Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.084

Establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

1.1. Mensaje

Fecha 02 de agosto, 2002. Mensaje en Sesión 24. Legislatura 347.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL.

____________________________

SANTIAGO, agosto 2 de 2002

MENSAJE N° 68-347/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

A. JUSTIFICACIÓN.

El Gobierno se ha propuesto, como un importante desafío, la completa reformulación de las leyes y políticas relativas a la infancia y la adolescencia de modo de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país y, en especial, a los principios y directrices contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales vigentes en Chile.

Es por ello que junto al Proyecto de Ley sobre Tribunales de Familia, que se encuentra en el primer trámite legislativo en la H. Cámara de Diputados, se somete a su consideración este Proyecto de Ley relativo a la determinación de las consecuencias jurídicas de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes. Igualmente, en el transcurso de la presente legislatura esperamos someter a consideración del Congreso Nacional una Ley que regule el régimen de Protección de Derechos del Niño y del Adolescente, que sustituirá a la actual Ley de Menores N 16.618.

Estas iniciativas legales forman parte de un conjunto integrado de reformas, que abarcarán también a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores y al sistema de financiamiento de la red de atención cooperadora de este organismo, cuyo objeto es concretar una completa modernización de la legislación y políticas que se orientan hacia garantizar y promover el desarrollo integral de la infancia.

El presente Proyecto de Ley tiene el propósito de reformar radicalmente la respuesta del Estado ante los actos que revisten carácter de crimen o simple delito cuando ellos son cometidos por personas menores de dieciocho años, introduciendo, por primera vez en Chile, un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años.

Desde un punto de vista jurídico, esta reforma se fundamenta en que la actual legislación de menores, en no pocas materias, entra en contradicción con disposiciones de la Constitución y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y, en algunos casos, directamente vulneran estos cuerpos jurídicos.

La informalidad del sistema tutelar de menores, que se estableció en nuestra legislación con la intención de beneficiar a los niños y adolescentes, ha permitido el surgimiento de un sistema punitivo/tutelar, que no se somete a los controles constitucionales propios del sistema penal formal, y que es fuente permanente de vulneración de derechos constitucionales, tanto en el ámbito procesal, como en el de las garantías sustanciales.

Procesos sin forma de juicio; aplicación de medidas sin participación de abogados defensores y dictadas por tiempo indeterminado; sanciones privativas de libertad que vulneran el principio de legalidad a través de la utilización de fórmulas abiertas como la irregularidad, los desajustes conductuales o el peligro material o moral, son algunos ejemplos que demuestran que las leyes de menores adolecen de serias deficiencias para garantizar los derechos de los niños y adolescentes.

Se da la inconsecuencia que el sistema especial de menores, nacido para proteger los derechos de los niños, ha terminado por desmedrar su posición jurídica, situación que se ha hecho aún más evidente a partir del perfeccionamiento de la justicia penal de adultos con la entrada en vigencia del nuevo sistema de enjuiciamiento penal.

Asimismo, la actual legislación equipara el tratamiento jurídico de las infracciones a la ley penal con situaciones de amenaza o vulneración de derechos de los niños. Al no existir un sistema especializado destinado al juzgamiento y atribución de consecuencias de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, se genera una confusión entre la protección de los niños y las medidas sancionatorias.

Los resultados de este modelo son precarios tanto en el ámbito de la protección de los derechos de los imputados, como en el de la política criminal, por lo que existe un amplio consenso de la necesidad de reformularlo completamente. En efecto, diversos análisis nacionales e internacionales sostienen que estos sistemas son ineficaces para controlar la expansión de la delincuencia y a su vez favorecen la criminalización y estigmatización de los niños que sin haber sido imputados de delito alguno, son aprehendidos por la policía e incluso ingresados a recintos privativos de libertad para su supuesta protección.

Las más recientes tendencias y recomendaciones de organizaciones internacionales señalan que para prevenir el aumento de la delincuencia de los adolescentes es conveniente combinar un sistema que responsabilice a los adolescentes por los actos delictivos a través de sanciones adecuadas y proporcionales a los hechos y un amplio marco de políticas sociales que impida toda confusión entre protección de derechos y sanción de actos delictivos.

Por su parte, desde un punto de vista social, es evidente que la preocupación pública por la seguridad ciudadana y el perfeccionamiento de la Justicia penal en todos los ámbitos ha crecido. La actual justicia de menores es objeto de críticas no solo porque no se somete a los límites y controles que la Constitución establece para la jurisdicción criminal general, sino también, porque no satisface las exigencias de protección de los derechos de las víctimas de la delincuencia.

El Estado debe asumir una activa acción contra el delito y conducirla de modo que la política criminal se convierta en garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Hay que desarrollar un completo sistema judicial y administrativo que asuma, en el ámbito de la delincuencia de los adolescentes, las tareas de la prevención del delito, la preservación de la paz social y la seguridad de los ciudadanos.

Esta reforma fomentará el sentido de responsabilidad de los adolescentes y permitirá resolver graves conflictos interpersonales, derivados de las infracciones a la ley penal, a través de un sistema de justicia que garantice los derechos de los imputados y de las víctimas.

Asimismo, las consecuencias jurídicas que se derivan de la responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, unen a su carácter explícitamente sancionatorio, las funciones responsabilizadora y preventiva en un marco de respeto y resguardo de su desarrollo e integración social.

La regulación legal vigente sobre esta materia es el resultado de una compleja evolución histórica en que se han entremezclado disposiciones que provienen de diferentes tradiciones jurídicas. Así, el sistema de discernimiento y de atenuación de la pena es un resabio de los códigos penales decimonónicos, mientras que el establecimiento de una Justicia de Menores y de medidas de protección, proviene de las tendencias tutelares que fueron dominantes desde comienzos del Siglo XX y que no consideraban al niño como un sujeto de derecho.

El actual sistema chileno es atípico en el derecho comparado, híbrido en relación a su orientación teórica y, como se expresó, ineficaz desde el punto de vista de los objetivos de prevención que persigue el sistema de justicia penal.

El Proyecto de Ley que sometemos a vuestra consideración, por el contrario, busca adecuarse a los avances del derecho comparado, ser consistente teóricamente, considerar al adolescente como un sujeto de derecho que debe ser protegido en su desarrollo e inserción social y lograr objetivos de prevención de delito.

Las disposiciones propuestas recogen las más recientes innovaciones legislativas, como las contenidas en la nueva ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor de España, que entró en vigencia el 13 de Enero del año 2001 y la experiencia positiva y negativa de la aplicación de leyes similares en el contexto de América Latina, especialmente la Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica de 1996 y el Estatuto del Niño y Adolescente de 1990 en Brasil.

Consideran, también, las normas de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, las Reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, para la Protección de los Menores Privados de Libertad y las directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; asimismo ha considerado las conclusiones de estudios de organismos internacionales especializados en el tema de la Justicia y los derechos de la infancia como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto Interamericano del Niño (organismo especializado de la Organización de Estados Americanos) y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

En el ámbito nacional, para elaborar esta propuesta, el Ministerio de Justicia realizó amplios estudios sobre la legislación, jurisprudencia y doctrina nacional, y desarrolló, desde 1994, diversas jornadas de reflexión y análisis sobre el tema en que participaron especialistas nacionales e internacionales, tanto del ámbito jurídico como de disciplinas sociales y psicológicas. Igualmente, se impulsaron investigaciones empíricas sobre el fenómeno de la criminalidad adolescente y se analizó el funcionamiento del sistema de justicia y de las medidas de protección que establece la Ley.

Una de las primeras conclusiones de estos estudios y consultas, fue la necesidad de poner término al sistema de imputabilidad basado en la declaración judicial sobre el discernimiento y su sustitución por un límite legal de edad en la que comienza la responsabilidad penal de adultos.

El denominado trámite del discernimiento, como sistema para determinar la existencia o inexistencia de responsabilidad penal de las personas, es un criterio abandonado por la mayor parte de los ordenamientos jurídicos del mundo, en razón de que es un concepto impreciso y de muy difícil determinación, provocando decisiones jurisdiccionales excesivamente discrecionales. Es de notar que la legislación chilena carece de una definición de discernimiento y de una indicación acerca de cuáles son los elementos que el Juez de Menores debe considerar para fundar su pronunciamiento.

Esto ha dado lugar a que la doctrina y la jurisprudencia se encuentren divididas en cuanto al significado del discernimiento. Para unos, el discernimiento mantiene su contenido clásico destinado a precisar la concurrencia de una facultad humana tendiente facultad de distinguir lo justo de lo injusto y de actuar conforme a dicha distinción, es decir, remite a la idea de capacidad de culpabilidad. Otros, en cambio, sostienen que desde la dictación de la Ley N 4.447 de Protección de Menores de 1928, el discernimiento ha cambiado de significado y debiera ser entendido en cuanto capacidad de la persona de rehabilitarse o beneficiarse del sistema de protección de menores, característica que habitualmente se desprende de un juicio acerca de la peligrosidad del imputado.

Considerando que el actual régimen relativo a la edad penal consagra los dieciocho años como regla general, lo dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y en las normas internas sobre mayoría de edad civil, el Proyecto estableció en dieciocho años la edad de la exención de la responsabilidad penal de adultos, modificando en tal sentido el artículo 10 N 2 del Código Penal. Esta decisión es concordante con las tendencias observadas en el derecho comparado, tanto de América Latina como de Europa.

B. CONTENIDO Y PRINCIPIOS GENERALES DEL PROYECTO.

Como señala en su artículo primero, el proyecto regula la responsabilidad de los adolescentes por la comisión de infracciones a la ley penal, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad y la determinación y modalidades de sus consecuencias.

El Proyecto define a los adolescentes como las personas mayores de catorce y menores de dieciocho años. Es decir, sus procedimientos y sanciones sólo se aplicarán en este rango de edad. Ello está de acuerdo a lo dispuesto por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en su artículo 40.3 letra a), que exige el "establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales".

Se ha decidido fijar ese límite en los catorce años siguiendo las tendencias del derecho comparado y la posición de la doctrina que recomienda no fijar este límite a una edad muy temprana. Bajo los catorce años el Estado renuncia a toda forma de intervención coactiva en el supuesto de comisión de delito.

La propuesta se basa en el principio de responsabilidad según el cual el adolescente es un sujeto que, si bien es irresponsable como adulto, se le puede exigir una responsabilidad especial adecuada a su carácter de sujeto en desarrollo. De este modo, las sanciones que contempla esta Ley son la consecuencia de la declaración de responsabilidad por la realización de una infracción a la ley penal de las contempladas en esta Ley.

El Proyecto de Ley se estructura sobre la base de reconocer una estricta relación entre la verificación de la participación del adolescente en el hecho punible, la declaración de su responsabilidad y la atribución de la sanción que para el caso concreto autorice la Ley.

Con ello se reafirma la vigencia para los adolescentes del principio de legalidad que estructura nuestro ordenamiento constitucional y penal y se establece un sistema que sanciona la comisión de conductas punibles estrictamente definidas en la Ley y no conductas indeterminadas o situaciones de vida.

Se establece efectivamente un sistema de responsabilidad jurídica de carácter sancionatorio aunque limitado específicamente a la comisión de hechos tipificados penalmente como crímenes o simples delitos en el Código penal y las demás leyes penales a los que denomina infracciones a la ley penal. En este sentido, se asume el principio de tipicidad y se establece un criterio de intervención penal especial reducida o moderada, tanto en relación a los delitos, como a las sanciones.

Respecto a los tipos penales, se excluye a la mayoría de las faltas de la responsabilidad y sanciones contenidas en esta ley y se establece una categoría taxativa de infracciones de carácter grave que serán las únicas a las cuales se podrá aplicar, como último recurso, una sanción privativa de libertad.

La exclusión antes señalada y la creación de la categoría de infracciones de carácter grave, obedecen a que el proyecto busca equilibrar legalmente el principio de intervención mínima ante los adolescentes y el de protección de bienes jurídicos a través del criterio de gravedad de las conductas delictivas. Así, las sanciones que importan una mayor restricción de derechos deberían ser decretadas por el Tribunal frente a gravísimos atentados o amenazas a la vida o integridad física de las personas.

Para la determinación de la responsabilidad de los adolescentes, también deberán considerarse la concurrencia de alguna de las causas que eximen, extinguen o priven de sus efectos la responsabilidad penal según las normas generales.

Siguiendo la más moderna doctrina, el Proyecto recepciona todas las garantías penales y procesales propias de los adultos, agregando garantías específicas para los adolescentes. En particular, se establece un criterio flexible, a favor del adolescente, en la adjudicación de las sanciones; la posibilidad de dejar sin efecto o sustituir anticipadamente las sanciones por otras menos severas; facultades de control jurisdiccional de la ejecución que garanticen los derechos del condenado y el cumplimiento efectivo de las sanciones.

Se garantiza la existencia de un sistema de justicia especializado en todas las fases del procedimiento, y durante el control de ejecución de la sanción, que aseguren la capacidad e idoneidad de los operadores del sistema para hacerse cargo de las finalidades de esta Ley.

En el ámbito procesal se recogen los principios fundamentales del nuevo Código Procesal Penal, estructurándose un procedimiento acusatorio oral, que reconoce el principio de presunción de inocencia, el derecho a la defensa, abre espacios para acuerdos reparatorios entre la víctima y el delincuente y otorga facultades para aplicar ampliamente el principio de oportunidad en la persecución.

Se establece como garantía la consideración del interés superior del niño en todas las actuaciones judiciales y un recurso de habeas corpus que permitirá controlar judicialmente la legalidad de la privación de libertad y verificar las condiciones físicas en que se encontrare el adolescente.

Por primera vez en el ámbito de procesos seguidos contra personas menores de edad, se reconocen derechos procesales a las víctimas y se consideran sus intereses, aunque limitados por el principio del interés superior del adolescente especialmente en lo relativo a la persecución, reserva del procedimiento y a la aplicación de sanciones.

Las respuestas penales contenidas en esta Ley tienen por finalidad, precisamente, "sancionar los hechos que constituyen la infracción y fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando siempre su desarrollo e integración social". En consecuencia, se considera que tienen una función responsabilizadora, preventiva y orientadora.

Se contempla una amplia gama de sanciones, las que se clasifican en privativas y no privativas de libertad. La privación de libertad, como se dijo, es una medida de último recurso y sólo se podrá aplicar a las infracciones graves taxativamente establecidas en la Ley.

El Proyecto ha optado por establecer un sistema equilibrado para el establecimiento de la sanción aplicable en cada caso. Por una parte, señala límites legales estrictos respecto de la procedencia de la aplicación de sanciones privativas de libertad en razón de la gravedad del delito y determina legalmente la duración y cuantía máxima de las sanciones.

Paralelamente, deja al Juez un razonable grado de libertad para imponer la sanción más adecuada para el caso concreto, no encontrándose obligado a aplicar la privación de libertad y pudiendo fijar su duración o cuantía dentro de los límites legales. El Juez siempre deberá determinar la sanción, su duración o cuantía, eliminándose así toda posibilidad de sanciones indeterminadas.

La Ley, además de estos límites, establece como criterios que el Juez considerará para determinar la sanción a imponer su duración y cuantía, el número de infracciones, la gravedad de ellas y la edad del imputado, así como la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

Dados los fines preventivos de este proyecto, la edad del imputado es muy importante al momento de determinar la sanción y su duración o cuantía. Si bien el Proyecto no establece una regla específica que obligue al Juez, es conveniente que éste considere, para los adolescentes del rango de edad menor, la aplicación de sanciones no privativas de libertad de modo de evitar los efectos nocivos que pudiera provocar en su desarrollo personal y social la privación de su libertad y de su contacto con la familia y la comunidad. En estos casos, de imponerse sanciones privativas de libertad, es recomendable la imposición de los regímenes menos restrictivos que contempla la ley, y por períodos no muy prolongados.

En cuanto a la duración o cuantía de las medidas, ellas deberán adecuarse a los fines de este Proyecto de Ley, debiendo el Tribunal reservar los rangos superiores de duración y cuantía para aquellas infracciones graves que han causado mayores daños o para los casos en que se imponen sanciones por la responsabilidad en más de una infracción grave. Este criterio es particularmente aplicable para el límite de cinco años de internación.

La incorporación de un amplio marco de sanciones no privativas de libertad permitirá que el Tribunal disponga de medios efectivos para la responsabilización, control y orientación del adolescente infractor. Para favorecer su cumplimiento efectivo se establecen normas especiales de quebrantamiento que permiten sustituir excepcionalmente una sanción por otra de mayor gravedad.

De esta forma, cada uno de los aspectos que involucra el tratamiento de un conflicto penal, aplicable en este caso a las infracciones de dicho carácter cometidas por personas que se encuentran en la etapa de adolescencia, cuenta con un marco claro de responsabilidad y con un conjunto de sanciones que serán impuestas como consecuencia de la misma, se agregan a ello, todas y cada una de las instituciones procesales que son necesarias para garantizar la corrección y necesidad de su imposición, como asimismo -y por primera vez en Chile- la vigencia de un sistema de control judicial de la ejecución de las medidas que se hayan impuesto.

Por todo ello, consideramos que la propuesta contenida en el presente proyecto de ley, constituye una herramienta eficaz para el trabajo preventivo y represivo de la llamada "delincuencia juvenil", resguardando en cada una de sus etapas el correcto respeto por los derechos esenciales de cada individuo, establecidos en la Constitución, y que naturalmente, le son aplicables en plenitud a los menores de edad.

De este sistema, esperamos recibir un tratamiento más justo, pero no por ello menos severo que, en base a un concepto de responsabilidad, permita una mejor solución de los conflictos penales cometidos por adolescentes. Ello constituirá un gran aporte a la gestación de mejores relaciones sociales, del todo más armónicas entre todos y cada uno de los miembros de la comunidad, al posibilitar con respeto y dentro del marco de un estado de derecho, la adecuada sanción de cada uno de los ilícitos que afecten a nuestra tranquilidad.

Por ello, someto a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Título Preliminar

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones de los adolescentes a la ley penal, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, y la determinación y modalidades de ejecución de sus consecuencias.

Las personas a quienes se aplica esta ley gozarán de todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 2.- Finalidad de la responsabilidad penal. La atribución de consecuencias jurídicas a la responsabilidad de los adolescentes por las infracciones contempladas en esta ley, tiene por objeto sancionar los hechos que constituyen la infracción y fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando siempre su desarrollo e integración social.

Artículo 3.- Edad del imputado. Para los efectos de esta ley se entenderá por adolescente toda persona que al momento de la comisión de la infracción a la ley penal que se le imputa sea mayor de catorce años cumplidos y menor de dieciocho años.

La edad del imputado podrá ser determinada por cualquier medio.

En caso de duda acerca de si el imputado es un adolescente o un adulto, el juez presumirá que se trata de un adolescente. Si la duda es si el imputado es un adolescente o un menor de catorce años, el juez presumirá que se trata de un menor de catorce años.

Artículo 4.- Límites de edad a la responsabilidad. Las personas menores de catorce años en caso alguno podrán ser objeto de los procedimientos judiciales y sanciones que regula esta ley.

La responsabilidad penal de los adolescentes sólo podrá ser determinada de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley y se les podrán aplicar únicamente las sanciones que esta misma ley contempla. En virtud de la declaración de dicha responsabilidad, sólo se podrán aplicar las sanciones contempladas en el artículo 18 de la presente ley.

Artículo 5.- Infracción a la ley penal. Para los efectos de esta ley se considera infracción a la ley penal la intervención de un adolescente como autor, cómplice o encubridor en un hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Asimismo, se consideran infracciones a la ley penal los hechos cometidos por adolescentes tipificados en los artículos 494, N 4, 5, y 19, sólo en lo que dice relación al artículo 446; 495 N 21 y 496 N 5 y 26 del Código Penal.

Artículo 6.- Infracciones graves. Para los efectos de esta ley, constituyen infracciones a la ley penal de carácter grave por parte de un adolescente, los siguientes delitos, sea que se encuentren consumados o frustrados:

a) El homicidio;

b) La violación,

c) El secuestro y la sustracción de menores;

d) Las mutilaciones y las lesiones graves tipificadas en el artículo 397 número 1 del Código Penal; y

e) El robo con violencia en las personas

Constituyen, asimismo, infracciones graves los siguientes delitos consumados:

a) Robo con intimidación en las personas, en que se amenace a la víctima con causarle la muerte, violación o un grave daño a su integridad física; y

b) Robo con fuerza en las cosas en lugares habitados regulado en el artículo 440 del Código Penal.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley tomando como base las conductas mencionadas en los incisos precedentes.

Artículo 7.- Presupuestos de la responsabilidad. Para que exista responsabilidad del adolescente conforme a la presente ley se requiere:

1 Que éste haya realizado una conducta constitutiva de infracción a la ley penal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente ley;

2 Que no concurra a su respecto alguna de las causas que, conforme a la ley, eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años, extinguen dicha responsabilidad, o la privan de sus efectos.

Artículo 8.- Principio de legalidad. Sólo basándose en una sentencia definitiva ejecutoriada que establezca la participación de un adolescente en un hecho constitutivo de infracción a la ley penal, se podrá imponer a éste las sanciones que contempla esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del Título III.

Artículo 9.- Concursos. El adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal será juzgado por los tribunales, en conformidad a los procedimientos especiales establecidos en esta Ley.

Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de 18 años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad. No obstante ello, la aplicación de medidas cautelares cuyo fundamento radica en una infracción regulada por la presente ley, se regirá por el párrafo 3 del Título III.

En caso de condenarse a una persona por hechos cometidos como adolescente y como adulto, se estará a las siguientes reglas:

a) La sanción o pena correspondiente a cada uno de estos hechos será determinada conforme a las reglas de la ley que le sea aplicable, imponiéndose sólo aquella que sea de carácter privativo de libertad.

b) En todo caso, si se impusiere más de una pena privativa de libertad, preferirá aquella que sea impuesta en razón del delito ejecutado como adulto, pudiendo ser aumentada hasta por un máximo de 2 años atendida la naturaleza y circunstancias de la infracción cometida como adolescente.

c) Si no se impusieren penas privativas de libertad, preferirá la pena que se funda en el delito cometido como adulto.

Para la aplicación de las reglas precedentes, en aquellos casos en que se hubiere concedido la remisión condicional de la pena establecida en la ley 18.216, se considerará que dicha pena no es privativa de libertad.

Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del presente artículo se aplicará en caso que se cometa una nueva infracción penal durante el período de cumplimiento de una condena impuesta en base a la presente ley.

Artículo 10.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal por parte de un adolescente se extingue de la misma forma y por las mismas causas que aquella que deriva de la comisión de un delito por parte de una persona mayor de dieciocho años.

Tanto el cumplimiento de la sanción impuesta, como su revocación ordenada por el Tribunal en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 3 del Título Cuarto de la presente ley, extinguen la responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal que se hubiere cometido.

La acción para perseguir dicha responsabilidad y las sanciones impuestas en conformidad a ella se extinguen por la prescripción, la que será de un año en ambos casos, con excepción de las conductas a que se refiere el artículo sexto, respecto de las cuales el término de la prescripción será de tres años. Para el cómputo respectivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 95 y 98 del Código Penal.

Título Primero

Derechos y Garantías

Artículo 11.- Igualdad. Los derechos y garantías reconocidos en esta ley se aplicarán a todos los adolescentes, sin discriminación alguna por razones de sexo, origen étnico, condición social, económica, religión o cualquier otro motivo semejante, ni en atención a las circunstancias de sus padres, familiares, tutores o personas que lo tengan a su cuidado.

Artículo 12.- Interés superior del niño. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores a ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales.

Ninguna autoridad podrá atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias o del beneficio de una persona menor de catorce años o adolescente, la facultad de adoptar las sanciones previstas en esta ley, fuera de los casos que ella contempla.

Artículo 13.- Integridad corporal. Ningún adolescente puede ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a cualquier otra forma de atentado contra su dignidad y desarrollo integral.

Artículo 14.- Privación de libertad. Para los efectos de esta ley, se entiende por privación de libertad toda forma de aprehensión, arresto o detención, así como el internamiento en cárceles o recintos públicos o privados, ordenado o practicado por la autoridad judicial u otra autoridad pública, del que no se permita salir al adolescente por su propia voluntad.

Artículo 15.- Excepcionalidad de la privación de libertad. Las sanciones privativas de libertad que contempla esta ley son de carácter excepcional, sólo podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en esta ley y siempre como último recurso.

Artículo 16.- Principio de separación. Las personas que se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los procesados, acusados o condenados que fueren adultos.

Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, deberán adoptar todas las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 17.- Habeas corpus. Toda persona menor de dieciocho años que se encontrare privada de libertad, tendrá los derechos que consagra el artículo 95 del Código Procesal Penal.

TÍTULO SEGUNDO

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

Párrafo 1

De las sanciones en general.

Artículo 18.- Sanciones. En virtud de la declaración de responsabilidad fundada en la comisión de una infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se le podrá imponer una de las siguientes sanciones:

a) Amonestación

b) Multa

c) Prohibición de conducir vehículos motorizados

d) Reparación del daño causado

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad

f) Libertad asistida

g) Alguna de las sanciones privativas de libertad reguladas en el párrafo tercero de este título.

Artículo 19.- Restricciones a las sanciones. Tratándose de las infracciones previstas en el inciso segundo del artículo 5, no podrá en caso alguno imponerse alguna de las sanciones establecidas en las letras g) del artículo precedente. Asimismo, la libertad asistida establecida en la letra f) de dicha disposición, sólo podrá imponerse en caso de reiteración.

Artículo 20.- Determinación de la pena. Para determinar las sanciones, así como para fijar su extensión temporal o cuantía, el juez deberá considerar:

1. El número de infracciones cometidas;

2. La edad del adolescente infractor; y

3. La proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de la o las infracciones cometidas y la severidad de la sanción.

Para evaluar la gravedad de la infracción, el tribunal deberá determinar, en primer lugar, si ésta corresponde a una infracción de las que señala el art. 6 de esta ley. Además, el tribunal deberá considerar:

a) La naturaleza y extensión de las penas asignadas por la legislación penal al hecho constitutivo de la infracción;

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

c) La concurrencia de circunstancias que, conforme a la legislación penal, den lugar a la formación de delitos calificados, agravados o especiales, en relación a la infracción a la ley penal que se le imputa; y

d) La concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal, con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley.

Para determinar la sanción aplicable a un adolescente por la comisión de más de una infracción, el juez deberá considerar en su conjunto la naturaleza y características de la totalidad de las infracciones cometidas, de acuerdo a lo previsto en los números 1, 2 y 3 del presente artículo.

En caso alguno podrá imponerse una sanción separada para cada infracción, debiendo darse aplicación a lo previsto en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Párrafo 2

De las sanciones no privativas de libertad

Artículo 21.- Amonestación. La amonestación consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente; instándole a cambiar de comportamiento, y formulándole recomendaciones para el futuro.

Artículo 22.- Multa. El juez podrá imponer, como sanción exclusiva, una multa a beneficio fiscal que no exceda de 10 Unidades Tributarias Mensuales. Para su aplicación y la determinación de su monto, se tomará en consideración fundamentalmente la gravedad del hecho y a las facultades económicas del infractor.

Artículo 23.- Prohibición de conducir vehículos motorizados. La prohibición de conducir vehículos motorizados se podrá imponer a un adolescente cuando la infracción respecto de la cual se le sanciona, la haya cometido conduciendo dichos vehículos. La duración de esta medida no podrá exceder de los dos años y su cómputo se iniciará una vez que el adolescente haya cumplido los 18 años.

En caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 76 de la presente ley, no siendo aplicable la sanción prevista para dicha conducta por la ley penal aplicable a los mayores de edad, a menos que con ello se hubiere afectado la vida, integridad corporal o la salud de alguna persona.

Artículo 24.- Reparación del daño. La reparación del daño consiste en restituir la cosa objeto de la infracción o resarcir el perjuicio causado mediante una prestación en dinero o un servicio no remunerado a favor de la víctima. El juez regulará prudencialmente el monto de la prestación en dinero o la naturaleza de los servicios, basándose en los antecedentes probatorios que se presenten en el juicio.

El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente.

Artículo 25.- Servicios en beneficio de la comunidad. La sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción podrá tener una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.

Artículo 26.- Objeción de trabajo. Tratándose de la sanción prevista en el artículo precedente o en aquellos casos en que la sanción de reparación del daño conlleve la prestación de servicios personales por parte del adolescente infractor, éste podrá objetar su aplicación al momento en que le sea impuesta, debiendo el tribunal, en tal caso, sustituirla por otra equivalente.

Artículo 27.- Libertad asistida. La libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado, unida a la orientación para que aquél acceda a programas y servicios comunitarios que favorezcan su integración social.

El control se ejercerá mediante la asistencia obligatoria del adolescente a los encuentros fijados con el delegado. El juez fijará en su sentencia una frecuencia y duración máxima a estos encuentros obligatorios, así como a la tarea de supervisión del delegado. En caso de incumplimiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 76.

Los programas y servicios comunitarios a los que se refiere este artículo serán aquéllos de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación, que se ofrezcan por instituciones públicas o privadas. La función del delegado a este respecto se limitará a la orientación y motivación del adolescente, así como a las gestiones para procurarle el acceso efectivo a los mismos. En especial, deberá cuidar la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda.

En todo caso, la institución encargada de la ejecución de esta sanción, podrá designar como delegado a los padres, guardadores o educadores del adolescente, quienes deberán, para estos efectos, asumir, en la audiencia de lectura de sentencia, el compromiso de llevarla a cabo bajo las mismas condiciones y requisitos generales, debiendo ser supervisados por aquella.

La duración de esta sanción no podrá exceder de los tres años.

Párrafo 3

De las sanciones privativas de libertad

Artículo 28.- Sanciones privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad consisten en el arresto domiciliario, en el internamiento en régimen semicerrado y en el internamiento en régimen cerrado.

Las medidas privativas de libertad sólo pueden aplicarse al adolescente que ha sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones graves a las cuales se refiere el artículo 6 o en los casos contemplados en el artículo 76 de esta ley.

Artículo 29.- Arresto domiciliario de fin de semana con libertad asistida. El arresto domiciliario consiste en el encierro del infractor durante el fin de semana en su propio domicilio, acompañado de una sanción de libertad asistida.

El arresto domiciliario se considerará para todos los efectos como una sanción privativa de libertad y tendrá una duración máxima de 20 fines de semanas.

Artículo 30.- Internamiento en régimen semicerrado. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internamiento en régimen semicerrado, consiste en la permanencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, determinado por el juez, que se regirá por lo dispuesto en el inciso siguiente.

El Director de la Institución designada para tal efecto propondrá al tribunal un programa personalizado, con indicación del tiempo que el adolescente deberá permanecer obligatoriamente en el centro de privación de libertad semicerrado respectivo, y de las actividades que cumplirá en los programas o servicios ubicados fuera del recinto.

Artículo 31.- Internamiento en régimen cerrado. El internamiento en régimen cerrado importará la privación de libertad del adolescente condenado por el tiempo que determine el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 32.- Duración de las sanciones privativas de libertad. Las sanciones de privación de libertad establecidas en los artículos 30 y 31, tendrán una duración máxima de cinco años.

Artículo 33.- Sanción mixta. El Tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida por un máximo de dos años, la que será ejecutada con posterioridad al cumplimiento efectivo del internamiento en régimen cerrado, siempre que en su conjunto no excedan de 5 años.

TÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTO

Párrafo 1

Disposiciones generales

Artículo 34.- Reglas de procedimiento. La investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

En todo caso, el conocimiento y fallo de las infracciones contempladas en el inciso segundo del artículo 5, se sujetarán al procedimiento establecido en los artículos 392 o 393 bis. del Código Procesal Penal, según sea el caso.

Artículo 35.- Garantías procesales. En todas las etapas del procedimiento se respetarán las garantías propias del debido proceso, establecidas en la Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y en la ley procesal penal.

Artículo 36.- Reserva del proceso. El procedimiento regulado en este título será reservado respecto de terceros.

La obligación de reserva se extiende a todos los funcionarios públicos que intervengan en dicho procedimiento en razón a sus funciones, y a los defensores penales, en su caso, quienes no podrán informar a los medios de comunicación social ni a terceros acerca del contenido de la investigación ni sobre la identidad de los adolescentes detenidos o imputados.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con las penas previstas en el artículo 247 del Código Penal, a menos que los hechos constituyan otro delito sancionado con igual o mayor pena.

Párrafo 2

Sistema de justicia especializado

Artículo 37.- Competencia. Corresponde el conocimiento de las causas a que diere lugar la aplicación de esta ley, al juez especializado en el conocimiento de las infracciones de adolescentes a la ley penal del territorio jurisdiccional respectivo.

Los jueces especializados tendrán su asiento en el juzgado de garantías respectivo.

En los lugares donde no hubiere jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de las causas por infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, el procedimiento objetivo y general de distribución de causas del juzgado, comprenderá la radicación de éstas en uno solo de los jueces de garantía que cumpla con los requisitos establecidos para la especialización, sin perjuicio de las normas sobre subrogación respectivas.

Los jueces que cumplan las funciones establecidas en los dos incisos anteriores deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, a los objetivos y contenidos de la presente ley, en la Convención de los Derechos del Niño y en el sistema de ejecución de las sanciones establecidas en esta misma ley.

Artículo 38.- Integración del tribunal oral. En los casos en que el fiscal solicitare la aplicación de alguna sanción privativa de libertad, el juicio oral será conocido por una sala especial del tribunal del juicio oral en lo penal, integrada por un juez del tribunal de familia y por dos jueces del tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de que se trate, uno de los cuales lo presidirá.

Artículo 39.- Designación de los miembros del Tribunal. El Comité de Jueces del tribunal del juicio oral en lo penal, así como el homónimo del tribunal de familia correspondiente, designarán, cada dos años, a uno o más de sus miembros, según sea necesario, para integrar la sala especializada del tribunal del juicio oral en lo penal que deberá conocer de los juicios a adolescentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 40.- Competencia del Ministerio Público. La función de dirigir la investigación de las infracciones de que trata esta ley, así como la de ejercer la acción penal pública y adoptar las medidas de protección para las víctimas y testigos, corresponderá exclusivamente al ministerio público, de acuerdo a las reglas generales.

Para el cumplimiento de las funciones descritas en los incisos anteriores, los Fiscales Regionales deberán designar en cada fiscalía local de sus respectivas regiones los fiscales adjuntos que se encargarán de estos casos. Estos fiscales deberán contar con una capacitación especializada, referida a los objetivos y contenidos de la presente ley.

Artículo 41.- Competencia de la Defensoría Penal Pública. Los Defensores Regionales y quienes estén a cargo de instituciones que presten defensa a adolescentes de conformidad con esta ley, procurarán que los abogados que figuren disponibles para asumir la defensa penal de adolescentes imputados cuenten con conocimientos especializados referidos a los problemas sociales vinculados a la ocurrencia de estas infracciones, a los objetivos y contenidos de la presente ley, de la Convención de los Derechos del Niño y al sistema de ejecución de las sanciones establecidas en esta misma ley.

Párrafo 3

De las medidas cautelares personales

Artículo 42.- Detención. Ninguna persona menor de dieciocho años podrá ser privada de libertad sino por orden del juez competente para conocer de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, y después que dicha orden le fuera intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendido en la ejecución flagrante de una infracción.

Artículo 43.- Policía especializada. En los lugares donde existan comisarías o subcomisarías de menores, corresponderá a sus funcionarios cumplir las órdenes de arresto o detención del Juez competente para conocer de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes.

Artículo 44.- Formalidades del arresto y la detención. El funcionario que practicare el arresto o la detención deberá informar al adolescente imputado acerca del motivo de la misma y, en su caso, señalarle la autoridad que la hubiere ordenado. Asimismo, deberá darle a conocer sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

Artículo 45.- Citación y no comparecencia del imputado. Cuando fuere necesaria la presencia de un adolescente imputado ante el tribunal, éste dispondrá su citación, de acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Penal. La no comparecencia injustificada del imputado ante el juez que lo ha citado, autorizará a que éste ordene su conducción ante su presencia por medio de la fuerza pública.

En forma excepcional, y a petición del Ministerio Público, el juez podrá ordenar la detención del adolescente imputado de una infracción de las que trata esta Ley, para ser traído a su presencia, sin previa citación, cuando existan antecedentes que demuestren que de otra forma la comparecencia pueda verse demorada o dificultada con riesgo para la investigación.

Artículo 46.- Detención en delito flagrante. Los agentes policiales podrán detener a los adolescentes que sorprendieran en la comisión flagrante de una infracción a la ley penal, en cuyo caso procederá de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 134 del Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Restricción de libertad de menores de 14 años. Si se sorprendiere a una persona menor de 14 años en la ejecución flagrante de un crimen o simple delito, los agentes policiales podrán ejercer todas las facultades que les otorga la ley para repeler la comisión flagrante del hecho, restablecer el orden y tranquilidad pública, o dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos.

Las restricciones a la libertad que se impusieren en tal caso, sólo deberán durar el tiempo que sea estrictamente indispensable para el logro de los objetivos indicados, no pudiendo en caso alguno extenderse a más de seis horas.

Artículo 48.- Ejecución flagrante de faltas. Lo dispuesto en el artículo anterior también será aplicable en caso de ejecución flagrante de una falta por parte de cualquier persona menor de 18 años, salvo que se trate de aquellas previstas en el inciso segundo del artículo 5 de la presente ley, en cuyo caso se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 precedente.

Artículo 49.- Detención de menores de 14 años. Si con ocasión de las facultades previstas en esta ley se detuviere a una persona menor de catorce años, la autoridad respectiva deberá entregarlo inmediata y directamente a sus padres o personas que lo tengan legalmente a su cuidado. De no ser ello posible, se le entregará a un adulto que se haga responsable de su cuidado, prefiriendo a aquellos que tuvieren una relación parental con el niño.

En caso de no encontrar a ningún adulto que se haga responsable del niño, deberá ser puesto a disposición del Servicio Nacional de Menores, a objeto de que dicho servicio procure la entrega a sus padres y la adecuada protección del niño.

Artículo 50.- Medidas cautelares del procedimiento. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 155 del Código Procesal Penal, podrá imponerse al imputado una o más de las siguientes medidas cautelares:

a) Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que el juez determine.

b) Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;

c) Prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia o a otras personas;

d) Prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho a defensa;

e) Obligación de concurrir periódicamente al tribunal o ante la autoridad que el juez determine

Asimismo, tratándose de la imputación de infracciones graves y sólo cuando los objetivos antes expuestos no puedan ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las medidas que señala el párrafo anterior, podrá solicitarse la aplicación de alguna de las siguientes medidas:

a) Arresto domiciliario; o

b) Internación provisoria en un centro cerrado, cuando su aplicación aparezca como estrictamente indispensable para el cumplimiento de los objetivos señalados.

El Juez deberá poner fin a la medida de internación provisoria, cuando hayan desaparecido los hechos que hacían indispensable su aplicación.

Artículo 51.- Proporcionalidad de las medidas cautelares. En ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que aparezca como desproporcionada en relación con la sanción probable en caso de condena, debiendo darse cumplimiento a los establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal.

Artículo 52.- Permiso de salida diaria. Tratándose del adolescente imputado que se encuentre sujeto a una medida de internación provisoria, el juez podrá, en casos calificados, concederle permiso para salir durante el día, siempre que con ello no se vulneren los objetivos de la medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las providencias que estime conveniente.

Artículo 53.- Carácter provisional de las medidas cautelares. Las medidas indicadas en el artículo 50 son esencialmente provisionales y revocables.

Podrán, empero, en casos calificados, y mediando resolución fundada del tribunal, durar hasta el término del juicio o, incluso, hasta la audiencia de lectura de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Procesal Penal.

Artículo 54.- Solicitud de término de las medidas cautelares y revisión de oficio. El imputado siempre podrá solicitar que se ponga término a cualquiera de las medidas cautelares del procedimiento adoptadas en su contra o pedir su reemplazo por otra que cumpla satisfactoriamente los objetivos que justificaron su imposición.

