuestra historia, se define y consagra normativamente la mediación como un sistema de resolución de conflictos no adversarial, en que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a encontrar por si mismas una solución a su conflicto.

La mediación, tal cual existe en la legislación comparada, constituye un importante y adecuado sistema alternativo de resolución de conflictos, especialmente en materia de familia. Esto, porque se trata de una técnica no adversarial que apunta a que las partes involucradas puedan llegar por sí mismas a acuerdos satisfactorios para ambas. De esta manera, se procura lograr soluciones que además de comprometer personal y espontáneamente a las partes tenderán a sentar las bases de una relación pacífica para el futuro.

El párrafo quinto del Título III establece que las causas que versen sobre alimentos, tuición y el derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal, se someterán a un procedimiento previo de mediación. Las restantes materias podrán ser derivadas a mediación en cualquier estado de la causa, hasta antes de la audiencia complementaria, mediante resolución que pronunciará el juez, oyendo a las partes.

Sólo quedan, por principio excluidos de la mediación, los asuntos relativos a hechos delictivos cometidos por menores de edad, maltrato de menores e incapaces, adopciones, acciones de estado civil, interdicción, nulidad de matrimonio y divorcio.

El proyecto recoge los principios fundamentales que rigen el proceso de mediación, tales como, la igualdad de las partes, confidencialidad, imparcialidad del mediador y las normas de procedimiento aplicables cuando una causa es derivada a mediación.

Con el objeto de que la mediación sea una opción efectiva y eficaz para las partes, y considerando que se prevé su aplicabilidad a otros ámbitos, esta institución se regulará en un cuerpo legal distinto de la presente iniciativa, que se presentará próximamente a la consideración de ese H. Congreso Nacional. Dicho texto contendrá el diseño de un sistema de mediación anexo a los tribunales en materias de familia, el cual equilibra razonablemente un criterio de especificidad -se trata de regular la mediación para conflictos jurídicos en asuntos de familia- con la generalidad que necesariamente debe tener un sistema cuyo uso interesa promover y estimular en otro tipo de conflictos.

4. TITULO IV

En cuanto a las vías de impugnación de las resoluciones, el Título IV del proyecto regula los recursos de Rectificación y Enmienda, Reposición, Apelación y Casación respectivamente.

1) Específicamente, se introducen modificaciones en el tratamiento del Recurso de Apelación a efectos de guardar la debida armonía con los principios de oralidad e inmediación que rigen en la primera instancia, de tal manera que el tribunal adquem pueda tener también un conocimiento inmediato y directo de los hechos más relevantes de la causa.

2) Asimismo, atendida la importancia y complejidad jurídica de las materias sometidas al conocimiento de estos tribunales, procederá el Recurso de Casación por la causal de haberse dictado sentencia con infracción de disposiciones legales o constitucionales o que se haya pronunciado en un procedimiento en el que, con perjuicio del recurrente, se hayan dejado de observar las garantías que aseguran un debido proceso. Este recurso se regirá por las disposiciones establecidas en el Título XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones que en el proyecto se consignan, las que, fundamentalmente, apuntan a desformalizarlo, adaptándolo así a la naturaleza propia de los asuntos de familia.

5. TITULO V

Este Título regula los procedimientos especiales que deberán tratarse necesariamente de acuerdo a normas específicas, a saber, la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de menores de edad, la violación intrafamiliar y los actos judiciales no contenciosos de familia.

6. TITULO VI

Por último, en un Título Final -Sexto- se recogen un conjunto de disposiciones que modifican diversos cuerpos legales a fin de dar al proyecto la debida coherencia y armonía con el resto de nuestro ordenamiento jurídico.

Estamos conscientes que el logro de los objetivos que hemos planteado significan desafíos adicionales para todos los involucrados, especialmente el Poder Judicial -actor principal e insubstituible-. Sin embargo, nos asiste la firme convicción de que este proyecto significa un avance sustantivo desde al menos dos ámbitos relevantes para la administración de justicia, esto es el mejoramiento del acceso a la justicia de los ciudadanos, y la modernización y especialización del Poder Judicial, elementos, ambos, insubstituibles en una política de estado para el sector y en la que se requiere el concurso de todos los Poderes del Estado.

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"TITULO I

DE LA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

Artículo 1º.- Créase una Judicatura Especializada de Familia, encargada de conocer los asuntos de que trata esta ley y los que le encarguen otras leyes generales y especiales, de resolverlos y de hacer cumplir las resoluciones que recaigan en ellos.

Esta Judicatura formará parte del Poder Judicial y tendrá la estructura, organización, composición y competencia que la presente ley establece.

En lo no previsto por ella u otras leyes especiales, se regirá por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan.

Artículo 2º.- Los tribunales de familia estarán integrados por el número de jueces que la ley determine. Estos contarán con un Consejo Técnico de Asesoría Especializada, un administrador y una planta de oficiales de secretaría.

Párrafo Primero

De los jueces de Familia

Artículo 3º.- Para ser juez de familia, es necesario tener los requisitos generales para ser juez de letras y haber aprobado la parte del programa de formación de jueces de la Academia Judicial especialmente dirigida a ellos.

Artículo 4º.- Cada uno de los jueces de familia que integran el tribunal detentará indistinta y separadamente la potestad jurisdiccional plena para conocer de los asuntos que las leyes entreguen a los tribunales de familia.

Con todo, no podrá recaer en un mismo juez el conocimiento de los asuntos de protección de menores y de los asuntos relativos a crímenes y simples delitos en que aparezcan menores inculpados.

Artículo 5º.- Los jueces de familia de un mismo tribunal se subrogarán entre sí, de acuerdo al orden que para estos efectos establezca el juez presidente a propuesta del administrador, quien deberá cuidar siempre que exista una repartición equitativa de la carga de trabajo.

En defecto de lo dispuesto en el inciso anterior, los jueces de familia podrán ser subrogados por los abogados de la terna que anualmente formará la Corte de Apelaciones respectiva, aplicándose a su respecto la regla del inciso segundo del artículo 213 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 6º.- Los jueces de familia asistirán a su despacho por seis horas diarias de lunes a viernes. Además, deberá establecerse un sistema o turno que permita que de lunes a sábado y por el lapso de ocho horas al día, esté a disposición del tribunal al menos un juez de familia para conocer de crímenes y simples delitos en que haya menores inculpados en la respectiva jurisdicción.

Artículo 7º.En cada tribunal de familia, uno de los jueces que lo integran hará las veces de Presidente. Este cargo se desempeñará anualmente según el orden de antigüedad de los jueces.

Artículo 8º.- Sin perjuicio del desempeño de su función jurisdiccional, corresponderá al juez presidente en su calidad de tal:

1) Presidir el respectivo tribunal en todas sus actuaciones públicas;

2) Velar porque el administrador lleve a cabo la gestión del tribunal en forma eficiente y eficaz.

3) Aprobar el sistema de distribución de causas que le proponga el administrador entre los distintos jueces;

4) Ejercer la jurisdicción disciplinaria de acuerdo a las normas señaladas en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales;

5)Dar cuenta al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva de las causas en que no se haya dictado sentencia dentro del plazo legal y de los motivos del retardo, y

6) Conocer de los demás asuntos que le encomienden las leyes.

Párrafo Segundo

Del Consejo Técnico

Artículo 9º.- En cada tribunal de familia habrá un Consejo Técnico compuesto por asistentes sociales y psicólogos. Tendrá el carácter de organismo auxiliar de la administración de justicia y prestará asesoría especializada a los jueces.

La función primordial del Consejo Técnico será la de asesorar a los jueces en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos de que conocen y en cualquier otra materia de su especialidad en que el juez lo solicite, así como en la adopción de la resolución que mejor convenga a los intereses permanentes del grupo familiar. Los informes u opiniones que emitan los miembros de este Consejo, en el cumplimiento de sus funciones, serán públicos y se dará cuenta de ellos en las audiencias, a fin de que las partes los conozcan y puedan rebatirlos.

En caso necesario, el juez presidente podrá requerir al Consejo Técnico que emita los informes económicos y sociales que sean necesarios para resolver cuestiones sobre alimentos.

Artículo 10.- Para ser miembro del Consejo Técnico, se requiere poseer el título de asistente social o de psicólogo, según el caso, otorgado por alguna Universidad del Estado o reconocida por éste.

Artículo 11.- El Consejo Técnico de cada tribunal de familia estará constituido por el número de profesionales que la ley determine.

En los casos de los Consejos Técnicos integrados por dos profesionales, uno de ellos será sicólogo y el otro asistente social.

Artículo 12.- El juez presidente, a propuesta del administrador, deberá disponer un sistema de distribución del trabajo eficiente y equitativo entre los integrantes del Consejo Técnico, cuidando de establecer instancias periódicas en que éste deba reunirse para analizar conjunta e interdisciplinariamente determinadas materias de que conozcan o puedan conocer los jueces.

En lo demás, se regirán por los artículos 265 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, en lo relativo a los asistentes sociales judiciales.

Párrafo Tercero

Del Administrador

Artículo 13.- En cada tribunal de familia habrá un administrador, quien será auxiliar de la administración de justicia y se regirá por las reglas que el Código Orgánico de Tribunales establece para los administradores de Tribunales en los artículos 389 bis y siguientes.

El administrador dependerá del juez presidente.

Párrafo Cuarto

De los Oficiales de Secretaría

Artículo 14.- La distribución de las tareas que correspondan a los oficiales de secretaría, será responsabilidad del administrador, el que deberá propender a la estructuración de las unidades funcionales que sean necesarias para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional.

Artículo 15.- Dentro de los diez primeros días del mes de noviembre de cada año, el administrador hará llegar a la comisión calificadora correspondiente, un informe escrito conteniendo su opinión respecto de la conducta funcionaria y desempeño de cada uno de los empleados del tribunal. Este informe deberá contener referencias a todos los aspectos a que se refiere el artículo 277 bis del Código Orgánico de Tribunales, señalando los hechos que fundamentan su opinión.

El órgano calificador deberá remitir de inmediato copia de este informe al empleado a que se refiere, para que efectúe los descargos que estime pertinentes, antes de iniciarse el proceso de calificación.

Artículo 16.- En todo lo no previsto por esta ley, los empleados oficiales de secretaría de los tribunales de familia se regirán por las reglas que para éstos, establece el Código Orgánico de Tribunales.

TITULO II

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

Artículo 17.- Corresponderá a los tribunales de familia:

1) Conocer de los asuntos relativos a la tuición de los menores de edad;

2) Regular el derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 227 del Código Civil.

3) Conocer de las causas de alimentos;

4) Conocer de los asuntos que digan relación con el ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad y la emancipación;

5) Conocer de las causas de adopción y los procedimientos a que den lugar las leyes que la regulen;

6) Otorgar autorización para la salida de menores del país, en los casos en que corresponda de acuerdo a la ley;

7) Conocer de los disensos para contraer matrimonio;

8) Conocer de las acciones de estado civil de las personas;

9) Conocer de los procedimientos sobre guardas;

10) Conocer de los procedimientos de interdicción;

11) Conocer de los asuntos que digan relación con el régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares, con excepción de aquéllos derivados de la sucesión por causa de muerte y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 227 Nº 1º del Código Orgánico de Tribunales;

12) Conocer de las causas sobre divorcio;

13) Conocer de los procedimientos sobre nulidad del matrimonio, con excepción de aquellos que se funden en las causales señaladas en el artículo 31 de la Ley de Matrimonio Civil;

14) Conocer de las cuestiones que deben ser resueltas o acordadas previamente, de acuerdo a los artículos 26 bis y 35 bis de la Ley de Matrimonio Civil, según corresponda.

15) Conocer de los asuntos a que dé lugar la aplicación de la Ley Nº 19.325, de 1994, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar;

16) Conocer de las causas relativas al maltrato de menores de edad;

17) Conocer de los asuntos relativos a faltas, crímenes y simples delitos en que haya menores sin discernimiento inculpados y expedir la declaración previa sobre si el mayor de 16 y menor de 18 años ha obrado o no con discernimiento;

18) Conocer de la adopción de medidas de protección de los derechos de los menores de edad, y

19) Conocer de los demás asuntos que leyes generales o especiales les encarguen.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Párrafo Primero

De los principios formativos del procedimiento.

Artículo 18.- El procedimiento ante los tribunales de familia será esencialmente oral, público, desformalizado y concentrado.

Artículo 19.- En silencio de la ley, el juez determinará la forma como se verificarán las actuaciones, y en esta tarea como en la de interpretar las normas del procedimiento, tendrá siempre presente que su objeto es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y la mejor y más pronta decisión de la controversia.

Artículo 20.- Los jueces de familia tendrán facultades para reprimir el fraude procesal y la colusión, así como también, para sancionar la mala fe que observen en las actuaciones de los litigantes, aplicando multas, apremios o rechazando de plano sus peticiones.

Artículo 21.- Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad insanable, la delegación de funciones.

Artículo 22.- El procedimiento será público. Sin embargo, el juez podrá disponer que todas o algunas actuaciones se efectúen reservadamente, con el fin de asegurar durante toda la tramitación de éste, el respeto a la intimidad de las partes y demás personas involucradas

Artículo 23.- Tanto durante el procedimiento como en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes y soluciones acordadas por ellas. En los casos en que no fuere procedente la mediación o cuando ella hubiere fracasado total o parcialmente, el juez podrá, en cualquier estado del proceso, llamar a las partes a conciliación.

Para todos los efectos legales, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos no adversarial, en el que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a buscar por si mismas una solución a su conflicto.

Artículo 24.- Serán directamente aplicables al procedimiento de familia las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y vigentes.

Párrafo Segundo

De las Reglas Generales

Artículo 25.- En los procedimientos que se sigan ante los tribunales de familia, las partes podrán actuar personalmente, sin necesidad de mandatario judicial ni abogado patrocinante, a menos que el juez así lo ordene expresamente, lo que deberá hacer en todos los casos en que una de las partes cuente con asesoría de letrado.

Constituirá mandato judicial suficiente, para los asuntos regidos por la presente ley, el que conste por escrito.

Artículo 26.- En todos los asuntos de competencia de los tribunales de familia en que aparezcan involucrados intereses de menores de edad o de incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados.

El juez designará a una persona idónea perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de los menores o incapaces, en los casos en que el menor de edad o incapaz carezca de representante legal o que, por motivos fundados el juez estime necesario que su representación sea ejercida por una persona distinta de aquella a quien corresponda legalmente. La persona así designada será el curador ad litem del menor de edad o incapaz por el sólo ministerio de la ley y su representación se extenderá a todas las actuaciones del juicio.

De la falta de designación del representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso anterior o cualquier otra persona que tenga interés en ello.

Artículo 27.- Promovido el proceso, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. Con todo, las partes podrán, de común acuerdo, suspender el procedimiento, por una vez, hasta por sesenta días.

Artículo 28.- La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por el ministro de fe que el juez determine, conforme a la proposición que, atendiendo a las circunstancias del lugar en que funcione el tribunal y restantes consideraciones que miren a la eficacia de su actividad, haya formulado el administrador. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un Receptor Judicial. Todas las restantes notificaciones, salvo las de las resoluciones enumeradas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, que lo serán por carta certificada, se practicarán por el estado diario.

Para estos efectos, tendrán el carácter de ministros de fe los funcionarios de secretaría de los tribunales de familia, el personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el día siguiente a aquél en que sean expedidas.

Artículo 29.- No se podrá decretar la nulidad procesal si el vicio no ha ocasionado perjuicio al litigante que la reclama, salvo en el caso del artículo 21º de esta ley. Se entenderá que existe perjuicio, cuando la infracción hubiere impedido el ejercicio adecuado de los derechos del litigante en el juicio.

Artículo 30.- En silencio de esta ley, serán aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten notoriamente incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que en esta ley se establecen, en cuyo caso el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación.

Artículo 31.- Constituirán medios de prueba en los juicios de que trata esta ley, los instrumentos, la confesión, los testigos, el informe de peritos, la inspección personal del tribunal, las presunciones, y todo otro medio que, lícitamente obtenido, sirva para formar la convicción del juez.

El juez decretará, en cualquier estado del procedimiento, la práctica de las diligencias probatorias que estime necesarias.

Podrá asimismo requerir informes a cualquier organismo público o privado. Especialmente, requerirá al Servicio Nacional de Menores informes psicológicos, sociales u otros, cuando se trate de asuntos relativos a los beneficios que otorga dicho organismo.

La entidad requerida deberá entregar los informes solicitados dentro de diez días hábiles contados desde que se le notificó el requerimiento, a menos que se encuentre jurídica o materialmente imposibilitada de proporcionarlos.

Artículo 32.- La prueba se apreciará en conformidad a las reglas de la sana crítica.

Artículo 33.- Los jueces de familia conocerán en una sola causa las distintas materias de su competencia que unas mismas partes acuerden someter a su decisión.

Párrafo Tercero

De las Medidas Cautelares

Artículo 34.- En cualquier momento del juicio y desde el momento de la presentación de la demanda o denuncia, el juez, de oficio o a petición de parte, en caso que la gravedad de los hechos así lo requiera, podrá, mediante resolución fundada, decretar cualquier medida cautelar que estime indispensable para la protección de un derecho, siempre que exista peligro fundado de lesión o amenaza del mismo. En especial, podrá adoptar cualquier medida destinada a garantizar la seguridad física o psíquica de los involucrados, y su subsistencia económica, así como la tranquila convivencia del grupo familiar.

Artículo 35.- Al solicitar las medidas a que se refiere el artículo anterior, la parte deberá acompañar pruebas que constituyan a lo menos presunción fundada del derecho que reclama y del peligro que teme. Sin embargo, cuando la gravedad de los hechos así lo justifique, se podrá dar lugar a la medida aún antes de rendida esta información.

Artículo 36.- El juez podrá exigir a la parte solicitante caución para responder de los perjuicios que la imposición de la medida pueda causar.

Artículo 37.- El juez apreciará la necesidad e idoneidad de la medida solicitada y podrá decretar otra distinta si, a su juicio, cumple mejor la finalidad cautelar. En su resolución precisará, cuando corresponda, el alcance y duración de la medida.

Artículo 38.- Las medidas cautelares son esencialmente provisionales y sólo podrán durar hasta que la sentencia definitiva alcance carácter de ejecutoriada. Podrán, de oficio o a petición de parte, dejarse sin efecto, sustituirse o modificarse de acuerdo a las circunstancias. La parte afectada podrá ofrecer garantías sustitutivas, las que serán apreciadas por el juez.

Artículo 39.- La medida se decretará sin conocimiento ni intervención de la contraparte, pero deberá serle notificada por carta certificada, dentro de los cinco días siguientes a su cumplimiento. La solicitud de alzamiento, modificación o sustitución que presente el afectado será resuelta por el juez de plano o escuchando a las partes.

Artículo 40.- En casos calificados, podrán decretarse medidas cautelares antes de la causa. En este caso, el solicitante quedará obligado a deducir demanda en el término de diez días. Este plazo podrá ampliarse hasta por treinta días por motivos fundados. Si no se presentare la demanda en el plazo señalado, las medidas que se hubieren decretado caducarán de pleno derecho y el solicitante quedará, por este sólo hecho, responsable de los perjuicios que se hubieren causado.

Párrafo Cuarto

Del Procedimiento Ordinario en los Tribunales de Familia

Artículo 41.- El procedimiento de que trata este párrafo será aplicable a todos los asuntos contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de familia y que no tengan señalado un procedimiento especial en esta ley o en otras.

Artículo 42.- El proceso podrá comenzar por demanda oral o escrita. En el primer caso, el funcionario del tribunal que corresponda, procederá a protocolizar los términos de la pretensión de la parte demandante en formulario especialmente destinado a este efecto.

La protocolización será suscrita por la parte si supiere firmar, dejándose constancia de la circunstancia contraria. En este último caso, se deberá dar lectura de viva voz a la demanda y la parte de que se trata estampará la impresión del pulgar de la mano derecha o en su defecto el de la izquierda.

Artículo 43.- La demanda deberá contener una exposición clara de las pretensiones de la parte y de los hechos en que se funda, así como la individualización de la persona que la presenta y de aquella contra la cual se dirige.

Se acompañarán a ella los documentos en que se funda y todos los restantes que digan relación con la causa a que se refiere. Estos documentos no podrán acompañarse en otra oportunidad, a menos que se acredite fehacientemente que la parte no tuvo conocimiento de su existencia o estuvo imposibilitada de obtenerlos al deducir la demanda.

Artículo 44.- Una vez recepcionada la demanda, se admitirá a trámite, previa comprobación de que la parte demandante ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 59, si ello es procedente. En caso contrario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65, incisos primero y segundo.

Frustrada la mediación previa en los casos del artículo 62 o inmediatamente de presentada la demanda en los demás casos, el juez dictará una resolución citando a las partes a una audiencia preliminar, que deberá celebrarse en la fecha que la misma resolución señale, no pudiendo ser después de quince días contados desde la última notificación.

Artículo 45.- Las partes deberán concurrir personalmente a esta audiencia y a la complementaria de que tratan los artículos 48 y siguientes, sin perjuicio de la presencia de sus patrocinantes y apoderados cuándo los tengan.

Artículo 46.- La audiencia preliminar tendrá por objeto:

1) Recibir la contestación de la demanda, los documentos en que ella se funda y todos los que tengan relación con la cuestión controvertida. Estos documentos no podrán acompañarse en otra oportunidad, a menos que se acredite fehacientemente que la parte no tuvo conocimiento de su existencia o estuvo imposibilitada de obtenerlos al contestar la demanda.

La contestación de la demanda, deberá hacerse por escrito si la demandada comparece con patrocinio de letrado. En caso contrario, será verbal, debiendo protocolizarse en extracto;

2) Proponer a las partes que se sometan al proceso de mediación a que se refiere el Párrafo Quinto del Título III, en los casos del artículo 60 de esta ley;

3) Resolver sobre cualquier otra cuestión que planteen las partes o surja de la audiencia, que sea necesaria para dar curso progresivo a los autos;

4) Fijar definitivamente las materias controvertidas, que se someterán al conocimiento y decisión del tribunal;

5) Recibir y resolver, escuchando a la parte contraria si ha comparecido, todos los incidentes que se promuevan. No existirán en este procedimiento, incidentes de previo y especial pronunciamiento;

6) Provocar conciliación, por iniciativa del juez y conforme a bases que éste propondrá después de haber escuchado a las partes. De las bases referidas se dejará una constancia extractada en el expediente. En todos los casos en que no se haya sometido la cuestión a mediación, el juez no podrá omitir, bajo circunstancia alguna, el llamado a conciliación proponiendo las bases referidas;

7) Fijar los hechos controvertidos que deberán ser probados, y

8) Determinar las pruebas que se recibirán al tenor de la proposición de las partes, y disponer la citación de los testigos; la práctica de los exámenes o informes; la designación de los peritos, la remisión de los oficios, todo según proceda. El tribunal estará expresamente facultado para rechazar la prueba manifiestamente improcedente; superflua, y la propuesta con fines meramente dilatorios.

Artículo 47.- Resueltos todos los puntos mencionados en el artículo anterior, se procederá de inmediato a recibir la prueba que sea posible rendir en ese momento. Si no fuere posible rendir todas la pruebas en esa instancia, el juez dictará una resolución fijando fecha para la realización de una nueva audiencia, que tendrá el carácter de complementaria. En la misma resolución determinará las actuaciones que deberán cumplirse en ella. Las partes se entenderán citadas a la audiencia complementaria por el sólo ministerio de la ley.

Artículo 48.- La audiencia complementaria se llevará a efecto en un solo acto y en ella se rendirá íntegramente la prueba que falte. Si el tiempo no fuere suficiente podrá el tribunal prorrogarla para el siguiente día hábil.

Artículo 49.- Concluida la prueba, en la misma audiencia, el juez dictará la sentencia, explicitando verbalmente sus fundamentos, debiendo entregar a las partes copia escrita de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Lo establecido en el inciso anterior, es sin perjuicio que el juez resuelva decretar nueva prueba o alguna otra diligencia, cuando lo estime estrictamente necesario para formar su convicción.

En este evento, dictará una resolución motivada, explicando las razones por las que no hizo uso de las facultades que se le otorgan en el artículo 48 letra i) y la sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se cumplieron las medidas.

Artículo 50.- De todo lo obrado en las audiencias se levantará acta, en extracto. Las declaraciones de los testigos y peritos, y los términos de la confesión, se consignarán textualmente.

Artículo 51.- Toda cuestión accesoria que se suscite en este proceso, debe plantearse en la audiencia preliminar. El juez podrá rechazar de inmediato aquellas que manifiestamente carezcan de fundamento. Si las admite a tramitación, conferirá traslado a la parte contraria, la que deberá evacuarlo en el acto. El procedimiento no se suspenderá en caso alguno, ni aunque las partes de común acuerdo lo solicitaren, salvo lo dispuesto en el artículo 27.

Artículo 52.- Si para fallar la cuestión accesoria se requiere de prueba, ésta debe rendirse en la misma forma y oportunidad que la prueba de la cuestión principal.

Artículo 53.- Si la cuestión accesoria se hubiere suscitado después de verificarse la audiencia preliminar, se planteará en la audiencia complementaria y se tramitará en la forma establecida en los artículos anteriores. El juez rechazará de plano cualquier incidente que sea planteado en forma extemporánea.

Párrafo Quinto

De la Mediación

Artículo 54.- Las partes involucradas en un proceso de mediación deberán encontrarse en igualdad de condiciones para negociar. El mediador que detectare que alguno de los involucrados no es libre para negociar o se encontrare en una situación de desventaja o sumisión respecto de la otra parte, deberá procurar lograr un equilibrio y, si ello no fuera posible, deberá suspender o dar por terminada la mediación.

Artículo 55.- Las partes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera audiencia o en cualquier otro momento durante la gestión, alguna de las partes manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada.

Artículo 56.- Los mediadores deberán guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación.

También estarán protegidos por el secreto profesional y no podrán ser llamados a declarar en juicio en favor o en contra de ninguna de las partes, ni sobre lo visto u oído en las mediaciones en que hubieren intervenido.

Sin embargo, quedarán exentos del deber de confidencialidad en aquellos casos en que tomen conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato en contra de menores de edad o incapaces.

Artículo 57.- El mediador será imparcial y neutral en relación a las partes. Si su imparcialidad se viere amenazada por cualquier causa, deberá rechazar el caso, justificándose ante el tribunal que corresponda. Las partes involucradas podrán también solicitar al tribunal la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida.

Artículo 58.- El mediador deberá velar porque en el curso de la mediación, se tomen en consideración los intereses de otras personas que pudieran verse afectadas por su resultado y que no hubieren sido citadas a la audiencia. En caso necesario, deberá suspender la audiencia para continuarla en otra fecha con la presencia de tales interesados, los que deberán ser citados con las mismas formalidades con que se hubiere citado a las partes.

Artículo 59.- Las causas relativas a alimentos, tuición y al derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo, el que se regirá por las normas de esta ley y por las de la ley que regule el sistema nacional de mediación.

Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa sometieron el conflicto a mediación ante mediadores habilitados en conformidad a la ley.

Artículo 60.- Las restantes materias de competencia de los tribunales de familia, exceptuadas las señaladas en el artículo siguiente, podrán ser derivadas a mediación en cualquier estado de la causa hasta antes de la audiencia complementaria, mediante resolución que pronunciará el juez oyendo a las partes.

Artículo 61.- No se someterán a mediación los asuntos relativos a hechos delictivos cometidos por menores de edad, maltrato de menores e incapaces, adopción, acciones de estado civil, interdicción, nulidad del matrimonio y divorcio.

Artículo 62.- En los casos del artículo 59 de esta ley, en el acto de presentación de la demanda, un funcionario especialmente calificado instruirá convenientemente a la demandante acerca de la mediación y su obligación de concurrir a la primera audiencia a que sea citado por el mediador.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, en el mismo acto se procederá a abrir carpeta de la causa, la que será asignada a uno de los jueces de familia que compongan el tribunal, de acuerdo al sistema de distribución de causas aprobado por el juez presidente. Hecho lo anterior, se dará lugar a lo establecido en los artículos siguientes.

Asimismo, tratándose de las materias contempladas en el artículo 60, en el caso de ser derivadas a mediación, se procederá según lo previsto en el inciso primero de este artículo.

Artículo 63.- Siempre que se haya solicitado una medida cautelar al momento de iniciar el juicio o en forma prejudicial, el juez deberá resolver sobre ésta antes de derivar a las partes a mediación.

Artículo 64.- Acto seguido, se designará a la persona del mediador que deberá intervenir en el caso, de acuerdo al sistema de designación que establezca el reglamento, el que deberá ser aleatorio.

Artículo 65.- La derivación se hará siempre mediante comunicación escrita, en la que no se hará más que una mera referencia a la o las materias de que se trata.

Artículo 66.- Recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el mediador designado fijará una audiencia inicial de mediación.

Artículo 67.- A la primera audiencia de mediación se citará a los adultos involucrados en el conflicto, los que deberán concurrir personalmente a ésta y a las demás sesiones de mediación, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados. No obstante, las personas jurídicas y las personas naturales que tengan su domicilio en un territorio jurisdiccional distinto, podrán hacerlo por intermedio de sus representantes o apoderados.

Los menores serán convocados sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación.

Artículo 68.- La citación a mediación se hará por medio de carta certificada o por cualquier otro medio de comunicación que asegure la comparecencia de los involucrados.

Artículo 69.- No podrá ser mediador de una causa aquel que fuere cónyuge o de alguno de los involucrados en el conflicto o tuviere una relación de parentesco por consanguinidad o actividad en cualquiera de sus grados en la línea recta o hasta el 4º grado en la colateral, o concurriere alguna otra causal de implicancia establecida en la ley.

Artículo 70.- Si alguno de los citados no concurriere a la audiencia sin causa justificada y mediando dos citaciones, se tendrá por frustrada la mediación.

Tratándose de asuntos de mediación obligatoria, si la parte que promovió el asunto no asistiere, no podrá proseguirse con la demanda. Si, en cambio, sólo ésta comparece, el mediador le otorgará un comprobante escrito en tal sentido, el que será suficiente para autorizar el inicio del juicio.

Artículo 71.- La audiencia inicial de mediación podrá ser postergada sólo por una vez, por solicitud conjunta de las partes al mediador de la causa, o por una de ellas acreditando causa justificada.

Artículo 72.- En la primera audiencia, el mediador deberá informar a las partes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, su duración y etapas y, de su carácter voluntario, indicándoles que podrán retirarse de ella en cualquier momento.

Artículo 73.- El procedimiento de mediación no podrá durar más de sesenta días contados desde que el mediador haya recibido los antecedentes del caso. Con todo, las partes de común acuerdo podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por treinta días. Tal circunstancia será informada de inmediato al tribunal, mediante comunicación escrita y firmada por las partes y el mediador.

Durante los plazos señalados, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador estime necesarias, en las fechas que acuerde con las partes. Podrá citarse a ambas partes por separado.

A las audiencias que se realicen podrán ser citadas otras personas que, sin ser parte, estén involucradas en los asuntos de que se trate, siempre que las partes consientan en ello.

Los terceros que sean convocados a la mediación serán citados mediante carta certificada u otro medio de comunicación que asegure su comparecencia.

Artículo 74.- Durante la mediación, el mediador deberá velar por la observancia de todas las reglas que contenga la ley que crea el sistema nacional de mediación. En especial, deberá velar porque se respeten los principios de igualdad de las partes, voluntariedad de los acuerdos, confidencialidad e imparcialidad.

El mediador podrá excusarse de seguir interviniendo en la búsqueda de acuerdos, cuando estime fundadamente que se están vulnerando algunos de los principios rectores del procedimiento de mediación.

Artículo 75.- Si la mediación se frustrara porque alguna de las partes decidiera retirarse de ella, o si, transcurrido el plazo o su prórroga, los involucrados no hubieren alcanzado acuerdo respecto de todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, el mediador deberá levantar un acta. Dicha acta será firmada por las partes y en ella se dejará constancia de tal resultado. Copia del acta deberá entregarse a cada una de las partes.

En el caso de los asuntos previstos en el artículo 59, el reclamante quedará desde ese momento habilitado para iniciar la vía judicial.

En los demás casos, el mediador comunicará inmediatamente y por escrito esta circunstancia al juez, absteniéndose de agregar otros antecedentes.

Artículo 76.- En caso de llegarse a acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de avenimiento. Esta, luego de ser leída por las partes, será firmada por éstas y por el mediador. Si alguna de las partes no supiere leer, el mediador deberá leerla de viva voz.

Se entregará copia del acta de avenimiento a las partes y se dejará en el libro de avenimientos que llevará el mediador. Se remitirá de inmediato copia de dicha acta al tribunal, el que precederá a su aprobación.

El acta de avenimiento, una vez aprobada, se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Artículo 77.- Si las partes sólo llegaren a acuerdo sobre algunos de los puntos sometidos a mediación, la copia del acta de avenimiento que se remitirá al tribunal consignará claramente las pretensiones subsistentes. Respecto de dichas pretensiones, se dará curso a la demanda o se continuará el juicio, según el caso.

Artículo 78.- El reglamento de que trata este párrafo, será el que se dicte en virtud de la ley que regulará el sistema nacional de mediación.

TITULO IV

DE LAS VIAS DE IMPUGNACION.

Párrafo Primero

Disposiciones Generales

Artículo 79.- Las resoluciones judiciales dictadas en los procedimientos regulados en la presente ley, serán recurribles por las partes del proceso, en la forma que esta ley establece.

Artículo 80.- Las sentencias interlocutorias y la sentencia definitiva podrán ser aclaradas o rectificadas por el juez en lo que dice relación con errores de copia, de cálculos numéricos o de referencia, ya sea de oficio o a petición de parte.

Párrafo Segundo

Del Recurso de Reposición

Artículo 81.- De las sentencias interlocutorias, de los autos y de los decretos, podrá pedirse reposición al juez que las dictó.

Artículo 82.- Si la resolución recurrida se dicta durante una audiencia, el recurso deberá ser deducido verbalmente en esta misma instancia. En los demás casos, el recurso de reposición deberá ser deducido dentro de tercero día de notificada la resolución que se impugna y el tribunal lo resolverá en la audiencia siguiente.

Artículo 83.- El recurso de reposición debe ser resuelto de plano, a menos que por su complejidad el juez estime necesario oír a las demás partes, lo que efectuará en la audiencia en que debe emitir la resolución y sin suspender el curso de la causa.

Párrafo Tercero

Del Recurso de Apelación

Artículo 84.- Serán apelables la sentencia definitiva, las interlocutorias que pongan término al proceso o hagan imposible su prosecución y las resoluciones que se pronuncien sobre medidas cautelares.

Artículo 85.- El recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito ante el mismo tribunal que dictó la resolución, para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

El escrito contendrá los fundamentos del recurso y las peticiones concretas que se sometan a la consideración del Tribunal de Alzada, a menos que el recurrente actúe sin patrocinio de letrado, caso en el cual no será necesario consignar ni los fundamentos ni las peticiones referidas.

Artículo 86.- El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 87.- El tribunal a-quo podrá declarar inadmisible el recurso, si se ha deducido fuera de plazo, o en contra de resolución no impugnable por esta vía, o si el escrito en que se deduce no tiene los requisitos exigidos por el artículo 85. La resolución que declare la inadmisibilidad será impugnable dentro de tercero día, por reposición deducida ante el mismo tribunal.

Artículo 88.- La interposición del recurso no suspenderá la ejecución de la sentencia recurrida, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la resolución que se dicte si se acoge el recurso.

Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente podrá solicitar al Tribunal de Alzada que decrete orden de no innovar mientras se encuentre pendiente el fallo del recurso.

Artículo 89.- El tribunal de alzada no podrá modificar la resolución en forma más desfavorable al apelante. Los efectos del fallo aprovecharán no sólo a quienes hubiesen interpuesto el recurso sino también a quienes, sin haber recurrido, se encuentren en su misma situación y les resulten aplicables los fundamentos invocados por la Corte de Apelaciones para dictar su sentencia.

Artículo 90.- El Tribunal recurrido remitirá al de alzada el expediente original y conservará copias para conocer de la ejecución del fallo apelado.

Artículo 91.- Se podrán impugnar, a través del recurso de hecho, los errores que cometiere el tribunal a-quo al pronunciarse sobre la concesión de la apelación. Este recurso se interpondrá directamente ante el tribunal que debe conocer de la apelación, dentro del plazo de cinco días de notificada la resolución del tribunal a-quo. El tribunal superior pedirá informe al inferior y resolverá en cuenta. Sin embargo, si estima necesario traer los autos en relación para resolver, dispondrá que éstos le sean remitidos en original.

Artículo 92.- El tribunal de alzada conocerá y fallará la apelación sin esperar la comparecencia de las partes.

Para comparecer ante la Corte de Apelaciones, no será necesario el patrocinio de abogado.

Artículo 93.- Efectuada la relación, la Corte podrá interrogar a las partes acerca de los hechos que estime de importancia para la decisión del recurso. Estas, en todo caso, tendrán derecho a formular personalmente una declaración ante el tribunal de alzada.

Si la Corte estimare necesario interrogar a los testigos que hubieren declarado en la causa o a los peritos que hubieren informado en ella, suspenderá su vista y dispondrá que sean citados para la fecha en que ésta haga continuar la vista, la cual no podrá ser posterior a diez días.

Los abogados de las partes, si los tuvieren, podrán alegar por un tiempo que no exceda de treinta minutos, del que se descontará el que hubiere empleado su parte, si hubiere ejercido el derecho que se le otorga en el inciso primero de este artículo.

No tendrá derecho a alegar el abogado cuyo representado no comparezca sin causa justificada a la audiencia o que, compareciendo, se niegue a declarar ante la Corte.

En todo caso, los recursos establecidos en este párrafo gozarán de preferencia para su vista y fallo.

Párrafo Cuarto

Del Recurso de Casación

Artículo 94.- El recurso de casación se concede para invalidar una sentencia que hubiere infringido una disposición legal que influya en lo dispsitivo del fallo o que se ha pronunciado en un procedimiento en el que, con perjuicio del recurrente, se hubiere dejado de observar las garantías que aseguran un debido proceso, siempre que el vicio no se haya convalidado.

Si la infracción que se denuncia dijera relación con las garantías que aseguran un debido proceso, para que el recurso pueda prosperar será necesario que quien lo entable hubiere reclamado del vicio o defecto, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos en la ley.

Artículo 95.- El recurso de casación se regirá por las disposiciones establecidas en el Título XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, con las excepciones siguientes:

1) El recurso contra sentencias dictadas por Cortes de Apelaciones se interpondrá en el término de diez días;

2) En el escrito respectivo bastará indicar los fundamentos del recurso y las peticiones concretas que se someten a la consideración del tribunal;

3) No será necesario mencionar expresamente quién patrocina el recurso si el recurrente tiene ya abogado patrocinante en el juicio y éste lo suscribe;

4)Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 782 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá declararse inadmisible el recurso, si se ha interpuesto fuera de plazo o si se ha deducido en contra de resoluciones que no son impugnables por esta vía;

5) El recurso se substanciará y fallará sin esperar la comparecencia de las partes, y

6) Los alegatos de los abogados no podrán exceder de treinta minutos.

Artículo 96.- Aún cuando no hubiere mediado preparación, el tribunal que se encontrare conociendo de un asunto por la vía de un recurso de apelación o de casación, podrá invalidar de oficio una sentencia si advirtiera la existencia de una infracción a una norma de procedimiento que hiciere procedente la casación, a condición que la infracción hubiere ocasionado perjuicio y que el vicio no hubiese sido convalidado por acciones u omisiones de las partes. En todo caso, el tribunal deberá oír sobre el punto a los abogados que hubiesen concurrido a alegar.

Asimismo, si la Corte Suprema estima que existe una infracción de ley con influencia en lo dispositivo de la sentencia, no obstante ser inadmisible el recurso, podrá invalidarla de oficio. La misma regla anterior se aplicará en los casos en que la Corte Suprema estime procedente la invalidación del fallo por una causal distinta de la invocada por el recurrente.

Artículo 97.- El Tribunal ante el cual se interpusiere el recurso, sólo podrá declararlo inadmisible si éste se hubiere interpuesto fuera de plazo o se hubiere deducido en contra de resoluciones que no son impugnables por esta vía.

La resolución que declare la inadmisibilidad será apelable para ante el tribunal superior, el cual se pronunciará en cuenta. Si éste estima procedente la revocación de la resolución, mantendrá en Secretaría los autos, para proseguir con la tramitación del recurso. La resolución del tribunal a-quo que declare admisible la casación, no será susceptible de recurso alguno.

El tribunal al cual corresponda conocer del recurso, se pronunciará también sobre su admisibilidad y la resolución que lo declare inadmisible será susceptible de reposición dentro de tercero día.

Artículo 98.- Declarado admisible el recurso, el tribunal a-quo remitirá al tribunal ad-quem las actas en que conste el proceso y el recurso interpuesto.

Artículo 99.- Si las partes hubieren actuado por sí mismas, podrán solicitar al tribunal que se les asigne un abogado, en cuyo caso éste deberá designar al de turno.

Artículo 100.- Si la Corte invalidare una sentencia por defectos de procedimiento que hubieren afectado la garantía del debido proceso, ordenará la renovación del procedimiento, por el tribunal no inhabilitado que corresponda.

Si la invalidación se produce por una infracción de ley que influya en lo dispositivo del fallo, la Corte Suprema dictará, acto continuo y sin que sea necesario una nueva vista del recurso, la sentencia que crea conforme a derecho y a los hechos establecidos en ella. Sin embargo, no podrá modificar el fallo de primera instancia en perjuicio del recurrente.

Párrafo Quinto

De la Revisión de las Sentencias Firmes

Artículo 101.- La revisión de las sentencias firmes se sujetará a las reglas del Título XX, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Párrafo Sexto

De la Ejecución de las Resoluciones

Artículo 102.- La ejecución de las resoluciones se sujetará a los trámites establecidos en el Título XIX del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, cualquiera sea la época en que se pida dicha ejecución.

Sin perjuicio de lo anterior, los jueces de familia estarán autorizados para decretar, de oficio o a petición de parte, las medidas que estimen adecuadas para obtener el cumplimiento de las resoluciones dictadas en los procesos de que conocen. Estarán especialmente facultados para imponer multas de hasta 10 UTM a favor de la parte beneficiada por la resolución, las que se podrán repetir con la periodicidad que el tribunal determine, en tanto se prolongue el incumplimiento.

TITULO V

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Párrafo Primero

De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad.

Artículo 103.- En los casos en que la ley exige o autoriza la intervención judicial para adoptar las medidas establecidas en la ley, tendientes a la protección de los derechos de los menores de edad, cuando ellos se encuentren amenazados o vulnerados, se aplicará el procedimiento contenido en este párrafo y, en lo no previsto por él, se aplicarán las normas del Título III de esta ley.

La intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la adopción de medidas que importen separar al niño de uno o ambos padres o de quienes lo tienen legalmente bajo su cuidado.

Artículo 104.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a requerimiento del menor de edad, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de la autoridad pública, de los profesores o del Director del establecimiento educacional al que asista, de los médicos o servicios de salud en que se atienda, o de cualquier persona que tenga legítimo interés en ello.

Artículo 105.- En todos los casos en que el menor carezca de representante legal, y en aquellos en que sus intereses sean independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda la representación legal, el juez deberá designar a una persona para que represente sus intereses en la forma que señala el artículo 26.

Artículo 106.- En cualquier estado del juicio y aún antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, el juez podrá adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger los derechos amenazados o vulnerados o para el desarrollo del procedimiento.

En particular, podrá disponer medidas de apoyo u orientación al menor, a sus padres o a las personas que lo tengan bajo su cuidado, para enfrentar la situación de crisis en que pudieran encontrarse. Podrá también establecer prohibiciones o impartir instrucciones obligatorias a estas mismas personas.

En los casos en que sea indispensable para preservar la vida o integridad física del menor, podrá disponer incluso la colocación de éste en un hogar substituto o en un establecimiento residencial. En la adopción de esta medida, el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado del menor, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las aquél tenga una relación de confianza. Sólo en defecto de los anteriores, recurrirá a los establecimientos de protección.

Al adoptar la medida cautelar de que trata el inciso precedente, el juez deberá designar, en la misma resolución, al representante de los derechos del menor.

Cuando la adopción de cualquiera medida cautelar tenga lugar antes del inicio del juicio, el juez fijará desde ya la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preliminar o principal según el caso, para dentro de los diez días siguientes, contados desde la adopción de la medida.

Artículo 107.- El juez deberá velar durante todo el proceso, por el respeto a la intimidad del menor y de su familia. Para ello podrá prohibir la difusión de datos o imágenes referidos al proceso o a las partes en los medios de comunicación; o disponer, mediante resolución fundada, que todas o algunas de las actuaciones del procedimiento se realicen en forma reservada.

Asimismo, podrá disponer que el menor o alguno de los miembros de la familia se ausenten del lugar de la audiencia mientras se realiza alguna actuación, cuando ello sea necesario en el interés del menor

Artículo 108.- Cuando el procedimiento se inicia de oficio, a requerimiento del menor, de sus padres, de quien lo tiene bajo su cuidado o de algún interesado, el juez citará a una audiencia preliminar para dentro de los cinco días siguientes a dicho inicio. A esta audiencia se citará al menor de 12 o e 14 años, según su madurez; al mayor de dicha edad, y a los padres o personas responsables de ellos. Se citará también a toda otra persona que pueda aportar datos para esclarecer el asunto de que se trata.

En esta audiencia el juez informará a las partes acerca de sus derechos y de las etapas del proceso, respondiendo toda duda o inquietud que les surja. Los menores de edad serán informados en un lenguaje claro, de acuerdo a su edad y madurez.

El juez indagará sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso, la forma en que afecta al menor, y sobre las personas que se encuentren involucradas en ella, escuchando a las partes presentes, en especial al o a los menores involucrados.

Oídas las partes, el juez dictará una resolución en la que señalará la materia del juicio, la forma en que ésta afecta los derechos del menor de edad, e individualizará a las partes involucradas, dejándolas citadas a una audiencia principal que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes a la fecha de la dictación de la referida resolución. En la misma resolución, indicará las pruebas que deberán rendirse, ofrecidas por las partes o que él disponga practicar.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez podrá derivar a las partes a algún programa de apoyo u orientación familiar determinado. Cuando así lo haga, se deberá notificar por carta certificada a dicho programa individualizando a las partes, describiendo someramente el asunto de que se trata e indicándole su deber de informar al tribunal acerca de la asistencia de las partes a dicho programa. En este caso, la audiencia complementaria podrá suspenderse hasta por treinta días.

Artículo 109.- A la audiencia principal se citará al menor, al representante de los intereses de éstos y a sus padres o personas que lo tuvieren bajo su cuidado, los que podrán concurrir con sus abogados, si los tuvieren. Se citará también al responsable del menor si éste se encontrare en un hogar substituto o en un establecimiento de protección.

En esta audiencia, el juez oirá a las partes presentes, en especial al menor, e indagará acerca de la evolución de la situación que motivó el inicio del proceso. Recibirá también las pruebas que se hubiere dispuesto rendir e interrogará a los testigos y peritos.

En caso de ser necesaria la adopción de una medida de protección, solicitará a quien haya efectuado el diagnóstico que recomiende fundadamente la más indicada para salvaguardar los derechos del menor de edad.

Artículo 110.- Sólo cuando ello sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos del menor y siempre que no exista otra medida más adecuada, se podrá adoptar una que implique separarlo de uno o de ambos padres o de las personas que lo tengan bajo su cuidado. En este caso, el juez preferirá a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza y sólo en defecto de los anteriores, lo confiará a un establecimiento de protección.

Artículo 111.- Tanto los padres como las personas que tengan al menor bajo su cuidado y el representante de los derechos de éste, podrán objetar los informes y diagnósticos producidos, aportar nueva prueba o solicitar que ésta sea producida. Los mayores de 14 años, además podrán ejercer por si mismos este derecho.

Si el juez lo estima necesario, podrá suspender esta audiencia y decretar nueva prueba, disponiendo su continuación en cuánto ésta haya sido producida o, a más tardar, dentro de los diez días siguientes a la suspensión.

Artículo 112.- Antes de pronunciar sentencia, el juez procurará que las partes acuerden la forma más conducente a la resolución de la situación que afecta al menor. Si ello no fuere posible, en la sentencia fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicará los objetivos que se pretenden cumplir con ella y determinará el tiempo de su duración.

La sentencia será pronunciada una vez terminada la audiencia principal o en nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes. El juez deberá explicar claramente a las partes la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración.

Artículo 113.- Si el proceso se inicia por requerimiento de una instancia administrativa que, habiendo atendido al menor y conociendo su situación, solicita al juez la adopción de una medida de protección en favor de aquél, se prescindirá de la audiencia preliminar, citando el juez a las partes a la audiencia principal para dentro de los quince días de recibido el requerimiento.

Esta audiencia se desarrollará de acuerdo a los dispuesto por el artículo 109 y tendrá por objeto establecer la necesidad y conveniencia de la medida solicitada.

A la luz de los antecedentes y pruebas rendidas, el juez podrá decretar la medida propuesta u otra que resulte más adecuada.

Artículo 114.- En los casos en que en virtud de una medida cautelar el menor haya sido separado de uno o ambos padres o de las personas que lo tuvieren bajo su cuidado, el proceso no podrá durar más de noventa días contados desde que se hubiere decretado esta medida.

Artículo 115.- El establecimiento o programa en que se cumpla la medida adoptada tendrá la obligación de informar mensualmente al juez acerca del desarrollo de la misma, la situación en que se encuentra el menor y los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos conforme al artículo 112.

Artículo 116.- El juez que ordenó la medida deberá visitar los establecimientos y programas en que se cumplan medidas de protección existentes en su territorio jurisdiccional, a lo menos cada seis meses. El director del establecimiento o programa deberá facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de las carpetas individuales de cada menor atendido en el por el mismo. Asimismo, deberá facilitar las condiciones para que el juez se entreviste privadamente con los menores.

El juez podrá delegar esta tarea en los profesionales que componen el Consejo Técnico del tribunal, los que deberán elevar al juez un informe detallado de sus visitas.

Artículo 117.- Los menores respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial, tendrán derecho a que el juez los reciba personalmente cuando lo soliciten por sí mismos o a través de las personas señaladas en el artículo siguiente.

Artículo 118.- En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez podrá suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, a solicitud del menor, de uno o ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o programa en que se cumple la medida.

Párrafo Segundo.

Del procedimiento de violencia intrafamiliar

Artículo 119.- Corresponderá el conocimiento de los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar regulados en la Ley Nº 19.325, de 1994, al tribunal de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado.

En estas materias se aplicará el procedimiento contenido en este párrafo y, en lo no previsto por él, las normas del Título III de esta ley.

Artículo 120.- El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar podrá iniciarse por demanda o por denuncia.

La demanda podrá ser deducida por el afectado, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que lo tengan a su cuidado.

La denuncia podrá hacerse, además de los anteriores, por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motivan y se formulará en el tribunal, ante Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones, quienes estarán obligados a recibirla y ponerla de inmediato en conocimiento del juez competente, siéndoles aplicable lo establecido en los artículos 83 y 86 del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 121.- La demanda o denuncia deberá contener una narración circunstanciada de los hechos en que se funda, la individualización de o los presuntos autores de tales hechos y, en lo posible, la indicación de las personas que componen el núcleo familiar afectado.

Si en la denuncia no se determinare la identidad de él o los presuntos ofensores, el servicio que la haya recibido deberá practicar de oficio las diligencias necesarias para su individualización, la cual deberá señalarse en el mismo parte que se envíe al tribunal al transcribir la denuncia respectiva.

Tratándose de denuncias formuladas directamente ante el tribunal, éste dispondrá de inmediato las medidas conducentes a dicha individualización.

Artículo 122.- El juez requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que éste tuviere en el registro especial que establece el artículo 8º de la ley Nº 19.325, el cual deberá ser evacuado dentro del plazo de cinco días hábiles.

Artículo 123.- En caso de que el hecho en que se fundamenta la denuncia o la demanda sea constitutivo de delito, el tribunal de familia deberá enviar de inmediato el proceso al juzgado de letras en lo criminal competente.

El tribunal del crimen, reuniéndose los elementos constitutivos de delito de un acto de violencia intrafamiliar, gozará de la potestad cautelar que establece esta ley.

Artículo 124.- En los casos en que el procedimiento se inicie por denuncia, el juez citará al denunciado a una audiencia de contestación y prueba, la que deberá celebrarse en la fecha que la resolución señale, no pudiendo ser posterior a diez días.

El juez, si lo estima pertinente, citará también a la audiencia al denunciante para que comparezca en calidad de testigo.

Artículo 125.- En los juicios a que se refiere este párrafo, el juez podrá, mediante resolución fundada, decretar toda y cualquier medida precautoria destinada a garantizar la seguridad física o psíquica del afectado y su tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. Al efecto, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, podrá prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común; ordenar el reintegro al hogar de quien injustificadamente haya sido obligado a abandonarlo; autorizar al afectado para hacer abandono del hogar común y disponer la entrega inmediata de sus efectos personales, y prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de trabajo del ofendido, a menos que trabajen en un mismo establecimiento.

Para el cumplimiento de estas medidas, el juez tendrá las facultades establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, incluyendo la de decretar el auxilio de la fuerza pública, con las facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario.

Estas medidas podrán ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento anterior a la audiencia preliminar, en el transcurso de ésta o en la audiencia complementaria.

Artículo 126.- El incumplimiento de las medidas precautorias decretadas por el tribunal será sancionado en la forma establecida en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Además, mientras se sustancia el respectivo proceso por el tribunal competente, el juez de familia podrá aplicar apremios de arresto hasta por quince días.

Artículo 127.- Si el juez lo estima conveniente, podrá citar a las audiencias, además del demandante y el demandado, a otros miembros del grupo familiar y no familiares con quienes viva el afectado.

Artículo 128.- No regirán en estos juicios las inhabilidades de testigos contempladas en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 129.- La sentencia deberá pronunciarse especialmente sobre la ocurrencia del hecho constitutivo de violencia intrafamiliar, si afecta o no a la salud física o psíquica del ofendido, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción que se le aplica.

Existiendo medidas precautorias vigentes, la sentencia deberá, además, pronunciarse sobre ellas, pudiendo mantenerlas, ampliarlas, limitarlas, modificarlas o sustituirlas por un plazo no superior a sesenta días, o dejarlas sin efecto.

Artículo 130.- El juez deberá, por el tiempo que estime prudente, controlar el cumplimiento y resultado de las medidas precautorias decretadas y, en su caso, de la asistencia del ofensor a programas terapéuticos o de orientación familiar, pudiendo delegar estas funciones en instituciones idóneas para ello, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, los Centros de Diagnóstico del Ministerio de Salud o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, lo que determinará en la sentencia.

Párrafo Tercero.

De los actos judiciales no contenciosos

Artículo 131.- Los asuntos no contenciosos cuyo conocimiento y fallo corresponda a los tribunales de familia, se sujetarán al procedimiento establecido en este párrafo.

En todo lo no regulado por este párrafo, se aplicarán las reglas contenidas en el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles.

Artículo 132.- La solicitud que para su solución se presente al tribunal, expresará claramente el asunto de que se trata. A ella se acompañarán los documentos en que se funde y se individualizará a toda persona que pudiera tener interés en el asunto, si fuere conocida.

Artículo 133.- Si no hubiere personas con derecho a oponerse por tener interés en el asunto, el juez revisará los antecedentes presentados o mandará que se presenten los que falten y resolverá sin más trámite.

Si dichos antecedentes no se acompañan oportunamente o el juez los estima insuficientes para resolver, éste mandará citar a todas las personas indicadas en la solicitud y a cualquier otra que, en su concepto, pueda tener interés en el asunto, a una audiencia que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes.

Esta citación se practicará en la forma que establece el artículo 689 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 134.- Durante la audiencia, que se realizará aunque sólo concurra el solicitante, el juez escuchará a éste y a los demás interesados que se presenten, apreciará los antecedentes y resolverá el asunto.

Si durante la audiencia surgiere oposición de persona interesada, el juez preguntará a las partes si desean desde ya continuar su tramitación en la forma ordinaria establecida para los asuntos contenciosos, caso en el cual la solicitud será tomada como demanda y la oposición del interesado como contestación, debiendo ambas ser protocolizadas en extracto. En lo demás, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 y siguientes, entendiéndose que aquella en que se formuló la oposición, tendrá el carácter de audiencia preliminar.

Si alguna de las partes no consintiere en continuar desde ya la tramitación del asunto en la forma ordinaria establecida para los asuntos contenciosos, o si, en concepto del tribunal, no estuvieren reunidos los elementos para la realización inmediata de la audiencia preliminar, las partes se entenderán autorizadas para presentar su demanda en la forma ordinaria.

TITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 135.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Orgánico de Tribunales:

1) Sustitúyese, en su artículo 5º inciso tercero, las palabras "juzgados de Letras de Menores" por "tribunales de familia" y la expresión "Ley Nº 16.618" por "Ley que crea los tribunales de familia".

2) Sustitúyese el artículo 45 número 2º, letra h) por el siguiente:

"h) De las causas del trabajo y de familia cuyo conocimiento no corresponda a los juzgados de letras del trabajo y de familia respectivamente.".

3) Agrégase, en su artículo 63 número 1º, una coma (,) a continuación del término "criminales" y, entre ésta y las palabras "y del trabajo", las palabras "de familia".

4) Sustitúyese el artículo 69 inciso tercero, por el siguiente:

"En las tablas deberá designarse un día a la semana para conocer las causas criminales, y otro día para conocer las causas de familia, sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal les acuerden.".

5) Sustitúyese la primera parte del artículo 97, hasta el punto seguido (.), por la siguiente:

"Las sentencias que dicte la Corte Suprema al fallar recursos de casación, de queja, de protección, de amparo y de revisión no son susceptibles de recurso alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda que establece el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil.".

6) Sustitúyese el artículo 98 número 1º por el siguiente:

"1ºDe los recursos de casación en materia de familia, y de los recursos de casación en el fondo en las demás materias.".

7) Reemplázase, en el artículo 99, la palabra "menores" por "familia".

8) Sustitúyese el artículo 195 número 5º, por el siguiente:

"5ºHaber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador.".

9) En el artículo 265 inciso segundo, agrégase, a continuación de los dos puntos (:) la expresión "los administradores de los tribunales de familia". En el mismo inciso, agrégase a continuación del término "sociales" la expresión ", miembros de los Consejos Técnicos de los tribunales de familia".

10) Agrégase en el artículo 269, entre la expresión "Quinta serie" y la expresión "asistentes sociales" la frase "administradores de tribunales de familia, psicólogos".

11) Agrégase, en el inciso cuarto letra e) del artículo 273, a continuación de la expresión "calificarán a" la expresión "su administrador,".

Agrégase, en su inciso final, entre las expresiones "el secretario" y "del tribunal", la expresión "o el administrador".

12) Agrégase en el artículo 277 inciso primero, la expresión "o el administrador" a continuación de la expresión "Secretario".

13) Agrégase en el artículo 279 inciso segundo, la expresión "o el administrador" a continuación de la expresión "secretario" las tres veces que aparece en el inciso.

14) Introdúcese el siguiente artículo 289 bis a):

"Para proveer el cargo de administrador, el tribunal respectivo llamará a concurso público de oposición y antecedentes, por medio de aviso que se publicará en un periódico de circulación nacional con treinta días de anticipación, a lo menos. El concurso será resuelto por un jurado integrado por un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, l Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y un representante del Ministerio de Justicia.".

15) Agrégase al artículo 290 el siguiente inciso segundo:

"Lo dispuesto en el inciso precedente no será aplicable cuando se trate de proveer el cargo de administrador".

16) Agrégase un nuevo párrafo 4 bis en el Título XI, llamado "De Los administradores de tribunales".

"Artículo 389 bis.- Los administradores de Tribunales son funcionarios auxiliares de la administración de justicia, cuya función consiste en desempeñar las tareas administrativas necesarias para permitir a los jueces desarrollar sus funciones jurisdiccionales en forma cabal, oportuna y expedita. Estará especialmente encargado de la gestión administrativa y financiera del juzgado y será el superior jerárquico de los demás funcionarios auxiliares del tribunal.

Artículo 389 bis A.- Corresponde a los administradores:

a.- Administrar los recursos humanos del juzgado, correspondiéndole la dirección directa e inmediata de los empleados, la determinación de sus funciones y la supervisión de su buen desempeño;

b.- Administrar los recursos materiales y financieros del juzgado, llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del juzgado;

c.- Proponer al juez presidente sistemas equitativos de distribución de las causas y repartición de la carga de trabajo del juzgado;

d.- Planificar y coordinar el desarrollo de las actuaciones del juzgado y preparar la realización de las audiencias, de manera que éstas se lleven efectivamente a cabo en la fecha en que han sido fijadas;

e.- Dar cuenta al Presidente del juzgado, en la forma que se determine, acerca de la gestión administrativa del mismo y formular las proposiciones que estime pertinentes;

f.- Custodiar con el conveniente arreglo, las actas, documentos y demás antecedentes que los litigantes o terceros hayan acompañado o los jueces hayan dispuesto adjuntar;

g.- Emitir los informes previos para las calificaciones de los empleados.

h.- Ejercer las demás funciones que determinen las leyes.

Artículo 389 bis B.- Para ser administrador de un Juzgado de Familia se requiere poseer un título profesional del área de administración o finanzas otorgado por una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado, y haber aprobado un curso especial para administradores que al efecto dictará la Academia Judicial.

17) Sustitúyese, en el párrafo Décimo del Título XI, por el siguiente:

"Del Consejo Técnico de los tribunales de familia".

Artículo 457.- Los Consejos Técnicos de los tribunales de familia son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por asistentes sociales y psicólogos en el número que fije la ley, cuya función es asesorar a los jueces de familia en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos de que conocen estos tribunales y en la adopción de las resoluciones que mejor convengan a los intereses permanentes del grupo familiar.

Cuando por implicancia o recusación el miembro del Consejo Técnico no pudiere intervenir en determinadas causas, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del Consejo Técnico del tribunal a que pertenece, según el orden de sus nombramientos.

18) Agrégase, en el artículo 469 inciso segundo, a continuación de la expresión "Ministerio Público" la expresión ", administrador". En el mismo inciso segundo, sustitúyese el ilativo "o" que antecede la expresión "asistentes sociales", por una coma (,) y agrégase, a continuación del término "judiciales", la expresión "o miembros del Consejo Técnico de los tribunales de familia".

19) Agrégase en el artículo 471 inciso cuarto, a continuación de la expresión "respectivo" y antes del punto aparte (.), la frase "o ante el juez presidente si el tribunal estuviere compuesto por más de un juez.".

20) Agrégase en el artículo 473 inciso primero, a continuación de la expresión "secretarios" la expresión ", administradores".

Agrégase, en su inciso segundo, a continuación de la expresión "secretarios" la expresión "y administradores".

21) Agrégase al inciso primero del artículo 478, a continuación de la expresión "secretario," las expresiones "administrador, asistente social o miembro de los Consejos Técnicos de los tribunales de familia".

Sustitúyese, en el mismo inciso primero, la frase "o del juez de letras respectivo o de turno en los demás casos", por la frase "o del juez de letras, del juez presidente o del de turno, según los casos".

Agrégase, en su inciso segundo, a continuación de la expresión "secretarios" las expresiones "o administradores, asistentes sociales y miembros de los Consejos Técnicos".

22) Agrégase, en el artículo 481, a continuación de la expresión "asistentes sociales," las expresiones "miembros de los Consejos Técnicos de los tribunales de familia y administradores".

23) Introdúcese el siguiente artículo 481 bis, nuevo:

"481 bis.- Los administradores no podrán celebrar negocios, para el tribunal y en su calidad de administradores, con su cónyuge, ascendientes, descendientes ni colaterales hasta el cuarto grado inclusive, por consanguinidad o afinidad. Tampoco podrán celebrar negocios con personas jurídicas o sociedades en que tengan interés ellos o esos mismos parientes.".

24) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 488, el ilativo "y", entre las expresiones "secretarios y asistentes sociales judiciales, por una coma (,), y agréguese, a continuación, las expresiones "miembros de los Consejos Técnicos de los tribunales de familia y administradores".

25) Agrégase, en el artículo 494 inciso cuarto, a continuación de la expresión "secretarios," las expresiones "administradores, asistentes sociales y miembros de los Consejos Técnicos de los tribunales de familia".

26) Agrégase, en el artículo 496 inciso segundo, a continuación de la expresión "secretarios", las expresiones "administradores, asistentes sociales y miembros de los Consejos Técnicos de los tribunales de familia".

27) Sustitúyese en el artículo 506 inciso primero, la expresión "de Menores" por "de Familia".

28) Agrégase en el artículo 516 inciso segundo, a continuación de la expresión "secretario" la expresión "o administrador".

29) Agrégase en el artículo 517 inciso cuarto, a continuación de la expresión "Cortes y" la expresión "secretarios o administradores".

30) Sustitúyese, en el artículo 535 inciso segundo, la expresión "especiales de menores." por "de familia.".

31) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 539, a continuación de la expresión "secretarios,", las expresiones "administradores, asistentes sociales y miembros de los Consejos Técnicos de los tribunales de familia".

32) Agrégase, en el artículo 540 inciso final, a continuación de la expresión "del trabajo" y antes del punto (.) final, la expresión "y de familia".

Artículo 136.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16.618.

1) Derógase los artículos 18º a 26º, ambos inclusive.

2) Derógase el artículo 31º.

3) Derógase los artículos 34º a 37º, ambos inclusive.

4) Derógase el artículo 40º.

Artículo 137.- Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero al artículo 18 de la ley 19.346:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, la Academia Judicial deberá impartir, directa y periódicamente, un curso de perfeccionamiento especial para administradores de tribunales, cuyo objetivo será capacitar a dichos funcionarios en los conocimientos y destrezas habilitantes para el cumplimiento de sus funciones.

Se aplica a este curso lo previsto en el artículo 13 de esta ley.".

Artículo 138.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil:

1) Introdúcese el siguiente artículo 26 bis, nuevo:

"No podrá decretarse el divorcio mientras no se encuentren resueltos todos los asuntos relativos a la tuición y visitas de los hijos comunes, al régimen patrimonial del matrimonio, a los bienes familiares y a la situación alimentaria de los miembros de la familia que tuvieren derecho de alimentos.

Si los cónyuges no hubieren convenido previamente sobre estos asuntos o si el convenio que hubieren celebrado fuere incompleto, el juez derivará a las partes a un proceso de mediación o, en su defecto, les llamará a conciliación. Cuando llame a conciliación, el juez podrá solicitar a cada una de ellas que presenten un proyecto de acuerdo en el que expresen sus posiciones y expectativas respecto de cada uno de los puntos a resolver.".

2) Introdúcese el siguiente artículo 35 bis, nuevo:

"Será aplicable a los juicios sobre nulidad del matrimonio lo dispuesto por el artículo 26 bis para los juicios de divorcio.".

Artículo 139.- Deróganse los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 19.325.

Artículo 140.- La presente ley empezará a regir un año después de su publicación y la de las leyes que la complementen en el Diario Oficial.

Artículo 141.- Los tribunales de familia se instalarán gradual y progresivamente en la forma y plazo que determine el decreto con fuerza de ley para cuya dictación se faculta al Presidente de la República.

Facúltase al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año contado desde la publicación de esta ley y de sus leyes complementarias, dicte un Decreto con Fuerza de Ley, en el que deberá establecer la implementación gradual y progresiva de los nuevos tribunales de familia, pudiendo para estos efectos determinar el orden de las regiones y/o comunas en las cuales se comenzará a instalar dichos tribunales.

Artículo 142.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará con cargo a los recursos que se consulten en la Partida Presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- Durante el período de la instalación de los tribunales de familia, los tribunales de menores subsistentes, seguirán conociendo de las materias que les encomienda la ley 16.618, con los procedimientos en ella establecidos.

Las causas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estuvieren sometidas al conocimiento de los jueces de los Juzgados de Letras de Menores, continuarán substanciándose por las disposiciones de la ley Nº 16.618 hasta su sentencia de término.

Para los efectos de los incisos anteriores, las disposiciones de la Ley Nº 16.618, que se derogan, mantendrán su vigencia por el tiempo que fuere necesario.

Artículo segundo.- Las causas de competencia de los tribunales de familia y que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encontraren radicadas en juzgados civiles o de letras con competencia en lo civil, continuarán radicadas en éstos hasta la sentencia de término.".

Dios guarde a V.E.,

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE

Presidente de la República

SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA

Ministra de Justicia

EDUARDO ANINAT URETA

Ministro de Hacienda

VALPARAISO, 5 de noviembre de 1997

Oficio Nº 1752

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que crea los tribunales de familia. (boletín N° 2118-18).

Dios guarde a V.E.

GUTENBERG MARTINEZ OCAMICA

Presidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

Santiago, 14 de enero de 1998.

Of.: Nº 0035

El señor Presidente de la Cámara de Diputados, por Oficio Nº 1752 de 5 de noviembre pasado, se ha servido remitir a esta Corte un proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia a fin de que este Tribunal emita su opinión, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, y 16 de la Ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Impuesta esta Corte de la materia en consulta, en reunión de Pleno del día 12 de enero en curso, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los Ministros señores Jordán, Faúndez, Toro, Álvarez, Bañados, Carrasco, Correa, Garrido, Navas, Libedinsky, Ortiz, Benquis y Tapia, acordó informar lo siguiente:

Los objetivos y fundamentos generales del proyecto que se informa, según lo expresado en su exposición de motivos, se pueden resumir en la forma que a continuación se indica.

Se trata de dotar a nuestro sistema de Administración de Justicia de órganos y procedimientos para hacer frente a un especial tipo de contencioso -como lo es el de naturaleza familiar- para el cual, hasta el momento, nuestro ordenamiento jurídico carece de una respuesta específica.

Por otra parte, los objetivos específicos de este mismo proyecto se dirigen a las siguientes finalidades:

a) Que exista una jurisdicción especializada en asuntos de familia;

b) Que se proporcione a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas, privilegiándose vías como la mediación y conciliación que permitan soluciones pacificadoras que favorezcan la armonía del grupo familiar;

c) Que la jurisdicción familiar tenga un carácter interdisciplinario, para tratar el conflicto en su integridad;

d) Que atendida la naturaleza del conflicto familiar, el juez pueda tener un conocimiento directo e inmediato de los asuntos sometidos a su decisión, y

e) Incorporar a esta judicatura especializada elementos de modernización que deberán también extenderse al resto de la administración de justicia.

El proyecto de ley en informe consta de seis Títulos que, respectivamente, tratan las siguientes materias:

El Título I regula la organización de los tribunales de familia, dándoles el carácter de tribunales unipersonales de composición múltiple, dedicando sucesivos párrafos a los jueces de familia, al Consejo Técnico, al Administrador y a los oficiales de Secretaría.

El Título II determina la competencia de estos tribunales.

El Título III reglamenta el procedimiento, dedicando párrafos separados a principios formativos; reglas generales; medidas cautelares; procedimiento ordinario, y mediación.

El Título IV se refiere a las vías de impugnación, dedicando párrafos a disposiciones generales; recurso de reposición; recurso de apelación; recurso de casación, y ejecución de resoluciones.

El Título V reglamenta procedimientos especiales, dedicados a la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad; procedimiento de violencia intrafamiliar, y actos judiciales no contenciosos.

El Título VI incluye disposiciones varias, que modifican diversos cuerpos legales, a fin de adecuar el proyecto al resto de nuestro ordenamiento jurídico.

Esta Corte estima positiva y oportuna la intención de crear juzgados especializados en materias de familia habida consideración de la naturaleza peculiar que presenta este tipo de problemas que hace surgir muchas veces temas que no son estrictamente de carácter jurídico. Por esto merece ser destacada la creación de Consejos Técnicos compuestos por asistentes sociales y psicólogos que presten asesoría en el desarrollo de las funciones entregadas a estos tribunales.

Merece, también, ser destacada la creación del Administrador, que asumiría muchas de las labores entregadas actualmente a los Secretarios de tribunales y que, por lo mismo, en concepto de esta Corte, constituye un tema que debería ser estudiado y decidido en un ámbito más generalizado y no circunscrito sólo a estos tribunales en proyecto de creación. Hace tiempo ya que se viene hablando en nuestro medio jurídico de la necesidad de cambiar el rol de los actuales Secretarios de juzgados.

En el artículo 5º del proyecto se establece que los jueces de familia de un mismo tribunal se subrogarán entre sí, de acuerdo al orden que para estos efectos establezca el juez presidente a propuesta del administrador, quien deberá cuidar siempre que exista una repartición equitativa de la carga de trabajo. En concepto de esta Corte debería eliminarse toda la parte final desde donde dice "a propuesta del administrador..." hasta "...carga de trabajo", ya que la forma de subrogación de los jueces debería quedar entregada sólo al juez presidente, sin intervención del administrador, y sin referencia, tampoco, a una repartición equitativa de la carga de trabajo que es un concepto que puede vincularse al de distribución de causas, como se propondrá a continuación, pero no al de subrogación de jueces.

En el artículo 8º Nº 3 se dispone que corresponde al juez presidente: "3) Aprobar el sistema de distribución de causas que le proponga el administrador entre los distintos jueces".

En opinión de esta Corte este número debería sustituirse por uno que diga lo siguiente: "3) Establecer el sistema de distribución de causas entre los jueces de familia de un mismo tribunal, a propuesta del administrador, cuidando siempre que exista una repartición equitativa de la carga de trabajo".

Se privilegia en el proyecto en informe un sistema alternativo de resolución de conflictos, que aparece adecuado en materias familiares, como es la mediación y, al efecto, se reglamentan sus aspectos en los artículos 54 a 78, pero para poder informar más detenidamente a este respecto sería necesario conocer las disposiciones que se incluyan en la ley que regulará el sistema nacional de mediación a la que se hace referencia en los artículos 59, 74 y 78 del presente proyecto.

En cuanto al procedimiento no aparece adecuada la exigencia tan perentoria, contenida en el artículo 46, en lo relativo a que todos los documentos en que se funda la contestación de la demanda y todos los que tengan relación con la cuestión controvertida, deban acompañarse a la audiencia preliminar, con sólo las excepciones que en el citado precepto se indican, en circunstancias de que en el artículo 47 se está contemplando la posibilidad de una audiencia complementaria destinada, precisamente, a rendir pruebas que no haya sido posible recibir con anterioridad.

Finalmente, atendida la naturaleza y características de estas materias de familia, no parece conveniente, en concepto de esta Corte, que entre las vías de impugnación de las sentencias se incluya el recurso de casación que se reglamenta en los artículos 94 a 100 del proyecto.

Igualmente sería conveniente dejar expresa constancia en cuanto a que las sentencias de segunda instancia no serán impugnables por la vía del recurso de queja.

El presente informe no excluye la posibilidad de que durante el transcurso de tramitación del proyecto esta Corte pueda formular otras observaciones al mismo, toda vez que la extensión de las materias tratadas hace necesario un estudio prolongado, que podría retrasar la decisión de esa honorable Cámara sobre si procede o no legislar en torno a las materias que aquí se consultan.

Es todo cuanto estamos en condiciones de informar.

Saluda atentamente a V.S.,

(Fdo.): ROBERTO DÁVILA DÍAZ, Presidente; CARLOS MENESES PIZARRO, Secretario."

?INFORME DE LA COMISION DE FAMILIA ACERCA DEL PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA.

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BOLETIN Nº 2118-18.

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Familia pasa a informaros sobre el proyecto de ley de la referencia, originado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Consultada la opinión de la Excma. Corte Suprema sobre el proyecto, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de la República y 16, de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, por oficio Nº 0035, de 14 de enero de 1998 -en el que expresamente, por la extensión de las materias tratadas, no excluye la posibilidad de formular nuevas observaciones durante el transcurso de la tramitación-, informa que es positiva y oportuna la intención de crear juzgados especializados en materias de familia, dada la peculiar naturaleza de este tipo de problemas que, muchas veces, hace surgir temas que no son estrictamente de carácter jurídico.

En razón de ello, destaca la creación de los consejos técnicos -compuestos por asistentes sociales y psicólogos que presten asesoría en el desarrollo de las funciones encomendadas a los Tribunales de Familia-, y del administrador, quien asumirá muchas de las labores confiadas actualmente a los secretarios de tribunales y que, por lo mismo, en concepto de dicha Corte, debería ser estudiado y decidido en un ámbito más generalizado, no circunscrito sólo a los tribunales en proyecto de creación. A este último respecto, pone de relieve que desde hace tiempo ya se viene hablando de la necesidad de cambiar el papel de los actuales secretarios de juzgados.

También le parece adecuado que el proyecto privilegie en materias familiares, a través de la mediación, un sistema alternativo de resolución de conflictos. Advierte, eso sí, que, para poder informar más detenidamente a este respecto, sería necesario conocer las disposiciones que se incluyan en la ley que regulará el sistema nacional de mediación.

Luego, atendida las naturaleza y las características de las materias de familia, a la Corte Suprema le parece inconveniente que entre las vías de impugnación de las sentencias se incluya el recurso de casación. Además, estima conveniente dejar expresa constancia de que las sentencias de segunda instancia no sean impugnables por la vía del recurso de queja.

Finalmente, formula, respecto de los artículos 5º; 8º, Nº 3, y 46, las observaciones y proposiciones que en el capítulo relativo a la discusión en particular se señalarán.

* * * * *

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas:

Señora María Soledad Alvear V., Ministra de Justicia; señora Consuelo Gazmuri R., y señor Cristóbal Pascal Ch., Jefes de las Divisiones Judicial y de Defensa Social del Ministerio de Justicia, respectivamente; señora Paula Correa C., y señor Raúl Tavolari O., abogados asesores de dicha Secretaría de Estado.

Concurrieron, asimismo, especialmente invitados por la Comisión a exponer sus puntos de vista y observaciones sobre la iniciativa, las señoras Ana Luisa Prieto, Presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Menores, Ana María Fuentes, jueza del 2º juzgado de menores de Santiago, y Gabriela Ureta, jueza del juzgado de menores de San Bernardo, ambas Directoras de dicha agrupación; las señoras Marcela Le Roy y Paulina Gómez, Subdirectora y mediadora de la Corporación de Asistencia Judicial de la V Región; las señoras Clara Salgado, Leonor Alliende y Sandra Pérez, abogada, mediadora y asistente social, respectivamente, y el señor Jorge Burgos, psicólogo, todos del Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana; la señora Ingeburg Fürmann, doctora y el señor Andrés Donoso, psicólogo, ambos terapeutas familiares; la señora Dolly Schmied C., jueza del Segundo Juzgado de Menores de Antofagasta; la señora Nancy de la Fuente, académica de la Universidad Diego Portales; el señor Miguel Cillero, asesor de UNICEF; las señoras Marta Jordán H., Lucía Mondaca C. y María Alejandra Serrano P., Presidenta, Vicepresidenta y Secretaria, respectivamente, de la Asociación Nacional de Asistentes Sociales del Poder Judicial; las señoras Sara Bustamante, Carmen Luz Belloni y Gloria Collazo, Directora, Subdirectora y docente, respectivamente, de la carrera de Orientación en Relaciones Humanas y Familia del Instituto Profesional Carlos Casanueva, y la señora Cecilia Galilea, Directora del Centro de Orientación Personal y Familiar de dicha entidad; las señoras Irma Bavestrello B., Fiscal de la Corte de Apelaciones de Concepción, Gladys Lagos C., y Silvia Oneto P., juezas del Primero y Segundo Juzgados de Menores de Concepción, respectivamente; la señora Macarena Vargas, Coordinadora del Programa Piloto de Mediación Anexo a Tribunales, que desarrolla el Ministerio de justicia; Luz Rioseco, especialista en violencia intrafamiliar, de la Universidad Diego Portales; la señora Ivonne Fernández, psicóloga, Coordinadora del programa de Violencia Intrafamiliar de la I. Municipalidad de Huechuraba, y el señor Alex Muñoz, Procurador de dicha Corporación edilicia; el señor Diego Téllez, juez del Segundo Juzgado de Menores de Valparaíso; el señor Guillermo Quiroz y las señoras Oriana Escalante y Marta Guerra, Vicepresidente, Secretaria y Directora de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, respectivamente; el señor Ricardo del Canto, asesor financiero del Ministerio de Justicia; las señoras Telma Carrasco G., Marta Araya D., Guisella Steffen C., y Ximena Güiraldes, Presidenta, Vicepresidenta, Directora de Cuentas y Encargada de Relaciones Públicas del Colegio de Orientadores en Relaciones Humanas y Familia, respectivamente.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

Constitución Política.

Nuestra Carta Fundamental establece en su artículo 1º que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, encomendando al Estado, en el inciso final de este mismo precepto, el deber de protegerla y de propender a su fortalecimiento.

Su artículo 19, Nº 3, asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, reconociendo a cada una el derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y estableciendo que ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la intervención de un letrado en el caso de haber sido solicitada.

La misma disposición señala que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino que por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta.

Finalmente, establece que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, correspondiendo al legislador constituir siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.

Su artículo 32, en su número 14, señala entre las atribuciones especiales del Presidente de la República, la de nombrar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente.

Su artículo 73 reconoce exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, prohibiendo al Presidente de la República y al Congreso ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o el contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.

Su artículo 74 encomienda a una ley orgánica constitucional la determinación de la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para una pronta y cumplida administración de justicia, en todo el territorio nacional.

Código Orgánico de Tribunales.

Este cuerpo legal, que tiene carácter orgánico constitucional, determina la organización y atribuciones de los tribunales ordinarios de justicia que integran el Poder Judicial (los tribunales de menores, del trabajo y los militares en tiempo de paz, se rigen en su organización y atribuciones por la ley Nº 16.618, el Código del Trabajo y el Código de Justicia Militar, respectivamente) necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. Asimismo, señala las calidades y requisitos que deben cumplir los ministros de Corte, jueces y demás funcionarios del Poder Judicial.

Ley Nº 16.618, sobre Menores.

En lo que interesa a este informe, esta ley, mediante su Título III, denominado "De la Judicatura de Menores, su Organización y Atribuciones" (arts.18 a 50), crea la judicatura especial de Menores, establece los territorios o lugares en que habrá Juzgados de Menores y determina su organización, atribuciones, competencia y las calidades que deberán poseer los jueces respectivos. Asimismo, establece el procedimiento a que deben sujetarse los asuntos de competencia de estos tribunales, la forma en que debe practicarse la notificación de sus resoluciones, los medios de prueba de que podrá valerse el juez y la forma de apreciarla, y, finalmente, los recursos que procedan en contra de sus resoluciones.

Ley Nº 19.346, que crea la Academia Judicial.

Esta ley crea la Academia Judicial, cuya finalidad es la formación de los postulantes a cargos del Escalafón Primario del Poder Judicial (ministros y fiscales de cortes; jueces letrados; relatores; secretarios de cortes y juzgados de letras y defensores públicos) y el perfeccionamiento de todos los demás integrantes de dicho Poder del Estado.

Ley de Matrimonio Civil.

Esta ley, que data desde 1884, establece las disposiciones con arreglo a las cuales debe celebrarse en Chile el matrimonio, para que produzca efectos civiles. Otorga a la jurisdicción civil el conocimiento y decisión de todo lo concerniente a la observancia de sus normas. Ellas tratan de las siguientes materias: los impedimentos y prohibiciones; las diligencias preliminares a la celebración del matrimonio y la celebración misma de éste; el divorcio; y la nulidad y la disolución del matrimonio.

Ley Nº 19.325, sobre violencia intrafamiliar.

Este cuerpo legal establece normas especiales sobre competencia, procedimiento y sanciones relativas al juzgamiento de los actos de violencia intrafamiliar.

II. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA.

El proyecto descansa, de acuerdo con el Mensaje, en la observación de una característica del proceso de desarrollo y evolución histórica de nuestro país, consistente en la asimetría entre el conjunto de transformaciones sociales y políticas experimentadas en las últimas décadas y el estado de sus instituciones jurisdiccionales.

Dichas instituciones no han adaptado su diseño institucional a los desafíos planteados por una sociedad cada vez más diversa y compleja, dando lugar a una manifiesta incapacidad estructural de nuestro sistema de administración de justicia para enfrentar el creciente aumento de los litigios que le corresponde tratar, y a una falta de correspondencia entre los procedimientos previstos para producir decisiones jurisdiccionales y la gran diversidad de los conflictos que deben conocer y resolver.

No se trataría, entonces, sólo de un déficit cuantitativo que afectaría la agilidad y eficiencia de los tribunales para resolver la creciente cantidad de litigios que deben conocer, sino que de falencias cualitativas, perceptibles en los procedimientos mismos, que impiden a nuestros jueces dar soluciones adecuadas, según su naturaleza y tipo, a los conflictos que se presenten.

El desafío, en consecuencia, no sólo es aumentar la capacidad del sistema para resolver conflictos, sino que es necesario, asimismo, ocuparse del modo en que el sistema los resuelve, para que las decisiones que emita sean socialmente adecuadas y percibidas como legítimas.

Añade el mensaje que el Gobierno ha buscado encarar de modo sistemático y con sentido de Estado este grave desafío estratégico de hacer frente a esas deficiencias de nuestro sistema de administración de justicia con el objeto de favorecer el respeto de los derechos de las personas y su seguridad; el respeto del individuo y el fomento de un mínimo de virtudes comunitarias, indispensables para el desarrollo de un proyecto nacional.

A dicho propósito obedecen este proyecto y los de reforma procesal penal –a juicio del Ejecutivo, quizá la más importante modernización del Estado de Chile desde su consolidación-; el fomento del uso de sistemas alternativos del jurisdiccional para la resolución de los conflictos con el fin de aumentar y hacer más heterogénea la tutela de derechos que es capaz de ofrecer el Estado; los programas de acceso a la justicia, que tienden a aumentar la información disponible y a prestar asistencia letrada a sectores marginados de la protección jurisdiccional, y el persistente aumento de recursos al sector de la justicia.

III. IDEAS MATRICES Y OBJETO DEL PROYECTO.

El proyecto busca, en términos generales, dotar a la justicia chilena de órganos y procedimientos capaces de dar una respuesta o solución adecuada a las contiendas de naturaleza familiar, para lo cual se inspira en cuatro ideas generales o matrices, destinadas a la obtención de objetivos específicos.

Estas ideas generales son las siguientes:

1º Tender a la creación de procedimientos que favorezcan una mayor inmediación entre los jueces y las personas sometidas a su jurisdicción, enfatizando la oralidad por sobre la escrituración.

2º Acrecentar el acceso a la justicia de sectores con problemas para ello o, normalmente, excluidos, por cuanto, como lo comprueban diversas investigaciones efectuadas sobre la materia, las contiendas de carácter familiar son aquellas que más se relacionan con el bienestar cotidiano de los grupos de menores ingresos a los que afectan.

3º Establecer un órgano jurisdiccional que pueda, en el futuro inmediato, hacerse cargo del conocimiento de las infracciones juveniles de la ley penal, en conformidad a un procedimiento que satisfaga las garantías del debido proceso.

4º Instituir un procedimiento de mediación que permita dar preferencia a la búsqueda de soluciones no controversiales para los conflictos de carácter familiar.

Los objetivos específicos que se persiguen con estas ideas generales son los siguientes:

a) establecer una jurisdicción especializada en asuntos de familia, creándose tribunales dotados de competencia para conocer de todas las materias que puedan afectarlos, evitando la ocurrencia de las partes ante judicaturas diferentes por asuntos distintos pero que tienen un mismo origen. Es decir, se trata de ofrecer una solución integral que pueda abarcar los distintos aspectos del conflicto mediante una caracterización interdisciplinaria de la jurisdicción.

b) proporcionar a las partes los medios necesarios para alcanzar soluciones pacificadoras que favorezcan la armonía del grupo familiar, privilegiando las vías no controversiales, como son la mediación y la conciliación.

c) Permitir que el juez adquiera un conocimiento directo e inmediato de los asuntos sometidos a su conocimiento, mediante el diseño de un procedimiento oral, flexible, concentrado y basado en el principio de la inmediación.

d) Propender a la mayor eficacia y eficiencia del ejercicio jurisdiccional, incorporando a la judicatura de familia elementos de modernización que son comunes al resto de la administración de justicia.

CONTENIDO DEL PROYECTO.

Para materializar los objetivos anteriores, se propone un proyecto de ley desarrollado en 142 artículos permanentes, divididos en seis Títulos, cada uno de los cuales se compone de un número específico de párrafos, y en dos artículos transitorios necesarios para su puesta en marcha.

Título I (artículos 1º al 16).

Este Título, dividido en cuatro párrafos, regula la organización de los tribunales de familia, a los que se concibe como una judicatura especializada integrante del Poder Judicial. Les da el carácter de tribunales unipersonales de composición múltiple, integrados por el número de jueces que la ley determine para cada territorio jurisdiccional.

Sus párrafos tratan las siguientes materias: (primero) De los jueces de familia (artículos 3º al 8º); (segundo) Del consejo técnico (artículos 9º al 12), (tercero) Del administrador (artículo 13); y, (cuarto) De los oficiales de secretaría (artículos 14 al 16).

Título II (artículo 17).

Fija la competencia de los tribunales de familia, encomendándoles el conocimiento de todas las materias relativas a la familia, con la sola excepción de las nulidades de matrimonio por vicios de forma (incompetencia del oficial del Registro Civil o inhabilidad de los testigos), en atención a las graves consecuencias sociales que de ellas se derivan. No obstante, se establece la obligatoriedad de que las partes resuelvan, por acuerdo directo o por decisión del tribunal de familia, los aspectos concernientes a las condiciones económicas y personales de la vida futura de los hijos menores. Asimismo, se exceptúan de la competencia de estos tribunales aquellos asuntos derivados de la sucesión por causa de muerte.

Título III (artículos 18 al 78).

Este Título, dividido en cinco párrafos, regula el procedimiento aplicable en los tribunales de familia. Sus párrafos tratan las siguientes materias: (primero) De los principios formativos del procedimiento (artículos 18 al 24); (segundo) De las reglas generales (artículos 25 al 33); (tercero) De las medidas cautelares (artículos 54 al 78); (cuarto) Del procedimiento ordinario (artículos 41 al 53); y, (quinto) De la mediación (artículos 18 al 78).

Título IV (artículos 79 al 102).

Este Título, dividido en seis párrafos, regula las vías de impugnación. Sus párrafos consideran: (primero) Disposiciones generales (artículos 79 y 80); (segundo) Del recurso de reposición (artículos 81 al 83); (tercero) Del recurso de apelación (artículos 84 al 93); (cuarto) Del recurso de casación (artículos 94 al 100); (quinto) De la revisión de las sentencias firmes (artículo 101); y, (sexto) De la ejecución de las resoluciones (artículo 102).

Título V (artículos 103 al 134).

Este Título, dividido en tres párrafos, regula los procedimientos especiales. Sus párrafos tratan: (primero) De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad (artículos 103 al 118); (segundo) Del procedimiento de violencia intrafamiliar (artículos 119 al 130); y, (tercero) De los actos judiciales no contenciosos (artículos 131 al 134).

Título VI (artículos 135 al 142).

Este Título contiene disposiciones varias, que modifican diversos cuerpos legales con el propósito de dar al proyecto la debida coherencia y armonía con el resto de nuestro ordenamiento jurídico.

Entre sus disposiciones, destacan las siguientes:

El artículo 135, que introduce modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales.

El artículo 136, que deroga diversas disposiciones de la ley Nº 16.618, sobre Menores.

El artículo 137, que modifica al ley Nº 19.346, que creó la Academia Judicial.

El artículo 138, que introduce modificaciones en la ley de Matrimonio Civil.

El artículo 140, que deroga disposiciones de la ley sobre violencia intrafamiliar.

IV. SINTESIS DE LAS EXPOSICIONES FORMULADAS EN LA COMISION.

La señora María Soledad Alvear (Ministra de Justicia), informó acerca del empeño con que está actuando la Secretaría de Estado a su cargo para sacar adelante un gran proceso modernizador del sistema de administración de justicia. En tal contexto, señaló que el proyecto que crea los tribunales de familia marca un hito en la historia de la justicia chilena, toda vez que estos tribunales han sido diseñados para dar una adecuada e integral respuesta a las especiales características que revisten los conflictos familiares, los que, por ser de naturaleza sistémica, reclaman soluciones cooperativas para acrecentar el bienestar de las partes en disputa.

Sostuvo que la lógica adversarial que opera en general en el tratamiento de los conflictos judiciales no resulta idónea para solucionar las contiendas familiares, muy en particular porque las partes en conflicto son personas que, cualesquiera que sean las dificultades que enfrenten durante su vida en común, deberán seguir manteniendo una relación entre sí, por lo que es menester que esa relación sea lo más armoniosa posible. Por eso, a su juicio, nada podría ser más grave que lo dicho por un cónyuge al otro, al concurrir a los tribunales, inspirado en la lógica adversarial.

A continuación, se refirió a los objetivos que nuestro ordenamiento jurídico debe considerar o perseguir para ayudar a la solución eficiente de los conflictos familiares . En primer lugar, destacó la importancia de que exista una jurisdicción especializada en asuntos de familia, lo que se logra mediante la creación de tribunales con competencia para conocer de todas las materias que puedan afectar a las familias, de modo que, si éstas experimentan situaciones de conflicto, no deban iniciar varios procedimientos distintos, incluso ante tribunales diversos, para solucionar sus problemas, pues ello no sólo constituye una pérdida de tiempo y de recursos para las personas, sino también para el Estado.

Enfatizó que los tribunales de familia conocerán únicamente dichas materias, lográndose así la necesaria especialización que esta instancia jurisdiccional necesita. Puso de relieve, además, que todos los sistemas de justicia en el mundo apuntan hoy hacia esa especialización, pues es la mejor forma de lograr respuestas eficientes a conflictos generados por un mismo problema.

Especial relevancia asignó a dicho objetivo con miras a tratar eficazmente la violencia intrafamiliar. Recordó que, cuando se envió el proyecto sobre violencia intrafamiliar, se propuso radicar la competencia para conocer de esos casos en los juzgados de menores. Sin embargo, durante su trámite legislativo se analizaron otras alternativas y algunos parlamentarios optaron, por la cercanía que tienen con las personas, que estas causas fueran conocidas por los juzgados de policía local; finalmente, y mientras no se crearan los tribunales de familia, se estimó mejor radicar esta competencia en los tribunales civiles.

Desde entonces, se han ideado fórmulas para apoyar a los jueces civiles en el ejercicio de esta competencia, tan distinta de lo que habitualmente conocen, y que, por lo mismo, requiere de conocimientos que usualmente ellos no poseen, lo que dificulta que puedan dar respuestas adecuadas a estas situaciones. Así, se les dotó de mayores recursos para que contaran con asistentes sociales que colaboren con los jueces. Sin embargo, estas soluciones apuntan sólo a paliar las dificultades existentes mientras no se crean los tribunales de familia.

No obstante lo anterior, defendió la idea de excluir de la competencia de los jueces de familia el conocimiento de las causas sobre nulidad del matrimonio basadas en la incompetencia del oficial civil o en la inhabilidad de los testigos. Ello, porque sería complejo someter dicho tema a tribunales que buscan precisamente solucionar los conflictos familiares. A pesar de ello, afirmó que en tales casos se establece la obligación de regular, por acuerdo directo entre las partes o por decisión del juez de familia, los aspectos concernientes a las condiciones económicas y personales de la vida futura de los hijos menores de edad.

Luego, enfatizó que el segundo gran objetivo es proporcionar a las partes instancias adecuadas para que logren soluciones cooperativas de sus conflictos. Se promueve la posibilidad de que ellas puedan contar -tanto antes (a través de un mediador) como durante el proceso (a través del juez como conciliador)- con la ayuda de un tercero que les permita alcanzar soluciones pacíficas que favorezcan la armonía del grupo familiar. Destacó que el grado de cumplimiento de los acuerdos que se logran a través de la mediación es infinitamente mayor que el que alcanzan las soluciones impuestas a través de un fallo judicial.

Advirtió que habrá materias de mediación obligatoria (alimentos, tuición y visitas), otras de carácter voluntario (cuestiones relativas a los regímenes patrimoniales del matrimonio y a la violencia intrafamiliar), y otras que, en atención a su naturaleza, quedarán expresamente excluidas (hechos delictivos cometidos por menores de edad, maltrato de menores e incapaces, adopciones, acciones de estado civil y asuntos de estricto orden público), las que obligadamente serán conocidas por los jueces de familia.

La señora Alvear informó que en un programa de asistencia judicial implementado en 52 comunas del país, que atiende diversos casos en consultorios fijos y móviles con participación de abogados y asistentes sociales, el 81% de los mismos -que en su mayor parte involucran a personas de escasos recursos- se resuelven al margen del sistema judicial, lo cual refleja las bondades del sistema.

Hizo notar, eso sí, la existencia de aspectos que habrá que debatir y profundizar todavía. Uno de ellos se refiere a la reserva que los mediadores deberán guardar acerca de lo escuchado y visto durante la mediación, ya que la única forma de que las partes expongan abiertamente sus problemas para que los mediadores puedan formarse una opinión exacta de ellos es que haya absoluta certeza acerca de la confidencialidad del sistema. A pesar de eso, informó que el Ejecutivo propuso, con algún grado de duda, establecer la excepción del deber de confidencialidad en aquellos casos en que los mediadores conozcan situaciones de maltrato en contra de menores o de incapaces.

Explicó que las dudas se fundan en la importancia que tiene la confidencialidad para que las personas se atrevan a confesar haber maltratado a un niño, porque si el mediador no está amparado por el secreto profesional y ellas lo saben, simplemente ocultarán el hecho. Pero, ¿qué ocurre si el mediador se entera de que un niño está siendo agredido por un adulto y sigue en manos de esa persona sin que el profesional pueda revelar esa situación?

A continuación, destacó que el tercer objetivo consiste en otorgar a esta instancia jurisdiccional un carácter interdisciplinario, que permita a estos tribunales tratar integralmente los conflictos -considerando los múltiples aspectos involucrados-, para que sus soluciones también sean integrales. Para esto, afirmó, cada tribunal contará con un consejo técnico, compuesto por asistentes sociales y psicólogos, el cual constituye un cuerpo de asesoría técnica especializada que apoyará a los jueces de familia en la comprensión de los hechos que conozcan, permitiéndoles tener la necesaria visión interdisciplinaria, de tanta importancia cuando se trata de conflictos familiares. El número de integrantes de estos consejos será variable en función del número de jueces de cada tribunal y sus actuaciones deberán ser públicas, en concordancia con los principios de la oralidad y de la inmediación presentes en esta judicatura.

Un cuarto objetivo muy importante de tener presente, atendida la naturaleza del conflicto familiar, es la necesidad de que el juez tome un conocimiento directo e inmediato de los asuntos confiados a su competencia. Esto constituye el principio de la inmediación; es decir, la presencia física del juez conociendo directamente de las partes, en las audiencias, las materias sometidas a su consideración. Por ello, recogiendo las tendencias modernas de organización jurisdiccional, y teniendo presente la necesaria transformación de los actuales juzgados de menores, se ha diseñado una estructura orgánica sumamente innovadora para estos tribunales, los que tendrán el carácter de unipersonales de composición múltiple. Esto significa que habrá verdaderas unidades jurisdiccionales, compuestas por un número variable de jueces calculado según la carga de trabajo esperada, cada uno de los cuales poseerá separadamente la potestad jurisdiccional plena.

Con igual propósito, hizo presente que se ha ideado también un procedimiento ordinario de aplicación general, de carácter oral, flexible y concentrado. Asimismo, señaló que se contemplan ciertas enmiendas del recurso de apelación, con el objeto armonizar su tramitación con los principios de oralidad e inmediación que rigen en la primera instancia, de tal manera que el tribunal de alzada pueda tener también un conocimiento inmediato y directo de los hechos más relevantes de la causa.

Por último, se refirió al cargo de administrador judicial que se crea, también contemplado en la reforma del Código Procesal Penal, y que constituye la tendencia mundial en materia de modernización de los sistemas de administración de justicia. Al respecto, afirmó que resulta absurdo que, en un contexto caracterizado por la permanente escasez de un recurso humano tan valioso como es el juez, haya que destinar a éste a tareas de carácter administrativo dentro de los tribunales. Por ello, se contempla la creación del administrador, quién es concebido como un auxiliar de la administración de justicia, que deberá contar con un título profesional del área de la administración o de las finanzas, y que estará encargado de la gestión administrativa y financiera del tribunal. Además, será el superior jerárquico de los funcionarios de secretaría del tribunal y dependerá, a su vez, del juez presidente.

Como consecuencia de lo anterior, destacó que el proyecto se hace cargo del amplio consenso existente en nuestra comunidad jurídica respecto de la subutilización del cargo de secretario del tribunal, actualmente desempeñado por un funcionario abogado. Así es como se elimina dicho cargo, posibilitando que los actuales secretarios integren el tribunal como jueces.

* * * * *

Las señoras Ana Luisa Prieto, Ana María Fuentes y Gabriela Ureta (de la Asociación Nacional de Jueces de Menores) manifestaron su preocupación por la interpretación que el proyecto hace de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de la que Chile es parte, pues, al proponer la eliminación de los tribunales de menores para subsumirlos en los tribunales de familia, se contravendría lo dispuesto en el número 3. del artículo 40 de dicha Convención, según el cual los Estados Partes se comprometen a tomar "todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales..."

Informaron, además, que existen reglas de la Organización de las Naciones Unidas, relativas a la administración de justicia en materia de menores, que distinguen entre los infractores de ley y aquéllos que desarrollan otras acciones penalmente atípicas, pero que constituyen los denominados "delitos en razón de su estado", que sólo pueden ser cometidos por menores, tales como faltar al colegio, etcétera, situaciones todas que han sido tradicionalmente de la competencia de los juzgados especiales de menores a que alude la citada Convención.

En razón de lo anterior, advierten que asumir en este momento la responsabilidad de eliminar los tribunales de menores es un paso serio, que debe estar muy bien fundamentado para que encuentre justificación ante la comunidad internacional.

Luego de informar lo mucho que les ha costado entender la estructura orgánica que se desea dar a los nuevos tribunales, precisaron que acogen con gran beneplácito la idea de que éstos cuenten con un administrador, que haya una instancia de mediación anterior a la jurisdiccional y que se exima a los secretarios de las labores administrativas que hasta ahora han debido desempeñar.

Les preocupa, eso sí, la composición múltiple que tendrán los tribunales de familia, porque les parece que ello desdibuja la figura del juez, toda vez que la responsabilidad de medir la carga de trabajo esperada para determinar en definitiva la integración de cada tribunal en relación con la población será asumida por el juez presidente y el administrador. Respecto de este último, aplauden el hecho de que le encargue la gestión administrativa y financiera del tribunal, pero no les parece aconsejable que la carga de trabajo de un letrado sea medida por un iletrado.

Asimismo, les inquieta que la relación entre la primera y la segunda instancia se vaya a establecer no directamente entre el juez de la causa y el juez superior, a través de los correspondientes recursos jurisdiccionales, sino que a través del juez presidente, quien deberá informar a las Cortes sobre el retraso de las causas y los motivos de esta circunstancia.

En lo referente a la mediación, aun cuando estiman que su existencia constituirá un avance extraordinario que ayudará a descongestionar los tribunales, les preocupa que sea siempre obligatoria en algunas materias y prohibida en otras. En el primer caso, porque será imposible iniciar una demanda de alimentos, tuición o visitas, si es que no ha habido previamente un proceso de mediación, lo que obligará a proyectar instancias mediadoras, incluso, en las zonas más apartadas del país; o, de lo contrario, allí donde no haya tribunal de familia, será el juez con competencia común el que deberá asumir esta tarea. En el segundo caso, les alarma que se prohíba la mediación en los casos de infracción de ley penal, pues la más moderna tendencia mundial en esta materia es, precisamente, la mediación entre el autor y la víctima, si bien al final del proceso.

En relación al principio de la inmediación, no obstante concordar con él, en términos generales, opinaron que su cumplimiento riguroso podría provocar algunos problemas, atendida la amplitud de competencias que se asignan a los tribunales de familia. Así, si en una misma audiencia el juez debe atender múltiples asuntos, ésta se verá absolutamente copada; pero, como la delegación de funciones acarreará la nulidad insanable de cualquier resolución, muchas diligencias deberán ser postergadas. Por tanto, sugirieron estudiar la posibilidad de permitir la delegación de algunas funciones.

Asimismo, señalaron estar preocupadas de que la extensión del principio de inmediación a la segunda instancia pueda significar que el tribunal de alzada deba rever todo el proceso, lo cual provocaría en éste una recarga de trabajo absolutamente imprevisible.

En otro orden de ideas, aun en contra de las tendencias modernas del derecho procesal, piensan que debería restringirse la publicidad de las causas de familia, sacrificando la transparencia en beneficio de la intimidad de las personas, pues la experiencia que ellas tienen demuestra que, normalmente, las partes en conflicto en este tipo de causas suelen ventilar absolutamente todos sus problemas ante el tribunal, incluso sin que nadie les pregunte. De ahí que les preocupa la publicidad que, según el proyecto, deberá darse a estos procesos, porque ello vulnera, además, un principio consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, como es el reguardo de la intimidad de los menores, el que debería extenderse también a sus familias.

Finalmente, observaron que la obligación que el proyecto impone a los jueces de familia de dictar sentencia inmediatamente al término de la audiencia en que se rinda la prueba, les impedirá apreciarla adecuadamente, corriéndose el riesgo de que se cometan errores irreversibles.

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Las señoras Marcela Le Roy y Paulina Gómez (de la Corporación de Asistencia Judicial de la V Región) comentaron que la experiencia práctica que tienen en mediación, la que calificaron de bastante exitosa, es anterior al proyecto piloto anexo a los tribunales que impulsa el Ministerio de Justicia, y que siempre se ha trabajado como una alternativa de solución de conflictos orientada a las personas de escasos recursos que acuden a la Corporación.

Sostuvieron que lo más destacable del sistema es que las personas se hacen cargo de sus propios conflictos familiares para encontrar, con la ayuda del mediador, una solución integral que les satisfaga. Eso sí, el carácter integral que dichas soluciones puedan alcanzar dependerá en gran medida de la experiencia del mediador, quien deberá guiar a las partes durante el proceso para que expongan todos los asuntos o temas, jurídicos o no, que incidan en la generación de sus problemas. Informaron, asimismo, que al término de este proceso, los propios actores del conflicto definen el grado de juridicidad que quieren dar a sus acuerdos (soluciones), los que, generalmente, se presentan al tribunal como avenimientos, cuando se refieren a las materias planteadas en la demanda, o transacciones, tratándose de aquéllas que no incluidas originalmente en la demanda.

En este contexto, expresaron, las personas valoran mucho la rapidez del procedimiento y la posibilidad de adoptar soluciones más específicas que las estrictamente jurídicas, que suelen ser más genéricas, por lo que el sistema ha tenido una excelente acogida, hasta el punto de que muchas personas vuelven después de un tiempo a someter otros asuntos a mediación, lo cual refleja el gusto que han desarrollado por la autocomposición. Lo anterior demuestra que la atención que ellos brindan es mejor que la que se recibe en el ámbito judicial, tal vez porque esta última se encuentra en una situación muy deficitaria.

Entre los aspectos destacables del sistema, señalaron la interdisciplinariedad del trabajo, pues en él intervienen abogados, psicólogos y asistentes sociales, lo que permite lograr soluciones integrales. Igualmente, y desde el punto de vista de los usuarios de los centros de mediación, hicieron presente que, en general, ellos se van contentos aun en los casos en que no han llegado a un acuerdo, porque se les ha atendido puntualmente y en forma más personalizada, lográndose una comprensión más integral de sus problemas.

Por otra parte, en cuanto a las materias susceptibles de ser sometidas a mediación, expresaron su interés en que este sistema se extienda a otros ámbitos, pues piensan que cualquier tema puede ser objeto de ella. En consonancia con lo anterior, calificaron muy positivamente que el sistema ideado para los tribunales de familia no discrimine en contra de las personas con recursos, porque, de haber sido así, podría temerse que estos sistemas alternativos se identifiquen sólo con aquellas personas provenientes de estratos socioeconómicos bajos.

En este sentido, sostuvieron que la mediación es también preventiva, por cuanto las partes pueden utilizarla para solucionar problemas que hagan prever una crisis futura.

Sugirieron instalar inmediatamente centros de mediación en otras zonas; y, para ello, recomendaron comenzar a capacitar desde ya a los profesionales necesarios para que en otras Regiones se vaya institucionalizando el sistema, aun antes de implementarse los tribunales de familia.

Por último, junto con destacar la importancia del proyecto para que la mediación se establezca como un sistema formal, manifestaron que su funcionamiento previo ha sido muy provechoso para legitimar la institución. Se tiende a creer que sólo si se aprueba una ley, las instituciones se legitiman y la conducta de las personas cambia, pero ocurre que cuando los hechos son fuertes se validan solos. Por eso, sostuvieron que la labor de los centros de mediación ha sido muy relevante para que la gente conozca la existencia del sistema y se habitúe a él, antes que exista una ley que se los imponga.

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Las señoras Clara Salgado, Leonor Alliende y Sandra Pérez, y el señor Jorge Burgos (del Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana) asignaron gran importancia al trabajo en equipo que se genera en el centro entre profesionales de distintas vertientes disciplinarias. Destacaron que los abogados, por ejemplo, logran enriquecer su apreciación de los conflictos con la ayuda de psicólogos y asistentes sociales, lo que les permite también, al actuar como mediadores, sugerir soluciones más variadas, que van en beneficio de las partes. El aporte de otros profesionales les ha permitido entender que los problemas de las personas son mucho más complejos de lo que aparentan y que no es posible resolverlos desde la perspectiva de una sola disciplina. Les parece muy positivo que se adopte esta misma modalidad para el sistema anexo a tribunales.

Hicieron hincapié, asimismo, en destacar el carácter democratizador que tiene el proceso de mediación, en el sentido de que devuelve a las personas, en lo posible, la facultad de elaborar y componer sus propios conflictos, lo que resulta muy aconsejable. Agregaron, además, que la autocomposición es voluntaria, personal, confidencial y posibilita soluciones mucho más rápidas que la vía judicial, amén de generar una adhesión mucho mayor a los acuerdos alcanzados. Ella responde realmente a los intereses de las personas, cosa que no siempre ocurre con los fallos judiciales, los cuales se basan más bien en posiciones jurídicas a veces muy rígidas con relación a sus verdaderas necesidades.

Por otra parte, pusieron mucho énfasis en resaltar la necesidad de analizar muy profundamente el perfil del mediador, pues la práctica ha demostrado que éste ostenta bastante poder respecto de las partes en conflicto, toda vez que él es quien tiene la labor de conducir y administrar la mediación. Debido a ello, resulta fundamental, sobre todo en materias de familia, dedicar especial atención a la persona del mediador. Al respecto, mencionaron que, al elaborarse el programa piloto en el que participan, lo primero que hicieron fue definir quiénes serían mediadores, pues no existía este perfil profesional en Chile. En base a un estudio del derecho comparado y a la observación de experiencias extranjeras, se pudo establecer que ninguna profesión estaba destinada a priori a adueñarse del proceso. La primera exigencia impuesta fue que los mediadores provinieran de diferentes profesiones, principalmente del área humanista.

A continuación, se definieron las materias en que se iba a mediar. En un comienzo, se pensó que el centro de mediación atendería aquellas causas que la Corporación de Asistencia Judicial le derivara, ayudando así a descongestionar tanto a la Corporación como a los tribunales, cosa que no ocurrió, porque las asistentes sociales de los consultorios sentían que se estaba invadiendo su área profesional. Entonces, se decidió buscar alternativas y comenzó a llegar un contingente de beneficiarios nuevos, con problemas de carácter comunitario, de convivencia familiar, asuntos hereditarios y otros.

Informaron, además, que la labor del centro de mediación partió con un promedio de atención de 40 causas al mes y en la actualidad atiende entre 80 y 100 causas. De éstas, un 59% son asuntos de familia, y si a ellas se agregan los problemas de vivienda, en conjunto son el 80% del total de las atenciones del centro, de las cuales se obtiene alrededor del 61% de acuerdos. Advirtieron que los denominados problemas de vivienda, por lo general, llevan aparejados problemas de familia, en los cuales la vivienda no es necesariamente la causa del conflicto. También precisaron que las mujeres son quienes acuden con más frecuencia a la mediación, a la vez que registran mayor grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante el proceso.

En relación a las experiencias del centro en casos de violencia intrafamiliar, consignaron que el resultado fue muy malo, aunque sí se pudo mediar en causas paralelas a ellos, solucionando problemas puntuales de las partes, pero no el conflicto global como hubiera sido deseable, porque para ello se requerían destrezas que los mediadores no poseían individualmente.

Finalmente, y en base a las experiencias que poseen en esta materia, sugirieron introducir diversas modificaciones en el párrafo "De la mediación", orientadas a adecuar la nomenclatura que emplea, para hacerla menos legalista, y a fijar con mayor precisión las responsabilidades del mediador como conductor y administrador del proceso, las que la Comisión acordó tener presentes en el momento de la discusión en particular.

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El señor Andrés Donoso (psicólogo y terapeuta familiar) informó sobre la existencia de ciertas conceptualizaciones de la fenomenología familiar muy importantes de considerar en el momento de tratar de ayudar a una familia en crisis. En primer lugar, destacó que un hecho importante de tener presente, y del cual se hace cargo el proyecto, es la necesidad de concebir a la familia como un sistema. Ello significa que cualquier cambio de una parte del sistema, -puede ser una o más personas- irá seguido de un cambio compensatorio, entendiendo por tal algo relacionado que regula algún tipo de fenómeno en otras partes del sistema. La aplicación de lo expuesto, afirmó, debería cambiar la forma de apreciar los fenómenos familiares, y el proyecto así lo hace al señalar que los conflictos familiares suelen poseer una naturaleza más bien sistémica. Destacó la importancia de este hecho, porque -a su juicio- sólo concibiendo a la familia como un sistema se podrá tomar debida conciencia de una serie de otros fenómenos, el más importante de los cuales es el de la circularidad del comportamiento humano.

Añadió que lo anterior significa que no se pueden entender las conductas que los miembros de la familia tienen en un determinado momento como algo absolutamente independiente y derivado puramente de un fenómeno individual propio de cada persona, sino que, de alguna manera, ella es parte de un circuito comunicacional y de intercambio interpersonal. Esta circularidad del comportamiento humano se expresa muy claramente cuando existen conflictos familiares, y el Ejecutivo así lo entiende cuando reconoce que la solución judicial (adversarial), al concebir el conflicto como una relación no interactiva, tiende a asignar bienestar a una de las partes negándoselo a la otra, lo cual suele ser motivo de un nuevo conflicto que muy prontamente ingresará de nuevo ante el sistema judicial reclamando una solución.

Esta característica del sistema familiar exige la aplicación de una lógica no lineal en la apreciación de sus fenómenos. El proyecto, teniendo presente esa premisa, deja entrever que la visión lineal que postula la existencia de una sola causa para un determinado fenómeno y una relación directa de causa a efecto entre dos hechos, no es aplicable a la familia, y por ello considera la mediación.

Relacionado con lo anterior, celebró mucho que el proyecto reconozca que el método no adversarial de resolución de conflictos es el enfoque más adecuado para lograr la mejor solución de las contiendas familiares, de modo que la intervención no produzca un ganador y un vencido -puesto que ello podría generar prontamente, por parte de algún miembro de la familia, una nueva demanda ante los tribunales-, sino que se aplique más bien una lógica en que ambas partes en conflicto resulten ganadoras.

Enfatizó que esta modalidad necesita de un enfoque interdisciplinario para abordar integralmente los conflictos familiares, aspecto que el proyecto recoge al proponer la mediación familiar como la forma más adecuada de resolver tales conflictos, definiéndola como un sistema de solución no adversarial en que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a encontrar por sí mismas una solución a sus problemas.

Por último, se refirió a la importancia de tener presente, como el proyecto lo hace en los artículos 26, 34, 54, 67 y 125, entre otros, el reconocimiento de que la familia constituye una organización jerarquizada. Es decir, distingue que hay partes componentes del sistema familiar que poseen mayor o menor poder, hecho al cual hay que estar atento para asegurar el bienestar de todos sus miembros y, especialmente, el de los más débiles. Aclaró al respecto que una visión sistémica de la familia no significa homogeneizar al grupo, sino reconocer la existencia de desigualdades que son absolutamente naturales entre padres e hijos, pero quizá no tanto entre otros miembros de la familia.

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La doctora Ingeburg Fürmann (del Centro de Estudios y Terapia Sistémica) destacó la importancia de la mediación frente a los procesos litigiosos en materias de familia cuando los problemas entre parejas se han agravado por existir desacuerdos importantes. Informó que hay varios estudios que demuestran que, en aquellas familias que se separan sin que existan desacuerdos capitales entre la pareja, el desarrollo de la vida de los hijos es mucho mejor.

Por lo anterior, fue enfática en señalar que la mediación es fundamental en los temas de familia, sobre todo conociendo -como ha sido su experiencia en terapia familiar- lo que ocurre con las familias que llegan a la separación por la vía litigiosa, donde los desacuerdos que en un primer momento son leves, se transforman en una guerra a la que se suman los abogados de las partes, aumentando las divergencias. Planteó que es muy difícil, a menos que se logre trabajar con los abogados, disminuir la intensidad de los desacuerdos, pero tiene la impresión de que a través de la mediación se podrá lograr ese objetivo.

Luego, advirtió que siempre hay que tener presente que lo ocurrido a una pareja repercute directamente en los hijos y en todo el sistema familiar, y no sólo en el momento mismo de la crisis, sino que tiene proyecciones a muy largo plazo. Asimismo, observó que es una equivocación pensar que la familia termina al separarse la pareja, pues ello no es así; los padres, por muy separados que estén, deben seguir cumpliendo sus responsabilidades. Por ello, le parece fundamental, encontrar métodos adecuados, oportunos, rápidos y sencillos que resuelvan los problemas de la familia.

Igualmente, afirmó que es una error intentar aplicar los métodos y procedimientos propios del mundo del comercio a los temas de familia, en los que hay involucrados sentimientos y emociones. Fue categórica en sostener que no se puede extrapolar con relativa simpleza esos métodos a los temas de familia. Al efecto, piensa que la mediación en estos temas requiere de un mediador y de un procedimiento especiales. Postuló que, a diferencia de lo que sucede en el ámbito comercial, el procedimiento aplicable a los temas de familia debería considerar una duración mayor, toda vez que los procesos emocionales que afectan a las partes no se resuelven tan rápido como podría ocurrir en el área comercial. Afirmó que en temas de familia se necesita un tiempo de decisión más lento y un periodo de prueba para evaluar la aplicación de las propuestas derivadas del proceso.

A continuación, refiriéndose a las características que debería tener la mediación para abordar los temas de familia, postuló que ésta debería evolucionar junto con los miembros de la familia que se han sometido a ella, ya que -a su juicio- las personas que han debido enfrentar una crisis sufren cambios relevantes con el tiempo, por lo que es casi imposible pretender que tomen decisiones que los afectarán el resto de sus vidas en un lapso que sea demasiado breve. En tal sentido, estimó fundamental que el mediador tenga la capacidad de ayudar a flexibilizar los acuerdos alcanzados por las partes, de modo tal que se puedan ir ajustando a su evolución. Además, cree en la posibilidad de contemplar instancias de reencuentro entre las partes para que se analicen las nuevas circunstancias que las afectan.

En relación con lo anterior, consideró fundamental innovar en la formación de los mediadores, ya que, dadas las características de la mediación en temas familiares, ella escapa de los métodos habituales de formación vigentes, sea por los conocimientos que aquellos deberán manejar (conceptualizar a la familia como un sistema, tener en cuenta las relaciones intrafamiliares y la influencia del comportamiento de algunos miembros en la conducta de otros, tener en cuenta las enfermedades somáticas o psíquicas que puedan afectar a cada uno de sus integrantes, etc.), sea por las habilidades especiales que deberán poseer (ser buenos comunicadores, tener una sensibilidad que esté en un campo intermedio entre lo legal, lo asistencial, lo psicológico, etc.).

Al mismo tiempo, propugnó que se impartan continuamente a los mediadores cursos de formación y perfeccionamiento, que les permitan –u obliguen- seguir adquiriendo nuevas habilidades, así como someterse a procesos de cuidado personal. En cuanto a esto último, advirtió que la mediación provoca mucho estrés en los mediadores, por estar constantemente en presencia de personas que se agreden, en un ambiente de trabajo muy difícil y con herramientas relativamente pobres, porque, no siendo ni psiquiatras ni psicólogos, carecen de habilidades para enfrentar ciertas dificultades. Por tal razón, consideró muy vital contemplar para ellos un espacio de cuidado personal, donde se pueda supervisar los casos y hablar de los temas que los han afectado y/o que pudieran influir en la calidad de su desempeño.

En cuanto a otras habilidades requeridas por los mediadores en asuntos de familia, se refirió a la capacidad que éstos deberán poseer para mantenerse al margen de las alianzas que les ofrecerán las partes en conflicto, quienes se caracterizan por buscar siempre que un tercero adhiera a sus postulados, y a la capacidad, también, que tengan para trabajar con niños, ya que van a tener que invitarlos en algún momento a conversar, o al menos deberán tener en cuenta su situación.

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La señora Dolly Schmied, (jueza del Segundo Juzgado de Menores de Antofagasta) planteó que el menor, desde que sale del vientre materno, se encuentra totalmente incapacitado para valerse por sí mismo, razón por la cual la ley lo protege, ya sea directamente o a través del círculo de seguridad que es la familia. Por ello, ésta debe contar con la infraestructura necesaria que le permita propender al desarrollo integral del niño.

A fin de asegurar lo anterior, la familia requiere ser dotada de diversos recursos, entre los cuales se encuentran los de carácter judicial. Estos deben permitirle acceder en buena forma al sistema de administración de justicia, brindándole respuestas adecuadas cuando ella sea incapaz o enfrente una crisis que le impida proteger debidamente a sus miembros.

Manifestó, a continuación, que en el ejercicio de su función, siempre ha echado de menos la posibilidad de analizar en forma global la problemática familiar que da origen a un conflicto, porque conocer sesgadamente la situación del niño impide encontrar una solución integral. Por ello, postuló apoyar decididamente esta reforma que replantea la forma de abordar judicialmente estas situaciones, ampliando las facultades del juez de menores para transformarlo en un juez de familia, lo que constituye un gran salto al futuro.

Hizo presente que dos grandes ventajas que exhiben los juzgados de menores son la facilidad de acceso que otorgan -ya que para recurrir a ellos no es necesario contar con patrocinio de letrado- y la circunstancia de que el juez conoce directa y personalmente de los asuntos en que interviene. Al respecto, se mostró muy partidaria de que éstas se repitan y fortalezcan en los tribunales de familia, como lo contempla el proyecto, para permitir así que toda la familia pueda acceder fácilmente a ellos, lo que dará mayor apoyo a toda la sociedad, porque una familia bien estructurada constituye el mejor elemento de prevención de la delincuencia.

En otro orden de materias, asignó especial relevancia a la formación, especialización y perfeccionamiento constante que requerirán los jueces de los tribunales de familia, ya que no se puede abordar toda la complejidad de los conflictos familiares con sólo los conocimientos generales que se exigen al resto de la magistratura.

Por otra parte, expresó estar totalmente de acuerdo en otorgar a los tribunales de familia competencia para conocer globalizadamente los asuntos de familia, protección, discernimiento e inconductas, como de hecho ocurre, ya que en la mayor parte del país no existen tribunales especializados. Al respecto, afirmó que en Chile hoy existen sólo tres tribunales especializados para conocer materias de protección e inconductas; dos en Santiago y uno en Valparaíso. En el resto del territorio, existen juzgados mixtos, que conocen de lo civil y de lo proteccional.

Manifestó no compartir la idea de quienes postulan que los juzgados de menores deberían continuar ocupándose de lo proteccional y de las inconductas (incluido el discernimiento), a fin de adecuar nuestra legislación a la Convención sobre los Derechos del Niño. Cree utópico ese planteamiento, porque, hasta antes del proyecto, nadie había cuestionado que en Chile existan sólo tres juzgados especializados en esas materias y, también, porque la escasez de recursos que caracteriza al Poder Judicial impide mantener tribunales de menores en forma paralela a los de familia. Asimismo, consideró técnicamente más conveniente juzgar los casos de inconducta y protección como parte integral de la problemática familiar, en aras de una mejor resolución. Precisó, eso sí, que debiera excluirse del ámbito proteccional lo relativo a la derivación de los niños por problemas socio-económicos a las instituciones colaboradoras del SENAME, manteniendo en la competencia de los tribunales de familia sólo las causas relacionadas con maltrato infantil, abandono, orfandad y adopciones, además de los casos de inconducta.

A continuación, destacó la importancia de que los nuevos tribunales apliquen el principio procesal de la inmediación. Además, estimó necesario estudiar su ampliación a la segunda instancia.

En relación a la mediación, sostuvo que es muy apropiada para tratar los conflictos de familia, porque en su práctica judicial ha podido observar que el hecho de recurrir a un tribunal suele transformar a las partes en enemigas. Informó que los juzgados de menores trabajan desde hace ya un tiempo con comparendos de servicio social para detectar los casos en que pudiera alcanzarse una solución en forma previa al juicio. Los acuerdos así logrados por lo general no han requerido revisión por parte del tribunal, porque las partes han buscado responsablemente una solución a sus problemas.

En cuanto al plazo de la mediación, de 60 días, propuso su ampliación en 30 días más, en consideración a la facultad del juez de dictar medidas cautelares. En todo caso, abogó porque se cumpla con estrictez, para que no dejar a la familia en la incertidumbre frente a los recursos que necesita para su sustento.

Por otra parte, relató haber conocido en Francia los tribunales de familia y de menores de dicha nación, en los cuales existen los "lugares neutros de visita", que permiten promover el reencuentro de los niños con el padre o madre que se encuentra alejado del otro cónyuge, contribuyendo así a acrecentar los lazos afectivos entre ellos. Sugirió implementar en Chile un sistema igual, a través de los tribunales de familia.

Respecto a la distribución de las causas en los tribunales de familia, propuso establecer un sistema legal de carácter nacional unitario, ya sea por turnos o por abecedario, pues estima que su inexistencia podría provocar confusión, tanto entre las partes como entre sus abogados.

A continuación, y señalando compartir la opinión de la Corte Suprema, postuló la necesidad de ampliar hasta la segunda audiencia el plazo fijado para producir la prueba documental.

Por último, planteó que es menester proyectar también a la segunda instancia la especialización que caracterizará a los tribunales de familia (análisis globalizado de los conflictos, con asesoría profesional interdisciplinaria e inmediación). Al respecto, propuso crear en las Cortes de Apelaciones salas especializadas, si no en derecho de familia, al menos en materias sociales, como ocurre en otros países, capacitando convenientemente a los ministros .

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La señora Nancy de la Fuente (de la Universidad Diego Portales) manifestó que, de acuerdo con su experiencia como ex jueza civil, el 90% de las mujeres acuden a los tribunales por problemas que no les atañen directamente, sino que tienen que ver con sus familias, encontrándose con el problema de tener que acudir a distintos tribunales. Así, frente a una crisis matrimonial, deben hacerlo ante un juzgado civil; si quieren liquidar la comunidad de bienes, deben designar un árbitro; si tienen problemas con los niños, deben acudir a los juzgados de menores; si el problema es de violencia intrafamiliar, antes de la ley vigente, debían acudir a los juzgados de policía local o del crimen; ahora, deben recurrir ante uno civil.

Destacó, a continuación, la gran dificultad personal y anímica que eso implica para personas que están en situaciones de crisis profunda; con sentimientos de desprotección, frustración y sin esperanza de encontrar soluciones adecuadas, además de un descenso de la calidad de vida del grupo familiar. Por ello, normalmente las recurrentes abandonan sus pretensiones, dejando insatisfechas sus demandas desde el punto de vista social.

Aseguró que los conflictos de familia en razón de su naturaleza tienen una complejidad que no es dable en otro tipo de conflictos jurídicos. Por lo mismo, la intervención judicial, por lo general, no les pone término, debido a que el vínculo entre las partes es permanente y normalmente excede lo estrictamente jurídico. Así, las sentencias que pretenden ponerles término sólo producen cosa juzgada formal y no material, toda vez que, en definitiva, siempre pueden ser revisadas y corregidas.

Manifestó haber observado, del estudio del derecho comparado, que lo que produce mayor satisfacción y paz social es que estos conflictos alcancen soluciones cooperativas, habiendo surgido al efecto formas nuevas de solución tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, donde las partes, por medio de un tercero imparcial que les ayuda a definir sus intereses, logran encontrar por sí mismas la solución a sus problemas, con la ventaja adicional de que, a través de estos mecanismos, los ciudadanos se hacen responsables de sus propios conflictos, no esperando que las soluciones les sean dadas siempre por la autoridad.

Otra razón que justifica la creación de estos tribunales es la suerte de "desprivatización" que caracteriza, últimamente, el trato de los temas de índole familiar. Recordó que, en el pasado reciente, los asuntos de familia pertenecían al ámbito de lo privado y no correspondía a las autoridades intervenir en ellos. Incluso, durante el estudio de la ley de violencia intrafamiliar, hubo críticas por la intromisión judicial en los asuntos internos de la familia. Sin embargo, actualmente, se considera que en estos temas los derechos comprometidos son tan fundamentales que interesan a la sociedad en su conjunto. Así, para la sociedad es primordial que no haya niños maltratados y que se respete su derecho a vivir en el seno de una familia; y, desde ese punto de vista, se hace absolutamente necesario que el Estado intervenga en dichos conflictos, no sólo legislando, sino que también abriendo la posibilidad de que quienes viven situaciones de crisis obtengan solución a sus problemas.

Por otra parte, señaló que, en opinión de los jueces, los medios materiales y humanos que en la actualidad ofrece el aparato estatal para solucionar este tipo de conflictos son absolutamente insuficientes para que ellos puedan ejercer adecuadamente sus labores; además de que tienen un gran recargo de causas y de que éstas, a la vez, los sobrepasan en el sentido de que cada vez se tornan más complejas al incorporar nuevos elementos que no están en condiciones de enfrentar debido a su formación. Asimismo, afirmó que los jueces están inmersos en un sistema con rutinas judiciales decimonónicas y carente de una gestión moderna.

Asimismo, desde la perspectiva de quienes acuden a los tribunales en demanda de justicia, señaló que uno de los peores problemas que les toca enfrentar es la multiplicidad de órganos y procedimientos existentes para canalizar los asuntos de familia, lo que, desde el punto de vista económico, implica un emprobrecimiento para las familias y un gasto innecesario para el Estado, por la pérdida de recursos humanos y materiales. Las personas sienten que es muy difícil acceder a la justicia, por la falta de órganos cercanos a ellas que las acojan, amén de que conseguir un abogado que las defienda suele ser difícil incluso a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial. Perciben, también, que existe una falta de especialización y de coordinación con los profesionales de los consultorios, ya que, por ejemplo, las recomendaciones propuestas por la psicóloga de un consultorio al que acuden para tratar los problemas de un hijo no son tomadas en consideración por los tribunales.

Luego, refiriéndose a las fortalezas que, desde un punto de vista orgánico, tienen los nuevos tribunales de familia, destacó la composición múltiple de éstos y la especialización de sus jueces. Se trata de una estructura novedosa, parecida a la de un tribunal colegiado, y en donde cada juez poseerá por separado la potestad jurisdiccional plena, excepto para los efectos de conocer los asuntos relativos a protección de menores y a crímenes y simples delitos en que haya menores inculpados. A este respecto, destacó que ello permite optimizar el recurso "juez", quien desde el punto de vista económico siempre ha resultado ser escaso y caro, incluso en países más desarrollados. Reconoció, además, que la idea de crear dentro de la orgánica de estos tribunales el cargo de administrador se orienta en la dirección correcta para lograr una efectiva racionalización de la intervención judicial que despoje a los jueces de toda la carga que no sea estrictamente jurisdiccional.

De igual modo, destacó la creación de los consejos técnicos como parte de la estructura del órgano jurisdiccional y el hecho de que estarán compuestos por especialistas en disciplinas cuya visión resulta muy necesaria para abordar la complejidad de las situaciones que los jueces de familia tendrán que resolver.

A continuación, en cuanto a lo funcional, remarcó que el procedimiento moderno, abierto y desformalizado que se establece, facilitará el acceso de las personas a la justicia y transformará al juez en un sujeto activo con facultades para tomar una serie de decisiones tendentes a lograr que las causas progresen. Igualmente, se mostró muy partidaria de privilegiar el principio de la inmediación, presente en la iniciativa.

Rebatiendo una crítica en cuanto a que la publicidad de este procedimiento atentaría contra la intimidad de las personas, afirmó que esto no es efectivo, porque el proyecto otorga al juez la facultad de declarar la reserva de las diligencias procesales cuando estime que está en riesgo esa garantía.

Otra fortaleza del proyecto, en el aspecto funcional, es la incorporación de las soluciones no adversariales, a través de la mediación intraprocesal. Afirmó que, por su carácter recurrente, los conflictos de familia son los que mejor reciben este tipo de soluciones. Señaló, en cambio, que las soluciones que ofrecen el juez o la ley suelen ser cerradas y rígidas, mientras que las que pueden encontrar las partes por sí mismas son abiertas y flexibles. Su establecimiento ayudaría a que nuestra sociedad civil se haga responsable de sus propios problemas, sin esperar siempre que sea la autoridad la que dirima los conflictos; sin perjuicio de que siempre habrá algunos que sólo podrán resolverse judicialmente y con fuerza de cosa juzgada

Manifestó que la incorporación de este tipo de soluciones no adversariales permite cumplir dos objetivos. Uno práctico, como es descomprimir el trabajo de los tribunales, y otro cultural, que tiene que ver con la educación y con el tipo de país que queremos construir.

Por último, en lo referente a las debilidades del proyecto, afirmó que la principal es la instalación gradual de los tribunales de familia, lo que desde el punto de vista doctrinario es desaconsejable, porque los proyectos piloto, que pueden ser beneficiosos en algún sentido, a la vez pueden provocar resistencias fuertes y muy focalizadas. De manera que si presentan ciertas debilidades, el sistema en su conjunto será un blanco fácil de atacar. Luego, lamentó la falta de antecedentes relativos al compromiso presupuestario que asegure una adecuada puesta en marcha de los tribunales de familia. Al respecto, informó que su experiencia como jueza civil le permitió vivir el grave problema que generó la ley de violencia intrafamiliar, la cual se dictó sin que existieran los recursos suficientes para su implementación; y no le gustaría que ocurriera lo mismo con esta iniciativa.

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El señor Miguel Cillero (de UNICEF) precisó que el proyecto responde a la necesidad de adecuar el sistema de administración de justicia a las exigencias de nuestro desarrollo histórico-social y a la evolución del sistema normativo que regula las relaciones familiares y los derechos de los niños. Para ello, propone estructurar dicho sistema, en sus aspectos orgánico y de procedimiento, en función de la especial naturaleza jurídica del conflicto de familia. Entre sus fundamentos, el proyecto considera el atraso, en lo conceptual, en que se encuentra nuestra legislación y su falta de adecuación, todavía, a las exigencias derivadas de los tratados internacionales suscritos por Chile sobre la materia.

Afirmó que se intenta cumplir así las obligaciones constitucionales de proteger y fortalecer a la familia y de garantizar la protección de los derechos del niño, en particular los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporados a nuestro ordenamiento constitucional desde 1990, en virtud del artículo 5º de la Carta Fundamental. No adecuar la legislación de familia y de menores a dichas exigencias constitucionales significaría, en la práctica, no otorgar suficientes garantías a los derechos amenazados o vulnerados de los miembros de la familia, incluidos los niños.

Luego, señaló que la inclusión de la mediación en el proyecto busca saldar una vieja deuda que tiene nuestro sistema judicial en cuanto a la carencia de mecanismos no adversariales, enmarcados dentro del ámbito público y promovidos por el Estado, para resolver los conflictos.

Por otra parte, en relación a la protección jurisdiccional de los derechos de los niños, afirmó que el proyecto se adecua perfectamente con la concepción jurídica moderna que se tiene del niño, según la cual el menor es un sujeto de derecho -que debe ser oído, en un proceso interactivo, en que sus intereses sean especialmente considerados- y no un objeto de protección o asistencia por parte de los órganos del Estado. Además, sus disposiciones se avienen perfectamente con las normas internacionales y el derecho comparado, que nos revelan la necesidad de transitar desde una jurisdicción tutelar correccional del menor hacia otra apta para dar amparo jurídico efectivo a sus derechos y declarar la responsabilidad y consecuencias jurídicas por sus actos ilícitos.

A continuación, y en lo relativo a los conflictos de naturaleza familiar y a la protección de los derechos de los niños, manifestó no tener objeciones en reunir en un único órgano judicial el conocimiento de dichas materias, en especial si se reconoce al niño un papel activo y protagónico en su resolución, como lo hace el proyecto. Sin embargo, pidió tener presente que esta judicatura especializada de familia no sólo deberá tutelar jurisdiccionalmente los derechos del niño en relación con sus vínculos familiares, sino que deberá intervenir siempre para darles protección, cuando ellos se encuentren amenazados o vulnerados, lo que puede provenir de causas o agentes extraños a la familia.

Por lo tanto, -concluyó- la justicia especializada de familia tendrá relación con la resolución de los conflictos de familia, la protección jurisdiccional de los derechos de los niños y, también, el conocimiento y aplicación de medidas en el caso de infracción de la ley penal cometida por menores de edad.

En razón a lo anterior, postuló una estricta separación de jueces y procedimientos en relación a los dos últimos órdenes de competencia -que exceden los marcos del conflicto de naturaleza familiar-, para la debida ponderación y comprensión del proyecto, el cual se estructura a partir del establecimiento de tribunales integrados por jueces independientes, regidos por una norma esencial, cual es la separación de funciones entre los distintos jueces que los integran. Sugirió, además, perfeccionar esta norma respecto de aquellas localidades en que existan más de tres jueces por tribunal, estableciendo que uno de ellos conocerá exclusivamente de las infracciones de la ley penal, otro de la protección especial de derechos o de conflictos de naturaleza familiar que afecten directamente los derechos de los niños, y un tercero de los demás conflictos de familia.

Luego, informó que el derecho comparado exhibe una creciente tendencia a considerar, para el análisis de las normas sobre competencia de menores, si se aplica o no el principio de la separación por vías. Estas vías, son la proteccional (que se ocupa de los derechos amenazados o vulnerados de los niños) y la infraccional (para determinar la responsabilidad y atribución de consecuencias por infracciones de la ley penal cometidas por menores). Este principio recoge una distinción, de uso común, entre niño víctima de violaciones de sus derechos y niño que, con su actuar, entra en conflicto con los derechos fundamentales de otra persona; caso en el cual, de no ser por su menor edad, el conflicto debiera ser conocido y sancionado a través del sistema penal.

Sobre el particular, afirmó que estas dos vías se encuentran confundidas en las leyes de menores vigentes, al menos en tres aspectos fundamentales (juez competente para conocer del asunto, procedimiento aplicable y medidas). En cambio, el proyecto en trámite sí reconoce el componente de separación de competencias judiciales del principio de separación de vías, al prohibir que un mismo juez conozca "·de los asuntos de protección de menores y de los asuntos relativos a crímenes y simples delitos en que aparezcan menores inculpados” (art. 4º). Advirtió, eso sí, que esta norma debe concordarse con la que fija el marco de competencia de los tribunales de familia (art. 17) y, además, con la (anunciada) ley sobre responsabilidad juvenil por infracciones de la ley penal, la que debiera contemplar un procedimiento especial, acorde con las directrices generales del nuevo procedimiento penal, y un sistema de medidas destinadas para aquellos declarados responsables por estas infracciones.

Sostuvo, empero, que, para dar consistencia al proyecto, es necesario concordar el artículo 17, número 17, con el artículo 4º, para que dicha separación también opere respecto de las faltas, incluidas en el primero y excluidas en el último, por lo que sugiere incorporarlas en él, mientras no se modifiquen la ley de Menores y el Código Penal, en lo relativo a la declaración que corresponde al juez, sobre si un menor actuó con o sin discernimiento en las faltas, simples delitos o crímenes que cometió.

Igualmente, advirtió que, de no entrar simultáneamente en vigor esta ley y la de responsabilidades juveniles de la ley penal, podría crearse un vacío en cuanto al procedimiento que el juez de familia, especializado en infracciones de la ley penal deba aplicar para resolver sobre la declaración previa del discernimiento y las medidas de protección posibles. Afirmó que, de no contar con un procedimiento especial para ello en esta ley, regirían las reglas pertinentes del Código de Procedimiento Penal (en proceso de modificación), y de la ley de Menores

Luego, manifestó que el tratamiento de la vía proteccional en el proyecto es mucho más preciso porque, en el Título V, sobre los “procedimientos especiales”, establece uno para la “aplicación de medidas de protección de los derechos de los menores de edad”, el que, manteniendo la posibilidad de resolución no jurisdiccional, regula la resolución jurisdiccional de la amenaza o vulneración de los derechos de los niños. Al respecto, destacó, especialmente, el artículo 103 que, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, ordena la intervención judicial siempre que haya que adoptar "medidas que importen separar al niño de uno o ambos padres o de quienes lo tienen legalmente bajo su cuidado”.

Igualmente, destacó las normas que permiten al propio niño o adolescente reclamar la intervención judicial para la protección de sus derechos, manteniéndose el actual criterio de que cualquier persona que tenga legítimo interés puede solicitar la intervención jurisdiccional para la protección de los derechos del niño (art. 104).

En cuanto a la forma de abordar los conflictos en el interior de los tribunales de familia, destacó como una característica particular y positiva del proyecto la existencia de los consejos técnicos asesores, pues la naturaleza de los asuntos que estos tribunales están llamados a resolver recomienda ilustrar al juez con conocimientos y aproximaciones multidisciplinarias. Puntualizó que se trata de consejos "asesores", cuya función no es emitir dictámenes ni producir medios de prueba (lo cual asegura la independencia del órgano jurisdiccional), sino que asesorar al juez en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos de que conoce, y en la adopción de la resolución que mejor convenga a los intereses permanentes del grupo familiar.

Respecto a los recursos jurisdiccionales, sostuvo que la necesidad de revisar las decisiones judiciales y la facultad de los afectados de impugnarlas es un derecho fundamental que no se encuentra debidamente garantizado en la actual justicia de menores, en especial a partir de la nueva regulación del recurso de queja. Por ello, destacó la importancia del artículo 84, relativa a la procedencia del recurso de apelación, y su extensión respecto de la adopción de medidas cautelares, porque hoy en día no existe esa posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior, a menos que se recurra de amparo en casos muy especiales.

Finalmente, propuso extender la procedencia de este recurso contra las sentencias que establezcan "provisoriamente" ciertas situaciones u obligaciones jurídicas, como, por ejemplo, las que fijan alimentos provisorios o regulan el derecho de visitas.

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Las señoras Marta Jordán, Lucía Mondaca y María Alejandra Serrano (de la Asociación Nacional de Asistentes Sociales del Poder Judicial) afirmaron que la entidad que representan valora positivamente la creación de los tribunales de familia, básicamente porque todas las materias relativas a la familia y a los menores podrán ser tratadas por un mismo órgano jurisdiccional, lo que es muy beneficioso para quienes acuden a los actuales juzgados de menores, en su mayoría personas de escasos recursos que tienen muchas dificultades para acceder a la justicia.

Agregaron que el trabajo profesional desarrollado por las asistentes sociales judiciales, por años, en los tribunales de menores, con familias en conflicto, las valida como interlocutoras para expresar que concuerdan plenamente con la idea de legislar que sustenta el proyecto y manifiestan la disposición del gremio a colaborar en la implementación de los nuevos tribunales de familia.

En cuanto a la oportunidad de la instalación de los tribunales de familia, consideran aconsejable que sea simultánea en todo el país, para asegurar efectivamente a todas las personas la igualdad ente la ley. Empero, como eso no perece posible, plantearon la necesidad de una norma que regule cómo, cuándo y dónde se instalarán los tribunales de familia. Advirtieron que hoy tampoco existe tal norma respecto a los juzgados de menores y que, en la mayor parte del país, salvo la Región Metropolitana, sólo hay juzgados con competencia común. Abogaron por el término de esta discriminación, que implica ofrecer una atención judicial de segunda categoría a los sectores más apartados del país, y también por que se den las facilidades necesarias para hacer efectiva la igualdad de acceso a la justicia a toda la población.

En cuanto a la composición de los consejos técnicos, hicieron notar que no existe claridad acerca del número de asistentes sociales que los integrarán, pues sólo se garantiza la presencia de uno de ellos en los casos en que tales órganos estén integrados por dos profesionales, debiendo ser el otro un psicólogo. Al respecto, propusieron contemplar en la ley la capacitación obligatoria y remunerada de las asistentes sociales y de los psicólogos en disciplinas tales como salud mental, terapia familiar, teoría sistémica de la familia, mediación y, principalmente, control de estrés, lo que serviría no sólo como incentivo profesional, sino que además permitiría ahorrar recursos y contribuiría a evitar el desgaste emocional de los funcionarios, que los psiquiatras denominan "autocombustión".

Luego, manifestaron que les preocupa saber con qué criterio se establecerá el número de asistentes sociales necesarios para cada tribunal, ya que actualmente existen entre 3 y 5 de estos profesionales en cada juzgado de menores, pero esa cifra resulta insuficiente para cubrir la alta demanda que sus servicios atienden.

Informaron, además, que muchas de las funciones que cumplen hoy no están reconocidas en la ley, pues el artículo 457 del Código Orgánico de Tribunales limita su labor a la de informar a los tribunales acerca de los aspectos sociales, económicos y ambientales que se les requieran respecto de las partes en litigio. A pesar de ello, desempeñan funciones de recepción (información general), diagnóstico, coordinación con instituciones y redes de apoyo externas a tribunales, de orientación, apoyo, control y seguimiento de casos, todo lo cual debiera ser recogido en el proyecto, el cual, además, amplía esta labor a la de asesorar al juez de familia en la comprensión de los hechos y situaciones que han provocado el conflicto o la conducta irregular del individuo.

Afirmaron, asimismo, que las asistentes sociales judiciales constituyen un recurso humano y profesional debidamente adiestrado y probado en la práctica, cuya experiencia sería aconsejable aprovechar en beneficio del sistema judicial y de las familias que a él acudan, por lo que sugirieron que éstas pasen a integrar los nuevos tribunales de familia sin necesidad de nueva designación.

En cuanto a la figura del administrador, concordaron con la necesidad de modificar la estructura de los tribunales en el aspecto administrativo; pero, dada la amplitud de facultades que el proyecto le confiere, solicitaron delimitar su papel en lo que se refiere a la calificación técnica del trabajo que realizarán otros profesionales, para dejar esta tarea exclusivamente en manos de los jueces.

Respecto a la jurisdicción de los nuevos tribunales de familia, propusieron que, además del concepto de especificidad por materias, se considere el de territorialidad, distribución de la población, medios y facilidades de comunicación de una determinada región, de manera de asegurar el acceso igualitario a la justicia del mayor número posible de personas.

En cuanto a los recursos con que contarán estos tribunales, plantearon la necesidad de que sean dotados de recursos humanos y materiales en cantidad suficiente para funcionar apropiadamente, lo que supone un financiamiento adecuado que contribuya a optimizar la labor de los mismos.

Asimismo, propusieron que frente a la necesidad de dictar medidas cautelares en favor de un sujeto, salvo las de urgente pronunciamiento, éstas sean puestas en conocimiento del consejo técnico a fin de que el juez cuente con los antecedentes necesarios para mejor resolver.

Finalmente, considerando que la mediación operará como un sistema alternativo de resolución de conflictos -anterior a la intervención judicial-, con carácter obligatorio para determinadas materias, tales como alimentos, tuición y visitas, expresaron que les llama la atención que no esté especificado en el proyecto cómo se procederá en aquellos lugares donde no exista esta instancia mediadora.

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Las señoras Sara Bustamante, Carmen Luz Belloni, Gloria Collazo y Cecilia Galilea (del Instituto Profesional Carlos Casanueva) opinaron que, para mejorar las respuestas que se dan a los conflictos de familia, y sus efectos, los procedimientos vigentes deben ser revisados y actualizados. Éstos deben propender a una mayor participación de profesionales multidisciplinarios expertos en cada área involucrada y a la búsqueda de soluciones cooperativas y no adversariales, como la mediación, que favorezcan el entendimiento entre las partes, con el fin de evitar beneficiar a una sola de ellas, pues en tal caso es la familia completa la que pierde.

Informaron que la relación confrontacional entre cónyuges que se mantiene más allá de la separación produce tanto o más daño que ésta, por lo que el costo emocional de la familia ante dicha crisis debe ser considerado en su debida dimensión. La sola aplicación de la ley sin considerar los múltiples aspectos involucrados no basta para responder a las situaciones de quiebre personal y familiar, ni a sus efectos posteriores en la vida emocional y de relación de las familias en crisis. La pareja conyugal puede decidir su separación, pero habrá que evitar que la familia deje de tener una estructura; ella debe intentar mantenerse a partir de los vínculos replanteados de manera constructiva.

Observaron que el área relativa a las relaciones familiares aparece sólo marginalmente cubierta en el proyecto, pues se no considera el aporte de profesionales especializados en ella. En cambio, sí aparecen adecuadamente cubiertas desde el punto de vista profesional las áreas jurídica, social y psicológica.

Calificaron de grave omisión la no consideración de profesionales formados en materias de familia para que brinden apoyo en esa dimensión. Manifestaron que los conflictos familiares, en su mayoría, no se originan a partir de patologías o trastornos de la personalidad, sino que en las dificultades de relacionarse que experimentan personas psicológicamente normales, influidas especialmente por los cambios culturales y por la evolución del ciclo familiar.

Con todo, estimaron que el proyecto constituye una importante respuesta social para un alto número de familias que enfrentan crisis, las que, con el nuevo procedimiento, podrán no sólo resolverse ocasionando menor impacto negativo a las relaciones y menor dolor al sistema familiar, sino que, además, se prevendrá un daño serio en lo emocional y en lo social, entendiendo por daño los problemas emocionales que derivan de la ruptura de la pareja mal pactada, tales como: una relación litigante mantenida entre los ex cónyuges después de la separación; la descalificación conyugal ante los hijos; la menor presencia de uno de los padres en la vida y desarrollo de sus hijos; el dolor parental ante el distanciamiento de sus hijos; el debilitamiento de los vínculos filoparentales, etc. Asimismo, también consideran daño los problemas sociales que se derivan de la ruptura conyugal no asumida, tales como la discriminación social del grupo familiar, la inseguridad económica, el riesgo de conductas antisociales de los hijos, el embarazo adolescente, o las adicciones (alcohol y/o drogas).

En relación al proceso de mediación, plantearon que es en sí mismo un valor, por el hecho de plantear una oportunidad de formación cultural hacia la aproximación a los conflictos desde una perspectiva de soluciones cooperativas, que en el ámbito de las relaciones humanas y familiares es muy favorable. Asimismo, afirmaron que se trata de una instancia que fortalece la autoestima y la validación social de los participantes; favorece el ejercicio de los derechos personales, especialmente de las personas de escasos recursos con menor acceso a la justicia, y ejerce una labor preventiva de situaciones de riesgo social y conflicto, al preocuparse del grupo familiar en su totalidad.

Respecto del mediador, señalaron que no tiene poder sobre las partes; es sólo un facilitador en la búsqueda de soluciones satisfactorias para los involucrados en el conflicto, pues son las propias partes, las que, en un proceso abierto, buscarán sus propias soluciones; son éstas quienes ejercen la reflexión sobre sus conflictos y actúan en consecuencia.

A continuación, informaron que el título profesional de orientador familiar que otorga el Instituto que representan cuenta, desde 1993, con el reconocimiento del Estado. Sus profesionales dominan conocimientos y estrategias de intervención relativas a las materias de familia que estos tribunales abordarán, sea a través del consejo técnico (en la función de prestar de asesoría especializada a los jueces en materia de familia); de los procedimientos especiales (en el ámbito de los programas de orientación familiar); y de la mediación (para resolver conflictos jurídicos en asuntos de familia mediante esta instancia de resolución no adversarial).

Hicieron presente, además, que los procedimientos de la mediación guardan íntima relación con los procesos, la dinámica, la evolución y las crisis familiares, por lo que el mediador necesita formación profesional en este ámbito para el ejercicio adecuado y eficiente de sus funciones. Advirtieron que una intervención que no considere estos aspectos de la realidad familiar hará muy difícil el logro de acuerdos que beneficien realmente a la familia como un todo, considerando su funcionamiento como una totalidad más allá de un grupo compuesto por partes.

La mediación ejercida a partir del conocimiento especializado y de las habilidades promotoras de la comunicación, que son parte relevante de la formación del orientador, previene la destrucción del grupo familiar y lo apoya en su proceso de reestructuración a partir de la nueva realidad; facilita la formación en el ejercicio de un nuevo estilo de coparentalidad de la pareja, necesaria para que el desarrollo de cada etapa del ciclo familiar pueda cumplirse con el menor grado de interferencia posible. Los conflictos la mayoría de las veces no corresponden a patologías, sino que son consecuencia de las frustraciones y discrepancias cronificadas y no resueltas a través de la convivencia, cuya consecuencia es el desgaste de la relación de pareja.

Finalmente, formularon las siguientes proposiciones.

1. Inclusión, en la estructura orgánica de los tribunales de familia, de un profesional especializado en relaciones familiares y en la comunicación empática hacia los acuerdos, como es el orientador en relaciones humanas y familia. El contexto familiar y sus conflictos difieren absolutamente de otros contextos en que transcurre la vida humana, como son el laboral, el social o el comercial. Por lo tanto, la instancia de mediación familiar requiere que el mediador tenga conocimientos amplios sobre temas de familia.

2. Creación de instancias de difusión masiva del método no adversarial, que significa formación cultural hacia un cambio de mentalidad social con respecto a las posibilidades de avenimiento ante las diferencias.

3. Homogeneización de la formación específica de todos los equipos profesionales multidisciplinarios participantes en las distintas instancias de apoyo técnico que contempla el proyecto.

4. Exigencia de actualización de conocimientos y de supervisión de los mediadores en favor del perfeccionamiento del proceso de mediación.

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Las señoras Irma Bavestrello, Gladys Lagos Carrasco y Silvia Oneto (Fiscal de la Corte de Apelaciones y juezas de Menores de Concepción, respectivamente), pese a estar satisfechas con esta reforma, expresaron tener preocupación por la posibilidad de que se malogre este importante trabajo legislativo, como sucedió con la ley de violencia intrafamiliar, que en la práctica no produjo los resultados esperados, al no contar los juzgados civiles con una infraestructura adecuada para tratar ese drama social. Por ello, piden que se legisle con una visión práctica ajustada a la realidad social, económica y cultural, y con un criterio lógico que permita al juez actuar en forma eficaz y sumaria.

Con mucho énfasis recomendaron que el niño no debe perder el protagonismo que hoy tiene en los tribunales de menores, ya que, para llegar a la mayoría de edad en la plenitud de sus posibilidades físicas, mentales y espirituales, requiere de una atención integral. Al respecto, pusieron de relieve que ello es una exigencia de las convenciones internacionales.

En relación al procedimiento de estos nuevos tribunales, hicieron presente que la aplicación del principio de inmediación es una práctica habitual en los actuales juzgados de menores, donde el juez lleva a cabo personalmente las audiencias, interroga a los testigos, entrevista a los menores, en fin, está presente en todas las actuaciones. En cambio, reconocieron como una importante innovación la incorporación de la mediación, la que estiman que se constituirá en una gran ayuda para mejorar las relaciones humanas entre los contendientes. En razón de ello, propugnaron implementar desde ya dicho mecanismo -alternativo de resolución de conflictos- en los actuales tribunales de menores.

En cuanto al financiamiento del proyecto, plantearon que, si el Ministerio de Justicia hubiese aportado los medios necesarios para contar con un número suficiente de tribunales de menores, y si éstos a su vez hubiesen dispuesto de la infraestructura mínima que establece la ley, no se habría desacreditado su labor ante la opinión pública, como ocurre en la actualidad. A modo de ejemplo, explicaron que el territorio jurisdiccional de Concepción, que tiene 387.542 habitantes, sólo cuenta con dos juzgados de menores, y que, en conjunto con el de Talcahuano, suman tres, mientras que el territorio jurisdiccional Valparaíso-Viña del Mar, con una población menor, dispone de cinco de estos tribunales.

En esa perspectiva, advirtieron que la implementación del proyecto -que exigirá un gran número de instalaciones y recursos materiales y humanos para el adecuado funcionamiento de los tribunales de familia- sólo será posible si se cuenta con un sólido respaldo presupuestario, sin el cual nacería a la vida jurídica sólo como una incursión teórica más de nuestro ordenamiento, pero destinado al fracaso y haciendo recaer la responsabilidad de este hecho, por cierto, en el Poder Judicial.

Plantearon que, si la infraestructura básica para que funcionen estos tribunales demanda de salas de audiencia para cada uno de los jueces, de oficinas para el administrador, para el psicólogo, para cada uno de los asistentes sociales y una secretaria, sin considerar los privados de los jueces, su implementación, sin lugar a duda, significará un costo de inversión muy superior al presupuesto que se puede asignar al Poder Judicial.

Por ello, afirmaron que es necesario dar respuesta a las siguientes interrogantes antes de discutirse el proyecto: a) ¿cuál sería el costo de implementación de los tribunales de familia?, b) ¿se cuenta efectivamente con esos medios?, y c) ¿se ha estudiado la posibilidad de crear tribunales unipersonales de familia, con competencia exclusivamente civil, igual que los creados en España, Argentina y Costa Rica?