Artículo 55.Apelación en las medidas cautelares. La resolución que dé lugar a una medida de internación provisoria o que niegue la solicitud de su término será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva. La tramitación de la apelación no suspenderá el procedimiento ni la aplicación de la medida.

Párrafo 4

Inicio de la persecución de la responsabilidad por la infracción a la ley penal por parte de un adolescente

Artículo 56.- Principio de oportunidad. Los fiscales del ministerio público podrán no iniciar la persecución de la responsabilidad penal de un adolescente o abandonar la ya iniciada, cuando consideren que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico-penal o para la vida futura del imputado.

En caso de infracciones graves, la víctima podrá oponerse a la decisión del fiscal reclamando de ella ante el juez de garantía en el término de 10 días. Presentado el reclamo ante el juez, se citará a una audiencia a todos los intervinientes y, previo a resolver, abrirá debate sobre el punto.

Si se acoge la oposición, el Ministerio Público deberá continuar con la investigación, de acuerdo a las reglas generales.

Artículo 57.- Primera audiencia. En la primera audiencia judicial será obligatoria la presencia del fiscal, del defensor y del imputado.

En todo caso serán citados, además la víctima y los padres del adolescente o la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, se permitirá la intervención de la víctima y de los padres del adolescente o de quien lo tuviere a su cuidado, si comparecieren a la audiencia.

Artículo 58.- Acuerdo reparatorio. En los procesos de que trata la presente ley regirán los acuerdos reparatorios establecidos en el artículo 241 del Código Procesal Penal. En todo caso, no tendrá lugar la limitación establecida en el inciso segundo de dicha disposición, como tampoco su inciso tercero en lo que dice relación con aquél.

Artículo 59.- Juicio abreviado inmediato. El juicio inmediato establecido en el artículo 235 del Código Procesal Penal, tendrá lugar respecto de los delitos regulados en la presente ley, con las siguientes modificaciones:

a) La solicitud tendrá por objeto recurrir de inmediato al procedimiento abreviado previsto en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal.

b) Finalizada la audiencia, se procederá de inmediato en conformidad con lo dispuesto en los artículos 411 y siguientes del Código Procesal Penal. En todo caso podrá suspenderse la audiencia y postergar el inicio del procedimiento abreviado para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 235 del Código Procesal Penal.

c) En todo caso, si se dedujere oposición fundada de parte del imputado o su defensor, el Tribunal podrá admitir que la causa pase directamente a juicio oral. La misma regla se aplicará si se solicita la aplicación de una sanción privativa de libertad

Artículo 60.- Procedimiento abreviado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el procedimiento abreviado regulado en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal, tendrá lugar en las oportunidades previstas en el artículo 407 del mismo cuerpo legal, a menos que la sanción solicitada por el fiscal sea privativa de libertad.

Artículo 61.- Plazo para declarar el cierre de la investigación. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 247 del Código Procesal Penal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 234 del mismo cuerpo legal, el plazo para declarar el cierre de la investigación en los procedimientos de que trata la presente ley será de 180 días.

Previo al término de dicho plazo, o de aquél que hubiere sido establecido en conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Código Procesal Penal, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de 30 días.

Párrafo 6

Juicio oral y sentencia

Artículo 62.- Audiencia del juicio oral. El juicio oral deberá realizarse dentro de los veinte días posteriores a la notificación del auto de apertura del juicio oral. Su desarrollo se efectuará en forma continua y sin interrupciones, en una o más audiencias sucesivas. En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior a 72 horas.

Deberán comparecer a la audiencia el fiscal, el adolescente imputado y su defensor. Su asistencia será condición de validez del juicio.

El juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de él o los jueces que integran el tribunal, del fiscal y del defensor.

Cualquier infracción a lo dispuesto en los incisos precedentes implicará la nulidad del juicio y de la sentencia que se dictare en él.

En todo caso, deberán ser citados, además, los padres del adolescente o quienes lo tuvieren a su cuidado y la víctima, quienes podrán hacerse acompañar por sus abogados. Finalizado el examen de las pruebas y en caso de considerarlo conveniente, podrá el juez otorgar la palabra a la víctima, si se encontrare presente, para que haga uso de ella en forma personal.

Artículo 63.- Comparecencia del imputado en el juicio oral. El adolescente imputado tendrá derecho a estar presente durante toda la audiencia del juicio oral. En todo caso, el tribunal podrá autorizar su salida de la sala cuando éste lo solicite o podrá disponer su abandono de la misma cuando así lo estime conveniente para la realización de algunas actuaciones específicas que pudieren afectar la integridad del adolescente o de un tercero que tenga derecho a intervenir o asistir al juicio.

Artículo 64.- Pena máxima a imponer. El tribunal no podrá determinar la aplicación de una sanción privativa de libertad si el fiscal no la hubiere solicitado, ni podrá exceder el tiempo de duración que éste hubiere pedido.

TÍTULO CUARTO

DE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS

Párrafo 1

Administración

Artículo 65.- Centros privativos de libertad. Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad descritas en los artículos 30 y 31 de esta Ley y a la medida de internación provisoria, existirán tres tipos de centros, respectivamente:

a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado.

b)Los Centros Cerrados de Privación de Libertad, dotados de mecanismos de seguridad que garanticen la permanencia en el recinto de quienes debieren cumplir en ellos una sanción establecida en conformidad con lo dispuesto en la presente ley. Para tal efecto podrá existir en ellos una guardia armada de carácter externo.

c) Los centros de internación provisoria, dotados de los mecanismos de seguridad idóneos.

La organización y funcionamiento de los recintos aludidos en el presente artículo se establecerá en un reglamento establecido por Decreto Supremo, a través del Ministerio de Justicia.

Artículo 66.- Condiciones básicas de los centros privativos de libertad. En los centros a que se refiere el artículo anterior se deberán desarrollar acciones específicas destinadas a respetar y promover los vínculos familiares del adolescente privado de libertad.

Artículo 67.Normas de seguridad en recintos privativos de libertad. Los adolescente estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte la autoridad para mantener la seguridad y el orden. Estas normas deben ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

Artículo 68.- Administración de los centros privativos de libertad. La administración de los Centros Cerrados de Privación de Libertad y de los recintos donde se cumpla la medida de internación provisoria corresponderá siempre y en forma directa al Servicio Nacional de Menores.

El Servicio Nacional de Menores podrá solicitar al Tribunal competente que autorice el cumplimiento de alguna de las sanciones previstas en los artículos 30 y 31 de la presente ley, en alguna de las unidades referidas en el inciso precedente, cuando el condenado hubiere cumplido la mayoría de edad y cuando ello favorezca el trabajo y tratamiento del adolescente con su núcleo familiar o sea necesario y conveniente para efectos del control de la sanción, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 73 y siguientes de la presente ley.

Artículo 69.- Administración de las medidas que contempla la ley. El Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país, de los programas necesarios para desarrollar las sanciones a que se refiere esta Ley.

Para tal efecto, llevará un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes.

El Servicio tendrá entre sus obligaciones la de revisar periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de las instituciones colaboradoras y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.

Párrafo 2

Derechos y garantías de la ejecución

Artículo 70.- Derechos en la ejecución de sanciones. Durante la ejecución de las sanciones que regula esta ley el adolescente tendrá derecho a:

a) Ser tratado de una manera que fortalezca el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social;

b) Ser informado de sus derechos y deberes, con relación a las personas e instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad;

c) Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones o programas a que se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el incumplimiento de la sanción;

d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición, a obtener una respuesta pronta, a solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley y a denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el Juez; y,

e) Contar con asesoría permanente de un abogado.

Artículo 71.- Derechos aplicables a las sanciones y medidas privativas de libertad. Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los adolescentes sometidos a una sanción privativa de libertad tendrán derecho a:

a) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana;

b) La integridad e intimidad personal;

c) Acceder a servicios educativos;

d) Que se revise periódicamente la pertinencia de la mantención de la sanción en conformidad con lo dispuesto en esta Ley, como también a que se controlen las condiciones en que ella se ejecuta; y,

e) A comunicarse por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio; en conformidad con las prescripciones del reglamento, y a conferenciar privadamente con su abogado.

Párrafo 3

Del control de ejecución de las sanciones

Artículo 72.- Competencia en el control de la ejecución. Corresponderá al juez de garantía del lugar de cumplimiento de la sanción decretada controlar la legalidad de su ejecución.

Artículo 73.- Certificación de cumplimiento. La institución que ejecute la sanción certificará el total cumplimiento de la misma a su término, por medio de oficio enviado al respectivo tribunal.

Artículo 74.- Visita a los recintos privativos de libertad. El juez deberá visitar personalmente, al menos dos veces al año, los recintos en que se ejecuten las medidas cautelares del procedimiento y las sanciones contenidas en este Título.

Artículo 75.- Revisión de condena. En cualquier momento de su ejecución el Tribunal que ordenó la aplicación de cualquiera de las sanciones previstas en esta ley, ya sea de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá revocarla o sustituirla si considera que ya produjo sus efectos, es innecesaria o afecta gravemente el desarrollo, la dignidad o la integración social del adolescente.

En ejercicio de estas facultades no se podrá sustituir una sanción por otra que signifique una mayor restricción de los derechos del adolescente, con la sola excepción de lo dispuesto en los artículos siguientes.

La resolución que niegue lugar a la revocación o sustitución solicitada por el adolescente o su defensa será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Artículo 76.- Quebrantamiento de condena. Si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Tratándose de las sanciones de multa o de la prohibición de conducir vehículos motorizados, previstas en las letras b) o c) del artículo 18, que no hubieren sido cumplidas en el término de 30 días, el tribunal procederá a remplazarla por la medida de reparación del daño causado por un máximo de 15 o 30 horas respectivamente, según la gravedad de la infracción. Si el adolescente hiciere uso del derecho que le reconoce el artículo 26, se aplicará la medida de libertad asistida, por el tiempo señalado en el numeral siguiente.

2. Tratándose de la reparación del daño o de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, señaladas en las letras d) y e) del artículo 18°, el incumplimiento grave reiterado o injustificado de la sanción respectiva, por parte del adolescente declarado responsable, se sancionará con la pena de libertad asistida, con una duración máxima de 90 o 180 días, respectivamente.

3. El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la libertad asistida contenida en la letra f) del artículo 18° o de la nueva sanción impuesta en cumplimiento de lo dispuesto en los dos numerales anteriores, podrá sancionarse con la privación de libertad en un centro de internación bajo el régimen semicerrado con una duración máxima de 30 o 90 días, respectivamente. Ello no será aplicable, sin embargo, cuando la medida inicialmente impuesta haya sido la multa.

4. El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la internación en régimen semicerrado, podrá sancionarse con la internación en un centro cerrado de privación de libertad por un periodo no superior a los 90 días. En caso de reiteración en la misma conducta, podrá sustituirse la sanción en forma definitiva por un periodo no superior a los 6 meses. Lo dispuesto en el presente numeral no será aplicable cuando la sanción originalmente impuesta haya sido la multa.

5. El incumplimiento grave, injustificado y reiterado del régimen de libertad asistida al que fuere sometido el adolescente conforme lo dispone el artículo 33, facultará al juez para ordenar que vuelva a ser sometido al régimen establecido en el artículo 31 de esta Ley, por la parte determinada del tiempo que resta.

Artículo 77.- Sustitución condicional de las medidas privativas de libertad. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, el juez podrá ordenar, durante la ejecución de una sanción privativa de libertad, su sustitución condicional por la sujeción a un programa de libertad asistida.

Si se incumpliere esta sanción, se revocará la sustitución y se ordenará la continuación de la sanción originalmente impuesta, por el tiempo que faltare.

Artículo 78.- Revisión de oficio. El Juez de oficio deberá evaluar las sanciones privativas de libertad una vez cumplida la mitad del tiempo por el que hubiere sido impuesta, pudiendo ordenar su mantención, sustitución o término.

Para estos efectos el Juez, en presencia del adolescente, su abogado y un representante de la unidad del Servicio Nacional de Menores o institución colaboradora que lo tenga bajo su custodia, examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia pueden asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieran ejercido la tuición antes de su privación de libertad.

TÍTULO FINAL

Artículo 79.- Registro. El Servicio Nacional de Menores, institución encargada de la ejecución de las sanciones, llevará un registro reservado sobre las sanciones impuestas. La vulneración de la obligación de reserva hace aplicable la pena contemplada en el artículo 36, inciso tercero, de esta ley.

Los registros o antecedentes derivados de la condena en contra de un adolescente por una infracción a la ley penal sólo podrán ser conocidas por la defensa, el Ministerio Público y el Tribunal para los efectos de determinar la sanción aplicable, una vez concluido el juicio oral o una vez que se haya dado lugar al procedimiento abreviado y este haya también finalizado. En todo caso, quienes tomen conocimiento de dichos antecedentes mantendrán la obligación de reserva referida en el inciso precedente.

Artículo 80.- Cumplimiento de mayoría de edad. En caso de que el imputado o condenado por una infracción juvenil a la ley penal fuere mayor de 18 años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las medidas contempladas en esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de la presente ley hasta su término, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68.

En los casos previstos en el inciso precedente, el Servicio Nacional de Menores o las autoridades que correspondan adoptarán las medidas necesarias para asegurar la separación de las personas mayores de 18 años con los menores de esta edad.

Artículo 81.- Agravante especial. Las personas que de acuerdo a esta ley tengan la custodia o el cuidado de adolescentes imputados o condenados por una infracción a la ley penal y que en el ejercicio de sus funciones cometieren un delito en contra de la integridad física, el desarrollo sexual o la propiedad del adolescente se les impondrá la pena señalada en el respectivo delito en su grado máximo.

Artículo 82.- Coordinación de los servicios públicos para administrar las medidas de libertad asistida. Los servicios públicos tienen el deber de coordinar su acción con los delegados de libertad asistida, facilitando el acceso a los programas y servicios comunitarios a que se refiere el artículo 27.

Artículo 83.- Especialización. Para los efectos de lo previsto en el inciso final del artículo 37, la Academia Judicial deberá considerar en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros del escalafón primario, secundario y de empleados, la dictación de los cursos que ahí sean considerados.

En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición podrá ser cumplido sobre la base de antecedentes que acrediten el cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial.

Artículo 84.- Modificaciones al Código Penal. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a) Sustitúyese el número segundo del Artículo 10 por el siguiente: "El menor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior la responsabilidad de los menores de 18 años pero mayores de 14 cumplidos, será establecida de acuerdo a lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil".

b) Derógase el número tercero del artículo 10.

c) Derógase el inciso primero del artículo 72.

Artículo 85.- Modificaciones a la ley de menores. Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley Nº 16.618 que fija el texto definitivo de la Ley de Menores:

a) Derógase los artículos 16, 28, 29, 58 y 65;

b) Derógase el inciso final del artículo 16 bis;

c) Derógase los numerales 8º, 9º y 10º del artículo 26;

d) Derógase el inciso 3º del artículo 51, y

e) Derógase la letra c) del artículo 71.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- La presente ley entrará en vigencia luego de seis meses de su publicación en el Diario Oficial.

El reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 65 de la presente ley, deberá dictarse dentro de dicho término.

Artículo segundo transitorio.- La composición del Tribunal Oral prevista en el artículo 38, en lo relativo al Juez del Tribunal de Familia que le corresponderá integrarlo para el conocimiento de los procesos incoados en virtud de la presente ley, comenzará a regir el día 1 de marzo siguiente a la fecha en que entre en vigencia la Ley que crea los Tribunales de Familia. Previo a ello, el Tribunal estará integrado por miembros del tribunal Oral en lo penal que corresponda de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 39.".

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

JOSE ANTONIO GÓMEZ URRUTIA

Ministro de Justicia

NICOLAS EYZAGUIRRE GUZMAN

Ministro de Hacienda

1.2. Oficio a la Corte Suprema

Oficio a La Corte Suprema. Fecha 06 de agosto, 2002. Oficio

VALPARAISO, 6 de agosto de 2002

Oficio Nº 3872

A S. E. EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA

En conformidad con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, tengo a honra remitir a esa Excma. Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. (BOLETÍN N° 3021-07).

Dios guarde a V.E.

EDMUNDO SALAS DE LA FUENTE

Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO

Secretario de la Cámara de Diputados

1.3. Oficio de la Corte Suprema

Oficio de Corte Suprema. Fecha 04 de septiembre, 2002. Oficio en Sesión 42. Legislatura 347.

Santiago, 4 de septiembre de 2002.

Oficio Nº 002415

Ant. AD-18.644.

A LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO”.

Mediante oficio Nº 3872, de 6 de agosto del año en curso, el Presidente de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Corte, de conformidad con el artículo 74, inciso segundo y tercero de la Constitución Política de la República y artículo 16 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para su informe, copia del proyecto de ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones de la ley penal. Boletín Nº 3021-07.

Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte de la materia consultada, en sesión del día 30 de agosto pasado, presidida por su titular que suscribe y con la asistencia de los ministros señores Libedisnky, Ortiz, Benquis, Tapia, Gálvez, Chaigneau, Pérez, Marín, Espejo, Medina, Kokisch, Juica y Oyarzún, acordó manifestar lo siguiente:

Conforme a las normas citadas precedentemente, a este Tribunal le corresponde informar sobre el contenido del Título Tercero del proyecto que establece un sistema de justicia especializada, de las reglas del procedimiento aplicable y de los jueces que deberán conocer y juzgar los respectivos ilícitos penales; ya que, estrictamente, se trata de leyes que versan sobre la organización y facultades o atribuciones de los tribunales.

En materia de competencia (artículo 37), para conocer de las causas a que diere lugar la aplicación de esta ley, se establece que el conocimiento de ellas corresponderá a un juez especializado en infracciones cometidas por adolescentes a la ley penal, del territorio jurisdiccional respectivo, el cual tendrá su asiento en el Juzgado de Garantía correspondiente. Se prevé, asimismo, que en aquellos lugares donde no existieren jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de este tipo de causas, ellas serán radicadas, conocidas y tramitadas, por uno solo de los jueces de garantía que cumpla con los requisitos de estudio y capacitación criminológica, conforme a lo que al efecto se especifica en el inciso tercero del artículo 37 del proyecto. Al respecto, este Tribunal considera que no resulta conveniente imponer, al juez de garantía que eventualmente conocerá de causas por infracción a la ley penal por parte de los adolescentes, la exigencia curricular que establece el inciso tercero de dicho artículo, estimando que es suficiente la preparación jurídica que se exige para ejercer dicho cargo. Como consecuencia de lo anterior, la distribución de las causas debería efectuarse conforme al procedimiento objetivo que establece el Código Procesal Penal.

En cuanto a la designación de los miembros del Tribunal Oral (artículo 39), se establece que le competerá al Comité de Jueces del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal o al del Tribunal de Familia respectivo, en su caso, lo que se hará cada dos años, eligiéndolos de entre sus respectivos miembros, para que integren la sala especializada del Tribunal del Juicio Oral en lo penal que se encargará de conocer y juzgar las infracciones a esta ley. Sobre esta materia, se estima que, atendida la naturaleza del conflicto que deberán resolver, no es necesaria la existencia de una sala especializada y, por lo tanto, la integración de las salas deberá utilizarse de acuerdo al procedimiento que consulta el Código Procesal Penal.

El ministro señor Álvarez García, fue de opinión de dejar constancia de que concuerda con la iniciativa en los términos consignados en el proyecto, en especial en cuanto deja de manifiesto el propósito de realizar una completa reformulación de las políticas de las legislaciones existentes sobre la materia, adecuándose de esta manera a las necesidades jurídicas y sociales actuales del país, al mismo tiempo que procura su armonización con nuestra normativa constitucional (artículo 5º), con la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales actualmente vigentes en el país.

Es todo cuanto este Tribunal puede informar en relación al proyecto en examen.

Saluda atentamente a V.S.,

(Fdo.): MARIO GARRIDO MONTT,

Presidente;

CARLOS A. MENESES PIZARRO,

Secretario.

1.4. Primer Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 08 de junio, 2004. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 7. Legislatura 351.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL.

BOLETÍN N° 3021-07

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Para el despacho de esta iniciativa el Jefe del Estado ha hecho presente la urgencia, la que ha calificado de simple para todos sus trámites constitucionales, por lo que esta Corporación cuenta con un plazo de 30 días para su despacho, término que vence el 8 de julio próximo por haberse dado cuenta de la urgencia en la Sala en el día de hoy, 8 de junio.

Durante el análisis de esta iniciativa, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas:

- Don José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

- Don Luis Bates Hidalgo, Ministro de Justicia.

- Don José Miguel Insulza Salinas, Ministro del Interior

- Don Jaime Arellano Quintana, Subsecretario de Justicia.

- Doña María Eugenia Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.

- Don Francisco Maldonado Fuentes, Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia.

- Don Francisco Geisse Graepp, Jefe de la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia.

- Don Gonzalo Berríos, Jefe del Departamento de Menores del mismo Ministerio.

- Don Fernando Dazarola Leichtle, asesor jurídico del Ministerio.

- Don Mauricio Decap Fernández, asesor jurídico del Ministerio.

- Don Francisco José Estrada Vásquez, asesor jurídico del Ministerio.

- Don Decio Mettifogo Guerrero, asesor jurídico del Ministerio.

- Don Alejandro Tsukame Sáez, sociólogo, asesor del Ministerio.

- Don Juan Carlos Manosalva Rojas, Jefe del Sector de Administración General de la Dirección de Presupuestos.

- Don Jaime Crispi Lagos, Jefe de Estudios de la Dirección mencionada.

- Don Pablo Gutiérrez Vásquez, Jefe de Gabinete del Ministro del Interior.

- Doña Delia del Gatto Reyes, Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores.

- Doña Carmen Andrade Lara, Jefa del Departamento Derecho Responsabilidad Juvenil del Servicio Nacional de Menores.

- Doña Marcela Radovic Córdova, Jefa del Departamento Jurídico del mismo Servicio.

-Doña Tania Mora Gutiérrez, Jefa del Departamento de Responsabilidad Juvenil del mismo Servicio.

- Don Jaime Couso, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales.

- Don Mauricio Duce Julio, abogado, profesor e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales.

- Don Cristián Riego Ramírez, profesor de la Escuela de Derecho mencionada.

- Don Miguel Cillero, consultor en el área de Derecho del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ( UNICEF) .

- Don Pablo Kangizer G, representante del Instituto Libertad y Desarrollo.

- Don Pablo Egenau, representante del Hogar de Cristo.

- Don Alejandro Gómez Raby, abogado, integrante de la Unidad Jurídica del Hogar de Cristo.

- Doña María Consuelo Contreras, Directora Ejecutiva de la Fundación Opción.

- Doña Loreto Hecker, representante de la Fundación Ciudadanía y Justicia.

- Don Felipe Caballero, abogado, director de la Fundación mencionada.

- Don Pedro Canales Contreras, psicólogo, integrante de Carabineros de Chile.

- Don Carlos Al-Konr Parra, Subprefecto (J) de la Policía de Investigaciones de Chile.

- Don Ricardo García Sepúlveda, psiquiatra, Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile.

OBJETO.

La idea central del proyecto se orienta a establecer un sistema especial para determinar la responsabilidad de los adolescentes frente a las infracciones a la ley penal.

Con tal finalidad:

- considera adolescente al menor de 18 años y mayor de 14.

- excluye expresamente de la aplicación de esta ley a los menores de 14 años.

- distingue entre simples infracciones a la ley penal e infracciones graves.

- reafirma el principio de legalidad, estableciendo que sólo se podrá sancionar conforme a las disposiciones de esta ley, al adolescente que haya incurrido en una conducta constitutiva de infracción a la ley penal y respecto de quien no concurra alguna causal de extinción, exención o privación de responsabilidad.

- suprime el trámite del discernimiento.

- reitera diversos principios aplicables a los menores como el de igualdad e integridad corporal

- establece que la pena privativa de libertad será de carácter excepcional y solamente se aplicará como último recurso.

- consagra el principio de separación en virtud del cual los adolescentes que se hallaren privados de libertad por aplicación de esta normativa, deberán permanecer separados de los procesados, acusados o condenados que fueren adultos.

- establece un listado de sanciones privativas y no privativas de libertad, señalando reglas para la determinación de las penas aplicables y restringiendo la aplicación de las penas privativas sólo a las infracciones graves.

- fija un tope máximo de cinco años para las penas privativas de libertad.

- establece un procedimiento especial para el juzgamiento de estas infracciones, disponiendo la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Penal.

- crea un sistema de justicia especializada sobre la base de la organización que establece la reforma procesal penal.

- establece diversas medidas cautelares personales las que son esencialmente provisionales y revocables y sujetas al principio de la proporcionalidad.

- limita la pena máxima a imponer por el tribunal oral, impidiendo que se fije una pena privativa de libertad si el fiscal no la ha pedido o que fuere mayor que la solicitada.

- establece, para la ejecución de las sanciones, centros privativos de libertad bajo la administración del Servicio Nacional de Menores, al que corresponderá también la revisión y fiscalización de las medidas sancionatorias no privativas de libertad que ejecuten las instituciones colaboradoras.

- regla los derechos y garantías que corresponden al adolescente durante la ejecución de las sanciones.

- establece medidas de control de la ejecución de las sanciones, cuestión que corresponderá al juez de garantía del lugar del cumplimiento de la sanción.

ANTECEDENTES.

1.- El Mensaje justifica esta iniciativa, señalando que el Gobierno se ha propuesto el desafío de reformular completamente las leyes y políticas relativas a la adolescencia y a la infancia, de tal manera de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país, en especial, a los principios y directrices contenidos en la Constitución Política, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales vigentes en el país. Agrega que por ello, este proyecto forma parte de un conjunto integrado de reformas que comprenden las nuevas normativas sobre Tribunales de Familia y sobre Régimen de Protección de Derechos del Niño y del Adolescente y las modificaciones a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores y al sistema de financiamiento de la red de atención cooperadora del citado Servicio, para así concretar una completa modernización orientada a garantizar y promover el desarrollo integral de la infancia.

Más adelante, señala que el proyecto busca reformar totalmente la respuesta del Estado frente a los actos delictuales cometidos por personas menores de 18 años, introduciendo por primera vez en la historia del país, un sistema de responsabilidad penal especial para las personas mayores de 14 años y menores de 18.

Agrega que uno de los fundamentos de la reforma, reside en que la actual legislación de menores, en distintas materias, entra en contradicción con la normativa constitucional y con la Convención de los Derechos del Niño, por cuanto la informalidad del sistema que establece, con el afán de beneficiar a los menores, ha dado lugar a un sistema punitivo tutelar que no se somete a los controles constitucionales y vulnera permanentemente los derechos que la Carta Política consagra, tanto en el ámbito procesal como en el de las garantías substanciales. Así, la existencia de procesos sin forma de juicio, la aplicación de medidas sin participación de abogados, las sanciones privativas de libertad que vulneran el principio de legalidad invocando la condición irregular, los desajustes conductuales o las situaciones de peligro, demuestran las serias ineficiencias de la actual legislación en lo referente a garantizar los derechos de los menores, hasta el extremo de que un sistema ideado para proteger los derechos de los niños, ha devenido en un desmedro para su posición jurídica, circunstancia que contrasta con el perfeccionamiento de la justicia penal para adultos, plasmado en el nuevo sistema de enjuiciamiento.

Incluso, la actual legislación equipara el tratamiento jurídico de las infracciones a la ley penal con las situaciones de amenaza o vulnerabilidad de los derechos de los menores, lo que al no existir un sistema especializado para el juzgamiento de estas situaciones, genera una confusión entre las medidas de protección y las sancionatorias. Todo lo anterior, configura un modelo con resultados precarios, tanto en lo que se refiere a la protección de los menores como en el de la política criminal, razón por la cual existe un amplio consenso en cuanto a la necesidad de modificarlo. Diversos análisis nacionales e internacionales señalan la ineficacia de estos sistemas para controlar la expansión de la delincuencia, los que, por lo contrario, favorecen la criminalización y estigmatización de los menores que, sin haber sido imputados de delito, son aprehendidos por las policías e ingresados a recintos privativos de libertad, supuestamente, para protegerlos.

Agrega el Mensaje que las más recientes tendencias y las recomendaciones de las organizaciones internacionales, indican que para prevenir el aumento de la delincuencia de los adolescentes, debe establecerse un sistema que responsabilice a los menores por los actos delictivos que cometan, por medio de sanciones adecuadas y proporcionales a los hechos, combinado con un amplio marco de políticas sociales que evite toda confusión entre protección de derechos y sanción de actos delictivos.

Por otra parte, es notorio el aumento de la preocupación pública por la seguridad ciudadana y el perfeccionamiento de la justicia penal, lo que contrasta con la situación de la justicia de menores, la que es objeto de críticas tanto por no someterse a los límites constitucionales en materia de jurisdicción criminal general, como por no satisfacer las exigencias de las víctimas de la delincuencia.

La actual regulación sobre justicia de menores es el resultado de una compleja evolución histórica, en que se mezclan disposiciones provenientes de distintas tradiciones jurídicas, como es el caso del discernimiento y de la atenuación de la pena, sistema que proviene de los códigos penales del siglo XIX, y el establecimiento de una justicia especial para menores y de medidas de protección, que se originan en las tendencias tutelares dominantes a principios del siglo XX y que no consideraban al niño como un sujeto de derechos. Esta mezcla hace que el sistema actual sea atípico si se lo compara con legislaciones extranjeras, que presente un carácter híbrido en lo que se refiere a su orientación teórica y que sea ineficaz desde el punto de vista de los objetivos de prevención que persigue la justicia penal.

Por ello, agrega el Mensaje, el proyecto que se propone, trata de adecuarse a los avances del derecho comparado, tener consistencia teórica y considerar al adolescente como un sujeto de derecho que debe protegerse en su inserción social y lograr objetivos de prevención del delito.

Señala a continuación el Mensaje que para efectuar la proposición que se somete a la tramitación legislativa, se han recogido las más recientes innovaciones de las legislaciones española, costarricense y brasileña, como también se han considerado las normas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las normas sobre administración de justicia de menores, protección de menores privados de libertad y prevención de la delincuencia juvenil de la Organización de las Naciones Unidas y los estudios efectuados por organismos especializados como son el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Instituto Interamericano del Niño y el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente.

Asimismo, se efectuaron amplios estudios de la legislación, jurisprudencia y doctrina nacionales, se impulsaron investigaciones y se efectuaron jornadas de reflexión con la participación de especialistas nacionales y extranjeros, siendo una de las primeras conclusiones de estos estudios y análisis, la necesidad de poner término al sistema de imputabilidad basado en la declaración judicial del discernimiento, reemplazándolo por un límite legal de edad en la que comienza la responsabilidad penal de los adultos, la que de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las normas penales y civiles internas, se fijó en los 18 años de edad.

Entrando luego al contenido del proyecto, el Mensaje define a los adolescentes como las personas mayores de 14 años y menores de 18, siguiendo así la tendencia del derecho comparado y de la doctrina, renunciando el Estado a toda acción coactiva en el caso de la comisión de delitos por personas de menos de 14 años, en concordancia con las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la que presume que bajo una edad mínima los menores no tienen capacidad para infringir las leyes penales.

El proyecto se funda en la idea que si bien el adolescente es irresponsable como adulto, es, sin embargo, susceptible de exigírsele una responsabilidad especial adecuada a su condición de sujeto en desarrollo, por lo que las sanciones que establece esta iniciativa son la consecuencia de la declaración de responsabilidad por la comisión de infracciones penadas en el proyecto. Lo anterior reafirma respecto de los adolescentes el principio de legalidad que estructura nuestro ordenamiento constitucional y penal, por cuanto se sancionan conductas punibles definidas en la ley y no conductas indeterminadas o situaciones de vida.

Las conductas que se sancionan son las que tipifica el Código Penal y demás leyes penales, en carácter de crímenes o simples delitos, asumiendo así el principio de tipicidad y estableciendo un criterio de intervención penal reducida o moderada, tanto en relación a los delitos como a las sanciones. Las sanciones que se establecen excluyen a la mayoría de las faltas y se describe una cantidad determinada de conductas, consideradas graves, que son las únicas que darán lugar, como último recurso, a la aplicación de sanciones privativas de libertad. Esto último obedece al propósito de obtener un equilibrio entre el principio de intervención mínima ante los adolescentes y el de protección de bienes jurídicos, atendiendo a la gravedad de la conducta delictiva.

Se considera también, la concurrencia de las causales que eximen, extinguen o privan de sus efectos a la responsabilidad penal y se aplican todas las garantías penales y procesales propias de los adultos, agregando algunas específicas para los menores, estableciéndose , en particular, un criterio flexible a favor del adolescente. Se garantiza la existencia de un sistema de justicia especializado en todas las fases del procedimiento y se recogen, en el ámbito procesal, los principios fundamentales del nuevo Código Procesal Penal

Se establece como garantía la consideración del interés superior del niño y se reconocen, por primera vez tratándose de procesos seguidos en contra de menores, derechos procesales a las víctimas y se consideran sus intereses, aunque limitados por el principio señalado.

Se contempla una amplia gama de sanciones, las que se clasifican en privativas y no privativas de libertad, siendo las primeras de carácter taxativo, reservadas a las infracciones más graves y como medida de último recurso, determinándose la duración y cuantía máxima de las sanciones. No obstante lo anterior, se deja al juez el suficiente grado de libertad para administrar la sanción más adecuada al caso concreto, no estando obligado a aplicar la privación de libertad y debiendo fijar siempre la duración y cuantía dentro de los márgenes legales, terminando con toda posibilidad de sanciones indeterminadas.

Además de las limitaciones señaladas, el juez debe considerar para la determinación de la sanción el número de infracciones, la gravedad de ellas y la edad del imputado, además de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad. Dada la finalidad preventiva del proyecto, la consideración de la edad adquiere gran relevancia y aun cuando el proyecto no establece reglas específicas, señala el Mensaje que el juez debe considerar esta característica, aplicando a los imputados de edad menor penas no privativas de libertad o, de no ser ello posible, las privativas que resulten menos restrictivas y de menor duración a fin de no perjudicar el desarrollo social y personal del adolescente.

Por último, las sanciones no privativas de libertad permiten al tribunal contar con medios efectivos para responsabilizar, controlar y orientar al menor infractor, estableciéndose, para favorecer su cumplimiento efectivo, normas especiales de quebrantamiento que habilitan para substituir una pena por otra de mayor gravedad.

2.- El Código Penal.

En lo que dice relación con este proyecto, corresponde señalar que:

- Su artículo 10 dispone que están exentos de responsabilidad criminal:

2º El menor de 16 años.

3º El mayor de 16 años y menor de 18, a no ser que conste que ha obrado con discernimiento.

- Su artículo 72 dispone en su inciso primero que al menor de 18 años y mayor de 16 que no esté exento de responsabilidad por haber sido declarado con discernimiento, se le aplicará la pena inferior en grado al mínimo de los señalados por la ley al delito de que sea responsable.

3.- La ley Nº 16.618, de Menores.

En lo que interesa a este informe, cabe señalar que:

- Su artículo16 indica las normas por las que deberán regirse tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones en el evento de detener a personas menores de 18 años y mayores de 16, en caso o situación de flagrancia, disponiendo que deberán ser puestas directa e inmediatamente a disposición del juez de garantía. Señala la norma que la detención sólo podrá practicarse en los Centros de Observación y Diagnóstico o, a falta de éstos, en los que determine el Jefe del Estado, considerando infracción grave a las obligaciones funcionarias la detención en cualquier otro recinto.

- Su artículo 16 bis se refiere a la situación de menores cuyos derechos aparezcan gravemente amenazados o vulnerados, disponiendo que Carabineros deberá conducirlos al hogar de sus padres o cuidadores, informándoles de los hechos que motivaron la actuación policial, pero, si para proteger su integridad fuere necesario separarlos de sus padres o cuidadores, deberá conducirlos a un Centro de Tránsito y Distribución. Igual cosa podrá hacer si el menor fuere víctima de un delito o se le imputare la comisión de uno.

Su inciso final dispone que en todos los casos en que un menor fuere conducido por Carabineros a un Centro de Tránsito y Distribución, el encargado de éste deberá conducirlo ante el juez de menores, a primera audiencia, para que éste adopte las medidas que procedan conforme a la ley.

- Su artículo 26 señala la competencia de los jueces de menores, indicando en sus números 8) , 9) y 10) que a ellos les corresponderá conocer de la gestión de citación a confesar paternidad o maternidad cuando se solicite a favor de un hijo menor de edad; les corresponderá pronunciarse sobre si un mayor de 16 años y menor de 18 ha obrado o no con discernimiento en los casos que se les impute una falta o un delito, y conocer de los asuntos en que se impute a un mayor de 16 años y menor de 18 la comisión de un hecho punible en los casos en que haya obrado sin discernimiento.

- Su artículo 28 regla la situación de menores de 18 años y mayores de 16 a quienes se les imputa un hecho constitutivo de delito que la ley sanciona con penas superiores a presidio o reclusión menores en su grado mínimo, señalando que en tal caso la declaración de si el menor ha obrado o no con discernimiento, deberá hacerla el juez de menores a petición del Ministerio Público, indicando a continuación el procedimiento a seguir.

Su inciso segundo se ocupa de la situación de los mismos menores en caso de imputárseles una falta o un simple delito que la ley no sancione con pena privativa o restrictiva de libertad, o bien, no exceda de presidio o reclusión menor en su grado mínimo. En tal caso, la declaración del discernimiento deberá efectuarla el juez de garantía a petición del Ministerio Público, de acuerdo al procedimiento que se indica más adelante.

- Su artículo 29 enumera las medidas que podrán aplicar a un menor de 18 años y mayor de 16 los jueces de letras de menores, cuando aquél haya sido declarado sin discernimiento.

- Su artículo 51 se refiere a la creación de las Casas de Menores, estableciendo su inciso tercero que los Centros de Observación y Diagnóstico estarán destinados a acoger a los menores de 18 años y mayores de 16, detenidos en casos o situación de flagrancia o en prisión preventiva, mientras se practica el examen del discernimiento.

- Su artículo 58 dispone que la pena privativa de libertad que el tribunal con competencia en lo criminal aplique al menor de edad declarado con discernimiento, deberá cumplirse en un Centro de Rehabilitación Conductual.

- Su artículo 65 se refiere a la situación que se produce cuando en el curso de una investigación apareciere comprometido un menor como autor, cómplice o encubridor, señalando que, en tal caso, dependiendo de la pena que se asigne al hecho, el Ministerio Público deberá ponerlo a disposición del juez de garantía o del juez de menores, recabando la declaración sobre el discernimiento cuando corresponda.

- Su artículo 71 señala en su letra c) que el Presidente de la República determinará mediante decreto supremo, los establecimientos en que podrán ser internados los menores que pueden ser sometidos a examen de discernimiento en aquellos lugares en que no existan Centros de Observación y Diagnóstico.

LEGISLACIÓN COMPARADA.

a) España.

El artículo 19 del Código Penal fija la mayoría de edad en materia criminal en los 18 años y exige se regule expresamente la responsabilidad penal de los menores de esa edad en una ley independiente. Dicha ley es la llamada Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, vigente en ese país desde el año 2000.

Esta ley descansa sobre dos principios fundamentales:

1º la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa, que trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias entre el sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo justiciable.

2º la edad límite de 18 años que establece el Código Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores, precisa de otro límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir esa responsabilidad, la que se concreta en los 14 años, basándose en la convicción que las infracciones cometidas por los menores de esa edad son, generalmente, irrelevantes y que en las escasas oportunidades que ellas pueden producir alarma social, basta para darles una respuesta adecuada, el ámbito familiar y asistencia civil, sin necesidad de intervención del aparato judicial sancionador del Estado.

De acuerdo a lo anterior, son características de esta ley: la naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora educativa del procedimiento y de las medidas aplicables a los menores de edad; el reconocimiento expreso de todas las garantías que derivan del respeto a los derechos constitucionales y de las especiales exigencias del interés del menor; la diferenciación de diversos tramos para los efectos procesales y sancionadores en el caso de infractores menores de edad; la flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas por las circunstancias del caso concreto; la competencia de las entidades autonómicas relacionadas con la reforma y protección de menores para la ejecución de las medidas impuestas en la sentencia, y el control judicial de esta ejecución.