Recordaron que, para llevar a cabo la reforma procesal penal chilena, se ha seguido el modelo Iberoamericano, y no ven la razón para no mantener esa misma línea en el caso de los tribunales de familia, pues ello incluso implicaría un menor costo para el erario nacional, debido a la fusión que podría generarse de las materias de índole familiar que hoy competen a los juzgados civiles y de menores, complementándose con salas especializadas en las Cortes de Apelaciones para conocer de los recursos correspondientes.

En relación a la competencia, recordaron que los juzgados de menores fueron creados para la atención del menor delincuente, y que se les agregó más tarde una competencia de carácter proteccional, y, más tarde aun, otras en materia de derecho de familia, especialmente relacionadas con menores de escasos recursos. Por su parte, los juzgados civiles tienen competencia tanto en derecho de familia como en materias relativas a bienes, contratos y obligaciones, y derechos de las personas.

Por ello, consideran más lógico unir la competencia en derecho de familia que corresponde a estas dos judicaturas en los tribunales de familia, dejando el tratamiento de las infracciones juveniles de la ley penal en manos de los juzgados de menores y la competencia proteccional idealmente en algún servicio estatal como el SENAME u otro similar. Recordaron que así lo había planteado en principio el Ministerio de Justicia.

En cuanto a la organización de los tribunales de familia, se manifestaron en contra de establecer la conformación múltiple ideada para éstos, debido a que ello acarrearía dificultades tanto económicas como materiales para su implementación. Al respecto, sostuvieron que no deberá descuidarse la existencia de una necesaria proporcionalidad entre el número de jueces que componga cada tribunal y el personal de secretaría necesario para asistirlos. Sobre el particular, sostuvieron que, dada la escasez de recursos de que adolece nuestro sistema judicial, habría sido preferible mantener los juzgados de menores actualmente existentes, otorgándoles competencia exclusiva en materia penal, y transformar sólo algunos de ellos en tribunales de familia.

Sobre la concentración del procedimiento, creen exagerado pedir que el juez conozca en una sola causa de todos los problemas que las partes sometan a su consideración. No estiman posible acumular problemas de violencia intrafamiliar con asuntos de tuición, visitas, divorcio, etcétera, sin considerar las dificultades para fallar todas estas cuestiones a continuación de la audiencia complementaria. Sugirieron, por lo tanto, suprimir el artículo 136 del proyecto y disponer, en cambio, que mientras estén en funcionamiento los juzgados de menores, continuará en vigencia la ley Nº 16.618.

Otra observación que les mereció el proyecto fue la supresión del cargo de secretario del tribunal, lo que provocará -según hicieron presente- que los tribunales de familia carecerán de dicho ministro de fe, quien es el encargado de autorizar sus actuaciones. Propusieron que se otorguen atribuciones amplias en esta materia al oficial primero.

Sugirieron, además, no excluir de la competencia de estos tribunales la declaración de nulidad del matrimonio por incompetencia del oficial civil. Manifestaron que, siendo éste un problema de familia, es preferible suprimir la causal, pero no la posibilidad de que el tribunal se pronuncie al respecto.

Por último, propusieron introducir diversas modificaciones específicas en el texto del proyecto, con el propósito general de contribuir al perfeccionamiento del mismo, sobre la base de la experiencia que poseen en esta materia, las que los miembros de la Comisión acordaron tener presentes en el momento de la discusión particular.

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Las señoras Paula Correa y Macarena Vargas (asesora del Ministerio de Justicia y coordinadora del programa piloto de mediación anexo a tribunales, que desarrolla dicha Secretaría de Estado, respectivamente) explicaron que la ampliación de los mecanismos de protección de los derechos de las personas forma parte importante de las políticas públicas del actual Gobierno en materia de justicia. Es en ese contexto donde se prevé la incorporación de la mediación como una forma de resolución de conflictos alternativa a la jurisdiccional. El sistema de mediación diseñado por el Ministerio, aun cuando está orientado a operar prioritariamente en el ámbito de los asuntos de familia y en forma anexa a los tribunales de familia, no excluye otros ámbitos. Por ello, su regulación forma parte de un proyecto de ley distinto, aunque complementario del que crea dichos tribunales.

Expresaron que la mediación es una técnica novedosa en Chile, pero no tan reciente como pudiera pensarse. Ya a principios de los años noventa surgieron en el país las primeras experiencias en el ámbito de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de otros organismos privados, como fruto de la influencia de los sistemas alternativos de resolución de conflictos que en los Estados Unidos y en Europa ya habían comenzado a operar hace casi veinte años.

Hicieron presente que tales experiencias, aunque incipientes, han servido de base para la regulación normativa que intenta hacer el anteproyecto en comento. Es decir, no se está regulando algo en abstracto, sino que de alguna manera se está recogiendo información que surge de esta práctica que se ha ido generando a partir de los años noventa. Asimismo, expresaron que este intento de regulación legal del tema se está haciendo paralelamente con la implementación de un programa piloto de mediación, instancia que ha iniciado un diálogo permanente con expertos, jueces y usuarios, para la elaboración del marco normativo correspondiente.

En cuanto a los elementos o definiciones que caracterizarán el funcionamiento del sistema de mediación, destacaron la externalidad. Esto significa que la mediación se llevará a cabo en una instancia externa al tribunal, pues resulta fundamental que el mediador sea alguien desprovisto del poder que tiene el juez para tomar decisiones e imponerse a las partes en determinado momento. El mediador no toma decisiones, sino que simplemente facilita el acuerdo entre las partes. Por lo tanto, la mediación deberá hacerse necesariamente por una persona ajena al tribunal, lo que no significa que el centro de mediación no pueda estar ubicado físicamente incluso dentro de él para facilitar el acceso del público.

Otra característica importante es la suficiencia de la oferta. Ello implica que en el territorio jurisdiccional correspondiente a cada tribunal de familia deberán existir instancias de mediación suficientes para atender adecuada y expeditamente las causas que les sean derivadas.

Lo anterior obliga a pensar en un sistema flexible y dinámico, en el que coexistan centros de mediación con mediadores individuales o sociedades de profesionales -cuando ello sea posible- que se hagan cargo de la realidad, por cierto diferente y cambiante, de cada una de las regiones donde existirá un tribunal de familia. Al respecto, se mostraron partidarias favorecer la constitución de centros de mediación, entre otras razones porque éstos facilitarían la comediación y el trabajo interdisciplinario, así como la formación de nuevos mediadores. Por lo mismo, afirmaron que habrá una política de fomento de estas formas asociadas de intervención.

Asimismo, dieron a conocer que, entre los requisitos que se exigirán a los mediadores, están el de contar con un título profesional del área de las ciencias sociales, otorgado por universidades o institutos profesionales reconocidos por el Estado, y una experiencia laboral previa de al menos tres años.

Una vez cumplidos estos requisitos objetivos, los mediadores serán sometidos a un proceso de selección que estará dividido en dos etapas. En la primera, se seleccionará a aquellas personas que podrán acceder a los cursos de formación de mediadores, luego de lo cual quienes los aprueben deberán acreditar el hecho de no estar afectos a ciertas inhabilidades y el cumplimiento de algunos requisitos específicos (contar con un local para la atención de los usuarios, por ejemplo), antes de ser autorizados para ejercer como mediadores.

La preselección de los postulantes incluirá una evaluación psicológica de los mismos, para evitar que cualquier persona acceda a los cursos de formación. Estos cursos deberán tener una duración mínima de 50 horas, y estar constituidos, al menos en sus dos terceras partes, por actividades que apunten al desarrollo de destrezas y habilidades prácticas. Además de ello, se exigirá un periodo de práctica profesional no inferior a 10 casos atendidos bajo la supervisión de un mediador más experimentado. Se prevé que los cursos sean financiados por los propios interesados, sin perjuicio de fomentar la incorporación a ellos, al menos en un comienzo, a través de becas especiales.

Los organismos encargados de impartir los cursos de formación podrán ser, como ya se dijo, universidades o institutos profesionales que cuenten con la debida autorización del ente rector del sistema de mediación, el cual tendrá, entre otras funciones, la de aprobar los programas de estudio que presenten esas instituciones. Para obtener dicha autorización, tendrán que cumplir ciertos requisitos que están también muy estrictamente regulados en el anteproyecto.

Tales requisitos son, entre otros, acreditar una experiencia de al menos tres años en labores de docencia con adultos en áreas afines; contar con un equipo docente interdisciplinario, compuesto por personas que acrediten tener formación previa en mediación, y contar con instancias que posibiliten la realización del período de práctica.

Una vez que el postulante haya completado el curso de formación, tanto en su parte teórica como en su parte práctica, el ente rector del sistema le dará una certificación que lo habilitará para desempeñarse como mediador. Sólo entonces podrá atender los casos que le deriven los tribunales de familia.

Afirmaron que se desea que el ente rector y supervisor del sistema sea una instancia técnica, autónoma e independiente del Poder Judicial, y con algún grado de descentralización territorial, que sea capaz de planificar la creación de instancias de mediación en cantidad suficiente para cubrir la demanda en todo el país, evaluar el uso que de ellas hagan los tribunales, hacer un seguimiento de la gestión de las mismas, autorizar la habilitación de los mediadores, otorgar el aporte estatal que contribuirá a financiar el sistema, etcétera.

Desde otra perspectiva, plantearon que la introducción de la mediación dentro de nuestro sistema judicial implica un cambio cultural que afectará tanto a los operadores como a los usuarios del mismo, lo cual justifica plenamente las inquietudes escuchadas por la Comisión. Advirtieron que quizá el momento más delicado sea el de la transición desde un sistema jurisdiccional a otro cooperativo de solución de los conflictos, donde coexistirán métodos adversariales y alternativos, lo que posiblemente cree una sensación de descoordinación y de amenaza a la estabilidad laboral en los jueces y empleados del Poder Judicial.

A continuación, informaron que el Ministerio ha calculado el número de mediadores que se requerirían para la implementación del sistema sobre la base de considerar que el 80% de las causas que ingresan actualmente en los juzgados de menores versa sobre alimentos, tuición o visitas, las que, de acuerdo con el proyecto que crea los tribunales de familia, tendrían que someterse a mediación obligatoria. Adicionalmente, se ha estimado que cada caso requerirá en promedio de tres sesiones de mediación, de una hora y media cada una. Esta base de cálculo permite pronosticar el número de horas/mediador que será necesario disponer para enfrentar la carga total de trabajo.

En relación con la posibilidad de que el Estado financie completamente el sistema, señalaron que, en términos de costo, es claro que la mediación no puede ser más gravosa para el usuario que lo que hoy día implica el acceso al sistema judicial, porque, de lo contrario, la gente no acudiría a esa instancia. Esto, sin embargo, no excluye la posibilidad de implementar un sistema de cobro de acuerdo con la capacidad económica del usuario, porque, por otra parte, la experiencia demuestra inequívocamente que el costo compromete la adhesión de las partes a las soluciones alcanzadas, ya que el incumplimiento les significaría incurrir en nuevos gastos.

En cuanto al pago a los mediadores, señalaron que, en principio, recibirían una suma básica según el número de casos efectivamente atendidos, independientemente de la cantidad de sesiones y de su resultado final (acuerdo de las partes o fracaso de la gestión). Sin embargo, estimaron necesario contemplar una figura que incentive la búsqueda de acuerdos, pero que no sea tal que lleve al mediador a forzar su celebración. Justificaron la necesidad del incentivo porque, de lo contrario, los mediadores podrían dar por concluidos los casos prematuramente, sin hacer mayores esfuerzos por lograr soluciones satisfactorias para las partes.

Asimismo, plantearon la necesidad de un pago mínimo por los casos derivados que fracasan por no comparecencia de las partes, puesto que en estos casos de todas formas el mediador habrá invertido tiempo y recursos (para notificar y citar a las partes, tiempo de la sesión programada que no podrá utilizarse en otro caso), no siéndole atribuible el fracaso. Por último, en caso de acuerdos parciales, sostuvieron que debería pagarse un incentivo inferior al contemplado en caso de acuerdos totales.

Con respecto a la designación del mediador que ha de intervenir en el caso concreto, afirmaron que, en principio, regirá en esta materia el acuerdo de las partes y, en subsidio, será el tribunal competente –y no el órgano rector del sistema- el que hará tal designación, de acuerdo con un sistema de turnos o sorteo, que evite el "clientelismo" y el tráfico de influencias.

En relación con el programa piloto de mediación anexo a los tribunales señalaron que constituye una experiencia innovadora que tiene por objeto evaluar y testear la aplicación del mecanismo de mediación dentro de los tribunales de justicia, y que ha aportado valiosos elementos a la discusión del anteproyecto en comento, principalmente a través de algunos mediadores que están trabajando en él.

El programa nació en septiembre de 1997 y cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales (abogados, asistentes sociales y psicólogos), todos ellos seleccionados mediante concurso público. Los postulantes debieron acreditar cierto nivel de capacitación en mediación. Luego de seleccionados, el Ministerio les ofreció una segunda capacitación especializada en asuntos de familia.

El programa piloto funciona en las ciudades de Santiago y de Valparaíso, en las que se habilitaron sendos centros para poder prestar este servicio de mediación, que, dadas sus características, requiere de una infraestructura y requisitos especiales.

El equipo de trabajo está conformado por profesionales especializados en temas de familia, que provienen de diferentes carreras, lo que permite un trabajo interdisciplinario que cobra especial importancia, porque los problemas familiares no pueden ser abordados desde un único prisma, ya sea jurídico o psicológico, sobre todo cuando se debe lidiar con conflictos de la envergadura de los que llegan hoy a los juzgados civiles y de menores, y de los que en el futuro llegarán a los tribunales de familia.

Hasta la fecha, el centro de mediación de Santiago ha atendido alrededor de 300 causas, en todas las cuales se han detectado conflictos muy graves, pues en su mayoría involucran hechos de violencia intrafamiliar, rupturas matrimoniales caóticas, problemas de convivencia, etcétera. Siendo así, el trabajo interdisciplinario resulta fundamental, ya sea por la vía de la comediación o a través de reuniones clínicas semanales donde se puedan abordar los conflictos en forma integral, lo cual no sólo enriquece el servicio que se ofrece sino que también permite orientar a las partes para que obtengan soluciones completas.

En este sentido, destacaron que el programa ha permitido a los integrantes del equipo darse cuenta de que la mediación forma parte de un sistema más global que debiera abordar los conflictos familiares desde la perspectiva sanitaria, educacional y judicial al mismo tiempo, así como de la necesidad de ir formando redes de trabajo con profesionales de otras áreas, que permitan obtener esas soluciones integrales. Lo anterior, las anima a privilegiar la constitución de centros por sobre la de instancias individuales de mediación.

En cuanto al perfil del mediador, indicaron que éste debe reunir en lo posible los conocimientos y destrezas de distintas profesiones. De ahí que la formación del mediador sea un punto clave para la labor que tendrá que desarrollar y para inculcarle cierta ética profesional. Además, deberá ser capaz no sólo de contribuir a solucionar los problemas, sino que a hacerlo de manera eficiente.

Destacaron que lo anterior ha llevado a poner especial énfasis en la selección de los mediadores y en su formación, estableciendo las condiciones para que éstos sean personas íntegras desde el punto de vista profesional y humano, porque lamentablemente, si no fueren idóneos podrían manipular a las partes y forzar un acuerdo para obtener soluciones más rápidas.

En cuanto a la acogida que han tenido los acuerdos, aseguraron que ésta es excelente, pues no se han presentado mayores objeciones, salvo en algunos aspectos operativos. Agregaron que en este proceso los funcionarios judiciales resultan claves. Por eso, se ha tenido especial cuidado en trabajar con ellos en forma directa y a través de contactos muy fluidos, porque son quienes reciben las causas, proponen la posibilidad de la mediación y llevan los expedientes.

Por último, plantearon que la capacidad de los mediadores es muy importante, porque, en general, el trabajo que realizan es bastante estresante, hasta el punto de que están considerados dentro de la categoría de los llamados profesionales de riesgo, esto es, de personas que están atendiendo público permanentemente y recibiendo una carga emocional negativa muy intensa, que de alguna manera hay que tratar de eliminar, porque esta sobrecarga emocional puede producir problemas físicos y psicológicos graves. En ese sentido, estiman necesario un incentivo económico que permita al mediador tener cierta flexibilidad horaria y algún tipo de cuidado. A este respecto, afirmaron que el Ministerio de Justicia ha implementado también un programa especial de autocuidado de los mediadores, destinado a apoyar a estos profesionales para evitar que la carga emocional a que están expuestos diariamente vaya minando su capacidad en desmedro de la calidad del servicio.

El señor Diego Téllez (juez del Segundo Juzgado de Menores de Valparaíso) manifestó estar plenamente de acuerdo con la iniciativa en comento y en contra de las aprensiones planteadas a su respecto por algunas de sus colegas afiliadas a la Asociación de Magistrados de Menores.

Afirmó que el proyecto reúne las condiciones para materializar una nueva forma de tratar los conflictos de familia, que se justifica por los cambios que ha experimentado la sociedad en los últimos años. Por ello, piensa que la justicia, sin perjuicio de los resguardos y de las excepciones correspondientes, debe estar abierta a la sociedad

Destacó, como un aspecto positivo de la iniciativa, la instauración formal del principio de oralidad, pues, en una sociedad que presenta gran diferencia entre los distintos estratos, no se puede continuar con un procedimiento que resulta altamente oneroso para gran parte de la población y que, por lo mismo, se ve impedida de recurrir a los tribunales en busca de solución a sus problemas.

Igual importancia asignó al principio de la inmediación, que calificó como el gran cambio experimentado por los sistemas judiciales modernos. Al respecto, dijo que personalmente siempre ha impartido justicia de menores en forma directa, eludiendo muchas veces los procedimientos vigentes, sin que ello signifique infringir la ley, pero teniendo siempre en cuenta el interés superior que involucra la resolución de los conflictos de familia.

Del mismo modo, apoyó decididamente la idea de incorporar en la estructura de los nuevos tribunales un equipo técnico que pueda asesorar al juez en la comprensión y resolución de determinadas materias, pues la presencia del magistrado en las audiencias, con la concurrencia de los afectados y con la asesoría de un comité técnico resulta muy adecuada a las exigencias del mundo actual.

En cuanto a la filosofía que subyace en el proyecto, afirmó que sería improductivo dar a la población acceso a modernos mecanismos de administración de justicia si no se la educa previamente, pues el proyecto cambia de un sistema hasta ahora represivo, que defiende ciertos derechos, por otro que tiene por objeto procurar las mejores soluciones para quienes recurren a él, haciendo que el hombre se supere en su condición y logrando que los propios afectados, en uso de su racionalidad, de sus mayores virtudes y de su espíritu, logren acuerdos cuyo cumplimiento debe estar siempre garantizado por el órgano jurisdiccional.

En su opinión, el proyecto resume varios tópicos de la legislación vigente y los mejora en el sentido de hacer todo más rápido, pero no por ello menos eficaz.

En otro orden de ideas, planteó que la competencia otorgada a los tribunales de familia refleja que se ha hecho un estudio serio de la situación actual de los juzgados de menores

Otro aspecto novedoso e importante que destacó de esta iniciativa fue la incorporación de instancias de mediación judiciales y extrajudiciales. Al respecto, señaló que el juzgado a su cargo fue designado por el Ministerio de Justicia para participar en la implementación de un “plan piloto de mediación”, que ha dado excelentes resultados, lo cual le lleva a desvirtuar las afirmaciones hechas por algunas de sus colegas en el sentido de que la existencia de esta instancia restaría facultades a los jueces.

Desde el punto de vista de los principios, se mostró de acuerdo con la mediación, porque ésta implica un reconocimiento a los derechos y al buen criterio de las personas, y excluye el ejercicio tutelar de la justicia respecto de los asuntos de familia. Aclaró que la justicia siempre estará protegiendo y garantizando la suscripción de acuerdos entre las partes, pero que esos acuerdos nazcan de ellas mismas le parece legítimo, pues significa creer que la población tiene la madurez suficiente como para resolver sus problemas por sí misma.

Por otra parte, propugnó la necesidad de profundizar la especificidad de la judicatura que se crea, porque la actual judicatura de menores no sólo es especialísima desde el punto de vista del procedimiento, sino también desde la perspectiva del trabajo que se realiza, de las características que deben reunir quienes se desempeñan en ella y de la vocación de servicio que se requiere. De lo contrario, sería inoficioso dictar nuevas leyes en este ámbito.

En cuanto a la competencia de los tribunales de familia, señaló no compartir en absoluto la opinión de sus colegas sobre la separación de competencias, porque su experiencia demuestra que cuando se atiende una causa de alimentos, por ejemplo, no se trata sólo de determinar el monto de una pensión, sino que el juez debe preguntarse por qué la parte interesada ha tenido que recurrir al tribunal demandando algo que debió haber obtenido sin necesidad de coacción. Esto hace necesario tratar también los problemas conexos que conlleva la situación que el juez está conociendo (quién se hará cargo de los hijos, qué medidas de protección es necesario adoptar en favor de ellos, etcétera). Por esa razón, piensa que la competencia debe estar radicada en un solo tribunal, porque los temas de familia se entrelazan de manera tal que se hace aconsejable tratarlos unitariamente.

Respecto del menor delincuente, afirmó que históricamente Chile ha sido muy tolerante con las conductas infraccionales de los menores. Agregó que los países europeos nos dan lecciones en esta materia. Así es como en Francia, por ejemplo, no existe el trámite de discernimiento, que en nuestro país, en la práctica, ha resultado inoficioso y falto de criterio técnico y científico, ya que normalmente, cuando el juez de menores tiene que resolver una declaración de discernimiento, se basa exclusivamente en aspectos sociales y no psicológicos. Afirmó que, efectivamente, antes de resolver un discernimiento, lo que hace el juez de menores en la actualidad es pedir inmediatamente la evacuación de un informe socioeconómico y, si descubre que el menor delincuente vive en la marginalidad y proviene de una familia mal conformada, lo declara automáticamente sin discernimiento para darle una oportunidad de reinsertarse socialmente, independientemente de su condición psicológica y de su peligrosidad. Aun más, la asistencia de psicólogos para el trámite de discernimiento es una cosa bastante reciente. Hace 15 ó 20 años, la mayoría de los tribunales de menores no contaban con asesoría especializada en esta materia.

Por lo expresado, sugirió estudiar la posibilidad de eliminar el trámite de discernimiento, pues constituye un procedimiento inoficioso cuando se trata de determinar la imputabilidad o la culpabilidad del menor involucrado en un hecho delictivo. Desde el punto de vista de las garantías individuales, señaló que los franceses han dado una salida excelente a las aprensiones que podría generar esta situación, estableciendo que el menor procesado debe quedar sujeto a medidas especiales y a una escala de penas también especiales.

En todo caso, fue enfático en declarar que los niños en conflicto con la justicia deben ser juzgados por los futuros tribunales de familia, ya que, a su juicio, detrás de sus inconductas normalmente se esconden graves problemas familiares que un juez especializado debe tomar en cuenta al decidir sobre su situación.

En cuanto a la participación que ha tenido el tribunal a su cargo en el “programa piloto de mediación”, señaló que éste ha recogido las experiencias que se dan cotidianamente al respecto en el ejercicio jurisdiccional, pero insistió en la necesidad de provocar un cambio de mentalidad en los jueces y funcionarios judiciales para que asuman esta tarea desde una nueva perspectiva.

Finalmente, destacando los buenos resultados que ha tenido su gestión en este ámbito, señaló que, de 63 causas terminadas en el mes de marzo de 1998, 48 se resolvieron mediante avenimiento; y, en el mes de abril, de un total de 122 causas, 60 terminaron por avenimiento y sólo 52 por sentencia.

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El señor Guillermo Quiroz y las señoras Oriana Escalante y Marta Guerra (de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial) objetaron que, en el proyecto en comento, ninguna de sus normas se refiera o defina las funciones que deberán desempeñar los empleados judiciales en los tribunales de familia. Asimismo, criticaron que no se considera al respecto lo establecido en el inciso segundo del artículo 498 del Código Orgánico de Tribunales, el cual dispone que la asignación de funciones para los distintos cargos del escalafón de empleados corresponderá establecerla a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Tampoco el proyecto establece con claridad la denominación futura de los cargos que ocuparán los empleados judiciales en dichos tribunales. Sostuvieron que ello refleja la idea de que todos los cargos serán iguales y que, en consecuencia, todos percibirán la misma remuneración, lo que deja a los actuales empleados de los juzgados de menores en una completa incertidumbre respecto de su futura estabilidad laboral. Especial preocupación les mereció el hecho de que se omita la referencia a los cargos de receptores visitadores e inspectores de niñas actualmente existentes en la judicatura de menores.

Más preocupante aun les resulta el haberse informado, durante el último encuentro de presidentes de Cortes de Apelaciones de la zona austral, a través de la representante del Ministerio de Justicia, de que existiría otro proyecto anexo a éste, relacionado con las plantas de personal de los tribunales de familia.

En lo que respecta a la jornada de trabajo, hicieron notar que el proyecto fija un horario mayor al establecido por la legislación vigente y desconoce las prerrogativas de la Corte Suprema al respecto, al disponer, en su artículo 6º, que "habrá un turno de lunes a sábado para los jueces, de ocho horas", sin especificar el horario que cumplirán los empleados, el que al parecer sería mayor que el actual, considerando el tiempo que se debe dedicar a labores de trabajo interno.

Manifestaron que en estos aspectos el proyecto no ofrece garantías para los empleados, como tampoco en lo que se refiere al procedimiento de calificaciones del personal. Además, se mostraron muy descontentos porque se les cambie la denominación de "empleados de secretaría" por la de "oficiales de secretaría".

En relación al cargo de administrador, señalaron que las funciones que se le asignan a este funcionario son excesivas, ya que, además de manejar los recursos económicos y materiales del tribunal, será el encargado de administrar la totalidad de su personal, sin que se defina con clara precisión la normativa que regirá sus funciones, citándose incluso el Código Orgánico de Tribunales como norma secundaria respecto de los derechos y obligaciones de los empleados.

En cuanto a las atribuciones que se confieren a dicho funcionario, entre las cuales está la de administrar la totalidad del personal del tribunal y la de emitir los informes de precalificación de éste, plantearon que, puesto que este cargo será desempeñado por un profesional no letrado del área de la administración, en opinión del gremio que representa no están dados los resguardos necesarios para compatibilizar ambas áreas. Manifestaron la total oposición de su gremio a la creación de este cargo, aunque creen que con mayor información podrían tener una visión distinta de su actuar, si se establecen en forma clara las normas legales mediante las cuales ejercerá sus funciones respecto de los empleados.

En otro orden de ideas, aseguraron que existe preocupación entre sus afiliados en lo que dice relación con el impacto social que tendrá la instauración de los tribunales de familia, pues, al establecer el proyecto que las audiencias serán públicas, podría atentarse contra la privacidad de las familias en ciertas situaciones, ya que con ello será de público conocimiento el problema familiar que pueda afectar a cada persona.

Por otra parte, hicieron presente que, si con la creación de estos tribunales se pretende resolver el problema familiar con mayor celeridad, la obligatoriedad de la mediación, en tanto, hará más lento el procedimiento y su posterior resultado.

Asimismo, destacaron que, al establecerse la implementación gradual y progresiva de los tribunales de familia, habrá un momento en que existirán en el país dos tipos de justicia para la familia, lo que a juicio del gremio atenta contra el principio de igualdad ante la ley.

En lo que respecta a la capacitación de los empleados judiciales, estimaron de vital importancia preparar a éstos en lo concerniente a la instalación de los tribunales de familia, debido a que serán traspasadas a ellos diferentes materias que los actuales juzgados de menores no tramitan, como, por ejemplo, violencia intrafamiliar, causas sobre divorcio, etcétera. En este aspecto, recomendaron considerar las experiencias negativas que produjo en un comienzo la aplicación de la ley de violencia intrafamiliar, cuya competencia se confió a los juzgados civiles sin proporcionar absolutamente ninguna capacitación previa a sus funcionarios, ocasionando con ello una repercusión adversa en el público, al que se le habían generado muchas expectativas, algunas de las cuales subsisten hasta la fecha sin una solución definitiva, lo que ha repercutido injustificadamente en la imagen del Poder Judicial.

Finalmente, hicieron notar que el proyecto no toca lo concerniente a los incentivos económicos condicionados a metas de gestión y al desempeño individual que señala la ley Nº 19.531, lo que les pareció que debe quedar establecido en forma clara y precisa.

En resumen, postularon: resguardar la estabilidad laboral de los actuales empleados de los juzgados de menores, estableciéndose el traspaso de éstos a los tribunales de familia de una sola vez en todo el país; mantener su actual designación en el cargo y jerarquía, con sus correspondientes remuneraciones y garantías señaladas en el decreto ley Nº 3.058 y en las leyes Nº 19.390 y 19.531; capacitar a los empleados de los juzgados de menores, antes de poner en marcha los primeros tribunales de familia; reglamentar la forma en que los empleados de los juzgados de familia serán calificados anualmente; aunar en un solo cuerpo legal tanto este proyecto como el de mediación y el de plantas de personal de los tribunales de familia; reestudiar los procedimientos con el fin evitar un eventual colapso derivado de su aplicación, y revisar el programa de rehabilitación de menores y todo aquello que se refiere al proyecto de filiación.

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El señor Ricardo del Canto (asesor financiero del Ministerio de Justicia) explicó que el análisis de costos del proyecto en comento se inició con un primer estudio realizado en 1995, cuando el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, en conjunto con algunos jueces y abogados, determinó cuál sería la cantidad de horas/hombre que se requeriría para su implementación. Esto se hizo calculando el número posible de causas que ingresarían en los tribunales de familia, dividido por el número probable de horas de atención necesarias para resolverlas, con lo cual se obtuvo la cantidad de jueces que necesitaría este nuevo sistema para operar eficientemente.

Un segundo paso fue revisar las remuneraciones de los jueces de menores vigentes al año 1996 y proyectar los aumentos que experimentarían hasta el año 2000, considerando, además, la incorporación de nuevas figuras, como la de los administradores e integrantes de los consejos técnicos, y la eliminación de los secretarios.

Adicionalmente, el Ministerio de Justicia, en conjunto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, hizo un estudio sobre la localización de los nuevos tribunales de familia, partiendo de la base de que ninguno de los actuales juzgados de menores subsistirá en términos de infraestructura, obteniéndose así el máximo costo posible.

Con estos datos, se llegó a un primer monto posible de gastos, el que fue analizado con el Ministerio de Hacienda durante el segundo semestre de 1997, de manera que la Dirección de Presupuestos está en conocimiento de los primeros datos respecto de lo que significaría la implementación de los tribunales de familia.

En definitiva, la evaluación de costos del nuevo sistema constituido por los tribunales de familia, que estará integrado por 35 unidades de composición múltiple, con una dotación total de 182 jueces, 35 administradores, 156 asistentes sociales, 55 psicólogos y 547 oficiales de secretaría, indica que éste irrogaría un gasto anual (en moneda de 1996) aproximado a $ 12.176.378.620, que se desglosa en dos ítem de gastos permanentes atribuibles a gastos en personal por $ 9.355.882.572.-, y a gastos de consumo de bienes y servicios por $ 1.684.058.864.-, más tres ítems de gastos, por una sola vez, que habría que considerar para la puesta en marcha de estos tribunales y que corresponden a inversión en infraestructura por $ 972.340.200.-, equipamiento por $ 90.971.983.-, y capacitación de funcionarios por $ 73.125.000.-.

Hizo presente que el actual sistema de juzgados de menores está integrado por 49 jueces, 186 secretarios, 19 asistentes sociales y 451 oficiales de secretaría, y que gasta anualmente alrededor de $ 8.200 000.000.- (en moneda de 1996). Por lo tanto, afirmó, habrá 270 personas adicionales que se tendrán que incorporar al nuevo sistema cuando éste se encuentre funcionando al ciento por ciento y un gasto superior anual de $ 4.000.000.000.- el primer año, que luego disminuirá como producto de la supresión de los ítem temporales contemplados para la puesta en marcha.

Además, el Ministerio de Justicia, en 1997, aparte de pedir a una consultora externa que determinara el tamaño eventual del fondo nacional de mediación, hizo, paralelamente, su propio ejercicio, llegando a la conclusión de que costaría entre 1.600 y 1.700 millones de pesos, incluido el fondo de pago a los mediadores y los gastos de administración del sistema. Este estudio de costos del sistema de mediación se hizo considerando que el Estado lo financiaría íntegramente.

Hizo presente, asimismo, que la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso está actualizando los cálculos efectuados en 1995 y, junto con ello, se efectuará un análisis costo-beneficio, que el Ministerio intuye que será favorable al nuevo sistema, sin embargo de lo cual le ha parecido conveniente tener un antecedente académico que lo demuestre.

Por último, informó que todo lo relativo a la administración de los tribunales de familia es idéntico a lo que se está planteando para la administración de los tribunales colegiados en la reforma procesal penal. Es decir, se separa lo jurisdiccional de lo administrativo, porque tanto el equipo como la lógica de trabajo en ambos casos será similar.

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Las señoras Telma Carrasco G., Marta Araya D., Guisella Steffen C., y Ximena Güiraldes (del Colegio de Orientadores en Relaciones Humanas y Familia) informaron que la asociación gremial que representan fue creada en octubre de 1997. Su concurrencia a esta Comisión es su primera actividad oficial. Agregaron que, para las orientadoras familiares, especialmente para aquellas que trabajan en los municipios con menos recursos, este proyecto significa un gran avance en la legislación familiar.

En cuanto a la iniciativa en sí, piensan que la creación de los tribunales de familia viene a solucionar un grave problema social existente en estos momentos, cual es que muchas mujeres, especialmente de escasos recursos, deban acudir a diversas instancias para solucionar sus problemas familiares.

Afirmaron que el carácter cooperativo de las soluciones que este nuevo sistema promueve constituye una gran innovación, ya que ese es precisamente el espíritu de la orientación que los profesionales que representan dan a las personas: que los conflictos sean resueltos mediante acuerdos que beneficien a todo el grupo familiar.

La oralidad del procedimiento les parece también muy positiva, porque da la posibilidad a los orientadores familiares de instruir a las personas para que se limiten a exponer los hechos relevantes que den cuenta del conflicto que les aflige, y no cuestiones de detalle que muchas veces no son importantes.

Destacaron positivamente el carácter interdisciplinario del trabajo que efectuarán los consejos técnicos asesores, pues estiman que contribuirá a que el juez tenga mayor conocimiento de todas las aristas de un conflicto. Sin embargo, manifestaron que les llama la atención que en la integración de estos consejos estén cubiertas las áreas legal, social y clínica, pero no así el ámbito familiar. Al respecto, hicieron presente que las orientadoras familiares egresadas del Instituto Profesional Carlos Casanueva, que tiene una vasta experiencia en la formación de este tipo de profesionales, han desarrollado una serie de habilidades que les permitirían atender adecuadamente a las familias en conflicto, por lo que sería de gran utilidad incorporarlas en esos equipos interdisciplinarios, máxime porque los consejos técnicos tendrán que trabajar con personas mentalmente sanas, que no requieren necesariamente la ayuda de un psicólogo.

En relación a la mediación, señalaron que viene a solucionar una grave carencia en nuestra legislación, pues, de hecho, el trabajo que realizan las orientadoras familiares en la actualidad consiste básicamente en facilitar los acuerdos entre las partes.

Sugirieron, además. que en los programas de asistencia en violencia intrafamiliar sean beneficiados tanto los ofensores como los ofendidos, para que éstos últimos recuperen su dignidad y autoestima, reeducando a todas las partes involucradas en la resolución de conflictos por vías no violentas. Esto, porque muchas veces el agredido de alguna manera también asume como natural la dinámica de la violencia para resolver sus problemas.

Por otra parte, considerando que, si en el ámbito de la justicia resulta plausible alcanzar la resolución de los conflictos en forma no adversarial, estiman que con mayor razón sería loable extender esta modalidad hacia otros ámbitos del quehacer social en donde los conflictos surgen principalmente por formas inadecuadas de interacción personal. Por tal razón, propusieron que esta modalidad sea adaptada para ser aplicada en otras áreas, sin perjuicio de que también se considere como política educacional y cultural de Estado la posibilidad de iniciar, en etapas tempranas del desarrollo humano, la formación en destrezas y habilidades para resolver conflictos en forma cooperativa, pues ello, sin duda, contribuirá a mejorar las relaciones interpersonales, familiares y laborales, al menor costo económico social y emocional.

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V. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.

Vuestra Comisión de Familia, luego de escuchar las opiniones, las observaciones y las proposiciones de las personas e instituciones precedentemente individualizadas, como las exposiciones que hicieran los representantes y asesores del Ejecutivo acerca de los fundamentos, objetivos y alcances del proyecto, lo que permitió a sus integrantes conocer más cabalmente como funciona la actual judicatura de menores, como así también la nueva estructura, organización y procedimientos que se proyecta establecer y aplicar a los nuevos tribunales que este proyecto propone crear, procedió, sin mayor debate, en su sesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 1998, a dar su aprobación, por la mayoría de seis votos a favor (Allende, Fossa, Pollarolo, Saa, Sciaraffia y Silva), ninguno en contra y una abstención, a la idea de legislar.

Pese a considerar novedoso y útil el proyecto, el Diputado señor Monge se abstuvo de votar a favor de la idea de legislar debido a las dudas que manifestó tener respecto de la suficiencia de la cobertura territorial que tendrán los nuevos tribunales, ya que, a su juicio, hay todavía numerosas zonas del país en las que ni siquiera existen juzgados especiales de menores y en ellas tampoco estaría asegurada la creación de tribunales de familia. En razón de ello, postuló que el beneficio de contar con los nuevos tribunales que el proyecto crea no sea sólo privilegio de las grandes ciudades y éstos sean instalados, para evitar problemas posteriores, a lo menos, en todas las ciudades, antiguas cabeceras de departamento, donde hoy funcionan juzgados civiles.

VI. DISCUSIÓN Y VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO.

En esta etapa de la discusión del proyecto, la Comisión, adoptó los siguientes acuerdos:

TÍTULO I.

DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

El artículo 1º crea una judicatura especializada en asuntos de familia dentro del Poder Judicial y señala las normas que regularán su estructura, organización, composición y competencia.

Aprobado sin enmiendas ni debate, por unanimidad.

El artículo 2º establece la composición de estos tribunales, disponiendo que los integrará el número de jueces que la ley determine y, además, que contarán con un consejo técnico de asesoría especializada, un administrador y una planta de oficiales de secretaría.

Aprobado en forma unánime, sin modificaciones.

Párrafo primero

De los jueces de familia

El artículo 3º señala que para ser juez de familia, es necesario cumplir los requisitos generales para ser juez de letras y haber aprobado la parte dirigida a ellos del programa de formación de jueces de la Academia Judicial.

Eliminada la expresión "generales", por innecesaria, en razón de que no existen requisitos específicos para ser juez de letras, la Comisión le brindó su aprobación en forma unánime.

El artículo 4º otorga potestad jurisdiccional plena para conocer de los asuntos de su competencia (artículo 17, que pasa a ser 16) a todos los jueces de familia. Empero, prohíbe a un mismo juez conocer materias de protección de menores y asuntos criminales en que aparezcan menores inculpados.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

El artículo 5º dispone que los jueces de un mismo tribunal se subrogarán entre sí de acuerdo al orden que establezca el juez presidente "a propuesta del administrador, quien deberá cuidar siempre que exista una repartición equitativa de la carga de trabajo." Su inciso segundo señala que, en defecto de lo anterior, podrán subrogarse por abogados de la terna que anualmente forma la Corte de Apelaciones respectiva.

A juicio de la Corte Suprema, debería eliminarse la oración precedente destacada con negritas, "ya que la forma de subrogación de los jueces debería quedar entregada sólo al juez presidente, sin intervención del administrador, y sin referencia, tampoco, a una repartición equitativa de la carga de trabajo que es un concepto que puede vincularse al de distribución de causas" -como lo propone respecto del Nº 3 del artículo 8º- "pero no al de subrogación de jueces", que trata esta norma.

La Comisión, acogiendo la sugerencia de la Corte Suprema, aprobó, por unanimidad, eliminar la referida oración del inciso primero. Asimismo, por igual votación, aprobó el artículo, con la referida enmienda.

El artículo 6º ordena a los jueces de familia asistir a su despacho seis horas diarias, de lunes a viernes. Además, dispone el establecimiento de un turno que permita estar a uno de ellos, de lunes a sábado, durante ocho horas al día, a disposición del tribunal para conocer de los delitos en que haya menores inculpados en la respectiva jurisdicción.

En consideración a los vacíos que presenta el texto de esta norma en cuanto la práctica de las primeras diligencias y a la eventual necesidad de dictar resoluciones urgentes los días domingo o, en otro día, fuera de los horarios señalados para la atención de las causas criminales en que haya menores inculpados, la Diputada señora Allende y los Diputados señores Fossa, Monge y Silva formularon la siguiente indicación sustitutiva:

"Artículo 6°.- Los jueces de familia asistirán a su despacho por seis horas diarias, de lunes a viernes.

En caso de crímenes y simples delitos en que haya menores inculpados en la respectiva jurisdicción, no sólo el juez llamado a conocer de esta materia en cada tribunal de familia, sino cualquiera de los que componen el tribunal, estará obligado a practicar las primeras diligencias y dictar las resoluciones urgentes que resulten necesarias, sin perjuicio de la radicación definitiva de la causa en el juez competente de acuerdo a lo previsto en el artículo 4° de esta ley.

Para estos efectos, existirá un turno semanal."

Esta indicación, observada favorablemente por las representantes del Ejecutivo, fue aprobada en forma unánime por la Comisión, toda vez que a sus miembros les pareció innecesario obligar a los jueces a acudir a su despacho durante los turnos, bastándoles, en cambio que se aplique a ellos una regla similar a la que hoy rige para los jueces del crimen, en el sentido de que deben residir en la ciudad asiento del tribunal, siendo suficiente que estén ubicables por si fuere necesario realizar diligencias urgentes, y quedando facultado cualquiera de ellos, aunque no fuere competente, para ordenar las primeras diligencias, sin perjuicio de que, luego de terminado el turno, el juez competente en virtud el artículo 4° continúe conociendo de la causa.

El artículo 7º prescribe que en cada tribunal de familia uno de sus jueces hará las veces de presidente. Este cargo se desempeñará anualmente según el orden de antigüedad de los jueces.

Aprobado por unanimidad, sin debate y en los mismos términos.

El artículo 8º establece que, además de la función jurisdiccional, al juez presidente le corresponde: 1) Presidir el tribunal; 2) Velar por que el administrador lleve a cabo eficientemente la gestión del tribunal; 3) "Aprobar el sistema de distribución de causas que le proponga el administrador entre los distintos jueces"; 4) Ejercer "la jurisdicción disciplinaria" de acuerdo a las normas establecidas en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales; 5) Informar al Presidente de Corte respectivo sobre las causas no falladas en el plazo legal y los motivos del retardo; y 6) Conocer los demás asuntos que le encomienden las leyes.

En opinión de la Corte Suprema -y fundada en la misma razón expuesta con motivo del análisis del artículo 5º, inciso primero- el Nº 3 de esta norma debería sustituirse por el siguiente: "3).- Establecer el sistema de distribución de causas entre los jueces de familia de un mismo tribunal, a propuesta del administrador, cuidando siempre que exista una repartición equitativa de la carga de trabajo".

La Comisión, compartiendo plenamente la sugerencia de la Corte Suprema, y su fundamento, aprobó por unanimidad el texto propuesto por ella, en sustitución del Nº 3) de este artículo.

Asimismo, y por igual votación, acordó reemplazar, en su Nº 4), la expresión "la jurisdicción disciplinaria" por "las facultades disciplinarias", precisando, además, que estas facultades que le corresponderá ejercer al juez presidente serán las señaladas en el párrafo 1 del Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, sólo en lo referido a los jueces de letras. Ello, en consideración a que dicho Título XVI incluye también normas destinadas a regular otras materias (de las visitas, etc.,), además de las facultades disciplinarias; y, respecto de estas últimas, comprende, asimismo, las referidas a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema, así como, además, las relativas a la tramitación y resolución del recurso de queja, aspectos no atinentes a las funciones que toca ejercer al juez presidente.

A continuación, fue aprobado por unanimidad este artículo, con las enmiendas expresadas.

Párrafo segundo

Del consejo técnico

El artículo 9º dispone que en cada tribunal habrá un consejo técnico compuesto por asistentes sociales y psicólogos. Su inciso segundo añade que los consejos asesorarán a los jueces en el análisis de los asuntos de que conocen y en cualquier otra materia que éstos les soliciten, así como en la adopción de la resolución más conveniente a los intereses del grupo familiar. Los informes y opiniones que sus miembros emitan en cumplimiento de sus funciones serán públicos y se dará cuenta de ellos en las audiencias, a fin de que las partes los conozcan y puedan rebatirlos. Su inciso tercero faculta el juez presidente, de ser necesario, para requerir al consejo técnico los informes económicos y sociales necesarios para resolver cuestiones sobre alimentos.

A proposición del Diputado señor Silva, quien formuló la correspondiente indicación aditiva, la Comisión acordó, por unanimidad, modificar su inciso primero, a fin de incorporar a los orientadores familiares -además o en defecto de los psicólogos- entre los profesionales llamados a integrar los consejos, por estimar que su formación los hace especialmente idóneos para desempeñar las labores que la ley en proyecto encomienda a los miembros de dichos consejos.

En relación con el inciso segundo, a sugerencia del Diputado señor Elgueta, acordó unánimemente eliminar el carácter público de los informes u opiniones que emitan los miembros del consejo, ya que ello podría atentar contra el derecho a la privacidad de las personas, al estar dichos informes normalmente referidos a cuestiones del ámbito familiar. Asimismo, y para efectos de adecuar la oración final de este inciso a la antedicha enmienda, aprobó también modificar formalmente su redacción.

Finalmente, a propuesta de las representantes del Ejecutivo y en relación a la facultad que el inciso tercero otorga al juez presidente para requerir del consejo los informes socioeconómicos necesarios para resolver cuestiones sobre alimentos, acordó, por igual votación -en consideración a que muchas personas de escasos recursos no estarán en condiciones de producir por sí mismas ese tipo de pruebas-, sustituir el vocablo "presidente" por la expresión "de la causa", haciendo así extensiva a todos los jueces del tribunal dicha facultad, para que cada juez en particular la ejerza directamente en la causa respectiva que se encuentre conociendo.

Puesta en votación esta norma, con las modificaciones acordadas, fue aprobada en forma unánime.

El artículo 10 establece el requisito de poseer un título de asistente social o de psicólogo, otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste, para ser miembro de un consejo técnico.

A proposición del Diputado señor Silva, quien formuló la indicación respectiva, la Comisión acordó, por unanimidad, agregar a los orientadores familiares en esta norma, a fin de concordarla con la anteriormente aprobada que permite la incorporación de estos profesionales en los consejos técnicos. Asimismo, y también por acuerdo unánime, la Comisión aprobó incluir, entre las instituciones de educación superior que otorguen los títulos señalados, también a los institutos profesionales que cuenten con el señalado reconocimiento del Estado.

Asimismo, a sugerencia de las Diputadas señoras Allende, Pollarolo y Saa, y con la adhesión de las representantes del Ejecutivo, al objeto de asegurar la capacitación como terapeutas familiares tanto de los asistentes sociales como de los psicólogos para ser miembros de los consejos técnicos, la Comisión acordó, por igual votación , agregar el siguiente inciso segundo:

"Los asistentes sociales y psicólogos deberán acreditar formación especializada en familia, impartida por las mismas instituciones señaladas en el inciso primero."

Seguidamente, este artículo, con las modificaciones referidas, fue aprobado en forma unánime

El artículo 11 expresa que el consejo técnico de cada tribunal lo constituirá el número de profesionales que la ley determine. Su inciso segundo agrega que, si fueren dos sus integrantes, uno de ellos será psicólogo y el otro asistente social.

La Comisión, con el propósito de concordar el inciso segundo de esta disposición con el texto que aprobará para los artículos 9º, inciso primero, y 10, acordó, unánimemente modificarlo para el solo efecto de establecer que los orientadores familiares puedan también integrar los consejos técnicos, en reemplazo de los psicólogos (uno u otro), conjuntamente con los asistentes sociales.

Luego, por igual quórum, aprobó el artículo, con la modificación señalada.

El artículo 12 obliga al juez presidente, a propuesta del administrador, a disponer un sistema de distribución del trabajo entre los miembros del consejo técnico, cuidando establecer instancias periódicas para que éste se reúna a analizar conjunta "e interdisciplinariamente" determinadas materias de la competencia de los jueces. Su inciso segundo, en lo demás, les hace aplicables las normas del artículo 265 del Código Orgánico de Tribunales, en lo relativo a los asistentes sociales judiciales.

La Comisión acordó eliminar, en el inciso primero, las palabras "e interdisciplinariamente", por estimarlas innecesarias, ya que dicho carácter del trabajo de los consejos estará dado por su sola composición.

Asimismo, acordó sustituir, en el inciso segundo, la expresión "los asistentes sociales judiciales" por "los miembros de los consejos técnicos", toda vez que el artículo 135 (que pasa a ser 138), Nº 9, del proyecto, modifica la citada norma del referido Código, precisamente para incorporar en él una mención expresa de dichos miembros.

Con la modificación señalada, por unanimidad fue aprobado el artículo.

Párrafo tercero

Del administrador

El artículo 13 dispone que en cada tribunal habrá un administrador, quien se regirá por las reglas del Código Orgánico de Tribunales y dependerá del juez presidente.

Aprobado por unanimidad, sin debate y en los mismos términos.

Párrafo cuarto

De los oficiales de secretaría

El artículo 14 encomienda al administrador la responsabilidad de distribuir las tareas de los oficiales de secretaría, debiendo para ello estructurar las unidades funcionales necesarias para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional.

Aprobado por unanimidad, sin enmiendas ni debate.

El artículo 15 impone al administrador la tarea de informar a la comisión calificadora respectiva, en noviembre de cada año, sobre la conducta funcionaria y el desempeño de los empleados del tribunal. Este informe incluirá todos los aspectos referidos en el artículo 277 bis del Código Orgánico de Tribunales. Su inciso segundo dispone que dicha comisión remitirá copia del informe, de inmediato, al afectado, para que formule los descargos que estime pertinentes, antes de iniciarse el proceso de calificación.

Acogiendo un planteamiento del Diputado señor Elgueta, en el sentido de dejar a los empleados de los tribunales de familia sujetos a las mismas normas generales contenidas en el Código Orgánico de tribunales que rigen para todos los funcionarios del Poder Judicial en materia de calificaciones y debiendo, en consecuencia, remitirse y adecuarse a ellas la descripción de las tareas del administrador (en reemplazo de los secretarios de los juzgados) en esta materia, la Comisión, con la opinión favorable de las representantes del Ejecutivo, aprobó, por unanimidad, el rechazo de esta disposición.

El artículo 16 (pasa a ser 15) precisa que, en lo no previsto por esta ley, los oficiales de secretaría de los tribunales de familia se regirán por el Código Orgánico de Tribunales.

Aprobado sin enmiendas ni debate, por unanimidad.

TITULO II

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

El artículo 17 (pasa a ser 16) fija la competencia de los tribunales de familia.

Les corresponderá conocer las siguientes materias: 1) Tuición de menores; 2) Derecho de visita; 3) Alimentos; 4) Patria potestad y emancipación; 5) Adopciones; 6) Salida de menores del país; 7) Disensos para contraer matrimonio; 8) Estado civil de las personas; 9) Guardas; 10) Interdicciones; 11) Asuntos relacionados con los regímenes patrimoniales del matrimonio y bienes familiares, excepto los derivados de la sucesión por causa de muerte (sin perjuicio de la liquidación de la sociedad conyugal por un juez árbitro); 12) Divorcio; 13) Nulidades del matrimonio, excepto las que se funden en la incompetencia del oficial del Registro Civil o en la falta o inhabilidad de los testigos; 14) Previamente al divorcio o a la nulidad del matrimonio, los acuerdos sobre tuición, visitas, régimen patrimonial del matrimonio, bienes familiares y alimentos de la familia; 15) Violencia intrafamiliar; 16) Maltrato de menores; 17) Delitos en que haya inculpados menores, sin discernimiento, y la declaración previa sobre si el mayor de 16 años y menor de 18 años ha obrado o no con discernimiento; 18) Medidas de protección; y, 19) Demás asuntos que leyes generales o especiales les encarguen.

Se hace constar, primeramente, que la Comisión durante el análisis de esta disposición, estuvo plenamente de acuerdo en conceder a los tribunales de familia una competencia jurisdiccional amplia, compartiendo de este modo la posición del Ejecutivo en cuanto a radicar en ellos, además del conocimiento de las materias civiles de familia, también el de los asuntos sobre protección de menores y sobre responsabilidad penal juvenil, todo ello, obviamente, con los debidos resguardos establecidos en el inciso segundo del artículo 4º. El fundamento de ello radica en la circunstancia de que nadie mejor que dichos jueces podría tener una visión amplia, integral, técnica y omnicomprensiva (con la asesoría de los consejos técnicos) sobre los conflictos y problemas que deberán resolver. Asimismo, tuvo presente que, detrás de un niño que sufre maltrato o que ha sido vulnerado en sus derechos, hay siempre un conflicto familiar que requiere de un examen integral, e igual cosa sucede con los niños que han infringido la ley penal.

A continuación, la Comisión, por unanimidad, acordó introducir en este artículo las siguientes enmiendas:

- El número 2), que otorga potestad a los tribunales de familia para regular el derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal (derecho a visita), conforme al artículo 227 del Código Civil, se adecua al nuevo texto de esta norma (que pasará a ser artículo 229), resultante de la recientemente publicada ley Nº 19.585, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación.

- El número 11), que confiere competencia a estos tribunales para conocer de los asuntos relacionados con el régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares, con excepción de los derivados de la sucesión por causa de muerte, se modifica con el siguiente doble propósito. En primer lugar, para limitar dicha competencia en esas materias sólo a las causas que se susciten entre cónyuges, de modo de excluir los asuntos que, acerca de las mismas materias, involucren a terceras personas ajenas al grupo familiar; y, en segundo lugar, para exceptuar también de esta competencia los asuntos derivados de las donaciones entre vivos, por merecer éstos igual trato que los derivados de la sucesión por causa de muerte.

- El número 13 encomienda a los jueces de familia conocer de los procedimientos sobre nulidad del matrimonio, con excepción de aquellos que se funden en las causales señaladas en el artículo 31 de la ley de Matrimonio Civil (incompetencia del oficial del Registro Civil y ausencia o inhabilidad de testigos).

Las representantes del Ejecutivo explicaron que dos fueron las razones que se consideraron para establecer en el proyecto esta excepción. La primera dice relación con la necesidad de evitar que los jueces de familia se vieren forzados a hacerse cómplices de un procedimiento muy utilizado hoy en día, pero que la mayoría de las veces, como se sabe, es fraudulento. La segunda se refiere a la intención del Ejecutivo de no contaminar a estos tribunales con un procedimiento de esa naturaleza. Es decir, se quiso velar por la honestidad y credibilidad de estos nuevos órganos.

No compartiendo tales argumentos, la Comisión acordó eliminar dicha excepción, por estimar que el Parlamento no tiene por qué presumir que los tribunales de familia vayan a prestarse para seguir otorgando facilidades para que se continúe utilizando un procedimiento de nulidad matrimonial viciado como el que hoy existe. Asimismo, aprobó reemplazar la expresión "los procedimientos" por "las causas", por estimarse más adecuada esta última.

- En el número 16), que encomienda a los jueces de familia el conocimiento de las causas sobre maltrato de menores de edad, se incluyen, también, las causas relativas al maltrato de parientes incapaces.

- En el número 17), que encarga a estos tribunales conocer de los asuntos relativos a faltas, crímenes y simples delitos en que haya menores sin discernimiento inculpados y expedir la declaración previa sobre si el mayor de 16 años y menor de 18 años ha obrado o no con discernimiento, acordó separar ambas materias en dos números, cada cual del siguiente tenor:

"17) Expedir la declaración previa sobre si el mayor de dieciséis y menor de dieciocho años inculpado de un crimen, simple delito o falta ha obrado o no con discernimiento."

"18) Conocer de los asuntos relativos a crímenes, simples delitos y faltas en que haya menores sin discernimiento inculpados."

- En el número 18) (pasa a ser 19), que faculta a los tribunales de familia para conocer de la adopción de medidas de protección de los derechos de los menores de edad, aprobó, una indicación del Diputado señor Monge para agregar, al final de este número la frase "y de los derechos eventuales del que está por nacer".

Con las enmiendas señaladas, fue aprobado unánimemente este artículo.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Párrafo primero

De los principios formativos del procedimiento.

El artículo 18 (pasa a ser 17) dispone que el procedimiento ante los tribunales de familia será esencialmente oral, público, desformalizado y concentrado.

La Comisión, dio a esta norma su aprobación, por unanimidad, con la sola enmienda de eliminar en ella la expresión "desformalizado". Ello, por estimar que la sola estructura del procedimiento, descrita en el articulado de este Título, le otorga a éste el carácter desformalizado o no ritualizado, por lo que no hace falta expresarlo en la ley

El artículo 19 (pasa a ser 18) encomienda al juez interpretar las normas de procedimiento y, en silencio de ellas, determinar la forma de verificar las actuaciones, tareas respecto de las cuales le ordena tener siempre presente que "su objeto es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial y la mejor y más pronta decisión de la controversia".

Durante la discusión de esta norma, la Comisión unánimemente acordó sustituir lo expresado entre comillas (") por lo siguiente: "su objetivo es el adecuado resguardo de los derechos reconocidos por la ley y la más pronta y justa decisión de la controversia". Para ello, tuvo en consideración las siguientes razones:

a) El reemplazo de la palabra "objeto" por "objetivo" se justifica porque esta última expresa de mejor manera el concepto de "finalidad"; b) La sustitución de la expresión "la efectividad" por "el más adecuado resguardo" descansa en que la efectividad de los derechos depende precisamente del resguardo judicial que se les provea en caso de vulneración; c) La supresión del vocablo "sustancial" se justifica porque no hace falta expresar esa circunstancia en el texto, pues es claro que las leyes que reconocen derechos a las personas tienen el carácter de sustantivas por oposición a las leyes adjetivas, que regulan el procedimiento; y d) El reemplazó de la expresión "mejor y más pronta" por "más pronta y justa", se funda en que el objetivo que deben perseguir los jueces es la justicia de sus decisiones, más que la mejor calidad de las mismas.

El artículo, con las modificaciones referidas, fue aprobado en forma unánime.

El artículo 20 (pasa a ser 19) faculta a los jueces de familia para reprimir el fraude procesal y la colusión, así como para sancionar la mala fe que observen en las actuaciones de los litigantes, aplicando multas, apremios o rechazando de plano sus peticiones.

Durante la discusión de esta norma, la Diputada señora Allende y los Diputados señores Fossa, Monge y Silva formularon la siguiente indicación sustitutiva:

"Artículo 19.- Los jueces de familia deberán reprimir el fraude procesal y la colusión, así como también sancionar la mala fe que observen en las actuaciones de los litigantes.

La sanción aplicable consistirá en una multa a beneficio fiscal, cuyo monto fluctuará entre una y diez unidades tributarias mensuales.

El juez determinará el monto exacto de la multa según la gravedad de las conductas indebidas."

Las razones esgrimidas por los autores para formular la indicación fueron la necesidad de cambiar la redacción de la norma para hacer obligatoria la represión de las conductas que indica, en lugar de dejar librada a la voluntad del juez esa posibilidad, así como también para especificar el monto máximo y mínimo de las multas que el juez podrá aplicar para reprimir esas conductas. Además, estimaron que la facultad de rechazar de plano una petición no constituye en esencia una sanción, pues todo juez tiene esa posibilidad

La indicación, observada favorablemente por las representantes del Ejecutivo, fue aprobada en forma unánime por la Comisión

El artículo 21 (pasa a ser 20) consagra el principio de inmediación, disponiendo que "las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad insanable, la delegación de funciones".

La Comisión prestó su aprobación unánime a esta norma pero modificándola para intercalar la expresión "siempre" entre las palabras "realizarán" y "con", por estimarse que ello refuerza el principio de inmediación que consagra. Asimismo, acordó sustituir la palabra "insanable" por la expresión "no subsanable".

El artículo 22 (pasa a ser 21) consagra el principio de publicidad del procedimiento. No obstante ello, "el juez podrá disponer" la reserva de las actuaciones, a fin de "asegurar durante toda la tramitación de éste, el respeto a" la intimidad de las partes y demás personas involucradas".

La Comisión, aprobó, en forma unánime, una indicación aditiva, formulada por la Diputada señora Saa, para intercalar, entre las palabras "juez" y "podrá", la frase "de oficio o a petición de parte". Por igual votación, aprobó también sustituir la oración "asegurar durante toda la tramitación de éste, el respeto a" por "resguardar los derechos y", eliminando, en consecuencia, la referencia al período de tramitación del juicio, pues es claro que el derecho a la intimidad de las partes estará asegurado a lo largo de todo el procedimiento.

El artículo, con las modificaciones señaladas, fue unánimemente aprobado.

El artículo 23 (pasa a ser 22) dispone que, tanto durante el procedimiento como en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a "mitigar la confrontación entre las partes y soluciones acordadas por ellas". Además, faculta al juez para que, en cualquier estado del proceso, llame a las partes a conciliación "en los casos en que no fuere procedente la mediación o cuando ella hubiere fracasado total o parcialmente".

Su inciso segundo define legalmente el concepto de mediación.

Durante la discusión de esta norma, la Comisión adoptó unánimemente los siguientes acuerdos:

a) En la primera oración del inciso primero, sustituir por una coma (,), la conjunción copulativa "y" que sigue a la palabra "partes"; a continuación, intercalar entre dicha coma (,) y el vocablo "soluciones", que le sigue, la expresión "privilegiando las", e introducir otras modificaciones formales;

b) En la segunda oración del inciso primero, eliminar la frase destacada con negrillas. Sobre el particular, las representantes del Ejecutivo advirtieron que la norma en comento está mal concebida, toda vez que no podría haber conciliación en aquellas materias en que no sea procedente la mediación, ya que se trata de cuestiones de estricto orden público que los tribunales deberán resolver privativamente; y,

c) Suprimir el inciso segundo, al objeto de trasladar su contenido al inicio del párrafo quinto de este Título, relativo a la mediación.

Con las enmiendas descritas, el artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 24 (pasa a ser 23) hace aplicables al procedimiento de familia las normas contenidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y vigentes.

Durante el análisis de esta disposición, a propuesta de las Diputadas señoras Pollarolo y Saa, se debatió acerca de la necesidad o conveniencia de mencionar en ella, por vía ejemplar, algunos tratados sobre derechos humanos referidos a los miembros más vulnerables de la familia, cuyos derechos -a juicio de ambas- requieren ser especialmente promovidos.

Al respecto, la Comisión, unánimemente, rechazó tal idea, por estimarla innecesaria, jurídicamente improcedente y apartada de una adecuada técnica legislativa, pues todo tratado internacional ratificado por Chile y que se encuentre vigente constituye ley de la República, en conformidad a la Constitución, y, en consecuencia, no puede dejar de aplicarse por ninguno de sus órganos competentes.

En reemplazo de lo anterior, aprobó, en forma unánime, modificar la norma haciendo mención directa en ella del artículo 5° de la Carta Fundamental, a modo de reforzar el principio que la ley en proyecto pretende consagrar; eliminando la expresión "sobre derechos humanos”, debido a que esta referencia esta contenida en el citado precepto constitucional; e intercalando la frase “que se encuentren” entre las palabras “y” y “vigentes”.

Modificado en la forma señalada, el artículo fue aprobado unánimemente.

Párrafo segundo

De las reglas generales

El artículo 25 (pasa a ser 24) habilita a las partes para actuar personalmente ante los tribunales de familia, "sin necesidad de mandatario judicial ni abogado patrocinante", a menos que el juez lo ordene expresamente, lo que deberá hacer siempre cuando una de ellas cuente con asesoría de letrado.

Su inciso segundo otorga validez judicial suficiente al mandato que conste por escrito.

Informaron las representantes del Ejecutivo que tal habilitación pretende asegurar un mayor grado de igualdad en el acceso a la justicia, teniendo presente que la inmensa mayoría de los usuarios de los actuales juzgados de menores son personas de escasos recursos. Ello explica, también, el modo extraordinariamente simple ideado para constituir el mandato judicial.

En relación a esta norma, el Diputado señor Elgueta sostuvo que la sola posibilidad que tienen las partes de comparecer personalmente ante cualquier tribunal revela un problema de escasez de recursos fiscales que conlleva una situación de atropello de los derechos constitucionales de las personas, pues la Carta Fundamental asegura a todas éstas el derecho a la defensa jurídica, siendo deber del Estado el proporcionar asesoramiento a quienes no puedan procurárselo por sí mismos. Con todo, afirmó estar convencido de que en la actualidad no están dadas las condiciones para que todos tengan abogados.

La Comisión, unánimemente, acordó modificar la redacción del inciso primero, principalmente, para los efectos de autorizar a las partes a actuar personalmente “o a través abogado patrocinante”, porque, de acuerdo al texto del mensaje, podría interpretarse que la posibilidad de actuar “sin necesidad de mandatario judicial ni abogado patrocinante” constituiría un impedimento para hacerlo de otra manera.

Respecto del inciso segundo, también por unanimidad, acordó eliminarlo, optando en cambio, por agregar en el proyecto un nuevo artículo 143, que modifique el artículo 6º del Código de Procedimiento Civil [1], para los efectos de agregar, en su inciso segundo, después del punto (.) aparte, que pasaría a ser seguido, la siguiente frase "En los tribunales de familia corresponderá prestar dicha autorización al funcionario que en esos tribunales tenga el carácter de ministro de fe de acuerdo con la ley.". Ello, con el propósito de que el mandato judicial que no se otorgue por escritura pública requiera, para su suficiencia, ser autorizado por un ministro de fe (en este caso el oficial primero), al objeto de evitar posibles irregularidades que podrían derivarse de la falta de esta formalidad.

Modificado en la forma señalada, el artículo fue aprobado, por unanimidad.

El artículo 26 (pasa a ser 25) ordena a los jueces de familia velar por que los intereses de menores o de incapaces involucrados se hallen debidamente representados. A este efecto, designarán a una persona idónea de la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o de cualquier institución dedicada a la defensa, promoción o protección de los derechos de los menores o incapaces, cuando éstos no tengan representante legal o, si existiere uno, cuando fundadamente crean necesario que su representación sea ejercida por otra persona distinta, la cual se reputará curador ad litem del menor o incapaz por el solo ministerio de la ley, extendiéndose su representación a todas las actuaciones del juicio. Por último, agrega que de la falta de designación, podrán reclamar las instituciones mencionadas o cualquier persona con interés en ello.

Aprobado, por unanimidad, sin enmiendas.

El artículo 27 (pasa a ser 26) obliga al juez, promovido el proceso, a adoptar, de oficio, las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. No obstante ello, faculta a las partes para suspender de común acuerdo el procedimiento, por una vez, hasta por sesenta días.

La Comisión, por unanimidad, brindó su aprobación a esta norma, con la sola enmienda de intercalar, a continuación del vocablo “proceso” la frase “y en cualquier estado del mismo”, por considerar que, tal como está redactada, podría dar lugar a interpretar que las medidas destinadas a acelerar el término del proceso sólo podrían adoptarse en el momento de ser promovido éste.

El artículo 28 (pasa a ser 27) dispone que la primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por el ministro de fe que el juez determine, conforme a la proposición que formule el administrador, atendiendo al lugar en que funcione el tribunal y demás consideraciones que miren a la eficacia de su labor. Además, faculta a la parte interesada para encargar, a su costa, la notificación mediante un receptor judicial. Toda otra notificación se practicará por el estado diario, salvo las de las resoluciones indicadas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil (sentencias definitivas o resoluciones que reciban a prueba la causa u ordenen la comparecencia personal de las partes), que lo serán por carta certificada.

Su inciso segundo otorga carácter de ministros de fe, para estos efectos, a los funcionarios de secretaría de los tribunales de familia, así como también al personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Su inciso tercero precisa que las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el día siguiente a aquél en que sean expedidas.

Las Diputadas señoras Allende, Sciaraffia; Muñoz, doña Adriana, y Saa y los Diputados señores Monge y Silva formularon una indicación para modificar el inciso tercero con el propósito de sustituir el vocablo "siguiente" por "subsiguiente", a fin de ampliar el plazo que señala, y, además, para agregar el siguiente nuevo inciso cuarto:

"Para los efectos de este artículo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil.".

Dicha norma impone a los litigantes, en su primera gestión judicial, la obligación de designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funcione el tribunal respectivo, considerándose subsistente mientras no haga otra la parte interesada, aun cuando de hecho cambie su morada.

La indicación, observada favorablemente por las representantes del Ejecutivo, fue aprobada en forma unánime por la Comisión. A continuación, el artículo, con la sustitución y adición acordadas, también fue aprobado por igual votación.

El artículo 29 (pasa a ser 28) establece la improcedencia de decretar la nulidad procesal si el vicio reclamado no ha ocasionado perjuicio al litigante que lo alega, salvo en el caso del artículo 21 (que pasa a ser 20, y que exige la presencia directa del juez en las audiencias y las diligencias de prueba). Se entenderá que existe perjuicio cuando la infracción impida el ejercicio adecuado de los derechos del litigante en el juicio.

Aprobado por unanimidad, sin debate y en los mismos términos.

El artículo 30 (pasa a ser 29) hace aplicables supletoriamente al procedimiento de familia las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten “notoriamente” incompatibles con los procedimientos de esta ley, caso en el cual el juez dispondrá la forma de practicar la actuación.

La Diputada señora Saa formuló una indicación para eliminar la expresión “notoriamente”, por considerarla innecesaria, la que fue aprobada, por unanimidad, por la Comisión.

El artículo, con la supresión acordada, también fue aprobado por igual votación.

El artículo 31 (pasa a ser 30) señala los medios de prueba que podrán hacerse valer en los juicios de que trata esta ley. Ellos son: los instrumentos, la confesión, los testigos, el informe de peritos, la inspección personal del tribunal, las presunciones, y todo otro que, lícitamente obtenido, sirva para formar la convicción del juez. Además, faculta al juez para decretar la práctica de las diligencias probatorias que estime, en cualquier estado del juicio, y para requerir informes de cualquier organismo, en especial informes psicológicos, sociales u otros del Servicio Nacional de Menores, cuando se trate de asuntos relativos a los beneficios que otorga dicho organismo.

Su inciso final dispone que, para tales efectos, la entidad requerida deberá entregar los informes solicitados dentro de diez días hábiles contados desde la notificación del requerimiento, a menos que se encuentre jurídica o materialmente imposibilitada de proporcionarlos.

Las Diputadas señoras Allende, Sciaraffia; Muñoz, doña Adriana, y Saa y los Diputados señores Monge y Silva formularon indicación para sustituir el inciso final por el siguiente:

"La entidad requerida deberá entregar los informes solicitados dentro de diez días hábiles contados desde que se le notificó el requerimiento, a menos que acredite encontrarse jurídicamente imposibilitada de proporcionarlos. En caso de que la entidad requerida acredite encontrarse materialmente imposibilitada de evacuarlos en ese plazo, podrá solicitar que éste sea prorrogado por el mismo lapso."

Este nuevo texto separa la referencia a la imposibilidad jurídica, que es absoluta (como por ejemplo, un informe requerido a la Superintendencia de Bancos sobre antecedentes protegidos por el secreto bancario), de la imposibilidad material, caso en el cual la obligación de la entidad requerida de proporcionar los informes solicitados podría quedar subsistente, pero sujeta a la concesión de una prórroga por igual lapso.

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por unanimidad, igual que el artículo con ésta

El artículo 32 (pasa a ser 31) dispone que la prueba se apreciará en conformidad a las reglas de la sana crítica.

Aprobado por unanimidad, sin debate y en los mismos términos.

El artículo 33 (pasa a ser 32) establece que los jueces de familia conocerán en una sola causa las distintas materias de su competencia que unas mismas partes acuerden someter a su decisión.

La Comisión, acogiendo una sugerencia efectuada por el Diputado señor Monge, en orden a facultar a los jueces de familia para acumular de oficio las causas incoadas por unos mismos litigantes, que se estén ventilando ante distintos tribunales. acordó agregar a esta norma un inciso segundo del siguiente tenor:

"Podrán, además, disponer de oficio la acumulación que sea procedente de acuerdo a las reglas generales."

Con la modificación acordada, el artículo fue aprobado en forma unánime.

Párrafo tercero

De las medidas cautelares

El artículo 34 (pasa a ser 33) dispone que el juez podrá en cualquier momento del juicio y desde de la presentación de la demanda o denuncia, de oficio o a petición de parte, en caso de que la gravedad de los hechos así lo requiera, decretar, mediante resolución fundada, cualquier medida cautelar que estime indispensable para la protección de un derecho, “siempre que exista peligro fundado de lesión o amenaza del mismo”. En especial, podrá adoptar medidas destinadas a garantizar la seguridad física o psíquica de los involucrados, y su subsistencia económica, así como la tranquila convivencia del grupo familiar.

Durante la discusión de esta norma, los miembros de la Comisión convinieron unánimemente en la necesidad de modificarla en base a los siguientes criterios:

a) Quitarle el carácter facultativo que tiene, reemplazando la expresión “podrá...decretar” por “decretará”, a fin de asegurar la aplicación efectiva de las medidas cautelares a que se refiere;

b) Eliminar la frase “siempre que exista peligro fundado de lesión o amenaza del mismo”, toda vez que restringe la adopción de medidas cautelares al exigir una apreciación subjetiva del juez que le permita fundamentarlas;

c) Señalar por vía ejemplar las medidas cautelares más importantes que a los jueces les corresponderá aplicar y,

d) Agregar una norma que obligue a los jueces a informar a las partes acerca de las medidas cautelares que tendrán derecho a solicitar, pues la mayoría de las veces quienes comparecen personalmente ante los tribunales desconocen los instrumentos que la ley les franquea para resguardar sus derechos.

Los criterios referidos en las letras a) y b) se tradujeron en sendas enmiendas del texto original de este artículo, el que pasa a ser su inciso primero; los de las letras c) y d) se materializaron en los siguientes nuevos incisos segundo y tercero:

"Podrá especialmente fijar alimentos y visitas provisorias, en los casos en que el juicio verse sobre estas materias; ordenar la entrega inmediata de los menores a quien acredite tener su tuición.

El tribunal deberá, en la primera actuación de las partes, informarles su derecho a pedir medidas cautelares.".

Esta disposición, así modificada, fue aprobada en forma unánime.

El artículo 35 (pasa a ser 34) dispone que, al solicitar las medidas del artículo anterior, la parte deberá acompañar pruebas que constituyan presunción fundada del derecho que reclama y del peligro que teme. No obstante, cuando la gravedad lo justifique, podrá decretarse la medida aun antes de rendida esta información.

Aprobado por unanimidad, sin debate y en los mismos términos.

El artículo 36 (pasa a ser 35) establece que el juez podrá exigir caución a la parte solicitante para responder de los perjuicios que la medida pueda causar.

La Comisión, por unanimidad, aprobó este artículo, pero modificándolo, al objeto de intercalar, entre los vocablos “podrá” y “exigir” la frase “en casos calificados y mediante resolución fundada”. Ello, con el propósito de restringir la facultad del juez de exigir la referida caución.

El artículo 37 (pasa a ser 36) ordena al juez apreciar la necesidad e idoneidad de la medida solicitada. Luego, lo faculta para decretar otra distinta si, a su juicio, cumple mejor la finalidad cautelar, debiendo precisar, cuando corresponda, el alcance y la duración de la medida.

Aprobado, por unanimidad, sin enmiendas.

El artículo 38 (pasa a ser 37) estatuye el carácter provisional de las medidas cautelares, pudiendo éstas durar sólo hasta que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. Podrán, de oficio o a petición de parte, dejarse sin efecto, sustituirse o modificarse. La parte afectada podrá ofrecer garantías sustitutivas, las que apreciará el juez.

Aprobado, por unanimidad, sin enmiendas ni debate.

El artículo 39 (pasa a ser 38) señala que la medida se decretará sin conocimiento ni intervención de la otra parte, pero deberá serle notificada por carta certificada, dentro del quinto día de cumplida. A continuación, agrega que la solicitud de alzamiento, modificación o sustitución que presente el afectado será resuelta por el juez de plano o escuchando a las partes.

En relación a la notificación que esta norma ordena efectuar a la parte en contra de quien se decrete la medida, se debatió en la Comisión si el cómputo de los cinco días para hacerlo debe contarse a partir del cumplimiento de la misma o a partir desde que es decretada por el juez.

Las representantes del Ejecutivo hicieron presente que existen medidas cautelares de diversa índole, algunas de las cuales dependen para su cumplimiento de la parte demandante y otras de la parte demandada. Luego, reconocieron que el cómputo del plazo para la notificación debe ser distinto en uno y otro caso. Así, si la medida depende de la demandante (ej. la inscripción de una prohibición de gravar o enajenar un bien raíz en el Conservador de Bienes respectivo), debe contarse desde su cumplimiento; pero si depende de la demandada (ej. pago alimentos provisorios), debe contarse desde su establecimiento, para que pueda cumplirse.

Explicaron que la regla general en materia de adopción de medidas "prejudiciales precautorias" (aplicables a estas cautelares) es que ellas se decreten a sola petición de la parte interesada y se notifiquen inmediatamente a la parte contraria, porque la ley señala que las resoluciones judiciales no producen ningún efecto mientras no estén notificadas, salvo que, por excepción, en casos graves y urgentes, se faculte al juez para que pueda ordenar su cumplimiento antes de la notificación.

En consideración a lo anterior, sugirieron establecer como regla general que el plazo para notificar al afectado la medida decretada en su contra se cuente desde el establecimiento de la misma, autorizando al juez para que en casos excepcionales ordene su cumplimiento antes de la notificación, caso en el cual se contará dicho plazo desde que se haya cumplido.

La Comisión, acogiendo dicha proposición, aprobó, en forma unánime, el siguiente texto sustitutivo:

"Artículo 38.- Las medidas cautelares se concederán sin audiencia ni intervención de la parte en contra de quien se decretan y la resolución respectiva se le notificará por carta certificada. Excepcionalmente, en casos graves y urgentes, las medidas podrán llevarse a cabo sin previa notificación de la parte afectada. Esta notificación deberá efectuarse en la forma antes indicada, dentro de los cinco días del cumplimiento de las medidas.

La solicitud de alzamiento, modificación o sustitución que presente la parte en contra de quien la medida se otorgó se resolverá por el tribunal de plano o escuchando a las partes."

El artículo 40 (pasa a ser 39) permite, en casos calificados, decretar medidas cautelares antes de la causa, quedando obligado el solicitante a demandar dentro de diez días. Por motivos fundados, dicho plazo es ampliable hasta por treinta días. Si no se demanda dentro de plazo, las medidas decretadas caducan de pleno derecho y el solicitante será responsable de los perjuicios causados.

Aprobado, por unanimidad, con modificaciones formales.

Párrafo cuarto

Del procedimiento ordinario en los tribunales de familia.

El artículo 41 (pasa a ser 40) hace aplicable el procedimiento de que trata este párrafo a todos los asuntos contenciosos que deban conocer los tribunales de familia y que no tengan señalado un procedimiento especial.

Aprobado, en forma unánime, sin enmiendas ni debate.

El artículo 42 (pasa a ser 41) dispone que el juicio podrá comenzar por demanda oral o escrita, debiendo, en el primer caso, procederse a protocolizar los términos de la pretensión del demandante "en formulario especialmente destinado a este efecto”.

Su inciso segundo ordena al demandante suscribir la protocolización, si supiere firmar, dejándose constancia de la circunstancia contraria, caso en el cual se leerá de viva voz la demanda, debiendo dicha parte estampar su impresión dígito pulgar derecha o, en su defecto, izquierda.

Se discutió en la Comisión flexibilizar la exigencia de protocolizar la demanda en formularios especiales, contenida en el inciso primero, pues, ante la eventualidad de que éstos no estén disponibles en el tribunal, sería absurdo paralizar la acción de la justicia por ese solo motivo. Por ello, se acordó reemplazar la frase "en formulario especialmente destinado a este efecto" por "en acta que se levantará al efecto".

Asimismo, respecto del inciso segundo, se debatió la necesidad de modificar el procedimiento para suscribir la protocolización en que deberá consignarse la demanda oral, cuando la parte interesada no supiere firmar y careciere del dedo pulgar en ambas manos. Al efecto, acordó, unánimemente, agregar en el inciso segundo, a continuación del punto (.) final que pasa a ser seguido, la siguiente oración: "En la eventualidad de no ser posible lo anterior, firmará un tercero a ruego del compareciente."

Puesto en votación el artículo, con la modificaciones acordadas, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 43 (pasa a ser 42) fija el contenido de la demanda. Éste es una exposición clara de las pretensiones del actor y de los hechos en que se funda, más su propia individualización y la de la demandada. Su inciso segundo exige acompañar a ella los documentos que la fundan y todos los restantes que digan relación con la causa, los que no podrán acompañarse en otra oportunidad, a menos que se acredite fehacientemente que la parte no tuvo conocimiento de su existencia o estuvo imposibilitada de obtenerlos al deducir la demanda.

Las representantes del Ejecutivo explicaron que la exigencia de acompañar a la demanda todos los documentos en que ella se funda tiene por objeto agilizar el procedimiento, porque muchas veces se posterga acompañar dichos documentos con el solo objeto de dilatar los procesos.

No obstante lo anterior, la Comisión estuvo de acuerdo en permitir al actor presentar los documentos que avalen sus pretensiones en una oportunidad posterior a la presentación de la demanda, cuando no le haya sido posible obtenerlos antes. Asimismo, no le pareció adecuado obligarlo a acreditar fehacientemente esta circunstancia porque se le estaría forzando a probar un hecho negativo.

En consideración a expuesto, por unanimidad, aprobó modificar el inciso segundo, para eliminar las expresiones "se acredite fehacientemente que" y para reemplazar la frase "no tuvo conocimiento de su existencia o estuvo" por las palabras "haya estado".

Asimismo, a instancia del abogado asesor del Ejecutivo, por igual votación, aprobó agregar los dos siguientes nuevos incisos, tercero y cuarto:

"Si quien pretende deducir demanda oral no acompañare los documentos en que la funde, el empleado judicial le hará presente esa circunstancia, protocolizará igualmente la demanda y la parte deberá acompañar los referidos documentos en un plazo no superior a cinco días.

Vencido este término sin que se hubieren acompañado, la demanda se tendrá por no presentada para todos los efectos legales."

Ello, con el objeto de permitir a quienes litiguen sin abogado allegar al expediente los antecedentes que justifiquen sus pretensiones, cuando no los hayan presentado al interponer la demanda, ya sea por imposibilidad o ignorancia.

Con las enmiendas acordadas, esta norma fue aprobada en forma unánime.

El artículo 44 (pasa a ser 43) dispone que, una vez recibida la demanda, se admitirá a trámite, previa comprobación de que la parte demandante haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 59 (pasa a ser 54) -obliga a someter las causas sobre alimentos, tuición y visitas al procedimiento de mediación previa-, si ello es procedente. En caso contrario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 65, incisos primero y segundo.

Su inciso segundo agrega que, frustrada la mediación previa en los casos del artículo 62, o inmediatamente de presentada la demanda en los demás casos, el juez dictará una resolución citando a las partes a una audiencia preliminar, que deberá celebrarse en una fecha que la misma resolución señale, no pudiendo ser después de quince días contados desde la última notificación.

La representante del Ejecutivo advirtió la existencia de un error de referencia en el inciso primero de este artículo, debiendo reemplazarse el guarismo "65" por "62". Asimismo, en cuanto al espíritu de la norma, aclaró que toda demanda debe ser admitida a tramitación, sólo que, cuando procediere obligatoriamente la mediación o el juez resolviere derivar la causa a dicha instancia, el expediente quedará guardado en el tribunal mientras ella se lleva a cabo, lo que en ningún caso debe entenderse como requisito para la admisión de la demanda.

La Comisión, en procura de una mejor redacción y también para los efectos de precisar las causas de la frustración de la mediación a que se refiere el inciso segundo, aprobó, por unanimidad, sustituir este artículo por el siguiente:

"Artículo 43.- Una vez recepcionada la demanda, se admitirá a tramitación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, si ello es procedente, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 62, incisos primero y segundo.

Frustrada la mediación previa en los términos del artículo 75, en relación a los casos del artículo 62 o inmediatamente después de presentada la demanda en los demás casos, el juez dictará una resolución para citar a las partes a una audiencia preliminar, que deberá celebrarse en la fecha que la misma resolución señale, no pudiendo ser posterior a quince días contados desde la última notificación."

El artículo 45 (pasa a ser 44) exige la concurrencia personal de las partes a la audiencia preliminar y a la complementaria, sin perjuicio de la presencia de sus patrocinantes y apoderados.

A sugerencia del Diputado señor Monge, y con la opinión favorable de las representantes del Ejecutivo, dada la gran movilidad laboral que actualmente se registra en el país, lo que podría dificultar la comparecencia personal de las partes en todas las instancias del juicio, la Comisión, con el propósito de flexibilizar la exigencia que contiene esta norma, pero sin perder de vista la importancia que ella tiene para que rija efectivamente el principio de inmediación que consagra esta iniciativa de ley, acordó, unánimemente, incorporarle el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Con todo, si una de las partes acreditare encontrarse materialmente imposibilitada de concurrir a alguna de estas audiencias, el juez ponderará los antecedentes, pudiendo, en caso de que lo estimare necesario, fijar una nueva audiencia. Excepcionalmente, podrá autorizar a dicha parte a comparecer a través de su patrocinante o apoderado."

Con la adición acordada, el artículo fue aprobado en forma unánime.

El artículo 46 (pasa a ser 45) establece el objeto de la audiencia preliminar, esto es:

1) Recibir la contestación de la demanda, los documentos que la fundan y demás relacionados con la controversia. Estos no podrán acompañarse después, a menos que se acredite fehacientemente que la parte no tuvo conocimiento de su existencia o estuvo imposibilitada de obtenerlos al contestar la demanda. El párrafo segundo de este número dispone que la contestación deberá ser escrita si la demandada comparece con patrocinio de letrado. En caso contrario, será verbal, debiendo protocolizarse en extracto;

2) Proponer que las partes sometan a mediación las materias en que ésta no es obligatoria ni prohibida;

3) Resolver cuanto surja de la audiencia necesario para dar curso progresivo a los autos;

4) Fijar definitivamente las materias controvertidas, sometidas a decisión del tribunal;

5) Recibir y resolver, oyendo a la contraria, si comparece, todos los incidentes que se promuevan. No habrá incidentes de previo y especial pronunciamiento;

6) Provocar el juez la conciliación, según las bases que proponga luego de escuchar a las partes. De las bases se dejará constancia extractada en el expediente. En todos los casos en que no se haya sometido la cuestión a mediación, el juez no podrá omitir bajo circunstancia alguna el llamado a conciliación;

7) Fijar los hechos controvertidos que deberán probarse, y

8) Determinar las pruebas por recibir propuestas por las partes y disponer la citación de los testigos, la práctica de los exámenes o informes, la designación de peritos, la remisión de oficios, según proceda. Por último, faculta expresamente al tribunal para rechazar la prueba manifiestamente improcedente, superflua, y la propuesta con fines meramente dilatorios.

En relación con esta disposición, la Comisión tuvo presente que la Corte Suprema estimó inadecuada la exigencia perentoria impuesta a la demandada en orden a que los documentos en que funde su contestación y todos los otros relacionados con la controversia deban acompañarse a la audiencia preliminar, en circunstancias que el artículo 47 (pasa a ser 46) contempla la posibilidad de una audiencia complementaria destinada, precisamente, a rendir pruebas que no haya sido posible recibir con anterioridad.

Luego, la Comisión dio a esta disposición el siguiente trato:

En el número 1), y por las mismas razones expresadas respecto del artículo 43 (que pasa a ser 42), acordó, modificar su redacción para armonizarlo con el inciso segundo de dicho precepto, eliminando la frase "se acredite fehacientemente que" y reemplazando la frase "no tuvo conocimiento de su existencia o estuvo " por "haya estado".

Igualmente, y con el propósito de establecer un plazo máximo de cinco días para que se acompañen los documentos en que la demandada funde su contestación, acordó intercalar en este número un párrafo segundo, nuevo, del siguiente tenor, pasando el actual segundo a ser tercero:

"En el caso anterior, se aplicará el plazo dispuesto en el inciso tercero del artículo 43." (que pasa a ser 42)

En el número 4), acordó suprimir la palabra "definitivamente", para no dar lugar a interpretar que las materias excluidas en dicha audiencia no puedan ser discutidas en otro juicio, o que, asimismo, respecto de las situaciones que han dado origen a una causa no puedan volver a discutirse si en el futuro se modifican las circunstancias en que éstas se produjeron.

En el número 5), a sugerencia del abogado asesor del Ministerio de Justicia señor Tavolari, acordó intercalar, a continuación de la palabra "incidentes", la frase "originados en hechos anteriores o coetáneos al juicio". Ello, con el fin de consagrar el principio de preclusión de las cuestiones que no se promuevan por vía incidental en esta primera audiencia, dejando abierta, en todo caso, la posibilidad de plantear por esa vía aquellos hechos nuevos que surjan con posterioridad.

En relación con la oración final del número 6), que impide al juez, omitir "bajo circunstancia alguna", el llamado a conciliación en todos los casos en que no se haya sometido a mediación previa la cuestión controvertida, la Comisión convino, con la adhesión de las representantes del Ejecutivo, en la necesidad de modificarla a fin de contemplar dos excepciones. La primera, absoluta, respecto de las materias en las que mediación es prohibida -señaladas en el artículo 61 (que pasa a ser 56)-, por cuanto no corresponde que el juez llame a las partes a conciliar posiciones. La segunda, que es relativa, dice relación con las causas a que den lugar los actos de violencia intrafamiliar, respecto de las cuales el juez sólo podrá hacer el llamado a conciliación en forma excepcional, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 123 (nuevo).

Con tal objeto, la Comisión acordó suprimir en este número las expresiones ", bajo circunstancia alguna," y agregar, a continuación del vocablo "referidas", la frase "salvo que se tratare de aquellas materias señaladas en el artículo 56, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123", precedida de una coma (,).

En el número 8), la Comisión, acordó, a sugerencia también del abogado señor Tavolari, intercalar, entre las palabras "para" y "rechazar", la frase "disponer la práctica de las diligencias probatorias que estime pertinentes, podrá". De esta manera, se faculta al juez para ordenar de oficio la práctica de las diligencias probatorias que estime necesarias y que las partes no hayan previsto.

Con las modificaciones señaladas, este artículo fue aprobado en forma unánime.

El artículo 47 (pasa a ser 46) ordena recibir de inmediato la prueba que sea posible rendir luego de resueltos todos los puntos señalados en el artículo anterior. Si no fuere posible rendirlas todas en esa instancia, el juez fijará otra fecha para realizar una audiencia complementaria, a la que se entenderán legalmente citadas las partes. La misma resolución señalará las actuaciones por cumplirse en ella.

El Diputado señor Monge, a fin de facilitar la celebración de la audiencia complementaria, propuso agregar una norma que faculte a los jueces de familia de otros territorios jurisdiccionales para practicar ciertas diligencias probatorias a petición del juez de la causa.

No obstante aceptar la posibilidad de que ciertas diligencias sean practicadas mediante exhorto, las representantes del Ejecutivo manifestaron su preocupación de que sea otro tribunal el que interrogue a testigos o llame a absolver posiciones, porque ello desvirtuaría completamente una de las piedras angulares de este proyecto, cual es el principio de inmediación. Hicieron presente, además, que el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil dispone que todo tribunal es obligado a practicar o a dar orden para que se practiquen en su territorio las actuaciones que en él deben ejecutarse y que otro tribunal le encomiende, razón por la cual es innecesario acoger esta proposición.

Pese a lo anterior, la Comisión aprobó unánimemente la indicación formulada por el Diputado señor Monge, que agrega el siguiente inciso segundo:

"El tribunal podrá delegar en tribunales de otras jurisdicciones competencia para que se practiquen ante ellos determinadas diligencias probatorias, cuando los antecedentes de la causa así lo hagan aconsejable."

Con la indicación acordada, mas la enmienda de sustituir en el texto original, que pasa a ser inciso primero, la palabra "instancia" por "oportunidad", debido a que el primer vocablo tiene un significado jurídico distinto que podría dar lugar a interpretaciones erróneas, la Comisión aprobó el artículo, por unanimidad.

El artículo 48 (pasa a ser 47) dispone que la audiencia complementaria se llevará a efecto en un solo acto y en ella se rendirá íntegramente la prueba que falte. Si el tiempo fuere insuficiente, el tribunal podrá prorrogarlo para el siguiente día hábil.

Aprobado, en forma unánime, sin enmiendas.

El artículo 49 (pasa a ser 48) ordena al juez dictar sentencia en la misma audiencia en que concluya la prueba, explicitando verbalmente sus fundamentos, y debiendo entregar a las partes copia de la misma dentro del quinto día siguiente (inciso primero), sin perjuicio de la facultad para decretar nueva prueba o alguna otra diligencia, cuando lo crea estrictamente necesario para su convicción (inciso segundo), caso en el cual dictará una resolución motivada para explicar por qué no usó las facultades que le otorga el artículo 48, letra i), y deberá fallar la causa dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se hayan cumplido las medidas (inciso tercero).

Las representantes del Ejecutivo advirtieron la existencia de un error de referencia en el inciso tercero de este artículo, debiendo reemplazarse la expresión "48, letra i)," por "46, Nº 8" (pasa a ser 45, Nº 8).

La Comisión, por unanimidad, acordó sustituir, en el inciso segundo, la frase "nueva prueba o alguna otra diligencia" por "nuevas diligencias probatorias", por estimar que la primera de estas expresiones podría dar lugar a interpretar que las pruebas producidas inicialmente por las partes pueden ser desechadas. Igualmente, y por igual quórum, acordó corregir el señalado error de referencia.

Con las modificaciones acordadas, el artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 50 (pasa a ser 49) dispone que de todo lo obrado en las audiencias se levantará acta en extracto. Las declaraciones de los testigos y peritos, y los términos de la confesión, se consignarán textualmente.

Aprobado, por unanimidad, con enmiendas formales.

El artículo 51 (pasa a ser 50) ordena que toda cuestión accesoria (incidente) que se suscite en el proceso debe plantearse en la audiencia preliminar, pudiendo el juez rechazar, de inmediato, aquellas sin fundamento. Admitidas a tramitación, se conferirá traslado a la contraria, la que deberá evacuarlo en el acto. El procedimiento no se suspenderá en caso alguno, ni aunque las partes de común acuerdo lo pidan, salvo en virtud del artículo 27 (pasa a ser 26).

Aprobado, en forma unánime, sin discusión.

El artículo 52 (pasa a ser 51) establece que la prueba que se requiera para fallar una cuestión accesoria se rendirá en la misma forma y oportunidad que aquella relativa a la cuestión principal.

Aprobado, por unanimidad, sin debate.

El artículo 53 (pasa a ser 52) dispone que, si un incidente se hubiere suscitado después de verificarse la audiencia preliminar, deberá plantearse en la audiencia complementaria y se tramitará del modo establecido precedentemente. Además, impone al juez el deber de rechazar de plano cualquier incidente planteado en forma extemporánea.

Aprobado, en forma unánime, sin enmiendas.

Párrafo quinto

De la mediación

Durante la discusión del articulado de este párrafo, la Comisión, aprobó en forma unánime, diversas modificaciones formales destinadas únicamente a cambiar de ubicación algunas de las disposiciones de la iniciativa, en procura de una mejor sistematizacíon de las mismas.

En tal sentido, en primer lugar, acordó consignar como artículo 53 el texto del inciso segundo del artículo 23 (pasa a ser 22) del proyecto, el cual aprobó por unanimidad, sin modificaciones. Luego, dispuso que los artículos 59, 60 y 61 pasen a ser artículos 54, 55 y 56, respectivamente, en los términos que para cada uno de ellos se expresará.

El artículo 54 (pasa a ser 57) establece que “Las partes involucradas en un proceso de mediación deberán encontrarse” en igualdad de condiciones para negociar. De lo contrario, el mediador deberá procurar lograr un equilibrio entre ellas y, si ello no fuere posible, deberá suspender o terminar la mediación.

El Diputado señor Monge observó que no puede exigirse imperativamente la citada igualdad de condiciones para negociar entre las partes, porque dicha igualdad es meramente teórica, pues sólo podría darse a nivel de los medios puestos a disposición de las partes para tratar de equilibrar su capacidad negociadora, pero nunca podrá ser absoluta. Por ello, formuló indicación para reemplazar, en este inciso único, la oración inicial destacada con negrillas, por la siguiente: "Será presupuesto indispensable para que proceda la mediación el que las partes se encuentren".

Puesta en votación la indicación, fue aprobada, por unanimidad, igual que el artículo con ésta.

El artículo 55 (pasa a ser 58) permite a las partes en conflicto retirarse de la mediación en cualquier momento, dándose ésta por terminada si alguna de ellas manifestare su intención en tal sentido

Aprobado, en forma unánime, sin debate.

El artículo 56 (pasa a ser 59) obliga a los mediadores a guardar reserva de todo lo visto u oído durante la mediación, quedando protegidos por el secreto profesional sin que puedan ser llamados a declarar en juicio, ni a favor ni en contra de las partes. No obstante lo anterior, los exime del deber de confidencialidad cuando tomen conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato en contra de menores o incapaces.

Aprobado, por unanimidad, en iguales términos.

El artículo 57 (pasa a ser 60) exige que el mediador sea imparcial y neutral con las partes, debiendo rechazar el caso si su imparcialidad se viere amenazada por cualquier circunstancia, justificándose ante el tribunal respectivo. Además, permite a las partes solicitar la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del designado se encuentra comprometida.

Aprobado, en forma unánime, sin modificaciones.

El artículo 58 (pasa a ser 61) ordena al mediador considerar los intereses de otras personas que, sin haber sido citadas a la audiencia, pudieren ser afectadas por el resultado de la mediación. De ser necesario, lo obliga a suspender la audiencia para continuarla después con la presencia de los interesados, quienes deberán ser citados de igual modo como fueron citadas las partes.

Aprobado, en forma unánime, sin enmiendas ni debate.

El artículo 59 (pasa a ser 54) dispone someter las causas relativas a alimentos, tuición y visitas a un proceso de mediación previo, que se regirá por estas normas y por las que regulen el sistema nacional de mediación. Asimismo, exime del cumplimiento de este trámite a las partes que acreditaren haber sometido su conflicto a mediación, antes del inicio de la causa, ante mediadores legalmente habilitados.

Aprobado, en forma unánime, sin modificaciones.

El artículo 60 (pasa a ser 55) prescribe que las demás materias de competencia de estos tribunales, exceptuadas las citadas en el artículo siguiente, podrán ser derivadas a mediación en cualquier momento hasta antes de la audiencia complementaria, mediante resolución que pronunciará el juez oyendo a las partes.

La Comisión, estuvo de acuerdo en sustituir la expresión final "oyendo a las partes" por "con acuerdo de las partes", por considerar que el proceso de mediación, para ser eficaz, exige que las partes se sometan voluntariamente a él, especialmente tratándose de materias que no están sujetas por ley a ese procedimiento.

Asimismo, con ocasión del tratamiento de las normas relativas al procedimiento especial aplicable a las causas por violencia intrafamiliar, y con el fin de ratificar el carácter excepcional de la procedencia de la mediación en dichas causas, aprobó unánimemente una propuesta de las representantes del Ejecutivo para agregar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

"En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar, la mediación sólo procederá excepcionalmente en los términos y condiciones establecidos en los artículos 123 y siguientes del párrafo segundo del Título V."

Con las enmiendas señaladas, este artículo fue aprobado por unanimidad,

El artículo 61 (pasa a ser 56) prohíbe someter a mediación los asuntos relativos a hechos delictivos cometidos por menores de edad, maltrato de menores e incapaces, adopción, acciones de estado civil, interdicción, nulidad del matrimonio y divorcio.

Aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

El artículo 62 ordena que, al momento de ser presentada una demanda de alimentos, tuición y/o visitas, se instruya al actor acerca de la mediación y su obligación de concurrir a la primera audiencia a que sea citado. En dicho acto se abrirá un expediente, el que se asignará a un juez de acuerdo al sistema de distribución de causas y luego se dará lugar a lo establecido en las disposiciones siguientes. Tratándose de las materias contenidas en el artículo 60 (pasa a ser 55), si son derivadas a mediación (voluntaria), se procederá de igual modo al ya señalado.

Con enmiendas formales, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 63 señala que siempre que se haya solicitado una medida cautelar al momento de iniciarse el juicio o en forma prejudicial, el juez deberá resolverla antes de derivar a las partes a mediación.

A sugerencia del asesor del Ejecutivo, abogado señor Tavolari, la Comisión acordó precisar en este artículo que la solicitud en relación a la medida cautelar de que se trate deberá estar referida al alzamiento de la medida cautelar decretada. Con tal propósito, aprobó, intercalar, entre las palabras "solicitado" y "una", las expresiones "el alzamiento de", y el vocablo "decretada", a continuación de "cautelar". Lo anterior, en razón de que lo único que podría estar por dilucidarse es si se alza o no se alza una medida decretada en carácter prejudicial.

Con las modificaciones señaladas, fue aprobado en forma unánime.

El artículo 64 ordena que, acto seguido (luego de adoptada la resolución a que se refiere el artículo anterior), se designará a la persona del mediador que deberá intervenir en el caso, de acuerdo al sistema de designación que establezca el reglamento, el que deberá ser aleatorio.

La representante del Ejecutivo advirtió que dicho sistema de designación será establecido en la ley que creará el sistema nacional de mediación, por lo que propuso remitir a ella, y no al reglamento, la presente disposición. Igualmente, y debido a que los mediadores podrán ser tanto personas individuales como equipos interdisciplinarios, considerados éstos últimos como una sola persona, sugirió sustituir la expresión "a la persona del" por la contracción "al".

La Comisión, luego de prestar su plena conformidad a dichas sugerencias, acordó, además, con el propósito de no restringir la libertad del legislador, eliminar la frase final de esta norma alusiva al carácter aleatorio que debería tener el referido sistema.

Con las enmiendas referidas, la disposición fue aprobada en forma unánime.

El artículo 65 dispone que la derivación (de la causa a mediación) se hará siempre mediante comunicación escrita, haciendo sólo una mera referencia a la o las materias de que se trate.

Aprobado, en forma unánime, sin modificaciones.

El artículo 66 obliga al mediador designado para intervenir en la causa a fijar una audiencia inicial de mediación inmediatamente después de recibida la comunicación de que trata el artículo anterior.

Aprobado, por unanimidad, en iguales términos, sin debate.

El artículo 67 ordena que sean citados a la primera audiencia de mediación los adultos involucrados en el conflicto, los que deberán concurrir personalmente a ella y a las demás sesiones, sin perjuicio de que comparezcan sus abogados. No obstante, las personas jurídicas y las personas naturales que tengan su domicilio en un territorio jurisdiccional distinto, podrán hacerlo por intermedio de sus representantes o apoderados (inciso primero). Además, permite convocar a los menores sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación (inciso segundo).

Las Diputadas Allende, Muñoz y Pollarolo formularon una indicación, aprobada por mayoría (3 votos a favor y 1 en contra), para eliminar la oración final del inciso primero, destacada con negrillas, por considerar vital la concurrencia personal de las partes durante el proceso de mediación, aun en los casos en que la norma la exceptúa.

Puesto en votación separada el inciso primero de esta norma, con la indicación precedente, fue aprobado por mayoría (3 votos a favor y 1 en contra). El inciso segundo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 68 dispone que la citación a mediación se hará por carta certificada o por cualquier otro medio de comunicación que asegure la comparecencia de los involucrados.

La Comisión, por unanimidad, acordó reemplazar en este artículo las palabras "la comparecencia" por la frase "el conocimiento de la citación por parte", por estimar que ninguna forma de citación puede asegurar la comparecencia de los involucrados en el conflicto, sino sólo que éstos tomen conocimiento de ella y de su finalidad.

Con la modificación acordada, fue aprobado unánimemente.

El artículo 69 prohíbe ser mediador de una causa a aquel que fuere cónyuge de alguno de los involucrados en el conflicto o tuviere una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad que señala, o concurriere alguna otra causal de implicancia establecida en la ley.

A proposición de la Diputada señora Pollarolo, la Comisión, en forma unánime, acordó intercalar en este artículo, a continuación de la palabra "cónyuge", las expresiones "o conviviente", a fin de evitar cualquier clase de relación que pudiera poner en duda la imparcialidad del mediador.

Con la modificación acordada, este artículo fue aprobado unánimemente.

El artículo 70 reputa frustrada la mediación si alguno de los citados, en dos oportunidades, no concurre a la audiencia sin causa justificada (inciso primero). Tratándose de asuntos de mediación obligatoria, si el actor no asiste, no podrá continuar la demanda. Si, en cambio, sólo éste comparece, el mediador le otorgará un certificado, el que será suficiente para autorizar el “inicio del juicio” (inciso segundo).

La Comisión acordó, por unanimidad, intercalar en el inciso segundo, a continuación de la palabra "inicio", la expresión "o la prosecución", habida cuenta de que la mediación puede haberse iniciado en forma previa al juicio, por decisión espontánea de las partes, o por derivación del juez, una vez presentada la demanda.

Con la modificación señalada, el artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 71 autoriza la postergación de la audiencia inicial de mediación por una sola vez, por solicitud conjunta de las partes al mediador de la causa, o por una de ellas que acredite causa justificada.

La Comisión acordó sustituir la frase "por solicitud conjunta de las partes" por "de común acuerdo entre las partes, previa solicitud", para clarificar que la postergación de la audiencia inicial de mediación requiere del consentimiento de los involucrados, y no de una solicitud conjunta meramente formal. Asimismo, acordó reemplazar la palabra "causa", la segunda vez que aparece, por el vocablo "razón", habida cuenta de que su sentido es diverso del que tiene en su primera aparición.

Con las modificaciones indicadas, este artículo fue aprobado en forma unánime.

El artículo 72 impone al mediador el deber informar a las partes, en la primera audiencia, acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, su duración y etapas, su carácter voluntario, y de la facultad que tienen para retirarse de ella en cualquier momento.

Fue aprobado en forma unánime, sólo con enmiendas formales.

El artículo 73 prescribe que la mediación no podrá durar más de sesenta días, contados desde que el mediador haya recibido los antecedentes del caso, y autoriza a las partes para solicitar de común acuerdo la ampliación de este plazo hasta por treinta días, debiendo informarse inmediatamente de ello al tribunal mediante comunicación escrita y firmada por las partes y por el mediador. Su inciso segundo autoriza, durante los plazos señalados, la celebración de todas las sesiones que el mediador estime necesarias, pudiendo incluso citar a ambas partes por separado. Su inciso tercero, permite citar a las audiencias, siempre que las partes consientan en ello, a otras personas que, sin ser partes en el conflicto, estén involucradas en los asuntos de que se trate. Su inciso cuarto ordena citar a los terceros que sean convocados a la mediación por carta certificada u otro medio de comunicación que asegure su comparecencia.

A sugerencia del Diputado señor Monge, la Comisión acordó reemplazar, en el inciso primero, la frase "los antecedentes del caso" por "la comunicación del tribunal que lo designa", a fin de concordar esta disposición con la del artículo 65, la cual establece que la derivación del caso a mediación se hará siempre mediante comunicación escrita.

Asimismo, acordó reemplazar, en el inciso cuarto, la expresión "comparecencia" por las palabras "conocimiento de la citación", por estimar que ninguna forma de citación puede asegurar la comparecencia de quienes sean citados, sino sólo que éstos tomen conocimiento de ella y de su finalidad.

Con las modificaciones acordadas, el artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 74 obliga al mediador, durante su cometido, a velar por la observancia de todas las reglas que contenga la ley que crea el sistema nacional de mediación, y especialmente por el respeto de los principios de igualdad de las partes, voluntariedad de los acuerdos, confidencialidad e imparcialidad. Su inciso segundo permite al mediador excusarse de seguir interviniendo en la búsqueda de acuerdos cuando estime fundadamente que se están vulnerando algunos de principios rectores del procedimiento de mediación.

La Comisión acordó reemplazar, en el inciso primero de este artículo, la frase "reglas que contenga la ley que crea" por "normas que rijan", para dar a entender que el mediador debe velar no sólo por el cumplimiento de las disposiciones de la ley que habrá de crear el sistema nacional de mediación, sino también por el de aquellas normas de rango similar o inferior que la complementen.

Asimismo, procedió a eliminar el inciso segundo, por estimarlo innecesario, ya que los referidos principios rectores los establecerá la ley que rija el sistema nacional de mediación, y el mediador deberá velar en todo momento por el irrestricto respeto de los mismos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero.

Con las modificaciones señaladas, esta norma fue aprobada por unanimidad.

El artículo 75 ordena al mediador levantar un acta cuando la mediación fracase por el retiro de una de las partes, o cuando, transcurrido el plazo o su prórroga, no se hubiere alcanzado acuerdo respecto de todos o algunos de los puntos sometidos a ella. Del acta, que expresará tal resultado y que deberán firmar las partes, a éstas se les dará copia. Su inciso segundo habilita al reclamante para iniciar, a partir de ese momento, la vía judicial, en el caso de los asuntos previstos en el artículo 59 (que pasa a ser 54, referente a los asuntos de mediación obligatoria). Su inciso tercero ordena al mediador, en los demás casos, comunicar inmediatamente y por escrito al juez esta circunstancia, absteniéndose de agregar otros antecedentes.

Aprobado, por unanimidad, sin enmiendas.

El artículo 76 ordena dejar constancia de los acuerdos logrados respecto de los puntos sometidos a mediación en un acta de avenimiento, la que, luego de ser leída por las partes, o de viva voz por el mediador si alguna no supiere leer, será firmada por ellas y por el mediador. Asimismo, dispone entregar copia de ella a las partes y dejarla en el libro de avenimientos que llevará el mediador, como asimismo remitir inmediatamente otra copia al tribunal, el que deberá preceder a su aprobación. Finalmente, señala que el acta aprobada se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Aprobado, por unanimidad, sin modificaciones.

El artículo 77 ordena consignar claramente las pretensiones subsistentes en la copia del acta de avenimiento que se remitirá al tribunal, si las partes sólo llegaren a un acuerdo parcial en los puntos sometidos a mediación. Respecto de dichas pretensiones, se dará curso a la demanda o se continuará el juicio, según el caso.

Aprobado por unanimidad, con la sola enmienda de reemplazar la forma verbal "remitirá" por "remita".

El artículo 78 establece que el reglamento de que trata este párrafo será el que se dicte en virtud de la ley que regulará el sistema nacional de mediación.

Rechazado por unanimidad, por innecesario, en razón de que el único artículo que aludía al reglamento -el 64-, fue modificado para hacer una remisión directa a la ley.

TITULO IV

DE LAS VIAS DE IMPUGNACION.

Párrafo primero

Disposiciones generales

El artículo 79 (pasa a ser 78) dispone que las resoluciones judiciales dictadas en los procedimientos regulados por esta ley son recurribles por las partes, en la forma que ella establece.

A sugerencia del señor Tavolari, la Comisión acordó, unánimemente, reemplazar en este artículo la expresión "recurribles" por "impugnables", por considerarla jurídicamente más apropiada.

Asimismo, por idéntico quórum, acordó agregar el siguiente inciso segundo:

"El tribunal informará a las partes que comparezcan sin abogado de los recursos que podrán hacer valer en contra de las resoluciones que pronuncie y la forma y oportunidad de deducirlos."

La Comisión tuvo en cuenta, para introducir esta modificación, la necesidad de considerar que quienes litigan sin abogado pueden ignorar los recursos que la ley les provee, razón por la cual estimó conveniente imponer al tribunal el deber de informarlas adecuadamente al respecto.

Con las modificaciones señaladas, esta disposición fue aprobada por unanimidad.

El artículo 80 (pasa a ser 79) hace procedente el recurso de aclaración, rectificación o enmienda tanto contra las sentencias interlocutorias como contra la sentencia definitiva, sea de oficio o a petición de parte, para aclarar o rectificar errores de copia, de cálculos numéricos o de referencia contenidos en ellas.

Aprobado en forma unánime, sin enmiendas.

Párrafo segundo

Del recurso de reposición

El artículo 81 (pasa a ser 80) establece, tratándose de sentencias interlocutorias, autos y decretos, el recurso de reposición a el juez que las dictó.

Aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

El artículo 82 (pasa a ser 81) dispone que el recurso de reposición deberá ser deducido verbalmente en la misma audiencia cuando la resolución recurrida se dicte en ella. En los demás casos, deberá deducirse dentro de tres días de notificada la resolución, debiendo el tribunal resolverlo en la audiencia siguiente.

Aprobado unánimemente, sin enmiendas.

El artículo 83 (pasa a ser 82) ordena resolver de plano el recurso de reposición, a menos que por su complejidad el juez crea necesario oír a las demás partes, lo que hará en la audiencia en que deba emitir la resolución, sin suspender el curso de la causa.

Aprobado por unanimidad, con enmiendas formales.

Párrafo tercero

Del recurso de apelación

El artículo 84 (pasa a ser 83) establece el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, las interlocutorias que pongan término al proceso o hagan imposible su prosecución y las resoluciones que se pronuncien sobre medidas cautelares.

Aprobado unánimemente, en iguales términos.

El artículo 85 (pasa a ser 84) dispone que este recurso debe interponerse por escrito ante el tribunal que dictó la resolución y para ante la Corte de Apelaciones respectiva. Su inciso segundo dispone que el escrito señalado deberá contener los fundamentos del recurso y las peticiones concretas que se sometan a consideración del Tribunal de Alzada, "a menos que el recurrente actúe sin patrocinio de letrado, caso en el cual no será necesario" consignar ni los fundamentos ni las peticiones referidas.

A sugerencia del Diputado señor Monge, la Comisión decidió modificar la parte final del inciso segundo, para establecer que, en el caso de quienes actúen sin patrocinio de abogado, la apelación podrá ser verbal, debiéndose dejar constancia de ella mediante su protocolización (pero manteniendo para ellos la exención del cumplimiento de los requisitos establecidos para la interposición del recurso escrito).

Al efecto, acordó reemplazar la frase destacada con negrilla, sustituyendo la coma que la antecede por un punto seguido, por la siguiente: "El recurrente que actúe sin patrocinio de letrado podrá apelar verbalmente y no necesitará".

Asimismo, acordó agregar, al final del inciso segundo, pasando el punto final (.) a ser seguido (.), la siguiente oración: "En este caso, el recurso se protocolizará por un funcionario del tribunal."

Con las modificaciones señaladas, el artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 86 (pasa a ser 85) fija en cinco días, contados desde la notificación de la resolución impugnada, el plazo fatal para la deducción del recurso de apelación.

Aprobado en forma unánime, sin debate.

El artículo 87 (pasa a ser 86) permite al tribunal a quo (el que dictó la resolución apelada) declarar inadmisible el recurso deducido fuera de plazo o en contra de resolución no apelable, o si el escrito no reúne los requisitos del artículo 85 (pasa a ser 84). Agrega que la resolución que declare la inadmisibilidad es impugnable dentro de tercero día, por reposición deducida ante el mismo tribunal.

A sugerencia del señor Tavolari, la Comisión acordó agregar, a continuación del guarismo "85", que debe reemplazarse por "84", las palabras "cuando corresponda", precedidas de una coma. Esto, para precisar que la declaración de inadmisibilidad respecto de la apelación deducida por escrito sólo procederá por incumplimiento de los requisitos que dicha norma exige, ya que la apelación verbal estará exenta de ellos.

Con las modificaciones señaladas, el artículo fue aprobado en forma unánime.

El artículo 88 (pasa a ser 87) dispone que la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia recurrida, salvo que ello impida cumplir la resolución que se dicte "si se acoge el recurso". Con todo, faculta al recurrente para solicitar a la Corte que decrete orden de no innovar mientras se encuentre pendiente el fallo del recurso.

Aprobado unánimemente, con la sola enmienda de reemplazar, por redundantes, las palabras "si se acoge el recurso" por "si es acogido".

El artículo 89 (pasa a ser 88) prohíbe al Tribunal de Alzada modificar la resolución recurrida en forma más desfavorable al apelante, y extiende los efectos del fallo recaído sobre la apelación no sólo a quienes recurrieron sino también a quienes, sin haberlo hecho, se encuentren en igual situación y les fueren aplicables los fundamentos invocados por la Corte para dictar su sentencia.

Aprobado en forma unánime, sin enmiendas.

El artículo 90 (pasa a ser 89) ordena al tribunal recurrido remitir al de Alzada el expediente original, debiendo conservar copias para conocer de la ejecución del fallo apelado.

Aprobado por unanimidad, en iguales términos.

El artículo 91 (pasa a ser 90) establece el recurso de hecho para impugnar los errores del tribunal recurrido al pronunciarse sobre la concesión de la apelación. Se interpondrá directamente ante el Tribunal de Alzada, dentro de cinco días de notificada la resolución del tribunal a quo. Asimismo, ordena que el Tribunal de Alzada pida un informe al inferior y resuelva en cuenta. No obstante ello, si estima necesario traer los autos en relación para resolver, dispondrá que le sean remitidos en original.

Aprobado en forma unánime, sin debate.

El artículo 92 (pasa a ser 91) obliga al tribunal superior a conocer y fallar la apelación sin esperar la comparecencia de las partes y dispone que, para comparecer ante él, no es necesario el patrocinio de abogado.

Aprobado en forma unánime, sin debate.

El artículo 93 (pasa a ser 92) faculta a la Corte para que, efectuada la relación, interrogue a las partes sobre los hechos que estime importantes para su decisión y les conceda el derecho a formular ante ella, personalmente, una declaración. Su inciso segundo permite igualmente a la Corte, si desea interrogar a los testigos o peritos que hubieren participado en la causa, para suspender su vista y disponer su citación en una fecha, no posterior a diez días, en que la haga continuar. Su inciso tercero concede a los abogados hasta treinta minutos para alegar, descontado el que hubiere empleado su parte, en conformidad al inciso primero. Su inciso cuarto niega el derecho de alegar al abogado cuyo representado no comparezca a la audiencia sin causa justificada o que, compareciendo, se niegue a declarar ante la Corte. Por último, su inciso quinto dispone que los recursos establecidos en este párrafo gozarán de preferencia para su vista y fallo.

En relación a esta norma, la Comisión, acordó, por unanimidad, establecer un tiempo máximo de diez minutos para que la parte interesada pueda hacer su declaración ante la Corte, independientemente de los treinta minutos que la norma concede a los abogados para presentar sus alegatos. Al efecto, decidió agregar al final del inciso primero, a continuación del punto aparte (.), que se sustituye por una coma (,), la frase "la que no podrá exceder de diez minutos".

Asimismo, acordó eliminar el inciso tercero, por tratarse de una reiteración de la norma general contenida en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, cuya única justificación era la alteración consistente en descontar al abogado el tiempo empleado por la parte.

Con las modificaciones acordadas, esta disposición fue aprobada en forma unánime.

Párrafo cuarto

Del recurso de casación

El artículo 94 (pasa a ser 93) declara que el recurso de casación se concede para invalidar una sentencia que hubiere infringido una norma legal que influya en lo dispositivo del fallo o que se ha pronunciado en un procedimiento en el que, con perjuicio del recurrente, se hubieren dejado de observar las garantías de un debido proceso, siempre que el vicio no se haya convalidado. Su inciso segundo dispone que, si la infracción es relativa a las garantías del debido proceso, para su admisibilidad es necesario que quien lo entable haya reclamado del vicio o defecto, ejerciendo oportuna y cabalmente todos los recursos legales.

El asesor del Ministerio de Justicia, señor Tavolari, observó la necesidad de hacer referencia en este artículo a la anulación de sentencias que hubieren infringido una disposición constitucional, ya que éste es también un objetivo declarado del recurso de casación, de acuerdo con el mensaje del Ejecutivo que dio origen al proyecto en comento (pág. 13, al final). Asimismo, planteó la conveniencia de precisar que la infracción legal o constitucional debe tener una influencia decisiva en lo dispositivo del fallo para hacer procedente el recurso, y sugirió uniformar los tiempos verbales que emplea la norma.

Al efecto, la Comisión, acordó, por unanimidad, intercalar, entre las palabras "legal" y "que", las expresiones "o constitucional"; agregar el vocablo "sustancialmente", después de "influya", y reemplazar la forma verbal "ha" por "hubiere".

Con las modificaciones acordadas, el artículo fue aprobado en forma unánime.

El artículo 95 (pasa a ser 94) establece excepciones a las normas generales (del Título XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil) por las cuales declara que ha de regirse el recurso de casación, a saber: 1) Rebaja de quince a diez días el plazo para interponer el recurso de casación contra sentencias de las Cortes de Apelaciones; 2) Simplifica los requisitos que debe cumplir el escrito respectivo, bastando indicar en él los fundamentos y las peticiones concretas que se someten a la consideración del tribunal; 3) Exime de la obligación de mencionar al patrocinante del recurso si el recurrente tiene abogado en la causa y éste lo suscribe; 4) No obstante la facultad de la sala para rechazarlo de inmediato si, en opinión unánime de sus integrantes, adolece de manifiesta falta de fundamento (art. 782, inc. 2º, del C. P. C.), ésta sólo podrá declararlo inadmisible por interponerse fuera de plazo o en contra de resoluciones en que sea improcedente; 5) Permite substanciar y fallar el recurso sin esperar la comparecencia de las partes, y 6) Limita a treinta minutos el tiempo asignado a los abogados de las partes para pronunciar sus alegatos.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

El artículo 96 (pasa a ser 95) permite al tribunal que esté conociendo de un asunto por vía de la apelación o de la casación invalidar de oficio una sentencia, aun sin mediar preparación, si advirtiere una infracción de procedimiento que haga procedente la casación, siempre que la infracción haya ocasionado perjuicio y que el vicio no hubiese sido convalidado por acciones u omisiones de las partes, debiendo el tribunal, en todo caso, oír sobre el punto a los abogados que concurrieren a alegar. Su inciso segundo permite, asimismo, invalidar de oficio una sentencia si la Corte Suprema, no obstante la inadmisibilidad del recurso, estima que existe una infracción de ley con influencia en lo dispositivo de la misma, o cuando dicho tribunal estime procedente la invalidación del fallo por una causal distinta de la invocada por el recurrente.

La Comisión, por unanimidad, aprobó el artículo, con la sola enmienda de suprimir en su inciso primero las palabras "acciones u omisiones de", por considerarlas innecesarias.

El artículo 97 (pasa a ser 96) faculta al tribunal ante el cual debe interponerse el recurso de casación para declararlo inadmisible sólo cuando se hubiere interpuesto fuera de plazo o en contra de resoluciones no impugnables por esa vía. La resolución de inadmisibilidad es apelable para ante el tribunal superior, el cual se pronunciará en cuenta. Si éste estima procedente revocar la resolución, se mantendrán en secretaría los autos, para proseguir con su tramitación. La resolución del tribunal a quo que declare admisible la casación no es recurrible. El tribunal que deba conocer del recurso se pronunciará también sobre su admisibilidad y la resolución que lo declare inadmisible es susceptible de reposición dentro de tercero día.

Aprobado, por unanimidad, sin enmiendas.

El artículo 98 (pasa a ser 97) ordena al tribunal a quo remitir al tribunal ad quem (el superior que conocerá la sentencia recurrida) las actas en que conste el proceso y el recurso interpuesto, si éste es declarado admisible.

Aprobado, por unanimidad, en los mismos términos.

El artículo 99 (pasa a ser 98) faculta a las partes que hubieren actuado por sí mismas para solicitar al tribunal que les asigne un abogado, caso en el cual éste deberá designar al de turno.

Aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

El artículo 100 (pasa a ser 99) establece la renovación del procedimiento por el tribunal no inhabilitado que corresponda, en los casos en que la Corte invalide una sentencia por defectos de procedimiento que hubieren afectado la garantía del debido proceso. Su inciso segundo ordena a la Corte Suprema dictar, acto continuo y sin que sea necesaria una nueva vista del recurso, la sentencia de reemplazo que crea conforme a derecho y a los hechos establecidos en ella, si la invalidación se produce por una infracción de ley que influya en lo dispositivo del fallo. En tales casos, prohíbe, sin embargo, modificar el fallo de primera instancia en perjuicio del recurrente.

La Comisión acordó reemplazar, en el inciso primero, la frase "tribunal no inhabilitado" por las expresiones "juez o los jueces no inhabilitados", teniendo en cuenta que, en los tribunales de familia, sólo quedará inhabilitado para reanudar el procedimiento el juez que haya dictado la sentencia anulada, pero no los demás jueces que integren el tribunal. Igualmente, en las Cortes de Apelaciones que cuenten con más de una Sala, sólo se inhabilitarán los jueces que hayan integrado aquélla que dictó la sentencia invalidada, pero no los restantes.

Asimismo, decidió incorporar en el inciso segundo, a continuación de la forma verbal "influya", el adverbio "sustancialmente", a fin de concordar esta disposición con la del artículo 94, que pasa a ser 93.

Con las modificaciones acordadas, fue aprobado por unanimidad.

Párrafo quinto

De la revisión de las sentencias firmes

El artículo 101 (pasa a ser 100) dispone que la revisión de las sentencias firmes se sujetará a las reglas del Título XX (relativas al recurso de revisión) del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

Párrafo sexto

De la ejecución de las resoluciones

El artículo 102 (pasa a ser 101) señala que la ejecución de las resoluciones se sujetará a los trámites establecidos para el mismo efecto en el Título XIX del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, cualquiera que sea la época en que se pida dicha ejecución. Además, autoriza a los jueces de familia para decretar, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para obtener el cumplimiento de sus resoluciones. Al efecto, quedan especialmente facultados para imponer multas de hasta 10 UTM a favor de la parte beneficiada por la resolución, las que podrán repetirse con la periodicidad que el tribunal determine, mientras exista incumplimiento.

La Comisión, en forma unánime, aprobó sin modificaciones esta disposición, compartiendo plenamente la reforma que ella introduce en nuestro ordenamiento jurídico, al destinar las multas que apliquen los tribunales de familia, por incumplimiento de sus resoluciones, a favor de la parte beneficiada por ella y no a beneficio fiscal, como ocurre en la actualidad.

TITULO V

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Párrafo primero

De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad.

El artículo 103 (pasa a ser 102) ordena aplicar el procedimiento de este párrafo y, en subsidio, las normas del Título III, en los casos en que la ley exige o permite la intervención judicial para adoptar medidas legales tendentes a proteger a los menores de edad cuando sus derechos se encuentren amenazados o vulnerados. Además, dispone la obligatoriedad de dicha intervención cuando se trate de adoptar medidas que importen separar al niño de uno o de ambos padres o de quien tenga su tuición.

Aprobado, por unanimidad, en los mismos términos.

El artículo 104 (pasa a ser 103) permite iniciar el procedimiento (destinado a adoptar medidas de protección en favor de los derechos de los niños) de oficio o a requerimiento del menor, de sus padres, de quien tenga su tuición, de la autoridad pública, de los profesores o del director de su colegio, de los médicos o servicios de salud en que se atienda, o de cualquier persona que tenga legítimo interés en ello.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado en forma unánime, con las dos únicas modificaciones de eliminar la frase "de la autoridad pública" por estimar que su alcance resulta muy difícil de precisar, y la de sustituir la expresión "médicos o" por la frase "profesionales de la salud que trabajen en los", a fin de extender la aplicación de la norma a todos los referidos profesionales que atiendan a menores cuyos derechos se encuentren amenazados o vulnerados, habilitándolos para accionar en su favor.

El artículo 105 (pasa a ser 104) ordena al juez, en el caso en que el menor carezca de representante legal, y en aquellos en que sus intereses sean independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda la representación legal, designar a una persona para que represente sus intereses en conformidad al artículo 26.

La Comisión, por unanimidad, aprobó el artículo, con la sola enmienda de reemplazar las palabras "una persona" por "un curador ad lítem", a fin de armonizarlo con el artículo 26 (pasa a ser 25).

El artículo 106 (pasa a ser 107) faculta al juez para adoptar, durante el juicio, y aun antes de su inicio, medidas cautelares para proteger los derechos amenazados o vulnerados o para el desarrollo del procedimiento. Su inciso segundo le permite, además, disponer medidas de apoyo u orientación, establecer prohibiciones o impartir instrucciones obligatorias al menor, a sus padres o a quienes lo cuiden, para enfrentar situaciones de crisis. Su inciso tercero, incluso, lo faculta para colocar al menor en un hogar substituto o establecimiento residencial, si ello es indispensable para preservar su vida o integridad física. Para encomendar la tuición provisoria del menor, le ordena preferir a los parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquel tenga una relación de confianza; y, sólo si éstos faltan, lo autoriza a recurrir a los establecimientos de protección. Su inciso cuarto le ordena designar al representante de los derechos del menor, en la misma resolución que adopte la medida cautelar del inciso anterior. Finalmente, su inciso quinto le ordena fijar la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preliminar o la principal para dentro de los diez días siguientes, contados desde la adopción de la medida, cuando ella haya tenido lugar antes del inicio del proceso.

Se discutió en la Comisión la conveniencia de incluir también la amenaza a la integridad psíquica y moral del menor como justificante de la autorización dada al juez para colocar a éste en un hogar substituto o establecimiento residencial.

Al respecto, las representantes del Ejecutivo hicieron presente que dicha medida es la más extrema que se puede adoptar, porque implica separar al niño de su familia e internarlo en una institución, privándolo en cierta medida de su libertad, lo que en términos de la política tutelar impulsada por el Gobierno resulta indeseable. De ahí que sólo se autoriza esta medida en casos de peligro grave para la vida y la integridad física del menor.

Agregaron que, si se amplía demasiado el concepto de integridad, ello podría traducirse en la práctica en una autorización ilimitada a los jueces para sacar a un niño de su hogar de origen e institucionalizarlo, ya que, pese a las mejoras que se espera lograr en la formación del criterio de los jueces, más de alguno podría considerar, por ejemplo, que su integridad moral se encuentra amenazada si la madre convive con alguien sin estar casada, y proceder a su internación.

Advirtieron, asimismo, que en los casos de peligro o vulneración de la integridad psíquica y moral, el juez podrá disponer medidas de apoyo al menor y a su familia, o impartir instrucciones obligatorias a las personas que lo tengan bajo su cuidado, que tiendan a reparar la situación.

No obstante lo anterior, la Comisión acordó agregar en el inciso tercero, a continuación de la expresión "integridad física", las palabras "y psíquica".

Con la modificación acordada, esta disposición fue aprobada por unanimidad.

El artículo 107 (pasa a ser 106) encomienda al juez la tarea de velar por el respeto a la intimidad del menor y de su familia durante todo el proceso, facultándolo al efecto para prohibir en los medios de comunicación la difusión de datos o imágenes del proceso o de las partes; o decretar, mediante resolución fundada, la reserva de todas o algunas de las actuaciones del procedimiento; o disponer que el menor o algún familiar abandonen la audiencia durante alguna actuación, en interés de aquel

Aprobado, por unanimidad, con enmiendas formales

El artículo 108 (pasa a ser 107) determina que, "cuando el procedimiento se inicia de oficio, a requerimiento del menor, de sus padres, de quien lo tiene bajo su cuidado o de algún interesado", el juez citará a una audiencia preliminar para dentro de quinto día, a la cual deberá citarse al menor de 12 ó 14 años, según su madurez; al mayor de dicha edad, a los padres o personas responsables de ellos, y a toda otra persona que pueda esclarecer el asunto. En ella el juez informará a las partes de sus derechos y responderá a sus dudas. A los menores lo hará en un lenguaje acorde a su edad y madurez. Asimismo, lo insta a indagar la situación que motivó el proceso, la forma en que afecta al menor y las personas involucradas en ella, oyendo a los presentes, en especial a los menores. Su inciso cuarto dispone que, luego de oídas las partes, el juez dictará una resolución que fije la materia del juicio, la forma como ésta afecta los derechos del menor e individualice a las partes, citándolas a la audiencia principal para dentro de los quince días siguientes. En dicha resolución indicará también las pruebas por rendir, ofrecidas por las partes o dispuestas por él. Por último, su inciso quinto le permite derivar a las partes a algún programa de apoyo u orientación familiar, debiendo, en tal caso, notificar por carta certificada a dicho programa individualizando a las partes, describiendo el asunto de que se trata e indicándole su deber de informar al tribunal la asistencia de las partes al programa. En este caso, la audiencia complementaria puede suspenderse hasta por treinta días.

Se discutió en la Comisión la conveniencia de eliminar, en el inciso primero, la calificación de la madurez que deberá hacer el juez para decidir sobre la citación a la audiencia de los menores de 12 ó de 14 años de edad (según se trate de niña o niño), siendo rechazada esta posibilidad, debido a que el grado de desarrollo de los menores suele variar dentro de un mismo grupo etario. En cambio, se decidió igualar en 14 años el límite de edad establecido para dejar confiada exclusivamente al juez la decisión sobre la citación a dichos menores, según la calificación que haga de su madurez, con el apoyo de su consejo técnico asesor.

Por otra parte, en relación a la oración inicial del inciso primero, la Comisión acordó sustituir la parte de ella destacada con negrillas por la frase "Iniciado el procedimiento". Ello, con el objeto de establecer la obligatoriedad de la audiencia preliminar a todo evento, sin atender al sujeto activo que ejerza la acción para la adopción de una medida de protección [2].

En el inciso cuarto, a sugerencia de la señora Gazmuri, sustituyó el vocablo "principal" por "complementaria", con el objeto de uniformar todas las referencias que la ley en proyecto hace a la segunda audiencia, en los distintos procedimientos que ella regula.

Del mismo modo, acordó reemplazar, en el inciso quinto, la preposición "a" que sigue a la expresión "certificada" por las palabras "al responsable de", a fin de precisar que la notificación de que trata dicho inciso debe tener por destinataria a la persona encargada de la ejecución del programa de apoyo u orientación familiar allí mencionado.

Con las modificaciones acordadas, el artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 109 (pasa a ser 108) dispone que a la audiencia principal se citará al menor, al representante de los intereses de éstos, a sus padres o personas que lo cuidan, y al responsable del menor si estuviere en un hogar substituto o establecimiento de protección. Su inciso segundo señala que, en esta audiencia, el juez oirá a los presentes, en especial al menor; indagará sobre la evolución de la situación que motivó el proceso; recibirá las pruebas ordenadas rendir, e interrogará a los testigos y peritos. Su inciso final prescribe que, en caso de ser necesaria una medida de protección, solicitará de quien efectuó el diagnóstico que recomiende fundadamente la más indicada en resguardo de los derechos del menor.

La Comisión acordó reemplazar, en el inciso primero, la expresión "principal" por "complementaria"; sustituir el pronombre "éstos" por "éste"; e intercalar, a continuación de la palabra "menor", la primera vez que aparece, la frase "cuando procediere en conformidad con el artículo 107, todo ello por razones de concordancia.

Con las modificaciones señaladas, el artículo fue aprobado en forma unánime.

El artículo 110 (pasa a ser 109) permite separar al menor de uno o de ambos padres, o de las personas que lo tengan a su cuidado, si es necesario para el resguardo de sus derechos y siempre que no exista otra medida más adecuada, debiendo, en tal caso, el juez preferir a los parientes consanguíneos del menor o a otras personas con las que éste tenga una relación de confianza, pudiendo confiarlo a un establecimiento de protección sólo en defecto de los anteriores.

Aprobado, por unanimidad, en los mismos términos.

El artículo 111 (pasa a ser 110) permite a los padres, a quienes tengan la tuición del menor y al representante de sus derechos, objetar los informes y diagnósticos producidos, aportar nueva prueba o solicitar que ésta sea producida. Asimismo, faculta a ejercer por sí mismos este derecho a los mayores de 14 años. Por último, permite al juez suspender esta audiencia y decretar nueva prueba, disponiendo su continuación dentro de los diez días siguientes.

Aprobado, por unanimidad, sin modificaciones.

El artículo 112 (pasa a ser 111) encomienda al juez, previamente a dictar sentencia, procurar que las partes acuerden un arreglo que resuelva la situación que afecta al menor. Si no lo logra, en la sentencia que deberá dictar una vez terminada la audiencia principal o en una nueva audiencia por realizarse dentro de los cinco días siguientes, explicará fundadamente a las partes la naturaleza y conveniencia de la medida adoptada y les señalará su duración y los objetivos que persigue.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad, con la sola enmienda de reemplazar el vocablo "principal" por la palabra "complementaria".

El artículo 113 obliga a prescindir de la audiencia preliminar cuando el proceso se iniciare por requerimiento de una instancia administrativa que, habiendo atendido al menor y conociendo su situación, solicitare del juez la adopción de una medida de protección en su favor, debiendo en tal caso citarse a las partes a la audiencia principal (complementaria) para dentro de los quince días de recibido el requerimiento. Su inciso segundo somete el desarrollo de esta audiencia a lo dispuesto en el artículo 109 (pasa a ser 108, con modificaciones) y declara que ella tendrá por objeto establecer la necesidad y conveniencia de la medida solicitada. Su inciso tercero autoriza al juez para decretar la medida propuesta u otra que resulte más adecuada, a la luz de los antecedentes y pruebas rendidas.

La Comisión acordó unánimemente su rechazo, por estimar más conveniente que la acción de protección incoada por alguna de las instancias administrativas a que alude quede sometida al mismo procedimiento establecido en el artículo 108 (pasa a ser 107), debiendo entenderse incluidas tales instancias en la expresión "personas responsables de ellos", contenida en el inciso primero del mencionado artículo.

El artículo 114 (pasa a ser 112) limita la duración del proceso a noventa días, contados desde que se haya decretado una medida cautelar, cuando en virtud de ella se haya separado al menor de uno o de ambos padres, o de las personas que lo tuvieren bajo su cuidado.

Aprobado, por unanimidad, sin enmiendas.

El artículo 115 (pasa a ser 113) obliga al establecimiento o programa en que se cumpla la medida a informar mensualmente al juez acerca del desarrollo de la misma, la situación en que se encuentra el menor y los avances logrados en la consecución de los objetivos establecidos conforme al artículo 112 (que ha pasado a ser 111).

Aprobado en forma unánime, con la sola enmienda de reemplazar el guarismo "112" por "111".

El artículo 116 (pasa a ser 114) encomienda al juez que ordenó la medida la tarea de visitar los establecimientos en que se cumpla, existentes en su territorio jurisdiccional, cada seis meses, debiendo el director del establecimiento o programa facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de las carpetas individuales de cada menor atendido en él por el mismo. Asimismo, ordena a dicho director facilitar las condiciones para que el juez se entreviste privadamente con los menores. Su inciso segundo permite al juez delegar esta tarea en los profesionales que componen el consejo técnico del tribunal, los que deberán elevar a aquél un informe detallado de sus visitas.

.La Comisión acordó sustituir, en el inciso primero, la expresión "las carpetas" por "los antecedentes", a fin de permitir la posibilidad de que los expedientes de los menores sean conservados en medios digitales o de otra naturaleza; y eliminar la frase "por el mismo", por estimarla contradictoria con la facultad otorgada al juez para delegar en los miembros de su consejo técnico asesor la revisión de las dependencias y antecedentes de que trata la norma.

Con las modificaciones acordadas, el artículo fue aprobado en forma unánime.

El artículo 117 (pasa a ser 115) concede a los menores que se encuentren bajo medidas de protección judicial el derecho a que el juez los reciba personalmente cuando lo soliciten por sí mismos o a través de las personas señaladas en el artículo siguiente.

Aprobado, unánimemente, sin debate.

El artículo 118 (pasa a ser 116) permite al juez, en cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, a solicitud del menor, de uno o de ambos padres, de las personas que lo cuiden o del director del establecimiento o programa en que se cumple la medida.

Aprobado, por unanimidad, sin debate

Párrafo segundo.

Del procedimiento de violencia intrafamiliar

Previamente a discutir artículo por artículo las normas de este párrafo, la Comisión se abocó a analizar la viabilidad o pertinencia de incorporar la mediación y la conciliación, o algún otro sistema alternativo de solución de conflictos, dentro del procedimiento aplicable a las causas derivadas de la comisión de actos de violencia intrafamiliar -que este proyecto radica en los tribunales de familia-, habida consideración de las críticas que se esgrimen en contra de dichos mecanismos de autocomposición, tratándose de este tipo de violencia. Los principales reparos se fundan en la situación de desequilibrio de poderes entre las partes, en el ciclo de violencia y sus cambios (el peligro de violencia futura) y la necesidad de aplicar en forma expedita medidas de protección que garanticen la seguridad física y psíquica del afectado y la tranquila convivencia del grupo familiar.

Las representantes del Ejecutivo sostuvieron que, para adoptar una decisión al respecto, es primordial aclarar qué actos deben ser considerados violencia intrafamiliar, ya que la aplicación de la ley Nº 19.325 ha generado un intenso debate acerca de los actos que comprende, su alcance y los niveles de intervención por utilizar. Expresaron que los profesionales, los funcionarios judiciales y los jueces que han intervenido en su aplicación dan cuenta de una amplia diversidad de asuntos que, invocando dicha ley, llegan a los tribunales buscando una solución.

En razón de ello, defendieron la necesidad de que en los tribunales de familia exista algún mecanismo o instancia que permita o ayude a distinguir aquellos casos en que la violencia intrafamiliar es una forma de relación entre sus miembros que se ha instalado y cronificado de aquellos otros en que las desavenencias de pareja han generado conflictos familiares sin evidencia de violencia.

Entre las experiencias importantes de tomar en cuenta, dieron a conocer la de la "Oficina de Recepción y Distribución de Denuncias por Violencia Intrafamiliar", creada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en 1994, cuyo objeto es recibir las denuncias sobre la materia que llegan a los tribunales, redactarlas y distribuirlas a los juzgados respectivos, además de informar, orientar y derivar a los usuarios cuando corresponde. De entre los diversos casos que ingresan a diario, informaron que parte importante de ellos evidencian una relación familiar violenta con signos visibles de tal conducta, los que requieren una intervención judicial inmediata para proteger a la víctima y detener la violencia.. Sin embargo, hay otro tanto de denuncias que acuden a dicha oficina en busca de otro tipo de intervención.

Afirmaron que el concepto de violencia intrafamiliar que contiene la ley vigente es tan amplio, que ha generado la comprensión de una diversidad de acciones o hechos considerados como constitutivos de dicha violencia, sin serlo. Ello, porque el maltrato como elemento material y objetivo de la definición de violencia intrafamiliar puede manifestarse tanto a través de un silencio como de un golpe físico, pasando por todo tipo de actitudes gestuales, de palabra o de hecho. De este modo observaron, la valoración subjetiva del daño que sufren los afectados ha contribuido a que se denuncien como actos de violencia intrafamiliar todo tipo de problemas familiares, bajo la categoría de violencia psicológica.

En consideración a lo anterior, propusieron el establecimiento de un modelo de intervención en el ámbito judicial, utilizado con éxito en otros países. Este modelo, llamado "multidoors" o "multipuertas" en los Estados Unidos, y que necesariamente tendría que adaptarse a la idiosincrasia y a la realidad presupuestarias del país, se basa en la necesidad del sistema de justicia de ofrecer otros caminos para resolver los conflictos como complemento del sistema formal. Todos ellos son independientes y trabajan individualmente; sin embargo, existe una sola oficina de administración que los apoya a todos.

La intervención comienza cuando la parte demandante o denunciante, por sí sola o acompañada de su abogado, concurre a la oficina, la que luego de hacer una evaluación del asunto, ofrece la mediación o la conciliación como alternativas de solución, si alguna de éstas procede. La evaluación previa persigue identificar las características del caso y cual sería el proceso más idóneo para resolverlo. Las partes eligen lo que estimen más conveniente a sus intereses, quedando a salvo siempre la posibilidad de poner en marcha el proceso judicial, si es necesario.

El objetivo de este servicio sería promover la solución de los conflictos mediante otros recursos que ofrece el propio Estado, a través de sus tribunales, de modo de reservar los procesos judiciales para aquellos asuntos que no son susceptibles de tales intervenciones.

Al respecto, en la Comisión hubo absoluto consenso entre sus miembros para incorporar en la iniciativa en discusión, dentro del procedimiento especial de la violencia intrafamiliar, el sistema "multipuertas" precedentemente señalado, el cual, principalmente, a través de los psicólogos de los consejos técnicos, a los que habría que fortalecer, actuaría de "filtro", asesorando a los jueces acerca de si procede o no la mediación o la conciliación respecto de denuncias o demandas por violencia intrafamiliar.

Con el propósito de definir el alcance de las modificaciones necesarias para incorporar en el articulado del proyecto la referida propuesta ministerial de hacer procedente la conciliación y la mediación, la Comisión aprobó unánimemente los siguientes criterios rectores:

1. Prohibir completamente la mediación y la conciliación cuando el demandado o denunciado por actos de violencia intrafamiliar sea reincidente en ese tipo de conductas;

2. Dejar establecido que, dentro del consejo técnico de los tribunales de familia, deberá haber profesionales idóneos que puedan evaluar las demandas o denuncias y aconsejar al juez la eventual derivación del caso a mediación o a conciliación, cuando excepcionalmente proceda;

3. Disponer que el llamado a conciliación, en casos de violencia intrafamiliar, será facultativo para el juez, siempre que se asesore previamente con alguno de los miembros del consejo técnico del tribunal y se asegure de que exista algún grado de reconocimiento de la situación por parte del agresor y de que la capacidad de las partes para negociar sea igualitaria. Asimismo, deberá tener en cuenta el peligro potencial de violencia futura;

4. Establecer la obligación de citar también a la víctima cuando el procedimiento de violencia intrafamiliar se inicie por denuncia;

5. Estatuir que, para iniciar la conciliación o la mediación, deberán efectuarse audiencias por separado con cada una de las partes, de manera de evitar el efecto de victimización secundaria que produce el reencuentro entre la víctima y su agresor.

* * * * *

El artículo 119 (pasa a ser 117) encomienda el conocimiento de los conflictos derivados de los actos de violencia intrafamiliar regulados en la ley Nº 19.325 al tribunal de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga domicilio el afectado, disponiendo, al efecto, que en estas materias se aplicará el procedimiento de este párrafo y, en lo no previsto por él, las normas del Título III.

Las representantes del Ejecutivo explicaron que las modificaciones introducidas por este proyecto en el procedimiento de violencia intrafamiliar regulado en la ley 19.325 tienen los siguientes tres objetivos principales:

1. Homologarlo lo más posible a las normas generales de procedimiento aplicables en los tribunales de familia.

2. Dar un trato distinto al demandante y al denunciante, a quienes la ley 19.325 trata de la misma manera, habida cuenta de que la intención del primero es hacerse parte en un juicio, mientras que la del segundo es únicamente poner un hecho en conocimiento de la justicia.

3. Restringir la aplicabilidad de la mediación y de la conciliación en los casos de violencia intrafamiliar.

La Comisión, a sugerencia de la Diputada señora Saa, y con el propósito de hacer extensivo en este procedimiento de violencia intrafamiliar un principio básico de la legislación procesal penal, acordó intercalar en esta disposición un nuevo inciso segundo que valida las primeras diligencias practicadas por un juez incompetente.

Con la enmienda señalada, este artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 120 (pasa a ser 118) dispone que el procedimiento por actos de violencia intrafamiliar pueda iniciarse por demanda o por denuncia. Su inciso segundo habilita para deducir la demanda al afectado, a sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que lo tengan bajo su cuidado. Su inciso tercero faculta para interponer la denuncia, además de los anteriores, a cualquier persona que conozca directamente los hechos que la motivan, quienes deberán formularla en el tribunal, ante Carabineros o la Policía de Investigaciones, los cuales estarán obligados a recibirla y a ponerla de inmediato en conocimiento del juez competente, siéndoles aplicable al efecto lo establecido en los artículos 83 y 86 del Código de Procedimiento Penal.

Durante la discusión de este artículo, la Comisión, como producto de las observaciones planteadas, adoptó unánimemente los siguientes acuerdos:

- Eliminar en el inciso tercero la frase "además de los anteriores", por estimarla redundante.

- Intercalar, igualmente en el inciso tercero, a continuación de la palabra "recibirla", la frase "sin necesidad de exigir certificado médico a la víctima", a fin de que la recepción de las denuncias por actos de violencia intrafamiliar por parte de las policías no quede supeditada a la presentación de esa clase de documentos, lo que ayudará a agilizar la investigación.

- A fin de instruir a las policías para que soliciten, a través del medio más idóneo y expedito, las órdenes judiciales de allanamiento necesarias que les permitan reprimir los actos flagrantes de violencia intrafamiliar cometidos en recintos privados, acordó agregar el inciso cuarto, nuevo, siguiente:

"En caso de maltrato flagrante, requerirán del juez competente, por el medio más idóneo y expedito, la correspondiente orden de allanamiento para entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, arrestar al agresor y prestar ayuda a la víctima."

Discutida la eventual inadmisibilidad de una norma orientada a dicho propósito, se concluyó que no habría inconveniente en aprobarla, toda vez que, lejos de facultarse a la policía para proceder al arresto del agresor sin orden judicial previa, lo cual atentaría contra la garantía constitucional relativa al derecho a la libertad y seguridad individual, ella sólo tendría por objeto agilizar los procedimientos tendentes a la obtención de dicha orden por parte de las policías para permitirles ejercer más oportunamente las facultades que la ley ya les confiere.

- Con el fin de evitar que el denunciante de un acto de violencia intrafamiliar deba ratificar la denuncia ante el juez competente, asimismo, acordó agregar el inciso quinto, nuevo, siguiente:

"La denuncia formulada ante Carabineros o ante la Policía de Investigaciones no requerirá de la ratificación ante el tribunal."

Con las modificaciones señaladas, el artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 121 (pasa a ser 119) dispone que la demanda o denuncia debe contener una narración detallada de los hechos en que se funda, la individualización de los presuntos autores y la mención de quienes integran la familia afectada. Agrega que, si la denuncia no identifica al o a los presuntos autores, el servicio que la reciba hará lo necesario para su individualización, la cual señalará en el “parte” en que transcriba al tribunal la denuncia. Tratándose de denuncias ante el tribunal, éste dispondrá de inmediato lo conducente a dicha individualización.

Aprobado por unanimidad, sin enmiendas.

* * * * *

La Comisión, con el propósito de facilitar la producción de la prueba necesaria para acreditar el daño físico o psicológico de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar, acordó, por unanimidad, agregar el siguiente artículo 120, nuevo:

"Artículo 120.- Los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes médicos conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima de violencia intrafamiliar, debiendo conservar las pruebas correspondientes.

Se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hubieren practicado. Una copia se entregará a la víctima o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se mantendrán en custodia y bajo estricta reserva en la dirección del hospital, clínica o establecimiento de salud, por un periodo no inferior a un año, para ser remitidos al tribunal correspondiente, cuando éste los solicite.

Las copias del acta a que se refiere el inciso precedente tendrán el mérito probatorio señalado en los artículos 472 y 473 del Código de Procedimiento Penal, según corresponda."

Esta norma es muy semejante al nuevo artículo 145 bis del Código de Procedimiento Penal, agregado por la recientemente aprobada ley Nº 19.617, que modificó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación.

* * * * *

El artículo 122 (pasa a ser 121) ordena al juez que requiera del Servicio de Registro Civil, del modo más rápido, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe con las anotaciones que tuviere en el registro especial que establece el artículo 8º de la ley 19.325 (por condenas como autor de actos de violencia intrafamiliar), el cual deberá ser evacuado dentro de cinco días hábiles.

Aprobado por unanimidad, con la sola enmienda de sustituir en él la frase "el cual deberá ser evacuado" por "requerimiento que deberá cumplirse".

El artículo 123 (pasa a ser 122) obliga al tribunal de familia a enviar de inmediato el proceso al juzgado de letras en lo criminal competente, cuando el hecho en que se funda la denuncia o demanda constituye delito. El inciso segundo dota al tribunal del crimen de la potestad cautelar que establece esta ley si se cumplen los elementos constitutivos del delito de violencia intrafamiliar.

Con la finalidad de adecuar esta norma a los cambios introducidos en el procedimiento penal, la Comisión acordó reemplazar, en el inciso primero, la referencia "al juzgado de letras en lo criminal competente" por "a la fiscalía competente" y sustituir, en el inciso segundo, la expresión "del crimen" por las palabras "de garantías correspondiente", pues, en el primer caso, será un fiscal el encargado de iniciar la investigación del hecho en que se funda la demanda o denuncia y, en el segundo, será el juez a cargo del control de la instrucción quien ejercerá la potestad cautelar.

Con las modificaciones acordadas, este artículo fue aprobado por unanimidad.

* * * * *

Conforme a lo indicado al inicio del tratamiento de este párrafo, en cuanto al acuerdo de la Comisión en orden a admitir, excepcionalmente y en base a los criterios rectores aprobados por ésta, el uso de la mediación y la conciliación dentro del procedimiento de violencia intrafamiliar, a continuación, se aprobó intercalar, después del artículo 123 (pasa a ser 122), los siguientes nuevos artículos 123, 124, 125 y 126, pasando el artículo 124 del texto del mensaje a ser 127, y así sucesivamente los demás:

"Artículo 123.- En este procedimiento, el llamado a conciliación de que trata el artículo 45, N° 6, no será obligatorio.

Para decretar dicho llamado, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose de que las partes estén dispuestas a participar en un proceso de conciliación y de que exista algún grado de reconocimiento de la situación por parte del ofensor. Además, deberá tener en cuenta la capacidad de las partes en conflicto para negociar libremente y en un plano de igualdad, como, asimismo, el peligro potencial de violencia futura.

Lo mismo ocurrirá tratándose de la mediación."

"Artículo 124.- Nunca procederá la conciliación ni la mediación cuando se establezca fehacientemente que el demandado o denunciado ha cometido antes actos de violencia intrafamiliar."

"Artículo 125.- Cuando proceda, la conciliación o la mediación, según el caso, se iniciará siempre por una o más audiencias privadas con cada una de las partes, a fin de darles a éstas una mayor oportunidad de expresarse libremente."

"Artículo 126.- El juez o el mediador, en su caso, deberán asegurarse siempre de que la víctima de violencia intrafamiliar cuente con asesoría letrada tanto en las audiencias como fuera de ellas."

Puestos en votación, por separado, los nuevos artículos 123, 124, 125 y 126, fueron aprobados por unanimidad.

* * * * *

El artículo 124 (pasa a ser 127) prescribe que, cuando el procedimiento se inicie por denuncia, el juez citará al denunciado a una audiencia de contestación y prueba, la que deberá celebrarse en la fecha que la resolución señale, no pudiendo ser posterior a diez días. Su inciso segundo faculta al juez para citar a dicha audiencia también al denunciante para que comparezca como testigo.

En relación a esta norma, la Comisión estuvo de acuerdo en establecer que el juez deberá entrevistar primero a la víctima e inmediatamente adoptar las medidas cautelares del caso en su beneficio, y después de ello citar al denunciado a la audiencia de contestación y prueba, porque, si lo cita antes, éste podría ejercer más violencia en contra de aquella al enterarse de que fue denunciado. Asimismo, acordó ampliar a quince días el plazo para la celebración de la citada audiencia y asegurar el anonimato del denunciante o la adopción de otras medidas cautelares en su favor, para evitar ataques en su contra de parte del agresor.

En esa perspectiva, teniendo en cuenta la cronología de las actuaciones judiciales que es necesario regular, acordó sustituir su inciso primero por los siguientes dos incisos, pasando el segundo del texto del mensaje a ser tercero:

"Artículo 127.- En los casos en que el procedimiento se inicie por denuncia, el juez deberá ponerla en conocimiento de la víctima o su representante por el medio más idóneo y seguro para ella, con el objeto de tomar las medidas necesarias para su protección y de que concurra a la audiencia. Si lo estima necesario, tomará también las medidas de protección y resguardo para el denunciante.

Ocurrido lo anterior, el juez citará al denunciado a una audiencia de contestación y prueba, la que deberá celebrarse en la fecha que la resolución señale, no pudiendo ser posterior a quince días".

Con la enmienda acordada, el artículo fue unánimemente aprobado.

El artículo 125 (pasa a ser 128) permite al juez, en estos juicios, decretar fundadamente medidas precautorias destinadas a garantizar la seguridad física o psíquica del afectado, la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. Al efecto, y sin que la enumeración que sigue sea taxativa, lo faculta para: prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común; ordenar el reintegro al hogar de quien sin justificación fue obligado a abandonarlo; autorizar su abandono al afectado y disponer la entrega inmediata de sus efectos personales; y prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de trabajo del ofendido, salvo que trabajen en un mismo establecimiento. Su inciso segundo permite al juez, para el cumplimiento de estas medidas, imponer multas o arrestos y decretar el auxilio de la fuerza pública, con las facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. Finalmente, su inciso tercero lo faculta para ampliar, limitar, modificar, sustituir o dejar sin efecto estas medidas, incluso de oficio, en todo momento, hasta la audiencia complementaria.

En relación a este artículo, la Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

- En su inciso primero, respecto de la medida cautelar que prohíbe o limita la concurrencia del ofensor al lugar de trabajo del ofendido, acordó dejar expresamente señalado que la misma podrá extenderse también al lugar de estudio del ofendido. Además, teniendo presente la Comisión que los jueces tienden a no adoptar medidas precautorias que no estén expresamente señaladas en la ley -a pesar del carácter ejemplar de su enumeración-, acordó, a sugerencia de la Diputada señora Saa, aumentar dicha lista con las siguientes medidas:

"decretar el retiro temporal de las armas que se encuentren en poder del ofensor; prohibir al ofensor toda forma de hostigamiento, incluso telefónico, a la víctima; disponer la factura de un inventario de bienes; entregar el cuidado de la víctima menor, incapaz o anciano desvalido a quien considere idóneo para su seguridad psicofísica y mientras se efectúa un diagnóstico de la situación; decretar, en casos calificados, el arresto del ofensor hasta por treinta y seis horas, y ordenar protección policial especial para la víctima cuando el maltrato revista gravedad y se tema su repetición."