Algunas de estas características se traducen en que se establezca una diferencia por tramos de edad en el ámbito de aplicación de la ley, de 14 a 16 años y de 17 a 18 atendiendo a la existencia de diferencias propias de cada tramo que, desde un punto de vista científico y jurídico, exigen un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el segundo tramo la comisión de delitos caracterizados por la situación de peligro, de violencia o de intimidación. Igualmente, se contempla la posibilidad de aplicar esta ley a los mayores de 18 años y menores de 21, atendiendo a las circunstancias personales del autor, a su madurez y a la naturaleza y gravedad de los hechos.

Se establece expresamente la aplicación de respuestas específicas frente a casos en que se perciban síntomas de perturbación mental o la concurrencia de circunstancias que modifiquen la responsabilidad.

Partiendo de la base del interés superior del niño, se establece un amplio catálogo de medidas aplicables desde la perspectiva sancionadora educativa, correspondiendo su determinación a un juez especializado. Estas medidas, es decir, la amonestación y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se reservan a las infracciones menos graves y buscan hacer entender al menor lo intolerable socialmente de su conducta o la necesidad de reparar el daño causado. Las medidas de internación se reservan para las conductas más peligrosas y se orientan a disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para la reorientación de las deficiencias del menor que han caracterizado su comportamiento antisocial. Estas medidas pueden ser la internación en régimen cerrado, en régimen semi-abierto o en régimen abierto, caso este último en que el menor lleva a cabo las actividades del proyecto educativo en los servicios del entorno, debiendo residir en el centro como domicilio habitual.

Por último, cabe destacar también el llamado internamiento terapéutico que prevé la situación de menores que en razón de su adicción al alcohol u otras drogas o por disfunciones psíquicas, precisan de contextos especiales para la realización de una programación terapéutica, no dándose las condiciones idóneas en su entorno ni en su medio para un tratamiento ambulatorio.

b) Francia.

El sistema francés se inspira en el pensamiento de la defensa social, estableciendo una justicia de menores de carácter tutelar y asistencial.

Mantiene la mayoría de edad en los 18 años, disponiendo que bajo tal edad se es irresponsable penalmente, quedando sometido el menor a medidas de protección, de asistencia, de vigilancia y de educación, desprovistas de carácter represivo.

No obstante, esta regla general no es absoluta, estableciéndose un distingo entre mayores o menores de 13 años. Bajo esta edad no puede aplicarse pena alguna, imponiéndose sólo medidas educativas o de protección apropiadas al caso que se trate (entrega a los padres, internamiento en una institución de educación o en un establecimiento médico, etc.).

Tratándose de personas comprendidas entre los 13 y los 18 años, puede aplicarse una sanción penal cuando lo exijan las circunstancias personales del menor, combinada con una medida de libertad vigilada. En este punto, la ley efectúa un nuevo distingo, substituyendo el criterio del discernimiento por uno de oportunidad que permite decidir entre la vía educativa y la vía penal. Si se opta por la vía penal, puede aplicarse una sanción atenuada o “excusa atenuante de minoridad” la que es obligatoria respecto de quienes tienen entre 13 y 16 años. Para quienes están entre los 16 y los 18 años puede excluirse la atenuante de minoridad por una decisión especialmente fundada del tribunal.

c) Alemania.

La ley alemana distingue tres grupos: niños, jóvenes y jóvenes adultos. Respecto de los dos primeros grupos se plantea el problema de la capacidad de culpabilidad y en lo que se refiere al tercero, si bien tal problema no se plantea, se considera la edad para los efectos de graduar la sanción.

En el caso de los niños, es decir, los menores de 14 años, se aplica una regla biológica pura, declarándolos absolutamente irresponsables, sin atender para nada a la valoración de su madurez intelectual y moral. En caso de delinquir uno de éstos, el tribunal tutelar sólo puede imponer medidas protectoras o educativas.

La responsabilidad de los jóvenes, es decir, quienes tienen entre 14 y 18 años, está condicionada a su madurez moral y mental. De acuerdo a la Ley Penal Juvenil, el joven sólo es responsable penalmente si según su desarrollo moral y mental, posee suficiente madurez para captar el injusto del hecho y actuar de acuerdo con esa comprensión. Por tanto, se exige madurez mental y capacidad de formación de la voluntad, no bastando el simple discernimiento o capacidad de comprensión.

El método para determinar la imputabilidad es, entonces, de carácter biológico-psicológico, es decir, el desarrollo moral y espiritual es el fundamento biológico y la capacidad de comprensión o de acción la consecuencia psicológica exigida por la ley.

En el caso de los jóvenes, la declaración de ausencia de madurez excluye la culpabilidad, pudiendo el juez de menores aplicar las mismas medidas que el juez tutelar, es decir protectoras o educativas. En cambio, si es declarado capaz de culpabilidad es penalmente responsable y puede ser objeto de medidas educativas, medios correctivos o pena juvenil. Para la aplicación de las sanciones, debe atenderse a si las medidas educativas son o no suficientes y solamente si no lo son, se puede recurrir a las otras. En el caso de los medios correctivos, se recurre a ellos cuando no procediendo la pena juvenil, resulta imperioso hacer comprender al joven que debe responder por el ilícito cometido. En todo caso, su aplicación no conlleva las consecuencias jurídicas de una pena.

La pena juvenil consiste en la privación de libertad en un establecimiento para jóvenes y procede cuando en el hecho se manifiestan tendencias dañosas del joven y los medios educativos y correctivos son insuficientes, o bien, cuando resulta necesaria en atención a la gravedad de la culpabilidad.

La duración de la pena puede oscilar entre seis meses y cinco años. El límite máximo puede prolongarse hasta los diez años cuando se trata de un ilícito que en el derecho penal de adultos se castiga con una pena superior a diez años. Este límite máximo tiene lugar también en los casos en que cabe aplicar la pena juvenil al joven adulto.

Respecto de los jóvenes y jóvenes adultos cabe también la suspensión a prueba de la pena y la suspensión de la imposición de la pena.

En el caso de los jóvenes adultos, es decir, los que se encuentran entre los 18 y los 21 años, la responsabilidad penal es plena, aplicándoseles la legislación penal de adultos, salvo en dos casos: cuando el autor, según su desarrollo moral y mental al tiempo de la ejecución del hecho resulta todavía equiparable a un joven, o, cuando se trate de una infracción juvenil atendiendo a su clase, circunstancias y motivos. Fuera de los casos señalados, existe aún otra diferencia con la legislación de adultos y es que la pena de privación perpetua de libertad debe substituirse por una de prisión de diez a quince años.

d) Italia.

El Código Penal de 1930 distingue dos períodos: el de irresponsabilidad absoluta en el que se encuentran los menores de 14 años y el de responsabilidad condicionada, el que comprende a los mayores de 14 años y menores de 18, pero siempre que tengan capacidad de entender y de querer, cuestión que debe apreciar el juez y que de ser positivo, da lugar a la aplicación de una penalidad atenuada.

Asimismo, el Código en sus artículos 224 y 225 efectúa un nuevo distingo atendiendo a la peligrosidad del menor (entre los 14 y los 18 años) que delinque: si éste es inimputable pero reconocido como peligroso, puede, atendiendo a la gravedad del hecho y a las condiciones morales de la familia con que vive, disponer su internación en un reformatorio o someterlo al régimen de libertad vigilada. Si, por lo contrario, es imputable, el juez puede ordenar después del cumplimiento de la pena, la internación en un reformatorio o la sumisión al régimen de la libertad vigilada, siempre que se den las condiciones previstas en el artículo 224.

Contempla también la ley italiana la institución del perdón judicial, la que permite al juez, en caso de tratarse de menores imputables culpables de delitos no graves y que, además, no son reincidentes, perdonarlos.

Por último, cabe señalar que la capacidad de entender y querer, que determina la imputabilidad, se basa en el concepto de madurez, término que aunque un tanto impreciso y vago, la doctrina lo acepta como más objetivo y científico que el de discernimiento. Así, se entiende que un menor es imputable, si su capacidad de entender y de querer es el normal en el joven medio de su edad.

DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a) Algunas opiniones acerca del proyecto.

1.- Don José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia. Empezó su intervención señalando que el proyecto en análisis había sido objeto de un largo estudio y que uno de sus propósitos era subsanar las deficiencias que presenta el actual sistema de menores, entre las que señaló la inexistencia de una justicia especial para menores que han infringido la ley penal, por cuanto la mayoría de las denuncias sobre delitos cometidos por adolescentes son conocidas por los tribunales de menores como casos de protección, remitiéndose el resto a la justicia penal de adultos; no se contemplan diferencias en el procedimiento y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley y a los niños que necesitan asistencia y protección; no contiene una adecuada protección de los niños ni respuestas efectivas para el delito adolescente; las sanciones que se aplican, concebidas como medidas de protección, constituyen verdaderas penas, traducidas muchas veces en privación de la libertad sin derecho a defensa y sin límite en el tiempo; no se contempla participación alguna de las víctimas de la delincuencia adolescente; el paso por los hogares de menores suele constituirse en un eslabón de futuras carreras delictivas, y, por último, tanto las medidas de protección como la declaración del discernimiento generan una sensación social de impunidad, sin perjuicio, además, de que los adolescentes declarados con discernimiento son enjuiciados y condenados como adultos, sin considerar su condición de personas en desarrollo con lo cual se dificulta su reinserción social.

Procedió, en seguida, a entregar algunas cifras estadísticas relativas al período 1980 – 2001, señalando que del total de aprehensiones practicadas por Carabineros, un 7,3% correspondió a menores de edad, significando ello un aumento del 37% en el citado período. Indicó, asimismo, que en el período 1995 – 2001 el 5,5% de las aprehensiones correspondió a delitos contra la integridad física o la vida de las personas; el 32,5% a detenciones por faltas; el 13,5% a delitos reparables; el 16% a delitos menores y el 20, 1% a medidas de protección.

Señaló, más adelante, que lo que interesaba era plantear una reforma integral del sistema de justicia y protección de la infancia y adolescencia, implementándose la parte justicia por medio de este proyecto y el establecimiento de una judicatura, fiscalía y defensoría especializadas. La parte protección comprendería el proyecto sobre protección de los derechos de la infancia y una jurisdicción especializada representada por los tribunales de familia.

Se explayó en seguida sobre las características y contenidos del proyecto, recalcando lo fundamental que es la creación de un sistema de justicia especial para adolescentes infractores, basado en los principios de la reforma procesal penal, con el objeto de garantizar el derecho al debido proceso, mejorar la eficiencia de la persecución del delito y brindar protección a las víctimas. Agregó que el nuevo sistema contemplaba la existencia de jueces, fiscales y defensores especializados, estableciendo procedimientos que junto con sancionar a los infractores, se orientarían a reinsertarlos en la sociedad.

En lo que se refiere a los principios generales que informan la normativa propuesta, destacó el acusatorio en cuanto el Ministerio Público investiga y acusa y un tribunal letrado especializado resuelve el conflicto; la responsabilidad en la medida en que se reconoce más autonomía a los mayores de 14 años y menores de 18 para ejercer sus derechos, exigiéndoseles, en contrapartida, respeto por los derechos y libertades de los demás; la legalidad por cuanto sólo se castigan las conductas que la ley señala expresamente, sea ésta, el Código Penal o leyes especiales; la proporcionalidad por cuanto el catálogo de sanciones que se contemplan se ajustan a la gravedad del delito y a la edad del imputado; la reinserción social en cuanto la misión del nuevo sistema, junto con ejecutar las sanciones judiciales, consiste en reinsertar socialmente al menor, considerándose ello como un medio de proteger a la sociedad por cuanto se trata de personas que volverán al medio libre siendo aún jóvenes; el control del cumplimiento de la sanción correspondiendo a los jueces velar por dicho cumplimiento y por el respeto del derecho de los condenados; la concentración del procedimiento en cuanto se pretende abreviar el proceso a fin de que la respuesta a la infracción juvenil sea lo más cercana posible al hecho delictivo, fortaleciendo así el respeto por los derechos de los demás; el principio de oportunidad por cuanto el fiscal podrá iniciar o no la investigación atendiendo a la mejor solución del conflicto o a la vida futura del adolescente; los principios de la oralidad y de la inmediación por cuanto las presentaciones serán orales, agilizando y acortando el procedimiento y porque se realizan directamente ante el juez, sin intervención de otros funcionarios; el principio de inocencia, es decir, no se puede dar trato de culpable al menor mientras una sentencia ejecutoriada no lo declare; el derecho a defensa por cuanto el menor tiene derecho a la asistencia de un abogado; la protección de la víctima por cuanto el Ministerio Público debe velar por su seguridad y el tribunal garantizar la vigencia de sus derechos, y la supresión del trámite del discernimiento.

Recordó que para este proyecto, el adolescente no tiene la responsabilidad propia de un adulto y sólo es sujeto de una responsabilidad especial adecuada a su fase de desarrollo y al reconocimiento progresivo de su autonomía en el ejercicio de sus derechos.

Añadió que el proyecto castigaba todos los crímenes y simples delitos como también algunas conductas tipificadas como faltas en razón del especial impacto que tienen en la seguridad de las personas, calificando los ilícitos en graves y simples infracciones.

Las sanciones que se proponen se califican en privativas y no privativas de libertad, aplicándose las primeras a las infracciones graves, entre las que se cuenta el homicidio, la violación, el secuestro y sustracción de menores, las mutilaciones y las lesiones graves, el robo con violencia y con intimidación y el robo con fuerza en lugares habitados y las figuras complejas basadas en los delitos anteriores. Las sanciones privativas de libertad aplicables a estos ilícitos serían el arresto domiciliario de fin de semana; la privación de libertad en un centro cerrado más libertad asistida por un máximo de cinco años, el internamiento en régimen semi-cerrado y el internamiento en régimen cerrado.

Las sanciones no privativas de libertad serían la amonestación, la multa, la prohibición de conducir vehículos motorizados, la reparación del daño causado, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad y la libertad asistida.

Para los efectos de la aplicación de las sanciones, el proyecto atiende a circunstancias tales como la edad del adolescente, la naturaleza de la infracción (grave o simple infracción), el número de infracciones cometidas y la gravedad de los hechos atendiendo a la naturaleza y extensión de las penas, al grado de participación y de ejecución y la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad.

Finalizó su intervención señalando que, a su parecer, el proyecto no presentaría mayores complicaciones, centrándose en dos aspectos principales como son la rebaja de la edad para ser responsable y el establecimiento de sanciones privativas o no privativas de libertad.

2.- El señor Mauricio Duce Julio, abogado, profesor e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

Inició su intervención señalando que, en general, el proyecto satisfacía los estándares internacionales en materia de derechos de los adolescentes y debido proceso, particularmente por el hecho de cambiar de giro en el paradigma vigente hasta hoy que considera a los jóvenes como sujetos pasivos de protección, pasando a estimarlos como sujetos de derechos y responsabilidades. Lo anterior significa que junto con asignar derechos a los jóvenes, es posible exigirles responsabilidades por su ejercicio.

Refiriéndose, luego, a la parte procesal en general, señaló que la estructura que se estableció para el proyecto, hacía que éste dependiera o se encontrara vinculado directamente con las normas del nuevo Código Procesal Penal, hasta el punto que podría afirmarse que el proceso penal que se establece en ese Código, es el proceso para los adolescentes que este proyecto impone.

Recordó que el artículo 34 del proyecto, señalaba que las normas del Código Procesal Penal serían de aplicación supletoria para los adolescentes, pero, en realidad, lo que haría esta normativa, sería regular tres o cuatro aspectos muy específicos en relación al proceso de adolescentes, remitiéndose en el resto, en forma mayoritaria, al nuevo sistema procesal penal.

Señaló que el carácter supletorio que se asigna a la nueva normativa procesal penal, tendría aspectos positivos pero también negativos. En la primera situación, cabría contabilizar el hecho que, en líneas generales, el nuevo proceso penal sería absolutamente compatible con los requerimientos del debido proceso, pero, en la segunda, el carácter reflejo del proceso penal para adultos que tiene la normativa que se propone, sería, hasta cierto punto, un retroceso en lo que se refiere a los anteproyectos elaborados sobre esta materia, los que contemplaban un proceso especial para adolescentes con muchas más particularidades y que, en general, tendían a simplificar y a hacer más rápido el proceso para la determinación de las responsabilidades juveniles.

En cuanto a la justicia especializada que propone el proyecto, señaló que el sistema que se establece, no obstante no tratarse de un sistema juvenil nuevo y exclusivo, satisface los requerimientos internacionales, porque se funda en la especialización funcional de quienes cumplen labores en el sistema de justicia criminal de adultos.

Reparó, sin embargo, algunas diferencias entre los anteproyectos y la iniciativa enviada finalmente al Congreso, señalando, en primer lugar, que, a su parecer, en la estructura general del proceso habría un notorio retroceso, por cuanto en los primeros se contemplaba un procedimiento muy sencillo, rápido e informal, que se centraba en una audiencia preliminar al inicio de la persecución de los jóvenes y que permitía sacar una gran cantidad de casos del sistema, resolver en la misma audiencia asuntos sobre los que no había controversia sobre los hechos y daba lugar al juicio sin necesidad de una mayor instrucción o investigación. El proyecto, en cambio, elimina la audiencia preliminar y establece las tres etapas propias del procedimiento para adultos, entre las que se cuenta la de investigación que dura 180 días y puede ampliarse por 30 más. Es decir, 6 a 7 meses de duración, plazo que los anteproyectos no contemplaban. Estimó de especial relevancia esta situación, toda vez que en la etapa de investigación están los jóvenes especialmente expuestos a la vulneración de sus derechos, recordando que en ella se discute la prisión preventiva o internación provisoria, la que podría durar hasta el término del proceso. Si a esto se une el derecho del adolescente a ser juzgado en un plazo razonable como una forma de evitar las consecuencias del transcurso del tiempo que, debido a su edad, afecta el desarrollo de su vida, fácil resulta prever las consecuencias que podría tener esta norma.

Señaló, en seguida, que uno de los puntos más relevantes de los instrumentos internacionales en materia de justicia adolescente, basados en la idea de que cualquier intervención penal, aun cuando sea mínima, siempre encierra el riesgo de producir más males que bienes, se expresaba en los anteproyectos en la regulación de la discrecionalidad de los agentes del sistema de sacar casos o finalizarlos anticipadamente. Los anteproyectos eran mucho más claros y compatibles en esta materia que el proyecto, por cuanto si bien éste conserva las facultades de los fiscales de no iniciar o continuar una investigación por la vía de aplicar el principio de oportunidad, no sucede así con las facultades judiciales que los anteproyectos franqueaban al juez en la audiencia preliminar y que le permitía seguir sacando casos, por ejemplo, por considerar que los antecedentes del Ministerio Público no eran suficientes o el asunto era de muy poca relevancia. Estimaba que con la supresión de esta facultad se permitía ingresar al sistema casos que no debiera conocer.

Consideró que en el caso de la aplicación de las medidas cautelares, específicamente, la internación provisoria, el proyecto le parecía correcto, toda vez que consagraba su carácter excepcional y la admitía sólo en caso de las infracciones graves y siempre que no dieran resultado otras medidas. Pero le parecía que la regulación de la misma constituía también un fuerte retroceso en relación a los anteproyectos, los que sólo admitían esta medida ante el riesgo de no comparecencia o fuga del menor o para proteger a la víctima. El texto en estudio, en cambio, suprimía estas restricciones y hacía aplicables las disposiciones del Código Procesal Penal, las que contienen causales mucho más amplias, en especial, la de constituir un peligro para la sociedad que, dada la amplísima interpretación judicial sobre la materia, daría lugar a una situación incompatible con los tratados internacionales.

Insistió en el problema que se presentaba con la duración de la medida de internación provisoria, ya que por las razones señaladas, los anteproyectos establecían que nunca podría durar más de 90 días, limitaciones que el proyecto suprime al establecer que puede durar hasta el término del proceso que, como ya se dijo, puede extenderse hasta cerca de un año.

3.- El señor Miguel Cillero, abogado, consultor en el área de Derecho del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Empezó señalando que el Comité de los Derechos del Niño, organismo creado en la Convención de los Derechos del Niño, había entregado un mandato a la UNICEF para trabajar por el respeto y la promoción de los derechos humanos de los niños y adolescentes, incluidos los infractores a la ley penal, mandato que debe cumplirse dentro del marco del respeto de todas las personas a estar protegidas de los delitos y a la promoción de una convivencia pacífica. Agregó que el Comité había expresado, en enero de 2002, su inquietud porque tanto el derecho y el procedimiento propio de los adultos, se aplicaba también a los niños de 16 a 18 años que habían obrado con discernimiento y que la recomendación formulada a los Estados parte en el sentido de ocuparse de la fijación de una edad mínima para que exista responsabilidad penal, no se había llevado a la práctica.

Recordó que el mismo Mensaje que acompaña al proyecto, señalaba que la informalidad del sistema tutelar de menores, establecido con el propósito de beneficiarlos, había permitido el surgimiento de un sistema punitivo-tutelar no sometido a los controles del sistema penal formal, constituyéndose en una fuente de vulneración de derechos constitucionales, tanto en el ámbito procesal como en el de las garantías constitucionales. Partiendo de lo anterior, señaló que los principales problemas se encontraban en el juzgamiento y sanción de menores de 18 años y mayores de 16 como adultos, siempre que obraren con discernimiento; en la existencia de un sistema basado en la irregularidad y en la peligrosidad y no en la responsabilidad; en la ampliación del sistema penal a situaciones de irregularidad y desprotección social; en el uso excesivo de la privación de libertad; en la falta de garantías procesales, y en un inadecuado sistema de ejecución.

Los principios rectores sobre la materia se enmarcarían en la separación de los sistemas jurídicos de protección de los derechos de la infancia, de la respuesta penal a las infracciones cometidas por adolescentes, evitando criminalizar la pobreza; en la superación de la idea de incapacidad penal y en el establecimiento de un sistema especial de responsabilidad de los adolescentes entre los 14 y los 18 años; en el respeto de la dignidad del adolescente infractor y en la promoción de su integración social y desarrollo, siendo su situación jurídica frente al Estado distinta a la del adulto, y en la marcada distinción que debe haber entre la respuesta a la criminalidad leve y a la grave.

De acuerdo al Comité de los Derechos del Niño, los objetivos que deben perseguirse son el derecho de éstos a ser tratados de una manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor; a que se fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y a que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover su reintegración y de que asuma una función constructiva en la sociedad.

Los principios estructurante de una legislación para menores deberían ser la responsabilidad, la legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la excepcionalidad de la privación de libertad.

En el caso de la responsabilidad, las notas distintivas se expresarían en que ningún adolescente puede ser juzgado y sancionado como adulto y ningún niño como adolescente; en que las restricciones o privaciones de derechos de los adolescentes nunca podrían ser más estrictas que las aplicables a los adultos; en que deben establecerse garantías, sanciones y procedimientos especiales, y en el reconocimiento del adolescente como un sujeto que tiene todos los derechos. Las sanciones, entonces, debieran contemplar como último recurso la privación de libertad, dándose preferencia a las respuestas no privativas de libertad y a las medidas de control y restricción de derechos, más que de privación; deberían tener una finalidad responsabilizadora y orientadora y guiarse por los principios de la justicia restaurativa.

El principio de legalidad se expresaría en la idea de nunca sancionar una conducta que no es delito para los adultos y en el empleo de instrumentos como la descriminalización primaria y la aplicación del principio de oportunidad.

El proceso penal aplicable a los adolescentes debiera considerar la aplicación del principio de oportunidad, la aplicación intensiva de las garantías y la participación del imputado por medio de una defensa jurídica. Las sanciones deberán ser proporcionales a la gravedad del delito, no tener el carácter de des-socializadoras, orientarse a la protección de los derechos y contemplar, sólo en carácter excepcional, la privación de libertad.

Refiriéndose al proyecto mismo, lo estimó apropiado, pero observó que no se garantizaba adecuadamente la no aplicación de sanciones punitivas encubiertas para personas menores de 14 años; estimó que si bien se respetaba el principio del debido proceso, se debilitaba la especialidad, mostrando preocupación por la duración de las medidas cautelares, por la garantía de la defensa jurídica y la poca claridad de los artículos 59 y 60 que podrían permitir un enjuiciamiento inmediato. Igualmente, consideró que no se garantizaba adecuadamente la especialización de los agentes del sistema, es decir, jueces, abogados y fiscales; que el catálogo de infracciones que daban lugar a la privación de libertad, la que debería ser excepcional, era demasiado amplio, abarcando desde el robo con fuerza en las cosas hasta el homicidio con violación; creía conveniente el establecimiento de tramos de edad para los efectos de la responsabilidad; que no se garantizaba que la privación de libertad fuera siempre menor a la de adultos; que la regulación de los sistemas de privación de libertad sería deficiente, recomendando aplicar las Reglas Mínimas para Menores Privados de Libertad de las Naciones Unidas; que también habría una insuficiente regulación de la ejecución y control de las sanciones, especialmente, la libertad asistida y la revisión de oficio; que el sistema semi-cerrado estaría mal delineado y, por último, que se contemplaría una escasa aplicación de los principios de la reparación-conciliación, los que podrían aplicarse a delitos que afecten el patrimonio de carácter leve.

b) Discusión en general

Al discutirse la idea de legislar, el Diputado señor Burgos expresó su apoyo a la iniciativa por estimar indispensable reformar el sistema imperante, aun cuando manifestó la necesidad de hacer coincidir esta nueva normativa con las demás reformas destinadas a reemplazar totalmente la Ley de Menores, opinión con la que concordó la Diputada señora Cubillos quien, no obstante, mostró cierta aprensión porque, a su parecer, esta nueva legislación debería centrarse no sólo en determinar la responsabilidad de los jóvenes que delinquen sino que también en buscar justicia para las víctimas, ya que de lo contrario, se estaría elaborando una legislación basada en una rehabilitación teórica que, finalmente, terminaría consagrando la impunidad.

El Diputado señor Monckeberg apoyó, asimismo, la idea de legislar ya que la iniciativa garantizaba mejor la seguridad frente a la delincuencia organizada que utiliza a menores para concretar sus acciones ilícitas, aunque expresó dudas acerca de que llevara a una buena rehabilitación y reinserción social de los menores, parecer que compartió el Diputado señor Luksic , quien junto con manifestar su apoyo a la idea de legislar, estimó delicado implementar esta nueva legislación, sin una adecuada rehabilitación del delincuente que se encuentra en una etapa intermedia de su vida y en plena evolución.

El Diputado señor Ceroni, a su vez, apoyó también la idea de legislar por cuanto mantener la situación actual constituía el peor de los escenarios, toda vez que no funcionaba, pero hizo presente la necesidad de que el Gobierno dotara de mayores recursos al nuevo sistema y arbitrara los medios de capacitar a jueces especializados para la adecuada aplicación de las reformas.

Por último, la Diputada señora Guzmán se mostró favorable a la idea de legislar, especialmente, por tratarse de una iniciativa esperada desde largo tiempo, pero ante la necesidad de tener un conocimiento cabal de las bases sobre que se construye, expresó su parecer en cuanto a aprobar primero el proyecto que reorganiza el Servicio Nacional de Menores, para saber de los programas que se efectuarán en los centros cerrados y los programas ambulatorios, como también poder comprobar si el Servicio podrá contar con los recursos suficientes.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó la idea de legislar, por unanimidad. (participaron en la votación las Diputadas señoras Cubillos y Guzmán y los señores Burgos, Ceroni, Monckeberg y Luksic)

c) Discusión en particular.

Durante el debate artículo por artículo la Comisión llegóa los siguientes acuerdos:

Artículo 1°.- (pasó a ser 1° y 2°).

Trata del contenido de la ley, señalando, en su inciso primero, que esta normativa regla la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones de los adolescentes a la ley penal, del procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad y de la determinación y modalidades de ejecución de sus consecuencias.

Su inciso segundo agrega que las personas a quienes se aplica esta ley, gozarán de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución, las leyes, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

1) La Diputada señora Guzmán estimó redundante el inciso segundo por cuanto, a su parecer, las disposiciones constitucionales, las leyes y los tratados internacionales deben aplicarse sin necesidad de que esta norma lo diga. Presentó, en consecuencia, una indicación para suprimir este inciso, la que fue rechazada por mayoría de votos. (4 votos en contra, 3 a favor y 2 abstenciones).

2) Los Diputados señor Bustos y señora Soto consideraron necesario mantener el inciso por tratarse de una legislación especial, pero por razones de forma, estimaron que debería figurar, separadamente, como artículo 1° del proyecto, opinión que se concretó mediante una indicación de la señora Diputada mencionada, la que se aprobó por unanimidad.

Su texto, por tanto, quedó como sigue:

“Artículo 1°.- Derechos y garantías. Las personas a quienes se aplica esta ley gozarán de todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”.

3) Con respecto al inciso primero original, la Comisión, siguiendo la observación del Diputado señor Burgos en cuanto a que el término “modalidad” sería inadecuado, como también la redacción dada a la parte final, acordó, por unanimidad, acoger una indicación del Diputado mencionado y del Diputado señor Bustos, para substituir la frase “ y la determinación y modalidades de ejecución de sus consecuencias, por la siguiente:” la determinación de sus consecuencias y la forma de ejecución de éstas.”.

Su texto, expresado como artículo 2°, quedó en los siguientes términos:

“Artículo 2°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones de los adolescentes a la ley penal, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de sus consecuencias y la forma de ejecución de éstas.”.

Artículo 2°.- (pasó a ser 4°) Se refiere a la finalidad de la responsabilidad penal, señalando que la atribución de consecuencias jurídicas a la responsabilidad de los adolescentes por las infracciones que señala esta ley, tiene por objeto sancionar los hechos que constituyen la infracción y fortalecer el respeto del adolescentes por los derechos y libertades de los demás, resguardando su desarrollo e integración social.

Los Diputados señor Ceroni y señora Soto estimaron confusa la redacción, opinando el primero que debería establecerse con claridad, como una forma de orientar la decisión judicial, que la finalidad es la protección del adolescente, y la segunda que debiera enfatizarse en el principio de la justicia restaurativa y en el respeto por los derechos del menor.

El Diputado señor Bustos, considerando que la sanción no es la finalidad sino sólo la consecuencia de la conducta del menor, sostuvo que debería quedar establecido que el objeto o propósito de esta legislación, sería el resguardo del desarrollo e integración social del adolescente, tanto para el fortalecimiento del respeto por sus derechos como para el de las demás personas.

Finalmente, sobre la base de un nuevo texto sugerido por los representantes del Ejecutivo, acogiendo las observaciones efectuadas durante el debate, la Comisión coincidió, por unanimidad, en el siguiente texto:

“Artículo 4°.- Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. La protección del desarrollo e integración social del adolescente y el fortalecimiento del respeto por sus derechos, así como por los derechos y libertades de las demás personas, constituyen la finalidad de las sanciones y otras consecuencias que derivan de la responsabilidad regulada en la presente ley.”.

Artículo 3°.- (pasó a ser 5°).

Trata de la edad del imputado, señalando en su inciso primero que, para los efectos de esta ley, se entenderá por adolescente toda persona que al momento de la comisión de la infracción a la ley penal que se le imputa, sea mayor de catorce años cumplidos y menor de dieciocho años.

Su inciso segundo dispone que la edad del imputado podrá determinarse por cualquier medio.

Su inciso tercero agrega que en caso de duda acerca de si el imputado es un adolescente o un adulto, el juez presumirá que se trata de un adolescente, y si la duda incide en determinar si se trata de un adolescente o un menor de catorce años, el juez presumirá que se trata de un menor de catorce años.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta disposición señalando que hay oportunidades en que debe aplicarse la normativa para menores de catorce años, que sólo faculta para la adopción de medidas policiales, como en el caso del control de detención, o bien, cuando en virtud de la premura procesal, no se cuente con los elementos para determinar la edad. En tales casos, resulta necesaria una regla para solucionar el problema y no prolongar una detención ilegal en razón de existir una duda.

El Diputado señor Bustos estimó que la palabra “comisión”, que se emplea en el primer inciso, resultaba ambigua, toda vez que dicho término, desde el punto de vista procesal, podría entenderse como el inicio del acto ilícito o como su resultado, razón por la cual la Comisión convino, por unanimidad, substituir dicha expresión por las siguientes “ al inicio de la”

Sobre este mismo inciso, se suscitó un debate acerca de la situación que se produce tratándose de delitos de carácter permanente, como sería el caso del secuestro, estimando los Diputados señora Guzmán y señor Forni que, en tal caso, debería aplicarse la pena más grave, es decir, la correspondiente a un adulto si se termina la ejecución del ilícito en esa etapa de la vida.

Por su parte, el Diputado señor Bustos se manifestó partidario de dar mayor libertad al juez para ponderar la situación y determinar la pena a aplicar en el caso de delitos de carácter permanente cuya ejecución termina en la edad adulta del hechor, opinión esta última con la que coincidieron los Diputados señora Soto y señor Ceroni, quienes propusieron que si la ejecución del delito terminaba en la época adulta, lo lógico sería partir con la pena aplicable al adolescente, pero agravada.

1) De conformidad a lo anterior, los Diputados señora Guzmán y señores Díaz y Forni presentaron una indicación para agregar al inciso primero la siguiente oración final:

“Excepcionalmente, cuando se trate de delitos permanentes se aplicarán las leyes propias de la época en que el delito termina de ejecutarse.”

Se rechazó la indicación por mayoría de votos (3 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención).

2) Los Diputados señora Soto y señores Bustos, Burgos, Ceroni y Luksic presentaron, a su vez, otra indicación para intercalar un nuevo inciso segundo del siguiente tenor:

“En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, el juez determinará la legislación aplicable atendiendo a las circunstancias de hecho y personales.”.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos (6 votos a favor y 3 abstenciones).

3) En lo que respecta al inciso tercero de la norma original, los Diputados señores Díaz y Forni, siguiendo una prevención formulada por la Diputada señora Guzmán, fueron partidarios de limitar la amplitud de la facultad que se entrega al juez para presumir la condición de adolescente o de menor de catorce años del imputado, en caso de dudas acerca de su edad, señalando que dicha facultad jugaría una vez agotados todos los medios para efectuar tal determinación, motivo por el cual presentaron una indicación para anteponer a dicho inciso la siguiente oración:

“Una vez agotados todos los medios para determinar la edad y...”.

Se aprobó por unanimidad.

4) Finalmente, la Comisión, atendiendo una proposición de la Diputada señora Guzmán, quien planteó que la norma de resguardo que figura como inciso primero del artículo 4° original, es decir, la que dispone que las personas menores de catorce años no podrán, en caso alguno, ser objeto de los procedimientos judiciales y sanciones que regula esta ley, debiera encabezar este artículo, optó, por unanimidad, por agregarla, con modificaciones, como inciso final de este artículo, con la siguiente redacción:

“Las personas menores de catorce años carecen de responsabilidad criminal, por lo que, en ningún caso, podrán ser objeto de los procedimientos y sanciones que regula esta ley.”.

Como consecuencia de lo anterior, la redacción de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 5°.- Límites de edad a la responsabilidad. Para los efectos de esta ley se entenderá por adolescente toda persona que al inicio de la infracción a la ley penal que se le imputa, sea mayor de catorce años y menor de dieciocho años.

En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, el juez determinará la legislación aplicable atendiendo a las circunstancias de hecho y personales.

La edad del imputado podrá ser determinada por cualquier medio.

Una vez agotados todos los medios para determinar la edad y en caso de duda acerca de si el imputado es un adolescente o un adulto, el juez presumirá que se trata de un adolescente. Si la duda es si el imputado es un adolescente o un menor de catorce años, el juez presumirá que se trata de un menor de catorce años.

Las personas menores de catorce años carecen de responsabilidad criminal, por lo que, en ningún caso, podrán ser objeto de los procedimientos y sanciones que regula esta ley.”.

Artículo 4°.- (se suprime).

Trata sobre los límites de edad de la responsabilidad, señalando en su inciso primero que las personas menores de catorce años, no podrán, en caso, alguno, ser objeto de los procedimientos judiciales y sanciones que regula esta ley.

Su inciso segundo agrega que la responsabilidad penal de los adolescentes sólo podrá ser determinada de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley, pudiéndoseles aplicar únicamente las sanciones que esta ley contempla. En virtud de la declaración de dicha responsabilidad, solamente se podrán aplicar las sanciones contempladas en el artículo 18 de esta ley.

Respecto del inciso primero de este artículo, como ya se señaló al tratar el artículo anterior, pasó a ser, con modificaciones, inciso final del nuevo artículo 5°.

Su inciso segundo que, con una redacción modificada, la Comisión había acordado en principio hacerlo figurar como artículo 3°, terminó siendo suprimido por considerar la Comisión que las ideas que contenía eran muy similares a las que consagra el proyecto en el artículo 8°, disposición que como se verá, pasó a ser artículo 3°.

Artículo 5°.- (pasó a ser 6°).

Se refiere a las infracciones a la ley penal, señalando que para los efectos de esta ley, se considerará infracción a la ley penal, la intervención de un adolescente como autor, cómplice o encubridor en un hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Su inciso segundo agrega que se considerarán, asimismo, infracciones a la ley penal, los hechos cometidos por adolescentes tipificados en los artículos 494 números 4, 5 y 19, sólo en lo que dice relación al artículo 446; 495 número 21 y 496 números 5 y 26 del Código Penal.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que se había optado por la remisión a las figuras del Código Penal y no por la confección de un catálogo de ilícitos aplicables exclusivamente a los adolescentes, atendiendo a que cualquier cambio de la legislación, haría necesaria la inclusión o exclusión de nuevas figuras, como también para evitar el riesgo de dejar fuera ciertos ilícitos que, en rigor, se quisiera sancionar.

Agregaron que lo que se proponía era que los ilícitos fueran comunes a todas las personas y que la edad se considerara como factor para determinar la responsabilidad.

Respecto de este artículo se suscitó un largo debate, mostrándose algunos señores parlamentarios partidarios de configurar un catálogo de delitos aplicables a los adolescentes, en razón de que de conformidad a la Convención de los Derechos del Niño, existía una clara diferencia entre adultos y adolescentes, no pudiendo, por tanto, efectuarse una simple remisión a la normativa de adultos ya que ello significaría darles el mismo trato. Se trataría de realidades distintas.

Por lo contrario, otros señores Diputados estimaron innecesario tal catálogo, toda vez que si se legislaba para dar al menor un trato distinto al adulto, bastaba con la remisión a las figuras del Código Penal, el que describe, igualmente, todo un catálogo, pero teniendo claro que la protección del menor se concreta por medio de distintos grados de responsabilidad.

1) Los Diputados señores Díaz y Forni presentaron una indicación para agregar al final del inciso primero, la siguiente oración: “De la misma forma se considerará la intervención de un adolescente como autor de un hecho tipificado como falta.”, y para suprimir el inciso segundo de este artículo.

La indicación, que sanciona la participación como autor de un menor en cualquier tipo de faltas, fue rebatida por los representantes del Ejecutivo basándose en los principios de la proporcionalidad y de la especialidad. En efecto, por aplicación del primer principio, debe considerarse la proporcionalidad de la sanción penal y la necesaria equivalencia entre las categorías de crimen, simple delito y falta, además de la regla de la aplicación especial de las penas para menores de edad, la que se caracteriza por una reducción de su aflictividad, tanto en naturaleza como en duración, a resultas de lo cual casi no queda base o piso para la sanción de las faltas. De ahí entonces que se estime, en general, que tratándose de faltas cometidas por adolescentes, éstas no sean punibles. No obstante, se ha pensado que teniendo el Derecho Penal un carácter preventivo y retributivo, ciertas y determinadas faltas, en razón de su mayor relevancia pública o social, deben quedar comprendidas por razones de prevención general.

En todo caso, lo anterior no significa que el Estado no pueda intervenir por otros motivos distintos a los penales frente a la persona o al hecho que pueda estar ocurriendo. Así, si se produce una falta no comprendida en las que se señalan en este artículo, que diga relación con desajustes conductuales de carácter familiar, quien deberá resolver la situación será el sistema proteccional o de familia, el que deberá ocuparse de la situación en razón de sus fundamentos y no como un conflicto penal.