- Agregar, a continuación, un nuevo inciso segundo que faculte al juez para adoptar las medidas precautorias establecidas en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar en los juicios de divorcio cuya causal sea el maltrato.

- Con el propósito agilizar el cumplimiento de las medidas precautorias, se acordó intercalar un nuevo inciso tercero -pasando los incisos segundo y tercero del texto del mensaje a ser tercero y cuarto, respectivamente- que ordena al juez, tan pronto sea decretada la medida, a entregar copia de la resolución respectiva a la víctima o a su representante y remitirla a Carabineros o a la Policía de Investigaciones cuando para dicho cumplimiento se requiera la participación de alguna de esas instituciones. A juicio de la Comisión, esta norma permitirá adoptar más rápidamente las medidas, pues muchas veces los tribunales, por exceso de trabajo, demoran varios días en emitir el cúmplase de sus resoluciones, perdiéndose un tiempo valiosísimo para los intereses del beneficiario.

- A sugerencia de las representantes del Ejecutivo, y para el efecto de concordar esta norma con el artículo 63, acordó agregar el siguiente inciso final:

"En los casos del artículo 123, el juez deberá resolver la dictación de medidas cautelares antes de la conciliación o mediación."

Con las modificaciones acordadas, este artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 126 (pasa a ser 129) sanciona el incumplimiento de las medidas precautorias decretadas por el tribunal en la forma establecida en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil (reclusión menor en sus grados medio a máximo). Además, mientras se sustancia el respectivo proceso por el tribunal competente, faculta al juez de familia para aplicar apremios de arresto hasta por quince días.

Con la sola enmienda de eliminar la frase "por el tribunal competente", este artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 127 (pasa a ser 130) faculta al juez para citar a las audiencias, además del demandante y el demandado, a otros miembros del grupo familiar y no familiares con quienes viva el afectado.

Aprobado por unanimidad, sin enmiendas.

El artículo 128 (pasa a ser 131) hace inaplicables a los juicios sobre violencia intrafamiliar las inhabilidades de testigos contempladas en los ordinales 1° al 5° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil (que afectan al cónyuge, a ciertos parientes y a algunas otras personas con vínculos de dependencia respecto de determinadas personas).

Aprobado por unanimidad, sin debate.

El artículo 129 (pasa a ser 132) dispone que la sentencia deberá pronunciarse sobre si la ocurrencia del hecho constitutivo de violencia intrafamiliar afecta o no la salud física o psíquica del ofendido, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción que se le aplica. Su inciso segundo ordena que la sentencia se pronuncie sobre las medidas precautorias vigentes al tiempo de su dictación, pudiendo éstas mantenerse, ampliarse, limitarse, modificarse o sustituirse por un plazo no superior a sesenta días, o dejarse sin efecto.

Aprobado en forma unánime, sin enmiendas.

El artículo 130 (pasa a ser 133) obliga al juez de familia a controlar, por el tiempo que estime prudente, el cumplimiento y resultado de las medidas precautorias decretadas y, en su caso, la asistencia del ofensor a programas terapéuticos o de orientación familiar, pudiendo delegar estas funciones en instituciones idóneas para ello, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, los Centros de Diagnóstico del Ministerio de Salud o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, lo cual determinará en la sentencia.

La Comisión acordó, por unanimidad, agregar a este artículo, como nuevo inciso segundo, el actual inciso segundo del artículo 5° de la ley de violencia intrafamiliar, que obliga a los organismos en los cuales se delegue el control del cumplimiento de las medidas precautorias y de la asistencia del ofensor a programas terapéuticos a evacuar, con la periodicidad que el tribunal señale, los informes respectivos.

Con la modificación acordada, el artículo fue aprobado en forma unánime.

Párrafo tercero.

De los actos judiciales no contenciosos

El artículo 131 (pasa a ser 134) dispone que los asuntos no contenciosos cuyo conocimiento y fallo corresponda a los tribunales de familia se sujetarán al procedimiento establecido en este párrafo. Agrega que, en lo no regulado, se aplicarán las reglas del Libro IV del Código de Procedimiento Civil (también relativas a los actos judiciales no contenciosos), en cuanto sean compatibles.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

El artículo 132 (pasa a ser 135) señala que la solicitud que para su solución se presente al tribunal expresará claramente el asunto de que se trate, acompañándose a ella los documentos en que se funde e individualizando a toda persona que pudiere tener interés en el asunto, si fuere conocida.

La Comisión acordó reemplazar en este artículo la palabra "solución" por "resolución", por estimarla técnicamente más adecuada. Asimismo, acordó sustituir las expresiones "toda persona que pudiera tener" y "fuere conocida" por "las personas que tengan" y "fueren conocidas", respectivamente, por considerar demasiado amplia la exigencia que la primera de ellas supone, debiendo identificarse en la solicitud solamente a las personas que tengan un interés actual, y no eventual, en el asunto de que se trate, y que sean conocidas del solicitante al momento de promoverlo.

Con las modificaciones acordadas, esta norma fue aprobada por unanimidad.

El artículo 133 (pasa a ser 136) establece que, si no hay personas con derecho a oponerse por tener interés en el asunto, el juez revisará los antecedentes presentados o mandará que se presenten los que falten y resolverá sin más trámite. Su inciso segundo dispone que, si dichos antecedentes no se acompañan oportunamente o si el juez los estimare insuficientes, éste ordenará citar a todas las personas indicadas en la solicitud, y a cualquier otra que pueda tener interés en el asunto, a una audiencia para dentro de los quince días siguientes. Su inciso tercero ordena que esta citación se notificará de acuerdo al artículo 689 del Código de Procedimiento Civil (personalmente a los que puedan ser habidos. Los demás podrán concurrir aun cuando sólo tengan conocimiento privado del acto).

La Comisión acordó introducir las siguientes modificaciones en el inciso primero de este artículo:

- Eliminar la frase "por tener interés en el asunto", por estimarla innecesaria.

- Reemplazar la conjunción disyuntiva "o" por las expresiones "y, de ser necesario,", por ser copulativas las actuaciones encomendadas al juez.

- Sustituir la forma verbal "presenten" por "acompañen", a fin de concordar la disposición con la del inciso segundo, que utiliza precisamente esta segunda expresión.

Con las modificaciones acordadas, el artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 134 (pasa a ser 137) dispone que, durante la audiencia, que se realizará aunque sólo concurra el solicitante, el juez escuchará a éste y a los demás interesados que se presenten, apreciará los antecedentes y resolverá el asunto. Su inciso segundo ordena al juez, siempre que durante la audiencia surgiere oposición de persona interesada, preguntar a las partes si desean desde ya continuar la tramitación en la forma ordinaria establecida para los asuntos contenciosos, caso en el cual la solicitud será tomada como demanda y la oposición del interesado como contestación, debiendo ambas ser protocolizadas en extracto. Agrega que, en lo demás, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 (pasa a ser 45) y siguientes (relativo al procedimiento ordinario en los tribunales de familia a partir de la audiencia preliminar), entendiéndose que aquella en que se formuló la oposición tendrá el carácter de audiencia preliminar. Su inciso tercero autoriza a las partes a presentar su demanda del modo ordinario si alguna no consintiere en continuar el trámite del asunto en la forma señalada o si, a juicio del tribunal, no fuere realizable de inmediato la audiencia preliminar.

La Comisión adoptó los siguientes acuerdos:

- Eliminar, en el inciso primero, el vocablo "durante" y el pronombre relativo "que", situado a continuación de la palabra "audiencia", además de reemplazar la coma (,) que sigue a la palabra "solicitante" por un punto seguido (.), haciendo las demás adecuaciones del caso.

- Sustituir, en el inciso segundo, la frase "debiendo ambas ser protocolizadas en extracto" por "debiendo quedar claramente establecidas en el acta las pretensiones de las partes".

Con las modificaciones acordadas, el artículo fue aprobado por unanimidad.

TITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

El artículo 135 (pasa a ser 138), con el propósito general de adecuar diversas normas del Código Orgánico de Tribunales a las disposiciones de la presente ley en proyecto, introduce en dicho Código las siguientes modificaciones:

Nº 1

Sustituye las referencias a los "juzgados de letras de menores" y a la "ley Nº 16.618", sobre Menores, contenidas en su artículo 5º, inciso tercero, por otras a los "tribunales de familia" y a la "ley que crea los tribunales de familia", respectivamente, a fin de incluir en la enumeración de los tribunales especiales que integran el Poder Judicial a los creados por la ley en proyecto, la cual los regirá en cuanto a su organización y atribuciones.

Aprobado en forma unánime, sin debate.

Nº 2

Sustituye la letra h) del número 2º del artículo 45 (que fija las materias que conocerán los jueces de letras con competencia común en primera instancia), al objeto de reemplazar las referencias a las causas de "menores" y juzgados de "menores", por las de las causas de "familia" y juzgados de "familia"

Aprobado por unanimidad, sin discusión.

Nº 3

Agrega en el artículo 63 número 1º, relativo las materias que corresponde conocer a las Cortes de Apelaciones en segunda instancia, una referencia a las causas "de familia".

Aprobado en forma unánime, sin debate.

Nº 4

Sustituye el inciso tercero del artículo 69 -referente a la formación de las tablas por los Presidentes de las Cortes de Apelaciones-, para establecer en él que en las tablas deberá designarse un día a la semana para conocer las causas criminales y otro día para conocer las causas de familia, sin perjuicio de la preferencia que la ley o esos mismos tribunales les acuerden.

Con la sola enmienda de precisar que el día que deba designarse para el conocimiento de las causas de familia deberá ser otro distinto del designado para el conocimiento de las causas criminales, este número fue aprobado en forma unánime por la Comisión.

Nº 5

Sustituye la primera parte del artículo 97, hasta el punto seguido (.) (relativa a las sentencias que dicte la Corte Suprema al fallar los distintos recursos que le corresponda conocer), con el objeto eliminar, en su referencia al recurso de casación, la distinción entre "de fondo" y "de forma".

Aprobado por unanimidad, sin discusión.

Nºs. 6 y 7

Modifican los artículos 98 y 99 -referentes a las materias que conocerán las Salas de la Corte Suprema-, con el propósito incorporar en ellos una referencia a los recursos de casación en materias de familia y a las materias de familia, respectivamente.

Aprobados ambos por unanimidad, sin debate.

Nº 8

Sustituye el número 5º del artículo 195 -relativo a las causales de implicancia de los jueces-, para agregar entre ellas la de haber intervenido el juez como mediador en la causa sometida a su conocimiento.

Aprobado por unanimidad, sin discusión.

Nº 9

Modifica el inciso segundo del artículo 265, que establece quienes integran el Escalafón Secundario de los funcionarios judiciales, a fin de agregar entre ellos a "los administradores de los tribunales de familia" y a "los miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia".

Aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

Nº 10

Modifica el artículo 269, que determina las diferentes series que tendrá el Escalafón Secundario, al objeto de agregar en la Quinta Serie a los "administradores de tribunales de familia" y a los "psicólogos".

Con la sola enmienda de agregar también a los orientadores familiares, en concordancia con la incorporación de éstos en la estructura de los consejos técnicos (artículos 9º y 11 del proyecto), este número fue aprobado en forma unánime por la Comisión.

Nº 11

Introduce dos enmiendas en el artículo 273, relativo al sistema de calificaciones anuales aplicable a los funcionarios y empleados del Poder Judicial. La primera, en su inciso cuarto, letra e) -referente a la calificación que deben hacer los jueces letrados respecto de los empleados y funcionarios auxiliares de la administración de justicia no incluidos en las letras anteriores (que deben hacer la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, el fiscal de la Corte Suprema y los fiscales de las Cortes de Apelaciones)-, para agregar al administrador entre quienes deben ser calificados por el juez de letras del tribunal al que aquél pertenezca y la segunda, al párrafo segundo de la referida letra e), -que el proyecto llama inciso final-, también para agregar al administrador, como alternativo del secretario del tribunal, para que actúe de secretario de las comisiones calificadoras -donde se desempeñe su presidente-, que deben constituirse en los lugares en que existan más de dos jueces de letras.

La Comisión estimó que esta norma es insuficiente para el cabal cumplimiento del objetivo que persigue, debido a que ella no contempla o regula la calificación de los miembros de los consejos técnicos de los tribunales que el proyecto crea en todos los casos (esto es, sin atender al territorio en que esté ubicado el tribunal en el que se desempeñen), por haberlos omitido, como también porque no considera la calificación de los administradores cuando ellos ejerzan sus funciones en el territorio jurisdiccional de juzgados de ciudad asiento de Corte de Apelaciones, los que en conformidad a la letra b) del citado inciso cuarto, debieran ser calificadas por dichas Cortes.

En consideración a lo anterior, y teniendo presente que el propósito de la propuesta del Ejecutivo, según lo expresaron sus representantes en esta Comisión, es que los funcionarios de los tribunales de familia sean calificados por los jueces integrantes del mismo tribunal en que se desempeñan, constituidos en comisión, la Comisión, por unanimidad, aprobó para este número, a sugerencia de las representantes del Ejecutivo, el siguiente texto sustitutivo:

"11) Agrégase, en el inciso cuarto del artículo 273, la siguiente letra f):

"Los jueces letrados de los tribunales de familia calificarán a los miembros de su consejo técnico y a sus empleados. Para estos efectos, los jueces de cada tribunal se constituirán en comisión calificadora y actuará como secretario de ésta su administrador.

El administrador del tribunal será calificado por el juez presidente y para estos efectos actuará como secretario uno de los jueces que componen el tribunal."

Nº 12

Modifica el inciso primero del artículo 277, que obliga al secretario del tribunal en donde preste servicios a llevar una hoja de vida de cada persona que deba ser evaluada, a fin de agregar como alternativo de aquél al administrador.

Aprobado por unanimidad, sin debate

Nº 13

Modifica el artículo 279, que reglamenta la forma de proceder para el nombramiento en propiedad de un cargo en el Escalafón Primario que se encontrare vacante. La modificación, relativa a su inciso segundo, agrega al administrador como alternativo del secretario, las tres veces que aparece. Este inciso encomienda al secretario del tribunal que llame a concurso una serie de tareas que tienen por objeto dar publicidad al mismo.

Aprobado por unanimidad, sin debate

Nº 14

Incorpora un artículo nuevo, el 289 bis a), que reglamenta la forma de proveer el cargo de administrador.

Aprobado por unanimidad, sin debate

Nº 15

Modifica el artículo 290, que dispone que en las ternas para proveer cargos judiciales que no requieren título de abogado, se preferirá a los oponentes que lo posean. Al efecto, agrega un inciso segundo que dispone la no aplicación de la regla anterior cuando se trate de proveer el cargo de administrador.

Aprobado por unanimidad, sin debate

Nº 16

Intercala un nuevo párrafo 4 bis, denominado "De los administradores de tribunales", en el Título XI, relativo a "Los Auxiliares de la Administración de Justicia". Este nuevo párrafo agrega tres artículos (389 bis, 389 bis A y 389 bis B), que tratan las siguientes materias:

El artículo 389 bis describe la naturaleza jurídica del cargo de administrador y establece que su función primordial consistirá en desempeñar las tareas administrativas que permitan a los jueces desarrollar sus funciones jurisdiccionales en forma cabal, oportuna y expedita, teniendo especialmente a su cargo la gestión administrativa y financiera del juzgado. Además, será el superior jerárquico de los demás funcionarios auxiliares del tribunal.

Aprobado en forma unánime, sin debate.

El artículo 389 bis A señala que a los administradores atañe: a) Administrar los recursos humanos del juzgado, correspondiéndoles la dirección directa e inmediata de los empleados, la determinación de sus funciones y la supervisión de su desempeño; b) Administrar los bienes, recursos financieros y cuenta corriente del juzgado y llevar su contabilidad; c) Proponer al presidente sistemas equitativos de distribución de las causas y reparto del trabajo del juzgado; d) Planificar y coordinar las actuaciones del juzgado y preparar las audiencias para que se realicen efectivamente en las fechas acordadas; e) Dar cuenta de la gestión administrativa al presidente; f) Custodiar las actas, documentos y demás antecedentes que las partes o terceros acompañen o los jueces dispongan adjuntar; g) Emitir los informes previos para la calificación de los empleados, y h) Ejercer otras funciones que determinen las leyes.

La Comisión, por unanimidad acordó, para esta norma, las siguientes enmiendas:

En la letra a), respecto de la dirección que sobre los empleados corresponderá al administrador, eliminar las palabras "directa e inmediata" con que se adjetiva dicha dirección, por considerarlas innecesarias toda vez que el artículo anterior determina que el administrador será el superior jerárquico de los demás funcionarios auxiliares del tribunal; y, en relación con la supervisión del buen desempeño de los empleados, establecer expresamente que el administrador contará con facultades para velar por dicho buen desempeño, porque, de lo contrario, éste se convertiría en un mero acusador que jamás logrará liberar al presidente de la carga administrativa que se pretende.

En la letra d), en lo relativo a la responsabilidad del administrador de preparar la realización de las audiencias para que éstas se realicen en las fechas acordadas, señalar expresamente que lo hará "tomando las medidas administrativas necesarias para" asegurar que ello ocurra así.

En la letra e), establecer, respecto de la cuenta que el administrador debe dar al juez presidente, que ésta deberá darse mensualmente, y ampliar las materias a las cuales debe referirse en ella a la gestión financiera del tribunal.

Eliminar el contenido de la letra g), pasando el de la letra h) a ser g). Ello, en virtud de la enmienda introducida por el N° 11 de esta norma en el artículo 273 del Código Orgánico de Tribunales, y de la eliminación del artículo 15 del texto del mensaje, que obligaba al administrador a emitir un informe que contuviera su opinión acerca de la conducta funcionaria y desempeño de los empleados del tribunal de familia para los efectos de su calificación.

Seguidamente, este artículo, con las enmiendas indicadas, fue aprobado en forma unánime

El artículo 389 bis B establece los requisitos para ser administrador de un juzgado de familia

Aprobado en forma unánime, sin enmiendas ni debate.

Nº 17

Sustituye el párrafo 10, relativo a "Los asistentes sociales judiciales", del Título XI, por el siguiente: "Del consejo técnico de los tribunales de familia".

Este nuevo párrafo contiene un artículo único, el 457, que define a los consejos técnicos de los tribunales de familia como los organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por asistentes sociales y psicólogos en el número que fije la ley, encargados de asesorar a los jueces de familia en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos de que conocen estos tribunales y en la adopción de las resoluciones que mejor convengan a los intereses permanentes del grupo familiar. Su inciso segundo agrega que, si uno de sus miembros no pudiere intervenir en determinadas causas por implicancia o recusación, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del consejo técnico del tribunal a que pertenece, según el orden de sus nombramientos.

Debido a que seguirán existiendo juzgados de letras que continuarán conociendo, en primera instancia, de las causas de familia cuando no hubiere un tribunal de familia en el respectivo territorio jurisdiccional, las representantes del Ejecutivo plantearon la necesidad mantener en este párrafo una referencia a los asistentes sociales judiciales, así como también una norma que defina sus funciones.

En consideración a lo expuesto, la Comisión adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos en relación a este párrafo:

- Agregar, en el epígrafe del mismo, una alusión a los asistentes sociales judiciales.

- Aprobar, como artículo 457, el inciso primero de la norma propuesta en el mensaje, con sola enmienda de incorporar en ella a los orientadores familiares, en concordancia con los artículos 9º, 10 y 11 del proyecto.

- Aprobar el siguiente artículo 457 bis, cuyo contenido, con las adecuaciones necesarias, corresponde al inciso primero del artículo 457, vigente:

"Artículo 457 bis.- Los asistentes sociales judiciales son auxiliares de la administración de justicia que se desempeñan en los juzgados de letras que conocen materias de familia y cuya función es la de informar al tribunal acerca de los aspectos sociales, económicos, ambientales, educacionales y demás que se les requieran, con respecto a las partes o a los hechos y situaciones que han provocado el conflicto o la conducta irregular del individuo."

Con las enmiendas acordadas, este número fue aprobado por unanimidad.

* * * * *

A continuación, la Comisión discutió una indicación del Presidente de la República para introducir, en el artículo 135 (que pasa a ser 138), el siguiente número 18, pasando el actual a ser 19, ordenándose los demás correlativamente:

"18) Introdúcese el siguiente artículo 457 bis A:

"Artículo 457 bis A.- Cuando por implicancia o recusación de un miembro del consejo técnico no pudiere intervenir en una determinada causa, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del consejo técnico del tribunal a que perteneciere, según el orden de sus nombramientos y la especialidad requerida.

Si todos los miembros del consejo técnico de un tribunal estuvieren afectados por una implicancia o recusación, el juez designará un asistente social, psicólogo u orientador familiar de cualquier servicio público, el que estará obligado a desempeñar el cargo.

El mismo mecanismo de sustitución procederá en el caso que la implicancia o recusación, así como la imposibilidad en el desempeño del cargo, afecte a los asistentes sociales judiciales."

El inciso primero de esta disposición corresponde al contenido del inciso segundo del artículo 457 del texto del mensaje, con la enmienda de que, para que proceda la subrogación, deberá considerarse, además del orden del nombramiento del implicado o recusado, también la especialidad requerida en la causa de que se trate. Esta inquietud surgió en el seno de la Comisión durante la discusión del número 17. Los incisos segundo y tercero satisfacen inquietudes surgidas durante la referida discusión respecto a la necesidad de regular el mecanismo de subrogación tanto de los integrantes del consejo técnico de los tribunales de familia como de los asistentes sociales judiciales de los juzgados de letras, cuando todos ellos, respectivamente, se encuentren inhabilitados, sólo que, por incidir dichas observaciones en materias de la exclusiva iniciativa del Presidente de la República, no pudieron ser subsanadas por la vía de la indicación parlamentaria.

El referido artículo 457 bis A fue aprobado por unanimidad, con el acuerdo complementario de ubicarlo a continuación del artículo 457 bis, dentro del número 17, precedente.

Nº 18

Modifica el artículo 469, que hace extensiva la incapacidad por razón de parentesco (para ser simultáneamente jueces de una misma Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema) a todos los funcionarios del Escalafón Primario dependientes de una Corte de Apelaciones en su respectivo territorio jurisdiccional. La modificación, referida a su inciso segundo, tiene por objeto adecuarlo para agregar en él, al "administrador" y a los "miembros del consejo técnico de los tribunales de familia", junto a los oficiales del ministerio público y los asistentes sociales judiciales, sobre quienes, también, se hace extensiva dicha incapacidad por razón de parentesco, cuando tengan con uno o más jueces en un tribunal alguno de los parentescos siguientes: consanguinidad o afinidad en la línea recta (hijo, nieto, padre o abuelo) o en la colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (hermano o cuñado).

Aprobado por unanimidad, con modificaciones formales.

Nº 19

Modifica el artículo 471, relativo al juramento que deben prestar los auxiliares de la administración de justicia antes de desempeñar sus cargos. Su inciso cuarto dispone que determinados auxiliares lo prestarán ante el juez respectivo (el del tribunal de que formen parte). La enmienda tiene por objeto agregar, en dicho inciso, a continuación del vocablo "respectivo", la frase "o ante el juez presidente si el tribunal estuviere compuesto por más de un juez.".

Aprobado por unanimidad, en los mismos términos.

Nº 20

Modifica el artículo 473, que obliga a rendir fianza a los notarios, conservadores, archiveros, secretarios y receptores para responder por las multas, costas e indemnizaciones que deban pagar en razón del mal desempeño de sus funciones. Al efecto, se enmiendan los dos primeros incisos de este artículo para agregar también a los "administradores".

Aprobado unánimemente, sin debate.

Nº 21

Este número, primeramente, enmienda con un doble propósito el inciso primero del artículo 478, que prohíbe a los notarios, conservadores, archiveros, secretarios, procuradores y receptores ausentarse del lugar de su residencia o dejar de asistir diariamente a sus oficinas sin permiso (en lo que dice relación con esta modificación) del juez de letras respectivo o de turno en los demás casos. Al efecto, en primer lugar, agrega a la lista de auxiliares de la administración de justicia que indica al administrador, asistente social o miembro de los consejos técnicos de los tribunales de familia; y, en segundo lugar, establece que el permiso aludido podrá emanar "o del juez de letras, del juez presidente o del de turno, según los casos".

Seguidamente, también enmienda su inciso segundo, que dispone, en lo pertinente a este informe, que dichos permisos podrán otorgarse respecto de los secretarios por ocho días al año como máximo, a fin de agregar junto a ellos a los administradores, asistentes sociales y miembros de los consejos técnicos.

Aprobado sin enmiendas, en forma unánime.

Nº 22

Agrega, en el artículo 481, a los miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia y a los administradores, junto a los fiscales, defensores, relatores, secretarios, receptores y asistentes sociales judiciales, sobre todos quienes recae la prohibición de comprar o adquirir para sí, para sus cónyuges o para sus hijos, las cosas o derechos que se litiguen en juicios de que ellos conozcan.

Aprobado por unanimidad, con la enmienda aditiva de sustituir por una coma (,) la conjunción copulativa "y" que precede a la expresión "asistentes sociales", la cual deberá ir seguida también de una coma (,).

Nº 23

Introduce un artículo 481 bis, nuevo, que prohíbe a los administradores celebrar negocios, para el tribunal y en su calidad de administradores, con su cónyuge, ascendientes, descendientes ni colaterales hasta el cuarto grado inclusive, por consanguinidad o afinidad. Igualmente les prohíbe celebrar negocios con personas jurídicas o sociedades en que tengan interés ellos o esos mismos parientes

Aprobado por unanimidad, con la sola enmienda de agregar a la prohibición a que alude la de contratar, las dos veces que aparece.

Nº 24

Modifica el inciso primero del artículo 488, que dispone que para recusar a los relatores, secretarios y asistentes sociales judiciales es menester expresar y probar causa legal. La enmienda agrega a los miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia y a los administradores entre las personas respecto de las cuales hay que expresar y probar dicha causa legal.

En la discusión de esta norma, la Comisión reparó en que el propósito del Ejecutivo era hacer también aplicables a los auxiliares de la administración de justicia que se agregan las causas de recusación establecidas para los secretarios y asistentes sociales judiciales en el inciso segundo del citado artículo 488 (esto es, las determinadas para los jueces por el artículo 196, en cuanto sean procedentes), por lo cual acordó introducir en éste la misma modificación propuesta para el inciso primero.

Con la modificación señalada, más otras de carácter formal, este artículo fue aprobado por unanimidad.

Nº 25

Enmienda el inciso cuarto del artículo 494 -que dispone el cese en sus funciones de los secretarios, notarios, conservadores, archiveros, receptores y procuradores si fueren condenados a la pena de inhabilitación para cargos y oficios públicos- en el sentido de agregar junto a ellos también a los "administradores, asistentes sociales y miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia".

Aprobado por unanimidad, sin debate.

Nº 26

Modifica el inciso segundo del artículo 496, -que dispone la suspensión de las funciones de los secretarios, receptores, procuradores, notarios, conservadores y archiveros, cuando una sentencia judicial les imponga la pena de suspensión- en el sentido de agregar, también, a los "administradores, asistentes sociales y miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia".

Aprobado por unanimidad, sin debate.

Nº 27

Modifica el inciso primero del artículo 506 -que confía a la Corte Suprema, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la administración de los recursos financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de las Cortes y de los Juzgados de Letras, de Menores y del Trabajo- en el sentido de sustituir la expresión "de Menores" por "de Familia".

Aprobado por unanimidad, sin debate.

Nº 28

Modifica el artículo 516, que obliga a los tribunales de justicia a mantener una cuenta corriente bancaria en el Banco del Estado. La enmienda, referente a su inciso segundo, tiene por fin permitir que el administrador firme, alternativamente con el secretario, junto al juez, los cheques girados contra dicha cuenta para efectuar los pagos que deban hacer los tribunales.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

Nº 29

Modifica el inciso cuarto del artículo 517 -que obliga a los secretarios tanto de las Cortes como de los juzgados a llevar un libro de depósitos consignados a la orden del tribunal- en el sentido de agregar a los administradores para que también ellos puedan asumir alternativamente esta responsabilidad .

Aprobado por unanimidad, con enmiendas formales.

Nº 30

Modifica el inciso segundo del artículo 535 -que hace extensiva respecto de los juzgados especiales de menores la facultad de las Cortes de Apelaciones de mantener la disciplina judicial en todo el territorio de su respectiva jurisdicción- en sentido de sustituir la expresión "especiales de menores" por "de familia".

Aprobado por unanimidad, sin debate.

Nº 31

Modifica el inciso segundo del artículo 539 -que encomienda a las Cortes de Apelaciones la vigilancia de la conducta ministerial de los relatores, secretarios, notarios, conservadores, archiveros, procuradores, receptores y empleados de secretaría- en el sentido de agregar junto a ellos a los "administradores, asistentes sociales y miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia".

Aprobado por unanimidad, sin debate.

Nº 32

Por último, este número modifica el inciso final del artículo 540 -que hace extensivo a los Tribunales del Trabajo el ejercicio de la jurisdicción correccional, disciplinaria y económica que la Constitución Política otorga a la Corte Suprema sobre todos los tribunales de la nación- al objeto de agregar en él una mención de los tribunales "de familia".

Aprobado por unanimidad, sin debate.

El artículo 136 (pasa a ser 139), con el propósito de derogar diversas disposiciones de la ley Nº 16.618, sobre Menores, introduce en dicho cuerpo legal las siguientes modificaciones:

Nº 1

Deroga sus artículos 18 al 26, ambos inclusive, que se refieren en general a la creación de la Judicatura de Menores, a los lugares en que habrá Juzgados de Letras de Menores, a su organización, atribuciones, competencia y a las calidades que deberán poseer los jueces respectivos

Nº 2

Deroga su artículo 31, que autoriza al juez para ejercer todas facultades que le otorga ley de Menores, pudiendo ordenar las diligencias e investigaciones que estime conducentes.

Nº 3

Deroga sus artículos 34 al 37, ambos inclusive, que se refieren, respectivamente, al procedimiento a que deben sujetarse los asuntos de competencia de los Juzgados de Menores, a la forma en que debe practicarse la notificación de sus resoluciones, a los medios de prueba de que podrá valerse el juez y la forma de apreciarla, y, finalmente, a los recursos que proceden en contra de sus resoluciones.

Nº 4

Por último, este número deroga su artículo 40, que permite al juez de menores ejercer, durante el juicio, y aun antes de su inicio, las facultades que le señala la ley, que parcialmente se deroga por este artículo.

Todos los números de este artículo fueron aprobados por unanimidad, en los mismos términos.

El artículo 137 (pasa a ser 140) modifica la ley 19.346 (que creó la Academia Judicial), con el propósito de agregar dos incisos nuevos a su artículo 18 (que obliga a la Academia a someter a concurso la asignación de los fondos que destinará al financiamiento de actividades de perfeccionamiento, pudiendo realizarlas por sí en caso de declararlo desierto o cuando así lo acuerde su Consejo Directivo por las dos terceras partes de sus miembros en ejercicio).

El inciso segundo, nuevo, dispone que, sin perjuicio de lo anterior, la Academia Judicial deberá impartir, directa y periódicamente, un curso de perfeccionamiento especial para administradores de tribunales, al objeto de capacitarlos en los conocimientos y destrezas habilitantes para el cumplimiento de sus funciones.

El inciso tercero, nuevo, hace aplicable a dicho curso la posibilidad de que el Consejo Directivo de la Academia pueda encomendar a terceros la ejecución de actividades específicas del mismo, bajo la modalidad de concursos, manteniendo siempre las facultades de supervisarlo y de evaluar a los postulantes.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

El artículo 138 (pasa a ser 141) introduce las siguientes modificaciones en la ley de Matrimonio Civil:

Nº 1

Agrega un artículo 26 bis, nuevo, que prohíbe decretar el divorcio (no vincular) mientras no se resuelvan todos los asuntos relativos a la tuición y visitas de los hijos comunes, al régimen patrimonial del matrimonio, a los bienes familiares y a la situación alimentaria de los miembros de la familia que tuvieren derecho de alimentos Si los cónyuges no resuelven lo anterior o si el convenio celebrado fuere incompleto, el juez derivará a las partes a un proceso de mediación o, en su defecto, las llamará a conciliación. En este último caso, el juez podrá solicitar a cada parte un proyecto de acuerdo en el que expresen sus posiciones y expectativas respecto de cada uno de los puntos por resolver.

Durante su discusión, la Comisión, como producto de las observaciones planteadas, adoptó los siguientes acuerdos:

- Reemplazar el concepto de "visitas" a que alude, por su nueva forma de denominación consagrada en el nuevo texto del artículo 229 del Código Civil, resultante de la recientemente publicada ley Nº 19.585, que modificó el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, esto es por "el derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal".

- Hacer facultativo para el juez tanto el llamado a las partes a conciliación como la derivación de ellas a mediación, a fin de flexibilizar la aplicación de dichos sistemas alternativos de solución de conflictos, atendido el hecho de que para algunas personas será más adecuada la primera de estas medidas y, para otras, la segunda, debiendo el juez ponderar en cada caso su procedencia.

- Regular supletoriamente, a través de un nuevo inciso, la resolución de los asuntos a que esta norma se refiere cuando el juicio de divorcio se siga en rebeldía del demandado, por ser ésa la situación más frecuente.

En consideración a lo expresado, la Comisión aprobó por unanimidad el siguiente texto sustitutivo:

"Artículo 26 bis.- No podrá decretarse el divorcio mientras no se encuentren resueltos todos los asuntos relativos a la tuición, al derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal, al régimen patrimonial del matrimonio, a los bienes familiares y a la situación alimentaria de los miembros de la familia que tuvieren derecho a alimentos.

Si los cónyuges no hubieren convenido previamente sobre estos asuntos o si el convenio que hubieren celebrado fuere incompleto, el juez podrá llamar a las partes a conciliación o derivarlas a mediación. Cuando llame a conciliación, el juez podrá solicitar a cada una de las partes que presente un proyecto de acuerdo que exprese sus posiciones y expectativas respecto de cada uno de los puntos por resolver.

En rebeldía de una de las partes, el juez decidirá sobre estos asuntos en base a los antecedentes existentes en el proceso al dictar la sentencia definitiva."

Nº 2

Agrega un artículo 35 bis, nuevo, que hace aplicable a los juicios sobre nulidad del matrimonio lo dispuesto por el artículo 26 bis para los juicios de divorcio.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

El artículo 139 (pasa a ser 142) modifica la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, con el propósito de derogar sus artículos 2º y 3º, que fijan la competencia y establecen el procedimiento, respectivamente, relativos al juzgamiento de dichos actos.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

* * * * *

La Comisión, tal como se expresó durante la discusión del artículo 25 del proyecto, que ha pasado a ser 24, ratificó unánimemente su acuerdo anterior de agregar un artículo 143, nuevo, con el propósito de modificar el inciso segundo del artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, para expresar a quién corresponderá prestar la autorización de un poder en los tribunales que se crean. Dicha norma es del siguiente tenor:

"Artículo 143.- Agrégase, en el inciso segundo del artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, después del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), lo siguiente: "En los tribunales de familia corresponderá prestar dicha autorización al funcionario que en esos tribunales tenga el carácter de ministro de fe de acuerdo con la ley.".

* * * * *

El artículo 140 (pasa a ser 144) establece que la ley en proyecto empezará a regir un año después de su publicación, y la de las leyes que la complementen, en el Diario Oficial.

Con la enmienda de señalar expresamente en la disposición las leyes que complementarán esta ley en proyecto, el artículo fue aprobado por unanimidad. Tales leyes son la que crea el sistema nacional de mediación y la que fija las plantas de los tribunales de familia.

El artículo 141 dispone que los nuevos tribunales que se crearán se instalarán gradual y progresivamente en la forma y plazo que determine el Presidente de la República mediante un decreto con fuerza de ley que esta misma norma lo faculta para dictar, dentro de un año contado desde la publicación de esta ley y la de sus leyes complementarias, y en el cual podrá, además, determinar el orden de las regiones y/o comunas en las cuales comenzará su instalación.

A petición de las representantes del Ejecutivo, quienes explicaron que, después de haber efectuado algunos estudios adicionales, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que esta norma podría adolecer de algún vicio de inconstitucionalidad, razón por la cual se estima mejor eliminarla y regular la instalación gradual de los tribunales de familia directamente a través de la ley que fijará las plantas de dichos tribunales, la Comisión, por unanimidad, acordó rechazar este artículo.

El artículo 142 dispone que el mayor gasto que signifique la aplicación de esta ley en proyecto se financiará con cargo a los recursos que se consignen en la partida presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.

Aprobado por unanimidad, sin modificaciones.

ARTICULOS TRANSITORIOS

El artículo primero transitorio señala que, durante el período de la instalación de los tribunales de familia, los tribunales de menores subsistentes seguirán conociendo de las materias que les encomienda la ley 16.618, con los procedimientos en ella establecidos. Además, dispone que seguirán substanciándose por las normas de dicha ley, hasta su sentencia de término, las causas que, al entrar en vigencia esta ley en proyecto, estuvieren sometidas al conocimiento de los jueces de menores. Por último, y para dichos efectos, mantiene la vigencia de las normas de la ley Nº 16.618, que se derogan, por el tiempo que fuere necesario.

Consultadas las representantes del Ejecutivo sobre si esta norma vulneraría la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, al permitir el funcionamiento simultáneo de dos judicaturas y procedimientos diferentes para conocer y resolver un mismo tipo de conflictos, respondieron a la Comisión que el Gobierno posee dos informes de constitucionalidad que señalan, con argumentos muy atendibles, que no se afectaría dicha garantía. Manifestaron, asimismo, que lo mismo ocurrirá con la reforma procesal penal.

Aprobado por unanimidad, en iguales términos.

El artículo segundo transitorio dispone que las causas de competencia de los tribunales de familia que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley en proyecto, se encontraren radicadas en juzgados de letras con competencia en lo civil, continuarán radicadas en ellos hasta la sentencia de término.

Aprobado por unanimidad, sin debate.

VII.- CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión de Familia hace constar lo que sigue.

I.- a) Que no existen en el proyecto disposiciones que tengan el carácter de normas de ley de quórum calificado.

I.- b) Que las siguientes disposiciones tienen rango de orgánicas constitucionales, acorde con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional:

- Los artículos 1º, 2º 3º, 4º, 5º 6º 7º y 8º permanentes, relativos a la organización de los tribunales de familia.

- Los artículos 17 y 119 (que pasa a ser 16 y 117, respectivamente), relativos a la competencia de estos nuevos tribunales.

- El artículo 135 (que pasa a ser 138), números 1), 2), 3), 6), 7), 30) y 32) en cuanto modifican los artículos 5º, 45, 63, 98, 99, 535 y 540, respectivamente, del Código Orgánico de Tribunales.

- Los artículos 136, Nº 1), y 139 (que pasan a ser 139, Nº 1), y 142, respectivamente), toda vez que derogan normas que tienen el mismo carácter orgánico constitucional tanto de ley Nº 16.618, sobre Menores, como de la ley Nº 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar. Respecto del primer cuerpo legal se derogan las disposiciones relativas a la organización y atribuciones de la judicatura de menores y, respecto del segundo, la norma que otorga competencia a juzgados de letras en lo civil para conocer de los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar.

- Los artículos 1º y 2º transitorios.

II.- Que el artículo 142 (pasa a ser 145) es de la competencia de la Comisión de Hacienda.

III.- Que el proyecto fue aprobado, en general, por la mayoría de seis votos a favor, ninguno en contra y una abstención,.

IV.- a) Que la Comisión, por unanimidad, rechazó los artículos 15, 78, 113 y 141.

V.- b) Que, asimismo, la Comisión rechazó las siguientes indicaciones:

1.- De la Diputada señora Saa, para sustituir en el inciso primero del artículo 9º, la frase "asistentes sociales y psicólogos" por "asistentes sociales, psicólogos/as y/o orientadores/as familiares". (Por mayoría).

2.- De la Diputada señora Saa, para sustituir en el inciso primero del artículo 23, la frase "En los casos en que no fuere procedente la mediación" por "Sólo en los casos en que fuere procedente la mediación obligatoria". (Por unanimidad)

3.- De la Diputada señora Pollarolo, para reemplazar el artículo 24, por el siguiente:

"Artículo 24.- Será responsabilidad principal de los tribunales de familia promover, garantizar y hacer respetar los derechos consagrados por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, en especial los contenidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer." (Por unanimidad)

* * * * *

Por las razones expuestas y por las que en su oportunidad dará a conocer la señora Diputada Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto, al cual, además, en virtud del artículo 15 del Reglamento de la H. Corporación, se le han introducido algunas modificaciones de forma, que no se detallan, y que se incluyen en el siguiente texto:

PROYECTO DE LEY.

TITULO I.

DE LA ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA.

Artículo 1º.- Créase una judicatura especializada de familia, encargada de conocer los asuntos de que trata esta ley y los que le encarguen otras leyes generales y especiales, de resolverlos y de hacer cumplir las resoluciones que recaigan en ellos.

Esta judicatura formará parte del Poder Judicial y tendrá la estructura, organización, composición y competencia que la presente ley establece.

En lo no previsto por ella u otras leyes especiales, se regirá por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan.

Artículo 2º.- Los tribunales de familia estarán integrados por el número de jueces que la ley determine. Contarán con un consejo técnico de asesoría especializada, un administrador y una planta de oficiales de secretaría.

Párrafo primero.

De los jueces de familia.

Artículo 3º.- Para ser juez de familia, es necesario tener los requisitos para ser juez de letras y haber aprobado la parte del programa de formación de jueces de la Academia Judicial especialmente dirigida a ellos.

Artículo 4º.- Cada uno de los jueces de familia que integren el tribunal poseerá indistinta y separadamente la potestad jurisdiccional plena para conocer de los asuntos que las leyes encomienden a los tribunales de familia.

Con todo, no podrá recaer en un mismo juez el conocimiento de los asuntos de protección de menores y de los asuntos relativos a crímenes y simples delitos en que aparezcan menores inculpados.

Artículo 5º.- Los jueces de familia de un mismo tribunal se subrogarán entre sí de acuerdo con el orden que para estos efectos establezca el juez presidente.

En defecto de lo dispuesto en el inciso anterior, los jueces de familia podrán ser subrogados por los abogados de la terna que anualmente formará la Corte de Apelaciones respectiva, aplicándose a su respecto la regla del inciso segundo del artículo 213 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 6º.- Los jueces de familia asistirán a su despacho por seis horas diarias, de lunes a viernes.

En caso de crímenes y simples delitos en que haya menores inculpados en la respectiva jurisdicción, no sólo el juez llamado a conocer de esta materia en cada tribunal de familia, sino cualquiera de los que componen el tribunal, estará obligado a practicar las primeras diligencias y dictar las resoluciones urgentes que resulten necesarias, sin perjuicio de la radicación definitiva de la causa en el juez competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de esta ley.

Para estos efectos, existirá un turno semanal.

Artículo 7º.- En cada tribunal de familia, uno de los jueces que lo integren hará las veces de presidente. Este cargo se desempeñará anualmente, según el orden de antigüedad de los jueces.

Artículo 8º.- Sin perjuicio del desempeño de su función jurisdiccional, corresponderá al juez presidente, en su calidad de tal:

1) Presidir el respectivo tribunal en todas sus actuaciones públicas;

2) Velar por que el administrador lleve a cabo la gestión del tribunal en forma eficiente y eficaz;

3) Establecer el sistema de distribución de causas entre los jueces de familia de un mismo tribunal, a propuesta del administrador, cuidando siempre de que exista una repartición equitativa de la carga de trabajo;

4) Ejercer las facultades disciplinarias, de acuerdo con las normas señaladas en el Título XVI, Párrafo 1, del Código Orgánico de Tribunales, en lo referido a los jueces de letras;

5) Dar cuenta al Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva de las causas en que no se haya dictado sentencia dentro del plazo legal y de los motivos del retardo, y

6) Conocer de los demás asuntos que le encomienden las leyes.

Párrafo segundo.

Del consejo técnico.

Artículo 9º.- En cada tribunal de familia habrá un consejo técnico compuesto por asistentes sociales, psicólogos y/u orientadores familiares. Tendrá el carácter de organismo auxiliar de la administración de justicia y prestará asesoría especializada a los jueces.

La función primordial del consejo técnico será la de asesorar a los jueces en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos de que conozcan y en cualquier otra materia de su especialidad en que el juez lo solicite, así como en la adopción de la resolución que mejor convenga a los intereses permanentes del grupo familiar. Los informes u opiniones que emitan los miembros de este consejo en el cumplimiento de sus funciones serán puestos en conocimiento de las partes, en las audiencias, a fin de que puedan informarse de su contenido y rebatirlo, si lo estiman necesario.

En caso necesario, el juez de la causa podrá requerir al consejo técnico que emita los informes económicos y sociales que sean necesarios para resolver cuestiones sobre alimentos.

Artículo 10.- Para ser miembro del consejo técnico, se requerirá poseer el título de asistente social, psicólogo u orientador familiar otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste o por algún instituto profesional, que cuente con el mismo reconocimiento.

Los asistentes sociales y psicólogos deberán acreditar formación especializada en familia, impartida por las mismas instituciones señaladas en el inciso primero.

Artículo 11.- El consejo técnico de cada tribunal de familia estará constituido por el número de profesionales que la ley determine.

En los casos de los consejos técnicos integrados por dos profesionales, uno de ellos será asistente social y el otro psicólogo u orientador familiar.

Artículo 12.- El juez presidente, a propuesta del administrador, deberá disponer un sistema de distribución del trabajo eficiente y equitativo entre los integrantes del consejo técnico, cuidando de establecer instancias periódicas en que éste deba reunirse para analizar conjuntamente determinadas materias de que conozcan o puedan conocer los jueces.

En lo demás, se regirán por los artículos 265 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, en lo relativo a los miembros de los consejos técnicos.

Párrafo tercero.

Del administrador.

Artículo 13.- En cada tribunal de familia habrá un administrador, quien será auxiliar de la administración de justicia y se regirá por las reglas que el Código Orgánico de Tribunales establece para los administradores de tribunales en los artículos 389 bis y siguientes.

El administrador dependerá del juez presidente.

Párrafo cuarto.

De los oficiales de secretaría.

Artículo 14.- La distribución de las tareas que correspondan a los oficiales de secretaría será responsabilidad del administrador, el que deberá propender a la estructuración de las unidades funcionales que sean necesarias para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional.

Artículo 15.- En todo lo no previsto por esta ley, los empleados oficiales de secretaría de los tribunales de familia se regirán por las reglas que para éstos establece el Código Orgánico de Tribunales.

TITULO II.

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA.

Artículo 16.- Corresponderá a los tribunales de familia:

1) Conocer de los asuntos relativos a la tuición de los menores de edad;

2) Regular el derecho y el deber del padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo a mantener con éste una relación directa y personal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del Código Civil.

3) Conocer de las causas de alimentos;

4) Conocer de los asuntos que digan relación con el ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad y la emancipación;

5) Conocer de las causas de adopción y los procedimientos a que den lugar las leyes que la regulen;

6) Otorgar autorización para la salida de menores del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley;

7) Conocer de los disensos para contraer matrimonio;

8) Conocer de las acciones de estado civil de las personas;

9) Conocer de los procedimientos sobre guardas;

10) Conocer de los procedimientos de interdicción;

11) Conocer de los asuntos que se susciten entre cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares, con excepción de aquellos derivados de la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 227, Nº 1, del Código Orgánico de Tribunales;

12) Conocer de las causas sobre divorcio;

13) Conocer de las causas sobre nulidad del matrimonio;

14) Conocer de las cuestiones que deben ser resueltas o acordadas previamente, de acuerdo con los artículos 26 bis y 35 bis de la ley de Matrimonio Civil, según corresponda.

15) Conocer de los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley Nº 19.325, de 1994, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar;

16) Conocer de las causas relativas al maltrato de menores de edad y de parientes incapaces;

17) Expedir la declaración previa sobre si el mayor de dieciséis y menor de dieciocho años inculpado de un crimen, simple delito o falta ha obrado o no ha obrado con discernimiento;

18) Conocer de los asuntos relativos a crímenes, simples delitos y faltas en que haya menores sin discernimiento inculpados;

19) Conocer de la adopción de medidas de protección de los derechos de los menores de edad y de los derechos eventuales del que está por nacer, y

20) Conocer de los demás asuntos que leyes generales o especiales les encarguen.

TITULO III.

DEL PROCEDIMIENTO.

Párrafo primero.

De los principios formativos del procedimiento.

Artículo 17.- El procedimiento ante los tribunales de familia será esencialmente oral, público y concentrado.

Artículo 18.- En silencio de la ley, el juez determinará la forma en que se verificarán las actuaciones y, en esta tarea, como en la de interpretar las normas del procedimiento, tendrá siempre presente que su objetivo es el adecuado resguardo de los derechos reconocidos por la ley y la más pronta y justa decisión de la controversia.

Artículo 19.- Los jueces de familia deberán reprimir el fraude procesal y la colusión, así como también sancionar la mala fe que observen en las actuaciones de los litigantes.

La sanción aplicable consistirá en una multa a beneficio fiscal, cuyo monto fluctuará entre una y diez unidades tributarias mensuales.

El juez determinará el monto exacto de la multa, según la gravedad de las conductas indebidas.

Artículo 20.- Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad no subsanable, la delegación de funciones.

Artículo 21.- El procedimiento será público. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer que todas o algunas actuaciones se efectúen reservadamente, a fin de resguardar los derechos y la intimidad de las partes y demás personas involucradas

Artículo 22.- Durante el procedimiento, así como en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones acordadas por ellas. El juez podrá, en cualquier estado del proceso, llamar a las partes a conciliación.

Artículo 23.- Serán directamente aplicables al procedimiento de familia las normas contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en concordancia con el artículo 5º de la Constitución Política de la República.

Párrafo segundo.

De las reglas generales.

Artículo 24.- En los procedimientos que se sigan ante los tribunales de familia, las partes podrán actuar personalmente o a través de abogado patrocinante. El juez podrá ordenar expresamente que la actuación de las partes se realice a través de mandatario judicial, lo que deberá hacer en todos los casos en que una de las partes cuente con asesoría de letrado.

Artículo 25.- En todos los asuntos de competencia de los tribunales de familia en que aparezcan involucrados intereses de menores de edad o de incapaces, el juez deberá velar por que éstos se encuentren debidamente representados.

El juez designará a una persona idónea, perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de los menores o incapaces, en los casos en que el menor de edad o incapaz carezca de representante legal o en que, por motivos fundados, el juez estime necesario que su representación sea ejercida por una persona distinta de aquélla a quien corresponda legalmente. La persona así designada será el curador ad lítem del menor de edad o incapaz por el solo ministerio de la ley y su representación se extenderá a todas las actuaciones del juicio.

De la falta de designación del representante de que trata este artículo podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso anterior o cualquier persona que tenga interés en ello.

Artículo 26.- Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad. Con todo, las partes podrán, de común acuerdo, suspender el procedimiento, por una vez, hasta por sesenta días.

Artículo 27.- La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por el ministro de fe que el juez determine, conforme a la proposición que, atendiendo a las circunstancias del lugar en que funcione el tribunal y restantes consideraciones que miren a la eficacia de su actividad, haya formulado el administrador. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un receptor judicial. Todas las restantes notificaciones, salvo las de las resoluciones enumeradas en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, que lo serán por carta certificada, se practicarán por el estado diario.

Para estos efectos, tendrán el carácter de ministros de fe los funcionarios de secretaría de los tribunales de familia, el personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el día subsiguiente a aquél en que fueron expedidas.

Para los efectos de este artículo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 28.- No se podrá decretar la nulidad procesal si el vicio no ha ocasionado perjuicio al litigante que la reclama, salvo en el caso del artículo 20. Se entenderá que existe perjuicio cuando la infracción hubiere impedido el ejercicio adecuado de los derechos del litigante en el juicio.

Artículo 29.- En silencio de esta ley, serán aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, caso en el cual el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación.

Artículo 30.- Constituirán medios de prueba, en los juicios de que trata esta ley, los instrumentos, la confesión, los testigos, el informe de peritos, la inspección personal del tribunal, las presunciones, y todo otro medio que, lícitamente obtenido, sirva para formar la convicción del juez.

El juez decretará, en cualquier estado del procedimiento, la práctica de las diligencias probatorias que estime necesarias.

Podrá, asimismo, requerir informes a cualquier organismo público o privado. Especialmente, requerirá al Servicio Nacional de Menores informes psicológicos, sociales u otros, cuando se trate de asuntos relativos a los beneficios que otorga dicho organismo.

La entidad requerida deberá entregar los informes solicitados dentro de diez días hábiles contados desde que se le notificó el requerimiento, a menos que acredite encontrarse jurídicamente imposibilitada de proporcionarlos. En caso de que la entidad requerida acredite encontrarse materialmente imposibilitada de evacuarlos en ese plazo, podrá solicitar que éste sea prorrogado por el mismo lapso.

Artículo 31.- La prueba se apreciará en conformidad a las reglas de la sana crítica.

Artículo 32.- Los jueces de familia conocerán en una sola causa las distintas materias de su competencia que unas mismas partes acuerden someter a su decisión.

Podrán, además, disponer de oficio la acumulación que sea procedente de acuerdo con las reglas generales.

Párrafo tercero.

De las medidas cautelares.

Artículo 33.- En cualquier momento del juicio y desde la presentación de la demanda o denuncia, el juez, de oficio o a petición de parte, en caso de que la gravedad de los hechos así lo requiera, decretará, mediante resolución fundada, cualquier medida cautelar que estime indispensable para la protección de un derecho. En especial, podrá adoptar cualquier medida destinada a garantizar la seguridad física o psíquica de los involucrados, y su subsistencia económica, así como la tranquila convivencia del grupo familiar.

Podrá especialmente fijar alimentos y visitas provisorias, en los casos en que el juicio verse sobre estas materias; ordenar la entrega inmediata de los menores a quien acredite tener su tuición.

El tribunal deberá, en la primera actuación de las partes, informarles acerca de su derecho a pedir medidas cautelares.

Artículo 34.- Al solicitar las medidas a que se refiere el artículo anterior, la parte deberá acompañar pruebas que constituyan a lo menos presunción fundada del derecho que reclama y del peligro que teme. Sin embargo, cuando la gravedad de los hechos así lo justifique, se podrá dar lugar a la medida aun antes de rendida esta información.

Artículo 35.- El juez podrá, en casos calificados y mediante resolución fundada, exigir a la parte solicitante caución para responder de los perjuicios que la imposición de la medida pueda causar.

Artículo 36.- El juez apreciará la necesidad e idoneidad de la medida solicitada y podrá decretar otra distinta si, a su juicio, cumple mejor la finalidad cautelar. En su resolución, precisará, cuando corresponda, el alcance y duración de la medida.

Artículo 37.- Las medidas cautelares son esencialmente provisionales y sólo podrán durar hasta que la sentencia definitiva alcance carácter de ejecutoriada. Podrán, de oficio o a petición de parte, dejarse sin efecto, sustituirse o modificarse de acuerdo con las circunstancias. La parte afectada podrá ofrecer garantías sustitutivas, las que serán apreciadas por el juez.

Artículo 38.- Las medidas cautelares se concederán sin audiencia ni intervención de la parte en contra de quien se decreten y la resolución respectiva se le notificará por carta certificada. Excepcionalmente, en casos graves y urgentes, las medidas podrán llevarse a cabo sin previa notificación de la parte afectada. Esta notificación deberá efectuarse en la forma antes indicada, dentro de los cinco días del cumplimiento de las medidas.

La solicitud de alzamiento, modificación o sustitución que presente la parte en contra de quien la medida se otorgó se resolverá por el tribunal de plano o escuchando a las partes.

Artículo 39.- En casos calificados, podrán decretarse medidas cautelares antes de la demanda. En este caso, el solicitante quedará obligado a deducirla en el término de diez días. Este plazo podrá ampliarse hasta por treinta días por motivos fundados. Si no se presentare la demanda en el plazo señalado, las medidas que se hubieren decretado caducarán de pleno derecho y el solicitante quedará, por este solo hecho, responsable de los perjuicios que se hubieren causado.

Párrafo cuarto.

Del procedimiento ordinario en los tribunales de familia.

Artículo 40.- El procedimiento de que trata este párrafo será aplicable a todos los asuntos contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de familia y que no tengan señalado un procedimiento especial en esta ley o en otras.

Artículo 41.- El proceso podrá comenzar por demanda oral o escrita. En el primer caso, el funcionario del tribunal que corresponda procederá a protocolizar los términos de la pretensión de la parte demandante en acta que levantará al efecto.

La protocolización será suscrita por la parte si supiere firmar, dejándose constancia de la circunstancia contraria. En este último caso, se deberá dar lectura de viva voz a la demanda y la parte de que se trata estampará la impresión del pulgar de la mano derecha o, en su defecto, el de la izquierda. En la eventualidad de no ser posible lo anterior, firmará un tercero a ruego del compareciente.

Artículo 42.- La demanda deberá contener una exposición clara de las pretensiones de la parte y de los hechos en que se funda, así como la individualización de la persona que la presenta y de aquella contra la cual se dirige.

Se acompañarán a ella los documentos en que se funda y todos los restantes que digan relación con la causa a que se refiere. Estos documentos no podrán acompañarse en otra oportunidad, a menos que la parte haya estado imposibilitada de obtenerlos al deducir la demanda.

Si quien pretende deducir demanda oral no acompañare los documentos en que la funde, el empleado judicial le hará presente esa circunstancia, protocolizará igualmente la demanda y la parte deberá acompañar los referidos documentos en un plazo no superior a cinco días.

Vencido este término sin que se hubieren acompañado, la demanda se tendrá por no presentada para todos los efectos legales.

Artículo 43.- Una vez recibida la demanda, se admitirá a tramitación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, si ello es procedente, caso en el cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 62, incisos primero y segundo.

Frustrada la mediación previa en los términos del artículo 75, en relación a los casos del artículo 62 o inmediatamente después de presentada la demanda en los demás casos, el juez dictará una resolución para citar a las partes a una audiencia preliminar, que deberá celebrarse en la fecha que la misma resolución señale, no pudiendo ser posterior a quince días contados desde la última notificación.

Artículo 44.- Las partes deberán concurrir personalmente a esta audiencia y a la complementaria de que tratan los artículos 47 y siguientes, sin perjuicio de la presencia de sus patrocinantes y apoderados, cuando los tengan.

Con todo, si una de las partes acreditare estar materialmente imposibilitada de concurrir a alguna de estas audiencias, el juez ponderará los antecedentes, pudiendo, en caso de que lo estimare necesario, fijar una nueva audiencia. Excepcionalmente, podrá autorizar a dicha parte a comparecer a través de su patrocinante o apoderado.

Artículo 45.- La audiencia preliminar tendrá por objeto:

1) Recibir la contestación de la demanda, los documentos en que ella se funda y todos los que tengan relación con la cuestión controvertida. Estos documentos no podrán acompañarse en otra oportunidad, a menos que la parte haya estado imposibilitada de obtenerlos al contestar la demanda.

En el caso anterior, se aplicará el plazo dispuesto en el inciso tercero del artículo 42.

La contestación de la demanda deberá hacerse por escrito si la demandada comparece con patrocinio de letrado. En caso contrario, será verbal, debiendo protocolizarse en extracto;

2) Proponer a las partes que se sometan al proceso de mediación a que se refiere el párrafo quinto de este Título, en los casos del artículo 55 de esta ley;

3) Resolver sobre cualquier otra cuestión que planteen las partes o surja de la audiencia, que sea necesaria para dar curso progresivo a los autos;

4) Fijar las materias controvertidas, que se someterán al conocimiento y decisión del tribunal;

5) Recibir y resolver, escuchando a la parte contraria si ha comparecido, todos los incidentes originados en hechos anteriores o coetáneos al juicio que se promuevan. No existirán en este procedimiento incidentes de previo y especial pronunciamiento;

6) Provocar conciliación, por iniciativa del juez y conforme a bases que éste propondrá después de haber escuchado a las partes. De las bases referidas se dejará una constancia extractada en el expediente. En todos los casos en que no se haya sometido la cuestión a mediación, el juez no podrá omitir el llamado a conciliación, proponiendo las bases referidas, salvo que se tratare de aquellas materias señaladas en el artículo 56, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123;

7) Fijar los hechos controvertidos que deberán ser probados, y

8) Determinar las pruebas que se recibirán al tenor de la proposición de las partes, y disponer la citación de los testigos, la práctica de los exámenes o informes, la designación de los peritos, la remisión de los oficios, todo según proceda. El tribunal estará expresamente facultado para disponer la práctica de las diligencias probatorias que estime pertinentes, podrá rechazar la prueba manifiestamente improcedente, superflua y la propuesta con fines meramente dilatorios.

Artículo 46.- Resueltos todos los puntos mencionados en el artículo anterior, se procederá de inmediato a recibir la prueba que sea posible rendir en ese momento. Si no fuere posible rendir todas la pruebas en esa oportunidad, el juez dictará una resolución en que fije fecha para la realización de una nueva audiencia, que tendrá el carácter de complementaria. En la misma resolución, determinará las actuaciones que deberán cumplirse en ella. Las partes se entenderán citadas a la audiencia complementaria por el solo ministerio de la ley.

El tribunal podrá delegar en tribunales de otras jurisdicciones competencia para que se practiquen ante ellos determinadas diligencias probatorias, cuando los antecedentes de la causa así lo hagan aconsejable.

Artículo 47.- La audiencia complementaria se llevará a efecto en un solo acto y en ella se rendirá íntegramente la prueba que falte. Si el tiempo no fuere suficiente, podrá el tribunal prorrogarla para el siguiente día hábil.

Artículo 48.- Concluida la prueba, en la misma audiencia, el juez dictará la sentencia, explicitando verbalmente sus fundamentos, debiendo entregar a las partes copia escrita de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de que el juez resuelva decretar nuevas diligencias probatorias, cuando lo estime estrictamente necesario para formar su convicción.

En este evento, dictará una resolución motivada, explicando las razones por las que no hizo uso de las facultades que se le otorgan en el artículo 45, Nº 8, y la sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se cumplieron las medidas.

Artículo 49.- De todo lo obrado en las audiencias se levantará acta resumida. Las declaraciones de los testigos y peritos, y los términos de la confesión, se consignarán textualmente.

Artículo 50.- Toda cuestión accesoria que se suscite en este proceso debe plantearse en la audiencia preliminar. El juez podrá rechazar de inmediato aquellas que manifiestamente carezcan de fundamento. Si las admite a tramitación, conferirá traslado a la parte contraria, la que deberá evacuarlo en el acto. El procedimiento no se suspenderá en caso alguno, ni aunque las partes de común acuerdo lo solicitaren, salvo lo dispuesto en el artículo 26.

Artículo 51.- Si para fallar la cuestión accesoria se requiere de prueba, ésta debe rendirse en la misma forma y oportunidad que la prueba de la cuestión principal.

Artículo 52.- Si la cuestión accesoria se hubiere suscitado después de verificarse la audiencia preliminar, se planteará en la audiencia complementaria y se tramitará en la forma establecida en los artículos anteriores. El juez rechazará de plano cualquier incidente que sea planteado en forma extemporánea.

Párrafo quinto.

De la mediación.

Artículo 53.- Para todos los efectos legales, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos no adversarial, en el que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución a su conflicto.

Artículo 54.- Las causas relativas a alimentos, tuición y al derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo, el que se regirá por las normas de esta ley y por las de la ley que regule el sistema nacional de mediación.

Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa sometieron el conflicto a mediación ante mediadores habilitados en conformidad a la ley.

Artículo 55.- Las restantes materias de competencia de los tribunales de familia, exceptuadas las señaladas en el artículo siguiente, podrán ser derivadas a mediación en cualquier estado de la causa hasta antes de la audiencia complementaria, mediante resolución que pronunciará el juez, con acuerdo de las partes.

En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar, la mediación sólo procederá excepcionalmente en los términos y condiciones establecidos en los artículos 123 y siguientes del párrafo segundo del Título V.

Artículo 56.- No se someterán a mediación los asuntos relativos a hechos delictivos cometidos por menores de edad, maltrato de menores o incapaces, adopción, acciones de estado civil, interdicción, nulidad del matrimonio y divorcio.

Artículo 57.- Será presupuesto indispensable para que proceda la mediación el que las partes se encuentren en igualdad de condiciones para negociar. El mediador que detectare que alguno de los involucrados no es libre para negociar o se encuentra en una situación de desventaja o sumisión respecto de la otra parte, deberá procurar lograr un equilibrio y, si ello no fuere posible, deberá suspender o dar por terminada la mediación.

Artículo 58.- Las partes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera audiencia o en cualquier otro momento durante la gestión, alguna de las partes manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada.

Artículo 59.- Los mediadores deberán guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación.

También estarán protegidos por el secreto profesional y no podrán ser llamados a declarar en juicio en favor o en contra de ninguna de las partes, ni sobre lo visto u oído en las mediaciones en que hubieren intervenido.

Sin embargo, quedarán exentos del deber de confidencialidad en aquellos casos en que tomen conocimiento de la existencia de situaciones de maltrato en contra de menores de edad o incapaces.

Artículo 60.- El mediador será imparcial y neutral en relación con las partes. Si su imparcialidad se viere amenazada por cualquier causa, deberá rechazar el caso, justificándose ante el tribunal que corresponda. Las partes involucradas podrán también solicitar del tribunal la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida.

Artículo 61.- El mediador deberá velar por que en el curso de la mediación se tomen en consideración los intereses de otras personas que pudieren verse afectadas por su resultado y que no hubieren sido citadas a la audiencia. En caso necesario, deberá suspender la audiencia para continuarla en otra fecha con la presencia de tales interesados, los que deberán ser citados con las mismas formalidades con que se hubiere citado a las partes.

Artículo 62.- En los casos del artículo 54 de esta ley, en el acto de presentación de la demanda, un funcionario especialmente calificado instruirá convenientemente a la demandante acerca de la mediación y su obligación de concurrir a la primera audiencia a que sea citada por el mediador.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente, en el mismo acto se procederá a abrir carpeta de la causa, la que será asignada a uno de los jueces de familia que compongan el tribunal, de acuerdo con el sistema de distribución de causas aprobado por el juez presidente. Hecho lo anterior, se dará lugar a lo establecido en los artículos siguientes.

Asimismo, tratándose de las materias contempladas en el artículo 55, en el caso de ser derivadas a mediación, se procederá según lo previsto en el inciso primero de este artículo.

Artículo 63.- Siempre que se haya solicitado el alzamiento de una medida cautelar decretada en el momento de iniciarse el juicio o en forma prejudicial, el juez deberá resolver sobre ella antes de derivar a las partes a mediación.

Artículo 64.- Acto seguido, se designará al mediador que deberá intervenir en el caso, de acuerdo al sistema de designación que establezca la ley.

Artículo 65.- La derivación se hará siempre mediante comunicación escrita, en la que no se hará más que una mera referencia a la o a las materias de que se trate.

Artículo 66.- Recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el mediador designado fijará una audiencia inicial de mediación.

Artículo 67.- A la primera audiencia de mediación se citará a los adultos involucrados en el conflicto, los que deberán concurrir personalmente a ésta y a las demás sesiones de mediación, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados.

Los menores serán convocados sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación.

Artículo 68.- La citación a mediación se hará por medio de carta certificada o por cualquier otro medio de comunicación que asegure el conocimiento de la citación por parte de los involucrados.

Artículo 69.- No podrá ser mediador de una causa aquel que fuere cónyuge o conviviente de alguno de los involucrados en el conflicto o tuviere una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en cualquiera de sus grados en la línea recta o hasta el 4º grado en la colateral, o concurriere alguna otra causal de implicancia establecida en la ley.

Artículo 70.- Si alguno de los citados no concurriere a la audiencia sin causa justificada y mediando dos citaciones, se tendrá por frustrada la mediación.

Tratándose de asuntos de mediación obligatoria, si la parte que promovió el asunto no asistiere, no podrá proseguirse con la demanda. Si, en cambio, sólo ésta compareciere, el mediador le otorgará un comprobante escrito en tal sentido, el que será suficiente para autorizar el inicio o la prosecución del juicio.

Artículo 71.- La audiencia inicial de mediación podrá ser postergada sólo por una vez, de común acuerdo entre las partes, previa solicitud al mediador de la causa, o por una de ellas acreditando razón justificada.

Artículo 72.- En la primera audiencia, el mediador deberá informar a las partes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, su duración y etapas, y de su carácter voluntario, indicándoles que podrán retirarse de ella en cualquier momento.

Artículo 73.- El procedimiento de mediación no podrá durar más de sesenta días, contados desde que el mediador haya recibido la comunicación del tribunal que lo designa. Con todo, las partes, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por treinta días. Tal circunstancia será informada de inmediato al tribunal, mediante comunicación escrita y firmada por las partes y el mediador.

Durante los plazos señalados, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador estime necesarias, en las fechas que acuerde con las partes. Podrá citarse a ambas partes por separado.

A las audiencias que se realicen podrán ser citadas otras personas que, sin ser parte, estén involucradas en los asuntos de que se trate, siempre que las partes consientan en ello.

Los terceros que sean convocados a la mediación serán citados mediante carta certificada u otro medio de comunicación que asegure su conocimiento de la citación.

Artículo 74.- Durante la mediación, el mediador deberá velar por la observancia de todas las normas que rijan el sistema nacional de mediación. En especial, deberá velar por que se respeten los principios de igualdad de las partes, voluntariedad de los acuerdos, confidencialidad e imparcialidad.

Artículo 75.- Si la mediación se frustrare porque alguna de las partes decidiera retirarse de ella, o si, transcurrido el plazo o su prórroga, los involucrados no hubieren alcanzado acuerdo respecto de todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, el mediador deberá levantar un acta. Dicha acta será firmada por las partes y en ella se dejará constancia de tal resultado. Copia del acta deberá entregarse a cada una de las partes.

En el caso de los asuntos previstos en el artículo 54, el reclamante quedará desde ese momento habilitado para iniciar la vía judicial.

En los demás casos, el mediador comunicará inmediatamente y por escrito esta circunstancia al juez, absteniéndose de agregar otros antecedentes.

Artículo 76.- En caso de llegarse a acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de avenimiento. Ésta, luego de ser leída por las partes, será firmada por ellas y por el mediador. Si alguna de las partes no supiere leer, el mediador deberá leerla de viva voz.

Se entregará copia del acta de avenimiento a las partes y se dejará en el libro de avenimientos que llevará el mediador. Se remitirá de inmediato copia de dicha acta al tribunal, el que procederá a su aprobación.

El acta de avenimiento, una vez aprobada, se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Artículo 77.- Si las partes sólo llegaren a acuerdo sobre algunos de los puntos sometidos a mediación, la copia del acta de avenimiento que se remita al tribunal consignará claramente las pretensiones subsistentes. Respecto de dichas pretensiones, se dará curso a la demanda o se continuará el juicio, según el caso.

TITULO IV.

DE LAS VIAS DE IMPUGNACION.

Párrafo primero.

Disposiciones generales.

Artículo 78.- Las resoluciones judiciales dictadas en los procedimientos regulados en la presente ley serán impugnables por las partes del proceso en la forma que ella establece.

El tribunal informará a las partes que comparezcan sin abogado de los recursos que podrán hacer valer en contra de las resoluciones que pronuncie y la forma y oportunidad de deducirlos.

Artículo 79.- Las sentencias interlocutorias y la sentencia definitiva podrán ser aclaradas o rectificadas por el juez en lo que dice relación con errores de copia, de cálculos numéricos o de referencia, ya sea de oficio o a petición de parte.

Párrafo segundo.

Del recurso de reposición.

Artículo 80.- De las sentencias interlocutorias, de los autos y de los decretos, podrá pedirse reposición al juez que las dictó.

Artículo 81.- Si la resolución recurrida se dictare durante una audiencia, el recurso deberá ser deducido verbalmente en esta misma instancia. En los demás casos, el recurso de reposición deberá ser deducido dentro de tercero día de notificada la resolución que se impugna y el tribunal lo resolverá en la audiencia siguiente.

Artículo 82.- El recurso de reposición debe ser resuelto de plano, a menos que, por su complejidad, el juez estime necesario oír a las demás partes, lo que hará en la audiencia en que deba emitir la resolución y sin suspender el curso de la causa.

Párrafo tercero.

Del recurso de apelación.

Artículo 83.- Serán apelables la sentencia definitiva, las interlocutorias que pongan término al proceso o hagan imposible su prosecución y las resoluciones que se pronuncien sobre medidas cautelares.

Artículo 84.- El recurso de apelación deberá ser interpuesto por escrito ante el mismo tribunal que dictó la resolución, para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

El escrito contendrá los fundamentos del recurso y las peticiones concretas que se sometan a la consideración del Tribunal de Alzada. El recurrente que actúe sin patrocinio de letrado podrá apelar verbalmente y no necesitará consignar ni los fundamentos ni las peticiones referidas. En este caso, el recurso se protocolizará por un funcionario del tribunal.

Artículo 85.- El recurso de apelación deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la resolución impugnada

Artículo 86.- El tribunal a quo podrá declarar inadmisible el recurso, si se ha deducido fuera de plazo, o en contra de resolución no impugnable por esta vía, o si el escrito en que se deduce no reúne los requisitos exigidos por el artículo 84, cuando corresponda. La resolución que declare la inadmisibilidad será impugnable dentro de tercero día, por reposición deducida ante el mismo tribunal.

Artículo 87.- La interposición del recurso no suspenderá la ejecución de la sentencia recurrida, salvo cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la resolución que se dicte si es acogido.

Sin perjuicio de lo anterior, el recurrente podrá solicitar del Tribunal de Alzada que decrete orden de no innovar mientras se encuentre pendiente el fallo del recurso.

Artículo 88.- El Tribunal de Alzada no podrá modificar la resolución en forma más desfavorable al apelante. Los efectos del fallo aprovecharán no sólo a quienes hubiesen interpuesto el recurso, sino también a quienes, sin haber recurrido, se encuentren en su misma situación y les resulten aplicables los fundamentos invocados por la Corte de Apelaciones para dictar su sentencia.

Artículo 89.- El tribunal recurrido remitirá al de Alzada el expediente original y conservará copias para conocer de la ejecución del fallo apelado.

Artículo 90.- Se podrán impugnar, a través del recurso de hecho, los errores que cometiere el tribunal a quo al pronunciarse sobre la concesión de la apelación. Este recurso se interpondrá directamente ante el tribunal que debe conocer de la apelación, dentro del plazo de cinco días de notificada la resolución del tribunal a quo. El tribunal superior pedirá informe al inferior y resolverá en cuenta. Sin embargo, si estima necesario traer los autos en relación para resolver, dispondrá que éstos le sean remitidos en original.

Artículo 91.- El Tribunal de Alzada conocerá y fallará la apelación sin esperar la comparecencia de las partes.

Para comparecer ante la Corte de Apelaciones, no será necesario el patrocinio de abogado.

Artículo 92.- Efectuada la relación, la Corte podrá interrogar a las partes acerca de los hechos que estime de importancia para la decisión del recurso. Éstas, en todo caso, tendrán derecho a formular personalmente una declaración ante el Tribunal de Alzada, la que no podrá exceder de diez minutos.

Si la Corte estimare necesario interrogar a los testigos que hubieren declarado en la causa o a los peritos que hubieren informado en ella, suspenderá su vista y dispondrá que sean citados para la fecha en que haga continuar la vista, la cual no podrá ser posterior a diez días.

No tendrá derecho a alegar el abogado cuyo representado no comparezca sin causa justificada a la audiencia o que, compareciendo, se niegue a declarar ante la Corte.

En todo caso, los recursos establecidos en este párrafo gozarán de preferencia para su vista y fallo.

Párrafo cuarto.

Del recurso de casación.

Artículo 93.- El recurso de casación se concede para invalidar una sentencia que hubiere infringido una disposición legal o constitucional que influya substancialmente en lo dispositivo del fallo o que se hubiere pronunciado en un procedimiento en el que, con perjuicio del recurrente, se hubieren dejado de observar las garantías que aseguran un debido proceso, siempre que el vicio no se haya convalidado.

Si la infracción que se denuncia dijera relación con las garantías que aseguran un debido proceso, para que el recurso pueda prosperar será necesario que quien lo entable hubiere reclamado del vicio o defecto, ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos establecidos en la ley.

Artículo 94.- El recurso de casación se regirá por las disposiciones establecidas en el Título XIX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, con las excepciones siguientes:

1) El recurso contra sentencias dictadas por Cortes de Apelaciones se interpondrá en el término de diez días;

2) En el escrito respectivo bastará indicar los fundamentos del recurso y las peticiones concretas que se someten a la consideración del tribunal;

3) No será necesario mencionar expresamente quien patrocina el recurso, si el recurrente tiene ya abogado patrocinante en el juicio y éste lo suscribe;

4) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 782, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil, sólo podrá declararse inadmisible el recurso si se ha interpuesto fuera de plazo o si se ha deducido en contra de resoluciones que no son impugnables por esta vía;

5) El recurso se substanciará y fallará sin esperar la comparecencia de las partes, y

6) Los alegatos de los abogados no podrán exceder de treinta minutos.

Artículo 95.- Aun cuando no hubiera mediado preparación, el tribunal que se encontrare conociendo de un asunto por la vía de un recurso de apelación o de casación podrá invalidar de oficio una sentencia si advirtiere la infracción de una norma de procedimiento que hiciere procedente la casación, a condición de que la infracción hubiere ocasionado perjuicio y de que el vicio no hubiese sido convalidado por las partes. En todo caso, el tribunal deberá oír sobre el punto a los abogados que hubiesen concurrido a alegar.

Asimismo, si la Corte Suprema estima que existe una infracción de ley con influencia en lo dispositivo de la sentencia, no obstante ser inadmisible el recurso, podrá invalidarla de oficio. La misma regla anterior se aplicará en los casos en que la Corte Suprema estime procedente la invalidación del fallo por una causal distinta de la invocada por el recurrente.

Artículo 96.- El tribunal ante el cual se interpusiere el recurso sólo podrá declararlo inadmisible si éste se hubiere interpuesto fuera de plazo o se hubiere deducido en contra de resoluciones que no son impugnables por esta vía.

La resolución que declare la inadmisibilidad será apelable para ante el tribunal superior, el cual se pronunciará en cuenta. Si éste estima procedente la revocación de la resolución, mantendrá en secretaría los autos, para proseguir con la tramitación del recurso. La resolución del tribunal a quo que declare admisible la casación no será susceptible de recurso alguno.

El tribunal al cual corresponda conocer del recurso se pronunciará también sobre su admisibilidad y la resolución que lo declare inadmisible será susceptible de reposición dentro de tercero día.

Artículo 97.- Declarado admisible el recurso, el tribunal a quo remitirá al tribunal ad quem las actas en que consten el proceso y el recurso interpuesto.

Artículo 98.- Si las partes hubieren actuado por sí mismas, podrán solicitar del tribunal que se les asigne un abogado, caso en el cual aquél deberá designar al de turno.

Artículo 99.- Si la Corte invalidare una sentencia por defectos de procedimiento que hubieren afectado la garantía del debido proceso, ordenará la renovación del procedimiento por el juez o los jueces no inhabilitados que correspondan.

Si la invalidación se produce por una infracción de ley que influya substancialmente en lo dispositivo del fallo, la Corte Suprema dictará, acto continuo y sin que sea necesaria una nueva vista del recurso, la sentencia que crea conforme a derecho y a los hechos establecidos en ella. Sin embargo, no podrá modificar el fallo de primera instancia en perjuicio del recurrente.

Párrafo quinto.

De la revisión de las sentencias firmes.

Artículo 100.- La revisión de las sentencias firmes se sujetará a las reglas del Título XX del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil.

Párrafo sexto.

De la ejecución de las resoluciones.

Artículo 101.- La ejecución de las resoluciones se sujetará a los trámites establecidos en el Título XIX del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, cualquiera que sea la época en que se pida dicha ejecución.

Sin perjuicio de lo anterior, los jueces de familia estarán autorizados para decretar, de oficio o a petición de parte, las medidas que estimen adecuadas para obtener el cumplimiento de las resoluciones dictadas en los procesos de que conozcan. Estarán especialmente facultados para imponer multas de hasta 10 UTM a favor de la parte beneficiada por la resolución, las que se podrán repetir con la periodicidad que el tribunal determine, en tanto se prolongue el incumplimiento.

TITULO V.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES.

Párrafo primero.

De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad.

Artículo 102.- En los casos en que la ley exige o autoriza la intervención judicial para adoptar las medidas establecidas en la ley, tendientes a la protección de los derechos de los menores de edad, cuando ellos se encuentren amenazados o vulnerados, se aplicará el procedimiento contenido en este párrafo y, en lo no previsto por él, se aplicarán las normas del Título III de esta ley.

La intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la adopción de medidas que importen separar al niño de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado.

Artículo 103.- El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a requerimiento del menor de edad, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios de salud en que se atienda, o de cualquier persona que tenga legítimo interés en ello.

Artículo 104.- En todos los casos en que el menor carezca de representante legal, y en aquellos en que sus intereses sean independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda la representación legal, el juez deberá designar a un curador ad lítem para que represente sus intereses, en la forma que señala el artículo 25.

Artículo 105.- En cualquier estado del juicio y aun antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, el juez podrá adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger los derechos de los menores de edad amenazados o vulnerados o para el desarrollo del procedimiento.

En particular, podrá disponer medidas de apoyo u orientación al menor, a sus padres o a las personas que lo tengan bajo su cuidado, para enfrentar la situación de crisis en que pudieren encontrarse. Podrá también establecer prohibiciones o impartir instrucciones obligatorias a estas mismas personas.

En los casos en que sea indispensable para preservar la vida o la integridad física y psíquica del menor, podrá disponer incluso la colocación de éste en un hogar substituto o en un establecimiento residencial. En la adopción de esta medida, el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado del menor, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquel tenga una relación de confianza. Sólo en defecto de los anteriores, recurrirá a los establecimientos de protección.

Al adoptar la medida cautelar de que trata el inciso precedente, el juez deberá designar, en la misma resolución, al representante de los derechos del menor.

Cuando la adopción de cualquiera medida cautelar tenga lugar antes del inicio del juicio, el juez fijará desde ya la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preliminar o principal, según el caso, para dentro de los diez días siguientes, contados desde la adopción de la medida.

Artículo 106.- El juez deberá velar, durante todo el proceso, por el respeto a la intimidad del menor y de su familia. Para ello, podrá prohibir la difusión de datos o imágenes referidos al proceso o a las partes en los medios de comunicación; o disponer, mediante resolución fundada, que todas o algunas de las actuaciones del procedimiento se realicen en forma reservada.

Asimismo, podrá disponer que el menor o alguno de los miembros de la familia se ausenten de la audiencia mientras se realiza alguna actuación, cuando ello sea necesario en el interés del menor

Artículo 107.- Iniciado el procedimiento, el juez citará a una audiencia preliminar para dentro de los cinco días siguientes a dicho inicio. A esta audiencia se citará a los menores de 14 años, según su madurez; al mayor de dicha edad, y a los padres o personas responsables de ellos. Se citará también a toda otra persona que pueda aportar datos para esclarecer el asunto de que se trata.

En esta audiencia, el juez informará a las partes acerca de sus derechos y de las etapas del proceso, respondiendo toda duda o inquietud que les surja. Los menores de edad serán informados en un lenguaje claro, de acuerdo a su edad y madurez.

El juez indagará sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso, la forma en que afecta al menor, y sobre las personas que se encuentren involucradas en ella, escuchando a las partes presentes, en especial al o a los menores involucrados.

Oídas las partes, el juez dictará una resolución en la que señalará la materia del juicio, la forma en que ésta afecta los derechos del menor de edad, e individualizará a las partes involucradas, dejándolas citadas a una audiencia complementaria que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes a la fecha de la dictación de la referida resolución. En la misma resolución, indicará las pruebas que deberán rendirse, ofrecidas por las partes o que él disponga practicar.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez podrá derivar a las partes a algún programa de apoyo u orientación familiar determinado. Cuando así lo haga, se deberá notificar por carta certificada al responsable de dicho programa, individualizando a las partes, describiendo someramente el asunto de que se trata e indicándole su deber de informar al tribunal acerca de la asistencia de las partes a dicho programa. En este caso, la audiencia complementaria podrá suspenderse hasta por treinta días.

Artículo 108.- A la audiencia complementaria se citará al menor cuando procediere en conformidad con el artículo 107, al representante de los intereses de éste y a sus padres o personas que lo tuvieren bajo su cuidado, los que podrán concurrir con sus abogados, si los tuvieren. Se citará también al responsable del menor, si éste se encontrare en un hogar substituto o en un establecimiento de protección.

En esta audiencia, el juez oirá a las partes presentes, en especial al menor, e indagará acerca de la evolución de la situación que motivó el inicio del proceso. Recibirá también las pruebas que se hubiere dispuesto rendir e interrogará a los testigos y peritos.

En caso de ser necesaria la adopción de una medida de protección, solicitará a quien haya efectuado el diagnóstico que recomiende fundadamente la más indicada para salvaguardar los derechos del menor de edad.

Artículo 109.- Sólo cuando ello sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos del menor y siempre que no exista otra medida más adecuada, se podrá adoptar una que implique separarlo de uno o de ambos padres o de las personas que lo tengan bajo su cuidado. En este caso, el juez preferirá a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza y, sólo en defecto de los anteriores, lo confiará a un establecimiento de protección.

Artículo 110.- Tanto los padres como las personas que tengan al menor bajo su cuidado y el representante de los derechos de éste podrán objetar los informes y diagnósticos producidos, aportar nueva prueba o solicitar que ésta sea producida. Los mayores de 14 años, además, podrán ejercer por sí mismos este derecho.

Si el juez lo estima necesario, podrá suspender esta audiencia y decretar nueva prueba, disponiendo su continuación en cuanto ésta haya sido producida o, a más tardar, dentro de los diez días siguientes a la suspensión.

Artículo 111.- Antes de pronunciar sentencia, el juez procurará que las partes acuerden la forma más conducente a la resolución de la situación que afecta al menor. Si ello no fuere posible, en la sentencia fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicará los objetivos que se pretenden cumplir con ella y determinará el tiempo de su duración.

La sentencia será pronunciada una vez terminada la audiencia complementaria o en una nueva audiencia que tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes. El juez deberá explicar claramente a las partes la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración.

Artículo 112.- En los casos en que, en virtud de una medida cautelar, el menor haya sido separado de uno o ambos padres o de las personas que lo tuvieren bajo su cuidado, el proceso no podrá durar más de noventa días, contados desde que se hubiere decretado esta medida.

Artículo 113.- El director del establecimiento o el responsable del programa en que se cumpla la medida adoptada tendrán la obligación de informar mensualmente al juez acerca del desarrollo de la misma, de la situación en que se encuentra el menor y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos conforme al artículo 111.

Artículo 114.- El juez que ordenó la medida deberá visitar los establecimientos y sedes de los programas en que se cumplan medidas de protección existentes en su territorio jurisdiccional, a lo menos, cada seis meses. El director del establecimiento o responsable del programa respectivo deberá facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada menor atendido en él. Asimismo, deberá facilitar las condiciones para que el juez se entreviste privadamente con los menores.

El juez podrá delegar esta tarea en los profesionales que componen el consejo técnico del tribunal, los que deberán elevarle un informe detallado de sus visitas.

Artículo 115.- Los menores respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial tendrán derecho a que el juez los reciba personalmente, cuando lo soliciten por sí mismos o a través de las personas señaladas en el artículo siguiente.

Artículo 116.- En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez podrá suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, a solicitud del menor, de uno o de ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida.

Párrafo segundo.

Del procedimiento de violencia intrafamiliar.

Artículo 117.- Corresponderá el conocimiento de los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar regulados en la ley Nº 19.325 al tribunal de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado.

Las primeras diligencias practicadas por el juez incompetente serán válidas.

En estas materias, se aplicará el procedimiento contenido en este párrafo y, en lo no previsto por él, las normas del Título III de esta ley.

Artículo 118.- El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar podrá iniciarse por demanda o por denuncia.

La demanda podrá ser deducida por el afectado, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que lo tengan a su cuidado.

La denuncia podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motivan y se formulará en el tribunal, ante Carabineros o la Policía de Investigaciones, los cuales estarán obligados a recibirla sin necesidad de exigir certificado médico a la víctima y ponerla de inmediato en conocimiento del juez competente, siéndoles aplicable lo establecido en los artículos 83 y 86 del Código de Procedimiento Penal.

En caso de maltrato flagrante, requerirán del juez competente, por el medio más idóneo y expedito, la correspondiente orden de allanamiento para entrar en el lugar en que estén ocurriendo los hechos, arrestar al agresor y prestar ayuda a la víctima.

La denuncia formulada ante Carabineros o ante la Policía de Investigaciones no requerirá de la ratificación ante el tribunal.

Artículo 119.- La demanda o denuncia deberá contener una narración circunstanciada de los hechos en que se funda, la individualización del o de los presuntos autores de tales hechos y, en lo posible, la indicación de las personas que componen el núcleo familiar afectado.

Si en la denuncia no se determinare la identidad de el o los presuntos ofensores, el servicio que la haya recibido deberá practicar de oficio las diligencias necesarias para su individualización, la que deberá señalarse en el mismo “parte” que se envíe al tribunal al transcribir la denuncia respectiva.

Tratándose de denuncias formuladas directamente ante el tribunal, éste dispondrá de inmediato las medidas conducentes a dicha individualización.

Artículo 120.- Los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes médicos conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima de violencia intrafamiliar, debiendo conservar las pruebas correspondientes.

Se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hubieren practicado. Una copia se entregará a la víctima o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se mantendrán en custodia y bajo estricta reserva en la dirección del hospital, clínica o establecimiento de salud, por un periodo no inferior a un año, para ser remitidos al tribunal correspondiente, cuando éste los solicite.

Las copias del acta a que se refiere el inciso precedente tendrán el mérito probatorio señalado en los artículos 472 y 473 del Código de Procedimiento Penal, según corresponda.

Artículo 121.- El juez requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que éste tuviere en el registro especial que establece el artículo 8º de la ley Nº 19.325, requerimiento que deberá cumplirse dentro del plazo de cinco días hábiles.

Artículo 122.- En caso de que el hecho en que se fundamenta la denuncia o la demanda sea constitutivo de delito, el tribunal de familia deberá enviar de inmediato el proceso a la fiscalía competente.

El tribunal de garantías correspondiente, reuniéndose los elementos constitutivos de delito en un acto de violencia intrafamiliar, gozará de la potestad cautelar que establece esta ley.

Artículo 123.- En este procedimiento, el llamado a conciliación de que trata el artículo 45, N° 6, no será obligatorio.

Para decretar dicho llamado, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose de que las partes estén dispuestas a participar en un proceso de conciliación y de que exista algún grado de reconocimiento de la situación por parte del ofensor. Además, deberá tener en cuenta la capacidad de las partes en conflicto para negociar libremente y en un plano de igualdad, como, asimismo, el peligro potencial de violencia futura.

Lo mismo ocurrirá tratándose de la mediación.

Artículo 124.- Nunca procederá la conciliación ni la mediación cuando se establezca fehacientemente que el demandado o denunciado ha cometido antes actos de violencia intrafamiliar.

Artículo 125.- Cuando proceda, la conciliación o la mediación, según el caso, se iniciará siempre por una o más audiencias privadas con cada una de las partes, a fin de darles a éstas mayor oportunidad de expresarse libremente.

Artículo 126.- El juez o el mediador, en su caso, deberán asegurarse siempre de que la víctima de violencia intrafamiliar cuente con asesoría letrada, tanto en las audiencias como fuera de ellas.

Artículo 127.- En los casos en que el procedimiento se inicie por denuncia, el juez deberá ponerla en conocimiento de la víctima o su representante por el medio más idóneo y seguro para ella, con el objeto de tomar las medidas necesarias para su protección y de que concurra a la audiencia. Si lo estima necesario, tomará también las medidas de protección y resguardo para el denunciante.

Ocurrido lo anterior, el juez citará al denunciado a una audiencia de contestación y prueba, la que deberá celebrarse en la fecha que la resolución señale, no pudiendo ser posterior a quince días

El juez, si lo estima pertinente, citará también a la audiencia al denunciante para que comparezca en calidad de testigo.

Artículo 128.- En los juicios a que se refiere este párrafo, el juez podrá, mediante resolución fundada, decretar cualquier medida precautoria destinada a garantizar la seguridad física o psíquica del afectado y la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. Al efecto, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, podrá prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común; ordenar el reintegro al hogar de quien injustificadamente haya sido obligado a abandonarlo; autorizar al afectado para hacer abandono del hogar común y disponer la entrega inmediata de sus efectos personales, y prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio o de trabajo del ofendido, a menos que trabajen en un mismo establecimiento; decretar el retiro temporal de las armas que se encuentren en poder del ofensor; prohibir al ofensor toda forma de hostigamiento, incluso telefónico, a la víctima; disponer la factura de un inventario de bienes; entregar el cuidado de la víctima menor, incapaz o anciano desvalido a quien considere idóneo para su seguridad psicofísica y mientras se efectúa un diagnóstico de la situación; decretar, en casos calificados, el arresto del ofensor hasta por treinta y seis horas, y ordenar protección policial especial para la víctima cuando el maltrato revista gravedad y se tema su repetición.

Cuando el maltrato sea la causa de la acción de divorcio, el juez podrá decretar las medidas precautorias establecidas en este artículo.

Tan pronto sea decretada una medida, el juez deberá entregar copia de la resolución respectiva a la víctima o a su representante y remitirla a Carabineros o a la Policía de Investigaciones cuando, para ser cumplida, se requiera la participación de esas instituciones.

Para el cumplimiento de estas medidas, el juez tendrá las facultades establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, incluyendo la de decretar el auxilio de la fuerza pública, con las facultades de allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario.

Estas medidas podrán ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento anterior a la audiencia preliminar, en el transcurso de ésta o en la audiencia complementaria.

En los casos del artículo 123, el juez deberá resolver la dictación de medidas cautelares antes de la conciliación o mediación.

Artículo 129.- El incumplimiento de las medidas precautorias decretadas por el tribunal será sancionado en la forma establecida en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Además, mientras se sustancia el respectivo proceso, el juez de familia podrá aplicar apremios de arresto hasta por quince días.

Artículo 130.- Si el juez lo estima conveniente, podrá citar a las audiencias, además del demandante y el demandado, a otros miembros del grupo familiar y no familiares con quienes viva el afectado.

Artículo 131.- No regirán en estos juicios las inhabilidades de testigos contempladas en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 132.- La sentencia deberá pronunciarse especialmente sobre la ocurrencia del hecho constitutivo de violencia intrafamiliar, si afecta o no a la salud física o psíquica del ofendido, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción que se le aplica.

Existiendo medidas precautorias vigentes, la sentencia deberá, además, pronunciarse sobre ellas, pudiendo mantenerlas, ampliarlas, limitarlas, modificarlas o sustituirlas por un plazo no superior a sesenta días, o dejarlas sin efecto.

Artículo 133.- El juez deberá, por el tiempo que estime prudente, controlar el cumplimiento y resultado de las medidas precautorias decretadas y, en su caso, de la asistencia del ofensor a programas terapéuticos o de orientación familiar, pudiendo delegar estas funciones en instituciones idóneas para ello, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, los Centros de Diagnóstico del Ministerio de Salud o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, lo que determinará en la sentencia.

Los organismos referidos deberán, con la periodicidad que el tribunal señale, evacuar los informes respectivos.

Párrafo tercero.

De los actos judiciales no contenciosos.

Artículo 134.- Los asuntos no contenciosos cuyo conocimiento y fallo corresponda a los tribunales de familia se sujetarán al procedimiento establecido en este párrafo.

En todo lo no regulado por este párrafo, se aplicarán las reglas contenidas en el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles.

Artículo 135.- La solicitud que para su resolución se presente al tribunal expresará claramente el asunto de que se trata. A ella se acompañarán los documentos en que se funde y se individualizará a las personas que tengan interés en el asunto, si fueren conocidas.

Artículo 136.- Si no hubiere personas con derecho a oponerse por tener interés en el asunto, el juez revisará los antecedentes presentados y, de ser necesario, mandará que se acompañen los que falten y resolverá sin más trámite.

Si dichos antecedentes no se acompañan oportunamente o el juez los estima insuficientes para resolver, mandará citar a todas las personas indicadas en la solicitud y a cualquier otra que, en su concepto, pueda tener interés en el asunto, a una audiencia que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes.

Esta citación se practicará en la forma que establece el artículo 689 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 137.- La audiencia se realizará aunque sólo concurra el solicitante. El juez escuchará a éste y a los demás interesados que se presenten, apreciará los antecedentes y resolverá el asunto.

Si durante la audiencia surgiere oposición de persona interesada, el juez preguntará a las partes si desean desde ya continuar su tramitación en la forma ordinaria establecida para los asuntos contenciosos, caso en el cual la solicitud será tomada como demanda y la oposición del interesado como contestación, debiendo quedar claramente establecidas en el acta las pretensiones de las partes. En lo demás, se estará a lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes, entendiéndose que aquélla en que se formuló la oposición tendrá el carácter de audiencia preliminar.

Si alguna de las partes no consintiere en continuar desde ya la tramitación del asunto en la forma ordinaria establecida para los asuntos contenciosos, o si, en concepto del tribunal, no estuvieren reunidos los elementos para la realización inmediata de la audiencia preliminar, las partes se entenderán autorizadas para presentar su demanda en la forma ordinaria.

TITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 138.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:

1) Sustitúyense, en su artículo 5º, inciso tercero, las palabras "Juzgados de Letras de Menores" por "tribunales de familia" y la expresión "ley Nº 16.618" por "ley que crea los tribunales de familia".

2) Sustitúyese en el artículo 45, número 2º, la letra h) por la siguiente:

"h) De las causas del trabajo y de familia cuyo conocimiento no corresponda a los juzgados de letras del trabajo y de familia, respectivamente."

3) Agréganse, en el artículo 63, número 1º, una coma (,) a continuación del término "criminales" y, entre ésta y las palabras "y del trabajo", los vocablos "de familia".

4) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 69 por el siguiente:

"En las tablas deberá designarse un día de la semana para conocer las causas criminales y otro día distinto para conocer las causas de familia, sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal les acuerden.".

5) Sustitúyese la primera parte del artículo 97, hasta el punto seguido (.), por la siguiente:

"Las sentencias que dicte la Corte Suprema al fallar recursos de casación, de queja, de protección, de amparo y de revisión no son susceptibles de recurso alguno, salvo el de aclaración, rectificación o enmienda que establece el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil."

6) Sustitúyese el artículo 98, número 1º, por el siguiente:

"1º De los recursos de casación en materia de familia, y de los recursos de casación en el fondo en las demás materias."

7) Reemplázase, en el artículo 99, la palabra "menores" por "familia".

8) Sustitúyese el artículo 195, número 5º, por el siguiente:

"5º Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador."

9) En el artículo 265, inciso segundo, agrégase, a continuación de los dos puntos (:), la expresión "los administradores de los tribunales de familia". En el mismo inciso, agrégase, a continuación del término "sociales", la expresión ", miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia".

10) En el artículo 269, inciso primero, agrégase, a continuación de los dos puntos (:) que siguen a la expresión "Quinta serie", la frase "Administradores de tribunales de familia, psicólogos, orientadores familiares,".

11) Agrégase en el inciso cuarto del artículo 273, la siguiente letra f):

"Los jueces letrados de los tribunales de familia calificarán a los miembros de su consejo técnico y a sus empleados. Para estos efectos, los jueces de cada tribunal se constituirán en comisión calificadora y actuará como secretario de ésta su administrador.

El administrador del tribunal será calificado por el juez presidente y, para estos efectos, actuará como secretario uno de los jueces que componen el tribunal."

12) Agrégase, en el artículo 277, inciso primero, la expresión "o el administrador", a continuación de la expresión "Secretario".

13) Agrégase, en el artículo 279, inciso segundo, la expresión "o el administrador", a continuación de la expresión "secretario", las tres veces que aparece en el inciso.

14) Introdúcese el siguiente artículo 289 bis a):

"Para proveer el cargo de administrador, el tribunal respectivo llamará a concurso público de oposición y antecedentes, por medio de aviso que se publicará en un periódico de circulación nacional con treinta días de anticipación, a lo menos. El concurso será resuelto por un jurado integrado por un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y un representante del Ministerio de Justicia."

15) Agrégase, en el artículo 290, el siguiente inciso segundo:

"Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable cuando se trate de proveer el cargo de administrador."

16) Agrégase un nuevo párrafo 4 bis, en el Título XI, denominado "De los administradores de tribunales".

"Artículo 389 bis.- Los administradores de tribunales son funcionarios auxiliares de la administración de justicia, cuya función consiste en desempeñar las tareas administrativas necesarias para permitir a los jueces desarrollar sus funciones jurisdiccionales en forma cabal, oportuna y expedita. El administrador estará especialmente encargado de la gestión administrativa y financiera del juzgado y será el superior jerárquico de los demás funcionarios auxiliares del tribunal.

Artículo 389 bis A.- Corresponde a los administradores:

a.- Administrar los recursos humanos del juzgado, correspondiéndoles la dirección de los empleados y la determinación de sus funciones, contando además con las facultades para velar por el buen desempeño del personal;

b.- Administrar los recursos materiales y financieros del juzgado, llevar la contabilidad y administrar la cuenta corriente del juzgado;

c.- Proponer al juez presidente sistemas equitativos de distribución de las causas y repartición de la carga de trabajo del juzgado;

d.- Planificar y coordinar el desarrollo de las actuaciones del juzgado y preparar la realización de las audiencias, tomando todas las medidas administrativas necesarias para que éstas se lleven a cabo en la fecha para que han sido fijadas;

e.- Dar cuenta mensualmente al juez presidente, en la forma que se determine, acerca de la gestión administrativa y financiera del tribunal y formular las proposiciones que estimen pertinentes;

f.- Custodiar, con el conveniente arreglo, las actas, documentos y demás antecedentes que los litigantes o terceros hayan acompañado o los jueces hayan dispuesto adjuntar;

g.- Ejercer las demás funciones que determinen las leyes.

Artículo 389 bis B.- Para ser administrador de un juzgado de familia se requiere poseer un título profesional del área de administración o finanzas otorgado por una universidad o instituto profesional reconocido por el Estado, y haber aprobado un curso especial para administradores que al efecto dictará la Academia Judicial.

17) Sustitúyese el párrafo 10, del Título XI, por el siguiente:

"10. Del consejo técnico de los tribunales de familia y de los asistentes sociales judiciales.

Artículo 457.- Los consejos técnicos de los tribunales de familia son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por asistentes sociales, psicólogos y/u orientadores familiares en el número que fije la ley, cuya función es asesorar a los jueces de familia en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos de que conocen estos tribunales y en la adopción de las resoluciones que mejor convengan a los intereses permanentes del grupo familiar.

Artículo 457 bis.- Los asistentes sociales judiciales son auxiliares de la administración de justicia que se desempeñan en los juzgados de letras que conocen materias de familia, cuya función es la de informar al tribunal acerca de los aspectos sociales, económicos, ambientales, educacionales y demás que se les requiera, con respecto a las partes o a los hechos y situaciones que han provocado el conflicto o la conducta irregular del individuo.

Artículo 457 bis A.- Cuando, por implicancia o recusación, un miembro del consejo técnico no pudiere intervenir en una determinada causa, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del consejo técnico del tribunal a que perteneciere, según el orden de sus nombramientos y la especialidad requerida.

Si todos los miembros del consejo técnico de un tribunal estuvieren afectados por una implicancia o recusación, el juez designará un asistente social, psicólogo u orientador familiar de cualquier servicio público, el que estará obligado a desempeñar el cargo.

El mismo mecanismo de sustitución procederá en el caso en que la implicancia o recusación, así como la imposibilidad para el desempeño del cargo, afecte a los asistentes sociales judiciales."

18) Agrégase, en el artículo 469, inciso segundo, a continuación de la expresión "ministerio público" la expresión ", administrador". En el mismo inciso segundo, sustitúyese la conjunción disyuntiva "o", que antecede a la expresión "asistentes sociales", por una coma (,) y agrégase, a continuación del término "judiciales", la expresión "o miembros del consejo técnico".

19) Agrégase, en el artículo 471, inciso cuarto, a continuación de la expresión "respectivo" y antes del punto aparte (.), la frase "o ante el juez presidente si el tribunal estuviere compuesto por más de un juez."

20) Agrégase, en el artículo 473, inciso primero, a continuación de la expresión "secretarios", la expresión ", administradores". Agrégase, además, en su inciso segundo, a continuación de la expresión "secretarios", la expresión "y administradores".

21) Agrégase, en el inciso primero del artículo 478, a continuación de la expresión "secretario," la expresión "administrador, asistente social o miembro de los consejos técnicos de los tribunales de familia".

Sustitúyese, en el mismo inciso primero, la frase "o del juez de letras respectivo o de turno, en los demás casos" por la frase "o del juez de letras, del juez presidente o del de turno, según los casos".

Agrégase, en su inciso segundo, a continuación de la expresión "secretarios", la expresión "o administradores, asistentes sociales y miembros de los consejos técnicos".

22) En el inciso primero del artículo 481, sustitúyese por una coma (,) la conjunción copulativa "y", que antecede a la expresión "asistentes sociales", y a continuación de dicha expresión agrégase la frase "miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia y administradores", precedida de una coma(,).

23) Introdúcese el siguiente artículo 481 bis, nuevo:

"481 bis.- Los administradores no podrán contratar ni celebrar negocios, para el tribunal y en su calidad de administradores, con su cónyuge, ascendientes, descendientes ni colaterales hasta el cuarto grado inclusive, por consanguinidad o afinidad. Tampoco podrán contratar ni celebrar negocios con personas jurídicas o sociedades en que tengan interés ellos o esos mismos parientes."

24) Agrégase, en los incisos primero y segundo del artículo 488, a continuación de la palabra "secretarios", la expresión "miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia, administradores", precedida de una coma(,).

25) Agrégase, en el artículo 494, inciso cuarto, a continuación de la expresión "secretarios", la expresión "administradores, asistentes sociales y miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia".

26) Agrégase, en el artículo 496, inciso segundo, a continuación de la expresión "secretarios,", la expresión "administradores, asistentes sociales y miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia,".

27) Sustitúyese, en el artículo 506, inciso primero, la expresión "de Menores" por "de familia".

28) Agrégase, en el artículo 516, inciso segundo, a continuación de la expresión "secretario", la expresión "o del administrador".

29) Agrégase, en el artículo 517, inciso cuarto, a continuación de la expresión "Cortes y", la expresión "los secretarios o administradores".

30) Sustitúyese, en el artículo 535, inciso segundo, la expresión "especiales de menores" por "de familia".

31) Agrégase, en el inciso segundo del artículo 539, a continuación de la expresión "secretarios,", la expresión "administradores, asistentes sociales y miembros de los consejos técnicos de los tribunales de familia,".

32) Agrégase, en el artículo 540, inciso final, a continuación de la expresión "del trabajo" y antes del punto final (.), la expresión "y de familia".

Artículo 139.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.618:

1) Deróganse los artículos 18 a 26, ambos inclusive.

2) Derógase el artículo 31.

3) Deróganse los artículos 34 a 37, ambos inclusive.

4) Derógase el artículo 40.

Artículo 140.- Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero en el artículo 18 de la ley 19.346:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, la Academia Judicial deberá impartir, directa y periódicamente, un curso de perfeccionamiento especial para administradores de tribunales, cuyo objetivo será capacitar a dichos funcionarios en los conocimientos y destrezas habilitantes para el cumplimiento de sus funciones.

Se aplicará a este curso lo previsto en el artículo 13 de esta ley."

Artículo 141.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley de Matrimonio Civil:

1) Introdúcese el siguiente artículo 26 bis, nuevo:

"Artículo 26 bis.- No podrá decretarse el divorcio mientras no se encuentren resueltos todos los asuntos relativos a la tuición, al derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal, al régimen patrimonial del matrimonio, a los bienes familiares y a la situación alimentaria de los miembros de la familia que tuvieren derecho a alimentos.

Si los cónyuges no hubieren convenido previamente sobre estos asuntos o si el convenio que hubieren celebrado fuere incompleto, el juez podrá llamar a las partes a conciliación o derivarlas a mediación. Cuando llame a conciliación, el juez podrá solicitar a cada una de las partes que presente un proyecto de acuerdo que exprese sus posiciones y expectativas respecto de cada uno de los puntos por resolver.

En rebeldía de una de las partes, el juez decidirá sobre estos asuntos en base a los antecedentes existentes en el proceso al dictar la sentencia definitiva."

2) Introdúcese el siguiente artículo 35 bis, nuevo:

"Será aplicable a los juicios sobre nulidad del matrimonio lo dispuesto por el artículo 26 bis para los juicios de divorcio."

Artículo 142.- Deróganse los artículos 2º y 3º de la ley Nº 19.325.

Artículo 143.- Agrégase, en el inciso segundo del artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, después del punto aparte (.), que pasa a ser seguido (.), lo siguiente: "En los tribunales de familia corresponderá prestar dicha autorización al funcionario que en esos tribunales tenga el carácter de ministro de fe de acuerdo con la ley.".

Artículo 144.- La presente ley y sus leyes complementarias, la que crea el sistema nacional de mediación y la que fija la planta de los tribunales de familia, empezarán a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 145.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos que se consignen en la partida presupuestaria Tesoro Público del año correspondiente.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.- Durante el período de la instalación de los tribunales de familia, los tribunales de menores subsistentes seguirán conociendo de las materias que les encomienda la ley 16.618, con los procedimientos en ella establecidos.

Las causas que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estuvieren sometidas al conocimiento de los jueces de los juzgados de letras de menores, continuarán substanciándose por las disposiciones de la ley Nº 16.618 hasta su sentencia de término.

Para los efectos de los incisos anteriores, las disposiciones de la ley Nº 16.618, que se derogan, mantendrán su vigencia por el tiempo que fuere necesario.

Artículo segundo transitorio.- Las causas de competencia de los tribunales de familia y que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encontraren radicadas en juzgados civiles o de letras con competencia en lo civil, continuarán radicadas en éstos hasta la sentencia de término."

SALA DE LA COMISION, a 20 de julio de 1999.

Acordado en sesiones de fechas 25 de noviembre y 17 de diciembre de 1997; 15 y 22 de abril, 13 y 20 de mayo, 3 y 10 de junio; 1, 8, 15 y 22 de julio, 19 de agosto; 2, 9 y 16 de septiembre; 7 y 14 de octubre, 4 y 11 de noviembre, 2 y 16 de diciembre, de 1998; 6, 13 y 20 de enero; 3, 10, 17 y 31 de marzo; 7 y 21 de abril, 12 de mayo; 2, 10, 16 y 23 de junio; 7 y 14 de julio de 1999, con asistencia de las Diputadas señoras Adriana Muñoz D'Albora (Presidenta), Isabel Allende Bussi (Presidenta), Fanny Pollarolo Villa (Presidenta), Mariana Aylwin Oyarzún, María Angélica Cristi Marfil, Pía Guzmán Mena, Lily Pérez San Martín, Marina Prochelle Aguilar, María Antonieta Saa Díaz y Antonella Sciaraffia Estrada; y de los Diputados señores Rodrigo Alvarez Zenteno, Sergio Elgueta Barrientos, Haroldo Fossa Rojas, Carlos Ignacio Kuschel Silva, Luis Monge Sánchez, Pedro Muñoz Aburto y Alejandro Navarro Brain (en reemplazo de la señora Pollarolo) y Exequiel Silva Ortiz.

Se designó Diputada Informante a la señora Muñoz, doña Adriana.

ANDRES LASO CRICHTON

Secretario de la Comisión

INDICE

Opinión de la Excma. Corte Suprema… 1

Personas escuchadas por la Comisión… 2

I. ANTECEDENTES GENERALES

Constitución Política… 2

Código Orgánico de Tribunales… 3

Ley N° 16.618, sobre Menores… 3

Ley N° 19.346, que crea la Academia Judicial… 4

Ley de Matrimonio Civil.… 4

Ley N° 19.325, sobre Violencia Intrafamiliar… 4

II. FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA… 4

III. IDEAS MATRICES DEL PROYECTO… 5

Contenido del proyecto… 6

IV. SINTESIS DE LAS EXPOSICIONES FORMULADAS EN LA COMISION

Ministra de Justicia… 7

Corporación de Asistencia Judicial de la V Región… 12

Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana… 13

Programa Piloto de Mediación anexo a Tribunales, Min. de Justicia… 31

Ricardo del Canto, asesor financiero del Ministerio de Justicia… 40

Jueces

Asociación Nacional de Jueces de Menores… 10

Dolly Schmied, 2° juzgado de menores de Antofagasta… 17

Fiscal de la Corte de Apelaciones de Concepción… 29

Diego Téllez, 2° juzgado de menores de Valparaíso… 36

Terapeutas familiares

Dr. Andrés Donoso, psicólogo… 15

Dra. Ingeburg Fürmann, psicóloga… 16

Instituto Profesional Monseñor Carlos Casanueva… 27

Colegio de Orientadores en Relaciones Humanas y Familia… 41

Otros

Nancy de la Fuente, ex jueza de menores… 19

Miguel Cillero, asesor UNICEF… 22

Asociación Nacional de Asistentes Sociales Judiciales… 25

Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial… 38

V. DISCUSION Y VOTACION EN GENERAL DEL PROYECTO… 43

VI. DISCUSION Y VOTACION EN PARTICULAR DEL PROYECTO

Título I. De la organización de los tribunales de familia… 43

1. De los jueces de familia… 43

2. Del consejo técnico… 46

3. Del administrador… 47

4. De los oficiales de secretaría… 48

Título II. De la competencia de los tribunales de familia… 48

Título III. Del procedimiento… 50

1. De los principios formativos del procedimiento… 50

2. De las reglas generales… 53

3. De las medidas cautelares… 57

4. Del procedimiento ordinario en los tribunales de familia… 59

5. De la mediación… 66

Título IV. De las vías de impugnación… 72

1. Disposiciones generales… 72

2. Del recurso de reposición… 73

3. Del recurso de apelación… 73

4. Del recurso de casación… 75

5. De la revisión de las sentencias firmes… 78

6. De la ejecución de las resoluciones… 78

Título V. Procedimientos especiales… 78

1. De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad… 78

2. Del procedimiento de violencia intrafamiliar… 83

3. De los actos judiciales no contenciosos… 92

Título VI. Disposiciones varias… 93

Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales… 93

Modificaciones a la Ley de Menores… 103

Modificaciones a la ley que crea la Academia Judicial… 103

Modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil… 104

Modificación al Código de Procedimiento Civil… 105

Artículos transitorios… 106

VII. CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS… 107

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION

Título I. De la organización de los tribunales de familia… 108

1. De los jueces de familia… 108

2. Del consejo técnico… 109

3. Del administrador… 110

4. De los oficiales de secretaría… 111

Título II. De la competencia de los tribunales de familia… 111

Título III. Del procedimiento… 112

1. De los principios formativos del procedimiento… 112

2. De las reglas generales… 113

3. De las medidas cautelares… 115

4. Del procedimiento ordinario en los tribunales de familia… 116

5. De la mediación… 119

Título IV. De las vías de impugnación… 122

1. Disposiciones generales… 122

2. Del recurso de reposición… 123

3. Del recurso de apelación… 123

4. Del recurso de casación… 124

5. De la revisión de las sentencias firmes… 126

6. De la ejecución de las resoluciones… 126

Título V. Procedimientos especiales… 126

1. De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad… 126

2. Del procedimiento de violencia intrafamiliar… 130

3. De los actos judiciales no contenciosos… 133

Título VI. Disposiciones varias… 134

Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales… 134

Modificaciones a la Ley de Menores… 139

Modificaciones a la ley que crea la Academia Judicial… 139

Modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil… 139

Modificación al Código de Procedimiento Civil… 140

Artículos transitorios… 140

* * * * *

ANEXO AL PRIMER INFORME DE LA COMISION DE FAMILIA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA.

BOLETIN N° 2118-18.

A continuación, se incluye una síntesis de las siguientes exposiciones formuladas ante la Comisión, relativas a la aplicación del mecanismo de la mediación a los casos de violencia intrafamiliar.

_____________________________________________________________

La señora Luz Rioseco (de la Universidad Diego Portales) expresó su oposición a la aplicación de la mediación en los casos de violencia intrafamiliar. Fundamentó su rechazo en la imposibilidad -a su juicio- de que se cumplan todos los elementos esenciales de la mediación, esto es, la participación voluntaria de las partes, la igualdad o paridad de poderes entre ellas, la neutralidad del mediador y la confidencialidad del procedimiento, como consecuencia de las características y efectos de la violencia doméstica.

En cuanto a la igualdad de poderes entre las partes, sostuvo que tal paridad no existe en situaciones de violencia intrafamiliar, puesto que en estos casos, por las especiales características y efectos de dicha violencia, el agresor se encontraría siempre en una posición de superioridad respecto de la víctima. En relación a ello, afirmó que en toda relación de pareja en la que existe violencia se produce, en mayor o menor medida, el síndrome de la mujer maltratada (caracterizado por trastornos emocionales, psicosomáticos y déficit en las relaciones interpersonales), el cual hace que la persona sufra angustias, miedos, apatía, depresión, deterioro de la personalidad y, en general, minusvaloración, todo lo cual la pone en absoluta desigualdad de condiciones para negociar con el agresor, quien, si bien puede no poseer una gran autoestima, normalmente no tendrá el deterioro psicológico que presenta la víctima.

Agregó que una segunda característica o efecto que se produce en este tipo de víctimas es el desamparo o indefensión aprehendidos, que es una especie de parálisis psicológica que les impide frenar la agresión, porque ya han fracasado en su intento por detenerla.

Otra característica de la violencia doméstica es su carácter cíclico, pues se reconocen en ella las siguientes tres fases: la acumulación de tensión; el episodio de violencia en sí, y el arrepentimiento. Al respecto, afirmó que en la primera fase la mujer está en peligro constante de ser agredida y, en tal condición, difícilmente podrá negociar con quien la está amenazando. En la tercera fase, ambas partes están "engañadas" en la creencia de que el episodio de violencia no se repetirá, y tampoco podrían negociar en forma realista para un futuro próximo o lejano.

Otro efecto que caracteriza a la violencia doméstica es la dependencia tanto emocional como económica de la víctima respecto de su agresor. Tal dependencia, que se genera entre mujeres y hombres en general, se agudiza especialmente en las parejas en las que existe violencia, lo cual impide a la mujer escapar de la situación en que se encuentra para vislumbrar algún acuerdo con su agresor, quien es el que comúnmente la mantiene.

Por último, otra característica (que involucra a todas las anteriores) es la cultura del maltrato que se genera en toda pareja que vive una relación de violencia. Hizo presente que en ésta se distinguen tres componentes: el abuso en sí, ya sea físico, psicológico, sexual, económico u otro; el patrón de control y dominación del agresor hacia la víctima, y la tendencia a negar o minimizar el abuso por parte de ambos. Especial importancia asignó al patrón de control y dominación, expresado a través de ciertos códigos de comunicación establecidos por la pareja (ej., el movimiento de un dedo o el guiño de un ojo pueden significar una grave amenaza de violencia para la mujer, pero no para los espectadores externos), que hacen imposible detectar el peligro en que puede encontrarse la víctima.

Por otra parte, manifestó que la ausencia o falta de paridad de poder entre las partes en una relación de violencia está dada no sólo por las características de la violencia misma, sino también por la estructura de las relaciones familiares y sociales. Así, si esa estructura es de carácter patriarcal, en la gran mayoría de los casos la mujer estará en desigualdad de condiciones con respecto al hombre.

En lo relativo a la participación voluntaria de las partes -como elemento esencial de la mediación-, negó la presencia de tal voluntad si la ley es la que ordena que una determinada materia deba ser sometida a mediación. Asimismo, expresó que tampoco está dado este requisito si el juez tiene la facultad de decidir cuándo deben las partes someterse a mediación. A este respecto, añadió que hay jueces sin sensibilidad y faltos de una comprensión adecuada del problema de la violencia y sus efectos, quienes probablemente derivarán a mediación la gran mayoría de los casos, sin ponderar los riesgos que están corriendo las personas.

Sostuvo, además, que para que la voluntad de las partes se exprese libremente es muy importante, también, que ellas estén informadas sobre qué es realmente la mediación, porque si no saben cuáles son sus consecuencias, o que deberán enfrentarse con su agresor y tal vez decir cosas que preferirían callar por temor, difícilmente podría considerarse que han optado voluntariamente por dicho procedimiento.

En relación a la neutralidad del mediador, planteó que parece difícil que pueda mantenerse esa condición si el mediador tiene que tratar de equilibrar los poderes de las partes, porque ello significaría favorecer necesariamente a una en desmedro de la otra, desvirtuándose así la institución de la mediación. Además, el mediador no debería reprochar la violencia al agresor, lo cual contribuiría a reforzar en éste la idea de que su conducta no es reprobable, cosa que sí debe y suele hacer un juez.

A continuación, afirmó que las características propias de la violencia doméstica y los efectos que ella produce en la pareja harían que la mediación fuera en estos casos muy peligrosa para la mujer, puesto que la violencia probablemente va a continuar, pero, por estar en marcha una negociación, tal vez no se adopten todos los resguardos necesarios para su protección; incluso, es probable que la violencia aumente si la mujer manifiesta sus puntos de vista, especialmente durante un período de separación de la pareja.

Puso de relieve, además, que los agresores, por lo general, no son personas cooperadoras -lo cual constituye un requisito indispensable para obtener buenos resultados en una mediación-, sino que se trata más bien de personas controladoras, que seguirán tratando de ejercer dominio sobre la víctima. Su entendimiento del beneficio mutuo, que es uno de los objetivos del procedimiento de mediación, tampoco suele ser claro; antes tienden a favorecer sus propios intereses, más que los de sus parejas o de sus familias.

Por otra parte, en relación a los mediadores, estimó fundamental que éstos reciban formación en violencia doméstica, de manera que cuenten con las herramientas y la capacidad para detectar su presencia en las parejas y, ante ello, detener el proceso de mediación Así, si estuvieran mediando en materias de alimentos, tuiciones y visitas ("materias conexas" a la violencia doméstica), estarían capacitados para detectar su presencia y adoptar las precauciones necesarias.

Desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos consagrados tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales, sostuvo que el hecho de forzar a una persona que está siendo víctima de violencia a concurrir a una mediación atentaría directamente contra su derecho a la seguridad, contra su derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes y contra su derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación (infringiéndose en este último caso la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar son personas de sexo femenino). Indirectamente, este sometimiento forzado de la víctima a un procedimiento no judicial, no deseado ni pedido por ella y desprovisto de los resguardos necesarios para su protección, sería atentatorio también contra el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y contra su derecho a la integridad física, psíquica y moral.

Afirmó que muchos de esos argumentos valen también para la conciliación, que, si bien constituye un mecanismo diverso, ha operado muchas veces en nuestro país como instrumento para presionar a las partes a alcanzar acuerdos no deseados, injustos para alguna de ellas e imposibles de ejecutarse, en definitiva, por falta de adhesión de los involucrados.

Finalmente, expresó que si el objetivo que se persigue es proteger a las víctimas, prevenir, erradicar y sancionar la violencia doméstica, debido a sus nefastos efectos a nivel individual, familiar y social, deben buscarse los mecanismos que mejor apunten en esa dirección y recoger la experiencia de otros países de manera tal de no repetir los mismos errores, desperdiciando así los escasos recursos disponibles.

La mediación, aun con el mejor de sus propósitos, constituye un instrumento dañino y peligroso para las mujeres que sufren maltrato, ya que ella no fue concebida con una perspectiva de género y, dada la pretendida neutralidad que la caracteriza, no podría aplicarse con esa perspectiva sin violentar su esencia. Su utilización en violencia intrafamiliar y en materias conexas a ésta constituye, como se ha dicho, una violación de una serie de derechos humanos consagrados internacionalmente, en la medida en que desprotege a las víctimas de futuras agresiones y les niega su derecho a resolver jurídicamente el asunto.

* * * * *

La señora Ivonne Fernández (Coordinadora del Programa de Violencia Intrafamiliar de la I. Municipalidad de Huechuraba) informó que la intervención en violencia intrafamiliar tiene dos niveles. El primero de ellos es detener la violencia, lo que constituye su objetivo central y que obliga a buscar activamente, junto al o a los afectados, la seguridad y la estabilidad física y psíquica de la víctima. Por lo tanto, es menester intentar desarrollar todo las acciones necesarias para proteger a la víctima, que se encuentra en muchos casos en situación de riesgo vital.

En un segundo nivel, el trabajo en violencia intrafamiliar debe necesariamente combatir la anestesia social, cultural e individual que existe en relación a esta temática, por lo que la neutralidad respecto de ella está descartada. Por el contrario, es preciso definir una posición de rechazo frente a la misma, sea que se ejerza en contra de las mujeres, en contra de los menores, etcétera.

Desde el punto de vista de los principios de la mediación y de las condiciones básicas necesarias para intervenir en violencia doméstica, manifestó que esta materia no es mediable y que requiere de una sanción social activa, de una deslegitimación cultural y de una posición ética en el contexto de defensa de los derechos humanos.

Considerando los principios de la mediación, como son la voluntariedad, la autocomposición (búsqueda de una solución consensuada), la igualdad de poder entre las partes, la cooperación (que supone enfrentar al otro como un colaborador, no como un enemigo), la presencia de un tercero neutral (el mediador) y el acento en el futuro, se plantean las siguientes dificultades:

1. Condición básica para la mediación: disposición de las partes.

La mediación requiere que ambas partes participen en el proceso en un ambiente de colaboración, confianza y con el acento puesto en el logro de un acuerdo futuro. Sin embargo, las parejas que viven relaciones de violencia se encuentran en posiciones rigidizadas y dicotómicas; las dinámicas de violencia tienen larga data y se han cronificado en el tiempo.

A partir de esa definición relacional, es imposible que se cumplan las condiciones para la mediación, pues la voluntad de negociar supone escuchar al otro, abrirse a sus razones, ponerse en su lugar, flexibilizar posturas, regular emociones y la propia conducta, mantener un diálogo respetuoso y disposición a evaluar las consecuencias de las propias acciones.

2. Supuesto de la neutralidad y el riesgo ético de esta postura.

Un elemento esencial, al tratar casos de violencia, es la definición de una posición de rechazo a la misma al interior de la familia. En este sentido, el interventor en violencia es explícito en el rechazo a ella y, por lo tanto, la neutralidad no es posible.

La pareja que vive una relación de violencia no ha sido capaz de salir adelante por sí misma y no ha logrado romper el circuito abusivo. Las relaciones de violencia se dan crónicamente en el tiempo. En tal sentido, la experiencia indica que es necesaria la intervención activa de terceros para poner fin a la violencia. Por ello se dictó la ley de violencia intrafamiliar, para sancionar este tipo de conductas.

La mediación genera un espacio virtual de negociación, que no se condice con el espacio real posterior a ella. En general, después de la denuncia de violencia y hasta el comparendo, la pareja en conflicto vive o permanece junta, por lo que no se tiene control sobre los efectos que la mediación pueda generar en términos de la repetición de hechos violentos en el hogar en forma posterior a las sesiones. Este espacio artificial de negociación se manifiesta en que, muchas veces, después del comparendo, el agresor se burla de la víctima y vuelve a maltratarla, pese a haberse comprometido ante el tribunal a modificar su conducta.

En las familias y parejas, y en todos los sistemas, existen reglas explícitas e implícitas que sólo son comprendidas y decodificadas por quienes forman parte de esa cultura familiar. Durante el proceso de mediación, pueden surgir claves no verbales (gestuales o corporales) que el mediador no es capaz de percibir ni de imaginar, actuando como inhibidoras de comportamientos y señalando amenazas de conductas violentas posteriores al proceso de mediación.

La mediación propone acentuar el futuro, pero en violencia intrafamiliar la historia es absolutamente relevante para la comprensión del fenómeno, para su predicción futura y para el cálculo de riesgo vital físico y psicológico en que se encuentra la víctima. No es posible considerar los hechos del pasado como meros antecedentes en la búsqueda de un acuerdo futuro. Son justamente éstos los que permiten entender por qué se da lo que puede suceder en una relación de violencia posterior a la mediación.

3. Desconocimiento de la igualdad de poder entre los géneros.

La igualdad de las partes y el equilibrio de poder entre los géneros es una característica inexistente en las familias donde se ejerce violencia. La familia llega a la consulta, a la mediación o al comparendo con una historia relacional de abuso de poder y un espacio otorgado a la violencia como forma de resolver los conflictos.

4. Objetivos diferenciales de los miembros de la pareja donde se vive violencia.

Los miembros de la pareja presentan diferencias de percepción con respecto a la violencia, a sus propios actos y a sus expectativas (qué pueden esperar o cuáles son los objetivos de su asistencia al centro de atención, a la mediación o a la conciliación), lo cual hace imposible la negociación y el acuerdo. Por una parte, el hombre está detenido en la violencia y en sus propios actos y, por otra, la mujer está detenida en que no haya más maltrato. No hay acuerdo en relación al problema y, por lo tanto, no existiría la posibilidad de mediar, ya que esta percepción única del conflicto resulta esencial para ello.

5. Características psicológicas de los hombres que ejercen y de las mujeres que viven violencia.

La experiencia señala que los hombres que ejercen violencia la minimizan o niegan. A partir de ello, las mujeres pierden toda confianza en la mediación, en donde la narración de los agresores niega de plano la existencia del motivo de su denuncia o demanda.

Las mujeres, en general, acuden a denunciar la situación que viven para poner término a la violencia, y presentan síndromes de mujer agredida y de estrés postraumático, con características propias de una situación traumática vital crónica. De ahí que ellas no estén en una posición viable para negociar, pues la baja autoestima, la dificultad para definir intereses y necesidades, el miedo y el terror, nunca han sido condiciones adecuadas poder negociar equilibradamente con otros.

6. Realidad de los acuerdos, historia relacional y ciclo de violencia.

En las parejas en que existe violencia, se desconocen los conceptos de negociación y acuerdo. Más aun, cuando ha habido acuerdos, se desconoce su cumplimiento. La experiencia indica que la mayor cantidad de acuerdos y/o promesas ocurre en la etapa de reconciliación, en donde se promete cualquier cosa, desde asistir a terapia hasta mejorar el nivel de vida de la familia, incluyendo la no repetición de la violencia, compromiso que, dada la dinámica de ésta, jamás se cumple. En tal sentido, la mediación está sujeta a la realidad cíclica de la violencia y, por lo tanto, a la vulnerabilidad de los acuerdos adoptados en esas condiciones.

7. Diferenciar niveles: responsabilidad de la relación y responsabilidad de la violencia.

Concebir a las partes como responsables de la relación de pareja en un nivel es aceptable. Sin embargo, es absolutamente necesario establecer que quien decide ejercer violencia es responsable de ella y nada justifica que la ejerza.

8. La denuncia o demanda como única alternativa.

En el ciclo de la violencia, después de la agresión, el hombre suele responsabilizar a la mujer de no haber cumplido sus deberes y haber provocado con ello su conducta violenta, a raíz de lo cual ella procura generar condiciones que no lo exasperen, pero luego se da cuenta de que esto no logra evitar el maltrato. En esto consiste la desesperanza, indefensión o desamparo aprehendidos. La mujer realiza variados intentos por detener el maltrato, pero nada funciona, porque éste proviene de una decisión de la otra parte.

Frente a ello, las mujeres solicitan la intervención de un tercero neutral, dado que los esfuerzos realizados no les permiten salir de esa situación. Sin embargo, resulta éticamente irresponsable mantenerse neutral en relación a la violencia. En estos casos, es necesario, tanto desde una perspectiva profesional como humanitaria, poder decir no a esta forma de proceder. En ese sentido, la neutralidad es grave, pues perpetúa la conducta del agresor. Se puede plantear la imparcialidad en asuntos conexos, como, por ejemplo, en materia de alimentos, pero no se puede ser neutral tratando de entender tanto a quien procura detener la violencia en su hogar como a quien necesita ejercer la violencia para mantener cierto grado de control.

Hizo presente, además, que la literatura especializada recomienda no mediar en las siguientes situaciones:

a) Cuando una de las partes quiere probar la veracidad de los hechos. En general, ambas partes, en una relación de violencia querrán probar la verdad de sus afirmaciones; pero las mujeres necesitan reconocimiento de su realidad y credibilidad frente a la negación de los hechos por parte de sus agresores.

b) Cuando las partes tienen cuestión de principios innegociables. Al respecto, no sólo las partes debieran tener cuestión de principios innegociables, sino también el interventor.

c) Cuando una de las partes no tiene interés en llegar a un acuerdo. En muchos de los casos atendidos (por la señora Fernández), hay mujeres que ya no desean lograr acuerdos, porque éstos han sido parte del ciclo de la violencia y no les resulta viable esa posibilidad.

d) Cuando una de las partes no puede concurrir, por estar ausente. En general, en casos de violencia, las mujeres presentan la denuncia, son citadas al comparendo de conciliación y un gran porcentaje de los hombres citados no concurre. Por lo tanto, hay aquí un problema de voluntariedad, de no aceptación de esa realidad y de negación de la situación de violencia en la familia.

e) Cuando una de las partes tiene un interés punitivo y una noción de justicia retributiva.

f) Cuando la lentitud del proceso pudiera favorecer en demasía a una de las partes.

Asimismo, hizo hincapié en que los expertos en la materia recomiendan mediar situaciones de violencia intrafamiliar en los siguientes casos:

A) Cuando las partes quieren terminar con la violencia, no con la relación.

B) Cuando las partes quieren conservar el control sobre el resultado del conflicto.

C) Cuando las partes comparten algún grado de responsabilidad en el conflicto.

D) Cuando las partes tienen buenos argumentos y una amplia gama de posibilidades de solución del conflicto y de prevención de conflictos futuros.

E) Cuando no existe gran desequilibrio de poder entre las partes.

F) Cuando las causas del conflicto radican en una mala comunicación entre las partes.

G) Cuando las partes requieren una oportunidad para desahogarse.

H) Cuando desean minimizar sus gastos.

I) Cuando se requiere una solución rápida del problema.

* * * * *

El señor Alex Muñoz (Procurador del Programa de Violencia Intrafamiliar de la I. Municipalidad de Huechuraba) planteó que la ley de violencia intrafamiliar pretende proteger, como valor esencial, la integridad física y psíquica de aquellas personas que, dentro de su familia, se encuentran en una situación vulnerable o desprotegida frente a las agresiones provenientes de algún familiar. En ese sentido, al comprometer los actos de violencia intrafamiliar derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, se está hablando de normas de orden público que amparan bienes jurídicos indisponibles por estar éstos vinculados con los principios sobre los cuales se basa nuestro ordenamiento jurídico.

Sostuvo que la ley N° 19.325 reúne todas las características de una normativa procesal encaminada a juzgar un ilícito penal; pero, por factores absolutamente ajenos a lo jurídico, se encomendó su conocimiento a los tribunales civiles, lo que trajo importantes consecuencias. Entre otras, se olvida que el derecho penal, en primer lugar, es una rama del derecho público, lo que ya excluye la posibilidad de que las partes negocien o trabajen la posibilidad de un acuerdo para solucionar el conflicto producido por la comisión de un delito. Existe un interés público comprometido, no uno solamente privado, por lo que es el Estado, y no las partes, el encargado de hacer justicia a través del aparato jurisdiccional. En segundo lugar, es un derecho de ultima ratio, es decir, es el último instrumento contemplado -el más severo- para sancionar aquellos actos que afectan bienes jurídicos que se estiman dignos de tal protección -y, por lo tanto, sujetos a un régimen de indisponibilidad por estar en el centro del ordenamiento jurídico-, como son especialmente el derecho a la integridad física y psicológica y, por supuesto, el derecho a la vida.

A su juicio, el hecho de trasladar el conocimiento de un ilícito con las características ya mencionadas de la justicia criminal a la civil, que está diseñada y pensada con principios procesales opuestos (ej. pasividad, que autoriza el desistimiento y no permite la investigación de los hechos e implica que las partes tengan que reunir los medios probatorios), es desde ya contradictorio con la aplicación de mecanismos autocompositivos como la mediación.

La justicia civil mira al interés privado de las partes, aquél sobre el cual se pueden celebrar actos de disposición (generalmente intereses patrimoniales), y por eso aquí se permite la conciliación, pero nunca valores superiores de nuestro ordenamiento como los que debe proteger la ley de violencia intrafamiliar. En tanto, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos son imprescriptibles, inalienables e indisponibles. Las normas que los regulan se encuentran en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no puede facultarse a los particulares para negociar, mediar o disponer sobre su vida o sobre su integridad personal cuando estos derechos han sido violados. Cualquier norma de rango inferior, que permita disponer libremente de estos derechos o que fomente el hecho de que una persona cuyo derecho ha sido vulnerado deba mediar al respecto con su agresor, se pone inmediatamente al margen de las bases de nuestro ordenamiento.

Afirmó, además, que la mediación hace recaer una cuota de la responsabilidad sobre los actos de violencia intrafamiliar en la víctima, toda vez que las soluciones autocompositivas como la mediación, la conciliación, el avenimiento o la transacción parten del supuesto de que existe un conflicto sobre el cual ambos involucrados tienen responsabilidad o, por lo menos, existe más de una duda sobre el origen de dicha disputa. Se piensa que, como ambas partes tienen responsabilidad en el asunto, como ambas se han mostrado a tal punto intransigentes y beligerantes, entonces, si estuvieran en un ambiente propicio para dialogar, podrían entenderse y superar el conflicto.

Esta afirmación, que es uno de los principales argumentos a favor de la mediación, tiene dos grandes implicancias en violencia intrafamiliar. En primer lugar, supone afirmar tácitamente que la víctima tiene parte de la responsabilidad en las agresiones que ha recibido y, por lo tanto, está de su lado también la voluntad de poner o no poner fin al problema. En segundo lugar, pone a la pareja en una situación de tensión extrema, en donde la única válvula de escape radica en la víctima. Es ella la que debe acceder a las ofertas o propuestas del agresor en orden a mantener, según algunos, a la familia unida.

Sostuvo que dicha posición resulta éticamente insostenible, pues si nos preocupamos tanto de la seguridad ciudadana, si condenamos tanto las agresiones sufridas en la calle en asaltos, robos, etcétera; si no justificamos por nada del mundo los actos cometidos por delincuentes, por difícil que haya sido su historia, entonces, un mínimo de consecuencia exige que condenemos también la violencia en el hogar. El agresor es un delincuente y opta voluntariamente por esa conducta. No se trata de una persona que pasa por momentos difíciles, porque está cesante o porque es alcohólico. Al respecto, rechazó todo intento de entrar a contextualizar la violencia. Si se está de acuerdo en este principio, entonces se debe aceptar que la víctima no tiene responsabilidad en los hechos, que no ha provocado la violencia y que, por lo mismo, no recae en ella el peso de poner fin a un problema que se origina exclusivamente en los actos voluntarios del agresor.

Reflexionando sobre el principio de cooperación entre las partes, que es básico en todo sistema autocompositivo, observó que el proyecto sobre Tribunales de Familia, al concebir la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, parte de la base de que el sistema funciona en la medida en que las partes involucradas brinden su cooperación en este proceso y vuelquen su interés en poner término al problema. Sin embargo, tratándose de situaciones de violencia intrafamiliar, las conductas esperables por parte del agresor están lejos de la intención de poner todo de su parte para llegar a un acuerdo que termine con la violencia. Muy por el contrario, -expresó- el agresor no reconoce que su conducta esté errada, justifica desde su punto de vista los actos que ha cometido y responsabiliza de éstos a la víctima. En consecuencia, sus intentos por evadir su responsabilidad cuando sea requerido serán múltiples. A modo ilustrativo, puntualizó que, de un total de 189 causas por violencia intrafamiliar analizadas en un seguimiento realizado el año recién pasado, en 139 de ellas se decretó (como sanción, medida precautoria o producto de una conciliación) terapia psicológica para los agresores, de los cuales 119 nunca asistieron a dichas terapias o sólo lo hicieron en una oportunidad.

En un intento por aclarar este punto, procedió a desglosar con mayor detalle el modelo de mediación que se ha aplicado hasta ahora como programa piloto. Recordó que dicho sistema pretende crear soluciones no adversariales para los conflictos de naturaleza familiar; pero advirtió que tal pretensión contiene al menos tres supuestos cuestionables.

Primero, una solución no adversarial requiere de la cooperación de las partes para tratar de llegar a un punto de acuerdo que permita poner fin al problema, lo que, en materia de violencia doméstica, por las razones señaladas anteriormente, difícilmente ocurrirá.

En segundo término, el supuesto de evitar que de la mediación resulten ganadores y perdedores se contradice con la naturaleza misma de una ley que busca, finalmente, establecer responsabilidades frente a la comisión de un hecho delictivo. El hecho de contemplar la mediación o cualquier otro método de autocomposición implica no establecer la responsabilidad que corresponde al autor de los hechos, ya que la mediación busca crear las condiciones futuras de convivencia, las que difícilmente podrá asegurar, y no revisar conductas pasadas para sancionarlas.

En tercer lugar, la pretensión de que un proceso de mediación o de conciliación vaya a terminar con la violencia intrafamiliar no se condice con la fenomenología misma de dicha violencia, ya que, por su naturaleza cíclica, por las distintas formas que puede adoptar, por la tendencia de los agresores a manipular las situaciones, por los lazos sentimentales que se entremezclan, nunca se podrá afirmar que la víctima, luego de obtener un resultado favorable en la mediación o conciliación, aunque sea muy beneficioso, vaya a dejar para siempre de vivir violencia. Para visualizar esto, es útil observar la gran cantidad de reingresos, ya sea a centros especializados en caso de que existan, o en la Corporación de Asistencia Judicial, y las denuncias múltiples que se realizan por personas que ganaron sus respectivos juicios o que llegaron a conciliación.

En relación con la regulación del procedimiento de violencia intrafamiliar contenida en el proyecto, observó que éste se refiere a materias en que procede obligatoriamente la mediación una vez interpuesta la demanda, otras en que no procede del todo y otras aglutinadas en una especie de concepto residual en que la mediación procede en cualquier etapa del juicio. A través de esta posibilidad de iniciar un proceso de mediación en cualquier estado de la causa, se facilita al agresor la posibilidad de evaluar y manipular a su contraparte y reproducir en el juicio el ciclo de la violencia. Es decir, el agresor sabe cuándo puede agredir y cuándo tiene que pedir perdón, y sabe, además, cuándo tiene el control de la situación y cuándo lo está perdiendo.

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FORMULA INDICACION SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA (Boletín Nº 2118-18) .

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SANTIAGO, mayo 30 de 2001

Nº 008344/

Honorable Cámara de Diputados:

El derecho de familia ha experimentado numerosos y significativos cambios en los últimos 10 años, los cuales, como es sabido, han estado orientados a establecer relaciones más igualitarias y basadas en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los integrantes del núcleo familiar. Estas reformas, a su vez, han hecho aún más evidente la imperiosa necesidad de contar con tribunales especiales y adecuados para el conocimiento de los conflictos que inevitablemente surgen de la aplicación de esta nueva normativa.

En efecto, pocas reformas revisten tan alto grado de consenso como lo es la creación de tribunales de familia; desde la Comisión Nacional de la Familia, que ya en 1993 abogaba por la creación de estos tribunales, hasta la unánime opinión de parlamentarios, el Poder Judicial, y expertos de distintas disciplinas, coinciden hoy en la urgente necesidad de contar con órganos y procedimientos apropiados para el tratamiento de los conflictos familiares.

Sin perjuicio de la plena vigencia de los fundamentos, objetivos y contenidos del Mensaje original del proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia, el Gobierno ha decidido someter a vuestra consideración una indicación sustitutiva del mismo, con el objeto de complementar esta iniciativa legal en ciertos aspectos esenciales para su plena implementación.

I. CREACIÓN DE TRIBUNALES.

En primer lugar, la indicación propone crear, en reemplazo de los actuales tribunales de menores, 41 tribunales de familia, integrados cada uno de estos tribunales por un número variable de jueces que hacen un total de 219 jueces de familia. Cada juez detentará la potestad jurisdiccional plena.

Esta innovadora estructura orgánica conlleva un considerable aumento en el número de jueces actualmente dedicados a conocer de los asuntos de familia y protección de los derechos de los niños y jóvenes, y posibilita la inmediación y respuesta oportuna que dichos asuntos requieren.

Asimismo, se toman las medidas necesarias para que el procedimiento aplicable por los tribunales de familia lo sea a las causas de familia en todo el territorio nacional, lográndose así la necesaria unidad e igualdad de procedimientos en esta materia.

II. COMPETENCIA.

Siguiendo la tendencia generalizada de las legislaciones comparadas, se otorga a los tribunales de familia una competencia amplia y exclusiva en todas las cuestiones personales y económicas que se relacionan con el conflicto familiar, y la protección jurisdiccional de los derechos de los niños y jóvenes cuando corresponda, con la sola excepción de las nulidades de matrimonio y aquellas de orden sucesorio.

Sin embargo, se ha estimado necesario excepcionar expresamente del conocimiento de estos tribunales todas las causas sobre nulidades de matrimonio. Lo que se exige en esos casos es un pronunciamiento de derecho sobre diversos aspectos técnico-jurídicos existencia o no de ciertos impedimentos, vicios del consentimiento o la omisión de solemnidades legales más propios de la justicia civil que de la de familia.

Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene la obligatoriedad que las partes resuelvan, por acuerdo directo o por decisión del tribunal de familia, los aspectos concernientes a las condiciones económicas y personales de la vida futura de los cónyuges e hijos menores.

El mismo fundamento apoya la restricción de la competencia en materia de regímenes patrimoniales del matrimonio.

Asimismo, y a fin de preservar la naturaleza civil más propia de los tribunales de familia, se excepcionan del conocimiento de estos tribunales, las causas sobre infracciones juveniles a la ley penal, materia que en el futuro inmediato será objeto de una nueva regulación a fin de adecuar nuestra legislación en esta materia a la Convención sobre los Derechos del Niño.

III. SISTEMA DE MEDIACIÓN ANEXO A TRIBUNALES DE FAMILIA.

1. Necesidad.

Uno de los objetivos centrales que se persigue con esta indicación es dotar a nuestro sistema de justicia de familia de mecanismos no adversariales para la resolución de los conflictos.

Teniendo en cuenta que en opinión unánime de los expertos los conflictos de familia son de aquellos que reclaman soluciones cooperativas, en que se satisfagan los intereses de todas las personas involucradas, se ha estimado que la utilización de un mecanismo que confiere primacía a soluciones no adversariales, es especialmente idónea para estas materias.

2. Concepto.

La mediación ha sido definida como "aquel sistema de resolución de conflictos no adversarial, en que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a mejorar la comunicación y buscar por sí mismas una solución a su conflicto".

Este mecanismo se constituye, entonces, en una herramienta muy eficaz, que permite resolver los conflictos que se producen entre los miembros de la familia de una manera no rupturista, sino tendiente a la recreación de vínculos y al asentamiento de bases para una convivencia respetuosa.

En los casos en que la ruptura es inevitable, la mediación apunta a que este rompimiento de la pareja no se traduzca en un rompimiento de la familia, sino sea ella misma la que genere una nueva organización familiar sobre la base del respeto y el entendimiento.

Esto último constituye una de las principales potencialidades de la mediación, pues permite trazar una línea divisoria entre la definición de aspectos relativos a la relación de pareja conyugalidad y la definición de aspectos concernientes a la relación entre padres e hijos parentalidad.

3. Experiencia.

Siendo su uso un elemento nuevo en nuestra cultura jurídica y a fin de testear y socializar la aplicación de la mediación en materias de familia, el Ministerio de Justicia lleva a cabo, desde Septiembre de 1997, un plan piloto de mediación anexa a tribunales con la participación de tribunales de menores y civiles, los cuales ofrecen a las partes, en forma voluntaria, la posibilidad de resolver su conflicto a través de la mediación.

Los resultados obtenidos hasta ahora por este programa son muy alentadores. En efecto, un 59% del total de casos ingresados en 1998 terminaron con un acuerdo. En relación con el grado de cumplimiento de los acuerdos, investigaciones preliminares indican que en un 80% de los casos dichos acuerdos se han cumplido total o parcialmente.

4. Enfoque en la indicación.

Los antecedentes anteriores permiten visualizar las potencialidades y aportes que la incorporación de la mediación trae aparejada en el tratamiento de los conflictos familiares que acceden a los tribunales de justicia y, que por ende, avalan la propuesta del Gobierno en esta materia.

En este proyecto se abordan, entonces, las normas orgánicas, administrativas y procedimentales necesarias para el funcionamiento del sistema de mediación anexo a los tribunales de familia.

Tratándose de una técnica relativamente nueva en nuestro país, a la cual se asigna un papel tan importante, como el de constituir una alternativa a la jurisdicción, resulta indispensable adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar, por una parte, que se preste este servicio en todos los puntos de nuestro país y, por otra, que este servicio sea de óptima calidad en todas partes.

Al respecto es necesario tener presente que, si bien los servicios de mediación serán dispensados por mediadores o centros de mediación privados, la responsabilidad estatal se encuentra comprometida con la calidad de este servicio, puesto que es el Estado quien deriva a las partes a mediación cuando ellas solicitan la intervención judicial para resolver un conflicto de relevancia jurídica.

De esta manera, se crea en la Corporación Administrativa del Poder Judicial un departamento especializado de mediación, a través del cual se dispondrán los servicios y se regulará la actividad de los mediadores llamados a intervenir en materias de competencia de los Tribunales de Familia, siendo esta instancia la encargada de supervisar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema en sus diversos aspectos.

El proyecto regula los requisitos y sistema de acreditación para ser mediador habilitado en casos derivados desde los tribunales de familia. Esta tarea delicada y compleja requiere de un tipo de profesionales, cuya calificación y experiencia profesional, unidas a algunas características personales, permiten asegurar una intervención adecuada, oportuna y éticamente correcta.

En consecuencia, podrán ser mediadores de familia todos aquellos profesionales del área de las Ciencias Humanas y Sociales, con experiencia profesional previa, que hayan aprobado un curso de formación en mediación familiar en alguno de los organismos reconocidos por el departamento y que cuenten con una oficina o recinto adecuado para desarrollar el proceso de mediación. Los profesionales que cumplan estos requisitos podrán inscribirse en el Registro de Mediadores de Familia y postular a hacerse cargo de casos derivados de los tribunales de familia.

Con el mismo objeto de resguardar la calidad técnica del servicio de mediación, se regulan cuidadosamente las condiciones en que será posible ofrecer, por parte de entidades académicas y centros de mediación, la formación de mediadores.

Por último, se establece el sistema de selección de mediadores y asignación de casos el que busca conjugar criterios de calidad, eficiencia y costos y se estructura sobre la base de procesos de licitación a nivel regional

IV. ADECUACIONES ORGÁNICAS.

Finalmente, se efectúan al proyecto las adecuaciones necesarias a raíz de la aprobación de los cambios que la reforma procesal penal introdujo al Código Orgánico de Tribunales, en materias claves para la modernización de la gestión administrativa del sistema de administración de justicia, como la introducción de la figura del administrador y la organización administrativa del tribunal.

En consecuencia, en uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular la siguiente indicación al proyecto de ley del rubro, a fin de que sea considerada durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

Para sustituir íntegramente el texto del proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia, por el siguiente:

"TITULO I

DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA Y SU ORGANIZACION

Párrafo Primero

De los Tribunales de Familia

Artículo 1º.-

Integración. Los tribunales de familia estarán integrados por el número de jueces que para cada caso establece el artículo 3. Contarán con un consejo técnico de asesoría especializada, un administrador y una planta de oficiales de secretaría.

Artículo 2º.-

Potestad jurisdiccional. Cada uno de los jueces de familia que integren el tribunal, ejercerá indistinta y separadamente la potestad jurisdiccional plena para conocer de los asuntos que las leyes encomienden a los tribunales de familia.

Artículo 3º.-

Creación de nuevos tribunales. Créanse los tribunales de familia que a continuación se indican, con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República y con el número de jueces que en cada caso se señala:

a) Primera Región de Tarapacá:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Arica y jurisdicción sobre las comunas de las provincias de Arica y Parinacota, el que estará compuesto de cinco jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Iquique y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de siete jueces.

b) Segunda Región de Antofagasta:

El Primer y el Segundo Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Antofagasta y jurisdicción sobre las comunas de Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda, los que estarán compuestos de cinco jueces cada uno.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Calama y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de El Loa, el que estará compuesto de cuatro jueces.

c) Tercera Región de Atacama:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Copiapó y jurisdicción sobre las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, el que estará compuesto de cuatro Jueces.

d) Cuarta Región de Coquimbo:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de La Serena y jurisdicción sobre las comunas de La Serena, La Higuera y Coquimbo, el que estará compuesto de cinco jueces.

e) Quinta Región de Valparaíso:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Valparaíso y jurisdicción sobre las comunas de Valparaíso y de Juan Fernández, el que estará compuesto de nueve jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Viña del Mar y jurisdicción sobre las comunas de Viña del Mar y de Concon, el que estará compuesto de siete jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de San Felipe y jurisdicción sobre las comunas de San Felipe, Santa María, Panquehue, Llayllay, Catemu y Putaendo el que estará compuesto de dos jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Quillota y jurisdicción sobre las comunas de Quillota, La Cruz, Calera, Nogales e Hijuelas, el que estará compuesto de tres jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de San Antonio, Cartagena, El Tabo, Santo Domingo, El Quisco y Algarrobo de la V Región, y sobre la comuna de Navidad de la VI Región, el que estará compuesto de tres jueces.

f) Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins:

Un Tribunal de Familia con asiento en la Comuna de Rancagua y jurisdicción sobre las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machalí, Coltauco, Doñihue, Coinco, Olivar y Requinta, el que estará compuesto de ocho jueces.

g) Séptima Región del Maule:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Talca y jurisdicción sobre las comunas de Talca, Pelarco, Río Claro, San Clemente, Maule, Pencahue y San Rafael, el que estará compuesto de cuatro Jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Curicó y jurisdicción sobre las comunas de Curicó, Teno, Romeral, Rauco y Sagrada Familia, el que estará compuesto de dos Jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Linares y jurisdicción sobre las comunas de Linares, Yerbas Buenas, Colbún, Longaví y Retiro, el que estará compuesto de dos Jueces.

h) Octava Región del BioBio:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Chillán y jurisdicción sobre las comunas de Chillán, Pinto, Coihueco, Chillán Viejo y San Nicolás, el que estará compuesto de cuatro jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Los Angeles y jurisdicción sobre las comunas de Los Angeles, Quilleco, Antuco y Laja, el que estará compuesto de tres jueces.

El Primer y el Segundo Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Concepción y jurisdicción sobre las comunas de Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz y Chiguayante, los que estarán compuestos de cinco jueces cada uno.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Talcahuano y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de seis jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Coronel y jurisdicción sobre las comunas de Coronel y Lota, el que estará compuesto de tres jueces.

i) Novena Región de La Araucanía:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Temuco y jurisdicción sobre las comunas de Temuco, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Freire y Padre Las Casas, el que estará de siete jueces

j) Décima Región de Los Lagos:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Valdivia y jurisdicción sobre las comunas de Valdivia y Corral, el que estará compuesto de tres jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Osorno y jurisdicción sobre las comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay y San Juan de la Costa el que estará compuesto de tres jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Puerto Montt y jurisdicción sobre las comunas de Puerto Montt, Cochamó y Hualaihué, el que estará compuesto de dos jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Castro y jurisdicción sobre las comunas de Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón y Queilén, el que estará compuesto de dos jueces.

k) Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Coyhaique y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Coyhaique, el que estará compuesto de dos jueces.

l) Duodécima Región de Magallanes:

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Punta Arenas y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Magallanes y Antártica chilena, el que estará compuesto de tres jueces

m) Región Metropolitana de Santiago:

El Primer, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Tribunal de Familia de Santiago, con asiento en la comuna de Santiago, y jurisdicción sobre las comunas de Santiago, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolen, La Florida, Estación Central, Cerrillos, Maipú, Renca y Quilicura. El primer y segundo Tribunal de Familia estarán compuestos por nueve jueces, y el tercer, cuarto y quinto, por ocho jueces cada uno.

El Séptimo y Octavo Tribunal de Familia de Santiago, con asiento en la comuna de Pudahuel y jurisdicción sobre las comunas de Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado, los que estarán compuestos de seis jueces cada uno de ellos.

El Primer, el Segundo y el Tercer Tribunal de Familia con asiento en la comuna de San Miguel y jurisdicción sobre las comunas de San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, La Cisterna, San Ramón, La Granja, El Bosque y La Pintana. El Primer y Segundo Tribunal de Familia tendrán siete jueces cada uno y el Tercero seis jueces.

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de Puente Alto y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Cordillera, el que estará compuesto por seis jueces

Un Tribunal de Familia con asiento en la comuna de San Bernardo y jurisdicción sobre la comuna de San Bernardo y Calera de Tango, el que estará compuesto por seis jueces.

Párrafo Segundo

Del Consejo Técnico

Artículo 4º.-

Composición e integración del consejo técnico. En cada tribunal de familia habrá un Consejo Técnico, compuesto por asistentes sociales, psicólogos y /u orientadores familiares. Tendrá el carácter de organismo auxiliar de la administración de justicia.

La función primordial del consejo técnico será la de asesorar a los jueces en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos de que conozcan y en cualquier otra materia de su especialidad en que el juez lo solicite, así como en la adopción de la resolución que mejor convenga a los intereses permanentes del grupo familiar.

Los informes u opiniones que emitan los miembros de este Consejo en el cumplimiento de sus funciones serán puestas en conocimiento de las partes, en las audiencias, a fin de que puedan informarse de su contenido y rebatirlo, si lo estiman necesario.

En caso necesario, el juez de la causa podrá requerir al Consejo Técnico que emita los informes económicos y sociales que sean necesarios para resolver cuestiones sobre el derecho de alimentos.

Artículo 5º.-

Requisitos para ser miembro del consejo técnico. Para ser miembro del Consejo Técnico, se requerirá poseer el título de asistente social, psicólogo u orientador familiar otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste o por algún instituto profesional, que cuente con el mismo reconocimiento.

Los asistentes sociales y psicólogos deberán acreditar formación especializada en asuntos de familia, impartida por las mismas instituciones señaladas en el inciso primero.

En los casos de los consejos técnicos integrados por dos profesionales, uno de ellos será asistente social y el otro psicólogo u orientador familiar.

TITULO II

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

Artículo 6º.-

Competencia de los tribunales de familia. Corresponderá a los tribunales de familia:

1) Conocer de las causas relativas al derecho de cuidado personal de los menores de edad;

2) Conocer de las causas relativas al derecho y el deber del padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo a mantener con éste una relación directa y regular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del Código Civil;

3) Conocer de las causas relativas al derecho de alimentos;

4) Conocer de las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad y la emancipación;

5) Conocer de las causas de adopción y los procedimientos a que den lugar las leyes que la regulen;

6) Otorgar autorización para la salida de menores del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley;

7) Conocer de los disensos para contraer matrimonio;

8) Conocer de las acciones de estado civil de las personas;

9) Conocer de las causas sobre guardas;

10) Conocer de las causas de interdicción;

11) Conocer de los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares:

a) Separación judicial de bienes.

b) Autorizaciones judiciales contempladas en el Título IV del Libro I; en el Párrafo 2º del Título VI del Libro I y en los párrafos 3º y 4º del Título XXII del Libro IV, todos del Código Civil.

c) Las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y las autorizaciones judiciales contempladas en el Párrafo 1º del Título VI del Libro I del Código Civil.

12) Conocer de las causas sobre divorcio;

13) Conocer de las cuestiones que deben ser resueltas o acordadas previamente, de acuerdo con los artículos 26 bis y 35 bis de la ley de Matrimonio Civil, según corresponda.

14) Conocer de los asuntos a que dé lugar la aplicación de la Ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intra familiar;

15) Conocer de las causas relativas al maltrato de menores de edad y de parientes incapaces;

16) Conocer de la adopción de medidas de protección de los derechos de los menores de edad y de los derechos eventuales del que está por nacer, y

17) Conocer de los demás asuntos que leyes generales o especiales les encarguen.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Párrafo primero

De los principios del procedimiento

Artículo 7º.-

Principios del procedimiento. El procedimiento que aplicarán los tribunales de familia será esencialmente oral, concentrado y desformalizado. En él primarán los principios de la inmediación, de la oficiosidad y la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes.

Artículo 8º.-

Oralidad. Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Tribunal deberá llevar un sistema de registro de las actuaciones orales, de conformidad con las reglas establecidas para los Juzgados de Garantía en el Libro I, Titulo II, párrafo 6º del Código Procesal Penal.

En todo caso, de manera excepcional y por resolución fundada el juez podrá ordenar la protocolización en extracto de ciertas y determinadas actuaciones judiciales orales, cuando requiriese la suscripción del mismo por la o las partes y/o por aquél, en su caso.

Artículo 9º.-

Concentración. El procedimiento se llevará a efecto a través de una audiencia principal de contestación y prueba de carácter único. Además, en forma excepcional, y sólo en caso que sea estrictamente indispensable para la acertada resolución del litigio, se llevará a cabo una audiencia complementaria cuyo objeto central será la recepción de prueba complementaria que no sea posible analizar en la audiencia preliminar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29.

No existirán en este procedimiento incidentes de previo y especial pronunciamiento.

Artículo 10.-

Desformalización. En silencio de la ley, el juez determinará la forma en que se verificarán las actuaciones y, en esta tarea, como en la de interpretar las normas del procedimiento, tendrá siempre presente que su objetivo es el adecuado resguardo de los derechos reconocidos por la ley y la más pronta y justa decisión de la controversia.

Artículo 11.-

Inmediación. Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad no subsanable, la delegación de funciones. Para ello, en los procedimientos que se sigan ante los tribunales de familia, las partes podrán actuar personalmente, sin perjuicio de la asesoría de letrado, si así lo estimaren conveniente.

Artículo 12.-

Oficialidad. Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad.

Artículo 13.-

Colaboración. Tanto durante el procedimiento, así como en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones colaborativas acordadas por ellas.

Párrafo segundo

De las reglas generales

Artículo 14.-

Conexidad, acumulación y prórroga de competencia. Sin perjuicio de las reglas de competencia que la ley establece respecto de cada materia que sea objeto del conocimiento de los Tribunales de Familia, se podrán conocer y fallar en una sola causa dos o más conflictos diversos que existan entre las partes y que sean de aquellos establecidos en el artículo 6º.

Lo dispuesto en el inciso precedente tendrá lugar toda vez que las acciones se deduzcan conjuntamente en la demanda o en la audiencia principal por la parte demandante o, en su caso, se hagan valer como demanda reconvencional por el demandado. Para esos efectos, al inicio de la audiencia principal, el Tribunal deberá interrogar a las partes acerca de los conflictos existentes entre ambas que, en el ámbito del artículo 6º, se encontraren pendientes de discusión, instando en su caso por la deducción de la demanda respectiva.

En caso de oposición de alguna de las partes al tratamiento conjunto de dos o más conflictos que hubieren sido presentados a conocimiento del tribunal, resolverá este último, previo examen de los fundamentos que avalan dicha oposición.

En todo caso, si la acumulación sólo se resuelve en la audiencia principal, podrá excepcionalmente reservarse su discusión para la audiencia complementaria, siempre que dicha resolución se funde en que una de las partes no cuenta con los medios probatorios necesarios para justificar su pretensión, por no haber conocido o previsto su tramitación conjunta.

Artículo 15.-

Representación. En todos los asuntos de competencia de los tribunales de familia en que aparezcan involucrados intereses de menores de edad o de incapaces, el juez deberá velar por que éstos se encuentren debidamente representados.

El juez designará a una persona idónea, perteneciente a la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de los menores o incapaces, en los casos en que el menor de edad o incapaz carezca de representante legal o en que, por motivos fundados, el juez estime necesario que su representación sea ejercida por una persona distinta de aquélla a quien corresponda legalmente.

La persona así designada será el curador ad lítem del menor de edad o incapaz por el solo ministerio de la ley y su representación se extenderá a todas las actuaciones del juicio.

De la falta de designación del representante de que trata este artículo podrán reclamar las instituciones mencionadas o cualquier persona que tenga interés en ello.

Artículo 16.-

Suspensión del procedimiento. Las partes podrán, de común acuerdo, suspender el procedimiento, por una vez, hasta por sesenta días.

Artículo 17.-

Fraude procesal. Los jueces de familia deberán siempre reprimir el fraude procesal y la colusión, así como también sancionar la mala fe que observen en las actuaciones de los litigantes.

Para estos efectos y sin perjuicio de las medidas disciplinarias que le concede el Código Orgánico de Tribunales, los Jueces de Familia podrán imponer una multa a beneficio fiscal, cuyo monto fluctuará entre una a diez unidades tributarias mensuales. El juez determinará el monto de la multa, según la gravedad de las conductas indebidas.

En todo caso, si dichas conductas revisten los caracteres de algún crimen o simple delito, deberán remitirse los antecedentes a la oficina correspondiente del Ministerio Público.

Artículo 18.-

Potestad cautelar. En cualquier momento de la causa el juez, de oficio o a petición de parte, en caso de que la gravedad de los hechos así lo requiera, decretará, mediante resolución fundada, cualquier medida cautelar que estime indispensable para la protección de un derecho.

Artículo 19.-

Notificaciones. La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por el ministro de fe que el juez determine, conforme a la proposición que, atendiendo a las circunstancias del lugar en que funcione el tribunal y restantes consideraciones que miren a la eficacia de su actividad, haya formulado el administrador. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un receptor judicial.

En todo caso, la notificación personal podrá sustituirse por dos avisos publicados en algún periódico de circulación nacional con a los menos dos días de diferencia entre una y otra. Dicha notificación podrá autorizarse cuando dicha gestión se hubiere intentado, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso precedente en dos días diversos sin resultado positivo, por no ser habido el demandado y siempre y cuando se hubiesen acompañado antecedentes probatorios que acrediten en forma fehaciente su domicilio. En dicho caso, la publicación deberá indicar la identificación de las partes, la acción deducida, el tribunal competente y la fecha fijada para la realización de la audiencia principal.

Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, salvo que se trate de las sentencias definitivas y de las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes, las que serán notificadas por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el día subsiguiente a aquél en que fueron expedidas.

Para los efectos de lo prescrito en el presente artículo, tendrán el carácter de ministros de fe los funcionarios de secretaría de los Tribunales de Familia.

Excepcionalmente, y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que la notificación se practique por personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Artículo 20.-

Medios de prueba. Constituirán medios de prueba todos aquellos que, obtenidos lícitamente, sirvan para formar la convicción del juez

Artículo 21.-

Apreciación de la prueba. La prueba se apreciará en conformidad a las reglas de la sana crítica, esto es, aquellas en que el tribunal debe expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador

Artículo 22.-

Nulidad procesal. No se podrá decretar la nulidad procesal si el vicio no hubiese ocasionado perjuicio al litigante que la reclama, salvo en el caso del artículo 11.

Se entenderá que existe perjuicio cuando la infracción hubiere impedido el ejercicio adecuado de los derechos del litigante en el juicio.

Artículo 23.-

Supletoriedad. En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación.

Artículo 24.-

Potestad ejecutiva. Los jueces de familia estarán facultados para decretar las medidas que estimen conducentes para el cumplimiento de las resoluciones que emitan, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 240 del Código de Procedimiento Civil.

Párrafo tercero

Del procedimiento ordinario en los tribunales de familia

Artículo 25.-

Procedimiento ordinario. El procedimiento de que trata este párrafo será aplicable a todos los asuntos contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de familia y que no tengan señalado un procedimiento especial. Respecto de estos últimos, dichas reglas tendrán carácter supletorio.

Artículo 26.-

Presentación de la demanda. El proceso podrá comenzar por demanda oral o escrita. En el primer caso, el funcionario del tribunal que corresponda procederá a protocolizar en extracto los términos de la acción deducida por la parte demandante.

Artículo 27.-

Citación a audiencia principal. Una vez recibida la demanda, el tribunal citará a las partes a la audiencia principal, que deberá realizarse en el más breve plazo posible de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida. En caso alguno podrá fijarse la audiencia en un término superior a los 15 días corridos contados desde la fecha en que se evacue la resolución.

El día y hora de dicha audiencia deberá determinarse en la misma resolución.

El administrador deberá procurar por todos los medios posibles tomar conocimiento con la debida antelación de la fecha en que se hubiera practicado la notificación respectiva, o de los motivos por los cuales esta no se hubiese producido. En este último caso, se suspenderá la audiencia hasta un término no superior al quinto día hábil siguiente a la fecha de la notificación de la demanda y no inferior, en todo caso, a las 48 horas desde esa misma fecha, de lo cual se dejará constancia en la resolución que en definitiva se notifique. En este caso, la hora de la audiencia será fijada por el estado diario con, a los menos, 24 horas de antelación. En estos casos, el administrador deberá comunicar al demandante o a su representante por la vía más expedita posible el hecho de la notificación, una vez que se haya tomado conocimiento que se ha llevado a cabo.

Con todo, si la notificación se hubiere practicado en forma inmediata o próxima a la fecha de la audiencia y ello afecta el derecho de defensa del demandado, podrá suspenderse la realización de la audiencia a petición del mismo, fijándose a estos efectos una nueva fecha y hora, que en caso alguno podrá exceder de 5 días corridos contados desde la notificación.

Artículo 28.-

Comparecencia a audiencia principal. Las partes deberán concurrir personalmente a la audiencia principal, sin perjuicio de la presencia de sus patrocinantes y apoderados, cuando los tengan. Deberán, asimismo, concurrir con los antecedentes probatorios que avalen su pretensión.

Artículo 29.-

Objetivos y desarrollo de la audiencia principal. La audiencia principal tendrá por objeto el conocimiento de la contestación de la demandada, la promoción de la mediación o conciliación, la fijación de los puntos controvertidos, la determinación de la prueba a rendir y su examen particular. En especial, se deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1) Recibir la exposición verbal del contenido de la demanda, aun cuando ésta haya sido deducida en forma escrita;

2) Recibir la contestación de la demanda en forma verbal. En todo caso, podrá acompañarse su contenido por escrito si la demandada comparece con patrocinio de letrado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33.

3) Promover, a iniciativa del Tribunal, la sujeción del conflicto al proceso de mediación a que se refiere el Título V, suspendiéndose el procedimiento judicial en caso que se de lugar a la mediación.

4) Promover, por parte del Tribunal, indistintamente, deberá promover por parte del Tribunal, conciliación total o parcial, conforme a las bases éste proponga a las partes.

5) Determinar el objeto del proceso, total o parcialmente subsistente luego de los intentos de mediación o conciliación, en su caso.

6) Fijar los hechos controvertidos que deberán ser probados y cotejar la prueba que las partes ofrecen rendir en el acto.

Excepcionalmente, y previo al examen de los antecedentes probatorios, si a juicio del tribunal la prueba que hubiere sido ofrecida fuere insuficiente para resolver, el Tribunal deberá dictar una resolución fundada en que fijará un día y hora para la realización de una audiencia de carácter complementario, que tendrá por objeto el análisis de la prueba que en razón de la suspensión no pueda examinarse en el acto. Por ese sólo hecho, la audiencia principal pasa a tener carácter de audiencia preliminar.

La audiencia complementaria, en caso alguno podrá llevarse a cabo en un término superior a los 30 días y las partes se entenderán citadas a la misma por el sólo ministerio de la ley.

Lo dispuesto en el inciso precedente también tendrá lugar si a juicio del Tribunal el análisis inmediato de la prueba pudiere implicar una vulneración del derecho a defensa de alguna de las partes por haberle sido imposible adjuntar o rendir en el acto antecedentes, informes periciales o testimonios que avalen su pretensión.

7) Proceder al examen de la prueba ofrecida, comenzando por la parte demandante.

8) Decretar las medidas cautelares que estime necesarias, en base a la prueba rendida por las partes.

9) Resolver sobre cualquier otra cuestión que planteen las partes o surja de la audiencia, que sea necesaria para dar curso progresivo a los autos.

Artículo 30.-

Audiencia complementaria. La audiencia complementaria tiene por objeto recibir la prueba que quieran rendir las partes y que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6º del artículo precedente, no se haya podido rendir en la audiencia preliminar.

Artículo 31.-

Desarrollo de la audiencia principal, preliminar y de la complementaria en su caso. La audiencia principal o preliminar y la complementaria en su caso, se llevarán a efecto en un sólo acto. Si el tiempo no fuere suficiente, u otro motivo legítimo impidiere continuar la audiencia, el tribunal podrá prorrogarla para el siguiente día hábil hasta su culminación.

Artículo 32.-

Sentencia. Concluida la audiencia principal, o la complementaria en su caso, el juez dictará la sentencia en ese mismo acto, explicitando verbalmente sus fundamentos. Deberá asimismo entregar a las partes copia escrita de la misma dentro de los cinco días siguientes.

En caso de incumplirse la obligación de entrega establecida en el inciso precedente, el hecho deberá ser sancionado disciplinariamente, considerándose para todos los efectos como una falta grave. En este mismo caso, si transcurrieren más de 7 días desde la fecha de la audiencia sin que se entregue a las partes copia de la sentencia, este hecho constituirá una nueva infracción grave sancionable disciplinariamente.

Artículo 33.-

Actas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º los términos de la conciliación que pudiere producirse en las audiencias orales deberán consignarse en extracto manteniendo fielmente los términos del acuerdo que contengan.

Artículo 34.-

Impugnaciones. Las resoluciones serán impugnables a través de los recursos y en las formas que establece el Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones:

1) La solicitud de reposición de una resolución pronunciada en audiencia, se interpondrá y resolverá en el acto.

2) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares.

3) El recurso de apelación deberá interponerse dentro del quinto día, contado desde la notificación de la respectiva resolución a la parte que lo entabla.

4) El Tribunal de Alzada conocerá y fallará la apelación sin esperar la comparecencia de las partes.

5) Efectuada la relación, la Corte podrá interrogar a las partes personalmente acerca de los hechos que estime de importancia para la decisión del recurso. Éstas, en todo caso, tendrán derecho a formular personalmente una declaración ante el Tribunal de Alzada, la que no podrá exceder de diez minutos y se entenderán en todo caso citadas a dicha audiencia de pleno derecho.

Si con posterioridad a los alegatos la Corte estimare necesario interrogar a algunos de los testigos que hubieren declarado en la causa o a alguno de los peritos que hubieren informado en ella, suspenderá su vista, y dispondrá que sean citados para la fecha en que ésta deba continuar, la que no podrá ser posterior a diez días.

En dicho caso, una vez concluida la interrogación, las partes tendrán derecho a complementar su alegato por un término no superior a los 10 minutos cada una.

6) El libelo de casación en la forma deberá indicar en forma precisa el vicio de nulidad en que se fundamenta, señalará los argumentos que respaldan dicha afirmación y expresará las peticiones concretas que se somete a la consideración del Tribunal. Para todos los efectos legales el recurso se entenderá patrocinado por el letrado que hubiere asesorado al recurrente en la tramitación de la causa o por el que éste expresamente él designe.

7) El recurso de casación en la forma sólo podrá ser declarado inadmisible por extemporáneo o por haber sido deducido contra resolución inimpugnable por esta vía, ya sea por el tribunal que emitió la sentencia que se ataca, ya sea por el llamado a conocerlo.

TITULO IV

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Párrafo primero

De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad

Artículo 35.-

Procedimiento de aplicación de medidas de protección. En los casos en que la ley exige o autoriza la intervención judicial para adoptar las medidas establecidas en la ley, tendientes a la protección de los derechos de los menores de edad, cuando se encuentren amenazados o vulnerados, se aplicará el procedimiento contenido en el presente párrafo. En lo no previsto por él, se aplicarán las normas del Título III de esta ley.

La intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la adopción de medidas que importen separar al niño de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado.

Artículo 36.-

Inicio del procedimiento. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a requerimiento del menor de edad, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios de salud en que se atienda, o de cualquier persona que tenga interés en ello.

Artículo 37.-

Representación. En todos los casos en que el menor carezca de representante legal, y en aquellos en que sus intereses sean independientes o contradictorios con los de aquél a quien corresponda la representación legal, el juez deberá designar a un curador ad lítem para que represente sus intereses, en la forma que señala el artículo 15.

Artículo 38.-

Potestad cautelar. En cualquier estado del juicio y aún antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, el juez podrá adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger los derechos de los menores de edad que se encontraren amenazados o vulnerados.

La resolución que determine la imposición de una medida cautelar deberá ser fundada y ampararse en antecedentes que sean calificados como suficientes para ameritar su adopción, particularmente en los casos a que se refiere el inciso 2º del artículo 35.

En particular, el Tribunal podrá:

1) Disponer medidas de apoyo u orientación a los menores de edad, a sus padres o a las personas que lo tengan bajo su cuidado, para enfrentar la situación de crisis en que pudieren encontrarse.

2) Establecer prohibiciones o impartir instrucciones obligatorias a las personas indicadas en el numeral precedente.

3) En los casos en que sea indispensable para preservar la vida o la integridad física y psíquica del menor, disponer incluso la colocación de éste en un hogar substituto o en un establecimiento residencial.

En la adopción de esta medida, el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado del menor, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquel tenga una relación de confianza. Sólo en defecto de los anteriores, recurrirá a los establecimientos de protección.

Al adoptar esta medida, el juez deberá designar, en la misma resolución, al representante de los derechos del menor.

Cuando la adopción de cualquier medida cautelar tenga lugar antes del inicio del juicio, el juez fijará desde ya la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia preliminar o principal, según el caso, para dentro de los cinco días siguientes, contados desde la adopción de la medida.

Artículo 39.-

Restricción al principio de publicidad. El juez deberá velar, durante todo el proceso, por el respeto a la intimidad del menor y de su familia. Para ello, podrá prohibir la difusión de datos o imágenes referidos al proceso o a las partes en los medios de comunicación; o disponer, mediante resolución fundada, que todas o algunas de las actuaciones del procedimiento se realicen en forma reservada.

Asimismo, podrá disponer que el menor o alguno de los miembros de la familia se ausenten de la audiencia mientras se realiza alguna actuación, cuando ello sea necesario en el interés del menor.

Artículo 40.-

Audiencia principal. Iniciado el procedimiento, el juez citará a una audiencia preliminar para dentro de los cinco días siguientes. A esta audiencia se citará a los menores de 14 años, según su madurez; al mayor de dicha edad, y a los padres o personas responsables de ellos. Se citará también a toda otra persona que pueda aportar datos para esclarecer el asunto de que se trata.

En esta audiencia, el juez informará a las partes acerca de sus derechos y de las etapas del proceso, respondiendo toda duda o inquietud que les surja. Los menores de edad serán informados en un lenguaje claro, de acuerdo a su edad y madurez.

El juez indagará sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso, la forma en que afecta al menor, y sobre las personas que se encuentren involucradas en ella, escuchando a las partes presentes, en especial al o a los menores involucrados.

Oídas las partes, el juez dictará una resolución en la que señalará el objeto del proceso, la forma en que ésta afecta los derechos del menor de edad, e individualizará a las partes involucradas, dejándolas citadas a una audiencia complementaria que tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la fecha de la dictación de la referida resolución. En la misma resolución, indicará las pruebas que deberán rendirse, ofrecidas por las partes o que él disponga practicar.

Si la prueba pudiere ser recibida en el acto, se procederá a su examen inmediato.

Sin perjuicio de lo anterior, el juez podrá derivar a las partes a algún programa de apoyo u orientación familiar determinado. Cuando así lo haga, se deberá notificar por carta certificada al responsable de dicho programa, individualizando a las partes, describiendo someramente el asunto de que se trata e indicándole su deber de informar al tribunal acerca de la asistencia de las partes a dicho programa. En este caso, la audiencia complementaria podrá suspenderse hasta por treinta días.

Artículo 41.-

Audiencia complementaria. A la audiencia complementaria se citará al menor cuando procediere en conformidad con el artículo 40, al representante de los intereses de éste y a sus padres o personas que lo tuvieren bajo su cuidado, los que podrán concurrir con sus abogados, si los tuvieren.

En caso de estimarse necesario se citará también al responsable del menor, si éste se encontrare en un hogar substituto o en un establecimiento de protección. Su inasistencia, en todo caso, a menos de ser estrictamente indispensable no impedirá el desarrollo de la audiencia

En esta audiencia, el juez oirá a las partes presentes, en especial al menor, e indagará acerca de la evolución de la situación que motivó el inicio del proceso. Recibirá también las pruebas que se hubiere dispuesto rendir e interrogará a los testigos y peritos.

En caso de ser necesaria la adopción de una medida de protección de los derechos del niño, solicitará a quien haya efectuado el diagnóstico que recomiende fundadamente la más indicada para salvaguardar los derechos del menor de edad.

Artículo 42.-

Medida de separación del menor de sus padres. Sólo cuando ello sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos del menor y siempre que no exista otra más adecuada, se podrá adoptar una medida que implique separarlo de uno o de ambos padres o de las personas que lo tengan bajo su cuidado. En este caso, el juez preferirá a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza y, sólo en defecto de los anteriores, lo confiará a un establecimiento de protección.

Artículo 43.-

Objeción de informes. Tanto los padres como las personas que tengan al menor bajo su cuidado y el representante de los derechos de éste, podrán objetar los informes y diagnósticos producidos, aportar nueva prueba o solicitar que ésta sea producida. Los mayores de 14 años, además, podrán ejercer por sí mismos este derecho.

Si el juez lo estima necesario y los antecedentes que avalan la objeción no puedieran ser rendidos por la parte reclamante en el acto, por alguna causa que no le fuere imputable, podrá suspender la audiencia y fijará una nueva fecha para su continuación, la que en caso alguno podrá realizarse en un término superior a los 10 días. En todo caso, de no ser incompatible con la naturaleza de la objeción deducida, deberá culminarse con el examen de las demás pruebas, previo a la suspensión de la audiencia.

Artículo 44.-

Sentencia. Antes de pronunciar sentencia, el juez procurará que las partes acuerden la forma más conducente a la resolución de la situación que afecta al menor. Si ello no fuere posible, en la sentencia fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicará los objetivos que se pretenden cumplir con ella y determinará el tiempo de su duración.

La sentencia será pronunciada verbalmente una vez terminada la audiencia complementaria, la principal, o la audiencia a que se refiere el inciso final del artículo precedente, según sea el caso. El juez deberá explicar claramente a las partes la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración. En lo demás se aplicará lo dispuesto en el artículo 32.

Artículo 45.-

Duración del procedimiento. En los casos en que, en virtud de una medida cautelar, el menor haya sido separado de uno o ambos padres o de las personas que lo tuvieren bajo su cuidado, el proceso no podrá durar más de noventa días, contados desde que se hubiere decretado esta medida.

Artículo 46.-

Obligación de informar acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas. El director del establecimiento o el responsable del programa en que se cumpla la medida adoptada, tendrán la obligación de informar mensualmente al juez acerca del desarrollo de la misma, de la situación en que se encuentra el menor de edad y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia.

Artículo 47.-

Obligación de visita de establecimientos y sedes de programas. El juez competente deberá visitar los establecimientos y sedes de los programas en que se cumplan medidas de protección que éste hubiere dictado existentes en su territorio jurisdiccional, a lo menos, cada seis meses. El director del establecimiento o responsable del programa respectivo deberá facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada menor atendido en él. Asimismo, deberá facilitar las condiciones para que el juez se entreviste privadamente con los menores de edad que en él se encuentren.

Artículo 48.-

Derecho de audiencia con el juez. Los menores respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial, tendrán derecho a que el juez los reciba personalmente, cuando lo soliciten por sí mismos o a través de las personas señaladas en el artículo siguiente.

Artículo 49.-

Suspensión, modificación y cesación de medidas. En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez podrá suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, a solicitud del menor, de uno o de ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida.

Si el Tribunal lo considera necesario para resolver, podrá citar a una única audiencia destinada a escuchar a las partes y recibir los antecedentes que avalen la suspensión, revocación o modificación solicitada.

Párrafo segundo

Del procedimiento de violencia intrafamiliar

Artículo 50.-

Competencia. Corresponderá el conocimiento de los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar regulados en la Ley Nº 19.325 al tribunal de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional en que tenga residencia o domicilio el afectado.

Las primeras diligencias practicadas por un juez incompetente serán válidas.

En estas materias, se aplicará el procedimiento contenido en este párrafo y, en lo no previsto, regirán las normas del Título III de esta ley.

Artículo 51.-

Inicio del procedimiento. El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar podrá iniciarse por demanda o por denuncia.

La demanda podrá ser deducida por el afectado, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que lo tengan a su cuidado.

La denuncia podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motivan y se formulará en el tribunal, ante Carabineros o la Policía de Investigaciones o los fiscales del Ministerio Público, los cuales estarán obligados a recibirla, sin necesidad de exigir certificado médico a la víctima, y a ponerla de inmediato en conocimiento del juez competente, siéndole aplicable lo establecido en los artículos 173 y 178 del Código Procesal Penal.

En caso de maltrato flagrante, los funcionarios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones deberán entrar en el lugar en que estén ocurriendo los hechos, arrestar al agresor, si procediere, y prestar ayuda inmediata y directa a la víctima.

La denuncia formulada ante Carabineros o ante la Policía de Investigaciones no requerirá de ratificación ante el tribunal.

Artículo 52.-

Requisitos de la demanda o denuncia. La demanda o denuncia deberá contener una narración circunstanciada de los hechos en que se funda, la individualización del o de los presuntos autores de tales hechos y, en lo posible, la indicación de las personas que componen el núcleo familiar afectado.

Si en la denuncia no se determinare la identidad del o de los presuntos ofensores, el servicio que la haya recibido deberá practicar las diligencias necesarias para su individualización. Las medidas que hubieren sido implementadas a estos efectos deberán detallarse en la comunicación que se remita al tribunal al transcribir la denuncia respectiva, individualizando a los funcionarios que las hubieren llevado a cabo. Dichas diligencias sólo requerirán autorización judicial previa en los casos a que se refiere el artículo 9º del Código Procesal Penal.

Tratándose de denuncias formuladas directamente ante el tribunal éste dispondrá de inmediato las medidas conducentes a dicha individualización. Igual procedimiento se seguirá en caso de las denuncias que fueren presentadas ante los Fiscales del Ministerio Público, cuando los hechos fueren constitutivos de crimen o simple delito.

Artículo 53.-

Obligación de establecimientos de salud. Cuando producto de un episodio de violencia intrafamiliar se provocaren lesiones en la víctima cuyas características permitieren presumir dicho contexto, éste fuere previsible, conocido o evidente, los profesionales de la salud que se desempeñen en hospitales, clínicas o establecimientos de salud semejantes, ya sean públicos o privados, al realirealizar los procedimientos y prestaciones médicas que hubieren sido solicitadas, deberán procurar practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima de violencia intrafamiliar, debiendo además conservar las pruebas correspondientes.

A estos efectos se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hubieren practicado. Una copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se deberán remitir al Instituto Médico Legal para ser puestos a disposición del Tribunal competente, si lo requiriese o para su archivo.

La práctica de estos reconocimientos no generará a la víctima costos adicionales a los que correspondieren por el procedimiento o atención médica solicitada.

Las copias del acta a que se refiere el inciso precedente tendrán el mérito probatorio señalado en los artículos 314, 315 y 316 del Código Procesal Penal, según corresponda.

Artículo 54.-

Solicitud de extracto de filiación del denunciado o demandado. El juez requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que éste tuviere en el registro especial que establece el artículo 8º de la Ley Nº 19.325.

Artículo 55.-

Remisión de antecedentes si el hecho denunciado reviste caracteres de delito. En caso que el hecho en que se fundamenta la denuncia o la demanda sea constitutivo de delito, el tribunal de familia deberá enviar de inmediato los antecedentes a las oficinas del Ministerio Público que sea competente.

Si dichos hechos dieren lugar al inicio de una investigación criminal, constituyendo además un acto de violencia intrafamiliar, el tribunal de garantía correspondiente gozará de la potestad cautelar que establece esta ley.,

Artículo 56.-

Conciliación. En este procedimiento, el llamado a conciliación de que trata el artículo 29, N° 3, no será obligatorio.

Para decretar dicho llamado, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose que las partes estén dispuestas a participar en un proceso de conciliación y de que exista algún grado de reconocimiento de la situación por parte del ofensor. Además, deberá tener en cuenta la capacidad de las partes en conflicto para negociar libremente y en un plano de igualdad, como, asimismo, el peligro potencial de violencia futura.

Lo mismo ocurrirá tratándose de la mediación.

La conciliación o la mediación, cuando se hubiere dado lugar a ellas, se iniciarán siempre por una o más audiencias privadas con cada una de las partes, a fin de darles a éstas mayor oportunidad de expresarse libremente.

Artículo 57.-

Improcedencia de la conciliación y/o mediación. Sin embargo, si se acredita fehacientemente nunca procederá la conciliación ni la mediación cuando se acredite por cualquier medio que el demandado o denunciado ha cometido antes actos de violencia intrafamiliar o cuando el denunciante o demandante se oponga a ello.

Artículo 58.-

Asesoría letrada. El juez o el mediador, en su caso, deberán procurar que la víctima de actos de violencia intrafamiliar cuente con asesoría letrada para la adopción de sus decisiones, tanto en el transcurso de las audiencias como fuera de ellas.

Artículo 59.-

Comunicación de la denuncia a la víctima. En los casos en que el procedimiento se inicie por denuncia de terceros, el juez deberá seguir el siguiente procedimiento previo a la realización de la audiencia principal:

1) Deberá poner en conocimiento de la víctima o de su representante la denuncia recibida, por el medio más idóneo, directo, seguro para su integridad, con el objeto de tomar las medidas necesarias para su protección y de que concurra a la audiencia principal, indicándole la fecha y hora en que ésta se llevará a cabo.

2) Ocurrido lo anterior, y sin perjuicio de la facultad prevista en el artículo siguiente, el juez citará al denunciado a la audiencia principal, la que no podrá fijarse en una fecha posterior a los quince días siguientes a la fecha de recepción de la denuncia.

3) Si lo estima necesario, tomará también las medidas de protección y resguardo para el denunciante. Asimismo, podrá citar a la denunciante a la audiencia principal para que comparezca en calidad de testigo.

Artículo 60.-

Potestad cautelar. En los juicios a que se refiere este párrafo y desde el momento en que se hubiere recibido la demanda o denuncia, el juez podrá, mediante resolución fundada, decretar cualquier medida precautoria destinada a garantizar la seguridad física o psíquica del afectado y la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar.

Al efecto, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, podrá:

1) Prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común;

2) Ordenar el reintegro al hogar de quien injustificadamente haya sido obligado a abandonarlo;

3) Autorizar al afectado para hacer abandono del hogar común y disponer la entrega inmediata de sus efectos personales,

4) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio o de trabajo del ofendido, a menos que trabajen en un mismo establecimiento;

5) Decretar el retiro temporal de las armas que se encuentren en poder del ofensor;

6) Prohibir al ofensor toda forma de hostigamiento, incluso telefónico, a la víctima;

7) Disponer la factura de un inventario de bienes;

8) Entregar el cuidado de la víctima menor de edad, incapaz o anciano desvalido a quien considere idóneo para su seguridad psicofísica y mientras se efectúa un diagnóstico de la situación;

9) Decretar, en casos calificados, el arresto del ofensor hasta por cuarenta y ocho horas,

10) Ordenar protección policial especial para la víctima cuando el maltrato revista gravedad y se tema su repetición.

Si la medida fuere decretada con el sólo mérito de la denuncia, deberá justificar en su resolución los antecedentes tenidos a la vista para justificar su imposición, la naturaleza y la duración de aquella que hubiere sido impuesta.

Cuando el maltrato sea la causa de la acción de divorcio, el juez podrá decretar las medidas precautorias establecidas en este artículo.

Artículo 61.-

Ejecución de las medidas cautelares. Tan pronto sea decretada una medida cautelar, el juez deberá entregar copia de la resolución respectiva a la víctima o a su representante y remitirla a Carabineros o a la Policía de Investigaciones cuando, para ser cumplida, se requiera la participación de esas instituciones.

Para el cumplimiento de estas medidas, el juez tendrá las facultades establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, incluyendo la de decretar el auxilio de la fuerza pública, con las facultades de allanamiento y descerrajamiento, si fuere necesario.

Estas medidas podrán ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento anterior a la audiencia principal, en el transcurso de ésta o en la audiencia complementaria.

En los casos del artículo 56, el juez deberá resolver la dictación de medidas cautelares antes de la conciliación o mediación.

Artículo 62.-

Sanciones por incumplimiento de medidas cautelares. El incumplimiento de las medidas decretadas por el tribunal, será sancionado en la forma establecida en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de la utilización de las facultades señaladas en el inciso segundo del artículo precedente. Además, mientras se sustancia el respectivo proceso, el juez de familia podrá aplicar como medida de apremio la reclusión nocturna hasta por quince días, o el arresto sustitutorio de dicha medida en caso de incumplimiento de la misma.

Artículo 63.-

Citación a otras personas. Si el juez lo estima conveniente, podrá citar a las audiencias, además del demandante y el demandado, a otros miembros del grupo familiar y no familiares con quienes viva el afectado.

Artículo 64.-

Testigos. No regirán en estos juicios las inhabilidades de testigos contempladas en los números 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 65.-

Sentencia. La sentencia deberá pronunciarse especialmente sobre la ocurrencia del hecho constitutivo de violencia intrafamiliar, si afecta o no a la salud física o psíquica del ofendido, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción que se le aplica.

Existiendo medidas precautorias vigentes, la sentencia deberá, además, pronunciarse sobre ellas, pudiendo mantenerlas, ampliarlas, limitarlas, modificarlas o sustituirlas por un plazo no superior a sesenta días, o dejarlas sin efecto.

Artículo 66.-

Control del cumplimiento de las medidas decretadas. El juez deberá, por el tiempo que estime prudente, controlar el cumplimiento y resultado de las medidas decretadas contando para ello con las facultades establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, siendo además aplicable lo dispuesto en el artículo 240 del mismo cuerpo legal.

Podrá, de la misma forma, controlar la asistencia del ofensor a programas terapéuticos o de orientación familiar, pudiendo delegar estas funciones en instituciones idóneas para ello, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, los Centros de Diagnóstico del Ministerio de Salud o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, lo que determinará en la sentencia.

Los organismos referidos deberán evacuar los informes respectivos, con la periodicidad que el tribunal señale.

Párrafo tercero

De los actos judiciales no contenciosos

Artículo 67.-

Procedimiento aplicable. Los asuntos no contenciosos cuyo conocimiento y fallo corresponda a los tribunales de familia, se sujetarán al procedimiento establecido en este párrafo.

En todo lo no regulado por este párrafo, se aplicarán las reglas contenidas en el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles.

Artículo 68.-

Requisitos de la solicitud. La solicitud que para su resolución se presente al tribunal, expresará claramente el asunto de que se trata. A ella se acompañarán los documentos en que se funde y se individualizará a las personas que tengan interés en el asunto, si fueren conocidas.

Artículo 69.-

Oposición de otras personas y citación. Si no hubiere personas con derecho a oponerse por tener interés en el asunto, el juez revisará los antecedentes presentados y, de ser necesario, mandará que se acompañen los que falten y resolverá sin más trámite.

Si dichos antecedentes no se acompañan oportunamente o el juez los estima insuficientes para resolver, mandará citar a todas las personas indicadas en la solicitud y a cualquier otra que, en su concepto, pueda tener interés en el asunto, a una audiencia que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes.

Esta citación se practicará en la forma que establece el artículo 689 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 70.-

Audiencia. La audiencia se realizará aunque sólo concurra el solicitante. El juez escuchará a éste y a los demás interesados que se presenten, apreciará los antecedentes y resolverá el asunto.

Si durante la audiencia surgiere oposición de persona interesada, el juez preguntará a las partes si desean desde ya continuar su tramitación en la forma ordinaria establecida para los asuntos contenciosos. En este caso, la solicitud será tomada como demanda y la oposición del interesado como contestación, debiendo quedar claramente establecidas en el registro las pretensiones de las partes. En lo demás, se estará a lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes, entendiéndose que la audiencia en que se formuló la oposición tendrá el carácter de principal.

Si en concepto del tribunal no estuvieren reunidos los elementos para la realización inmediata de la audiencia principal, deberá fijarse una nueva fecha para su realización en un término no superior a los 10 días. Las partes se entenderán citadas a dicha audiencia de pleno derecho, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.

TITULO V

DE LA MEDIACIÓN

Párrafo Primero

Artículo 71.-

Mediación. Para todos los efectos legales, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos no adversarial, en el que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución a su conflicto.

Artículo 72.-

Prestadores del servicio de mediación. El servicio de mediación anexo a los tribunales de familia será prestado por las personas naturales o jurídicas que sean seleccionadas a través del proceso de licitación a que se refiere el Párrafo Quinto de este Título

Artículo 73.-

Sistema de mediación anexo a tribunales de familia. La supervisión, control, registro y administración de los recursos del sistema de mediación anexo a los tribunales de familia, corresponderá a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través del Departamento de Mediación.

Párrafo Segundo

Del Procedimiento de mediación

Artículo 74.-

Mediación obligatoria. Las causas relativas al derecho de alimentos, al derecho de cuidado personal y al derecho y el deber de los padres e hijos que viven separados a mantener una relación directa y regular, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la presentación de la demanda, el que se regirá por las normas de la presente ley y especialmente por lo dispuesto en este Título.

Artículo 75.-

Mediación facultativa. Las restantes materias de competencia de los tribunales de familia, exceptuadas las señaladas en el artículo siguiente, podrán ser derivadas a mediación en cualquier estado de la causa, hasta antes de la audiencia complementaria mediante resolución que pronunciará el juez, con acuerdo de las partes.

En los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 56 y siguientes de la presente ley.

Artículo 76.-

Mediación prohibida. No se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil o interdicción de las personas, las causas sobre maltrato de menores o incapaces, los procedimientos regulados en la ley 18.620 sobre adopción de menores de edad Y las causas sobre nulidad de matrimonio y divorcio, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 26 bis y 35 bis de la Ley de Matrimonio Civil.

Sin embargo, si en estos casos las cuestiones relativas a la tuición, régimen de visitas o alimentos de los hijos, y las cuestiones relativas al régimen patrimonial del matrimonio disuelto o anulado, no hubieren sido resueltas en conjunto con dicha declaración, ya sea por resolución judicial o en forma voluntaria y de común acuerdo por las partes, deberán someterse al procedimiento de mediación una vez ejecutoriada la sentencia, según dispone el inciso segundo del artículo 26 bis de la ley de matrimonio Civil.

Artículo 77.-

Principios del proceso de mediación. Durante la mediación, el mediador deberá velar por la observancia de todas las normas que rijan el proceso contenidas en esta ley. En especial, deberá velar por que se respeten los principios de igualdad, voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad.

Artículo 78.-

Igualdad. Será presupuesto indispensable para que se lleve a cabo la mediación la igualdad de condiciones para negociar en que se encuentren los involucrados. El mediador que detectare que alguno de los participantes no es libre para negociar o se encuentra en una situación de desventaja o sumisión respecto del otro, deberá procurar lograr un equilibrio entre ellos y, si esto no fuere posible, deberá suspender o dar por terminada la mediación.

Artículo 79.-

Voluntariedad. Los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera sesión o en cualquier otro momento durante el procedimiento alguno de ellos manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada.

Artículo 80.-

Confidencialidad. Los mediadores deberán guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación, respondiendo por los delitos previstos en el artículo 247 inciso segundo y 247 bis. del Código Penal según sea el caso, si contravinieren dicha reserva.

Al efecto, quedarán protegidos por el secreto profesional en los términos que señala el artículo 303 del Código Procesal Penal y no podrán ser llamados a declarar en juicio en favor o en contra de ninguna de las partes, acerca de lo visto u oído en cualquiera de los procesos de mediación en que hubieren intervenido, salvo en el caso mencionado en el inciso segundo de la disposición antes citada.

Con todo, quedarán exentos del deber de confidencialidad y de responsabilidad penal derivada de los delitos enunciados en el inciso primero del presente artículo en aquellos casos en que tomen conocimiento de situaciones de maltrato en contra de menores de edad o incapaces, a propósito del desarrollo de la mediación.

Artículo 81.-

Imparcialidad. Los mediadores serán imparciales en relación con los participantes. Si dicha imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberá rechazar el caso, justificándose ante el tribunal que corresponda.

Los involucrados podrán también solicitar al tribunal la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida.

Artículo 82.-

Prohibiciones de los mediadores. Los mediadores estarán afectos a las siguientes prohibiciones:

1) Mediar cuando sea parte en el procedimiento su cónyuge, conviviente, o parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el 4º grado en la línea colateral o pupilo;

2) Mediar cuando hubieren prestado algún servicio profesional a cualquiera de las partes involucradas durante los tres años anteriores al proceso de mediación;

3) Prestar servicios profesionales a las partes involucradas en los casos en que estuviere mediando y hasta un plazo de seis meses después de finalizado del proceso de mediación;

4) Celebrar actos o contratos que recaigan sobre bienes o derechos concernidos en alguno de los procesos de mediación en que hubieran participado. La misma prohibición recaerá sobre su cónyuge, conviviente, descendientes o ascendientes consanguíneos o afines, parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive y socios.

Artículo 83.-

Consideración de los intereses de otras personas afectadas. El mediador deberá velar porque en el curso de la mediación se tomen en consideración los intereses de otras personas que pudieren verse afectadas por su resultado y que no hubieren sido citadas a la audiencia.

En caso necesario, deberá suspender la sesión para continuarla en otra fecha, con la presencia de tales interesados, quienes serán citados con las mismas formalidades que los involucrados en la mediación. En todo caso, el procedimiento de mediación nunca podrá exceder el plazo máximo establecido en el artículo 91.

Artículo 84.-

Derivación a mediación. En los casos del artículo 74 un funcionario especialmente calificado, determinado a estos efectos por el administrador respectivo, instruirá convenientemente a los interesados acerca de la mediación, del carácter preliminar y obligatorio de dicho procedimiento. y, de la obligación de.

Artículo 85.-

Medidas cautelares. Siempre que se haya solicitado el alzamiento de una medida cautelar decretada en el momento de iniciarse el juicio o en forma prejudicial, el juez deberá resolver sobre ella antes de derivar a las partes a mediación.

Artículo 86.-

Comunicación al mediador designado. Una vez realizadas las actuaciones a que se refieren los artículos anteriores, se enviará una comunicación escrita al mediador que corresponda el caso. En dicha comunicación sólo se señalará la o las materias de que se trate.

Artículo 87.-

Citación a la sesión inicial de mediación. Recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el mediador designado fijará una sesión inicial de mediación.

A ésta se citará a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados.

Artículo 88.-

Forma de la citación. La citación a mediación se hará por medio de carta certificada o por cualquier otro medio de comunicación, que asegure el conocimiento de ella por parte de los citados.

Artículo 89.-

Inasistencia de las partes. Si alguna de las partes citada por dos veces no concurriere ni justificare causa, se tendrá por frustrada la mediación.

Artículo 90.-

Contenido de la primera sesión de mediación. En la primera sesión, el mediador deberá informar a las partes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, su duración y etapas, el carácter voluntario de los acuerdos que de ella deriven en conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley y finalmente, deberá ilustrarlos acerca del valor jurídico de dichos acuerdos.

Artículo 91.-

Duración del procedimiento de mediación. El procedimiento de mediación no podrá durar más de sesenta días contados desde que el mediador haya recibido la comunicación del tribunal que lo designa.

Con todo, los involucrados, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por treinta días. Tal circunstancia será informada de inmediato al tribunal, mediante comunicación escrita y firmada por los participantes y el mediador.

Durante los plazos señalados, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador estime necesarias, en las fechas que de común acuerdo se determinen. Podrá citarse a los participantes por separado.

Artículo 92.-

Mediación frustrada. Si la mediación se frustrare, ya sea porque alguno de los participantes decide retirarse de ella, o porque transcurrido el plazo o su prórroga, no hubieren alcanzado acuerdo respecto de todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, el mediador deberá levantar un acta, dejando constancia del resultado, pero sin agregar otros antecedentes.

En lo posible, dicha acta será firmada por los participantes, se entregará copia de ella a aquel que lo solicite y se remitirá al tribunal correspondiente

Artículo 93.-

Acta de mediación. En caso de haber acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador.

Se remitirá de inmediato copia de dicha acta al tribunal, el que procederá a su aprobación.

El acta de mediación y la resolución que la tenga por aprobada se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Párrafo Tercero

De la Administración del Sistema Nacional de Mediación

Artículo 94.-

Administración del Sistema Nacional de Mediación La administración del Sistema Nacional de Mediación anexo a los tribunales de familia, estará a cargo de un Departamento de Mediación, dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Artículo 95.-

Departamento de Mediación Corresponderá al Departamento de Mediación:

1) Crear y llevar el Registro de mediadores de familia.

2) Autorizar a los organismos de formación de mediadores para actuar como tales.

3) Otorgar becas para acceder a programas de formación.

4) Fijar las bases para las licitaciones regionales de servicios de mediación.

5) Llamar cada tres años a licitación para la prestación de esos servicios en cada Región.

6) Elaborar anualmente el presupuesto necesario para el funcionamiento del sistema de mediación anexo a tribunales y administrar en conformidad a la ley los recursos que le sean asignados.

7) Realizar las inspecciones a que se refiere los artículos 125 y siguientes de la ley de tribunales de familia.

8) Aprobar los informes que evacuen los prestadores del servicio de mediación.

9) Recibir los reclamos que se formulen respecto de los prestadores de los servicios de mediación.

10) Todas las demás funciones que esta ley le asigna.

Artículo 96.-

Jefe del Departamento de Mediación. Corresponderá al Jefe del Departamento de Mediación:

1) Disponer la inscripción de los mediadores que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, en el Registro de Mediadores en Familia, teniendo a la vista los antecedentes acompañados, o rechazar la postulación, si procede.

2) Cancelar inscripciones en dicho Registro, cuando sea pertinente.

Párrafo Cuarto

Del Registro de mediadores de familia y los requisitos para ser mediador habilitado

Artículo 97.-

Registro de los mediadores de familia. El Departamento de Mediación a que se refiere el párrafo anterior, llevará un registro de mediadores de familia, en el que deberán estar inscritos quienes cumplan con los requisitos que establece la ley para prestar servicios de mediación anexos a tribunales de familia.

Este registro se dividirá en secciones correspondientes a los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones del país, debiendo cada mediador inscribirse en la sección correspondiente al territorio en que ejercerá sus funciones.

Con todo, un mediador podrá inscribirse en más de una sección

Artículo 98.-

Requisitos para ser mediador de familia. Para ser inscrito en el registro de mediadores se requiere:

1) Poseer un título profesional en el área de las ciencias humanas y sociales otorgado por alguna Universidad del Estado o por una Universidad o Instituto Profesional reconocidos por el Estado.

2) Haber ejercido la profesión por al menos tres años.

3) Haber aprobado el curso de formación para mediadores de que trata el Párrafo siguiente de ese Título.

4) No estar afecto a ninguna de las inhabilidades que se establecen en el artículo siguiente.

5) Contar con una oficina o recinto adecuado para el desarrollo de sesiones de mediación, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el reglamento.

Artículo 99.-

Inhabilidades. No podrán inscribirse en el registro a que se refiere este párrafo:

1) Los que hayan sido condenados o se encuentren actualmente procesados por delitos que merezcan pena aflictiva.

2) Los que hayan sido condenados o se encuentren actualmente procesados por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, cualquiera sea la pena aplicable.

3) Los que hayan sido condenados por actos constitutivos de maltrato infantil o violencia intrafamiliar, ya sea que tengan o no carácter delictivo.

4) Los que se hallen declarados en interdicción de administrar lo suyo.

5) Los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley.

6) Los funcionarios del Poder Judicial, incluyendo a los de su Corporación Administrativa.

Artículo 10

0.- Inscripción de mediadores. El Jefe del Departamento de Mediación dispondrá la inscripción de los mediadores que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 95, teniendo a la vista los antecedentes acompañados.

Artículo 10

1.- Cancelación de la inscripción. La cancelación de una inscripción procederá en los siguientes casos:

1) Cuando el mediador hubiere perdido cualquiera de los requisitos exigidos para figurar en el Registro de Mediadores de Familia.

2) Cuando incurra en alguna causal de inhabilidad sobreviniente.

3) Cuando altere o falsifique formularios, registros o cualesquiera otros documentos que sirvan de base para el pago de la subvención fiscal o ejecuten cualquiera otra maquinación fraudulenta destinada a obtener un pago mayor al que realmente proceda, sin perjuicio de las sanciones penales que corresponda.

La cancelación se hará de oficio o a petición de un tribunal de familia o de cualquier persona interesada, por el Director del Departamento de Mediación, si existe mérito bastante.

El postulante cuya solicitud fuera rechazada, podrá pedir reconsideración ante el Director del Departamento de Mediación, en la que deberá oír al afectado y resolverá sin forma de juicio.

Podrá solicitarse la reconsideración de dicha decisión ante el Subsecretario de Justicia.

Párrafo Quinto

De los organismos de formación de mediadores y los programas de formación

Artículo 10

2.- Organismos de formación de mediadores. Podrán constituirse como organismos de formación de mediadores, las universidades e institutos profesionales reconocidos por el Estado, acreditados por el Departamento de Mediación.

Asimismo, podrán ser organismos de formación aquellos centros de mediación que cuenten con la misma autorización.

Artículo 10

3.- Requisitos para constituirse en organismo de formación de mediadores. Para tener la calidad de organismo de formación de mediadores se requiere contar con:

1) Experiencia acreditable de a lo menos tres años en programas de docencia para adultos en el área de las ciencias humanas y sociales.

2) Una instancia que permita efectuar las pasantías a que se refiere el artículo siguiente. Con todo, para estos efectos podrán unirse dos o más organismos a través de convenios de acuerdo al Reglamento.

3) Un equipo docente de carácter interdisciplinario, en el que existan al menos dos profesionales que acrediten formación en mediación familiar.

4) Un programa de formación de mediadores aprobado por el Departamento de Mediación, de acuerdo a los requisitos, contenidos mínimos y metodologías que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 10

4.- Programas de formación de mediadores. Los programas de formación de mediadores de los organismos autorizados tendrán como objetivo fundamental entregar a los alumnos los principios, conocimientos, destrezas y criterios necesarios para desempeñarse como mediador familiar.

Dichos programas estarán compuestos por una fase teórico-práctica cuya duración no podrá ser inferior a 80 horas y que deberá estar constituida en sus dos terceras partes por actividades prácticas que fomenten la participación de los alumnos.

Adicionalmente, formará parte fundamental del programa de formación una pasantía destinada a complementar la formación teórico-práctica consistente en la participación observante del alumno en no menos de 10 casos de mediación, con la supervisión de un mediador experimentado, donde el pasante asumirá responsabilidades en el proceso de mediación en forma gradual.

Artículo 10

5.- Becas para formación de mediadores. La Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través del departamento de Mediación podrá, según las necesidades existentes en el país, otorgar anualmente un número determinado de becas para acceder a programas de formación. La selección de estos becarios se realizará en base a criterios de excelencia académica, idoneidad profesional y capacidad económica de los postulantes.

Artículo 10

6.- Forma de acreditación. Las entidades que deseen convertirse en organismos autorizados, deberán presentar su solicitud a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través de sus respectivos representantes regionales acompañando su proyecto de programa de formación.

Artículo 10

7.- Cancelación de la acreditación. Se cancelará la calidad de organismo de formación acreditado por resolución fundada del Subsecretario de justicia, cuando la institución dejare de cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 100.

Párrafo Sexto

De la licitación de los servicios de mediación

Artículo 10

8.- Selección de prestadores de servicios de mediación. La selección de los mediadores que prestarán servicios a los tribunales de familia, se hará mediante licitaciones a nivel regional, en conformidad a las bases que para este efecto fije la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en conformidad a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

El Departamento de Mediación llamará a licitación en cada región del país cada tres años.

El correspondiente llamado deberá señalar el número de causas que se licitan, el que será igual al proyectado para el próximo período de tres años para la respectiva Región.

Artículo 10

9.- Bases y convocatoria a licitación. Las bases de licitación serán puestas a disposición de los interesados en las oficinas de a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

La convocatoria se hará por medio de dos avisos en un periódico de circulación regional.

Las personas e Instituciones interesadas deberán postular dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la última publicación de la convocatoria.

Artículo 11

0.- Indicación de porcentaje de causas a licitar. Los postulantes a la licitación deberán señalar específicamente el porcentaje de causas del respectivo territorio jurisdiccional o de la región al que postulan y el precio de sus servicios.

Artículo 11

1.- Composición del jurado de licitación. La licitación será resuelta por un jurado compuesto por:

1) El Secretario Regional Ministerial de Justicia.

2) Un integrante del Departamento de Mediación, designado por su director.

3) Un Ministro de la o las Cortes de Apelaciones de la región, elegido por sus miembros.

4) Un juez de familia elegido por los jueces de familia de la Región, de entre éstos.

5) Un académico o profesional de reconocido prestigio en el área de familia elegidos por el Consejo de Desarrollo Regional.

Los miembros del jurado que deban ser elegidos, lo serán de acuerdo con el procedimiento que determine el Reglamento.

La calidad de jurado será incompatible con la de integrante de cualquiera de las instituciones que participen en la licitación o tengan interés en ella.

Artículo 11

2.- Resultados de la licitación. El jurado deberá resolver el proceso de licitación en el tiempo que medie entre los 180 y los 150 días anteriores a la fecha en que deban comenzar a prestarse los servicios de mediación.

Los resultados de la licitación serán comunicados Jefe del Departamento de Mediación y a los interesados.

Artículo 11

3.- Criterios de selección de mediadores. La licitación se resolverá conforme a los siguientes criterios:

1) Número y dedicación de mediadores disponibles, en el caso de las instituciones.

2) Experiencia y calificación de los profesionales.

3) Soporte administrativo disponible.

4) Precio Base del servicio en los términos señalados en el artículo 114 de esta ley.

5) Monto de la asignación por transporte en los términos señalados en el artículo 117 de esta ley.

6) Distancia entre la sede de la oficina de mediación y el respectivo Tribunal de Letras.

7) Accesibilidad de los servicios para los usuarios.

Cada uno de estos criterios tendrá un puntaje asignado de acuerdo a las normas que al efecto establecerá el Reglamento.

A partir de la segunda licitación, se otorgará un puntaje especial a las personas o instituciones que hubieran prestado servicios en el período anterior el que será agregado al obtenido según la norma del inciso anterior. Dicho puntaje podrá tener un valor positivo o negativo, beneficiando o perjudicando al postulante, según los resultados de su gestión anterior.

La decisión de la licitación será siempre pública y fundada.

Terminado el proceso de licitación, el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial celebrará los respectivos contratos de prestación de servicios con las personas o instituciones elegidas, dentro del plazo de treinta días.

Dichos contratos tendrán una duración de tres años.

Artículo 11

4.- Licitación declarada desierta. Se declarará desierta una licitación cuando:

1) No se presentaren postulantes.

2) Cuando los postulantes que se presenten no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de licitación

3) Cuando ninguna de las propuestas obtenga el puntaje mínimo requerido según el Reglamento.

Artículo 11

5.- Convenios Directos. En caso de declararse desierta una licitación o cuando el número de postulantes elegidos sea insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda regional, la Corporación Administrativa del Poder Judicial podrá celebrar convenios directos con particulares o instituciones, que figuren en el Registro, por un plazo fijo, para el desempeño de las funciones de mediación.

Párrafo Séptimo

Del pago y garantía de los servicios de mediación

Artículo 11

6.- Determinación del valor de los servicios de mediación. El valor del servicio de mediación por causa, se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

1) Pago base: En aquellos casos en que las partes no concurran ante el mediador, o de comparecer solamente a una sesión sin lograr acuerdo de las partes, el mediador recibirá un pago que se determinará en la licitación respectiva, que no podrá ser superior a $7.967.

2) Pago dos: Tendrá lugar cuando las partes concurran a dos o más sesiones con el mediador, sin acuerdo entre las partes, el mediador recibirá como pago 3.65 veces el pago base.

3) Pago tres: Las causas en que las partes llegan a un acuerdo para solucionar el conflicto y sea homologado por el tribunal respectivo, independiente del número de sesiones realizadas, el valor del servicio de mediación será 8.17 veces el pago base.

Artículo 11

7.- Limitación al precio base. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 107 de esta ley, el precio base al que pueden postular los mediadores no podrá ser superior al valor fijado como el pago base máximo establecido en el artículo anterior, precio que servirá también para calcular el valor del servicio según se cumplan los requisitos para acceder a las remuneraciones señaladas en el artículo anterior según sea el caso.

Artículo 11

8.- Reajuste del precio base. El precio base máximo establecido en el artículo 113 de esta Ley, como asimismo el de la asignación establecida en el artículo 119, se reajustará una vez al año en el porcentaje de variación que hubiere experimentado el Índice de Precios al consumidor en dicho periodo

Artículo 11

9.- Reajuste del precio base. El precio base máximo establecido en el artículo 113 de esta Ley, se reajustará una vez al año en el porcentaje de variación que hubiere experimentado el Índice de Precios al consumidor en dicho periodo

Artículo 12

0.- Forma de pago. El pago de los servicios de mediación se hará en forma diferida, reteniéndose el porcentaje de cada estado de pago determinado en las bases de la licitación, hasta el penúltimo de ellos, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios.

Artículo 12

1.- Garantías. Además de las retenciones aludidas en el artículo anterior, el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial podrá exigir a la institución mediadora o a la persona natural que preste estos servicios, según el caso, boleta de garantía o cualquier otra caución que estime suficiente.

Artículo 12

2.- Traslados. En aquellos casos en que las causas de competencia de un tribunal sean adjudicadas mediante la licitación a una oficina de mediación ubicada a 40 kilómetros o menos de distancia respecto al asiento de dicho tribunal, serán los beneficiarios los que deberán concurrir a dicha oficina de mediación.

En aquellos casos que la oficina de mediación a la cual las causas fueron adjudicadas se encuentre a una distancia superior a 40 kilómetros, el mediador deberá trasladarse a la localidad del tribunal de menores o tribunal de letras al cual el beneficiario presentó la causa, para lo cual se le otorgará una asignación por transporte, cuyo monto se determinará en la licitación, adicional a la remuneración por causa que corresponda cuando la mediación se realice en la oficina del mediador.

Artículo 12

3.- Asignación por transporte. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior de esta ley, la asignación por transporte a la que pueden postular los mediadores sólo tendrá lugar cuando el mediador deba trasladarse a localidades cuya distancia sea superior a 40 kilómetros de la sede de la oficina de mediación y su valor no podrá ser superior a $9.827 pesos.

Artículo 12

4.- Remuneraciones de mediadores en caso de convenios directos. En el caso señalado en el artículo anterior, se estipulará en el convenio que la remuneración por causa se regulará por los criterios señalados en el artículo 113 de esta ley para cuyo efecto se deberá convenir un pago base. En todo caso, el pago mínimo será el equivalente a 60 causas anuales se realicen éstas o no.

Por las causas efectivamente iniciadas, se realizará el pago en conformidad a lo señalado en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 113 según corresponda. Las restantes causas, que no se hayan originado, hasta completar el número mínimo de 60 causas, se pagarán de acuerdo al numeral 2 del mismo artículo.

Artículo 12

5.- Postulación a distintos territorios jurisdiccionales. Las causas serán licitadas en conjunto y podrán incluir uno o más territorios jurisdiccionales. Los interesados podrán postular a un porcentaje de causas correspondiente a un territorio jurisdiccional.

Párrafo Octavo Control, reclamos y sanciones

Artículo 12

6.- Control de los prestadores de servicios de mediación. Las personas e instituciones que presten servicios de mediación a los tribunales de familia, estarán sujetas al control y responsabilidad previstos en esta ley.

Artículo 12

7.- Mecanismos de control. El desempeño de los mediadores será controlado a través de los siguientes mecanismos:

1) Inspecciones.

2) Informes periódicos.

Artículo 12

8.- Inspecciones. Las inspecciones a los mediadores se llevarán a cabo sin aviso previo. En dichas inspecciones se podrán revisar las instalaciones en que se desarrollen las tareas, verificar los procedimientos administrativos, entrevistar a los usuarios del servicio y, en general, recabar todos los antecedentes que permitan formarse una impresión precisa acerca del funcionamiento de la mediación.

Los prestadores del servicio de mediación no podrán negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos materia de control

Artículo 12

9.- Resultado de la inspección. Al término de cada inspección se deberá emitir un informe, cuyo contenido será evaluado por el jefe del Departamento de Mediación.

Artículo 13

0.- Informes periódicos. Los prestadores del servicio de mediación estarán obligados a entregar los informes periódicos que les solicite el Departamento de Mediación. Deberán, en todo caso, elaborar un informe anual de su gestión en la fecha que se establezca en el contrato respectivo.

Si dichos informes no fueren aprobados por el Departamento indicado, se deberán poner en conocimiento de quien los elaboró, a fin de que se efectúen las correcciones necesarias en el plazo de treinta días.

Si ello no ocurriere o las correcciones no fueran satisfactorias, se aplicarán las sanciones que establece esta ley.

Artículo 13

1.- Responsabilidad de los prestadores de servicios de mediación. Los mediadores que hayan sido seleccionados en el proceso de licitación, incurrirán en responsabilidad en los siguientes casos:

1) Cuando las mediaciones que realice no sean satisfactorias de acuerdo con los parámetros básicos establecidos por el Departamento de Mediación.

2) Cuando se detecten irregularidades en la administración de los fondos.

3) Cuando incurran en incumplimiento grave del contrato.

4) Cuando no hagan entrega oportuna de los informes a que se refiere el artículo 119.

5) Cuando emitan informes falsos.

Artículo 13

2.- Sanciones. Las sanciones que podrán aplicarse serán las siguientes:

1) Multas a beneficio fiscal establecidas en los contratos respectivos.

2) Retención del total o parte de los pagos adeudados, de acuerdo con el contrato respectivo.

3) Término anticipado del contrato; o

4) Cancelación de la inscripción en el Registro.

TITULO VI

PLANTA DE PERSONAL

Artículo 13

3.- Composición de la planta de los tribunales de familia. Los Tribunales de familia que se crean en esta ley tendrán la siguiente planta de personal, de acuerdo con el número de jueces que los conforman:

1) Tribunales con dos jueces: Dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, dos secretarias, un ejecutivo de sala, un oficial de Mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°,un encargado de toma de actas y un auxiliar.

2) Tribunales con tres jueces: Tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, dos secretarias, un ejecutivo de sala, un Oficial de Mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de acta, y un auxiliar.

3) Tribunales con cuatro jueces: Cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, dos secretarias, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de acta, y un auxiliar.

4) Tribunales con cinco jueces: Cinco jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, tres secretarias, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de acta, y un auxiliar.

5) Tribunales con seis jueces: Seis jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, tres secretarias, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de acta, y un auxiliar.

6) Tribunales con siete jueces: Siete jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, tres secretarias, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cuatro encargados de toma de acta y dos auxiliares.

7) Tribunales con ocho jueces: Ocho jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, tres secretarias, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo l°, dos oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cuatro encargados de toma de acta, y dos auxiliares.

8) Tribunales con nueve jueces nueve jueces, un administrador, seis asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, cuatro secretarias, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo l°, dos oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cinco encargados de toma de acta y dos auxiliares.

Artículo 13

4.- Planta del Consejo técnico de los tribunales que se indican. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la planta del Consejo Técnico de los tribunales de familia que se detallan a continuación estará compuesta por:

1) Tribunal de familia de Iquique, cinco asistentes sociales y un psicólogo.

2) Tribunales de familia de Calama, Copiapó y Talca, cuatro asistentes sociales y un psicólogo.

3) Tribunales de familia de San Felipe, Curicó, Linares y Puerto Montt, tres asistentes sociales y un psicólogo.

4) Primer y Segundo Tribunal de familia de San Miguel, cinco asistentes sociales y un psicólogo cada uno.

Artículo 13

5.- Grados de la planta de profesionales. Los jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los tribunales de familia que se crean por esta ley, tendrán los grados de la Escala de Sueldo Bases Mensuales del Poder Judicial que a continuación se indican:

1) Los jueces, el grado correspondiente según asiento del tribunal.

2) Los administradores de tribunales de familia asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o agrupación de comunas, grados VII, VIII y IX, del Escalafón Superior del Poder Judicial, respectivamente.

3) Los psicólogos de Tribunales de Familia, de asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o agrupación de comunas, grados VIII, IX y IX del Escalafón Superior del Poder Judicial, respectivamente.

4) Los asistentes sociales y orientadores familiares de tribunales de familia de asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o agrupación de comunas, grados IX, X y X, del Escalafón de Asistentes Sociales, respectivamente.

Artículo 13

6.- Grados de la planta de empleados. El personal de empleados de los tribunales de familia que se crean por esta ley, tendrán los grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Personal del Poder Judicial, que a continuación se indican:

1) Encargado contable de Tribunal de Familia de asiento de Corte, ejecutivos de salas de Tribunales de Familia de asiento de Corte, oficial de mediación de Tribunal de Familia de asiento de Corte y oficial administrativo 1° de Tribunales de Familia de asiento de Corte, grado XI.

2) Encargado contable de Tribunal de Familia de Capital de Provincia, ejecutivos de sala de Tribunales de Familia de capital de provincia, oficial de mediación de Tribunales de Familia capital de provincia, oficiales administrativos 1° de Tribunales de Familia de capital de provincia, y oficiales administrativos 2° de Tribunales de Familia de asiento de Corte, grado XII.

3) Ejecutivos de salas de Tribunales de Familia de comuna o de agrupación de comunas, oficial de mediación de Tribunales de Familia de comuna o de agrupación de comunas, oficiales administrativos 1° de Tribunales de Familia de comuna o de agrupación de comunas, oficiales administrativos 2° de Tribunales de Familia de capital de provincia, oficiales administrativos 3° de Tribunales de Familia de asiento de Corte, encargado de toma de acta de Tribunales de Familia de asiento de Corte, y secretaria de Tribunales de Familia de asiento de Corte, grado XIII.

4) Secretaria de Tribunales de Familia de capital de provincia, oficial administrativo 2° de Tribunal de Familia de comuna o agrupación de comunas, oficial administrativo 3° de Tribunal de Familia de capital de provincia, y encargado de toma de acta de Tribunal de Familia de capital de provincia, grado XIV.

5) Secretaria de Tribunales de Familia de comuna o agrupación de comunas, oficial administrativo 3° de Tribunales de Familia de comunas o agrupación de comunas y encargados de toma de acta de Tribunales de Familia de comunas o agrupación de comunas, grado XV.

6) Auxiliares de Tribunales de Familia de asiento de Corte, de capital de provincia y de comuna o de agrupación de comunas, grado XVII, XVII y XVII, respectivamente.

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 13

7.- Aplicación de normas del Código Orgánico de Tribunales. En todo lo referido a las materias que a continuación se señalan, se entenderán aplicables a los tribunales de familia las normas del Código Orgánico de Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal en lo relativo a: subrogación de los jueces, sistema de distribución de causas, Comité de jueces, Juez Presidente, Administradores de tribunales, y organización administrativa de los juzgados.

Artículo 13

8.- Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:

1) Sustitúyense, en su artículo 5º, inciso tercero, las palabras "Juzgados de Letras de Menores" por "tribunales de familia" y la expresión "ley Nº 16.618" por "ley que los creó".

2) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 15: "Lo dispuesto en este artículo se aplica a los Consejos Técnicos de los tribunales de Familia.

3) Agrégase, como inciso final, nuevo, al artículo 25 la siguiente frase: "Tratándose de los Tribunales de Familia las unidades administrativas serán las siguientes : sala, atención de público, servicios y administración de causas.".

4) Sustitúyese en el artículo 45, número 2º, la letra h) por la siguiente:

"h) De las causas del trabajo y de familia cuyo conocimiento no corresponda a los juzgados de letras del trabajo y de familia, respectivamente.".

5) Agréganse, en el artículo 63, número 1º, una coma (,) a continuación del término "criminales" y, entre ésta y las palabras "y del trabajo", los vocablos "de familia".

6) Sustitúyese el inciso tercero del artículo 69 por el siguiente:

"En las tablas deberá designarse un día de la semana para conocer las causas criminales y otro día distinto para conocer las causas de familia y del trabajo, sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal les acuerden.".

7) Sustitúyese el artículo 98, número 1º, por el siguiente:

"1º De los recursos de casación en materia de familia, y de los recursos de casación en el fondo en las demás materias."

8) Reemplázase, en el artículo 99, la palabra "menores" por "familia".

9) Sustitúyese el artículo 195, número 5º, por el siguiente:

"5º Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador."

10) En el artículo 265, inciso segundo, agrégase, a continuación de los dos puntos (:) , la expresión "los administradores de los tribunales de familia". En el mismo inciso, agrégase, a continuación del término "receptores", la expresión ", miembros de los Consejos Técnicos de los tribunales de familia"

11) En el artículo 269, inciso primero, agrégase a continuación de los dos puntos (:) que siguen a la expresión "Tercera Serie", la frase Administradores de Tribunales de Familia.

12) Reemplázase el inciso final del artículo 269, por el siguiente:

"La tercera serie tendrá las siguientes categorías:

Primera Categoría: Administrador de tribunales orales en los penal, juzgados de garantía y tribunales de familia de ciudad asiento de Corte de Apelaciones.

Segunda Categoría: Administrador de tribunales orales en los penal, juzgados de garantía y tribunales de familia de ciudad capital de provincia y subadministrador de tribunales orales en lo penal y juzgados de garantía de ciudad asiento de Corte de Apelaciones.

Tercera Categoría: Administrador de tribunales orales en lo penal, juzgados de garantía y tribunales de familia de comuna o agrupación de comunas, subadministrador de tribunales orales en lo penal y de juzgados de garantía de ciudad capital de provincia y jefe de unidad de tribunales orales en lo penal y de juzgados de garantía de ciudad asiento de Corte de Apelaciones.

Cuarta Categoría: Subadministrador de tribunales orales en lo penal y de juzgados de garantía de comuna o de agrupación de comunas, y jefe de unidad de tribunales orales en lo penal y de juzgados de garantía de ciudad capital de provincia.

Quinta Categoría: Jefe de Unidad de tribunales orales en lo penal y de juzgados de garantía de comuna o de agrupación de comunas.

13) Modifícase el artículo 289 bis de la siguiente forma:

1.- En el inciso primero, sustitúyese la expresión "asistentes sociales y bibliotecarios" por "psicólogo u orientadores familiares, asistentes sociales y bibliotecarios" y e las letras a) y b) del mismo inciso sustitúyense las expresiones "asistente social o bibliotecario por "psicólogo u orientador familiar, asistente social y bibliotecario".

2.- En el inciso final, sustitúyese la frase "asistente social o bibliotecario" por la frase "psicólogo, orientador familiar, asistente social o bibliotecario "

14) Modifícase el artículo 292 de la siguiente forma:"

a) Agrégase en la segunda categoría a continuación de la frase "Encargados de sala de tribunales orales en lo penal y juzgados de garantías de ciudad asiento de Corte de Apelaciones", la expresión "Contadores, ejecutivos de salas, oficiales administrativos 1ºs y oficiales de mediación de Tribunales de Familia de asiento de Corte. Tribunales de Familia de asiento de Corte".

b) Agrégase al final de la tercera categoría, después de la palabra "provincia", la frase "contadores, ejecutivos de sala, oficiales administrativos 1°s y oficiales de mediación de tribunales de Familia de capital de provincia y oficiales administrativos 2°s de Tribunales de Familia de asiento de Corte".

c) Agrégase al final de la cuarta categoría, después de la palabra "comunas" la frase "contadores, ejecutivos de sala, oficiales administrativos 1ºs y oficiales de mediación de Tribunales de Familia de comuna o de agrupación de comunas, oficiales administrativos 2° de Tribunales de Familia de capital de provincia, oficiales administrativos 3°s, ayudantes de audiencia y secretarias ejecutivas de Tribunales de Familia de asiento de Corte.

d) Agrégase al final de la quinta categoría, después de la palabra "comunas" la frase "Secretarias Ejecutivas 1ªs de Tribunales de Familia de capital de provincia, oficiales administrativos 2°s de Tribunales de Familia de comuna o de agrupación de comunas, oficiales administrativos 3°s y ayudantes de audiencia de Tribunales de Familia de capital de provincia.".

e) Agregase al final de la sexta categoría, después de la palabra "Apelaciones", la frase "secretarias ejecutivas 1ªs, oficiales administrativos 3°s y ayudantes de audiencia de Tribunales de Familia de comuna o agrupación de comunas, secretarias ejecutivas 2ªs de Tribunales de Familia de capital de provincia".

f) Agregase al final de la séptima categoría, después de la palabra "Comunas", la frase "Auxiliares de Tribunales de Familia de asiento de Corte, de capital de provincia y de comuna o de agrupación de comunas, y Secretaria Ejecutiva 2° de Tribunales de Familia de comuna o de agrupación de comunas

15) Sustitúyese el párrafo 10, del Título XI, por el siguiente:

"Del consejo técnico de los tribunales de familia y tribunales de letras con competencia en materias de familia"

Artículo 45

7.- Los consejos técnicos de los tribunales de familia y de los de letras con competencia en materia de familia son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por asistentes sociales, psicólogos y/u orientadores familiares en el número que fija la ley, cuya función es asesorar a los jueces de familia en el análisis de los hechos y situaciones relacionadas con los asuntos de que conocen estos tribunales y en la adopción de las resoluciones que mejor convengan a los intereses permanentes del grupo familiar.

Cada uno de los profesionales que integren un Consejo Técnico estará sujeto a lo dispuesto en los incisos primero y cuarto del artículo 494 de este Código.

Artículo 45

7 bis D.- Cuando, por implicancia o recusación, un miembro del consejo técnico no pudiere intervenir en una determinada causa, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del consejo técnico del tribunal a que perteneciere, según el orden de sus nombramientos y la especialidad requerida.

Si todos los miembros del consejo técnico de un tribunal estuvieren afectados por una implicancia o recusación, el juez designará un asistente social, psicólogo u orientador familiar de cualquier servicio público, el que estará obligado a desempeñar el cargo.

El mismo mecanismo de sustitución procederá en el caso en que la implicancia o recusación, así como la imposibilidad para el desempeño del cargo, afecte a los asistentes sociales judiciales.".

16) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 469, "asistentes sociales" por la expresión " miembros del consejo técnico".

17) Agrégase, en la primera frase del inciso cuarto del artículo 471, a continuación de la expresión "respectivo" y antes del punto aparte (.) , la frase "o ante el juez presidente si el tribunal estuviere compuesto por más de un juez."

18) Agrégase, en el inciso primero del artículo 478, a continuación de la expresión "administrador de tribunal" la expresión "miembro de los consejos técnicos".

19) Sustitúyese, en el mismo inciso primero, la frase "o del juez de letras respectivo o de turno, en los demás casos" por la frase "o del juez de letras, del juez presidente o del de turno, según los casos".

20) Agrégase, en su inciso segundo, a continuación de la expresión "administradores de tribunales", la expresión " miembros de los consejos técnicos".

21) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 481, la expresión "asistentes sociales" por "miembros de los consejos técnicos".

22) Sustitúyese, en los incisos primero y segundo del artículo 488, la expresión2Asistentes sociales judiciales" por "miembros de los consejos técnicos".

23) Agrégase, en el artículo 494, inciso cuarto, a continuación de la expresión "secretarios", la expresión "administradores y miembros de los consejos técnicos2:

24) Agrégase, en el artículo 496, inciso segundo, a continuación de la expresión "secretarios,", la expresión "administradores y miembros de los consejos ".

25) Sustitúyese, en el artículo 506, inciso primero, la expresión "de Menores" por "de familia".

26) Sustitúyese, en el artículo 535, inciso segundo, la expresión "especiales de menores" por "de familia".

27) Agrégase, en el artículo 540, inciso final, a continuación de la expresión "del trabajo" y antes del punto final (.) , la expresión "y de familia".

28) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 507:

"Corresponderá al Departamento de Mediación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en adelante el "Departamento de Mediación":

1. Crear y llevar el Registro de Mediadores de Familia.

2. Autorizar a los organismos de formación de mediadores para actuar como tales.

3. Otorgar becas para acceder a programas de formación.

4. Fijar las bases para las licitaciones regionales de servicios de mediación.

5. Llamar cada tres años a licitación para la prestación de esos servicios en cada Región.

6. Determinar el arancel único regional.

7. Elaborar anualmente, el presupuesto necesario para el funcionamiento del sistema de mediación anexo a tribunales y administrar en conformidad a la ley, los recursos que le sean asignados.

8. Realizar las inspecciones a que se refiere el artículo 140 de la Ley de Tribunales de Familia.

9. Aprobar los informes que evacuen los prestadores del servicio de mediación.

10. Recibir los reclamos que se formulen respecto de los prestadores de los servicios de mediación.".

29) Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 507:

"Corresponderá al jefe del Departamento de Mediación:

1. Disponer la inscripción de los mediadores que cumplan con los requisitos establecidos en la ley en el Registro de Mediadores de Familia, teniendo a la vista los antecedentes acompañados, o rechazar la postulación, si procede.

2. Cancelar inscripciones en dicho Registro, cuando sea pertinente.

3. Celebrar los contratos de prestación de servicios de mediación pertinentes.

4. Celebrar convenios directos con instituciones o particulares de acuerdo a la Ley de Tribunales de Familia.

30) Sustitúyese en el artículo 535 inciso segundo, la expresión "especiales de menores" por la expresión "de familia".

31) Agrégase en el artículo 540, a continuación de la expresión "del trabajo", la expresión "y de familia".

Artículo 13

9.- Modificaciones a la Ley N° 16.618. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.618:

1) Deróganse los artículos 18 a 26, ambos inclusive.

2) Derógase el artículo 31.

3) Deróganse los artículos 34 a 37, ambos inclusive.

4) Derógase el artículo 40.

Artículo 14

0.- Modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley de Matrimonio Civil:

1) Introdúcese el siguiente artículo 26 bis, nuevo:

"Artículo 26 bis.- No podrá decretarse el divorcio mientras no se encuentren resueltos todos los asuntos relativos a la tuición, al derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y personal, al régimen patrimonial del matrimonio, a los bienes familiares y a la situación alimentaria de los miembros de la familia que tuvieren derecho a alimentos.

Si los cónyuges no hubieren convenido previamente sobre estos asuntos o si el convenio que hubieren celebrado fuere incompleto, el juez podrá llamar a las partes a conciliación o derivarlas a mediación. Cuando llame a conciliación, el juez podrá solicitar a cada una de las partes que presente un proyecto de acuerdo que exprese sus posiciones y expectativas respecto de cada uno de los puntos por resolver.

En rebeldía de una de las partes, el juez decidirá sobre estos asuntos en base a los antecedentes existentes en el proceso al dictar la sentencia definitiva.".

2) Introdúcese el siguiente artículo 35 bis, nuevo:

"Artículo 35 bis.- Será aplicable a los juicios sobre nulidad del matrimonio lo dispuesto por el artículo 26 bis para los juicios de divorcio."

Artículo 14

1.- Derogación artículos de la Ley N° 19.325. Deróganse los artículos 2º y 3º de la ley Nº 19.325.

Artículo 14

2.- Modificaciones al Código de Procedimiento Civil. Agrégase, en el inciso segundo del artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, después del punto aparte (.) , que pasa a ser seguido (.) , lo siguiente: "En los tribunales de familia corresponderá prestar dicha autorización al funcionario que en esos tribunales tenga el carácter de ministro de fe de acuerdo con la ley.".

Artículo 14

3.- Supresión de juzgados de menores. Suprímense los juzgados de menores de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio, Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Los Angeles, Concepción Talcahuano, Coronel, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro, Coyhaique, Punta Arenas, Santiago, Pudahuel, San Miguel, Puente Alto y San Bernardo.

Artículo 14

4.- Supresión de cargos. Suprímense, a contar del momento en que entren en aplicación los procedimientos que esta ley establece: los siguientes cargos de asistentes sociales en los juzgados que se indica.

Uno en el Juzgado de Letras de Parral.

Tres en el Juzgado de Letras de Talagante.

Artículo 14

5.- Aplicación de procedimiento a juzgados de letras con competencia en asuntos de familia. A las causas de competencia de los tribunales de familia de que conozcan los juzgados de letras, les serán aplicables los procedimientos establecidos en los Títulos III, IV y V de esta ley.

Artículo 14

6.- Creación de cargos. Créanse los siguientes cargo para efectos de lo establecido en el artículo anterior:

1) Créase un cargo de asistente social en los siguientes juzgados de letras:

Juzgado de Letras de Pozo Almonte

Juzgado de Letras de Taltal

Juzgado de Letras de Andacollo

Juzgado de Letras de Vicuña

Juzgado de Letras de Los Vilos

Juzgado de Letras de Quintero

Primer Juzgado de Letras de Rengo

Juzgado de Letras de Pichilemu

Juzgado de Letras de Licanten

Juzgado de Letras de San Javier

Juzgado de Letras de Yungay

Juzgado de Letras de Bulnes

Juzgado de Letras de Nacimiento

Juzgado de Letras de Yumbel

Juzgado de Letras de Arauco

Juzgado de Letras de Cañete

Juzgado de Letras de Santa Bárbara

Juzgado de Letras de Collipulli

Juzgado de Letras de Curacautin

Juzgado de Letras de Loncoche

Juzgado de Letras de Pitrufquen

Juzgado de Letras de Toltén

Juzgado de Letras de Lautaro

Juzgado de Letras de Paillaco

Juzgado de Letras de Panguipulli

Juzgado de Letras de Rio Negro

Juzgado de Letras de Quellón

2) Créase un cargo de psicólogo en los siguientes Juzgados de Letras:

Juzgado de Letras de Tocopilla

Juzgado de Letras de Chañaral

Juzgado de Letras de Illapel

Juzgado de Letras de La Ligua

Primer Juzgado de Letras de Los Andes

Primer Juzgado de Letras de Quilpué

Juzgado de Letras de Villa Alemana

Juzgado de Letras de Casablanca

Juzgado de Letras de Cauquenes

Primer Juzgado de Letras de San Carlos

Juzgado de Letras de Quirihue

Juzgado de Letras de Lebu

Primer Juzgado de Letras de Puerto Varas

Juzgado de Letras de Ancud

Juzgado de Letras de Chaitén

Juzgado de Letras de Puerto Aisén

Juzgado de Letras de Puerto Natales

Primer Juzgado de Letras de Talagante

Juzgado de Letras de Melipilla

Juzgado de Letras de Buin

3) Créase un cargo de asistente social y un cargo de psicólogo en los siguientes Juzgados de Letras:

Juzgado de Letras de Diego de Almagro

Primer Juzgado de Letras de Vallenar

Juzgado de Letras de Caldera

Juzgado de Letras de Isla de Pascua

Juzgado de Letras de San Vicente

Juzgado de Letras de San Fernando

Juzgado de Letras de Santa Cruz

Juzgado de Letras de Constitución

Juzgado de Letras de Molina

Juzgado de Letras de Mulchén

Juzgado de Letras de Tomé

Juzgado de Letras de Curanilahue

Primer Juzgado de Letras de Angol

Juzgado de Letras de Victoria

Juzgado de Letras de Villarrica

Juzgado de Letras de Nueva Imperial

Juzgado de Letras de San José de la Mariquina

Juzgado de letras de La Unión

4) Créanse dos cargos de asistente social y uno de Psicólogo en los siguientes Juzgados de Letras:

Juzgado de Letras de Peñaflor

Juzgado de Letras de Colina

5) Creánse en las siguientes Cortes de Apelaciones un cargo de psicólogo, para que se desempeñe en los Juzgados de letras que a continuación se indican:

Corte de Apelaciones de la Serena, el que desempeñará sus funciones en los Juzgados de Vicuña y Andacollo.

Corte de Apelaciones de Chillán, el que desempeñará sus funciones en los Juzgados de Yungay y Bulnes.

Corte de Apelaciones de Concepción, el que desempeñará sus funciones en los Juzgados de Florida y Santa Juana.

Corte de Apelaciones de Temuco, el que desarrollará sus funciones en los Juzgados de Pitrufquén y Lautaro.

Corte de Apelaciones de Valdivia, el que desempeñará sus funciones en los juzgados de Los Lagos y Panguipulli.

Uno en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el que desempeñará sus funciones en los Juzgados de Chile Chico, Cisnes y Cochrane.

Artículo 14

7.- Atención de psicólogos en juzgados de letras. Los psicólogos de los tribunales de familia que a continuación se indican, desarrollarán también sus funciones en los siguientes Juzgados de Letras, en la oportunidad y forma que lo determine el juez presidente, escuchando al administrador del Tribunal:

1) Del tribunal de familia de Iquique al Juzgado de Pozo Almonte.

2) Del Tribunal de Familia de la Serena a los Juzgados de Vicuña y Andacollo.

3) Del Tribunal de Familia de Viña del Mar al Juzgado de Quintero.

4) Del Tribunal de Familia de Rancagua al Primer Juzgado de Rengo.

5) Del Tribunal de Familia de Los Angeles a los Juzgados de Nacimiento, Yumbel y Cabrero.

6) Del Tribunal de Familia de Osorno a los Juzgados de Río Bueno y Río Negro.

7) Del Tribunal de Familia de Castro al juzgado de Achao.

El psicólogo del Juzgado de Tocopilla, desempeñará también funciones en el de María Elena; el del Juzgado de Vallenar, en el de Freirina; el del Juzgado de Ovalle en el de Combarbalá; el del Juzgado de Illapel en el de Los Vilos; el del Juzgado de La Ligua, en Petorca ;el del Juzgado de Villa Alemana en el de Limache; el del Juzgado de San Vicente, en el de Peumo; el del Juzgado de Santa Cruz, en los de Peralillo, Litueche y Pichilemu; el del Juzgado de Licantén en Curepto; el del Juzgado de Cauquenes en el de Chanco; el del Juzgado de Quirihue en el de Coelemu; el Juzgado de Curanilahue, en el de Arauco; el del juzgado de Lebu en el de Cañete; el del Juzgado de Angol en los de Purén y Collipulli; el del Juzgado de Victoria en el de Traiguén; el del Juzgado de Villarrica en los de Loncoche y Pucón; el de Nueva Imperial en los Juzgados de Toltén y Carahue

Artículo 14

8.- Entrada en vigencia de la ley. La presente ley empezará a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 14

9.- Financiamiento. El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos que se consignen en la partida presupuestaria Tesoro Público del primer año correspondiente a su entrada en vigencia.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.- Durante el período de la instalación de los tribunales de familia, los tribunales de menores subsistentes seguirán conociendo de las materias que les encomienda la Ley Nº 16.618, con los procedimientos en ella establecidos.

Las causas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estuvieren sometidas al conocimiento de los juzgados de letras de menores, continuarán substanciándose por las disposiciones de la Ley Nº 16.618 hasta su sentencia de término.

Para los efectos de los incisos anteriores, las disposiciones de la Ley Nº 16.618, que se derogan, mantendrán su vigencia por el tiempo que fuere necesario.

Artículo segundo transitorio.- Las causas de competencia de los tribunales de familia y que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encontraren radicadas en juzgados civiles o de letras con competencia en lo civil, continuarán radicadas en éstos hasta la sentencia de término.

Artículo tercero transitorio.- Los profesionales cuya formación en mediación se hubiera completado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y que deseen inscribirse en el Registro Especial de Mediadores de Familia, deberán acreditar su formación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, el que deberá considerar las horas del programa de formación y el tiempo de experiencia práctica del mediador

Artículo cuarto transitorio.- El Presidente de la República, dentro del plazo de 180 días contados desde la publicación de esta ley, y mediante Decreto Supremo expedido a través del Ministerio de Justicia, el que también será suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas reglamentarias necesarias para la ejecución de esta ley.

Articulo quinto transitorio.- Las normas de la presente ley se aplicarán con la gradualidad que se indica a continuación:

- IV y IX regiones: 12 meses.

- II, III y VII regiones: 24 meses.

- I, XI y XII regiones: 36 meses.

- V, VI, VIII y X regiones: 48 meses.

- Región Metropolitana: 60 meses

Estos plazos se contarán desde de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo sexto transitorio.- La instalación de los nuevos tribunales de familia que señala el artículo 3°, se efectuará con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha prevista para su funcionamiento de acuerdo a los dispuesto en el artículo precedente. Con este objeto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá ejercer la atribución a que se refiere el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales y poner a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos tribunales.

La designación de los jueces que habrán de servir en dichos tribunales se regirá por las reglas comunes, en lo que no sean modificadas o complementadas por las normas siguientes:

1) Los jueces de menores cuyos tribunales son suprimidos por esta ley, podrán optar a los cargos de juez de familia, dentro de su mismo territorio jurisdiccional. Este derecho deberá ser ejercido, en su caso, con una anticipación de a lo menos trescientos días respecto de la fecha a que se alude en el inciso primero

Si no ejercen el derecho antes previsto, o por cualquier circunstancia, no fueren nombrados en los tribunales de familia que se crean por la presente ley, serán destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, con a lo menos 90 días de antelación a la supresión del tribunal, en un cargo de igual jerarquía al que a esa fecha poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que resulte afectado, bajo ningún respecto, ninguno de sus derechos funcionarios.

2) La Corte de Apelaciones respectiva, cuando corresponda, deberá determinar el juzgado y la oportunidad en que cada juez pasará a ocupar su nueva posición de acuerdo con las necesidades de funcionamiento del sistema.

3) Para proveer los cargos que quedaren sin ocupar en los tribunales de familia una vez aplicadas las normas de los numerales 1) y 2) precedentes, la Corte de Apelaciones respectiva deberá, con una anticipación de a lo menos doscientos días respecto de la fecha aludida en el inciso primero, elaborar las ternas con los postulantes que cumplan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de Tribunales para llenar los cargos vacantes, según las categorías respectivas.

La Corte podrá elaborar ternas simultáneas, de manera que el procedimiento respectivo concluya dentro del plazo antes señalado.

4) La Corte Suprema podrá disponer la ampliación de los plazos establecidos en los números precedentes cuando, atendido el número de cargos vacantes por proveer, ello resulte necesario para dar cumplimiento al plazo de instalación de los nuevos tribunales.

5) El Presidente de la República procederá a la designación de los nuevos jueces dentro del plazo de treinta días desde que reciba las ternas respectivas.

6) Para postular a los cargos de juez de familia, con arreglo a lo previsto en el número 3) de este artículo, los postulantes, además de cumplir con los requisitos comunes, deberán haber aprobado el curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto. Con este objeto, la Academia Judicial deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que se impartan suficientes cursos habilitantes en todas las regiones del país. Asimismo, podrá acreditar o convalidar como curso habilitante estudios equivalentes que hayan realizado los postulantes.

7) En casos excepcionales, cuando no hubiere postulantes que cumplan los requisitos establecidos en la letra b) del artículo 284 del Código Orgánico de Tribunales, resultará aplicable la regla contenida en la letra c) de la misma disposición.

8) Los jueces a que se refiere el número primero no sufrirán disminución de remuneraciones, pérdida de la antigüedad que poseyeren en el Escalafón Primario del Poder Judicial, ni disminución de ninguno de sus derechos funcionarios.

9) Los secretarios de los juzgados que son suprimidos por la presente ley, gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en las ternas que se formen para proveer los cargos de jueces de familia de su misma jurisdicción, en relación con los postulantes que provengan de igual o inferior categoría, siempre que hayan figurado en las dos primeras listas de mérito durante los dos últimos años.

Asimismo, dichos secretarios que, por cualquier circunstancia, no fueren nombrados en los tribunales de familia que se crean por la presente ley, serán destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, con a lo menos 90 días de antelación a la supresión del tribunal, en un cargo de igual jerarquía al que a esa fecha poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que resulte afectado, bajo ningún respecto, ninguno de sus derechos funcionarios.

En el evento de que no existan vacantes en la misma jurisdicción, dentro del plazo indicado en el inciso precedente, el Presidente de la Corte de Apelaciones comunicará este hecho a la Corte Suprema, para que sea ésta la que destine al secretario al cargo vacante que se encuentre más próximo a su jurisdicción de origen, sin que se produzca afectación de ninguno de sus derechos funcionarios.

Artículo séptimo transitorio.- Los empleados de secretaría de los tribunales de menores que son suprimidos por esta ley, ingresarán a cumplir funciones en los tribunales de familia de acuerdo a las reglas siguientes:

1) Con a lo menos 180 días de antelación a la fecha que señala para la correspondiente región el artículo sexto transitorio de esta ley, la Academia Judicial deberá establecer y aplicar el examen habilitante a todos los empleados a que se refiere el presente artículo.

2) Efectuado dicho proceso, la Corte de Apelaciones respectiva confeccionará la nómina de todos los empleados de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, ordenados según grado, de acuerdo a los factores siguientes: las calificaciones obtenidas en el año anterior, la antigüedad en el servicio y la nota obtenida en el examen habilitante. La Corte Suprema determinará mediante auto acordado la ponderación de cada uno de los factores señalados, para cuyo efecto serán oídos los representantes de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.

3) Con a lo menos noventa días de antelación a la fecha referida en la letra a) del presente artículo, se efectuará el nombramiento de los empleados en los cargos de los tribunales de familia, así como el traspaso de aquellos que se desempeñan en los tribunales que son suprimidos por la presente ley, procediendo del modo siguiente:

1º Nombrado el administrador del tribunal, se proveerán los cargos de jefes de unidad con aquellos postulantes que cumplan con la calificación profesional o técnica que cada cargo requiera, mediante las reglas de concurso público que el Código Orgánico de Tribunales contempla.

Excepcionalmente, para este primer nombramiento se entenderá que cumplen la calificación profesional o técnica requerida para postular a los cargos de jefes de unidad de tribunal de familia de asiento de comuna o agrupación de comunas y de capital de provincia, los oficiales primero de juzgados asiento de Corte, que tengan más de cinco años de antigüedad en el cargo.

2º Nombrados los jefes de unidad, el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva llenará los cargos de los tribunales de familia de la región, del grado once de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Personal de Empleados del Poder Judicial, con aquellos empleados del mismo grado del escalafón de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, que opten a desempeñarse en los tribunales de su misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento, de acuerdo al orden de prelación a que se refiere la letra b) del presente artículo.

Para estos efectos, la Corte respectiva regulará el procedimiento que deberán seguir dichos empleados y señalará el momento en que cada funcionario pasará a ocupar su nueva posición, de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de los juzgados involucrados.

3º Los cargos vacantes del mismo grado se llenarán, producido el traspaso del número anterior, mediante las reglas de concurso público que el Código contempla y según las disponibilidades presupuestarias existentes.

4º Si quedare algún empleado de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, del grado once de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Personal de Empleados del Poder Judicial, que no hubiese aprobado el examen habilitante, la Corte de Apelaciones respectiva efectuará la destinación a que se refiere la letra e) del presente artículo, a un cargo del mismo grado que se encuentre vacante en un tribunal de otra competencia, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que ello pueda irrogar un mayor gasto.

5º Los demás cargos del escalafón, se llenarán siguiendo el mismo procedimiento antes anotado.

6º Los empleados de secretaría cuyos tribunales son suprimidos por la presente ley, gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en terna en los cargos a que postulen dentro de su jurisdicción, frente a los demás postulantes del mismo grado y, cuando corresponda, frente a los postulantes externos.

4) En ningún caso el proceso de traspaso podrá significar disminución de remuneraciones, pérdida de antigüedad en el Poder Judicial y en la categoría del escalafón, cambios en los sistemas previsionales y de atención de salud, ni menoscabo o pérdida de algunos de los derechos funcionarios que el empleado poseyere al momento de efectuarse su nueva asignación de funciones en los nuevos tribunales.

5) Tratándose de aquellos funcionarios que no hubiesen aprobado el examen habilitante a que se refiere la letra a) del presente artículo, o de aquellos que habiéndolo aprobado no hubiesen sido designados en los tribunales de familia, deberán ser destinados por la Corte de Apelaciones respectiva con a lo menos 90 días de antelación a aquel en que se suprime el tribunal, en un cargo del mismo grado que se encuentre vacante en los demás tribunales del sistema judicial, preferentemente en la misma jurisdicción, sin que tal destinación signifique, en ninguna circunstancia, pérdida de alguno de sus derechos funcionarios.

Si no existiere vacante dentro de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones respectiva, el Presidente de la misma, antes del vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior, comunicará tal circunstancia al Presidente de la Corte Suprema, a fin de que destine al funcionario al cargo vacante que se encuentre más próximo a su jurisdicción de origen, sin que se produzcan afectaciones de sus derechos funcionarios.

6) La Academia Judicial deberá establecer los procedimientos necesarios para aplicar el examen habilitante que se indica en el presente artículo, respecto de todos los postulantes a los cargos vacantes de los tribunales de familia.

Artículo octavo transitorio.- La supresión de los juzgados de menores a que se refiere el artículo 131 de la presente ley, se llevará a cabo a medida que se instalen los tribunales de familia conforme a los plazos que señala el artículo sexto transitorio de esta ley.

Las causas que subsistan, una vez suprimido el tribunal, serán distribuidas por la Corte de Apelaciones respectiva entre los juzgados de letras y /o civiles de la misma jurisdicción, entendiéndose para todos los efectos constitucionales y legales que los juzgados a los que sean asignadas son los continuadores legales del suprimido.

Artículo noveno transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, dicte un decreto con fuerza de ley para reajustar, por una sola vez, el pago base del servicio de mediación, sin que pueda exceder dicho reajuste el 20% del pago base establecido en el artículo 113 de esta ley.".

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

JOSE ANTONIO GÓMEZ URRUTIA

Ministro de Justicia

NICOLAS EYZAGUIRRE GUZMAN

Ministro de Hacienda

ADRIANA DELPIANO PUELMA

Ministra Directora

Del Servicio Nacional de la Mujer

Santiago, 9 de agosto de 2001.

Oficio de la Corte Suprema.

Oficio Nº 001649

Ant.: AD-17.427

AL SEÑOR PRESIDENTE CÁMARA DE DIPUTADOS VALPARAÍSO.

Las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia de la honorable Cámara de Diputados han remitido a esta Corte una indicación sustitutiva total, presentada por el señor Presidente de la República, al proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia, para los efectos de lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política de la República.

Impuesta esta Corte de la materia en consulta, en reunión de Pleno de 3 de agosto en curso, presidida por el titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Garrido, Libedinsky, Benquis, Tapia, Chaigneau, Cury, Pérez, Álvarez Hernández, Marín, Yurac, Espejo, Medina y Juica, acordó informar lo siguiente:

Se trata, como ya se ha dicho, de un proyecto sustitutivo al proyecto de ley que crea los tribunales de familia, habiendo sido informado el proyecto anterior por esta Corte Suprema en oficio de 14 de enero de 1998, dirigido al señor Presidente de la Cámara de Diputados.

En atención a que en la exposición de motivos de este proyecto sustitutivo, se insiste en la plena vigencia de los fundamentos, objetivos y contenidos del Mensaje original del proyecto, se estima conveniente recordar lo que manifestó, a ese respecto, este Tribunal en su informe anterior.

"Se trata de dotar a nuestro sistema de Administración de Justicia de órganos y procedimientos para hacer frente a un especial tipo de contencioso -como lo es el de naturaleza familiar- para el cual, hasta el momento, nuestro ordenamiento jurídico carece de una respuesta específica".

Por otra parte, los objetivos específicos de este mismo proyecto se dirigen a las siguientes finalidades:

a) Que exista una jurisdicción especializada en asuntos de familia;

b) Que se proporcione a las partes instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas, privilegiándose vías como la mediación y conciliación que permitan soluciones pacificadoras que favorezcan la armonía del grupo familiar;

c) Que la jurisdicción familiar tenga un carácter interdisciplinario, para tratar el conflicto en su integridad;

d) Que atendida la naturaleza del conflicto familiar el juez pueda tener un conocimiento directo e inmediato de los asuntos sometidos a su decisión; y

e) Incorporar a esta judicatura especializada elementos de modernización que deberán también extenderse al resto de la administración de justicia".

En el Mensaje de este proyecto sustitutivo se hace especial mención a cuatro aspectos del mismo:

1) Creación de tribunales. Se crean, en reemplazo de los actuales tribunales de menores, 41 tribunales de familia, integrados cada uno, por un número variable de jueces, que totalizan 219 jueces de familia detentando, cada uno de ellos, potestad jurisdiccional plena.

2) Competencia. Siguiendo tendencias generalizadas de la legislación comparada, se otorga a los tribunales de familia una competencia amplia y exclusiva en todas las cuestiones -personales y económicas- que se relacionan con el conflicto familiar, y la protección jurisdiccional de los derechos de los niños y jóvenes cuando corresponda, con la sola excepción de las nulidades de matrimonio y aquellas de orden sucesorio.

3) Sistema de Mediación Anexo a Tribunales de Familia. Se hace hincapié en el Mensaje que uno de los objetivos centrales que se persigue en el proyecto de ley en informe es el de dotar a nuestro sistema de justicia de familia de mecanismos no adversariales para la resolución de los conflictos de este tipo que exigen, en opinión compartida por todos los expertos, soluciones cooperativas, en que se satisfagan los intereses de todas las personas involucradas; y

4) Adecuaciones orgánicas. Por último, se efectúan en el proyecto las adecuaciones necesarias, en concordancia con las originadas a raíz de la reforma procesal penal, en materias claves para la modernización de la gestión administrativa, como lo son la introducción de la figura del administrador y la organización administrativa del tribunal.

El proyecto de ley de que se viene tratando consta de VI Títulos que, respectivamente, versan sobre las siguientes materias:

El Título I, en su párrafo primero, regula la organización de los Tribunales de Familia, dándoles el carácter de tribunales unipersonales de composición múltiple, que contarán con un consejo técnico de asesoría especializada, un administrador y una planta de oficiales de secretaría. El párrafo segundo de este mismo título, se refiere a la composición e integración del consejo técnico, compuesto por asistentes sociales, psicólogos y/u orientadores familiares, que prestarán asesoría especializada a los jueces.

El Título II determina la competencia de estos Tribunales de Familia.

El Título III reglamenta el procedimiento, dedicando párrafos separados a principios del procedimiento; a reglas generales; y procedimiento ordinario. Este último aspecto, el relativo al procedimiento ordinario debería, en concepto de esta Corte, ser sustancialmente modificado y quizás reemplazado por un procedimiento como el sumario con las adecuaciones que pudieren ser necesarias. En el proyecto, en relación con este punto, se contienen evidentes errores de redacción, como, por ejemplo, en el artículo 29 punto 4). El sistema de una audiencia principal, que pueda pasar a tener el carácter de preliminar, resulta bastante oscuro y engorroso. La existencia de una audiencia complementaria, "que tenga por objeto el análisis de la prueba que en razón de la suspensión no pueda examinarse en el acto", (artículo 29 Nº 6, inciso 20) resulta bastante extraño si se considera que "el análisis de la prueba" es materia que evidentemente corresponde realizarlo al juez en su sentencia, por ello también llama la atención que "el análisis de la prueba pudiere implicar una vulneración del derecho a defensa..." (art. 29, Nº 6 inciso 4º). La obligación impuesta a los jueces en el artículo 32 del proyecto en el sentido de que una vez concluida la audiencia principal o la complementaria en su caso, deberá dictarse la sentencia en ese mismo acto, "explicitando verbalmente sus fundamentos", configura una obligación que, notoriamente resultará impracticable, además de que en nada contribuirá a tener una mejor justicia que no siempre se logra con una exagerada y mal entendida celeridad.

Estima también esta Corte que deberá revisarse lo relativo a las impugnaciones, artículo 43, y que, atendida la naturaleza y características de estas materias de familia resultaría conveniente eliminar entre los medios de impugnación el recurso de casación en la forma, sin perjuicio de las facultades que deberían otorgarse a estos Tribunales para subsanar de oficio vicios de procedimiento.

El Título IV regula los procedimientos especiales contemplando, en su párrafo primero, las medidas de protección de los derechos de los menores de edad; en el párrafo segundo, el procedimiento en los casos de violencia intrafamiliar; y en el párrafo tercero, los actos judiciales no contenciosos.

El Título V trata sobre la Mediación. En un párrafo primero se refiere a conceptos generales; en el párrafo segundo se reglamenta el procedimiento de mediación distinguiendo, además, entre la obligatoria, la facultativa y la prohibida; el párrafo tercero se dedica al registro de mediadores de familia y a los requisitos para ser mediador habilitado; el párrafo cuarto contempla los organismos de formación de mediadores y los programas de formación; el párrafo quinto la licitación de los servicios de mediación; el párrafo sexto el pago y garantía de los servicios de mediación; y el párrafo séptimo el control de los prestadores de servicios de mediación, los reclamos y las sanciones.

El Título VI se refiere a la composición de la planta de los tribunales de familia.

Los artículos 134 a 146 consignan disposiciones varias, que modifican diversos cuerpos legales, a fin de adecuar el proyecto al resto de nuestro ordenamiento jurídico; y a continuación de ellos se incluyen, finalmente, diez artículos transitorios.

Como ya quedó dicho en el informe al proyecto primitivo, esta Corte Suprema estima positiva y oportuna la intención de crear juzgados especializados en materias de Familia, habida consideración la naturaleza peculiar que presenta este tipo de problemas que hace surgir muchas veces temas que no son estrictamente jurídicos. La competencia que se atribuye a los juzgados de familia es la siguiente:

1) Conocer de las causas relativas al derecho de cuidado personal de los menores de edad; 2) Conocer de las causas relativas al derecho y al deber del padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo a mantener con éste una relación directa y regular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del Código Civil; 3) Conocer de las causas relativas al derecho de alimentos; 4) Conocer de las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad y la emancipación, 5) Conocer de las causas de adopción y los procedimientos a que den lugar las leyes que la regulen; 6) Otorgar autorización para la salida de menores del país, en los casos que corresponda de acuerdo con la ley; 7) Conocer de los disensos para contraer matrimonio; 8) Conocer de las acciones de estado civil de las personas; 9) Conocer de las causas sobre guardas; 10) Conocer de las causas sobre interdicción; 11) Conocer de los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares: a) Separación judicial de bienes; b) Autorizaciones judiciales contempladas en el Título IV del Libro 1; en párrafo 2 del Título VI del Libro 1 y en los párrafos 3 y 4 del Título XXII del Libro IV, todos del Código Civil. 12) Conocer de las causas sobre divorcio; 13) Conocer de las cuestiones que deben ser resueltas o acordadas previamente, de acuerdo con los artículos 26 bis y 35 bis de la ley de Matrimonio Civil, según corresponda; 14) Conocer de los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, 15) Conocer de las causas relativas al maltrato de menores de edad y de parientes incapaces; 16) Conocer de la adopción de medidas de protección de los derechos de los menores de edad de los derechos eventuales del que está por nacer; y 17) Conocer de los demás asuntos que leyes generales o especiales les encarguen.

En cuanto al procedimiento que aplicarán estos tribunales se establece que será esencialmente oral, concentrado y desformalizado. Primarán los principios de la inmediación, de la oficiosidad y la búsqueda de soluciones colaborativas de entre las partes.

Se privilegia en el proyecto en informe un sistema alternativo de resolución de conflictos, que aparece adecuado en materias familiares, como es la mediación y, al efecto, se reglamentan sus aspectos en los artículos 74 a 129.

Es sabido que, en nuestro país, carecemos de una verdadera cultura en este campo de solución de conflictos. La mediación no está debidamente institucionalizada hasta ahora, salvo la situación regulada en la ley Indígena Nº 19.253, que establece una suerte de mediación obligatoria ante la Conadi para determinados conflictos entre indígenas, es decir, versa específicamente sobre una situación en materias de interculturalidad.

No hemos avanzado en la aplicación de los sistemas alternativos de solución de conflictos, no obstante que por el aumento considerable de los litigios existen evidentes problemas de solución y respuesta pronta a través del sistema judicial ordinario. Esta realidad -compartida por la mayoría de los países de Iberoamérica- motivó la atención de la VI Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica, celebrada recientemente en Santa Cruz de Tenerife. En su declaración final, respecto a este punto, se acordó expresar, que en el Estado de Derecho, la paz social constituye uno de los anhelos de todas las comunidades y que conscientes de esta responsabilidad, los Poderes Judiciales de nuestros respectivos países, asumíamos el compromiso de propiciar, además de la justicia formal, otorgada por el juez natural, que integra la jurisdicción permanente en los diferentes Estados, la implementación del sistema de solución alternativa de conflictos, como manera de satisfacer, en términos razonables, las demandas ciudadanas de justicia. Para ejecutar tales propósitos la mencionada Cumbre acordó, entre otras las siguientes acciones a seguir: propiciar programas de sensibilización, difusión y capacitación en la materia y promover la comunicación e intercambio sistemático de información entre las Unidades de Resolución Alternativa de Conflictos, a fin de compartir estrategias que beneficien a todos los países y aprovechen los resultados para mejorar los sistemas de este tipo en Iberoamérica.

El proyecto en informe regula pormenorizadamente los casos en que procederá la mediación, obligatoria o facultativa, dentro de la diversidad de los asuntos de familia y de menores, y establece, además, los casos en que estará prohibida la mediación, como acontece en los asuntos relativos al estado civil o interdicción de personas, causas sobre el maltrato grave de menores o incapaces y en los procedimientos regulados en la ley Nº 18.620, sobre adopción de menores de edad.

Se establecen, asimismo, los principios que deben guiar el proceso de mediación, como son los de igualdad, voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad.

Del mayor interés para la institucionalización y eficacia que debe tener la mediación, como sistema alternativo no adversarial de solución de conflictos, es lo que se establece en ese proyecto, en relación con el acta en la que debe dejarse constancia de lo que hubieren acordado las partes, la cual debidamente firmada por ellos y el mediador, deberá ser remitida al tribunal correspondiente, para su respectiva aprobación, estableciéndose que tal documento y la resolución que lo apruebe se considerará sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, lo que importa, en consecuencia, un caso ya solucionado y resuelto.

El proyecto mencionado, junto con disponer que los servicios de mediación serán dispensados por mediadores o centros de mediación privados, reconoce la responsabilidad que le cabe al Estado en tan importante función y prevé que esos servicios se dispondrán y regularán por un departamento especializado que se crea al efecto en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, organismo que, como se sabe, depende directamente de esta Corte Suprema.

En conclusión, con las salvedades señaladas en lo relativo al procedimiento, esta Corte es de opinión que la indicación sustitutiva que se informa estructura en forma más adecuada los Tribunales de Familia, que el proyecto original.

En todo caso se estima también necesario hace presente que la disposición del artículo sexto transitorio, numerandos 1) y 2), que otorga ciertas facultades a Cortes de Apelaciones, deberían ser revisadas al tenor de lo contemplado en el inciso final del artículo 77 de la Constitución Política de la República.

Es todo cuanto estamos en condiciones de informar.

Saluda atentamente a US.

(Fdo.): HERNÁN ÁLVAREZ GARCÍA, Presidente; MARCELA PAZ URRUTIA CORNEJO, Secretaria subrogante.

?INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA Y DE FAMILIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS JUZGADOS DE FAMILIA.

BOLETÍN N° 2118-18

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HONORABLE CÁMARA:

Las Comisiones Unidas de Constitución, Legislacióny Justicia y de Familia, vienen en informar el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Para los efectos anteriores, cabe hacer presente que el proyecto original remitido por el Jefe del Estado a tramitación legislativa, fue estudiado previamente, por acuerdo de la Sala, por la Comisión de Familia, trámite que se prolongó desde el 5 de noviembre de 1997 hasta el 21 de julio de 1999, fecha en que evacuó su primer informe.

A partir de la fecha señalada, conforme al acuerdo mencionado, correspondió conocer de él a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, análisis que no se realizó de inmediato por cuanto se consideró que el proyecto estaba incompleto puesto que no contenía la creación de los nuevos juzgados de familia ni fijaba sus plantas, como tampoco reglaba el mecanismo de la mediación, situación que subsanó el Ejecutivo al enviar con fecha 30 de mayo de 2001, una indicación substitutiva total del proyecto.

La Corporación, a fin de agilizar el estudio de la iniciativa, acordó, con fecha 13 de junio del año citado, darle el trámite de Comisiones Unidas para que las dos Comisiones involucradas analizaran en forma conjunta la referida indicación.

En consecuencia, habiéndose pronunciado ya en general la Comisión de Familia y teniendo presente que la mencionada indicación como tal, se enmarca dentro de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, no se estimó necesario ni acorde con la normativa reglamentaria, que las Comisiones Unidas emitieran un nuevo pronunciamiento sobre la idea de legislar, procediéndose a tratar la materia artículo por artículo.

PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN

Durante el análisis del nuevo texto propuesto, la Comisión recibió a las siguientes personas:

- Don José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia

- Doña Adriana Delpiano Puelma, Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer.

- Don Jaime Arellano Quintana, Subsecretario de Justicia.

- Don Francisco Maldonado Fuentes, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia.

- Doña Karen Herrera Esparza, Subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer.

- Doña Consuelo Gazmuri Riberos, abogada, asesora jurídica del Ministerio de Justicia.

- Doña Paula Correa Camus, abogada, asesora jurídica del Ministerio de Justicia.

- Doña Macarena Vargas Pavez, abogada, coordinadora del Programa Piloto de Mediación anexo a Tribunales del Ministerio de Justicia.

- Don Marcos Rendón Escobar, abogado, asesor del Servicio Nacional de la Mujer.

- Doña Ana María Aron Svigilsky, psicóloga, profesora de Psicología en la Universidad Católica de Chile.

- Don Patricio Zapata Larraín, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello.

- Don Juan Vrsalovic Mihoevic, Vicerrector de Desarrollo de la Universidad Católica de Valparaíso.

- Doña Matilde Castillo Vásquez

- Doña Marta Jimena Pinto Salazar, Juez del Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

- Doña Patricia Silva, abogada, Jefa del Programa de Reformas Legales del Servicio Nacional de la Mujer.

- Doña Mirian Reyes García., abogada, asesora jurídica del Servicio Nacional de la Mujer.

- Don Fernando Dazarola Leichtle, abogado, integrante de la División Jurídica del Ministerio de Justicia.

- Don Carlos Briceño, representante del Ministerio de Hacienda.

ANTECEDENTES.

Los fundamentos de la indicación substitutiva total enviada por el Jefe del Estado, señalan que en los últimos diez años el derecho de familia ha experimentado cambios significativos, orientados a establecer relaciones más igualitarias y basadas en los derechos humanos de los integrantes del núcleo familiar. Son estos cambios los que han hecho más evidente la necesidad de contar con una judicatura especializada, verdaderamente adecuada para el conocimiento de los conflictos que surgen de la aplicación de la nueva normativa.

Añade el Mensaje que son muy pocas las reformas que concitan tan alto grado de consenso en cuanto a la necesidad de su implementación, ya que tanto la Comisión Nacional de la Familia como la opinión unánime de parlamentarios, el Poder Judicial y expertos en distintas disciplinas, coinciden en la necesidad de contar con órganos y procedimientos apropiados para el tratamiento de los conflictos familiares.

Señala, asimismo, que sin perjuicio de la plena vigencia de los fundamentos citados al presentar a tramitación legislativa el proyecto original, la finalidad de esta indicación substitutiva total reside en la necesidad de complementar la iniciativa en aspectos esenciales para su plena implementación, como son los siguientes:

a) la creación, en reemplazo de los actuales tribunales de menores, de 41 juzgados de familia integrados por un número variable de jueces, con un total de 219 jueces de familia, cada uno con plena potestad jurisdiccional, significando un considerable aumento en el número de magistrados dedicados al conocimiento de estas causas, circunstancia que posibilita la respuesta oportuna que ellas requieren. Lo anterior, sin perjuicio de adoptar las correspondientes medidas para que el procedimiento aplicable por estos tribunales, lo sea a todas las causas que sobre la materia se tramitan en el país, lográndose así la unidad e igualdad de procedimiento.

b) la concesión de competencia, siguiendo la tendencia generalizada de las distintas legislaciones extranjeras, de carácter amplio y exclusivo sobre todas las cuestiones, tanto personales como económicas, relacionadas con el conflicto familiar y la protección de los derechos de los niños y jóvenes.

Hacen excepción a esta regla las materias relacionadas con las nulidades de matrimonio, las que por exigir un pronunciamiento de derecho sobre aspectos de carácter técnico-jurídico, parecen más propias de la justicia civil; las materias relacionadas con las infracciones penales juveniles, ajenas al carácter más propiamente civil de los juzgados de familia y, por último, las cuestiones sobre regímenes patrimoniales del matrimonio.

c) las normas sobre mediación por cuanto en opinión unánime de los expertos, los conflictos de familia requieren soluciones cooperativas que satisfagan los intereses de todas las personas involucradas, razón por la que se ha estimado que los mecanismos más idóneos para su solución son aquellos de carácter no adversarial.

De acuerdo a la definición de este mecanismo, como el sistema de resolución de conflictos, en que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a mejorar su comunicación y a buscar por sí mismas la solución a su problema, resulta que se trata de una eficaz herramienta para resolver los conflictos en forma no rupturista sino que tendente a la recreación de vínculos y al establecimiento de bases para una convivencia respetuosa. Agrega el Mensaje, que en el caso de ruptura, la mediación busca que ello no se traduzca en un rompimiento familiar sino que en el establecimiento de una nueva organización familiar sobre la base del respeto y del entendimiento, permitiendo una clara delimitación entre los aspectos relativos a la relación de pareja y los concernientes a la relación entre padres e hijos.

Como una forma de abonar las bondades de este mecanismo, el Mensaje señala la experiencia obtenida desde 1997 mediante un plan piloto de mediación anexo a los tribunales, el que arroja resultados positivos, toda vez que el 59% de los casos ingresados en el año 1998 terminaron en acuerdo.

Sobre la base de lo anterior, el Mensaje señala que el proyecto contempla los resguardos necesarios para asegurar la prestación de este servicio en todo el país y para garantizar su óptima calidad, toda vez que el Estado, no obstante que el servicio lo prestarán mediadores o centros de mediación privados, tiene comprometida su responsabilidad con dicha calidad ya que es él quien deriva a las partes a la mediación cuando solicitan la intervención judicial para la resolución de sus conflictos.

Explica en seguida la implementación de este mecanismo, señalando que para tales efectos se crea en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un departamento especializado de mediación por medio del que se dispondrán los servicios y se regulará la actividad, correspondiéndole la supervisión y el control del sistema en sus diversos aspectos.

Agrega el Mensaje que el proyecto regula, asimismo, el sistema de acreditación y los requisitos para ser mediador, señalando que podrán desempeñar la actividad todos los profesionales del área de las ciencias sociales que hayan aprobado un curso de formación en mediación familiar, impartido por organismos reconocidos por el departamento especializado de la Corporación, y que cuenten con una oficina adecuada para la prestación del servicio.

Se regulan, asimismo, las condiciones en que entidades académicas o centros de mediación, podrán ofrecer los cursos de formación, como también el sistema de selección de mediadores y la asignación de casos sobre la base de procesos de licitación a nivel regional.

d) Por último, el Mensaje señala que mediante la indicación se efectúan al proyecto las adecuaciones necesarias para adaptarse a las modificaciones introducidas por la reforma procesal penal al Código Orgánico de Tribunales, en materias de gran importancia para la modernización de la gestión administrativa del sistema de administración de justicia, como son la figura del administrador y la organización administrativa del tribunal.

OPINIÓN DE LAS PERSONAS INVITADAS A EXPONER.

1.- Don Jaime Arellano Quintana, Subsecretario de Justicia.

Intervino en calidad de subrogante del Ministro, Comenzó su participación señalando que dentro del programa global sistemático de modernización de la administración de justicia, se incluían la reforma procesal penal, la nueva política penitenciaria, la mejora en el acceso a la justicia y la reforma a la justicia familiar y de la infancia. Refiriéndose específicamente al contenido de la indicación substitutiva, señaló que ella se distinguía del texto original en cuanto creaba los juzgados de familia y fijaba sus plantas y porque establecía y reglaba el sistema de mediación.

Realizó en seguida una crítica al sistema actual, señalando que las cuestiones relativas a los problemas de familia se ventilaban en distintos tribunales y ciñéndose a procedimientos diferentes; asimismo, la atención en los tribunales de menores resultaba lenta y deficiente, con una inversión promedio de tiempo, según estudios efectuados por la Universidad Diego Portales de 406 días, originando todo ello una respuesta adversarial poco adecuada a las características del conflicto familiar. Frente a esta situación, el proyecto creaba una jurisdicción especializada y de carácter interdisciplinario, encaminada a la obtención de un mejoramiento de la calidad de las prestaciones de justicia, como también a la obtención de soluciones cooperativas del conflicto gracias a la mediación. Al efecto, se substituían los actuales tribunales de menores por 41 juzgados de familia a lo largo del país, caracterizados por ser tribunales unipersonales de composición múltiple, con un número variable de jueces, los que llegaban a un total de 209, significando un aumento de un 300% respecto a la situación actual. Asimismo, en aquellos puntos en que no hubiera juzgados de familia, tendrían competencia los tribunales de letras, en total 91, los que aplicarían en estas materias el mismo procedimiento que los primeros.

En seguida, sobre la base de transparencias, procedió a explicar la estructura orgánica de los juzgados de familia, distinguiendo fundamentalmente el Comité de Jueces, encargado de la distribución de causas, de la contratación, evaluación y remoción del Administrador a proposición o solicitud del Juez Presidente, según sea el caso, y de aprobar la cuenta de la gestión jurisdiccional y administrativa del tribunal; el Juez Presidente, a quien corresponde presidir el tribunal, supervisar al Administrador, ejercer la jurisdicción disciplinaria y relacionar al tribunal con el superior jerárquico, es decir, la Corte de Apelaciones respectiva; el Consejo Técnico, al que corresponde participar en las audiencias, emitir los informes que les soliciten los jueces y asesorarlos directamente; el Administrador a quien corresponde la gestión administrativa y financiera del tribunal, el manejo de la contabilidad y la administración de las cuentas corrientes y la custodia. Por último, el Personal de Secretaría, dividido en sectores o unidades, correspondiendo a una de ellas la atención de público, es decir, recibe y protocoliza las demandas, deriva a mediación, atiende a los abogados, entrega información a los usuarios y se responsabiliza del soporte informático. La unidad de sala, a la que corresponde la preparación y realización de audiencias, la citación de testigos y llevar el sistema de registro. El encargado de mediación al que corresponde la relación del tribunal con el mediador, la atención de público, la recepción de reclamos, etc. Secretarias y auxiliares.

Demostró, luego, el considerable aumento de la cobertura de los juzgados de familia en relación a los actuales juzgados de menores, en todas las regiones del país, destacando, por ejemplo, que en la primera y segunda regiones, que cuentan hoy día con 2 y 3 jueces respectivamente, pasaban con la reforma a tener 12 y 14; la Región Metropolitana hoy con 16, pasaba a 86; incluso en regiones en las que no existe hoy día un juzgado de menores como es el caso de la Undécima, con la reforma se instalaban 2; el notable aumento de personal de estos tribunales, destacando la incorporación al consejo técnico de psicólogos, hoy sólo con asistentes sociales.

Refiriéndose al procedimiento a aplicar, señaló que él se caracterizaba por ceñirse a los principios de oralidad, inmediación, desformalización, oficiosidad, concentración y colaboración; se desarrollaría fundamentalmente en audiencias, distinguiendo entre una principal para la contestación de la demanda y la recepción de la prueba, y una complementaria para el caso de que no se alcance a rendir toda la prueba o resulte indispensable para la mejor resolución del asunto.

Se refirió, luego, al tema de la mediación, definiéndolo como un mecanismo de resolución de los conflictos, en que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a encontrar por si mismas una solución. Hizo presente que este mecanismo obedecía a un cambio de enfoque para la solución de las controversias, pasando de .lo adversarial a la colaboración, sistema que resultaba especialmente apto para enfrentar los conflictos de familia. Señaló que ya había cierta experiencia sobre el tema por cuanto existía un plan piloto de mediación en el Ministerio de Justicia, contemplándose centros de mediación en las corporaciones de asistencia judicial y capacitándose profesionales en Santiago y regiones.

Señaló que el proyecto hacía obligatoria la mediación para las causas sobre alimentos, tuición y visitas, siendo prohibida para los conflictos sobre estado civil, interdicción, maltrato a menores o incapaces, adopción, nulidad de matrimonio y divorcio, siendo facultativa para los demás asuntos pudiendo las partes someterse a ella a proposición del juez.

Explicó que se creaba un Registro de Mediadores anexo a los juzgados de familia y un registro de organismos formadores de mediadores, correspondiendo se desarrollara este mecanismo por medio de agentes privados con financiamiento fiscal. La selección de los mediadores se haría mediante licitaciones realizadas cada tres años a nivel regional, conforme a las bases establecidas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. El jurado encargado de resolver las licitaciones estaría conformado por el jefe del Departamento de Mediación de la Corporación señalada, un ministro de la Corte de Apelaciones de la región, un juez de familia y dos académicos o profesionales elegidos por el correspondiente Consejo de Desarrollo Regional.

Trató luego el problema de la implementación gradual de los nuevos juzgados de familia, señalando que en el primer año se establecerían en las Cuarta y Novena Regiones; en el segundo, en las Segunda, Tercera y Séptima Regiones; en el tercero, en las Primera, Undécima y Duodécima Regiones; en el cuarto, en las Quinta, Sexta, Octava y Décima Regiones, y en el quinto año, en la Región Metropolitana.

Finalmente, señaló que efectuando una evaluación del nuevo sistema, podía proyectarse que ello significaba una disminución del tiempo que los usuarios deberían emplear para la solución de sus conflictos, como también una disminución del número de causas reingresadas al sistema y de la cantidad que pasaría a segunda instancia, igualmente, un aumento en la calidad del servicio de justicia, un mayor acceso a la justicia y, por lo mismo, más equidad, un aumento en la productividad laboral y en la transparencia del sistema.

2.- Don Patricio Zapata Larraín, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello, a quien correspondió exponer sobre el tema de la constitucionalidad del proyecto.

Empezó su intervención señalando que le parecería interesante que el proyecto incluyera algunas referencias a aspectos constitucionales relacionados con la familia en la Carta Fundamental, de manera tal que pudieran servir de orientación a los jueces de familia y, también, a los mediadores familiares. De acuerdo a lo dicho, se mostró partidario de introducir una norma que reprodujera la disposición que señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado propender a su protección y fortalecimiento.

Estimó como una interesante innovación la creación de los juzgados de familia, señalando que, en realidad, se trata de jueces de familia reunidos actuando como tribunales en la medida que con tal nombre se identifica dicha reunión. Dijo creer que estaba dentro de las posibilidades del legislador crear estos tribunales unipersonales de composición múltiple, por cuanto para la Constitución, un tribunal es un órgano creado por una ley y que ejerce jurisdicción, es decir, se trata de un órgano investido de la facultad jurisdiccional, sea que esté compuesto por un solo juez o tenga carácter colegiado. En este caso, no se trataría de tribunales colegiados por cuanto cada juez tiene plena jurisdicción en forma separada.

Se trata, a su juicio, de una reunión de carácter administrativo, motivada en razones de economía procesal o financiera, pero que crea problemas o dificultades por cuanto el proyecto emplea indistintamente los términos tribunal y juez. Señaló que parecía necesario aclarar esta duda y emplear mejor términos tales como Centros de Juzgados de familia, para dejar clara la diferencia entre el ente administrativoen el que funciona el Consejo Técnico y los tribunales que técnicamente son los jueces.

En cuanto a la implementación gradual de los juzgados de familia, hizo presente que el proyecto contempla la instalación de estos tribunales no para todo el país, sino sólo para el 75% de la población, quedando ciertas ciudades en que las funciones de los juzgados de familia serán llenadas por los juzgados de letras, reforzados por algún psicólogo o trabajador social. Sobre este punto señaló tener dudas respecto al principio de la igualdad, por cuanto se estaría estableciendo un sistema general de juzgados de familia que admitiría otras modalidades. Al respecto señaló que, aun cuando no se atrevía a afirmar la inconstitucionalidad, le parecía dudoso que no hubiera desigualdad en una situación en que en un mismo territorio coexisten dos sistemas orgánicos paralelos. No sería el mismo caso de la reforma procesal penal, porque en esta situación se estarían creando escalonadamente tribunales distintos. No se trataría de una instalación gradual igual para todo el país. Dijo entender que la razón de ser de la gradualidad no podría ser otra que la de permitir a todos los habitantes acceder, en forma equitativa e igualitaria, a un determinado bien, pero como ello no es posible hacerlo de inmediato, se procede a la aplicación diferida en el tiempo. En esto residiría el problema, porque no todos van a acceder a estos juzgados especializados, de manera tal que el criterio para establecer la gradualidad no sería igualitario, sino selectivo.

Finalmente, refiriéndose a la mediación, señaló no existir problemas de constitucionalidad, toda vez que ésta no impedía salirse de ella y tenía, en todo caso, una duración razonable. No afectaría en consecuencia el derecho a la acción. Sin embargo, para evitar posibles complicaciones, creía necesario dejar establecido que la sumisión al procedimiento de mediación no constituiría un requisito para deducir una demanda sino sólo la primera medida que podría adoptar el tribunal una vez que se la hubiere presentado.

3.- Doña Ana María Aron Svigilsky, psicóloga, profesora de Psicología en la Universidad Católica de Chile, quien trató el tema de la mediación.

Inició su intervención sosteniendo que la inclusión del mecanismo de la mediación como forma de resolver los conflictos de familia, le parecía muy positivo por cuanto evitaba la judialización del conflicto y legitimaba una forma no confrontacional para resolverlo.

Señaló que en la aplicación de este mecanismo, era más importante el proceso que el resultado, por cuanto en todas las familias existen conflictos y el hecho de llegar con ellos a los tribunales, no significa que sean mayores o más numerosos, sino sólo que no han sido capaces de solucionarlos o no han podido abordarlos debidamente. A su juicio, el valor de la mediación reside en enseñar a las personas a crear ambientes que permitan discutir en forma respetuosa y llegar a acuerdos, caracterizándose por cumplir una misión educativa fundamental que beneficia no solamente a los implicados en el conflicto sino también a los hijos y a todo el contexto familiar.

En cuanto al seguimiento del cumplimiento de los acuerdos alcanzados, estimó que no tendría por qué ser diferente al que se hace respecto de otros acuerdos judiciales.

Sostuvo, asimismo, que en materias tales como la violencia intrafamiliar, la mediación no era aplicable, salvo que se tratara de circunstancias muy especiales y encargándose de ello personas especializadas en el tema. Añadió que, por lo mismo, la delicadeza de la función del mediador obliga a cautelar el cuidado de los equipos y el desgaste profesional de las personas que trabajan en estos temas.

Por último, refiriéndose a la labor del consejo técnico, señaló que parecía más conveniente que no dependiera de los jueces a quienes asesora, a fin de que la labor que desarrolla tuviera un cierto grado de independencia y la ayuda, en consecuencia, pudiera ser más efectiva.

4.- Doña Macarena Vargas Pavez, coordinadora del Programa Piloto de Mediación anexo a Tribunales del Ministerio de Justicia, quien se refirió, asimismo, al tema de la mediación.

Señaló haber participado en el programa que el Ministerio comenzó a ejecutar en el año 1997 sobre mediación familiar, el que tenía como objeto conocer su aplicación práctica en los futuros juzgados de familia.

Explicó haber notado una buena percepción del sistema por parte de los usuarios, quienes apreciaban la posibilidad de ser escuchados como también la alternativa de tratar sus conflictos en un ambiente no confrontacional, con la guía de profesionales, alcanzándose acuerdos en un alto porcentaje. Señaló que la participación en el proceso, dejaba, independientemente de haber alcanzado o no un acuerdo, un alto porcentaje de satisfacción en los interesados. Citó cifras provenientes de esa experiencia en que un 77% de los usuarios manifestaba haber considerado satisfactoria su participación, e, incluso, de quienes alcanzaron un acuerdo por dicho medio, un 93% estimó positiva su participación y de los que no lo alcanzaron, un 65% lo estimó positivo y un 82% sostuvo que el procedimiento sería recomendable.

En general la valoración de la persona del mediador y de todo el proceso fue muy alta.

Dijo considerar muy importante que el proyecto estableciera como de mediación obligatoria las materias relativas al derecho de alimentos, a las cuestiones sobre tuición y el derecho de visitas, porque ello permitía a la gente acercarse a algo aún poco conocido, fuera de lo cotidiano. Hizo presente que esas tres materias constituyen el 80% del ingreso en los tribunales de menores, por lo que, como es normal, una gran cantidad se sometería a la mediación. Si a dicha cantidad, se aplicara el porcentaje de acuerdos que es del orden del 54%, un porcentaje total, cercano al 25%, podría salir de los tribunales, descongestionando su trabajo.

Señaló, igualmente, que otro de los puntos que concitaba el interés de los usuarios, sería la confidencialidad del proceso, puesto que hace a éstos sentir la seguridad de que se respetará la privacidad de sus casos. Asimismo, la posibilidad de continuar el proceso o de retirarse de él, da a los interesados poder de decisión y de dirección sobre el conflicto en que están envueltos.

En lo que se refiere al seguimiento del proceso de mediación una vez concluido, dijo que en los estudios realizados existe un registro que arroja como resultado un porcentaje de cumplimiento del 50% en el plazo de un año o un año y medio. Hizo presente que el tema era delicado y dificultoso de medir porque en cuestiones de familia las situaciones suelen ser cambiantes como producto del paso del tiempo, tales como el crecimiento de los menores, diferencias en los requerimientos económicos de una época con otra, situaciones de cesantía del alimentante, etc., todo lo que altera las condiciones bajo las cuales se celebró el primer convenio. Añadió que el ideal era que los necesarios ajustes pudieran reformularse ante la misma instancia de mediación.

5.- Doña Paula Correa Camus, abogada, asesora del Ministerio de Justicia.

Al iniciarse el análisis del capítulo relacionado con la mediación, sostuvo que para el Ejecutivo era el más importante del proyecto y que tratándose de una materia novedosa, parecía imprescindible que la Comisión conociera su aplicación practica en materia de familia.

Explicó que la mediación formaba parte de las políticas públicas, desarrollándose tanto en el ámbito de la justicia como en el de la familia. Lo anterior obedecía a la necesidad de ampliar la oferta de justicia a medios no jurisdiccionales, acogiendo la aspiración de que el diálogo y la participación de las personas en la resolución de sus propios conflictos, adquiriera una relevancia fundamental, característica que constituiría la esencia de la mediación.

Señaló como algo primordial para la aplicación exitosa de este mecanismo, la formación y capacitación de mediadores, para lo cual se han creado centros de mediación en las corporaciones de asistencia judicial, existiendo uno en cada capital regional y contándose ya con un número de entre 500 a 800 en todo el país.

Afirmó que el proyecto que crea los juzgados de familia constituye un conjunto de regulaciones que fijan el marco de aplicación de la mediación familiar, encontrándose específicamente ligado a él, el programa de resolución de conflictos anexo a tribunales, el que busca la aplicación de este mecanismo a la resolución de dificultades de índole familiar, en conexión con los tribunales.

6.- Don Juan Vrsalovic Mihoevic, Vicerrector de Desarrollo de la Universidad Católica de Valparaíso

Le correspondió exponer sobre la ubicación en el territorio y la jurisdicción de los juzgados de familia, materia que enfrentó señalando que en el año 1998, el Ministerio de Justicia les encargó actualizar un estudio realizado en el año 1995 por el señor Ramón Lagos, el que estaba relacionado con la determinación del número de jueces que se requerían para la constitución de los juzgados de familia. Asimismo, se incluyó en ese encargo la revisión de las jurisdicciones de los tribunales de menores. Como consecuencia de lo anterior, el estudio en materia de localización y de jurisdicción territorial relativo a los juzgados de familia, no se basó en un modelo matemático tal como se hizo en el caso de la reforma procesal penal, sino que sobre la base de que los juzgados de familia deberían crearse en los lugares que actualmente son asiento de tribunales de menores, por lo que la localización de los nuevos tribunales estaba determinada y el encargo consistió en investigar, en base a los nuevos antecedentes, si resultaba necesario modificar la jurisdicción de dichos tribunales de menores. Se debía, entonces, determinar el número de jueces y revisar la jurisdicción de los tribunales de menores existentes en el año 1998.

Precisó que la proposición que arrojara su estudio calza con la localización y jurisdicción territorial que contiene la indicación substitutiva, estando incorporadas en el proyecto las propuestas formuladas en el estudio, aunque hay diferencias en el número de jueces, no porque existan discrepancias entre lo propuesto y el texto de la indicación, sino porque el estudio comprendía también el tema de la jurisdicción penal juvenil.

Precisó que si se requiriera crear juzgados de familia en lugares en que no existan tribunales de menores, eso sería una materia sobre la que ellos no podrían pronunciarse, porque en ausencia de un modelo a nivel nacional para la determinación de las localizaciones como sucedió con los tribunales de garantía y orales, un pronunciamiento de ese tipo requeriría la realización de un estudio.

Señaló que el trabajo que se hizo acerca de la proyección de causas, significó tomar antecedentes de los últimos 18 años, efectuándose las proyecciones dependiendo del tipo de causa, ya sea por filiación, violencia intrafamiliar, causas civiles provenientes de tribunales civiles o provenientes de tribunales de menores o causas criminales provenientes de tribunales de menores. Se consideró también la proyección de crecimiento de la población, las tasas de crecimiento de las causas de menores o de las causas civiles, efectuándose un estudio detallado por tipo de causa, indicando dicho análisis la proyección de necesidades de jueces hasta el año 2005. Hizo notar que como el estudio se había hecho en el año 1998, resultaba muy fácil verificar la proyección contrastándola con las cifras actuales y así concluir si el número de jueces propuesto obedecía o no a las necesidades de la población y a la realidad.

Agregó que de acuerdo a la experiencia que tienen, de alrededor de veinte años trabajando en este tema, es que las tendencias en materia de causas a nivel agregado son bastante estables. En algún lugar puntual podrán haber mayores oscilaciones, pero eso no constituye una tendencia a más largo plazo, por lo que cree que las proyecciones son razonables. En todo caso, insistió en que el punto central que sirvió de partida es el que ya señaló, es decir, que las localizaciones iban a ser las correspondientes a los lugares en que existían tribunales de menores, es decir, este factor estaba dado de antemano.

DISCUSIÓN DE LA INDICACIÓN.

Durante la discusión del articulado de la indicación substitutiva, las Comisiones Unidas llegaron a los siguientes acuerdos:

TÍTULO I

DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA Y SU ORGANIZACIÓN

Párrafo Primero

De los Juzgados de familia

1) Artículo 1°.-

Esta disposición trata de la integración de los Juzgados de familia, señalando que estarán compuestos por el número de jueces que se señala más adelante y contarán con un consejo técnico, un administrador y una planta de oficiales de secretaría.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, sostuvo que siendo el objetivo central de la iniciativa crear en Chile una judicatura especializada, como eran los juzgados de familia, parecía mucho más lógica la redacción aprobada por la Comisión de Familia en su primer informe para el artículo 1°. En efecto, dicha disposición establecía estos tribunales como una judicatura especializada, señalaba su competencia, los declaraba parte del Poder Judicial e indicaba las normas por las que se regirían, haciéndoles aplicables en forma subsidiaria las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales. En consecuencia, si se trataba de una institución judicial nueva, sin precedentes en nuestro derecho, lo natural era empezar estableciéndola.

La Comisión coincidió con la opinión del Diputado y acordó, por unanimidad, lo siguiente:

a) mantener como artículo 1° el texto propuesto originalmente por la Comisión de Familia, pero con adecuaciones formales;

b) establecer como regla para todo el proyecto, emplear el término “juzgado” para referirse al conjunto de jueces agrupados en cada unidad, reservando la expresión “tribunal” para el constituido por cada juez en particular, aunque dejando constancia, a petición del Diputado señor Cardemil, que el término “juzgado” equivale para los efectos constitucionales y legales a tribunales,

c) conservar el subtítulo que encabeza el artículo, es decir, los términos “Judicatura especializada”, toda vez que ello, además de las razones didácticas que lo inspiran, no hace otra cosa más que anunciar la creación de los nuevos juzgados, y

d) disponer, también por unanimidad, que el artículo 1° de la indicación pase a ser 2.

El texto del nuevo artículo 1° quedó como sigue:

“Artículo 1°.- Judicatura especializada. Créanse los juzgados de familia, encargados de conocer los asuntos de que trata esta ley y los que les encarguen otras leyes generales y especiales, de resolverlos y de hacer cumplir las resoluciones que recaigan en ellos.

Estos juzgados formarán parte del Poder Judicial y tendrán la estructura, organización, composición y competencia que la presente ley establece.

En lo no previsto en ella se regirán por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan.”.

El texto del artículo 2° ( antiguo 1° de la indicación) fue objeto de una observación por parte del Diputado señor Elgueta quien sostuvo que el término integración daba a entender que los juzgados de familia funcionarían en forma colectiva o, lo que es lo mismo, que tendrían una composición colegiada, sentido que contradiría la idea del tribunal unipersonal de composición múltiple. Recordó que, en este caso, la idea inspiradora era identificar la palabra tribunal con juez y juzgado con el conjunto de tribunales agrupados físicamente en un mismo lugar.

El Diputado señor Bustos coincidió con la observación por cuanto el término integración tiene, en materia procesal, un sentido muy específico que, indudablemente, induciría a confusión al intérprete. A sugerencia suya, se acordó, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 2°.- Conformación. Los juzgados de familia tendrán el número de jueces que para cada caso señala el artículo 4°. Contarán, además, con un consejo técnico asesor, un administrador y una planta de oficiales de secretaría.”.

2) Artículo 2° ( pasó a ser 3°)

Establece que cada uno de los jueces de familia que integran el tribunal, ejercerá indistinta y separadamente la potestad jurisdiccional plena para conocer de los asuntos que se sometan a su competencia.

Ante la inquietud planteada por la Ministra señora Delpiano, en cuanto a la conveniencia de dejar establecida en esta misma norma, la atribución del tribunal no sólo para fallar las causas que se sometan a su conocimiento sino que también para hacer cumplir lo resuelto, por cuanto se producen situaciones sobre las que se ha dictado sentencia, pero que no se cumplen o tardan mucho en cumplirse, el Diputado señor Monge precisó que la facultad de imperio de los tribunales para hacer cumplir lo fallado, figuraba en forma explícita en el texto del nuevo artículo 1° aprobado por la Comisión.

No se produjo mayor debate y se procedió a aprobar el artículo por unanimidad, sólo con adecuaciones de forma, de conformidad al siguiente texto:

“Artículo 3°.- Potestad jurisdiccional. Cada uno de los jueces ejercerá indistinta y separadamente la potestad jurisdiccional plena para conocer de los asuntos que las leyes encomienden a los juzgados de familia.”.

3) Artículo 3° (pasó a ser 4°).

Crea nuevos juzgados de familia en todas las regiones del país.

Respecto de este artículo, cabe señalar que el Ejecutivo presentó una segunda indicación, substitutiva de la original, determinando el número de juzgados de familia sobre la base de aplicar el factor carga de trabajo, es decir, en base a los estudios practicados, se concluyó que una causa de familia equivalía a 1,66 veces la carga de trabajo que implicaba una causa civil ordinaria.

Al efecto los representantes del Ejecutivo explicaron que el proyecto original, presentado en el año 1997, se había basado en el factor carga de trabajo, pero que la realidad existente entonces había variado ostensiblemente con respecto al presente. Por ello, analizando las cargas de trabajo y la inversión de tiempo en las distintas especialidades en materia judicial, conscientes de que dicha carga no es igual según se trate de una causa civil ordinaria, una criminal, una ejecutiva laboral o civil o una de familia, se había llegado, mediante la aplicación de un ponderador, a la relación señalada, es decir, en materia de familia la carga de trabajo por causa, casi duplica la que representa una civil ordinaria, agregando que ello se explicaba por la mayor complejidad que representa la resolución de litigios en que juegan diversos elementos tales como la regulación de alimentos, la reglamentación de visitas y cuestiones de índole psicológica relativas a la relación permanente entre cónyuges.

Lo anterior había llevado a una revisión para determinar la distribución y número de los tribunales y el aumento de la cantidad de jueces, figurando, en esta nueva indicación, aumentos en el número de magistrados en lugares en que se establecen juzgados de familia y creación de nuevos tribunales en sectores no contemplados originalmente.

El Diputado señor Urrutia, refiriéndose a la Séptima Región del Maule, específicamente al juzgado de familia con asiento en la comuna de Linares, hizo presente que, a su parecer, se incurría en un error al establecer que el mencionado juzgado tendría jurisdicción sobre la comuna de Retiro, por cuanto, actualmente, los habitantes de esa localidad llevan sus asuntos al Juzgado de Letras de Parral, comuna bastante más cercana que la de Linares.

El Diputado señor Ceroni respaldó la posición del Diputado señor Urrutia, recordando que al tratarse la reforma procesal penal, se había dispuesto que el juzgado de garantía de Linares incluyera en su jurisdicción a Retiro, pero que luego de recibir las argumentaciones acerca de la inconveniencia de tal proposición, el Ejecutivo había desistido.

Los representantes del Ejecutivo acogieron la inquietud de los señores Diputados, procediendo la Comisión, por acuerdo unánime, a suprimir la expresión “Retiro” que figura en el párrafo tercero de la letra g) de este artículo, dejando constancia, en todo caso, que la intención de esta supresión obedecía al interés de mantener la jurisdicción del Juzgado de Parral sobre la citada localidad.

Con la sola modificación de fondo señalada, más algunas de carácter puramente formal, la Comisión procedió a aprobar la nueva indicación substitutiva, por unanimidad, quedando el texto de este artículo en los términos que se señalan al final de este informe.

Párrafo Segundo

Del Consejo Técnico

4) Artículo 4° (pasó a ser 5° y 7°).

Trata de la integración y composición del consejo técnico, señalando que en cada tribunal de familia habrá uno, integrado por asistentes sociales, psicólogos y / u orientadores familiares, teniendo el carácter de organismo auxiliar de la administración de justicia.

Su inciso segundo señala como su función primordial la de asesorar a los jueces en el análisis de los hechos y situaciones relacionados con los asuntos de que conozcan y sobre cualquier otra materia de su especialidad que aquellos le soliciten.

Su inciso tercero dispone que los informes u opiniones de los miembros de los consejos, deberán ser puestos en conocimiento de las partes en las audiencias, a fin de que éstas conozcan su contenido y los rebatan si así lo estiman.

Su inciso cuarto faculta a los jueces para pedir a los consejos los informes económicos y sociales que sean necesarios para la resolución de las cuestiones relacionadas con el derecho de alimentos.

La Ministra señora Delpiano fue de opinión de incorporar un párrafo al proyecto, antes de entrar a conocer este artículo, que especificara los objetivos que se buscan con la instalación de estos tribunales, es decir, el sistema de las responsabilidades familiares compartidas, la idea de la resolución no adversarial de los conflictos, el fortalecimiento de los vínculos familiares, etc.

El Ministro señor Gómez consideró que las materias a que se refería la señora Delpiano, eran parte de la historia de la ley y figuraban en los fundamentos dados a conocer en el Mensaje. El proyecto, de acuerdo a los términos de los títulos y párrafos en que se dividía, debía necesariamente referirse a las normas prácticas que los expresaban, idea que fue reforzada por la opinión del Diputado señor Elgueta, quien ateniéndose al tenor del artículo 12 del Reglamento de la Corporación, señaló que la ley sólo puede referirse al mandato concreto que contiene, sin mencionar los motivos o fundamentos en que se basa.

Luego de estas consideraciones previas, el debate se centró en las consultas formuladas por el Diputado señor Huenchumilla, en cuanto a desear tener más antecedentes sobre la profesión de orientador familiar y el por qué de su inclusión en el consejo técnico; quiso conocer igualmente la naturaleza jurídica de este consejo toda vez que la norma se refiere a él como organismo auxiliar de la administración de justicia, sin referirse directamente a las personas que lo integran; el valor probatorio de los informes, ya que deben ser puestos en conocimiento de las partes y los alcances de los términos “función primordial”, los que inducen a pensar en la existencia de otras funciones que no se mencionan.

El Diputado señor Monge hizo presente lo poco claro del sentido del inciso final de este artículo, puesto que siendo la función del consejo asesorar al juez, no se entiende por qué éste puede pedirle que emita los informes económicos y sociales que sean necesarios para resolver las cuestiones relacionadas con el derecho de alimentos y no sobre otras materias de tanta o mayor importancia. Expresó su opinión en el sentido de suprimir este inciso.

La Diputada señora Guzmán consideró restrictivo que solamente los titulados de asistente social, psicólogo u orientador profesional puedan integrar el consejo, por cuanto hay universidades que imparten cursos de dos, tres o cuatro años sobre ciencias de la familia, los que son muy profundos y entregan una preparación que permitiría a quienes participan en ellos, desempeñarse en el consejo con tanta o más propiedad que los profesionales mencionados.

Los representantes del Ministerio de Justicia, refiriéndose a este último punto, señalaron que lo esencial del consejo era su carácter técnico, de apoyo para la solución de un conflicto jurisdiccional, que daría al juez conocimientos sobre antecedentes psicológicos y sociales necesarios para decidir. No le correspondería una labor orientada a la recomposición familiar como sería la que debe darse en el proceso de mediación. Añadieron que, según su parecer, los profesionales señalados, es decir, asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares, serían los más indicados y tendrían prioridad para el desempeño de estas funciones. No obstante, se mostraron dispuestos a modificar la norma abriéndola a otros profesionales del área de las ciencias sociales.

Finalmente, la Comisión, a sugerencia de los Diputados señorita Saa y señor Bustos, acordó mantener las tres profesiones mencionadas por cuanto abrir la norma a otros profesionales del área de las ciencias sociales, sin nombrar la profesión de que se trate, resultaba extremadamente vago, sin perjuicio, además, de la especificidad que deberían tener tales informes.

Por último, el Diputado señor Walker, don Ignacio, propuso, por razones de mayor claridad, dividir el artículo en dos partes, quedando en la primera expresada la integración del consejo y, en la segunda, las funciones que deberá llenar.

Cerrado finalmente el debate, el texto de la primera parte del artículo quedó como sigue:

“ Artículo 5°.- Integración. En cada juzgado de familia habrá un consejo técnico interdisciplinario integrado por asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares.

Los miembros del consejo técnico son auxiliares de la administración de justicia.”

5) Artículo 5° (pasó a ser 6°)

Trata de los requisitos para ser miembro del consejo técnico, exigiendo poseer el título de asistente social, psicólogo u orientador familiar otorgado por alguna universidad o instituto profesional reconocidos por el Estado.

Su inciso segundo exige que los asistentes sociales y los psicólogos acrediten formación especializada en asuntos de familia, impartida por las mismas instituciones señaladas.

Su inciso tercero señala que en el caso de los consejos técnicos integrados por dos profesionales, uno deberá ser asistente social y el otro psicólogo u orientador familiar.

Los representantes del Ejecutivo señalaron inclinarse por modificar esta disposición a fin de exigir que las carreras que dan origen a los títulos profesionales mencionados, tengan una duración de al menos ocho semestres, como también que a pesar de la homogeneidad lograda con la inclusión de, solamente, las tres profesiones mencionadas, en el caso de los psicólogos, no todos ellos tienen al egresar formación en materia de familia, especialidad que se obtendría mediante la realización de cursos de post grado. En tal sentido, estarían dispuestos a exigir una formación especializada de al menos dos semestres, sea que ésta forme parte de las respectivas mallas curriculares o se obtenga con posterioridad al egreso.

El Diputado señor Silva se mostró partidario de mantener el texto original propuesto por la Comisión de Familia y que la indicación reproduce en términos casi idénticos, por cuanto al mencionar expresamente a las profesiones que integran el consejo, se hace innecesario referirse a la duración de ocho semestres que deben tener esas carreras, sin perjuicio de exigir la especialización en cuestiones de familia para los asistentes sociales y psicólogos.

Los representantes del Ejecutivo se mostraron acordes con la posición del Diputado, pero estimaron que de todas maneras debería exigirse una duración mínima de dos semestres a la especialización en materias de familia que deberían llenar los asistentes sociales y psicólogos.

La Comisión coincidió con estas posiciones y convino, por unanimidad, redactar este artículo en los siguientes términos:

“Artículo 6°.- Requisitos para integrar el consejo técnico. Para ser miembro del consejo técnico se requerirá poseer el título de asistente social, psicólogo u orientador familiar, otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por éste.

Los asistentes sociales y psicólogos deberán acreditar formación especializada en materia de familia de al menos dos semestres, impartida por las mismas instituciones señaladas en el inciso primero.”

Artículo 7°, nuevo.

Este nuevo artículo, que trata de las funciones del consejo, corresponde a la segunda parte del primitivo artículo 4° ( que pasó a ser 5°) de la indicación, tratado en el número 4) de este capítulo.

Los representantes del Ejecutivo, ante las observaciones formuladas por los integrantes de la Comisión, sugirieron precisar la función de asesoría que deben cumplir los integrantes del consejo, limitándola al ámbito de sus respectivas especialidades, suprimiendo la frase final que señala “así como en la adopción de la resolución que mejor convenga a los intereses permanentes del grupo familiar” por innecesaria y porque las resoluciones, como es lógico, son de resorte exclusivamente judicial,

Asimismo, los representantes del Ejecutivo se mostraron partidarios de mantener la obligación de poner los informes y opiniones que emitan los integrantes del consejo en conocimiento de las partes, pero sin referirlas a las audiencias, cuestión que fue rebatida por los Diputados señores Bustos y Silva quienes se manifestaron partidarios de conservar la redacción original de la indicación (inciso tercero), la que coincide con el texto propuesto por la Comisión de Familia.

Ante la opinión del Diputado señor Cardemil en el sentido de ser innecesario este inciso, por cuanto dentro de las reglas generales se encuentra la obligación de poner en conocimiento de las partes los documentos e informes que se agreguen al proceso, la Diputada señora Allende se mostró partidaria de conservarlo por la necesidad de que las partes conozcan estos informes y evitar así cualquiera interpretación judicial en contrario, opinión a la que se sumó el Diputado señor Monge quien dijo entender que en este caso los integrantes del consejo, no obstante ser auxiliares de la administración de justicia, actuaban como peritos y sus informes tendrían valor probatorio, por lo que necesariamente deberían ser puestos en conocimiento de las partes.

Igual opinión sostuvo el Diputado señor Bustos quien estimó que cumpliendo estos funcionarios labores de asesoría, podría entenderse que eran colaboradores directos del juez y sus informes sólo a éste interesar; luego, parecía necesario mantener la disposición para que las partes pudieran tomar conocimiento de ellos, especialmente, si tales informes tenían o podían tener valor probatorio.