Después de estas explicaciones, la Comisión procedió a rechazar la indicación por mayoría de votos (2 votos a favor y 5 en contra).

2) Los Diputados señores Burgos y Luksic presentaron una nueva indicación para incluir entre las faltas que menciona el inciso segundo, las correspondientes a los números 1 y 3 del artículo 494, es decir, al que asistiendo a un espectáculo público provocare algún desorden o tomare parte en él y al que sin licencia de la autoridad competente, cargare armas prohibidas por la ley o por los reglamentos generales, aduciendo, en el primer caso, que se trataba de faltas de ordinaria ocurrencia, que implicaban situaciones graves como es el caso de los espectáculos públicos, especialmente el fútbol y, en el segundo, porque si se sanciona la amenaza con arma blanca o de fuego, con mayor razón debería penarse al que las carga y, además, porque es el inicio de una cadena que se quiere controlar desde el comienzo. Recordaron, además, que el Ejecutivo había hecho presente que enviaría a tramitación legislativa un proyecto que considera circunstancia agravante cometer un delito usando armas.

Respecto de esta indicación, los representantes del Ejecutivo sostuvieron que en el caso de los desórdenes, si éstos se materializan en molestias a terceros, deberá aplicarse la facultad que el artículo 48 de este proyecto entrega a la autoridad y, si adquirieren mayor gravedad provocando daños materiales o agresiones a terceros, estarían en el marco de lo ya incluido. Quedarían, por tanto, fuera solamente los desórdenes de muy poca importancia que, evidentemente, justifican una intervención para evitar su prosecución, pero nunca un proceso penal. En el caso del carguío de armas, señalaron que tal figura dejaba fuera el porte de armas de fuego porque ello constituía, por lo menos, un simple delito, como también su uso demostrativo porque ello caería dentro de la amenaza que describe el N° 4 , el que está incluido en este inciso. Por tanto, lo que sanciona el N° 3 del artículo 494, se refiere solamente al hecho de portar un arma blanca. De ahí, entonces, su exclusión.

Cerrado finalmente el debate y acordada la división de la votación por números, resultó aprobada la agregación del N° 1 y la del N° 3 por mayoría de votos (4 votos a favor y 3 en contra y 6 votos a favor y 1 en contra, respectivamente).

3) El Diputado señor Bustos se mostró, en principio, partidario de eliminar las faltas de la ley penal de menores. A su juicio, las conductas de los menores están determinadas por problemas de abandono y lo que se busca con esta ley es su socialización y la habilitación de sus capacidades. Para el caso de los pequeños hurtos que pueden reiterarse, la salida está en la aplicación de medidas de protección o en las que autoriza el artículo 48 de este proyecto para el caso de la comisión flagrante de una falta. Coincidió con la Diputada señora Soto en lo que dice relación con el causar lesiones leves, puesto que ello es algo normal en personas en desarrollo. En el caso del artículo 495 N° 21, que se refiere a causar daños menores actuando intencionalmente o con negligencia culpable, sostuvo que se trataba de una figura estrambótica por cuanto se configuraba una falta culposa en circunstancias que el delito culposo de daño no está contemplado en el Código Penal.

Finalmente, señaló que en el caso de las faltas cometidas por menores, debería atenderse al origen o causa de tales conductas y aplicar las correspondientes medidas de protección, evitando estigmatizar al adolescente al someterlo a un proceso penal. No estimó adecuado aplicar las mismas reglas de los adultos por cuanto la ley penal de menores debe ser diferente a la de adultos.

Por último, como una forma de concordar su posición con la de los partidarios de mantener ciertas faltas dentro de este proyecto, presentó una indicación para suprimir el N° 21 del artículo 495 y los números 5 y 26 del artículo 496.

Puesta en votación la indicación separadamente por número, arrojó los siguientes resultados:

Se aprobó la supresión del N° 21 del artículo 495 por mayoría de votos (4 votos a favor y 3 en contra).

Se rechazó la supresión del N° 5 del artículo 496 por mayoría de votos (2 votos a favor y 5 en contra).

Se rechazó la supresión del N° 26 del artículo 496 por mayoría de votos (2 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención).

4) Finalmente, la Diputada señora Soto presentó una última indicación para suprimir los números 5 y 19 del artículo 494; el N° 21 del artículo 495, y el N° 26 del artículo 496.

Como ya se dijo al tratar la indicación presentada por el Diputado señor Bustos, se aprobó la supresión del N° 21 del artículo 495 y se rechazó la supresión del N° 26 del artículo 496.

En el caso de los números 5 y 19 del artículo 494, la señora Diputada sostuvo que sancionar como falta causar lesiones leves, en el caso de menores, resultaba inapropiado, toda vez que este tipo de lesiones era algo de ordinaria ocurrencia entre jóvenes y niños, algo que está en la naturaleza humana misma, de ninguna manera comparable con las demás faltas que incluye el artículo, y, en cuanto a los hurtos inferiores a una unidad tributaria mensual, coincidió plenamente con el Diputado señor Bustos, en cuanto a que ello obedecía a situaciones de abandono, que correspondía enfrentar con medidas de protección y no con la sumisión a proceso, medida estigmatizante e inadecuada para estos casos.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que se habían incorporado las lesiones leves al catálogo de faltas aplicables a los menores, en razón de la naturaleza de este ilícito, que gradúa la gravedad del hecho atendiendo al resultado de la acción. Así, resultaba perfectamente posible la existencia de una intencionalidad considerablemente dañosa, pero que en atención al resultado de la acción, sólo se calificaba como lesiones leves. Por otra parte, recordaron que en el caso de una riña sin mayor trascendencia entre menores, las consecuencias de ella, traducidas en moretones u otras huellas semejantes, serían consideradas por el Ministerio Público como algo menor y, por aplicación del principio de oportunidad, las descartarían. Lo anterior, hacía aconsejable dejar la resolución de estas materias en manos del órgano de persecución penal y no en las del legislador por la dificultad que presentan las lesiones en cuanto a su calificación en base al resultado. En lo que se refiere al N° 19, es decir, los hurtos inferiores a una unidad tributaria mensual, la idea había sido incorporar esta falta al sistema para luego aplicar las distintas salidas alternativas que el sistema provee, en caso de no ser necesario administrar una sanción.

Cerrado finalmente el debate y acordado dividir la votación por número, resultó rechazada la supresión del N° 5 por mayoría de votos (3 votos a favor y 5 en contra), y la supresión del N° 19, en tercera votación, se rechazó por unanimidad.

Como consecuencia de todo lo anterior, este artículo quedó como sigue:

“Artículo 6°.- Infracción a la ley penal. Para los efectos de esta ley se considera infracción a la ley penal la intervención de un adolescente como autor, cómplice o encubridor en un hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Asimismo, se consideran infracciones a la ley penal los hechos cometidos por adolescentes tipificados en los artículos 494 números 1, 3, 4, 5 y 19, sólo en lo que dice relación al artículo 446; y 496 números 5 y 26 del Código Penal.

Artículo 6°.- (pasó a ser 7°).

Trata de las infracciones graves, considerando que para los efectos de esta ley, tienen el carácter de infracciones graves los siguientes delitos, sea que se encuentren consumados o frustrados:

a) El homicidio, b) la violación, c) el secuestro y la sustracción de menores, d) las mutilaciones y las lesiones graves tipificadas en el N° 1 del artículo 397 del Código Penal, y e) el robo con violencia en las personas.

Su inciso segundo agrega que constituyen también infracciones graves los siguientes delitos en calidad de consumados:

a) El robo con intimidación en las personas, en que se amenace a la víctima con causarle la muerte, violación o un grave daño a su integridad física, y b) el robo con fuerza en las cosas en lugares habitados, regulado en el artículo 440 del Código Penal.

Su inciso tercero señala que lo dispuesto será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley, tomando como base las conductas mencionadas en los incisos precedentes.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta disposición precisando que el hecho de no calificar una conducta como grave, no significa que tal conducta quede sin sanción. Recordaron que el efecto principal de esta calificación es que da lugar a penas privativas de libertad. Los ilícitos no contemplados en esta norma se castigan hasta con la pena inmediatamente inferior a la privación de libertad.

1) La Diputada señora Guzmán presentó una indicación para agregar en el inciso primero la siguiente letra f):

“ f) Los delitos contemplados en los artículos 1° al 7° de la ley N° 18.314, sobre conductas terroristas.”.

Los representantes del Ejecutivo estimaron innecesaria la indicación por cuanto en materia de conductas terroristas, lo que se hace es basarse en figuras descritas en el Código Penal, aplicarles una intencionalidad y calificarlas de terroristas, por lo que la mayoría tendrían el carácter de graves y estarían comprendidas en el inciso final.

Cerrado el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos (6 votos en contra y 1 abstención).

2) Los Diputados señores Forni y Monckeberg presentaron una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Infracciones graves. Para los efectos de esta ley, constituyen infracciones a la ley penal de carácter grave por parte de un adolescente, los delitos de homicidio, parricidio, infanticidio, aborto, violación, mutilaciones, lesiones graves, secuestro, sustracción de menores, robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza, hurto, receptación, estafa y el tráfico de drogas.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley.

El resto de las infracciones que constituyen delito serán consideradas menos graves.”.

Los representantes del Ejecutivo, refiriéndose a aquellos ilícitos no comprendidos en el listado propuesto por el proyecto, señalaron que la letra d) del inciso primero había incluido solamente las lesiones gravísimas tales como causar impotencia, provocar una notable deformidad o el impedimento de un miembro importante del cuerpo, como casos que justificarían una privación de libertad, por cuanto, de acuerdo a la forma de clasificación de las lesiones que hace el Código, atendiendo para ello al tiempo que dura la recuperación del ofendido, una simple fractura que requiriera la colocación de yeso podría tener una duración de recuperación superior a treinta días, con lo que automáticamente pasaría a tener el carácter de grave. Imponer una pena privativa de libertad en tales casos, tratándose de adolescentes, parecería un exceso.

En el caso de los hurtos, hicieron presente que en su comisión no había empleo de amenaza o intimidación o fuerza, lo que le restaba peligrosidad y que la penalidad establecida en el Código exhibía una amplia variedad atendiendo al valor de lo substraído y a la condición del hechor respecto del ofendido. No parecía ameritar pena privativa de libertad.

En el caso de la receptación, la proposición parecía aún más excesiva, toda vez que este delito tiene una pena inferior al hurto en el Código.

Tratándose de la estafa, señalaron que el problema estaba en la atipicidad y la falta de ilicitud, porque esta figura requiere dolo y parece muy difícil que un menor pueda urdir una trama que le permita defraudar a otro. Creían que muy pocos casos podrían concretarse.

Por último, en lo que se refiere al aborto, sostuvieron que en este caso existía un problema de exigibilidad respecto de la conducta, por cuanto la presión existente sobre la afectada para someterse a tal manipulación ya constituía una hipótesis privilegiada en el Código. Dicha presión, en el caso de una adolescente, sería mucho mayor, por ello les parecía también un exceso incluirlo.

Cerrado finalmente el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos. (1 voto a favor y 6 en contra).

3) Los Diputados señores Burgos y Luksic presentaron otra indicación para agregar en el inciso primero una letra f) que incluyera la asociación ilícita para el tráfico de drogas establecida en el artículo 22 de la ley de tráfico de estupefacientes.

Fundaron los Diputados su indicación en el hecho de tratarse de un delito sancionado con una alta penalidad y en el énfasis que se ha puesto en reprimir esta conducta por el reproche que merece y el impacto que causa en la sociedad.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que si bien se trata de un delito grave, lo normal es que los menores no sean quienes organizan o dirigen, por cuanto regularmente trabajan en una especie de negocio familiar dirigido por sus padres.

Los Diputados señores Bustos y Pérez Lobos hicieron presente que una asociación ilícita requiere la existencia de jefes, directores y la participación en la asociación. En cambio, la participación en estos casos por parte de un niño, no pasa de ser la de un mero transportador o “burrero” que, incluso, en el caso de los adultos, tiene una sanción ínfima. Castigar en este caso como infracción grave, sería desproporcionado.

El Diputado señor Monckeberg expresó su apoyo a la indicación, precisamente como una forma de desincentivar la utilización de menores en estos ilícitos, en atención a la baja penalidad aplicable.

Cerrado el debate, se rechazó la indicación por mayoría de votos (3 votos a favor y 4 en contra).

4) Los Diputados señora Soto y señores Bustos y Pérez Lobos presentaron una última indicación para suprimir en el inciso primero las palabras “o frustrados”.y para eliminar la letra b) del inciso segundo.

A este respecto el Diputado señor Pérez Lobos señaló que le parecía correcto que se sancionaran los delitos de homicidio y secuestro tanto en grado de frustrados como de consumados, pero los demás sólo en caso de consumarse.

La Diputada señora Soto agregó que debería suprimirse la letra b) del inciso segundo, es decir, el robo con fuerza en las cosas, por cuanto dicha figura no podía equipararse en peligrosidad con el robo con violencia o intimidación, opinión que reforzó el Diputado señor Bustos por cuanto el simple salto de una reja o un cerco para llevarse ropas u otros objetos semejantes, haría incurrir en la figura a pesar de tener un carácter contravencional muy inferior a las otras formas del robo.

Los representantes del Ejecutivo compartieron en parte la proposición de los Diputados en cuanto suprimir en el primer inciso el grado de frustrado para las figuras que allí se enumeran, por cuanto de acuerdo a la legislación vigente, si un menor declarado con discernimiento comete un homicidio simple, en razón de las rebajas que deben aplicarse a la pena por ser menor de edad y por tratarse de un delito frustrado, la sanción que resulta es inferior a la que señala el proyecto. Por ello eran partidarios de analizar caso a caso. En lo que se refiere al robo con fuerza, se lo había incluido por razones de prevención general, atendiendo, además, a que el hecho de entrar en lugar habitado revelaba una intencionalidad que podría justificar la sanción privativa de libertad.

Sometida a votación la indicación, en forma separada, se acordó, en tercera votación, rechazar la supresión de los términos “ frustrado” por mayoría de votos (1 voto a favor y 5 en contra) como también rechazar la supresión de la letra b) del inciso segundo por mayoría votos (4 votos en contra y 2 a favor).

De acuerdo a lo anterior, el texto de este artículo quedó como sigue:

Artículo 7°.- Infracciones graves. Para los efectos de esta ley, constituyen infracciones a la ley penal de carácter grave por parte de un adolescente, los siguientes delitos, sea que se encuentren consumados o frustrados:

a) El homicidio;

b) La violación,

c) El secuestro y la sustracción de menores;

d) Las mutilaciones y las lesiones graves tipificadas en el artículo 397 número 1 del Código Penal; y El robo con violencia en las personas

Constituyen, asimismo, infracciones graves los siguientes delitos consumados:

a) Robo con intimidación en las personas, en que se amenace a la víctima con causarle la muerte, violación o un grave daño a su integridad física; y

b) Robo con fuerza en las cosas en lugares habitados regulado en el artículo 440 del Código Penal.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley tomando como base las conductas mencionadas en los incisos precedentes.

Artículo 7°.- (pasó a ser 8°).

Trata de los presupuestos para que haya responsabilidad de: un adolescente conforme al proyecto, señalando que para ello se requiere que

1° haya realizado una conducta constitutiva de infracción a la ley penal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, y 2° que no concurra a su respecto alguna de las causas que, conforme a la ley, eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de 18 años, extinguen dicha responsabilidad o la privan de sus efectos.

Los representantes del Ejecutivo justificaron esta disposición, señalando que el marco de los hechos ilícitos por los cuales se va a responder conforme a esta ley, se encuentra definido en el artículo 5° (actual 6°), pero la responsabilidad propiamente tal no se ha establecido en términos generales, a no ser que se entienda que cada tipo penal es aplicable a todas las personas, incluso las recién nacidas. Por ello se optó por establecer tanto la existencia de dicha responsabilidad como las causales de exclusión de la misma, haciendo referencia para ello a las que se aplican a los adultos, las que también alcanzan a los menores de 18 años.

El Diputado señor Bustos estimó fundamental el artículo desde el momento que el proyecto no hace remisión a la totalidad del Código Penal, circunstancia que obliga a señalar las eximentes de responsabilidad porque en caso contrario, tratándose de los menores de 18 años, no podrían aplicarse las causales de exención que establece el Código como tampoco las de extinción. Sostuvo que el proyecto era, en realidad, un Código Penal en chico por cuanto no presentaba desde el punto de vista substancial y también procesal, una mayor diferencia con el Código de adultos, cuestión que estimó grave porque no se hace otra cosa más que aplicar a los menores las mismas penas que a los mayores, pero rebajadas.

Señaló que, en lo que se refiere a las eximentes de responsabilidad, que en el Código Penal son muy restringidas, taxativas y que no se corresponden con la realidad, debería, en lo que se refiere a los menores, establecerse al menos una cláusula de analogía, es decir, hacer aplicables a éstos las eximentes de responsabilidad aplicables a los mayores más todas aquellas circunstancias que el juez estime análogas a ellas, dándole así una mayor amplitud de decisión y mayor posibilidad de aplicar, en el caso de los jóvenes, determinadas circunstancias que generalmente no se establecen. Se trataría de circunstancias análogas o semejantes a las que existen. Así, por ejemplo, el Código Penal chileno no contempla el estado de necesidad exculpante, causal que códigos más modernos incluyen y que con la cláusula de analogía se facultaría al juez para aplicarla, atendiendo para ello las circunstancias concretas de cada caso.

Los representantes del Ejecutivo reconocieron que la mayoría de los códigos modernos incorporan esta cláusula tanto en eximentes como en atenuantes, y aunque el carácter taxativo del Código chileno lo impide, se han planteado temas de discusión acerca de la aplicación analógica tales como el consentimiento del titular del bien jurídico, considerada una eximente supralegal y que nuestra jurisprudencia estaría en condiciones de recibir, todo lo que en su oportunidad se propondrá en el caso de los adultos. No obstante, creían que no era ésta la oportunidad de consagrar tal avance, por cuanto serían muy pocos los casos en que podría darse tal aplicación, ya que en la mayoría de las situaciones en que se pudiera aplicar alguna circunstancia análoga a las eximentes, el mismo fiscal del Ministerio Público estimaría, en virtud del principio de oportunidad, innecesario seguir adelante, o bien, serán resueltas por la vía de aplicar una amonestación. Coincidían, por tanto, con el planteamiento del Diputado, pero pensaban que su aplicación sería muy escasa durante los primeros años de vigencia del nuevo sistema.

De conformidad a lo debatido, el Diputado señor Bustos con el copatrocinio de los Diputados señora Soto y señor Ceroni, presentó una indicación para agregar en el N° 2, a continuación de las expresiones “eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años”, los términos “o alguna circunstancia análoga a éstas”.

Se aprobó la indicación por mayoría de votos (4 votos a favor y 1 abstención).

Finalmente, a sugerencia del mismo Diputado señor Bustos, la Comisión acordó, por unanimidad, suprimir las expresiones finales del citado N° 2, las que señalan “extinguen dicha responsabilidad, o la privan de sus efectos.”, por cuanto esta materia aparecía tratada en el artículo 10 de este proyecto y nada tenía que ver con los presupuestos de responsabilidad de que trata este artículo.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 8°.- Presupuestos de responsabilidad. Para que exista responsabilidad del adolescente conforme a la presente ley se requiere:

1.- Que éste haya realizado una conducta constitutiva de infracción a la ley penal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la presente ley.

2.- Que no concurra a su respecto alguna de las causas que, conforme a la ley, eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años. o alguna circunstancia análoga a éstas.

Artículo 8°.- (pasó a ser 3°)

Trata del principio de legalidad, señalando que sólo basándose en una sentencia definitiva ejecutoriada que establezca la participación de un adolescente en un hecho constitutivo de infracción a la ley penal, se podrá imponer a éste las sanciones que contempla esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del Título III.

Respecto de este artículo, la Diputada señora Guzmán señaló que su contenido expresaba mejor el resguardo que establecía el inciso segundo del artículo 4° original, el que en un principio pasó a ser 3°, conforme a lo cual presentó una indicación para que pasara a ser artículo 3°, suprimiendo, en consecuencia este artículo, con la siguiente redacción:

“Principio de legalidad. Sólo en virtud de una sentencia definitiva ejecutoriada que establezca la responsabilidad penal de los adolescentes, de acuerdo al procedimiento establecido en esta ley, se les aplicarán las sanciones que esta misma ley contempla.”.

El Diputado señor Bustos estimó que la indicación solamente resaltaba el aspecto procesal del principio de legalidad, por lo que, a sugerencia suya, la Comisión aprobó, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 3°.- Principio de legalidad. Sólo en virtud de una sentencia definitiva ejecutoriada que establezca la participación de un adolescente en un hecho constitutivo de infracción penal, de acuerdo al procedimiento establecido en este cuerpo legal, se le aplicarán las sanciones que esta misma ley contempla.”.

Artículo 9°.- Se refiere a los concursos, señalando en su primer inciso que el adolescente imputado de haber cometido una infracción a la ley penal, será juzgado por los tribunales en conformidad a los procedimientos especiales que prevé esta ley.

Su inciso segundo plantea la situación de personas a las que se imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de 18 años, estableciendo que en tal caso la investigación y juzgamiento se sujetará a las reglas del Código Penal aplicables a los imputados mayores de edad, pero las medidas cautelares que se funden en infracciones que esta ley sanciona, se regirán por el párrafo 3 del Título III.

Su inciso tercero señala reglas para el caso de personas condenadas por delitos cometidos como adolescente y como adulto, estableciendo lo siguiente:

En su letra a) indica que la sanción o pena correspondiente a cada hecho deberá determinarse conforme a la ley que le es aplicable, imponiéndose sólo aquella que sea privativa de libertad.

En la letra b) señala que si se impusiera más de una pena privativa de libertad, preferirá la que se imponga en razón del delito cometido como adulto, pudiendo aumentarse hasta en dos años de acuerdo a la naturaleza y circunstancias de la infracción cometida como adolescente.

En la letra c) señala que si no se impusieren penas privativas de libertad, preferirá la pena que sanciona el delito cometido como adulto.

Su inciso cuarto hace aplicables las reglas precedentes a los casos en que se hubiere concedido la remisión condicional de la pena, señalando que en tal situación se considerará que la pena no es privativa de libertad.

Su inciso quinto aplica las reglas establecidas en los incisos segundo y tercero a los casos en que se cometa una nueva infracción penal durante el período de cumplimiento de una condena impuesta en base a esta ley.

1) La Diputada señora Guzmán presentó una indicación para suprimir el inciso primero por estimar obvio su contenido.

No se produjo debate, aprobándose la indicación por unanimidad.

2) La misma señora Diputada presentó una segunda indicación para suprimir en el inciso segundo la frase que sigue al punto seguido, es decir, “No obstante ello, la aplicación de medidas cautelares cuyo fundamento radica en una infracción regulada por la presente ley, se regirá por el párrafo 3 del Título III.”.(se refiere a las medidas cautelares personales aplicables a los adolescentes de acuerdo a este proyecto).

Fundó su indicación en la contradicción que dijo percibir en el hecho de que una persona imputada de infracciones tanto como adolescente y como mayor, al que deberán aplicarse las normas procesales para adultos, deba, en cambio, en materia de medidas cautelares, aplicársele las propias del proyecto.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que la norma no hacía otra cosa más que establecer una diferencia en lo que se refiere a las medidas cautelares, atendiendo a la infracción que las origina, es decir, si ésta se solicita en correspondencia con un delito cometido como adolescente, deberá aplicarse el régimen de responsabilidad para menores. En otras palabras, la regulación de las medidas cautelares estaría en función del delito imputado. Así, por ejemplo, si la infracción cometida como adulto es la más grave, se podrá pedir la prisión preventiva, pero si la contravención más grave es la cometida como adolescente y el régimen aplicable como adulto no permite una medida cautelar más gravosa, deberá aplicarse la que sea propia de este proyecto.

Finalmente, la Diputada señora Guzmán hizo presente que este artículo se refería al concurso de dos delitos por lo que la medida cautelar debería ser respecto de los dos y no de uno solo, como también, ante una acotación del Diputado señor Bustos, que si se tratara de una acumulación de causas y no de un concurso, la disposición debería figurar en otro artículo que no se refiriera a estos últimos.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación por mayoría de votos. (3 votos a favor y 2 en contra).

3) El Diputado señor Bustos presentó otra indicación para substituir la primera parte del inciso segundo de este artículo, es decir, hasta el punto seguido, por la siguiente:

“Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de dieciocho años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas de la presente ley en cuanto sea menor de veinte años; en caso contrario se aplicarán las normas del Código Procesal Penal o del Código de Procedimiento Penal, según el caso, aplicables a los imputados mayores de edad.”.

Fundamentó el señor Diputado su indicación en el hecho de que la edad que va entre los 18 y los 20 años es una etapa de transición y, así, en el derecho alemán y español, entre otros, se tiende a lo que propone por cuanto se trata de jóvenes que se encuentran cursando aún estudios superiores y están, en general, en un estado que debe, todavía, considerarse en forma especial. Así lo han estimado, por lo demás, estudios sociológicos y psicológicos realizados al respecto, por lo que parece más adecuado aplicarles las normas del proyecto y no las propias de la ley de adultos.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación, en tercera votación, por unanimidad, sólo con adecuaciones de forma.

En lo que respecta a los incisos tercero, cuarto y quinto los representantes del Ejecutivo explicaron que la lógica aplicable para la regulación de los concursos es, en principio, la de la absorción de penas, que, de hecho, es la que se más se aplica en nuestro ordenamiento, tal como lo demuestran los artículos 75 del Código Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal. El mecanismo que establece esta norma es la aplicación de la sanción correspondiente al delito más grave, permitiendo, en ciertos casos, la elevación de la penalidad. La acumulación material sería la excepción, la que, no obstante, se aplica en los casos que resulta más beneficiosa que la regla de la absorción.

Por tanto, si en estos casos, debe aplicarse una pena privativa de libertad y otra que no lo es, prefiere la privativa de libertad; si las dos penas son privativas de libertad, se escoge la de adultos, pudiendo aumentársela hasta en dos años, y si ninguna es privativa de libertad, prefiere la que corresponde al delito de adultos.

Refiriéndose específicamente al inciso tercero, señalaron que dicha disposición atendía para los efectos de aplicar las reglas anteriores, a la efectividad o concreción de la pena aplicada y no a su concepción abstracta, razón por la cual si la pena privativa de libertad como adulto alcanzaba a tres años, podría el afectado acogerse al beneficio de la remisión condicional, caso en el cual se consideraba que la condena no era privativa de libertad. Por ello, ante una condena como adolescente a pena privativa de libertad y otra como adulto con el beneficio de la remisión condicional, preferiría la primera.

Ante una duda de los señores Diputados acerca de que con la aplicación de tales reglas, en el caso de la letra a) , si la sanción como adolescente fuera privativa de libertad y la de adulto también pero se remitiera, se estaría ante una situación desfavorable al menor, precisaron que, en realidad, sería lo contrario, es decir, favorable, porque de no ser remitible la sanción de adulto, se estaría ante dos penas privativas de libertad, aplicándose, en consecuencia, la regla de la letra b) que permite sancionar con la pena de adulto, aumentada hasta en dos años.

Finalmente, el Diputado señor Ceroni observó, desde el punto de vista formal, las letras b) y c) por cuanto si dichas disposiciones establecen reglas para calcular la pena aplicable, lo lógico era utilizar el verbo corresponder y no el de imponer, observación que la Comisión acogió por unanimidad.

Como consecuencia de todo el debate, el texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 9°.- Concursos. Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de dieciocho años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicables a los imputados mayores de edad, si tuviere veinte años o más. En caso contrario se regirá por las normas de procedimiento establecidas en la presente ley.

En caso de condenarse a una persona por hechos cometidos como adolescente y como adulto, se estará a las siguientes reglas:

a) La sanción o pena correspondiente a cada uno de estos hechos será determinada conforme a las reglas de la ley que le sea aplicable, imponiéndose sólo aquella que sea de carácter privativo de libertad.

b) En todo caso, si correspondiere más de una pena privativa de libertad, se impondrá aquella que se funde en el delito ejecutado como adulto, pudiendo ser aumentada hasta por un máximo de dos años atendida la naturaleza y circunstancias de la infracción cometida como adolescente.

c) Si no correspondiere imponer penas privativas de libertad, preferirá la pena que se funda en el delito cometido como adulto.

Para la aplicación de las reglas precedentes, en aquellos casos en que se hubiere concedido la remisión condicional de la pena establecida en la ley N° 18.216, se considerará que dicha pena no es privativa de libertad..

Lo dispuesto en los incisos primero y segundo del presente artículo, se aplicará en caso que se cometa una nueva infracción penal durante el período de cumplimiento de una condena impuesta en base a la presente ley.”.

Artículo 10.- Trata sobre la extinción de la responsabilidad, señalando, en su inciso primero, que la responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se extingue de la misma forma y por las mismas causas que aquella que deriva de la comisión de un delito por parte de una persona mayor de dieciocho años.

Su inciso segundo agrega que tanto el cumplimiento de la sanción impuesta, como su revocación ordenada por el Tribunal en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 3 del Título Cuarto de la presente ley, extinguen la responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal que se hubiere cometido. Por último, su inciso tercero señala que la acción para perseguir dicha responsabilidad y las sanciones impuestas en conformidad a ella se extinguen por la prescripción, la que será de un año en ambos casos, con excepción de las conductas a que se refiere el artículo sexto (actual séptimo), respecto de las cuales el término de la prescripción será de tres años. Para el cómputo respectivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 95 y 98 del Código Penal.

Respecto de este artículo, los representantes del Ejecutivo explicaron que, en el caso del inciso primero, simplemente se efectuaba una remisión a las formas y causas de extinción de la responsabilidad penal aplicables a los adultos, las que también serán aplicables a los adolescentes.

En el caso del inciso segundo, se hacía referencia a la única causal de extinción de la responsabilidad penal que no contempla el Código Penal, es decir, la revocación de la sanción dispuesta por el juez en el ejercicio del control de la ejecución de dicha sanción, materia reglada en el Título Cuarto de este proyecto, y en el inciso final se trataba de los plazos de prescripción de la acción penal, los que tenían como fundamento la consideración de la edad del menor. En efecto, en el caso de infracciones menores, el plazo de la prescripción de un año se establecía en consideración al proceso evolutivo experimentado por un adolescente entre los 14 y los 18 años, toda vez que un hecho ejecutado a los 14 ó 15 años que es objeto de sanción a los 16 ó 17, genera, más bien, un efecto de desequilibrio que de toma de conciencia o responsabilidad por sus actos en el menor, hasta el punto que, en casi todos los casos, se justificaría renunciar a la intervención. Es decir, el proceso evolutivo es de tal entidad, que una intervención tardía aparece poco recomendable.

En el caso de las infracciones graves, estimaban que la prescripción no puede exceder de tres años, toda vez que, colocándose en casos extremos, una persona de 17 años y 11 meses que incurre en un delito grave, podría ser objeto de sanción en tres años, con lo que alcanzaría los 20 años y 11 meses y si a esa edad, se le agregan los cinco años de privación máxima de libertad, querría decir que personas de 26 ó 27 años estarían cumpliendo penas privativas de libertad propias de adolescentes, situación que si se ampliara el plazo de la prescripción, haría que tales penas se aplicaran a personas de 28 ó 30 años, lo que no parece tener sentido.

Ante la observación de los Diputados señores Burgos y Luksic quienes estimaron muy breves los plazos de prescripción, especialmente, en el caso de las infracciones más graves, como el homicidio, o los relativos a la violencia intrafamiliar por lo mucho que cuesta denunciarlos, hicieron presente que el porcentaje de homicidios que no era objeto de investigación era muy bajo, como también que para que procediera la prescripción era necesaria la inactividad total por el lapso de 1 ó 3 años, bastando la simple denuncia para provocar la suspensión de la misma.

Finalmente, el Diputado señor Bustos echó de menos que el artículo no contuviera reglas acerca de la prescripción de la pena, materia que no podría entenderse comprendida en la remisión general que efectúa el inciso primero, en razón de que los plazos para la extinción de la responsabilidad deberían ser similares a los que se establecen para la prescripción de la acción penal, es decir, 1 y 3 años y no los propios de la legislación de adultos.

La Comisión concordó, por unanimidad con la observación del Diputado y procedió a aprobar este artículo por mayoría de votos (4 votos a favor y 1 abstención).

Su texto quedó como sigue:

Artículo 10.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se extingue de la misma forma y por las mismas causas que aquella que deriva de la comisión de un delito por parte de una persona mayor de dieciocho años.

Tanto el cumplimiento de la sanción impuesta, como su revocación ordenada por el Tribunal en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 3 del Título Cuarto de la presente ley, extinguen la responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal que se hubiere cometido. Sin embargo, el término de la prescripción de la acción penal y de la pena será de un año, con excepción de las conductas a que se refiere el artículo séptimo, respecto de las cuales será de tres años. Para el cómputo respectivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 95 y 98 del Código Penal.

Artículo 11.-

Este artículo, que inicia el Título Primero, referido a los derechos y garantías, se refiere al principio de igualdad, estableciendo que los derechos y garantías reconocidos en esta ley se aplicarán a todos los adolescentes sin discriminación alguna por razones de sexo, origen étnico, condición social, económica, religión o cualquier otro motivo semejante, ni en atención a las circunstancias de sus padres, familiares, tutores o personas que lo tengan a su cuidado.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 12.-

Se refiere al interés superior del niño, disponiendo que en todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales.

Su inciso segundo agrega que ninguna autoridad podrá atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias o del beneficio de una persona menor de catorce años o adolescente, la facultad de adoptar las sanciones previstas en esta ley, fuera de los casos que ella contempla.

Ante las dudas formuladas por varios señores Diputados acerca de la necesidad o justificación del inciso segundo de este artículo, el Diputado señor Bustos sostuvo que era muy importante porque constituía un límite para la futura Ley de Protección de Derechos del Niño y del Adolescente, que evitaría nuevas penalizaciones.

Se aprobó sin mayor debate, por unanimidad, sólo con adecuaciones de forma.

Su texto quedó como sigue:

Artículo 12.- Interés superior del niño. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales.

Ninguna autoridad podrá atribuirse la facultad de adoptar las sanciones previstas en esta ley, fuera de los casos que ella contempla, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias o del supuesto beneficio de una persona menor de catorce años o adolescente.

Artículo 13.-

Se refiere a la integridad corporal, previniendo que ningún adolescente puede ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a cualquier otra forma de atentado contra su dignidad y desarrollo integral.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 14.-

Señala el concepto de la privación de libertad, indicando que para los efectos de esta ley, se entiende por privación de libertad toda forma de aprehensión, arresto o detención, así como el internamiento en cárceles o recintos públicos o privados, ordenado o practicado por la autoridad judicial u otra autoridad pública, del que no se permita salir al adolescente por su propia voluntad.

No se produjo debate y se lo aprobó por unanimidad, sólo con adecuaciones de forma.

Artículo 15.-

Consagra la excepcionalidad de la privación de libertad, estableciendo que las sanciones privativas de libertad que contempla esta ley son de carácter excepcional, sólo podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en esta ley, y siempre como último recurso.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 16.-

Se refiere al principio de separación, señalando, en su inciso primero, que las personas que se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los procesados , acusados o condenados que fueren adultos.

Su inciso segundo agrega que las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, deberán adoptar todas las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

El Diputado señor Burgos objetó el término “acusados”, que figura en el primer inciso, por considerarlo improcedente.

El Diputado señor Bustos consideró poco clara la redacción dada a la parte final del primer inciso, abogando por una fórmula distinta, comprensiva, en general, de los adultos privados de libertad, agregando que no sólo debe establecerse la separación de los menores sino que deben estar en lugares diferentes de aquellos en que se encuentran las personas mayores de edad, privadas de libertad.

El Diputado señor Burgos hizo presente la imposibilidad de establecer lugares distintos porque ello exigiría que, incluso, hubiera comisarías de adultos y comisarías de menores, añadiendo el Diputado señor Ceroni que tal exigencia requeriría patrocinio del Ejecutivo en razón del mayor gasto que representaría..

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el artículo, por unanimidad, sólo con adecuaciones de forma.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 16.- Principio de separación. Las personas que se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad. Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, deberán adoptar todas las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.”.

Artículo 17.-

Se refiere al derecho de amparo, estableciendo que toda persona mayor de dieciocho años que se encontrare privada de libertad, tendrá los derechos que consagra el artículo 95 del Código Procesal Penal.

La disposición, que no hace más que reiterar el derecho que tiene toda persona privada de libertad para ser conducida ante un juez de garantía, a fin de que examine la legalidad de su privación de libertad o las condiciones en que se encontrare detenida, se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 18.-

Esta disposición, ubicada en el Título Segundo, que se refiere a las consecuencias de la declaración de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, encabeza el Párrafo I que trata de las sanciones en general.

Su inciso único dispone que en virtud de la declaración de responsabilidad, fundada en la comisión de una infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se le podrá imponer una de las siguientes sanciones:

a) Amonestación, b) Multa, c) Prohibición de conducir vehículos motorizados, d) Reparación del daño causado, e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad, f) Libertad asistida y g) Alguna de las sanciones privativas de libertad reguladas en el párrafo tercero de este Título.

Los Diputados señora Cubillos y señor Forni presentaron una indicación substitutiva a este artículo del siguiente tenor:

“Artículo 18.- Sanciones. En virtud de la declaración de responsabilidad fundada en la comisión de una infracción a la ley penal por parte de un adolescente, el juez procederá de la siguiente manera:

a) En caso que se trate de infracciones graves, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7°, impondrá la privación de libertad.

b) En las demás infracciones, el juez sancionará al infractor con libertad asistida. Esta sanción incluirá una o más de las siguientes obligaciones:

1.- Reparación del daño causado;

2.- Obligación de abandonar el trato con determinadas personas;

3.- Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes;

4.- Obligación de permanecer internado o en tratamiento ambulatorio en un centro de salud, para desintoxicación o para eliminar adicción al alcohol, drogas o estupefacientes.

c) Las faltas serán sancionadas de acuerdo a las normas generales.

La libertad asistida siempre incluirá la obligación de matricularse en un establecimiento de educación formal o en otro que le permita al infractor aprender alguna profesión u oficio.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la letra b) del inciso primero y en el inciso anterior, serán consideradas como quebrantamiento de condena.

En caso de las infracciones sancionadas en la letra b) del inciso primero, el juez podrá imponer la privación de libertad, cuando estime que con la aplicación de las demás sanciones no se alcanzaren los objetivos del artículo 4°.”.

La Diputada señora Cubillos explicó su indicación, señalando que ella reflejaba la objeción de fondo que tienen con el proyecto y que ya han tratado con el Ejecutivo y que es el tema de las sanciones. Precisó que estaban de acuerdo con la eliminación del discernimiento, la edad mínima de responsabilidad de los jóvenes y demás, pero no con el sistema de sanciones. Lo que ellos buscaban con lo que proponían era que se establecieran ciertos pisos en las sanciones y no un margen de discrecionalidad tan amplio para el juez como el que se consagra a partir de este artículo. Por ello respecto de ciertas infracciones, las graves, se establecía la privación de libertad; que en las no graves pudiera aplicarse también dicha sanción, según estimación del juez, sin que estuviera prohibido hacerlo y que respecto de estas últimas hubiera un sistema de restricción de libertad o libertad asistida, con algunas otras penas complementarias. En general, se trataría de eliminar la excesiva discrecionalidad judicial y de fijar un mínimo para el juez en atención a la gravedad de las infracciones.