La Ministro señora Delpiano hizo presente que de acuerdo al artículo 39 del proyecto (16 del texto aprobado), el juez podrá disponer la reserva para determinadas actuaciones del proceso a fin de proteger la intimidad del menor y de su familia, razón por la que parecía lógico establecer en esta norma una restricción al principio de publicidad. Señaló tener experiencia en la realización de este tipo de informes y constarle, por lo mismo, que dada la gravedad de las materias que en ellos pueden tocarse, la publicidad o el conocimiento que puedan tomar las partes de su contenido, podría complicar más aún la posible solución del conflicto.

Asimismo, en lo que se refiere a la función de asesoría que deben cumplir los integrantes del consejo, creyó necesario consignar en la norma que esta asesoría podría ser individual o colectiva, a fin de salvar los problemas que podrían surgir de visiones distintas sobre un mismo punto. Se trataría de precisar más la forma de trabajar con el equipo.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, resumiendo el parecer de la Comisión, propuso el siguiente texto substitutivo:

“Artículo 7°.- Funciones. La función de los profesionales del consejo técnico será la de asesorar, individual o colectivamente, a los jueces en el análisis y mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento, en el ámbito de su especialidad.

Los informes u opiniones que emitan los miembros de este consejo en el cumplimiento de sus funciones, serán puestos en conocimiento de las partes, salvo que el juez decida lo contrario por resolución fundada.”.

Se aprobó en los términos propuestos sólo con el voto en contra de la Diputada señora Soto quien consideró innecesario el inciso segundo.

TÍTULO II

DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA

6) Artículo 6°.- (pasó a ser 8°)

Se refiere a los asuntos que son de la competencia de los juzgados de familia.

La Comisión aprobó, sin mayor debate y en los mismos términos, los números 1, 2, 3, 5,6, 7, 10, 14, 16 y 17.

a) Ante una consulta del Diputado señor Fossa, los representantes del Ejecutivo señalaron que los asuntos relacionados con la tuición y las visitas se encontraban tratados en los números 1 y 2 de este artículo y que la nueva denominación empleada, correspondía a cambios efectuados por leyes anteriores con las que se quería guardar concordancia.

b) El número 4 señala como de la competencia de los juzgados de familia, la de conocer de las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad y la emancipación.

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar a este número los términos “ y de las autorizaciones a que se refiere el artículo 254 del Código Civil”, explicando sus representantes que con ello se dejaba dentro de la competencia de estos juzgados, la autorización que requiere el padre o madre que ejerce la patria potestad para gravar o enajenar los bienes raíces del hijo.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

c) Respecto del número 8 de este artículo, que entrega a los tribunales competencia para conocer de las acciones de estado civil de las personas, la Ministra señora Delpiano señaló que, para guardar la debida armonía con la nomenclatura empleada por el Código Civil, luego de la reforma que le introdujera la ley N° 19.585, conocida como Ley de Filiación, sería más apropiado hablar de “conocer de las acciones de filiación y gestión del artículo 188 del Código Civil”.

Igualmente, respondiendo los representantes del Ejecutivo al Diputado señor Monge acerca de las razones por las que no se incluían en la competencia de estos tribunales, los asuntos relativos a las rectificaciones de partidas del registro civil, señalaron que de acuerdo a los estudios realizados, habrían dos motivos por los cuales se podría pedir la rectificación de partidas: uno sería el que se refiere a los cambios de nombres, el que obedecería a diversas razones que no guardan relación con el estado civil de las personas y, en consecuencia, no resulta pertinente incluirlo dentro de la competencia de estos tribunales y, el otro, correspondería a todos los demás motivos que originan las rectificaciones y que se refieren al ejercicio de acciones judiciales, tales como las de filiación, las impugnaciones, reclamaciones, etc., todas las que forman parte de causas cuya competencia entrega este artículo a los juzgados de familia y, por lo mismo, no parece necesario agregarlo como una competencia adicional. Es decir, por una parte, se trataría de materias que continuarían siendo de la competencia de la justicia ordinaria y, por la otra, de cuestiones que están incluidas en la competencia que se entrega a esta nueva judicatura..

Finalmente, la Comisión acordó redactar este número en los siguientes términos:

“8) Conocer de las acciones de filiación y de todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas.”.

Posteriormente, el Ejecutivo presentó una indicación aditiva al texto aprobado por la Comisión, para agregar las siguientes expresiones: “incluyendo la citación a confesar paternidad o maternidad a que se refiere el artículo 188 del Código Civil.”, proposición que se aprobó por unanimidad, quedando el texto definitivo de este número en los siguientes términos:

“8) Conocer de las acciones de filiación y de todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas, incluyendo la citación a confesar paternidad o maternidad a que se refiere el artículo 188 del Código Civil.”.

d) El número 9 entrega competencia a los juzgados de familia para “conocer de las causas sobre guardas”.

El Ejecutivo presentó una indicación para expresar esta competencia en términos más apropiados, quedando su texto como sigue:

“Conocer de los asuntos relativos a las guardas;”

Se aprobó por unanimidad.

e) El número 11 entrega competencia a los tribunales para conocer de diversos asuntos que se susciten entre cónyuges, relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares.

Su letra b) se refiere a las autorizaciones judiciales contempladas en el Título IV del Libro I del Código Civil ( asenso para contraer matrimonio un menor de edad); a las contempladas en el párrafo 2° del Título VI del Libro I ( afectación de bienes familiares), y a las establecidas en los párrafos 3° y 4° del Título XXII del Libro IV ( autorizaciones para gravar o enajenar bienes sociales durante la administración ordinaria o extraordinaria de la sociedad conyugal).

El Ejecutivo presentó una indicación para precisar y rectificar los términos de esta letra, en los siguientes aspectos:

- suprimió la mención de las autorizaciones a que se refiere el Título IV del Libro I, toda vez que éstas ya están mencionadas en el número 7 de este artículo.

- suprimió las autorizaciones a que se refiere el párrafo 2° del Título VI del Libro Ipor están comprendidas en la letra c) de este mismo número.

- agregó las autorizaciones a que se refieren los párrafos 1° y 3° del Título VI del Libro I ( actuaciones de la mujer respecto de los bienes sociales, propios del marido o de ella por impedimento de larga duración del cónyuge o negativa injustificada de este último respecto de bienes propios de la primera; y autorización para gravar o enajenar los bienes raíces de la mujer adquiridos durante el ejercicio de una profesión, oficio o empleo separada de su marido).

- agregó las autorizaciones a que se refieren los párrafos 1°, 3° y 4° del Título XXII A del Libro I, es decir, las que se originan en el régimen de participación en los gananciales

Su texto, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“b) Autorizaciones judiciales contempladas en los párrafos 1° y 3° del Título VI del Libro I y en los párrafos 1°, 3° y 4° del Título XXII-A del mismo Libro, todos del Código Civil.”.

Su letra c) se refiere a las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y a las autorizaciones judiciales contempladas en el párrafo 1° del Título VI del Libro I del Código Civil. (actuaciones de la mujer respecto de los bienes sociales , propios del marido o de ella por impedimento de larga duración) .

El Ejecutivo presentó una indicación para suprimir la referencia a las autorizaciones contempladas en el párrafo 1° del Título VI del Libro I por estar comprendidas en la nueva letra b) que propuso y que aprobó la Comisión, y para agregar la constitución de derechos de usufructo o uso o habitación.

Su texto, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“ c) Causas sobre declaración y desafectadción de bienes familiares y constitución de derechos de usufructo, uso o habitación.”.

f) En lo que respecta al número 12, el Diputado señor Bustos. echó de menos las acciones de nulidad matrimonial, separación, etc., todos los que son temas netos de familia y resulta indiscutible que la afectan en importante medida, por lo que no se justificaría que fueran de conocimiento de tribunales distintos de los de familia.

La Diputada señora Allende hizo presente que en el proyecto sobre divorcio que se estudia, se comprende esa acción, la de separación y la de nulidad y quiso saber si, definitivamente, éstos serán los tribunales competentes.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que el Gobierno entendía que el tema de las nulidades era muy complejo y de difícil solución por la situación que presupone, ya que es la salida actual a las rupturas matrimoniales. Precisamente, teniendo en cuenta que normalmente se funda en situaciones fraudulentas y abusivas de la ley para la obtención de la nulidad, no se quiso innovar ni llevar estos procesos a los juzgados de familia, en los que, por ejemplo, la aplicación del principio de la inmediación y el contacto directo entre las partes tienen gran importancia, circunstancias que complicarían excesivamente el proceso. Además, también se tuvo en cuenta, como lo señala el Mensaje, que se trata de una materia que exige pronunciamientos de derecho sobre aspectos técnico jurídicos, más propios de la competencia de los tribunales civiles.

Igualmente, al referirse al tema del divorcio, señalaron que se estaba haciendo alusión a la situación actualmente existente en nuestra legislación, es decir, la simple separación sin disolución del vínculo.

El Diputado señor Walker, don Ignacio discrepó con este parecer por entender que la inclusión del conocimiento de las acciones de divorcio debe entenderse referida a la legislación que exista en el momento de que se trate, de tal manera que si se establece en el país el divorcio vincular, no sería necesario introducir cambio alguno a esta regla de competencia. En cuanto a las nulidades, tratándose de una cuestión que trata de la existencia de vicios que afectan el consentimiento de los contrayentes, le pareció normal que ello fuera de la competencia de los tribunales civiles.

Finalmente, la Comisión, por mayoría de votos (4 votos a favor y 3 en contra), se mostró partidaria de modificar este número, para incorporar las nulidades matrimoniales, quedando con la siguiente redacción:

“12) Conocer de las causas sobre divorcio y sobre nulidad de matrimonio.”.

g) Respecto del número 13, que se refiere a las cuestiones que deben ser resueltas o acordadas previamente conforme a lo dispuesto en los artículos 25 bis y 36 bis de la Ley de Matrimonio Civil, es decir, que impiden se decrete el divorcio o la nulidad de matrimonio mientras no se resuelvan o acuerden, la Comisión concordó, por unanimidad, en suprimirlo por cuanto, como lo sostuvo el Diputado señor Bustos, no parecía lógico arreglar en forma previa cuestiones relativas a alimentos, tuición, régimen patrimonial, etc., materias todas de carácter prejudicial civil, si posteriormente el tribunal consideraba que no había lugar al divorcio o a la nulidad.

Los representantes del Ejecutivo coincidieron con la supresión toda vez que lo que justificaba este número era el hecho de que los juicios de nulidad debían seguirse ante tribunales distintos de los de familia, situación que de acuerdo a la modificación aprobada para el número 12, ya no podría darse.

Cabe hacer presente que los artículos 25 bis y 36 bis de la Ley de Matrimonio Civil se introducian a dicha ley por el artículo 140 de la indicación original a este proyecto.

h) El número 15 da competencia a los tribunales para conocer de las causas relativas al maltrato de menores de edad y de parientes incapaces.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este número por el siguiente:

“15) Resolver sobre la vida futura del menor en el caso del inciso tercero del artículo 234 del Código Civil, y conocer de todos los asuntos en que aparezcan menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de menores.”.

Los representantes del Ejecutivo fundaron esta modificación en la necesidad de ajustarla a las modificaciones que se hicieron a la Ley de Menores por la reforma procesal penal.

Se aprobó la proposición por unanimidad.

i) El Ejecutivo propuso, por la vía de la indicación, intercalar un nuevo número, el que pasó a ser 16), del siguiente tenor:

“16) Conocer de todos los asuntos en que se impute un hecho punible a menores de dieciséis años, o mayores de esa edad y menores de dieciocho que hayan obrado sin discernimiento, y aplicar, cuando corresponda, las medidas contempladas en el artículo 29 de la Ley de Menores; y”.

La proposición, acogida por unanimidad, se fundó en las mismas razones de adecuación a las modificaciones introducidas a la Ley de Menores por la reforma procesal penal.

TÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Párrafo primero

De los principios del procedimiento

7) Artículo 7°.- (pasó a ser 9°)

Señala que el procedimiento aplicable en los juzgados de familia será oral, concentrado y desformalizado, primando los principios de inmediación, oficiosidad y de búsqueda de soluciones colaborativas.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta norma señalando que en su formato se seguía el modelo del Código Procesal Penal, es decir, se enunciaban los principios que lo regían y en las disposiciones siguientes se los explicitaba. Asimismo, expusieron que el mismo procedimiento aplicable a los juzgados de familia se hacía extensivo a los tribunales civiles que conocieran materias propias de la competencia de los primeros, puntualizando que el artículo 145 de la indicación así lo establecía.

Agregaron, asimismo, que al hablar de un procedimiento desformalizado, se aludía al deseo de que, dentro de lo posible y razonable, estos tribunales aplicaran menos ritualidades procesales que las que se emplean en otro tipo de juicios. Se buscaba, asimismo, que los interesados tuvieran una mejor comprensión de lo que acontecía en el proceso y que las cuestiones formales no llegaran a afectar la parte substantiva del mismo.

El Diputado señor Elgueta ejemplarizó señalando que la desformalización buscaba desburocratizar el procedimiento, agilizándolo, de tal manera que la realización de las diligencias que se dispusieran pudieran efectuarse con menos trámites y empleando menos tiempo y, especialmente, pudiendo utilizar para su concreción medios más modernos como el teléfono o el correo electrónico.

No obstante, se mostró contrario al término “esencialmente” que los representantes del Ejecutivo justificaron señalando que ello obedecía al hecho de que no todo el procedimiento era oral.

Finalmente, la Comisión acordó, por unanimidad, aprobar este artículo, substituyendo la expresión “esencialmente” por “predominantemente” y los términos “ “de la oficiosidad” por “ de la actuación de oficio”, esto último por razones de mejor uso del lenguaje.

El texto quedó como sigue:

“Artículo 9°.- Principios del procedimiento. El procedimiento que aplicarán los juzgados de familia será predominantemente oral, concentrado y desformalizado. En él primarán los principios de la inmediación, de la actuación de oficio y la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes.”.

8) Artículo 8° (pasó a ser 10).

Trata del principio de la oralidad, señalando sus dos primeros incisos que todas las actuaciones del proceso serán orales, salvo las excepciones que la misma ley establece y sin perjuicio de llevar un sistema de registro de las actuaciones orales de conformidad a las reglas establecidas para los juzgados de garantía.

Su inciso tercero dispone que en casos excepcionales y por resolución fundada, podrá el juez disponer se protocolicen en extracto determinadas actuaciones orales.

A proposición de los representantes del Ejecutivo, quienes señalaron que el inciso tercero estaría demás y debería suprimirse por cuanto todas las excepciones al principio de la oralidad, se encuentran expresamente consagradas en el resto del articulado del proyecto, la Comisión acordó, unánimemente, aprobar los incisos primero y segundo de este artículo y rechazar el tercero, quedando, por tanto, el texto como sigue:

“Artículo 10.- Oralidad.Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal deberá llevar un sistema de registro de las actuaciones orales, de conformidad con las reglas establecida para los Juzgados de Garantía en el Libro I, Título II, párrafo 6° del Código Procesal Penal.”.

9) Artículo 9°.- (Pasó a ser 11).

Trata del principio de la concentración, señalando que el procedimiento se llevará adelante por medio de una audiencia principal de contestación y prueba de carácter único, pudiendo, en casos excepcionales y siempre que fuere indispensable para la resolución del juicio, efectuar una audiencia complementaria para recibir la prueba que no se haya alcanzado a analizar en la audiencia principal.

Su inciso segundo señala que en este procedimiento no existirán incidentes de previo y especial pronunciamiento.

A proposición del Diputado señor Walker, don Ignacio, la Comisión acordó eliminar las expresiones “ de carácter único” del inciso primero, por cuanto bastaba con señalar que el procedimiento y la prueba se recibirían en una audiencia principal, debiendo recurrirse a la complementaria sólo en casos excepcionales.

Asimismo, a sugerencia de los representantes del Ejecutivo, se acordó eliminar, por razones de redacción, la expresión complementaria la segunda vez que figura en el inciso mencionado.

Igualmente, con el propósito de evitar posibles confusiones de interpretación, la Comisión convino en substituir la expresión “preliminar” por “principal” al final del mismo inciso.

Se aprobó el artículo con las modificaciones señaladas, por unanimidad, quedando su texto como sigue:

Artículo 11.- Concentración. El procedimiento se llevará a efecto a través de una audiencia principal de contestación y prueba. Además, en forma excepcional, y sólo en caso que sea estrictamente indispensable para la acertada resolución del litigio, se llevará a cabo una audiencia complementaria cuyo objeto central será la recepción de prueba que no sea posible analizar en la audiencia principal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 (29).

No existirán en este procedimiento incidentes de previo y especial pronunciamiento.

10) Artículo 10.- ( pasó a ser 12).

Trata del principio de la desformalización del procedimiento, señalando que en silencio de la ley, será el juez quien determine la forma de las actuaciones, debiendo tener presente que en esta materia como en la de interpretar las normas del procedimiento, el objetivo es el adecuado resguardo de los derechos de las partes y la pronta y justa decisión de la controversia.

Los representantes del Servicio Nacional de la Mujer, si bien se mostraron conformes con la norma, argumentaron que dado el hecho que el principio orientador de la misma era el resguardo de los derechos reconocidos por la ley, parecía, en atención a la insuficiencia del derecho civil, necesario ampliar su contenido, refiriéndolo al resguardo de las garantías fundamentales.

La Comisión, luego de un corto debate, estimó que el término ley estaba concebido en términos amplios, comprensivo no sólo de la ley misma sino que también de la normativa constitucional.

En consecuencia, dejando constancia de lo anterior, procedió a aprobar el artículo en los mismos términos, por unanimidad.

11) Artículo 11.- (pasó a ser 13).

Trata del principio de la inmediación, señalando que las audiencias y diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, prohibiéndose, bajo sanción de nulidad insanable, la delegación de funciones. Agrega la misma norma que, para los efectos anteriores, las partes podrán actuar personalmente sin perjuicio de la asesoría de letrado.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que no obstante figurar en la norma substitutiva propuesta, la segunda parte de esta disposición, es decir, la que se refiere a la comparecencia de las partes, obedecía a un error de transcripción y debería no considerarse.

Ante las dudas planteadas por el Diputado señor Walker, don Ignacio, acerca de las expresiones “ nulidad no subsanable”, las que no recordaba que se utilizaran en texto legal alguno, los representantes del Ejecutivo argumentaron que siendo fundamental en estos procesos la presencia del juez, lo que se había querido con el empleo de tales términos, era evitar cualquier posibilidad de que las partes, por medio de otro acto procesal, ratificaran lo que se hubiere actuado sin la concurrencia del magistrado. Hicieron un símil con la nulidad absoluta civil en el sentido de que existía un interés social comprometido, independiente de la voluntad de los litigantes, acerca de que el juez debe tener un conocimiento inmediato de las alegaciones y pruebas que las partes realicen o produzcan, de tal manera que, antes de fallar, forme su convicción en base a las que hubiere recibido personalmente. Se trataría de evitar lo que hoy sucede en que, en base a la delegación de funciones, el juez se limita a permanecer en el estrado mientras los actuarios atienden directamente a las partes.

El Diputado señor Elgueta estimó que las expresiones “ no subsanable” no agregaban nada al sentido buscado por la ley, toda vez que la no presencia judicial sería un acto prohibido por la ley y, en consecuencia, adolecería de nulidad absoluta, la que no admite ratificación ni saneamiento.

Las representantes del Ejecutivo se allanaron a la eliminación de las mencionadas expresiones, pero, con el objeto de reforzar la idea de la inmediación, sugirieron agregar, en punto seguido, la siguiente oración final:

“El juez formará su convicción en base a las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido.”.

La Comisión acogió esta sugerencia y, por decisión unánime, acordó redactar este artículo en los siguientes términos:

“Artículo 13.- Inmediación. Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad , la delegación de funciones. El juez formará su convicción en base a las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido.”.

12) Artículo 12.- (pasó a ser 14).

Trata del principio de la oficiosidad, disponiendo que una vez promovido el proceso y en cualquier estado de su tramitación, el juez deberá adoptar de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor rapidez.

Sobre este artículo, el Diputado señor Walker, don Ignacio, sin discutir el fondo de la disposición, objetó el subtítulo “oficiosidad” por estimarlo inadecuado, concordando la Comisión por substituir la expresión, a sugerencia del Diputado señor Elgueta, por “actuación de oficio”, procediendo, en seguida, a aprobar el artículo en los mismos términos, por unanimidad.

El texto quedó, entonces, como sigue:

“Artículo 14.- Actuación de oficio. Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad.”.

13) Artículo 13.- ( paso a ser 15).

Trata del principio de la colaboración, señalando que tanto durante el proceso como en la resolución del conflicto, deberán buscarse alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, prefiriendo las soluciones colaborativas que ellas acuerden.

Los representantes del Ejecutivo, ante algunas dudas expresadas por la Diputada señora Allende, hicieron presente que las soluciones colaborativas de que se trataba, no necesariamente se daban sólo en el proceso de mediación, sino que también en la conciliación a que llamaba el tribunal y a que las partes accedían proponiendo soluciones a sus diferencias. De ahí, entonces, que la norma se refiriera en su parte final a las soluciones “acordadas por ellas”.

La Comisión, sin mayor debate, procedió a aprobar este artículo por unanimidad, sólo con adecuaciones de forma.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 15.- Colaboración. Durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones colaborativas acordadas por ellas.”.

Artículo 16, nuevo

Esta nueva norma surgió como consecuencia del análisis del artículo 39 de la indicación substitutiva, la que se refiere a las restricciones al principio de publicidad. Al respecto, los representantes del Servicio Nacional de la Mujer hicieron presente que el proyecto no contemplaba una referencia al principio de publicidad ni menos lo definía, por lo que parecía lógico incluirlo en este párrafo del Título III, entre los principios del procedimiento.

Los representantes del Ejecutivo, recogiendo la observación anterior, propusieron suprimir el artículo 39 y agregar una nueva disposición del siguiente tenor:

“Artículo 16.- Publicidad. El juez deberá velar durante todo el proceso por el respeto al derecho a la intimidad de las partes y especialmente de los menores. Con ese objeto podrá prohibir la difusión de datos o imágenes referidos al proceso o a las partes en los medios de comunicación; o disponer mediante resolución fundada, que todas o algunas de las actuaciones del procedimiento se realicen en forma reservada.”

Se aprobó en los términos propuestos, por unanimidad.

Párrafo segundo

De las reglas generales

14) Artículo 14.- (pasó a ser 17)

Trata de la conexidad, acumulación y prórroga de la competencia. Su inciso primero señala que sin perjuicio de las reglas de competencia que la ley establece para estos tribunales, se podrá conocer y fallar en una sola causa dos o más conflictos que existan entre las partes y que sean de la competencia de dichos tribunales.

Su inciso segundo señala que lo anterior tendrá lugar cuando las acciones se deduzcan conjuntamente en la demanda o en la audiencia principal, en este último caso ya sea por el demandante o por el demandado por la vía reconvencional. Para los efectos de lo último señalado, el juez deberá, en la audiencia principal, instar a las partes a añadir a la demanda o a la reconvención, los demás conflictos no resueltos que las separan.

Su inciso tercero señala que si una de las partes se opusiere al tratamiento conjunto de las acciones deducidas por una de ellas, corresponderá al tribunal resolver, previo examen de los antecedentes en que se basa el opositor.

Su inciso cuarto permite tratar la acción acumulada en la audiencia complementaria, cuando la acumulación se hubiere resuelto en la audiencia principal y siempre que la parte no cuente con los medios probatorios por no haber previsto o conocido la tramitación conjunta de las acciones.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que un estudio más acabado de esta disposición, llevó al Ministerio de Justicia a considerar que, sin perjuicio de algunas adecuaciones, la versión propuesta por la Comisión de Familia parecía más clara que el texto substitutivo.

Procedieron, en seguida, a dar lectura al texto propuesto por la Comisión de Familia, el que señala que “los jueces de familia conocerán en una sola causa de las distintas materias de su competencia que unas mismas partes acuerden someter a su consideración.”. En su inciso segundo añade que los jueces “Podrán, además, disponer de oficio la acumulación que sea procedente de acuerdo con las reglas generales.”.

Explicaron la disposición señalando que era muy común que en los juzgados de menores las partes discutieran sobre alimentos, visitas y tuición , materias todas que requerían la formación de juicios separados, con expedientes y audiencias distintas. Esa situación era la que se buscaba remediar por la vía de ver todas estas acciones en conjunto, dejando delimitado en la misma audiencia el ámbito de lo que, en definitiva, se sometería a la decisión judicial. En todo caso, para someter estas cuestiones a la decisión del juez, debería bastar con que una de las partes así lo hiciera, prescindiendo del acuerdo que exige el inciso primero del texto propuesto por la Comisión de Familia.

Refiriéndose, en seguida, al texto propuesto para el inciso segundo por la citada Comisión de Familia, señalaron no estar de acuerdo con él, toda vez que no parecía lógico que fuera el juez quien decidiera qué materias se tratarían sino que las partes acordaran directamente qué asuntos sujetar a la decisión judicial. Además, desde el punto de vista técnico, no había en este caso una verdadera acumulación de causas.

La Comisión, a sugerencia del Diputado señor Walker, don Ignacio, acordó, por unanimidad, proponer el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 17.- Unidad de competencia. Los jueces de familia conocerán en una sola causa de las distintas materias de su competencia que una o ambas partes sometan a su decisión.”.

Artículo 18, nuevo.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron agregar un nuevo artículo para reglar, en términos generales, la comparecencia de las partes en juicio. Al efecto, sugirieron lo siguiente:

“Artículo 18.- Comparecencia en juicio. En los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes podrán actuar personalmente o a través de abogado patrocinante.

El juez podrá ordenar expresamente que la actuación de las partes se realice a través de mandatario judicial, lo que deberá hacer en todos los casos en que una de las partes cuente con asesoría de letrado.”.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, coincidió con la proposición por considerar que con ello se trataba de evitar posibles situaciones de desequilibrio que podrían darse al contar una de las partes con asesoría profesional y la otra no.

El Diputado señor Monge estimó que con respecto a la comparecencia debería, por razones de orden práctico, flexibilizarse la exigencia de comparecer personalmente, por cuanto si alguien es demandado en Punta Arenas y vive en Antofagasta, lo más seguro es que el juicio deberá seguirse en rebeldía.

Los representantes del Servicio Nacional de la Mujer, hicieron presente que este punto ya había sido discutido en otro proyecto como consecuencia de la necesidad de evitar la suspensión del procedimiento en razón de no contar una de las partes con asesoría de abogado, pero, en todo caso, parecía lógico que se estableciera que se procedería a designar asesor a la parte que no lo tuviera siempre que careciera de recursos para procurárselo, a fin de evitar otorgar asistencia gratuita a quien cuenta con medios.

Ante las aprensiones planteadas por algunos integrantes de la Comisión en el sentido de que, siendo obligatorio para el juez, en el caso de contar una de las partes con abogado, designar un asesor a la otra, podría significar que uno de los litigantes, con el fin de paralizar el proceso, simplemente se abstuviera de nombrar abogado, los representantes del Ejecutivo, conjuntamente con los del SERNAM, propusieron un nuevo texto del siguiente tenor:

"Artículo nuevo.- Comparecencia en juicio. Si una de las partes cuenta con asesoría de letrado, el juez procurará que la otra también lo tenga.

Tratándose de personas que no cuenten con los medios económicos suficientes, el juez designará un abogado de la respectiva corporación de asistencia judicial o de otro organismo público que preste asistencia jurídica gratuita.

En defecto de lo anterior, el juez designará al abogado de turno que corresponda.”.

Explicaron su nueva proposición señalando que se empleaba la palabra “procurará” para evitar que mediante mecanismos dilatorios una de las partes no busque asesoría y consiga con ello retardar la marcha del proceso. Los incisos segundo y tercero contemplarían la situación de las personas que no cuentan con medios económicos para procurarse su propia defensa.

El Diputado señor Monge hizo presente que en regiones una norma como ésta resultaba poco práctica, porque lo normal es que en los servicios de asistencia judicial sólo haya un abogado, secundado por estudiantes de derecho en práctica, y siendo uno solo no está en condiciones de asumir la defensa de ambos litigantes. Agregó que lo normal era que las corporaciones asistieran únicamente a los demandantes y no a los demandados.

Los representantes del Ejecutivo reconocieron que efectivamente existía insuficiencia de medios para la defensa jurídica de personas de escasos recursos, pero, en todo caso, no existía ningún impedimento legal para que las corporaciones jurídicas pudieran prestar asistencia a ambas partes y, por lo mismo, salvo el caso en que sólo haya un abogado, perfectamente podría la corporación respectiva, sin que se produjeran conflictos de intereses, patrocinar a ambas partes. Por otro lado, de acuerdo a la proposición que hicieron, se dejaba al juez recurrir no solamente a la corporación de asistencia judicial sino también a cualquier otro organismo público que preste asesoría jurídica gratuita, como podrían ser las clínicas jurídicas, o bien, otros, como el SERNAM, que prestan dichas asesorías para materias determinadas como los casos de violencia intrafamiliar.

El Diputado señor Monge señaló que si bien formalmente la proposición parecía cumplir con el propósito de mantener el equilibrio entre las partes, no parecía lógico aprobar normativas que no tendrían valor práctico. Así, en el caso del abogado de turno, señaló que este cargo sólo existía en materia criminal y no en menores ni en ningún otro orden de cosas.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, recordó que el objetivo de la norma en estudio era equiparar la situación del litigante que contaba con asesoría con la del que carecía de ella y no pronunciarse sobre el problema de la defensa jurídica en general.

Finalmente, la Comisión acordó, por mayoría de votos, volver sobre el texto aprobado originalmente por la Comisión de Familia, pero alterando su redacción de modo de evitar la contradicción entre la opción que se da a las partes para comparecer personalmente y la facultad que se entrega al juez para obligarlas a actuar por medio de abogado e, igualmente, previendo la posibilidad de que una de las partes no quiera designar patrocinante no obstante tener medios para ello, colocando de su cargo los costos de la asesoría que se le proporcione.

El texto propuesto fue el siguiente:

“Artículo 18.- Comparecencia en juicio. En los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes podrán actuar personalmente o por medio de abogado patrocinante. El juez podrá ordenar expresamente que la actuación de las partes se realice por medio de mandatario judicial si una de ellas cuenta con asesoría de letrado.

“En caso de que una de las partes no pueda o no quiera proveer a su propia defensa, el juez deberá tomar las medidas necesarias para asegurarle una debida asesoría, a su costa si fuere solvente.”.

15) Artículo 15.- (pasó a ser 19).

Trata del principio de la representación, señalando que en todas las cuestiones que sean de competencia de los juzgados de familia, en que aparezcan involucrados intereses de menores o incapaces, el juez deberá velar porque éstos estén debidamente representados.

Su inciso segundo permite al juez designar a una persona idónea, perteneciente a una corporación de asistencia judicial o a otra institución que tenga por finalidad la defensa de menores o de incapaces, cuando el menor o incapaz carezca de medios o el juez, por motivos fundados, estime necesario que la representación sea ejercida por una persona distinta de aquélla a quien legalmente corresponde.

Su inciso tercero agrega que la persona designada tendrá la calidad de curador ad litem del menor o incapaz, por el solo ministerio de la ley, extendiéndose su representación a todas las actuaciones del juicio.

Su inciso cuarto añade que de la falta de representación podrán reclamar las instituciones señaladas o cualquiera que tenga interés en ello.

El Diputado señor Elgueta observó esta disposición señalando que aunque debiera entenderse que la designación que debe hacer el juez, debería recaer en un abogado, parecía lógico decirlo expresamente, a fin de evitar posibles distorsiones.

Los representantes del Servicio Nacional de la Mujer, como se dirá al tratar el artículo 37 del comparado, el que se suprime, fueron partidarios de refundir este artículo y la disposición mencionada, incorporando en el primero las disposiciones del segundo que se refieren a los fundamentos del juez para entregar la representación del menor a una persona distinta de aquella a quien corresponde legalmente.

La Comisión acogió por unanimidad la observación del Diputado señor Elgueta relativa al empleo de la palabra “abogado” en el inciso segundo y la sugerencia de los representantes del SERNAM y ,con el mismo quórum, procedió a aprobar el artículo, el que quedó con el siguiente texto:

“Artículo 19.- Representación. En todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de menores de edad o de incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados.

“El juez designará a un abogado, perteneciente a la respectiva corporación de asistencia judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de los menores o incapaces, en los casos en que éstos carezcan de representante legal o cuando, por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda legalmente su representación.

“La persona así designada será el curador ad litem del menor de edad o incapaz por el solo ministerio de la ley y su representación se extenderá a todas las actuaciones del juicio.

“De la falta de designación del representante de que trata este artículo podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello.”.

16) Artículo 16.- (pasó a ser 20).

Dispone que las partes, de común acuerdo, podrán suspender el procedimiento por una vez, hasta por sesenta días.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.

17) Artículo 17.- (pasó a ser 21).

Dispone que los jueces de familia deberán siempre reprimir el fraude procesal y la colusión, como también la mala fe que observen en los litigantes.

Su inciso segundo señala que sin perjuicio de las medidas disciplinarias que contempla el Código Orgánico de Tribunales, podrán imponer una multa a beneficio fiscal, entre una y diez unidades tributarias mensuales, la que graduarán según la gravedad de las conductas observadas.

Su inciso tercero agrega que si dichas conductas revistieran los caracteres de crimen o simple delito, los jueces deberán remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que lo que esta norma perseguía, era cautelar el principio de la buena fe o de la probidad procesal, es decir, tratar de evitar las conductas indebidas de los litigantes, tales como dilación del proceso por medio de peticiones incorrectas, solicitudes de nulidad sin base, peticiones o presentaciones sin fundamentos, promoción de incidentes, etc.,

Aclararon, asimismo, que por fraude procesal se entendía el dolo procesal, es decir, la actuación de mala fe por parte del litigante y, por colusión, el acuerdo, por ejemplo, entre una de las partes y un perito o el pago de sobornos. Citaron como un caso de imposición de multas ante conductas de mala fe, la disposición del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil que exige a quien hubiere promovido y perdido dos o más incidentes en un mismo juicio, depositar en la cuenta corriente del tribunal una determinada cantidad para promover uno nuevo.

El Diputado señor Elgueta señaló que un ejemplo de fraude procesal podía encontrarse en las demandas de nulidad de matrimonio por la vía de alegar la incompetencia del oficial del registro civil, o la iniciación de un juicio artificial para que, por medio de las peticiones que en él se realizan, se perjudique el derecho de alimentos que reclama una persona.

La Comisión estimó que el inciso tercero no se justificaba porque no hacía más que repetir una regla de general aplicación, razón por la que decidió eliminarlo, aprobando el resto del artículo sólo con adecuaciones de forma, por unanimidad.

El texto aprobado fue el siguiente:

“Artículo 21.- Fraude procesal. Los jueces de familia deberán siempre reprimir el fraude procesal y la colusión, así como también sancionar la mala fe que observen en las actuaciones de los litigantes.

Para estos efectos y sin perjuicio de las medidas disciplinarias que contempla el Código Orgánico de Tribunales, los jueces de familia podrán imponer una multa a beneficio fiscal, cuyo monto fluctuará entre una a diez unidades tributarias mensuales. El juez determinará el monto de la multa, según la gravedad de las conductas indebidas.”.

18) Artículo 18.- (pasó a ser 22).

Dispone que en cualquier momento de la causa, el juez, de oficio o a petición de parte, decretará, mediante resolución fundada, cualquier medida cautelar que considere indispensable para la protección de un derecho.

Los representantes del Servicio Nacional de la Mujer hicieron presente que sería conveniente reponer el inciso segundo del texto propuesto por la Comisión de Familia, pero en términos imperativos, a fin de que el juez estuviera obligado a fijar alimentos y visitas provisorias en los procesos que versen sobre dichas materias y no dejar esa decisión a su arbitrio como sucede con el texto que se propone.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que no parecía conveniente facultar al juez para decretar alimentos o visitas provisorias sin escuchar previamente a la otra parte.

El ex Diputado señor Walker, don Ignacio, se manifestó de acuerdo con los representantes del SERNAM, pero quitando a la norma el carácter imperativo por parecer muy fuerte tratándose de una medida provisoria.

El Diputado señor Silva apoyó también la proposición por tener coincidencia con una norma aprobada por el Congreso, especialmente con una ley de su autoría por la que se cambia el régimen de visitas. En dicha ley se obliga al juez a determinar visitas provisorias e, igualmente, en otra ley sobre alimentos, se le obliga a fijar alimentos provisorios. Luego la posición del SERNAM en cuanto a fijar imperativamente esta obligación no hace otra cosa que ajustarse a dos leyes recientemente aprobadas por el Congreso sobre alimentos y visitas.

Los representantes del Ejecutivo recordaron que las leyes citadas disponían que se diera lugar a estas peticiones provisorias, pero con citación de la parte contraria, es decir, se daba a esa parte la posibilidad de oponerse o hacer ver sus argumentos.

La ex Diputada señora Pollarolo señaló que lo que inspira estas disposiciones es el derecho de los niños de no perder el vínculo con ninguno de los padres, por lo que si se presenta alguna situación especial, el juez tendrá el criterio suficiente de decretar las visitas o los alimentos provisorios en condiciones de seguridad para el menor, pero el vínculo con los padres no debe interrumpirse. Ese sería el sentido de la legislación recientemente aprobada por el Congreso.

Finalmente la Comisión acogió, por unanimidad, una proposición del Diputado señor Elgueta, quien sugirió, como una forma de conciliar las posiciones en debate, anteponer al artículo las siguientes expresiones “ Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales...”., frase con la cual se salvarían las posibles diferencias entre la legislación que se propone y los textos especiales citados.

El texto quedó como sigue:

“ Artículo 22.- Potestad cautelar. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, en cualquier momento de la causa, el juez, de oficio o a petición de parte, en caso de que la gravedad de los hechos así lo requiera, decretará, mediante resolución fundada, cualquier medida cautelar que estime indispensable para la protección de un derecho.”.

19) Artículo 19.- (pasó a ser 23).

Trata de las notificaciones.

Su inciso primero dispone que la primera notificación a la parte demandada, deberá ser personal y efectuarse por el ministro de fe que el juez determine, a proposición del administrador. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte interesada encargue tal diligencia, a su costa, a un receptor.

Su inciso segundo permite, en caso de no poder efectuarse la notificación personal en dos días distintos, por no haber sido habido el demandado y siempre que se acredite cuál es su domicilio, practicarla por medio de dos avisos en un periódico de circulación nacional.

Su inciso tercero dispone que las demás notificaciones se practicarán por el estado diario, salvo si se trata de la sentencia definitiva o se ordena la comparecencia personal de las partes, las que se notificarán por carta certificada.

Su inciso cuarto señala que las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el día subsiguiente al de su expedición, teniendo para tales efectos la calidad de ministros de fe los funcionarios de secretaría del tribunal.

Su inciso quinto permite al juez encomendar, excepcionalmente y mediante resolución fundada, la práctica de las notificaciones a personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que la norma mantenía la regla general de que la primera notificación se practique personalmente, haciéndose cargo, en seguida, de una situación de ordinaria ocurrencia cual es la que el demandado mude constantemente de domicilio haciendo imposible o muy dificultosa la primera notificación, razón por la que se establece la notificación subsidiaria por avisos.

Asimismo, se consagraba como regla general en estos procedimientos, que las notificaciones se practicaran por medio de carta certificada, mecanismo en plena aplicación en los tribunales de menores y muy eficaz. Expresamente se establece esta forma para las sentencias definitivas y para las resoluciones que ordenan la comparecencia personal de las partes, pero estableciéndose el cómputo del plazo desde el día subsiguiente de la expedición y no del siguiente como es lo actual.

Ante una consulta, precisaron que la notificación de la resolución que recibe la causa a prueba no ofrece mayores problemas porque dicha resolución deberá dictarse en la misma audiencia principal, de tal manera que las partes quedan inmediatamente notificadas.

Ante las dudas expresadas por integrantes de la Comisión, en el sentido de que la notificación por avisos podría prestarse para la acción de litigantes de mala fe, siendo preferible buscar formas que resguarden mejor el conocimiento que debe tomar el demandado de la existencia de la demanda en su contra, sostuvieron que la notificación substitutiva de la personal contemplada en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, en que se exige acreditar que la parte demandada se encuentra en el lugar del juicio y de cual es su morada, resulta muy engorrosa y complicada, razón por la que se ha recurrido a esta forma.

No obstante lo anterior, sugirieron substituir el inciso segundo que se refiere a la notificación por avisos por otra norma muy parecida a una que contempla el Código Procesal Penal, en que se busca resguardar la certeza de la notificación a la parte. Dicha proposición sería la siguiente:

“En los casos que no resultare posible practicar la notificación personal, el juez dispondrá otra forma de notificación por cualquier medio de notificación idóneo que garantice la debida información del notificado para el adecuado ejercicio de sus derechos.”.

Ante la objeción formulada por la Diputada señora Allende en cuanto a que esta fórmula significaba trasladar al juez la responsabilidad de determinar cuál sería la forma idónea de notificar, el Diputado señor Walker, don Ignacio, recordó que siempre las notificaciones substitutivas de la personal resultaban complicadas y ante el avance de las nuevas técnicas comunicacionales, le parecía lógico confiar en el criterio judicial. Asimismo, no existía ninguna razón para entender que los términos “cualquier medio de notificación idóneo”, deberían necesariamente referirse sólo a diarios, radio o televisión, sino que deberían tomarse en sentido amplio.

Por último, el Diputado señor Monge estimó exiguo el plazo de dos días acordado por el inciso cuarto de este artículo para entenderse practicada la notificación por carta cerificada, especialmente por el poco adecuado funcionamiento de correos en regiones, motivo que lo llevó a sugerir aumentar este plazo a tres días.

La Comisión acogió la proposición del señor Monge como también hizo suya la sugerencia de las representantes del Ejecutivo y sin más debate, procedió a aprobar, por unanimidad este artículo en los siguientes términos:

“Artículo 23.- Notificaciones. La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por el ministro de fe que el juez determine, conforme a la proposición que, atendiendo a las circunstancias del lugar en que funcione el tribunal y restantes consideraciones que miren a la eficacia de su actividad, haya formulado el administrador. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un receptor judicial.

“En los casos que no resultare posible practicar la notificación personal, el juez dispondrá otra forma de notificación por cualquier medio de notificación idóneo que garantice la debida información del notificado para el adecuado ejercicio de sus derechos.”.

“Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, salvo que se trate de las sentencias definitivas y de las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes, las que serán notificadas por carta certificada.

“Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el tercer día subsiguiente a aquel en que fueron expedidas. Para los efectos de lo prescrito en el presente artículo, tendrán el carácter de ministros de fe los funcionarios de secretaría de los juzgados de familia

“Excepcionalmente, y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que la notificación se practique por personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.”.

20) Artículo 20.- ( (pasó a ser 24).

Señala que constituirán medios de prueba todos aquellos que fueren obtenidos lícitamente y que sirvan para formar la convicción del juez.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

21) Artículo 21.- (pasó a ser 25).

Se refiere a la apreciación de la prueba, señalando que ella se sopesará conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, aquellas en que el tribunal expresa las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud les asigna valor o las desestima.

No se produjo debate y se lo aprobó en iguales términos, por unanimidad.

22) Artículo 22.- (pasó a ser 26).

Señala que no podrá decretarse la nulidad procesal si el vicio no hubiese ocasionado perjuicio al litigante que la alega, salvo el caso de que no se cumpla con el principio de la inmediación, es decir, la presencia del juez en la audiencia y en la recepción de la prueba.

Su inciso segundo añade que se entenderá existir perjuicio cuando la infracción hubiere impedido el adecuado ejercicio de sus derechos por parte del litigante.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, estimó lógica la norma propuesta toda vez que si no existía perjuicio para ninguna de las partes, la alegación de la nulidad no sería más que un medio dilatorio para retrasar el proceso.

Se aprobó, sin mayor debate, en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

23) Artículo 23.- (pasó a ser 28).

Dispone que en todo lo no regulado por esta normativa, serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento que establece el Código de Procedimiento Civil, salvo en lo que sean incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que establece, especialmente la exigencia de oralidad, caso en el cual corresponderá al juez resolver la forma de la actuación a realizar.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, objetó la ubicación de este artículo, el que por referirse a la supletoriedad de las normas del Código de Procedimiento Civil, debería figurar al final del Párrafo.

La Comisión concordó con la opinión del Diputado y sin objetar el texto propuesto, procedió a aprobarlo en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

24) Artículo 24.- (pasó a ser 27).

Se refiere a la potestad que tienen los jueces de familia para decretar las medidas que estimen conducentes para el cumplimiento de las resoluciones que emitan, conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil – artículos 238 y 240 - sobre el cumplimiento incidental de las resoluciones.

Los representantes del Ejecutivo sugirieron a la Comisión substituir la mención de los artículos 238 y 240 del Código de Procedimiento Civil por una al Título XIX del Libro I de dicho Código, parte de ese cuerpo legal que los contiene, bajo el Título “De la ejecución de las resoluciones.”., por constituir una referencia más amplia y de más adecuado respaldo a la potestad ejecutiva que se concede a los magistrados

La Comisión hizo suya la sugerencia y, sin mayor debate, procedió a aprobar este artículo, por unanimidad, de conformidad al siguiente texto:

“Artículo 27.- Potestad ejecutiva. Los jueces de familia estarán facultados para decretar las medidas que estimen conducentes para el cumplimiento de las resoluciones que emitan, de conformidad con lo dispuesto en el Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil.

PARRAFO TERCERO

Del procedimiento ordinario en los juzgados de familia.

25) Artículo 25.- (pasó a ser 29).

Se refiere al procedimiento ordinario, señalando que será aplicable a todos los asuntos contenciosos que corresponda conocer a los juzgados de familia, que no tengan señalado un procedimiento especial. Respecto de estos últimos, las normas de este párrafo tendrán el carácter de supletorias.

No se produjo debate y se lo aprobó en iguales términos, por unanimidad.

26) Artículo 26.- (pasó a ser 30).

Dispone que el procedimiento podrá comenzar por demanda oral o escrita, debiendo, en el primer caso, protocolizarse en extracto, por parte del funcionario que corresponda, los términos de la acción deducida por el demandante.

Se aprobó sin debate, en iguales términos, por unanimidad.

27) Artículo 27.- (pasó a ser 31).

Se refiere a la citación para la audiencia principal.

Su inciso primero dispone que una vez recibida la demanda, el tribunal deberá citar a las partes a la audiencia principal, la que deberá realizarse en el más breve plazo atendida la naturaleza de la acción, no pudiendo exceder de quince días a contar de la fecha de la resolución que cite a dicha audiencia.

Su inciso segundo señala que en la misma resolución que cita a las partes a la audiencia, deberá indicarse la fecha y la hora de la misma.

Su inciso tercero encomienda al administrador preocuparse de conocer, con la debida antelación, la fecha en que se hubiere notificado la demanda o los motivos por los cuales no se hubiere realizado tal notificación. Si no se hubiere notificado la demanda deberá suspenderse la audiencia hasta un término no superior a los cinco días hábiles siguientes a la notificación y no inferior a las 48 horas desde esa misma fecha.

Su inciso cuarto se pone en el caso de que la notificación se hubiere practicado en fecha próxima o inmediata a la fijada para la audiencia y ello afectare el derecho a defensa del demandado, señalando que en tal caso, podrá suspenderse la audiencia a petición del afectado y se fijará una nueva fecha para no después de cinco días corridos a contar de la notificación.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que la situación actual resultaba muy complicada para los jueces, por cuanto se citaba a comparendo para el quinto día a contar de la última notificación, lo que impedía saber con certeza que día debería realizarse; por ello lo que se busca con esta indicación es poder predeterminar la fecha de la audiencia y permitir al tribunal ordenar su carga de trabajo. Igualmente, resulta necesario que la notificación de la demanda sea oportuna puesto que en caso contrario también se pierde la fecha fijada para la audiencia.

Ante las objeciones formuladas en razón de lo poco clara de la redacción del inciso tercero, señalaron tener una redacción alternativa por la cual el juez fijaría en su primera resolución dos fechas para la celebración de la audiencia, la primera dentro de quince días a contar desde la fecha de la resolución y la segunda dentro de los treinta días a contar de igual fecha. Esta segunda fecha jugaría en la medida en que no se hubiere alcanzado a notificar la demanda antes de la primera. Si tampoco se alcanzare a notificar la demanda antes de la segunda fecha, la parte interesada, es decir, la demandante, deberá solicitar nueva fecha y hora para la realización de la audiencia.

Propusieron, en consecuencia, la siguiente redacción para este artículo:

“Artículo 31.- Citación a audiencia principal. Recibida la demanda, el tribunal dictará una resolución citando a las partes a la audiencia principal, la que deberá realizarse en el más breve plazo posible, de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida.

Dicha resolución fijará una primera y segunda fecha para la realización de la audiencia.

La segunda tendrá lugar sólo en el evento en que las partes no hayan sido debidamente notificadas.

En todo caso la audiencia no podrá realizarse en ninguna de las dos fechas si la notificación no se ha practicado con una antelación mínima de cinco días a la fecha respectiva.”.

Se aprobó, en los términos propuestos, por unanimidad.

28) Artículo 28.- (pasó a ser 32)

Regla la comparecencia a la audiencia principal, señalando que las partes deberán concurrir personalmente a ella, sin perjuicio de la presencia de sus patrocinantes y apoderados si los tuvieren. Deberán, asimismo, concurrir con sus medios de prueba.

El Diputado señor Monge insistió en su predicamento anterior, en cuanto a que debiera permitirse a las partes comparecer por medio de representante y no obligárseles a hacerlo personalmente. Sostuvo que si se demandaba a una persona que vivía en una ciudad distinta a la que es sede del tribunal, lo más seguro que para cumplir con la exigencia de comparecer personalmente, debería ausentarse de su trabajo, obtener permiso o perderlo, lo que constituiría un problema que podría inducirla hasta tratar de ocultarse para no comparecer. A su juicio la exigencia de comparecencia personal debería darse solamente respecto de quienes tuvieran su residencia en el lugar de asiento del tribunal. En los demás casos, vendría a ser un requisito impracticable. Por último, reconoció que en determinadas materias, como las causas sobre violencia intrafamiliar, parece lógico exigir la comparecencia personal como también en el caso de residir en el mismo lugar, pero en los demás casos significaría el ocultamiento del demandado o la dictación de sentencias condenatorias libradas en rebeldía.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que el objetivo de tal exigencia decía relación con la necesidad de delimitar lo que se pretende discutir, es decir, la pretensión de la demandante, la contestación a ella y la posible conciliación. Obedece, además, a una aplicación del principio de la inmediación, es decir, que el juez pueda tener contacto directo con las partes. Asimismo, la no obligación de comparecer personalmente, significaría que dicha opción no pasaría de ser ilusoria, especialmente respecto de quienes cuentan con medios para contratar una asesoría.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, reconoció la importancia de la inmediatez, es decir, de la presencia del juez, pero, en realidad, quien tiene un verdadero interés en obtener en el juicio es el demandante; luego, si se lograba satisfacer tal interés mediante un avenimiento, ¿ qué podría importar que el demandado concurriera por medio de representante?. Por lo demás, .la rigidez del mandato que exige la comparecencia personal, podría perjudicar al mismo demandante, toda vez que podrían argüirse mil excusas para señalar que no se pudo comparecer y conseguir así dilatar el proceso.

La Diputada señora Soto estimó que la concurrencia del demandado en forma personal debería ser voluntaria, porque siendo la regla de competencia en estas materias, que corresponda conocer del asunto al juez del domicilio del alimentario, si el demandado vive a gran distancia se vería muy complicado para concurrir personalmente. Dijo creer que lo lógico sería permitirle comparecer por medio de representante.

Los representantes del Ejecutivo insistieron en la aplicación del principio de la inmediatez, es decir, que en este tipo de conflictos exista la inmediación y la posibilidad de la conciliación. Ese sería el enfoque básico de este proyecto que, en caso contrario, significaría que los problemas familiares seguirían siendo mediatizados por los abogados, tal como es actualmente, con consecuencias nefastas para el manejo del conflicto, especialmente por el carácter adversarial propio de la labor de los letrados. Sostuvieron que debería quedar claramente establecido que lo que se quiere priorizar es la comparecencia personal por mucha que fuera la distancia física que separe a las partes. Si no fuera así y diera lo mismo comparecer por medio de abogado, la mayoría de los demandados va a optar por esta última forma.

La Diputada señora Allende dijo entender el espíritu de la legislación y la necesidad de la comparecencia personal, pero desde un punto de vista puramente lógico, si el juicio puede seguirse en ausencia o rebeldía del demandado, no se divisaba la razón para que no pueda hacerse representar.

Finalmente, la Comisión, por unanimidad, acordó el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 32.- Comparecencia a audiencia principal. Las partes podrán concurrir a la audiencia principal personalmente o debidamente representadas. Deberán, asimismo, concurrir con los antecedentes probatorios que avalen su pretensión.”.

29) Artículo 29.- (pasó a ser 33).

Trata sobre los objetivos y el desarrollo de la audiencia principal.

Su inciso primero señala los objetivos de la audiencia principal, señalando que ellos son el conocimiento de la contestación de la demanda, la promoción de la conciliación o mediación, la fijación de los puntos controvertidos, la determinación de la prueba y su examen.

Los nueve números en que se divide este inciso especifican tales objetivos, señalando:

a) El número 1 dispone que deberá recibirse la exposición verbal del contenido de la demanda, aunque se haya presentado por escrito.

b) El número 2 señala que deberá recibirse la contestación en forma oral, pudiendo siempre acompañarse por escrito si se cuenta con patrocinio de abogado, sin perjuicio de consignar en extracto el posible acuerdo o conciliación a que lleguen las partes en la audiencia.

c) El número 3 expone que deberá promoverse, a proposición del tribunal, la sujeción del conflicto al proceso de mediación.

d) El número 4 encomienda al tribunal promover la conciliación total o parcial entre las partes, conforme a las bases que les proponga.

e) El número 5 señala que deberá determinarse el objeto o contenido del proceso que se mantenga subsistente luego de los intentos de conciliación o mediación.

f) El número 6 establece que deberán fijarse los hechos controvertidos que deben probarse y cotejarse las pruebas que las partes ofrezcan rendir.

El segundo párrafo de este número regla el caso de que la prueba rendida no fuere suficiente para resolver el asunto, estableciendo que en tal caso, mediante una resolución fundada, deberá fijarse fecha y hora para recibir la probanza que no se alcanzó a examinar en una nueva audiencia que recibe el nombre de complementaria, pasando la primera a tener el carácter de preliminar.

El tercer párrafo de este número señala que esta nueva audiencia no podrá llevarse a cabo más allá de 30 días, entendiéndose citadas las partes a ella por el solo ministerio de la ley.

El cuarto párrafo dispone que la citación a la audiencia complementaria tendrá lugar también cuando, a juicio del tribunal, el análisis inmediato de la prueba pudiere significar la vulneración del derecho a defensa de la parte, por haberle sido imposible adjuntar o rendir la probanza en el acto mismo.

g) El número 7 señala que deberá examinarse la prueba ofrecida, empezando por la de la parte demandante.

h) El número 8 dispone que deberán decretarse las medidas cautelares que se estimen necesarias en base a la prueba rendida por las partes.

I) El número 9 señala que deberá resolverse cualquier otra cuestión que planteen las partes o surja de la audiencia y que sea necesaria para dar curso a los autos.

Respecto de este artículo la Comisión, a proposición del Diputado señor Walker, don Ignacio, acordó suprimir la oración final del párrafo segundo del número 6 por estimar inconveniente y dar lugar a posibles confusiones, el nombre de audiencia preliminar que se da a la audiencia principal.

Asimismo, se acordó refundir los párrafos segundo y tercero de este número, quedando el último agregado al primero en punto seguido.

En lo referente al número 8, el Diputado señor Monge estimó que las medidas cautelares que se decretaren también deberían serlo a petición de parte, proposición que la Comisión acogió, intercalando entre las palabras “Decretar” y “ las medidas”, la frase “de oficio o a petición de parte”.

Efectuadas las modificaciones anteriores, se procedió a aprobar el artículo por unanimidad, en conformidad al siguiente texto:

“ Artículo 33.- Objetivos y desarrollo de la audiencia principal. La audiencia principal tendrá por objeto el conocimiento de la contestación de la demanda, la promoción de la mediación o conciliación, la fijación de los puntos controvertidos, la determinación de la prueba a rendir y su examen particular. En especial, se deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1) Recibir la exposición verbal del contenido de la demanda, aun cuando ésta haya sido deducida en forma escrita;

2) Recibir la contestación de la demanda en forma verbal. En todo caso, podrá acompañarse su contenido por escrito si la demandada comparece con patrocinio de letrado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37.

3) Promover, a iniciativa del tribunal, la sujeción del conflicto al proceso de mediación a que se refiere el Título V, suspendiéndose el procedimiento judicial en caso que se de lugar a la mediación;

4) Promover, por parte del tribunal, indistintamente, la conciliación total o parcial conforme a las bases que proponga a las partes;

5) Determinar el objeto del proceso, total o parcialmente subsistente luego de los intentos de mediación o conciliación, en su caso;

6) Fijar los hechos controvertidos que deberán ser probados y cotejar la prueba que las partes ofrecen rendir en el acto.

Excepcionalmente, y previo al examen de los antecedentes probatorios, si a juicio del tribunal la prueba que hubiere sido ofrecida fuere insuficiente para resolver, el tribunal deberá dictar una resolución fundada en que fijará un día y hora para la realización de una audiencia de carácter complementario, que tendrá por objeto el análisis de la prueba que en razón de la suspensión no pueda examinarse en el acto. La audiencia complementaria en caso alguno podrá llevarse a cabo en un término superior a los 30 días y las partes se entenderán citadas a la misma por el solo ministerio de la ley.

Lo dispuesto en el párrafo precedente también tendrá lugar si, a juicio del tribunal, el análisis inmediato de la prueba pudiere implicar una vulneración del derecho a defensa de alguna de las partes por haberle sido imposible adjuntar o rendir en el acto antecedentes, informes periciales o testimonios que avalen su pretensión;

7) Proceder al examen de la prueba ofrecida, comenzando por la de la parte demandante;

8) Decretar, de oficio o a petición de parte, las medidas cautelares que estime necesarias, en base a la prueba rendida por las partes, y

9) Resolver sobre cualquier otra cuestión que planteen las partes o surja de la audiencia, que sea necesaria para dar curso progresivo a los autos.

30) Artículo 30.- (pasó a ser 34).

Se refiere al contenido de la audiencia complementaria, señalando que ella tiene por objeto recibir la prueba que quieran rendir las partes y que no se haya podido producir en la audiencia preliminar.

La Comisión, sin otra observación que la de substituir la expresión “ preliminar” por “principal”, procedió a aprobar este artículo, por unanimidad.

31) Artículo 31.- (pasó a ser 35)

Se refiere al desarrollo de la audiencia principal, preliminar y de la complementaria, señalando que dichas audiencias se llevarán a efecto en un solo acto, pero si el tiempo no fuere suficiente u otro motivo impidiere continuarla, el tribunal podrá prorrogarla para el próximo día hábil siguiente, hasta su término.

Conforme a las observaciones formuladas anteriormente, la Comisión propuso suprimir la palabra “preliminar” las dos veces que figura.

Asimismo, convino incorporar, a proposición de los representantes del Ejecutivo, como inciso segundo, el siguiente texto, relacionado con la necesidad de cautelar la necesaria tranquilidad emocional del menor durante el desarrollo de las audiencias:

“El juez adoptará las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las audiencias, pudiendo disponer en interés de los menores, que éste u otro miembro del grupo familiar se ausente durante determinadas actuaciones.”.

En consecuencia, el texto de este artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Artículo 35.- Desarrollo de la audiencia principal y de la complementaria en su caso. La audiencia principal y la complementaria, en su caso, se llevarán a efecto en un solo acto. Si el tiempo no fuere suficiente, u otro motivo legítimo impidiere continuar la audiencia, el tribunal podrá prorrogarla para el siguiente día hábil hasta su culminación.

El juez adoptará las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las audiencias, pudiendo disponer en interés de los menores, que éste u otro miembro del grupo familiar se ausente durante determinadas actuaciones.”.

32) Artículo 32.- (pasó a ser 36).

Se refiere a la sentencia, señalando que una vez concluida la audiencia principal o la complementaria, según corresponda, el juez deberá dictar sentencia en ese mismo acto, explicitando en forma verbal sus fundamentos y entregando a las partes copia escrita de la misma dentro de los cinco días siguientes.

Su inciso segundo agrega que de no cumplirse la obligación de entregar señalada, el hecho será considerado falta disciplinaria grave. Pero si transcurrieren siete días sin que se cumpla con esta obligación, este atraso será considerado como una nueva infracción grave.

Los integrantes de la Comisión coincidieron con la agilidad que se quiere dar a la resolución del proceso, pero estimaron demasiado apremiante la exigencia de entregar copia de la sentencia en sólo cinco días y, más aún, agravar la responsabilidad judicial si la entrega tarda más de siete días. No obstante, conscientes de la necesidad de fijar un plazo y una sanción para el incumplimiento ya que en caso contrario el propósito de una resolución rápida podría tornarse ilusorio, acordaron, por mayoría de votos ( 4 votos a favor y 1 en contra), aprobar el artículo pero suprimiendo la oración final del inciso segundo, quedando la norma como sigue:

“Artículo 36.- Sentencia. Concluida la audiencia principal, o la complementaria, en su caso, el juez dictará la sentencia en ese mismo acto, explicitando verbalmente sus fundamentos. Deberá, asimismo, entregar a las partes copia escrita de la misma dentro de los cinco días siguientes.

En caso de incumplirse la obligación de entrega establecida en el inciso precedente, el hecho deberá ser sancionado disciplinariamente, considerándose para todos los efectos como una falta grave.”

33) Artículo 33.- (pasó a ser 37).

Se refiere a las actas, señalando que sin perjuicio de que el tribunal lleve un registro de las actuaciones orales, los términos de la conciliación a que pudiere llegarse, deberán consignarse en extracto, con plena fidelidad al acuerdo que contenga.

Se aprobó, sin debate, en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

34) Artículo 34.- (pasó a ser 38).

Se refiere a las impugnaciones, indicando que las resoluciones podrán ser impugnadas por medio de los recursos que establece el Código de Procedimiento Civil, pero con las siguientes modificaciones:

1) La solicitud de reposición de una resolución dictada en una audiencia, deberá interponerse y resolverse de inmediato.

2) Sólo podrán apelarse las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación y las que se pronuncien sobre medidas cautelares.

3) La apelación deberá interponerse dentro de quinto día, contado desde la notificación de la resolución a la parte que la entabla.

4) El tribunal de segunda instancia conocerá y fallará el recurso sin esperar la comparecencia de las partes.

5) Una vez efectuada la relación, la Corte podrá interrogar a las partes sobre los puntos que estime de interés para la resolución del asunto, pudiendo éstas formular personalmente una declaración ante dicho tribunal por no más de diez minutos.

La Corte podrá, asimismo, una vez finalizados los alegatos, interrogar a algunos de los testigos o de los peritos que hubieren declarado en la causa o hubieren informado en ella, suspendiendo al efecto la vista y citando a una nueva reunión para continuarla. En tal caso, las partes, una vez concluida la interrogación, podrán complementar sus alegaciones por no más de diez minutos.

En lo que se refiere al recurso de casación en la forma, dispone que el correspondiente libelo deberá indicar en forma precisa el vicio de nulidad en que se basa, los argumentos que fundan la alegación y las peticiones concretas que se someten a la consideración del tribunal.

Finalmente agrega que este recurso sólo podrá ser declarado inadmisible por extemporáneo o por haberse deducido contra una resolución no susceptible de casación de forma.

La Diputada señora Soto estimó que el recurso de casación en la forma que concede este artículo, constituye una medida entrabadora por cuanto se da la posibilidad de dilatar el proceso en forma innecesaria y, quizás, hasta injusta. Se mostró contraria a la procedencia de este recurso.

Los representantes del Ejecutivo justificaron la inclusión del recurso de casación, señalando que con ello se seguía la regla general del Código de Procedimiento Civil y porque con este recurso se buscaba evitar que se produjeran vicios en la forma del procedimiento.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, estimó que, en realidad, la concesión de este recurso no armonizaba con el deseo de agilizar el procedimiento, más aún, si existía el recurso de apelación. Recordó que la casación solía convertirse, en realidad, en una tercera instancia.

El Diputado señor Monge objetó no sólo como algo insólito sino como impracticable, la posibilidad de que en segunda instancia la Corte pueda interrogar nuevamente a los testigos. Sería como iniciar todo el juicio de nuevo.

Los representantes del Ejecutivo señalaron encontrarse ante una situación difícil de conciliar, puesto que existe una primera instancia con mucha inmediación y contacto directo del juez con las partes, en que se aprecian las pruebas y se falla en el acto. Ante este dilema, surgió la posibilidad de que el proceso fuera de única instancia, pero como ello no se consideró adecuado, se estableció el recurso. Aquí surge entonces el problema, porque se trata de crear un mecanismo que no signifique borrar de una plumadael carácter inmediático y de contacto directo de la primera instancia. Mediante la apelación podría desaparecer todo lo resuelto por un juez que conoció muy directamente el proceso y formó su convicción en tal forma, por eso de lo que se trata con este sistema es permitir que en segunda instancia, en que el procedimiento ya está muy mediatizado, pueda producirse también algún grado de inmediación. En caso contrario existiría una total contradicción entre los mecanismos aplicados en una y otra instancia.

La Diputada señora Soto insistió en la idea de que lo que se buscaba en último término, era aligerar y agilizar el proceso, en el que un juez tomaría un conocimiento profundo del asunto y fallaría conforme a las reglas de la sana crítica. Por ello, entendía que lo lógico sería que la Corte sólo viera el asunto en forma excepcional y no tuviera que enfrentarse a una serie de trabas que podrían significar, en la práctica, un nuevo juicio.

Finalmente, la Comisión no objetó la forma en que este artículo trata la apelación, pero, a sugerencia del Diputado señor Walker, don Ignacio, acordó suprimir los dos incisos finales referentes a la casación de forma, por estimar más adecuado sujetar este recurso a las reglas generales.

El artículo quedó como sigue:

“Artículo 38.- Impugnaciones. Las resoluciones serán impugnables a través de los recursos y en las formas que establece el Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones:

1) La solicitud de reposición de una resolución pronunciada en audiencia, se interpondrá y resolverá en el acto.

2) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares.

3) El recurso de apelación deberá interponerse dentro del quinto día, contado desde la notificación de la respectiva resolución a la parte que lo entabla.

4) El tribunal de alzada conocerá y fallará la apelación sin esperar la comparecencia de las partes.

5) Efectuada la relación, la Corte podrá interrogar a las partes personalmente acerca de los hechos que estime de importancia para la decisión del recurso. Éstas, en todo caso, tendrán derecho a formular personalmente una declaración ante el tribunal de alzada, la que no podrá exceder de diez minutos y se entenderán en todo caso citadas a dicha audiencia de pleno derecho.

Si con posterioridad a los alegatos, la Corte estimare necesario interrogar a alguno de los testigos que hubieren declarado en la causa o a alguno de los peritos que hubieren informado en ella, suspenderá su vista, y dispondrá que sean citados para la fecha en que ésta deba continuar, la que no podrá ser posterior a diez días.

En dicho caso, una vez concluida la interrogación, las partes tendrán derecho a complementar su alegato por un término no superior a los diez minutos cada una.”

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Párrafo primero

De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad

35) Artículo 35.- (pasó a ser 39)

Trata del procedimiento de aplicación de medidas de protección.

Su inciso primero señala que en los casos en que la ley exige o autoriza la intervención judicial para adoptar las medidas establecidas en ella, tendentes a la protección de los derechos de los menores de edad, que se encuentran amenazados o vulnerados, deberá aplicarse este procedimiento. En lo no previsto por él, se aplicarán las normas del Título III, es decir, el procedimiento ordinario ante los juzgados de familia.

Su inciso segundo dispone que la intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de medidas que importan la separación del niño de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado.

La Comisión constató que este artículo mantenía en iguales términos la redacción propuesta por la Comisión de Familia y, sin mayor debate, procedió a aprobarlo, tal como se lo propuso, por unanimidad.

Artículo nuevo (pasó a ser 40).

Este nuevo artículo surgió como consecuencia de las observaciones que se formularon al artículo 40 del comparado, (pasó a ser 43), que trataba sobre la audiencia principal, acerca de la forma de comparecer los menores, desglosándose la materia a fin de tratarla en un artículo aparte.

En efecto, el Diputado señor Bustos estimó que condicionar que el juez escuchara a los menores atendiendo a la madurez que demostraran, le parecía un concepto sobrepasado por cuanto actualmente lo que se consideraba era la autonomía progresiva de éstos; igualmente que, de acuerdo a los términos de la Convención de los Derechos del Niño, éstos deberían ser escuchados y consideradas sus opiniones; creía, además, indispensable el apoyo de un psicólogo para los efectos de enfrentar el problema del lenguaje en que se expresan, el que puede ser verbal o analógico; afirmó creer que debería quedar al criterio del juez decidir sobre la conveniencia de que el menor estuviera presente en la audiencia, pero en todo caso debería ser escuchado por lo que debería establecerse una audiencia especial para ello.

La Diputada señorita Saa, ateniéndose a la Convención sobre los Derechos del Niño, estimó que debería establecerse la obligación de escucharlos en términos generales, sin atender a si tuvieran más o menos de 14 años de edad. Recordó que, al efecto, la Ley de Matrimonio Civil permitía el matrimonio de niñas de 14 años por lo que escuchar solamente a los mayores de esa edad constituiría una discordancia. Sostuvo, no obstante, que tratándose de niños de muy corta edad, debería contarse con la asesoría de un psicólogo.

Las Diputadas señoras Guzmán y Soto creyeron necesario atender a la madurez del menor y dejar al juez la flexibilidad suficiente para resolver si escucha o no a los menores de 14 años. No creyeron que debiera establecerse la simple obligación de escucharlos a todos, no sólo por el problema del desarrollo psicológico del menor sino también por lo dificultoso que puede resultar para éstos estar frente a personas mayores, desconocidas, en un ambiente como el judicial, que no parece precisamente amable o confortable para un menor.

El Diputado señor Ceroni estimó indispensable escuchar a los menores, porque si lo que se quiere es aplicarles medidas de protección, lo más lógico es actuar en tal forma. Otra cosa sería el problema de determinar la forma como hacerlo. Al respecto sostuvo que debería hacerse en una audiencia especial, con apoyo de psicólogos y acordando al juez la suficiente flexibilidad para ponderar las declaraciones que reciba.

Las Diputadas señoras Sepúlveda y Allende estimaron que los menores deberían ser escuchados pero creando para ellos un ambiente que no los traumatizara y que les permitiera sentirse confiados y no enfrentados a una situación hostil que les cohibiera.

Como consecuencia de todas estas observaciones, la Comisión, sobre la base de una sugerencia de los representantes del Ejecutivo, acordó, por unanimidad, intercalar un nuevo artículo con la siguiente redacción:

“Artículo 40.- Comparecencia de los menores. En este procedimiento, el juez tendrá debidamente en cuenta las opiniones de los menores en función de su edad y madurez.

Para este efecto podrá escuchar a los menores involucrados en la audiencia principal, en la complementaria o en otra audiencia especial, en un ambiente adecuado y cautelando su salud física y psíquica.

En esta función el juez podrá hacerse asesorar por uno o más miembros del consejo técnico.”.

36) Artículo 36.- ( pasó a ser 41).

Se refiere al inicio del procedimiento, señalando que podrá empezarse de oficio o a requerimiento del menor de edad, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios de salud en que se atienda, o de cualquier persona que tenga interés en ello.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, hizo presente que la única diferencia de este artículo con el aprobado por la Comisión de Familia en su segundo informe, era la calificación de legítimo del interés que cualquiera persona podría tener en el inicio del procedimiento a favor del menor. Señaló apoyar dicha calificación propuesta por la Comisión de Familia porque ante lo subjetivo que puede ser el motivo o interés de una persona para accionar, convenía precisarlo.

El Diputado señor Monge estimó redundante la enumeración de personas que pueden accionar en interés del menor, por cuanto lo que el artículo concede es una acción popular, bastando, por tanto, con la frase final que señala “cualquier persona que tenga interés en ello”.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, dijo entender que lo que se quería con esta disposición era ampliar el radio de acción de iniciativa sobre la materia, por cuanto, normalmente, en estos casos, los menores se inhiben e igual cosa sucede con los familiares en el afán de ocultar la situación. Esta situación no se da con los profesores o con los profesionales de la salud que lo asisten, toda vez que se trata de algo que no los avergüenza y se refiere a un alumno o un paciente.

La Diputada señora Soto dijo concordar con el texto propuesto por cuanto establecía una acción popular para el ejercicio de la acción, pero, a la vez, disponía o debería disponer una especie de prelación para el ejercicio de la acción, partiendo por el juez en beneficio de la justicia y siguiendo por quienes son más cercanos al menor.

La Diputada señorita Saa recordó que en estas situaciones quienes solían abusar o maltratar eran, a veces, los mismos padres, razón por la que muchos de estos casos no se sancionaban debido a que no podía accionar una persona distinta a tales padres como podría ser un vecino, por ejemplo. Asimismo, estimó que calificar el interés de legítimo daba lugar al problema de determinar qué se entendía por ello. En atención a lo anterior, dijo ser partidaria de mantener el texto propuesto por el Ejecutivo en los mismos términos.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, dijo entender que había interés legítimo cuando se actuaba en interés del menor y, a su parecer, convenía precisar tal concepto. Agregó que podría dejarse constancia para la historia de la ley de que tal era el sentido que la Comisión daba a los términos “legítimo interés” empleado por el texto de la Comisión de Familia.

Cerrado finalmente el debate, la Comisión se inclinó, en segunda votación, por unanimidad, en iguales términos, a favor del texto propuesto por el Ejecutivo.

37) Artículo 37.- (se suprime)

Trata de la representación, señalando que en todos .los casos que el menor carezca de representante legal o cuando sus intereses sean independientes o contradictorios con los de quien tiene dicha representación, el juez deberá designarle un curador ad liten para que lo represente.

Los representantes del Ministerio de Planificación y Cooperación señalaron que los términos de este artículo eran similares a los contenidos en el artículo 15 (pasó a ser 19) de la indicación, faltando únicamente al primero la referencia a la existencia de intereses contrapuestos entre el menor y su representante legal. Por ello, consideraban más lógico, a fin de evitar repeticiones, agregar las correspondientes expresiones al citado artículo 15 (19) y suprimir el que se analiza.

La Diputada señora Soto hizo presente que de acuerdo a los artículos 494 y 495 del Código Civil, las curadurías ad litem son dativas, es decir, debe concederlas el juez, y sólo en el caso de que el nombrado sea un procurador del número, sería innecesario el discernimiento del cargo. Señaló que el procedimiento para el discernimiento significaba trámites y pérdidas de tiempo.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que también podría desempeñar ese cargo el defensor nacional.

La Diputada señora Soto señaló que sería necesario indicar en este mismo artículo cuales serían las condiciones que debería llenar el curador ad litem, ya que si nada se dice, tendría que entrar a jugar el artículo 494 mencionado, en otras palabras, que habría que proceder a solicitar judicialmente el discernimiento de la curaduría.

Los representantes del Ministerio de Cooperación y Planificación hicieron presente que se podía solucionar el problema exceptuando expresamente a este curador de la necesidad de rendir fianza y de obtener el discernimiento del cargo, según lo exige el artículo 494 del Código Civil.

Finalmente, se acordó suprimir este artículo y efectuar los agregados pertinentes en el artículo 15 (pasó a ser 19) de la indicación.

38)Artículo 38.- (pasó a ser 42)

Se refiere a la potestad cautelar.

Su inciso primero dispone que en cualquier estado del juicio, aún antes de su inicio, el juez, de oficio o a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, podrá adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger los derechos de los menores que se encontraren amenazados o vulnerados.

Su inciso segundo señala que la disposición que establezca una de estas medidas deberá ser fundada y basarse en antecedentes que sean calificados como suficientes para justificarlas, especialmente en los casos que signifiquen la adopción de medidas para separar al niño de uno o ambos padres o de quien lo tenga legalmente a su cuidado.

Su inciso tercero señala las medidas que podrán tomarse, indicando que ellas podrán ser de apoyo u orientación a los menores, a su padres o a las personas que los tengan a su cuidado, para enfrentar la situación de crisis en que pudieren encontrarse.; establecer prohibiciones o impartir instrucciones obligatorias a las personas mencionadas, y en los casos que sea indispensable para preservar la vida o la integridad del menor, disponer su colocación en un hogar substituto o en un establecimiento residencial.

Su inciso cuarto, señala que en el caso de adoptar el juez esta última medida, deberá preferirse a los parientes consanguíneos o a otras personas con las que tenga una relación de confianza. En su defecto recurrirá a los establecimientos de protección. En todo caso, al adoptar esta medida, de acuerdo a lo que dispone su inciso quinto, deberá en la resolución misma, designar al representante del menor.

Su inciso final dispone que cuando la adopción de cualquier medida cautelar tenga lugar antes del inicio del juicio, el juez deberá fijar desde ya la fecha de la audiencia preliminar o principal, según sea el caso, para dentro de los cinco días siguientes, contados desde la adopción de la medida.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que esta nueva redacción se distinguía de la aprobada por la Comisión de Familia en que la reordenaba y separaba las medidas que podrían adoptarse.

La Ministra señora Delpiano propuso suprimir de la primera medida enunciada, la oración final que señala “ para enfrentar la situación de crisis en que pudieren encontrarse.”, por ser limitativa por cuanto la medida podría perfectamente justificarse ante situaciones de otra índole.

La Comisión acordó acoger tal supresión, como también convino en enumerar dichas medidas para guardar relación con la redacción dada a la que aparece en segundo lugar, la que hace referencia al numeral anterior.

Igualmente, en el caso de la tercera medida, se acordó invertir el orden de la redacción a fin de comenzar por el verbo “disponer”, en tiempo infinitivo, al igual que las dos medidas anteriores.

Asimismo, la Ministra señora Delpiano hizo presente la necesidad de referirse no sólo a la integridad física y psíquica del menor, sino también sexual, cuestión a la que la Comisión no accedió por encontrarse ello comprendido en los aspectos físicos y psíquicos. No obstante, convino en dejar constancia de tal alcance.

El Diputado señor Monge objetó los términos del inciso quinto, el que establece que el juez, al adoptar la medida señalada en el número 3, deberá designar en la misma resolución al representante de los derechos del menor. Consideró que había una excesiva burocracia dispuesta para la defensa del menor, toda vez que ya se había establecido al tratar el artículo 37 original – el que se suprimió para incorporar sus términos al artículo 15, que pasó a ser 19 – la existencia de un curador ad litem para la representación de sus intereses. Quiso saber qué funciones o atribuciones tenía este nuevo representante.

Los integrantes del Ministerio de Justicia señalaron que no se estaba ante una nueva representación, sino que la adopción de esta medida

Implicaba la separación del menor de quien tenía originariamente su representación legal. Por ello, si ésta la tenía el padre y se separaba al niño de su lado, el juez tenía que confirmar tal representación en la madre, y si la entrega se efectuaba a un hogar, debería señalar qué persona ejercería esa representación. Todo eso sería aplicación de las reglas generales por cuanto el menor habría dejado de vivir con quienes lo representaban naturalmente. En todo caso, creyeron necesario modificar la redacción para que quedara claro que tal representación correspondería a quien la ley o el tribunal señalara.

Por último, respecto del inciso final, la Comisión acordó suprimir las expresiones “preliminar o” y la frase “ según el caso” y la coma que la precede, por las razones ya señaladas de que sólo existen las audiencias principal y complementaria.

De acuerdo a lo anterior, el artículo, por decisión unánime, quedó como sigue:

“Artículo 42.- Potestad cautelar. En cualquier estado del juicio, y aún antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, el juez podrá adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger los derechos de los menores de edad que se encontraren amenazados.

“La resolución que determine la imposición de una medida cautelar deberá ser fundada y basarse en antecedentes calificados, particularmente en los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo 39.

“ En particular, el tribunal podrá:

“1. Disponer medidas de apoyo u orientación a los menores de edad, a su padres o a las personas que los tengan bajo su cuidado.

“2. Establecer prohibiciones o impartir instrucciones obligatorias a las personas indicadas en el número precedente..

“3. Disponer la colocación del menor en un hogar substituto o en un establecimiento residencial, en los casos en que sea indispensable para preservar su vida o su integridad física o psíquica .

“En la adopción de esta medida, el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado del menor, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza. Sólo en defecto de los anteriores, recurrirá a un establecimiento de protección.

En la misma resolución el juez deberá individualizar a la persona que de acuerdo a la ley le corresponde la representación de los derechos del menor.

Con la adopción de cualquier medida cautelar que tenga lugar antes del inicio del juicio, el juez fijará desde ya la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia principal, para dentro de los cinco días siguientes contados desde la adopción de la medida.”

39) Artículo 39.- (se suprime)

Trata de las restricciones al principio de publicidad.

Su inciso primero dispone que el juez deberá velar durante todo el proceso, por el respeto a la intimidad del menor y de su familia. Para ello podrá prohibir la difusión de datos o imágenes referidos al proceso o a las partes en los medios de comunicación; o disponer, mediante resolución fundada, que todas o algunas de las actuaciones del proceso se realicen en forma reservada.

Su inciso segundo agrega que podrá disponer, asimismo, que el menor o alguno de los miembros de su familia se ausenten de la audiencia mientras se realiza alguna actuación, cuando ello sea necesario en el interés del menor.

Los representantes del Ministerio de Planificación y Cooperación hicieron presente que este artículo contenía una restricción al principio de publicidad, pero el proyecto en sí no contenía una definición de este principio. Ello a pesar de que las normas generales del Código Orgánico de Tribunales entienden que las actuaciones jurisdiccionales son públicas. Por lo anterior, señalaron que podría redactarse un nuevo artículo definiendo el principio de publicidad dentro del párrafo primero del Título III, que trata de los principios del procedimiento.

La Comisión acogió unánimemente la proposición y se acordó proponer un nuevo artículo en el sentido señalado.

Respecto del inciso segundo, la Diputada señorita Saa sostuvo que debería hacerse una diferencia por cuanto una cosa es la publicidad por los medios de comunicación y otra es que en las audiencias participen o estén presentes personas que inhiban las actuaciones. Es decir, el inciso trataría cuestiones distintas como son la comunicación y la protección del menor durante el juicio. Señaló que ambas ideas deberían figurar en normas distintas.

Los representantes del Ministerio de Justicia sostuvieron que el principio de publicidad tiene dos dimensiones: una respecto de las partes y la otra respecto de terceros. Este artículo en el primer inciso se estaría refiriendo a los terceros y en el segundo a las partes. Es decir, comprendería ambos aspectos.

Finalmente, la Comisión, a proposición de los mismos representantes del Ministerio de Justicia, acordó, por unanimidad, suprimir este artículo, trasladando las ideas contenidas en su inciso primero al párrafo primero del Título III, el que trata de los principios del procedimiento, figurando allí como artículo 16, referido al principio de publicidad.

Igualmente, convino en trasladar su inciso segundo al párrafo tercero del Título III, que trata del procedimiento ordinario, figurando allí como inciso segundo del artículo 35, sobre desarrollo de la audiencia principal y de la complementaria, según el caso.

40) Artículo 40.- (pasó a ser 43)

Se refiere a la audiencia principal.

Su inciso primero dispone que una vez iniciado el proceso, el juez citará a una audiencia preliminar para dentro de quinto día. Deberá citar a ella a los menores de 14 años, según su madurez, a los mayores de dicha edad, a los padres o personas responsables de ellos y a toda otra persona que pueda aportar antecedentes sobre el asunto de que se trata.

Su inciso segundo señala que en la audiencia el juez deberá informar a las partes acerca de sus derechos y de las etapas del proceso, debiendo entregar dicha información a los menores en forma clara, atendida su edad y madurez.

Su inciso tercero establece que el juez deberá indagar sobre la situación que ha motivado el proceso, la forma en que afecta al menor y sobre las personas envueltas en ella, escuchando a las partes presentes y en especial a los menores involucrados.

Su inciso cuarto señala que una vez oídas las partes, el juez deberá dictar una resolución en la que señalará el objeto del proceso, la forma en que éste afecta al menor y debiendo individualizar a las partes involucradas, dejándolas citadas a una audiencia complementaria a efectuarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de la resolución. En esa misma resolución indicará la probanza que deba rendirse, ofrecida por las partes o determinada por él.

Su inciso quinto señala que si la prueba puede ser recibida de inmediato, se procederá a ello en seguida.

Su inciso sexto señala que sin perjuicio de lo anterior, el juez podrá derivar a las partes a algún programa de apoyo u orientación familiar determinado. Si así lo hiciere, deberá notificarse por carta certificada al responsable de tal programa, señalándole someramente de qué se trata y advirtiéndole de su obligación de informar al tribunal acerca de la asistencia de las partes al programa. En este caso, la audiencia complementaria podrá suspenderse hasta por 30 días.

Ante las objeciones formuladas al empleo de los términos “audiencia preliminar”, los representantes del Ejecutivo hicieron presente que tratándose de menores, el procedimiento podría contemplar la posibilidad de la realización de tres audiencias, siendo la primera la preliminar, es decir, anterior a la principal, en la que el juez recibiría a las partes involucradas, especialmente a los niños, antes del desarrollo formal del procedimiento.

La Comisión mantuvo sus objeciones y acordó suprimir tales expresiones.

La Diputada señora Soto estimó muy interesante la citación a los menores, pero siempre que fueren de 12 ó 14 años, pero menos de esa edad, le pareció impracticable. Estimó insuficiente la prevención de que ello se haría de acuerdo a la madurez del menor por cuanto; a su juicio, debería fijarse un límite de edad.

La Diputada señorita Saa señaló que en estos casos se buscaba proteger al niño de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, razón por la que creía que la citación e indagatoria de los menores debería dejarse al criterio del juez, puesto que había menores de sólo seis años de edad, perfectamente capaces de describir lo que les había pasado y que, por lo mismo, podrían aportar al juicio. A su parecer, podría el tribunal asesorarse con un psicólogo para ello, siendo fundamental poner el artículo a tono con la Convención.

Las representantes del Ministerio de Justicia recordaron que la Convención mencionada dispone que debe escucharse a los niños de acuerdo a su edad y madurez.

La Diputada señora Soto expuso que lo que se afirma podría ser factible si se efectuara ante un psicólogo pero no ante un juez. Estimó indispensable darle flexibilidad al juez porque él, en atención a su conocimiento y experiencia, puede darse cuenta cuando puede escuchar al menor de 14 años y cuando sólo puede realizar con ellos una conversación puramente informal.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, recordó que el juez cuenta con la asesoría del consejo técnico.

La Diputada señora Soto insistió en su posición señalando que le ha correspondido tratar últimamente el caso de un menor de siete años violado y ya ha transcurrido todo un año sin que se atreva a hablar. Últimamente, con la ayuda de psicólogos, se ha logrado que diga algo. Dijo que esto era de ordinaria ocurrencia, inhibiéndose los menores incluso con sus madres, por lo que estima que con un juez eso ocurrirá con mayor razón. Sostuvo que, en todo caso, la declaración debiera hacerse en presencia del juez y del psicólogo

El Diputado señor Walker, don Ignacio, planteó el problema de determinar cómo y quién decide acerca de la madurez o inmadurez de un menor de 14 años.

Los representantes del Ministerio de Justicia señalaron que para contestar tal interrogante, habría que colocarse en el contexto de la desformalización que se propone para la nueva estructura de la administración de justicia, la que es más o menos equivalente a lo ya discutido sobre la nueva justicia criminal. Dentro de dicha lógica debe funcionar la relación secretaría, juez y consejo técnico, de manera que puede presumirse que ante la citación de un niño de muy poco edad, seguramente se recurrirá a la asistencia directa del consejo técnico. Creían que esto podría expresarse en la redacción misma del artículo por cuanto en el caso existiría una primera decisión del juez en cuanto a que necesita escuchar al menor, y una segunda, en cuanto a determinar la forma en que se hará asesorar para tal efecto. Se mostraron partidarios de mantener la redacción y permitir la citación del menor, pero tratándose de menores de 14 años, debería ponderarse su grado de desarrollo y madurez, sin que eso impidiera citarlo. Una vez citado el menor, podría establecerse una directriz en el sentido de que el juez deberá hacerse asesorar de manera personal por alguno de los integrantes del consejo técnico para escucharlo.

La Ministra señora Delpiano dijo compartir la idea expuesta por los representantes del Ministerio de Justicia, aun cuando estimó que tal idea podría consagrarse como un criterio de carácter general al regularse la función del consejo técnico. Esta asesoría podría ser obligatoria en el caso de menores y facultativa en los demás casos.

os representantes del Ministerio de Justicia señalaron que lo más apropiado sería dar un indicio al juez acerca de cómo proceder y aprovechar la asesoría del consejo técnico para tales efectos, y no establecer una directriz rígida, en cuanto que a partir de cierta edad, debe recurrirse necesariamente a la asesoría del consejo.

El Diputado señor Walker, don Ignacio estimó que debiera pensarse en una redacción más general, atendiendo no a la edad de los menores sino que a su madurez.

Los representantes del Ministerio de Planificación recordaron que el proyecto trataba de la protección de los derechos de los menores y no se ocupaba de sancionar infracciones juveniles, razón por la que parecía necesario reemplazar algunas terminologías de este artículo que le daban a la norma cierta connotación penal Así sucede con la parte final del inciso primero al hablar de “aportar datos para esclarecer el asunto”, la que podría reemplazarse por “aportar antecedentes para una acertada resolución”; el inciso tercero termina con las palabras “menores involucrados”, términos que podrían reemplazarse por “menores cuyos derechos se busca proteger”.

Finalmente, a sugerencia de los representantes del Ejecutivo, se convino, por unanimidad, en el siguiente texto:

“Artículo 43.- Audiencia principal. Iniciado el procedimiento el juez fijará una audiencia principal para dentro de los cinco días siguientes, a la que citará a los padres o personas a cuyo cuidado esté el menor, a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto y, en su caso, al propio menor.

Durante la audiencia, el juez informará a las partes acerca de sus derechos y de las etapas del proceso y responderá a las dudas e inquietudes que les surjan. Los menores de edad serán informados en un lenguaje que les resulte comprensible.

El juez indagará sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso, la forma en que afecta al menor y sobre las personas que se encuentran involucradas en la situación.

Los citados expondrán lo que estimen conveniente y, una vez oídos, el juez dictará una resolución que individualice a las partes, determine el objeto del proceso, indique las pruebas que deban rendirse y fije una audiencia complementaria para dentro de los diez días siguientes, a la que quedarán citadas las partes.

La prueba que sea posible rendir desde ya, se recibirá de inmediato.”

41) Artículo 41.- (pasó a ser 44)

Se refiere a la audiencia complementaria.

Su inciso primero dispone que a esta audiencia se citará al menor cuando correspondiere de acuerdo al artículo anterior, al representante de sus intereses y a sus padres o personas que lo tengan bajo su cuidado, las que podrán concurrir con sus abogados.

Su inciso segundo agrega que en caso de estimarse necesario, se citará al responsable del menor si éste se encontrare en un hogar substituto o establecimiento de protección. La inasistencia de esta persona, de no ser estrictamente indispensable, no impedirá el desarrollo de la audiencia.

Su inciso tercero señala que el juez oirá a las partes presentes, especialmente al menor, e indagará acerca de la evolución de la situación que ha dado lugar al proceso. Recibirá las pruebas que se hubiese dispuesto rendir e interrogará a testigos y peritos.

Su inciso cuarto señala que en caso de ser necesaria la adopción de una medida de protección de los derechos del niño, el juez solicitará a quien haya hecho el diagnóstico que recomiende la más adecuada para tales fines.

La Diputada señora Soto recordó lo afirmado por la Juez señora Pinto, en el sentido de ser necesario mantener el equilibrio entre las partes y, por lo mismo, si una contaba con asesoría jurídica, la otra también debería tenerlo.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, recordó que esta observación era de carácter general por cuanto se había observado en repetidas oportunidades, razón por la que en materia de representación sería bueno que el Ministerio lo tuviera presente.

La Ministra señora Delpiano observó que el inciso final habla de un diagnóstico como un elemento procesal, el que no se encuentra establecido previamente como obligatorio. Quiso saber si tal mención se refiere a algún informe del comité técnico u otra cosa.

Los representantes del Ministerio de Justicia señalaron que con tal expresión se pensaba en los casos en que el procedimiento se hubiera iniciado a requerimiento de medidas solicitadas por terceros, como los profesores, director de la escuela o cualquiera que tenga interés en ello, según los términos del artículo 36 (pasó a ser 41) , buscándose la protección de los derechos del menor y en tal caso habría un diagnóstico.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, pidió más rigurosidad en la redacción, de tal manera de uniformar los términos como sucede con las expresiones representantes, abogados, informes, diagnóstico, etc.

A consecuencias de estas observaciones, los representantes del Ejecutivo sugirieron redactar el artículo en solo dos incisos para establecer que en esta audiencia se rendiría la prueba que no se hubiera podido producir en la principal y podría, además, objetarse los informes que se hubieren evacuado. En este último caso, el juez podría suspender la audiencia fijando fecha para su continuación dentro de los diez días siguientes, sin perjuicio de continuar , en lo posible, recibiendo el resto de la probanza.

Ante nuevas observaciones formuladas por el Diputado señor Bustos, en cuanto a la incongruencia de suspender la audiencia y continuar, no obstante, recibiéndose la probanza ofrecida, optaron por proponer el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 44.- Audiencia complementaria. Esta audiencia tendrá por objeto recibir la prueba que no haya podido rendirse anteriormente. En ella podrán objetarse los informes que se hayan evacuado. En este caso, el juez fijará una nueva audiencia para el solo efecto de rendir la prueba referida a dichos informes.”

Se aprobó por mayoría de votos ( 8 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones).

42) Artículo 42 (pasó a ser 45).

Trata de la medida de separación del menor de sus padres, señalando que cuando sea estrictamente necesario para salvaguardar sus derechos y siempre que no exista otra medida más adecuada, se lo podrá separar de uno o de ambos padres o de la persona que lo tenga bajo su cuidado. En tal caso, el juez deberá preferir a los parientes consanguíneos del menor o a otra persona con la que éste tenga una relación de confianza y solamente en defecto de lo anterior, lo confiará a un establecimiento de protección.

Se aprobó sin debate, sólo con adecuaciones formales.

43) Artículo 43 ( se suprime).

Permite a los padres como también a las personas que tengan al menor bajo su cuidado y a su representante, objetar los informes y diagnósticos producidos, aportar nuevas pruebas o solicitar que se las produzca. Iguales derechos podrán ejercer por sí mismos, los mayores de 14 años.

Su inciso segundo autoriza al juez para que, si lo estima necesario y los antecedentes que avalan la objeción de los informes no pudieren ser entregados por la parte reclamante en el acto mismo, pueda suspender la audiencia fijando una nueva fecha para su continuación, la que no podrá exceder de diez días. Agrega el inciso que de no ser incompatible con la naturaleza de la objeción deducida, deberá efectuarse el análisis de las demás probanzas antes de la suspensión de la audiencia.

El Diputado señor Walker, don Ignacio, explicó la diferencia existente con el texto propuesto por la Comisión de Familia, señalando que esta nueva redacción permitía rendir en la misma audiencia en que se efectuara la objeción, siempre que ello no fuere incompatible, el resto de la probanza no objetada, dejando únicamente para la nueva audiencia, el examen de los antecedentes fundantes de la objeción.

La Comisión, en atención a la nueva redacción acordada para el artículo anterior referente a la audiencia complementaria, estimó que esta norma contenía una repetición innecesaria, criterio con el que concordaron los representantes del Ejecutivo, determinándose su supresión, por unanimidad.

44) Artículo 44.- (pasó a ser 46).

Se refiere a la sentencia, señalando que antes de dictarla, el juez deberá procurar que las partes acuerden la forma más adecuada para la resolución de la situación que afecta al menor y, si ello no fuere posible, en la sentencia deberá fundamentar la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, los objetivos que se persiguen con ella y el tiempo de su duración.

Su inciso segundo agrega que la sentencia será pronunciada verbalmente una vez terminada la audiencia complementaria, la principal o aquella a que se citara para rendir la probanza objetada, según el caso, debiendo el juez explicar con claridad a las partes la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración, sin perjuicio de entregarles dentro de quinto día copia escrita de la misma sentencia. La no entrega de esta copia será considerada falta grave.

Los representantes del Servicio Nacional de Menores propusieron substituir los términos “ la audiencia complementaria, la principal o la audiencia a que se refiere el inciso final del artículo precedente” por la frase “la audiencia respectiva” a fin de simplificar la redacción y no tener que enumerar la totalidad de las audiencias que pueden producirse.

La Diputada señorita Saa precisó que no necesariamente debían darse las tres audiencias, puesto que igualmente podía resolverse todo en una sola.

Finalmente, a sugerencia del Diputado señor Elgueta, la Comisión, por unanimidad, estimó más apropiado substituir las expresiones mencionadas por los representantes del SENAME, por las siguientes: “ la audiencia que corresponda.”.

En consecuencia, el texto quedó como sigue:

"Artículo 46.- Sentencia. Antes de pronunciar sentencia, el juez procurará que las partes acuerden la forma más conducente a la resolución de la situación que afecta al menor. Si ello no fuere posible, en la sentencia fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicará los objetivos que se pretende cumplir con ella y determinará el tiempo de su duración.

“ La sentencia será pronunciada verbalmente una vez terminada la audiencia que corresponda, según sea el caso. El juez deberá explicar claramente a las partes la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración. En lo demás se aplicará lo dispuesto en el artículo 36.”

45) Artículo 45.- (pasó a ser 47).

Se refiere a la duración del procedimiento, señalando que cuando el menor haya sido separado, en virtud de una medida cautelar, de uno o ambos padres o de la persona que lo tuviere a su cuidado, el proceso no podrá durar más de noventa días, contados desde que se hubiere decretado la medida.

Se aprobó sin debate, en iguales términos, por unanimidad.

46) Artículo 46.- (pasó a ser 48).

Dispone que el director del establecimiento o el responsable del programa en que se cumpla la medida adoptada, tendrán la obligación de informar mensualmente al juez acerca del desarrollo de la misma, como también de la situación en que se encuentra el menor y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia.

El Diputado señor Monge señaló que esta disposición se traduciría en lo que sucede con otras medidas similares, es decir, el envío de verdaderos fárragos de papeles y oficios que, normalmente, terminan en un cajón del tribunal. Coincidiendo con la Diputada señorita Saa, sostuvo que debería ser el tribunal quien recabara la información por medio del consejo técnico, ya que la información puede ser de muy diversa naturaleza.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que quien decide sobre la continuación, modificación o suspensión de las medidas es el juez; luego es lógico que sea a él a quien se envíe la información, lo que en nada obsta a que éste actúe asesorado por el consejo técnico. En todo caso, esta disposición guardaba coherencia con la facultad que el artículo 49 (figura como 51) concedía al juez en cuanto a suspender, modificar o disponer el cese de las medidas.

La Diputada señora Pollarolo concedió gran importancia a esta disposición puesto que lo que busca es que la aplicación de las medidas cautelares no se traduzcan en medidas de aislamiento del menor, que no sólo lo protejan sino que, además, no lo dañen. Coincidió con que esta tarea debería corresponder al consejo técnico por cuanto lo que realmente se desea saber es que está pasando con el desarrollo emocional del menor, pero debe ser el juez quien debe arbitrar las formas para efectuar este seguimiento, por cuanto le corresponde hacerse responsable de verificar que las medidas cumplen efectivamente sus objetivos.

La Diputada señora Allende estimó que lo sostenido por los Diputados señora Pollarolo y señor Monge aparecía recogido en el artículo 47 (figura como 49), que establece la obligación para los jueces de efectuar visitas periódicas a los establecimientos y sedes de programas en que se cumplan las medidas de protección, por cuanto lo más importante es la verificación por parte de éstos y de su consejo técnico del cumplimiento de las medidas.

Los Diputados señora Guzmán y señor Bustos coincidieron con la disposición y con la idea de que los antecedentes deberían ser enviados al juez pero recibidos directamente por el consejo técnico, el que debería informar al magistrado, en forma más resumida, si se está actuando bien o mal.

Los representantes del Ejecutivo sugirieron agregar un inciso segundo a este artículo del siguiente tenor:

“En la ponderación de dichos informes, el juez se asesorá por uno o más miembros del consejo técnico, los cuales tendrán siempre la facultad de indagar personalmente la situación del menor.”.

Finalmente, la Comisión, tras un largo debate acerca de la connotación autonomista en cuando al actuar del consejo derivado de la expresión “personalmente”, acordó aprobar el inciso primero en los mismos términos propuestos, como también el nuevo inciso segundo sugerido por los representantes del Ejecutivo, por mayoría de votos (10 votos a favor y 3 en contra), dejando constancia de que la votación disidente obedece exclusivamente a la conservación del término señalado.

47) Artículo 47.- (pasó a ser 49)

Dispone que el juez deberá visitar los establecimientos y sedes de los programas en que se cumplan las medidas de protección que hubiere dictado, que se encontraren en su territorio jurisdiccional, a lo menos, cada seis meses. El director del establecimiento o el responsable del programa, deberá facilitar al juez el acceso a todas las dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada menor atendido en él. Igualmente, deberá facilitar las condiciones para que el juez se entreviste con los menores que en él se encuentren.

Respecto de esta norma, el Diputado señor Luksic señaló que, de acuerdo a su experiencia, muchos de estos establecimientos no ofrecen las condiciones de amparo y protección que deberían tener, razón por la que creía que la frecuencia de las visitas debería ser mayor ya que seis meses sería mucho tiempo. Asimismo, se mostró partidario de permitir al juez delegar esta función en profesionales que pudieran verificar la situación de los menores.

La Diputada señorita Saa estimó innecesario establecer una mayor frecuencia por cuanto todos estos establecimientos están sujetos a la supervisión del SENAME, circunstancia que no justificaría recargar más las funciones del juez. No obstante, se mostró partidaria de permitir la delegación para la realización de las visitas.

El Diputado señor Bustos dijo no confiar mucho en este tipo de medidas, toda vez que como se sabe cuando se van a efectuar, no suelen ser muy efectivas. Estimó, en todo caso, que aumentar la frecuencia de las mismas, dada la gran cantidad de este tipo de establecimientos que existirán, significaría que el juez pasaría casi exclusivamente en ello, descuidando sus funciones propiamente judiciales. Recordó, además, que debe recibir informes mensuales de los responsables de estos establecimientos. Sostuvo, no obstante, la necesidad de la asesoría directa para la realización de las visitas, de miembros del consejo técnico, por cuanto la especialización de un psicólogo o de un asistente social, le permitirían captar mejor las distintas situaciones que puedan presentarse.

El Diputado señor Burgos sostuvo, al igual que las Diputadas señoras Allende y Mella, la necesidad de evitar que tales visitas se conviertan en una rutina y, en consecuencia, de muy escasa efectividad, para lo cual podría pensarse en la posibilidad de realizarlas en cualquier momento, dentro del plazo de los seis meses, mecanismo que, incluso, obligaría al juez a estar atento a sus resultados. Enfatizó, sin embargo, en la no delegabilidad de tales visitas porque cuando ello ocurre, significa que el juez está recargado de trabajo y, por consiguiente, recurriría constantemente a la delegación.

La Diputada señora Guzmán consideró que este tipo de medidas no surtían efecto práctico alguno, entre otras razones, porque no existía sanción alguna para su incumplimiento, razón por la que se mostró partidaria de no hacerlas obligatorias sino que de establecer su procedencia a petición de los padres o guardadores de los propios menores o en la medida que el juez mismo visualizara la existencia de problemas. De negarse el juez a cumplir con estas peticiones, podrían las partes intentar quejas disciplinarias en su contra, consecuencia que ayudaría a hacerlas efectivas.

El Diputado señor Kast creyó más en la existencia de sanciones objetivas para el incumplimiento y no dejarlas a la iniciativa de los interesados, toda vez que ello podría traducirse en una gran cantidad de solicitudes que obligarían al juez a deambular de un establecimiento en otro. Asimismo, estimó difícil determinar quien sería el juez competente para la realización de estas visitas, por cuanto el proyecto se refiere al que dictó las medidas que deben cumplirse en los establecimientos ubicados en su territorio jurisdiccional.

Por último, la Comisión coincidió con la opinión del Diputado señor Luksic en el sentido de encomendar al juez presidente la determinación del magistrado que deberá efectuar la visita en el caso de haber más de un juez por jurisdicción, como también con el parecer de los Diputados señora Soto y señor Bustos en cuanto a exigir al juez que efectúe la visita, la redacción de un informe posterior, toda vez que no necesariamente deberá coincidir la persona del juez visitador con la que persona del que dictó la medida de protección.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión procedió a aprobar, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 49.- Obligación de visita de establecimientos y sedes de programas. Los jueces de familia deberán visitar personalmente los establecimientos y sedes de los programas, existentes en su territorio jurisdiccional, en que se cumplan medidas de protección. El director del establecimiento o responsable del programa respectivo, deberá facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada menor atendido en él. Asimismo, deberá facilitar las condiciones para que el juez se entreviste privadamente con los menores de edad que en él se encuentren.

“Las visitas de que trata el inciso anterior podrán efectuarse en cualquier momento, dentro de lapsos que no excedan de seis meses entre una y otra, considerándose el incumplimiento de esta obligación como una falta disciplinaria grave para todos los efectos legales.

“Después de cada visita, el juez evacuará un informe que contendrá las conclusiones derivadas de la misma.

“Existiendo más de un juez por cada jurisdicción, las visitas deberán hacerse por turno, de acuerdo con el orden que determine el juez presidente del tribunal de familia.”.

48) Artículo 48.- (pasó a ser 50).

Dispone que los menores respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial, tendrán derecho a que el juez los reciba personalmente cuando lo soliciten ellos mismos o por medio de las personas señaladas en el siguiente artículo, es decir, uno o ambos padres, las personas que lo tengan bajo su cuidado, el director del establecimiento o el responsable del programa en que se cumple la medida.

Se aprobó sin debate, en iguales términos, por unanimidad.

49) Artículo 49.- (pasó a ser 51)

Su inciso primero dispone que en cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez podrá suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, ya sea de oficio, o a petición del menor, de uno o de ambos padres, de la persona que lo tenga a su cuidado, del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida.

Su inciso segundo señala que si el tribunal lo estima necesario para resolver, podrá citar a una única audiencia destinada a escuchar a las partes y recibir los antecedentes que avalen la suspensión, revocación o modificación solicitada.

La Diputada señora Guzmán manifestó extrañeza respecto de esta norma, en cuanto a que autorizara al mismo menor sometido a la aplicación de una medida de protección, para pedir la cesación, suspensión o modificación de dicha medida y la Diputada señora Cristi formuló una prevención frente a las posibilidades de chantaje que envolvía esta disposición, por cuanto perfectamente el menor podría ser objeto de presiones por parte de alguno de sus padres para solicitar la suspensión.

Los Diputados señora Mella y señor Burgos discreparon de estas opiniones por cuanto si el proyecto permite al menor opinar y dispone se le escuche por el juez, no veían por qué no se le podía permitir solicitar la suspensión o modificación.

La Diputada señora Sepúlveda sostuvo que las posibilidades de chantaje podrían darse en cualquier instante del proceso y siendo el niño el actor principal, creía que la facultad se justificaba plenamente.

Por último, el Diputado señor Kast se manifestó a favor de la facultad toda vez que quien debe decidir, en definitiva, es el juez.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó la disposición en los mismos términos, por unanimidad.

Párrafo Segundo

Del Procedimiento de Violencia Intrafamiliar

Antes de comenzar a tratar este párrafo, el Ejecutivo presentó una indicación substitutiva total del mismo, de tal modo que el trabajo de la Comisión se efectuó sobre la base del nuevo texto. La numeración correlativa del articulado corresponde a la nueva indicación.

50) Artículo 52

Trata de la competencia, señalando que corresponderá el conocimiento de los conflictos a que de lugar la comisión de actos de violencia intrafamiliar, al tribunal de familia en cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado

Su inciso segundo agrega que el tribunal que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberá adoptar las medidas precautorias que correspondan, aun cuando no sea competente para conocer de ellas. Las primeras diligencias practicadas por un juez incompetente serán válidas.

Su inciso tercero señala que en estas materias se aplicará el procedimiento que indica el párrafo y en lo no previsto, las normas establecidas en el Título III, es decir, las del procedimiento ordinario ante los juzgados de familia.

La Diputada señora Cristi, refiriéndose al inciso segundo, hizo presente la necesidad de fijar un plazo breve al juez para que adopte las medidas precautorias de protección de la víctima.

El Diputado señor Forni coincidió con tal parecer y destacó que el artículo 61, que se refiere a las medidas precautorias, no contempla plazo alguno para decretarlas.

El Diputado señor Bustos estimó confuso este inciso, sin perjuicio, además, de no cumplir con lo que se pretende, por cuanto su encabezamiento da a entender que el tribunal que toma conocimiento de la demanda, es el que actúa dentro de su territorio jurisdiccional y no es eso lo que se busca respecto de la dictación de las primeras diligencias. Éstas deben poder ser adoptadas por cualquier tribunal, aún el incompetente; en caso contrario, podría producirse la indefensión de la víctima. Agregó que debería tomarse como base al respecto lo señalado por el Código de Procedimiento Penal, sobre el que existe toda una línea jurisprudencial.

El Diputado señor Burgos señaló que el sentido que se quería dar a este artículo era fijar la regla general de competencia en el inciso primero y, en el segundo, aplicar la regla característica del Código de Procedimiento Penal, es decir, la validez de las primeras diligencias aunque las adopte quien no tenga competencia para dictarlas. De ahí la confusión que observa el Diputado señor Bustos.

Los representantes del Ejecutivo sugirieron una segunda redacción para este inciso a fin de recoger las observaciones formuladas, proponiendo el siguiente texto:

“En todo caso, cualquier tribunal que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar deberá de inmediato adoptar las medidas precautorias que correspondan, aún cuando no sea competente para conocer de ellas. Las primeras diligencias practicadas aún por un juez incompetente serán válidas.”.

Sobre esta nueva proposición, la Diputada señorita Saa sostuvo que lo que realmente se buscaba era que cualquier tribunal, y no sólo los de familia o con competencia en materia de familia, pudiera practicar las primeras diligencias, cuestión que adquiría especial relieve los fines de semana por cuanto los únicos tribunales que funcionan entonces mediante el sistema de turnos son los del crimen. Por ello se inclinaba porque la disposición empleara más bien los términos “cualquiera sea el tribunal”.

Los Diputados señores Burgos y Ceroni sostuvieron entender la norma como referida a los tribunales especiales de familia o los de jurisdicción común con competencia en materia de familia. Ninguno de éstos podría excusarse de adoptar las primeras diligencias aun cuando carecieran de competencia en razón del territorio. No se estaría refiriendo a cualquier tribunal de la República.

La Diputada señora Guzmán precisó, saliendo al paso de la aprensión expuesta por la Diputada señorita Saa en cuanto al hecho de no haber tribunales, salvo los del crimen, funcionando los fines de semana, que en el caso de configurarse un delito, serían los tribunales del crimen los que efectuarían las primeras diligencias puesto que la ley los faculta para ello.

Los representantes del Ejecutivo precisaron que el proyecto solucionaba el problema expuesto por la Diputada señorita Saa, toda vez que el artículo 58 (pasó a ser 61) se refería a los actos de violencia intrafamiliar que revestían, además, caracteres de delito, señalando que en tales casos el tribunal del crimen correspondiente tendría, además, la potestad cautelar que esta ley concede a los juzgados de familia. Asimismo, dicho tribunal, de ser incompetente, podría, de acuerdo a las normas procesal penales, practicar las primeras diligencias.

Finalmente, a sugerencia de los representantes del Ejecutivo, el inciso segundo quedó como sigue:

“En todo caso, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia, fiscal del ministerio público o juez de garantía, según corresponda, que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar deberá, de inmediato, adoptar las medidas precautorias que correspondan, aún cuando no sea competente para conocer de ellas. Las primeras diligencias practicadas aún por un juez incompetente serán válidas.”.

La Comisión procedió a aprobar, por unanimidad, este inciso como asimismo, por unanimidad y en los mismos términos propuestos, los incisos primero y tercero.

51) Artículo 53.

Se refiere al inicio del procedimiento, señalando que éste podrá iniciarse por demanda o por denuncia.

Su inciso segundo añade que la demanda podrá deducirse por el afectado, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que lo tengan a su cuidado.

Su inciso tercero agrega que la denuncia podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motivan y se formulará en el tribunal, ante Carabineros o la Policía de Investigaciones o los fiscales del Ministerio Público, los cuales estarán obligados a recibirla y a ponerla de inmediato en conocimiento del juez competente, siéndole aplicable lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal. ( se refiere a la forma y contenido de la denuncia)

Su inciso cuarto añade que no corresponderá al funcionario que reciba la denuncia evaluar su mérito o exigir antecedentes que acrediten la efectividad de la misma, la relación de parentesco o la condición invocada por el denunciante.

Su inciso quinto agrega que en todo caso, el funcionario deberá informar al denunciante acerca del procedimiento especial que se contempla en esta ley y los derechos que asisten a la víctima, de lo que deberá dejar constancia en el instrumento respectivo.

Su inciso final previene que la denuncia formulada ante Carabineros o la Policía de Investigaciones no requerirá de ratificación ante el tribunal.

Los Diputados señora Cubillos y señores Barros, Forni y Kast, presentaron una primera indicación a este artículo para suprimir el inciso tercero y, luego, conjuntamente con la Diputada señora Cristi, una indicación subsidiaria a la anterior, para agregar al inciso final la siguiente oración: “ cuando fuere entablada por las personas a que se refiere el inciso segundo.”, y añadir un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“Con todo, en caso de que la denuncia fuere infundada y presentada por las personas a las que se refiere el inciso tercero, hará incurrir al denunciante en una multa a beneficio fiscal, cuyo monto fluctuará entre una a diez unidades tributarias mensuales.”.

Las indicaciones se fundaron en que sus patrocinantes no consideraron plausible que la denuncia la pudiera formular un tercero, por las posibles dobles intenciones que pudieran haber o que, en todo caso, si la denuncia la formulaba un tercero, estuviera, por lo menos, obligado a ratificarla para darle suficiente seriedad, finalidad a la que obedecía también el nuevo inciso final que proponían y que establecía una multa para las denuncias que pudieran formular los terceros que carecieran de fundamentos.

La Diputada señora Guzmán explicó que de acuerdo a la nueva ley procesal penal, la parte afectada no requiere ratificar su denuncia, algo que le parece lógico que se extienda, además, a los ascendientes, descendientes, guardadores o personas que tengan al afectado a su cuidado, pero no así a los terceros, los que deberían ratificar.

Las Diputadas señorita Saa y señora Soto sostuvieron que no era conveniente adoptar medidas que inhibieran la acción de los terceros por cuanto podía generarse indefensión en las víctimas, Asimismo, la obligación de ratificar sería un inconveniente porque el denunciante, entre el tiempo que efectúa la denuncia y la ratificación, puede ser objeto de intimidación, lo que podría llevarlo a no ratificar, terminando, en consecuencia, el proceso. Sostuvieron preferir correr el riesgo de denuncias falsas o malintencionadas, las que podrían posteriormente sancionarse.

Por último, los representantes del Ejecutivo recordaron que la nueva ley procesal penal no contempla la ratificación, trámite que se tiende a eliminar.

Cerrado el debate, la Comisión acordó rechazar ambas indicaciones, por unanimidad.

Posteriormente, como consecuencia de acordarse durante el transcurso del debate sobre los artículos que siguen, la conveniencia de tratar por separado los requisitos de la denuncia y de la demanda, los representantes del Ejecutivo sugirieron la siguiente redacción para este artículo:

“ Inicio del procedimiento. El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar podrá iniciarse por demanda o por denuncia.

“La demanda o denuncia podrá ser deducida por la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que lo tengan a su cuidado. La denuncia de la víctima le otorgará la calidad de parte en el proceso.

“La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven, a quien le será aplicable lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal.

“La denuncia se formulará en el tribunal o ante Carabineros, Policía de Investigaciones o Fiscales del Ministerio Público, los cuales estarán obligados a recibirla y ponerla de inmediato en conocimiento del juez competente.”.

Explicaron los términos de esta nueva proposición, en la conveniencia de diferenciar, desde el comienzo, la denuncia y la demanda, además de permitir que la denuncia efectuada por la víctima le de el carácter de parte en el proceso, esto último en atención a las muchas facultades procesales que el proyecto entrega a las partes y de las que se vería privada la víctima si solamente denuncia. Hicieron presente que la mayor parte de los procesos por violencia intrafamilar, se inician por denuncia ante los organismos policiales, la que más tarde no se formaliza como demanda. Recalcaron, en todo caso, que el efecto mencionado se produciría sólo en el caso de denuncias efectuadas por la víctima.

La Diputada señora Guzmán objetó esta solución, pero se avino a aceptarla en la medida en que se aclarará que el señalado efecto se produciría en forma excepcional y sólo para este tipo de juicios.

Finalmente, la Comisión acordó acoger, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Inicio del procedimiento. El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar podrá iniciarse por demanda o por denuncia.

“La demanda o denuncia podrá ser deducida por la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven, a quien le será aplicable lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal.

“La denuncia de la víctima le otorgará, por excepción, la calidad de parte en el proceso.

“La denuncia se formulará en el tribunal o ante Carabineros o la Policía de Investigaciones o los fiscales del Ministerio Público, los cuales estarán obligados a recibirla y a ponerla de inmediato en conocimiento del juez competente.”.

52) Artículo 54.-

Se refiere al maltrato flagrante, disponiendo en su inciso primero que en tal caso los funcionarios de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones deberán entrar en el lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar el arresto del agresor, si procediere, y retirar del lugar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima. Deberán además ocuparse en forma primordial de prestar ayuda inmediata y directa a esta última.

Su inciso segundo agrega que en caso de arresto, el arrestado será presentado inmediatamente al tribunal competente, considerándose el parte policial respectivo como antecedente suficiente para constituir denuncia.

Su inciso tercero añade que procederá siempre el arresto o la detención, en su caso, en situaciones de maltratos físicos, maltrato a menores, amenazas con algunos de los elementos contemplados en la ley N° 17.798 u otros de similar naturaleza.

La Diputada señora Guzmán estimó inconstitucional la disposición, por cuanto permitiría que las garantías constitucionales fueran pasadas a llevar por las policías. A su juicio, atendiendo a que habrá jueces de turno, lo aconsejable sería que se les pidiera autorización para efectuar un allanamiento.

Los Diputados señores Burgos y Ceroni coincidieron con tal apreciación, haciendo presente el primero que el término maltrato flagrante no está definido por la legislación y que la mención debiera ser al delito flagrante, aplicándose las reglas existentes al respecto, es decir, dejar al criterio policial si se está ante un delito flagrante o no. Asimismo, creyó más acertado substituir el término arresto por detención.

Las Diputadas señoras Allende y Mella estimaron necesaria la entrega de estas facultades a las policías por las situaciones que se conocen en la vida real y que suelen desembocar en la comisión de delitos. Plantearon, conjuntamente con la Diputada señora Guzmán, la posibilidad de considerar la violencia intrafamiliar como delito.

Recogiendo todas estas observaciones, los representantes del Ejecutivo sugirieron la siguiente redacción para este artículo:

“Actuación de la Policía. En caso de violencia intrafamiliar que actualmente se esté cometiendo o ante llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones deberán entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar la detención del agresor, si procediere, y retirar del lugar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima. Deberán, además, ocuparse en forma primordial de prestar ayuda inmediata y directa a esta última.

“En caso de detención, el detenido será presentado inmediatamente al tribunal competente, considerándose el parte policial como antecedente suficiente para constituir denuncia.”.

Explicaron su proposición, señalando que recogían con ella las observaciones sobre flagrancia, aplicando al efecto dos hipótesis contenidas en el Código Procesal Penal: la primera diría relación con la situación en que actualmente se esté cometiendo el acto de violencia y la segunda, la prevista en el artículo 206 de dicho cuerpo legal, la que autoriza el ingreso de las policías a recintos cerrados, sin autorización del propietario o del juez, cuando existan signos evidentes de estarse cometiendo un delito en el interior.

La Comisión, con algunas precisiones de lenguaje y de redacción hechas presentes por los Diputados señor Burgos y señora Soto, respectivamente, acordó, por unanimidad, aprobar el siguiente texto para este artículo:

“Actuación de la policía. En caso de violencia intrafamiliar que actualmente se esté cometiendo o ante llamadas de auxilio de personas que se encontraren al interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los funcionarios de Carabineros y/o de la Policía de Investigaciones deberán entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar la detención del agresor, si procediere, e incautar del lugar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima. Deberán, además, ocuparse en forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a esta última.

“El detenido será presentado inmediatamente al tribunal competente, considerándose el parte policial como denuncia.”.

53) Artículo 55.-

Trata de la obligación de denunciar, señalando que los directores de establecimientos educacionales o de salud, públicos o privados, que tomen conocimiento en razón de su cargo, de actos de violencia intrafamiliar, están obligados a denunciarlos. Igualmente,los profesionales y técnicos relacionados con la salud o con el proceso educativo, en las mismas circunstancias descritas, deben infortmar estos hechos a las personas señaladas, es decir, los directores.

Su inciso segundo impone igual obligación a quienes detentan el cuidado personal de las personas que, en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismos la respectiva denuncia.

Su inciso tercero impone a los profesionales de la salud que se desempeñen en hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los procedimientos y prestaciones médicas que les fueren solicitados, la obligación de practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima, debiendo conservar las pruebas correspondientes, para lo que deberán levantar acta en duplicado de tales reconocimientos y exámenes, la que deberá ser suscrita por el jefe del establecimiento o sección y por quienes los practicaron. Agrega la norma que una copia se entregará a la víctima y la otra, conjuntamente con los resultados de los exámenes, deberá remitirse al Servicio Médico Legal para ser puesto a disposición del tribunal que la requiera o para su archivo.

Su inciso final sanciona el incumplimiento de estas obligaciones con multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta disposición señalando que guardaba coherencia con lo dispuesto en la Ley de Menores, la que establece la obligación de los maestros y demás personas encargadas de la educación de los niños, denunciar los hechos constitutivos de maltrato que afecten a éstos. Asimismo, señalaron que el artículo 53 del Código Procesal Penal, concede acción penal pública para la persecución de los delitos contra los menores de edad.

La Diputada señora Cristi manifestó dudas acerca de si la persona más adecuada para denunciar es el director o quien conoce del hecho de maltrato o abuso. En todo caso, estimó indispensable consagrar en la norma medidas de protección para los testigos a fin de evitar que éstos se inhiban de testificar.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que siendo el director el responsable legal de lo que sucede al interior del establecimiento que dirige, lo lógico e, incluso, obligatorio, para quienes se desempeñan en él, es poner la situación en su conocimiento para que efectúe la denuncia. De hacerla ellos directamente, puede ocasionarles problemas con el director por las implicancias que ello puede tener con la familia del menor o por inmiscuirse en una función que corresponde al superior.

La Diputada señora Guzmán señaló que, en general, la denuncia de hechos es personal, por lo que debería buscarse una solución en el sentido que quien tomó conocimiento de los hechos, pueda denunciarlos poniendo en antecedentes al director.

La Diputada señora Mella sostuvo que todos los profesionales debieran tener la obligación de denunciar como, asimismo, que le parecía que el inciso tercero, en cuanto establece instrucciones para la realización de los procedimientos y exámenes por parte de los profesionales de la salud, resultaba ajeno a la materia que trata este artículo, debiendo incluírselo en un artículo separado.

Finalmente, los representantes del Ejecutivo sugirieron reemplazar el inciso primero por otra disposición que se remitiera a la obligación de denunciar que impone el artículo 175 del Código Procesal Penal, a los directores y profesionales de los establecimientos de salud y educacionales, como también a los que presten funciones auxiliares en dichos establecimientos.

La Comisión, recogiendo las observaciones anteriores, acordó, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Obligación de denunciar. Las personas señaladas en las letras d) y e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, estarán obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos.

Igual obligación recae sobre quienes detentan el cuidado personal de las personas que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por sí mismas la respectiva denuncia.

El juez deberá mantener en reserva la identidad de los denunciantes a que se refiere este artículo.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será sancionado con una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.”.

Artículo nuevo ( pasó a ser 56).

Este artículo surgió como consecuencia de la observación planteada por la Diputada señora Mella al artículo anterior, en el sentido que el inciso tercero de la norma original propuesta, se refería a una materia distinta que debería ser tratada en una disposición separada.

En consecuencia, la Comisión, sin mayor debate, procedió a aprobar por unanimidad, la siguiente disposición:

“Exámenes y reconocimientos médicos. Los profesionales de la salud que se desempeñen en hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los procedimientos y prestaciones médicas que hubieren sido solicitados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima, debiendo además conservar las pruebas correspondientes. A estos efectos se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hubieren practicado. Una copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se remitirá al Servicio Médico Legal, para ser puestos a disposición del tribunal competente, si lo requiriese, o para su archivo.

54) Artículo 56. (pasó a ser 57, 58 y 59).

Trata de los requisitos que debe llenar la demanda o denuncia, señalando en su inciso primero que éstas deberán contener una narración circunstanciada de los hechos en que se funda, la individualización del o de los presuntos autores de tales hechos y, en lo posible, la indicación de las personas que componen el núcleo familiar afectado.

Su inciso segundo agrega que si en la denuncia no se determinare la identidad del o de los presuntos ofensores, el servicio que la haya recibido deberá practicar las diligencias necesarias para su individualización. Las medidas que hubieren sido implementadas a estos efectos deberán detallarse en la comunicación que se remita al tribunal al transcribir la denuncia, individualizando a los funcionarios que las hubieren llevado a cabo. Añade la norma que tratándose de denuncias formuladas directamente ante el tribunal, éste deberá disponer de inmediato las medidas conducentes a dicha individualización. Igual procedimiento deberá seguirse en el caso de las denuncias presentadas ante los fiscales del Ministerio Público, cuando los hechos fueren constitutivos de crimen o simple delito.

Ante una consulta del Diputado señor Luksic, los representantes del Ejecutivo precisaron que la norma, salvo algunas supresiones y adiciones, era una reproducción del artículo 3°, letra b) de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar. Así, por ejemplo, en el inciso segundo se establecía la obligación de individualizar a los funcionarios que hubieren llevado a cabo las medidas para la individualización del ofensor, con la finalidad de que el juez pudiera tener un acceso más expedito a dichos funcionarios para la obtención de la información pertinente, como también se actualizaba la norma al nuevo proceso penal, incorporando a los fiscales del ministerio público cuando se tratare de hechos constitutivos de crimen o simple delito.

Las Diputadas señorita Saa y señora Soto fueron de opinión de que los requisitos para denunciar deberían ser lo menos entrabantes posibles, a fin de facilitar su presentación, razón por la que creían que a las expresiones “deberá contener” , debían agregarse los términos “en lo posible”. Sostuvieron que en el caso de la demanda, como el efecto es que quien la interponga se haga parte en el proceso, podrían efectuarse más exigencias.

La Diputada señora Guzmán fue partidaria de referir la norma sólo a la denuncia por cuanto, por una parte, la concurrencia del afectado al tribunal constituye, precisamente, una denuncia y, por la otra, si bien estas materias las conocía un tribunal civil, ahora se trata de tribunales diferentes. Sostuvo que para hablar de demanda, debería exigirse un interés directo.

El Diputado señor Bustos señaló que si bien para iniciar el proceso bastaba la denuncia, no resultaba posible impedir la presentación de demandas por parte de los afectados.

Ante la observación del Diputado señor Bustos en el sentido de que las policías gozarían de un mandato muy amplio, sin necesidad de requerir la autorización de un juez, para la adopción de las medidas encaminadas a obtener la individualización del ofensor, los representantes del Ejecutivo sostuvieron que tal idea se había extraído de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar y no tenía otro objeto que la de permitir al juez adoptar de inmediato las medidas de protección necesarias, porque, en caso contrario, si faltaba la individualización del ofensor, debería ordenar a las policías la realización de las diligencias necesarias para ello, perdiendo un tiempo que podría resultar vital.

Finalmente, acogiendo las observaciones formuladas, más otras formales del Diputado señor Burgos, propusieron a la consideración de la Comisión, el siguiente texto para este artículo:

“Requisitos de la demanda o denuncia. La demanda o denuncia deberá contener la identificación de la víctima y de las personas que componen el grupo familiar, la narración circunstanciada de los hechos y la designación de quién o quiénes los hubieren cometido, todo en cuanto constare al denunciante o demandante.

“Si la denuncia formulada ante una institución policial no señala la identidad del presunto autor, ésta deberá practicar, de inmediato, las siguientes diligencias para determinarla:

1° Efectuar el control de identidad conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal y/o

2° Recabar las declaraciones que al efecto voluntariamente presten quienes conozcan su identidad.

“Estas diligencias deberán informarse al tribunal conjuntamente con la comunicación de la denuncia.

“Tratándose de denuncias o demandas interpuestas ante el tribunal, éste decretará las diligencias conducentes a determinar la identidad del presunto autor, si ésta no constare. Igual procedimiento seguirá el Ministerio Público respecto de las denuncias por violencia intrafamiliar de que tome conocimiento.

En todos los casos previstos en este artículo, se mantendrá en reserva la identidad del denunciante.”.

Ante la consulta del Diputado señor Burgos acerca de los alcances de los términos del inciso primero “ todo en cuanto constare al denunciante o demandante, la Diputada señora Soto recordó que ello recogía la observación efectuada en cuanto a no plantear demasiadas exigencias a la denuncia o demanda, a fin de facilitar su presentación.

Posteriormente, el debate giró en torno al contenido y efectos de la denuncia y de la demanda, señalando el Diputado señor Burgos que la nueva proposición no recogía las observaciones formuladas en cuanto a diferenciar una de otra y a la rigurosidad exigible respecto de cada una. A su juicio, la denuncia debería presentarse ante los organismos policiales y la demanda ante los tribunales.

El Diputado señor Bustos señaló que si bien el contenido de la denuncia y de la demanda podía ser similar, los efectos eran diferentes por cuanto la demanda permitía al actor hacerse parte y formular peticiones y la denuncia, en cambio, sólo dar inicio al procedimiento sin que el denunciante tuviera, normalmente, interés en adentrarse más en el proceso. Insistió en la necesidad de diferenciar una de otra y en tener más rigor en el caso de la demanda.

Los representantes del Ejecutivo recordaron que de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de setenta mil causas sobre violencia intrafamilar que se conocieron en el año 2000, cincuenta y cinco mil se iniciaron por denuncia, por lo que la diferenciación de los efectos de demanda y denuncia complicaba la situación, ya que los denunciantes no estarían en condiciones de solicitar diligencia alguna.

Finalmente y a instancias de los Diputados señores Bustos y Burgos, quienes fueron partidarios de tratar separadamente, en artículos distintos, la denuncia y la demanda, los representantes del Ejecutivo propusieron, acogiendo las observaciones formuladas, dividir este artículo en tres del siguiente tenor:

“Artículo 57. Contenido de la demanda. La demanda contendrá la designación del tribunal ante el cual se presenta, la identificación de la víctima y de las personas que componen el grupo familiar, la narración circunstanciada de los hechos y la designación de quién o quiénes pudieren haberlos cometido, si ello fuere conocido.”.

“Artículo 58. Contenido de la denuncia. La denuncia contendrá siempre una narración circunstanciada de los hechos y, si al denunciante le constare, las demás menciones indicadas en el artículo anterior.”.

“Artículo 59. Identificación del ofensor. Si la denuncia se formulare en una institución policial y no señalare la identidad del presunto autor, ésta deberá practicar, de inmediato, las siguientes diligencias para determinarla:

1° Procurar la identificación conforme a las facultades descritas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y/o

2° Recabar las declaraciones que al efecto presten quienes conozcan su identidad.

“Tratándose de denuncias o demandas interpuestas ante el tribunal, éste decretará las diligencias conducentes a determinar la identidad del presunto autor, si ésta no constare. Igual procedimiento seguirá el Ministerio Público respecto de las denuncias por violencia intrafamiliar de que tome conocimiento.

En las diligencias que la policía practique conforme a este artículo, mantendrá en reserva la identidad del denunciante o demandante.”.

La Comisión aprobó los tres artículos por unanimidad.

55) Artículo 57.- ( pasó a ser 60).

Se refiere a la solicitud del extracto de filiación del denunciado o demandado, disponiendo que el juez requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que éste tuviere en el registro especial que establece el artículo 8° de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar.

Los representantes del Ejecutivo explicaron el contenido de esta norma, señalando que se tomó de la ley N° 19.325 y que permitía al juez pedir el extracto de filiación del denunciado o demandado, circunstancia de gran importancia para los efectos de la reincidencia. Añadieron que el extracto se solicitaba con el solo mérito de la denuncia para los efectos de determinar las medidas de protección a adoptar.

No se produjo debate y se lo aprobó, en los mismos términos, por unanimidad.

56) Artículo 58. (pasó a ser 61).

Se refiere a la remisión de los antecedentes si el hecho denunciado reviste caracteres de delito, disponiendo, en su inciso primero, que si el hecho en que se fundamenta la demanda o denuncia es constitutivo de delito, el tribunal de familia deberá enviar de inmediato los antecedentes a las oficinas del Ministerio Público competente.

Su inciso segundo añade que si tales hechos dieren lugar a una investigación criminal, constituyendo además un acto de violencia intrafamilar, el correspondiente tribunal de garantía gozará de la potestad cautelar que establece esta ley.

El Diputado señor Bustos hizo presente la impropiedad de emplear el término delito, por cuanto siendo éste un término genérico, comprendía crímenes, simples delitos y faltas y, en este caso, se trataba sólo de crímenes y simples delitos.

La Comisión, teniendo presente que la potestad cautelar del sistema penal es bastante más restrictiva que la que establece este proyecto y que esta iniciativa contempla para su puesta en vigencia, la misma gradualidad de la reforma procesal penal, procedió a aprobar este artículo por unanimidad, acogiendo la proposición del Diputado señor Bustos y con adecuaciones formales.

Su texto quedó como sigue:

“Remisión de antecedentes si el hecho denunciado reviste caracteres de crimen o simple delito. En caso que los hechos en que se fundamenta la denuncia o la demanda sean constitutivos de crimen o simple delito, el juez deberá enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público.

“Si tales hechos dieren lugar a una investigación criminal, constituyendo además un acto de violencia intrafamilar, el tribunal de garantía correspondiente, tendrá, asimismo, la potestad cautelar que establece esta ley.”.

57) Artículo 59. (pasó a ser 62).

Señala que tanto el juez como el mediador , según el caso, deberán procurar que la víctima de actos de violencia intrafamiliar cuente con asesoría letrada para la adopción de sus decisiones, tanto en el transcurso de las audiencias como fuera de ellas.

La Diputada señora Allende se mostró partidaria de suprimir la referencia al mediador, toda vez que se trataba de un tema aún no resuelto en materia de violencia intrafamiliar.

La Diputada señora Guzmán consideró que la norma contradecía uno de los fundamentos del proyecto, por cuanto si efectivamente se deseaba llegar a soluciones colaborativas, la asesoría letrada a la víctima naturalmente llevaría a la controversia.

Los representantes del Servicio Nacional de la Mujer hicieron presente que la procedencia de la mediación en materia de violencia intrafamilar era un tema de intenso debate, señalando que el espíritu del Ejecutivo, acogiendo los acuerdos de la Comisión de Familia, se inclinaba por no aceptarla por cuanto existía un desequilibrio demasiado pronunciado entre las partes.

El Diputado señor Bustos estimó que la mediación era perfectamente procedente en este tema, como, por lo demás, así lo demostraba la legislación de otros países. No obstante, estuvo de acuerdo en suprimir la mención al mediador en este artículo por cuanto la asesoría letrada a la víctima es contraria a la institución misma de la mediación.

Finalmente, la Comisión acordó suprimir la mención del mediador y acondicionar la redacción de este artículo a lo dispuesto en el artículo 18 de este proyecto, relativo a la comparecencia en juicio.

Su texto quedó como sigue:

“Asesoría letrada. El juez podrá ordenar que la víctima de actos de violencia intrafamiliar cuente con asesoría letrada para su defensa.”.

58) Artículo 60. (pasó a ser 63).

Se refiere a la comunicación de la denuncia formulada a la víctima cuando el procedimiento se inicie por denuncia de tercero, señalando que en tal caso el juez deberá seguir el siguiente procedimiento:

1.- Deberá poner en conocimiento de la víctima o de su representante la denuncia recibida por el medio más idóneo, directo y seguro para su integridad, debiendo tomar las medidas necesarias para su protección.

2.- Citará al denunciado a la audiencia principal.

3.- Si lo estima necesario, tomará medidas de protección y resguardo para el denunciante, pudiendo también citarlo a la audiencia principal para que comparezca en calidad de testigo.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta disposición señalando que con ella se buscaba evitar que la víctima se viera sorprendida al realizarse una primera audiencia con el agresor; por ello se establece la obligación del juez de informarla que se ha presentado una denuncia por actos de violencia cometidos en su contra y que a raíz de ello se iniciará un procedimiento. En el caso que la víctima no quiera continuar con el proceso, como no existe un impulso público para seguir adelante, el proceso termina.

El Diputado señor Monckeberg dijo entender que la norma buscaba amparar a la víctima de las posibles represalias del agresor, por cuanto si éste sabía de la denuncia efectuada por aquélla, la situación de indefensión de esta última sería patente. No obstante, creía que la disposición no conseguía su objetivo porque al citarse al denunciado no se le informaría que quien lo denunció fue un tercero, por lo que no se obviaría la situación de riesgo.

Los representantes del Ejecutivo recordaron que el párrafo primero de este Título trata de los procedimientos judiciales a que dan lugar las medidas de protección para los menores de edad, sin perjuicio, además, de que esta norma obligue al juez a poner en conocimiento de la víctima o de su representante la existencia de la denuncia y a tomar las medidas de protección necesarias.

Los representantes del Servicio Nacional de la Mujer, ante una observación del Diputado señor Juan Pablo Letelier, expresaron que en el caso de los menores, lo que justifica la habilitación de los terceros para denunciar es, precisamente, la posibilidad de que sean los representantes quienes los agredan. Señalaron que, de acuerdo a estudios realizados, la sola presentación de la denuncia, suele detener, aunque sea en parte, la violencia. Se manifestaron, no obstante, partidarios de que las declaraciones del denunciante se tomen en una audiencia separada, con los debidos resguardos para su protección.

El Diputado señor Luksic señaló que si bien este artículo se refería al inicio del procedimiento por medio de una denuncia, no veía la razón para que no se adoptaran iguales resguardos para la persona del actor en el caso de iniciarse por medio de una demanda.

Por último, los Diputados señor Monckeberg y señora Guzmán consideraron contradictoria esta norma con la del artículo 55 en cuanto a la mantención en reserva de la identidad del denunciante, puesto que, si como lo establece la letra c) de este artículo, el juez puede citar a la audiencia principal al denunciante, se va a producir una especie de careo con el denunciado, lo que constituiría un factor inhibitorio para efectuar la denuncia. Estimaron que si se establecía la reserva para quienes están obligados a denunciar, con mayor razón debería establecerse para quienes lo hicieran en forma voluntaria.

Cerrado finalmente el debate, los representantes del Ejecutivo, acogiendo las observaciones efectuadas, propusieron un nuevo texto para este artículo, el que la Comisión, con reparos sólo formales, acogió por unanimidad, quedando, en definitiva, como sigue:

“Actuaciones judiciales ante denuncia o demanda de terceros Iniciado un proceso por denuncia o demanda de un tercero, previamente a la realización de la audiencia principal, el juez la pondrá en conocimiento de la víctima por el medio más idóneo, directo y seguro para su integridad. Si la víctima fuere menor de edad, se designará un abogado para que asuma su representación. Decretará, además, las medidas necesarias para su protección.

Asimismo, el juez podrá recoger el testimonio del demandante o denunciante, antes de la citada audiencia y con las medidas que garanticen la reserva de su identidad.”.

59) Artículo 61.- (pasó a ser 64).

Trata de la potestad cautelar, señalando que en los juicios a que se refiere este párrafo y desde el momento en que se hubiere recibido la demanda o denuncia, el juez deberá, en los casos que corresponda mediante resolución fundada, decretar cualquier medida precautoria destinada a garantizar la seguridad física o psíquica del afectado y la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. Al efecto, y sin que la enumeración sea taxativa, podrá:

a) Prohibir, restringir o limitar la presencia del ofensor en el hogar común.

b) Ordenar el reintegro al hogar de quien injustificadamente haya sido obligado a abandonarlo.

c) Disponer la entrega inmediata de los efectos personales de la víctima cuando ella deba hacer abandono del hogar común.

d) Prohibir o limitar la concurrencia del ofensor al lugar de estudio o de trabajo del ofendido, a menos que trabajen en un mismo establecimiento.

e) Decretar el retiro temporal de las armas que se encuentren en poder del ofensor.

f) Prohibir al ofensor toda forma de hostigamiento, incluso telefónico, a la víctima.

g) Disponer la factura de un inventario de bienes del hogar.

h) Entregar el cuidado de la víctima menor de edad, incapaz o anciano desvalido, a quien considere idóneo para su seguridad psicofísica y mientras se efectúa un diagnóstico de la situación.

i) Decretar, en casos calificados, el arresto del ofensor hasta por 48 horas.

j) Ordenar protección policial especial para la víctima cuando el maltrato revista gravedad y se tema su repetición.

k) Prohibir la celebración de actos y contratos sobre el inmueble de propiedad de cualquiera de los afectados que sirva de residencia principal al núcleo familiar, como también de los muebles que se guarnecen en el mismo, pudiendo, además, ordenar el inventario de estos últimos.

l) En caso que se hubiere ordenado la salida del presunto ofensor del hogar común, podrá fijar alimentos provisorios a favor de la víctima, de parte de quien solvente los gastos de crianza de los hijos menores, determinar quién se hará cargo del cuidado personal de los mismos y el régimen bajo el cual se mantendrá la relación regular de éstos con sus progenitores.

Su inciso segundo agrega que si la denuncia hubiere sido formulada por un tercero, el juez podrá adicionalmente decretar la mantención de su identidad en reserva.

Su inciso cuarto añade que las medidas podrán decretarse por un período que no exceda de 180 días hábiles.

Su inciso quinto establece la presunción de existir riesgo de afectación directa de los bienes jurídicos que esta ley protege, tanto para la víctima como para su grupo familiar, en los casos que se indican: la existencia de reiteradas denuncias de violencia intrafamiliar en contra de la persona demandada o denunciada; la existencia de condenas previas por violencia intrafamiliar o encontrarse el ofensor procesado o condenado por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 del Título VII del Libro II del Código Penal y haber precedido intimidación de causar grave daño en contra de la víctima u otros miembros del grupo familiar por parte del agresor. El tribunal deberá considerar especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad u otra condición que la haga vulnerable.

Su inciso sexto y final señala que cuando el maltrato sea la causa de la acción de divorcio, el juez podrá decretar las medidas precautorias establecidas en esta ley.

Los Diputados señor Bustos y señorita Saa fueron partidarios de que el encabezamiento de la norma tuviera una redacción imperativa, de tal modo que fuera obligatorio y no facultativo decretar alguna de estas medidas. Asimismo, fueron partidarios de mantener la enumeración de las medidas cautelares como una forma de evitar el riesgo de la poca imaginación judicial, aun cuando dejando en claro que tal enumeración no sería taxativa.

La Diputada señora Mella compartió la obligatoriedad para el juez de la adopción de medidas cautelares, aun cuando manifestó dudas acerca de la mención que se hace respecto del divorcio, por cuanto a futuro deberá adecuarse a la nueva normativa sobre divorcio vincular en actual trámite.

El Diputado señor Luksic estimó que debería dejarse a la decisión del juez la aplicación de una o más medidas, es decir, no debería serle imperativa su aplicación, dejándole determinar los casos en que deberá decretarlas. Recordó que la actual ley sobre violencia intrafamiliar, al referirse a las medidas cautelares, establece esta opción como una facultad del juez.

Los representantes del Ejecutivo advirtieron que la disposición transcribía el texto vigente de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, figurando en ella, además, algunas otras medidas que incorporó la Comisión de Familia.

Las Diputadas señoras Soto y Guzmán fueron partidarias de simplificar la norma al máximo, por cuanto, de acuerdo a la opinión de la primera, la enumeración de medidas no sería otra cosa más que una expresión de desconfianza hacia el juez, respecto de quien se piensa que debe dársele todo hecho, sin perjuicio, además, de que el excesivo legalismo con que se interpretan las leyes, suele llevar a entender, en este tipo de enumeraciones, que lo que no se ha incluido no puede aplicarse. Por eso se mostró partidaria de conservar sólo el encabezamiento del artículo, que declara imperativa la adopción de estas medidas por los jueces, pero sólo en los casos que corresponda. La segunda parlamentaria agregó que el carácter excesivamente reglamentario de las normas, provocaba en los jueces la tendencia a no aplicarlas por lo agobiante que les resultaban, añadiendo que, en todo caso, la enumeración, sólo por vía ejemplar, debería circunscribirse solamente a algunos casos.

La Diputada señora Sepúlveda recordó que de acuerdo a los estudios realizados, la reacción de la víctima denunciando la violencia, solamente se producía luego de siete años de estar sufriéndola, razón que justificaba dar un carácter imperativo a la norma, porque ese primer intento de poner atajo a la violencia mediante la denuncia, no tendría efecto alguno si no provocaba alguna reacción en el juez en orden a detenerla. Hizo hincapié en que la normativa debía orientarse a la protección de la víctima y de la familia.

El Diputado señor Burgos, junto con formular diversas observaciones a la redacción y al lenguaje empleado en la enumeración de las distintas medidas, se mostró partidario de dejar al criterio del juez la aplicación de las medidas cautelares, por cuanto no existe en la legislación nacional ninguna disposición que obligue al juez a decretarlas. Sostuvo que la discrecionalidad en este caso era un elemento de la naturaleza misma de la función judicial, debiendo quedar la dictación de la medida sujeta a la evaluación que el magistrado efectuara del caso concreto de que se tratara.

Por último, a proposición de los representantes del Servicio Nacional de la Mujer, quienes señalaron que lo que se buscaba era garantizar la integridad física de las personas, más que hacer obligatorias la aplicación de las medidas cautelares, la Comisión, acordó aprobar, por unanimidad, la siguiente redacción para el encabezamiento de esta norma:

“Potestad cautelar. Será deber del juez, desde el momento en que se hubiere recibido la denuncia o demanda y durante todo el procedimiento, cautelar y garantizar la seguridad psíquica y física del afectado y la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar. Al efecto y a modo meramente ejemplar, podrá decretar una o más de las siguientes medidas:”.

El Ejecutivo, acogiendo las observaciones de fondo y forma formuladas a las distintas medidas cautelares enunciadas, propuso, siempre por la vía ejemplar, refundir las catorce medidas señaladas originalmente, en sólo siete del siguiente tenor:

1.- Prohibir o restringir la presencia del ofensor en el hogar común, lugar de estudios o de trabajo de la víctima. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

2.- Disponer el regreso al hogar de quien se haya visto obligado a abandonarlo, o la entrega de sus efectos personales si decidiere no regresar.

3.- Fijar alimentos provisorios. Esta medida se decretará cuando se haya ordenado la salida del agresor del hogar común o cuando la víctima se haya visto obligada a abandonarlo.

4.- Establecer un régimen de cuidado personal de los menores y regular la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos. Esta medida, en lo que corresponda, también será aplicable a personas incapaces y a adultos mayores.

5.- Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes de propiedad del ofensor, o que éste administre conforme al artículo 1749 del Código Civil, y que sean susceptibles de ser declarados bienes familiares.

Todos estos números se aprobaron por unanimidad.

6.- Prohibir el porte y tenencia y/o incautar cualquier arma de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que correspondan.

Respecto de esta disposición se suscitó un debate en razón de considerar los Diputados señores Bustos y Burgos que se estaba entrando en algo muy reglamentario, debiendo la norma limitarse a señalar que de la aplicación de esta medida deberá informarse a la autoridad que corresponda, como también que envolvía una especie de presunción de que solamente era aplicable a los miembros de las instituciones armadas.

Los representantes del Servicio Nacional de la Mujer señalaron que lo que se trataba era dar indicios al juez para que incautara las armas a los uniformados, añadiendo que parte importante de las muertes por armas de fuego provienen de hechos de personal uniformado cuando está de franco.

Cerrado el debate, se aprobó la proposición por mayoría de votos ( 4 votos a favor y 3 abstenciones).

7.- Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante.

Se aprobó por unanimidad.

Los representantes del Ejecutivo propusieron dos nuevos artículos para recoger en el primero, bajo el substítulo de presunción de riesgo, lo dispuesto en el inciso cuarto original de este artículo y, en el segundo, bajo el substítulo de vigencia de las medidas cautelares, el tiempo de duración de las mismas, recogiendo lo señalado en el inciso tercero original.

La primera proposición fue retirada y la segunda fue objeto de una indicación por parte de los Diputados señorita Saa y señor Ceroni para agregarla en reemplazo del inciso tercero original de este artículo con el siguiente texto:

“Las medidas de protección podrán decretarse por un período de hasta 180 días hábiles, el que podrá prorrogarse por el tiempo que el juez prudencialmente estime pertinente, si aún subsisten las circunstancias de peligro parta la víctima.”.

La Comisión, teniendo presente la conveniencia de que la víctima siempre se encuentre protegida, como la prevención formulada por el Diputado señor Ceroni, quien sostuvo la conveniencia de que las medidas cautelares fueran renovables no en forma rígida, por el mismo término de 180 días, sino a criterio del juez, hasta por el mismo lapso, procedió a aprobar, por unanimidad, el siguiente texto, el que a sugerencia de la Diputada señora Guzmán quedó como inciso final de este artículo, de acuerdo al siguiente texto:

“ Las medidas cautelares podrán decretarse por un período que no exceda de los 180 días hábiles, renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán, asimismo, ampliarse, limitarse, modificarse, substituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio.”.

60) Artículo 62.- ( pasó a ser 65).

Trata de la ejecución de las medidas cautelares, señalando que tan pronto sea decretada una de estas medidas, el juez deberá entregar copia de la resolución respectiva a la víctima o a su representante y la remitirá por la vía más rápida posible a Carabineros o a Investigaciones, cuando para ser cumplida se requiera el concurso de esas instituciones.

Su inciso segundo dispone que para el cumplimiento de estas medidas, el juez tendrá las facultades establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, incluyendo la de decretar el auxilio de la fuerza pública, con facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario.

Su inciso tercero indica que estas medidas podrán ampliarse, limitarse, modificarse, substituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio.

Al iniciarse el debate, la Comisión acordó suprimir los dos incisos finales por tratar materias ya incorporadas en los artículos anteriores.

Los representantes del Ejecutivo, ante una consulta del Diputado señor Burgos, señalaron que el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil establecía medidas de apremio para obtener, en este caso, el cumplimiento de las medidas precautorias. Estas medidas serían las multas y el arresto hasta por dos meses.

Asimismo, ante las dudas manifestadas por el Diputado señor Ceroni en lo relativo a la entrega de copia de la resolución a la víctima, a que se refiere el inciso primero, cosa que él entendía como una notificación, explicaron que ello no era más que la constancia que tenía la persona afectada por la violencia, de las medidas dictadas a su favor para hacer valer el derecho a estar protegida por un determinado período.

La Diputada señora Guzmán hizo presente que la aplicación de las normas procesales civiles relativas a las notificaciones retardaría y restaría agilidad al proceso. A su juicio, la rapidez que requiere la aplicación de estas medidas, exigiría el empleo de otra terminología y la utilización de métodos modernos de comunicación como el fax o el correo electrónico.

El Diputado señor Burgos dijo entender que lo que se buscaba con esta disposición no era notificar sino poner en conocimiento de la parte interesada, la dictación de la medida cautelar a su favor.

Recogiendo las observaciones formuladas, los representantes del Ejecutivo, sugirieron redactar este artículo en los siguientes términos:

“Ejecución de las medidas cautelares. El juez, en la forma y por los medios más expeditos posibles, pondrá en conocimiento de la víctima las medidas cautelares decretadas, dejando a su disposición una copia autorizada de la resolución respectiva.

“Asimismo, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer su intervención con facultades de allanamiento y descerrajamiento y ejercer, sin más trámites, los demás medios de acción conducentes para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas.”.

La Diputada señora Guzmán estimó que si el inciso segundo propuesto contenía una regla general para la aplicación de las medidas cautelares, lo lógico sería que su redacción reflejara esta generalidad, motivo que la llevó a abstenerse, resultando aprobado el texto propuesto por el Ejecutivo por mayoría de votos ( 8 votos a favor y 1 abstención).

61) Artículo 63.-( pasó a ser 66).

Se refiere al incumplimiento de las medidas cautelares, disponiendo que será sancionado en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las facultades de apremio que señala el artículo anterior, es decir, multas y arresto hasta por dos meses. Agrega la norma que mientras se substancia el proceso, el juez podrá aplicar como medidas de apremio, la reclusión nocturna hasta por 15 días, o el arresto substitutivo de dicha medida en caso de incumplimiento de la misma.

Los representantes del Ejecutivo propusieron substituir esta norma por la siguiente:

“Incumplimiento de medidas cautelares. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez podrá ordenar, hasta por quince días, el arresto nocturno del denunciado o el arresto substitutivo en caso de quebrantamiento de aquel.

“Además el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”.

Explicaron que esta nueva proposición no hacía otra cosa más que recoger algunas recientes modificaciones legales, orientadas a no afectar la capacidad laboral y el normal desarrollo de las actividades de las personas.

No se produjo debate y se lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad.

62) Artículo 64.- (paso a ser 67).

Se refiere a la audiencia principal, señalando que ésta podrá llevarse a efecto entre los cinco y los diez días siguientes a la notificación de la demandada o denunciada, según determine el tribunal.

Su inciso segundo agrega que las partes deberán concurrir a dicha audiencia con los antecedentes y medios de prueba de que pretendan valerse.

La Comisión consideró que no se avenía con los propósitos del procedimiento dejar facultativa la realización de la audiencia como también estimó necesario darle una redacción más lógica, razón por la cual aprobó por unanimidad el siguiente texto para este artículo:

"Audiencia principal.- La audiencia principal deberá llevarse a efecto dentro de los diez días siguientes a la última notificación.

“Las partes deberán concurrir a la misma con los antecedentes y medios de prueba.”.

63) Artículo 65.- (pasó a ser 68).

Se refiere a la citación a otras personas, señalando que si el juez lo estima conveniente podrá citar a la audiencia principal o a la complementaria, en su caso, a otros miembros del grupo familiar y a otras personas con quienes viva el afectado o tengan conocimiento directo de los hechos.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que lo que justifica esta norma es que el conflicto familiar suele involucrar a más personas que las directamente demandadas o denunciadas. De ahí la conveniencia de conceder esta facultad al juez.

No se produjo debate y se lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad.

64) Artículo 66.- ( pasó a ser 69).

Se refiere a la prueba de testigos, señalando que en este tipo de juicios no regirán las inhabilidades de testigos contempladas en los números 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.[1]

Los Diputados señores Burgos y Luksic estimaron que debería mantenerse la inhabilidad para testificar respecto de las personas señaladas en los números 4° y 5° del artículo 358, toda vez que se trataba de los criados domésticos o dependientes y de los trabajadores y labradores de quien los presenta, por cuanto éstos estarían expuestos a una presión extra por parte de su empleador. Igual opinión sustentó el Diputado señor Urrutia.

Las Diputadas señorita Saa y señora Mella apoyaron la disposición, agregando la segunda que le preocupaba dejar fuera el testimonio de los dependientes, como por ejemplo, una asesora del hogar, toda vez que, junto con los parientes, en muchos casos, serán los únicos que conocerán la realidad.

El Diputado señor Bustos sostuvo que dejar fuera el testimonio de los dependientes podría significar prescindir de opiniones relevantes, por lo que correspondería al abogado defensor plantear la correspondiente tacha y al juez pronunciarse.

La Diputada señora Guzmán sostuvo que la disposición resultaba problemática por cuanto, en la práctica, en materia de conflictos de familia, tanto los parientes como los dependientes son contrarios a involucrarse. En todo caso, creía que el testimonio de los dependientes podría fácilmente condicionarse, como también que, tratándose de los descendientes, ya que son los más afectados en una disputa entre los padres, se manifestaba partidaria de limitar su testimonio a partir de los 18 años de edad.

Cerrado el debate, la Diputada señora Guzmán presentó una indicación para mantener la inhabilidad establecida en el N° 5, es decir, la de trabajadores y labradores de quien los presenta y para establecer que el testimonio de los descendientes sólo podrá solicitarse a partir de los 18 años de edad; y el Diputado señor Burgos para mantener la inhabilidad de los números 4° y 5°, es decir, criados y dependientes y trabajadores y labradores, resultando ambas indicaciones rechazadas en una tercera votación.

Finalmente, la Comisión procedió a aprobar este artículo, en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

65) Artículo 67.- (pasó a ser 70).

Se refiere al contenido de la sentencia, señalando que deberá contemplar un pronunciamiento sobre la existencia del maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción aplicable.

Su inciso segundo agrega que existiendo medidas precautorias vigentes, deberá, además, pronunciarse sobre ellas, pudiendo mantenerlas, ampliarlas, limitarlas, modificarlas o substituirlas por un plazo no superior a un año, pudiendo asimismo dejarlas sin efecto.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que como sobre esta materia el proyecto no contenía normas especiales, deberían aplicarse, además de lo señalado en el inciso primero, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en lo relativo al contenido de las sentencias.

El Diputado señor Bustos estimó poco claro el inciso segundo, no entendiendo la razón de ser del plazo de un año que establece. Estimó que como las medidas cautelares tienen por objeto dar protección a la víctima, deberían prolongarse más allá de la sanción principal. En todo caso, siendo, en realidad, sanciones accesorias porque se aplican coactivamente y limitan los derechos de una persona, deberían figurar en otra disposición. Propuso, en consecuencia, suprimir este inciso.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que se trataba de medidas de protección que, dada la naturaleza del conflicto, debían prolongarse más allá de la sentencia. Su duración no podría ser muy prolongada y no dándose dentro de cierto tiempo una reiteración de los actos de violencia, deberían dejarse sin efecto.

Agregaron que no se trataría de sanciones porque si así fuera, se presentaría un problema de constitucionalidad derivado del hecho de que las medidas precautorias que enumera el artículo 64 no tienen un carácter taxativo, por lo que constituirían, en consecuencia, sanciones abiertas o en blanco.

Cerrado el debate, la Comisión acordó aprobar por unanimidad el inciso primero y suprimir, por igual quórum, el segundo.

El artículo, por tanto, quedó como sigue:

"Sentencia. La sentencia contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción aplicable.”.

66) Artículo 68.- ( pasó a ser 71).

Se refiere a la suspensión condicional de la sentencia, señalando que si el denunciado o demandado reconoce los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permitan presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima;

b) que se haya adquirido por el denunciado o demandado el compromiso de observancia de una o más de las medidas precautorias previstas en esta ley, por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.

Su inciso segundo añade que en todo caso, el tribunal previo acuerdo de las partes y en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero, podrá someter a mediación el conflicto para efectos de las letras a) y b). Aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad.

Su inciso final agrega que la resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los mismos términos que la sentencia.

Antes de comenzar a debatirse este artículo, el Ejecutivo presentó una indicación para substituirlo por el siguiente:

“Si el denunciado o demandado ante el tribunal reconoce los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y las partes acuerdan, en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos, obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquéllas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia.

“ Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el tribunal, asesorado por uno o más miembros del consejo técnico y previo acuerdo de las partes, podrá someter el conflicto a mediación. Aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia.

“La resolución que apruebe la suspensión de la dictación de la sentencia será inscrita en el registro especial que en conformidad a la ley N° 19.325 mantiene el Servicio de Registro Civil, pudiendo comunicarse su contenido sólo al tribunal que lo requiera, en causas por violencia intrafamiliar en contra de la misma persona.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta nueva disposición señalando que la actual ley sobre violencia intrafamilar contempla la mediación, pero como los jueces han hecho un uso indiscriminado de este mecanismo, se ha buscado una salida alternativa consistente en permitir la suspensión condicional de la sentencia siempre que el inculpado reconozca la veracidad de los hechos en que se funda la denuncia o demanda. Es decir, los puntos que este artículo permite someter a mediación no tienen que ver con los actos de violencia, porque para que proceda la suspensión, éstos tienen que haber sido reconocidos por el hechor. Añadieron que se trataba de un mecanismo similar al contemplado en la nueva ley procesal penal.

La Diputada señorita Saa expresó su total rechazo a esta norma por cuanto diversos estudios han demostrado que constituye, en realidad, una expresión de debilidad de la autoridad, porque en nuestra sociedad la violencia intrafamiliar no está considerada como algo ilícito. Por ello, tal como ha sucedido con la actual ley, en que el 92% de las causas ingresadas a los tribunales civiles terminó en mediación, sin una sanción efectiva para el agresor, este nuevo mecanismo de la suspensión condicional de la sentencia, se constituirá también en la regla general.

La Diputada señora Mella coincidió con la Diputada señorita Saa en el sentido de que la actual ley de violencia intrafamiliar ha tenido una aplicación que ha favorecido la impunidad de los agresores, motivo por el que no creía que este nuevo mecanismo fuera una solución para el problema.

La Diputada señora Soto apoyó la proposición por cuanto sostuvo creer en la posibilidad de que el ser humano se arrepienta y procure reparar el mal, a lo que el Diputado señor Bustos agregó que la suspensión condicional era una institución universalmente aceptada y constituía una buena alternativa. A su juicio, la pena no constituye un elemento preventivo especial de la violencia, por lo que normalmente el hechor, luego de cumplirla, deviene en más violento. Sostuvo que el hecho de que el agresor reconociera los fundamentos del denuncio, significaba aceptar su responsabilidad. No habría una mediación propiamente tal porque lo central del conflicto no está en debate, sino únicamente los aspectos adyacentes al mismo.

El Diputado señor Burgos sostuvo que la norma no abordaba la mediación propiamente tal, sino que constituía un llamado a la conciliación.

Los representantes del Ejecutivo, ante diversas consultas, precisaron que este nuevo mecanismo tenía aplicación solamente ante un primer caso de violencia, porque si ésta se reiteraba en una segunda oportunidad, simplemente el juez debería dictar sentencia. El actual sistema, en cambio, da lugar a un proceso distinto cada vez y, en cada oportunidad, se llama a conciliación. Insistieron, asimismo, en el nuevo texto propuesto por cuanto incluye otras obligaciones relativas a los temas de familia, básicamente referidos a la tuición de los menores, las pensiones alimenticias y el régimen de visitas.

Finalmente, el Diputado señor Bustos se inclinó por rechazar la nueva proposición y acoger, en cambio, el texto original de la indicación del Ejecutivo, agregando en su letra a) las obligaciones relacionadas con los temas de familia; incluyendo en la letra b) el conocimiento o acuerdo de la víctima en lo relativo al compromiso del hechor de respetar las medidas precautorias que se hubieren decretado, y en dejar, en el inciso segundo, la posibilidad de someter a mediación sólo los aspectos relacionados con los temas de familia y los acuerdos reparatorios.

Cerrado el debate, se aprobó la proposición primitiva de la indicación, con las modificaciones sugeridas por el Diputado señor Bustos, por mayoría de votos ( 5 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones).

El texto quedó como sigue:

“Suspensión condicional de la sentencia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

a) que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquéllas de carácter reparatorio, a satisfacción de la víctima;

b) que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en esta ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.

En todo caso, el tribunal previo acuerdo de las partes y en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero, podrá someter a mediación el conflicto para los efectos de la letra a). Aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad.

La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los mismos términos que la sentencia.”.

67) Artículo 69 ( pasó a ser 72).

Se refiere a los casos de improcedencia de la suspensión condicional de la sentencia, señalando que ello ocurrirá:

a) si el demandado o denunciado ha sido condenado previamente por la comisión de actos de violencia intrafamiliar o cuando la víctima se oponga a ello;

b) si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas, o por alguno de los delitos previstos en los párrafos 5° y 6° del Título VII del Libro II del Código Penal.

c) Si el denunciado o demandado haya incumplido las condiciones acordadas en causa anterior en otra suspensión condicional de la dictación de la sentencia.

Los representantes del Ejecutivo presentaron una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Improcedencia de la suspensión condicional de la sentencia. No será procedente la suspensión condicional de la dictación de la sentencia en los siguientes casos:

a) Si atendida la naturaleza y gravedad de los hechos, el juez estimare conveniente la continuación del proceso;

b) Si el denunciado ha sido condenado previamente por la comisión de actos de violencia intrafamiliar;

c) Si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas, o por alguno de los delitos previstos en los párrafos 5° y 6° del Título VII del Libro II del Código Penal, y

d) Si el denunciado o demandado no hubiese cumplido un acuerdo anterior celebrado en conformidad al artículo precedente.”.

Respecto de este texto substitutivo, el Diputado señor Burgos sostuvo que si el artículo anterior daba al juez la facultad de suspender condicionalmente la dictación de la sentencia si se cumplían los requisitos que esa misma disposición establece, lo lógico era que la primera causal de improcedencia de la suspensión quedara también a su arbitrio, argumento que lo llevó a proponer redactar la letra a) en los siguientes términos:

“a) Si el juez estimare conveniente la continuación del proceso;”.

Se aprobó la proposición por unanimidad.

Asimismo, respecto de la letra b), sugirió incluir en su redacción la posibilidad de que el denunciado o demandado no solamente hubiere sido condenado por actos de violencia intrafamiliar, sino también haber sido objeto de una denuncia o demanda por tal motivo, opinión que compartió el Diputado señor Bustos por cuanto no sólo la condena es un indicio de la actitud violenta, ya que muchas veces quien denuncia no sigue adelante con el proceso por lo que éste termina.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que tal redacción podía dar lugar a situaciones injustas como consecuencia de denuncias infundadas, motivo por el que creían que en tal caso debiera exigirse que dicha denuncia se basara en antecedentes fundados.

Cerrado finalmente el debate, se acordó por unanimidad la siguiente redacción para este artículo:

“Improcedencia de la suspensión condicional de la sentencia. La facultad prevista en el artículo anterior no será procedente en los siguientes casos:

a) si el juez estimare conveniente la continuación del proceso;

b) si ha habido denuncia o demanda previa, con antecedentes fundados, sobre la comisión de actos de violencia intrafamiliar en contra del denunciado o demandado, y

c) si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas, o por alguno de los delitos previstos en los párrafos 5° y 6° del Título VII del Libro II del Código Penal.”.

68) Artículo 70.- (pasó a ser 73).

Se refiere a los efectos de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, señalando que si el denunciado o demandado hubiere dado cumplimiento satisfactorio a las condiciones impuestas, el tribunal declarará extinguida su responsabilidad, dejándose constancia de esta resolución en el registro a que se refiere el inciso final del artículo 68 (pasó a ser 71).

Su inciso segundo agrega que en caso de incumplimiento injustificado de dichas condiciones, el tribunal procederá a constatar el hecho y a dictar sentencia. Si la persona denunciada o demandada incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar en el período de condicionalidad, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.

Los representantes del Ejecutivo propusieron una nueva redacción para este artículo del siguiente tenor:

“Si transcurrido un año desde que se hubiese suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia, el denunciado o demandado ha dado cumplimiento satisfactorio al acuerdo establecido en el artículo 68 “(pasó a ser 71)” el tribunal dictará una resolución declarando tal circunstancia, ordenando el archivo de los antecedentes y su anotación en el registro especial establecido por la ley N° 19.325

“En caso de incumplimiento injustificado de obligaciones no pecuniarias contenidas en el acuerdo, el tribunal procederá a constatar el hecho y a dictar sentencia.

“En conformidad a lo establecido en el artículo 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, podrá solicitarse el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias que las partes hayan acordado en conformidad al artículo 68.”. (71)

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta disposición señalando que ella combinaba los efectos de la suspensión condicional con el mecanismo de los acuerdos reparatorios del nuevo proceso penal. Por ello, en caso de incumplimiento del acuerdo, se distingue entre las obligaciones no pecuniarias y las pecuniarias emanadas de tal acuerdo, estableciendo que si el incumplimiento de las primeras es injustificado, el tribunal deberá, previa constatación del hecho, dictar sentencia y, en el segundo, podrá exigirse el cumplimiento forzado.

Agregaron que el plazo de un año que se establecía, no tenía otro efecto que el de impedir la reapertura del proceso, dando estabilidad a los derechos de las partes, pero, en todo caso, lo anterior no sería obstáculo para exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones de carácter pecuniario.

Ante una consulta, precisaron que se había preferido tratar en un artículo separado la situación que se produce si el denunciado o demandado incurre en nuevos actos de violencia durante el período de condicionalidad.

La Diputada señorita Saa estimó que el incumplimiento injustificado tanto de obligaciones pecuniarias o no pecuniarias, debía dar lugar a la dictación de la sentencia por parte del juez.

Los representantes del Ministerio de Justicia estimaron que el tratamiento en caso de incumplimiento, no debería relacionarse con la naturaleza pecuniaria o no pecuniaria de la obligación, sino que atender a si la obligación decía relación con la comisión de actos de violencia, como sucede con las medidas cautelares, o si se relacionaba con el cumplimiento de acuerdos relativos a la circunstancia de vivir separadas las partes, como es el caso de las pensiones alimenticias o el régimen de visitas. Consideraron injusto no dictar sentencia tratándose del incumplimiento de obligaciones pecuniarias relacionadas con la violencia.

Se estimó, asimismo, más acertado distinguir entre el incumplimiento injustificado de obligaciones pecuniarias, cualquiera fuere su origen, y el simple incumplimiento de obligaciones no pecuniarias.

Finalmente, los representantes del SENAME adujeron la existencia de obligaciones de carácter reparatorio que no serían ejecutables o que su cumplimiento tardío desvirtuaba o restaba mérito al acuerdo, razón por la cual parecía lógico autorizar la reapertura excepcional del proceso. En lo que se refiere al incumplimiento del compromiso de observancia de alguna medida cautelar, el quebrantamiento daría lugar al reinicio del proceso, el que terminaría con la dictación de la sentencia.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión aprobó por unanimidad el siguiente texto para este artículo:

“Efectos de la suspención condicional de la dictación de la sentencia. Si transcurrido un año desde que se hubiese suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia, el denunciado o demandado ha dado cumplimiento satisfactorio a las condiciones impuestas, el tribunal dictará una resolución declarando tal circunstancia, ordenará el archivo de los antecedentes y dispondrá su anotación en el registro especial establecido por la ley N° 19.325.

“En caso de incumplimiento del denunciado o demandado de las obligaciones acordadas en conformidad a la letra a) del artículo 71, podrá solicitarse su ejecución en conformidad a las normas generales, sin perjuicio de las leyes especiales que regulan la materia. Asimismo, a solicitud de parte, el juez podrá dejar sin efecto la suspensión condicional de la dictación de la sentencia por incumplimiento de obligaciones reparatorias.

“Si el denunciado o demandado no cumpliere con alguna de las medidas impuestas en conformidad a la letra b) del artículo 71, el tribunal establecerá tal hecho y dictará sentencia.

Artículo nuevo.- (pasó a ser 74).

Esta disposición establece que si durante el período de condicionalidad, el denunciado o demandado incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.

Este artículo, surgido como consecuencia del desgloce que efectuó el Ejecutivo del artículo anterior, para tratar en un artículo aparte la situación señalada, fue objeto de una sugerencia del Diputado señor Bustos para precisar que el período de condicionalidad se refería al de suspensión de dictación de la sentencia, pero, en definitiva, se aprobó por unanimidad, sólo con adecuaciones de redacción.

Su texto quedó como sigue:

“Revocación. Si la persona denunciada o demandada incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar en el período de condicionalidad, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.”.

69) Artículo 73.- (suprimido).

Se refiere al control del cumplimiento de las medidas decretadas, señalando que el juez deberá, por el tiempo que estime prudente, controlar el cumplimiento y el resultado de las medidas decretadas, contando para ello con las facultades establecidas en el artículo 63 (pasó a ser 66) de la presente ley.

Su inciso segundo agrega que podrá, de la misma forma, controlar la asistencia del ofensor a programas terapéuticos o de orientación familiar, pudiendo delegar estas funciones en instituciones idóneas para ello, tales como el Servicio Nacional de la Mujer, los Centros de Diagnóstico del Ministerio de Salud o los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, lo que determinará en la sentencia.

Su inciso tercero señala que los organismos referidos deberán evacuar los informes respectivos, con la periodicidad que el tribunal señale.

Su inciso final añade que lo dispuesto en este artículo también será aplicable al control de cumplimiento de las condiciones impuestas cuando se hubiere procedido a la suspensión condicional de la sentencia.

Los representantes del Ejecutivo propusieron suprimir este artículo por cuanto en el proyecto de ley que substituye la ley N° 19.325, actualmente en estudio en la Comisión de Familia, se acordó eliminar como sanción la asistencia a programas terapéuticos, conservándola sólo como una medida accesoria para ayudar a la rehabilitación. En consecuencia, no correspondería tratarla en este párrafo.

La Comisión acordó suprimir este artículo por unanimidad.

Párrafo III

De los actos judiciales no contenciosos

(La numeración de estos artículos corresponde a la de la indicación substitutiva original).

70) Artículo 67.- ( se suprime)

Trata del procedimiento aplicable, señalando que los asuntos no contenciosos cuyo conocimiento y fallo corresponda a los juzgados de familia, se sujetarán al procedimiento establecido en este párrafo.

Su inciso segundo agrega que en todo lo no regulado por este párrafo, se aplicarán las reglas contenidas en el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles.

71) Artículo 68.- (se suprime).

Se refiere a los requisitos que debe llenar la solicitud que se presente al tribunal, señalando que deberá expresar claramente el asunto de que se trata. Agrega que deberán acompañarse los documentos en que se funde y deberá individualizarse a las personas que tengan interés en el asunto, si fueren conocidas.

72) Artículo 69.- (se suprime).

Se refiere a la oposición de otras personas, señalando que si no hubiere personas con derecho a oponerse por tener interés en el asunto, el juez deberá revisar los antecedentes presentados y, de ser necesario, mandará que se acompañen los que falten y resolverá sin más trámite.

Su inciso segundo agrega que si dichos antecedentes no se acompañan oportunamente o el juez los estima insuficientes para resolver, citará a todas las personas indicadas en la solicitud y a cualquier otra que, en su concepto, pueda tener interés en el asunto, a una audiencia que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes

Su inciso tercero agrega que dicha citación se practicará conforme al artículo 689 del Código de Procedimiento Civil. (audiencia de parientes).

73) Artículo 70.- (se suprime).

Trata de la audiencia, señalando que ésta se realizará aunque sólo concurra el solicitante. El deberá escuchar a éste y a los demás interesados que se presenten, apreciará los antecedentes y resolverá el asunto.

Su inciso segundo agrega que si durante la audiencia surgiere oposición de persona interesada, el juez deberá preguntar a las partes si desean desde ya continuar la tramitación en la forma ordinaria establecida para los asuntos contenciosos. En tal caso, la solicitud será tomada como demanda y la oposición como contestación, debiendo quedar claramente establecidas en el registro las pretensiones de las partes. En lo demás, se estará a lo dispuesto en los artículos 25 ( 29) y siguientes, entendiéndose que la audiencia en que se formuló la oposición, tendrá el carácter de principal.

Su inciso tercero agrega que si en concepto del tribunal no estuvieren reunidos los elementos para la realización inmediata de la audiencia principal, deberá fijarse una nueva fecha para su realización en un término no superior a los diez días. Las partes se entenderán citadas a dicha audiencia de pleno derecho, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28.

Artículo nuevo.- ( pasó a ser 75).

La Comisión alcanzó a debatir y a aprobar, en principio, los tres primeros artículos de este párrafo, pero, luego, ante una observación del Diputado señor Burgos quien sostuvo que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en esta materia eran suficientemente claras, por lo que creía que este párrafo debería remitirse a ese cuerpo legal, los representantes del Ejecutivo presentaron una indicación para substituir los cuatro artículos que lo conforman, por el siguiente:

“Los actos judiciales no contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los juzgados de familia, se regirán por las normas previstas en el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, a menos que éstas resulten incompatibles con los principios formativos del procedimiento que esta misma ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación.”.

El Diputado señor Bustos explicó que este artículo reemplazaba el párrafo remitiéndose a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil, pero estableciendo que en caso de haber colisión con las normas propias del procedimiento ante los juzgados de familia, primarían estas últimas, especialmente en lo que dice relación con el principio de la oralidad.

No se produjo mayor debate y se lo aprobó en los términos propuestos, por unanimidad.

TÍTULO V

DE LA MEDIACIÓN

Párrafo primero

74) Artículo 71.- ( pasó a ser 76).

Define el concepto de mediación, señalando que para todos los efectos legales, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos no adversarial, en el que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución a su conflicto.

No se produjo debate y se lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad.

75) Artículo 72.- ( pasó a ser 77).

Se refiere a los prestadores del servicio de mediación, señalando que el servicio de mediación anexo a los juzgados de familia, será prestado por las personas naturales o jurídicas que sean seleccionadas a través del proceso de licitación a que se refiere el Párrafo Quinto de este Título.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

76) Artículo 73.- ( pasó a ser 78).

Se refiere al sistema de mediación anexo a los juzgados de familia, señalando que la supervisión, el control, registro y administración de los recursos del sistema, corresponderá a la Corporación Administrativa del Poder Judicial a través del Departamento de Mediación.

Las representantes del Ministerio de Justicia explicaron que para los efectos de lo señalado en este artículo, se creaba una nueva repartición en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para lo cual se modificaba por este mismo proyecto el artículo 507 del Código Orgánico de Tribunales.

La Comisión, siguiendo el parecer de los Diputados señora Guzmán y señor Bustos, expresado al debatirse el artículo 94, que pasó a ser 99, se inclinó porque la supervisión, control, registro y administración de los recursos del sistema de mediación que se crea por este artículo, correspondiera al Ministerio de Justicia del cual dependería el Departamento de Mediación.

El Ejecutivo acogiendo la proposición de la Comisión, presentó una indicación substitutiva del siguiente tenor:

“Artículo 78.- Sistema de Mediación anexo a Tribunales. La supervisión, control, registro y administración de los recursos del sistema de mediación anexo a los juzgados de familia, corresponderá al Ministerio de Justicia, a través del Departamento de Mediación.”.

Se aprobó por unanimidad.

Párrafo Segundo

Del procedimiento de mediación.

Antes de comenzar a tratar este párrafo, la Comisión consideró más adecuado, por razones de orden, incluir en primer lugar los artículos que constituyen los principios por los que se rige el proceso de mediación, razón por la cual los artículos 77 a 81 de la indicación substitutiva, pasaron a ser 79 a 83, respectivamente.

77) Artículo 74.-( pasó a ser 84).

Se refiere a la mediación obligatoria, señalando que las causas relativas al derecho de alimentos, al derecho de cuidado personal y al derecho y el deber de los padres e hijos que viven separados a mantener una relación directa y regular, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la presentación de la demanda, el que se regirá por las normas de esta ley y especialmente por lo dispuesto en este Título.

Las representantes del Ejecutivo explicaron que el sometimiento a mediación, previo a la presentación de la demanda, se justificaba por una razón de carácter estratégico, con miras a lograr la sumisión a este procedimiento en forma rápida y masiva, puesto que una vez presentada la demanda, el espíritu adversarial de las partes se fortalece.

Asimismo, hicieron presente que para la aplicación de este mecanismo, habrá un funcionario u oficial de mediación que recibirá los casos y los derivará al mediador correspondiente, el que deberá tener la suficiente calificación como para detectar la existencia de violencia entre las partes, caso en el cual someterá el asunto al juez.

Cerrado el debate, se aprobó en los mismos términos, por unanimidad.

78) Artículo 75.- ( pasó a ser 85).

Se refiere a la mediación facultativa, estableciendo que las restantes materias que sean de la competencia de los juzgados de familia, excepto las que son de mediación prohibida, podrán ser derivadas a mediación en cualquier estado de la causa, hasta antes de la audiencia complementaria mediante resolución que pronunciará el juez, con acuerdo de las partes.

Su inciso segundo añade que en los asuntos a que dé lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 56 y siguientes de la presente ley.

Los representantes del Ejecutivo, refiriéndose al inciso segundo, estimaron que la concordancia de esta norma debía efectuarse respecto de las medidas permitidas como consecuencia de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia.

Los representantes del SENAME recordaron que la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, operaba siempre que existiera acuerdo entre las partes acerca de sus relaciones de familia o cuando el inculpado se comprometía a observar el cumplimiento de alguna medida cautelar, con el acuerdo de la víctima. En el primer caso, que comprendía, además, la aceptación de medidas de carácter reparatorio, si existía acuerdo entre las partes, el juez podía derivar a mediación el conflicto. En consecuencia, la concordancia debía ser con la letra a) del artículo71.

El Diputado señor Bustos creyó más adecuado hacer la remisión al artículo 71, sin más agregados.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el artículo por unanimidad.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 85.- Las restantes materias de competencia de los juzgados de familia, exceptuadas las señaladas en el artículo siguiente, podrán ser derivadas a mediación en cualquier estado de la causa, hasta antes de la audiencia complementaria mediante resolución que pronunciará el juez, con acuerdo de las partes.

“En los asuntos a que de lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 71 y siguientes de la presente ley.”.

79) Artículo 76.- ( pasó a ser 86).

Trata de los asuntos que son de mediación prohibida, expresando que no se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil o interdicción de las personas, las causas sobre maltrato de menores o incapaces, los procedimientos regulados en la ley N° 18.620, sobre adopción de menores de edad y las causas sobre nulidad de matrimonio y divorcio, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 26 bis y 35 bis de la Ley de Matrimonio Civil.

Su inciso segundo agrega que si en estos casos las cuestiones relativas a la tuición, régimen de visitas o alimentos de los hijos, y las cuestiones relativas al régimen patrimonial del matrimonio disuelto o anulado, no hubieren sido resueltas en conjunto con dicha declaración, ya sea por resolución judicial o en forma voluntaria y de común acuerdo por las partes, deberán someterse al procedimiento de mediación una vez ejecutoriada la sentencia, según dispone el inciso segundo del artículo 26 bis de la Ley de Matrimonio Civil.

Las representantes del Ministerio de Justicia propusieron suprimir la oración final del inciso primero que señala “ sin perjuicio de lo establecido en los artículos 26 bis y 35 bis de la Ley de Matrimonio Civil” y todo el inciso segundo, como consecuencia de las modificaciones introducidas por la Comisión al N° 12 del artículo 8° de este proyecto, dando competencia a los juzgados de familia para conocer de las nulidades de matrimonio.

Se aprobó la supresión y el resto del artículo, por unanimidad.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 86.- Mediación prohibida. No se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil o interdicción de las personas, las causas sobre maltrato de menores o incapaces, los procedimientos regulados en la ley N° 18.620, sobre adopción de menores de edad y las causas sobre nulidad de matrimonio y divorcio.

80) Artículo 77.- (pasó a ser 79).

Trata de los principios del proceso de mediación, indicando que durante su desarrollo, el mediador deberá velar por la observancia de todas las normas que rijan el proceso contenidas en esta ley. En especial deberá velar porque se respeten los principios de igualdad, voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad.

No se produjo debate y se lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad.

81) Artículo 78.- (pasó a ser 80).

Se refiere al principio de igualdad, señalando que será un presupuesto indispensable para que se lleve a cabo la mediación, la igualdad de condiciones para negociar en que se encuentren los involucrados. El mediador que detectare que alguno de los participantes no es libre para negociar o se encuentra en una situación de desventaja o sumisión respecto del otro, deberá procurar lograr un equilibrio entre ellos y, si esto no fuere posible, deberá suspender o dar por terminada la mediación.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

82) Artículo 79.- ( pasó a ser 81)

Trata del principio de la voluntariedad, señalando que los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera sesión o en cualquier otro momento durante el procedimiento alguno de ellos manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

83) Artículo 80.- (pasó a ser 82).

Trata del principio de la confidencialidad, señalando que los mediadores deberán guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso, respondiendo por los delitos previstos en los artículos 247 inciso segundo y 247 bis del Código Penal, según sea el caso, si contravinieren dicha reserva.

Su inciso segundo agrega que al efecto quedarán protegidos por el secreto profesional en los términos que señala el artículo 303 del Código Procesal Penal y no podrán ser llamados a declarar en juicio a favor o en contra de ninguna de las partes, acerca de lo visto u oído en cualquiera de los procesos de mediación en que hubieren intervenido, salvo en el caso mencionado en el inciso segundo de la disposición antes citada.

Su inciso tercero, no obstante, los exime del deber de confidencialidad y de responsabilidad penal derivada de los delitos enunciados en el inciso primero del presente artículo, en aquellos casos en que tomen conocimiento de situaciones de maltrato en contra de menores de edad o incapaces, a propósito del desarrollo de la mediación.

El Diputado señor Bustos, relacionando esta norma con el artículo 127, que se refiere a las inspecciones, señaló que le parecía que la confidencialidad debería ser total, afectando no sólo al mediador como lo señala el artículo en análisis.

El Diputado señor Letelier Morel coincidió con tal opinión, agregando que le parecía necesario consagrar en la norma que dicha reserva debería impedir la utilización de lo expuesto en las audiencias de mediación, en eventuales juicios posteriores.

El Diputado señor Burgos sugirió cambiar el subtítulo de este artículo por el de “secreto profesional”, proposición aceptada en un principio, pero luego se acordó mantener el original.

Los representantes del Ministerio de Justicia, acogiendo las observaciones formuladas, propusieron el siguiente texto substitutito para este artículo:

“Confidencialidad. Los mediadores deberán guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación. Si de la violación de dicha reserva se derivare perjuicio para cualquiera de los participantes u otras personas relacionadas, el mediador será sancionado con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal.

Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes en la mediación, durante el desarrollo de ésta, podrá invocarse o incorporarse como medio de prueba ni a título alguno en el subsiguiente procedimiento judicial, en caso de haberlo.

Con todo, quedarán exentos del deber de confidencialidad y de responsabilidad penal derivada de los delitos enunciados en el inciso primero del presente artículo, en aquellos casos en que tomen conocimiento de situaciones de maltrato en contra de menores de edad o incapaces, a propósito del desarrollo de la mediación.”.

Se aprobó, por unanimidad, en los términos propuestos.

84) Artículo 81.- ( pasó a ser 83).

Trata del principio de la imparcialidad, señalando que los mediadores serán imparciales en relación con los participantes. Si dicha imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberán rechazar el caso, justificándose ante el tribunal que corresponda.

Su inciso segundo agrega que los involucrados o interesados podrán también solicitar al tribunal la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida.

No se produjo debate y se lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad.

85) Artículo 82.- (pasó a ser 88).

Se refiere a las prohibiciones que afectan a los mediadores, señalando que:

1) No podrán mediar cuando sea parte en el procedimiento su cónyuge, conviviente, o parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral o el pupilo;

2) No podrán mediar cuando hubieren prestado algún servicio profesional a cualquiera de las partes involucradas durante los tres años anteriores al proceso de mediación;

3) No podrán prestar servicios profesionales a las partes involucradas en los casos en que estuvieren mediando y hasta un plazo de seis meses después de finalizado el proceso de mediación, y

4) No podrán celebrar actos o contratos que recaigan sobre bienes o derechos concernidos en alguno de los procesos de mediación en que hubieran participado. La misma prohibición recaerá sobre su cónyuge, conviviente, descendientes o ascendientes consanguíneos o afines, parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive y socios.

Ante una observación de la señora Ministra del SENAME acerca de que el número 1 no consideraría la relación entre adoptante y adoptado, los representantes del Ejecutivo precisaron que en la nueva Ley de Adopción el adoptado pasa a ser simplemente hijo, en los mismos términos que el biológico, no obstante subsistir una diferencia respecto del adoptado conforme a la ley N° 7.613.

Ante una nueva objeción del Diputado señor Encina, en cuanto a que todo hijo adoptivo debe recibir el mismo trato que el biológico, sin distinción alguna, los representantes del Ejecutivo propusieron la siguiente redacción para este número, sin perjuicio de agregar una norma transitoria que haga extensiva esta prohibición a quienes tuvieren un vínculo de adopción conforme a la ley citada.

“1) Mediar cuando sea parte en el procedimiento su cónyuge, conviviente, hijos, parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral o pupilo

Se aprobó la proposición por unanimidad.

Con respecto al número 2) el Diputado señor Bustos estimó prudente aumentar de tres a cinco años el tiempo durante el cual se hubiere dejado de prestar servicios a alguna de las partes, cuestión que la Comisión acogió por unanimidad.

En lo relativo al número 3) la Diputada señora Soto propuso extender de seis meses a un año, el plazo que impide al mediador prestar servicios profesionales a alguna de las partes después de finalizado el proceso de la mediación, proposición que se acogió, asimismo, por unanimidad.

El número 4) se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.

En consecuencia, el texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 88.- Prohibiciones de los mediadores. Los mediadores estarán afectos a las siguientes prohibiciones:

1) Mediar cuando sea parte en el procedimiento su cónyuge, conviviente, hijos, parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral o pupilo;

2) Mediar cuando hubieren prestado algún servicio profesional a cualquiera de las partes involucradas durante los cinco años anteriores al proceso de mediación;

3) Prestar servicios profesionales a las partes involucradas en los casos en que estuvieren mediando y hasta un plazo de un año después de finalizado el proceso de mediación, y

4) Celebrar actos o contratos que recaigan sobre bienes o derechos concernidos en alguno de los procesos de mediación en que hubieran participado. La misma prohibición recaerá sobre su cónyuge, conviviente, hijos, descendientes o ascendientes consanguíneos o afines, parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive y socios.”.

86) Artículo 83.- (pasó a ser 84).

Trata de la consideración que debe darse a los intereses de otras personas afectadas por la mediación.

Al efecto dispone que el mediador deberá velar porque en el curso de la mediación se tomen en consideración los intereses de otras personas que pudieren verse afectadas por su resultado y que no hubieren ssido citadas a la audiencia.

Su inciso segundo agrega que en caso necesario deberá suspenderse la sesión para continuarla en otra fecha, con la presencia de tales interesados, quienes serán citados con las mismas formalidades que los involucrados en la mediación. En todo caso, el procedimiento de mediación nunca podrá exceder el plazo máximo establecido en el artículo 91.( pasó a ser 96).

Se aprobó sin debate en los mismos términos, por unanimidad, pero a proposición de los representantes del Ejecutivo, quienes estimaron que esta norma debería figurar a continuación de los principios de la mediación, se convino en trasladarlo a continuación del artículo 83 del texto aprobado, que trata sobre la imparcialidad.

87) Artículo 84.- (pasó a ser 89).

Se refiere a la derivación a mediación, señalando que en los casos del artículo 74 (pasó a ser 85),vale decir, de mediación obligatoria, un funcionario especialmente calificado, determinado al efecto por el administrador respectivo, instruirá convenientemente a los interesados acerca de la mediación, del carácter previo de dicho procedimiento y de la obligación de concurrid a la primera sesión que sean citados por el mediador.

Su inciso segundo señala que para estos efectos el futuro demandante deberá concurrir al tribunal competente y anunciar au acción por medio de un formulario destinado a ese efecto, hecho lo cual tendrá lugar lo previsto en los artículos siguientes.

Su inciso tercero agrega que en el mismo acto se procederá a abrir carpeta de la causa, la que será asignada a uno de los jueces de familia que compongan el tribunal, de acuerdo con el sistema de distribución de causas aprobado por el juez presidente.

Su inciso final dispone que con todo las partes quedarán exentas del cumplimiento de este trámite si acreditan que antes del inicio de la causa sometieron el conflicto a mediación ante mediadores habilitados en conformidad a la ley.

Ante las dudas expresadas por el Diputado señor Luksic acerca de las funciones que la ley entregaría a los administradores, los representantes del Ejecutivo señalaron que cumplía las mismas funciones que corresponden a los administradores de los juzgados de garantía y de los tribunales de juicio oral en lo penal.

El mismo señor Diputado estimó que siendo el tribunal quien decide la derivación a mediación obligatoria, lo lógico es que se haga mención a éste y no al administrador, razón por la cual propuso cambiar la mención en los términos señalados.

Se acogió la proposición por unanimidad.

Los representantes del Ejecutivo, explicando el contenido de la norma, señalaron que el artículo 74 (85) a que hace mención esta disposición, se refiere a los casos de mediación forzosa, por ello antes de presentar la demanda, se debe concurrir al tribunal y efectuar una especie de anuncio en tal sentido, de tal manera que el encargado de la mediación efectúe la derivación al mediador correspondiente, asignándose a la causa un juez de familia, tanto para que continúe el proceso si no se llega a acuerdo como para que preste aprobación al que pueda llegarse. En todo caso, las partes pueden eximirse de este trámite si acreditan que antes del inicio de la causa, sometieron sus diferencias a algún mediador habilitado.

Ante la observación de la Diputada señora Soto, en cuanto a que si es posible someterse a mediadores privados, ya no se estaría ante una mediación obligatoria, señalaron que ello constituía una excepción al principio de la obligatoriedad y que se justificaba en la medida que las partes ya habían intentado alcanzar un acuerdo por esa vía.

La Diputada señora Guzmán estimó contraproducente la asignación de la causa a un juez de familia, tal como lo propone el inciso tercero, toda vez que ello significa judicializar la causa. Coincidió con la necesidad de aprobación de los acuerdos que se alcancen por un juez, pero creía que éste debería ser designado una vez mediado el conflicto.

Los Diputados señora Soto y señor Bustos coincidieron con tal criterio y, conjuntamente con la Diputada señora Guzmán, propusieron suprimir el inciso tercero, proposición que fue acogida por unanimidad.

La Diputada señora Allende señaló que los términos “mediación obligatoria” involucraban la obligación de someterse a este tipo de instancia, no obstante lo cual creía necesario precisar que ello no podía significar vulnerar el principio de la voluntariedad, esencial de toda mediación.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que existían tres materias que deberían someterse obligatoriamente a mediación antes de presentarse la demanda. Ellas eran las causas relativas a alimentos, al derecho de cuidado personal y al derecho y deber de los padres e hijos que viven separados a mantener una relación directa y regular. Las demás materias, salvo las que son de mediación prohibida como son los asuntos relativos al estado civil o interdicción de las personas, las causas sobre maltrato a menores o incapaces, las causas sobre nulidad de matrimonio y divorcio y las relacionadas con los procedimientos regulados en la ley N° 18.620, sobre adopción de menores, pueden derivarse a mediación, con acuerdo de las partes, en cualquier estado de la causa.

Por lo anterior, la derivación a mediación en los casos que este mecanismo es obligatorio, obedece a la necesidad de sujetarse a un procedimiento conectado a un tribunal que pueda identificar tales materias, utilizando para ello el sistema público financiado por el Estado. En todo caso, la derivación la efectuará un funcionario con la debida formación en la materia.

Finalmente, el Diputado señor Luksic, estimó más apropiado emplear el término “interesado” antes que futuro demandante que utiliza el inciso segundo, proposición que la Comisión acogió, conjuntamente con acordar suprimir la frase final de este inciso por estimarla innecesaria.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el texto propuesto por el Ejecutivo con las modificaciones acordadas.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 89.- Derivación a mediación. En los casos del artículo 85, un funcionario especialmente calificado, determinado a estos efectos por el tribunal respectivo, instruirá convenientemente a los interesados acerca de la mediación, del carácter previo de dicho procedimiento y de la obligación de concurrir a la primera sesión que sean citados por el mediador.

Para estos efectos, el interesado deberá concurrir al tribunal competente y anunciar su acción por medio de un formulario destinado a ese efecto.

Con todo, los interesados quedarán exentos del cumplimiento de este trámite si acreditan que antes del inicio de la causa sometieron el conflicto a una mediación ante mediadores habilitados en conformidad a la ley.”.

88) Artículo 85.-.(pasó a ser 90)

Esta norma se refiere a las medidas cautelares, señalando que siempre que se haya solicitado el alzamiento de una medida cautelar decretada en el momento de iniciarse el juicio o en forma prejudicial, el juez deberá resolver sobre ella antes de derivar a las partes a mediación.

El Ejecutivo propuso substituir esta norma para establecer que antes de derivar a las partes a mediación, el juez siempre deberá pronunciarse sobre cualquier solicitud referida a medidas cautelares.

Los representantes del Ejecutivo justificaron la substitución en el sentido de la conveniencia de ampliar la norma, referida originalmente sólo a las solicitudes de alzamiento de dichas medidas.

Se aprobó, sin mayor debate, por unanimidad.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 90.- Medidas cautelares. Antes de derivar a las partes a mediación, el juez siempre deberá pronunciarse sobre cualquier solicitud referida a medidas cautelares.”.

89) Artículo 86.- ( pasó a ser 91)

Se refiere a la comunicación al mediador designado, disponiendo que una vez realizadas las actuaciones a que se refieren los artículos anteriores, se enviará una comunicación escrita al mediador que corresponda el caso. En dicha comunicación sólo se señalará la o las materias de que se trate.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que en los casos en que proceda la mediación, su contenido siempre estará resguardado por el principio de la confidencialidad, agregando, ante una consulta de la Diputada señora Allende en cuanto a si esta disposición significaba entrar al fondo del conflicto, de que en este procedimiento no se buscaba establecer responsabilidades sino únicamente resolver el problema, adentrándose en el conflicto en la medida que las partes lo permitieran. De ahí la necesidad de resguardar su intimidad. Por ello, si no se logra un acuerdo, el mediador no puede informar sobre aspecto alguno al tribunal. Precisaron que este procedimiento no requería de un reconocimiento de responsabilidad, como sucede en los casos de violencia intrafamiliar, en que la mediación no tiene un carácter previo, sino que posterior.

La Diputada señora Soto sostuvo que en este procedimiento, en la medida que busca dar soluciones a futuro, siempre habrá un desnivel, cuestión que un buen mediador sabrá enfrentar, respetando el principio de la igualdad.

Por razones de mayor coherencia de la norma, propuso agregar entre las palabras “anteriores” y “se enviará”, la frase ” siempre que proceda la mediación”.

No se produjo mayor debate, aprobándose la proposición del Ejecutivo con la modificación acordada, por unanimidad.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 91.- Una vez realizadas las actuaciones a que se refieren los artículos anteriores, y siempre que proceda la mediación, se enviará una comunicación escrita al mediador que corresponda el caso. En dicha comunicación sólo se señalará la o las materias de que se trate.

90) Artículo 87.- (pasó a ser 92).

Se refiere a la citación a la sesión inicial de mediación, señalando que una vez recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el mediador designado fijará una sesión inicial de mediación.

Su inciso segundo agrega que a ésta se citara a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados.

La Diputada señora Guzmán señaló que, a su parecer, la presencia de los abogados tendería a judicializar el conflicto, sosteniendo que la mediación más pura se da por la participación directa y personal de las partes. A su juicio, debería aceptarse la presencia de estos profesionales en la audiencia en que se apruebe el acuerdo alcanzado con el mediador.

La Diputada señora Allende coincidió con tal opinión agregando que la presencia de letrados desnaturalizaría la mediación y desincentivaría la posibilidad de alcanzar acuerdos.

Los representantes del Ministerio de Justicia señalaron que no resultaba posible impedir a las partes asistir con sus abogados a la audiencia, sin perjuicio, además, que la imposición de una prohibición de tal naturaleza, seguramente, provocaría la oposición de los profesionales al mecanismo mediador, lo que redundaría en un potenciamiento de la vía judicial.

Agregaron que, además, la experiencia demostraba que la presencia de letrados facilitaba alcanzar acuerdos, señalando que, por otra parte, en la carrera de derecho se estaba incluyendo este tema en las mallas curriculares, con lo cual se entregaba capacitación sobre la materia a los futuros abogados.

El Diputado señor Luksic se mostró partidario de que los niños no tengan que asistir a esta audiencia, sosteniendo que, a lo más, debiera considerarse su presencia en casos determinados como son los juicios de alimentos, tuición o nombramiento de curador, opinión con la que coincidió la Diputada señora Vidal.

La Diputada señora Guzmán fue partidaria de facultar al mediador para citarlos cuando fuera necesario, facultad que la Diputada señora Soto sostuvo debería entregarse al juez para cuando éste estimare justificada la presencia de los menores.

La Diputada señorita Saa recordó que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, éstos siempre deben ser oídos.

Cerrado finalmente el debate, la Comisión acordó, por unanimidad, aprobar este artículo agregándole un inciso tercero que contemple la citación de los menores en los términos que señala la Convención.

Su texto quedó como sigue:

“Recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el mediador designado fijará una sesión inicial de mediación.

A ésta se citara a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados.

En todo caso, el mediador deberá escuchar a los menores de edad que estén en condiciones de formarse un juicio propio atendida su edad y madurez, sobre todo aquello que los afecte.”.

91) Artículo 88.- ( pasó a ser 93).

Se refiere a la forma de la citación, señalando que la citación a mediación se hará por medio de carta certificada o por cualquier otro medio de comunicación, que asegure el conocimiento de ella por parte de los citados.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

92) Artículo 89.- ( pasó a ser 94).

Se refiere a la inasistencia de las partes a la audiencia de mediación, indicando que si alguna de las partes citada por dos veces, no concurriere ni justificare su inasistencia, se tendrá por frustrada la mediación.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

93) Artículo 90.- (pasó a ser 95).

Trata sobre el contenido de la primera sesión de mediación, señalando que en ella, el mediador deberá informar a las partes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, su duración y etapas, el carácter voluntario de los acuerdos que de ella deriven en conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 (81) de la presente ley y, finalmente, deberá ilustrarlas acerca del valor jurídico de dichos acuerdos.

La Comisión, sin mayor debate y acogiendo una sugerencia de la Diputada señora Guzmán, quien estimó excesivo que debiera informarse a las partes acerca de la duración y etapas de la mediación, procedió, por unanimidad, a aprobar este artículo de acuerdo al siguiente texto:

“En la primera sesión, el mediador deberá informar a las partes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, el carácter voluntario de los acuerdos que de ella deriven en conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la presente ley y, finalmente, deberá ilustrarlas acerca del valor jurídico de dichos acuerdos.”.

94) Artículo 91.- (pasó a ser 96).

Se refiere a la duración del procedimiento de mediación, señalando que no podrá durar más de sesenta días contados desde que el mediador haya recibido la comunicación del tribunal que lo designa.

Su inciso segundo agrega que con todo, los involucrados, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación del plazo hasta por treinta días, circunstancia que deberá ser informada de inmediato al tribunal, mediante comunicación escrita y firmada por los participantes y el mediador.

Su inciso tercero añade que durante los plazos señalados podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador estime necesarias, en las fechas que de común acuerdo se determinen, pudiendo citarse a los participantes por separado.

No se produjo debate, aprobándoselo en los mismos términos, por unanimidad.

95) Artículo 92.- (pasó a ser 97).

Se refiere a la situación en que la mediación se entiende fracasada, señalando que si ésta se frustrare, ya sea porque alguno de los participantes decide retirarse de ella, o porque transcurrido el plazo o su prórroga, no hubieren alcanzado acuerdo respeto de todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, el mediador deberá levantar un acta, dejando constancia del resultado, pero sin agregar otros antecedentes.

Su inciso segundo, señala que en lo posible, dicha acta será firmada por los participantes, se entregará copia de ella a aquel que lo solicite y se remitirá al tribunal correspondiente.

La Diputada señora Guzmán estimó poco jurídico el término” frustrada”, sugiriendo al efecto, reemplazarlo por la expresión “fracasada”, opinión con que coincidió la Comisión, procediendo a aprobar el artículo por unanimidad, sin otra modificación que la ya señalada.

Su texto quedó como sigue:

“Mediación fracasada. Si la mediación fracasare, ya sea porque alguno de los participantes decide retirarse de ella, o porque transcurrido el plazo o su prórroga, no hubieren alcanzado acuerdo respeto de todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, el mediador deberá levantar un acta, dejando constancia del resultado, pero sin agregar otros antecedentes.

En lo posible, dicha acta será firmada por los participantes, se entregará copia de ella a aquel que lo solicite y se remitirá al tribunal correspondiente.”.

96) Artículo 93.- ( pasó a ser 98).

Se refiere al contenido y valor del acta de mediación, señalando que en caso de haber acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador, remitiéndose de inmediato copia de la misma al tribunal, el que procederá a aprobarla.

Su inciso segundo añade que el acta de mediación y la resolución que la tenga por aprobada se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Ante una consulta del Diputado señor Luksic acerca de la obligatoriedad para el tribunal de aprobar el acta de mediación, los representantes del Ministerio de Justicia señalaron que así era en la medida que los términos del acta se ajustaran a la ley.

A proposición del mismo Diputado, quien señaló la necesidad de establecer en la norma la citada condición, la Comisión procedió a aprobar por unanimidad este artículo, de acuerdo al siguiente texto:

“En caso de haber acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador. Se remitirá de inmediato copia de dicha acta al tribunal, el que procederá a su aprobación, en cuanto fuere conforme a derecho.

El acta de mediación y la resolución que la tenga por aprobada, se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.”.

97) Artículo 94.- ( pasó a ser 99).

Se refiere a la administración del Sistema Nacional de Mediación, señalando que este Sistema, anexo a los juzgados de familia, estará a cargo de un Departamento de Mediación, dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

La Diputada señora Guzmán observó la inconveniencia de que este Departamento dependa de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, .debido a la mala evaluación relativa a la capacidad de gestión de esta última, creyendo que sería más adecuado constituirlo como una dependencia del Ministerio de Justicia.

El Diputado señor Bustos agregó que no parecía adecuado que si se buscaba desjudializar un importante número de situaciones, se entregara la administración del sistema precisamente al Poder Judicial, sin perjuicio, además, del riesgo de que este Poder no lo administre con la suficiente independencia y lo considere como un servicio de segundo orden.

De conformidad a lo anterior, el Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Artículo 99.- Administración del Sistema Nacional de Mediación. La administración del Sistema Nacional de Mediación anexo a los Juzgados de Familia, estará a cargo del Departamento de Mediación del Ministerio de Justicia.”.

Se aprobó, en los mismos términos, por unanimidad.

98) Artículo 95.- (paso a ser 100).

Se refiere a las funciones que corresponden al Departamento de Mediación.

La Comisión acordó tratarlas separadamente:

1) Crear y llevar el Registro de Mediadores de Familia.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

2) Autorizar a los organismos de formación de mediadores para actuar como tales.

A proposición del Diputado señor Luksic, quien consideró innecesarias las expresiones “ para actuar como tales”, la Comisión acordó suprimir dichos términos, aprobando el número por unanimidad.

Su texto quedó como sigue:

“2) Autorizar a los organismos de formación de mediadores.”.

3) Otorgar becas para acceder a programas de formación.

El Ejecutivo, acogiendo una proposición de la Comisión en el sentido de no corresponder al Departamento de Mediación administrar la concesión de becas para acceder a los programas mencionados, propuso una indicación para suprimir este número, la que se acogió por unanimidad.

4) (pasó a ser 3) Fijar las bases para las licitaciones regionales de servicios de mediación.

El Diputado señor Luksic indicó que esta función está regulada en el artículo 108 (pasó a ser 112), el que señala que la selección de los mediadores se hará mediante licitaciones a nivel regional, razón por la que creía que los términos “servicios de mediación” podrían dar a entender la existencia de un servicio público. No siendo así, le parecía más lógico substituir dichas expresiones por una referencia directa a los mediadores, opinión que la Comisión acogió por unanimidad, quedando el texto de este número en los siguientes términos:

“3) Fijar las bases para las licitaciones regionales de los mediadores.”.

5) (pasó a ser 4) Llamar cada tres años a licitación para la prestación de esos servicios en cada Región.

Se aprobó en los mismos términos por unanimidad.

6) (pasó a ser 5) Elaborar anualmente el presupuesto necesario para el funcionamiento del sistema de mediación anexo a tribunales y administrar en conformidad a la ley los recursos que le sean asignados.

Ante una consulta del Diputado señor Luksic acerca de si todo el sistema de mediación es anexo a los juzgados de familia, los representantes del Ministerio de Justicia señalaron que no necesariamente porque podría, por ejemplo, darse el caso de un psicólogo que hiciera mediación sin contacto con los tribunales.

En atención a esta respuesta, el mismo señor Diputado propuso suprimir los términos “anexo a tribunales”, toda vez que en el ejemplo señalado, la mediación prestada por ese profesional no sería parte del sistema y, por ende, no estaría regulada por esta ley.

La Comisión coincidió con la opinión del Diputado, aprobando el número por unanimidad, pero con supresión de las expresiones señaladas. Su texto quedó como sigue:

“5) Elaborar anualmente el presupuesto necesario para el funcionamiento del sistema de mediación y administrar en conformidad a la ley los recursos que le sean asignados.”.

7) (pasó a ser 6) Realizar las inspecciones a que se refieren los artículos 125 y siguientes de la ley de juzgados de familia.

La Comisión aprobó este número por unanimidad sólo con correcciones formales y de referencia. Su texto quedó como sigue:

“6) Realizar las inspecciones a que se refiere el artículo 127 de esta ley”.

8) (pasó a ser 7) Aprobar los informes que evacuen los prestadores del servicio de mediación.

La Diputada señora Guzmán objetó la amplitud de esta disposición toda vez que el único informe que los mediadores deben evacuar debe dirigirse al tribunal y no al ente administrativo, en razón de la aplicación del principio de la confidencialidad.

Los representantes del Ministerio de Justicia precisaron que el número se refiere a la obligación que pesa sobre los mediadores de informar periódicamente al Departamento de Mediación, como una medida de control sobre la gestión que realizan.

El Diputado señor Luksic, en base a lo anterior, propuso precisar esta función refiriéndola a los informes de gestión de los mediadores.

La Comisión acogió la proposición por unanimidad, quedando el texto del número en los siguientes términos:

“7) Aprobar los informes de gestión que evacuen los mediadores.”.

9) (pasó a ser 8) Recibir los reclamos que se formulen respecto de los prestadores de los servicios de mediación.

A sugerencia de la Diputada señora Guzmán, la Comisión acordó, por unanimidad, precisar los términos de este número refiriéndolo a los reclamos que formulen los interesados acerca de la labor de los mediadores., aprobando el siguiente texto:

“Recibir los reclamos que se formulen por los interesados respecto de los servicios prestados por los mediadores.”.

10) (pasó a ser 9) Todas las demás funciones que esta ley le asigna.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

99) Artículo 96.- (se suprime).

Se refiere a las atribuciones del Jefe del Departamento de Mediación, señalando que le corresponderá:

1) Disponer la inscripción de los mediadores que cumplan los requisitos establecidos en la ley, en el Registro de Mediadores de Familia, teniendo a la vista los antecedentes acompañados, o rechazar la postulación, si procede.

2) Cancelar inscripciones en dicho Registro, cuando sea pertinente.

Los representantes del Ministerio de Justicia explicaron esta norma como producto de la necesidad de estructurar un sistema que regle el procedimiento para llevar a cabo una inscripción, como también la posibilidad de apelar en caso de negativa a efectuar una inscripción.

El Diputado señor Luksic estimó innecesaria la norma toda vez que no le parecía coherente que se asignaran funciones de tan poca importancia a un jefe de departamentoo de división. En todo caso, debería corresponder a este funcionario velar por el cumplimiento de todas las funciones indicadas en el artículo anterior.

La Diputada señora Guzmán sostuvo que de establecerse la dependencia de este servicio del Ministerio de Justicia, a éste correspondería la determinación de las atribuciones de dicho jefe, bastando con señalar en esta ley el departamento encargado de ellas.

El Ejecutivo, acogiendo las alegaciones de los parlamentarios y consecuente con la dependencia fijada para el Departamento de Mediación, presentó una indicación para suprimir esta norma, la que fue acogida por unanimidad.

100) Artículo 97.- (pasó a ser 101).

Se refiere al registro de los mediadores de familia, disponiendo que el Departamento de Mediación deberá llevar este registro, en el que deberán estar inscritos quienes cumplan con los requisitos que establece la ley para prestar servicios de mediación anexos a juzgados de familia.

Su inciso segundo agrega que el registro se dividirá en secciones correspondientes a los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones del país, debiendo cada mediador inscribirse en la sección correspondiente al territorio en que ejercerá sus funciones.

Su inciso tercero añade que con todo, un mediador podrá inscribirse en más de una sección.

Respecto de esta norma, la Comisión acogió en principio una sugerencia de la Diputada señora Guzmán para corregir su redacción en términos formales, proposición que luego no fue ratificada, procediéndose a aprobar el artículo en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

101) Artículo 98.- ( pasó a ser 102).

Se refiere a los requisitos para ser mediador de familia, señalando que para estar inscrito en el registro correspondiente, se requiere:

1) Poseer un título profesional en el área de las ciencias humanas y sociales otorgado por alguna universidad del Estado o por una universidad o instituto profesional reconocidos por el Estado.

2) Haber ejercido la profesión por al menos tres años.

3) Haber aprobado el curso de formación para mediadores de que trata el Párrafo siguiente de este Título.

4) No estar afecto a ninguna de las inhabilidades que se establecen en el artículo siguiente.

5) Contar con una oficina o recinto adecuado para el desarrollo de sesiones de mediación, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el reglamento.

El Diputado señor Luksic señaló que la calidad de mediador no la daba la formación sino la vocación y que, en todo caso, le parecía necesario ampliar las áreas de las ciencias señaladas en el número 1. Asimismo, cuestionó la exigencia planteada en el número 5, por estimarla innecesaria.

Finalmente, presentó una indicación para ampliar las áreas de las ciencias con el propósito de que pudieran también los médicos actuar como mediadores, la que fue rechazada por mayoría de votos.

La Diputada señora Guzmán concordando con la opinión del Diputado señor Luksic, sostuvo que no le parecía necesario exigir un título profesional para desempeñarse como mediador, sino que tener una verdadera vocación acompañada de una adecuada capacitación y el sometimiento a una evaluación final. Creyó necesario exigir, además, un test o prueba inicial antes de la capacitación, para verificar la existencia de la necesaria calidad humana, agregando que le parecía que el hecho de no contar con título profesional, no podría constituirse en un factor de menoscabo si la eficiencia podía demostrarse por la evaluación final, relativa a la eficacia lograda en la solución del conflicto.

La Diputada señora Soto consideró restrictiva la exigencia del título profesional, pareciéndole suficiente la realización del curso de capacitación acompañado de una verdadera vocación de servicio público.

El Diputado señor Bustos creyó necesaria la exigencia del título profesional referido a las áreas señaladas, toda vez que ello evidenciaba la existencia de vocación. El curso de capacitación debería abordarse como un post grado, ya que de lo contrario podría producirse una situación de menosprecio por parte de la judicatura. En todo caso, deberían ampliarse las áreas de las ciencias señaladas, a fin de dar cabida a los médicos, especialmente, a los psiquiatras.

La Diputada señora Allende coincidió con la exigencia de título profesional, pero el curso de capacitación debería ser a los menos un post grado de un año para evitar la implementación de estos cursos sin mayor rigor. Creyó necesario que se tratara de títulos no solamente otorgados por universidades sino también por institutos profesionales a fin de incluir a las asistentes sociales egresadas de esas instituciones y a los terapeutas familiares.

La Diputada señorita Saa coincidió con la necesidad del test inicial para verificar la necesaria existencia de inteligencia emocional en el postulante, como también que la capacitación debería abordarse como un post grado de por lo menos dos años.

Los representantes del SENAME explicaron que la exigencia de formación en ciencias de las áreas sociales y humanas, obedecía a su relación con el tipo de conflicto que debe mediarse y su cercanía a la persona humana. Asimismo, contestando una interrogante de la Diputada señora Allende, señalaron que distintas entidades de educación superior impartían cursos de formación de mediadores, tales como la Universidad Católica de Santiago, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Norte, las Universidades del Pacífico, Católica de Temuco y de Los Andes, más el Instituto Chileno de Terapia Familiar.

En lo que se refiere a la exigencia de una oficina o recinto adecuado para el desarrollo de las sesiones, señalaron que el lugar en que se van realizar estas sesiones revestía especial importancia, especialmente en lo que se refiere a la privacidad.

La Diputada señora Mella insistió en suprimir la exigencia de formación en ciencias humadas y sociales, procediendo a presentar una indicación en tal sentido, la que fue rechazada por mayoría de votos.

El Diputado señor Bustos planteó, mediante la correspondiente indicación, suprimir a los institutos profesionales en lo que se refiere al otorgamiento de título profesional habilitante para ser mediador, indicación que fue rechazada por mayoría de votos.

Finalmente, la Comisión procedió a aprobar este artículo en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

102) Artículo 99.- (pasó a ser 103).Se refiere a las inhabilidades para ser mediador, señalando que no podrán inscribirse en el registro de mediadores:

1) los que hayan sido condenados o se encuentren actualmente procesados por delitos que merezcan pena aflictiva.

2) los que hayan sido condenados o se encuentren actualmente procesados por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, ( violación, estupro, incesto, corrupción de menores) cualquiera sea la pena aplicable.

3) los que hayan sido condenados por actos constitutitos de maltrato infantil o violencia intrafamiliar, ya sea que tengan o no carácter delictivo.

4) los que se hallen declarados en interdicción de administrar lo suyo.

5) los fallidos, a menos que hayan sido rehabilitados en conformidad a la ley.

6) los funcionarios del Poder Judicial, incluyendo a los de su Corporación Administrativa.

La Diputada señora Guzmán observó los números 1) y 2) de este artículo, haciendo presente que en el nuevo sistema procesal penal no se contemplaba la calidad o condición de procesado, razón por la cual deberían reemplazarse tales expresiones por la siguiente frase “ o respecto a los cuales se haya formalizado una acusación”, proposición que fue acogida por unanimidad.

La Diputada señorita Saa recordó que en los casos en que se suspende la dictación de la sentencia, existe una confesión de violencia aún cuando no haya sentencia condenatoria, razón por la que creía que en el número 3) debería agregarse tal circunstancia.

Acogiendo tal proposición, los representantes del SENAME propusieron agregar la siguiente frase final a este número: “ o respecto de aquellos a quienes se les haya suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia”, proposición que se acogió por unanimidad.

El Diputado señor Burgos propuso suprimir las expresiones “ ya sea que tengan o no carácter delictivo” que figuran en el mismo número 3), por cuanto las condenas provienen siempre de la comisión de un delito.

Los representantes del Ministerio de Justicia argumentaron que dicha frase se justificaba como consecuencia de la posibilidad que otorga el concepto de violencia intrafamiliar, de dictar una sentencia condenatoria aún cuando no esté tipificado el delito o falta.

El Diputado señor Bustos apoyó la idea de suprimir tales expresiones por cuanto en la actual legislación se tipifican dentro de las lesiones menos graves la omisión y los medios de carácter intelectual y psicológico.

Se acogió la proposición por unanimidad.

La Diputada señora Soto consideró que correspondía refundir en un solo número la referencia a los interdictos y a los fallidos, por cuanto no existía razón para que sólo estos últimos pudieran ser rehabilitados..

Se acogió la proposición por unanimidad.

Los representantes del SENAME explicaron que la exclusión genérica de los funcionarios del Poder Judicial, obedecía a la necesidad de comprender tanto a las asistentes sociales como a los psicólogos y también a los abogados de ese Poder, todos los cuales podrían optar a ser mediadores.

Finalmente, la Diputada señora Guzmán propuso agregar a los fiscales del Ministerio Público, sugerencia que el Diputado señor Bustos amplio a los demás funcionarios de ese Servicio y a los de Defensoría Penal Pública, como también a los del Ministerio de Justicia en la medida que se acuerde que el Departamento de Mediación será una dependencia suya.

Se aprobó por unanimidad.

Cerrado finalmente el debate, el texto de este artículo quedó como sigue:

“No podrán inscribirse en el Registro a que se refiere este Párrafo:

1) Los que hayan sido condenados o respecto de quienes se haya formalizado una acusación por delitos que merezcan pena aflictiva.

2) Los que hayan sido condenados o respecto de quienes se haya formalizado una acusación por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, cualquiera sea la pena aplicable.

3) Los que hayan sido condenados por actos constitutitos de maltrato infantil o violencia intrafamiliar y aquellos respecto de quienes se hubiere suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia.

4) Los que se hallen declarados en interdicción de administrar lo suyo y los fallidos.

5) Los funcionarios del Poder Judicial, incluyendo los de su Corporación Administrativa.

6) Los funcionarios del Ministerio de Justicia y los de sus servicios dependientes, los del Ministerio Público y los de la Defensoría Penal Pública.”.

103) Artículo 100.- (pasó a ser 104).

Se refiere a la inscripción de los mediadores, estableciendo que el Jefe del Departamento de Mediación dispondrá la inscripción de los mediadores que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 98 (103), teniendo a la vista los antecedentes acompañados.

El Diputado señor Luksic estimó innecesaria la frase “teniendo a la vista los antecedentes acompañados “, porque ello siempre deberá ser así.

Se acogió la proposición por unanimidad.

El Diputado señor Burgos hizo presente la incongruencia que se presentaba en este artículo respecto del siguiente, por cuanto el primero no contemplaba recurso alguno ante la negativa de inscripción arbitraria del Jefe del Departamento de Mediación; en cambio, el segundo, en su inciso final establece la posibilidad de pedir reconsideración de la cancelación, pero en el inciso anterior se refiere al postulante cuya solicitud fuere rechazada, dándole la posibilidad de pedir reconsideración ante el Director del Departamento de Mediación. A su parecer, los procedimientos para reclamar en estos dos casos deberían contemplarse en artículos separados.

Los representantes del SENAME explicaron que en el inciso segundo del artículo 101 ( pasó a ser 106) se contemplaba la posibilidad de reclamar ante la negativa a inscribir a un postulante en el Registro de Mediadores, y en el final a reclamar por la cancelación. Concordando con la observación del Diputado, propusieron trasladar el inciso segundo señalado a este artículo, proposición que se acogió por unanimidad, quedando, en definitiva, su redacción como sigue:

“El Jefe del Departamento de Mediación dispondrá la inscripción de los mediadores que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 103.

El postulante cuya solicitud fuera rechazada podrá pedir reposición ante el Jefe del Departamento de Mediación, el que deberá oír al afectado y resolverá sin forma de juicio.”.

104) Artículo 101.- (pasó a ser 105).

Se refiere a la cancelación de la inscripción, disponiendo que ésta procederá en los siguientes casos:

1.- cuando el mediador hubiere perdido cualquiera de los requisitos exigidos para figurar en el Registro de Mediadores de Familia.

2.- cuando incurra en alguna causal de inhabilidad sobreviviente.

3.- cuando altere o falsifique formularios, registros o cualesquiera otros documentos que sirvan de base para el pago de la subvención fiscal o ejecute cualquiera otra maquinación fraudulenta destinada a obtener uin pago mayor all que realmente proceda, sin perjuicio de las sanciones penales que corresponda,

Su inciso segundo agrega que la cancelación se hará de oficio o a petición de un tribunal de familia o de cualquier persona interesada, por el Director del Departamento de Mediación, si existe mérito bastante.

Su inciso tercero añade que el postulante cuya solicitud fuera rechazada, podrá pedir reconsideración ante el Director del Departamento de Mediación, en la que deberá oír al afectado y resolverá sin forma de juicio.

Su inciso cuarto dispone que podrá solicitarse la reconsideración de dicha decisión ante el Subsecretario de Justicia.

Este artículo, de acuerdo a lo dicho respecto del anterior, fue objeto de un traslado de su inciso tercero, el que pasó a ser inciso segundo del artículo señalado.

Asimismo, su inciso segundo cambió su redacción a sugerencia de la Diputada señora Guzmán quien consideró, por razones de formas, que su texto parecía un tanto ambiguo.

Por último, su inciso final fue suprimido a sugerencia de los representantes del Ministerio de Justicia quienes señalaron que si el Departamento de Mediación pasaba a depender del Ministerio, este inciso resultaba innecesario por cuanto el recurso de reposición procedería naturalmente.

Su texto, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“La cancelación de una inscripción procederá en los siguientes casos:

1.- Cuando el mediador hubiere perdido cualquiera de los requisitos exigidos para figurar en el Registro de Mediadores de Familia.

2.- Cuando incurra en alguna causal de inhabilidad sobreviviente.

3.- Cuando altere o falsifique formularios, registros o cualesquiera otros documentos que sirvan de base para el pago de la subvención fiscal o ejecute cualquiera otra maquinación fraudulenta destinada a obtener uin pago mayor all que realmente proceda, sin perjuicio de las sanciones penales que corresponda.

La cancelación, si existe mérito bastante, se hará por el Jefe del Departamento de Mediación, ya sea de oficio o a petición de un tribunal de familia o de uno de los interesados.”.

105) Artículo 102.- (pasó a ser 106).

Se refiere a los organismos de formación de mediadores, disponiendo que podrán constituirse como tales las universidades e institutos profesionales reconocidos por el Estado, acreditados por el Departamento de Mediación.

Su inciso segundo agrega que asimismo, podrán ser organismos de formación, aquellos centros de mediación que cuenten con la misma autorización.

La Diputada señorita Saa recordó que se había convenido que la formación o capacitación para ser mediador debería ser un post grado, de tal manera que ello estaría fuera del alcance de los institutos profesionales.

El Diputado señor Bustos sostuvo que si la mediación no tiene el mismo rango que el sistema judicial respecto al título universitario, se iniciaría como una institución depreciada.

El Diputado señor Burgos hizo presente que respecto de este punto era necesario diferenciar entre los requisitos para ser mediador, señalados en el artículo 103, y la institución o entidad que deberá otorgar el post grado. A su parecer, debería optarse por un punto intermedio.

Los representantes del Ministerio de Justicia señalaron que la nueva postura del Ejecutivo a este respecto era que las universidades del Estado o reconocidas por éste se constituyeran como organismos de formación de mediadores, eliminando de esta función a los institutos profesionales, en razón de haberse aumentado las horas de formación para mediadores.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Podrán constituirse como organismos de formación de mediadores, las universidades del Estado o reconocidas por éste, acreditadas por el Departamento de Mediación.”.

106) Artículo 103.- ( pasó a ser 107).

Señala los requisitos para constituirse en organismo de formación de mediadores, indicando que para ello se deberá contar con:

1) Experiencia acreditable de a lo menos tres años en programas de docencia para adultos en el área de las ciencias humanas y sociales.

2) Una instancia que permita efectuar las pasantías a que se refiere el artículo siguiente. Con todo, para estos efectos podrán unirse dos o más organismos a través de convenios, de acuerdo al reglamento.

3) Un equipo docente de carácter interdisciplinario, en el que existan al menos dos profesionales que acrediten formación en mediación familiar.

4) Un programa de formación de mediadores aprobado por el Departamento de Mediación, de acuerdo a los requisitos, contenidos mínimos y metodologías que establezca el reglamento de esta ley.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron modificar el número 1) para exigir experiencia acreditable de a lo menos tres años en programas de post título en las áreas señaladas, argumentando que la formación de 300 horas que se propone en el artículo siguiente, equivale a un post título, además de que los términos “docencia para adultos” podrían incluir cursos de convalidación.

El Diputado señor Burgos hizo notar que el término “acreditable” tenía connotaciones reglamentarias, razón por la que no debía figurar en la ley.

Se aprobaron ambas proposiciones por unanimidad,

Los mismos representantes del Ministerio de Justicia propusieron suprimir en el número 2) toda la oración que sigue al punto seguido y en el número 3) exigir, además de formación, experiencia para los profesionales que integren el equipo multidisciplinario.

Ante la consulta de la Diputada señora Guzmán acerca de la factibilidad de contar con experiencia si no existe actualmente la posibilidad de participar en mediación, señalaron que actualmente se hace mediación en las Corporaciones de Asistencia Judicial, además del proyecto piloto de mediación anexo a tribunales. Asimismo, las universidades que imparten cursos de mediación, tienen convenios con las corporaciones mencionadas para que los egresados de dichos cursos puedan efectuar pasantías en las señaladas corporaciones.

Los representantes del SENAME explicaron, además, que varias universidades, como las de Los Andes, Alberto Hurtado, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, dictan estos cursos a nivel de diplomado y que en la situación que se propone, la experiencia resulta fundamental por cuanto las pasantías deben impartirse por personas que tengan conocimientos prácticos ya que las 300 horas que se plantean no pueden dedicarse íntegramente a la parte teórica. Sostuvieron que los profesionales que integrarán los equipos docentes podrán ser extranjeros, aprovechando la experiencia que tienen en el rodaje de una institución de ya larga aplicación fuera del país.

Precisaron, asimismo, ante una nueva consulta, que los centros de formación llevan entre tres y cuatro años impartiendo cursos y que en el país existen alrededor de 1500 personas ya formadas.

Por último, ante una pregunta de la Diputada señora Allende acerca de cómo se formaron los profesores de los centros de formación, precisaron que los primeros lo hicieron en el extranjero, o bien, con profesores argentinos llegados al país en 1995 como producto de un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Fundación argentina “Lira”.

Finalmente, como consecuencia de acordarse al tratar el artículo siguiente, de remitir su inciso tercero al reglamento, el Diputado señor Luksic, sugirió dejar constancia en el número 2) que las pasantías a que se refiere son las que indica el reglamento.

Se acogió por unanimidad.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el artículo por unanimidad, de acuerdo al siguiente texto:

“Para tener la calidad de organismo de formación de mediadores se requiere contar con:

1) Experiencia de a lo menos tres años en programas de post título en el área de las ciencias humanas y sociales.

2) Una instancia que permita efectuar las pasantías a que se refiere el reglamento.

3) Un equipo docente de carácter interdisciplinario, en el que existan al menor dos profesionales que acrediten formación y experiencia en mediación familiar.

4) Un programa de formación de mediadores aprobado por el Departamento de Mediación, de acuerdo a los requisitos, contenidos mínimos y metodologías que establezca el reglamento de esta ley.”.

107) Artículo 104.- ( pasó a ser 108).

Se refiere a los programas de formación de mediadores que deberán contemplar los organismos autorizados, señalando que éstos tendrán como objetivo fundamental entregar a los alumnos los principios, conocimientos, destrezas y criterios necesarios para desempeñarse como mediador de familia.

Su inciso segundo agrega que dichos programas estarán compuestos por una fase teórico práctica cuya duración no podrá ser inferior a 80 horas y que deberá estar constituida en sus dos terceras partes por actividades prácticas que fomenten la participación de los alumnos.

Su inciso tercero añade que adicionalmente formará parte fundamental del programa, una pasantía destinada a complementar la formación teórico práctica, consistente en la participación observante del alumno en no menos de diez casos de mediación, con la supervisión de un mediador experimentado, donde el pasante asumirá responsabilidades en el proceso de mediación, en forma gradual.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron substituir la primera frase del inciso segundo, por la siguiente: “Dichos programas estarán compuestos por una fase teórico práctica cuya duración no podrá ser inferior a trescientas horas presenciales y cronológicas...”, suprimiendo todo lo que sigue en razón de encontrarse comprendido en el inciso tercero.

La Diputada señora Guzmán sostuvo que, a su parecer, las pasantías deberían ser prácticas y no observantes, razón por la que se mostró contraria al inciso tercero por cuanto la supervisión de un mediador debe darse cuando el alumno está actuando y no cuando se limita a observar.

El Diputado señor Bustos estimó que este inciso tercero era una norma reglamentaria, argumento por el que propuso suprimirlo, remitiéndolo al reglamento.

Finalmente, el Diputado señor Luksic, ante la supresión del inciso tercero, creyó necesario dejar constancia que la instancia que permita efectuar pasantías a que se refiere el artículo anterior, debería señalar que se trata de aquellas que señala el reglamento.

La Comisión acogió ambas proposiciones, aprobando el artículo por unanimidad, de acuerdo al siguiente texto:

“Los programas de formación de mediadores de los organismos autorizados tendrán como objetivo fundamental, entregar a los alumnos los principios, conocimientos, destrezas y criterios necesarios para desempeñarse como mediador de familia.

Dichos programas estarán compuestos por una fase teórico práctica cuya duración no podrá ser inferior a trescientas horas presenciales y cronológicas.”.

108) Artículo 105.- ( se suprimió)

Se refiere a las becas para la formación de mediadores, señalando que la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través del Departamento de Mediación, podrá, según las necesidades existentes en el país, otorgar anualmente un número determinado de becas para acceder a programas de formación, agregando que la selección de los becarios se efectuará conforme a criterios de excelencia académica, idoneidad profesional y capacidad económica de los postulantes.

La Comisión, a proposición de la Diputada señora Guzmán quien consideró que el artículo trataba una materia netamente reglamentaria, acordó, por unanimidad, suprimir esta disposición.

109) Artículo 106.- ( pasó a ser 109).

Se refiere a la forma de acreditación de las entidades que deseen convertirse en organismos autorizados, señalando que para tales efectos deberán presentar una solicitud a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través de sus respectivo representantes regionales, acompañando su proyecto de programa de formación.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron eliminar la frase “ a través de sus respectivos representantes regionales” por ser innecesaria, proposición que la Comisión acogió por unanimidad.

El Diputado señor Luksic sugirió agregar después de la palabra “organismos” los términos “ de formación” a fin de dar más precisión a la norma y evitar posibles confusiones, sugerencia que la Comisión acogió.

EL Ejecutivo, como consecuencia de la nueva dependencia administrativa establecida para el Sistema Nacional de Mediación, presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Artículo 109.- Forma de acreditación. Las entidades que deseen convertirse en organismos autorizados deberán presentar su solicitud a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia correspondiente, acompañando su proyecto de programa de formación.”.

110) Artículo 107.- ( pasó a ser 110).

Se refiere a la cancelación de la acreditación, señalando que la calidad de organismo de formación acreditado, se cancelará por resolución fundada del Subsecretario de Justicia, cuando la institución dejare de cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 100 ( 107 y 108).

El Diputado señor Bustos recordó que existía un principio de acuerdo para hacer depender el Departamento de Mediación del Ministerio de Justicia, pero, en todo caso, parecía necesario establecer, en materia de cancelación, una simetría con la norma que se refiere a la cancelación de la inscripción de un mediador en el Registro de Mediadores, concediendo un recurso de reposición y constituyendo el Subsecretario de Justicia la última instancia.

El Diputado señor Luksic hizo presente que la primera instancia sería el Jefe del Departamento de Mediación y la segunda el Subsecretario de Justicia.

Los representantes del Ministerio recordaron que en materia administrativa siempre es procedente el recurso jerárquico, de tal manera que de la resolución del Subsecretario de Justicia podría recurrirse al Ministro del ramo.

Finalmente, se acordó dar a esta norma una redacción similar a la acordada para el artículo 106, acogiendo una proposición de la Diputada señora Soto y de los representantes del Ministerio de Justicia.

Su texto, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“ La cancelación de la calidad de organismo de formación acreditado, procederá cuando la institución dejare de cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 107 y 108. El organismo podrá pedir reposición ante el Jefe del Departamento de Mediación el que deberá oír al afectado y resolverá sin forma de juicio.

De dicha decisión podrá recurrirse ante el Subsecretario de Justicia.”.

111) Artículo 108.- ( pasó a ser 111).

Se refiere a la selección de prestadores de servicios de mediación, señalando que dicha selección se efectuará mediante licitaciones a nivel regional, en conformidad a las bases que para este efecto fije la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de acuerdo a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Su inciso segundo añade que el Departamento de Mediación llamará a licitación en cada región del país cada tres años.

Su inciso tercero agrega que el correspondiente llamado deberá señalar el número de causas que se licitan, el que será igual al proyectado para el próximo período de tres años para la respectiva región.

Los representantes del Ejecutivo se mostraron contrarios a fijar plazos para llamar a licitación por cuanto puede que durante la vigencia de la ley, resultare suficiente licitar cada dos años. Sugirieron por tanto, suprimir los plazos de tres años a que se refieren los incisos segundo y tercero y redactar el primero de los incisos nombrados en los siguientes términos

“ El Departamento de Mediación llamará a licitación en cada región del país según lo establecido en las bases respectivas.”.

El Diputado señor Ceroni estimó que la proposición podría prestarse a arbitrariedades, razón por la que consideraba indispensable fijar un plazo, de tal manera de dar estabilidad a los mediadores respecto del tiempo durante el que desempeñarán sus funciones.

Le pareció, además, innecesario llamar a licitación cada tres años porque el Departamento de Mediación lo hará cuando sea necesario.

Igual argumentación sustentaron los Diputados señores Luksic y Bustos , quienes distinguieron entre el plazo para llamar a licitación, el que no parecía necesario fijarlo por cuanto el Departamento lo hará cada vez que sea necesario, y el período de prestación de los servicios que, por las razones de estabilidad ya señaladas, debe ser fijado.

La Diputada señora Guzmán coincidió con esta opinión, citando como ejemplo los plazos establecidos en la ley de la Defensoría Penal Pública.

Los representantes del Ministerio de Justicia insistieron en que la fijación de plazos rigidizaba el sistema, señalando que el término que durará la licitación debería, en todo caso, consignarse en las bases de la misma, las que deberían conocerse por los interesados antes de la licitación.

En lo que se refiere al inciso tercero, el Diputado señor Ceroni lo estimó inaplicable por cuanto sería imposible determinar el número de causas que se licitan.

Los representantes del Ministerio de Justicia explicaron que lo normal era una proyección sobre la realidad futura, sin perjuicio, además, de la necesidad de conocerse la totalidad de causas que eventualmente se licitarán como una forma de calcular el costo financiero.

Ante la posibilidad planteada por el Diputado señor Ceroni de eventuales demandas al Estado por ser inferior a las ofrecidas el número de causas a mediar, señalaron que para ello se señalaba un porcentaje correspondiente a un número estimativo, sin perjuicio de garantizar al mediador un pago base.

Finalmente, los representantes del Ejecutivo, acogiendo una serie de observaciones relacionadas con la necesidad de dejar los detalles a las normas reglamentarias, consignando en la ley lo más esencial, tomando como base para ello, la Ley sobre Defensoría Penal Pública, y concordando la norma con la nueva dependencia administrativa fijada para el Sistema Nacional de Mediación, propusieron la siguiente redacción para este artículo:

“La selección de los mediadores que prestarán servicios a los juzgados de familia, se hará mediante licitaciones a nivel regional, en conformidad a las bases que para este efecto fije el Departamento de Mediación en conformidad a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Las bases de licitación establecerán el número de casos que se liciten y la posibilidad de efectuar ofertas parciales; el período por el cual se contratará la prestación del servicio de mediación y las condiciones en que éste deberá desarrollarse por los mediadores que resultaren comprendidos en la adjudicación.

Los postulantes a la licitación deberán señalar el porcentaje de causas del respectivo territorio jurisdiccional o de la región al que postulan y el precio de sus servicios. Las bases podrán establecer el porcentaje mínimo de causas a que se podrá postular.”.

112) Artículo 109.- ( pasó a ser 112)

Se refiere a las bases de la licitación y a su convocatoria, señalando que las bases serán puestas a disposición de los interesados en las oficinas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Su inciso segundo agrega que la convocatoria se hará por medio de dos avisos en un periódico de circulación regional.

Su inciso tercero añade que las personas e instituciones interesadas deberán postular dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la última publicación de la convocatoria.

Ante las observaciones formuladas por la Comisión en el sentido de tratarse de una materia netamente reglamentaria, los representantes del Ministerio de Justicia, fundándose en las normas de la ley sobre la Defensoría Penal Pública, propusieron el siguiente texto substitutivo para este artículo:

“Convocatoria a licitación.- La convocatoria a licitación deberá publicarse por tres veces en un diario de circulación regional y, al menos, por una vez en un diario de circulación nacional. El llamado especificará, a lo menos, el objeto de la licitación, el plazo para retirar las bases y el lugar donde estarán disponibles, la fecha, hora y lugar de entrega de las ofertas y la fecha, hora y lugar del acto solemne y público en que se procederá a la apertura de las propuestas.”

Se aprobó por unanimidad.

113) Artículo 110.- ( se suprime).

Se refiere a la indicación del porcentaje de causas que los postulantes a la licitación deberán señalar, indicando que deberán especificar el porcentaje del respectivo territorio jurisdiccional o de la región al que postulan y el precio de sus servicios.

La Comisión, por unanimidad, acordó suprimir este artículo como consecuencia de encontrarse comprendido en el inciso tercero del artículo 111. ( número 111 de este informe).

114) Artículo nuevo.- ( pasó a ser 113)

Los representantes del Ejecutivo, basándose en la Ley de la Defensoría Penal Pública, propusieron un nuevo artículo del siguiente tenor:

“ Participantes.- Podrán participar en la licitación, los mediadores inscritos en el Registro de Mediadores de Familia.”.

La Diputada señora Guzmán observó esta proposición, señalando que no quedaba clara la posibilidad de que pudieran participar en la licitación las personas jurídicas.

Los representantes del SENAME recordaron que en el Registro se inscriben las personas naturales que cumplen los requisitos para ser mediadoras, los que pueden asociarse para participar en las licitaciones, pero, necesariamente, deben estar previamente inscritos.

La Diputada señorita Saa presentó una indicación para agregar al final de este artículo las siguientes expresiones: “ y las personas jurídicas públicas y privadas, con o sin fines de lucro, que cuenten con mediadores inscritos en dicho Registro.”.

Se aprobó la indicación, conjuntamente con el artículo, por mayoría de votos, quedando su texto como sigue:

“ Participantes. Podrán participar en la licitación, los mediadores inscritos en el Registro de Mediadores de Familia y las personas jurídicas públicas y privadas, con o sin fines de lucro, que cuenten con mediadores inscritos en dicho Registro.”.

115) Artículo 111.- ( pasó a ser 114).

Se refiere a la composición del jurado de licitación, señalando que ésta será resuelta por un jurado compuesto por:

1) El Secretario Ministerial Regional de Justicia.

2) Un integrante del Departamento de Mediación, designado por su Director.

3) Un Ministro de la o las Cortes de Apelaciones de la región, elegido por sus miembros.

4) Un juez de familia elegido por los jueces de familia de la Región, de entre éstos.

5) Un académico o profesional de reconocido prestigio en el área de familia, elegido por el Consejo de Desarrollo Regional.

Los miembros del jurado que deban ser elegidos, lo serán de acuerdo con el procedimiento que determine el reglamento.

La calidad de jurado será incompatible con la de integrante de cualquiera de las instituciones que participen en la licitación o tengan interés en ella.

A proposición de los representantes del Ministerio de Justicia, la Comisión acordó, siempre que el Departamento dependa del Ministerio de Justicia, que el Secretario Regional Ministerial de Justicia respectivo, presidiera el jurado.

Respecto del número 2), es decir, el integrante del Departamento de Mediación, los representantes del Ministerio de Justicia propusieron que fuera el Jefe del Departamento o un representantes designado por el Ministro de Justicia, proposición que rechazó la Diputada señora Guzmán por ser habitual que cuando se .designa un representante, sea éste quien cumpla efectivamente la labor. Sostuvo que, en atención a la naturaleza de la institución que se analiza, lo lógico sería que integrara la persona señalada por la ley y no un representante.

Finalmente el Diputado señor Burgos propuso al Jefe del Departamento, pero ante la objeción de que éste era uno solo, pudiendo darse trece licitaciones simultáneas, sugirió que el Jefe del Departamento designara un profesional miembro de dicho Departamento.

Se acogió la proposición por unanimidad.

El Diputado señor Bustos, refiriéndose al número 3), vale decir, al Ministro de la o las Cortes de Apelaciones de la región, estimó, partiendo de la base que el Departamento dependerá del Ministerio de Justicia, innecesaria esta representación, pareciéndole más adecuado aumentar al doble el número de jueces de familia que integrarán el jurado, proposición que la Comisión acogió por unanimidad.

En lo que se refiere al académico o profesional de reconocido prestigio en el área de familia, se suscitó un debate acerca de la entidad que debiera nombrarlo, sosteniendo la Diputada señora Guzmán que le parecía más lógico que quien lo nombrara fueran sus pares regionales y no el Consejo Regional por cuanto en este último caso, lo más seguro sería que se produjera una distribución de carácter político, opinión a la que se sumó el Diputado señor Letelier Morel.

Los representantes del Ministerio de Justicia hicieron presente que el fundamento de esta proposición no residía en un afán de abrir las puertas a un eventual cuoteo político, sino en dar participación a un organismo de representación regional, siendo imposible que el nombramiento lo hicieran otros académicos de la región por cuanto en la Undécima Región no existen universidades.

Cerrado el debate, se aprobó la proposición para este número, en los mismos términos, por unanimidad.

Los incisos segundo y tercero se aprobaron en los mismos términos, por unanimidad.

El texto de este artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“La licitación será resuelta a nivel regional por un jurado compuesto por:

1) El respectivo Secretario Regional Ministerial de Justicia, quien lo presidirá.

2) Un profesional del Departamento de Mediación designado por el Jefe de dicha repartición.

3) Dos jueces de familia elegidos por los jueces de familia de la región.

4) Un académico o profesional de reconocido prestigio en el área de familia elegido por el Consejo Regional.

Los miembros del jurado que deban ser elegidos lo serán de acuerdo con el procedimiento que determine el reglamento.

No podrá desempeñarse como miembro del jurado quien tuviere interés directo o indirecto, respecto de alguna persona natural o jurídica que prestare o estuviere postulando a prestar servicios de mediación.

116) Artículo 112.- ( pasó a ser 116).

Se refiere a los resultados de la licitación, señalando que el jurado deberá resolver este proceso, en el tiempo que medie entre los 180 y los 150 días anteriores a la fecha en que deban comenzar a prestarse los servicios de mediación.

Su inciso segundo agrega que los resultados de la licitación serán comunicados al Jefe del Departamento de Mediación y a los interesados.

Ante la decisión de la Comisión de suprimir este artículo por tratar una materia netamente reglamentaria, los representantes del Ministerio de Justicia, propusieron substituirlo por el siguiente:

"La decisión de la licitación será siempre pública y fundada.

Cualquier reclamación interpuesta por alguno de los participantes será conocida y resuelta por el jurado.

Contra su resolución sólo procederá recurso de reclamación ante el Subsecretario de Justicia.“.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad, en los términos propuestos.

117) Artículo 113.- (pasó a ser 115).

Señala los criterios para la selección de los mediadores, enunciando que la licitación se resolverá conforme a los siguientes criterios:

1) Número y dedicación de mediadores disponibles, en el caso de las instituciones.

2) Experiencia y calificación de los profesionales.

3) Soporte administrativo disponible.

4) Precio base del servicio en los términos señalados en el artículo 114 de esta ley.

5) Monto de la asignación por transporte en los términos señalados en el artículo 117 de esta ley.

6) Distancia entre la sede de la oficina de mediación y el respectivo tribunal de letras.

7) Accesibilidad de los servicios para los usuarios.

Su inciso segundo agrega que cada uno de estos criterios tendrá un puntaje asignado de acuerdo a las normas que al efecto establecerá el reglamento.

Su inciso tercero previene que a partir de la segunda licitación, se otorgará un puntaje especial a las personas o instituciones que hubieren prestado servicios en el período anterior, el que será agregado al obtenido según la norma del inciso anterior. Dicho puntaje podrá tener un valor positivo o negativo, beneficiando o perjudicando al postulante, según los resultados de su gestión anterior.

Su inciso cuarto señala que la decisión de la licitación será siempre pública y fundada.

Su inciso quinto dispone que una vez terminado el proceso de licitación, el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial celebrará los respectivos contratos de prestación de servicios con las personas o instituciones elegidas, dentro del plazo de treinta días.

Su inciso final señala que dichos contratos tendrán una duración de tres años.

La Comisión consideró que este artículo trataba materias netamente reglamentarias, coincidiendo con la opinión de la Diputada señora Guzmán en el sentido de que el articulado debería referirse sólo a los criterios mínimos para las bases de la licitación, dejando su desarrollo para el reglamento.

De acuerdo a la observación anterior, los representantes del Ministerio de Justicia propusieron el siguiente texto substitutito para este artículo:

“La licitación se resolverá conforme a los siguientes criterios:

1) Número y dedicación de mediadores disponibles, en el caso de las personas jurídicas;

2) Experiencia y calificación de los profesionales que postulen;

3) Soporte administrativo disponible;

4) Costo del servicio a ser prestado, y

5) Accesibilidad de los servicios para los usuarios.

Cada uno de estos criterios tendrá un puntaje asignado de acuerdo a las normas que al efecto establecerá el reglamento.

A partir de la segunda licitación, se otorgará un puntaje especial a las personas o instituciones que hubieren prestado servicios en el período anterior, el que será agregado al obtenido según la norma del inciso precedente. Dicho puntaje podrá tener un valor positivo o negativo, beneficiando o perjudicando al postulante, según los resultados de su gestión.”.

El Diputado señor Letelier Morel propuso se exigiera que los profesionales tuvieran residencia y domicilio en las respectivas regiones, sugerencia que el Diputado señor Bustos apoyó proponiendo derechamente incorporar un nuevo criterio en tal sentido .para resolver la licitación, argumentando que ello permitiría avanzar en términos concretos en el proceso de regionalización. Al efecto, presentaron una indicación en tal sentido.

Los representantes del Ministerio de Justicia sostuvieron que una exigencia como la planteada, redundaría en un alza del precio por los servicios, sin perjuicio, además, de que impediría una verdadera competencia. Creyeron no obstante que podría otorgarse un puntaje especial a los residentes en la región de que se trate, sin dejar de tener presente que si en el lugar hay profesionales capacitados, seguramente, podrían ganar la licitación por tener un menor costo.

Finalmente, la Comisión rechazó por mayoría de votos la indicación de los Diputados señores Bustos y Letelier Morel y aprobó el artículo sin otra modificación que la de trocar la ubicación de los números 1) y 5).

118) Artículo 114.- (pasó a ser 117).

Se refiere a las situaciones en que la licitación es declarada desierta, señalando que ello sucederá cuando:

1) No se presenten postulantes.

2) Cuando los postulantes que se presenten no cumplan con los requisitos establecidos en las bases de licitación.

3) Cuando ninguna de las propuestas obtenga el puntaje mínimo requerido según el reglamento.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron reemplazar este artículo por el siguiente:

“Se declarará desierta una licitación cuando concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias:

1) No se presente postulante alguno a la licitación.

2) Presentándose uno o más postulantes , ninguno cumpla con .lo establecido en las bases de licitación, o

3) Presentándose uno o más postulantes, ninguna de las propuestas resulte satisfactoria de acuerdo con los criterios que enumera el artículo 116.”.

La Comisión acogió por unanimidad esta nueva proposición, salvo en lo referente a su número 3) en que se inclinó por acoger la proposición original para ese número.

Su texto quedó como sigue:

“ Se declarará desierta una licitación cuando concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias:

1) No se presente postulante alguno a la licitación.

2) Presentándose uno o más postulantes, ninguno cumpla con lo establecido en la licitación, o

3) Cuando ninguna de las propuestas obtenga el puntaje mínimo requerido según el reglamento.”.

118) Artículo 115.- (pasó a ser 118).

Se refiere a la posibilidad de celebrar convenios directos, situación que podrá producirse cuando se declare desierta una licitación o cuando el número de postulantes elegidos sea insuficiente para cubrir la totalidad de la demanda regional, casos en los cuales la Corporación Administrativa del Poder judicial podrá celebrar convenios directos con particulares o instituciones que figuren en el Registro, por un plazo fijo, para el desempeño de las funciones de mediación.

El Ejecutivo, en virtud de un acuerdo consensuado con la Comisión, la que fue partidaria de fijar un plazo de seis meses para la realización de las mediaciones no asignadas, como también agregar como incisos cuarto y quinto de este artículo los que el Ejecutivo propuso para reglar la remuneración de los mediadores en los casos de convenios directos ( número 127 de este informe), y teniendo presente, además, la nueva dependencia administrativa del Sistema Nacional de Mediación, presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“En caso de que la licitación sea declarada desierta, o de que el número de postulantes aceptados sea inferior al requerido para cubrir la totalidad de la demanda regional, el Subsecretario de Justicia podrá celebrar convenios directos con personas naturales o jurídicas que figuren en el Registro, para el desempeño de las funciones de mediación en los casos comprendidos en el porcentaje no asignado en la licitación.

Esta labor se deberá realizar por el plazo que éste determine señale, el que no podrá ser superior a seis meses, al cabo del cual se llamará nuevamente a licitación por el total de casos o por el porcentaje no cubierto, según corresponda.

En la prestación de sus servicios, estas personas se sujetarán a las mismas reglas aplicables a aquellas que fueren contratadas en virtud de los procesos de licitación.”

En estos casos, la remuneración por causa se regulará por los criterios señalados en el artículo 120, para cuyo efecto se deberá convenir un valor base. En todo caso, el pago mínimo será el equivalente a sesenta causas anuales se realicen éstas o no.

Por las mediaciones efectivamente iniciadas, se realizará el pago en conformidad a lo señalado en los numerales del artículo 120, según corresponda. Las mediaciones no iniciadas hasta completar el número mínimo de sesenta causas, se pagarán de acuerdo al numeral dos del mismo artículo.

Se aprobó por unanimidad.

120) Artículo nuevo.-. (pasó a ser 119).

El Ejecutivo presentó una indicación para iniciar el párrafo séptimo de este Título, referido al pago y garantía de los servicios de mediación, agregando un nuevo artículo del siguiente tenor:

“ Suscripción de contratos y pagos.- Los contratos a que de lugar una licitación serán suscritos por el Subsecretario de Justicia.

El pago de los fondos licitados se efectuará según lo dispuesto en los artículos siguientes.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

121) Artículo 116.- (pasó a ser 120).

Se refiere a la determinación del valor de los servicios de mediación, señalando que dicho valor por cada causa, se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

1) Pago base: En aquellos casos en que las partes no concurran ante el mediador, o de comparecer solamente a una sesión sin lograr acuerdo de las partes, el mediador recibirá un pago que se determinará en la licitación respectiva, que no podrá ser superior a $ 7.967.

2) Pago dos: Tendrá lugar cuando las partes concurran a dos o más sesiones con el mediador, sin acuerdo entre las partes, el mediador recibirá como pago 3.65 veces el pago base.

3) Pago tres: Las causas en que las partes llegan a un acuerdo para solucionar el conflicto y sea homologado por el tribunal respectivo, independiente del número de sesiones realizadas, el valor del servicio de mediación será 8.17 veces el pago base.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron, por razones formales, substituir este artículo por el siguiente:

“El valor del servicio de mediación por causa, se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

1) Pago base: En aquellos casos en que las partes no concurran ante el mediador, o de comparecer lo hagan solamente a una sesión sin lograr acuerdo, el mediador recibirá un pago que se determinará en la licitación respectiva, que no podrá ser superior a $ 7.967.

2) Pago dos: Tendrá lugar cuando las partes concurran a dos o más sesiones con el mediador, sin producirse acuerdo, caso en el cual recibirá como pago 3.65 veces el pago base.

3) Pago tres: En las causas en que las partes llegan a un acuerdo que sea homologado por el tribunal respectivo, independiente del número de sesiones realizadas, el valor del servicio de mediación será 8.17 veces el pago base.

El Diputado señor Bustos presentó una indicación para substituir las cifras expresadas en pesos por su equivalente en unidades tributarias, a fin de mantener el valor de las retribuciones en el tiempo, indicación que la Comisión rechazó por mayoría de votos.

Asimismo, procedió en seguida a aprobar el artículo, por unanimidad, reemplazando, a proposición del Diputado señor Burgos, la expresión “pago” por “valor”.

Su texto quedó como sigue:

“El valor del servicio de mediación por causa, se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

1) Valor base: En aquellos casos en que las partes no concurran ante el mediador, o de comparecer lo hagan solamente a una sesión sin lograr acuerdo, el mediador recibirá un pago que se determinará en la licitación respectiva, que no podrá ser superior a $ 7.967.

2) Valor dos: Tendrá lugar cuando las partes concurran a dos o más sesiones con el mediador, sin producirse acuerdo, caso en el cual recibirá como pago 3.65 veces el valor base.

3) Valor tres: En las causas en que las partes llegan a un acuerdo que sea homologado por el tribunal respectivo, independiente del número de sesiones realizadas, el costo del servicio de mediación será 8.17 veces el valor base.”.

122) Artículo 117.- ( se suprime).

Establece limitaciones al precio base, señalando que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 107, el precio base al que pueden postular los mediadores no podrá ser superior al valor fijado como el pago base máximo establecido en el artículo anterior, precio que servirá también para calcular el valor del servicio según se cumplan los requisitos para acceder a las remuneraciones señaladas en el artículo anterior según sea el caso.

La Comisión, con el acuerdo de los representantes del Ministerio de Justicia, acordó, por unanimidad, suprimir este artículo sobre la base de las nuevas proposiciones efectuadas por el Ejecutivo.

123) Artículos 118 y 119.- (pasaron a ser 121).

El Ejecutivo propuso estas disposiciones como una alternativa de reajustabilidad, estableciendo, en el primero, que el precio base máximo señalado en el artículo 116 ( 120 del texto aprobado) , como asimismo el de la asignación señalada en el artículo 123 (asignación de transporte) , se reajustarán una vez al año en el porcentaje que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en dicho período.

En el segundo establece lo mismo pero sin considerar el reajuste de la asignación de transporte.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron substituir estos artículos por el siguiente:

"Reajustabilidad. El precio base máximo establecido en el artículo anterior y la asignación establecida en el artículo 123, se reajustarán una vez al año en el porcentaje de variación que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en dicho período, mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

124) Artículo 120.- ( se suprime).

Se refiere a la forma de pago de los servicios de los mediadores, señalando que éste se hará en forma diferida, reteniéndose el porcentaje de cada estado de pago determinado en las bases de la licitación, hasta el penúltimo de ellos, a fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios.

La Comisión acordó suprimirlo por tratar materias de carácter reglamentario.

125) Artículo 121.- (pasó a ser 122).

Se refiere a las garantías, señalando que además de las retenciones aludidas en el artículo anterior, el Director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial podrá exigir a la institución mediadora o a la persona natural que preste estos servicios, según el caso, boleta de garantía o cualquier otra caución que estime suficiente.

El Ejecutivo, atendido a lo ya dicho acerca de la nueva dependencia del Sistema Nacional de Mediación, presentó una indicación para substituir este artículo, incluyendo en él un inciso para reglar el destino de las garantías en caso de incumplimiento del mediador.

Su texto quedó como sigue:

“ En cada uno de los pagos se retendrá, a título de garantía, un porcentaje del mismo, según se determine en las bases de la licitación.

Además de este fondo de reserva, el Departamento de Mediación deberá exigir a la persona natural o jurídica respectiva boleta bancaria de garantía, o cualquier otra caución que estime suficiente con el objeto de asegurar la adecuada prestación de los servicios licitados.

Si se abriere proceso administrativo del cual pudiere resultar la aplicación de la sanción prevista en el número 1 del artículo 132, a la persona natural o jurídica que preste servicios de mediación, la garantía se devolverá sólo en la parte que excediere el monto al que pudiere ser condenada a pagar.”.

126)Artículo 122 y 123.- (pasaron a ser 123)

El primero se refiere a los traslados, señalando que en aquellos casos en que las causas de competencia de un tribunal sean adjudicadas mediante licitación a una oficina de mediación ubicada a 40 kilómetros o menos de distancia respecto del asiento de dicho tribunal, serán los beneficiarios los que deberán concurrir a dicha oficina de mediación.

Su inciso segundo agrega que si dicha oficina se encuentra a una distancia superior a 40 kilómetros, el mediador deberá trasladarse a la localidad del tribunal de menores o de letras al cual el beneficiario presentó la causa, para lo cual se le otorgará una asignación por transporte cuyo monto se determinará en la licitación, adicional a la remuneración por causa que corresponda cuando la mediación se realice en la oficina del mediador.

El segundo contempla la asignación por transporte, estableciendo que sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, la asignación por transporte a la que pueden postular los mediadores solamente tendrá lugar cuando el mediador deba trasladarse a localidades cuya distancia sea superior a 40 kilómetros de la sede de la oficina de mediación y su valor no podrá ser superior a $ 9.827.-

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron substituir estos artículos por el siguiente:

“Si las causas de competencia de un tribunal son adjudicadas a un mediador cuya oficina se ubique a una distancia de hasta 40 kilómetros respecto al asiento del tribunal, serán los beneficiarios quienes deberán concurrir a dicha oficina.

De situarse la oficina a una distancia superior a 40 kilómetros, el mediador deberá trasladarse a la localidad del tribunal correspondiente, para lo cual se le otorgará una asignación adicional por transporte, cuyo monto se determinará en la licitación y que no podrá exceder de $9.827 por causa.”.

Ante la observación de la Comisión en el sentido de tratarse de materias netamente reglamentarias, los representantes del Ministerio de Justicia justificaron la disposición, en el sentido de que existiendo una asignación por transporte, resulta necesario fijarle un tope.

La Comisión creyó más acertado establecer en la ley la existencia de la asignación, dejando su regulación al reglamento.

En base a lo anterior, aprobó por unanimidad, el siguiente texto substitutivo para este artículo:

“Los prestadores del servicio de mediación tendrán derecho a una asignación de transporte si, para los efectos de ejercer sus funciones, deban trasladarse desde sus oficinas al lugar de asiento del tribunal, según lo especifique el reglamento.”.

127) Artículo 124.- (pasó a ser incisos segundo y tercero del artículo 119 con un texto substitutivo).

Se refiere a las remuneraciones de los mediadores en casos de convenios directos, señalando que en el caso del artículo anterior, se estipulará en el convenio que la remuneración por causa, se regulará por los criterios señalados en el artículo 116 ( 120 del texto aprobado) para cuyo efecto se deberá convenir un pago base. En todo caso, el pago mínimo será el equivalente a 60 causas anuales, se realicen éstas o no.

Su inciso segundo agrega que por las causas efectivamente iniciadas, se realizará el pago en conformidad a los números 1,2 y 3 del artículo 116 ( 120) , según corresponda. Las restantes causas, que no se hayan iniciado, hasta completar el número mínimo de 60 causas, se pagarán de acuerdo al número 2 del mismo artículo.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron substituir este artículo por el siguiente:

“En el caso de los convenios directos a que alude el artículo 119 ( 118 del texto aprobado) , la remuneración por causa se regulará por los criterios señalados en el artículo 121 (120), para cuyo efecto se deberá convenir un pago base. En todo caso, el pago mínimo será el equivalente a 60 causas anuales se realicen éstas o no .

Por las mediaciones efectivamente iniciadas, se realizará el pago en conformidad a lo señalado en los numerales del artículo 121 (120) según corresponda. Las mediaciones no iniciadas hasta completar el número mínimo de 60 causas, se pagarán de acuerdo al numeral 2 del mismo artículo.”.

La Comisión, por unanimidad, acordó trasladar esta norma como incisos segundo y tercero del artículo 118, a fin de tratar toda la materia relacionada con los convenios directos en una misma disposición, con el siguiente texto substitutito:.

“En estos casos, la remuneración por causa se regulará por los criterios señalados en el artículo 120, para cuyo efecto se deberá convenir un valor base. En todo caso, el pago mínimo será el equivalente a sesenta causas anuales se realicen éstas o no.

Por las mediaciones efectivamente iniciadas, se realizará el pago en conformidad a lo señalado en los numerales del artículo 120, según corresponda. Las mediaciones no iniciadas hasta completar el número mínimo de sesenta causas, se pagarán de acuerdo al numeral dos del mismo artículo.”.

128) Artículo 125.- (se suprime).

Se refiere a la postulación a distintos territorios jurisdiccionales, señalando que las causas serán licitadas en conjunto y podrán incluir uno o más territorios jurisdiccionales. Los interesados podrán postular a un porcentaje de causas correspondiente a un territorio jurisdiccional.

La Comisión acordó suprimir este artículo por tratar materias reglamentarias.

129) Artículo 126.- (pasó a ser 124).

Se refiere al control de los prestadores de servicios de mediación, señalando que las personas e instituciones que presten servicios de mediación a los juzgados de familia, estarán sujetas al control y responsabilidad previstos en esta ley.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron substituir este artículo a fin de precisar más su contenido, en los términos siguientes:

“Las personas naturales y jurídicas que presten servicios de mediación a los tribunales con competencia en asuntos de familia, estarán sujetas al control y responsabilidad previstos en esta ley.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

130) Artículo 127.- ( pasó a ser 125).

Se refiere a los mecanismos de control, estableciendo que el desempeño de los mediadores será controlado a través de los siguientes mecanismos:

1) Inspecciones.

1)Informes periódicos.

Los representantes del Ministerio de Justicia sugirieron agregar un tercer mecanismo de control cual es el de las reclamaciones.

La Comisión aprobó, sin debate y por unanimidad, la sugerencia, quedando el texto de este artículo como sigue:

“ El desempeño de los mediadores será controlado a través de los siguientes mecanismos:

1) Inspecciones.

2) Informes periódicos

3) Reclamaciones.”.

131) Artículo 128.- (pasó a ser 126).

Trata de las inspecciones, estableciendo que éstas se llevarán a cabo sin aviso previo, pudiendo revisarse en ellas las instalaciones en que se desarrollen las tareas, verificar los procedimientos administrativos, entrevistar a los usuarios del servicio y, en general, recabar todos los antecedentes que permitan formarse una impresión precisa acerca del funcionamiento de la mediación.

Su inciso segundo añade que los prestadores del servicio de mediación no podrán negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos materia de control.

Los representantes del Ministerio de Justicia sugirieron intercalar un inciso segundo a este artículo, y agregarle los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto:

“Con todo nunca una inspección podrá implicar interrupción o intervención alguna a una mediación en curso.”.

“Las informaciones, datos, notas personales o de trabajo de los mediadores y cualquier otra referencia relativa a casos particulares, obtenidas durante las inspecciones serán confidenciales. Si de la violación de dicha reserva se derivare perjuicio para cualquiera de los participantes u otras personas relacionadas, el inspector será sancionado con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal.

En cualquier caso, los inspectores no podrán solicitar, ni los mediadores entregar, informaciones amparadas por el secreto profesional.

Las infracciones de los dos incisos precedentes serán sancionadas con las penas que señala el artículo 247 del Código Penal.”.

Los representantes del Ministerio de Justicia explicaron estas adiciones, señalando que el secreto y la confidencialidad tienen dos dimensiones: una para el mediador al que se le hace aplicable el secreto profesional para las profesiones liberales y otra para el inspector de los mediadores. Respecto de éste último se establecía la obligación de guardar la confidencialidad de la información, sancionándolo en caso de infracción con la misma pena señalada en el artículo 82, que trata del principio de la confidencialidad.

La Diputada señora Guzmán estimó suficiente remitir la norma al artículo 82 de este proyecto, toda vez que se trata de imponer a los inspectores la misma obligación de reserva o confidencialidad a que están sujetos los mediadores.

Ante una consulta del Diputado señor Luksic, los representantes del Ministerio de Justicia señalaron que se estaba creando un tipo penal nuevo, aplicándose las penas del artículo 247 del Código Penal, en razón de la similitud de las conductas descritas.

En lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los inspectores, señalaron que no necesariamente era la de un profesional, pero si la de un funcionario público toda vez que estarían en la planta del Departamento de Mediación. En tal caso, se aplicaría a éstos por sí sólo el artículo 247 del Código Penal, pero lo que hacía necesaria la remisión específica a dicho artículo, es que durante sus funciones podrían tomar conocimiento de los antecedentes propios de la mediación.

El Diputado señor Bustos hizo presente que las normas sobre el secreto profesional amparaban al mediador, situación distinta a la del inspector el que está obligado por el principio de la confidencialidad. Observó, asimismo, la redacción del artículo, proponiendo se estableciera la sanción, referida a la aplicación del artículo 247, en el inciso final para sancionar las infracciones a este artículo.

La Diputada señora Guzmán propuso substituir el nuevo inciso quinto propuesto por los representes del Ministerio de Justicia, por el siguiente:

“ Se aplicará la pena contemplada en el artículo 247 del Código Penal al inspector que tomando conocimiento de datos personales o de trabajo de .los mediadores o cualquier otra referencia relativa a casos particulares obtenidas mediante las mediaciones confidenciales, violare dicha reserva.”.

Se acogió sólo con adecuaciones de forma.

Finalmente, la Comisión acogiendo las observaciones formuladas por los Diputados señora Guzmán y señor Bustos, acordó, por unanimidad, la siguiente redacción para este artículo:

“ Las inspecciones a los mediadores se llevarán a cabo sin aviso previo por parte del Departamento de Mediación. En dichas inspecciones se podrán revisar las instalaciones en que se desarrollen las tareas, verificar los procedimientos administrativos, entrevistar a los usuarios del servicio y, en general, recabar todos los antecedentes que permitan formarse una impresión precisa acerca del funcionamiento de la mediación.

Los prestadores del servicio de mediación no podrán negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos materia de control.

Con todo, nunca una inspección podrá implicar interrupción o intervención alguna a una mediación en curso.

Se aplicará la pena contemplada en el artículo 247 del Código Penal al inspector que tomando conocimiento de datos personales o de trabajo de los mediadores o cualquier otra referencia relativa a casos particulares, obtenidas durante las mediaciones, violare la reserva debida.

En ningún caso los inspectores podrán solicitar o los mediadores entregar, informaciones amparadas por el secreto profesional. La infracción a esta prohibición se sancionará conforme al inciso anterior.”.

132) Artículo 129.- (pasó a ser 127).

Se refiere a los resultados de la inspección, señalando que al término de cada una se deberá emitir un informe, cuyo contenido será evaluado por el Jefe del Departamento de Mediación.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron el siguiente texto substitutito para este artículo:

“Al término de cada inspección se deberá emitir un informe que será remitido al Jefe del Departamento de Mediación y a la persona natural o jurídica inspeccionada, quien contará con un plazo de diez días, para que formule las observaciones que estime pertinente.”.

Ante la sugerencia de la Diputada señora Allende en cuanto a fijar un número de visitas inspectivas, la Diputada señora Mella manifestó que ello no parecía adecuado ya que la necesidad de estas inspecciones dependería de distintos factores.

Los representantes del Ministerio de Justicia hicieron presente, respondiendo una consulta de la Diputada señora Guzmán relativa a la razón por la que no se incluyeron en esta norma, al igual que en la Ley sobre la Defensoría Penal Pública, la realización de auditorías externas, que ellas implicaban un mayor gasto que no había sido contemplado en el presupuesto para este proyecto.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó con modificaciones la proposición del Ministerio, por unanimidad, quedando el texto de este artículo en los siguientes términos:

“Resultado de la inspección. Al término de cada inspección se deberá emitir un informe que será remitido al Jefe del Departamento de Mediación y a la persona natural o jurídica inspeccionada, quien, en caso que lo estime pertinente o se le requiera para ello, contará con un plazo de diez días para formular las observaciones que crea corresponder.

133) Artículo 130.- ( pasó a ser 128).

Se refiere a los informes periódicos, señalando que los prestadores del servicio de mediación, estarán obligados a entregar los informes periódicos que les solicite el Departamento de Mediación, debiendo, en todo caso, elaborar un informe anual de su gestión en la fecha que se establezca en el contrato respectivo.

Su inciso segundo agrega que si dichos informes no fueren aprobados por el Departamento, se deberán poner en conocimiento de quien los elaboró, a fin de que se efectúen las correspondientes correcciones en el plazo de treinta días.

Su inciso tercero añade que si ello no ocurriere o las correcciones no fueren satisfactorias, se aplicarán las sanciones que establece esta ley.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron el siguiente texto substitutito para este artículo:

“Los prestadores del servicio de mediación, estarán obligados a entregar los informes periódicos que les soliciten el Departamento de Mediación. Deberán, en todo caso, elaborar un informe anual de su gestión en la fecha que se establezca en el contrato respectivo.

Estos informes podrán ser objetados por el Departamento de Mediación dentro de los treinta días siguientes a su recepción. En dicho caso las observaciones deberán ser puestas en conocimiento de el o los interesados para que efectúen las correcciones necesarias en el plazo de treinta días.

Si ello no ocurriere, o las correcciones no fueren satisfactorias, se elevarán los antecedentes al Subsecretario de Justicia para la aplicación de las sanciones que se establecen en esta ley.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

134) Artículo nuevo.- ( pasó a ser 129).

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron el siguiente nuevo artículo:

“Reclamaciones. Las reclamaciones de los usuarios de mediación podrán ser presentadas ante el Secretario Regional Ministerial de Justicia correspondiente, quien las remitirá inmediatamente al Jefe del Departamento de Mediación.

El procedimiento a que se sujetará esta reclamación se establecerá en el reglamento de esta ley.”.

Los Diputados señores Burgos y Luksic formularon sendas observaciones de forma a la redacción de este artículo, las que fueron recogidas en el texto siguiente:

“Los usuarios del servicio de mediación podrán reclamar ante el Secretario Regional Ministerial de Justicia correspondiente, quien remitirá tales reclamos inmediatamente al Jefe del Departamento de Mediación.

El procedimiento a que se sujetará esta reclamación se establecerá en el reglamento de esta ley.”.

Se aprobó por unanimidad.

135) Artículo nuevo. (pasó a ser 130)

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Hoja de anotaciones. El Departamento de Mediación deberá llevar una hoja de vida por cada prestador de servicios de mediación, en la que se anotará el resultado de las inspecciones realizadas y de las reclamaciones de los usuarios y los informes a que hace referencia el artículo 129.”.

Este artículo, surgido como consecuencia de las observaciones formuladas por el Diputado señor Letelier Morel al debatirse las consecuencias del artículo 129 ( 127 del texto aprobado), que se refiere al resultado de las inspecciones, en el sentido de que debería existir un registro público en que quedara constancia de dicho resultado, fue explicado por los representantes del Ejecutivo como un medio de dar publicidad a los mecanismos de control, permitiendo que los usuarios y quienes se interesen puedan acceder a los resultados de la aplicación de dichos mecanismos.

Ante una consulta de la Diputada señora Allende, recordaron que los informes deben emitirse por los mediadores cada vez que el Departamento de Mediación lo solicite y, en todo caso, una vez al año, como también que no se había establecido un número mínimo de inspecciones porque ello dependería de las disponibilidades económicas y de los recursos del Departamento de Mediación. Precisaron, en todo caso, que se trataría que fueran la mayor cantidad posible dentro de tales límites.

No obstante lo anterior, varios señores Diputados objetaron el subtítulo del artículo por considerarlo poco adecuado y, a sugerencia del Diputado señor Burgos, se modificó su redacción por razones de forma.

Su texto, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Publicidad de los mecanismos de control. El Departamento de Mediación deberá crear un registro público por cada prestador de servicios de mediación en el que se anotará el resultado de las inspecciones realizadas, el de las reclamaciones de los usuarios y los informes a que hace referencia el artículo 128.”.

136) Artículo 131.-

Se refiere a la responsabilidad de los prestadores del servicio de mediación, señalando que los mediadores que hayan sido seleccionados en el proceso de licitación, incurrirán en responsabilidad en los siguientes casos:

1) cuando las mediaciones que realicen no sean satisfactorias de acuerdo con los parámetros básicos establecidos por el Departamento de Mediación.

2) cuando se detecten irregularidades en la administración de los fondos.

3) cuando incurran en incumplimiento grave del contrato.

4) cuando no hagan entrega oportuna de los informes a que se refiere el artículo 129. (128).

5) cuando emitan informes falsos.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron el siguiente texto substitutivo para este artículo:

“Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, las personas naturales o jurídicas que presten servicios de mediación, sea en virtud del contrato a que dio lugar el proceso de licitación o de un convenio directo de aquellos a que se refiere el artículo 119 (118), incurrirán en responsabilidad en los siguientes casos:

1) cuando las mediaciones que realicen no sean satisfactorias de acuerdo con los estándares básicos establecidos por el Departamento de Mediación para quienes presten estos servicios.

2) cuando incurran en incumplimiento del contrato o convenio celebrado.

3) cuando no hagan entrega oportuna de los informes a que se refiere el artículo 129 (128), o consignen en ellos datos falsos.

4) Cuando incurran en alguna de las conductas previstas en el N° 3 del artículo 106.

Respecto de este artículo, los representantes del citado Ministerio señalaron que esta norma se encontraba indisolublemente unida con el artículo siguiente, toda vez que establece las causales de responsabilidad para los prestadores del servicio de mediación y el segundo las sanciones aplicables en caso de incurrir en dichas causales. Agregaron que al igual como lo señala la Ley sobre la Defensoría Penal Pública, se trataba de causales de responsabilidad civil contractual específicas por derivar de contratos administrativos, es decir, celebrados con el Estado, mostrándose partidarios de incluir regulaciones homogéneas frente a situaciones similares a fin de evitar problemas de dispersión y de dificultad para su aplicación práctica.

Ante una consulta del Diputado señor Urrutia, explicaron que el reemplazo de la expresión “parámetros” por “estándares”, no obstante implicar ambos términos elementos objetivos que sirven de indicadores para determinar la prestación satisfactoria del servicio, obedecía al propósito de uniformar la terminología empleada con la que se utiliza en la Ley sobre la Defensoría Penal Pública.

Ante una nueva consulta, esta vez del Diputado señor Errázuriz quien manifestó cierta extrañeza por el establecimiento separado de las causales señaladas en los números 1) y 2), toda vez que el cumplimiento insatisfactorio a que se refiere el primero equivaldría al incumplimiento del contrato que trata el segundo, explicaron que durante la ejecución del contrato, cada prestador del servicio puede efectuar una cierta cantidad de mediaciones, de las cuales algunas podrán no cumplir con los estándares establecidos por el Departamento de Mediación, no obstante lo cual ello podría no ser suficiente como para dar por terminado el contrato, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones tales como multas. No se estaría entonces ante situaciones iguales.

Cerrado finalmente el debate, la Comisión procedió a aprobar la nueva proposición del Ejecutivo, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

137) Artículo 132.- ( pasó a ser 132 y 133).

Establece las sanciones que podrán aplicarse, las que serán las siguientes:

1) multas a beneficio fiscal establecidas en los contratos respectivos;

2) retención del total o parte de los pagos adeudados, de acuerdo con el contrato respectivo;

3) término anticipado del contrato; o

4) cancelación de la inscripción en el Registro.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron substituir este artículo por el siguiente:

“Sanciones y procedimientos de aplicación. Las sanciones que podrán aplicarse a los prestadores del servicio de mediación serán las siguientes:

1) multas a beneficio fiscal establecidas en los contratos o convenios respectivos.

2) término anticipado del contrato o convenio; y

3) cancelación de la inscripción en el Registro de Mediadores.

Las multas tendrán lugar en los casos previstos en los números 1) y 3) del artículo anterior; la terminación anticipada del contrato en el caso del número 2) y 4), sin perjuicio de que en el caso de este último número procederá además la cancelación de la inscripción en el registro de mediadores.

Tratándose de las multas, se dispondrá en la resolución que se impute a su valor la suma que se encontrare retenida en virtud del artículo 123 (122) y, si no fuere suficiente, se señalará el incremento del porcentaje a retener de las cantidades que se devenguen a favor del prestador del servicio hasta el entero pago de la sanción.

Estas sanciones se aplicarán por el Jefe del Departamento de Mediación. De la resolución de éste , se podrá apelar, dentro del plazo de cinco días de notificada, ante el Subsecretario, quien resolverá en los diez días siguientes.

Las resoluciones del Subsecretario de Justicia que apliquen sanciones en virtud de este artículo, serán reclamables ante la Corte de Apelaciones dentro de los diez días siguientes a la fecha de su notificación.

Conocerá de la reclamación la Corte de Apelaciones que sea competente sobre el territorio jurisdiccional en que se prestaron o se hubieren prestado los servicios de mediación. Si hubiere más de una Corte de Apelaciones, conocerá aquella cuyo asiento se encuentre en la capital de la región.

La Corte de Apelaciones dará traslado al reclamado por cinco días, ordenará traer a la vista el proceso administrativo y resolverá en cuenta sin más trámite, salvo que estime conveniente traer el asunto en relación para oír a los abogados de las partes, en cuyo caso se agregará a la tabla de la misma sala, con preferencia. El fallo que resuelva la reclamación no será susceptible de recurso alguno.”.

Los representantes del Ministerio de Justicia explicaron esta nueva proposición, señalando que contenía como novedad una asociación de las sanciones con determinadas causales de responsabilidad y señalaba el procedimiento a seguir para la aplicación de tales sanciones.

La Diputada señora Allende quiso saber a quien beneficiarían las multas que establece el número 1) de este artículo, como también cual sería la entidad de las mismas ya que, por lo general, se fijan en valores constantes como son las unidades tributarias.

Los representantes del Ministerio de Justicia señalaron que al no indicarse otro destino que el beneficio fiscal, tales multas deberían considerarse como ingresos generales de la Nación.

Los Diputados señor Errázuriz y señora Sepúlveda se manifestaron partidarios de efectuar gestiones para que tal destino fuera alguna entidad de asistencia legal a la familia o el Departamento de Mediación.

El Diputado señor Burgos propuso precisar el sentido del encabezamiento del artículo, refiriéndolo a las sanciones que podrán aplicarse a los mediadores que incurran en alguna de las causales que señala el artículo anterior, proposición que la Comisión acogió.

El Diputado señor Luksic, refiriéndose al procedimiento de carácter contencioso administrativo señalado en los cuatro incisos finales de este artículo, quiso saber si se trataba de algo habitual e, incluso, manifestó dudas acerca de si la apelación que en ellos se trata, pueda ser de la competencia de una Corte de Apelaciones.

Los representantes del Ministerio de Justicia explicaron que la norma se inspiraba en el procedimiento aplicable a los terceros privados en la Ley sobre la Defensoría Penal Pública, como también que se había optado por dar competencia a las Cortes de Apelaciones para conocer de las apelaciones en contra de las sanciones impuestas por el Subsecretario, evitando con esta regulación el mal uso de un recurso constitucional como es el de protección, solución que, de no existir la regulación que se propone, sería el camino empleado para llegar a las Cortes.

Hicieron presente, asimismo, ante una consulta del mismo señor Diputado, que las resoluciones del Ministerio de Justicia no eran apelables porque, normalmente, no había una interacción con particulares, pero que, en todo caso, en materia tributaria, las resoluciones de los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos son apelables ante la Corte respectiva.

El Diputado señor Ceroni estimó demás las expresiones “incremento del” que figuran en el inciso tercero por cuanto bastaba con que se señalara el porcentaje a retener de las sumas devengadas por el mediador en caso que la garantía constituida de acuerdo al artículo 123 (122) no fuere suficiente.

Por último, el Diputado señor Luksic se mostró partidario de aprobar el artículo con las modificaciones propuestas, pero separándolo en dos normas, dejando la parte netamente procesal en un artículo aparte.

La Comisión acogió estas proposiciones y procedió a aprobar estos dos nuevos artículos por unanimidad, los que quedaron con la siguiente redacción:

“ Artículo 132.- Sanciones. Las sanciones que podrán aplicarse a los prestadores del servicio de mediación que incurran en las causales del artículo anterior, serán las siguientes:

1) Multas a beneficio fiscal establecidas en los contratos o convenios respectivos;

2) Término anticipado del contrato o convenio, y

3) Cancelación de la inscripción en el Registro de Mediadores.

Las multas tendrán lugar en los casos previstos en los números 1) y 3) del artículo anterior; la terminación anticipada del contrato en las situaciones de los números 2) y 4), sin perjuicio de que en el caso de este último número procederá, además, la cancelación de la inscripción en el Registro de Mediadores.

Tratándose de las multas, se dispondrá en la resolución que las imponga que se impute a su valor la suma que se encontrare retenida en virtud del artículo 122 y, si no fuere suficiente, se señalará el porcentaje a retener de las cantidades que se devenguen a favor del prestador del servicio, hasta el entero pago de la sanción.

“Artículo 133.- Procedimiento de aplicación de las sanciones. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán por el Jefe del Departamento de Mediación, pudiéndose apelar de la resolución que dicte, dentro de los cinco días de notificada, ante el Subsecretario de Justicia, quien deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes.

De las resoluciones del Subsecretario de Justicia que apliquen sanciones, podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones que corresponda, dentro de los diez días siguientes a su notificación.

Corresponderá conocer de la reclamación al tribunal de alzada que tenga competencia sobre el territorio jurisdiccional en que se prestaron o se presten los servicios de mediación. Si hubiere más de una Corte con competencia en el territorio señalado, corresponderá el conocimiento a aquella que tenga asiento en la capital de la región respectiva.

Recibida la reclamación, la Corte ordenará traer a la vista el proceso administrativo y dará traslado al reclamado por cinco días; vencido dicho término resolverá en cuenta sin más trámite, salvo que acuerde traer los autos en relación para oír a los abogados de las partes, caso en el cual se agregará la causa a la tabla de la misma sala, con preferencia para su vista y fallo. La sentencia que resuelva la reclamación no será susceptible de recurso alguno.”.

138) Artículo 133 (pasó a ser 134)

Este artículo inicia el Título VI que trata de la Planta de Personal, refiriéndose específicamente a la composición de la planta de los juzgados de familia.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo en los términos que se señalan al final de este informe y que dada su extensión, no se transcribe en este capítulo.

Ante una consulta de la Diputada señora Guzmán acerca de la forma en que se determinó la dotación de funcionarios para estos tribunales, los representantes del Ejecutivo señalaron que en base a los estudios realizados, se había llegado a la conclusión de que un juez tiene una carga no superior a las mil trescientas treinta causas ponderadas por año, cifra que habría servido de fundamento para determinar el número de jueces por juzgado y el correspondiente personal de apoyo. Agregaron que se había tomado como modelo para determinar las dotaciones lo previsto al implementar la reforma procesal penal, con un aumento de los funcionarios dedicados a la administración de causas. Igualmente, señalaron que las diferencias que podían percibirse en cuanto a las dotaciones de psicólogos, asistentes sociales y otros funcionarios respecto de tribunales que figuran con similar carga de trabajo, fueron el fruto de las conversaciones sostenidas con las distintas asociaciones de funcionarios y la observación de que en localidades específicas se requiere un número distinto de funcionarios.

Finalmente ante una consulta de la Diputada señorita Saa acerca de la capacitación de los oficiales de mediación, los representantes del Ejecutivo explicaron que se trataba de un funcionario de grado superior, altamente calificado a quien corresponde hacer la distinción respecto de las causas que van a mediación y que debe explicar someramente acerca del significado de este mecanismo, sin que le corresponda mediar.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el artículo por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

139) Artículo 134.- ( se suprime).

Se refiere a la planta del Consejo Técnico de los Juzgado de Familia de Iquique, Calama, Copiapó, Talca, San Felipe, Curicó, Linares, Puerto Montt y Primero y Segundo de San Miguel.

El Ejecutivo presentó una indicación para suprimir este artículo, fundándose en que la planta del consejo técnico se incorporó en la de cada juzgado.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

140) Artículo 135.-

Señala los grados de la planta de profesionales, indicando que los jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los juzgados de familia, tendrán los grados de la Escala de Sueldos Base Mensuales del Poder Judicial que indica.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Grados de la planta de profesionales. Los jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los Juzgados de Familia que se crean por esta ley, tendrán los grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Poder Judicial que a continuación se indican:

1) Los jueces, el grado correspondiente según asiento del tribunal.

2) Los administradores de juzgados de familia de ciudad asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o de agrupación de comunas, grados VII, VIII y IX, del Escalafón Superior del Poder Judicial, respectivamente.

3) Los asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares de juzgados de familia de ciudad asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o agrupación de comunas, grados IX, X y X, del Escalafón de Asistentes Sociales, respectivamente

Los representantes del Ejecutivo explicaron la modificación señalando que, fundamentalmente, la diferencia con la proposición original, residía en que asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares figuraban en el mismo grado, según sirvieran en juzgados de ciudad asiento de Corte, capital de provincia o comuna o agrupación de comunas.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

141) Artículo 136.-

Señala los grados de la planta de empleados, explicando que el personal de empleados tendrá los grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Personal del Poder Judicial que indica.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Grados de la planta de empleados. El personal de empleados de los juzgados de familia que se crean por esta ley, tendrán los grados de la Escala de Sueldos Base Mensuales del Personal del Poder Judicial, que a continuación se indican:

1) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XI.

2) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad capital de provincia; encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XII.

3) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna; encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, y oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XIII.

4) Encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna; oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad capital de provincia y oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XIV.

5) Oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna y oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, grado XV.

6) Oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna y secretaria de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XVI.

7) Auxiliar de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte y secretaria de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, grado XVII.

8) Auxiliar de juzgado de familia de ciudad capital de provincia y de ciudad asiento de comuna y secretaria de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna, grado XVIII.

La norma, que guarda relación con lo establecido al respecto en la reforma procesal penal, se aprobó sin debate, por unanimidad, sólo con adecuaciones de forma.

142) Artículo 137.-

Se refiere a la aplicación de las normas del Código Orgánico de Tribunales, señalando que en las materias que se señalan a continuación, se entenderán aplicables a los juzgados de familia las disposiciones del Código citado para los juzgados de garantía y los tribunales del juicio oral en lo penal. Estas materias son: la subrogación de los jueces, el sistema de distribución de causas, el comité de jueces, el juez presidente, los administradores de tribunales y la organización administrativa de los juzgados.

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron substituir este artículo por el siguiente:

“En todo lo referido a las materias que a continuación se señalan, se entenderán aplicables a los juzgados de familia las normas del Código Orgánico de Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal: sistema de distribución de causas, Comité de jueces, Juez Presidente, ,Administradores de Tribunales y organización administrativa de los juzgados.

En lo relativo a la subrogación de los jueces se aplicarán las normas de los juzgados de garantía.”.

Se aprobó sin debate, sólo con adecuaciones de forma, por unanimidad.

143)Artículo nuevo ( pasó a ser 138).

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron un nuevo artículo del siguiente tenor:

“Funciones del oficial primero.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, en los juzgados de familia las funciones a que se refiere el artículo 389 G del Código Orgánico de Tribunales serán desempeñadas por el oficial primero.”

Se precisó que tales funciones eran, fundamentalmente, las certificaciones y las autorizaciones de mandatos o poder.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.

144) Artículo nuevo ( pasó a ser 139).

Los representantes del Ministerio de Justicia propusieron un artículo nuevo, del tenor siguiente:

“Adecuaciones de referencia. Todas las referencias que se hagan en leyes generales o especiales a los juzgados de letras de menores, a los jueces de menores o con competencia en materia de menores, se entenderán hechas a los juzgados y jueces de familia o con competencia en materia de familia, respectivamente. De la misma forma, las referencias a las causas o materias de menores se entenderán hechas a las causas o materias de familia.”.

No se produjo debate y se lo aprobó en iguales términos, por unanimidad.

145) Artículo 138.- ( pasó a ser 140).

Introduce diversas modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales.

Esta norma que, originalmente modificaba los artículos 5°, 15, 25, 45, 63. 69, 98, 99, 195, 265, 269, 289 bis, 292, el párrafo X del Título XI, 469, 471, 478, 481, 488, 494, 496, 506, 507, 535 y 540 del Código señalado, fue substituida por una indicación del Ejecutivo como consecuencia del cambio de dependencia administrativa del Sistema Nacional de Mediación y de la introducción de los dos nuevos artículos 137 y 139 que, al disponer la aplicación de normas de este Código a los juzgados de familia y efectuar adecuaciones de referencia, hicieron innecesarias muchas de las modificaciones propuestas, introduciéndose, en consecuencia, cambios sólo en las normas que se señalan a continuación, todas las que la Comisión acordó tratar separadamente:

a) Artículo 15.- Dispone que la distribución de causas entre los jueces de los juzgados de garantía, se realizará de acuerdo a un procedimiento objetivo y general, que deberá ser aprobado anualmente por el comité de jueces del juzgado, a propuesta del juez presidente, o sólo por este último, según el caso.

La modificación consiste en agregar un inciso segundo a este artículo para señalar que lo dispuesto en el inciso primero, se aplicará a los consejos técnicos de los juzgados de familia.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

b) Artículo 25.- Establece que los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal se organizarán en unidades administrativas para el cumplimiento eficaz de las siguientes funciones:

1° Sala, consistente en la organización y asistencia a la realización de las audiencias.

2° Atención de público, destinada a otorgar una adecuada atención, orientación e información al público que concurra al juzgado o tribunal.

3° Servicios, que reunirá las labores de soporte técnico de la red computacional del juzgado o tribunal, de contabilidad y apoyo a la actividad administrativa y la coordinación y abastecimiento de las necesidades físicas y materiales para la realización de las audiencias.

4° Administración de causas, consistente en desarrollar toda la labor relativa al manejo de causas y registros del proceso penal en el juzgado o tribunal.

5° Apoyo a testigos y peritos, para brindar una adecuada y rápida atención, información y orientación, a los testigos y peritos citados a declarar en el transcurso de un juicio oral.

La modificación consiste en agregar un inciso segundo a este artículo para disponer que tratándose de los juzgados de familia las unidades administrativas serán las siguientes:

1° sala;

2° atención de público y administración de causas, y

3° servicios.

El Diputado señor Bustos echó de menos la unidad destinada a apoyar a testigos y peritos en los juzgados de familia, recordando que en materia de violencia intrafamiliar, la prueba testimonial y las pericias adquieren relevancia.

Los representantes del Ministerio de Justicia sostuvieron que en materia de familia la probanza más relevante era la documental, razón por la cual no se había creído necesario establecer una unidad especial para el apoyo de testigos y peritos, probanzas que son más importantes en el juicio oral.

No obstante la observación señalada, una vez cerrado el debate, se aprobó la modificación en los términos expuestos, por unanimidad.

c) Artículo 63.- Establece la competencia de las Cortes de Apelaciones en única instancia, en primera instancia y en segunda instancia.

Su número 3° señala las materias de que conocen en segunda instancia, incluyendo su letra a) a las causas civiles y del trabajo y a los actos no contenciosos que hayan conocido en primera los jueces de letras de su territorio jurisdiccional o uno de sus ministros.

La modificación consiste en agregar las causas de familia.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

d) Artículo 69.- Dispone que los Presidentes de Cortes de Apelaciones formarán el último día hábil de cada semana una tabla de los asuntos que verá el tribunal en la semana siguiente, de entre los que se encuentren en estado de relación.

Su inciso tercero señala que en las tablas deberá designarse un día de la semana, a lo menos, para conocer las causas criminales, sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal les acuerden.

La modificación consiste en substituir este inciso por el siguiente:

“ En las tablas deberá designarse un día de la semana para conocer las causas criminales y otro día distinto para conocer las causas de familia, sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal les acuerden.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los términos propuestos.

e) Artículo 195.- Señala las causales de implicancia de los jueces, incluyendo en su número 5° el haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa actualmente sometida a su conocimiento.

La modificación consiste en substituir este número por el siguiente:

“ Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

f) Artículo 265.- Señala la ubicación en los distintos escalafones de los funcionarios del Poder Judicial.

Su inciso segundo incluye en el escalafón secundario a los defensores públicos, notarios, conservadores, archiveros, administradores, subadministradores y jefes de unidades de tribunales con competencia en lo criminal, procuradores del número, receptores, asistentes sociales y bibliotecarios.

La modificación consiste en reemplazar a los “asistentes sociales” por los “ miembros de los consejos técnicos”.

Ante una consulta del Diputado señor Ceroni, en el sentido de que este reemplazo podría significar la eliminación de los asistentes sociales del Poder Judicial, toda vez que la disposición que se modifica es de aplicación general, los representantes del Ministerio de Justicia hicieron ver que dichos cargos no existen actualmente tanto en los juzgados civiles como del crimen, pero se mantienen en los juzgados con competencia común. No obstante lo cual, cuando estos últimos tribunales conozcan materias de familia, también tendrán la asistencia de un consejo técnico.

Se aprobó sin mayor debate, por unanimidad, en los mismos términos

g) Artículo 289 bis.- Se refiere a la forma de constituirse las ternas para la provisión de los cargos de asistentes sociales y bibliotecarios.

La modificación, netamente adecuatoria, consiste en substituir en este artículo las menciones que hace en sus dos incisos a los asistentes sociales y bibliotecarios por los siguientes: psicólogos u orientadores familiares, asistentes sociales y bibliotecarios.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, sólo con correcciones de forma.

h) Artículo 292.-

Señala las categorías que conforman el escalafón del personal de empleados.

La modificación fue explicada por los representantes del Ejecutivo como una adecuación de la norma del Código a la planta de los juzgados de familia que propone este proyecto, consistiendo en agregar en las segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima categorías los cargos correspondientes de estos últimos juzgados.

El texto de esta modificación quedó como sigue:

“ Modifícase el artículo 292 en los siguientes términos:

a) Agréganse en la segunda categoría, a continuación de la frase “Encargados de sala de tribunales de juicio oral en lo penal y de juzgados de garantía de ciudad asiento de Corte de Apelaciones”, las siguientes expresiones: “, ejecutivos de sala y oficiales de mediación de juzgados de familia de asiento de Corte”.

b) Agréganse al final de la tercera categoría, después de la frase “ Oficiales primeros de los juzgados de capital de provincia”, las siguientes expresiones: “ encargados contables de asiento de Corte, ejecutivos de sala de capital de provincia, oficiales de mediación de capital de provincia, oficiales administrativos primeros de asiento de Corte y encargados de toma de actas de asiento de Corte.”.

c) Agréganse al final de la cuarta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “comunas” las frases: “ ejecutivos de sala de juzgados de familia de comuna, oficiales de mediación de juzgados de familia de comuna, encargados contables de juzgados de familia de capital de provincia, oficiales administrativos primeros de juzgados de familia de capital de provincia, encargados de toma de actas de juzgados de familia de capital de provincia y oficiales administrativos segundos de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

d) Agréganse al final de la quinta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “comunas” las frases: “ encargados contables de juzgados de familia de comunas, oficiales administrativos primeros de juzgados de familia de comuna, encargados de toma de actas de juzgados de familia de comunas, oficiales administrativos segundos de juzgado de familia de capital de provincia y oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

e) Agréganse al final de la sexta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “Temuco”, las siguientes frases: “ oficiales administrativos segundos de juzgados de familia de comuna y oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de capital de provincia.”.

f) Agréganse al final de la séptima categoría, antes el punto aparte que sucede a la palabra “Justicia”, las siguientes frases: “ oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de comuna y secretarías de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

i) El párrafo 10 del Título XI trata de los Asistentes Sociales Judiciales y su único artículo, el 457, los define en su inciso primero como auxiliares de la administración de justicia a los que corresponde informar al tribunal acerca de los aspectos sociales, económicos, ambientales, educacionales y demás que se les requiera con respecto a las partes o a los hechos o situaciones que han provocado el conflicto o la conducta irregular del individuo.

Su inciso segundo dispone que a lo menos habrá uno de estos funcionarios en cada juzgado especial de menores.

Su inciso tercero regla la situación de implicancia o recusación del asistente social, estableciendo que será subrogado por los demás asistentes sociales del tribunal a que pertenece, según el orden de sus nombramientos y, en subsidio, por el asistente social de cualquier otro servicio público que el juez designe, el que estará obligado a desempeñar el cargo.

La modificación consiste en substituir el título del Párrafo por “Del consejo técnico” y en reemplazar el artículo 457 por el siguiente:

“ Los consejos técnicos son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por asistentes sociales, psicólogos y/u orientadores familiares en el número que fija la ley. Su función es asesorar individual o colectivamente a los jueces en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad.

Cada uno de los profesionales que integren un consejo técnico estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso final del artículo 494 de este Código.

Cuando, por implicancia o recusación, un miembro del consejo técnico no pudiere intervenir en determinada causa, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del consejo técnico del tribunal a que perteneciere, según el orden de sus nombramientos y la especialidad requerida.

Si todos los miembros del consejo técnico de un tribunal estuvieren afectados por una implicancia o recusación, el juez designará un asistente social, psicólogo u orientador familiar de cualquier servicio público, el que estará obligado a desempeñar el cargo.”.

Ante la consulta del Diputado señor Luksic acerca de por qué no se incluyó en el consejo técnico a los psiquiatras, los representantes del Ministerio de Justicia hicieron presente que las remuneraciones fijadas para este personal no serían atractivas para dichos profesionales, además de que la orientación de tal profesión es terapéutica, lo que no condice con la finalidad del consejo en cuanto orientar la decisión del juez, función que parece más propia de un psicólogo. Finalmente, recordaron que no existía impedimento alguno para que las partes pudieran solicitar peritajes psiquiátricos.

Cerrado el debate, se aprobó la proposición en iguales términos, por unanimidad.

j) Artículo 469.- Dispone que las incapacidades en razón de parentesco que establece la ley, rigen para todos los funcionarios del escalafón primario dependientes de una Corte de Apelaciones en su respectivo territorio jurisdiccional.

Su inciso segundo agrega que no podrán ser fiscales judiciales, administradores, subadministradores, jefes de unidades de tribunales con competencia en lo criminal o asistentes sociales judiciales en un tribunal, las personas que tengan con uno o más jueces de él alguno de los parentescos que señala el artículo 258, es decir, consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive..

La modificación consiste en substituir en el inciso segundo las expresiones “ asistentes sociales judiciales” por “miembros del consejo técnico”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

k) Artículo 471.- Trata de la exigencia de juramento que deben prestar los auxiliares de la administración de justicia, en forma previa a la asunción de sus cargos.

Su inciso tercero dispone que los fiscales judiciales, relatores y secretarios de Corte, prestarán juramento ante el presidente del tribunal de que formen parte.

Su inciso cuarto establece, en su frase inicial, que los demás funcionarios auxiliares lo harán ante el juez respectivo.

La modificación consiste en agregar a esta frase inicial lo siguiente: “ o ante el juez presidente si el tribunal estuviere compuesto por más de un juez.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, sólo con correcciones de forma.

l) Artículo 481.- Su inciso primero hace aplicable a los fiscales judiciales, defensores, relatores, secretarios, receptores y asistentes sociales judiciales, la prohibición que establece el artículo 321, es decir, comprar o adquirir a cualquier título para sí, para su cónyuge o para sus hijos, las cosas o derechos que se litiguen en los juicios en que participen.

La modificación consiste en reemplazar la mención de los “asistentes sociales judiciales” por “ miembros de los consejos técnicos.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en iguales términos.

m) Artículo 488.- Establece en su inciso primero que para recusar a los relatores, secretarios y asistentes sociales judiciales es necesario expresar y probar causa legal.

Su inciso segundo agrega que las causas de recusación de los secretarios y asistentes sociales judiciales, son, en cuanto les sea aplicables, las determinadas para la recusación de los jueces.

La modificación consiste en substituir la mención de los “asistentes sociales judiciales” por “miembros de los consejos técnicos”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

n) Artículo 496.- Señala que regirán para los auxiliares de la administración de justicia, las causales de suspensión de los jueces en cuanto les sean aplicables.

Su inciso segundo agrega que las funciones de los secretarios, receptores, procuradores, notarios, conservadores y archiveros se suspenderán, además, por sentencia judicial que les imponga la pena de suspensión.

La modificación consiste en agregar en este inciso segundo a los “administradores y miembros de los consejos técnicos”.l

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

146) Artículo 139 ( pasó a ser 141).

Esta disposición, que derogaba los artículos 18 a 26, 31, 34 a 37, y 40 de la ley N° 16.618, conocida como Ley de Menores, fue substituida por los representantes del Ministerio de Justicia para introducir las siguientes modificaciones a esa ley:

a) Deroga los artículos 18 a 27.

Las disposiciones que se propone derogar establecen, en síntesis, lo siguiente:

1° El artículo 18 encomienda el conocimiento de los asuntos que trata el Título III de esta ley, referente a la organización y atribuciones de los tribunales de menores, y la facultad de hacer cumplir las resoluciones que recaigan en ellos, a los Juzgados de Letras de Menores.

2° El artículo 19 señala el número de juzgados de letras de menores que habrá en el país y las materias que serán de la competencia de cada uno.

3° El artículo 20 faculta al Presidente de la República para crear uno o más juzgados de letras de menores a medida que los recursos fiscales lo permitan; señala como distrito jurisdiccional de estos juzgados el que corresponda al territorio del departamento en que tenga su asiento el tribunal, o el de la comuna o agrupación de comunas o departamentos que determine el Jefe del Estado.

4° El artículo 21 crea en cada uno de los juzgados de letras de ciudad asiento de Corte y de ciudad capital de provincia, que se desempeñen, además, como juzgados de letras de menores, una plaza de asistente social.

5° El artículo 22 señala los requisitos para ser juez de letras de menores, es decir, los mismos que para ser juez de letras, más comprobar conocimientos de psicología.

6° El artículo 23 dispone que el juez de letras de menores será nombrado por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva.

7° El artículo 24 dispone que en cada juzgado de letras de menores habrá un secretario quien tendrá el carácter de ministro de fe pública y tendrá las funciones que indica. Su nombramiento lo efectúa el Presidente de la República a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva.

8° El artículo 25 dispone que si el juez faltare por cualquier causa o no pudiere conocer de un determinado asunto, será subrogado por el secretario. Si la ausencia excede de quince días, la Corte de Apelaciones respectiva deberá formar una terna para el nombramiento de un suplente.

9° El artículo 26 señala las materias que serán de competencia de los jueces de letras de menores.

10 El artículo 27 dispone la aplicación de los apremios de que trata el artículo 15 de la ley sobre abandono de familia (multas y arrestos), a las personas declaradas viciosas por el juez, cuando se acredite el abandono de su trabajo para burlar la entrega directa de sus remuneraciones a su mujer o a sus hijos.

Los representantes del Ministerio de Justicia explicaron que las disposiciones que establecen estas normas, se encuentran contenidas en diversas disposiciones del proyecto que se analiza.

Se aprobó la proposición, sin mayor debate, por unanimidad, en los mismos términos.

b) Artículo 28.- En su inciso primero encomienda al juez de letras de menores, a petición del Ministerio Público, pronunciarse sobre si un mayor de 16 años y menor de 18 ha obrado o no con discernimiento, en los casos en que se le impute un hecho constitutito de delito al que la ley asigna una pena superior a presidio o reclusión menores en su grado mínimo ( 61 a 540 días). Tal declaración no podrá demorarse más de quince días.

Su inciso segundo se refiere a la situación del mayor de 16 años y menor de 18 al que se le atribuye un hecho constitutivo de falta o simple delito al que la ley no sanciona con penas privativas o restrictivas de libertad, o bien cuando éstas no excedan de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, señalando que la declaración previa acerca del discernimiento será emitida por el juez de garantía competente, a petición del Ministerio Público, en el mismo plazo señalado en el inciso anterior.

Su inciso tercero señala que la resolución del juez que declara la falta de discernimiento, será susceptible únicamente del recurso de apelación, el que se concederá en el solo efecto devolutivo.

La modificación consiste en derogar los incisos primero y tercero y en suprimir del segundo los términos “ que la ley no sancione con penas privativas o restrictivas de libertad, o bien, cuando éstas no excedan de presidio o reclusión menores en su grado mínimo”.

Asimismo, en substituir en el inciso segundo la frase “ en el mismo plazo señalado en el inciso anterior” por “ en el plazo de 15 días”.

Los representantes del Ministerio de Justicia explicaron que, en la actualidad, cuando las penas aplicables son de cierta gravedad, el trámite del discernimiento corresponde al juez de garantía, pero cuando exceden de dicha gravedad, el trámite corresponde al juez de menores. Agregaron que la finalidad de la modificación es dejar el pronunciamiento sobre la actuación del menor con o sin discernimiento a los jueces de garantía, reservando la intervención del juez de familia sólo a la aplicación de las medidas de protección, es decir, que no deba intervenir en el conocimiento de asuntos con connotación criminal.

La Comisión coincidió con la proposición, pero por razones de mayor claridad, se mostró partidaria de substituir el artículo por el siguiente:

“ Cuando a un mayor de dieciséis y menor de dieciocho años de edad se le atribuyere un hecho constitutito de falta o de simple delito, la declaración previa acerca del discernimiento será emitida por el juez de garantía competente, a petición del Ministerio Público, en el plazo de quince días. Con dicho objeto, se citará a una audiencia a todos los intervinientes, previa designación de un defensor para el menor si no tuviere uno de su confianza, a la que deberán concurrir con todos sus medios de prueba. Si se declarare que el menor ha obrado con discernimiento, el proceso se regulará de acuerdo a lo previsto en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal, cualquiera sea la pena requerida por el fiscal.

Encontrándose firme la resolución del juez de garantía que declare que el menor ha actuado sin discernimiento, la comunicará al juez de menores, a fin de que este último determine si corresponde la aplicación de alguna de las medidas contempladas en el artículo 29.

En el evento que se declare que el menor ha actuado con discernimiento, el fiscal podrá igualmente ejercer las facultades contempladas en el párrafo 1° del Título I del Libro II del Código Procesal Penal o deducir los respectivos requerimientos o acusaciones”.

Se aprobó por unanimidad.

c) Artículo 29.- Esta norma enumera las medidas de protección que el juez de letras de menores puede imponer “ en los casos previstos en el artículo 26 N° 10 de esta ley”, es decir, cuando se impute un hecho punible a un menor de dieciséis años o mayor de esa edad pero menor de dieciocho, que haya obrado sin discernimiento.

La modificación consiste en substituir la frase entre comillas por la siguiente:

“ En los casos previstos en el artículo 8° número 16) de la ley que crea los juzgados de familia”.

La modificación, que no es más que una adecuación del texto de la disposición para referirla a la ley que crea los juzgados de familia, se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

d) Artículo 30.- Esta disposición señala las medidas que el juez de menores puede adoptar “ en los casos previstos en el artículo 26 N° 7” de la misma ley, es decir, cuando los padres, por razones de bienestar del hijo, solicitan al juez que determine sobre la vida futura del menor, o en aquellos casos de menores gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos.

La modificación consiste en substituir la frase entre comillas por la siguiente:

“ En los casos previstos en el artículo 8° N° 15 de la ley que crea los juzgados de familia”.

Igual que en el caso anterior, la modificación no es más que una adecuación de referencia, razón que llevó a la Comisión a aprobarla, sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

e) Deroga los artículos 34 a 37.

Las normas que se propone derogar se refieren al procedimiento aplicable en los asuntos de competencia de los juzgados de letras de menores, disposiciones todas que el proyecto substituye.

En síntesis, cabe señalar lo siguiente:

1° El artículo 34 dispone que en estas materias, cuando no hay contienda entre partes, el procedimiento será verbal y sin forma de juicio, debiendo el juez dictar sus resoluciones con conocimiento de causa.

Su inciso segundo agrega que cuando se produce oposición y existe contienda, se aplicará el procedimiento sumario con las modificaciones que señala.

2° El artículo 35 se refiere a las notificaciones que deben efectuarse en este procedimiento.

3° El artículo 36 dispone que el juez, en todos los asuntos de que conozca, deberá apreciar la prueba en conciencia y, en lo posible, oír siempre al menor que fuere púber y al impúber cuando lo estime conveniente. Podrá también requerir informes de especialistas y utilizar los demás medios de información que considere adecuados.

4° El artículo 37 declara admisibles en estos juicios únicamente los recursos de apelación y de queja, sin perjuicio del recurso de reposición cuando proceda, señalando, además, la procedencia de estos recursos y la forma de substanciarlos.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

f) Deroga el artículo 40.

Esta norma, también de procedimiento, faculta al juez para que durante el juicio y aún antes de iniciarse, de oficio o a petición de parte, pueda ejercitar las facultades señaladas en esta ley.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

g) Artículo 48 bis.- Esta disposición señala un procedimiento especial para la tramitación de las causas concernientes a la relación directa y regular con el menor que tendrá el padre o madre separado que no tuviere el cuidado personal del hijo, señalando que se sujetará a las reglas de los incidentes con las modificaciones que indica.

La modificación consiste en substituir este artículo por el siguiente:

“ En las causas concernientes a la relación directa y regular con el menor a que se refiere el artículo precedente regirán las siguientes normas especiales:

a) Se aplicará lo dispuesto en el artículo 40 de la ley que crea los juzgados de familia.

b) Si no existiere regulación convencional ni judicial de la relación con el menor y en la demanda se pidiere también que sea regulada provisoriamente, se aplicará lo dispuesto en los incisos primero, tercero, cuarto, quinto y séptimo del artículo 5° de la ley N° 14.908.

c) Si el juez lo estima necesario podrá decretar de oficio o a petición de parte la citación de los parientes a la audiencia principal.”.

Los representantes del Ministerio de Justicia explicaron que esta disposición regulaba el procedimiento para el derecho de visita, facultando al juez para fijarlo provisoriamente de conformidad al mecanismo que señala la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. Igualmente, habilitaba al juez para oír a los menores en los términos que señala este proyecto y para citar a los parientes.

El Diputado señor Bustos expresó preocupación por el hecho de aplicarse un tratamiento igual a los menores que han incurrido en un hecho punible pero han sido declarados sin discernimiento, y a aquellos que son objeto de una medida de protección propiamente tal. Reconoció que se trataba de algo transitorio como consecuencia de la futura supresión del trámite del discernimiento, pero, en todo caso, creía que a los menores de catorce años solamente deberían aplicárseles medidas de protección.

Cerrado el debate, la Comisión procedió a aprobar la proposición por unanimidad, en los mismos términos.

h) Artículo 65.- Señala que cuando en una investigación apareciere comprometido un menor como autor, cómplice o encubridor, el Ministerio Público deberá, “ dependiendo de la pena que la ley asigne al hecho”, ponerlo a disposición del juez de garantía o del juez de letras de menores, recabando, cuando corresponda, un pronunciamiento sobre el discernimiento.

La modificación consiste en suprimir la frase entre comillas y obedece al hecho de que a futuro y mientras exista el trámite, el pronunciamiento sobre el discernimiento corresponderá solamente a los jueces de garantía.

No se produjo debate y se aprobó la proposición en iguales términos, por unanimidad.

147) Artículo 140.-.( se suprime)

Esta norma agrega dos nuevos artículos a la Ley sobre Matrimonio Civil: 25 bis y 35 bis.

- El primero dispone que no podrá decretarse el divorcio mientras no se encuentren resueltos todos los asuntos relativos a la tuición, al derecho de los padres e hijos que viven separados a mantener una relación directa y personal, a los bienes familiares y a ls situación alimentaria de los miembros de la familia que tuvieren derecho a alimentos.

Su inciso segundo dispone que si las partes no hubieren convenido sobre estos puntos o el convenio fuere incompleto, el juez podrá llamarlas a conciliación o derivarlas a mediación.

Su inciso tercero añade que si una de las partes estuviere en rebeldía, el juez deberá resolver sobre estas materias en base a los antecedentes del proceso, al momento de dictar sentencia.

- El segundo hace aplicable las disposiciones anteriores a los juicios sobre nulidad de matrimonio.

La Comisión, como consecuencia de haber incorporado dentro de la competencia de los juzgados de familia, el conocimiento de las causas sobre divorcio y nulidad de matrimonio, acordó, por unanimidad, suprimir este artículo. ( Número 6 de este capítulo)

148) Artículo 141.- (pasó a ser 142).

Deroga los artículos 2° y 3° de la ley N° 19.325, sobre violencia intrafamiliar.