Los representantes del Ejecutivo argumentaron que las infracciones cometidas por los adolescentes solían ser muy particulares, existiendo tras ellas una serie de circunstancias especiales que justificaban dar cierta libertad al juez para ponderar tales conductas dentro de determinados márgenes. Señalaron que lo disímiles de estas conductas hacían aconsejable que el juez tuviera mayor libertad para aquilatar cada caso en particular, libertad que no significaba arbitrio toda vez que necesariamente deberían fundamentar las sentencias que dieran, bajo sanción de nulidad. De ahí, entonces, el abanico de sanciones que se propone y que podrán aplicar, de acuerdo a la ponderación que hagan de dichas circunstancias especiales.

Hicieron presente, asimismo, que contrariamente a las normas que se aplican tratándose de adultos, en estos casos se ha prescindido del sistema de la pena tasada, dejándose mucho mayor margen de individualización al juez, en base a criterios de ponderación de carácter general. En este nuevo sistema, la individualización, las particularidades de cada caso concreto, son lo más importante, ateniéndose el juez a una regla de principios que le obliga a fundamentar en su sentencia las razones de por qué aplicó determinada pena de la escala de que dispone, fundamentación que si no guarda relación con las normas para la determinación de la pena que contiene el artículo 20, puede dar lugar a la anulación del fallo.

El Diputado señor Burgos señaló que existía una gran diferenciación entre infracciones graves y no graves y si a eso se sumaba la libertad interpretativa que se consagraba para la decisión judicial, podría resultar que a la comisión de un delito calificado como grave, podría aplicársele una sanción no privativa de libertad, algo a que, por lo demás, daba pie la redacción del encabezamiento de este artículo, que expresa que en virtud de la declaración de responsabilidad se podrá aplicar alguna de las sanciones que señala.

El Diputado señor Luksic consideró muy desigual el listado de sanciones que establece este artículo, estimando que las señaladas con las letras a) a la f) resultaban muy débiles. Dijo entender que la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o la prohibición de conducir vehículos motorizados, se concibieran como penas alternativas a la privación de libertad para delitos como daños menores en las cosas o lesiones leves, pero nunca frente a los delitos realmente graves como el homicidio, el secuestro o la violación. Creía que éstos deberían tener, al menos, pena privativa de libertad. Asimismo, el hecho de que la jurisprudencia no se considere en el país como fuente del derecho, podría dar lugar a una gran diversidad de interpretaciones, dando pie a situaciones discriminatorias no sólo económicas sino también éticas.

La Diputada señora Soto no obstante considerar positivo que el juez pueda moverse para la aplicación de sanciones entre las letras a) a la f) , estimó que la excesiva discrecionalidad con que podría aplicar las sanciones a que se refiere la letra g) , podría dar lugar, por aplicación de los criterios de determinación que señala el artículo 20, a situaciones discriminatorias a favor de quienes contaran con buenas asesorías jurídicas, tal como su experiencia se lo indicaba respecto de la actual práctica relativa a la declaración de actuar con o sin discernimiento.

Los representantes del Ejecutivo insistieron en la condición especial del adolescente, los que viven situaciones o tienen particularidades distintas entre sí, razón por la que creían que los riegos que los parlamentarios hacían presentes, se compensaban con las exigencias del artículo 20 y también del 27 (pasó a ser 26), norma que señala los programas y servicios a que deberán someterse los adolescentes, bajo la tuición de un delegado, en el régimen de la libertad asistida. Asimismo, recordaron que lo que se deseaba imponer con este proyecto era un sistema distinto al inquisitivo tradicional; no se estaría frente a una sentencia dictada por un juez en base a la apreciación de los hechos que el mismo investigó, sino que frente a los antecedentes hechos valer por el fiscal y las argumentaciones del defensor. Se trataría de un sistema nuevo, basado en criterios distintos, respecto del cual el recurso de nulidad formaría parte. Recordaron, igualmente, que hoy día, por aplicación de la ley N° 18.216, un adulto que ha cometido un delito calificado como grave puede obtener la suspensión de la pena que lo afecta, al concedérsele alguno de los beneficios alternativos que esa legislación contempla. No habría, en consecuencia, mayor novedad al respecto.

El Diputado señor Ceroni apoyó la posición del Ejecutivo, señalando que las modificaciones que este proyecto introducía y que eliminaban el discernimiento y rebajaban la edad para determinar la responsabilidad, creaban una legislación especial destinada a personas que no tienen aún un desarrollo completo; en consecuencia, parecía perfectamente atendible dar al juez la flexibilidad suficiente para que, contando con un amplio abanico de sanciones, pueda aplicar la pena adecuada a cada caso. Insistió en que lo que se buscaba era rehabilitar a los menores, fin que sólo podría lograrse si el sistema permitía al juez discernir acerca de los efectos de las sanciones y, así, por ejemplo, percibir que la aplicación de una pena privativa de libertad no contribuía a tal fin, pero si la aplicación de otra que fuera conducente a ello.

Finalmente, los representantes del Ejecutivo, haciendo presente la posibilidad de recoger en el artículo siguiente las observaciones formuladas, sugirieron una nueva redacción para este artículo del siguiente tenor:

“Artículo 18.- Sanciones. En virtud de la declaración de responsabilidad fundada en la comisión de una infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se le podrá imponer una de las siguientes sanciones:

a) Amonestación.

b) Multa

c) Prohibición de conducir vehículos motorizados

d) Reparación del daño causado

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad

f) Libertad asistida

g) Arresto de fin de semana

h) Internación en régimen semicerrado

i) Internación en régimen cerrado.”.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 19.-

Esta norma trata de las restricciones a las sanciones, señalando, en su inciso único, que tratándose de las infracciones previstas en el inciso segundo del artículo 5° (pasó a ser 6°), no podrá en caso alguno imponerse alguna de las sanciones establecidas en la letra g) del artículo anterior (pasó a ser g), h) e i)) .Asimismo, la libertad asistida sólo podrá imponerse en caso de reiteración.

Los representantes del Ejecutivo propusieron suprimir la oración final referente a la libertad asistida, por cuanto a la luz de lo acordado respecto del artículo anterior, no tendría mayor sentido limitar la aplicación de esta pena a los casos de reiteración.

Los Diputados señora Cubillos y señor Forni presentaron una indicación para suprimir este artículo por estimarlo relacionado con el anterior y porque representa todo lo contrario a la argumentación de la discrecionalidad judicial dada respecto de esa norma ya que impide al juez aplicar sanciones graves.

Se rechazó la indicación por mayoría de votos (4 votos en contra y 2 a favor).

La Diputada señora Guzmán presentó una segunda indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Tratándose de las infracciones previstas en el inciso segundo del artículo 5°, (6º) no podrá imponerse una sanción privativa de libertad. Sólo en caso de reiteración podrá imponerse la sanción de libertad asistida.”.

La indicación, que sólo buscaba mejorar la redacción de la norma original, fue rechazada por unanimidad.

Los representantes del Ejecutivo, recogiendo las observaciones formuladas, sugirieron una nueva redacción para este artículo del siguiente tenor:

“Restricciones a las sanciones. Tratándose de las infracciones a que se refiere el artículo 7°, el tribunal no podrá imponer las sanciones previstas en las letras a), b) , d) o e) del artículo precedente, a menos que lo justifique fundadamente sobre la base de los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley.

Asimismo, en caso alguno podrán imponerse las sanciones previstas en las letras g), h) o i) del artículo precedente, tratándose de las infracciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 6°.”.

El Diputado señor Bustos echó de menos en esta redacción una norma que estableciera que las penas privativas de libertad se aplicarían solamente a los responsables de delitos graves, observación que los representantes del Ejecutivo estimaron satisfecha en virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 28 que así lo dispone.

Igualmente, el Diputado señor Burgos estimó que de acuerdo a lo debatido, debería exigirse también resolución fundada del tribunal para los efectos de no aplicar a los responsables de infracciones graves las sanciones privativas de libertad.

Sobre la base de estas argumentaciones, el Ejecutivo presentó una nueva indicación que, conservando el nuevo inciso primero sugerido, agregó en el segundo el contenido del inciso segundo del artículo 28, quedando, en definitiva, el texto de esta norma en los términos siguientes:

“Artículo 19.- Restricciones a las sanciones. Tratándose de las infracciones a que se refiere el artículo 7°, el tribunal no podrá imponer las sanciones previstas en las letras a) , b) , d) o e) del artículo precedente, a menos que lo justifique fundadamente en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley.

“Las sanciones previstas en las letras g), h) o i) del artículo precedente sólo podrán imponerse al adolescente que ha sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones graves a las cuales se refiere el artículo 7°, o en los casos contemplados en el artículo 74 de esta ley, a menos que excepcionalmente se justifique, por resolución fundada, su no aplicación, en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley. Sin embargo, en caso alguno podrán imponerse dichas sanciones tratándose de las infracciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 6°.”.

Sometida a votación esta nueva redacción, se la aprobó por mayoría de votos (3 votos a favor y 1 abstención).

Artículo 20.-

Este artículo se refiere a la forma de determinar la pena, señalando que para establecer las sanciones como para fijar su extensión temporal o cuantía, el juez deberá considerar: 1) el número de infracciones cometidas; 2) la edad del adolescente infractor, y 3) la proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de la o las infracciones cometidas y la severidad de la sanción.

El párrafo segundo del número 3) añade que para evaluar la gravedad de la infracción, el tribunal deberá determinar, en primer lugar, si ésta corresponde a una infracción de las que señala el artículo 7° de esta ley. Además, deberá considerar; a) la naturaleza y extensión de las penas asignadas por la legislación penal al hecho constitutivo de la infracción; b) la calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción; c) la concurrencia de circunstancias que, conforme a la legislación penal, den lugar a la formación de delitos calificados, agravados o especiales, en relación a la infracción a la ley penal que se le imputa, y d) la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal, con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 79 de la presente ley.

El número 4 agrega que para determinar la sanción aplicable a un adolescente por la comisión de más de una infracción, el juez deberá considerar en su conjunto la naturaleza y características de la totalidad de las infracciones cometidas, de acuerdo a lo previsto en los números 1, 2 y 3 del presente artículo.

El inciso final añade que en caso alguno podrá imponerse una sanción separada para cada infracción, debiendo darse aplicación a lo previsto en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Los representantes del Ejecutivo explicaron los términos de esta disposición señalando que los primeros tres numerales equivalían a los parámetros generales, agregando que el tercero se refería a la gravedad del hecho delictivo haciéndose al efecto una remisión a los factores de determinación de la pena aplicable a los adultos. No obstante, se había omitido un factor cual era la extensión del mal causado y que sugirieron agregar.

En lo que se refiere a la letra d), señalaron que el juez al ponderar la concurrencia de atenuantes y agravantes, debe considerar entre las últimas la reincidencia, para lo que debe tener en cuenta el registro de sanciones que de acuerdo al artículo 79 (pasó a ser 78) corresponde llevar al Servicio Nacional del Menor. Este registro, accesible a todas las partes interesadas, es decir, Ministerio Público, Defensoría y tribunal, es de carácter reservado, circunstancia que sólo permite mencionar en la sentencia la existencia de antecedentes en el registro pero sin especificarlos. Tal característica evitaría la estigmatización del menor en base a su historial previo.

El Diputado señor Burgos creyó necesario reforzar el mandato que el encabezamiento de este artículo impone al juez, anteponiendo a las expresiones “deberá considerar” el término “siempre”, proposición que fue acogida por unanimidad.

Por último, los representantes del Ejecutivo señalaron que parecía necesario ante la laxitud del marco penal, fijar al juez una regla de tope frente a la pena probable que podría aplicarse a un adulto, porque podría darse la posibilidad, por ejemplo en el caso de un homicidio simple en que concurrieran dos atenuantes, que el adulto recibiera una sanción de tres años y un día y, en cambio al menor, en la misma situación, podrían aplicársele hasta cinco años.

De conformidad a lo anterior, sugirieron agregar un inciso final a este artículo del siguiente tenor:

“Asimismo, en caso alguno podrá imponerse una sanción que sea superior a los dos tercios de aquella que hubiere correspondido en caso de haberse ejecutado el hecho que la fundamenta por parte de un mayor de edad.”.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el artículo por unanimidad, sin otra enmienda que las sugerencias del Ejecutivo para la letra d) del número 3 y el inciso final y la proposición del Diputado señor Burgos, quedando su texto como sigue:

“Artículo 20.- Determinación de la pena. Para determinar las sanciones, así como para fijar su extensión temporal o cuantía, el juez siempre deberá considerar:

1.- El número de infracciones cometidas;

2.- La edad del adolescente infractor, y

3.- La proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de la o las infracciones cometidas y la severidad de la sanción.

Para evaluar la gravedad de la infracción, el tribunal deberá determinar, en primer lugar, si ésta corresponde a una infracción de las que señala el artículo 7° de esta ley. Además, el tribunal deberá considerar:

a) La naturaleza y extensión de las penas asignadas por la legislación penal al hecho constitutivo de la infracción;

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

c) La concurrencia de circunstancias que, conforme a la legislación penal, den lugar a la formación de delitos calificados, agravados o especiales, en relación a la infracción a la ley penal que se imputa, y

d) La extensión del mal causado y la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal, con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 78 de la presente ley.

4.- Para determinar la sanción aplicable a un adolescente por la comisión de más de una infracción, el juez deberá considerar en su conjunto la naturaleza y características de la totalidad de las infracciones cometidas, de acuerdo a lo previsto en los números 1, 2 y 3 del presente artículo.

En caso alguno podrá imponerse una sanción separada para cada infracción, debiendo darse aplicación a lo previsto en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Asimismo, en caso alguno podrá imponerse una sanción que sea superior a los dos tercios de aquella que hubiere correspondido en caso de haberse ejecutado el hecho que la fundamenta por parte de un mayor de edad.

Artículo 21.-

Este artículo, primero del párrafo 2 que se refiere a las sanciones no privativas de libertad, define la amonestación como la reprensión enérgica efectuada por el juez al adolescente, en forma oral, clara y directa, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos tienen o han tenido tanto para la víctima como para el propio adolescente, instándole a cambiar de comportamiento y formulándole recomendaciones para el futuro.

Los Diputados señora Cubillos y señor Forni presentaron una indicación para suprimir este artículo, conjuntamente con los dos siguientes, por estimar que tanto la amonestación como la multa y la prohibición de conducir vehículos motorizados, no constituían verdaderas penas y no parecía razonable incluírselas en la escala de sanciones que se establecía.

La Comisión, sin mayor debate, procedió a rechazar la indicación por mayoría de votos (2 votos a favor y 4 en contra) y con el mismo quórum inverso, aprobó el artículo en los términos propuestos.

Artículo 22.-

Esta norma se refiere a la multa, señalando que el juez podrá imponer, como sanción exclusiva, una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. La misma norma agrega que para su aplicación y determinación de su monto, se tomará en consideración fundamentalmente la gravedad del hecho y las facultades económicas del infractor.

Respecto de esta disposición, el Diputado señor Burgos dijo no comprender ni compartir la idea de que esta sanción pueda imponerse en forma exclusiva, por cuanto podría, sin problema alguno, aplicarse acompañada de otra. Asimismo, en lo que se refiere al monto de la sanción, señaló que le parecía necesario objetivizarla atendiendo no sólo a las facultades económicas del infractor sino también a las de su representante legal, puesto que lo normal era que las facultades económicas de un menor fueran prácticamente nulas, lo que significaría que tal sanción no tendría viabilidad alguna.

En tal sentido, conjuntamente con la Diputada señora Soto, presentó una indicación para suprimir las expresiones “como sanción exclusiva” y para agregar al final del artículo, substituyendo el punto final por una coma, la frase “o de la persona a cuyo cuidado se encontrare”.

Respecto de esta indicación, la que contó con el apoyo de los representantes del Ejecutivo, la Diputada señora Cubillos, refiriéndose a la segunda parte, objetó que ello no significaba sanción alguna para el menor, cuestionamiento con el que coincidió el Diputado señor Burgos, pero precisando que, a pesar de ello, el hecho de afectar la sanción al guardador necesariamente debería producir en el menor un efecto inhibitorio, insistiendo en que, en caso contrario, dicha sanción sería letra muerta en atención a la falta de capacidad económica de este último.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 22.- Multa. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. Para su aplicación y la determinación de su monto, se tomará en consideración fundamentalmente la gravedad del hecho y las facultades económicas del infractor o de la persona a cuyo cuidado se encontrare.

Artículo 23.- (pasó a ser 34).

Esta norma se refiere a la sanción de prohibir la conducción de vehículos motorizados, señalando que ella se podrá imponer a un adolescente cuando la infracción respecto de la que se le sanciona, la haya cometido conduciendo dichos vehículos. La misma norma agrega que la duración de esta medida no podrá exceder de dos años y su cómputo se iniciará una vez que el menor haya cumplido los 18 años de edad.

Su inciso segundo añade que en caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 76 (pasó a ser 74) de esta ley, no siendo aplicable la sanción prevista para dicha conducta por la ley penal aplicable a los mayores, a menos que con ello se hubiere afectado la vida, integridad corporal o la salud de alguna persona.

El Diputado señor Ceroni manifestó extrañeza por la forma en que está construida esta norma, toda vez que entiende que se sancione al menor con la prohibición cuando ha cometido la infracción conduciendo un vehículo, pero la disposición señala que la sanción no podrá exceder de dos años, pena que empezará a computarse desde que el menor llega a la mayoría de edad, es decir, cumpla los 18 años. Estimó un contrasentido esto último, porque si lo que se buscaba era rehabilitar a un joven, creía que tal disposición podría tener un efecto desmoralizador, toda vez que lo normal sería que el adolescente al llegar a la mayoría de edad, experimentara un cambio muy profundo y, sin embargo, a partir de esa fecha le sería aplicable la sanción.

Ante diversas observaciones formuladas por los Diputados señores Burgos y Luksic que consideraron que parecía absurdo que se inhabilitara para conducir a quien en razón de la edad ya estaba inhabilitado o que no veían por qué se restringía el alcance de la sanción sólo a las infracciones que se cometieran conduciendo un vehículo, como asimismo, a la poca claridad del inciso segundo, los representantes del Ejecutivo sugirieron una nueva redacción dando a la sanción el carácter de accesoria, señalando que ello inhabilitaría al menor para conducir hasta por un plazo de dos años contados desde el cumplimiento de la mayoría de edad. Al respecto argumentaron que con ello se recogían las observaciones formuladas, especialmente en lo que dice relación con la falta de efectividad de la sanción al dejarla en suspenso hasta que el menor alcanzara la mayoría de edad.

Ante nuevas observaciones, propusieron un inciso segundo del siguiente tenor:

“La sanción regirá a partir de la fecha de imposición de la condena y por un período que puede extenderse hasta por un plazo de dos años contados a partir del cumplimiento de la edad que lo habilita para obtener el respectivo permiso.”.

Al respecto explicaron que la afirmación de que la sanción rige a partir de la fecha que se la impone, obedece al propósito no de inhabilitar al menor para conducir puesto que legalmente está inhabilitado en razón de la edad, sino que a sancionar el hecho de conducir, de tal manera que si antes de alcanzar la mayoría de edad o dentro del plazo de los dos años después de alcanzarla, no acata tal prohibición, habrá incurrido en un quebrantamiento de condena que lo hace acreedor a una pena mayor que la que le correspondería por la simple infracción.

Explicaron, asimismo, que la alternativa a la fórmula empleada era dejar en suspenso la sanción hasta que el menor alcanzara la mayoría de edad, solución que significaba perder la inmediatez y la eficacia de la sanción. De ahí, entonces, la solución propuesta, la que se complementaba dando a la prohibición de conducir el carácter de sanción accesoria, lo que permitía que al adolescente siempre le fuera aplicable otra sanción, además de la que se analiza.

Finalmente, la Comisión acordó aprobar, por unanimidad, esta nueva redacción, suprimiendo, a proposición del Diputado señor Burgos, las expresiones “a partir de la fecha de la imposición de la condena y”, por parecer obvio que las sanciones rigen a partir de las fechas en que se las impone.

Asimismo, a sugerencia del mismo Diputado señor Burgos, quien al tratar el artículo 33, que se refiere a las sanciones mixtas y que, como se verá en su oportunidad, se lo incluyó en el nuevo Párrafo Cuarto bajo el título de “Sanciones mixtas o accesorias”, sostuvo la conveniencia de trasladar esta norma, también de carácter accesorio, a dicho Párrafo, opinión que secundaron los representantes del Ejecutivo y en la que convino la Comisión, acordando, por mayoría de votos, su traslado, quedando como artículo 34.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 34.- Prohibición de conducir vehículos motorizados. La prohibición de conducir vehículos motorizados se podrá imponer a un adolescente como sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la infracción por la cual se le condena, haya sido ejecutada mediante la conducción de dichos vehículos.

La sanción regirá por un período que puede extenderse hasta por un plazo de dos años contados a partir del cumplimiento de la edad que lo habilita para obtener el respectivo permiso.

En caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 74 de la presente ley, a menos que producto de la conducción se hubiere afectado la vida, la integridad corporal o la salud de alguna persona, caso en el cual se instruirá el proceso respectivo.

Artículo 24.- (pasó a ser 23)

Se refiere a la pena de reparación del daño, señalando que consiste en restituir la cosa objeto de la infracción o resarcir el perjuicio causado mediante una prestación en dinero o un servicio no remunerado a favor de la víctima. El juez regulará prudencialmente la prestación en dinero o la naturaleza de los servicios, basándose en los antecedentes probatorios que se presenten en el juicio.

Su inciso segundo añade que el cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad civil del hechor pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada insuficiente.

Respecto de esta disposición, la Diputada señora Cubillos estimó necesario establecer que en el caso de repararse el daño mediante la prestación de un servicio no remunerado a favor de la víctima, lo lógico sería que se contara con el consentimiento de esta última. Igualmente la Diputada señora Soto, junto con apoyar en general las sanciones no privativas de libertad por lo muy efectivas que resultaban ser, precisó que esta medida podía concretarse también mediante una reparación moral, traducida en una presentación de excusas.

Los representantes del Ejecutivo concordaron con las opiniones expresadas, pero precisaron que en el caso de la reparación moral, el acuerdo o anuencia de la víctima se producía durante el juicio, en el acuerdo reparatorio, sin llegar a sentencia.

En atención a lo anterior, la Comisión procedió a aprobar por unanimidad este artículo de acuerdo a la siguiente redacción:

“Artículo 23.- Reparación del daño. La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la infracción, ya sea mediante una prestación en dinero, la restitución de la cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último caso la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa de la víctima.

En su caso, el juez regulará prudencialmente el monto de la prestación en dinero o la naturaleza de los servicios, basándose en los antecedentes probatorios que se presenten en el juicio.

El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente.”.

Artículo 25.- (pasó a ser 24).

Se refiere a la sanción de servicios en beneficio de la comunidad, señalando que consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

Su inciso segundo agrega que la prestación de estos servicios no podrá exceder en caso alguno de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. Agrega que la sanción podrá tener una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.

Ante una consulta del Diputado señor Ceroni, los representantes del Ejecutivo explicaron que la Unidad de Defensa Social del Ministerio de Justicia había realizado una seria de trabajos al respecto, para los efectos de determinar la extensión de los servicios a que se refiere el inciso segundo.

La Diputada señora Cubillos sostuvo que esta norma no establecía una sanción real sino puramente teórica, motivo que la llevó, conjuntamente con el Diputado señor Forni, a presentar una indicación para suprimirlo, la que resultó rechazada por mayoría de votos (3 votos en contra y 1 a favor), aprobándose el artículo con el mismo quórum, pero inverso, en los mismos términos.

Artículo 26.- (pasó a ser 25).

Se refiere a la facultad que tiene el adolescente infractor para objetar la sanción que se le imponga cuando la pena consista en la realización de servicios en beneficio de la comunidad o la reparación del daño se traduzca en la prestación de servicios personales. En tal caso podrá objetar la sanción al momento de imponérsele, debiendo el tribunal substituirla por otra equivalente.

Los representantes del Ejecutivo explicaron el contenido de esta norma señalando que ella se basaba en la prohibición que establece el artículo 6° del Pacto de San José de Costa Rica, en el sentido de que nadie debe ser constreñido a la realización de un trabajo forzoso u obligatorio, agregando que se le había asignado tal ubicación con el objeto de incentivar al adolescente a aceptar la sanción de servicios en beneficio de la comunidad, por cuanto no figurando en la escala que establece el artículo 18 una pena equivalente, no quedaría al juez más que optar entre la multa o la libertad asistida, aplicando lógicamente esta última, precisamente, por razones de mayor equivalencia. Tal pena resulta más restrictiva de libertad que los trabajos en beneficio de la comunidad, lo que induciría al menor a su aceptación.

Los Diputados señora Cubillos y señor Forni estimaron innecesario este artículo y presentaron una indicación para suprimirlo, la que resultó rechazada por mayoría de votos (3 votos en contra y 1 a favor).

Finalmente, la Comisión, en tercera votación, aprobó este artículo por mayoría de votos (3 votos a favor y 2 en contra) suprimiendo, únicamente, las expresiones finales “por otra equivalente”, por estimarlas redundantes.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 25.- Objeción de trabajo. Tratándose de la sanción prevista en el artículo precedente o en aquellos casos en que la sanción de reparación del daño conlleve la prestación de servicios personales por parte del adolescente infractor, éste podrá objetar su aplicación al momento en que le sea impuesta, debiendo el tribunal, en tal caso, sustituirla.”.

Artículo 27.- (pasó a ser 26).

Se refiere a la sanción de la libertad asistida, la que consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado, unida a la orientación para que el menor acceda a programas y servicios comunitarios que favorezcan su integración social.

Su inciso segundo señala que el control se efectuará mediante la asistencia obligatoria del menor a los encuentros acordados con el delegado, debiendo el juez fijar en la sentencia la frecuencia y duración máxima de estos encuentros obligatorios.

Su inciso tercero agrega que los programas y servicios comunitarios a que se refiere este artículo, serán aquellos de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación, que se ofrezcan por instituciones públicas o privadas, limitándose la función del delegado a orientar y motivar al adolescente y a gestionar su acceso a los mismos, en especial, cuidar su asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda.

Su inciso cuarto añade que la institución encargada de la ejecución de esta sanción, podrá designar como delegado a los padres, guardadores o educadores del menor, quienes deberán comprometerse en la audiencia de lectura de la sentencia, a llevarla a cabo en las mismas condiciones y requisitos generales.

Su inciso quinto y final señala que esta sanción no podrá exceder de tres años.

Los Diputados señora Cubillos y señor Forni presentaron una indicación para suprimir el inciso cuarto y para elevar en el quinto la duración máxima de la sanción de 3 a 5 años. Fundaron la supresión del inciso cuarto en que en él se señalaba que podían desempeñarse como delegados los padres, guardadores o educadores del menor, lo que, seguramente, por razones de comodidad, recaerá habitualmente en los padres. Sin embargo, la situación en que se encuentra el menor, demuestra que los padres o no se interesan o se encuentran superados, por lo que no parece recomendable ni lógico que ellos puedan ser delegados, opinión con la que coincidió el Diputado señor Luksic, quien sostuvo que en el sistema actual, los jueces nombraban a los padres como una forma de sacarse el problema de encima, pero dada la situación del menor, normalmente los progenitores no tenían interés alguno en lo que pasara con él. Insistió en que las conductas desviadas de los hijos eran, generalmente, producto de la irresponsabilidad paterna.

La Diputada señora Soto se mostró partidaria de reducir a sólo un año la duración máxima de esta sanción, en especial atendiendo al hecho que las infracciones graves serían sancionadas con privación de libertad.

El Diputado señor Burgos, en cambio, creyó que, incluso, podría corresponder aumentar el término, porque si va a ser la alternativa a las penas privativas de libertad, las que solamente se quiere aplicar excepcionalmente y como último recurso, una sanción de mayor duración podría ser acogida por los jueces como salida frente a la aplicación de una pena privativa de libertad también larga. Asimismo, percibía una contradicción entre los incisos primero y cuarto de este artículo, por cuanto el primero, al definir el concepto de la libertad asistida, señala que consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado, es decir, el juez, al dictar la sentencia, aplicará esta medida alternativa y procederá a la designación del delegado, pero el inciso cuarto permite, a su vez , que sean las instituciones encargadas de la ejecución de la sanción quienes designen al delegado, entre los cuales pueden estar los padres. A su juicio, si la designación que hace el juez forma parte de una sentencia judicial, no es posible que quede sujeta posteriormente a un acto administrativo.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que existen 55 proyectos de este tipo funcionando bajo el rótulo de libertad vigilada y que las entidades encargadas de su ejecución son aquellas reconocidas por el SENAME como colaboraras suya. Señalaron que la designación de delegado no se hace por la institución por sí sola, sino que de acuerdo con el SENAME, quien las subvenciona. Por otra parte, el nombramiento de los padres como delegados resulta ser muy útil en lugares apartados en que solamente ellos pueden estar a cargo de la aplicación de la sanción. En lo que se refiere al plazo de duración de la sanción, sostuvieron que el control que el mecanismo contempla respecto de la actividad diaria del menor, si se efectúa con la periodicidad semanal o quincenal que aplica el SENAME, da los frutos correspondientes en su personalidad como también se traduce en una intervención sobre él en lo relacionado con su reinserción en la red social. Señalaron que si ello no se lograba en un plazo de tres años, lo más seguro era que el menor hubiera incurrido en un quebrantamiento de condena y la persistencia de la sanción por más de tres años no aportaría nada respecto de la consecución de los fines que se persiguen con su aplicación.

Finalmente, recogiendo las observaciones formuladas durante el debate, el Ejecutivo presentó una indicación substitutiva del siguiente tenor:

“Libertad asistida. La libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado, unida a la orientación para que aquel acceda a programas y servicios comunitarios que favorezcan su integración social.

La función del delegado consistirá en la orientación, control y motivación del adolescente, e incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los programas y servicios requeridos.

El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria del adolescente a encuentros periódicos previamente fijados con el mismo. Para ello, una vez designado, el delegado deberá proponer al tribunal un programa personalizado de cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación. En ello, deberá cuidar especialmente incluir la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda.

En la resolución que apruebe el programa el tribunal fijará la frecuencia y duración de los encuentros obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el delegado.

La duración de esta sanción no podrá exceder de los tres años.

Explicaron esta nueva redacción señalando que la libertad asistida perseguía dos objetivos: 1° establecer una supervigilancia directa y permanente en el desarrollo de las actividades del adolescente, y 2° procurar integrarlo a elementos propios de la realidad en la cual se desarrolla para efectos de obtener un mayor nivel de integración social o, lo que es lo mismo, acompañarlo en la obtención de habilidades de desarrollo social y controlar efectivamente el cumplimiento que vaya dando a una nueva etapa.

La Comisión acordó, por unanimidad, aprobar esta nueva redacción, sin más variaciones que la de substituir en el inciso tercero la palabra “programa” por plan”, la primera vez que se la utiliza, e igual cambio en el inciso cuarto.

Artículo 28.- (pasó a ser 27).

Este artículo, primero del párrafo 3 referido a las sanciones privativas de libertad, enumera en su inciso primero este tipo de sanciones, señalando que consisten en el arresto domiciliario, en el internamiento en régimen semi-cerrado y en el internamiento en régimen cerrado.

Su inciso segundo agrega que las medidas privativas de libertad sólo pueden aplicarse al adolescente que ha sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones graves a las cuales se refiere el artículo 6° ( pasó a ser 7°) o en los casos contemplados en el artículo 76 (pasó a ser 74) de esta ley.

La Comisión, sin mayor debate, acordó aprobar por unanimidad el inciso primero de este artículo, sin otro cambio que substituir, como consecuencia de las modificaciones acordadas para el artículo siguiente, los términos “arresto domiciliario” por “arresto de fin de semana” y, con el mismo quórum, acordó suprimir el inciso segundo por haber trasladado su contenido a la primera parte del inciso segundo del artículo 19.

Artículo 29.- (pasó a ser 28).

Se refiere a la sanción de arresto domiciliario de fin de semana con libertad asistida, señalando que consiste en el encierro del infractor durante el fin de semana en su propio domicilio, acompañado de una sanción de libertad asistida.

Su inciso segundo añade que se considerará este tipo de arresto como una sanción privativa de libertad y tendrá una duración máxima de veinte fines de semana.

Sobre esta disposición surgió un debate en la Comisión relativo a la dificultad de controlar el cumplimiento de la sanción, sosteniendo la Diputada señora Guzmán que como no había quien controlara el cumplimiento, se llegaría en la práctica a la impunidad. Recordó el análisis que se había hecho de otros mecanismos de control más efectivos y económicos como el uso de pulseras especiales, agregando que la normativa propuesta no reflejaba lo que la ciudadanía requería al respecto.

El Diputado señor Bustos remarcó la necesidad de la efectividad de las sanciones, toda vez que en caso contrario, la legislación no tendría sentido, agregando el Diputado señor Monckeberg que no parecía apropiada la vinculación que se establecía entre arresto domiciliario y libertad asistida, sanciones que deberían ser autónomas.

Asimismo, la Diputada señora Cubillos señaló la necesidad de precisar qué se entendía por fin de semana, haciendo presente los representantes del Ejecutivo la posibilidad de cumplir esta sanción en los centros del SENAME, lo que permitiría un mejor control.

Finalmente, el Ejecutivo, haciéndose eco de las observaciones formuladas, presentó una indicación para substituir este artículo por los dos siguientes:

“Artículo 28.- Arresto de fin de semana. El arresto de fin de semana consiste en el encierro del infractor, durante el fin de semana, en un centro de privación de libertad y tendrá una duración máxima de 20 fines de semanas.

Para estos efectos se entenderá por fin de semana el período de tiempo comprendido entre las 19.00 horas del día viernes de cada semana, hasta las 19.00 horas del día domingo respectivo.

Artículo 29.- Arresto domiciliario sustitutivo. En casos fundados, el tribunal podrá autorizar que el arresto de fin de semana sea cumplido en el propio domicilio del infractor, debiendo en dicho caso determinar las medidas de control que se adoptarán para asegurar el cumplimiento de la sanción.

En caso de quebrantamiento de esta medida sustitutiva, deberá cumplirse el resto del período en la forma prevista en el artículo precedente.

La Comisión, sin mayor debate, procedió a aprobar el nuevo artículo 28 por mayoría de votos (4 votos a favor y 2 abstenciones).

Respecto de la segundo norma, acordó substituir la expresión “fundados” por “calificados”, procediendo a aprobarla por mayoría de votos (5 votos a favor y 1 en contra).

Artículo 30.-

Se refiere a la sanción de internamiento en régimen semi-cerrado, señalando que esta sanción consiste en la permanencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, determinado por el juez, de conformidad a lo que señala el inciso segundo.

Su inciso segundo agrega que el director de la institución designada para tal efecto, deberá proponer al tribunal un programa personalizado con indicación del tiempo que el adolescente deberá permanecer obligatoriamente en el centro de privación de libertad semi-cerrado y de las actividades que deberá cumplir en los programas o servicios ubicados fuera del recinto.

Los representantes del Ejecutivo explicaron la disposición señalando que se trataba de mantener al menor en un centro, pero sin privarlo de parte de su desarrollo en el medio libre. En este caso, el tribunal determinaría la duración de la sanción y la institución en que se cumpliría, correspondiendo al director de ésta efectuar la evaluación personal del adolescente y proponer el programa y las actividades que el menor deberá desarrollar fuera, como también los horarios en que deberá permanecer necesariamente en el recinto.

Ante una consulta de la Diputada señora Guzmán, señalaron que las expresiones programas o servicios a que hace mención el inciso segundo, se refieren a la oferta programática educativa que se hace al menor.

El Diputado señor Bustos creyó necesario establecer en forma expresa el carácter educativo de los programas, no bastando con la sola referencia a programas personalizados. Asimismo, estimó demás la frase final del inciso primero que hace referencia al contenido del segundo.

Igualmente, estimó que la redacción del inciso segundo daba a entender que era el director del establecimiento y no el juez el que fijaba la duración de la sanción, por cuanto al establecer que le corresponderá proponer el programa y la duración del tiempo que el menor deberá permanecer en el encierro, dejaba sujeto al juez a lo que propusiera. Consideró necesario fijar ciertos rangos para la preparación de tal programa, de tal manera de no comprometer la decisión judicial.

Acorde con las observaciones formuladas, el Ejecutivo presentó una indicación substitutiva a este artículo del siguiente tenor:

“Artículo 30.- Internación en régimen semi-cerrado. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen semi-cerrado, consiste en la residencia permanente y obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad fijado por el tribunal y la sujeción del mismo a un plan de actividades a ser desarrolladas tanto al interior del recinto como en el medio libre.

Una vez impuesta la medida y determinada su duración, el Director del Centro que haya sido designado para su cumplimiento, deberá proponer al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades, que deberá sujetarse a las siguientes prescripciones:

a) considerar la asistencia del adolescente al proceso de educación formal;

b) considerar el desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de participación, especificando aquellas que serán ejecutadas al interior del recinto como aquellas que se desarrollarán en el medio libre, y

c) las actividades a desarrollar en el medio libre no podrán llevarse a cabo en horario nocturno, debiendo permanecer el adolescente privado de libertad entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo 4°. En todo caso, el programa podrá considerar un período de internación obligatorio superior al señalado, debiendo fundamentarse en base a los mismos criterios.

El programa deberá ser aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o en otra audiencia a ser realizada dentro de los quince días contados desde la realización de aquella.”.

El Diputado señor Bustos echó de menos, en el caso de la letra c), la fijación de un tiempo mínimo en el medio libre a fin de no dejar tan al arbitrio del director del centro su determinación.

Además de la anterior, se formularon nuevas observaciones relativas a la contradicción que se percibía al hablar en el inciso primero de residencia permanente y obligatoria y en la letra c) del inciso segundo indicar un horario, como también la necesidad de uniformar los términos juez y tribunal, más otros planteamientos de forma que llevaron a aprobar en definitiva, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 30.- Internación en régimen semi-cerrado. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen semi-cerrado, será decretada por el tribunal y consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad sujeto a un plan de actividades a ser desarrolladas tanto al interior del recinto como en el medio libre.

Una vez impuesta la medida y determinada su duración, el Director del Centro que haya sido designado para su cumplimiento, deberá proponer al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades, que considerará las siguientes prescripciones:

a) asistencia del adolescente al proceso de educación formal;

b) desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de participación, especificando aquellas que serán ejecutadas al interior del recinto como aquellas que se desarrollarán en el medio libre, y

c) las actividades a desarrollar en el medio libre contemplarán, a lo menos, ocho horas de actividades, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo 4°. El programa será aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o en otra posterior, la que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a aquella.”.

Artículo 31.-

Se refiere a la sanción del internamiento en régimen cerrado, señalando que importará la privación de libertad del adolescente condenado por el tiempo que determine el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en los artículos siguientes.

Ante una objeción del Diputado señor Bustos, quien estimó incompleta esta norma, por cuanto al limitarse a establecer la privación de libertad del menor, no definía en qué consistía este régimen, semejándose a las penas privativas de libertad para adultos, los representantes del Ejecutivo, señalaron que las modalidades de ejecución de las sanciones se encontraban en los artículos 65 y siguientes de este proyecto, pero como no pareciera ello suficiente, el mismo Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Internamiento en régimen cerrado. El internamiento en régimen cerrado importará la privación de libertad del adolescente en un centro especializado para adolescentes bajo un régimen de cumplimiento orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 4° de la presente ley.

En virtud de ello, dicho régimen deberá considerar necesariamente el cumplimiento del proceso educativo del adolescente y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación y de desarrollo personal.”.

Ante nuevas observaciones, esta vez de carácter formal, la Comisión procedió a aprobar por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 31.- Internación en régimen cerrado. La internación en régimen cerrado importará la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 4° de la presente ley.

En virtud de ello, dicho régimen deberá considerar necesariamente el cumplimiento del proceso educativo del adolescente y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación y de desarrollo personal.”.

Artículo 32.-

Se refiere a la duración de las sanciones privativas de libertad establecidas en los artículos 30 y 31, es decir, la internación en régimen semi-cerrado y en régimen cerrado, señalando que ellas tendrán una duración máxima de cinco años.

El Diputado señor Forni objetó esta redacción por considerar que no se respetaba la gradualidad que el mismo Ejecutivo preconizaba, sosteniendo que para ello era necesario establecer no sólo un máximo sino también un mínimo. Propuso, en consecuencia, establecer un mínimo de un año para los adolescentes mayores de 14 años y menores de 16 y un mínimo de dos años para los mayores de 16 años y menores de 18.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión aprobó por unanimidad el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 32.- Duración de las sanciones privativas de libertad. Las sanciones de privación de libertad que se aplican bajo las modalidades establecidas en los artículos 30 y 31, tendrán una duración mínima de un año para los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 16, y de dos años para los mayores de 16 años y menores de 18.

En todo caso, la duración máxima no podrá exceder de cinco años.

Artículo 33.-

Se refiere a las sanciones mixtas, señalando que el tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida por un máximo de dos años, la que deberá ejecutarse con posterioridad al cumplimiento efectivo del internamiento en régimen cerrado, siempre que en su conjunto no excedan de cinco años.

El Diputado señor Bustos, a propósito del debate habido acerca de los artículos 28 y 29, es decir, arresto de fin de semana y arresto domiciliario sustitutivo, sostuvo que le parecía apropiado dar al juez la mayor cantidad de alternativas para sancionar las conductas de los menores, para lo cual creía factible establecer una pena de arresto de fin de semana con libertad asistida.

La Diputada señora Guzmán sugirió incluir tal proposición en este artículo, estableciendo que la libertad asistida pueda agregarse como pena complementaria a otra sanción.

De acuerdo a lo anterior, el Ejecutivo presentó una indicación para tratar en un párrafo separado –en este caso el cuarto– las sanciones mixtas o accesorias, agregando al texto original de este artículo, el siguiente inciso segundo:

“Asimismo, en caso de haberse impuesto la libertad asistida, podrá complementar dicha medida con la imposición del arresto de fin de semana, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 ó 29.”.

Se aprobó la creación del nuevo párrafo, conjuntamente con la indicación y el artículo, por mayoría de votos (5 votos a favor y 1 abstención).

En consecuencia, el texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 33.- Sanciones mixtas. El tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida por un máximo de dos años, la que será ejecutada con posterioridad al cumplimiento efectivo del internamiento en régimen cerrado, siempre que en su conjunto no excedan de cinco años.

Asimismo, en caso de haberse impuesto la libertad asistida, podrá complementar dicha medida con la imposición del arresto de fin de semana, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 ó 29.”.

Artículo 34.- (pasó a ser 35)

Este artículo, primero del Título Tercero que trata del Procedimiento, encabeza el Párrafo Primero, que se refiere a las disposiciones generales.

Trata de las reglas del procedimiento, señalando que la investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, se regirá por las disposiciones de esta ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

Su inciso segundo agrega que, en todo caso, el conocimiento y fallo de las infracciones contempladas en el inciso segundo del artículo 7° (pasó a ser 6°), se sujetarán al procedimiento establecido en los artículos 392 ó 393 bis, del Código Procesal Penal, según el caso.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que se trataba de una norma general de procedimiento, la que, en silencio de la ley, disponía la supletoriedad de las disposiciones del Código Procesal Penal.

Asimismo, el inciso segundo hacía aplicables a las faltas que constituyen infracciones a la ley penal, el llamado procedimiento monitorio, sistema de tramitación expedita que básicamente se traduce en el requerimiento del fiscal solicitando sólo la aplicación de una multa, la que es resuelta, sin forma de juicio, por el juez de garantía.

La referencia que se hace al artículo 393 bis, se remite a los casos de la comisión de faltas flagrantes, en que puede pedirse la detención del infractor y su puesta a disposición del juez de garantía, procediéndose a efectuar el correspondiente requerimiento en la audiencia de control de detención.

No se produjo debate, aprobándose el artículo por unanimidad, en los mismos términos propuestos.

Artículo 35.- (se suprime).

Se refiere a las garantías procesales, señalando que en todas las etapas del procedimiento se respetarán las garantías propias del debido proceso, establecidas en la Constitución, en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el país y en la ley procesal penal.

Ante las observaciones de la Comisión en el sentido de ser innecesaria esta norma, los representantes del Ejecutivo señalaron que se la había incluido para dejar en claro, ante cualquier interpretación, la plena vigencia en esta legislación especial de las garantías procesales establecidas en todo el ordenamiento jurídico, especialmente las contenidas en la Convención de los Derechos del Niño.

Los Diputados señora Guzmán y señores Luksic y Ceroni estimaron poco convincentes las explicaciones toda vez que de acuerdo a ellas, en toda legislación habría que efectuar igual remisión, so pena de entenderse que en aquellas normas en que no se lo hiciera, se daría pie para pensar que no se respetarían tales resguardos, lo que parecía absurdo.

En base a lo anterior, la Comisión acordó rechazar este artículo por unanimidad.

Artículo 36.-

Trata de la reserva del proceso, señalando en su inciso primero que el procedimiento será reservado respecto de terceros.

Su inciso segundo agrega que la obligación de reserva afecta a todos los funcionarios públicos que intervengan en el procedimiento en razón de sus funciones, como también a los defensores penales, quienes no podrán informar a los medios de comunicación social ni a terceros acerca del contenido de la investigación ni sobre la identidad de los adolescentes detenidos o imputados.

Su inciso tercero sanciona la infracción a la prohibición señalada con las penas del artículo 247 del Código Penal, es decir, la violación de secretos de un particular por parte de un funcionario público, a menos que los hechos constituyan otro delito sancionado con igual o mayor pena.

Ante una consulta, los representantes del Ejecutivo explicaron que la reserva rige sólo para los terceros ajenos al juicio, pero ello no significa que las audiencias sean reservadas, las que de acuerdo a los principios generales son públicas, salvo que el juez de garantía, actuando en protección de los intervinientes, decrete su reserva. En todo caso, debido a la prohibición que pesa sobre los funcionarios públicos, los medios de comunicación deberán recurrir a las demás fuentes que existan para adquirir información sobre el caso.

La Diputada señora Guzmán fue partidaria de que la audiencia no fuera pública, teniendo acceso a ella únicamente el fiscal, el defensor los jueces y los parientes hasta determinado grado. Igualmente, debiera establecerse la completa reserva de la identidad del menor, evitando las formas que utilizan los medios de comunicación para darla a conocer en forma indirecta, como son la utilización de las iniciales o la entrega de los nombres de los padres.

Los Diputados señores Ceroni y Luksic se manifestaron partidarios de la publicidad de la audiencia porque, aun cuando es importante proteger la identidad de los menores, no es posible prohibir a los medios de comunicación social informar sobre los hechos ya que la gente tiene derecho a saber lo que sucede en el juicio.

Recogiendo las observaciones formuladas, el Ejecutivo presentó una indicación substitutiva de este artículo del siguiente tenor:

“Protección de la vida privada del adolescente. Durante todas las etapas del procedimiento se deberá resguardar la vida privada del adolescente.

Prohíbese a los funcionarios públicos y abogados defensores informar a los medios de comunicación social ni a terceros acerca de la identidad del adolescente detenido o imputado, o que sea víctima de una infracción, ni de aquellos datos o antecedentes que permitieren dicha identificación.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con las penas previstas en el artículo 247 del Código Penal, a menos que los hechos constituyan otro delito sancionado con igual o mayor pena.”.

Ante nuevas objeciones de los Diputados señores Burgos y Ceroni en cuanto a que la prohibición de informar debería ser general, referida a los terceros ajenos al proceso, no siendo necesario referirla a los medios de comunicación social, la Comisión procedió a aprobar, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Artículo 36.- Protección de la vida privada del adolescente. Durante todas las etapas del procedimiento se deberá resguardar la vida privada del adolescente.

Prohíbese a los funcionarios públicos y abogados defensores informar a terceros ajenos al proceso acerca de la identidad del adolescente detenido o imputado, o que sea víctima de una infracción, ni de aquellos datos o antecedentes que permitieren dicha identificación.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con las penas previstas en el artículo 247 del Código Penal, a menos que los hechos constituyan otro delito sancionado con igual o mayor pena.”.

Artículo 37.- (pasó a ser 38).

Esta disposición, primera del párrafo 2 que trata del sistema de justicia especializada, se refiere a la competencia, señalando que corresponde el conocimiento de las causas a que diere lugar la aplicación de esta ley, al juez especializado en el conocimiento de las infracciones adolescentes a la ley penal del territorio jurisdiccional respectivo.

Su inciso segundo agrega que los jueces especializados tendrán asiento en el respectivo juzgado de garantía.

Su inciso tercero se refiere a los lugares en que no hubiera jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de las infracciones cometidas por adolescentes, señalando que el procedimiento de distribución de causas del juzgado comprenderá la radicación de éstas en uno sólo de los jueces de garantía que cumpla con los requisitos establecidos para la especialización, sin perjuicio de las correspondientes normas sobre subrogación.

Su inciso cuarto añade que los jueces que cumplan las funciones establecidas en los dos incisos anteriores, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, a los objetivos y contenidos de esta ley, a la Convención de los Derechos del Niño y al sistema de ejecución de las sanciones que esta misma ley establece.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta norma entregaba competencia para conocer de las infracciones juveniles a un juez especializado, el que estaría inserto dentro de la estructura de un juzgado de garantía, añadiendo, ante una consulta, que la idea básica que inspira esta regla es que todos los jueces que deban conocer de este tipo de infracciones, estén capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a su ocurrencia.

Asimismo, precisaron que, efectivamente, esta normativa implicaría una carga de trabajo para los actuales tribunales y para el Ministerio Público, razón por la cual se mantenían negociaciones con la Dirección de Presupuesto para determinar la cuantía de los recursos necesarios para cubrir los nuevos cargos de jueces, fiscales y defensores que se requerirían.

El Diputado señor Bustos, conjuntamente con la Diputada señora Soto, expresó preocupación por esta norma toda vez que, a su parecer, no se cumplía con los objetivos tenidos en vista al pensarse en el establecimiento de esta legislación, ya que se había pretendido crear una justicia diferente de la aplicable a los adultos, más garantista, pero, al parecer por razones económicas, se estaba haciendo todo lo contrario.

La Diputada señora Guzmán mostró disconformidad con el orden del articulado por cuanto debería comenzarse tratando al Ministerio Público, luego a los jueces de garantía y, por último, el tribunal oral.

Los Diputados señores Luksic y Ceroni fueron partidarios de referir directamente el artículo a la competencia del juzgado de garantía, lo que haría innecesario el actual inciso segundo.

Recogiendo todas estas observaciones, los representantes del Ejecutivo hicieron llegar un texto substitutito para este artículo del siguiente tenor:

“Artículo 38.- Competencia del juez de garantía. Corresponde el conocimiento de las causas a que diere lugar la aplicación de esta ley, al juez de garantía especializado en el conocimiento de las infracciones de adolescentes a la ley penal del territorio jurisdiccional respectivo.

En los lugares donde no hubiere jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de las causas por infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, el procedimiento objetivo y general de distribución de causas del juzgado, comprenderá la radicación de éstas en uno solo de los jueces de garantía que cumpla con los requisitos establecidos para la especialización, sin perjuicio de las normas sobre subrogación respectivas.

Tratándose de los jueces de garantía unipersonales y de los jueces de letras que ejercen competencia de garantía, asumirán el conocimiento de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, previa aprobación del curso de especialización respectivo.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron el contenido del nuevo texto señalando que él recogía las observaciones formuladas relativas a los tres casos que podían presentarse, los que se regirían por la regla común de que el conocimiento de estas causas correspondería siempre a un juez especializado.

Ante las aprensiones del Diputado señor Araya acerca del incumplimiento del requisito de especialización en tribunales ubicados a gran distancia uno del otro, explicaron que los jueces no podrían asumir el conocimiento de estas causas, si no cuentan con el curso de especialización, el que de acuerdo al artículo 83 del proyecto (paso a ser 81), debe ser impartido por la Academia Judicial, siendo su duración de una o dos semanas.

Los Diputados señores Forni y Pérez Varela creyeron oportuno establecer una norma que estableciera la realización de los cursos antes de la entrada en vigencia de esta ley, a fin de evitar los inconvenientes de la preparación necesaria, como también la importancia de conocer si la Academia Judicial estaría en condiciones de especializar a jueces desde Arica a Punta Arenas, porque, en caso contrario, a juicio del Diputado señor Ceroni, procedería salvar la situación con una norma sobre subrogación.

Finalmente, los representantes del Ejecutivo anunciaron la presentación de una indicación para agregar un artículo transitorio que salvara el impedimento previsto por los Diputados señores Forni y Pérez Varela, a la vez que, por acuerdo de la Comisión, se convino en dar una nueva redacción al inciso final, quedando, en consecuencia el artículo en los siguientes términos:

“Artículo 38.- Competencia del juez de garantía. Corresponde el conocimiento de las causas a que diere lugar la aplicación de esta ley, al juez de garantía especializado en el conocimiento de las infracciones de adolescentes a la ley penal del territorio jurisdiccional respectivo.

En los lugares donde no hubiere jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de las causas por infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, el procedimiento objetivo y general de distribución de causas del juzgado, comprenderá la radicación de éstas en uno solo de los jueces de garantía que cumpla con los requisitos establecidos para la especialización, sin perjuicio de las normas sobre subrogación respectivas.

Los jueces de garantía unipersonales y los jueces de letras que ejercen competencia de garantía, asumirán el conocimiento de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, previa aprobación del curso de especialización respectivo.”

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 38.- (pasó a ser 39).

Trata de la integración del tribunal oral, disponiendo que en los casos en que el fiscal solicitare la aplicación de alguna sanción privativa de libertad, el juicio oral será conocido por una sala especial del tribunal de juicio oral en lo penal, integrada por un juez del tribunal de familia y por dos jueces del tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de que se trate, uno de los cuales la presidirá.

Sobre este artículo se suscitó un largo debate, sosteniendo el Diputado señor Bustos que ante la imposibilidad, por motivos económicos, de que haya jueces penales especializados, lo lógico sería que la integración del tribunal que se propone fuera presidida por el juez de familia, toda vez que él tiene una especialización en los temas propios de menores y de la familia en general. Incluso, se mostró partidario de que integraran el tribunal dos jueces de familia y uno solo del tribunal oral, recordando, al efecto, que la labor de estos últimos se desarrollará en un 90% con personas mayores, lo que necesariamente deberá influir en su mentalidad y actitud.

La Diputada señora Soto sostuvo similar parecer, señalando que debería tenerse en cuenta el fin último de esta legislación cual es la protección de los menores, finalidad con la que sintonizaría mejor el juez de familia, no sólo por la distinta mirada frente a la vida que le da su especialidad, sino también por la asesoría especializada en la materia con que cuenta.

La Diputada señora Guzmán fue partidaria de mantener la integración y presidencia que se propone, por cuanto debería tenerse presente que se trata de un tribunal que conocerá materias penales juveniles, al cual ya se está agregando un elemento externo como es el juez de familia.

El Diputado señor Ceroni creyó necesario exigir a este tribunal, que será el que decidirá en definitiva, que por lo menos uno de sus integrantes tenga especialización en materia infraccional juvenil. Lo contrario sería contradictorio con la especialización que se pide al juez de garantía. En todo caso, dada la naturaleza de la materia que corresponde tratar, la que es de carácter penal, le parecía obvio que quien presidiera fuera uno de los jueces del tribunal oral.

Los representantes del Ejecutivo coincidieron con la necesidad de la especialización en materia penal juvenil de este tribunal, pero en lo que se refiere a su integración, recordaron que una de las cosas que se deseaba superar era la confusión de roles existente en la actual justicia de menores, por cuanto esa judicatura trata tanto sobre materias proteccionales como infraccionales. Señalaron que por ello la nueva legislación dejaba fuera de la competencia de los jueces de familia todo lo relativo a lo infraccional. Además de lo anterior, la forma de actuar de los jueces de familia sería diferente a la de los del tribunal oral, por cuanto se trata de una judicatura unipersonal en que sus miembros están acostumbrados a tomar decisiones por si solos. De ahí entonces la idea de incorporarlos al tribunal oral para que aporten la visión de un juez especializado en materia de familia, pero dejando a los jueces especializados en materia penal la conducción del procedimiento, el que tiene una serie de particularidades que no condicen con las audiencias propias de los tribunales de familia.

La Comisión, en votación separada, acordó, por mayoría de votos, (3 votos a favor y 2 en contra) mantener la integración y presidencia propuestas por el Ejecutivo.

Finalmente, los representantes del Ejecutivo, acogiendo las observaciones formuladas, hicieron llegar el siguiente texto substitutivo para este artículo:

“Artículo 39.- Competencia e integración de sala especializada para adolescentes del tribunal de juicio oral en lo penal. En los casos en que el fiscal solicitare la aplicación de alguna sanción privativa de libertad, el juicio oral será conocido por una sala especializada de justicia penal para adolescentes del tribunal de juicio oral en lo penal, integrada por un juez del tribunal de familia y por dos jueces del tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de que se trate, uno de los cuales lo presidirá. Los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal que integrarán dicha sala deberán haber aprobado previamente el curso de especialización respectivo.”.

Ante una consulta acerca del alcance de los términos “sala especializada para adolescentes”, los representantes del Ejecutivo precisaron que no se trataba de una sala dedicada exclusivamente a dicha materia, sino que salas que se constituirían especialmente cuando se tratara de atender un juicio de adolescentes.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó el texto substitutivo por unanimidad.

Artículo 39.- (pasó a ser 40).

Trata de la designación de los miembros del tribunal oral, señalando que el comité de jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como el homónimo del tribunal de familia correspondiente, designarán, cada dos años, a uno o más de sus miembros, según sea necesario, para integrar la sala especializada del tribunal de juicio oral en lo penal que deberá conocer de los juicios a adolescentes.

El Ejecutivo, en atención a lo relacionado de esta norma con las ya analizadas, propuso una indicación substitutiva para este artículo del siguiente tenor:

“Artículo 40.- Designación de los miembros de la sala especializada de justicia penal para adolescentes. El Comité de Jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como el homónimo del tribunal de familia correspondiente, designarán, cada dos años, a uno o más de sus miembros, según sea necesario, para integrar la sala especializada de justicia penal para adolescentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.”.

La Comisión, a sugerencia del Diputado señor Burgos, quien estimó necesario precisar que se trataba de una sala permanente desde el punto de vista institucional, pero que se constituiría únicamente cuando fuera necesario, acordó aprobar este artículo por unanimidad, Intercalando entre las palabras “ para “ e “ integrar” las expresiones “constituir e”.

Artículo 40.- (pasó a ser 37).

Trata de la competencia del Ministerio Público, señalando que la función de dirigir la investigación de las infracciones de que trata esta ley, así como la de ejercer la acción penal pública y adoptar las medidas de protección para las víctimas y testigos, corresponderá exclusivamente al ministerio público, de acuerdo a las reglas generales.

Su inciso segundo añade que para el cumplimiento de las funciones descritas en los incisos anteriores, los fiscales regionales deberán designar en cada fiscalía local de sus respectivas regiones los fiscales adjuntos que se encargarán de estos casos. Estos fiscales deberán contar con una capacitación especializada, referida a los contenidos y objetivos de la presente ley.

Respecto de esta norma, el Diputado señor Ceroni sostuvo que lo único necesario de este artículo, era la referencia del inciso segundo a la especialización de los fiscales, por cuanto el inciso primero no hace más que establecer dentro del Ministerio Público fiscales especializados en materia de menores. No crea una fiscalía especial para menores, como pareciera darse a entender.

La Diputada señora Guzmán coincidió con tal opinión por estimar innecesario repetir lo que ya se sabe que constituyen las funciones propias de los fiscales. Se trataría de una materia de carácter procesal que se remite a lo que ya existe. Por ello le pareció que lo lógico era referirse a lo único novedoso del artículo, es decir, la especialización de que trata en su inciso segundo.

Acorde con lo anterior, los representantes del Ejecutivo propusieron una nueva redacción para este artículo del siguiente tenor:

“Artículo 37.- Competencia del Ministerio Público. Para el cumplimiento de las funciones de dirección de la investigación de las infracciones de que trata la presente ley, así como para el ejercicio de la acción penal pública y la adopción de las medidas de protección para las víctimas y los testigos, los Fiscales Regionales designarán en cada fiscalía local de sus respectivas regiones, a los fiscales adjuntos especializados en justicia penal de adolescentes.”.

Se aprobó el artículo por unanimidad.

Artículo 41.-

Trata de la competencia de la Defensoría Penal Pública, señalando que los defensores regionales y quienes estén a cargo de instituciones que presten defensa a adolescentes de conformidad con esta ley, procurarán que los abogados que figuren disponibles para asumir la defensa penal de adolescentes imputados, cuenten con conocimientos especializados, referidos a los problemas sociales vinculados a la ocurrencia de estas infracciones, a los objetivos y contenidos de la presente ley, de la Convención de los Derechos del Niño y al sistema de ejecución de las sanciones establecidas en esta misma ley.

El representante del Instituto Nacional de la Juventud hizo presente su discordancia con esta norma toda vez que no establecía igualdad de condiciones para la fiscalía y para la defensa, ya que sólo imponía a los defensores regionales procurar que los abogados disponibles para la representación de los adolescentes, tuvieran conocimientos especializados en las materias sociales vinculadas a la ocurrencia de las infracciones juveniles. Es decir, todo lo contrario a las exigencias planteadas a la fiscalía.

La Diputada señora Guzmán dijo creer que la razón de esta menor exigencia, provendría de la insuficiencia de defensores públicos, opinión con la que coincidieron los representantes del Ejecutivo quienes señalaron que el mayor obstáculo provenía de las instituciones que podrían participar en las licitaciones. Sostuvieron que para los efectos de reducir la incertidumbre a este respecto, podría substituirse la expresión “procurarán” por “velarán”, la que implica un mayor grado de responsabilidad para los defensores regionales.

Los Diputados señora Soto y señor Ceroni estimaron necesaria la exigencia de la especialización, agregando la primera que ello le parecía indispensable aun cuando fuera en un mínimo, puesto que cuando un adolescente es procesado es porque ha incurrido en infracciones graves, que requieren, lógicamente, una defensa fluida e inteligente en condiciones que se puedan equiparar con la fiscalía.

De conformidad a lo anterior, los representantes del Ejecutivo sugirieron la siguiente redacción para este artículo:

“Los Defensores Regionales y quienes estén a cargo de instituciones que presten defensa a adolescentes de conformidad con esta ley, procurarán que los abogados que figuren disponibles para asumir la defensa de adolescentes imputados cuenten con conocimientos especializados en justicia penal para adolescentes. Para estos efectos, en las licitaciones respectivas deberá considerarse, entre los factores a valorar para la adjudicación de casos, la existencia de abogados con esta especialización.”.

El Diputado señor Bustos objetó esta nueva redacción por considerarla de carácter facultativo y programático. Sostuvo que la especialización debería ser obligatoria, factor que debiera incluirse en las licitaciones. Ante la aseveración de los representantes del Ejecutivo en el sentido de que en los lugares en que el número de causas es escaso, exigir la especialización redundaría en la declaración de desiertas respecto de muchas licitaciones, estimó que, en todo caso, el término “procurarán” daba demasiada amplitud a la norma y que lo lógico sería que, sin perjuicio de la obligatoriedad, debería establecerse una regla para las situaciones excepcionales que pudieran darse en lugares en que no fuera posible hacer efectiva la exigencia de la especialización.

Conforme a estas nuevas observaciones, los representantes del Ejecutivo propusieron una nueva redacción del siguiente tenor

“Los Defensores Regionales velarán que los abogados que figuren disponibles para asumir la defensa penal de adolescentes imputados, cuenten con conocimientos especializados en justicia penal para adolescentes. Para estos efectos, en las licitaciones respectivas deberá considerarse entre los factores a valorar para la adjudicación de casos, la existencia de abogados con esta especialización.

Excepcionalmente, las bases respectivas podrán considerar la adjudicación a abogados que no cuenten con la mencionada especialización, cuando el número de ingresos estimados de infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, no representen una carga de trabajo superior a cien casos anuales.”.

La Comisión coincidió con la proposición por entender que la palabra “velarán” era más explícita que la expresión “procurarán” del texto original, la que daba a la norma un carácter muy amplio y aleatorio. Asimismo, la segunda frase del primer inciso, al emplear el término “deberá”, hacía obligatoria la consideración de la especialización en el llamado a licitación.

Igualmente, ante algunas dudas, se coincidió en que los términos de este artículo alcanzaban a los abogados particulares que participaban en las licitaciones, no así a los integrantes de la Defensoría, los que quedaban comprendidos en el nuevo artículo 41 bis que se proponía más adelante.

Finalmente, ante las dudas expresadas por algunos parlamentarios acerca del sentido del inciso final, puesto que al no distinguir permitía aplicar la regla excepcional que contiene a cualquier lugar del país en que se diera la situación que describe, los representantes del Ejecutivo señalaron que para obviar el problema planteado por la Comisión en lo referente a la imposibilidad de exigir especialización en lugares apartados o con poca actividad judicial relacionada con los objetivos de esta ley, habían optado por sujetarse al factor carga de trabajo como elemento para determinar la aplicación de la exigencia.

El Diputado señor Bustos, refiriéndose a este mismo inciso, recordó que el elemento que se había considerado para los efectos de eximir de la especialización, no era la carga de trabajo sino la baja oferta de atención profesional, situación muy común en pueblos pequeños o alejados. Insistió en que los afectados, al igual que en cualquier otra parte, eran también niños que requerían una atención especializada.

Frente a esta última objeción, los representantes del Ejecutivo arguyeron que la solución estaba, en realidad, en el inciso primero, por cuanto eran los Defensores regionales los que velarían por la atención profesional de esas personas y para ello contarían con listados de abogados que pudieran desempeñarse en forma idónea.

Cerrado finalmente el debate y habiendo acordado la Comisión dividir la votación por incisos, procedió a aprobar por unanimidad el primer inciso y por mayoría de votos el segundo (7 votos a favor y 3 en contra).

Artículo 41 bis.- (nuevo).

Al tratar el tema de la especialización de jueces, fiscales y defensores, la Comisión acordó incluir una nueva norma que hiciera referencia a las materias en que deberían estar especializados, evitando la repetición respecto de cada uno de ellos, proposición que recogieron los representantes del Ejecutivo, sugiriendo un nuevo artículo dentro de este mismo Párrafo, con la siguiente redacción:

“Especialización de la justicia penal para adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces de familia, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes infractores a la ley penal, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en los objetivos y contenidos de la presente ley, en la Convención de los Derechos del Niño y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley.”.

Se aprobó por unanimidad.

Artículo 42.-

Este artículo, primero del Párrafo 3 que se refiere a las medidas cautelares personales, trata el tema de la detención, señalando que ninguna persona menor de dieciocho años podrá ser privada de libertad sino por orden del juez competente para conocer de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, y después que dicha orden le fuera intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendida en la ejecución flagrante de una infracción.

La Comisión coincidió con los representantes del Ejecutivo en el sentido de que esta disposición no sería más que una reiteración de las normas generales, procediendo, en consecuencia, a aprobarla en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 43 (pasó a ser 41 ter).

Trata de la policía especializada indicando que en los lugares donde existan comisarías o subcomisarías de menores, corresponderá a sus funcionarios cumplir las órdenes de arresto o detención del juez competente para conocer las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes.

Los representantes del Servicio Nacional de Menores explicaron que sólo existen tres comisarías de este tipo en el país; dos en Santiago y una en Valparaíso, pero que la tendencia de la Institución es terminar con esta clase de comisarías, con la idea de dotar a su personal de conocimientos sobre diversos temas de familia, de tal manera que en cada una de estas reparticiones se tenga una mínima capacidad para enfrentar estos temas.

Los Diputados señores Bustos y Pérez Lobos estimaron adecuada la existencia de especialización policial en temas de menores, agregando el primero que no creía que este párrafo fuera el apropiado para una disposición de esta naturaleza sino que el anterior que se refiere al sistema de justicia especializada, y el segundo que la especialización debería orientarse hacia el trato de los adolescentes y no a la detención de éstos.

Finalmente, los representantes del Ejecutivo, acogiendo estas observaciones, propusieron una norma de carácter general que contemplara en los programas de formación y perfeccionamiento policial la necesidad de conocer las materias que trata esta iniciativa.

El texto de este artículo, trasladado al Párrafo 2 con el número 41 ter, quedó como sigue:

“Artículo 41 ter .- Las instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de la presente ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a los fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones.

Se lo aprobó por unanimidad

Artículo 44.- (pasó a ser 43).

Trata sobre las formalidades del arresto y la detención, señalando que el funcionario que practicare alguna de estas diligencias, deberá informar al adolescente imputado acerca del motivo de la misma y, en su caso, señalarle la autoridad que la hubiere ordenado. Asimismo, deberá darle a conocer sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

No se produjo debate y se lo aprobó en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 45.- (pasó a ser 44).

Trata sobre la citación y no comparecencia del imputado, señalando que cuando fuere necesaria la presencia de un adolescente imputado ante el tribunal, éste dispondrá su citación, de acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Penal. La no comparecencia injustificada del imputado ante el juez que lo ha citado, autorizará a que éste ordene su conducción ante su presencia por medio de la fuerza pública.

Su inciso segundo agrega que excepcionalmente y a petición del Ministerio Público, el juez podrá ordenar la detención de un adolescente imputado de una infracción de las que trata esta ley, para ser traído a su presencia sin previa citación, cuando existan antecedentes que demuestren que de otra forma la comparecencia puede verse demorada o dificultada con riesgo para la investigación.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que esta norma prácticamente reproducía los términos del artículo 33 del Código Procesal Penal, que se refiere a la misma materia, agregando que en caso de justificarse la no comparecencia, correspondía la aplicación de las reglas generales.

No se produjo mayor debate, aprobándose el artículo en los mismos términos por unanimidad.

Artículo 46.- (pasó a ser 45).

Trata de la detención en delito flagrante, señalando que los agentes policiales podrán detener a los adolescentes que sorprendieren en la comisión flagrante de una infracción a la ley penal, en cuyo caso procederán de acuerdo a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 134 del Código Procesal Penal.

Ante la observación formulada por el Diputado señor Bustos acerca de la conveniencia de que los textos legales sean autónomos o autosuficientes, evitando la remisión a otras normas por las dificultades que encierra para su aplicación, los representantes del Ejecutivo, sugirieron la siguiente redacción para este artículo:

“Los agentes policiales podrán detener a los adolescentes que sorprendieren en la comisión flagrante de una infracción a la ley penal, en cuyo caso la pondrán de inmediato en conocimiento del fiscal, para los efectos de que éste adopte la decisión de que el detenido sea conducido ante el juez dentro del plazo de veinticuatro horas o sea dejado en libertad. El fiscal comunicará su decisión al defensor en el momento en que la adopte.”.

Explicaron su proposición señalando que con esta redacción se explicitaba el contenido del inciso quinto del artículo 134, norma a que hacía remisión la propuesta original.

El Diputado señor Burgos objetó el empleo del término “podrán” en este artículo, por cuanto ante una situación como la señalada, en que la policía entiende que hay flagrancia, debe detener al hechor, no pudiendo no hacerlo como lo permite el carácter facultativo de la forma verbal empleada.

La Diputada señora Soto fue partidaria de mantener el carácter optativo de la actuación policial, atendiendo a la naturaleza del delito.

El Diputado señor Bustos recordó que el artículo 134 del Código Procesal Penal emplea dicho término, entendiendo que es lo que corresponde por cuanto, como regla general, no se puede detener a una persona. De ahí entonces la facultad para hacerlo en caso de flagrancia.

El Diputado señor Uriarte, citando la Constitución Política, señaló que ésta empleaba el término “podrá” al referirse a la detención por flagrancia, agregando que, siendo realistas, lo lógico sería emplear el término facultativo para las infracciones no graves y el imperativo para las graves.

Los representantes del Ejecutivo recordaron que el origen del término “podrán” empleado por el artículo 134, arrancaba de la ley Nº 19.789 que habilitó a las policías para detener en caso de faltas, cuestión que de acuerdo a la norma del artículo 124 del mismo Código, no era posible. La habilitación franqueada por la ley Nº 19.789 tuvo por objeto repeler situaciones como los llamados hurtos hormigas en los supermercados, las riñas en las poblaciones y otras semejantes, que solamente revisten el carácter de faltas. La regla general en la materia estaría contemplada en el artículo 129, el que obliga a la policía a detener en el caso de delito flagrante.

Igualmente, hicieron presente que el sistema penal de adultos, frente a determinadas infracciones, no contempla la detención porque considera que se trata de cuestiones muy menores que, además, no tienen como pena una privación de libertad. Asimismo, recordaron que la detención no es el único mecanismo con que cuenta la policía para enfrentar una situación delictiva, precisando que se trata de una medida cautelar que busca asegurar, cuando no hay otra posibilidad, la continuidad del procedimiento.

Añadieron que la norma en comentario, al no distinguir entre infracciones graves y no graves, dejaba abierta la posibilidad a la policía de decidir, frente al caso concreto, si detenía o se limitaba a citar en razón de tratarse de una infracción que no justificaba una detención.

El Diputado señor Bustos hizo presente que el proyecto enumeraba taxativamente las infracciones graves y que esta norma se refería a las infracciones en general, es decir, graves y no graves, razón por la que creía que para los efectos de detener o, simplemente, citar, debería distinguirse entre el tipo de infracción. Recordó, asimismo, que la privación de libertad está concebida como último recurso y lo que aquí se plantea son medidas alternativas a esa privación, por lo que partir implantándola parecería un contrasentido.

El Diputado señor Burgos insistió en su posición por cuanto no le parecía posible que la ley diga al policía que no detenga en caso de flagrancia. La determinación de la naturaleza grave o no del delito, sería algo que debiera quedar entregado al discernimiento judicial y no al arbitrio de las policías. Una vez entregado el infractor a quien corresponda, será la maquinaría legal la que determinará si se juzgará a esa persona por infracción a la ley penal juvenil o no.

Asimismo, le pareció confuso el subtítulo del artículo, toda vez que al emplear el término “delito”, no obstante el sentido amplio que esta locución tiene en el derecho penal, parecía referir la norma sólo a los crímenes y simples delitos, lo que contrastaba con el texto mismo que emplea el término “infracciones”.

Finalmente, el Diputado señor Ceroni creyó necesario distinguir para los efectos de practicar o no la detención, por cuanto podría darse el absurdo de que una vez detenida una persona en situación de flagrancia, la infracción de que se le imputara no diera siquiera para una privación de libertad.

Acorde a todo lo debatido al respecto, los representantes del Ejecutivo presentaron a la consideración de la Comisión una alternativa de redacción para este artículo, con tres opciones, pronunciándose los parlamentarios por la siguiente:

“Citación, registro y detención en casos de flagrancia. El adolescente que fuere sorprendido in fraganti cometiendo una infracción a la ley penal que no se encuentre sancionada con penas privativas ni restrictivas de la libertad, será citado a la presencia del fiscal, previa comprobación de su domicilio.

La policía podrá registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona que será citada.

Asimismo, podrá conducir al imputado al recinto policial, para efectuar allí la citación.

No obstante, el adolescente podrá ser detenido si fuere sorprendido en la comisión flagrante de una infracción tipificada como falta en el Código Penal, en los artículos 494 Nºs, 4 y 5, y 19 sólo en lo que dice relación con el artículo 446; y 496 Nºs. 5 y 26.

También será detenido siempre que sea sorprendido en la comisión flagrante de una infracción grave.

En aquellos casos en que los agentes policiales hayan procedido a detener a un adolescente sorprendido en la comisión flagrante de una infracción a la ley penal, según lo dispuesto en los dos incisos anteriores, deberán comunicarla de inmediato al fiscal, para los efectos de que éste adopte la decisión de que el detenido sea dejado en libertad o sea conducido ante el juez dentro del plazo máximo de 24 horas. El fiscal comunicará su decisión al defensor en el momento en que la adopte.”.

Ante consultas formuladas por los Diputados señora Guzmán y señores Bustos y Monckeberg, los representantes del Ejecutivo precisaron que el plazo de 24 horas que se concedía al fiscal para tomar una decisión, tenía por objeto entregarle el tiempo necesario para investigar la naturaleza o gravedad de la infracción y saber a qué atenerse en la audiencia de control de la detención; y que el plazo de las 24 horas se contaba, al igual que en el caso de los adultos, a partir del momento de la detención, circunstancia de la que se acordó dejar constancia en el inciso sexto.

Cerrado finalmente el debate, la Comisión acordó dividir la votación por incisos, resultando aprobados por unanimidad los incisos primero, segundo y quinto; el tercero y el sexto por mayoría de votos (4 votos a favor y 1 abstención y 3 votos a favor y 2 en contra, respectivamente) y el cuarto fue rechazado por mayoría de votos (2 votos a favor y 3 en contra).

En consecuencia, el texto definitivo de este artículo, al que además se le introdujeron algunas correcciones de forma, quedó como sigue:

“Citación, registro y detención en casos de flagrancia. El adolescente que fuere sorprendido in fraganti cometiendo una infracción a la ley penal que no se encuentre sancionada con penas privativas ni restrictivas de la libertad, será citado a la presencia del fiscal, previa comprobación de su domicilio.

La policía podrá registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona que será citada.

Asimismo, podrá conducir al imputado al recinto policial, para efectuar allí la citación.

En el caso de ser sorprendido el adolescente en la comisión flagrante de una infracción grave, deberá procederse a su detención.

En aquellos casos en que los agentes policiales hayan procedido a detener a un adolescente sorprendido en la comisión flagrante de una infracción a la ley penal, según lo dispuesto en el inciso anterior, deberán comunicarla de inmediato al fiscal, para los efectos de que éste adopte la decisión, dentro del plazo máximo de 24 horas desde que se hubiere practicado la detención, de que el detenido sea dejado en libertad o sea conducido ante el juez. El fiscal comunicará su decisión al defensor en el momento en que la adopte.”.

Artículo 47.- (pasó a ser 46).

Trata de la restricción de libertad de menores de 14 años, señalando que si se sorprendiere a una persona menor de esa edad, en la comisión flagrante de un crimen o simple delito, los agentes policiales podrán ejercer todas las facultades que les otorga la ley para repeler la comisión flagrante del hecho, restablecer el orden y tranquilidad pública, o dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos.

Su inciso segundo agrega que las restricciones a la libertad que se impusieren en tal caso, sólo deberán durar el tiempo que sea estrictamente indispensable para el logro de los objetivos indicados, no pudiendo en caso alguno extenderse a más de seis horas.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta disposición procuraba facultar a las policías para que retuvieran al menor y pudieren resolver la situación de orden público creada como consecuencia de la infracción. Se trataría de una persona inimputable que debe pasar al sistema de protección y no se justificaría que permaneciera por más tiempo que el señalado en poder de las policías.

Los Diputados señores Forni y Burgos estimaron que el plazo de seis horas era muy breve ante las dificultades que podrían presentarse para la ubicación de los familiares del menor.

Las representantes del Servicio Nacional de Menores sostuvieron que si no se encontraba a algún pariente u otra persona que se hiciera cargo del menor, lo que correspondía era entregarlo al SENAME para ingresarlo a un programa de inimputables, pero que coincidían con la idea de que seis horas podría ser un plazo estrecho, por lo que podría establecerse un margen de tiempo prudencial para la consecución de los logros previstos en la ley, es decir, restablecimiento del orden público, protección de la víctima, etc.

El Diputado señor Bustos creyó necesario distinguir entre la comisión de delitos graves o no graves, disponiéndose, en el primer caso, la entrega del menor al SENAME dentro del plazo de seis horas que se establece.

Atendiendo las observaciones planteadas en el debate, los representantes del Ejecutivo propusieron el siguiente texto substitutivo para este artículo:

“Si se sorprendiere a una persona menor de 14 años en la ejecución flagrante de una conducta que, cometida por un adolescente, constituiría una infracción a la ley penal, los agentes policiales podrán ejercer todas las potestades que les otorga la ley para repeler la comisión del hecho, restablecer el orden y la tranquilidad públicas, o dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos.