Las disposiciones que se propone derogar establecen lo siguiente:

a) Artículo 2°.- Da competencia para conocer de los conflictos originados en actos de violencia intrafamiliar, al juez de letras de turno en lo civil que tenga jurisdicción sobre el lugar en que vive el afectado.

b) Artículo 3°.- Señala el procedimiento aplicable a la substanciación de los conflictos mencionados, aplicando en forma subsidiaria las normas comunes a todo procedimiento contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

La Comisión, considerando que se trata de materias que el proyecto regla en forma diferente, procedió a aprobar el artículo, sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

150) Artículo 142.- ( pasó a ser 143).

Modifica el inciso segundo del artículo 6° del Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la necesidad de mandato para comparecer en juicio a nombre de otro, con el objeto de agregar al final del inciso segundo lo siguiente:

“ En los juzgados de familia corresponderá prestar dicha autorización al funcionario que en esos tribunales tenga el carácter de ministro de fe de acuerdo con la ley.”.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Modificaciones al Código de Procedimiento Civil. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil:

1) Derógase el N° 5 del artículo 680.

2) Derógase el Título XVII del Libro III.”.

1° El artículo 680 hace aplicable el procedimiento sumario a los juicios que indica, señalando su número 5 los litigios sobre separación de bienes.

2° El Título XVII del Libro III del citado Código, señala el procedimiento aplicable a los juicios sobre nulidad de matrimonio y de divorcio.

La Comisión, considerando que se trata de materias cuya competencia entrega el proyecto a los juzgados de familia, de acuerdo al procedimiento que señala el párrafo 3° del Título III, procedió a aprobar este artículo, sin debate, por unanimidad.

151) Artículo 143.- (pasó a ser 146)

Suprime los juzgados de menores de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio, Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, Coronel, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro, Coyhaique, Punta Arenas, Santiago, Pudahuel, San Miguel, Puente Alto y San Bernardo.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

152) Artículo 144.- ( pasó a ser 147)

Suprime, a contar de la fecha en que entren en aplicación los procedimientos que este proyecto establece, un cargo de asistente social en el Juzgado de Letras de Parral y tres en el Juzgado de Letras de Talagante.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo a fin de suprimir, a contar de la fecha en que entren en aplicación en la región respectiva los procedimientos que establece este proyecto, los cargos de asistente social en los Juzgados de Letras de Vallenar, Ovalle, Limache, Casablanca, La Ligua, Los Andes, Villa, Alemana, Quilpue, San Fernando, Algol, Ancud, Medlipilla, Buín y Talagante, como también un cargo de asistente social en el Juzgado de Letras de Parral al entrar en vigencia los nuevos procedimientos en la VII Región.

Su inciso segundo agrega que los demás cargos de asistente social creados por ley mantendrán su vigencia y dependencia del respectivo juzgado.

El Diputado señor Urrutia propuso suprimir un cargo de asistente social en Linares y no en Parral, como consecuencia que, conforme a lo acordado respecto del artículo 4° de este proyecto, las causas que se originen en la comuna de Retiro, tendrán que verse en el Juzgado de Parral y no en el de Familia de Linares, proposición a la que adhirió el Diputado señor Ceroni.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que, en general, el número de funcionarios no responde a un criterio definido, existiendo tribunales con mayor carga de trabajo que otros y, sin embargo, menos funcionarios, dependiendo, en realidad, de la mayor o menor cercanía de la Corte de Apelaciones respectiva.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo por mayoría de votos ( 5 votos a favor y 2 en contra).

153) Artículo 145.- (pasó a ser 148) .

Hace aplicables a las causas de competencia de los juzgados de familia de que conozcan los de letras, los procedimientos establecidos en los Títulos III (procedimiento ordinario), IV ( procedimientos especiales)y V (mediación) de este proyecto.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

154) Artículo 146.- (pasó a ser 149).

Crea diversos cargos de asistente social y de psicólogos en los juzgados de letras que indica, como también cargos de psicólogos en las Corres de Apelaciones que señala, para que se desempeñen en los juzgados que enumera.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente, substituyendo la creación conjunta de cargos de psicólogos y asistentes sociales y reemplazando los nombramiento de psicólogos en las Cortes por asistentes sociales.:

Su texto fue el siguiente:

“Creación de cargos: Créanse los siguientes cargos para efectos de lo establecido en el artículo anterior:

1) Créase un cargo de asistente social en los siguientes juzgados de letras:

Juzgado de Letras de María Elena

Juzgado de Letras de Tal Tal

Juzgado de Letras de Diego de Almagro

Juzgado de Letras de Caldera

Juzgado de Letras de Los Vilos

Juzgado de Letras de Isla de Pascua

Juzgado de Letras de Quintero

Juzgado de Letras de San Vicente

Juzgado de Letras de Peumo

Juzgado de Letras de Rengo

Juzgado de Letras de Constitución

Juzgado de Letras de Licantén

Juzgado de Letras de Molina

Juzgado de Letras de San Javier

Juzgado de Letras de San Carlos

Juzgado de Letras de Yungay

Juzgado de Letras de Tomé

Juzgado de Letras de Cañete

Juzgado de Letras de Arauco

Juzgado de Letras de Loncoche

Juzgado de Letras de Pitrufquén

Juzgado de Letras de Villarrica

Juzgado de Letras de Lautaro

Juzgado de Letras de Nueva Imperial

Juzgado de Letras de Curacautín

Juzgado de Letras de Toltén

Juzgado de Letras de Pucón

Juzgado de Letras de Victoria

Juzgado de Letras de Mariquina

Juzgado de Letras de La Unión

Juzgado de Letras de Calbuco

Juzgado de Letras de Quellón

Juzgado de Letras de Cisnes

2) Créanse los cargos de asistente social que en cada caso se señalan en las Cortes de Apelaciones, para que se desempeñen en los juzgados de letras que a continuación se indican:

a) Corte de Apelaciones de La Serena, dos cargos para desempeñarse en los juzgados de Freirina, Andacollo, Combarbalá y Vicuña.

b) Corte de Apelaciones de Rancagua, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Litueche y Peralillo.

c) Corte de Apelaciones de Talca, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Curepto y Chanco.

d) Corte de Apelaciones de Chillán, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Coelemu y Bulnes

e) Corte de Apelaciones de Concepción, cuatro cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Cabrero, Florida, Santa Juana, Santa Bárbara, Mulchén, Curanilahue y Nacimiento.

f) Corte de Apelaciones de Temuco, dos cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Purén, Traiguén, Carahue y Collipulli

g) Corte de Apelaciones de Valdivia, dos cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Paillaco, Panguipulli, Los Lagos y Rio Negro

h) Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuatro cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Hualaihué, Quinchao, Los Muermos y Maullín.

3) Créase un cargo de psicólogo en los siguientes juzgados de letras:

Juzgado de Letras de Pozo Almonte

Juzgado de Letras de Tocopilla

Juzgado de Letras de Chañaral

Juzgado de Letras de Illapel

Juzgado de Letras de Isla de Pascua

Juzgado de Letras de Pichilemu

Juzgado de Letras de Cauquenes

Juzgado de Letras de Lebu

Juzgado de Letras de Villarrica

Juzgado de Letras de Traiguén

Juzgado de Letras de Victoria

Juzgado de Letras de Chaitén

Juzgado de Letras de Puerto Aisén

Juzgado de Letras de Cochrane

Juzgado de Letras de Chile Chico

Juzgado de Letras de Cisnes

Juzgado de Letras de Porvenir

Juzgado de Letras de Puerto Natales.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

155) Artículo 147.- (pasó a ser 150).

Se refiere a la atención de psicólogos en juzgados de letras, estableciendo que los psicólogos de los juzgados de familia que indica, desarrollarán también sus funciones en los juzgados de letras que señala, en la oportunidad y forma que determine el juez presidente, escuchando al administrador del tribunal.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo, estableciendo que la oportunidad para el desarrollo de estas funciones la establecería la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe del administrador del juzgado correspondiente.

Su texto fue el siguiente:

“ Atención de psicólogos en juzgados de letras. Los psicólogos de los juzgados de familia que a continuación se indican, desarrollarán también sus funciones en los siguientes juzgados de letras, en la oportunidad y forma que determine la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe del administrador del juzgado correspondiente:

1) Primer Juzgado de Familia de Antofagasta en los Juzgados de Letras de María Elena y Taltal.

2) Juzgado de Familia de Copiapó en los Juzgados de Letras de Caldera y Diego de Almagro.

3) Juzgado de Familia de Vallenar en el Juzgado de Letras de Freirina.

4) Juzgado de Familia de La Serena en los Juzgados de Letras de Andacollo, Combarbalá, Los Vilos y Vicuña.

5) Juzgado de Familia de Valparaíso en los Juzgados de Letras de Petorca y Quintero.

6) Juzgado de Familia de Rancagua en los Juzgados de Letras de Litueche, Peralillo, Peumo, San Vicente y Rengo.

7) Juzgado de Familia de Curicó en los Juzgados de Letras de Molina y Licantén.

8) Juzgado de Familia de Talca en los Juzgados de Letras de Curepto y Constitución.

9) Juzgado de Familia de Linares en los Juzgados de Letras de San Javier, Chanco y Parral.

10) Primer Juzgado de Familia de Concepción en los Juzgados de Letras de Cabrero, Florida, Santa Juana, Curanilahue, Cañete,Tomé y Arauco.

11) Juzgado de Familia de Los Angeles en los Juzgados de Letras de Santa Bárbara, Nacimiento y Mulchén.

12) Juzgado de Familia de Chillán en los Juzgados de Letras de San Carlos, Coelemu, Quirihue, Bulnes y Yungay.

13) Juzgado de Familia de Temuco en los Juzgados de Letras de Toltén, Curacautín, Carahue, Pitrufquén, Lautaro, Nueva Imperial y Loncoche.

14) Juzgado de Familia de Valdivia en los Juzgados de Letras de Paillaco, Panguipulli, Los Lagos, Rio Negro y Mariquina.

15) Juzgado de Familia de Osorno en los Juzgados de Letras de La Unión y Rio Bueno.

16) Juzgado de Familia de Puerto Mont en los Juzgados de Letras de Puerto Varas, Calbuco, Maullín, Los Muermos y Hualaihué.

17) Juzgado de Familia de Castro en los Juzgados de Letras de Quellón y Quinchao.”

La Diputada señora Mella observó lo inadecuado que resultaba imponer al psicólogo del Juzgado de Familia de Valparaíso tener que concurrir a prestar servicios al Juzgado de Letras de Petorca, siendo que por razones de distancia ello sería mucho más factible que lo hiciera los que se desempeñan en el Juzgado de Familia de Quillota, materia que quedó de analizarse.

No obstante lo anterior, la Comisión oriocedió a aprobar el artículo por unanimidad, en los mismos términos.

156) Artículo 148.- (pasó a ser 152).

Dispone que esta ley entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

157) Artículo 149.- (pasó a ser 153).

Dispone que el financiamiento del mayor gasto que represente esta ley, se financiará con cargo a los recursos que se consignen en la partida presupuestaria Tesoro Público del primer año correspondiente a su entrada en vigencia.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

158) Artículo nuevo.- ( pasó a ser 151).

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar un nuevo artículo que establece que el psicólogo del Juzgado de Letras de Traiguén desempeñará también funciones en el de Purén; el del Juzgado de Letras de Victoria en el de Collipulli y el del Juzgado de Letras de Villarrica en el de Pucón.

Se aprobó en los mismos términos, sin debate, por unanimidad.

159) Artículo nuevo.- (pasó a ser 144).

El Ejecutivo presentó una indicación para introducir las siguientes modificaciones en la ley N° 14.908, sobre abandono de familias y pago de pensiones alimenticias:

1) Substituir el inciso primero del artículo 1°.

Este inciso entrega competencia para conocer de los juicios de alimentos al juez de letras en lo civil del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último, disponiendo, además, que se tramitarán conforme a las reglas del procedimiento sumario, sin perjuicio de las disposiciones especiales que señala.

La modificación consiste en dar competencia al juez de familia y en establecer que serán aplicables las normas del procedimiento ordinario de la ley que crea los juzgados de familia, en todo lo que no esté previsto en la misma ley sobre abandono de familia.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

1) Suprimir el inciso cuarto del artículo 2°.

El artículo 2° da competencia al juez de letras de menores del domicilio del alimentante o del alimentario, a elección de este último, para conocer de las demandas de alimentos que se deban a menores o al cónyuge cuando éste los solicite conjuntamente con sus hijos menores.

Su inciso cuarto sujeta el procedimiento al contemplado en la ley N° 16.618, de Menores, en todo lo que la ley que se modifica no prevea.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.

2) Derogar el artículo 4°.

El citado artículo establece que si en estos juicios, el demandante contare con patrocinio de abogado y el demandado careciere de medios suficientes para sufragar su defensa, el tribunal le designará, para que lo patrocine, a un abogado de la respectiva Corporación de Asistencia Judicial o de otro organismo público o privado que preste asistencia gratuita o, en su defecto, al abogado de turno.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

3) Substituir el inciso quinto del artículo 5°.

Este artículo se refiere a la concesión de alimentos provisorios a favor de los hijos menores del demandado.

Su inciso quinto dispone que la notificación de la resolución que se pronuncie sobre estos alimentos, se efectuará de conformidad al artículo 35 de la Ley de Menores, es decir, en forma personal o por carta certificada.. En los demás casos la resolución que decrete alimentos provisionales se notificará personalmente o por cédula.

La modificación consiste en disponer que la resolución que se pronuncie sobre la petición de alimentos provisorios deberá notificarse por carta certificada, la que se entenderá practicada al tercer día de expedida dicha carta.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que con esta modificación, se ampliaba el plazo en que se entiende efectuada la notificación, a tres días.

Se aprobó, sin mayor debate, en los mismos términos, por unanimidad.

4) Modifica el artículo 12 :

Este artículo señala, en su inciso primero, que el requerimiento de pago que se haga al ejecutado deberá ser personalmente o por cédula, la que contendrá copia íntegra de la resolución y demás datos para su acertada comprensión, agregando, a continuación, las personas que actuando como ministro de fe, podrán efectuar la notificación.

Su inciso final refiriéndose al despacho del mandamiento de embargo para el pago de la primera pensión alimenticia, señala que este mandamiento será suficiente para el pago de las cuotas venideras, sin necesidad de nuevo requerimiento, pero si no se efectuare oportunamente el pago de una o más pensiones, deberá en cada caso, notificarse por cédula el mandamiento.

La modificación consiste en substituir el inciso primero para disponer que “el requerimiento de pago se notificará al ejecutado en la forma establecida en los incisos primero y segundo del artículo 23 de la ley que crea los juzgados de familia” (personal y ,en su defecto, por otro medio idóneo que el juez decida), y en reemplazar en el inciso final los términos “ por cédula” por las expresiones “ por carta certificada”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en iguales términos.

5) Derogar el artículo 20.

Este artículo establece que sin perjuicio de la radicación de la competencia en el tribunal que esté conociendo del asunto, serán aplicables las normas establecidas en la presente ley ( 14.908) a los alimentos que se soliciten incidentalmente en los juicios sobre violencia intrafamiliar, reclamación de la filiación, separación de bienes, divorcio y, en general, cualquier otro procedimiento en que la ley contemple expresamente la posibilidad de solicitarlos.

Tratándose de una materia prevista en este proyecto, la Comisión procedió a aprobar esta modificación por unanimidad, en iguales términos.

160) Artículo nuevo ( pasó a ser 145).

El Ejecutivo presentó una indicación para introducir dos modificaciones al decreto ley N° 3.346, de 1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.

1) Agregar una nueva letra s) a su artículo 2°.

El artículo señalado indica las funciones que corresponden al Ministerio de Justicia.

La modificación consiste en agregar una nueva letra para encomendar al Ministerio la administración del sistema de mediación anexo a los juzgados de familia.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad.

2) Agregar una nueva letra e) a su artículo 11.

El artículo señalado indica las funciones que corresponden a la División Judicial del Ministerio.

La modificación consiste en agregar una nueva letra para entregar a esa División la administración del sistema de mediación anexo a los juzgados de familia, función que cumplirá por medio del Departamento de Mediación a que se refiere la ley que crea los juzgados de familia, el que será de su dependencia.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

161)Artículo 1° transitorio.

Establece que durante el período de la instalación de los juzgados de familia, los tribunales de menores subsistentes seguirán conociendo de las materias que les encomienda la ley N° 16.18, con los procedimientos que esa ley establece.

Su inciso segundo agrega que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, las causas que estuvieren sometidas a los juzgados de letras de menores, continuarán substanciándose por las disposiciones de la ley N° 16.618, hasta su sentencia de término.

Su inciso tercero establece que para los efectos anteriores, las disposiciones de la ley N° 16.618 que se derogan, mantendrán su vigencia por el tiempo que fuere necesario.

La Comisión estimó que la redacción dada a este artículo era repetitiva y no se justificaba, razón por la que los Diputados señoras Mella y Vidal y señores Araya, Ceroni y Urrutia presentaron una indicación para substituirlo por el siguiente:

“Artículo primero .- Durante el período de la instalación de los juzgados de familia, los tribunales con competencia en materia de menores subsistentes, seguirán conociendo de las materias que les encomienda la ley Nº 16.618, con los procedimientos en ella establecidos, hasta su sentencia de término.

Para los efectos del inciso anterior, las disposiciones de la ley Nº 16.618, que se derogan, mantendrán su vigencia por el tiempo que fuere necesario.”.

Se aprobó sin debate, por unanimidad.

162)Artículo 2° transitorio,

Dispone que las causas de competencia de los juzgados de familia que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley , se encontraren radicadas en juzgados civiles o de letras con competencia en lo civil, continuarán radicadas en éstos hasta la sentencia de término.

La Comisión se mostró partidaria de mejorar la redacción de este artículo, a la vez que establecer expresamente la excepción a la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes en lo que se refiere a las normas de procedimiento. De acuerdo a lo anterior, los Diputados señoras Mella y Vidal y señores Araya, Ceroni y Urrutia presentaron una indicación para substituirlo por el siguiente:

“Artículo segundo .- Las causas de competencia de los juzgados de familia que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encontraren radicadas en juzgados con competencia en lo civil, continuarán radicadas en éstos y se sustanciarán conforme a las normas procesales vigentes a la fecha de inicio de las mismas, hasta la sentencia de término.”.

Se aprobó, sin debate, por unanimidad.

163) Artículo 3° transitorio.

Establece que los profesionales que hubieren completado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, su formación en mediación, deberán acreditar dicha formación, para los efectos de inscribirse en el Registro Especial de Mediadores de Familia, de acuerdo a las normas reglamentarias.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en iguales términos.

164) Artículo 4° transitorio.

Dispone que el Presidente de la República deberá dictar, dentro del plazo de 180 días contado desde la publicación de esta ley, mediante decreto supremo expedido por medio del Ministerio de Justicia, suscrito además por el Ministro de Hacienda, las normas reglamentarias necesarias para la ejecución de esta ley.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en iguales términos.

165) Artículo 5° transitorio.

Señala la gradualidad con que se aplicarán las normas de esta ley, a contar de la entrada en vigencia de la misma.

Esta gradualidad es la siguiente:

IV y IX regiones: 12 meses.

II, III y VII regiones: 24 meses.

I, XI y XII regiones: 36 meses.

V, VI, VIII y X regiones: 48 meses.

Región Metropolitana: 60 meses.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

166) Artículo 6° transitorio.

Dispone que la instalación de los nuevos juzgados de familia que señala el artículo 4°, deberá efectuarse con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha prevista para su funcionamiento, debiendo la Corporación Administrativa del Poder Judicial poner a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos tribunales.

Su inciso segundo señala que la designación de los jueces que habrán de servir en estos nuevos juzgados, se efectuará de acuerdo a las reglas comunes, en lo que no sean modificadas o complementadas por las normas especiales que indica a continuación.

El Ejecutivo presentó una indicación para introducir a este artículo tres modificaciones:

1) Por la primera modifica el párrafo segundo del número 1).

Este número dispone que los jueces de menores cuyos tribunales son suprimidos, podrán optar a los cargos de juez de familia dentro de su mismo territorio jurisdiccional con, a lo menos trescientos días de antelación, a la fecha de instalación de dichos juzgados.

Su párrafo segundo señala que si no ejercen ese derecho “o por cualquier circunstancia, no fueren nombrados en los juzgados de familia que se crean en la presente ley”, serán destinados por la Corte respectiva a un cargo de igual jerarquía al que poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que se afecte derecho funcionario alguno.

La modificación consiste en suprimir las expresiones que figuran en forma destacada.

2) Por la segunda modifica el número 4) para reemplazar la expresión “ ampliación” por “ modificación”.

El número 4) establece que la Corte Suprema podrá disponer la ampliación de los plazos precedentemente establecidos, cuando atendido el número de cargos vacantes por proveer, ello resultare necesario para dar cumplimiento al plazo de instalación de los nuevos tribunales.

3) Por la tercera se corrige un error reemplazando en el número 7) las expresiones “ la letra c)” por “ el inciso segundo”.

El número 7) señala que, en casos excepcionales, cuando no hubiere postulantes que cumplan los requisitos señalados en la letra b) del artículo 284 del Código Orgánico de Tribunales, resultará aplicable la regla contenida en la letra c) de la misma disposición.1

La Comisión coincidió con estas modificaciones, orientadas a flexibilizar y adecuar la norma en lo que se refiere a los nuevos nombramientos y, sin mayor debate, procedió a aprobar las modificaciones conjuntamente con el artículo, por unanimidad, en los términos que se señalan al final de este informe.

167) Artículo nuevo ( pasó a ser 7° transitorio.).

El Ejecutivo presentó una indicación para introducir un nuevo artículo 7° transitorio con el objeto de reglar la continuidad en funciones en los nuevos juzgados de familia, por parte de los asistentes sociales

de planta cuyos cargos hubieren sido suprimidos por esta ley.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos, de acuerdo al texto del articulado que propone la Comisión al final de este informe.

168) Artículo 7° transitorio.- ( pasó a ser 8° transitorio).

Señala las reglas en virtud de las cuales los empleados de secretaría de los tribunales de menores que son suprimidos por esta ley, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados de familia.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo, la que se caracteriza por referirse únicamente a los funcionarios que resultaren afectados por la aplicación de esta ley, por considerar como Región Metropolitana los territorios de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel para los efectos del derecho de opción que concede a los funcionarios que llenarán los cargos de los juzgados de familia correspondientes al grado once de la Escala de Sueldos Base Mensuales del Poder Judicial, por desglosar en artículo aparte la obligación que se impone a la Academia Judicial de establecer los procedimientos necesarios para aplicar el examen habilitante a los funcionarios que postulen a cargos en los juzgados de familia y, en general, por dar una redacción más ordenada a la norma.

No se produjo debate y se lo aprobó por unanimidad en los mismos términos propuestos, conforme al texto que propone la Comisión al final de este informe.

169) Artículo nuevo.- ( pasó a ser noveno transitorio)

El Ejecutivo presentó una indicación para establecer como artículo aparte la norma que figuraba como número 6) del artículo 7° transitorio original, es decir, establecer que la Academia Judicial deberá establecer los procedimientos necesarios para aplicar los cursos y el examen habilitante a que deberán someterse todos los postulantes a los cargos vacantes de los juzgados de familia.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

170) Artículo 8° transitorio.- ( pasó a ser décimo transitorio).

Establece que la supresión de los juzgados de menores a que se refiere el artículo 131 ( 146 del texto aprobado) , se llevará a cabo a medida que se instalen los juzgados de familia, conforme a los plazos que señala el artículo 6° transitorio.

Su inciso segundo agrega que las causas que subsistan, una vez suprimido el tribunal, serán distribuidas por la respectiva Corte de Apelaciones entre los juzgados de letras y civiles de la misma jurisdicción, entendiéndose que tales juzgados son los continuadotes legales del suprimido.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir el inciso primero por cuatro nuevos los que señalan, en síntesis, lo siguiente:

El primero dispone que la supresión de los juzgados de menores se llevará cabo seis meses después que se instalen los juzgados de familia en la región respectiva, conforme lo señala el artículo 5° transitorio.

El segundo dispone que la Corte Suprema podrá prorrogar dicho plazo hasta el máximo de un año, cuando el número de causas pendientes en el tribunal de menores al instalarse el juzgado de familia respectivo, no hubieren disminuido en más del 50%.

El tercero señala que los jueces de menores que hubieren sido nombrados en un juzgado de familia de acuerdo al derecho que les concede el artículo 6° transitorio, continuarán ocupando sus cargos hasta que la Corte de Apelaciones disponga su incorporación al nuevo juzgado, aplicándose en tal caso las reglas generales de subrogación, sin que deba proveerse el cargo vacante.

El cuarto establece que la Corte de Apelaciones respectiva deberá fijar de entre el personal de los tribunales de menores, la dotación necesaria para que los jueces que señala el inciso anterior puedan continuar desempeñando sus funciones.

La Comisión estimó demasiado amplio el plazo que se concedía a la Corte Suprema para disponer la supresión de los juzgados de menores cuando su carga de trabajo, al momento de instalarse los juzgados de familia, no hubiere disminuido en más de un 50%, mostrándose partidaria de reducir este término a un nuevo período de sólo seis meses.

Cerrado el debate, se aprobó el artículo con la modificación señalada, por unanimidad, quedando su texto como figura al final de este informe.

171) Artículo 9° transitorio. ( pasó a ser undécimo transitorio).

Faculta al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año a contar de la entrada en vigencia de esta ley, dicte un decreto con fuerza de ley para reajustar, por una sola vez, el pago base del servicio de mediación, sin que dicho reajuste pueda exceder el 20% del pago base establecido en el artículo 113 ( 120 del texto aprobado) de esta ley.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

INFORME DE LA CORTE SUPREMA.-

La Corte Suprema pronunciándose sobre la indicación substitutiva original hecha llegar a esta Comisión Unida, manifiesta su plena conformidad con la existencia de una judicatura especializada en materia de familia y especialmente con la creación de sistemas alternativos para la solución de conflictos, pero en lo que se refiere al procedimiento contemplado en el Título III, específicamente el párrafo tercero sobre el procedimiento ordinario, formula diversas observaciones de las cuales cabe comentar aquellas que no fueron recogidas en el texto final propuesto por la Comisión Unida:

a) En lo que se refiere al 33, objeta los párrafos segundo y tercero del N° 6) por cuanto considera que citar a una audiencia complementaria para analizar la prueba que en razón de la suspensión no pueda analizarse en el acto, resulta” bastante extraño si se considera que el análisis de la prueba es materia que evidentemente corresponde realizarlo al juez en su sentencia, por ello también llama la atención que el “análisis inmediato de la prueba pudiere implicar una vulneración del derecho a defensa” .

b) Respecto del artículo 36 estima que la obligación de dictar la sentencia inmediatamente de terminada la audiencia principal o la complementaria, en su caso, explicitando verbalmente sus fundamentos, “configura una obligación que, notoriamente resultará impracticable, además de que en nada contribuirá a tener una mejor justicia que no siempre se logra con una exagerada y mal entendida celeridad.

c) Por último, en lo que se refiere al artículo 6° transitorio, en sus números 1) y 2), en lo que respecta a las destinaciones que puede efectuar la Corte de Apelaciones respectiva, de los jueces de menores cuyos juzgados se suprimen y no optan a un juzgado de familia o en cuanto a determinar el juzgado y la oportunidad en que cada juez pasará a ocupar su nueva posición, de acuerdo con las necesidades de funcionamiento del sistema, estima que ello debería revisarse al tenor de lo establecido en el inciso final del artículo 77 de la Constitución Política, el que dispone que la Corte Suprema, en pleno especialmente convocado al efecto y por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, podrá autorizar u ordenar, fundadamente, el traslado de los jueces y demás funcionarios y empleados del Poder Judicial a otro cargo de igual categoría.

CONSTANCIA.-

Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1) Que los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 52, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 149, 150, y 151 permanentes y los artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10 transitorios tienen rango de ley orgánica constitucional por incidir en materias relacionadas con la organización y atribuciones de los tribunales.

2) Que los artículos 4°, 99, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 134, 135, 136, 140 N°s. 7 y 8, 145, 149 y 153 permanentes y artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10 y 11 transitorios son de competencia de la Comisión de Hacienda.

3) Que siendo el texto tratado por esta Comisión, una indicación substitutiva, no se estimó procedente pronunciarse en general.

4) Que la Comisión rechazó los siguientes artículos e indicaciones:

Los artículos 67, 68, 69, 70, 73, 96, 105, 117, 120, 125 y 140 de la indicación substitutiva original.

Las siguientes indicaciones:

1) La de la Diputada señora Mella para suprimir en el N° 1 del artículo 98 ( pasó a ser 102) las expresiones “ área de las ciencias humanas y sociales”.

2) La del Diputado señor Luksic para incluir en el n°1 del artículo 98 ( pasó a ser 102) a los médicos.

3) La del Diputado señor Bustos para suprimir en el N° 1 del artículo 98 (pasó a ser 102) las expresiones “instituto profesional”.

4) La del Diputado señor Letelier Morel para incluir en el artículo 108 (pasó a ser 111) la exigencia de que los mediadores deberían tener domicilio en la respectiva región.

5) La del Diputado señor Bustos para expresar en el artículo 116 (pasó a ser 120) las cantidades en pesos en unidades de fomento.

6) La del Diputado señor Urrutia para substituir en el artículo 144 (pasó a ser 147) la supresión de un cargo de asistente social en el Juzgado de Letras de Parral por uno en el Juzgado de Linares.

7) La de los Diputados señoras Cristi y Cubillos y señores Barros, Forni y Kast para modificar el artículo 51 (pasó a ser 53) en los siguientes términos:

a) Agregar en su inciso final, a continuación del punto aparte que pasa a ser coma (,) la siguiente oración:

“ cuando fuere entablada por las personas a las que se refiere el inciso segundo.”.

b) Agregar un inciso final del siguiente tenor:

“ Con todo, en caso que la denuncia fuere infundada y presentada por las personas a las que se refiere el inciso tercero, hará incurrir al denunciante en una multa a beneficio fiscal, cuyo monto fluctuará entre una a diez unidades tributarias mensuales.”.

8) La de los Diputados señora Cubillos y señores Barros, Forni y Kast para eliminar el inciso tercero del artículo 51 ( pasó a ser 53).

9) La de la Diputada señora Guzmán para excluir del artículo 64 (pasó a ser 69) la inhabilidad para declarar como testigo a que se refiere el N° 1 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

10) La de la misma Diputada señora Guzmán y Diputado señor Burgos para excluir del artículo 64 ( pasó a ser 69) la inhabilidad para declarar como testigo a que se refiere el N° 5 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

11) La del Diputado señor Burgos para excluir del artículo 64 ( pasó a ser 69) la inhabilidad para declarar como testigo a que se refiere el N° 4 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil.

*******

Por las razones señaladas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad a la indicación substitutiva total propuesta por el Ejecutivo, con las modificaciones que el mismo Ejecutivo le introdujo, aprobadas por la Comisión, las que ésta propuso y otras de carácter formal, sin mayor trascendencia, de conformidad al siguiente texto:

TÍTULO I

DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA Y SU ORGANIZACIÓN

Párrafo Primero

De los Juzgados de Familia

Artículo 1°.- Judicatura especializada. Créanse los juzgados de familia, encargados de conocer los asuntos de que trata esta ley y los que les encarguen otras leyes generales y especiales, de resolverlos y de hacer cumplir las resoluciones que recaigan en ellos.

Estos juzgados formarán parte del Poder Judicial y tendrán la estructura, organización, composición y competencia que la presente ley establece.

En lo no previsto en ella se regirán por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales y las leyes que lo complementan.

Artículo 2°.- Conformación. Los juzgados de familia tendrán el número de jueces que para cada caso señala el artículo 4°. Contarán, además, con un consejo técnico asesor, un administrador y una planta de oficiales de secretaría.

Artículo 3°.- Potestad jurisdiccional. Cada uno de los jueces ejercerá indistinta y separadamente la potestad jurisdiccional plena para conocer de los asuntos que las leyes encomienden a los juzgados de familia.

Artículo 4°.- Creación de nuevos juzgados. Créanse los juzgados de familia que a continuación se indican, con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República y con el número de jueces que en cada caso se señala:

a) Primera Región de Tarapacá:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Arica y jurisdicción sobre las comunas de las provincias de Arica y Parinacota, el que estará compuesto de cinco jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Iquique y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de siete jueces.

b) Segunda Región de Antofagasta:

El primer y el segundo juzgado de familia con asiento en la comuna de Antofagasta y jurisdicción sobre las comunas de Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda, los que estarán compuestos de cinco jueces cada uno.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Calama y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de El Loa, el que estará compuesto de cuatro jueces.

c) Tercera Región de Atacama:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Copiapó y jurisdicción sobre las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, el que estará compuesto de cuatro jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Vallenar y jurisdicción sobre las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, el que estará compuesto de dos jueces.

d) Cuarta Región de Coquimbo:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Coquimbo y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Ovalle y jurisdicción sobre las comunas de Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria y Punitaqui, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de La Serena y jurisdicción sobre las comunas de La Serena y La Higuera, el que estará compuesto de tres jueces.

e) Quinta Región de Valparaíso:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Limache y jurisdicción sobre las comunas de Limache y Olmué, el que estará compuesto de un juez.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Los Andes y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Los Andes, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de La Ligua y jurisdicción sobre las comunas de La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo, el que estará compuesto de un juez.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Casablanca y jurisdicción sobre las comunas de Casablanca, El Quisco y Algarrobo, y sobre la comuna de Curacaví de la Región Metropolitana de Santiago, el que estará compuesto de un juez.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Villa Alemana y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Quilpue y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Valparaíso y jurisdicción sobre las comunas de Valparaíso y de Juan Fernández, el que estará compuesto de nueve jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Viña del Mar y jurisdicción sobre las comunas de Viña del Mar y Concón, el que estará compuesto de siete jueces y que tendrá, para todos los efectos legales, la calidad de juzgado de ciudad asiento de Corte.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de San Felipe y jurisdicción sobre las comunas de San Felipe, Santa María, Panquehue, Llay-Llay, Catemu y Putaendo, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Quillota y jurisdicción sobre las comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de San Antonio y jurisdicción sobre las comunas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo, y sobre la comuna de Navidad de la Sexta Región, el que estará compuesto de tres jueces.

f) Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Rancagua y jurisdicción sobre las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machali, Coltauco, Doñihue, Coinco, Olivar y Requínoa, el que estará compuesto de ocho jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de San Fernando y jurisdicción sobre las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Rancagua, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Santa Cruz y jurisdicción sobre las comunas de Santa Cruz, Chépica y Lolol, el que estará compuesto de un juez.

g) Séptima Región del Maule:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Talca y jurisdicción sobre las comunas de Talca, Pelarco, Río Claro, San Clemente, Maule, Pencahue y San Rafael, el que estará compuesto de cinco jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Curicó y jurisdicción sobre las comunas de Curicó, Teno, Romeral, Rauco y Sagrada Familia, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Linares y jurisdicción sobre las comunas de Linares, Yerbas Buenas, Colbún y Longaví, el que estará compuesto de tres jueces.

h) Octava Región del Bío-Bío:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Yumbel y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto por un juez.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Chillán y jurisdicción sobre las comunas de Chillán, Pinto, Coihueco, Chillán Viejo y San Nicolás, el que estará compuesto de cuatro jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Los Ángeles y jurisdicción sobre las comunas de Los Ángeles, Quilleco, Antuco y Laja, el que estará compuesto de cuatro jueces.

El primer y segundo juzgados de familia de Concepción con asiento en la comuna de Concepción y jurisdicción sobre las comunas de Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz y Chiguayante, los que estarán compuestos de cinco jueces cada uno.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Talcahuano y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de seis jueces, y que tendrá, para todos los efectos legales, la calidad de juzgado de ciudad asiento de Corte.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Coronel y jurisdicción sobre las comunas de Coronel y Lota, el que estará compuesto de tres jueces.

i) Novena Región de La Araucanía:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Angol y jurisdicción sobre las comunas de Angol y Renaico, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Temuco y jurisdicción sobre las comunas de Temuco, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Freire y Padre Las Casas, el que estará compuesto de siete jueces.

j) Décima Región de Los Lagos:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Ancud y jurisdicción sobre las comunas de Ancud y Quemchi, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Valdivia y jurisdicción sobre las comunas de Valdivia y Corral, el que estará compuesto de cuatro jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Osorno y jurisdicción sobre las comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay y San Juan de la Costa, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Puerto Montt y jurisdicción sobre las comunas de de Puerto Montt y Cochamó, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Castro y jurisdicción sobre las comunas de Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón y Queilén, el que estará compuesto de dos jueces.

k) Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Coyhaique y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Coyhaique, el que estará compuesto de dos jueces.

l) Duodécima Región de Magallanes:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Punta Arenas y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Magallanes y Antártica Chilena, el que estará compuesto de tres jueces.

m) Región Metropolitana de Santiago:

El primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgados de familia de Santiago, con asiento en la comuna de Santiago y jurisdicción sobre las comunas de Santiago, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, Estación Central, Cerrillos, Maipú, Renca y Quilicura. El primer y segundo juzgados de familia estarán compuestos por nueve jueces, y el tercero, cuarto y quinto, por ocho jueces cada uno.

El primer y segundo juzgados de familia de Pudahuel, con asiento en la comuna de Pudahuel y jurisdicción sobre las comunas de Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado, los que estarán compuestos de seis jueces cada uno y que tendrán, para todos los efectos legales, la calidad de juzgados de ciudad asiento de Corte.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Colina y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Chacabuco, el que estará compuesto de dos jueces.

El primer, segundo y tercero juzgados de familia de San Miguel, con asiento en la comuna de San Miguel y jurisdicción sobre las comunas de San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, La Cisterna, San Ramón, La Granja, El Bosque y La Pintana. El primer y segundo juzgados de familia tendrán siete jueces cada uno y el tercero seis jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Talagante y jurisdicción sobre las comunas de Talagante, El Monte e Isla de Maipo, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Melipilla y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Melipilla con excepción de Curacaví, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Peñaflor y jurisdicción sobre las comunas de Peñaflor y Padre Hurtado, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Buín y jurisdicción sobre las comunas de Buín y Paine, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Puente Alto y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Cordillera, el que estará compuesto por seis jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de San Bernardo y jurisdicción sobre las comunas de San Bernardo y Calera de Tango, el que estará compuesto por seis jueces.

Párrafo Segundo

Del Consejo Técnico.

Artículo 5°.- Integración. En cada juzgado de familia habrá un consejo técnico interdisciplinario integrado por asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares.

Los miembros del consejo técnico son auxiliares de la administración de justicia.

Artículo 6°.- Requisitos para integrar el consejo técnico. Para ser miembro del consejo técnico, se requerirá poseer el título de asistente social, psicólogo u orientador familiar otorgado por alguna universidad o instituto profesional del Estado o reconocidos por éste.

Los asistentes sociales y psicólogos deberán acreditar formación especializada en materia de familia de al menos dos semestres, impartida por las mismas instituciones señaladas en el inciso primero.

Artículo 7°.- Funciones. La función de los profesionales del consejo técnico será la de asesorar, individual o colectivamente, a los jueces en el análisis y mejor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento, en el ámbito de su especialidad.

Los informes u opiniones que emitan los miembros de este consejo en el cumplimiento de sus funciones, serán puestos en conocimiento de las partes, salvo que el juez decida lo contrario por resolución fundada.

TÍTULO II

DE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

Artículo 8°.- Competencia de los juzgados de familia. Corresponderá a los juzgados de familia:

1) Conocer de las causas relativas al derecho de cuidado personal de los menores de edad;

2) Conocer de las causas relativas al derecho y el deber del padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo, a mantener con éste una relación directa y regular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 del Código Civil;

3) Conocer de las causas relativas al derecho de alimentos;

4) Conocer de las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; a la emancipación y a las autorizaciones a que se refiere el artículo 254 del Código Civil;

5) Conocer de las causas de adopción y los procedimientos a que den lugar las leyes que la regulen;

6) Otorgar autorización para la salida de menores del país, en los casos en que corresponda de acuerdo con la ley;

7) Conocer de los disensos para contraer matrimonio;

8) Conocer de las acciones de filiación y de todas aquellas que digan relación con la constitución o modificación del estado civil de las personas, incluyendo la citación a confesar paternidad o maternidad a que se refiere el artículo 188 del Código Civil;

9) Conocer de los asuntos relativos a las guardas;

10) Conocer de las causas de interdicción;

11) Conocer de los siguientes asuntos que se susciten entre cónyuges relativos al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares:

a) Separación judicial de bienes.

b) Autorizaciones judiciales contempladas en los párrafos 1° y 3° del Título VI del Libro I y en los párrafos 1°, 3° y 4° del Título XXII-A del mismo Libro, todos del Código Civil.

c) Las causas sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación.

12) Conocer de las causas sobre divorcio y sobre nulidad de matrimonio;

13) Conocer de los asuntos a que de lugar la aplicación de la ley N° 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intra-familiar;

14) Conocer de las causas relativas al maltrato de menores de edad y de parientes incapaces;

15) Resolver sobre la vida futura del menor en el caso del inciso tercero del artículo 234 del Código Civil, y conocer de todos los asuntos en que aparezcan menores de edad gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la Ley de Menores;

16) Conocer de todos los asuntos en que se impute un hecho punible a menores de dieciséis años, o mayores de esa edad y menores de dieciocho que hayan obrado sin discernimiento, y aplicar, cuando corresponda, las medidas contempladas en el artículo 29 de la Ley de Menores, y

17) Conocer de los demás asuntos que leyes generales o especiales les encarguen.

TÍTULO III

DEL PROCEDIMIENTO

Párrafo primero

De los principios del procedimiento

Artículo 9°.- Principios del procedimiento. El procedimiento que aplicarán los juzgados de familia será predominantemente oral, concentrado y desformalizado. En él primarán los principios de la inmediación, de la actuación de oficio y la búsqueda de soluciones colaborativas entre las partes.

Artículo 10.- Oralidad. Todas las actuaciones procesales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Juzgado deberá llevar un sistema de registro de las actuaciones orales, de conformidad con las reglas establecidas para los Juzgados de Garantía en el Libro I, Título II, párrafo 6° del Código Procesal Penal.

Artículo 11.- Concentración. El procedimiento se llevará a efecto a través de una audiencia principal de contestación y prueba. Además, en forma excepcional, y sólo en caso que sea estrictamente indispensable para la acertada resolución del litigio, se llevará a cabo una audiencia complementaria cuyo objeto central será la recepción de prueba que no sea posible analizar en la audiencia principal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 (29).

No existirán en este procedimiento incidentes de previo y especial pronunciamiento.

Artículo 12.- Desformalización. En silencio de la ley, el juez determinará la forma en que se verificarán las actuaciones y, en esta tarea, como en la de interpretar las normas del procedimiento, tendrá siempre presente que su objetivo es el adecuado resguardo de los derechos reconocidos por la ley y la más pronta y justa decisión de la controversia.

Artículo 13.- Inmediación. Las audiencias y las diligencias de prueba se realizarán siempre con la presencia del juez, quedando prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación de funciones. El juez formará su convicción en base a las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido.

Artículo 14.- Actuación de oficio. Promovido el proceso y en cualquier estado del mismo, el juez deberá adoptar, de oficio, todas las medidas necesarias para llevarlo a término con la mayor celeridad.

Artículo 15.- Colaboración. Durante el procedimiento y en la resolución del conflicto, se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación entre las partes, privilegiando las soluciones colaborativas acordadas por ellas.

Artículo 16.- Publicidad . El juez deberá velar durante todo el proceso por el respeto al derecho a la intimidad de las partes y especialmente de los menores. Con ese objeto podrá prohibir la difusión de datos o imágenes referidos al proceso o a las partes en los medios de comunicación; o disponer mediante resolución fundada, que todas o algunas de las actuaciones del procedimiento se realicen en forma reservada.

Párrafo segundo

De las reglas generales

Artículo 17.- Unidad de competencia. Los jueces de familia conocerán en una sola causa de las distintas materias de su competencia que una o ambas partes sometan a su decisión.

Artículo 18.- Comparecencia en juicio. En los procedimientos que se sigan ante los juzgados de familia, las partes podrán actuar personalmente o por medio de abogado patrocinante. El juez podrá ordenar expresamente que la actuación de las partes se realice por medio de mandatario judicial, si una de ellas cuenta con asesoría de letrado.

En caso de que una de las partes no pueda o no quiera proveer a su propia defensa, el juez deberá tomar las medidas necesarias para asegurarle una debida asesoría, a su costa si fuere solvente.

Artículo 19.- Representación. En todos los asuntos de competencia de los juzgados de familia en que aparezcan involucrados intereses de menores de edad o de incapaces, el juez deberá velar porque éstos se encuentren debidamente representados.

El juez designará a un abogado perteneciente a la respectiva corporación de asistencia judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, promoción o protección de los derechos de los menores o incapaces, en los casos en que éstos carezcan de representante legal o cuando por motivos fundados, el juez estime que sus intereses son independientes o contradictorios con los de aquel a quien corresponda legalmente su representación.

La persona así designada será el curador ad litem del menor de edad o incapaz por el solo ministerio de la ley y su representación se extenderá a todas las actuaciones del juicio.

De la falta de designación del representante de que trata este artículo, podrán reclamar las instituciones mencionadas en el inciso segundo o cualquier persona que tenga interés en ello.

Artículo 20.- Suspensión del procedimiento. Las partes podrán, de común acuerdo, suspender el procedimiento, por una vez, hasta por sesenta días.

Artículo 21.- Fraude procesal. Los jueces de familia deberán siempre reprimir el fraude procesal y la colusión, así como también sancionar la mala fe que observen en las actuaciones de los litigantes.

Para estos efectos y sin perjuicio de las medidas disciplinarias que contempla el Código Orgánico de Tribunales, los jueces de familia podrán imponer una multa a beneficio fiscal, cuyo monto fluctuará entre una a diez unidades tributarias mensuales. El juez determinará el monto de la multa, según la gravedad de las conductas indebidas.

Artículo 22.- Potestad cautelar. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, en cualquier momento de la causa el juez, de oficio o a petición de parte, en caso de que la gravedad de los hechos así lo requiera, decretará, mediante resolución fundada, cualquier medida cautelar que estime indispensable para la protección de un derecho.

Artículo 23.- Notificaciones. La primera notificación a la demandada se efectuará personalmente por el ministro de fe que el juez determine, conforme a la proposición que, atendiendo a las circunstancias del lugar en que funcione el tribunal y restantes consideraciones que miren a la eficacia de su actividad, haya formulado el administrador. La parte interesada podrá siempre encargar, a su costa, la práctica de la notificación a un receptor judicial.

En los casos que no resultare posible practicar la notificación personal, el juez dispondrá otra forma de notificación por cualquier medio de notificación idóneo que garantice la debida información del notificado para el adecuado ejercicio de sus derechos.

Las restantes notificaciones se practicarán por el estado diario, salvo que se trate de las sentencias definitivas y de las resoluciones en que se ordene la comparecencia personal de las partes, las que serán notificadas por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas desde el tercer día subsiguiente a aquel en que fueron expedidas. Para los efectos de lo prescrito en el presente artículo, tendrán el carácter de ministros de fe los funcionarios de secretaría de los juzgados de familia

Excepcionalmente, y por resolución fundada, el juez podrá ordenar que la notificación se practique por personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones.

Artículo 24.- Medios de prueba. Constituirán medios de prueba todos aquellos que, obtenidos lícitamente, sirvan para formar la convicción del juez.

Artículo 25.- Apreciación de la prueba. La prueba se apreciará en conformidad a las reglas de la sana crítica, esto es, aquéllas en que el tribunal debe expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Artículo 26.- Nulidad procesal. No se podrá decretar la nulidad procesal si el vicio no hubiese ocasionado perjuicio al litigante que la reclama, salvo en el caso del artículo 13.

Se entenderá que existe perjuicio cuando la infracción hubiere impedido el ejercicio adecuado de los derechos del litigante en el juicio.

Artículo 27.- Potestad ejecutiva. Los jueces de familia estarán facultados para decretar las medidas que estimen conducentes para el cumplimiento de las resoluciones que emitan, de conformidad con lo dispuesto en el Título XIX del Libro I del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 28.- Supletoriedad. En todo lo no regulado por esta ley, serán aplicables las disposiciones comunes a todo procedimiento establecidas en el Código de Procedimiento Civil, a menos que ellas resulten incompatibles con la naturaleza de los procedimientos que esta ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En dicho caso, el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación.

Párrafo tercero

Del procedimiento ordinario en los juzgados de familia.

Artículo 29.- Procedimiento ordinario.- El procedimiento de que trata este párrafo será aplicable a todos los asuntos contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los juzgados de familia y que no tengan señalado un procedimiento especial. Respecto de estos últimos dichas reglas tendrán carácter supletorio.

Artículo 30.- Presentación de la demanda. El proceso podrá comenzar por demanda oral o escrita. En el primer caso, el funcionario del tribunal que corresponda procederá a protocolizar en extracto los términos de la acción deducida por la parte demandante.

Artículo 31.- Citación a audiencia principal. Recibida la demanda, el tribunal dictará una resolución citando a las partes a la audiencia principal, la que deberá realizarse en el más breve plazo posible, de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida.

Dicha resolución fijará una primera y segunda fecha para la realización de la audiencia.

La segunda tendrá lugar sólo en el evento en que las partes no hayan sido debidamente notificadas.

En todo caso la audiencia no podrá realizarse en ninguna de las dos fechas si la notificación no se ha practicado con una antelación mínima de cinco días a la fecha respectiva.

Artículo 32.- Comparecencia a audiencia principal. Las partes podrán concurrir a la audiencia principal personalmente o debidamente representadas. Deberán, asimismo, concurrir con los antecedentes probatorios que avalen su pretensión.

Artículo 33.- Objetivos y desarrollo de la audiencia principal. La audiencia principal tendrá por objeto el conocimiento de la contestación de la demanda, la promoción de la mediación o conciliación, la fijación de los puntos controvertidos, la determinación de la prueba a rendir y su examen particular. En especial, se deberá cumplir con los siguientes objetivos:

1) Recibir la exposición verbal del contenido de la demanda, aun cuando ésta haya sido deducida en forma escrita;

2) Recibir la contestación de la demanda en forma verbal. En todo caso, podrá acompañarse su contenido por escrito si la demandada comparece con patrocinio de letrado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 .

3) Promover, a iniciativa del tribunal, la sujeción del conflicto al proceso de mediación a que se refiere el Título V, suspendiéndose el procedimiento judicial en caso que se de lugar a la mediación;

4) Promover, por parte del tribunal, indistintamente, la conciliación total o parcial conforme a las bases que proponga a las partes;

5) Determinar el objeto del proceso, total o parcialmente subsistente luego de los intentos de mediación o conciliación, en su caso;

6) Fijar los hechos controvertidos que deberán ser probados y cotejar la prueba que las partes ofrecen rendir en el acto.

Excepcionalmente, y previo al examen de los antecedentes probatorios, si a juicio del tribunal la prueba que hubiere sido ofrecida fuere insuficiente para resolver, el tribunal deberá dictar una resolución fundada en que fijará un día y hora para la realización de una audiencia de carácter complementario, que tendrá por objeto el análisis de la prueba que en razón de la suspensión no pueda examinarse en el acto. La audiencia complementaria en caso alguno podrá llevarse a cabo en un término superior a los 30 días y las partes se entenderán citadas a la misma por el solo ministerio de la ley.

Lo dispuesto en el párrafo precedente también tendrá lugar si, a juicio del tribunal, el análisis inmediato de la prueba pudiere implicar una vulneración del derecho a defensa de alguna de las partes, por haberle sido imposible adjuntar o rendir en el acto antecedentes, informes periciales o testimonios que avalen su pretensión;

7) Proceder al examen de la prueba ofrecida, comenzando por la parte demandante;

8) Decretar, de oficio o a petición de parte, las medidas cautelares que estime necesarias, en base a la prueba rendida por las partes, y

9) Resolver sobre cualquier otra cuestión que planteen las partes o surja de la audiencia, que sea necesaria para dar curso progresivo a los autos.

Artículo 34.- Audiencia complementaria. La audiencia complementaria tiene por objeto recibir la prueba que quieran rendir las partes y que, de acuerdo a lo dispuesto en el número 6° del artículo precedente, no se haya podido rendir en la audiencia principal.

Artículo 35.- Desarrollo de la audiencia principal y de la complementaria en su caso. La audiencia principal y la complementaria, en su caso, se llevarán a efecto en un solo acto. Si el tiempo no fuere suficiente, u otro motivo legítimo impidiere continuar la audiencia, el tribunal podrá prorrogarla para el siguiente día hábil hasta su culminación.

El juez adoptará las medidas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las audiencias, pudiendo disponer en interés del menor, que éste u otro miembro del grupo familiar se ausente durante determinadas actuaciones.

Artículo 36.- Sentencia. Concluida la audiencia principal o la complementaria, en su caso, el juez dictará la sentencia en ese mismo acto, explicitando verbalmente sus fundamentos. Deberá, asimismo, entregar a las partes copia escrita de la misma dentro de los cinco días siguientes.

En caso de incumplirse la obligación de entrega establecida en el inciso precedente, el hecho deberá ser sancionado disciplinariamente, considerándose para todos los efectos como una falta grave.

Artículo 37.- Actas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, los términos de la conciliación que pudiere producirse en las audiencias orales, deberán consignarse en extracto manteniendo fielmente los términos del acuerdo que contengan.

Artículo 38.- Impugnaciones. Las resoluciones serán impugnables a través de los recursos y en las formas que establece el Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones:

1) La solicitud de reposición de una resolución pronunciada en audiencia, se interpondrá y resolverá en el acto.

2) Sólo serán apelables la sentencia definitiva de primera instancia, las resoluciones que ponen término al procedimiento o hacen imposible su continuación, y las que se pronuncien sobre medidas cautelares.

3) El recurso de apelación deberá interponerse dentro del quinto día, contado desde la notificación de la respectiva resolución a la parte que lo entabla.

4) El tribunal de alzada conocerá y fallará la apelación sin esperar la comparecencia de las partes.

5) Efectuada la relación, la Corte podrá interrogar a las partes personalmente acerca de los hechos que estime de importancia para la decisión del recurso. Éstas, en todo caso, tendrán derecho a formular personalmente una declaración ante el tribunal de alzada, la que no podrá exceder de diez minutos y se entenderán en todo caso citadas a dicha audiencia de pleno derecho.

Si con posterioridad a los alegatos, la Corte estimare necesario interrogar a alguno de los testigos que hubieren declarado en la causa o a alguno de los peritos que hubieren informado en ella, suspenderá su vista, y dispondrá que sean citados para la fecha en que ésta deba continuar, la que no podrá ser posterior a diez días.

En dicho caso, una vez concluida la interrogación, las partes tendrán derecho a complementar su alegato por un término no superior a los diez minutos cada una.

TITULO IV

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Párrafo primero

De la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad.

Artículo 39.- Procedimiento de aplicación de medidas de protección. En los casos en que la ley exige o autoriza la intervención judicial para adoptar las medidas establecidas en la ley, tendientes a la protección de los derechos de los menores de edad, cuando se encuentren amenazados o vulnerados, se aplicará el procedimiento contenido en el presente párrafo. En lo no previsto por él, se aplicarán las normas del Título III de esta ley.

La intervención judicial será siempre necesaria cuando se trate de la adopción de medidas que importen separar al niño de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado.

Artículo 40.- Comparecencia de los menores. En este procedimiento, el juez tendrá debidamente en cuenta las opiniones de los menores en función de su edad y madurez.

Para este efecto podrá escuchar a los menores involucrados en la audiencia principal, en la complementaria o en otra audiencia especial, en un ambiente adecuado y cautelando su salud física y psíquica.

En esta función el juez podrá hacerse asesorar por uno o más miembros del consejo técnico.

Artículo 41.- Inicio del procedimiento. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a requerimiento del menor de edad, de sus padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado, de los profesores o del director del establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios de salud en que se atienda, o de cualquier persona que tenga interés en ello.

Artículo 42.- Potestad cautelar. En cualquier estado del juicio, y aún antes de su inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, el juez podrá adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger los derechos de los menores de edad que se encontraren amenazados.

La resolución que determine la imposición de una medida cautelar deberá ser fundada y basarse en antecedentes calificados, particularmente en los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo 39.

En particular, el tribunal podrá:

1. Disponer medidas de apoyo u orientación a los menores de edad, a sus padres o a las personas que los tengan bajo su cuidado.

2. Establecer prohibiciones o impartir instrucciones obligatorias a las personas indicadas en el número precedente.

3. Disponer la colocación del menor en un hogar substituto o en un establecimiento residencial, en los casos en que sea indispensable para preservar su vida o su integridad física o psíquica,

En la adopción de esta medida, el juez preferirá, para que asuman provisoriamente el cuidado del menor, a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza. Sólo en defecto de los anteriores, recurrirá a un establecimientos de protección.

En la misma resolución el juez deberá individualizar a la persona que de acuerdo a la ley le corresponde la representación de los derechos del menor

Con la adopción de cualquier medida cautelar que tenga lugar antes del inicio del juicio, el juez fijará desde ya la fecha en que deberá llevarse a cabo la audiencia principal, para dentro de los cinco días siguientes, contados desde la adopción de la medida.

Artículo 43.- Audiencia principal. Iniciado el procedimiento el juez fijará una audiencia principal para dentro de los cinco días siguientes, a la que citará a los padres o personas a cuyo cuidado esté el menor, a todos quienes puedan aportar antecedentes para una acertada resolución del asunto y, en su caso, al propio menor.

Durante la audiencia, el juez informará a las partes acerca de sus derechos y de las etapas del proceso y responderá a las dudas e inquietudes que les surjan. Los menores de edad serán informados en un lenguaje que les resulte comprensible.

El juez indagará sobre la situación que ha motivado el inicio del proceso, la forma en que afecta al menor y sobre las personas que se encuentran involucradas en la situación.

Los citados expondrán lo que estimen conveniente y, una vez oídos, el juez dictará una resolución que individualice a las partes, determine el objeto del proceso, indique las pruebas que deban rendirse y fije una audiencia complementaria para dentro de los diez días siguientes, a la que quedarán citadas las partes.

La prueba que sea posible rendir desde ya, se recibirá de inmediato.

Artículo 44.- Audiencia complementaria. Esta audiencia tendrá por objeto recibir la prueba que no haya podido rendirse anteriormente. En ella podrán objetarse los informes que se hayan evacuado. En este caso, el juez fijará una nueva audiencia para el solo efecto de rendir la prueba referida a dichos informes.

Artículo 45.- Medida de separación del menor de sus padres. Sólo cuando sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos del menor y siempre que no exista otra más adecuada, se podrá adoptar una medida que implique separarlo de uno o de ambos padres o de las personas que lo tengan bajo su cuidado. En este caso, el juez preferirá a sus parientes consanguíneos o a otras personas con las que aquél tenga una relación de confianza y, sólo en defecto de los anteriores, lo confiará a un establecimiento de protección.

Artículo 46.- Sentencia. Antes de pronunciar sentencia, el juez procurará que las partes acuerden la forma más conducente a la resolución de la situación que afecta al menor. Si ello no fuere posible, en la sentencia fundamentará la necesidad y conveniencia de la medida adoptada, indicará los objetivos que se pretenden cumplir con ella y determinará el tiempo de su duración.

La sentencia será pronunciada verbalmente una vez terminada la audiencia que corresponda, según sea el caso. El juez deberá explicar claramente a las partes la naturaleza y objetivos de la medida adoptada, sus fundamentos y su duración. En lo demás se aplicará lo dispuesto en el artículo 36.

Artículo 47.- Duración del procedimiento. En los casos en que, en virtud de una medida cautelar, el menor haya sido separado de uno o ambos padres o de las personas que lo tuvieren bajo su cuidado, el proceso no podrá durar más de noventa días, contados desde que se hubiere decretado esta medida.

Artículo 48.- Obligación de informar acerca del cumplimiento de las medidas adoptadas.

El director del establecimiento o el responsable del programa en que se cumpla la medida adoptada, tendrá la obligación de informar mensualmente al juez, acerca del desarrollo de la misma, de la situación en que se encuentra el menor de edad y de los avances alcanzados en la consecución de los objetivos establecidos en la sentencia.

En la ponderación de dichos informes, el juez se asesorará por uno o más miembros del Consejo Técnico, los cuales tendrán siempre la facultad de indagar personalmente la situación del menor.

Artículo 49.- Obligación de visita de establecimientos y sedes de programas. Los jueces de familia deberán visitar personalmente los establecimientos y sedes de los programas, existentes en su territorio jurisdiccional, en que se cumplan medidas de protección. El director del establecimiento o responsable del programa respectivo, deberá facilitar al juez el acceso a todas sus dependencias y la revisión de los antecedentes individuales de cada menor atendido en él. Asimismo, deberá facilitar las condiciones para que el juez se entreviste privadamente con los menores de edad que en él se encuentren.

Las visitas de que trata el inciso anterior podrán efectuarse en cualquier momento, dentro de lapsos que no excedan de seis meses entre una y otra, considerándose el incumplimiento de esta obligación como una falta disciplinaria grave para todos los efectos legales.

Después de cada visita, el juez evacuará un informe que contendrá las conclusiones derivadas de la misma.

Existiendo más de un juez por cada jurisdicción, las visitas deberán hacerse por turno, de acuerdo con el orden que determine el juez presidente del tribunal de familia.

Artículo 50.- Derecho de audiencia con el juez. Los menores respecto de los cuales se encuentre vigente una medida de protección judicial, tendrán derecho a que el juez los reciba personalmente, cuando lo soliciten por sí mismos o a través de las personas señaladas en el artículo siguiente.

Artículo 51.- Suspensión, modificación y cesación de medidas. En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el juez podrá suspender, modificar o dejar sin efecto la medida adoptada, de oficio, a solicitud del menor, de uno o de ambos padres, de las personas que lo tengan bajo su cuidado o del director del establecimiento o responsable del programa en que se cumple la medida.

Si el tribunal lo considera necesario para resolver, podrá citar a una única audiencia destinada a escuchar a las partes y recibir los antecedentes que avalen la suspensión, revocación o modificación solicitada.

Párrafo segundo

Del procedimiento de violencia intrafamiliar

Artículo 52.- Competencia. Corresponderá el conocimiento de los conflictos a que de origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar regulados en la ley N° 19.325 al tribunal de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado.

En todo caso, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia, fiscal del Ministerio Público o juez de garantía según corresponda, que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar deberá, de inmediato, adoptar las medidas precautorias que correspondan, aun cuando no sea competente para conocer de ellas. Las primeras diligencias practicadas aun por un juez incompetente serán válidas.

En estas materias, se aplicará el procedimiento contenido en este párrafo y, en lo no previsto, regirán las normas del Título III de esta ley.

Artículo 53.- Inicio del procedimiento. El procedimiento por actos de violencia intrafamiliar podrá iniciarse por demanda o por denuncia.

La demanda o denuncia podrá ser deducida por la víctima, sus ascendientes, descendientes, guardadores o personas que la tengan a su cuidado. La denuncia, además, podrá hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motiven, a quien le será aplicable lo establecido en el artículo 178 del Código Procesal Penal.

La denuncia de la víctima le otorgará, por excepción, la calidad de parte en el proceso.

La denuncia se formulará en el tribunal o ante Carabineros o la Policía de Investigaciones o los fiscales del Ministerio Público, los cuales estarán obligados a recibirla y a ponerla de inmediato en conocimiento del juez competente.

Artículo 54.- Actuación de la Policía. En caso de violencia intrafamiliar que actualmente se esté cometiendo, o ante llamadas de auxilio de personas que se encontraren al interior de un lugar cerrado u otros signos evidentes indicaren que se está cometiendo violencia intrafamiliar, los funcionarios de Carabineros y /o de la Policía de Investigaciones deberán entrar al lugar en que estén ocurriendo los hechos, practicar la detención del agresor, si procediere, e incautar del lugar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima. Deberán, además, ocuparse en forma preferente de prestar ayuda inmediata y directa a esta última.

El detenido será presentado inmediatamente al tribunal competente, considerándose el parte policial como denuncia.

Artículo 55.- Obligación de denunciar. Las personas señaladas en las letras d) y e) del artículo 175 del Código Procesal Penal, estarán obligadas a denunciar los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos.

Igual obligación recae sobre quienes detentan el cuidado personal de las personas que en razón de su edad, incapacidad u otra condición similar, no pudieren formular por si mismas la respectiva denuncia.

El juez deberá mantener en reserva la identidad de los denunciantes a que se refiere este artículo.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo será sancionado con una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.

Artículo 56.- Exámenes y reconocimientos médicos. Los profesionales de la salud que se desempeñen en hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los procedimientos y prestaciones médicas que hubieren sido solicitados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquíco ocasionado a la víctima, debiendo además conservar las pruebas correspondientes. A estos efectos se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hubieren practicado. Una copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se remitirá al Servicio Médico Legal, para ser puestos a disposición del tribunal competente, si lo requiriese, o para su archivo.

Artículo 57.- Contenido de la demanda. La demanda contendrá la designación del tribunal ante el cual se presenta, la identificación de la víctima y de las personas que componen el grupo familiar, la narración circunstanciada de los hechos y la designación de quien o quienes pudieren haberlos cometido, si ello fuere conocido.

Artículo 58.- Contenido de la denuncia. La denuncia contendrá siempre una narración circunstanciada de los hechos y, si al denunciante le constare, las demás menciones indicadas en el artículo anterior.

Artículo 59.- Identificación del ofensor. Si la denuncia se formulare en una institución policial y no señalare la identidad del presunto autor, ésta deberá practicar, de inmediato, las siguientes diligencias para determinarla:

1.- Procurar la identificación conforme a las facultades descritas en el artículo 85 del Código Procesal Penal, y/o

2.- Recabar las declaraciones que al efecto presten quienes conozcan su identidad.

Tratándose de denuncias o demandas interpuestas ante el tribunal, éste decretará las diligencias conducentes a determinar la identidad del presunto autor, si ésta no constare. Igual procedimiento seguirá el Ministerio Público respecto de las denuncias por violencia intrafamiliar de que tome conocimiento.

En las diligencias que la policía practique conforme a este artículo, mantendrá en reserva la identidad del denunciante o demandante.

Artículo 60.- Solicitud de extracto de filiación del denunciado o demandado. El juez requerirá al Servicio de Registro Civil e Identificación, por la vía que estime más rápida y efectiva, el extracto de filiación del denunciado o demandado y un informe sobre las anotaciones que éste tuviere en el registro especial que establece el artículo 8° de la ley N° 19.325.

Artículo 61.- Remisión de antecedentes si el hecho denunciado reviste caracteres de crimen o simple delito. En caso que los hechos en que se fundamenta la denuncia o la demanda sean constitutivos de crimen o simple delito, el juez deberá enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público.

Si tales hechos dieren lugar a una investigación criminal, constituyendo además un acto de violencia intrafamiliar, el tribunal de garantía correspondiente, tendrá, asimismo, la potestad cautelar que establece esta ley.

Artículo 62.- Asesoría letrada. El juez podrá ordenar que la víctima de actos de violencia intrafamiliar cuente con asesoría letrada para su defensa.

Artículo 63.- Actuaciones judiciales ante demanda o denuncia de terceros. Iniciado un proceso por denuncia o demanda de un tercero, previamente a la realización de la audiencia principal, el juez la pondrá en conocimiento de la víctima por el medio más idóneo, directo y seguro para su integridad. Si la víctima fuere menor de edad, se designará un abogado para que asuma su representación. Decretará, además, las medidas necesarias para su protección.

Asimismo, el juez podrá recoger el testimonio del demandante o denunciante, antes de la citada audiencia y con las medidas que garanticen la reserva de su identidad.

Artículo 64.- Potestad cautelar. Será deber del juez, desde el momento en que se hubiere recibido la denuncia o demanda y durante todo el procedimiento, cautelar y garantizar la seguridad psíquica y física del afectado y la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar. Al efecto y a modo meramente ejemplar, podrá decretar una o más de las siguientes medidas:

1.- Prohibir o restringir la presencia del ofensor en el hogar común, lugar de estudios o de trabajo de la víctima. Si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.

2.- Disponer el regreso al hogar de quien se haya visto obligado a abandonarlo, o la entrega de sus efectos personales si decidiere no regresar.

3.- Fijar alimentos provisorios. Esta medida se decretará cuando se haya ordenado la salida del agresor del hogar común o cuando la víctima se haya visto obligada a abandonarlo.

4.- Establecer un régimen de cuidado personal de los menores y regular la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos. Esta medida, en lo que corresponda, también será aplicable a personas incapaces y a adultos mayores.

5.- Decretar la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes de propiedad del ofensor, o que éste administre conforme al artículo 1749 del Código Civil, y que sean susceptibles de ser declarados bienes familiares.

6.- Prohibir el porte y tenencia y/o incautar cualquier arma de fuego. De ello se informará, según corresponda, a la Dirección General de Movilización, a la Comandancia de Guarnición o al Director del Servicio respectivo para los fines legales y reglamentarios que correspondan.

7.- Decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante.

Las medidas cautelares podrán decretarse por un período que no exceda de los 180 días hábiles, renovables, por una sola vez, hasta por igual plazo y podrán, asimismo, ampliarse, limitarse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto, de oficio o a petición de parte, en cualquier momento del juicio.

Artículo 65.- Ejecución de las medidas cautelares. El juez, en la forma y por los medios más expeditos posibles, pondrá en conocimiento de la víctima las medidas cautelares decretadas, dejando a su disposición una copia autorizada de la resolución respectiva.

Asimismo, el juez podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, disponer su intervención con facultades de allanamiento y descerrajamiento y ejercer, sin más trámite, los demás medios de acción conducentes para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas.

Artículo 66.- Incumplimiento de medidas cautelares. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, el juez podrá ordenar, hasta por quince días, el arresto nocturno del denunciado o el arresto substitutivo en caso de quebrantamiento de aquel.

Además, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 67.- Audiencia principal. La audiencia principal debará llevarse a efecto dentro de los diez días siguientes a la última notificación.

Las partes deberán concurrir a la misma con los antecedentes y medios de prueba.

Artículo 68.- Citación a otras personas. Si el juez lo estima conveniente, podrá citar a la audiencia principal, o a la complementaria en su caso, a otros miembros del grupo familiar y a otras personas con quienes viva el afectado o tengan conocimiento directo de los hechos.

Artículo 69.- Testigos. No regirán en estos juicios las inhabilidades de testigos contempladas en los números 1°, 2°, 3°, 4° y 5° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil

Artículo 70.- Sentencia. La sentencia contendrá un pronunciamiento sobre la existencia de maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, la responsabilidad del denunciado o demandado y, en su caso, la sanción aplicable.

Artículo 71.- Suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si el denunciado o demandado reconoce ante el tribunal los hechos sobre los que versa la demanda o denuncia y existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que no ejecutará actos similares en lo sucesivo, el juez podrá suspender condicionalmente la dictación de la sentencia, siempre y cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y aquéllas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima;

b) Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más de las medidas cautelares previstas en esta ley por un lapso no inferior a seis meses ni superior a un año.

En todo caso, el tribunal previo acuerdo de las partes y en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero, podrá someter a mediación el conflicto para los efectos de la letra a). Aprobada el acta de mediación, el juez suspenderá condicionalmente la dictación de la sentencia. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el juez deberá ser asesorado por uno o más miembros del consejo técnico, asegurándose que las partes estén en capacidad para negociar libremente y en un plano de igualdad.

La resolución que apruebe la suspensión de la sentencia será inscrita en el registro especial que para estos procesos mantiene el Servicio de Registro Civil e Identificación, en los mismos términos que la sentencia.

Artículo 72.- Improcedencia de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. La facultad prevista en el artículo anterior no será procedente en los siguientes casos:

a) Si el juez estimare conveniente la continuación del proceso;

b) Si ha habido denuncia o demanda previa, con antecedentes fundados, sobre la comisión de actos de violencia intrafamiliar en contra del denunciado o demandado, y

c) Si el demandado o denunciado hubiere sido condenado previamente por la comisión de algún crimen o simple delito contra las personas, o por alguno de los delitos previstos en los párrafos 5° y 6° del Título VII del Libro II del Código Penal.

Artículo 73.- Efectos de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia. Si transcurrido un año desde que se hubiese suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia, el denunciado o demandado ha dado cumplimiento satisfactorio a las condiciones impuestas, el tribunal dictará una resolución declarando tal circunstancia, ordenará el archivo de los antecedentes y dispondrá su anotación en el registro especial establecido por la ley N° 19.325.

En caso de incumplimiento del denunciado o demandado de las obligaciones acordadas en conformidad a la letra a) del artículo 71, podrá solicitarse su ejecución en conformidad a las normas generales, sin perjuicio de las leyes especiales que regulan la materia. Asimismo, a solicitud de parte, el juez podrá dejar sin efecto la suspensión condicional de la dictación de la sentencia por incumplimiento de obligaciones reparatorias.

Si el denunciado o demandado no cumpliere con alguna de las medidas impuestas en conformidad a letra b) del artículo 71, el tribunal establecerá tal hecho y dictará sentencia.

Artículo 74.- Revocación. Si la persona denunciada o demandada incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar en el período de condicionalidad, se acumularán los antecedentes al nuevo proceso, debiendo el tribunal dictar sentencia conjuntamente respecto de ambos.

Párrafo Tercero

De los actos judiciales no contenciosos

Artículo 75.- Los actos judiciales no contenciosos cuyo conocimiento corresponda a los juzgados de familia se regirán por las normas previstas en el Libro IV del Código de Procedimiento Civil, a menos que éstas resulten incompatibles con los principios formativos del procedimiento que esta misma ley establece, particularmente en lo relativo a la exigencia de oralidad. En dicho caso el juez dispondrá la forma en que se practicará la actuación.

TÍTULO V

DE LA MEDIACIÓN

Párrafo primero

Artículo 76.- Mediación. Para todos los efectos legales, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos no adversarial, en el que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a buscar por si mismas una solución a su conflicto

Artículo 77.- Prestadores del servicio de mediación. El servicio de mediación anexo a los juzgados de familia será prestado por las personas naturales o jurídicas que sean seleccionadas a través del proceso de licitación a que se refiere el Párrafo quinto de este Título.

Artículo 78.- Sistema de mediación anexo a tribunales. La supervisión, control, registro y administración de los recursos del sistema de mediación anexo a los juzgados de familia, corresponderá al Ministerio de Justicia, a través del Departamento de Mediación.

Párrafo Segundo

Del procedimiento de mediación

Artículo 79.- Principios del proceso de mediación. Durante la mediación, el mediador deberá velar por la observancia de todas las normas que rijan el proceso contenidas en esta ley. En especial, deberá velar porque se respeten los principios de igualdad, voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad.

Artículo 80.- Igualdad. Será presupuesto indispensable para que se lleve a cabo la mediación, la igualdad de condiciones para negociar en que se encuentren los involucrados. El mediador que detectare que alguno de los participantes no es libre para negociar o se encuentra en una situación de desventaja o sumisión respecto del otro, deberá procurar lograr un equilibrio entre ellos y, si esto no fuere posible, deberá suspender o dar por terminada la mediación.

Artículo 81.- Voluntariedad. Los participantes podrán retirarse de la mediación en cualquier momento. Si en la primera sesión o en cualquier otro momento durante el procedimiento, alguno de ellos manifiesta su intención de no seguir adelante con la mediación, ésta se tendrá por terminada.

Artículo 82.- Confidencialidad. Los mediadores deberán guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante el proceso de mediación. Si de la violación de dicha reserva se derivare perjuicio para cualquiera de los participantes u otras personas relacionadas, el mediador será sancionado con la pena prevista en el artículo 247 del Código Penal.

Nada de lo dicho por cualquiera de los participantes en la mediación, durante el desarrollo de ésta, podrá invocarse o incorporarse como medio de prueba, ni a título alguno en el subsiguiente procedimiento judicial, en caso de haberlo.

Con todo, quedarán exentos del deber de confidencialidad y de responsabilidad penal derivada de los delitos enunciados en el inciso primero del presente artículo, en aquellos casos en que tomen conocimiento de situaciones de maltrato en contra de menores de edad o incapaces, a propósito del desarrollo de la mediación.

Artículo 83.- Imparcialidad. Los mediadores serán imparciales en relación con los participantes. Si dicha imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, deberán rechazar el caso, justificándose ante el tribunal que corresponda.

Los involucrados podrán también solicitar al tribunal la designación de un nuevo mediador, cuando justifiquen que la imparcialidad del inicialmente designado se encuentra comprometida.

Artículo 84.- Consideración de los intereses de otras personas afectadas. El mediador deberá velar porque en el curso de la mediación se tomen en consideración los intereses de otras personas que pudieren verse afectadas por su resultado y que no hubieren sido citadas a la audiencia

En caso necesario, deberá suspender la sesión para continuarla en otra fecha, con la presencia de tales interesados, quienes serán citados con las mismas formalidades que los involucrados en la mediación. En todo caso, el procedimiento de mediación nunca podrá exceder el plazo máximo establecido en el artículo 96.

Artículo 85.- Mediación obligatoria. Las causas relativas al derecho de alimentos, al derecho de cuidado personal y al derecho y el deber de los padres e hijos que viven separados a mantener una relación directa y regular, deberán someterse a un procedimiento de mediación previo a la presentación de la demanda, el que se regirá por las normas de la presente ley y especialmente por lo dispuesto en este Título.

Artículo 86.- Mediación facultativa. Las restantes materias de competencia de los juzgados de familia, exceptuadas las señaladas en el artículo siguiente, podrán ser derivadas a mediación en cualquier estado de la causa, hasta antes de la audiencia complementaria mediante resolución que pronunciará el juez, con acuerdo de las partes.

En los asuntos a que de lugar la aplicación de la ley N° 19.325, sobe violencia intrafamiliar, la mediación procederá en los términos y condiciones establecidos en los artículos 71 y siguientes de la presente ley.

Artículo 87.- Mediación prohibida. No se someterán a mediación los asuntos relativos al estado civil o interdicción de las personas, las causas sobre maltrato de menores o incapaces, los procedimientos regulados en la ley N° 18.620, sobre adopción de menores de edad y las causas sobre nulidad de matrimonio y divorcio.

Artículo 88.- Prohibiciones de los mediadores. Los mediadores estarán afectos a las siguientes prohibiciones:

1) Mediar cuando sea parte en el procedimiento su cónyuge, conviviente, hijos o parientes por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta y hasta el cuarto grado en la línea colateral o pupilo.

2) Mediar cuando hubieren prestado algún servicio profesional a cualquiera de las partes involucradas durante los cinco años anteriores al proceso de mediación.

3) Prestar servicios profesionales a las partes involucradas en los casos en que estuviere mediando y hasta un plazo de un año después de finalizado el proceso de mediación.

4) Celebrar actos o contratos que recaigan sobre bienes o derechos concernidos en alguno de los procesos de mediación en que hubieren participado. La misma prohibición recaerá sobre su cónyuge, conviviente, hijos, descendientes o ascendientes consanguíneos o afines, parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive y socios.

Artículo 89.- Derivación a mediación. En los casos del artículo 85, un funcionario especialmente calificado, determinado a estos efectos por el tribunal respectivo, instruirá convenientemente a los interesados acerca de la mediación, del carácter previo de dicho procedimiento y de la obligación de concurrir a la primera sesión que sean citados por el mediador.

Para estos efectos el interesado deberá concurrir al tribunal competente y anunciar su acción por medio de un formulario destinado a ese efecto.

Con todo, los interesados quedarán exentos del cumplimiento de este trámite si acreditan que antes del inicio de la causa sometieron el conflicto a una mediación ante mediadores habilitados en conformidad a la ley.

Artículo 90.- Medidas cautelares. Antes de derivar a las partes a mediación el juez siempre deberá pronunciarse sobre cualquier solicitud referida a medidas cautelares.

Artículo 91.- Comunicación al mediador designado. Una vez realizadas las actuaciones a que se refieren los artículos anteriores, y siempre que proceda la mediación, se enviará una comunicación escrita al mediador que corresponda el caso. En dicha comunicación sólo se señalará la o las materias de que se trate.

Artículo 92.- Citación a la sesión inicial de mediación. Recibida la comunicación de que trata el artículo anterior, el mediador designado fijará una sesión inicial de mediación.

A ésta se citará a los adultos involucrados en el conflicto, quienes deberán concurrir personalmente, sin perjuicio de la comparecencia de sus abogados.

En todo caso, el mediador deberá escuchar a los menores de edad que estén en condiciones de formarse un juicio propio atendida su edad y madurez, sobre todo aquello que los afecte.

Artículo 93.- Forma de la citación. La citación a mediación se hará por medio de carta certificada o por cualquier otro medio de comunicación, que asegure el conocimiento de ella por parte de los citados.

Artículo 94.- Inasistencia de las partes. Si alguna de las partes citada por dos veces no concurriere ni justificare causa, se tendrá por frustrada la mediación.

Artículo 95.- Contenido de la primera sesión de mediación. En la primera sesión, el mediador deberá informar a las partes acerca de la naturaleza y objetivos de la mediación, el carácter voluntario de los acuerdos que de ella deriven en conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la presente ley y, finalmente, deberá ilustrarlas acerca del valor jurídico de dichos acuerdos.

Artículo 96.- Duración del procedimiento de mediación. El procedimiento de mediación no podrá durar más de sesenta días contados desde que el mediador haya recibido la comunicación del tribunal que lo designa.

Con todo, los involucrados, de común acuerdo, podrán solicitar la ampliación de este plazo hasta por treinta días. Tal circunstancia será informada de inmediato al tribunal, mediante comunicación escrita y firmada por los participantes y el mediador.

Durante los plazos señalados, podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador estime necesarias, en las fechas que de común acuerdo se determinen. Podrá citarse a los participantes por separado.

Artículo 97.- Mediación fracasada. Si la mediación fracasare, ya sea porque alguno de los participantes decide retirarse de ella, o porque transcurrido el plazo o su prórroga, no hubieren alcanzado acuerdo respecto de todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, el mediador deberá levantar un acta, dejando constancia del resultado, pero sin agregar otros antecedentes.

En lo posible, dicha acta será firmada por los participantes, se entregará copia de ella a aquel que lo solicite y se remitirá al tribunal correspondiente.

Artículo 98.- Acta de mediación. En caso de haber acuerdo sobre todos o algunos de los puntos sometidos a mediación, se dejará constancia de ello en un acta de mediación, la que luego de ser leída por los participantes, será firmada por ellos y por el mediador. Se remitirá de inmediato copia de dicha acta al tribunal, el que procederá a su aprobación, en cuanto fuere conforme a derecho.

El acta de mediación y la resolución que la tenga por aprobada, se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales.

Párrafo Tercero

De la administración del Sistema Nacional de Mediación.

Artículo 99.- Administración del Sistema Nacional de Mediación.

La administración del Sistema Nacional de Mediación anexo a los juzgados de familia estará a cargo del Departamento de Mediación del Ministerio de Justicia.

Artículo 100.- Departamento de Mediación. Corresponderá al Departamento de Mediación:

1) Crear y llevar el Registro de Mediadores de Familia.

2) Autorizar a los organismos de formación de mediadores.

3) Fijar las bases para las licitaciones regionales de los mediadores.

4) Llamar cada tres años a licitación para la prestación de esos servicios en cada Región.

5) Elaborar anualmente el presupuesto necesario para el funcionamiento del sistema de mediación y administrar en conformidad a la ley los recursos que le sean asignados.

6) Realizar las inspecciones a que se refiere el artículo 127 de esta ley.

7) Aprobar los informes de gestión que evacuen los mediadores.

8) Recibir los reclamos que se formulen respecto de los prestadores de los servicios de mediación.

9) Todas las demás funciones que esta ley le asigna.

Párrafo Cuarto

Del Registro de Mediadores de Familia y los requisitos para ser mediador habilitado.

Artículo 101.- Registro de los mediadores de familia. El Departamento de Mediación a que se refiere el párrafo anterior, llevará un registro de mediadores de familia, en el que deberán estar inscritos quienes cumplan con los requisitos que establece la ley para prestar servicios de mediación anexos a juzgados de familia.

Este registro se dividirá en secciones correspondientes a los territorios jurisdiccionales de las Cortes de Apelaciones del país, debiendo cada mediador inscribirse en la sección correspondiente al territorio en que ejercerá sus funciones.

Con todo, un mediador podrá inscribirse en más de una sección.

Artículo 102.- Requisitos para ser mediador de familia. Para ser inscrito en el Registro de Mediadores se requiere:

1) Poseer un título profesional en el área de las ciencias humanas y sociales otorgado por alguna universidad del Estado o por una universidad o instituto profesional reconocidos por el Estado.

2) Haber ejercido la profesión por al menos tres años.

3) Haber aprobado el curso de formación para mediadores de que trata el Párrafo siguiente de este Título.

4) No estar afecto a ninguna de las inhabilidades que se establecen en el artículo siguiente.

5) Contar con una oficina o recinto adecuado para el desarrollo de las sesiones de mediación, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el reglamento.

Artículo 103.- Inhabilidades. No podrán inscribirse en el Registro a que se refiere este Párrafo:

1.- Los que hayan sido condenados o respecto de quienes se haya formalizado una acusación por delitos que merezcan pena aflictiva.

2.- Los que hayan sido condenados o respecto de quienes se haya formalizado una acusación por alguno de los delitos contemplados en los artículos 361 a 375 del Código Penal, cualquiera sea la pena aplicable.

3.- Los que hayan sido condenados por actos constitutivos de maltrato infantil o violencia intrafamiliar, y aquellos respecto de quienes se hubiere suspendido condicionalmente la dictación de la sentencia.

4.- Los que se hallen declarados en interdicción de administrar lo suyo y los fallidos.

5.- Los funcionarios del Poder Judicial, incluyendo los de su Corporación Administrativa.

6.- Los funcionarios del Ministerio de Justicia y los de sus servicios dependientes, los del Ministerio Público y los de la Defensoría Penal Pública.

Artículo 104.- Inscripción de mediadores. El Jefe del Departamento de Mediación dispondrá la inscripción de los mediadores que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 103.

El postulante cuya solicitud fuera rechazada podrá pedir reposición ante el Jefe del Departamento de Mediación, el que deberá oír al afectado y resolverá sin forma de juicio.

Artículo 105.- Cancelación de la inscripción. La cancelación de una inscripción procederá en los siguientes casos:

1.- Cuando el mediador hubiere perdido cualquiera de los requisitos exigidos para figurar en el Registro de Mediadores de Familia.

2.- Cuando incurra en alguna causal de inhabilidad sobreviniente.

3.- Cuando altere o falsifique formularios, registros o cualesquiera otros documentos que sirvan de base para el pago de la subvención fiscal o ejecute cualquiera otra maquinación fraudulenta destinada a obtener un pago mayor del que realmente proceda, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan.

La cancelación, si existe mérito bastante, se hará por el Jefe del Departamento de Mediación, ya sea de oficio o a petición de un tribunal de familia o de uno de los interesados.

Párrafo Quinto

De los organismos de formación de mediadores y los programas de formación

Artículo 106.- Organismos de formación de mediadores. Podrán constituirse como organismos de formación de mediadores las universidades del Estado o reconocidas por éste, acreditadas por el Departamento de Mediación.

Artículo 107.- Requisitos para constituirse en organismo de formación de mediadores. Para tener la calidad de organismo de formación de mediadores se requiere contar con:

1) Experiencia de a lo menos tres años en programas de post título en el área de las ciencias humanas y sociales.

2) Una instancia que permita efectuar las pasantías a que se refiere el reglamento.

3) Un equipo docente de carácter interdisciplinario, en el que existan al menos dos profesionales que acrediten formación y experiencia en mediación familiar.

4) Un programa de formación de mediadores aprobado por el Departamento de Mediación, de acuerdo a los requisitos, contenidos mínimos y metodologías que establezca el reglamento de esta ley.

Artículo 108.- Programas de formación de mediadores. Los programas de formación de mediadores de los organismos autorizados tendrán como objetivo fundamental entregar a los alumnos los principios, conocimientos, destrezas y criterios necesarios para desempeñarse como mediador de familia.

Dichos programas estarán compuestos por una fase teórico-práctica cuya duración no podrá ser inferior a trescientas horas presenciales y cronológicas.

Artículo 109.- Forma de acreditación. Las entidades que deseen convertirse en organismos de formación, deberán presentar su solicitud a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia correspondiente, acompañando su proyecto de programa de formación.

Artículo 110.- Cancelación de la acreditación. La cancelación de la calidad de organismo de formación acreditado procederá cuando la institución dejare de cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 107 y 108. El organismo podrá pedir reposición ante el Jefe del Departamento de Mediación el que deberá oír al afectado y resolverá sin forma de juicio.

De dicha decisión podrá recurrirse ante el Subsecretario de Justicia.

Párrafo Sexto

De la licitación de los servicios de mediación

Artículo 111.- Selección de prestadores de servicios de mediación. La selección de los mediadores que prestarán servicios a los juzgados de familia, se hará mediante licitaciones a nivel regional, en conformidad a las bases que para este efecto fije el Departamento de Mediación en conformidad a las disposiciones de esta ley y su reglamento.

Las bases de licitación establecerán el número de casos que se liciten y la posibilidad de efectuar ofertas parciales; el período por el cual se contratará las prestación del servicio de mediación y las condiciones en que éste deberá desarrollarse por los mediadores que resultaren comprendidos en la adjudicación.

Los postulantes a la licitación deberán señalar el porcentaje de causas del respectivo territorio jurisdiccional o de la región al que postulan y el precio de sus servicios. Las bases podrán establecer el porcentaje mínimo de causas a que se podrá postular.

Artículo 112.- Convocatoria a licitación. La convocatoria a licitación deberá publicarse por tres veces en un diario de circulación regional y, al menos, por una vez en un diario de circulación nacional. El llamado especificará, a lo menos, el objeto de la licitación, el plazo para retirar las bases y el lugar donde estarán disponibles, la fecha, hora y lugar de entrega de las ofertas y la fecha, hora y lugar del acto solemne y público en que se procederá a la apertura de las propuestas.

Artículo 113.- Participantes. Podrán participar en la licitación, los mediadores inscritos en el Registro de Mediadores de Familia y las personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que cuenten con mediadores inscritos en dicho Registro.

Artículo 114.- Composición del jurado de licitación. La licitación será resuelta a nivel regional por un jurado compuesto por:

1) El respectivo Secretario Regional Ministerial de Justicia, quien lo presidirá.

2) Un profesional del Departamento de Mediación designado por el Jefe de dicha repartición.

3) Dos jueces de familia elegidos por los jueces de familia de la región.

4) Un académico o profesional de reconocido prestigio en el área de familia elegido por el Consejo Regional.

Los miembros del jurado que deban ser elegidos lo serán de acuerdo con el procedimiento que determine el reglamento.

No podrá desempeñarse como miembro del jurado quien tuviere interés directo o indirecto, respecto de alguna persona natural o jurídica que prestare o estuviere postulando a prestar servicios de mediación.

Artículo 115.- Criterios de selección de mediadores. La licitación se resolverá conforme a los siguientes criterios:

1) Accesibilidad de los servicios por los usuarios;

2) Experiencia y calificación de los profesionales que postulen;

3) Soporte administrativo disponible;

4) Costo del servicio a ser prestado, y

5) Número y dedicación de mediadores disponibles, en el caso de las personas jurídicas.

Cada uno de estos criterios tendrá un puntaje asignado de acuerdo a las normas que al efecto establecerá el reglamento.

A partir de la segunda licitación, se otorgará un puntaje especial a las personas o instituciones que hubieren prestado servicios en el período anterior, el que será agregado al obtenido según la norma del inciso precedente. Dicho puntaje podrá tener un valor positivo o negativo, beneficiando o perjudicando al postulante, según los resultados de su gestión.

Artículo 116.- Resultados de la licitación. La decisión de la licitación será siempre pública y fundada.

Cualquier reclamación interpuesta por alguno de los participantes será conocida y resuelta por el jurado.

Contra su resolución sólo procederá reclamación ante el Subsecretario de Justicia.

Artículo 117.- Licitación declarada desierta. Se declarará desierta una licitación cuando concurra, al menos, una de las siguientes circunstancias:

a) No se presente postulante alguno a la licitación:

b) Presentándose uno o más postulantes, ninguno cumpla con lo establecido en las bases de licitación, o

c) Cuando ninguna de las propuestas obtenga el puntaje mínimo requerido según el reglamento.

Artículo 118 .-. Convenios directos. En caso de que la licitación sea declarada desierta, o de que el número de postulantes aceptados sea inferior al requerido para cubrir la totalidad de la demanda regional, el Subsecretario de Justicia podrá celebrar convenios directos con personas naturales o jurídicas que figuren en el Registro, para el desempeño de las funciones de mediación en los casos comprendidos en el porcentaje no asignado en la licitación.

Esta labor se deberá realizar por el plazo que éste determine, el que no podrá ser superior a seis meses, al cabo del cual se llamará nuevamente a licitación por el total de casos o por el porcentaje no cubierto, según corresponda.

En la prestación de sus servicios, estas personas se sujetarán a las mismas reglas aplicables a aquellas que fueren contratadas en virtud de los procesos de licitación.

En estos casos, la remuneración por causa se regulará por los criterios señalados en el artículo 120, para cuyo efecto se deberá convenir un valor base. En todo caso, el pago mínimo será el equivalente a sesenta causas anuales se realicen éstas o no.

Por las mediaciones efectivamente iniciadas, se realizará el pago en conformidad a lo señalado en los numerales del artículo 120, según corresponda. Las mediaciones no iniciadas hasta completar el número mínimo de sesenta causas, se pagarán de acuerdo al numeral dos del mismo artículo.

Párrafo Séptimo.

Del pago y garantía de los servicios de mediación.

Artículo 119.- Suscripción de contratos y pagos. Los contratos a que de lugar una licitación serán suscritos por .el Subsecretario de Justicia.

El pago de los fondos licitados se efectuará según lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 120.- Determinación del valor de los servicios de mediación. El valor del servicio de mediación por causa, se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

1) Valor base: En aquellos casos en que las partes no concurran ante el mediador, o de comparecer lo hagan solamente a una sesión sin lograr acuerdo, el mediador recibirá un pago que se determinará en la licitación respectiva, que no podrá ser superior a $7.967.

2) Valor dos: Tendrá lugar cuando las partes concurran a dos o más sesiones con el mediador sin producirse acuerdo, caso en el cual recibirá como pago 3.65 veces el valor base.

3) Valor tres: En las causas en que las partes llegan a un acuerdo que sea homologado por el tribunal respectivo, independiente del número de sesiones realizadas, el costo del servicio de mediación será 8.17 veces el valor base.

Artículo 121.- Reajustabilidad. El precio base máximo establecido en el artículo anterior y la asignación establecida en el artículo 124, se reajustarán una vez al año en el porcentaje de variación que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en dicho período, mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia.

Artículo 122.- Garantías. En cada uno de los pagos se retendrá, a título de garantía, un porcentaje del mismo, según se determine en las bases de la licitación.

Además de este fondo de reserva, el Departamento de Mediación deberá exigir a la persona natural o jurídica respectiva, boleta bancaria de garantía o cualquier otra caución que estime suficiente con el objeto de asegurar la adecuada prestación de los servicios licitados.

Si se abriere proceso administrativo del cual pudiere resultar la aplicación de la sanción prevista en el número 1 del artículo 132, a la persona natural o jurídica que preste servicios de mediación, la garantía se devolverá sólo en la parte que excediere el monto al que pudiere ser condenada a pagar.

Artículo 123.- Asignación por transporte. Los prestadores del servicio de mediación tendrán derecho a una asignación de transporte si, para los efectos de ejercer sus funciones, deban trasladarse desde sus oficinas al lugar de asiento del tribunal, según lo especifique el reglamento.

Párrafo Octavo

Control, reclamos y sanciones

Artículo 124.- Control de los prestadores de servicios de mediación. Las personas naturales y jurídicas que presten servicios de mediación a los tribunales con competencia en asuntos de familia, estarán sujetas al control y responsabilidad previstos en esta ley.

Artículo 125.- Mecanismos de control. El desempeño de los mediadores será controlado a través de los siguientes mecanismos:

1) Inspecciones.

2) Informes periódicos.

3) Reclamaciones.

Artículo 126.- Inspecciones. Las inspecciones a los mediadores se llevarán a cabo sin aviso previo por parte del Departamento de Mediación. En dichas inspecciones se podrán revisar las instalaciones en que se desarrollen las tareas, verificar los procedimientos administrativos, entrevistar a los usuarios del servicio y, en general, recabar todos los antecedentes que permitan formarse una impresión precisa acerca del funcionamiento de la mediación.

Los prestadores del servicio de mediación no podrán negarse a proporcionar la información requerida sobre los aspectos materia de control.

Con todo, nunca una inspección podrá implicar interrupción o intervención alguna a una mediación en curso.

Se aplicará la pena contemplada en el artículo 247 del Código Penal al inspector que tomando conocimiento de datos personales o de trabajo de los mediadores o cualquier otra referencia relativa a casos particulares, obtenidas durante las mediaciones, violare la reserva debida.

En ningún caso los inspectores podrán solicitar o los mediadores entregar, informaciones amparadas por el secreto profesional. La infracción a esta prohibición se sancionará conforme al inciso anterior.

Artículo 127.- Resultado de la inspección. Al término de cada inspección se deberá emitir un informe que será remitido al Jefe del Departamento de Mediación y a la persona natural o jurídica inspeccionada, quien en caso que lo estime pertinente o se le requiera para ello, contará con un plazo de diez días para formular las observaciones que considere corresponder.

Artículo 128.- Informes periódicos. Los prestadores del servicio de mediación estarán obligados a entregar los informes periódicos que les solicite el Departamento de Mediación. Deberán, en todo caso, elaborar un informe anual de su gestión en la fecha que se establezca en el contrato respectivo.

Estos informes podrán ser objetados por el Departamento de Mediación dentro de los treinta días siguientes a su recepción. En dicho caso las observaciones deberán ser puestas en conocimiento de el o los interesados, para que efectúen las correcciones necesarias en el plazo de treinta días.

Si ello no ocurriere, o las correcciones no fueren satisfactorias, se elevarán los antecedentes al Subsecretario de Justicia para la aplicación de las sanciones que se establecen en esta ley.

Artículo 129.- Reclamaciones. Los usuarios del servicio de mediación podrán reclamar ante el Secretario Regional Ministerial de Justicia correspondiente, quien remitirá tales reclamos inmediatamente al Jefe del Departamento de Mediación.

El procedimiento a que se sujetará esta reclamación se establecerá en el reglamento de esta ley.

Artículo 130.- Publicidad de los mecanismos de control. El Departamento de Mediación deberá crear un registro público por cada prestador de servicios de mediación en el que se anotará el resultado de las inspecciones realizadas, el de las reclamaciones de los usuarios y los informes a que hace referencia el artículo 128.

Artículo 131.- Responsabilidad de los prestadores de servicios de mediación. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, las personas naturales o jurídicas que presten servicios de mediación, sea en virtud del contrato a que dio lugar el proceso de licitación o de un convenio directo de aquellos a que se refiere el artículo 118, incurrirán en responsabilidad en los siguientes casos:

1) Cuando las mediaciones que realicen no sean satisfactorias de acuerdo con los estándares básicos establecidos por el Departamento de Mediación para quienes presten estos servicios.

2) Cuando incurran en incumplimiento del contrato o convenio celebrado.

3) Cuando no hagan entrega oportuna de los informes a que se refiere el artículo 128 o consignen en ellos datos falsos.

4) Cuando incurran en alguna de las conductas previstas en el artículo 106 número 3).

Artículo 132.- Sanciones. Las sanciones que podrán aplicarse a los prestadores del servicio de mediación que incurran en las causales del artículo anterior, serán las siguientes:

1) Multas a beneficio fiscal establecidas en los contratos o convenios respectivos;

2) Término anticipado del contrato o convenio, y

3) Cancelación de la inscripción en el Registro de Mediadores.

Las multas tendrán lugar en los casos previstos en los números 1) y 3) del artículo anterior; la terminación anticipada del contrato en las situaciones de los números 2) y 4) , sin perjuicio de que en el caso de este último número procederá, además, la cancelación de la inscripción en el Registro de Mediadores.

Tratándose de las multas, se dispondrá en la resolución que las imponga que se impute a su valor la suma que se encontrare retenida en virtud del artículo 122 y, si no fuere suficiente, se señalará el porcentaje a retener de las cantidades que se devenguen a favor del prestador del servicio hasta el entero pago de la sanción.

Artículo 133.- Procedimiento de aplicación de las sanciones. Las sanciones a que se refiere el artículo anterior se aplicarán por el Jefe del Departamento de Mediación, pudiéndose apelar de la resolución que dicte, dentro de los cinco días de notificada, ante el Subsecretario de Justicia, quien deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes.

De las resoluciones del Subsecretario de Justicia que apliquen sanciones, podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones que corresponda, dentro de los diez días siguientes a su notificación.

Corresponderá conocer de la reclamación al tribunal de alzada que tenga competencia sobre el territorio jurisdiccional en que se prestaron o se presten los servicios de mediación. Si hubiere más de una Corte con competencia en el territorio señalado, corresponderá el conocimiento a aquella que tenga asiento en la capital de la región respectiva.

Recibida la reclamación, la Corte ordenará traer a la vista el proceso administrativo y dará traslado al reclamado por cinco días; vencido dicho término resolverá en cuenta sin más trámite, salvo que acuerde traer los autos en relación para oír a los abogados de las partes, caso en el cual se agregará la causa a la tabla de la misma sala, con preferencia para su vista y fallo. La sentencia que resuelva la reclamación no será susceptible de recurso alguno.

TÍTULO VI

PLANTA DE PERSONAL

Artículo 134.- Composición de la planta de los juzgados de familia. Los juzgados de familia que se crean en esta ley tendrán la siguiente planta de personal:

1) Juzgado de Familia de Arica: cinco jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., cuatro oficiales administrativos 3°s. , tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

2) Juzgado de Familia de Iquique: siete jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., cinco oficiales administrativos 3°s., cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

3) Primer Juzgado de Familia de Antofagasta: cinco jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

4) Segundo Juzgado de familia de Antofagasta: cinco jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s, dos oficiales administrativos 3°s., tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

5) Juzgado de Familia de Calama: cuatro jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., tres oficiales administrativos 3°s., , dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

6) Juzgado de Familia de Copiapó: cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

7) Juzgado de Familia de La Serena: tres jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

8) Juzgado de Familia de Coquimbo: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

9) Juzgado de Familia de Vallenar: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3° , un encargado de toma de actas y un auxiliar.

10) Juzgado de Familia de Ovalle: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

11) Juzgado de Familia de Valparaíso: nueve jueces, un administrador, siete asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, una secretaria, un encargado contable, cuatro ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cinco oficiales administrativos 2°s. , tres oficiales administrativos 3°s., cinco encargados de toma de actas y tres auxiliares.

12) Juzgado de Familia de Viña del Mar: siete jueces, un administrador, seis asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, cuatro ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cuatro oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s., cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

13) Juzgado de Familia de San Felipe: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

14) Juzgado de Familia de Quillota: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

15) Juzgado de Familia de San Antonio: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

16) Juzgado de Familia de Limache: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

17) Juzgado de Familia de Los Andes: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

18) Juzgado de Familia de La Ligua: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

19) Juzgado de Familia de Casablanca: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

20) Juzgado de Familia de Villa Alemana: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

21) Juzgado de Familia de Quilpue: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

22) Juzgado de Familia de Rancagua: ocho jueces, un administrador, seis asistentes sociales, cuatro psicólogos u orientadores familiares, un encargado contable, una secretaria, tres ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, tres oficiales administrativos 2°s., tres oficiales administrativos 3°s., cuatro encargados de tomas de actas y dos auxiliares.

23) Juzgado de Familia de San Fernando: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

24) Juzgado de Familia de Santa Cruz: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

25) Juzgado de Familia de Talca: cinco jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, tres ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s., tres encargados de toma de actas y dos auxiliares.

26) Juzgado de Familia de Curicó: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°., dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

27) Juzgado de Familia de Linares: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°s., dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

28) Juzgado de Familia de Chillán: cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°., tres oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°., dos encargados de toma de actas y dos auxiliares.

29) Juzgado de Familia de Los Ángeles: cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°., dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

30) Primer Juzgado de Familia de Concepción: cinco jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, cinco psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

31) Segundo Juzgado de Familia de Concepción: cinco jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

32) Juzgado de Familia de Talcahuano: seis jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

33) Juzgado de Familia de Coronel: tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, tres oficiales administrativos 2°s., dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

34) Juzgado de Familia de Yumbel: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

35) Juzgado de Familia de Temuco: siete jueces, un administrador, siete asistentes sociales, cuatro psicólogos u orientadores familiares, un encargado contable, tres ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cuatro oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s., cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

36) Juzgado de Familia de Angol: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

37) Juzgado de Familia de Valdivia: cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

38) Juzgado de Familia de Osorno: tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s., dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

39) Juzgado de Familia de Puerto Montt: tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

40) Juzgado de Familia de Castro: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

41) Juzgado de Familia de Ancud: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

42) Juzgado de Familia de Coyhaique: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

43) Juzgado de Familia de Punta Arenas: tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°, tres oficiales administrativos 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

44) Primer y Segundo Juzgados de Familia de Santiago: nueve jueces, un administrador, ocho asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, una secretaria, un encargado contable, dos ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cinco oficiales administrativos 2°, tres oficiales administrativos 3°, cinco encargados de toma de actas y tres auxiliares.

45) Tercer Juzgado de Familia de Santiago: ocho jueces, un administrador, ocho asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, una secretaria, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cinco oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

46) Cuarto y Quinto Juzgados de Familia de Santiago: ocho jueces, un administrador, siete asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, una secretaria, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cuatro oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

47) Primer y Segundo Juzgados de Familia de Pudahuel: seis jueces, un administrador, seis asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, tres ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

48) Juzgado de Familia de Colina: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

49) Primer y Segundo Juzgados de Familia de San Miguel: siete jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, dos ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, tres oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

50) Tercer Juzgado de Familia de San Miguel: seis jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

51) Juzgado de Familia de Puente Alto: seis jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

52) Juzgado de Familia de San Bernardo: seis jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

53) Juzgado de Familia de Talagante: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

54) Juzgado de Familia de Melipilla: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

55) Juzgado de Familia de Peñaflor: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

56) Juzgado de Familia de Buin: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.”.

Artículo 135.- Grados de la planta de profesionales. Los jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los Juzgados de Familia que se crean por esta ley, tendrán los grados de la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Poder Judicial que a continuación se indican:

1) Los jueces, el grado correspondiente según asiento del tribunal.

2) Los administradores de juzgados de familia de ciudad asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o de agrupación de comunas, grados VII, VIII y IX, del Escalafón Superior del Poder Judicial, respectivamente.

3) Los asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares de juzgados de familia de ciudad asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o agrupación de comunas, grados IX, X y X, del Escalafón de Asistentes Sociales, respectivamente.

Artículo 136.- Grados de la planta de empleados. El personal de empleados de los juzgados de familia que se crean por esta ley, tendrán los grados de la Escala de Sueldos Base Mensuales del Personal del Poder Judicial, que a continuación se indican:

1) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XI.

2) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad capital de provincia; encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XII.

3) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna; encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, y oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XIII.

4) Encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna; oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad capital de provincia y oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XIV.

5) Oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna y oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, grado XV.

6) Oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna y secretaria de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XVI.

7) Auxiliar de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte y secretaria de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, grado XVII.

8) Auxiliar de juzgado de familia de ciudad capital de provincia y de ciudad asiento de comuna y secretaria de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna, grado XVIII.

DISPOSICIONES VARIAS.

Artículo 137.- Aplicación de normas del Código Orgánico de Tribunales. En todo lo referido a las materias que a continuación se señalan, se entenderán aplicables a los juzgados de familia las normas del Código Orgánico de Tribunales para los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal: sistema de distribución de causas, comité de jueces, juez presidente, administradores de tribunales y organización administrativa de los juzgados.

En lo relativo a la subrogación de los jueces se aplicarán las normas de los juzgados de garantía.

Artículo 138.- Funciones del oficial primero. No obstante lo establecido en el artículo anterior, en los juzgados de familia las funciones a que se refiere el artículo 389 G del Código Orgánico de Tribunales serán desempeñadas por el oficial primero.

Artículo 139.- Adecuaciones de referencia. Todas las referencias que se hagan en leyes generales o especiales a los juzgados de letras de menores, a los jueces de menores o con competencia en materia de menores, se entenderán hechas a los juzgados y jueces de familia o con competencia en materia de familia, respectivamente. De la misma forma, las referencias a las causas o materias de menores se entenderán hechas a las causas o materias de familia.

Artículo 140.- Modificaciones al Código Orgánico de Tribunales. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:

1) Agrégase el siguiente inciso segundo al artículo 15:

“Lo dispuesto en este artículo es aplicable a los consejos técnicos de los juzgados de familia.”.

2) Agrégase el siguiente inciso final al artículo 25:

“ Tratándose de los juzgados de familia las unidades administrativas serán las siguientes:

1) sala:

2) atención de público y administración de causas, y

3) servicios.

3) Intercálase en la letra a) del número 3° del artículo 63, entre las palabras “civiles” y “ del trabajo”, las expresiones “ de familia” precedidas de una coma (,).

4) Substitúyese el inciso tercero del artículo 69 por el siguiente:

“En las tablas deberá designarse un día de la semana para conocer las causas criminales y otro día distinto para conocer las causas de familia, sin perjuicio de la preferencia que la ley o el tribunal les acuerden.”.

5) Substitúyese el número 5° del artículo 195 por el siguiente:

“5° Haber sido el juez abogado o apoderado de alguna de las partes en la causa actualmente sometida a su conocimiento o haber intervenido en ella como mediador.”.

6) Substitúyense en el inciso segundo del artículo 265 las expresiones “ asistentes sociales” por “ miembros de los consejos técnicos”.

Mdifícase el artículo 289 bis de la siguiente

forma:

A.- En el inciso primero:

1° En su encabezamiento substitúyense las expresiones “ asistentes sociales y bibliotecarios” por “psicólogos u orientadores familiares, asistentes sociales y bibliotecarios”.

2° En su letra a) substitúyense las expresiones “asistente social o bibliotecario” y “asistentes sociales o bibliotecarios” las dos veces que figuran por “psicólogo u orientador familiar, asistente social o bibliotecario” y por “ psicólogos u orientadores familiares, asistentes sociales o bibliotecarios”, respectivamente.

3° En su letra b) substitúyense las expresiones “asistentes sociales o bibliotecarios” las dos veces que figuran por “psicólogos u orientadores familiares, asistentes sociales o bibliotecarios”.

B.- En el inciso final substitúyense los términos “asistente social o bibliotecario” por “ psicólogo, orientador familiar, asistente social o bibliotecario”.

7) Modifícase el artículo 292 en los siguientes términos:

a) Agréganse en la segunda categoría, a continuación de la frase “Encargados de sala de tribunales de juicio oral en lo penal y de juzgados de garantía de ciudad asiento de Corte de Apelaciones”, las siguientes expresiones: “, ejecutivos de sala y oficiales de mediación de juzgados de familia de asiento de Corte”.

b) Agréganse al final de la tercera categoría, después de la frase “ Oficiales primeros de los juzgados de capital de provincia”, las siguientes expresiones: “ encargados contables de asiento de Corte, ejecutivos de sala de capital de provincia, oficiales de mediación de capital de provincia, oficiales administrativos primeros de asiento de Corte y encargados de toma de actas de asiento de Corte.”.

c) Agréganse al final de la cuarta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “comunas” las frases: “ ejecutivos de sala de juzgados de familia de comuna, oficiales de mediación de juzgados de familia de comuna, encargados contables de juzgados de familia de capital de provincia, oficiales administrativos primeros de juzgados de familia de capital de provincia, encargados de toma de actas de juzgados de familia de capital de provincia y oficiales administrativos segundos de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

d) Agréganse al final de la quinta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “comunas” las frases: “ encargados contables de juzgados de familia de comunas, oficiales administrativos primeros de juzgados de familia de comuna, encargados de toma de actas de juzgados de familia de comunas, oficiales administrativos segundos de juzgado de familia de capital de provincia y oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

e) Agréganse al final de la sexta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “Temuco”, las siguientes frases: “ oficiales administrativos segundos de juzgados de familia de comuna y oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de capital de provincia.”.

f) Agréganse al final de la séptima categoría, antes el punto aparte que sucede a la palabra “Justicia”, las siguientes frases: “ oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de comuna y secretarías de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

9) Substitúyese el párrafo 10 del Título XI por el siguiente:

“Del consejo técnico”

Artículo 457.- Los consejos técnicos son organismos auxiliares de la administración de justicia, compuestos por asistentes sociales, psicólogos y/u orientadores familiares en el número que fija la ley. Su función es asesorar individual o colectivamente a los jueces en el análisis y mayor comprensión de los asuntos sometidos a su conocimiento en el ámbito de su especialidad.

Cada uno de los profesionales que integren un consejo técnico estarán sujetos a lo dispuesto en el inciso final del artículo 494 de este Código.

Cuando por implicancia o recusación, un miembro del consejo técnico no pudiere intervenir en una determinada causa, o se imposibilitare para el ejercicio de su cargo, será subrogado por los demás miembros del consejo técnico del tribunal a que perteneciere, según el orden de sus nombramientos y la especialidad requerida.

Si todos los miembros del consejo técnico de un tribunal estuvieren afectados por una implicancia o recusación, el juez designará un asistente social, psicólogo u orientador familiar de cualquier servicio público, el que estará obligado a desempeñar el cargo.

10) Substitúyese en el inciso segundo del artículo 469, los términos “asistentes sociales judiciales” por “miembros del consejo técnico”.

11) Intercálase en el inciso cuarto del artículo 471, entre la palabra “respectivo”, la primera vez que se la utiliza, y el punto (.) que la sigue, los términos “ o ante el juez presidente si el tribunal estuviere compuesto por más de un juez.”.

12) Substitúyense en el inciso primero del artículo 481 las expresiones “ asistentes sociales judiciales” por “miembros de los consejos técnicos”.

13) Substitúyense en los incisos primero y segundo del artículo 488 las expresiones “asistentes sociales judiciales” por “miembros de los consejos técnicos”.

14) Intercálanse en el inciso segundo del artículo 496, entre las expresiones “secretarios,” y “receptores” los términos “ administradores y miembros de los consejos técnicos,”.

Artículo 141.- Modificaciones a la ley N° 16.618. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 16.618:

1) Deróganse los artículos 18 a 27.

2) Substitúyese el artículo 28 por el siguiente:

“Cuando a un mayor de dieciséis y menor de dieciocho años de edad se le atribuyere un hecho constitutivo de falta o de simple delito, la declaración previa acerca del discernimiento será emitida por el juez de garantía competente, a petición del Ministerio Público, en el plazo de quince días. Con dicho objeto, se citará a una audiencia a todos los intervinientes, previa designación de un defensor para el menor si no tuviere uno de su confianza, a la que deberán concurrir con todos su medios de prueba. Si se declarare que el menor ha obrado con discernimiento, el proceso se regulará de acuerdo a lo previsto en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal, cualquiera sea la pena requerida por el fiscal.

Encontrándose firme la resolución del juez de garantía que declare que el menor ha actuado sin discernimiento, la comunicará al juez de menores, a fin de que este último determine si corresponde la aplicación de alguna de las medidas contempladas en el artículo 29.

En el evento que se declare que el menor ha actuado con discernimiento, el fiscal podrá igualmente ejercer las facultades contempladas en el párrafo 1° del Título I del Libro II del Código Procesal Penal o deducir los respectivos requerimientos o acusaciones.

3) Substitúyense en el encabezamiento del artículo 29 las expresiones “ En los casos previstos en el artículo 26 N° 10 de esta ley” por las siguientes: “En los casos previstos en el artículo 8° número 16) de la ley que crea los juzgados de familia”.

4) Substitúyense en el encabezamiento del artículo 30 las expresiones: “ En los casos previstos en el artículo 26 N° 7” por las siguientes: “En los casos previstos en el artículo 8° número 15) de la ley que crea los juzgados de familia”.

5) Deróganse los artículos 34, 35, 36, 37 y 40.

6) Reemplázase el artículo 48 bis por el siguiente:

“ Artículo 48 bis.- En las causas concernientes a la relación directa y regular con el menor a que se refiere el artículo precedente, regirán las siguientes normas especiales:

a) Se aplicará lo dispuesto en el artículo 40 de la ley que crea los juzgados de familia.

b) Si no existiere regulación convencional ni judicial de la relación con el menor y en la demanda se pidiere también que sea regulada provisoriamente, se aplicará lo dispuesto en los incisos primero, tercero, cuarto, quinto y séptimo del artículo 5° de la ley 14.908.

c) Si el juez lo estima necesario podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la citación de los parientes a la audiencia principal.

7) Suprímense en el artículo 65 las expresiones “dependiendo de la pena que la ley asigne al hecho”.

Artículo 142.- Derogación de artículos de la ley N° 19.325. Deróganse los artículos 2° y 3° de la ley N° 19.325.

Artículo 143.- Modificaciones al Código de Procedimiento Civil. Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil:

1) Derógase el N° 5 del artículo 680.

2) Derógase el Título XVII del Libro III.

Artículo 144.- Modificaciones a la ley N° 14.908. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 14.908:

1) Sustitúyese el inciso primero del artículo 1° por el siguiente:

“ De los juicios de alimentos conocerá el juez de familia del domicilio del alimentante o del alimentario a elección de este último, los que se tramitarán conforme a las normas del procedimiento ordinario establecido en la ley que crea los juzgados de familia en lo no previsto por este cuerpo legal.”.

2) Suprímese el inciso cuarto del artículo 2°.

3) Derógase el artículo 4°.

4) Sustitúyese el inciso quinto del artículo 5° por el siguiente:

“ La resolución que se pronuncie sobre estos alimentos se notificará por carta certificada. Esta notificación se entenderá practicada el tercer día siguiente a aquel en que haya sido expedida la carta.”.

5) Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 12:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“El requerimiento de pago se notificará al ejecutado en la forma establecida en los incisos primero y segundo del artículo 23 de la ley que crea los juzgados de familia.”.

b) Reemplázase en el inciso final la expresión “por cédula”por los términos “ por carta certificada”.

6) Derógase el artículo 20.

Artículo 145.- Modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3346, de 1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia:

1) Agrégase la siguiente letra s) a su artículo 2°, pasando la actual a ser letra t):

“s) Administrar el sistema de mediación anexo a los juzgados de familia.”.

2) Introdúcese la siguiente letra e), nueva, a su artículo 11, pasando la actual letra e) a ser letra f):

“e) Administrar el sistema de mediación anexo a los juzgados de familia por medio del Departamento de Mediación a que se refiere la ley que crea los juzgados de familia, el que será de su dependencia.”.

Artículo 146.- Supresión de juzgados de menores. Suprímense los juzgados de menores de Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Quillota, San Antonio, Rancagua, Curicó Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles, Concepción, Talcahuano, Coronel, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Castro, Coyhaique, Punta Arenas, Santiago, Pudahuel, San Miguel, Puente Alto y San Bernardo.

Artículo 147.- Supresión de cargos. Suprímense los cargos de asistente social en los juzgados de letras de Vallenar, Ovalle, Limache, Casablanca, La Ligua, Los Andes, Villa Alemana, Quilpue, San Fernando, Angol, Ancud, Melipilla, Buín y Talagante, a contar del momento en que entren en aplicación en la región respectiva los procedimientos que esta ley establece. Asimismo, suprímese un cargo de asistente social en el Juzgado de Parral a contar del momento en que entren en aplicación los procedimientos que esta ley establece en la VII región.

Los demás cargos de asistente social creados por ley mantendrán su vigencia y dependencia del juzgado respectivo.

Artículo 148.- Aplicación de procedimiento a juzgados de letras con competencia en asuntos de familia. A las causas de competencia de los juzgados de familia de que conozcan los juzgados de letras, les serán aplicables los procedimientos establecidos en los Títulos III, IV y V de esta ley.

Artículo 149.- Creación de cargos: Créanse los siguientes cargos para efectos de lo establecido en el artículo anterior:

1) Créase un cargo de asistente social en los siguientes juzgados de letras:

Juzgado de Letras de María Elena

Juzgado de Letras de Tal Tal

Juzgado de Letras de Diego de Almagro

Juzgado de Letras de Caldera

Juzgado de Letras de Los Vilos

Juzgado de Letras de Isla de Pascua

Juzgado de Letras de Quintero

Juzgado de Letras de San Vicente

Juzgado de Letras de Peumo

Juzgado de Letras de Rengo

Juzgado de Letras de Constitución

Juzgado de Letras de Licantén

Juzgado de Letras de Molina

Juzgado de Letras de San Javier

Juzgado de Letras de San Carlos

Juzgado de Letras de Yungay

Juzgado de Letras de Tomé

Juzgado de Letras de Cañete

Juzgado de Letras de Arauco

Juzgado de Letras de Loncoche

Juzgado de Letras de Pitrufquén

Juzgado de Letras de Villarrica

Juzgado de Letras de Lautaro

Juzgado de Letras de Nueva Imperial

Juzgado de Letras de Curacautín

Juzgado de Letras de Toltén

Juzgado de Letras de Pucón

Juzgado de Letras de Victoria

Juzgado de Letras de Mariquina

Juzgado de Letras de La Unión

Juzgado de Letras de Calbuco

Juzgado de Letras de Quellón

Juzgado de Letras de Cisnes

2) Créanse los cargos de asistente social que en cada caso se señalan en las Cortes de Apelaciones, para que se desempeñen en los juzgados de letras que a continuación se indican:

a) Corte de Apelaciones de La Serena, dos cargos para desempeñarse en los juzgados de Freirina, Andacollo, Combarbalá y Vicuña.

b) Corte de Apelaciones de Rancagua, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Litueche y Peralillo.

c) Corte de Apelaciones de Talca, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Curepto y Chanco.

d) Corte de Apelaciones de Chillán, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Coelemu y Bulnes

e) Corte de Apelaciones de Concepción, cuatro cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Cabrero, Florida, Santa Juana, Santa Bárbara, Mulchén, Curanilahue y Nacimiento.

f) Corte de Apelaciones de Temuco, dos cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Purén, Traiguén, Carahue y Collipulli

g) Corte de Apelaciones de Valdivia, dos cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Paillaco, Panguipulli, Los Lagos y Rio Negro

h) Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuatro cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Hualaihué, Quinchao, Los Muermos y Maullín.

3) Créase un cargo de psicólogo en los siguientes juzgados de letras:

Juzgado de Letras de Pozo Almonte

Juzgado de Letras de Tocopilla

Juzgado de Letras de Chañaral

Juzgado de Letras de Illapel

Juzgado de Letras de Isla de Pascua

Juzgado de Letras de Pichilemu

Juzgado de Letras de Cauquenes

Juzgado de Letras de Lebu

Juzgado de Letras de Villarrica

Juzgado de Letras de Traiguén

Juzgado de Letras de Victoria

Juzgado de Letras de Chaitén

Juzgado de Letras de Puerto Aisén

Juzgado de Letras de Cochrane

Juzgado de Letras de Chile Chico

Juzgado de Letras de Cisnes

Juzgado de Letras de Porvenir

Juzgado de Letras de Puerto Natales.

Artículo 150.- Atención de psicólogos en juzgados de letras. Los psicólogos de los juzgados de familia que a continuación se indican, desarrollarán también sus funciones en los siguientes juzgados de letras, en la oportunidad y forma que determine la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe del administrador del juzgado correspondiente:

1) Primer Juzgado de Familia de Antofagasta en los Juzgados de Letras de María Elena y Taltal.

2) Juzgado de Familia de Copiapó en los Juzgados de Letras de Caldera y Diego de Almagro.

3) Juzgado de Familia de Vallenar en el Juzgado de Letras de Freirina.

4) Juzgado de Familia de La Serena en los Juzgados de Letras de Andacollo, Combarbalá, Los Vilos y Vicuña.

5) Juzgado de Familia de Valparaíso en los Juzgados de Letras de Petorca y Quintero.

6) Juzgado de Familia de Rancagua en los Juzgados de Letras de Litueche, Peralillo, Peumo, San Vicente y Rengo.

7) Juzgado de Familia de Curicó en los Juzgados de Letras de Molina y Licantén.

8) Juzgado de Familia de Talca en los Juzgados de Letras de Curepto y Constitución.

9) Juzgado de Familia de Linares en los Juzgados de Letras de San Javier, Chanco y Parral.

10) Primer Juzgado de Familia de Concepción en los Juzgados de Letras de Cabrero, Florida, Santa Juana, Curanilahue, Cañete,Tomé y Arauco.

11) Juzgado de Familia de Los Angeles en los Juzgados de Letras de Santa Bárbara, Nacimiento y Mulchén.

12) Juzgado de Familia de Chillán en los Juzgados de Letras de San Carlos, Coelemu, Quirihue, Bulnes y Yungay.

13) Juzgado de Familia de Temuco en los Juzgados de Letras de Toltén, Curacautín, Carahue, Pitrufquén, Lautaro, Nueva Imperial y Loncoche.

14) Juzgado de Familia de Valdivia en los Juzgados de Letras de Paillaco, Panguipulli, Los Lagos, Rio Negro y Mariquina.

15) Juzgado de Familia de Osorno en los Juzgados de Letras de La Unión y Rio Bueno.

16) Juzgado de Familia de Puerto Mont en los Juzgados de Letras de Puerto Varas, Calbuco, Maullín, Los Muermos y Hualaihué.

17) Juzgado de Familia de Castro en los Juzgados de Letras de Quellón y Quinchao.”

Artículo 151.- Atención de psicólogos de juzgados de letras en otro juzgado de letras. El psicólogo del Juzgado de Letras de Traiguén desempeñará también funciones en el de Purén. El del Juzgado de Letras de Victoria en el de Collipulli y el del Juzgado de Letras de Villarrica en el de Pucón.

Artículo 152.- Entrada en vigencia de la ley. La presente ley empezará a regir un año después de su publicación en el Diario Oficia.

Artículo 153.- Financiamiento. El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos que se consignen en la partida presupuestaria Tesoro Público del primer año correspondiente a su entrada en vigencia.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero .- Durante el período de la instalación de los juzgados de familia, los tribunales con competencia en materia de menores subsistentes, seguirán conociendo de las materias que les encomienda la ley Nº 16.618, con los procedimientos en ella establecidos, hasta su sentencia de término.

Para los efectos del inciso anterior, las disposiciones de la ley Nº 16.618, que se derogan, mantendrán su vigencia por el tiempo que fuere necesario.

Artículo segundo .- Las causas de competencia de los juzgados de familia que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se encontraren radicadas en juzgados con competencia en lo civil, continuarán radicadas en éstos y se sustanciarán conforme a las normas procesales vigentes a la fecha de inicio de las mismas, hasta la sentencia de término.

Artículo tercero .- Los profesionales cuya formación en mediación se hubiera completado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y que deseen inscribirse en el Registro Especial de Mediadores de Familia, deberán acreditar su formación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, el que deberá considerar las horas del programa de formación y el tiempo de experiencia práctica del mediador

Artículo cuarto .- El Presidente de la República, dentro del plazo de 180 días contados desde la publicación de esta ley, y mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Justicia, el que también será suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá las normas reglamentarias necesarias para la ejecución de esta ley.

Artículo quinto .- Las normas de la presente ley se aplicarán con la gradualidad que se indica a continuación:

-IV y IX regiones: 12 meses.

-II, III y VII regiones: 24 meses.

-I, XI y XII regiones: 36 meses.

-V, VI, VIII y X regiones: 48 meses.

-Región Metropolitana: 60 meses

Estos plazos se contarán desde la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo sexto .- La instalación de los nuevos juzgados de familia que señala el artículo 4°, se efectuará con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha prevista para su funcionamiento de acuerdo a los dispuesto en el artículo precedente. Con este objeto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá ejercer la atribución a que se refiere el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales y poner a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos juzgados.

La designación de los jueces que habrán de servir en dichos juzgados se regirá por las reglas comunes, en lo que no sean modificadas o complementadas por las normas siguientes:

1) Los jueces de menores cuyos tribunales son suprimidos por esta ley, podrán optar a los cargos de juez de familia, dentro de su mismo territorio jurisdiccional. Este derecho deberá ser ejercido, en su caso, con una anticipación de a lo menos trescientos días respecto de la fecha a que se alude en el inciso primero.

Si no ejercen el derecho antes previsto, serán destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, con a lo menos 90 días de antelación a la supresión del tribunal, en un cargo de igual jerarquía al que a esa fecha poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que resulte afectado, bajo ningún respecto, ninguno de sus derechos funcionarios.

2) La Corte de Apelaciones respectiva, cuando corresponda, deberá determinar el juzgado y la oportunidad en que cada juez pasará a ocupar su nueva posición de acuerdo con las necesidades de funcionamiento del sistema.

3) Para proveer los cargos que quedaren sin ocupar en los juzgados de familia una vez aplicadas las normas de los numerales 1) y 2) precedentes, la Corte de Apelaciones respectiva deberá, con una anticipación de a lo menos doscientos días respecto de la fecha aludida en el inciso primero, elaborar las ternas con los postulantes que cumplan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de Tribunales para llenar los cargos vacantes, según las categorías respectivas.

La Corte podrá elaborar ternas simultáneas, de manera que el procedimiento respectivo concluya dentro del plazo antes señalado.

4) La Corte Suprema podrá disponer la modificación de los plazos establecidos en los números precedentes cuando, atendido el número de cargos vacantes por proveer, ello resulte necesario para dar cumplimiento al plazo de instalación de los nuevos juzgados.

5) El Presidente de la República procederá a la designación de los nuevos jueces dentro del plazo de treinta días desde que reciba las ternas respectivas.

6) Para postular a los cargos de juez de familia, con arreglo a lo previsto en el número 3) de este artículo, los postulantes, además de cumplir con los requisitos comunes, deberán haber aprobado el curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto. Con este objeto, la Academia Judicial deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que se impartan suficientes cursos habilitantes en todas las regiones del país. Asimismo, podrá acreditar o convalidar como curso habilitante estudios equivalentes que hayan realizado los postulantes.

7) En casos excepcionales, cuando no hubiere postulantes que cumplan los requisitos establecidos en la letra b) del artículo 284 del Código Orgánico de Tribunales, resultará aplicable la regla contenida en el inciso segundo de la misma disposición.

8) Los jueces a que se refiere el número primero no sufrirán disminución de remuneraciones, pérdida de la antigüedad que poseyeren en el Escalafón Primario del Poder Judicial, ni disminución de ninguno de sus derechos funcionarios.

9) Los secretarios de los juzgados que son suprimidos por la presente ley, gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en las ternas que se formen para proveer los cargos de jueces de familia de su misma jurisdicción, en relación con los postulantes que provengan de igual o inferior categoría, siempre que hayan figurado en las dos primeras listas de mérito durante los dos últimos años.

Asimismo, dichos secretarios que, por cualquier circunstancia, no fueren nombrados en los juzgados de familia que se crean por la presente ley, serán destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, con a lo menos 90 días de antelación a la supresión del tribunal, en un cargo de igual jerarquía al que a esa fecha poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que resulte afectado, bajo ningún respecto, ninguno de sus derechos funcionarios.

En el evento de que no existan vacantes en la misma jurisdicción, dentro del plazo indicado en el inciso precedente, el Presidente de la Corte de Apelaciones comunicará este hecho a la Corte Suprema, para que sea ésta la que destine al secretario al cargo vacante que se encuentre más próximo a su jurisdicción de origen, sin que se produzca afectación de ninguno de sus derechos funcionarios.

Artículo séptimo .- Los asistentes sociales de planta cuyos cargos hubieren sido suprimidos por esta ley, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados de familia de acuerdo a las reglas siguientes:

1) Con a lo menos ciento ochenta días de antelación a la fecha que señala para la correspondiente región el artículo quinto transitorio precedente, la Academia Judicial deberá dictar un curso habilitante a todos los asistentes sociales de planta que se verán afectados por la presente ley, en un acto que deberá ser único y a nivel nacional.

2) Efectuado lo previsto en el número 1), la Corte de Apelaciones respectiva en un acto único confeccionará la nómina de todos los asistentes sociales cuyos cargos hubiesen sido suprimidos por la presente ley, ordenados según grado, de acuerdo a los factores siguientes: el promedio de las calificaciones obtenidas en los tres años anteriores, la antigüedad en el servicio y la nota obtenida en el curso habilitante. La Corte Suprema determinará mediante auto acordado la ponderación de cada uno de los factores señalados, para cuyo objeto serán oídos los representantes de la Asociación Nacional de Asistentes Sociales del Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

3) Con a lo menos noventa días de antelación a la fecha referida en el artículo quinto transitorio precedente para la región correspondiente, se efectuará el traspaso de los asistentes sociales que se vean afectados por la presente ley, a los respectivos cargos de los juzgados de familia. Para ello se les otorgará el derecho a optar dentro de los cargos existentes en el territorio de la respectiva Corte, respetando el estricto orden de prelación que resulte de la aplicación de lo previsto en el número 2) de este artículo.

4) En ningún caso el proceso de traspaso podrá significar disminución de remuneraciones, pérdida de antigüedad en el Poder Judicial y en la categoría del escalafón, cambios en los sistemas previsionales y de atención de salud, ni menoscabo o pérdida de algunos de los derechos funcionarios que el asistente social poseyere al momento de efectuarse su nueva asignación de funciones en los nuevos juzgados.

5) Respecto de los cargos que quedaren sin llenar de acuerdo al proceso anteriormente descrito, se aplicará lo dispuesto en los números siguientes.

6) Una vez culminado el proceso previsto en los números precedentes y con a lo menos noventa días de antelación a la puesta en marcha de los juzgados de familia en cualquier región del país, la Academia Judicial deberá dictar un curso habilitante a todos los asistentes sociales a contrata afectados por la presente ley, en un acto que deberá ser único y a nivel nacional.

7) Efectuado dicho curso, cada Corte de Apelaciones confeccionará la nómina de todos los asistentes sociales a contrata de todo el país, ordenadas según grado, de acuerdo a los factores siguientes: calificaciones obtenidas en el año anterior, antigüedad y la calificación obtenida en el curso habilitante. La ponderación de estos factores deberá ser igual a la considerada para el proceso de los asistentes sociales de planta. Si quedaren cargos sin llenar, se aplicará lo dispuesto en el título décimo del Código Orgánico de Tribunales.

8) Las reglas establecidas en los dos numerales precedentes serán aplicables a todos los psicólogos a contrata afectados por el proyecto.

Artículo octavo .- Los empleados de secretaría de los tribunales de menores que son suprimidos por esta ley, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados de familia de acuerdo a las reglas siguientes:

1) Con a lo menos ciento ochenta días de antelación a la fecha que señala para la correspondiente región el artículo quinto transitorio precedente, la Academia Judicial deberá tomar un examen habilitante a todos los empleados de los juzgados de menores que se verán afectados por la presente ley.

2) Efectuado lo previsto en el número 1), la Corte de Apelaciones respectiva confeccionará la nómina de todos los empleados de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, ordenados según grado, de acuerdo a los factores siguientes: las calificaciones obtenidas en el año anterior, la antigüedad en el servicio y la nota obtenida en el examen habilitante. La Corte Suprema determinará mediante auto acordado la ponderación de cada uno de los factores señalados, para cuyo efecto serán oídos los representantes de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

3) Con a lo menos noventa días de antelación a la fecha referida en el artículo quinto transitorio precedente, se efectuará el nombramiento de los empleados en los cargos de los juzgados de familia, así como el traspaso de aquellos que se desempeñan en los tribunales que son suprimidos por la presente ley, procediendo del modo siguiente:

1º Una vez nombrado el administrador del juzgado, el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva llenará los cargos de los juzgados de familia de su jurisdicción, del grado once de la Escala de Sueldos base Mensuales del Personal de Empleados del Poder Judicial, con aquellos empleados del mismo grado del escalafón de los tribunales que son suprimidos por la presente ley. Para tal efecto, respetando el estricto orden de prelación que resulte de la aplicación de lo previsto en el número 2) de este artículo, se les otorgará el derecho a optar dentro de los cargos del mismo grado existentes en el territorio de la Corte respectiva, a excepción de los cargos de los juzgados de familia de Santiago y de San Miguel que, para tal efecto, serán considerados en conjunto como Región Metropolitana.

2° La Corte respectiva regulará el procedimiento que deberán seguir dichos empleados y señalará el momento en que cada funcionario pasará a ocupar su nueva posición, de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de los juzgados involucrados.

3° Si quedare algún empleado de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, del grado once de la Escala de Sueldos base Mensuales del Personal de Empleados del Poder Judicial, que no hubiese aprobado el examen habilitante, la Corte de Apelaciones respectiva efectuará la destinación a que se refiere el número 5) del presente artículo a un cargo del mismo grado que se encuentre vacante en un tribunal de distinta competencia, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que ello pueda irrogar un mayor gasto.

4° En el evento que quedaren cargos vacantes del mismo grado, éstos se llenarán mediante las reglas de concurso público que el Código Orgánico de Tribunales contempla y según las disponibilidades presupuestarias existentes. Para este efecto, los empleados de secretaría cuyos tribunales son suprimidos por la presente ley, gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en terna en los cargos a que postulen dentro de su jurisdicción, frente a los demás postulantes y, cuando corresponda, frente a los postulantes externos. En todo caso, tal preferencia se mantendrá sólo hasta el primer nombramiento originado como consecuencia de la aplicación de esta prerrogativa.

5° Los demás cargos del escalafón, se llenarán siguiendo el mismo procedimiento antes anotado.

4) En ningún caso el proceso de traspaso podrá significar disminución de remuneraciones, pérdida de antigüedad en el Poder Judicial y en la categoría del escalafón, cambios en los sistemas previsionales y de atención de salud, ni menoscabo o pérdida de algunos de los derechos funcionarios que el empleado poseyere al momento de efectuarse su nueva asignación de funciones en los nuevos juzgados.

5) Tratándose de aquellos funcionarios que no hubiesen aprobado el examen habilitante a que se refiere el número 1) del presente artículo, o de aquellos que habiéndolo aprobado no hubiesen sido designados en los juzgados de familia, deberán ser destinados por la Corte de Apelaciones respectiva con a lo menos noventa días de antelación a aquel en que se suprime el tribunal, en un cargo del mismo grado que se encuentre vacante en los demás tribunales del Poder Judicial, en la misma jurisdicción, sin que tal destinación signifique, en ninguna circunstancia, pérdida de alguno de sus derechos funcionarios.

6) Los funcionarios a que se refiere el número anterior, podrán transitoriamente ser asignados a otros tribunales de la misma jurisdicción de la Corte de Apelaciones respectiva, exclusivamente por el período necesario para proveer la destilación en carácter de titular a un cargo vacante del mismo grado, lo que no podrá significar menoscabo de ninguno de sus derechos funcionarios.

Artículo noveno .- La Academia Judicial deberá establecer los procedimientos necesarios para aplicar los cursos y el examen habilitante a los cuales se hace referencia en los artículos precedentes, respecto de todos los postulantes a los cargos vacantes de los juzgados de familia.

Artículo décimo .- La supresión de los juzgados de menores a que se refiere el artículo 146 de la presente ley, se llevará a cabo seis meses después de la fecha en que se instalen los juzgados de familia en la respectiva región, conforme a los plazos que señala el artículo quinto transitorio precedente.

En todo caso, la Corte Suprema podrá prorrogar dicho término hasta por otro período de seis meses, cuando el número de causas que se hubieren encontrado pendientes en el tribunal de menores al momento de instalarse el juzgado de familia respectivo, no hubieren disminuido en más del 50%.

Los jueces de menores que hubieren sido nombrados en un juzgado de familia en virtud del derecho establecido en el número 1) del artículo sexto transitorio precedente, continuarán ocupando sus cargos hasta que la Corte de Apelaciones respectiva disponga su incorporación al juzgado de familia, de acuerdo a lo dispuesto en el número 2) de la disposición citada. En este último caso, regirán las reglas generales de subrogación, sin que se deba proveer el cargo vacante respectivo.

La Corte de Apelaciones respectiva fijará, de entre el personal de los tribunales de menores, la dotación mínima necesaria para que los jueces a que se refiere el inciso primero de este artículo continúen desempeñando sus funciones, considerando lo dispuesto en el número 2° del número 3) del artículo octavo transitorio precedente.

Las causas que subsistan, una vez suprimido el tribunal, serán distribuidas por la Corte de Apelaciones respectiva entre los juzgados de letras y/o civiles de la misma jurisdicción, entendiéndose para todos los efectos constitucionales y legales que los juzgados a los que sean asignadas son los continuadores legales del suprimido.

Artículo undécimo .- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, dicte un decreto con fuerza de ley para reajustar, por una sola vez, el pago base del servicio de mediación, sin que pueda exceder dicho reajuste el 20% del pago base establecido en el artículo 120 de esta ley.

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Sala de la Comisión, a 16 de abril de 2003

Se designó Diputado Informante al señor Jorge Burgos Varela.

Acordado en sesiones de fechas 13 de junio; 4 y 11 de julio; 1 y 22 de agosto; 12 de septiembre; 3 y 10 de octubre de 2001; 9 y 23 de enero; 3, 10 y 17 de abril; 14 de mayo; 12 de junio; 10 y 17 de julio; 7 y 14 de agosto; 9 de octubre; 6 de noviembre; 4 y 18 de diciembre de 2002; 7, 8 y 14 de enero; 12 y 19 de marzo de 2003 con la asistencia de los Diputados señores Ignacio Walter Prieto, Jorge Burgos Varela, Zarko Luksic Sandoval y Guillermo Ceroni Fuentes (Presidentes), señoras Isabel Allende Bussi, Marcela Cubillos Sigall, María Angélica Cristi Marfil, María Pía Guzmán Mena, Carmen Ibáñez Soto, María Eugenia Mella Gajardo, Adriana Muñoz D’Albora, Fanny Pollarolo Villa, María Antonieta Saa Díaz, Alejandra Sepúlveda Orbenes, Antonella Schiaraffia Estrada, Laura Soto González y Ximena Vidal Lázaro, y señores Pedro Araya Guerrero, Gabriel Ascencio Mansilla, José Ramón Barros Montero, Francisco Bartolucci Johnston, Germán Becker Alvear, Juan Bustos Ramírez, Alberto Cardemil Herrera, Juan Antonio Coloma Correa, Eduardo Díaz del Río, Sergio Elgueta Barrientos, Maximiano Errázuriz Eguiguren, Marcelo Forni Lobos, Haroldo Fossa Rojas, Francisco Huenchumilla Jaramillo, José Antonio Kast Rist, Enrique Krauss Rusque, Carlos Kuschel Silva, Cristián Leay Morán, Juan Pablo Letelier Morel, Nicolás Monckeberg Díaz, Luis Monge Sánchez, Cristián Pareto Vergara, Darío Paya Mira, Aníbal Pérez Lobos, Víctor Reyes Alvarado, Fulvio Rossi Ciocca, Exequiel Silva Ortiz, Ignacio Urrutia Bonilla y Patricio Walker Prieto.

EUGENIO FOSTER MORENO

Secretario

?INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA.

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BOLETÍN Nº 2.118-18

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS PREVIAS

1.- Origen y Urgencias

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas

Indicación parlamentaria al artículo 118.

3.- Artículos que no fueron aprobados por unanimidad

El artículo 118 del proyecto.

* * *

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Jaime Arellano, Subsecretario de Justicia; la señora Paula Correa, Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia; Fernando Dazarola, Abogado de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, y Carlos Briceño, Economista del Ministerio de Hacienda.

El propósito de la iniciativa consiste en modificar la actual justicia de menores para dotar a los jueces de procedimientos y formas de actuación que les permitan dar una respuesta socialmente adecuada al contencioso familiar.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 15 de abril de 2003, señala que en su globalidad el proyecto implica un mayor gasto que se desglosa de la manera siguiente:

Además, se sostiene en dicho informe que la aplicación del proyecto de ley no irroga gasto fiscal para el año 2003. En los años posteriores, se considerará en los respectivos presupuestos anuales, conforme al programa de implementación establecido para el nuevo sistema de justicia de familia, y a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia dispusieron que los artículos 4°, 99, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 134, 135, 136, 140 N°s 7 y 8, 145, 149 y 153 permanentes y los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10 y 11 transitorios aprobados por ellas, son de competencia de esta Comisión. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 147 y 152, y el artículo 9° transitorio, en conformidad al numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.

En el debate de la Comisión participó el señor Jaime Arellano, Subsecretario de Justicia, quien señaló que el proyecto en estudio inició su tramitación en noviembre de 1997, pasando a la Comisión de Familia. Luego de que se despachara el primer informe de ésta, continuó su trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual se resolvió refundir el proyecto con la iniciativa relativa al sistema de mediación y, además, se acordó que pasara a ser estudiada por ambas Comisiones en calidad de Comisiones Unidas.

A título de resumen expresó que el proyecto de ley suprime los actuales juzgados de menores, los cuales, pasan a ser reemplazados por tribunales unipersonales de composición múltiple, en que cada juez actuará independientemente.

Explicó que los nuevos tribunales tendrán una jurisdicción especializada y contarán con asesoría interdisciplinaria, en la que se incluirá, entre otros, a psicólogos, asistentes sociales y orientadores familiares. Agregó que en éstos se aplicará el principio de la inmediación, limitándose la intermediación de funcionarios de menor rango.

Destacó además, que se propone una instancia obligatoria para lograr acuerdos entre las partes, para lo cual se implementa el sistema de mediación, lo que da cuenta de la tendencia mundial en este ámbito.

Mencionó que en nuestro país existe experiencia en mecanismos de mediación aplicados a este tipo de problemática a partir del año 1995, lo que ha resultado muy exitoso.

Indicó que el proyecto de ley se divide en seis títulos. El Título I trata de los Tribunales de Familia y su organización; el Título II regula la competencia de los Juzgados de Familia; el Título III establece el procedimiento; el Título IV contempla los procedimientos especiales; el Título V se refiere a la mediación, y el Título VI establece las plantas del personal.

Señaló que en la indicación que el Ejecutivo ha presentado en este trámite se introducen modificaciones en relación con la implementación de los referidos tribunales. Al respecto, sostuvo que se considera la aplicación de este nuevo sistema judicial, en forma simultánea en todo el país, a partir del año 2005.

Explicó que el Mensaje proponía un mecanismo de puesta en marcha similar al del sistema de la justicia penal; sin embargo, se evaluó que sería preferible que la gradualidad fuese en relación a las dotaciones y no geográfica. Sobre el particular, afirmó que esto se justifica por cuanto al inicio del sistema no es necesario contar con la dotación completa, ya que estos tribunales iniciarán su trabajo "sin mochila", por lo que se irán agregando los recursos humanos en un plazo que se ha predeterminado. Así, el año 2005, se incorporan 123 jueces; al año siguiente, se agregan 78 jueces más, y el año 2007 otros 48. Conjuntamente, los gastos en infraestructura se inician a partir de éste último año, a fin de no generar mayores presiones en el presupuesto; sin perjuicio de que en el primer período se proceda a remodelar los actuales inmuebles y arrendar otros.

El Diputado Hidalgo, don Carlos, formuló las siguientes consultas, ¿cuál será la exigencia de especialización de los funcionarios asesores?, ¿en qué consiste el mecanismo de determinación del valor de los servicios de mediación? y ¿cómo se aplicará la gradualidad a que se refiere el artículo quinto transitorio?

El señor Jaime Arellano explicó que los jueces serán apoyados en su trabajo por un Consejo Técnico, al que corresponderá participar en las audiencias, emitir los informes que les soliciten éstos y asesorarlos directamente. Puntualizó que en cada tribunal de familia habrá uno, integrado por asistentes sociales, psicólogos y, u orientadores familiares, teniendo el carácter de organismo auxiliar de la administración de justicia. Su función primordial será la de asesorar a los jueces en el análisis de los hechos y situaciones relacionados con los asuntos de que conozcan y sobre cualquier otra materia de su especialidad que aquéllos le soliciten. Los informes u opiniones de los miembros de los consejos, deberán ser puestos en conocimiento de las partes en las audiencias, a fin de que éstas conozcan su contenido y los rebatan si así lo estiman necesario.

Destacó que en cada tribunal de familia habrá un Consejo Técnico. Precisó que, en cuanto a los requisitos para ser miembro del consejo, el proyecto de ley exige poseer el título de asistente social, psicólogo u orientador familiar otorgado por alguna universidad o instituto profesional reconocidos por el Estado.

Por otra parte, afirmó que la mediación es previa al proceso, siendo obligatorio concurrir a ella y su solución voluntaria. Los servicios de mediación, efectuados por prestadores anexos a los juzgados de familia, serán realizados por las personas naturales o jurídicas que sean seleccionadas a través de un proceso de licitación. Reiteró que los mediadores deberán ser, por regla general, psicólogos, abogados o asistentes sociales.

Explicó que el artículo 120 del proyecto de ley establece una fórmula para determinar el valor de los servicios de mediación, fijando el pago por tramos, para lo cual, se han considerado tres elementos que están presente en todo proceso de mediación, que son: a) gastos administrativos básicos de puesta en marcha del servicio, con un valor base, máximo, de $ 7.967; b) la duración del proceso, con un valor dos, el cual tendrá lugar cuando las partes concurran a dos o más sesiones con el mediador sin producirse acuerdo, caso en el que se recibirá como pago 3.65 veces el valor base; y c) el resultado del proceso, con un valor tres, en las causas en que las partes llegan a un acuerdo que sea homologado por el tribunal respectivo, independiente del número de sesiones realizadas, en cuyo caso el costo del servicio de mediación será 8.17 veces el valor base. Argumentó que la fórmula descrita tiene por fin evitar que las mediaciones se alarguen indefinidamente.

Puso énfasis en que la puesta en marcha de los nuevos tribunales será en forma simultánea en todas las regiones del país. Agregó que, para facilitar esta implementación, en el primer año, se contará con el 50% de las dotaciones de personal, el segundo año se agregará el 30% y el tercer año el 20% restante.

El Diputado Lorenzini, don Pablo, consultó, ¿qué ocurrirá con las causas en tramitación una vez transcurrido el plazo de seis meses previsto para suprimir los actuales juzgados de menores?

El señor Jaime Arellano sostuvo que el plazo de seis meses se ha estimado razonable para que estén concluidas las causas en los actuales juzgados de menores; sin embargo, se contempla la posibilidad de que, si transcurrido dicho período, los procesos no han disminuido en más de 50% del total, la respectiva Corte de Apelaciones pueda autorizar el funcionamiento del juzgado en cuestión por otros seis meses.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo 4° del proyecto, se crean los juzgados de familia que a continuación se indican, con asiento en cada una de las siguientes comunas del territorio de la República y con el número de jueces que en cada caso se señala:

Primera Región de Tarapacá:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Arica y jurisdicción sobre las comunas de las provincias de Arica y Parinacota, el que estará compuesto de cinco jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Iquique y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de siete jueces.

Segunda Región de Antofagasta:

El primer y el segundo juzgado de familia con asiento en la comuna de Antofagasta y jurisdicción sobre las comunas de Antofagasta, Mejillones y Sierra Gorda, los que estarán compuestos de cinco jueces cada uno.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Calama y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de El Loa, el que estará compuesto de cuatro jueces.

Tercera Región de Atacama:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Copiapó y jurisdicción sobre las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla, el que estará compuesto de cuatro jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Vallenar y jurisdicción sobre las comunas de Vallenar y Alto del Carmen, el que estará compuesto de dos jueces.

Cuarta Región de Coquimbo:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Coquimbo y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Ovalle y jurisdicción sobre las comunas de Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria y Punitaqui, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de La Serena y jurisdicción sobre las comunas de La Serena y La Higuera, el que estará compuesto de tres jueces.

Quinta Región de Valparaíso:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Limache y jurisdicción sobre las comunas de Limache y Olmué, el que estará compuesto de un juez.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Los Andes y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Los Andes, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de La Ligua y jurisdicción sobre las comunas de La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo, el que estará compuesto de un juez.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Casablanca y jurisdicción sobre las comunas de Casablanca, El Quisco y Algarrobo, y sobre la comuna de Curacaví de la Región Metropolitana de Santiago, el que estará compuesto de un juez.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Villa Alemana y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Quilpue y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Valparaíso y jurisdicción sobre las comunas de Valparaíso y de Juan Fernández, el que estará compuesto de nueve jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Viña del Mar y jurisdicción sobre las comunas de Viña del Mar y Concón, el que estará compuesto de siete jueces y que tendrá, para todos los efectos legales, la calidad de juzgado de ciudad asiento de Corte.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de San Felipe y jurisdicción sobre las comunas de San Felipe, Santa María, Panquehue, Llay-Llay, Catemu y Putaendo, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Quillota y jurisdicción sobre las comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de San Antonio y jurisdicción sobre las comunas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo, y sobre la comuna de Navidad de la Sexta Región, el que estará compuesto de tres jueces.

Sexta Región del Libertador Bernardo O’Higgins:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Rancagua y jurisdicción sobre las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Codegua, Machali, Coltauco, Doñihue, Coinco, Olivar y Requínoa, el que estará compuesto de ocho jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de San Fernando y jurisdicción sobre las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Placilla y Rancagua, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Santa Cruz y jurisdicción sobre las comunas de Santa Cruz, Chépica y Lolol, el que estará compuesto de un juez.

Séptima Región del Maule:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Talca y jurisdicción sobre las comunas de Talca, Pelarco, Río Claro, San Clemente, Maule, Pencahue y San Rafael, el que estará compuesto de cinco jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Curicó y jurisdicción sobre las comunas de Curicó, Teno, Romeral, Rauco y Sagrada Familia, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Linares y jurisdicción sobre las comunas de Linares, Yerbas Buenas, Colbún y Longaví, el que estará compuesto de tres jueces.

Octava Región del Bío-Bío:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Yumbel y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto por un juez.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Chillán y jurisdicción sobre las comunas de Chillán, Pinto, Coihueco, Chillán Viejo y San Nicolás, el que estará compuesto de cuatro jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Los Ángeles y jurisdicción sobre las comunas de Los Ángeles, Quilleco, Antuco y Laja, el que estará compuesto de cuatro jueces.

El primer y segundo juzgados de familia de Concepción con asiento en la comuna de Concepción y jurisdicción sobre las comunas de Concepción, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz y Chiguayante, los que estarán compuestos de cinco jueces cada uno.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Talcahuano y jurisdicción sobre la misma comuna, el que estará compuesto de seis jueces, y que tendrá, para todos los efectos legales, la calidad de juzgado de ciudad asiento de Corte.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Coronel y jurisdicción sobre las comunas de Coronel y Lota, el que estará compuesto de tres jueces.

Novena Región de La Araucanía:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Angol y jurisdicción sobre las comunas de Angol y Renaico, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Temuco y jurisdicción sobre las comunas de Temuco, Vilcún, Melipeuco, Cunco, Freire y Padre Las Casas, el que estará compuesto de siete jueces.

Décima Región de Los Lagos:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Ancud y jurisdicción sobre las comunas de Ancud y Quemchi, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Valdivia y jurisdicción sobre las comunas de Valdivia y Corral, el que estará compuesto de cuatro jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Osorno y jurisdicción sobre las comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay y San Juan de la Costa, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Puerto Montt y jurisdicción sobre las comunas de Puerto Montt y Cochamó, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Castro y jurisdicción sobre las comunas de Castro, Chonchi, Dalcahue, Puqueldón y Queilén, el que estará compuesto de dos jueces.

Undécima Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Coyhaique y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Coyhaique, el que estará compuesto de dos jueces.

Duodécima Región de Magallanes:

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Punta Arenas y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Magallanes y Antártica Chilena, el que estará compuesto de tres jueces.

Región Metropolitana de Santiago:

El primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgados de familia de Santiago, con asiento en la comuna de Santiago y jurisdicción sobre las comunas de Santiago, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Recoleta, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Macul, Peñalolén, La Florida, Estación Central, Cerrillos, Maipú, Renca y Quilicura. El primer y segundo juzgados de familia estarán compuestos por nueve jueces, y el tercero, cuarto y quinto, por ocho jueces cada uno.

El primer y segundo juzgados de familia de Pudahuel, con asiento en la comuna de Pudahuel y jurisdicción sobre las comunas de Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Prado, los que estarán compuestos de seis jueces cada uno y que tendrán, para todos los efectos legales, la calidad de juzgados de ciudad asiento de Corte.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Colina y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Chacabuco, el que estará compuesto de dos jueces.

El primer, segundo y tercero juzgados de familia de San Miguel, con asiento en la comuna de San Miguel y jurisdicción sobre las comunas de San Miguel, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, La Cisterna, San Ramón, La Granja, El Bosque y La Pintana. El primer y segundo juzgados de familia tendrán siete jueces cada uno y el tercero seis jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Talagante y jurisdicción sobre las comunas de Talagante, El Monte e Isla de Maipo, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Melipilla y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Melipilla con excepción de Curacaví, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Peñaflor y jurisdicción sobre las comunas de Peñaflor y Padre Hurtado, el que estará compuesto de dos jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Buín y jurisdicción sobre las comunas de Buín y Paine, el que estará compuesto de tres jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de Puente Alto y jurisdicción sobre las comunas de la provincia de Cordillera, el que estará compuesto por seis jueces.

Un juzgado de familia con asiento en la comuna de San Bernardo y jurisdicción sobre las comunas de San Bernardo y Calera de Tango, el que estará compuesto por seis jueces.

El Diputado Álvarez, don Rodrigo, preguntó si se ha previsto que tribunales móviles puedan concurrir a localidades apartadas.

El señor Jaime Arellano señaló que la creación de los nuevos tribunales de familia dicen relación con la cantidad de procesos vinculados a su jurisdicción en los distintos lugares del país; por lo tanto, en aquellos sectores en que no se crea un nuevo tribunal, se dispone que los jueces de letras tengan competencia en esta materia, contando con un Consejo Técnico en cada uno.

El Diputado Tuma, don Eugenio, consultó, ¿qué ocurrirá con el personal que actualmente está a contrata en los tribunales de menores?