Las restricciones a la libertad que se impusieren en tal caso, sólo deberán durar el tiempo que sea estrictamente indispensable para el logro de los objetivos indicados.

Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad respectiva deberá entregarlo inmediata y directamente a sus padres o personas que lo tengan legalmente a su cuidado. De no ser ello posible, se le entregará a un adulto que se haga responsable de él, prefiriendo a aquellos que tuvieren una relación parental con el niño.

En los casos en que no se encontrare a ningún adulto que se haga responsable del niño o tratándose de una infracción grave, deberá ser puesto a disposición del Servicio Nacional de Menores, a objeto de que dicho Servicio procure la entrega a sus padres y la adecuada protección del niño.”.

El Diputado señor Forni objetó la redacción del inciso final por cuanto entendió que el papel del SENAME, en caso de infracciones graves, no podría ser únicamente procurar la entrega a los padres y la adecuada protección del menor, especialmente si el inciso comienza señalando que ese objetivo tendrá lugar si no se encuentra a ningún adulto que se haga responsable del niño.

El Diputado señor Burgos coincidiendo con el Diputado señor Forni, observó además el carácter facultativo de la policía para ejercer las potestades que le otorga la ley para restablecer el orden, según lo indica el inciso primero, en circunstancias que en tal caso la actuación debe ser perentoria.

La Diputada señora Guzmán estimó muy ambigua la redacción del mismo inciso, toda vez que al señalar que las policías podrán ejercer todas las potestades que les otorga la ley para “repeler la comisión del hecho”, deja abierto el camino para cualquier cosa. Igualmente, señaló que el inciso segundo al hablar del tiempo estrictamente indispensable para el logro de los objetivos, en la práctica, no fijaba plazo alguno, estimando que, en todo caso, la restricción de libertad impuesta no debiera exceder de 24 horas.

Las representantes del Servicio Nacional de Menores recordaron que la norma se refiere a la situación de un menor inimputable y que, si bien en un primer momento, se estimó que el plazo de seis horas originalmente propuesto para la duración de la restricción a la libertad que se imponía, podía resultar estrecho, circunstancia que llevó a circunscribirlo a lo estrictamente indispensable para el logro de los objetivos, creían que, para evitar la ambigüedad, podría acotárselo, fijándolo en 12 horas.

En cuanto a los objetivos buscados al ingresar al menor al SENAME, señalaron que una de las posibilidades, según la calificación que se hiciera de la forma en que se encontró al menor, es decir, atendiendo a la gravedad de su situación, calificación que efectúan los profesionales que lo reciben en el Centro, era entregarlo a sus padres o, si éstos no existen o si la situación es muy grave, como podría ser en el caso de una violación, se lo somete a programas específicos para inimputables que procuran su reinserción social.

Finalmente, a sugerencia del Diputado señor Bustos, quien coincidió con las observaciones formuladas, se acordó suprimir en el inciso final los términos “la entrega a sus padres y” por estimar que la frase “procure la adecuada protección del niño”, cubría todas las posibilidades de protección expuestas por las representantes del SENAME.

El texto de artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Si se sorprendiere a una persona menor de 14 años en la ejecución flagrante de una conducta que, cometida por un adolescente, constituiría una infracción a la ley penal, los agentes policiales ejercerán todas las potestades que les otorga la ley para restablecer el orden y la tranquilidad públicas, o dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos.

Las restricciones a la libertad que se impusieren en tal caso, sólo deberán durar el tiempo que sea estrictamente indispensable para el logro de los objetivos indicados, no pudiendo exceder de 12 horas.

Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad respectiva deberá entregarlo inmediata y directamente a sus padres o personas que lo tengan legalmente a su cuidado. De no ser ello posible, se le entregará a un adulto que se haga responsable de él, prefiriendo a aquellos con quienes tuviere una relación parental.

En los casos en que no se encontrare a ningún adulto que se haga responsable del niño o tratándose de una infracción grave, deberá ser puesto a disposición del Servicio Nacional de Menores, a objeto de que dicho Servicio procure su adecuada protección.”.

Artículo 48.- (se suprime).

Se refiere a la ejecución flagrante de faltas, señalando que lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable también en el caso de ejecución flagrante de una falta por parte de cualquier persona menor de 18 años, salvo que se trate de aquellas previstas en el inciso segundo del artículo 5º (pasó a ser 6º), en cuyo caso se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 (pasó a ser 45) precedente.

La Comisión en atención a la nueva redacción acordada para los dos artículos precedentes, convino unánimemente en suprimir este artículo.

Artículo 49.- (se suprime)

Se refiere a la detención de menores de 14 años, señalando que si se detuviere a una persona menor de 14 años, la autoridad respectiva deberá entregarla inmediatamente a sus padres o a las personas que la tengan legalmente a su cuidado. De no ser ello posible, deberá entregársela a un adulto que se haga cargo de ella, prefiriendo a aquellos con quienes tuviere una relación parental.

Su inciso segundo agrega que en caso que nadie se haga cargo del menor, deberá ser puesto a disposición del Servicio Nacional de Menores a objeto de que dicho Servicio procure la entrega a sus padres o su adecuada protección.

La Comisión de acuerdo a la nueva redacción dada al artículo anterior, acordó unánimemente suprimir este artículo.

Artículo 50.- (pasó a ser 47).

Se refiere a las medidas cautelares que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 155 del Código Procesal Penal, podrán imponerse al imputado.

Estas medidas son:

a) prohibición de salir del país, de la localidad en que se residiere o del ámbito territorial que fije el juez; b) prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares; c) prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia o a otras personas; d) prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho a defensa; e) obligación de concurrir periódicamente al tribunal o ante la autoridad que el juez determine.

Su inciso segundo añade que tratándose de la imputación de infracciones graves y sólo cuando los objetivos antes expuestos no puedan alcanzarse mediante la aplicación de alguna de las medidas que señala el párrafo anterior, podrá solicitar la aplicación de alguna de las siguientes medidas

a) Arresto domiciliario, o b) internación provisoria en un centro cerrado, cuando su aplicación aparezca como estrictamente indispensable para el cumplimiento de los objetivos señalados.

Su inciso tercero señala que el juez deberá poner fin a la medida de internación provisoria, cuando hayan desaparecido los hechos que hacían indispensable su aplicación.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta norma contenía la regulación casi íntegra que hace el artículo 155 del Código Procesal Penal de las medidas cautelares personales. Desde la letra a) hasta la e) del inciso primero figurarían las que son de aplicación general y, en el inciso segundo, aquellas que serían aplicables en caso de las infracciones graves.

El Diputado señor Burgos observó la letra e) del inciso primero, señalando que allí se hablaba de la obligación periódica de concurrir al tribunal o ante la autoridad que el juez determine. Quiso saber de qué autoridad se trataba, agregando que le parecería positivo que fuera la correspondiente a la comisaría más cercana, para lo cual debiera señalárselo expresamente.

La Diputada señora Guzmán echó de menos la mención de las razones para imponer estas medidas, las que de acuerdo a los anteproyectos sobre el tema, eran la de asegurar la comparecencia del menor y evitar el peligro de fuga y la de proteger a la víctima de atentados graves a su integridad física o psíquica.

El Diputado señor Ceroni quiso saber de las sanciones aplicables a quienes infringieran las medidas cautelares, manifestándose partidario de que en tal caso, debería aplicarse una medida más grave.

Ante la consulta del Diputado señor Forni acerca de la conveniencia de hacer extensivo el inciso final, que autoriza al juez para poner término a la internación provisoria cuando cesen los hechos que la justifiquen, al resto de las medidas, los representantes del Ejecutivo estimaron que dicho inciso estaba demás, dado el carácter esencialmente provisional y revocable de las medidas cautelares, cuestión que el artículo 53 (pasó a ser 50) señala expresamente.

Atendiendo las observaciones formuladas, los representantes del Ejecutivo propusieron una nueva redacción para este artículo, la que fue objeto de algunas modificaciones formales, quedando, en definitiva, su texto como sigue: “Para los efectos de garantizar el éxito de diligencias de la investigación, proteger al ofendido y asegurar la comparecencia del adolescente a los actos del procedimiento, podrá imponérsele una o más de las siguientes medidas cautelares personales:

a) Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que el juez determine;

b) Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;

c) Prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia o a otras personas;

d) Prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho a defensa;

e) Obligación de concurrir periódicamente al tribunal, ante la autoridad policial u otra que el juez determine.

Asimismo, tratándose de la imputación de infracciones graves y sólo cuando los objetivos antes expuestos no pueden ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las medidas que señala el inciso anterior, podrá solicitarse la aplicación de alguna de las siguientes:

a) Arresto domiciliario; o b) Internación provisoria en un centro cerrado.

La aplicación de la medida cautelar personal de internación provisoria en un centro cerrado, sólo podrá decretarse cuando aparezca como estrictamente indispensable.

Asimismo, el incumplimiento flagrante de las medidas cautelares personales de que trata este artículo, autorizará al agente policial para detener al adolescente imputado, con el único fin de que sea llevado ante el juez de garantía, para que éste disponga la medida cautelar necesaria a fin de continuar con el procedimiento, sin perjuicio de las demás peticiones que efectúen los intervinientes en la misma audiencia.”.

Cabe señalar que antes de aprobar este artículo, los representantes del Ejecutivo, refiriéndose al inciso final y contestando algunas consultas, señalaron que la autorización que aquí se entregaba a las policías, obedecía al hecho de que ellas no contaban con facultades para detener en caso de incumplimiento de la medida.

Artículo 51.- (pasó a ser 48).

Se refiere a la proporcionalidad de las medidas cautelares, señalando que en ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que aparezca como desproporcionada en relación con la sanción probable en caso de condena, debiendo darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal.

La Comisión estimó que la referencia al artículo 141 del Código Procesal Penal resultaba innecesaria, razón por la que procedió a su supresión, aprobando el resto del artículo, sin mayor debate, por unanimidad.

Su texto quedó como sigue:

“En ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que aparezca como desproporcionada en relación con la sanción probable en caso de condena.”.

Artículo 52.- (pasó a ser 49).

Se refiere al permiso de salida diaria, señalando que en el caso de adolescentes sujetos a una medida de internación provisoria, el juez podrá, en casos calificados, concederles permiso para salir durante el día, siempre que con ello no se vulneren los objetivos de la medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las providencias que estime convenientes.

No se produjo debate, aprobándoselo en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 53.- (pasó a ser 50).

Se refiere al carácter de las medidas cautelares, señalando que son esencialmente revocables y provisionales.

Su inciso segundo añade que podrán, en casos calificados y por resolución fundada del tribunal, durar hasta el término del juicio o, incluso, hasta la audiencia de lectura de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Procesal Penal.

No se produjo mayor debate, aprobándose la norma en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 54.- (pasó a ser 51).

Se refiere a la solicitud de término de las medidas cautelares del procedimiento, señalando que siempre podrá el imputado solicitar dicho término respecto de las medidas adoptadas en su contra, o pedir su reemplazo por otra que cumpla con los objetivos que justificaron su imposición.

Se aprobó sin debate, en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 55.- (pasó a ser 52).

Se refiere a la apelación en las medidas cautelares, señalando que la resolución que dé lugar a una medida de internación provisoria o que niegue la solicitud de su término, será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva, agregando que la tramitación del recurso no suspenderá el procedimiento ni la aplicación de la medida.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que esta norma representaba uno de los casos en que se ha ido más allá de la normativa aplicable a los adultos, respecto de los cuales solamente es apelable la resolución que rechaza la solicitud de término de las medidas cautelares.

El Diputado señor Bustos hizo presente que lo básico en este caso era la afectación a un derecho, circunstancia que daba la posibilidad de apelar. Añadió que, a su juicio, en esta materia debería primar el criterio del juez especializado, característica que no se daba en la Corte, en la que tampoco se aplicaba el principio de la inmediatez.

El Diputado señor Burgos mostrándose contrario a innovar respecto de las disposiciones del Código Procesal Penal, las que a su juicio han sido bien estudiadas y han funcionado bien y sosteniendo que la concesión del recurso debía ser en todo sentido, presentó, conjuntamente con los Diputados señores Araya, Forni y Uriarte, una indicación para substituir la primera oración de este artículo por la siguiente:

“Las resoluciones que recaigan sobre medidas de internación provisoria serán apelables para ante la Corte de Apelaciones respectiva.”.

Se rechazó la indicación por mayoría de votos. (1 voto a favor, 3 en contra y 1 abstención), aprobándose, en definitiva, el artículo, en los mismos términos, por unanimidad.

Artículo 56.- (pasó a ser 53).

Esta disposición, primera del Párrafo 4, que trata del inicio de la persecución de la responsabilidad por infracción a la ley penal, se refiere al principio de oportunidad, señalando que los fiscales del ministerio público podrán no iniciar la persecución de la responsabilidad penal de un adolescente o abandonar la ya iniciada, cuando consideren que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico-penal o para la vida futura del imputado.

Su inciso segundo agrega que en caso de infracciones graves, la víctima podrá oponerse a la decisión del fiscal reclamando de ella ante el juez de garantía en el término de diez días. Presentado el reclamo ante el juez, se citará a una audiencia a todos los intervinientes y antes de resolver, se abrirá debate sobre el punto.

Su inciso tercero añade que si se acoge la oposición, el ministerio público deberá continuar con la investigación de acuerdo a las reglas generales.

Respecto de esta norma, el Diputado señor Forni estimó demasiado discrecional la facultad que se entrega al Ministerio Público, señalando que, a su parecer, una decisión tan radical como la que facilita este artículo, debería siempre dar derecho a la víctima a pronunciarse sobre ella.

El Diputado señor Burgos consideró que la limitante del inciso segundo era muy relativa, mostrándose contrario a la discrecionalidad en lo referente a los delitos más graves, opinión con la que coincidió el Diputado señor Araya, quien añadió que no había claridad acerca del límite de esta facultad y, teniendo en cuenta que el principio de oportunidad ha pasado a tener una aplicación generalizada, creía que debería introducirse algún criterio objetivo que permitiera determinar qué conductas quedarán fuera.

La Diputada señora Guzmán recordó que el principio de oportunidad solamente es aplicable en la legislación procesal penal respecto de delitos que no excedan de determinada penalidad, opinión a la que se sumó el Diputado señor Ceroni quien creyó necesario excluir a las infracciones graves, las que en este proyecto ya tienen una penalidad más baja.

El Diputado señor Bustos sostuvo que el principio de oportunidad fue acogido en el Código Procesal Penal en términos bastante restringidos, por lo que se mostró partidario de que en el caso de las infracciones graves si la víctima se opone a la decisión del fiscal, el ministerio público estará obligado a continuar con la investigación, pero, tratándose de infracciones no graves y existiendo al respecto una resolución fundada de la fiscalía, el principio debería tener plena aplicación.

Acogiendo estas proposiciones, los representantes del Ejecutivo sugirieron una nueva redacción para este artículo del siguiente tenor:

“ Los fiscales del ministerio público podrán no iniciar la persecución de la responsabilidad penal de un adolescente o abandonar la ya iniciada, cuando consideren que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico-penal o para la vida futura del imputado, salvo en los casos de imputación de infracciones graves.”.

El Diputado señor Bustos recordó que en el debate se había planteado la posibilidad de hacer aplicable el principio de oportunidad al robo con fuerza en las cosas, por cuanto se trataba de un delito que no revestía mayor peligrosidad, opinión con la que coincidieron las Diputadas señoras Guzmán y Soto y que la Comisión refrendó por mayoría de votos. (3 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención), rechazándose, en consecuencia, la proposición del Ejecutivo.

Los Diputados señores Forni, Pérez Varela y Uriarte presentaron una indicación para suprimir en el inciso segundo del texto original la frase “En caso de infracciones graves” y para agregar el siguiente inciso final: “La facultad del inciso primero no procederá respecto de infracciones graves.”.

El Diputado señor Forni explicó el sentido de la indicación señalando que lo que se pretendía era suprimir totalmente la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad en materia de infracciones graves, como también dar a la víctima la posibilidad de oponerse siempre a la aplicación de dicho principio.

La Comisión procedió a aprobar por unanimidad la modificación al inciso segundo y, por igual quórum, rechazó el nuevo inciso propuesto por ser incompatible con la ya resuelto acerca de las infracciones graves en lo referente al robo con fuerza en las cosas.

El texto definitivo de este artículo quedó como sigue:

“Principio de oportunidad. Los fiscales del Ministerio Público no podrán iniciar la persecución de la responsabilidad penal de un adolescente o deberán abandonar la ya iniciada, cuando consideren que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico-penal o para la vida futura del imputado, salvo en los casos de las infracciones a que se refieren las letras a, b, c, d, e y f del artículo 7º. La víctima podrá oponerse a la decisión del fiscal reclamando de ella ante el juez de garantía en el término de diez días. Presentado el reclamo ante el juez, se citará a una audiencia a todos los intervinientes y, previo a resolver, abrirá debate sobre el punto.

Si se acoge la oposición, el Ministerio Público deberá continuar con la investigación, de acuerdo a las reglas generales.”.

Artículo 57.- (paso a ser 54).

Trata de la primera audiencia, señalando que en ella será obligatoria la presencia del fiscal, del defensor y del imputado.

Su inciso segundo agrega que, en todo caso, serán citados, además, la víctima y los padres del adolescente o la persona que lo tenga bajo su cuidado. Añade el mismo inciso que si el juez lo considera necesario, se permitirá la intervención de la víctima y de los padres del adolescente o de quien lo tuviere a su cuidado, si comparecieren a la audiencia.

El Diputado señor Burgos hizo presente que el inciso segundo al señalar que serán citadas la víctima y demás personas que indica, denota un efecto coercitivo, es decir, sería obligatorio para éstas su presencia en la audiencia, cuestión que no condice con la parte final que señala que estas personas podrán intervenir “ si comparecieren a la audiencia.”.

Los representantes del Ejecutivo precisaron que el sentido de la disposición era informar a la víctima y a los padres del adolescente o a quien lo tenga a su cuidado, que se va a realizar la audiencia para los efectos de que asistan a ella si lo estiman conveniente.

La Comisión entendiendo el sentido de la disposición y con el objeto de evitar interpretaciones equívocas, acordó, por unanimidad, aprobar este artículo con el siguiente texto:

“Primera audiencia.- En la primera audiencia judicial será obligatoria la presencia del fiscal, del defensor y del imputado.

En todo caso, deberá notificarse de la audiencia a la víctima y a los padres del adolescente o a la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, se permitirá la intervención de la víctima y de los padres del adolescente o de quien lo tuviere a su cuidado, si comparecieren a la audiencia.”.

Artículo 58.- (pasó a ser 55).-

Trata de los acuerdos reparatorios, señalando que en los procesos de que trata esta ley, regirán los acuerdos reparatorios establecidos en el artículo 241 del Código Procesal Penal, agregando que, en todo caso, no tendrán lugar las limitaciones establecidas en el inciso segundo de dicha disposición, como tampoco su inciso tercero en lo que dice relación con aquél.

Los Diputados señora Guzmán y señor Bustos estimaron que esta disposición resultaba poco inteligible en razón de las sucesivas remisiones que contenía, por lo que coincidieron en la necesidad de reproducir la norma a que se hacía referencia.

El Diputado señor Burgos, leyendo el inciso segundo del artículo 241 citado en la norma en análisis, señaló que precisaba que los acuerdos sólo podían referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos, todo lo cual demostraba que la norma propuesta ampliaba considerablemente el campo de los acuerdos reparatorios, en relación a la situación de la ley de adultos.

El Diputado señor Bustos insistió en la necesidad de reproducir la parte pertinente del artículo 241.

Los representantes del Ejecutivo propusieron establecer, a fin de no repetir la norma procesal penal, que los acuerdos reparatorios en esta materia procederían en todo caso, sin limitación alguna.

La Diputada señora Guzmán estimó que dichos acuerdos sólo podrían versar sobre cuestiones relacionadas con delitos en que sólo hay un interés económico o en que no hay involucrados hechos de sangre.

El Diputado señor Bustos expresó que no veía dificultades si había acuerdo entre las partes y que, al respecto, existían ordenamientos aplicables a adultos que contemplaban estos acuerdos en forma general.

El Diputado señor Burgos coincidió con la Diputada señora Guzmán en cuanto a que los acuerdos no podrían ser generales. Le pareció aceptable que estos acuerdos fueran más amplios que los establecidos para los adultos, pero, aunque hubiera acuerdo entre las partes, le parecía que en un caso de homicidio, por ejemplo, ello no podría aceptarse.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que el sentido de esta disposición era establecer una salida alternativa al conflicto jurídico penal, que, tratándose de adolescentes, adquiría mayor relevancia. Se trataría que la víctima, es decir, la persona que sufrió en sus bienes o en su persona el perjuicio causado por el adolescente, señalara que se estaría llegando a un acuerdo, el que podría llegar a ser bastante abierto. Por ello pensaban que establecer en la ley una limitante a estos acuerdos, parecía tener muy poco sentido.

La Diputada señora Guzmán sostuvo que podría pensarse en la amplitud para estos acuerdos, pero teniendo en cuenta los principios de la justicia restaurativa, es decir, debería haber de todas maneras un juicio o la posibilidad de imponer alguna sanción o de que el menor debiera realizar determinadas acciones a favor de la víctima.

El Diputado señor Burgos, teniendo presente que el acuerdo reparatorio extingue la acción penal, reflexionó que en el caso de un homicidio, el papel de la sociedad sería el de un mero espectador que presenciaría el avenimiento alcanzado entre el victimario y los parientes de la víctima, quedando, hasta cierto punto, impune el homicidio. Pensaba que esa era la razón por la cual el Código Procesal Penal limitaba este tipo de acuerdos a cuestiones económicas, lesiones menos graves y delitos culposos, es decir, aquellos en que no había dolo.

De acuerdo al debate producido, la Diputada señora Guzmán presentó una indicación para substituir este artículo por los tres que se reseñan a continuación:

“Artículo 58.- Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible, el imputado comparecerá con sus padres o en su defecto con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

En la audiencia, el juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo reparatorio, para lo que deberá considerar las siguientes circunstancias:

a. Si los interesados han concurrido a prestar su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos;

b. El delito de que se trate, que en ningún caso podrá ser de aquéllos contemplados en las letras a) , b) , c) , d) y e) del artículo 6º (pasó a ser 7º) de esta ley, yc. Las obligaciones contraídas por el imputado. Para este efecto el juez tendrá presente la satisfacción de los intereses de la víctima, el compromiso manifestado por los padres del imputado o quienes lo tengan a su cuidado y el efecto educativo de las obligaciones contraídas por éste.

Para adoptar su decisión, el juez podrá solicitar la asesoría de equipos especializados en mediación o en generación de acuerdos reparatorios.

Artículo 58 bis.- Efectos del acuerdo reparatorio. Si el juez aprobare el acuerdo reparatorio de las partes, dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá total o parcialmente la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado.

Si en la causa existiere pluralidad de imputados o víctimas, el procedimiento continuará respecto de quienes no hubieren concurrido al acuerdo.

Artículo 58 ter.- Oportunidad para pedir y decretar el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio podrá solicitarse y decretarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Si no se planteare en esa misma audiencia la solicitud respectiva, el juez citará a una audiencia, a la que podrán comparecer todos los intervinientes en el procedimiento.

Una vez declarado el cierre de la investigación, el acuerdo reparatorio sólo podrá ser decretado durante la audiencia de preparación del juicio oral.”.

Explicó la señora Diputada su proposición, señalando que se buscaba dar más amplitud a este tipo de acuerdos, de tal manera de incorporar a la víctima y a los parientes del adolescente con miras a un acuerdo que permitiera a ambas partes obtener una satisfacción, es decir, la reparación del daño causado para la víctima y una especie de formación o educación para el victimario en relación al daño que causó. Sería lo que se denomina justicia restaurativa, acogida por la legislación anglosajona desde más de diez años atrás y adoptada también por la ley española.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la proposición de la Diputada expresaba los objetivos propuestos por el Ejecutivo, aunque les merecía algunas observaciones. Efectivamente, estimaban que la comparecencia de los padres debería darse únicamente cuando fuere necesario, a fin de evitar que éstos tuvieran que apersonarse al tribunal en todas las actuaciones sino que únicamente cuando su presencia resultara necesaria para la materialización del acuerdo.

Asimismo, creían innecesarios los artículos 58 bis y 58 ter que se proponían, porque sólo repetían lo señalado por el Código Procesal Penal, como también que en el inciso final del artículo 58 se trataba de la mediación en relación al juez, siendo que lo lógico sería que ésta se diera entre las partes, facultando al Ministerio Público y a la Defensoría para emplear procedimientos de mediación que facilitaran la consecución del acuerdo.

Respecto de estas observaciones, la Comisión, a sugerencia de la Diputada señora Guzmán, mantuvo la comparecencia paterna del adolescente siempre que fuere posible, porque la participación de éstos o de quien lo tenga a su cuidado en la mayor cantidad de audiencias, constituía un importante factor para que el menor reconociera su error y se pudiera llegar al acuerdo. Por el contrario, si sólo se exigiere la presencia cuando fuere necesario, podría darse el caso que se considerara que nunca existiera tal necesidad.

Atendiendo al tenor del debate, los representantes del Ejecutivo sugirieron la siguiente redacción para este artículo:

“Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía conocerá en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible, el imputado comparecerá con sus padres o, en su defecto, con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

En la audiencia, el juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo reparatorio, para lo que deberá considerar las siguientes circunstancias:

a) Si los interesados han concurrido a prestar su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos;

b) Que el delito no sea de aquellos a que se refiere el inciso primero del artículo 6º (pasó a ser 7º) de esta ley, y

c) Que las obligaciones que haya contraído el imputado en el acuerdo satisfagan el interés de la víctima y conlleven un efecto educativo en el infractor. Asimismo, verificará el compromiso manifestado por los padres del imputado o de quienes lo tengan bajo su cuidado.

El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurarán disponer de equipos especializados destinados a mediar entre la víctima y el imputado para favorecer estos acuerdos.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta nueva redacción, señalando que ella recogía la observación que se había hecho al texto propuesto por la Diputada señora Guzmán en cuanto a cambiar el término “aprobará” por “conocerá” y se había substituido el inciso final para establecer que tanto el Ministerio Público como la Defensoría deberían contar con los medios de ayuda necesarios para que las partes llegarán a la audiencia con acuerdos ya concertados.

Ante la observación del Diputado señor Forni en el sentido de que debería dejarse constancia que la víctima podría concurrir a la audiencia con su abogado para efectos de asesorarla en la consecución del acuerdo, la Comisión estimó que ello era innecesario toda vez que siempre tendría esa facultad.

Finalmente, luego de algunas correcciones de forma y de acordar excluir de los acuerdos reparatorios las infracciones graves en los mismos términos en que lo hace el artículo 53 al tratar del principio de oportunidad, la Comisión aprobó, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán llegar a acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía conocerá en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible, el imputado comparecerá con sus padres o, en su defecto, con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

En la audiencia, el juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo reparatorio, para lo que deberá considerar las siguientes circunstancias:

a) Si los interesados han concurrido a prestar su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos;

b) Que el delito no sea de aquellos a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 7º, y

c) Que las obligaciones que haya contraído el imputado en el acuerdo satisfagan el interés de la víctima y conlleven un efecto educativo en el infractor. Asimismo, verificará el compromiso manifestado por los padres del imputado o de quienes lo tengan bajo su cuidado.

El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurarán disponer de equipos especializados destinados a mediar entre la víctima y el imputado para favorecer estos acuerdos.

Artículo 59.- (pasó a ser 56).

Trata del juicio abreviado inmediato establecido en el artículo 235 del Código Procesal Penal, señalando que tendrá lugar respecto de los delitos que regula esta ley, con las modificaciones que señala.

La letra a) indica que la solicitud tendrá por objeto recurrir de inmediato al procedimiento abreviado a que se refieren los artículos 406 y siguientes del Código citado.

La letra b) señala que finalizada la audiencia se procederá de inmediato en conformidad con lo dispuesto en el artículo 411 del Código, pudiendo, en todo caso, suspenderse la audiencia y postergar el inicio del procedimiento para los efectos previstos en el artículo 235 del mismo Código.

La letra c) señala que si, en todo caso, si se dedujere oposición fundada de parte del imputado o su defensor, el tribunal podrá admitir que la causa pase directamente a juicio oral, debiendo aplicarse igual regla para el caso de solicitarse una sanción privativa de libertad.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que lo que se regulaba en este caso, era la hipótesis que se plantea en el artículo 235 del Código Procesal Penal, llamado juicio inmediato, el que sin ser precisamente un juicio inmediato, significa que durante la audiencia de formalización de la investigación el fiscal hace presente que no necesita investigar nada y procede a solicitar autorización para acusar verbalmente. Una vez hecho lo anterior, la audiencia se transforma en una audiencia de preparación del juicio oral, dándose el plazo necesario al defensor para preparar su defensa. Es decir, se da la posibilidad de que en esa misma audiencia se haga el juicio con las características propias del juicio abreviado.

Los Diputados señora Guzmán y señor Bustos estuvieron de acuerdo en la necesidad de que en aras de la claridad y la sencillez de la ley que se quiere establecer, sería conveniente evitar las remisiones, las que hacen muy difícil comprender bien la norma, e incluir en la disposición el texto de la norma en referencia.

De conformidad a lo anterior, los representantes del Ejecutivo propusieron el siguiente texto substitutivo:

“Juicio abreviado inmediato. El juicio inmediato establecido en el artículo 235 del Código Procesal Penal, tendrá lugar respecto de los delitos regulados en la presente ley, con las siguientes modificaciones:

a) La solicitud del fiscal tendrá por objeto recurrir al procedimiento abreviado previsto en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal.

b) Acordado el procedimiento abreviado inmediato, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes, otorgándosela al final al acusado, para que manifieste lo que estime conveniente.

c) Si no hubiere acuerdo, el juez podrá admitir que la causa pase directamente a juicio oral, luego del debate pertinente, a menos que resulte necesario fijar un plazo no menor de diez ni superior a veinte días para los efectos que la defensa ofrezca su prueba.

Lo dispuesto en este artículo no resultará aplicable si el fiscal solicita la aplicación de una sanción privativa de libertad.”.

Respecto de esta nueva redacción, los Diputados señor Forni y señora Guzmán preguntaron qué implicancia podría tener hablar de infracción grave a la ley penal en lugar de “sanción privativa de libertad” o que importancia podría tener la solicitud de sanción privativa de libertad por parte del fiscal si lo esencial del juicio abreviado es que se lo aplica cuando el infractor admite los hechos, interrogantes que los representantes del Ejecutivo respondieron expresando que esta norma parte de la base que si el riesgo para el imputado es la aplicación de una pena privativa de libertad, debe irse a juicio y no corresponde el procedimiento abreviado. De ahí entonces que el parámetro sea la pena que solicita el fiscal y no el tipo de infracción. Lo que habría tras esta institución sería una negociación entre el fiscal y el defensor para determinar la pena a solicitar.

Por último, el Diputado señor Bustos apoyó esta disposición porque tratándose de una sanción privativa de libertad, lo lógico es el derecho a juicio.

Cerrado finalmente el debate, se aprobó la nueva redacción de esta norma, en los términos expuestos, por mayoría de votos. (3 votos a favor y 2 abstenciones)

Artículo 60.- (pasó a ser 57).

Trata del procedimiento abreviado, señalando que sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el procedimiento abreviado regulado en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal, tendrá lugar en las oportunidades previstas en el artículo 407 del mismo Código, a menos que la sanción solicitada por el fiscal sea privativa de libertad.

Ante las observaciones de la Comisión en el sentido de evitar las remisiones, los representantes del Ejecutivo propusieron la siguiente redacción substitutiva para este artículo:

“Procedimiento abreviado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el procedimiento abreviado, regulado en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal, podrá también tener lugar durante la audiencia de preparación del juicio oral, a menos que la sanción solicitada por el fiscal sea privativa de libertad.”.

Se aprobó, sin mayor debate, por mayoría de votos (3 votos a favor y 2 abstenciones).

Artículo 61.- (pasó a ser 58).

Trata del plazo para declarar el cierre de la investigación, señalando que para los efectos del artículo 247 del Código Procesal Penal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 234 del mismo Código, el plazo para declarar el cierre de la investigación en los procedimientos de que trata esta ley, será de 180 días

Su inciso segundo añade que previo al término de dicho plazo o de aquél que hubiere sido establecido en conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Código citado, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de 30 días.

El Diputado señor Burgos señaló que le parecía que el plazo para declarar el cierre sería un poco largo, por cuanto la reivindicación que se hace de los derechos del niño, también tiene que ver con la presteza de los procesos.

Los representantes del Ejecutivo, reconociendo la necesidad de la presteza a que se refirió el Diputado señor Burgos, recordaron que el plazo que aquí se establecía era el máximo, el que si se compara con el que se establece para los adultos, que es de dos años, resulta bastante menor. Además de ello, al señalar la norma que esto es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 234, significa que el juez de garantía, en la primera audiencia, puede fijar al fiscal un plazo menor.

Finalmente, ante la observación de la Comisión acerca del problema ya hecho presente de la inconveniencia de las remisiones, los representantes del Ejecutivo propusieron el siguiente texto substitutivo:

“Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo máximo de ciento ochenta días desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla, a menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior

Previo al término de cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de treinta días.”. Se aprobó en los términos propuesto, por unanimidad.

Artículo 62.- (pasó a ser 59).

Este artículo, primero del Párrafo 5, que se refiere a la audiencia del juicio oral, dispone que el juicio oral deberá realizarse dentro de los veinte días posteriores a la notificación de su auto de apertura. Su desarrollo deberá efectuarse en forma continua y sin interrupciones, en una o más audiencias sucesivas. En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior a setenta y dos horas.

Su inciso segundo agrega que deberán comparecer a la audiencia el fiscal, el adolescente imputado y su defensor y su asistencia será condición de validez del juicio.

Su inciso tercero añade que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida del o los jueces que integran el tribunal, del fiscal y del defensor.

Su inciso cuarto señala que cualquier infracción a lo dispuesto en los incisos precedentes, implicará la nulidad del juicio y de la sentencia que se dictare en él.

Su inciso final indica que, en todo caso, deberán ser citados, además, los padres del adolescente o quienes lo tuvieren a su cuidado y la víctima, quienes podrán hacerse acompañar por sus abogados. Finalizado el examen de las pruebas y en caso de considerarlo conveniente, podrá el juez otorgar la palabra a la víctima, si se encontrare presente, para que haga uso de ella en forma personal.

La Diputada señora Soto manifestó disconformidad con la redacción del inciso tercero, por cuanto si bien entendía que el juicio oral debería desarrollarse, como lo señala el inciso primero, en forma continua y sin interrupciones, en una o más audiencias, no le parecía que todo él contara con la presencia ininterrumpida de jueces, fiscales y defensores como lo señala el inciso tercero, ya que ello sería prácticamente imposible.

Para obviar la situación, los representantes del Ejecutivo sugirieron reproducir en este inciso, los términos del artículo 284 del Código Procesal Penal.

A su vez, el Diputado señor Bustos observó los términos “deberán ser citados” que emplea el inciso final para referirse a los padres del adolescente imputado o a quienes lo tuvieren a su cuidado y a la víctima, haciendo presente que, al igual como sucede en la primera audiencia ante el juez de garantía a que se refiere el artículo 57, (pasó a ser 54) la comparecencia de éstos no es obligatoria y sólo se pretende informarles acerca de la realización de la audiencia. Por ello propuso substituir el término “citados” por “notificados”.

Los Diputados señores Forni, Pérez Varela y Uriarte presentaron una indicación para reemplazar en el mismo inciso final los términos “acompañar” por “representar” y para agregar al final del inciso las expresiones “ o representada por su abogado”.

La Comisión, por unanimidad, acordó rechazar la primera parte de la indicación por estimar que la comparecencia de los padres del imputado o de quien lo tuviere a su cuidado o de la víctima, debería ser personal. Respecto de la segunda parte, en cambio, coincidió plenamente y la acogió por unanimidad.

De acuerdo a lo anterior, el texto de este artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Audiencia del juicio oral. El juicio oral deberá realizarse dentro de los veinte días posteriores a la notificación de su auto de apertura. Su desarrollo se efectuará en forma continua y sin interrupciones, en una o más audiencias sucesivas. En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior a 72 horas.

Deberán comparecer a la audiencia el fiscal, el adolescente imputado y su defensor. Su asistencia será condición de validez del juicio.

La audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integraren el tribunal y del fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Procesal Penal. Lo dispuesto en el inciso final del artículo 76 del Código citado respecto de la inhabilidad, se aplicará también a los casos en que, iniciada la audiencia, faltare un integrante del tribunal de juicio oral en lo penal.

Cualquier infracción de lo dispuesto en los incisos precedentes implicará la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él.

En todo caso, deberán ser notificados de la audiencia los padres del adolescente o quienes lo tuvieren a su cuidado y la víctima, quienes podrán hacerse acompañar por sus abogados. Finalizado el examen de las pruebas y, en caso de considerarlo conveniente, podrá el juez otorgar la palabra a la víctima, si se encontrare presente, para que haga uso de ella en forma personal o representada por su abogado.”.

Artículo 63.- (pasó a ser 60).

Trata de la comparecencia del imputado en el juicio oral, señalando que el adolescente tendrá derecho a estar presente durante toda la audiencia del juicio oral, agregando que, en todo caso, el tribunal podrá autorizar su salida de la sala cuando lo solicite, o podrá disponer su abandono de la misma cuando así lo estime conveniente para la realización de algunas actuaciones específicas, que pudieren afectar la integridad del adolescente o de un tercero que tenga derecho a intervenir o asistir al juicio.

Respecto de este artículo, los representantes del Ejecutivo estimaron más armónico con su texto, substituir en el subtítulo la expresión “comparecencia” por “presencia”, argumento que fue acogido por la Comisión, la que sin más modificaciones ni debate, procedió a aprobar el artículo por unanimidad.

Artículo 64.- (pasó a ser 61).

Se refiere a la pena máxima a imponer, señalando que el tribunal no podrá determinar la aplicación de una pena privativa de libertad si el fiscal no la hubiere solicitado, ni podrá exceder el tiempo de duración que éste hubiere pedido.

Los Diputados señores Forni, Pérez Varela y Uriarte presentaron una indicación para suprimir este artículo, fundándose en que el juez es quien debe decidir acerca de la sanción a aplicar.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron que en este juicio las partes son el Ministerio Público, como titular de la acción, y la defensa del imputado, que son quienes marcan el ámbito del conflicto. El juez se encuentra en situación de dar la razón a una u otra parte y como se trata de un sistema de determinación abierto, en contraposición a lo que sucede con los adultos en que se aplica el sistema de la prueba tasada, el tope de la penalidad imponible no puede ser otra que la que solicita el fiscal.

La Comisión concordó con esta posición y procedió a rechazar la indicación y aprobar el artículo en los mismos términos expuestos, por mayoría de votos (3 votos a favor y 2 en contra).

Artículo 65.- (pasó a ser 62).

Este artículo, primero del Párrafo 1 que trata de la administración, se inserta en el Título Cuarto, que trata de la ejecución de las sanciones y medidas.

Su texto se refiere a los Centros Privativos de Libertad, señalando que para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad descritas en los artículos 30 y 31 de esta ley y a la medida de internación provisoria, existirán tres tipos de centros, respectivamente:

a) Los Centros para la Internación en Régimen Cerrado.

b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad, los que estarán dotados de mecanismos de seguridad que garanticen la permanencia en el recinto de quienes debieren cumplir en ellos una sanción, establecida en conformidad con lo dispuesto en esta ley. Para tal efecto podrá existir en ellos una guardia armada de carácter externo.

c) Los Centros de Internación Provisoria, dotados de los mecanismos de seguridad idóneos.

Su inciso segundo añade que la organización y funcionamiento de estos recintos, se establecerá en un reglamento establecido por decreto supremo, a través del Ministerio de Justicia.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la norma tenía por objeto reconocer legalmente a los tres tipos de centros que establece el proyecto para la administración de penas privativas de libertad, como también delegar facultades para regular su funcionamiento interno.