El señor Jaime Arellano sostuvo que ningún funcionario perderá su trabajo por causa de la implementación de los nuevos tribunales. Además de lo anterior, será necesario contratar nuevo personal, afirmó.

Sometido a votación el artículo 4° fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 99, se establece que la administración del Sistema Nacional de Mediación, anexo a los juzgados de familia, estará a cargo del Departamento de Mediación del Ministerio de Justicia.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 111, se establece que la selección de los mediadores que prestarán servicios a los juzgados de familia, se hará mediante licitaciones a nivel regional, en conformidad a las bases que para este efecto fije el Departamento de Mediación en conformidad a las disposiciones de la ley y su reglamento.

En el inciso segundo, se señala que las bases de licitación establecerán el número de casos que se liciten y la posibilidad de efectuar ofertas parciales; el período por el cual se contratará las prestación del servicio de mediación y las condiciones en que éste deberá desarrollarse por los mediadores que resultaren comprendidos en la adjudicación.

En el inciso tercero, se dispone que los postulantes a la licitación deberán señalar el porcentaje de causas del respectivo territorio jurisdiccional o de la región al que postulan y el precio de sus servicios. Las bases podrán establecer el porcentaje mínimo de causas a que se podrá postular.

Sometido a votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 118, se establece que en caso de que la licitación sea declarada desierta, o de que el número de postulantes aceptados sea inferior al requerido para cubrir la totalidad de la demanda regional, el Subsecretario de Justicia podrá celebrar convenios directos con personas naturales o jurídicas que figuren en el Registro, para el desempeño de las funciones de mediación en los casos comprendidos en el porcentaje no asignado en la licitación.

En el inciso segundo, se precisa que esta labor se deberá realizar por el plazo que éste determine, el que no podrá ser superior a seis meses, al cabo del cual se llamará nuevamente a licitación por el total de casos o por el porcentaje no cubierto, según corresponda.

En el inciso tercero, se dispone que en la prestación de sus servicios, estas personas se sujetarán a las mismas reglas aplicables a aquellas que fueren contratadas en virtud de los procesos de licitación.

En el inciso cuarto, se señala que, en estos casos, la remuneración por causa se regulará por los criterios señalados en el artículo 120, para cuyo efecto se deberá convenir un valor base. En todo caso, el pago mínimo será el equivalente a sesenta causas anuales se realicen éstas o no.

En el inciso quinto, se preceptúa que por las mediaciones efectivamente iniciadas, se realizará el pago en conformidad a lo señalado en los numerales del artículo 120, según corresponda. Las mediaciones no iniciadas hasta completar el número mínimo de sesenta causas, se pagarán de acuerdo al numeral dos del mismo artículo.

Los Diputados señores Alvarado, Álvarez, Barros, Cubillos, señora Marcela, Dittborn, Forni y Von Mühlenbrock formularon una indicación del tenor siguiente:

“Para reemplazar el artículo 118 por el siguiente:

Artículo 118.- En caso de que la licitación sea declarada desierta, o de que el número de postulantes aceptados sea inferior al requerido para cubrir la totalidad de la demanda regional, se llamará, a todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos para ser mediadores, nuevamente a licitación por el total de los casos o por el porcentaje no cubierto, según corresponda.”.

El Diputado Von Mühlenbrock, don Gastón, manifestó que la indicación persigue otorgar mayor transparencia al sistema.

El Diputado Hidalgo, don Carlos, hizo presente que, siempre será preferible llamar a una nueva licitación para completar los porcentajes no cubiertos. Al respecto, estimó que el mecanismo de convenio directo podría ser empleado con fines electorales en los períodos previos a esos procesos.

El señor Jaime Arellano manifestó que el sistema propuesto es del todo similar al contemplado para la Defensoría Penal Pública. Sobre el particular, hizo hincapié en que el convenio directo es por un plazo máximo de seis meses, período dentro del cual deberá haberse efectuado la nueva licitación. Destacó que realizar una licitación pública considera la elaboración de las bases respectivas, las que luego deben ser enviadas a toma de razón en la Contraloría General de la República. Por lo tanto, opinó que exigir una licitación para completar el porcentaje no cubierto conllevaría un período de varios meses en que un grupo de asuntos no podrían ser resueltos. Esta es la razón que justifica la contratación directa por un plazo breve.

Puesta en votación la indicación parlamentaria, fue rechazada por 3 votos a favor y 6 votos en contra.

Sometido a votación el artículo 118 fue aprobado por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

En el artículo 119, se establece que la suscripción de contratos y pagos a que de lugar una licitación se hará por .el Subsecretario de Justicia.

En el inciso segundo, se señala que el pago de los fondos licitados se efectuará según lo dispuesto en los artículos siguientes.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 120, se contempla que el valor del servicio de mediación por causa, se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

1) Valor base: En aquellos casos en que las partes no concurran ante el mediador, o de comparecer lo hagan solamente a una sesión sin lograr acuerdo, el mediador recibirá un pago que se determinará en la licitación respectiva, que no podrá ser superior a $7.967.

2) Valor dos: Tendrá lugar cuando las partes concurran a dos o más sesiones con el mediador sin producirse acuerdo, caso en el cual recibirá como pago 3.65 veces el valor base.

3) Valor tres: En las causas en que las partes llegan a un acuerdo que sea homologado por el tribunal respectivo, independiente del número de sesiones realizadas, el costo del servicio de mediación será 8.17 veces el valor base.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 121, se determina que el precio base máximo establecido en el artículo anterior y la asignación establecida en el artículo 124, se reajustarán una vez al año en el porcentaje de variación que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en dicho período, mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 122, se estipula que en cada uno de los pagos se retendrá, a título de garantía, un porcentaje del mismo, según se determine en las bases de la licitación.

En el inciso segundo, se establece que además de este fondo de reserva, el Departamento de Mediación deberá exigir a la persona natural o jurídica respectiva, boleta bancaria de garantía o cualquier otra caución que estime suficiente con el objeto de asegurar la adecuada prestación de los servicios licitados.

En el inciso tercero, se dispone que si se abriere proceso administrativo del cual pudiere resultar la aplicación de la sanción prevista en el número 1 del artículo 132, a la persona natural o jurídica que preste servicios de mediación, la garantía se devolverá sólo en la parte que excediere el monto al que pudiere ser condenada a pagar.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 123, se contempla que los prestadores del servicio de mediación tendrán derecho a una asignación de transporte si, para los efectos de ejercer sus funciones, deban trasladarse desde sus oficinas al lugar de asiento del tribunal, según lo especifique el reglamento.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 134, se establece que los juzgados de familia que se crean por el proyecto de ley tendrán la siguiente planta de personal:

1) Juzgado de Familia de Arica: cinco jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., cuatro oficiales administrativos 3°s. , tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

2) Juzgado de Familia de Iquique: siete jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., cinco oficiales administrativos 3°s., cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

3) Primer Juzgado de Familia de Antofagasta: cinco jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

4) Segundo Juzgado de familia de Antofagasta: cinco jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s, dos oficiales administrativos 3°s., tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

5) Juzgado de Familia de Calama: cuatro jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., tres oficiales administrativos 3°s., dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

6) Juzgado de Familia de Copiapó: cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

7) Juzgado de Familia de La Serena: tres jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

8) Juzgado de Familia de Coquimbo: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

9) Juzgado de Familia de Vallenar: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3° , un encargado de toma de actas y un auxiliar.

10) Juzgado de Familia de Ovalle: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

11) Juzgado de Familia de Valparaíso: nueve jueces, un administrador, siete asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, una secretaria, un encargado contable, cuatro ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cinco oficiales administrativos 2°s. , tres oficiales administrativos 3°s., cinco encargados de toma de actas y tres auxiliares.

12) Juzgado de Familia de Viña del Mar: siete jueces, un administrador, seis asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, cuatro ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cuatro oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s., cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

13) Juzgado de Familia de San Felipe: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

14) Juzgado de Familia de Quillota: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

15) Juzgado de Familia de San Antonio: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

16) Juzgado de Familia de Limache: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

17) Juzgado de Familia de Los Andes: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

18) Juzgado de Familia de La Ligua: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

19) Juzgado de Familia de Casablanca: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

20) Juzgado de Familia de Villa Alemana: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

21) Juzgado de Familia de Quilpue: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

22) Juzgado de Familia de Rancagua: ocho jueces, un administrador, seis asistentes sociales, cuatro psicólogos u orientadores familiares, un encargado contable, una secretaria, tres ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, tres oficiales administrativos 2°s., tres oficiales administrativos 3°s., cuatro encargados de tomas de actas y dos auxiliares.

23) Juzgado de Familia de San Fernando: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

24) Juzgado de Familia de Santa Cruz: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

25) Juzgado de Familia de Talca: cinco jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, tres ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s., tres encargados de toma de actas y dos auxiliares.

26) Juzgado de Familia de Curicó: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°., dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

27) Juzgado de Familia de Linares: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°s., dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

28) Juzgado de Familia de Chillán: cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°., tres oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°., dos encargados de toma de actas y dos auxiliares.

29) Juzgado de Familia de Los Ángeles: cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°., dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

30) Primer Juzgado de Familia de Concepción: cinco jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, cinco psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

31) Segundo Juzgado de Familia de Concepción: cinco jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

32) Juzgado de Familia de Talcahuano: seis jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

33) Juzgado de Familia de Coronel: tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, tres oficiales administrativos 2°s., dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

34) Juzgado de Familia de Yumbel: un juez, un administrador, un asistente social, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

35) Juzgado de Familia de Temuco: siete jueces, un administrador, siete asistentes sociales, cuatro psicólogos u orientadores familiares, un encargado contable, tres ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cuatro oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s., cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

36) Juzgado de Familia de Angol: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

37) Juzgado de Familia de Valdivia: cuatro jueces, un administrador, tres asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

38) Juzgado de Familia de Osorno: tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., dos oficiales administrativos 3°s., dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

39) Juzgado de Familia de Puerto Montt: tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°s., un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

40) Juzgado de Familia de Castro: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

41) Juzgado de Familia de Ancud: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

42) Juzgado de Familia de Coyhaique: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

43) Juzgado de Familia de Punta Arenas: tres jueces, un administrador, tres asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, dos oficiales administrativos 2°, tres oficiales administrativos 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

44) Primer y Segundo Juzgados de Familia de Santiago: nueve jueces, un administrador, ocho asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, una secretaria, un encargado contable, dos ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cinco oficiales administrativos 2°, tres oficiales administrativos 3°, cinco encargados de toma de actas y tres auxiliares.

45) Tercer Juzgado de Familia de Santiago: ocho jueces, un administrador, ocho asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, una secretaria, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cinco oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

46) Cuarto y Quinto Juzgados de Familia de Santiago: ocho jueces, un administrador, siete asistentes sociales, dos psicólogos u orientadores familiares, una secretaria, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, cuatro oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

47) Primer y Segundo Juzgados de Familia de Pudahuel: seis jueces, un administrador, seis asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, tres ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

48) Juzgado de Familia de Colina: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

49) Primer y Segundo Juzgados de Familia de San Miguel: siete jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, dos ejecutivos de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, tres oficiales administrativos 2°, dos oficiales administrativos 3°, cuatro encargados de toma de actas y dos auxiliares.

50) Tercer Juzgado de Familia de San Miguel: seis jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

51) Juzgado de Familia de Puente Alto: seis jueces, un administrador, cinco asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

52) Juzgado de Familia de San Bernardo: seis jueces, un administrador, cuatro asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un encargado contable, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativos 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, tres encargados de toma de actas y un auxiliar.

53) Juzgado de Familia de Talagante: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

54) Juzgado de Familia de Melipilla: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un oficial administrativo 3°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.

55) Juzgado de Familia de Peñaflor: dos jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, un encargado de toma de actas y un auxiliar.

56) Juzgado de Familia de Buin: tres jueces, un administrador, dos asistentes sociales, un psicólogo u orientador familiar, un ejecutivo de sala, un oficial de mediación, un oficial administrativo 1°, un oficial administrativo 2°, dos encargados de toma de actas y un auxiliar.”.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 135, se fijan los grados de los jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los Juzgados de Familia que se crean, correspondientes a la Escala de Sueldos Bases Mensuales del Poder Judicial que a continuación se indican:

1) Los jueces, el grado correspondiente según asiento del tribunal.

2) Los administradores de juzgados de familia de ciudad asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o de agrupación de comunas, grados VII, VIII y IX, del Escalafón Superior del Poder Judicial, respectivamente.

3) Los asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares de juzgados de familia de ciudad asiento de Corte, capital de provincia y de comunas o agrupación de comunas, grados IX, X y X, del Escalafón de Asistentes Sociales, respectivamente.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 136, se fijan los grados del personal de empleados de los juzgados de familia que se crean, correspondientes a los grados de la Escala de Sueldos Base Mensuales del Personal del Poder Judicial, que a continuación se indican:

1) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XI.

2) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad capital de provincia; encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XII.

3) Ejecutivo de sala y oficial de mediación de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna; encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, y oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XIII.

4) Encargado contable, oficial administrativo 1° y encargado de toma de actas de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna; oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad capital de provincia y oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XIV.

5) Oficial administrativo 2° de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna y oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, grado XV.

6) Oficial administrativo 3° de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna y secretaria de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte, grado XVI.

7) Auxiliar de juzgado de familia de ciudad asiento de Corte y secretaria de juzgado de familia de ciudad capital de provincia, grado XVII.

8) Auxiliar de juzgado de familia de ciudad capital de provincia y de ciudad asiento de comuna y secretaria de juzgado de familia de ciudad asiento de comuna, grado XVIII.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 140, se introducen las siguientes modificaciones en el Código Orgánico de Tribunales:

7) Modifícase el artículo 289 bis de la siguiente forma:

A.- En el inciso primero:

1° En su encabezamiento substitúyense las expresiones “ asistentes sociales y bibliotecarios” por “psicólogos u orientadores familiares, asistentes sociales y bibliotecarios”.

2° En su letra a) substitúyense las expresiones “asistente social o bibliotecario” y “asistentes sociales o bibliotecarios” las dos veces que figuran por “psicólogo u orientador familiar, asistente social o bibliotecario” y por “ psicólogos u orientadores familiares, asistentes sociales o bibliotecarios”, respectivamente.

3° En su letra b) substitúyense las expresiones “asistentes sociales o bibliotecarios” las dos veces que figuran por “psicólogos u orientadores familiares, asistentes sociales o bibliotecarios”.

B.- En el inciso final substitúyense los términos “asistente social o bibliotecario” por “ psicólogo, orientador familiar, asistente social o bibliotecario”.

8) Modifícase el artículo 292 en los siguientes términos:

a) Agréganse en la segunda categoría, a continuación de la frase “Encargados de sala de tribunales de juicio oral en lo penal y de juzgados de garantía de ciudad asiento de Corte de Apelaciones”, las siguientes expresiones: “, ejecutivos de sala y oficiales de mediación de juzgados de familia de asiento de Corte”.

b) Agréganse al final de la tercera categoría, después de la frase “ Oficiales primeros de los juzgados de capital de provincia”, las siguientes expresiones: “ encargados contables de asiento de Corte, ejecutivos de sala de capital de provincia, oficiales de mediación de capital de provincia, oficiales administrativos primeros de asiento de Corte y encargados de toma de actas de asiento de Corte.”.

c) Agréganse al final de la cuarta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “comunas” las frases: “ ejecutivos de sala de juzgados de familia de comuna, oficiales de mediación de juzgados de familia de comuna, encargados contables de juzgados de familia de capital de provincia, oficiales administrativos primeros de juzgados de familia de capital de provincia, encargados de toma de actas de juzgados de familia de capital de provincia y oficiales administrativos segundos de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

d) Agréganse al final de la quinta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “comunas” las frases: “ encargados contables de juzgados de familia de comunas, oficiales administrativos primeros de juzgados de familia de comuna, encargados de toma de actas de juzgados de familia de comunas, oficiales administrativos segundos de juzgado de familia de capital de provincia y oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

e) Agréganse al final de la sexta categoría, antes del punto aparte que sucede a la palabra “Temuco”, las siguientes frases: “ oficiales administrativos segundos de juzgados de familia de comuna y oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de capital de provincia.”.

f) Agréganse al final de la séptima categoría, antes el punto aparte que sucede a la palabra “Justicia”, las siguientes frases: “oficiales administrativos terceros de juzgados de familia de comuna y secretarías de juzgados de familia de asiento de Corte.”.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 145, se introducen las siguientes modificaciones al decreto ley N° 3.346, de 1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia:

1) Agrégase la siguiente letra s) a su artículo 2°, pasando la actual a ser letra t):

“s) Administrar el sistema de mediación anexo a los juzgados de familia.”.

2) Introdúcese la siguiente letra e), nueva, a su artículo 11, pasando la actual letra e) a ser letra f):

“e) Administrar el sistema de mediación anexo a los juzgados de familia por medio del Departamento de Mediación a que se refiere la ley que crea los juzgados de familia, el que será de su dependencia.”.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 147, se suprimen los cargos de asistente social en los juzgados de letras de Vallenar, Ovalle, Limache, Casablanca, La Ligua, Los Andes, Villa Alemana, Quilpue, San Fernando, Angol, Ancud, Melipilla, Buín y Talagante, a contar del momento en que entren en aplicación en la región respectiva los procedimientos que esta ley establece. Asimismo, suprímese un cargo de asistente social en el Juzgado de Parral a contar del momento en que entren en aplicación los procedimientos que esta ley establece en la VII región.

En el inciso segundo, se señala que los demás cargos de asistente social creados por ley mantendrán su vigencia y dependencia del juzgado respectivo.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en el inciso primero del artículo 147, la expresión "del momento en que entren en aplicación en la región respectiva los procedimientos que esta ley establece", por "de la entrada en vigencia de esta ley".

Sometido a votación el artículo 147, con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 149, se crean los siguientes cargos para efectos de lo establecido en el artículo anterior:

1) Créase un cargo de asistente social en los siguientes juzgados de letras:

Juzgado de Letras de María Elena

Juzgado de Letras de Tal Tal

Juzgado de Letras de Diego de Almagro

Juzgado de Letras de Caldera

Juzgado de Letras de Los Vilos

Juzgado de Letras de Isla de Pascua

Juzgado de Letras de Quintero

Juzgado de Letras de San Vicente

Juzgado de Letras de Peumo

Juzgado de Letras de Rengo

Juzgado de Letras de Constitución

Juzgado de Letras de Licantén

Juzgado de Letras de Molina

Juzgado de Letras de San Javier

Juzgado de Letras de San Carlos

Juzgado de Letras de Yungay

Juzgado de Letras de Tomé

Juzgado de Letras de Cañete

Juzgado de Letras de Arauco

Juzgado de Letras de Loncoche

Juzgado de Letras de Pitrufquén

Juzgado de Letras de Villarrica

Juzgado de Letras de Lautaro

Juzgado de Letras de Nueva Imperial

Juzgado de Letras de Curacautín

Juzgado de Letras de Toltén

Juzgado de Letras de Pucón

Juzgado de Letras de Victoria

Juzgado de Letras de Mariquina

Juzgado de Letras de La Unión

Juzgado de Letras de Calbuco

Juzgado de Letras de Quellón

Juzgado de Letras de Cisnes

2) Créanse los cargos de asistente social que en cada caso se señalan en las Cortes de Apelaciones, para que se desempeñen en los juzgados de letras que a continuación se indican:

a) Corte de Apelaciones de La Serena, dos cargos para desempeñarse en los juzgados de Freirina, Andacollo, Combarbalá y Vicuña.

b) Corte de Apelaciones de Rancagua, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Litueche y Peralillo.

c) Corte de Apelaciones de Talca, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Curepto y Chanco.

d) Corte de Apelaciones de Chillán, un cargo para desempeñar funciones en los juzgados de Coelemu y Bulnes

e) Corte de Apelaciones de Concepción, cuatro cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Cabrero, Florida, Santa Juana, Santa Bárbara, Mulchén, Curanilahue y Nacimiento.

f) Corte de Apelaciones de Temuco, dos cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Purén, Traiguén, Carahue y Collipulli

g) Corte de Apelaciones de Valdivia, dos cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Paillaco, Panguipulli, Los Lagos y Rio Negro.

h) Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuatro cargos para desempeñar funciones en los juzgados de Hualaihué, Quinchao, Los Muermos y Maullín.

3) Créase un cargo de psicólogo en los siguientes juzgados de letras:

Juzgado de Letras de Pozo Almonte

Juzgado de Letras de Tocopilla

Juzgado de Letras de Chañaral

Juzgado de Letras de Illapel

Juzgado de Letras de Isla de Pascua

Juzgado de Letras de Pichilemu

Juzgado de Letras de Cauquenes

Juzgado de Letras de Lebu

Juzgado de Letras de Villarrica

Juzgado de Letras de Traiguén

Juzgado de Letras de Victoria

Juzgado de Letras de Chaitén

Juzgado de Letras de Puerto Aisén

Juzgado de Letras de Cochrane

Juzgado de Letras de Chile Chico

Juzgado de Letras de Cisnes

Juzgado de Letras de Porvenir

Juzgado de Letras de Puerto Natales.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo 152, se establece que el proyecto empezará a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

“Artículo 152.- Entrada en vigencia de la ley.- La presente ley empezará a regir el día 1° de julio de 2005.”.

Sometida a votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.

En el artículo 153, se señala que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley, se financiará con cargo a los recursos que se consignen en la partida presupuestaria Tesoro Público del primer año correspondiente a su entrada en vigencia.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo quinto transitorio, se contempla que las normas de la presente ley se aplicarán con la gradualidad que se indica a continuación:

- IV y IX regiones: 12 meses.

- II, III y VII regiones: 24 meses.

- I, XI y XII regiones: 36 meses.

- V, VI,VIII y X regiones: 48 meses.

- Región Metropolitana: 60 meses

En el inciso segundo, se determina que estos plazos se contarán desde la entrada en vigencia del proyecto.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

“Artículo quinto transitorio.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 152, la dotación de jueces, administradores, asistentes sociales, psicólogos u orientadores familiares y personal del escalafón de empleados del poder judicial de los Juzgados de Familia se enterará en un período de dos años, de acuerdo a la siguiente tabla:

Sometida votación la indicación precedente fue aprobada por unanimidad.

En el artículo sexto transitorio, se dispone que la instalación de los nuevos juzgados de familia que señala el artículo 4°, se efectuará con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha prevista para su funcionamiento de acuerdo a los dispuesto en el artículo precedente. Con este objeto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá ejercer la atribución a que se refiere el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales y poner a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos juzgados.

En el inciso segundo, se establece que la designación de los jueces que habrán de servir en dichos juzgados se regirá por las reglas comunes, en lo que no sean modificadas o complementadas por las normas siguientes:

1) Los jueces de menores cuyos tribunales son suprimidos por esta ley, podrán optar a los cargos de juez de familia, dentro de su mismo territorio jurisdiccional. Este derecho deberá ser ejercido, en su caso, con una anticipación de a lo menos trescientos días respecto de la fecha a que se alude en el inciso primero.

Si no ejercen el derecho antes previsto, serán destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, con a lo menos 90 días de antelación a la supresión del tribunal, en un cargo de igual jerarquía al que a esa fecha poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que resulte afectado, bajo ningún respecto, ninguno de sus derechos funcionarios.

2) La Corte de Apelaciones respectiva, cuando corresponda, deberá determinar el juzgado y la oportunidad en que cada juez pasará a ocupar su nueva posición de acuerdo con las necesidades de funcionamiento del sistema.

3) Para proveer los cargos que quedaren sin ocupar en los juzgados de familia una vez aplicadas las normas de los numerales 1) y 2) precedentes, la Corte de Apelaciones respectiva deberá, con una anticipación de a lo menos doscientos días respecto de la fecha aludida en el inciso primero, elaborar las ternas con los postulantes que cumplan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de Tribunales para llenar los cargos vacantes, según las categorías respectivas.

La Corte podrá elaborar ternas simultáneas, de manera que el procedimiento respectivo concluya dentro del plazo antes señalado.

4) La Corte Suprema podrá disponer la modificación de los plazos establecidos en los números precedentes cuando, atendido el número de cargos vacantes por proveer, ello resulte necesario para dar cumplimiento al plazo de instalación de los nuevos juzgados.

5) El Presidente de la República procederá a la designación de los nuevos jueces dentro del plazo de treinta días desde que reciba las ternas respectivas.

6) Para postular a los cargos de juez de familia, con arreglo a lo previsto en el número 3) de este artículo, los postulantes, además de cumplir con los requisitos comunes, deberán haber aprobado el curso habilitante que la Academia Judicial impartirá al efecto. Con este objeto, la Academia Judicial deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que se impartan suficientes cursos habilitantes en todas las regiones del país. Asimismo, podrá acreditar o convalidar como curso habilitante estudios equivalentes que hayan realizado los postulantes.

7) En casos excepcionales, cuando no hubiere postulantes que cumplan los requisitos establecidos en la letra b) del artículo 284 del Código Orgánico de Tribunales, resultará aplicable la regla contenida en el inciso segundo de la misma disposición.

8) Los jueces a que se refiere el número primero no sufrirán disminución de remuneraciones, pérdida de la antigüedad que poseyeren en el Escalafón Primario del Poder Judicial, ni disminución de ninguno de sus derechos funcionarios.

9) Los secretarios de los juzgados que son suprimidos por la presente ley, gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en las ternas que se formen para proveer los cargos de jueces de familia de su misma jurisdicción, en relación con los postulantes que provengan de igual o inferior categoría, siempre que hayan figurado en las dos primeras listas de mérito durante los dos últimos años.

Asimismo, dichos secretarios que, por cualquier circunstancia, no fueren nombrados en los juzgados de familia que se crean por la presente ley, serán destinados por la Corte de Apelaciones respectiva, con a lo menos 90 días de antelación a la supresión del tribunal, en un cargo de igual jerarquía al que a esa fecha poseyeren y de la misma jurisdicción, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que resulte afectado, bajo ningún respecto, ninguno de sus derechos funcionarios.

En el evento de que no existan vacantes en la misma jurisdicción, dentro del plazo indicado en el inciso precedente, el Presidente de la Corte de Apelaciones comunicará este hecho a la Corte Suprema, para que sea ésta la que destine al secretario al cargo vacante que se encuentre más próximo a su jurisdicción de origen, sin que se produzca afectación de ninguno de sus derechos funcionarios.

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar en el numeral 2), a continuación de la expresión “sistema”, suprimiéndose el punto aparte (.) que le sigue, la frase "y lo dispuesto en el artículo anterior.".

Sometido a votación este artículo, con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo séptimo transitorio, se señala que los asistentes sociales de planta cuyos cargos hubieren sido suprimidos por esta ley, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados de familia de acuerdo a las reglas siguientes:

1) Con a lo menos ciento ochenta días de antelación a la fecha que señala para la correspondiente región el artículo quinto transitorio precedente, la Academia Judicial deberá dictar un curso habilitante a todos los asistentes sociales de planta que se verán afectados por la presente ley, en un acto que deberá ser único y a nivel nacional.

2) Efectuado lo previsto en el número 1), la Corte de Apelaciones respectiva en un acto único confeccionará la nómina de todos los asistentes sociales cuyos cargos hubiesen sido suprimidos por la presente ley, ordenados según grado, de acuerdo a los factores siguientes: el promedio de las calificaciones obtenidas en los tres años anteriores, la antigüedad en el servicio y la nota obtenida en el curso habilitante. La Corte Suprema determinará mediante auto acordado la ponderación de cada uno de los factores señalados, para cuyo objeto serán oídos los representantes de la Asociación Nacional de Asistentes Sociales del Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

3) Con a lo menos noventa días de antelación a la fecha referida en el artículo quinto transitorio precedente para la región correspondiente, se efectuará el traspaso de los asistentes sociales que se vean afectados por la presente ley, a los respectivos cargos de los juzgados de familia. Para ello se les otorgará el derecho a optar dentro de los cargos existentes en el territorio de la respectiva Corte, respetando el estricto orden de prelación que resulte de la aplicación de lo previsto en el número 2) de este artículo.

4) En ningún caso el proceso de traspaso podrá significar disminución de remuneraciones, pérdida de antigüedad en el Poder Judicial y en la categoría del escalafón, cambios en los sistemas previsionales y de atención de salud, ni menoscabo o pérdida de algunos de los derechos funcionarios que el asistente social poseyere al momento de efectuarse su nueva asignación de funciones en los nuevos juzgados.

5) Respecto de los cargos que quedaren sin llenar de acuerdo al proceso anteriormente descrito, se aplicará lo dispuesto en los números siguientes.

6) Una vez culminado el proceso previsto en los números precedentes y con a lo menos noventa días de antelación a la puesta en marcha de los juzgados de familia en cualquier región del país, la Academia Judicial deberá dictar un curso habilitante a todos los asistentes sociales a contrata afectados por la presente ley, en un acto que deberá ser único y a nivel nacional.

7) Efectuado dicho curso, cada Corte de Apelaciones confeccionará la nómina de todos los asistentes sociales a contrata de todo el país, ordenadas según grado, de acuerdo a los factores siguientes: calificaciones obtenidas en el año anterior, antigüedad y la calificación obtenida en el curso habilitante. La ponderación de estos factores deberá ser igual a la considerada para el proceso de los asistentes sociales de planta. Si quedaren cargos sin llenar, se aplicará lo dispuesto en el título décimo del Código Orgánico de Tribunales.

8) Las reglas establecidas en los dos numerales precedentes serán aplicables a todos los psicólogos a contrata afectados por el proyecto.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en su numeral 1), la expresión “que señala para la correspondiente región el artículo quinto transitorio precedente,” por “de entrada en vigencia de esta ley,”; para reemplazar en el numeral 3), la expresión "la fecha referida" por "las fechas referidas", suprimiendo la expresión "para la región correspondiente", y para suprimir en el numeral 6), la expresión "en cualquier región del país".

Sometido a votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo octavo transitorio, se dispone que los empleados de secretaría de los tribunales de menores que son suprimidos por esta ley, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados de familia de acuerdo a las reglas siguientes:

1) Con a lo menos ciento ochenta días de antelación a la fecha que señala para la correspondiente región el artículo quinto transitorio precedente, la Academia Judicial deberá tomar un examen habilitante a todos los empleados de los juzgados de menores que se verán afectados por la presente ley.

2) Efectuado lo previsto en el número 1), la Corte de Apelaciones respectiva confeccionará la nómina de todos los empleados de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, ordenados según grado, de acuerdo a los factores siguientes: las calificaciones obtenidas en el año anterior, la antigüedad en el servicio y la nota obtenida en el examen habilitante. La Corte Suprema determinará mediante auto acordado la ponderación de cada uno de los factores señalados, para cuyo efecto serán oídos los representantes de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

3) Con a lo menos noventa días de antelación a la fecha referida en el artículo quinto transitorio precedente, se efectuará el nombramiento de los empleados en los cargos de los juzgados de familia, así como el traspaso de aquellos que se desempeñan en los tribunales que son suprimidos por la presente ley, procediendo del modo siguiente:

1º Una vez nombrado el administrador del juzgado, el Presidente de la Corte de Apelaciones respectiva llenará los cargos de los juzgados de familia de su jurisdicción, del grado once de la Escala de Sueldos base Mensuales del Personal de Empleados del Poder Judicial, con aquellos empleados del mismo grado del escalafón de los tribunales que son suprimidos por la presente ley. Para tal efecto, respetando el estricto orden de prelación que resulte de la aplicación de lo previsto en el número 2) de este artículo, se les otorgará el derecho a optar dentro de los cargos del mismo grado existentes en el territorio de la Corte respectiva, a excepción de los cargos de los juzgados de familia de Santiago y de San Miguel que, para tal efecto, serán considerados en conjunto como Región Metropolitana.

2° La Corte respectiva regulará el procedimiento que deberán seguir dichos empleados y señalará el momento en que cada funcionario pasará a ocupar su nueva posición, de acuerdo con las necesidades de funcionamiento de los juzgados involucrados.

3° Si quedare algún empleado de los tribunales que son suprimidos por la presente ley, del grado once de la Escala de Sueldos base Mensuales del Personal de Empleados del Poder Judicial, que no hubiese aprobado el examen habilitante, la Corte de Apelaciones respectiva efectuará la destinación a que se refiere el número 5) del presente artículo a un cargo del mismo grado que se encuentre vacante en un tribunal de distinta competencia, sin necesidad de nuevo nombramiento y sin que ello pueda irrogar un mayor gasto.

4° En el evento que quedaren cargos vacantes del mismo grado, éstos se llenarán mediante las reglas de concurso público que el Código Orgánico de Tribunales contempla y según las disponibilidades presupuestarias existentes. Para este efecto, los empleados de secretaría cuyos tribunales son suprimidos por la presente ley, gozarán de un derecho preferente para ser incluidos en terna en los cargos a que postulen dentro de su jurisdicción, frente a los demás postulantes y, cuando corresponda, frente a los postulantes externos. En todo caso, tal preferencia se mantendrá sólo hasta el primer nombramiento originado como consecuencia de la aplicación de esta prerrogativa.

5° Los demás cargos del escalafón, se llenarán siguiendo el mismo procedimiento antes anotado.

4) En ningún caso el proceso de traspaso podrá significar disminución de remuneraciones, pérdida de antigüedad en el Poder Judicial y en la categoría del escalafón, cambios en los sistemas previsionales y de atención de salud, ni menoscabo o pérdida de algunos de los derechos funcionarios que el empleado poseyere al momento de efectuarse su nueva asignación de funciones en los nuevos juzgados.

5) Tratándose de aquellos funcionarios que no hubiesen aprobado el examen habilitante a que se refiere el número 1) del presente artículo, o de aquellos que habiéndolo aprobado no hubiesen sido designados en los juzgados de familia, deberán ser destinados por la Corte de Apelaciones respectiva con a lo menos noventa días de antelación a aquel en que se suprime el tribunal, en un cargo del mismo grado que se encuentre vacante en los demás tribunales del Poder Judicial, en la misma jurisdicción, sin que tal destinación signifique, en ninguna circunstancia, pérdida de alguno de sus derechos funcionarios.

6) Los funcionarios a que se refiere el número anterior, podrán transitoriamente ser asignados a otros tribunales de la misma jurisdicción de la Corte de Apelaciones respectiva, exclusivamente por el período necesario para proveer la destilación en carácter de titular a un cargo vacante del mismo grado, lo que no podrá significar menoscabo de ninguno de sus derechos funcionarios.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en el numeral 1), la expresión “que señala para la correspondiente región el artículo quinto transitorio precedente” por “de entrada en vigencia de esta ley”; para reemplazar en el encabezado del numeral 3), la expresión “la fecha referida” por “las fechas referidas”, y para agregar en el número 2º del numeral 3), a continuación de la expresión “involucrados”, suprimiéndose el punto aparte (.) que le sigue, la frase “y lo dispuesto en el artículo quinto transitorio.”.

Sometido a votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo noveno transitorio, se establece que la Academia Judicial deberá establecer los procedimientos necesarios para aplicar los cursos y el examen habilitante a los cuales se hace referencia en los artículos precedentes, respecto de todos los postulantes a los cargos vacantes de los juzgados de familia.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

En el artículo décimo transitorio, se señala que la supresión de los juzgados de menores a que se refiere el artículo 146 de la presente ley, se llevará a cabo seis meses después de la fecha en que se instalen los juzgados de familia en la respectiva región, conforme a los plazos que señala el artículo quinto transitorio precedente.

En el inciso segundo, se establece que en todo caso, la Corte Suprema podrá prorrogar dicho término hasta por otro período de seis meses, cuando el número de causas que se hubieren encontrado pendientes en el tribunal de menores al momento de instalarse el juzgado de familia respectivo, no hubieren disminuido en más del 50%.

En el inciso tercero, se preceptúa que los jueces de menores que hubieren sido nombrados en un juzgado de familia en virtud del derecho establecido en el número 1) del artículo sexto transitorio precedente, continuarán ocupando sus cargos hasta que la Corte de Apelaciones respectiva disponga su incorporación al juzgado de familia, de acuerdo a lo dispuesto en el número 2) de la disposición citada. En este último caso, regirán las reglas generales de subrogación, sin que se deba proveer el cargo vacante respectivo.

En el inciso cuarto, se señala que la Corte de Apelaciones respectiva fijará, de entre el personal de los tribunales de menores, la dotación mínima necesaria para que los jueces a que se refiere el inciso primero de este artículo continúen desempeñando sus funciones, considerando lo dispuesto en el número 2° del número 3) del artículo octavo transitorio precedente.

En el inciso quinto, se contempla que las causas que subsistan, una vez suprimido el tribunal, serán distribuidas por la Corte de Apelaciones respectiva entre los juzgados de letras y/o civiles de la misma jurisdicción, entendiéndose para todos los efectos constitucionales y legales que los juzgados a los que sean asignadas son los continuadores legales del suprimido.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir su inciso primero, por el siguiente:

"Artículo décimo transitorio.- La supresión de los Juzgados de Menores a que se refiere el artículo 146, se llevará a cabo seis meses después de la entrada en vigencia de la presente ley.”.

Sometido a votación este artículo, con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

En el artículo undécimo transitorio, se faculta al Presidente de la República para que en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, dicte un decreto con fuerza de ley para reajustar, por una sola vez, el pago base del servicio de mediación, sin que pueda exceder dicho reajuste el 20% del pago base establecido en el artículo 120 de esta ley.

Puesto en votación este artículo fue aprobado por unanimidad.

SALA DE LA COMISIÓN, a 9 de junio de 2003.

Acordado en sesión de fecha 4 de junio de 2003, con la asistencia de los Diputados señores Jaramillo, don Enrique (Presidente); Alvarado, don Claudio; Alvarez, don Rodrigo; Cardemil, don Alberto; Dittborn, don Julio; Hidalgo, don Carlos; Lorenzini, don Pablo; Ortiz, don José Miguel; Pérez, don José; Silva, don Exequiel; Tuma, don Eugenio, y Von Mühlenbrock, don Gastón.

Se designó Diputado Informante al señor VON MÜHLENBROCK, don GASTÓN.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO

Abogado Secretario de la Comisión

CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE FAMILIA. Primer trámite constitucional.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto que crea los tribunales de familia.

Diputados informantes de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia, y de la de Hacienda, son los señores Burgos y Von Mühlenbrock, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2118-18, sesión 13ª, en 5 de noviembre de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 4.

-Informe de las comisiones unidas de Constitución. Legislación y Justicia y de Familia, sesión 4ª, en 10 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 7.

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 4ª, en 10 de junio de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 8.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos, informante de las Comisiones unidas de Constitución y de Familia.

El señor BURGOS .-

Señora Presidenta , en nombre de las Comisiones unidas de Constitución y de Familia, vengo en informar sobre el proyecto que crea los tribunales de familia, originado en mensaje de su excelencia el Presidente de la República .

El proyecto original del Ejecutivo fue estudiado previamente, por acuerdo de la Sala, por la Comisión de Familia, trámite que cumplió entre el 5 de noviembre de 1997 y el 21 de julio de 1999, fecha en que evacuó su primer informe.

A partir de la fecha señalada, conforme al acuerdo mencionado, correspondió conocer del proyecto a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estudio que no se realizó de inmediato por cuanto se consideró que el proyecto estaba incompleto, puesto que en ese momento no contenía la creación de los nuevos juzgados de familia ni fijaba sus plantas, como tampoco reglaba el mecanismo de la mediación, situación que subsanó el Ejecutivo al enviar, el 30 de mayo de 2001, una indicación sustitutiva del proyecto.

La honorable Cámara, a fin de agilizar el estudio de la iniciativa, acordó, el 13 de junio de 2001, darle el trámite de comisiones unidas para que las dos comisiones técnicas analizaran en forma conjunta la referida indicación.

En consecuencia, habiéndose pronunciado en general la Comisión de Familia y teniendo presente que la mencionada indicación se enmarca dentro de las ideas matrices o fundamentales del proyecto, no se estimó necesario ni acorde con la normativa reglamentaria que las comisiones unidas emitieran un nuevo pronunciamiento sobre la idea de legislar y se procedió a tratar el proyecto artículo por artículo.

Durante el análisis del proyecto asistieron a las comisiones unidas el ministro de Justicia de entonces, don José Antonio Gómez Urrutia ; la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer , en esos meses doña Adriana Delpiano Puelma ; el subsecretario de Justicia , don Jaime Arellano ; el asesor del Ministerio de Justicia, don Francisco Maldonado ; la subdirectora del Servicio Nacional de la Mujer, cargo que ocupó doña Karen Herrera ; las abogadas asesoras del Ministerio de Justicia, señoras Consuelo Gazmuri , Paula Correa y Macarena Vargas ; el abogado asesor del Servicio Nacional de la Mujer, don Marcos Rendón ; los académicos doña María Aron, don Patricio Zapata, don Juan Vrsalovic, doña Matilde Castillo ; la jueza doña Marta Jimena Pinto Salazar y otros asesores.

Suele ocurrir que en proyectos importantes, como el relativo a la institucionalidad de la cultura o el del nuevo trato a los funcionarios públicos, las tribunas se llenen de público. Es probable que en este momento no haya nadie, en ellas, escuchando el debate de este proyecto, el cual es tanto o más fundamental que los mencionados.

Las sociedades, tal como las personas, enfrentan diariamente situaciones de la vida cotidiana, pero también puntos de inflexión, centrales en su existencia. Desde la perspectiva que uno mire la vida, un punto central es el nacimiento de un hijo, el matrimonio, la incorporación al período escolar, en fin. Las sociedades también tienen momentos centrales, puntos de inflexión. A mi juicio, el avanzar en la creación de una jurisdicción de tribunales de familia es también un punto central de nuestra sociedad.

En consecuencia, el proyecto merece no sólo la atención de las tribunas, sino particularmente la de los legisladores, pues han sido elegidos, en forma especial, para abocarse al conocimiento de este tipo de temas.

El proyecto es iniciativa del Ejecutivo , particularmente del Ministerio de Justicia y del de la Mujer. Ingresó a tramitación, por primera vez, en noviembre de 1997, durante la Presidencia de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle . La iniciativa surge como consecuencia del diagnóstico, compartido por sectores judiciales, académicos y forenses, de la necesidad imperiosa e impostergable de dotar a la ciudadanía de una judicatura especializada, ágil y moderna en dar respuestas adecuadas a conflictos en materia de familia.

En efecto, el actual sistema procesal que se aplica a los asuntos de familia contiene -lamentablemente- graves deficiencias de diseño y operación que, en ocasiones, obstaculizan el efectivo y total cumplimiento de las garantías constitucionales procesales que conforman el derecho al debido proceso, reconocido por la Constitución Política. Aun más, no sólo lo dificultan, sino que, muchas veces, lo hacen imposible.

La excesiva duración de los procesos atenta -por cierto- contra la garantía de obtener una respuesta oportuna y la casi nula inmediación entre el juez y las partes dificulta la aplicación del principio de la bilateralidad de la audiencia, el que se encuentra en la base del derecho a la defensa. Estos ejemplos son algunos de los que dan cuenta de una situación lamentable y -a mi entender- caótica. A ello se suma la naturaleza de los conflictos de familia que llegan a tribunales de menores. Se trata de asuntos que presentan ciertas particularidades y complejidades que requieren de un tratamiento especialísimo, que considere las múltiples dimensiones involucradas en toda la problemática familiar; no sólo desde la perspectiva judeo-cristiana, sino desde la más amplia que se la quiera mirar. En este tipo de procesos judiciales, el requerimiento que se hace al tribunal para que reconozca o ampare un derecho determinado está indefectiblemente ligado a relaciones sanguíneas y afectivas entre personas que forman parte de una misma familia en ese momento, en diversos grados de conflicto. Las resoluciones judiciales que de ellos emanen tendrán, pues, un efecto permanente en la vida futura de los miembros de la familia y en los elementos centrales que se relacionan con la vida en familia. Por ejemplo, el fallo sobre la tuición de los hijos, luego de la separación -probablemente, en un tiempo más será del divorcio-, marcará de por vida las relaciones entre padres e hijos, especialmente el grado de contacto y participación del padre o madre no custodio en la crianza de sus hijos.

Por otra parte -y no por ello menos importante y trascendente-, la reforma de justicia a la familia se inscribe dentro de un gran proceso de modernización de la justicia que se está llevando a cabo en los últimos años en el país. El primer hito -tal vez, el más urgente- fue la gran reforma procesal penal, que está en plena implementación; a mi juicio, el segundo es esta gran reforma, y está presente el ministro de Justicia , quien nos podrá contar de los hitos que vendrán después (personalmente, creo que está la reforma del sistema civil de justicia).

En efecto, la reforma procesal penal, ya en curso y con éxito en varias regiones, ha puesto de manifiesto la necesidad de acercar la justicia a las personas, a través de procedimientos transparentes, breves y de participación directa por parte de los involucrados. Ambas reformas, la procesal penal y ésta, coinciden, además del tránsito de los procedimientos escritos y latos a preferentemente orales, en la modificación de la estructura de los tribunales, en la incorporación de la figura del administrador del tribunal y en la aplicación de los derechos contenidos en los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

Ambas reformas tienen también por objeto hacer concreción real del estatuto de garantías constitucionales que establece nuestra Carta Fundamental. En una sociedad como la nuestra no será posible asegurar los derechos de las personas y las garantías constitucionales si no hay un buen resguardo judicial de ellas. Nuestros sistemas actualmente vigentes en tema de menores y, en parte, en el tema del proceso penal, todavía no resguardan buenamente esos derechos. En consecuencia, es deber de todos los que legislamos y colegislamos acelerar el trámite para crear las condiciones procesales de aseguramiento de los derechos constitucionales y de las garantías esenciales de los seres humanos.

Todas estas razones, sintetizadas brevemente, llevaron al Ejecutivo y al Legislativo a la elaboración del proyecto que crea los tribunales de familia, como un elemento central de la modernización de la justicia.

Objetivos de la iniciativa.

El proyecto crea tribunales de familia, suprime los actuales juzgados de menores y crea, en su reemplazo, juzgados de familia, con un diseño innovador de tribunal unipersonal de composición múltiple.

El proyecto plantea los siguientes cuatro objetivos esenciales: el primero, la creación de una jurisdicción especial en asuntos de familia. El segundo, que dicha jurisdicción cuente con asesoría interdisciplinaria. El tercero, que el juez de familia tenga un conocimiento inmediato y directo de los asuntos que está llamado a resolver. Y el cuarto, que a las personas se les proporcionen instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas.

Brevemente, me referiré a cada uno de estos cuatro elementos esenciales. El primero dice relación con la creación de una jurisdicción especializada en asuntos de familia. El tribunal de familia estará dotado de competencia para conocer todas las materias que puedan afectar a la familia, de manera que aquellas que se encuentren en conflicto no deban iniciar varios procedimientos distintos, incluso ante tribunales diversos, para resolver los asuntos que las involucran. Dichos tribunales conocerán exclusivamente materias de familia, lográndose, así, la necesaria especialización en esta instancia jurisdiccional. En el caso de las familias es donde más se demanda una jurisdicción especializada, donde la persona que tenga que recurrir lo haga hacia gente con conocimientos técnicos especiales; donde la persona que tenga que recurrir, frente a una necesidad compleja de la vida en familia, no tenga que estar en un mismo tribunal resolviendo cuestiones que nada tienen que ver con el tema de la familia y sí con el cobro de un pagaré, lo cual hasta hoy es absurdo, por cuanto debemos someternos a reglas de esa naturaleza.

El segundo objetivo es que dicha jurisdicción cuente con asesoría interdisciplinaria. Al efecto, cada tribunal de familia tendrá un consejo técnico, que constituirá un cuerpo de asesoría especializada, multidisciplinaria, compuesto por asistentes sociales, sicólogos y orientadores familiares que asesorarán al juez en la comprensión de los hechos y situaciones que se ventilen. La integración de este cuerpo, siempre interdisciplinaria en cada tribunal de familia, estará en directa relación con el número de jueces que compongan el tribunal.

El tercer objetivo es que el juez de familia tenga un conocimiento inmediato y directo de los asuntos que está llamado a resolver. Para este fin, se prevé aumentar considerablemente el número de jueces dedicados a conocer de estos asuntos. En la actualidad existen 51 jueces de menores, y el proyecto propone la creación de un régimen definitivo de 250 cargos de jueces de familia, es decir, cinco veces más jueces que en la actualidad, distribuidos en todo el país. No se trata de un poco más, tampoco de un 10 por ciento, sino de cinco veces más.

Muchas veces, cuando discutimos en este Congreso Nacional, y con razón, la creación de una planta o su aumento en 10 u 11 por ciento, lo sometemos a una discusión profunda si es necesario. Incluso, algunos opinan que podría haber menos plantas en muchos de los casos. Pero estoy cierto de que en esta materia nadie discutirá la necesidad de crear un plantel de jueces especializado que dé seguridad y establezca un procedimiento cinco veces mayor que el anterior, tal como ocurrió en la reforma procesal penal. Que yo sepa, no hay en la historia de Chile un aumento de funcionarios públicos de la magnitud, y de una sola vez en una ley, como la que ocurrió en la reforma procesal penal. Y ésa no fue una cuestión de debate, porque no hay discusión en la creación de cargos públicos cuando éstos son indispensables; ella se produce cuando huelen a burocracia.

Por otra parte, sobre la base de estudios técnicos externos, se diseñó una estructura orgánica innovadora para los tribunales de familia. En efecto, éstos tendrán el carácter de tribunales unipersonales de composición múltiple, lo que significa que constituirán unidades jurisdiccionales compuestas por un número variable de jueces, calculado, en cada caso, según la carga de trabajo esperada, cada uno de los cuales tendrá separadamente la potestad jurisdiccional plena. Serán tribunales compuestos por jueces que tendrán potestad jurisdiccional plena, atendido el número teórico de las necesidades que indican los antecedentes históricos en materia de familia en una determinada región o ciudad, de conformidad con un ejercicio matemático que nos mostró el propio ministerio.

La presencia del juez de familia en las audiencias y diligencias de pruebas será indispensable, sancionándose con nulidad su ausencia y delegación de funciones. ¡Presencia del juez! Él tiene que estar para atender a las personas.

Con este mismo objeto, se complementan procedimientos orales flexibles, concentrados y basados en el principio de la inmediación. Se regula un procedimiento ordinario, de aplicación general, y otros especiales para obtener, en los actos de violencia intrafamiliar, la aplicación de medidas de protección, y de derechos para niños y adolescentes, en los actos no contenciosos.

El cuarto objetivo es que se proporcione a las personas instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas. El proyecto de ley que crea los tribunales de familia consagra la mediación como un sistema de resolución de conflictos no adversarial, no controversial, en el que un tercero neutral -el mediador-, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a encontrar por sí mismas la solución del conflicto. ¡Qué mejor para una sociedad que la familia en conflicto tenga la posibilidad de solucionarlo para seguir siendo eso: una familia!

La mediación de los tribunales de familia revestirá distintas modalidades, considerando la diversidad y amplitud de las materias que deben conocer. Será obligatoria en los casos de alimentos, tuición y visitas, y facultativa para todas las demás materias en que ésta no esté prohibida, como, por ejemplo, aquellas relativas al estado civil o interdicción de las personas, maltrato de menores o incapaces y adopción.

En este punto quiero hacer un alto, porque sé que en estos artículos, con legítimo derecho, la diputada Saa va a pedir votación separada, puesto que en la Comisión, por mayoría de votos, se estableció algún tipo de mediación en algunas situaciones que, a juicio de varios señoras diputadas y señores diputados, debiera ser de mediación prohibida. Ese punto merece un tratamiento distinto al momento de votar el proyecto.

Siguiendo los lineamientos reseñados, el mensaje del Ejecutivo consta de seis títulos destinados al tratamiento de la organización, competencia, procedimiento ordinario, procedimientos especiales, mediación, plantas y disposiciones adecuatorias.

Los contenidos fundamentales son los siguientes:

El Título I, artículos 1º a 7º, regula la composición de los juzgados de familia.

El Título II, artículo 8º, regula la competencia de los juzgados de familia.

El Título III, artículos 9º al 38, aborda el procedimiento ordinario por aplicar en los juzgados de familia.

El Título IV, artículos 39 al 75, regula los procedimientos especiales aplicables por los juzgados de familia. Esto sin perjuicio de otros procedimientos especiales establecidos en leyes distintas, como las de adopción.

El Título V, artículos 76 a 133, regula el sistema nacional de mediación, una de las mayores innovaciones que trae consigo el proyecto, anexo a los juzgados de familia.

Y el Título VI aborda las plantas, grados y remuneraciones del personal de los juzgados de familia.

Finalmente, se contemplan un conjunto de disposiciones varias y de artículos transitorios.

Antes de terminar, quiero manifestar que, probablemente, en esta primera revisión a fondo hecha por las comisiones especializadas de esta Cámara no se hayan acotado en su integridad todos los puntos complejos de una institucionalidad novedosa de esta naturaleza. Probablemente sea así. Quizás tengamos tercer trámite y comisión mixta. Y para ser bien franco, posiblemente haya necesidad más adelante, igual como ocurrió con la reforma procesal penal, de dictar una norma adecuatoria. Quizás ocurra eso, porque cuando se innova en instituciones que funcionan hace años o -para ser más francos- que no funcionan hace años, se corren riesgos, pero hay que correrlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es una oportunidad para lograr que el proyecto pase al Senado de la República.

Sé que hay cuestiones que se pueden plantear hoy. En mi caso, por ejemplo, como consecuencia de una segunda revisión, debido a mi condición de diputado informante , propondría cinco o seis indicaciones para enmendar algunas disposiciones; pero me parece más lógico entregarlas al Ejecutivo y ver la posibilidad de incorporarlas en los trámites posteriores, pues lo importante es dar, como se dice hoy en día, la señal definitiva para que este proyecto siga su marcha y que, relativamente luego, tengamos una nueva institucionalidad para los tribunales de familia.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta , la Comisión de Hacienda pasa a informar sobre el proyecto de ley que crea los tribunales de familia.

Constancias previas.

1. Origen: la iniciativa tiene su origen en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República.

2. Disposiciones o indicaciones rechazadas. la indicación parlamentaria al artículo 118.

3. Artículos que no fueron aprobados por unanimidad: el artículo 118 del proyecto.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto el señor Jaime Arellano , subsecretario de Justicia ; la señora Paula Correa , asesora jurídica del Ministerio de Justicia; el señor Fernando Dazarola , abogado de la división jurídica del Ministerio de Justicia, y el señor Carlos Briceño , economista del Ministerio de Hacienda.

El objeto de la iniciativa es modificar la actual justicia de menores para dotar a los jueces de procedimientos y formas de actuación que les permitan dar una respuesta socialmente adecuada al contencioso familiar.

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 15 de abril de 2003, señala que, en su globalidad, el proyecto implica un mayor gasto que se desglosa de la siguiente manera:

Gasto de operación en régimen, en miles de pesos de 2003:

a) De los tribunales de Familia: gastos en personal, 18.165.402; bienes y servicios de consumo, 3.269.772.

b) Del sistema de mediación: servicios de mediación, 3.113.059; unidad de medición, 90.368.

c) Fortalecimiento juzgados de letras, 709.264.

d) Unidad de coordinación de la implementación de los tribunales de familia, 91.912. Todo ello da un total de 25.439.777.

Gastos por una vez:

a) De implementación.

-Arriendos (mientras se construye la totalidad de los tribunales), 2.042.137; remodelaciones, 4.254.452.

b) Inversiones:

Capacitación inicial, 483.012; equipamiento, 327.862; informática, 997.072; infraestructura, 20.897.751. En total, 29.002.286.

Recursos que libera el actual sistema: 13.083.452.

Costo total neto: 41.358.611.

Además, se sostiene en dicho informe que la aplicación del proyecto de ley no irroga gasto fiscal para 2003. En los años posteriores se considerará en los respectivos presupuestos anuales, conforme al programa de implementación establecido para el nuevo sistema de justicia de familia y a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

Las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Familia, dispusieron que los artículos 4º, 99, 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 134, 135, 136, 140, numerales 7 y 8, 145, 149 y 153 permanentes, y los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 10 y 11 transitorios aprobados por ellas, son de competencia de esta Comisión. Por su parte, la Comisión de Hacienda acordó incorporar a su conocimiento los artículos 147 y 152 permanentes, y el artículo 9º transitorio, en conformidad con lo que establece el numeral segundo del artículo 220 del Reglamento.

En el debate de la Comisión participó el señor Jaime Arellano , subsecretario de Justicia , quien señaló que el proyecto en estudio inició su tramitación en noviembre de 1997, en la Comisión de Familia, que, luego de despachar el primer informe, pasó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual se resolvió refundir el proyecto relativo al sistema de mediación y, además, se acordó que fuera estudiado por ambas comisiones en calidad de Comisiones unidas.

A título de resumen, expresó que el proyecto de ley suprime los actuales juzgados de menores, los cuales serán reemplazados por tribunales unipersonales de composición múltiple, en que cada juez actuará independientemente. Explicó que los nuevos tribunales tendrán una jurisdicción especializada y contarán con asesoría interdisciplinaria, en la que se incluirá, entre otros, a psicólogos, asistentes sociales y orientadores familiares. Agregó que en éstos se aplicará el principio de inmediación, limitándose la intermediación de funcionarios de menor rango.

Además, destacó que se propone una instancia obligatoria para lograr acuerdo entre las partes, para lo cual se implementa el sistema de mediación, lo que da cuenta de la tendencia mundial en este ámbito. Mencionó que en nuestro país existe experiencia en mecanismos de mediación, aplicados a este tipo de problemática, a partir de 1995, lo que ha resultado muy exitoso.

Indicó que el proyecto se divide en seis títulos. El Título I trata de los tribunales de familia y su organización; el Título II regula la competencia de los juzgados de familia; el Título III establece el procedimiento; el Título IV contempla procedimientos especiales; el Título V se refiere a la mediación y el Título VI establece las plantas del personal.

Señaló que en la indicación que el Ejecutivo ha presentado en este trámite se introducen modificaciones en relación con la implementación de los referidos tribunales. Al respecto, sostuvo que se considera la aplicación de este nuevo sistema judicial, en forma simultánea en todo el país, a partir de 2005.

Explicó que el mensaje proponía un mecanismo de puesta en marcha similar al del sistema de la justicia penal. Sin embargo, se evaluó que sería preferible que la gradualidad fuese en relación con las dotaciones y no con la geografía. Sobre el particular, afirmó que esto se justifica por cuanto al inicio del sistema no es necesario contar con la dotación completa, ya que estos tribunales iniciarán su trabajo “sin mochila”, por lo que se irán agregando los recursos humanos en un plazo que se ha predeterminado. Así, en 2005 se incorporarán 123 jueces, el año siguiente, 78, y en 2007, 48. Conjuntamente, los gastos en infraestructura se iniciarán a partir de este último año, a fin de no generar mayores presiones en el presupuesto, sin perjuicio de que en el primer período se proceda a remodelar los actuales inmuebles y a arrendar otros.

El diputado Carlos Hidalgo formuló las siguientes consultas: ¿Cuáles serán las exigencias de especialización de los funcionarios asesores?, ¿en qué consiste el mecanismo de determinación del valor de los servicios de mediación? y ¿cómo se aplicará la gradualidad a que se refiere el artículo quinto transitorio?

El señor Jaime Arellano explicó que los jueces serán apoyados en su trabajo por un consejo técnico, al que le corresponderá participar en las audiencias, emitir los informes que ellos les soliciten y asesorarlos directamente. Puntualizó que en cada tribunal de familia habrá uno, integrado por asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares, con carácter de organismo auxiliar de la administración de justicia. Su función primordial será la de asesorar a los jueces en el análisis de los hechos y situaciones relacionados con los asuntos que se conozcan y sobre cualquier otra materia de su especialidad que aquellos le soliciten. Los informes y las opiniones de los miembros de los consejos deberán ser puestos en conocimiento de las partes en las audiencias, a fin de que éstas se enteren de su contenido y los rebatan si así lo estiman necesario.

Precisó que, en cuanto a los requisitos para ser miembro del consejo técnico, el proyecto de ley exige poseer el título de asistente social, psicólogo u orientador familiar otorgado por alguna universidad o instituto profesional reconocido por el Estado.

Por otra parte, afirmó que la mediación es previa al proceso, siendo obligatorio concurrir a ella y su solución es voluntaria. Los servicios de mediación, efectuados por prestadores anexos a los juzgados de familia, serán realizados por las personas naturales o jurídicas seleccionadas a través de un proceso de licitación. Reiteró que los mediadores deberán ser, por regla general, psicólogos, abogados o asistentes sociales.

Explicó que el artículo 120 establece una fórmula para determinar el valor de los servicios de mediación, fijando el pago por tramos, para lo cual se han considerado tres elementos que están presente en todo proceso de mediación: a) gastos administrativos básicos de puesta en marcha del servicio, con un valor base, máximo, de 7.967 pesos; b) la duración del proceso, con un valor dos, el cual tendrá lugar cuando las partes concurran a dos o más sesiones con el mediador sin producirse acuerdo, caso en el que se recibirá como pago 3.65 veces el valor base, y c) el resultado del proceso, con un valor tres, en las causas en que las partes llegan a un acuerdo que sea homologado por el tribunal respectivo, independientemente del número de sesiones realizadas, en cuyo caso el costo del servicio de mediación será 8.17 veces el valor base. Argumentó que la fórmula descrita tiene por fin evitar que las mediaciones se alarguen indefinidamente.

Puso énfasis en que la puesta en marcha de los nuevos tribunales será en forma simultánea en todas las regiones. Agregó que para facilitar esta implementación, en el primer año se contará con el 50 por ciento de las dotaciones de personal, el segundo año se agregará otro 30 por ciento, y el tercero, el 20 por ciento restante.

El diputado Pablo Lorenzini consultó sobre qué iba a ocurrir con las causas en tramitación una vez transcurrido el plazo de seis meses previsto para suprimir los actuales juzgados de menores.

El señor Jaime Arellano sostuvo que el plazo de seis meses se ha estimado razonable para que estén concluidas las causas en los actuales juzgados de menores. Sin embargo, se contempla la posibilidad de que, si transcurrido dicho período los procesos no han disminuido en más de 50 por ciento del total, la respectiva corte de apelaciones autorice el funcionamiento del juzgado en cuestión por otros seis meses.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo 4º del proyecto se crean los juzgados de familia con asiento en las comunas del territorio de la República que se indican.

El diputado Rodrigo Álvarez preguntó si se ha previsto que tribunales móviles puedan concurrir a localidades apartadas.

El señor Jaime Arellano señaló que la creación de los nuevos tribunales de familia dice relación con la cantidad de procesos vinculados a su jurisdicción en los distintos lugares del país. Por lo tanto, en aquellos sectores en que no se crea un nuevo tribunal, se dispone que los jueces de letras tengan competencia en esta materia, contando con un Consejo Técnico en cada uno.

El diputado Tuma, don Eugenio , consultó qué ocurrirá con el personal que actualmente está a contrata en los tribunales de menores.

Al respecto, leeré un oficio enviado, el 10 de junio de 2003, por el ministro de Justicia, señor Luis Bates, al presidente de la Comisión de Hacienda:

“Por medio del presente oficio doy cuenta del requerimiento que vuestra Comisión nos formulara para analizar la situación de los profesionales a contrata -asistentes sociales y psicólogos- que se verían afectados por el proyecto de ley que crea los tribunales de familia.

“Sobre el particular cabe señalar que el proyecto en cuestión considera un significativo aumento de dotación de cargos de planta en los tribunales, razón por la cual podemos afirmar que existirá un número de plazas suficiente para la incorporación de todos los profesionales de la red.

“De lo anterior se puede colegir que -de aprobar los cursos habilitantes que les serán exigidos- todos los asistentes sociales y psicólogos tienen la posibilidad de mantenerse en funciones, sin distinción de la calidad contractual que actualmente ocupen.”

Sometido a votación el artículo 4º, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 99 establece que la administración del Sistema Nacional de Mediación, anexo a los juzgados de familia, estará a cargo del Departamento de Mediación del Ministerio de Justicia.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 111 establece la selección de los mediadores.

Sometido a votación, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 118 establece que, en caso de que la licitación sea declarada desierta o de que el número de postulantes aceptados sea inferior al requerido para cubrir la totalidad de la demanda regional, el subsecretario de Justicia podrá celebrar convenios directos con personas naturales o jurídicas que figuren en el Registro , para el desempeño de las funciones de mediación en los casos comprendidos en el porcentaje no asignado en la licitación.

Los diputados señores Alvarado , Álvarez , Barros, la diputada señora Cubillos , doña Marcela ; Dittborn , Forni y Von Mühlenbrock, formularon una indicación para reemplazar el artículo 118 por el siguiente:

“En caso de que la licitación sea declarada desierta, o de que el número de postulantes aceptados sea inferior al requerido para cubrir la totalidad de la demanda regional, se llamará, a todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos para ser mediadores, nuevamente a licitación por el total de los casos o por el porcentaje no cubierto, según corresponda.”

El diputado Von Mühlenbrock manifestó que la indicación persigue otorgar mayor transparencia al sistema.

El diputado señor Hidalgo también fundamentó la indicación.

Puesta en votación, fue rechazada por 3 votos a favor y 6 votos en contra.

Sometido a votación el artículo 118, fue aprobado por 6 votos a favor y 3 abstenciones.

El artículo 119 establece que la suscripción de contratos y pagos a que dé lugar una licitación, se hará por el subsecretario de Justicia .

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 120 expresa que el valor del servicio de mediación por causa se determinará de acuerdo a los criterios que esta misma norma señala.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 121 determina que el precio base máximo establecido en el artículo anterior y la asignación establecida en el artículo 124, se reajustarán una vez al año en el porcentaje de variación que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor en dicho período, mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 122 estipula que en cada uno de los pagos se retendrá, a título de garantía, un porcentaje del mismo, según se determine en las bases de la licitación.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 123 dispone que los prestadores del servicio de mediación tendrán derecho a una asignación de transporte si, para los efectos de ejercer sus funciones, deban trasladarse desde sus oficinas al lugar de asiento del tribunal, según lo especifique el reglamento.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 134 establece la planta de personal de los juzgados de familia que se crean por el proyecto.

Sólo enunciaré los juzgados en los que se crearán estas plantas: Juzgado de Familia de Arica, Juzgado de Familia de Iquique , Primer Juzgado de Familia de Antofagasta , Segundo Juzgado de Familia de Antofagasta , Juzgado de Familia de Calama , Juzgado de Familia de Copiapó , Juzgado de Familia de La Serena , Juzgado de Familia de Coquimbo , Juzgado de Familia de Vallenar , Juzgado de Familia de Ovalle , Juzgado de Familia de Valparaíso , Juzgado de Familia de Viña del Mar , Juzgado de Familia de San Felipe , Juzgado de Familia de Quillota , Juzgado de Familia de San Antonio , Juzgado de Familia de Limache , Juzgado de Familia de Los Andes , Juzgado de Familia de La Ligua , Juzgado de Familia de Casablanca , Juzgado de Familia de Villa Alemana , Juzgado de Familia de Quilpué , Juzgado de Familia de Rancagua , Juzgado de Familia de San Fernando , Juzgado de Familia de Santa Cruz , Juzgado de Familia de Talca , Juzgado de Familia de Curicó , Juzgado de Familia de Linares , Juzgado de Familia de Chillán , Juzgado de Familia de Los Ángeles , Juzgado de Familia de Concepción , Segundo Juzgado de Familia de Concepción , Juzgado de Familia de Talcahuano , Juzgado de Familia de Coronel , Juzgado de Familia de Yumbel , Juzgado de Familia de Temuco , Juzgado de Familia de Angol , Juzgado de Familia de Valdivia , Juzgado de Familia de Osorno , Juzgado de Familia de Puerto Montt , Juzgado de Familia de Castro , Juzgado de Familia de Ancud , Juzgado de Familia de Coihaique , Juzgado de Familia de Punta Arenas , Primer y Segundo Juzgados de Familia de Santiago, Tercer Juzgado de Familia de Santiago , Cuarto y Quinto Juzgados de Familia de Santiago, Primer y Segundo Juzgados de Familia de Pudahuel, Juzgado de Familia de Colina , Primer y Segundo Juzgados de Familia de San Miguel, Tercer Juzgado de Familia de San Miguel , Juzgado de Familia de Puente Alto , Juzgado de Familia de San Bernardo , Juzgado de Familia de Talagante , Juzgado de Familia de Melipilla , Juzgado de Familia de Peñaflor y Juzgado de Familia de Buin.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 135 fija los grados de jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los juzgados de familia que se crean, correspondientes a la escala de sueldos base mensuales del Poder Judicial.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 136 fija los grados del personal de empleados de los juzgados de familia que se crean, correspondientes a los grados de la escala de sueldos base mensuales del personal del Poder Judicial.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 140 introduce algunas modificaciones al Código Orgánico de Tribunales.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 145 introduce modificaciones al decreto ley Nº 3.346, de 1980, ley Orgánica del Ministerio de Justicia.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 147 suprime los cargos de asistente social en los juzgados de letras de Vallenar, Ovalle , Limache, Casablanca, La Ligua, Los Andes , Villa Alemana, Quilpué, San Fernando , Angol , Ancud, Melipilla , Buin y Talagante, a contar del momento en que entren en aplicación en la región respectiva los procedimientos que la ley establece. Asimismo, se suprime un cargo de asistente social en el juzgado de Parral , a contar del momento en que entren en aplicación los procedimientos que esta ley establece en la Séptima Región.

El inciso segundo señala que los demás cargos de asistente social creados por ley mantendrán su vigencia y dependencia del juzgado respectivo.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en el inciso primero del artículo 147, la expresión “del momento en que entren en aplicación en la región respectiva los procedimientos que esta ley establece”, por “de la entrada en vigencia de esta ley”.

Sometido a votación el artículo 147 con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

¿Me permite, señor diputado ? Le ruego resumir su exposición, porque los señores diputados tienen en su poder el informe de la Comisión de Hacienda. Dado que se rindió un homenaje al inicio de la sesión y hay una lista importante de diputados inscritos, le ruego sintetizar aún más su intervención, para que podamos avanzar en la discusión del proyecto.

El señor VON MÜHLENBROCK.-

Señora Presidenta , he resumido el informe, porque es bastante extenso. Sin embargo, trataré de sintetizarlo aún más.

El artículo 149 crea los siguientes cargos para efectos de lo establecido en el artículo anterior:

Un cargo de asistente social en los juzgados de letras que se indican

Los cargos de asistente social que en cada caso se señalan en las Cortes de Apelaciones, para que se desempeñen en los juzgados de letras que se indican. Estos cargos se crean en las Cortes de Apelaciones de La Serena, Rancagua , Talca, Chillán , Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

También se crea el cargo de psicólogo en diferentes juzgados de letras.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 152 establece que el proyecto empezará a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir este artículo por el siguiente:

“Artículo 152.- Entrada en vigencia de la ley.- La presente ley empezará a regir el día 1º de julio de 2005.”

Sometida a votación la indicación precedente, fue aprobada por unanimidad.

El artículo 153 señala que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos que se consignen en la partida presupuestaria Tesoro Público del primer año correspondiente a su entrada en vigencia.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

Después vienen los artículos transitorios a los cuales aludió el diputado señor Burgos .

El artículo quinto transitorio establece la gradualidad con que se aplicarán las normas de la presente ley.

El ejecutivo formuló indicación para sustituir este artículo.

Sometida a votación la indicación, fue aprobada por unanimidad.

El artículo sexto transitorio dispone que la instalación de los nuevos juzgados de familia que señala el artículo 4º, se efectuará con, a lo menos, treinta días de antelación a la fecha prevista para su funcionamiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo precedente. Con este objeto, la Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá ejercer la atribución a que se refiere el artículo 26 del Código Orgánico de Tribunales y poner a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos juzgados.

El inciso segundo establece que la designación de los jueces que habrán de servir en dichos juzgados se regirá por las reglas comunes, en lo que no sean modificadas o complementadas por estas normas.

El Ejecutivo formuló una indicación para agregar en el numeral 2), a continuación de la expresión “sistema”, suprimiéndose el punto aparte (.) que le sigue, la frase “y lo dispuesto en el artículo anterior.”

Sometido a votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

El artículo séptimo transitorio señala que los asistentes sociales de planta cuyos cargos hubieren sido suprimidos por esta futura ley, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados de familia de acuerdo a las reglas que se señalan.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en su numeral 1), la expresión “que señala para la correspondiente región el artículo quinto transitorio precedente,” por “de entrada en vigencia de esta ley,”; para reemplazar, en el numeral 3), la expresión “la fecha referida” por “las fechas referidas”, suprimiendo la expresión “para la región correspondiente”, y para suprimir en el numeral 6), la expresión “en cualquier región del país”.

Sometido a votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

El artículo octavo transitorio dispone que los empleados de secretaría de los tribunales de menores que son suprimidos por esta iniciativa legal, ingresarán a cumplir funciones en los juzgados de familia de acuerdo a las reglas que se establecen.

El Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar, en el numeral 1), la expresión “que señala para la correspondiente región el artículo quinto transitorio precedente” por “de entrada en vigencia de esta ley”; para reemplazar en el encabezado del numeral 3), la expresión “la fecha referida” por “las fechas referidas”, y para agregar, en el número 2º del numeral 3), a continuación de la expresión “involucrados”, suprimiéndose el punto aparte (.) que le sigue, la frase “y lo dispuesto en el artículo quinto transitorio”.

Sometido a votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

El artículo noveno transitorio establece que la Academia Judicial deberá establecer los procedimientos necesarios para aplicar los cursos y el examen habilitante a los cuales se hace referencia en los artículos precedentes, respecto de todos los postulantes a los cargos vacantes de los juzgados de familia.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo décimo transitorio señala que la supresión de los juzgados de menores a que se refiere el artículo 146, se llevará a cabo seis meses después de la fecha en que se instalen los juzgados de familia en la respectiva región, conforme a los plazos que señala el artículo quinto transitorio precedente.

El Ejecutivo formuló una indicación para sustituir su inciso primero por el siguiente:

“Artículo décimo transitorio.- La supresión de los Juzgados de Menores a que se refiere el artículo 146, se llevará a cabo seis meses después de la entrada en vigencia de la presente ley.”

Sometido a votación este artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

El artículo undécimo transitorio faculta al Presidente de la República para que, en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de esta ley, dicte un decreto con fuerza de ley para reajustar, por una sola vez, el pago base del servicio de mediación, sin que pueda exceder dicho reajuste el 20 por ciento del pago base establecido en el artículo 120.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

Todo lo anterior fue acordado en la sesión de fecha 4 de junio de 2003, con la asistencia de los diputados señores Jaramillo, don Enrique ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Álvarez, don Rodrigo ; Cardemil, don Alberto ; Dittborn, don Julio ; Hidalgo, don Carlos ; Lorenzini, don Pablo ; Ortiz, don José Miguel ; Pérez, don José ; Silva, don Exequiel ; Tuma, don Eugenio , y de quien habla.

Es cuanto puedo informar.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el ministro de Justicia , señor Luis Bates.

El señor BATES ( ministro de Justicia ).-

Señora Presidenta , nos encontramos en un momento largamente esperado por muchos, porque luego de varios años de amplio y acucioso debate en las Comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia de esta Corporación, se llega a esta Sala con un texto revisado del proyecto de ley que crea los tribunales de familia y el sistema de mediación anexo a los mismos.

Este proyecto de ley se inserta en otros temas que dicen relación con la reforma de la justicia en nuestro país y que son, por ejemplo, la reforma procesal penal, en actual proceso de implementación en todo el país; la reforma de la ley penal sustantiva, Código Penal nuevo, que se está trabajando en el foro penal del Ministerio de Justicia; la reforma penitenciaria, en actual proceso de desarrollo; la reforma laboral, próxima a presentarse al honorable Congreso, y la reforma de la justicia tributaria. De esta manera, la creación de los tribunales de familia, que nos convoca, forma parte de esta reforma más integral a la justicia de nuestro país.

Se aborda en este caso una particular tipología de conflictos en sede jurisdiccional, desde una perspectiva nueva en relación con lo que se conoce hasta hoy en el país, con cuatro conceptos que cruzan el texto del proyecto y que operan como ejes centrales del mismo, que aquí se han recordado. Me refiero a la especialización o especialidad del tribunal de familia y del procedimiento, la inmediación y la oralidad, la asesoría técnica interdisciplinaria al juez que conoce de estas causas, y muy fundamentalmente, la mediación como sistema de resolución alternativa de conflictos, conceptos que giran -como se ha dicho- en torno de la familia y de la infancia y lo que ello significa en la estructura social y en el desarrollo del país. Asimismo, las características y las relaciones existentes entre las partes involucradas en un conflicto familiar le dan al derecho un papel específico, pero limitado, y por lo tanto una eficacia relativa en este ámbito. Se tiende a asegurar la vigencia de un derecho subjetivo, sin pretender con ello solucionar la realidad concreta que está detrás del conflicto, que depende, en definitiva, de las voluntades y afectos de quienes se encuentran comprometidos en el mismo.

Una situación de maltrato o de violencia, el abandono de un niño, los conflictos propios de la separación de la pareja y de su relación con sus hijos comunes, o el enlace de un niño con una familia que desea acogerlo por la vía de la adopción, constituyen realidades marcadas por un contenido de relación muy íntima y personal, a veces de fuerte carga emocional, frente a lo cual el derecho, como herramienta social, asume una perspectiva más bien limitada. De aquí que se haga necesario dotar a los jueces de familia de una muy especial preparación y apoyo, y promover instancias no adversariales de solución de conflictos. Esta última es una materia promovida especialmente por el ministro que habla, pues estoy convencido de que nos agobia una creciente cultura litigiosa que sobrecarga indebidamente el quehacer de los tribunales.

En efecto, la forma tradicional de resolver los conflictos vía jurisdicción y a través del sistema adversarial, especialmente en los temas de familia, es una aproximación formal y legalista al conflicto humano y una forma de exhibición de la fuerza difícil de compatibilizar con la idea de convivencia pacífica y de justicia. Es un proceso en el que hay ganadores y perdedores.

En Chile y en el resto de América latina existe conciencia unánime -lo digo con conocimiento de causa- de que la justicia estatal, como forma de solución de conflictos, es ineficiente, ineficaz, costosa en tiempo y dinero, necesariamente penalizante, y, además, generalmente no modifica las causas de los conflictos. Algunos autores afirman que hemos llegado a ser ciegos al no ver cómo se perjudica la vida de las personas cuando se lleva este tipo de conflictos humanos a la justicia.

Por ello, la solución alternativa de conflictos, entre las cuales se encuentra la mediación, incorporada a este proyecto, surge como una posibilidad nueva y esperanzadora en la justicia del tercer milenio, lo que explica la abundante literatura ya existente y los numerosos foros, seminarios, congresos y conferencias sobre este tema realizados en Chile y en el extranjero.

Se atribuye a las formas alternativas de solución de conflictos, específicamente a la mediación, mayor rapidez, menores costos, más diálogo y cooperación, decisiones mejor acatadas y más duraderas, mayor participación y compromiso de las partes y ampliación del acceso a la justicia.

Para los abogados que participan en procesos de esta naturaleza, significa un desafío cultural que consiste en pasar de la cultura del litigio a la del amigable componedor, conciliador o mediador, con salvaguardia de los recíprocos intereses de las partes y prioritarios al interés personal. Dicho desafío tiene que ver con la inclinación de la deontología forense hacia la amigable composición del litigio y el incremento de los valores éticos.

Las soluciones alternativas de conflictos, y, ciertamente, la mediación, envuelven, asimismo, una clara dimensión anticorrupción al incentivar el diálogo y disminuir la participación de intermediarios, como ha ocurrido en la reforma procesal penal, evaluada ayer como particularmente exitosa en las regiones en que está operando. Además, se introduce un componente vital en la modernización de la justicia, sin tramitaciones largas e inciertas y un refuerzo democrático, debido a que incentiva la participación ciudadana directa en la solución de sus propios conflictos.

De ahí que se haga necesario dotar a los jueces de una especial preparación y apoyo, y -como dije- promover instancias no adversariales de solución de esos conflictos.

Por ello, son importantes la creación de 250 jueces especializados en materia de familia, y la dotación, en todos los tribunales del país, de un procedimiento oral, a la manera de la reforma procesal penal que tan exitosamente está operando, y de un consejo técnico de carácter asesor que apoye de manera exclusiva e imparcial las decisiones jurisdiccionales. Ellas constituyen una base que claramente da cuenta de la necesidad de asumir la complejidad inherente a estos conflictos, materia a la cual nos hemos referido anteriormente.

Se ha realizado un esfuerzo especial que nos permitirá contar con este nuevo sistema en todo el país a partir de junio de 2005, sustituyendo la gradualidad de la instalación regional que proponía el texto originalmente presentado a este Congreso Nacional. Se trata de posibilitar e incentivar a los actores involucrados para que asuman la respuesta jurídica a su problema como propia y no sólo como una imposición de un tercero imparcial con potestad imperativa, como ocurre con el juez. En particular, insistimos en la respuesta conciliatoria y en la voluntad individual asociada a la misma, elaborada sobre la base de una responsable asunción de las obligaciones personales. Con ello, se garantiza una solución más duradera y estable en el tiempo, generando condiciones para un desarrollo más armónico en las relaciones personales.

No se trata de una iniciativa que tienda sólo a la consagración de un sistema de conocimiento judicial y especial de un área de conflictos jurídicos determinada, como el que rige en la actualidad. Muy por el contrario, consiste en una propuesta integral que da cuenta de las necesidades y particularidades de tratamiento de los conflictos familiares -algunos han dicho que no existen dos casos o conflictos iguales en la vida de los tribunales-, que altera los énfasis en las modalidades dispuestas para asumir las relaciones interpersonales, sus fuentes y las responsabilidades que de ella derivan.

Se propone una base de interacción del todo directa que una a los actores en conflicto y a las instituciones dispuestas para afrontar dicha problemática en un espacio participativo, directo y personal. Asimismo, se busca disponer a todos los actores judiciales en una perspectiva diferente que posibilite asumir la riqueza personal y social de cada caso que, en particular, haya que resolver, conciliando la perspectiva interdisciplinaria que permita darles una solución adecuada, duradera y efectiva.

Para terminar, quiero agradecer de manera muy especial la disposición a trabajar que se ha manifestado en los varios años de debate de esta iniciativa y confío en que contaremos con el apoyo de los señores parlamentarios para continuar con su tramitación legislativa.

Muchas gracias.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer , señora Cecilia Pérez.

La señora PÉREZ, doña Cecilia ( ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer ).-

Señora Presidenta , en consideración a que se generará un debate sobre el tema que nos convoca, como ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer quiero destacar algunas ideas relacionadas con la iniciativa.

Creemos que la transformación y adecuación del sistema de administración de justicia a los fuertes procesos de cambio que la sociedad chilena ha vivido en las últimas décadas se ha constituido en uno de los avances más importantes del sistema democrático. No cabe duda de que sin un sistema de administración de justicia equitativo, eficiente y accesible, el sistema democrático y su principio de respeto de derechos fundamentales compromete legitimidad y expectativas, en especial respecto de los sectores más carenciados de la sociedad.

La familia no ha permanecido ajena a los procesos de modernización que ha vivido la sociedad chilena: una mayor heterogeneidad en las formas familiares, nuevas dinámicas internas, requerimientos y funciones asignados a las familias, más la creciente ampliación y toma de conciencia de los derechos de las personas al interior de ella, sin duda, caracterizan de manera más compleja el espacio familiar de hoy.

Las nuevas tensiones que experimenta la familia se manifiestan en un aumento del conflicto a su interior. Durante la última década, en los gobiernos democráticos, se han introducido reformas tendientes a mejorar la condición y la situación de la mujer y de la familia, entre otras, la igualdad de los hijos, la sanción de la violencia intrafamiliar, la protección de los bienes familiares, las medidas para dar eficacia a la obligación alimenticia.

No nos cabe duda de que los tribunales de familia serán los tribunales de las mujeres de Chile. Es por todos conocido que son las mujeres las principales demandantes en materia familiar. En los servicios públicos de asistencia jurídica, prácticamente el 50 por ciento de las consultas corresponden, precisamente, a asuntos de familia, y el 71 por ciento de quienes consultan son mujeres. Más de un tercio de las demandas que ingresan a los juzgados de menores se relacionan con derecho de alimentos, y en el 98 por ciento de los casos son mujeres que lo piden para sus hijos.

Anualmente, 27 mil niños son reconocidos sólo por su madre, y los tribunales reciben alrededor de 75 mil denuncias por violencia intrafamiliar; es decir, tres veces el número de denuncias por robo con violencia recibidas por las policías. Hoy son las mujeres, en particular aquellas de las familias más pobres, quienes deben recurrir a los distintos tribunales para demandar el reconocimiento de sus derechos y de sus hijos e hijas, interponiendo múltiples demandas relacionadas con un conflicto segmentado artificialmente por la ley.

De esta forma, la respuesta integral y especializada que brindarán los tribunales de familia es un anhelo largamente esperado por las mujeres y las familias chilenas. Mención especial merece el procedimiento que aplicarán los futuros tribunales de familia a los casos de violencia intrafamiliar, el cual contempla distintos tipos de respuesta, atendida la gravedad de los hechos.

Se elimina la conciliación como mecanismo por el cual actualmente se archiva el 92 por ciento de los procesos judiciales; asimismo, se fortalecen las medidas de protección y se entregan más atribuciones a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Los nuevos tribunales tendrán gran relevancia y deberán enfrentar el desafío que representa resolver sobre asuntos que serán regulados en un futuro próximo por la nueva ley de matrimonio civil.

Por lo tanto, tengan la certeza de que el proyecto que hoy se somete a vuestra consideración representa un importantísimo e histórico avance que permitirá mejorar las condiciones de vida, la dignidad y las posibilidades de que las mujeres, los niños y los miembros de la familia chilena puedan ejercer plenamente sus derechos.

Muchas gracias, señora Presidenta .

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Solicito el acuerdo unánime de la Sala para acoger la petición de la Comisión de Salud, en cuanto a que el mensaje de su excelencia el Presidente de la República por el cual da inicio a la tramitación de un proyecto que establece el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno, que figura en el número 1 de la Cuenta, sea visto por las Comisiones unidas de Hacienda y de Salud.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Araya.

El señor ARAYA.-

Señora Presidenta , nos convoca el estudio del proyecto de ley que crea los tribunales de familia, iniciativa largamente esperada por la comunidad jurídica y por la comunidad en general, ya que viene a solucionar los problemas que enfrenta cotidianamente nuestra sociedad y que dicen relación con el derecho de familia.

En primer lugar, el proyecto crea un importante número de jueces de familia, que suplen la actual carencia que, sobre la materia, existe en nuestra judicatura, y reconoce que deberán tener características especiales, dado los conflictos que tendrán que solucionar.

Cabe destacar que en el distrito Nº 4, que tengo el honor de representar en la Cámara y que comprende las comunas de Antofagasta, Taltal , Mejillones , Baquedano y Sierra Gorda , se crearán dos juzgados de familia, cada uno de ellos integrado por cinco jueces, lo que representa un importante aumento del número de magistrados, ya que en la plaza hoy día sólo existen dos jueces de menores.

Junto con crear tribunales especializados en derecho de familia, el proyecto también mejorará nuestra justicia civil, puesto que un importante número de causas, tales como acciones de filiación, temas relativos a las guardas, causas de interdicción, separación judicial de bienes, divorcio y nulidad de matrimonio, serán trasladadas a la competencia especializada de los jueces de familia, medida que permitirá descongestionar nuestros tribunales civiles y, a la vez, avanzar para que en nuestro país exista una justicia especializada. Así ha sucedido con la reforma procesal penal y esperamos que en un futuro cercano ocurra lo mismo con los juzgados del trabajo.

En materia de procedimiento, para los juzgados de familia se establece un proceso predominantemente oral, concentrado y no tan formal. Asimismo, se fija como criterio rector el principio de la colaboración entre las partes, para lo cual se señala que durante el procedimiento se buscarán alternativas orientadas a mitigar la confrontación, privilegiando las soluciones colaborativas acordadas por ellas.

El principio de la concentración del procedimiento se materializa en el hecho de que, iniciado éste por la presentación de la demanda, que podrá ser oral o escrita, el tribunal deberá citar a una audiencia de contestación, conciliación y prueba, lo que permitirá dar una mayor celeridad a la solución del conflicto judicial, ya que el juez, una vez terminada la audiencia, dictará sentencia en el acto, debiendo explicitar verbalmente sus fundamentos.

Mención especial merece el procedimiento especial que se establece para los casos de violencia intrafamiliar, que es sustancialmente mejor que el que nos rige. Dentro de sus puntos destacables, podemos señalar, en primer término, que el procedimiento podrá iniciarse por demanda o por denuncia. La innovación consiste en que no sólo podrán hacer la denuncia los familiares de la víctima, sino cualquiera persona que tenga conocimiento directo de los hechos que la motivan.

Por otra parte, el proyecto otorga una actuación más activa y expedita a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, ya que en el evento de que se esté cometiendo violencia intrafamiliar o ante llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior de un lugar cerrado, las policías podrán ingresar al lugar en el cual estén ocurriendo los hechos, practicar la detención del agresor, si procediere, e incautar las armas u objetos que pudieren ser utilizados para agredir a la víctima.

En el caso de que la violencia intrafamiliar denunciada revistiere caracteres de crimen o simple delito, el juez deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público, con el objeto de que inicie el proceso penal respectivo.

También se contempla la obligación del juez de familia de cautelar y garantizar la seguridad psíquica y física del afectado, desde el momento en que se ha recibido la denuncia o demanda y durante todo el procedimiento, así como la tranquila convivencia, subsistencia económica e integridad patrimonial del grupo familiar.

De esta forma, entre otras, el juez podrá imponer las siguientes medidas: prohibir o restringir la presencia del ofensor en el hogar común o en lugar de estudios o de trabajo de la víctima; disponer el regreso al hogar común de quien se ha visto obligado a abandonarlo, o la entrega de sus efectos personales, si decidiere no regresar. Sin duda, se trata de aspectos de gran relevancia.

Es importante el hecho de que, en el evento de que se incumpla alguna de las medidas cautelares, el juez podrá ordenar, hasta por quince días, el arresto nocturno o sustitutivo del denunciado, en caso de quebrantamiento del primero, lo que le entrega mejores herramientas para prevenir la violencia intrafamiliar.

Dentro del proyecto que hoy debatimos hay que destacar el Título V, denominado “De la Mediación”. Para todos los efectos legales, se entiende por mediación aquel sistema de solución de conflictos no adversarial, en el que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a buscar por sí mismas un punto de encuentro. El servicio de mediación anexo a los juzgados de familia será prestado por las personas naturales o jurídicas que sean seleccionadas a través del proceso de licitación.

En el procedimiento de mediación se establece una serie de principios que deberán rescatar los mediadores; por ejemplo, la igualdad de condiciones en que se encuentren los involucrados para negociar, la voluntariedad de los participantes, la obligación de confidencialidad de los mediadores, la imparcialidad y la consideración de los intereses de otras personas afectadas.

La mediación será obligatoria para presentar demandas en causas relativas al derecho de alimentos, al derecho de cuidado personal y al derecho y al deber de los padres e hijos que viven separados, de mantener una relación directa y regular. Es lo que hoy conocemos como régimen de visitas.

A su turno, la mediación será facultativa en las restantes materias de competencia de los juzgados de familia, con excepción de los asuntos relativos al estado civil o interdicción de las personas, las causas sobre maltrato de menores o incapaces, los procedimientos regulados en la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores de edad, y las causas sobre nulidad de matrimonio y divorcio.

En lo que respecta a la mediación propiamente tal, en la primera sesión el mediador deberá informar a las partes acerca de la naturaleza y objetivos de ésta, el carácter voluntario de los acuerdos que en ella se alcanzaren y el valor jurídico de dichos acuerdos.

Asimismo, se establece que la mediación no podrá durar más de 60 días contados desde que el mediador haya recibido la comunicación del tribunal que lo designa; pero, de común acuerdo, podrá solicitarse ampliación del plazo hasta por 30 días.

El proyecto establece que durante los plazos señalados podrán celebrarse todas las sesiones que el mediador estime necesarias en las fechas que de común acuerdo se determinen, pudiendo citarse a los participantes por separado.

Si la mediación fracasa, sea cual fuere la causa, el mediador deberá levantar un acta, dejando constancia del resultado, pero sin agregar otros antecedentes. En lo posible, el acta será firmada por los participantes, debiendo remitirse copia de ella al tribunal correspondiente.

Otro de los puntos importantes de destacar es el relacionado con la planta de personal de los juzgados de familia.

Por ejemplo, en el caso de los juzgados de familia de Antofagasta se establece una planta total de diez jueces, dos administradores, seis asistentes sociales, tres psicólogos u orientadores, dos ejecutivos de sala, dos oficiales de mediación, dos oficiales administrativos grado 1º, cuatro oficiales administrativos grado 2º, cuatro oficiales administrativos grado 3º, seis encargados de toma de actas y dos auxiliares.

Quiero destacar que dentro de la planta de personal de los juzgados de familia se reconoce a los psicólogos y orientadores familiares, sin duda, los profesionales más idóneos para resolver muchos de los conflictos que se suscitan al interior de la familia, lo que constituye un gran paso para la especialización de estos tribunales.

Termino mi intervención haciendo un reconocimiento a las personas que trabajan en los dos juzgados de menores que hoy existen en Antofagasta, ya que tanto jueces como secretarios y personal administrativo que se desempeñan allí, con gran profesionalismo y dedicación atienden día a día a numerosos antofagastinos que acuden a ellos en busca de solución a sus problemas. Sin duda, ellos han sido el primer paso en la creación de los tribunales de familia.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la honorable diputada Marcela Cubillos.

La señora CUBILLOS (doña Marcela).-

Señor Presidente , este proyecto que hoy nos corresponde discutir y votar se enmarca dentro de los esfuerzos que ha veni-do haciendo el país para tener una judicatura especializada para cada área del derecho.

Por eso, me parece acertada la idea de tener tribunales especializados de familia, la que no sólo van a descongestionar los tribunales de competencia común, sino que también permitirá que tribunales especializados conozcan y resuelvan asuntos de familia, que involucran factores sociales, psicólogicos, económicos y culturales.

El proyecto contempla variadas y múltiples innovaciones de procedimiento, alejándose así de los procedimientos tradicionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Incorpora también el sistema de mediación, que apoyamos como una solución judicial que implica una autocomposición voluntaria, personal y confidencial.

No obstante que los diputados de la UDI vamos a votar a favor de esta iniciativa, tenemos algunas aprensiones. Sin embargo, en atención a los años de su tramitación que lleva, nuestro interés no es retardar o entrabar su aprobación. Por eso, conversamos con el ministro de Justicia , quien se comprometió a renovar en el Senado la discusión sobre diversos temas.

Las materias que, a mi juicio, requieren una revisión, -respecto de las cuales, a pesar de que las votaré a favor mantengo ciertas aprensiones-, dicen relación, básicamente, con cuatro aspectos:

En primer lugar, la inconveniencia de tener un consejo técnico interdisciplinario en cada juzgado. Me parece que dichas funciones pueden ser realizadas por peritos.

En segundo lugar, la necesidad de limitar las amplias facultades discrecionales que se otorgan al juez para imponer medidas cautelares, definir sistemas de notificación y en relación con varios otros aspectos del procedimiento. Sería importante revisar esos aspectos para fijar marcos legales y exigir resolución fundada.

En tercer lugar, la conveniencia de no limitar la posibilidad de ser mediadores en esta instancia “sólo a quienes provengan de las universidades”. Así lo establece el proyecto, pero no se entiende que se excluya a los institutos profesionales. Muchos de ellos forman mediadores y, de conformidad con el proyecto, no podrían participar en el proceso.

También discrepo de que se consignen normas adicionales de acreditación para organismos que formen mediadores. Ya cumplen con los requisitos para ser universidad y no veo por qué repetirlos en este proyecto de ley.

En cuarto lugar, en relación con el proceso de licitación para la selección de mediadores, no compartimos el artículo 118 en cuanto a la posibilidad de celebrar convenio directo cuando la licitación sea declarada desierta. Lo razonable sería llamar a una nueva licitación para los casos de porcentajes no cubiertos.

Como se conversó, espero que éste y otros temas sean planteados en el Senado. Respecto de algunos, senadores de la UDI presentarán indicaciones. Hemos preferido no demorar más la tramitación del proyecto en la Cámara y aprobar el texto propuesto, aun teniendo discrepancias en algunas materias.

Celebramos también el hecho de que haya habido acuerdo para que los juzgados de familia entren en vigencia el 1º de julio de 2005.

Si bien en la Comisión de Constitución del Senado se terminó por no ligar la aprobación del proyecto de ley de Matrimonio Civil con la entrada en vigencia de estos tribunales, independientemente de sus opiniones personales, es importante que la nueva ley de matrimonio civil entre en vigencia cuanto antes, a fin de que los asuntos que regulará puedan ser vistos por los tribunales de familia, que son los especializados. Por lo tanto, todos compartimos la premura de que entren en vigencia ambas normativas.

Sin embargo, específicamente sobre el registro de mediadores de familia, pido votación separada. Desde ya, anuncio nuestro voto en contra.

El artículo 101 crea un registro de mediadores de familia, en el que deberán estar inscritos quienes cumplan con los requisitos que establece la ley para prestar servicios de mediación anexos a juzgados de familia. Según lo que dice el proyecto, corresponderá al departamento de mediación del Ministerio de Justicia llevar dicho registro.

Reitero, pido votación separada del artículo 101 y anuncio mi voto en contra del registro de mediadores, porque, a mi juicio, no tiene razón de ser, ya que los mediadores de cada tribunal se asignarán según un proceso de licitación. Por lo tanto, no corresponde al Ejecutivo autorizar los organismos mediadores, ya que existe y se norma un proceso de licitación.

Por último, asignar esa facultad al departamento de mediación del Ministerio de Justicia le quita transparencia al proceso y disminuye la utilidad de la licitación, ya que de alguna manera se habrán filtrado, a través del registro, las preferencias del Ejecutivo. Por lo demás, agrega un requisito, el de estar inscrito en dicho registro, lo que no tiene razón de ser. En la ley se establecen los requisitos para ser mediador y se reglamenta el proceso de licitación. Añadir etapas burocráticas complica el sistema e incorpora un factor de desconfianza al proceso. Mientras menos instancias intermedias, menos focos de corrupción y menos posibilidades de presionar y de hacer valer influencias. Por ello, pido votación separada del artículo 101.

De todas maneras, celebro que se discuta y se vote hoy el proyecto, que cuenta con el voto favorable de la bancada de la UDI, con la sola excepción del artículo 101.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señor Presidente , si hoy aprobamos el proyecto que crea los tribunales de familia, daremos un trascendental paso en materia de justicia. Su discusión se ha porlongado muchos años y en ella ha tenido un papel destacado la Comisión de Familia, la que logró el envío de la indicación sustitutiva presentada por el Ministerio de Justicia.

Es calculable la importancia de la labor que cumplirán los tribunales de familia, como lo han dicho varios de mis colegas. El procedimiento corto, preciso, el juez presente, el consejo técnico, los procedimientos rápidos, la mediación para no judicializar los conflictos familiares son aspectos muy importantes. Ojalá la tramitación en el Senado sea lo más rápida posible.

Con respecto al procedimiento, en la Comisión tuvimos harto cuidado para no victimizar más a los niños que han sufrido maltrato infantil. En Carabineros, la general Pérez ha hecho un experimento realmente interesante en términos de su protección y de las denuncias que se presentan. Hoy, en Santiago las interrogaciones se llevan a cabo por especialistas, en una sala adecuadamente implementada, para no victimizar al niño o a la niña y proteger su derecho a decir su verdad y a que ésta sea respetada, sin mediación de funcionarios o de interpretaciones de su cosecha. Por lo tanto, debemos procurar que los videos y otro tipo de elementos técnicos constituyan plena prueba en los tribunales de justicia. Debemos tener gran respeto por los niños, por su derecho a hablar -ellos no mienten- y a declarar de la forma más directa posible cuando han sido atropellados en sus derechos.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, mi colega Pedro Araya se ha referido a los procedimientos, que comparto porque constituyen un avance respecto de la ley vigente.

Sin embargo, pido votación separada de los artículos 70, 71, 72, 73 y 74, pues tratan sobre la suspensión condicional de la sentencia, materia respecto de la cual manifesté mi opinión contraria.

La ministra ha entregado una estadística realmente impresionante: el 92 por ciento de los juicios ha sido archivado por la vía de la conciliación. Es decir, ha habido una impunidad realmente dramática y temo que con la suspensión condicional de la sentencia ocurrirá exactamente lo mismo.

La violencia doméstica es un fenómeno social. La ministra ha dicho que las denuncias por violencia al interior de los hogares triplican las de los robos en las calles, con la consiguiente terrible inseguridad de niños y mujeres -la parte más débil de la sociedad-, pero también de varones.

Algunos titulares de diarios de una semana de 2000: “Quemó la casa con su mujer adentro”; “Quemó la casa de su ex mujer por no darle tuición de hija”; “Mató a martillazos a su mujer”; “Veterano y aguerrido galán mató a balazos a conviviente y al supuesto amante de ella”; “La mató porque le cobró 15 lucas”; “Mujer quemada a lo bonzo por una discusión con su marido”; “Tras discutir con su esposo por supuesta infidelidad, mujer se prendió fuego. Grave.”; “Lo mató pololo de su ex amada luego de intentar hacerle una repasadita al pasado” -diario La Cuarta-; “Pereció calcinado luego de quemarle casa a hermana, donde era allegado”; “Jefe de hogar murió al incendiar su casa. Tras una pelea familiar desalojó a su hermana y tres hijos pequeños y le prendió fuego a su propiedad”.

Recibí una carta que dice lo siguiente:

“Me encuentro recluida en el centro de detención preventiva de una ciudad, por homicidio a mi conviviente.

Luego de un año de relación sin haber tenido problemas, decidimos que se fuera a vivir a mi casa. A los tres meses de convivencia me pegó por primera vez: me fracturó tres costillas, me mordió un brazo y me arrastró por toda la casa del pelo; estuvo preso cinco días. Cuando salió de la cárcel, llegó a mi casa a las doce de la noche, quebró vidrios y me volvió a pegar en represalia por haberlo tenido preso. Cada día esta situación es peor”.

Ese señor se fue de Chile, pero cuando volvió ella le dijo tajantemente que no regresara a su casa, porque no lo recibiría de nuevo por los problemas que le causaba. Sin embargo, añade: “Igual llegó, pues tenía claro que él hacía lo que quería, aun sabiendo el daño que nos haría por su extremada violencia.

Cuando volvió perdió automáticamente su trabajo. De allí en adelante siguió trabajando en un oficio libre. Yo tenía que esperar que llegara de su trabajo -perdonen la crudeza de lo que voy a describir- para poder ducharme, pues él tenía que revisarme -ustedes imaginan cómo- para comprobar si tenía restos de semen, pues él creía que yo tenía relaciones sexuales con todos los hombres de mi ciudad. Si yo me negaba me pegaba hasta dejarme inconsciente, pues sus celos siempre lo sobrepasaban. Me obligó a subir de peso; en dos meses subí 25 kilos. Estaba tan gorda que me dejó tranquila un tiempo, pues me decía que nadie me miraba. Antes de esto me pegaba con lo que tuviera a mano, tazas, muebles, televisores, sillas, hasta romperme la cabeza. Me empezó a aislar de toda la gente, pues hasta mis amigas significaban un peligro, pues todas me aconsejaban en su contra.

Durante siete años hice reiteradas denuncias a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a la Gobernación, Intendencia, Ministerio del Interior y en el Departamento de Extranjería. Cuando hice la denuncia en el Ministerio del Interior expuse claramente que si la vida de mis hijos y la mía corrían peligro, y si nadie me ayudaba, yo misma haría justicia. Nadie me escuchó”.

Es una de las tantas denuncias sobre violencia intrafamiliar, fenómeno cultural en que prima el “quien te quiere te aporrea”.

Hasta 1989, la ley de matrimonio civil señalaba que la mujer le debía obediencia a su marido. ¿Qué ocurría cuando dicha obediencia era transgredida? Significaba castigo.

La violencia física, según Investigaciones, está presente en el 30 por ciento de los hogares y la violencia psicológica se da en el 50 por ciento de ellos. Se debe asumir la gravedad del problema, por lo que no podemos dejar resquicio alguno para la impunidad.

¿Qué pasa con las mujeres que forman parte del 92 por ciento de casos de conciliación? Sienten que hay impunidad, que a nadie le importa su drama y que la impunidad va a continuar, porque se sabe que la violencia empieza con algunos golpes y muchas veces termina con la muerte. En el país, cincuenta mujeres al año mueren por violencia intrafamiliar; cincuenta mujeres son asesinadas por este problema. ¿Cómo no le vamos a poner coto? ¿Cómo la violencia doméstica no es una política pública? ¿Cómo no tener lugares donde las mujeres puedan refugiarse por un tiempo para recomponerse? Esto es de una gravedad tremenda. Perdonen mi pasión, pero quiero que mis colegas tomen conciencia de lo que significa. Una mujer en peligro de vida no tiene dónde refugiarse. En Chile hay una o dos casas de refugio y la experiencia de esas casas es que en tres meses de tranquilidad las mujeres y sus hijos pueden recomponer su vida, porque la violencia en contra de la mujer es una cuestión cultural: “¡Pégale a tu mujer! Si tú no sabes por qué, ella sí lo sabe”.

Por eso, pido que se vote en contra de la suspensión condicional de la sentencia para que no haya una vía de escape, impunidad, y los tribunales de familia sancionen con una multa porque la falta es leve. Esa será una señal clara de que a la sociedad le importan las agresiones y que las mujeres y los niños notarán que no hay impunidad.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Nicolás Monckeberg.

El señor MONCKEBERG.-

Señora Presidenta, todos estamos de acuerdo en que es urgente modificar nuestra legislación de familia, especialmente en lo relativo a la judicatura y procedimientos.

Muchas veces la indefensión no se produce porque las leyes no reconocen los derechos, sino porque los procedimientos o los sistemas para resguardar esos derechos son débiles, lentos e insuficientes.

El proyecto busca atacar el segundo punto, cual es resguardar aún más los derechos de la familia. A mi juicio, parte de una premisa fundamental que está en nuestra propia Constitución Política y en las conciencias de una gran mayoría de chilenos: la familia es el centro y el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, todas las iniciativas legales tendientes a fortalecerla, en cada uno de sus momentos, incluso en sus dificultades, tienen que ser promovidas.

El proyecto considera la creación de cuarenta y un juzgados y contempla un total de doscientos diecinueve cargos de jueces; un cambio radical, quizá mucho más de lo esperado por todos nosotros que, ciertamente, nos veremos impactados por la velocidad y la eficiencia de la atención judicial. Estos juzgados son colegiados y el número de jueces que lo integran va a depender de las necesidades concretas del lugar.

Con la finalidad de mejorar la calidad de la prestación de la justicia familiar se establece también la creación de un consejo técnico, un administrador y una planta de oficiales de secretaría. En relación con este consejo técnico, cuya labor es asesorar al juez, se señala en el proyecto que entre sus integrantes deberá haber psicólogos, asistentes sociales y orientadores familiares. Es indispensable que éste cuente con personas especializadas en temas de la familia. Y, en este sentido -creo-, en el Senado se va a reponer la indicación de que no se restrinja la integración de consejos técnicos a ciertas universidades, por cuanto hay muchas otras que forman excelentes profesionales expertos en familia, tal vez en períodos de dos, tres o cuatro años, los que, en mi opinión, perfectamente podrían colaborar al interior de este consejo técnico.

El procedimiento que se establece para los tribunales de familia va de la mano con el nuevo procedimiento penal. Es predominantemente oral, concentrado, desformalizado, lo que garantiza algo que de alguna forma todos estamos buscando: más acceso de la gente común y corriente, de la gente más modesta a la justicia. Son procedimientos mucho más sencillos, de fácil comprensión por parte de los interesados y con menos ritualidades procesales. Además, se privilegian las soluciones de común acuerdo entre las partes y así se evitan consecuencias no deseables en los juicios.

Se establece, además, un principio especial, que es la unidad de competencia. Este principio resuelve una situación práctica de mucha frecuencia. Actualmente, en los juzgados de menores se tramitan causas de alimentos, separaciones, tuición, visitas, lo que da lugar a la formación de expedientes distintos que, en definitiva, aleja a las partes de una solución que abarque todos sus conflictos. En virtud de dicha unidad de competencia, se faculta a los jueces para conocer acerca de las distintas materias que involucran a las partes, las cuales quedarán sometidas a su decisión. Esto es tremendamente importante porque permitirá que en la negociación y en los acuerdos a que lleguen se contemplen todos los aspectos y no se produzcan faltas de equivalencia cuando se resuelve, por ejemplo, respecto de tuición, de alimentos o de visitas, etcétera.

En cuanto a la publicidad, es importante proteger la intimidad de las personas y evitar que sus vidas sean expuestas a la luz pública, especialmente si se trata de menores de edad. Por ello -es muy importante- se aprobó facultar al juez para prohibir la difusión de datos o imágenes referidas al proceso o a las partes en los medios de comunicación.

En términos generales, el juicio consiste en una audiencia principal de contestación, mediación y prueba. Además, se contempla una audiencia complementaria cuyo objetivo es recibir las pruebas que las partes no pudieron presentar en la audiencia principal. Ambas audiencias se realizan en un solo acto, pudiendo el tribunal prorrogarlas para el día hábil siguiente, hasta su terminación.

Asimismo, se contemplan ciertos procedimientos especiales para la violencia intrafamiliar y la aplicación judicial de medidas de protección de los derechos de los menores de edad, que son tremendamente importantes.

Otro elemento absolutamente distinto e innovador es el proceso de mediación. Uno de los principales problemas del actual procedimiento es que está establecido en términos confrontacionales, lo que implica una ruptura muchas veces irreparable entre las partes. No se hacen esfuerzos efectivos para que dos personas, que se presentan hoy ante el tribunal, puedan solucionar amigablemente su conflicto. Con la aplicación del proyecto se da un paso y la primera prioridad es arreglar y mantener esa familia.

Como se puede apreciar, el sistema de mediación significa un cambio de enfoque en la solución de las controversias, pasando de lo adversativo a la colaboración; evitando el rompimiento apresurado de los vínculos; haciendo prevalecer el respeto mutuo y buscando una solución realmente representativa para ambas partes.

Esto se ha definido como el sistema de solución de conflictos en el que un tercero neutral, sin poder coercitivo, sólo ayuda a las partes a mejorar su comunicación y a buscar por sí mismas la solución del problema.

Para implementar este sistema se crea el Departamento de Mediación, que dependerá del Ministerio de Justicia. Además, se crea un registro de mediadores, en el que se podrán inscribir quienes cumplan con los requisitos -bastante bien explicados- establecidos en la ley. Es imprescindible que se trate de personas que tengan una verdadera vocación, acompañada de una capacitación adecuada y que se sometan a una evaluación final. Además, es necesario exigirles un test o prueba inicial antes de la capacitación para verificar la existencia de la necesaria calidad humana.

Finalmente, se crea un sistema de control de la gestión de los mediadores, el cual puede realizarse a través de las inspecciones, de los informes periódicos -que también deben realizar los prestadores de los servicios de mediación- y de las reclamaciones hechas por los usuarios del servicio.

En conclusión, se trata de un proyecto que responde a la necesidad básica, esencial, de cambiar el sistema actual de solución de conflictos relativo a la familia, creándose organismos integrados y especializados en la materia, y creándose también la posibilidad de acercamientos no confrontacionales.

El principal interés será el de velar por la solución de controversias de la manera menos agresiva y conflictiva posible, buscando puntos de acuerdo en conjunto con los interesados, esto es con los protagonistas del problema. Hay que terminar con el juicio entre las partes, ya que aumenta el drama de la ruptura familiar.

Como reflexión final, y anunciando desde ya el voto positivo de la bancada de Renovación Nacional, la iniciativa también reconoce una realidad muy importante que muchas veces se deja de lado. Es cierto que, en Chile, los matrimonios rotos o mal constituidos desde su origen o las uniones de hecho son bastante numerosas. Con este proyecto de ley se intenta justamente valorar nuevamente la estabilidad de la familia y ponerla en el plano que se merece. La familia debe ser protegida con el proyecto. Debemos reconocer que el abandono, la ausencia, la falta de cariño y de respeto y el mal ejemplo que muchas veces las familias entregan a sus hijos son puestos nuevamente sobre la mesa. El proyecto, de alguna forma, reivindica en nuestro sistema legal el valor profundo que debe otorgarse a la familia y mucho más a la educación y formación de los hijos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Llamo a reunión de Comités. La sesión continúa en forma simultánea.

Tiene la palabra el diputado Camilo Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señora Presidenta , no creo que sea del caso reiterar los reconocimientos y elogios al proyecto. Sin embargo, aprovechando la presencia en la Sala del senador de nuestra circunscripción, Mariano Ruiz Esquide , quiero llamar la atención sobre el artículo 4º, “Creación de nuevos juzgados”. En la enumeración de los lugares donde se instalan los juzgados de familia no se incluye a la provincia de Arauco. Me parece una grave omisión. Si a través del proyecto se pretende abordar el problema de la violencia intrafamiliar, de las rupturas matrimoniales, de la marginalidad y de exclusión de la infancia o niñez, resulta injusto que esa provincia en su conjunto no vaya a contar con un juzgado de familia toda vez que son numerosas en ella las situaciones de este tipo. Me parece una desafortunada omisión y, como diputado de la provincia de Arauco y de la comuna de Lota, expreso mi profundo malestar.

Antes de intervenir, señalé esa omisión al señor Luis Bates , ministro de Justicia y a la señora Cecilia Pérez , ministra del Servicio Nacional de la Mujer ( Sernam ). El ministro de Justicia , con gentileza, que agradezco, me informó que se ponderó un determinado número de causas por familias, a partir de las cuales se constituiría un juzgado de familia, pero que en el caso de la provincia de Arauco no concurría ese número de causas. Pues bien, el argumento lo podemos poner exactamente al revés. En efecto, el gran número de familias y de personas afectadas por las situaciones de que trata el proyecto no acceden al sistema judicial, precisamente, por ser inaccesible para ellas: por la pobreza, por las distancias, etcétera. La provincia de Arauco es muy extensa. Entre Lota y Tirúa hay 180 kilómetros, mucho más de la distancia que separa a Santiago de Valparaíso. Cualquiera persona sabe que la distancia entre Curicó y Santiago es de 180 kilómetros, que es la misma que hay desde Tirúa a Lota. O sea, la falta de acceso a la justicia en esa provincia explica un número tan bajo de causas.

Es necesario subsanar este problema. Es una inaceptable discriminación para la provincia de Arauco no dotarla de este tipo de tribunales. Incluso, desde el punto de vista constitucional ameritaría el recurso respectivo. Claramente, hay una ruptura del principio de igualdad ante la ley para dichos ciudadanos.

Espero, porque no se trata de alterar el curso del proceso legislativo, que los trámites ulteriores permitan resolver esta situación, por la vía de la indicación del Ejecutivo.

He dicho.

El señor SALAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .

La señora CRISTI (doña María Angélica) .-

Señor Presidente , el proyecto, cuyas ideas matrices han sido explicadas ampliamente, tiene el gran mérito de que por fin un tribunal se abocará al conocimiento de todas las materias contenciosas en relación con la familia, las que se encuentran dispersas en distintos tribunales, lo que hace casi imposible su resolución, debido a la enorme cantidad de situaciones relacionadas con aquella. De hecho, cuando se aprobó la modificación de la pensión alimentaria, procuramos que en los casos de aquellas familias que tenían más de un juicio o una demanda pendiente, pudieran resolverse todos en un tribunal de menores, para que quienes tengan hijos de mayor edad no tuvieran que recorrer todos los tribunales. Ése es un ejemplo de cómo el proyecto ayudará a que la dispersión de tantos temas en materia de familia puedan ser vistos en una sola sede judicial.

Como bien se ha dicho, a los tribunales de familia les corresponderá todo lo atingente al cuidado personal de los menores de edad, todo el derecho que les asiste a los padres y, a la vez, a sus hijos. Se trata del derecho del padre o de la madre que no tenga el cuidado personal del hijo, de mantener con él una relación directa y regular, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, materia que constituye un gran trauma para muchas familias.

Estos tribunales deberán conocer de todas las causas relativas al derecho de alimentos, que es otra problemática que afecta a miles de familias, en especial a miles de mujeres; conocer de las causas relativas al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; conocer de causas de adopción y procedimientos que dan lugar a leyes que las regulan; otorgar autorización para la salida de menores en los casos que corresponda de acuerdo con la ley; conocer de los disensos para contraer matrimonio, las acciones del estado civil de las personas, causas sobre guarda, interdicción, la separación judicial de bienes, autorizaciones judiciales diversas, declaración y desafectación de bienes familiares; conocer de causas sobre divorcio, cuestiones que deben ser acordadas de acuerdo con lo establecido en la ley de matrimonio civil, según corresponda; conocer de materias que tengan que ver con las sanciones relativas a la violencia intrafamiliar, al maltrato de menores, a la adopción y a la protección de los derechos de menores de edad y de los que están por nacer, y aplicar leyes generales y especiales que las preceptúen.

Ése es el gran cúmulo de causas que tendrán que ver los tribunales de familia, que como podemos apreciar son materias que afectan grave y dramáticamente a las personas que las sufren.

Los tribunales de familia, asimismo, procurarán agilizar los juicios, de manera que no se conviertan en eternos dramas familiares con todas las consecuencias que ello implica. Recordemos lo dramático que puede ser la persecución, por años, de una pensión de alimentos o el reclamo del derecho a visitar a los hijos. El principio de la oralidad y el de la concentración son dos factores que ayudarán a hacer más rápido y expedito los trámites judiciales. Pero, por sobre todo, el proyecto se concentra en la mediación, una de las materias cuya discusión, quizás, tomó más tiempo a las comisiones respectivas y que se refiere a la forma moderna y nueva de acceder a la justicia, para evitar, precisamente, los juicios que generan dramas y permanencia de los problemas.

La mediación está ampliamente regulada y se basa en los principios de la imparcialidad y también en los que tienen que ver con la igualdad, la voluntariedad, la confidencialidad y con una serie de temas que hacen que las medidas sean de gran consideración y responsabilidad por quienes sean mediadores. Consulta todas las fórmulas de cómo se deberán regular los mediadores. En esta materia, no nos gusta la fórmula de crear un registro de mediadores para las familias, porque hemos tenido denuncias de personas que, siendo expertas en mediación, como juezas, que incluso han hecho cursos de mediación en universidades extranjeras, no han sido consideradas en las etapas preliminares de preparación de los mediadores del país, simplemente, por razones políticas. Por lo tanto, la normativa que aquí se determina para llamar a licitación, por parte de los distintos futuros organismos, a las personas naturales o jurídicas para que puedan ser mediadores, será la forma más expedita.

La diputada Antonieta Saa se ha referido extensamente al procedimiento para abordar los casos de violencia intrafamiliar contemplado en la ley en tramitación.

Aprovechando la presencia del ministro de Justicia y de la ministra del Sernam , es importante mencionar que, por segunda vez, estamos discutiendo un proyecto de violencia intrafamiliar, cuya tramitación ha demorado más de un año, porque, obviamente, el primero no se despachó en óptimas condiciones y no constituyó una amplia solución para el tema. Entonces, estamos tratando otro proyecto que, además, se ha visto tremendamente entrabado por el hecho de que en la Comisión de Familia se estudian las modificaciones introducidas por las indicaciones del Ejecutivo al actual proyecto y, al mismo tiempo, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia o en las comisiones unidas respectivas se deba tratar el procedimiento procesal, según la indicación que presentó el Gobierno al proyecto sobre tribunales de familia. Analizar un mismo tema en dos comisiones diferentes hizo muy difícil legislar, toda vez que ambas indicaciones del Ejecutivo eran contrapuestas. Por lo tanto, debemos velar para que esto no vuelva a suceder. Obviamente, esta situación demoró tanto el proyecto radicado en la Comisión de Familia como el referido a los tribunales de familia estudiado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

La diputada Saa tiene razón respecto de la gran preocupación que existe sobre la violencia intrafamiliar. Pero no podemos culpar a la falta de procedimiento judicial como causa de su mantención. Sabemos que el tema va mucho más allá, que es un problema social grave, que afecta a la sociedad. Debemos empezar a tomar muchas medidas y dar mucho apoyo a la familia, y no sólo resolver los momentos de conflicto y los problemas álgidos de violencia o de separaciones.

Se debe prevenir y lograr que el Estado se haga parte en la promoción de la familia y que, más allá de hablar de la violencia en el hogar y de promover la ley de divorcio, impulse grandes campañas destinadas a fortalecer la familia para que éstas no se divorcien, tengan buena convivencia, ayuden a sus hijos, haya más comunicación y menos soledad. Todo ello, a la larga, nos ayudaría a evitar muchos problemas en el país, que hoy son de lato conocimiento de esta Cámara.

Quiero destacar la creacaión de los tribunales de familia, aunque, desgraciadamente, no van a entrar en funcionamiento sino entre 2005 y 2007. Espero que los más de 41 mil millones que se dispondrán para el efecto en el presupuesto de la nación estén en el momento que corresponda para que los problemas intrafamiliares se resuelvan más fácil y rápidamente, ya que, por haber cercanía familiar, el tema es mucho más dramático.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Informo a la Sala del acuerdo tomado unánimemente en la reunión de Comités recién realizada.

Como el Orden del Día termina a las 13.25 horas y había un acuerdo previo, tomado unánimemente, de rendir homenaje al Liceo de Hombres de Chillán por diez minutos en el tiempo de Incidentes del Comité de Renovación Nacional y por cinco minutos del tiempo del Comité del Partido Socialista y Radical -en total, por 15 minutos-, una vez rendido este homenaje, reanudaremos la discusión del proyecto. Asimismo se acordó dejar sin efecto la hora de Incidentes y el tratamiento de los proyectos de acuerdo. Como esto nos deja disponibles exactamente 65 minutos más, todas las señoras diputadas y los señores diputados inscritos podrán hacer uso de la palabra. Les recuerdo que tienen hasta 10 minutos reglamentarios en dos discursos para luego cerrar el debate y votar aproximadamente entre las 14.30 y 14.40 horas.

Además, les hago presente que los Comités han tomado la resolución, también unánimemente, de votar hoy el proyecto en debate, conciliando así los consensos ya manifestados previamente, tanto más cuanto que están presentes la señora ministra del Sernam y el señor ministro de Justicia .

Siendo las 13.25 horas, están inscritos los siguientes diputados: María Eugenia Mella, Edgardo Riveros, Zarko Luksic, Exequiel Silva, José Miguel Ortiz, Guillermo Ceroni, Carolina Tohá, Eugenio Tuma, Ximena Vidal, Francisco Bayo, Juan Bustos y Fidel Espinoza.

Les ruego, señores diputados, que tomen en consideración el tiempo que tiene cada uno, por lo que les rogaría que hiciesen gala de su capacidad de síntesis, a fin de no abarcar más allá del tiempo reglamentario.

-Posteriormente, la Sala continuó el tratamiento de esta materia, en los siguientes términos:

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Corresponde continuar la discusión del proyecto de ley que crea los juzgados de familia.

Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos.

El señor BUSTOS .-

Señor Presidente , estamos ante un proyecto trascendental en la transformación de la justicia. Junto con la reforma procesal penal, no hay duda de que esta iniciativa constituye otro hito histórico en nuestro país, no sólo por los cambios judiciales que introduce, sino también por el nuevo concepto de familia que considera. Que no es restringido, como generalmente lo plantean los sectores de derecha de nuestro país, sino de carácter extendido, en el que la familia no sólo está constituida por padre y madre, sino que puede estar compuesta sólo por el padre, por la madre, por el abuelo o por algún pariente que se hace cargo de los niños.

Eso significa que en nuestra sociedad hay un concepto de familia amplia, democrática, pluralista y de diversidad que es necesario asumir, y, así lo hace esta iniciativa que propone la creación de los tribunales de familia.

Este proyecto de ley no sólo es trascendental desde el punto de vista de la justicia, sino también de la profundización democrática de lo que es la familia en nuestra sociedad.

Ahora, desde la perspectiva estrictamente jurídica, los tribunales de familia implican un acceso amplio a la justicia, que hoy es difícil por la forma en que están constituidos los juzgados de menores.

De acuerdo con la nueva concepción de la familia, los tribunales de familia serán competentes para conocer múltiples casos que hoy se tramitan en los tribunales civiles y de menores. Ello va a permitir a todos los ciudadanos de nuestro país un acceso más rápido y eficiente a la justicia.

Es necesario destacar algunos aspectos básicos y fundamentales del proyecto de ley. En primer lugar, la especialización. Los jueces a cargo de los tribunales de familia serán personas especialmente capacitadas y con los medios y el aprendizaje necesarios para encarar problemas tan importantes de la sociedad como son los de la familia, dentro de la cual se dan las relaciones humanas más relevantes. En esta especialización se considera un consejo técnico, es decir, la ayuda de sicólogos, asistentes sociales y orientadores familiares que, en los casos más complejos y difíciles, asesorrarán al juez en las materias pertinentes, como el cuidado de los niños, las cuestiones que originan las nulidades, las adopciones o bien, casos especiales como son los de violencia intrafamiliar.

Desde esta perspectiva, también hay que señalar el procedimiento moderno que se aborda en este proyecto de ley que crea los juzgados de familia. Se adopta la oralidad, totalmente ajena al actuar de nuestros tribunales civiles, pero ya incorporándose en los tribunales penales. Ella permite mayor rapidez en la tramitación de los procesos, y a su vez, da lugar a la inmediatez como principio, es decir, que el tribunal tenga a la vista a las partes, al menor; en definitiva, al conflicto en su realidad, y no como ocurre en la actualidad, donde un actuario, no el juez, es el que toma conocimiento y se contacta con las partes y con quienes están involucrados en el conflicto.

También es importante destacar la desformalización de este proceso; es decir, el juez siempre podrá determinar -naturalmen-te, ateniéndose a la ley y respetando los derechos de las partes- las formas que sean las más adecuadas en cada caso y, por lo tanto, evitar formalizaciones que vayan en contra de la eficiencia del proceso y de la protección de los derechos de los menores o de las partes.

Otro elemento fundamental del procedimiento es la confidencialidad. A menudo en los juicios el menor es expuesto a una serie de situaciones que van en contra de su intimidad, su dignidad y su vida personal. Por eso el proyecto pone especial énfasis en ese aspecto al disponer que los menores deben recibir una adecuada atención, esto es, que el tribunal considere un espacio donde el niño se sienta cómodo, alegre, de alguna manera acogido y, por tanto, no enfrente lo rudo, lo frío y lo lúgubre que a veces pueden ser nuestros tribunales, lo que evidentemente perjudica al menor en sus derechos.

Otro punto relevante del nuevo procedimiento es la forma alternativa de solución de conflictos considerada en el proyecto. Desde hace bastante tiempo -treinta, cuarenta años- en el derecho comparado se están planteando formas alternativas no adversariales de solución de conflictos. Específicamente, en los tribunales de familia es donde tiene mayor importancia lo no adversarial, de no poner de enemigo a la otra parte, de hacer entender que el problema no es de enemigos: que el antiguo o el actual marido, el padre, el hermano o la esposa son enemigos en ese conflicto.

La mediación está dentro de las formas alternativas de solución de conflictos que debe tener especial importancia en las relaciones de familia. Es un procedimiento no adversarial que pretende que las mismas partes lleguen a formas de acuerdo, de convencimiento de cuál debe ser la manera para resolver el conflicto. En definitiva, que ellas superen su conflicto de la mejor forma para que los niños no se vean afectados en este tipo de juicios que, como casi siempre ocurre, van de un lado a otro, precisamente por el tema adversarial de que el otro es el enemigo, de que quien antes fue el amante, el padre o la madre amorosa, hoy aparece como el despiadado, la persona negativa.

Por lo tanto, a través de la mediación se buscará una forma de solución diferente, no adversarial, lo cual considero será trascendental.

Por ello, desde la perspectiva del juez, se establecen diferentes formas de mediación. En ese sentido, no hay que equivocarse cuando se habla de mediación obligatoria, pues nunca tendrá ese carácter para las partes; siempre será voluntaria; deberá surgir de ellas el convencimiento de la necesidad de superar el conflicto. Por eso es un poco equívoca la denominación de mediación obligatoria, porque -repito- nunca podrá ser obligatoria para las partes, sólo puede serlo para el juez, ya que, en algunas materias, cuando las partes quieran solucionar el problema con la mediación, él estará obligado a llevarla a cabo; en otras, será facultativa, y, en ciertos casos especiales, prohibida.

Es importante señalar que entre las materias que pueden ser objeto de mediación facultativa quedó la violencia intrafamiliar. Creo que significa un paso adelante en nuestra justicia, en concordancia con lo que está ocurriendo con el derecho comparado en relación con los temas de violencia intrafamiliar, que son los más graves, en los que también puede suceder que las partes tengan la voluntad de encontrar una solución a través de la mediación.

En definitiva, estamos frente a un proyecto de suma importancia para nuestra sociedad, en primer lugar, porque considera un concepto de familia amplio, pluralista, extendido y, por lo tanto, democrático, que no discrimina a ninguna de las diferentes formas de familia que pueden darse en nuestra sociedad. En segundo lugar, porque contempla un procedimiento y tribunales que, de acuerdo con el derecho comparado, están en la ruta de una justicia moderna que permitirá a todos el acceso a ella para la protección de sus derechos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora María Eugenia Mella .

La señora MELLA (doña María Eugenia) .-

Señora Presidenta , nos encontramos frente a un tema respecto del que existe un consenso unánime: considerar a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, no hay doble discurso en el interés generalizado de todos los sectores por fortalecer, proteger y entregar herramientas para que esta instancia formadora de personas pueda surgir, fortalecerse y, por lo tanto, ayudar a construir una sociedad mejor.

Dentro de ese contexto, hoy es un día histórico para la Cámara de Diputados, porque se hace carne un proyecto muy esperado, un proyecto extenso, profundamente trabajado por las comisiones de Familia y de Constitución, Legislación y Justicia, que permitirá contar con una normativa que ayudará a concentrar en una sola unidad todas las materias que afectan a la familia, y dar una mirada integral a los problemas que se producen entre la pareja y entre los padres y sus hijos, sea que se trate de asuntos civiles, de menores, de tuición, de adopción o penales, en cuyo caso pasarán al tribunal respectivo.

Por eso, pienso que éste es un día histórico. Vemos que existe un amplio consenso para aprobar esta iniciativa que permitirá, por primera vez, dar una mirada integral a las distintas materias y problemas que afectan a este grupo tan importante, la familia, considerada en toda la amplitud de lo que hoy se entiende por tal.

Quiero destacar el compromiso del Ejecutivo respecto de la tramitación de este proyecto en el Senado. Me refiero a establecer una red completa de tribunales de familia en el país, es decir, la gradualidad estará dada por el número de componentes de los tribunales, y no porque se instalen primero en algunas regiones y luego en otras. Esto es de la mayor importancia porque resulta muy difícil explicar a una persona que un mismo problema familiar pueda ser resuelto con una mirada jurídica distinta según la región en que se viva. Eso era imposible de sostener, por lo que agradezco la disposición que siempre manifestó el Ejecutivo , en especial los asesores del Ministerio de Justicia y del Servicio Nacional de la Mujer, quienes en la tramitación del proyecto demostraron una gran capacidad para trabajar en equipo y recoger la lógica que planteamos. Hacemos fe de que este compromiso se considerará en la tramitación en el Senado.

Por otro lado, quiero enfatizar en el tema de la violencia intrafamiliar y apoyar el planteamiento hecho por la diputada Saa en cuanto a votar en forma separada los artículos referidos a esta materia. Me parece importante que la Cámara plantee su parecer respecto de un tema tan específico como éste. Si bien aplicar ese procedimiento genera cierta dificultad -existe un equilibrio en el manejo de los temas-, este sistema, que permite llegar a un acuerdo previo a la sentencia, está generalizado en otras materias. Sin perjuicio de ello, es importante, por lo específico del tema, buscar una fórmula. Si éste puede ser el camino para transformar la falta en un delito -me parece que ése es el problema de fondo-, estoy de acuerdo en apoyar esa estrategia.

Por último y respecto de la violencia intrafamiliar, problema que vemos a diario, quiero señalar que hubo un trabajo a fondo, que se acoge en el artículo 54, con el fin de ampliar el accionar de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Destaco este punto porque hoy, a pesar de lo que señala la ley, gran parte de la policía aún no se ha informado de las atribuciones con que cuenta y que la iniciativa en debate amplía. Dicha disposición indica que la policía podrá entrar al lugar donde estén ocurriendo los hechos, detener al agresor, retirar o requisar armas, si es necesario, y ayudar a la víctima en lo que corresponda, trasladándola a un hospital o dándole protección adecuada. Por otra parte -se trata de un aspecto no menor-, el solo hecho de detener al agresor y llevarlo al tribunal reemplaza la necesaria denuncia que, como sabemos, es tan difícil de formular en estos casos.

Sin ir al fondo de otros artículos que también me parecen importantes -algunos ya han sido destacados; otros serán abordados por quienes harán uso de la palabra-, comprometo no sólo mi voto favorable, sino el de la bancada de la Democracia Cristiana, para apoyar una iniciativa que, reitero, es histórica y da una respuesta concreta a las ideas que buscan fortalecer a la familia y darle herramientas para que funcione cada vez mejor y en equilibrio. Necesitamos familias sanas, porque, como instancias formadoras, deben preparar personas sanas para la sociedad del futuro.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo.

El señor BAYO .-

Señora Presidenta , respaldo todos los planteamientos hechos por el diputado señor Monckeberg , quien ha representado cabalmente lo que nuestro partido, Renovación Nacional, piensa sobre este proyecto.

No voy a repetir todos los efectos positivos que tendrá una ley destinada a tratar en mejor forma los conflictos familiares que, lamentablemente, son cada vez más numerosos. Sin embargo, deseo expresar mi inquietud frente al tratamiento dado a la región de La Araucanía.

La Novena Región, conformada por las provincias de Malleco y Cautín , se acerca al millón de habitantes, es la más pobre de país, presenta la dispersión geográfica más grande, muestra los peores índices educacionales y la menor proyección de desarrollo, y es la región donde la gente menos lee y se informa, lo cual queda demostrado a través de cifras relacionadas con el número de diarios y de revistas que lee la población. De manera que me extraña que para una población con estos indicadores sólo se consigne la creación de dos juzgados de la familia: uno en Angol y otro en Temuco. El más cercano a Angol es Temuco, a 160 kilómetros de distancia, y por el otro lado Los Ángeles, en una Octava Región que cuenta con varios juzgados de familia.

No participé en la comisión especializada dedicada al tema, pero a través del informe presentado en la Sala he conocido los parámetros que se consideraron para establecer el número de juzgados. Esa es la verdad. Ellos dicen relación, especialmente, con los antecedentes históricos y con la carga de trabajo de los juzgados de menores y civiles en la actualidad. Estoy consciente de eso, lo asimilo y lo incorporo. Mi formación me permite considerarlo así. Sin embargo, no puede dejar de extrañarme que no se hayan considerado los otros parámetros que mencioné. A lo mejor, los consideraron, pero no con la fuerza con que aquí lo expresó el diputado Escalona en relación con su distrito.

Yo lo hago en representación de los distritos 48, 49 y de La Araucanía en su totalidad, porque tenemos una población conocida por todo Chile, que no se informa y afectada por un estado de violencia que el ministro conoce perfectamente, originado por el conflicto mapuche. De manera que la violencia intrafamiliar y los conflictos que existen al interior de las familias rurales no están consignados en parte alguna.

Tengo aprensiones sobre esta materia. Por tanto, mi intervención apunta, especialmente, a solicitar a la ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer y al ministro de Justicia , presentes en la Sala, un reestudio o replanteamiento de la situación de La Araucanía, para tratar de perfeccionar la materia en su próximo trámite en el Senado.

Confío en que así se haga por el bien de mi región que, reitero, está siendo postergada en tantas cosas. Por ejemplo, se da a Colina un trato exactamente igual al de Angol. Sin embargo, la situación geográfica, poblacional y todos los parámetros que se quieran analizar son totalmente disímiles. No quiero minimizar a Colina, pero es necesario considerar otros parámetros como los que hice presentes. Reitero a los ministros la posibilidad de reestudiar la materia en lo que respecta a la región de La Araucanía.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .

El señor CERONI .-

Señora Presidenta , como se ha dicho, el proyecto es de extraordinaria importancia para lograr una mejor administración de justicia. En materias relacionadas con la competencia de los tribunales que se crean hoy tenemos un sistema muy defectuoso: una atención lenta, deficiente, con un promedio de demora, según estudios realizados, de 406 días por causa. Esto genera un tremendo problema y, en el fondo, una injusticia para aquellos que concurren a los tribunales a solucionar problemas diversos, como los de alimentos y de adopciones, o sea, conflictos relacionados con la familia. La iniciativa generará una mejor administración de justicia, al extremo que, se supone, su capacidad mejorará en un trescientos por ciento.

También hay que destacar el hecho de que tendremos una judicatura realmente especializada en materias de menores, de alimento, de adopción, de patria potestad, de matrimonio, de divorcio, de nulidad, de violencia intrafamiliar, en fin, en materias propias de la competencia de los tribunales que se crean, con un procedimiento mucho más ágil, porque el sistema oral, indiscutiblemente, significa mayor agilidad. Por eso lo establecimos en el sistema penal. Obviamente, es lógico adaptar un sistema nuevo como éste al procedimiento oral.

También se debe destacar el tema de la inmediatez, principio que tiene que estar establecido para la tramitación del juicio; es decir, que el juez esté directamente vinculado con las causas y su tramitación para que muchas responsabilidades no sean delegadas a funcionarios, secretarios, asistentes sociales como sucede en la actualidad. O sea, que exista un compromiso mucho más claro de los jueces con la solución de los casos, lo que nos da garantías de una mejor administración de justicia.

Asimismo, es necesario destacar la gran cantidad de medidas cautelares que se establecen en el proyecto para proteger los derechos de las familias de las víctimas o de quien acuda al tribunal, a las que se agregarán las que cree el juez por iniciativa propia. Es decir, el juez no sólo podrá aplicar las medidas cautelares que se establecen en el proyecto, sino que podrá crear las que considere adecuadas para proteger los derechos de las familias de las víctimas o de quien acude al tribunal.

Algo digno de comentar es el número de tribunales que se crean. Al respecto, escuché las intervenciones de dos señores diputados en las cuales reclamaban porque el proyecto no considera la creación de juzgados en las zonas o regiones que representan.

Soy presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, así como de las comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y Familia.

En mi distrito también se produjo una situación que podría alegar: en una de mis comunas, Parral , no habrá un tribunal de familia, pero creo que se han dado explicaciones serias de que esto no se ha hecho en forma arbitraria. La instalación de juzgados de familia en cada zona o región se ha hecho en consideración a la cantidad de causas que existen en los actuales tribunales; es decir, se ha establecido el número de demandas que se han hecho en los tribunales de cada comuna para crear estos tribunales de familia, por lo que resulta claro que esto se ha hecho en forma objetiva. En la medida en que aumente la demanda a futuro, se implementarán nuevos tribunales. Eso es lo lógico. Debemos estar tranquilos, porque los estudios presentados en la comisión son tremendamente objetivos en ese sentido.

Se van a crear sesenta nuevos tribunales de familia, lo que permitirá que 250 jueces se dediquen a estas materias, cuestión que representa un avance extraordinario para nuestro país.

En los lugares donde no se creen estos nuevos tribunales, continuarán teniendo esta competencia los juzgados de letras, pero apoyados por todo el sistema que incorporará la futura ley, es decir, por psicólogos, por asistentes sociales, por la institución de la mediación; en definitiva, se trata de una forma mucho más eficiente de hacer justicia.

La institución de la mediación implica un gran avance, porque permitirá resolver muchos conflictos sin tener que iniciar un proceso, que muchas veces son traumáticos para las familias, ya que, como ha dicho el ministro de Justicia , tenemos una cultura litigiosa agobiante, afirmación que comparto.

Quiero destacar que la institución de la mediación es tremendamente seria, porque de la lectura del proyecto se desprende que existirán organismos, como las universidades, que formarán a los mediadores; se llevarán registros de ellos, que estarán a disposición de las cortes de apelaciones para que actúen dentro de sus jurisdicciones; además, estos mediadores no serán cualquier persona, sino profesionales que tendrán como requisito haber ejercido su profesión una cierta cantidad de años antes de postular a ese cargo, y no estar afecto a ninguna de las inhabilidades que se establecen en el proyecto, lo que permitirá determinar que se trata de personas probas y transparentes.

Por lo tanto, considero que la institución de la mediación es tremendamente potente y está muy bien planteada en el proyecto en discusión.

Un capítulo especial merece la intervención de la diputada María Antonieta Saa .

Ella ha hecho un buen planteamiento sobre la violencia intrafamiliar, sus consecuencias y la necesidad de contar con mecanismos que protejan adecuadamente a la víctima y sancionen drásticamente al hechor.

A su vez, hay que analizar a fondo la redacción del texto. Creo que no son dos aspectos incompatibles. Además, comparto lo señalado por la diputada Saa en cuanto a la protección de la víctima y la sanción del hechor. De esta manera, se evitan a futuro actos de violencia intrafamiliar, hoy de frecuente ocurrencia.

En el artículo 71, se establecen ciertas condiciones para suspender la dictación de la sentencia. Para decretar la suspensión, el denunciado o demandado deberá reconocer en el tribunal los hechos investigados; es decir, reconocer su culpabilidad. Aún más, deben haberse establecido -y las partes haber aceptado- una serie de actos reparatorios en favor de la víctima- y reglas claras en torno a la familia. Es decir, si hay aspectos de carácter pecuniario, como puede ser una pensión alimenticia, tienen que quedar resueltos; lo mismo si hay que compensar a la familia. También es importante alguna medida cautelar a fin de proteger a las víctimas. O sea, se establece una serie de condiciones para proteger adecuadamente a la víctima.

Desde ese punto de vista, estoy abierto a seguir analizando este tema, pero con la condición de establecer la suspensión sólo cuando se cumpla una serie de requisitos que no signifiquen que el hechor quede libre de polvo y paja. Es decir, si vuelve a cometer un acto semejante, se le aplicará la sanción correspondiente. Aún más, la suspensión debe operar para aquel que por primera vez comete un hecho de estas características; si es un reincidente, no se le va a aplicar esta medida.

Por ello, comparto el espíritu de la diputada María Antonieta Saa , en cuanto a destacar la necesidad de que el proyecto incida en los aspectos que ella menciona: la protección de la víctima y la sanción del delincuente.

Daré mi apoyo al proyecto y espero seguir afinando los aspectos propuestos por la diputada Saa al mismo.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señora Presidenta , efectivamente estamos legislando sobre un aspecto muy necesario, más aún, cuando han entrado a trámite legislativo proyectos que, de una u otra manera, van a incidir y demandar de manera más específica tribunales especializados. Me refiero a las modificaciones de la ley de Matrimonio Civil.

Comparto los objetivos planteados para la creación de estos tribunales. Desde luego, un primer gran objetivo es establecer una jurisdicción especializada, la cual va a tener incidencia, entre otras cosas, en dos aspectos de vital importancia, como son la economía procesal, y -como el nombre lo señala- una jurisdicción especializada para resolver los problemas que se planteen.

La economía procesal radica en el hecho de que un conflicto no deba iniciarse en varios procedimientos distintos o en tribunales diversos para resolver los asuntos que lo involucran. Esto es muy importante.

Por otro lado, el volumen de causas que se acumulan en la materia, debieran tener un solo circuito o flujo de tratamiento.

Asimismo, en el tratamiento interdisciplinario de los problemas que se planteen, la asesoría del juez por profesionales especializados, como asistentes sociales y sicólogos, entre otros, es un aspecto muy significativo que debiéramos considerar.

El diputado Ceroni ponía énfasis en un aspecto que también comparto. Podrán haber vacíos -la gradualidad de la implementación de la ley tal vez nos permita buscar soluciones-, pero hay un hecho específico, como es el significativo aumento de los jueces que se harán cargo de los problemas planteados en los tribunales.

Mencionaba la creación de los 250 cargos de jueces de familia distribuidos en todo el país. Y yo agrego la comparación con los jueces de menores, que son los que más se acercan a lo que hoy podría ser un tribunal de menores. ¿Cuantos jueces de menores existen distribuidos a lo largo del país? Sólo cincuenta y uno. Es necesario destacar esta diferencia, porque es importante.

Además, el diseño de tribunales unipersonales de composición múltiple; es decir, varios jueces reunidos en un mismo tribunal para conocer de las causas que allí se sitúen.

El diputado Ceroni también destacaba la obligación de presencia personal del juez. En ese sentido, quiero agregar que no se trata de una mera formulación retórica o de una norma simplemente programática, sino que mucho más que eso, ya que en caso de no cumplirse contemplen una sanción, que es la nulidad.

De manera que aquí hay un factor que asegura que el aumento de jueces y la formulación de jueces múltiples en los tribunales permitirán el conocimiento personal de las causas. Además, hay que agregar la sanción a que queda sujeto el juez si no se da la presencia personal.

Por último, deseo destacar el tema de la mediación. Se trata de evitar la alta concentración de litigios. Hay claros indicios de que se puede lograr. El sistema de la mediación nos parece idóneo para el efecto. Según se define en el proyecto de ley, el sistema de mediación debe funcionar como puerta de entrada al sistema para resolver conflictos, lo que considero un buen comienzo.

Ahora, se conjugan cosas bastante significativas en la materia, como la obligatoriedad para llevar algunos aspectos a la mediación, la facultad para llevar otros, es decir, que las propias partes determinen si ello procede en ciertos conflictos, y la prohibición respecto de determinados conflictos que nunca podrán ser llevados a la mediación, pues son aspectos que necesariamente deben ser solucionados mediante una configuración litigiosa. Dentro de estos últimos, están las causas de divorcio, de nulidad de matrimonio, las relativas al estado civil e interdicción de las personas, el maltrato de menores e incapaces y la adopción. De manera que, si bien es cierto que se consagra el sistema de mediación, ésta se regula de manera eficiente para evitar que no cumpla su objetivo, cual es, prevenir que sólo haya acciones litigiosas.

Por último, es digno de ser destacado el procedimiento para la protección de los menores.

Quiero referirme en particular a la situación del distrito que represento en la Cámara. Me parece adecuado, la creación de tribunales de familia en la provincia de Maipo, que un tribunal con asiento en la comuna de Buin tenga jurisdicción sobre las comunas de Buin y Paine y que el mismo esté compuesto por tres jueces. Ello mejorará las condiciones de funcionamiento y garantizará mayor eficiencia. Lo mismo ocurre con el tribunal con asiento en la comuna de San Bernardo, con jurisdicción sobre las comunas de San Bernardo propiamente tal y Calera de Tango, el cual estará compuesto por seis jueces. A mi juicio, es una solución adecuada para el gran número de causas acumuladas allí y para la población que existe en esa parte de la Región Metropolitana.

Por lo señalado, anuncio mi voto favorable al proyecto que crea los tribunales de familia.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.

La señora VIDAL (doña Ximena).-

Señora Presidenta , como integrante de la Comisión de Familia me tocó participar activamente en el análisis del proyecto en discusión.

Podría decir que estamos frente a una iniciativa espectacular y revolucionaria, porque representa un gran avance en el sistema judicial chileno, debido principalmente a que brindará una adecuada y exclusiva atención a los casos relacionados con conflictos y derechos de la familia. Sin embargo, no es su principal característica, porque la creación de los tribunales de familia posibilitará a los habitantes de sectores de menores recursos acceder en forma más ágil a la justicia. No obstante, el beneficio es para toda la sociedad.

Todos sabemos lo que significa para una familia el deterioro de las relaciones conyugales; los más perjudicados son los hijos, más aún si consideramos que la resolución de una causa puede demorar mucho tiempo, lo que altera el bienestar y la mantención de la paz en el núcleo familiar. Mi anhelo es que esta judicatura especializada que se crea en materia de familia y de niños opere de manera tal que entregue debida protección a los integrantes del núcleo familiar, según lo dispone nuestra Carta Fundamental.

Más allá de las debilidades analizadas en esta sesión, quiero resaltar las fortalezas del proyecto, en particular, dos aspectos que considero fundamentales.

En primer lugar, los tribunales de familia estarán integrados por un órgano especializado denominado consejo técnico, que estará formado por asistentes sociales, psicólogos y orientadores familiares que darán asesoría especializada a los jueces en el análisis de los hechos y de las situaciones relacionadas con los asuntos que conozca y en cualquier otra materia de su especialidad. Ello representa la posibilidad real de que las familias tengan una atención preferencial.

En segundo lugar, quiero resaltar la competencia de los tribunales de familia, que deberán atender no sólo los casos de violencia intrafamiliar -tema que conmueve a la sociedad chilena y al cual se refirió la diputada María Antonieta Saa - sino que, además, dieciséis materias relacionadas entre sí, entre las cuales destacan el derecho de alimentos, juicios de nulidades y divorcio -iniciativa que se encuentra en trámite en el Senado y que esperamos sea aprobada-, de maltrato de menores de edad, parientes incapacitados, adopción, tuición, tutela y una serie de otras materias.

Respecto de la mediación, el proyecto establece que para todos los efectos legales, se entiende por mediación aquel sistema de resolución de conflictos no adversarial, en el que un tercero neutral, sin poder coercitivo, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución a su conflicto.

Durante la discusión del proyecto he aprendido mucho, porque los abogados que concurrieron a las comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia nos explicaron muy bien el contenido de cada artículo.

En síntesis, debemos estar conscientes de que la creación de los tribunales de familia implica uno de los cambios más grandes efectuados en materia procesal. Podemos decir, sin riesgo de exagerar que, junto con la reforma procesal penal, constituyen los pilares básicos sobre los cuales se asienta la modernización de la administración de la justicia en Chile.

Por lo tanto, junto con anunciar con mucha fuerza nuestro voto favorable, saludamos el trabajo coordinado de los representantes del Ejecutivo con las comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicias y de Familia en las que me correspondió participar.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señora Presidenta , en primer lugar, felicito al Ejecutivo por el envío de este proyecto hace ya varios años, en 1997, y, en particular, a las comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Familia por haberlo despachado.

Quiero destacar la trascendencia del proyecto, porque establece un procedimiento legal moderno, ágil y justo y crea los tribunales de familia en un país donde se habla mucho y -usando una expresión vulgar- se hacen gárgaras con la protección de la familia, pero que no se lleva a la práctica al momento de contratar a mujeres embarazadas o cuando se trata de evitar los casos de violencia intrafamiliar a que se refirió la diputada María Antonieta Saa . De manera que hacemos justicia al apoyar la creación de estos tribunales que apuntan a defender a la familia. Como digo, se trata de un tema sobre el cual se habla mucho, pero se hace poco.

Por otra parte, aquí se ha subrayado el hecho de que el proyecto establece algunos procedimientos distintos a la justicia adversarial o al litigio propiamente tal.

Asimismo, considero de la mayor importancia el establecimiento de una serie de normas relacionadas con un tema muy complejo desde el punto de vista psicológico y afectivo, como es la protección de los niños, las cuales constituyen un avance notable, ya que están destinadas a la protección de los niños cuando se genera un conflicto entre la pareja.

Respecto de la mediación, puedo asegurar que, desde ya, soy “hincha” de ese procedimiento. Como saben los colegas, existen tres tipos de mediación: la obligatoria, cuando se trata de regulación de alimentos, tuición y visitas; la prohibitiva, en los casos de divorcio, nulidad y estado civil, y la facultativa. Yo fui uno de los partidarios de que en los casos de violencia familiar sea facultativa. Entiendo la posición de la diputada María Antonieta Saa , y me parece terrible la carta que leyó y que se refería a una mujer que estaba presa por haber asesinado a su pareja. Pero eso no es violencia intrafamiliar; es un delito de homicidio.

Según informaciones de personas que han realizado talleres y planes pilotos en materia de mediación, se trata de algo muy exitoso; pero es una decisión que deben tomar las dos partes. De manera que existen garantías suficientes para que la mediación sea acordada por la pareja. Si se produce violencia intrafamiliar y la pareja desea contar con la asesoría de psicólogos y asistentes sociales y con la presencia de mediadores para solucionar sus problemas, no veo por qué el Poder Legislativo debe prohibir que utilicen ese mecanismo. Por cierto, en los casos extremos deben operar los juzgados del crimen.

Felicito al Gobierno por la decisión tomada respecto de la gradualidad, porque el proyecto original contemplaba el funcionamiento gradual de los tribunales de familia en las regiones, tal como ocurre con la reforma procesal penal. Considero una muy buena señal que empiecen a funcionar en todo el territorio nacional en una fecha única: el 1 de julio de 2005.

Quiero destacar la participación que tendrán los 212 asistentes sociales y 103 psicólogos en dichos juzgados; creo que es un avance notable, porque se otorgará a los expertos, a quienes pueden contribuir a que los jueces tomen decisiones correctas, un espacio en el ámbito jurisdiccional. Los jueces, a quienes muchas veces criticamos diciéndoles que viven en una cúpula de vidrio, contarán con la opinión de otros profesionales.

Por otra parte, me sumo a lo dicho por el diputado Ceroni , en cuanto a la suspensión condicional de la sentencia en materia de violencia intrafamiliar. Hay una serie de resguardos establecidos en los artículos 71, 72 y 73; incluso se contempla la revocación, cuando la persona demandada incurre en nuevos actos de violencia intrafamiliar. Creo que ese caso está suficientemente resguardo y es una buena decisión legislar sobre la materia.

En relación con lo manifestado por la diputada Marcela Cubillos, estoy de acuerdo en que el registro pueda ser eliminado, porque no se compadece con los requisitos que se exigen a los centros de mediación. Pero estoy en desacuerdo con que no se celebren convenios por parte de las entidades administrativas.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

¿Me permite, señor diputado ? Le ruego redondear la idea porque ha terminado el tiempo del Orden del Día.

La señora LUKSIC.-

Termino, señora Presidenta .

Como decía, una vez hecha la licitación, por una cuestión de urgencia y necesidad de buen servicio -principio del derecho administrativo-, es necesario hacer convenios.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Señores diputados, hemos llegado al término del tiempo acordado para la discusión del proyecto. Los diputados inscritos que no alcanzaron a intervenir pueden solicitar la inserción de sus discursos. Me refiero a los diputados señores Eugenio Tuma, Exequiel Silva, José Miguel Ortiz y a la diputada señora Carolina Tohá.

En votación general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galiela (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 52, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 149, 150, 151 y 152, permanentes, y primero, segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, requieren para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).- Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta, Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Vilches, Villouta y Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobarán todos los artículos del proyecto, con excepción de aquellos para los cuales se ha pedido votación separada, es decir, de los artículos 71 al 74, 101, 106, 147 y 152, permanentes y quinto, sexto, séptimo, octavo y décimo, transitorios, que tienen indicaciones, dejando constancia de haberse alcanzado el quórum constitucional requerido.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señora Presidenta , le pido que se agregue mi voto, puesto que no alcancé a votar en la votación anterior.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Así se procederá, señor diputado .

En votación los artículos 71, 72, 73 y 74.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 24 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Carabal (doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Leay, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Meza, Molina, Monckeberg, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Salaberry, Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Uriarte, Urrutia, Varela, Venegas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los diputados señores:

Allende (doña Isabel), Araya, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Leal, Letelier (don Felipe), Mella (doña María Eugenia), Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Paredes, Quintana, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela y Vidal (doña Ximena).

-Se abstuvo el diputados señor Ceroni.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 101.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 45 votos. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

}Rechazado.

-Votaron por la afirmtiva los siguientes señores diputados:

Aguiló, Allende (doña Isabel), Ascencio, Bustos, Carabal ( doña Eliana), Ceroni, Escalona, Espinoza, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Leal, Letelier (don Felipe), Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Muñoz ( doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tuma, Venegas, Vidal ( doña Ximena) y Villouta.

-Votaron por la negativa los diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Araya, Barros, Bayo, Becker, Brtolino, Burgos, Cardemil, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Galilea (don Pablo), Galilea (don Jo´se Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Leay, Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez ( don Remón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.

-Se abstuvo el diputado señor Walker.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación el artículo 106.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 45 votos. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmtiva los siguientes señores diputados:

Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Escalona, Espinoza, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Jaramillo, Leal, Luksic, Meza, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Sánchez, Seguel, Silva, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Valenzuela, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta y Walker.

-Votaron por la negativa los diputados señores:

Álvarez-Salamanca, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Cardemil, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), Guzmán (doña Pía), Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), Masferrer, Melero, Molina, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Salaberry, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Mühlenbrock.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

El artículo 147 requiere para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional.

El señor Secretario dará lectura a una indicación.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

La indicación es para reemplazar, en el inciso primero del artículo 147, la expresión “desde el momento en que entren en aplicación en la región respectiva los procedimientos que esta ley establece”, por “de la entrada en vigencia de esta ley”.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votó por la negativa el diputado señor Seguel.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Si le parece a la Sala, con la misma votación se aprobará el artículo.

Aprobado.

El señor Secretario dará lectura a una indicación al artículo 152.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Es para reemplazar el artículo 152, por el siguiente: “Entrada en vigencia de la ley. La presente ley empezará a regir el día 1º de julio de 2005”.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leal, Leay, Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Silva, Soto (doña Laura), Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votó por la negativa el diputado señor Seguel.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la indicación al artículo quinto transitorio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Aguiló, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball ( doña Eliana), Cardemil, Cornejo, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Escalona, Espinoza, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Molina, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Silva, Soto (doña Laura), Tuma, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Votaron por la negativa los diputados señores Ceroni, Girardi, Pérez (don Aníbal), Quintana, Sánchez, Tarud y Tohá (doña Carolina).