Añadieron, asimismo, que el mecanismo de seguridad idóneo a que alude la norma, se traducía normalmente en la existencia de una guardia perimetral de Gendarmería, como también que, en la actualidad, las normas sobre funcionamiento de los centros son preparadas por el Servicio Nacional de Menores, las que se envían al Ministerio de Justicia, quien las sanciona mediante decreto. Se trataría en el fondo de una homologación.

Ante una observación de la Diputada señora Guzmán, la Comisión acordó intercalar un nuevo inciso segundo que hiciera aplicables las medidas de seguridad, a cargo de gendarmería, a los dos centros de internación cerrados mencionados, como también, de acuerdo a lo expuesto por el Diputado señor Burgos, convino en substituir en el subtítulo las expresiones “Centros Privativos” por “Centros de privación”.

Respecto al inciso final, se acordó limitar la facultad entregada al Ministerio de Justicia para establecer el reglamento en base al cual funcionarían estos recintos, precisando que ello debería efectuarse en conformidad a las normas señaladas en este Título.

De acuerdo a las observaciones señaladas, el artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Centros de privación de libertad. Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad que se aplican bajo las modalidades señaladas en los artículos 30 y 31 de esta ley y a la medida de internación provisoria, existirán tres tipos de centros, respectivamente:

a) Los Centros para la Internación en Régimen Semi-cerrado.

b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad. c) Los Centros de Internación Provisoria. Para garantizar la seguridad y la permanencia de los infractores en los Centros a que se refieren las letras b) y c) precedentes, podrá establecerse en ellos una guardia armada de carácter externo, a cargo de Gendarmería de Chile. La organización y funcionamiento de los recintos aludidos en el presente artículo, se dispondrá en un reglamento establecido por decreto supremo, por medio del Ministerio de Justicia, conforme a las normas contenidas en el presente Título.”.

Artículo 66.- (pasó a ser 63).

Se refiere a las condiciones básicas de los centros privativos de libertad, señalando que en ellos se deberán desarrollar acciones específicas destinadas a respetar y promover los vínculos familiares del adolescente privado de libertad.

Los Diputados señores Burgos y señora Guzmán echaron de menos la referencia a determinadas actividades específicas, como, por ejemplo, las deportivas, agregando que se podrían añadir en la norma a título ejemplar.

Los representantes del Ejecutivo sostuvieron la necesidad de consignar la acción principal en esta materia, cual es la de promover sus vínculos familiares, sin la cual no es posible la rehabilitación. Sin perjuicio de lo cual sugirieron complementar esta medida con los criterios establecidos para las medidas privativas de libertad a que se refiere el artículo 31.

De acuerdo a lo anterior, este artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Condiciones básicas de los centros de privación de libertad. En los centros a que se refiere el artículo anterior, se deberán desarrollar acciones específicas destinadas a respetar y promover los vínculos familiares del adolescente, como asimismo procurar el cumplimiento del proceso educativo y la participación en actividades socioeducativas, de formación y de desarrollo personal.

Artículo 67.- (pasó a ser 64).

Se refiere a las normas de seguridad en los centros de privación de libertad, señalando que los adolescentes estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte la autoridad para mantener la seguridad y el orden. Estas normas deben ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

Ante la consulta del Diputado señor Bustos, quien echó de menos la creación de tribunales de vigilancia, acerca de los recursos con que contarían los jóvenes en caso de maltratos, los representantes del Ejecutivo y del Servicio Nacional de Menores, señalaron que más allá de la normativa constitucional, existen en este mismo proyecto, disposiciones que establecen un sistema de control de ejecución de las sanciones por parte del juez de garantía del lugar en que se encuentra el recinto, agregando que, en la actualidad, al margen del ámbito estrictamente legal, se efectúan supervisiones sin previo aviso, tanto de día como de noche, sistema que contempla la entrevista privada con el menor, de la que si surgen denuncias, motivan un inmediato sumario.

Los representantes del Ejecutivo con el propósito de explicitar más sus dichos y de precisar la normativa internacional que resguarda a los menores y que debe ser observada por las disposiciones disciplinarias, propusieron el siguiente texto substitutivo para este artículo:

“Instrumentos internacionales. Las normas legales y reglamentarias relativas a materias reguladas en el presente Título, deberán ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, en las leyes y, en particular, en las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados de Libertad, contenidos en la Resolución Nº 45/113, de 2 de abril de 1991 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, contenidas en la Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985.”.

Respecto a esta proposición el Diputado señor Araya hizo presente lo inadecuado que resultaba dar fuerza legal a resoluciones internacionales que no habían sido sometidas a los trámites de aprobación que requieren los tratados, como tampoco existía un conocimiento expreso sobre el contenido de tales resoluciones, crítica a la que se sumó el Diputado señor Burgos, advirtiendo que la forma empleada era un medio inadecuado para dar fuerza de ley a resoluciones que no se han sometido al trámite pertinente. Agregó que las demás disposiciones citadas resultaban innecesarias toda vez que formaban parte del ordenamiento interno, razón por la que creía que debería rechazarse esta proposición.

En conformidad a lo anterior, la Comisión acordó, por unanimidad, rechazar esta nueva proposición, aprobando, por igual quórum, el texto original, sin otra variación que substituir en el subtítulo la palabra “privativos” por “de privación”.

Artículo 65.- (nuevo).

Este artículo, originado en una indicación del Ejecutivo, se refiere a las normas de orden interno y seguridad en recintos privativos de libertad, señalando que la autoridad competente dictará las normas regulatorias señaladas, agregando que dichas normas regularán el uso legítimo de la fuerza respecto de los adolescentes privados de libertad, las que deberán contener, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) la procedencia del uso de la coerción exclusivamente para impedir que el adolescente lesione a otro o a sí mismo o cause importantes daños materiales.

b) el carácter excepcional del uso de la coerción, lo que implica que deberá ser utilizada sólo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control.

c) el carácter restrictivo del uso de la fuerza, lo que implica su utilización por el menor tiempo posible.

d) la prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos corporales, el encierro en celdas obscuras y las penas de aislamiento o en celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del adolescente.

e) la prohibición de aplicar sanciones degradantes, crueles o humillantes respecto de los adolescentes privados de libertad.

La proposición del Ejecutivo, orientada a explicitar más a cabalidad la situación al interior de los centros de privación de libertad, fue acogida, sin mayor debate, por unanimidad, sin otra variación que la de substituir en el subtítulo y en el encabezamiento la expresión “privativos” por “de privación”.

Artículo 66.- (nuevo).

Esta disposición, también producto de una indicación del Ejecutivo, se refiere a las normas disciplinarias en los recintos privativos de libertad, señalando que todas las medidas y procedimientos disciplinarios deberán contribuir a la seguridad y a una vida comunitaria ordenada y ser compatibles con el respeto de la dignidad inherente del adolescente privado de libertad.

Su inciso segundo agrega que dichas normas deberán contener a lo menos los siguientes aspectos:

a) la conducta que constituye una infracción a la disciplina.

b) el carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden aplicar.

c) la autoridad competente para imponer esas sanciones.

d) la autoridad competente para conocer en grado de apelación.

La Comisión concordó con el contenido de la disposición pero no así con las formas propuestas, razón por la cual el Ejecutivo propuso una nueva redacción para este artículo del siguiente tenor

“Normas disciplinarias en recintos privativos de libertad. Las medidas y procedimientos disciplinarios que se dispongan deberán encontrarse contenidos en la normativa del establecimiento y deberán tener como único fundamento contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el respeto de la dignidad del adolescente privado de libertad.

A estos efectos, la normativa relativa a dichos procedimientos deberá precisar, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) La conducta que constituye una infracción a la disciplina.

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer.

c) La autoridad competente para imponer esas sanciones y aquella que deberá resolver la apelación que se deduzca en su contra.

Respecto de esta nueva redacción, el Diputado señor Burgos sugirió, por razones gramaticales, expresar en plural la letra a) y el Diputado señor Araya estimó más acertado reemplazar en la letra c) las expresiones “la apelación” por “los recursos” a fin de dar cabida, por ejemplo, a una solicitud de reposición.

La Comisión se manifestó conforme con esta nueva redacción, como también con las sugerencias planteadas por los Diputados señalados, a las cuales agregó la substitución en el subtítulo de la expresión “privativos” por las siguientes “de privación”, procediendo, en seguida, a aprobar, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

Articulo 66.- Normas disciplinarias en recintos de privación de libertad. Las medidas y procedimientos disciplinarios que se dispongan deberán encontrarse contenidos en la normativa del establecimiento y deberán tener como único fundamento contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el respeto de la dignidad del adolescente privado de libertad.

A estos efectos, la normativa relativa a dichos procedimientos deberá precisar, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) Las conductas que constituyen una infracción a la disciplina.

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer.

c) La autoridad competente para imponer esas sanciones y aquella que deberá resolver los recursos que se deduzcan en su contra.

Artículo 68.- (pasó a ser 67).

Se refiere a la administración de los recintos de privación de libertad, señalando que la administración de los Centros Cerrados y de los recintos donde se cumpla la medida de internación provisoria, corresponderá siempre y en forma directa al Servicio Nacional de Menores.

Su inciso segundo agrega que el Servicio mencionado podrá solicitar al tribunal competente que autorice el cumplimiento de alguna de las sanciones previstas en los artículos 30 y 31 en alguna de las unidades referidas en el inciso precedente, cuando el condenado hubiere cumplido la mayoría de edad y ello favoreciere el trabajo y tratamiento del adolescente con su núcleo familiar o sea necesario y conveniente para efectos del control de la sanción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y siguientes de la presente ley.

Los Diputados señores Aníbal y Víctor Pérez hicieron presente que las materias tratadas en el inciso segundo diferían fundamentalmente de aquéllas a que se refería el primero, puesto que éste habla de la titularidad de la administración de estos Centros y aquél de la forma en que debe o puede cumplirse determinada condena. En consecuencia, deberían tratarse en artículos separados.

Ante una consulta del Diputado señor Burgos, las representantes del Servicio Nacional de Menores señalaron que el inciso segundo estaba referido a la situación, por ejemplo, de un menor de 16 años que es condenado a cinco años. Cumpliría su condena después de enterar los 18 años, por ello se faculta al Servicio para pedir, después de alcanzada la mayoría de edad, su traslado a un centro regentado por Gendarmería. Lo anterior obedecería a la existencia de una diferencia muy grande con jóvenes de 14 años, lo que haría inconveniente la convivencia entre ellos. Además de lo anterior, recordaron que esto tenía que ver con el trabajo de rehabilitación que se hacía, puesto que en el Servicio los modelos y la rutina de actividades están concebidos pensando en los adolescentes.

El Diputado señor Bustos expresó reservas al hecho de que estos jóvenes deban pasar a centros donde hay personas mayores, siendo, a su parecer, lo importante considerar la edad en que se cometió el delito. Recordó que en otras legislaciones, aún entre los 18 y 21 años de edad de los jóvenes, se facultaba al juez para aplicar el sistema de menores, es decir, un procedimiento absolutamente contrario al que se propone. Terminó señalando que le parecía que el Servicio debería tratar de ubicar un lugar donde mantener a estas personas en el tiempo intermedio.

El Diputado señor Pérez Varela fue partidario de establecer una etapa de transición cubierta por la ley, teniendo presente que, objetivamente, correspondía establecer normas que considerarán que quien delinquió como adolescente debería, también, cumplir pena dentro de esa condición.

El Diputado señor Ceroni recordó que no debía perderse de vista la finalidad de esta ley, cual es la de conseguir la rehabilitación de los jóvenes.

Cerrado finalmente el debate, la Comisión procedió a aprobar el primer inciso por unanimidad, y respecto del segundo, consideró que debería dársele otra ubicación y buscar una solución en el sentido señalado.

Artículo 69.- (pasó a ser 68).

Se refiere a la administración de las medidas que contempla la ley, señalando que el Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país de los programas necesarios para desarrollar las sanciones a que se refiere esta ley.

Su inciso segundo añade que para tal efecto llevará un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes.

Su inciso tercero señala que entre las obligaciones del Servicio estará la de revisar periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de las instituciones colaboradoras y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.

La Comisión estimó que el artículo sólo era una expresión de buenas intenciones, pero sin mayor debate, procedió a aprobarlo por unanimidad, sin más cambios que la substitución de la frase “desarrollar las sanciones” que figura en el primer inciso, por la siguiente “ejecutar las medidas”.

Artículo 70.- (pasó a ser 69).

Este artículo, primero del Párrafo 2 que se refiere a los derechos y garantías de la ejecución, señala que durante la ejecución de las sanciones que regula esta ley, el adolescente tendrá derecho a lo siguiente:

a) ser tratado de una manera que fortalezca el respeto de los adolescentes por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social.

b) ser informado de sus derechos y deberes, con relación a las personas e instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad.

c) conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones o programas a que se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el incumplimiento de la sanción.

d) presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición, a obtener una respuesta pronta, a solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley y a denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez.

e) contar con asesoría permanente de un abogado.

Ante una consulta del Diputado señor Pérez Lobos, los representantes del Ejecutivo explicaron que la asesoría de abogado corría por cuenta de la Defensoría, la que acompañaba al joven durante todo el proceso.

La Comisión procedió a aprobar este artículo, sin más debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 71.- (pasó a ser 70).

Trata de los derechos aplicables a las sanciones y medidas privativas de libertad, señalando que además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los adolescentes sometidos a una sanción privativa de libertad tendrán derecho a:

a) recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana.

b) la integridad e intimidad personal;

c) acceder a servicios educativos

d) que se revise periódicamente la pertinencia de la mantención de la sanción en conformidad con lo dispuesto en esta ley, como también a que se controlen las condiciones en que ella se ejecuta, y

e) a comunicarse por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio, en conformidad con las prescripciones del reglamento, y a conferenciar privadamente con su abogado.

Los representantes del Ejecutivo propusieron un nuevo texto para la letra e) del siguiente tenor:

“e) A comunicarse regularmente con sus asesores jurídicos. Deberá garantizarse el carácter privado y confidencial de esas comunicaciones.”.

Los Diputados señor Burgos y señora Soto sostuvieron que debiera garantizarse la privacidad de toda comunicación, permitiéndose la excepción sólo en caso de que un juez lo autorizara, como también que la nueva redacción pareciera permitir la comunicación privada sólo con los abogados del menor, cuestión que no corresponde al sentido de lo que se quiere hacer.

Los representantes del Ejecutivo argumentaron que se daba por asumido el derecho a la comunicación con cualquier persona en términos generales, ya sea mediante visitas u otra forma, por ello con esta nueva redacción sólo se buscaba garantizar la comunicación con el abogado. En consecuencia, no tenían inconvenientes en que se estableciera una redacción más generalizada.

De conformidad a lo anterior, los Diputados señora Soto y señor Bustos presentaron una indicación para substituir esta letra por la siguiente:

“e) a la privacidad y regularidad de las comunicaciones y, en especial, con sus abogados.”.

Se aprobó la indicación, conjuntamente con el artículo, por unanimidad.

El texto del artículo quedó como sigue:

“Derechos aplicables a las sanciones y medidas de privación de libertad. Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los adolescentes sometidos a una sanción de privación de libertad, tendrán derecho a:

a) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana;

b) La integridad e intimidad personal;

c) Acceder a servicios educativos;

d) Que se revise periódicamente la pertinencia de la mantención de la sanción en conformidad con lo dispuesto en esta ley, como también a que se controlen las condiciones en que ella se ejecuta, y e) La privacidad y regularidad de las comunicaciones y en especial con sus abogados.”.

Artículo 72.- (pasó a ser 71).

Este artículo, primero del párrafo 3 que trata del control de ejecución de las sanciones, dispone que corresponderá al juez de garantía del lugar de cumplimiento de la sanción decretada, controlar la legalidad de su ejecución.

Los representantes del Ejecutivo explicaron las finalidades perseguidas con este párrafo, señalando que con él se pretendía dar un aval jurisdiccional a la etapa de ejecución del cumplimiento de una sanción penal, con el propósito de contar con un referente real para los casos de incumplimiento, de manera de permitir un rápido conocimiento de dicho incumplimiento por parte del juez, dando lugar a una respuesta rápida, efectiva y seria, como también permitir el autocontrol de la administración en el cumplimiento de esta normativa y con la posterior reglamentación que se dictará relativa a las modalidades de ejecución de una sanción.

No se produjo debate, aprobándose el artículo en los mismos términos propuestos, por unanimidad.

Artículo 73.- (pasó a ser 72).

Trata de la certificación del cumplimiento de una sanción, señalando que la institución que ejecute la sanción certificará el total cumplimiento de la misma a su término, por medio de oficio enviado al respectivo tribunal.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta norma señalando que con ella se buscaba fijar el momento específico en que se habría dado cumplimiento a la sanción, estableciendo un aval legal que así lo precisara, no siendo suficiente que ello quedara sujeto a la sola resolución administrativa o reglamentaria.

El Diputado señor Ceroni objetó la redacción de la norma por cuanto a su parecer, no debiera ser la institución la que certificara el cumplimiento sino que el tribunal, previo informe de la institución, opinión con la que coincidió la Diputada señora Soto, quien sostuvo que debería precisarse que la información debería dirigirse al juez que tenga el control de la ejecución.

El Diputado señor Burgos discrepó con esta última aseveración, afirmando que lo que correspondía era informar del cumplimiento al tribunal que dictó la sentencia que impuso la sanción.

Cerrado el debate, la Comisión acogió las observaciones de los Diputados señora Soto y señor Ceroni, aprobando, por mayoría de votos (7 votos a favor y 1 abstención) el siguiente texto para este artículo:

“Certificación de cumplimiento. La institución que ejecute la sanción, informará el total cumplimiento de la misma a su término, por medio de oficio enviado al juez de que trata el artículo anterior, el que deberá certificar dicho cumplimiento.”.

Artículo 74.- (pasó a ser 73).

Trata de la visita a los recintos privativos de libertad, señalando que el juez deberá visitar personalmente, al menos dos veces al año, los recintos en que se ejecuten las medidas cautelares del procedimiento y las sanciones contenidas en este Título.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que este tipo de visitas personales cumplían un rol de garantía y se enmarcaban dentro de la lógica de las visitas generales que trata el Código Orgánico de Tribunales, las cuales dan origen a un informe que se remite al tribunal superior. No serían lo mismo que las visitas inspectivas de carácter genérico que se realizan semanal o trimestralmente y que sólo permiten revisar los antecedentes generales de cumplimiento y no, como en este caso, entrevistarse personalmente con los internos.

El Diputado señor Monckeberg estimó extraña la norma en cuanto establece un mínimo de visitas personales. A su juicio, de acogerse la proposición, debería especificarse que se realizaría una en cada semestre, para evitar que pudiera entenderse cumplida la disposición realizando, por ejemplo, las dos visitas en una misma semana.

Los Diputados señores Aníbal Pérez y señora Soto creyeron necesario explicitar el objetivo de la visitas, indicando que ellas tendrían por finalidad aplicar un control efectivo del cumplimiento, entrevistarse personalmente con los menores y demás motivos que las justifiquen dentro del rol de garantía que deben cumplir.

El Diputado señor Ceroni, ante la observación del Diputado señor Forni en el sentido de que cuando se establecía un mínimo, normalmente ese mínimo terminaba siendo el máximo, creyó necesario establecer un mínimo razonable de visitas de tal manera de evitar recargar en demasía el trabajo del juez de garantía.

Acogiendo todas estas observaciones, los representantes del Ejecutivo sugirieron la siguiente nueva redacción para esta norma:

“Lo dispuesto en los artículos 567 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, en relación a las visitas a centros privativos de libertad, se aplicará íntegramente a los recintos en que se ejecuten la medidas de internación provisoria y la internación en régimen cerrado establecidas en la presente ley, debiendo darse especial cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 569 y 571.”

Fundamentaron esta proposición en que la nueva redacción dada al artículo 567 del Código Orgánico de Tribunales, posterior a la reforma procesal penal, mantenía las visitas semanal y trimestral y hacía especial énfasis en la aplicación de los artículos 569 y 571 de dicho Código, disposiciones que se refieren específicamente a las entrevistas personales con los internos. En estas condiciones, resultaba apropiada la mantención de dicha reglamentación para esta nueva legislación.

La Comisión, sin mayor debate, acordó acoger esta nueva proposición, con correcciones de forma, por unanimidad.

Artículo 75.- (se dividió en 75 y 77)

Se refiere a la revisión de las condenas, señalando que en cualquier momento de la ejecución de una condena, el tribunal que ordenó la aplicación de cualquiera de las sanciones que previene esta ley, ya sea de oficio o a petición del adolescente o de su defensor, podrá revocarla o substituirla si considera que ya produjo sus efectos, es innecesaria o afecta gravemente el desarrollo, la dignidad o la integración social del adolescente,

Su inciso segundo añade que en ejercicio de estas facultades no se podrá substituir una sanción por otra que signifique una mayor restricción de los derechos del adolescente, con la sola excepción de lo dispuesto en los artículos siguientes.

Su inciso tercero señala que la resolución que niegue lugar a la revocación o substitución solicitada por el adolescente o su defensa, será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Respecto de esta norma, los representantes del Ejecutivo propusieron, en un principio, una modificación formal al primer inciso para substituir la palabra “tribunal” por “juez” y para señalar expresamente que la revocación o substitución se refiere a la sanción aplicada, agregando más adelante que la referencia al juez debería entenderse hecha al de control de ejecución y no al que aplicó o dictó la sentencia y, por último, que en el inciso final la resolución que se pronuncia sobre la revocación o substitución de la pena, debería ser apelable por ambas partes.

El Diputado señor Ceroni objetó, en primer lugar, la ubicación del artículo, por cuanto el párrafo 3 se refiere al control de ejecución de las sanciones, materia que dice relación con el juez de control, en cambio este artículo y los que siguen, dicen relación con las funciones o competencias del juez que dictó la sentencia y aplicó la pena.

Por otra parte, si se tratare del juez de control de ejecución, significaría que éste tendría que pronunciarse sobre la revocación o substitución de una sentencia que no dictó, lo que lo obligaría a ponderar todos los antecedentes del proceso para resolver. Creía que en este último caso, la solución era aún peor, por lo que, a su parecer, debiera dejarse este asunto en manos del juez que impuso la sanción pero estableciéndose ello en un párrafo aparte.

El Diputado señor Burgos coincidió con la opinión expuesta, agregando que lo lógico sería que la resolución respectiva correspondiera al juez que impuso la sanción por cuanto el juez de control no habrá visto nada del proceso y, por consiguiente, no se entiende cómo podría evaluar la situación.

Además de lo anterior, le parecía demasiado amplia la norma, por cuanto si bien se trataba de menores, no podía olvidarse que se había limitado la punición solamente a los delitos más graves.

Estimó necesario, además, precisar algunos conceptos que estimó demasiado vagos, tal como la palabra “innecesaria”, como también que debería hacerse una diferencia respecto de los delitos más graves ya que la norma se refiere a todo tipo de condenas. Por último, creía necesario notificar de la audiencia respectiva al querellante particular, haciendo presente que también la víctima podía ser un menor.

El Diputado señor Araya estimó improcedente la norma, como también las de los artículos 77 y 78, que se refieren a la substitución condicional de las medidas privativas de libertad y a la revisión de las sanciones privativas de libertad, las que se enmarcan en la misma idea. Señaló que en estos casos había un tribunal que juzgó los hechos y que dictó una sentencia condenatoria y, luego, sin señalar criterio alguno para determinar que hubo un cumplimiento provechoso o una buena conducta del condenado, se autoriza a ese tribunal a revisar la sanción. En todo caso, dijo querer saber cómo se determinaba que la pena aplicada había producido ya todos sus efectos.

Por otra parte, tampoco le parecía correcta la nueva sugerencia de los representantes del Ejecutivo, en el sentido de encomendar esta labor al juez de control de la ejecución de las sanciones porque éste desconocía el proceso, razones todas que lo llevaron a considerar inapropiada la norma y a abogar por mantener al respecto las reglas generales o, en último caso, modificar la legislación pertinente de modo de permitir en los tribunales de conducta, una consideración especial a la situación de minoría de edad.

El Diputado señor Monckeberg estimó muy compleja la norma, hasta el punto que podría crear situaciones encontradas entre el juez sentenciador y el de control de ejecución de la sanción, a partir del día siguiente al de la notificación de la primera sentencia.

Además de lo anterior, le pareció inconstitucional que el juez de control, que es un tribunal de igual jerarquía que el sentenciador, pueda avocarse a conocer y a alterar el fallo dictado por éste, y, además, sin límite de plazo.

El Diputado señor Forni se mostró contrario a la revisión de las condenas, salvo para la aplicación de los beneficios propios que se conceden a todo condenado. Agregó que debía tenerse presente lo acordado por la Comisión respecto del principio de oportunidad como también al fijar la duración mínima y máxima de las sanciones privativas de libertad, todo lo que lo llevó a plantear que la revisión, si se aceptaba, no debería, al menos, alcanzar a las infracciones graves, recordando que ya se había establecido a su respecto una penalidad bastante baja como para permitir se revisaran las sentencias una vez dictadas.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que con la instauración de la reforma procesal penal, el tribunal resuelve un conflicto entre el Ministerio Público y el imputado, es decir, ya no hay un juez que conduzca el caso sino uno que decide si la fiscalía tiene o no razón. Por ello, el conflicto que se plantea al efectuar la revisión de la condena es distinto a aquél que la motivó y, aunque uno de los antecedentes que puede usar el Ministerio Público para oponerse a la alteración de la sentencia es la gravedad de los hechos que la originaron, ello no evita la configuración de una situación diferente. En resumen, lo que buscaría el Ejecutivo con esta disposición sería aplicar la especialidad que establece la Convención de los Derechos del Niño, es decir, exigir menos a un adolescente que a un adulto como compensación por la menor potestad que se le reconoce para autodeterminarse y por la existencia de una serie de derechos que no se le reconocen. Lo que justificaría este tratamiento diferente es la particularidad de que el adolescente no ha completado su formación de acuerdo a los parámetros sociales y si bien es legítimo que el Estado aplique una sanción, no puede negarse que ello puede atentar contra lo que se espera de esa persona a futuro. De ahí que sea correcto analizar si es posible aminorar esa carga a fin de facilitar la integración del menor.

Por último, recordaron que en materia de adultos se contemplaban, sobre una base de una finalidad similar, la libertad condicional y los beneficios intrapenitenciarios, ventajas que no se consideraban en el caso de los menores precisamente por la existencia de esta norma..

La Diputada señora Soto entendió la disposición como una forma de dar mayores garantías a los menores, lo que estimó correcto, discrepando sólo con la ubicación del artículo en este párrafo.

El Diputado señor Bustos, recordando lo afirmado por los representantes del Ejecutivo en cuanto a que no se contemplaban en esta legislación los beneficios de que gozan los adultos, señaló que el rechazo de esta disposición redundaría en la existencia de una legislación más dura para los menores, lo que no parecería lógico. A su parecer, podría establecerse un determinado plazo para la revisión de las medidas sancionatorias, exigiéndose, en el caso de las infracciones graves, que para que ello proceda, debería haberse cumplido la mitad de la condena.

Recogiendo todas estas observaciones, los representantes del Ejecutivo sugirieron la siguiente redacción substitutiva para este artículo:

“El tribunal encargado del control de la ejecución de alguna de las sanciones previstas en esta ley, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá substituirla por una menos gravosa, en tanto ella parezca más favorable paran la integración del infractor y se hubiere dado cumplimiento al menos a un tercio de su duración o cuantía.

Para estos efectos el juez, en presencia del condenado, su abogado y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción, examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia pueden asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieran ejercido la tuición antes de su privación de libertad y el Ministerio Público.

La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de substitución será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En caso alguno la internación en un régimen cerrado podrá substituirse por una de las sanciones previstas en las letras a), b), c), d) o e) del artículo 18.”.

Fundamentaron esta nueva proposición, que ahora figura como artículos 75 y 77, en que toda condena implica una restricción de los derechos de un menor, restricción que afecta su proceso de integración social, situación aún más grave si se trata de penas privativas de libertad. Por ello se tiende hoy, en la mayoría de las legislaciones especializadas, a permitir la revisión de todo tipo de restricciones

En lo que se refiere a las principales observaciones formuladas al texto original, respecto del tiempo necesario para que se pueda efectuar la revisión de la condena, señalaron que se permitía la revisión una vez transcurrido un tercio de la misma y la revocación siempre que se haya cumplido la mitad. Respecto de la determinación del tribunal competente para efectuar esta revisión o revocación, explicaron que la lógica que aquí se aplicaba era distinta a la que llevaba a la dictación de la sentencia, por cuanto en este caso no se buscaba indagar acerca del delito que cometió el adolescente sino verificar el nivel de satisfacción de los objetivos buscados con la aplicación de la medida, en lo relativo a la resocialización alcanzada. Por ello, pensaban que lo lógico era que esta labor la desempeñara el juez de control de la ejecución de la sanción y no el de la causa, correspondiendo al Ministerio Público hacer valer los antecedentes necesarios para oponerse a la revisión o revocación de la condena.

Ante una consulta del Diputado señor Luksic en cuanto al por qué en estos casos se consideraba el nivel de reinserción social y no la buena conducta como es lo habitual para la concesión de un beneficio, señalaron que este último factor sólo se refería al cumplimiento de un régimen interno disciplinario y no a un análisis más integral, referido a los cambios de comportamiento del menor, opinión a la que se sumó el Diputado señor Bustos señalando que debía atenderse a la finalidad buscada por el sistema cual es la inserción social y que para estos efectos, la observación de buena conducta no constituía un indicador satisfactorio porque bien podía ser una demostración de adaptación a la privación de libertad.

Finalmente, los Diputados señores Burgos y Ceroni fueron partidarios de que en la audiencia de examen de los antecedentes por parte del juez de control, deberían participar, por razones de mayor transparencia, el Ministerio Público y el querellante o los representantes de la víctima, proposición que se tradujo en una indicación del primer parlamentario mencionado, a lo que la Comisión accedió sólo respecto del Ministerio Público, por estimar, a instancias del Diputado señor Pérez Lobos, que en el caso de los adultos, la concesión de los beneficios intrapenitenciarios no consideraba la participación de la víctima o del querellante.

De conformidad a lo anterior, el texto de este artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Substitución de condena. El tribunal encargado del control de la ejecución de alguna de las sanciones previstas en esta ley, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá substituirla por una menos gravosa, en tanto ello parezca más favorable para la integración social del infractor y se hubiere dado cumplimiento, al menos, a un tercio de su duración o cuantía.

Para estos efectos el juez, en presencia del condenado, su abogado, el Ministerio Público y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción, examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia pueden asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieran ejercido la tuición antes de su privación de libertad. La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de substitución será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En caso alguno la internación en un régimen cerrado podrá substituirse por una de las sanciones previstas en las letras a), b), c), d) o e) del artículo 18.”.

Artículo 76.- (pasó a ser 74)

Se refiere al quebrantamiento de condena, disponiendo que si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

1.- Si se tratare de las sanciones de multa o de la prohibición de conducir vehículos motorizados, que no hubieren sido cumplidas en el término de 30 días, el tribunal procederá a reemplazarla por la medida de reparación del daño causado por un máximo de 15 ó 30 horas respectivamente, según la gravedad de la infracción. Si el adolescente hiciere uso del derecho de objeción que le reconoce el artículo 26 (pasó a ser 25), se aplicará la medida de libertad asistida por el tiempo que señala el número que sigue.

2.- Si se tratare de la reparación del daño o de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, el incumplimiento grave, reiterado o injustificado de la sanción respectiva, se sancionará con la pena de libertad asistida, con una duración máxima de 90 ó 180 días, respectivamente.

3.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la libertad asistida o de la nueva sanción impuesta en cumplimiento de lo dispuesto en los dos números anteriores, podrá sancionarse con la privación de libertad en un centro de internación bajo el régimen semicerrado con una duración máxima de 30 ó 90 días, respectivamente. Lo anterior no tendrá lugar cuando la medida inicialmente aplicable haya sido la multa.

4.- Si se tratare del incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la internación en régimen semicerrado, podrá sancionarse con la internación en un centro cerrado de privación de libertad por un período no superior a los 90 días. En caso de reiteración en la misma conducta, podrá substituirse la sanción en forma definitiva por un período no superior a los seis meses. Lo dispuesto en este número no será aplicable cuando la sanción originalmente impuesta haya sido la multa.

5.- Si se tratare del incumplimiento grave, injustificado y reiterado del régimen de libertad asistida a que se refiere el artículo 33, es decir, el que se aplica complementariamente luego del cumplimiento de la internación en régimen cerrado, facultará al juez para disponer que vuelva el infractor a ser sometido al régimen de internación cerrada por el tiempo que faltare para el cumplimiento de la condena.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“Si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, el tribunal encargado del control de la ejecución procederá, según la gravedad del incumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

1.- Tratándose de la multa, se aplicará en forma substitutiva la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Idéntica regla se seguirá en caso de infracción de la prohibición de conducir vehículos motorizados. Si el adolescente hiciere uso del derecho que le reconoce el artículo 25, se aplicará la medida de libertad asistida por el tiempo señalado en el numeral siguiente.

2.- Tratándose del incumplimiento grave, reiterado o injustificado de las medidas de la reparación del daño o de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se aplicará en forma substitutiva la libertad asistida, con una duración máxima de 90 ó 180 días, respectivamente.

3.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la libertad asistida se sancionará con arresto de fin de semana por un período máximo de 8 fines de semana o con internación en régimen semicerrado, con una duración máxima de 60 días, a ser determinado según la gravedad de los hechos que fundan la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta.

4.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado del arresto de fin de semana dará lugar a la substitución de la sanción por internación en régimen semicerrado, por un período equivalente al número de semanas que faltaren por cumplir

5.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la internación en régimen semicerrado, podrá sancionarse con la internación en un centro cerrado por un período no superior a los 90 días, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta por el tiempo restante. En caso de reiteración de la misma conducta, podrá aplicarse la substitución, en forma definitiva, por un período no superior a los seis meses.

6.- El incumplimiento grave, injustificado y reiterado del régimen de libertad asistida al que fuere sometido el adolescente conforme lo dispone el inciso primero del artículo 33, facultará al juez para ordenar que se substituya su cumplimiento por la internación en régimen cerrado por el tiempo que resta.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que la lógica que se había seguido en estos casos, había sido la de aplicar la sanción inmediatamente superior, salvo en algunos casos como el de la libertad asistida en que se contemplaban sanciones alternativas para el caso de quebrantamiento. Agregaron que en los casos de las multas, de la prohibición de conducir vehículos motorizados, de la reparación del daño causado o de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se había optado por una sanción substitutiva, sancionando el quebrantamiento con una pena superior que reemplazaría a la anterior. En los demás casos, se sancionaba el quebrantamiento con una pena superior por un tiempo determinado, sin perjuicio de cumplir el resto de conformidad a la medida originalmente impuesta.

Respecto del número 1, el Diputado señor Forni consideró que en el caso del quebrantamiento de la prohibición de conducir vehículos motorizados, lo lógico sería que la sanción no fuera substitutiva sino adicional, por cuanto en caso contrario y tal como se lo propone, permitiría al menor seguir conduciendo porque ya no tendría prohibición al respecto.

De conformidad a lo anterior, los representantes del Ejecutivo propusieron intercalar el siguiente número 2 para reglar la sanción de prohibición de conducir vehículos motorizados, pasando el actual número 2 a ser 3 y substituyendo la referencia que hace el número 1 al 2 por una al 3 :

“Idéntica regla se seguirá en caso de infracción de la prohibición de conducir vehículos motorizados, sin perjuicio de la mantención de la prohibición por el tiempo restante.”.

Se aprobó la proposición con la modificación sugerida por el Diputado señor Forni, por unanimidad.

Artículo 77.- (paso a ser 76)

Trata de la substitución condicional de las medidas privativas de libertad, señalando que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, el juez podrá ordenar, durante la ejecución de una sanción privativa de libertad, su substitución condicional por la sujeción a un programa de libertad asistida.

Su inciso segundo agrega que si se incumpliere esta sanción, se revocará la substitución y se ordenará la continuación de la sanción originalmente impuesta, por el tiempo que faltare.

Los representantes del Ejecutivo propusieron el siguiente texto substitutivo para este artículo:

“La sustitución de una sanción privativa de libertad, podrá disponerse de manera condicionada. De esta forma, si se incumpliere la sanción sustitutiva, podrá revocarse su cumplimiento ordenándose la continuación de la sanción originalmente impuesta, por el tiempo que faltare.”.

La nueva redacción, que sólo difiere de la anterior en su mayor amplitud, se aprobó, sin debate, en los términos expuestos, por unanimidad.

Artículo nuevo.- (pasó a ser 77, siendo parte del antiguo 75)

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar este nuevo artículo, el que se refiere a la revocación de una condena, señalando que, en casos calificados, el tribunal podrá revocar el cumplimiento del saldo de condena cuando de los antecedentes se desprenda que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su imposición, conforme lo dispuesto en el artículo 4º, siendo aplicables para ello los incisos segundo y tercero del artículo 75.

Su inciso segundo agrega que tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de revocación sólo podrá ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del tiempo de la sanción originalmente impuesta.

Los representantes del Ejecutivo explicaron esta disposición, señalando que este beneficio existe actualmente como derecho para quienes, habiendo accedido a la libertad condicional, han cumplido el 75% de su condena. Añadieron que en el caso en análisis se había fijado un tope inferior, pero ello no significaba necesariamente el acceso al beneficio, por cuanto siempre existía la posibilidad de cumplirse el total de la pena original.

Ante la consulta acerca de qué se entendía por “casos calificados”, precisaron que ello decía relación con el cumplimiento de los objetivos previstos al imponerse la sanción y que son los que señala el artículo 4º.

Los Diputados señores Burgos y Bustos presentaron una indicación para suprimir los términos “ En casos calificados” y para agregar las palabra ”calificados“ después del término “antecedentes” por parecer más claro y sencillo que el tribunal procediera a la revocación cuando de los antecedentes se desprendiera el cumplimiento de los objetivos buscados con la sanción.

Se aprobó la indicación por unanimidad.

El Diputado señor Pérez Varela hizo ver que el único organismo que podría hacer valer antecedentes calificados para que sirvieran de base a la resolución judicial, sería el Servicio Nacional de Menores, ya que solamente él podría informar si la persona respeta los derechos de terceros, se encuentra integrada o tiene un comportamiento ejemplar, opinión que fue acogida por la Comisión.

De acuerdo a lo anterior, este artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Revocación de condena. El tribunal podrá revocar el cumplimiento del saldo de condena cuando de antecedentes calificados se desprenda que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su imposición, conforme lo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley. Para ello será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 75.

Para los efectos de resolver acerca de la revocación, el tribunal deberá contar con un informe favorable emanado del Servicio Nacional de Menores.

Tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de revocación sólo podrá ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del tiempo de duración de la sanción originalmente impuesta.”.

Artículo 78.- (se suprime).

Se refiere a la revisión de oficio de la sanción impuesta, señalando que el juez, de oficio, deberá evaluar las sanciones privativas de libertad una vez cumplida la mitad del tiempo por el que hubiere sido impuesta, pudiendo ordenar, su mantención, substitución o término.

Su inciso segundo agrega que para estos efectos, el juez, en presencia del adolescente, su abogado y un representante de la unidad del Servicio Nacional de Menores o institución colaboradora que lo tenga bajo su custodia, examinará los antecedentes, oirá a los presente y resolverá. A esta audiencia pueden asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieran ejercido la tuición antes de su privación de libertad.

Los representantes del Ejecutivo hicieron presente que dado el contexto en que estaba quedando el proyecto en relación a la nueva redacción de los artículos que trataban de la revisión y de la revocación de las sentencias, esta disposición resultaba innecesaria.

La Comisión concordó con tal aserto y, por unanimidad, procedió a rechazar este artículo.

Artículo 79.- (pasó a ser 78) .

Este artículo, primero del Título Final, se refiere al Registro de ejecución de las sanciones, señalando que el Servicio Nacional de Menores, como institución encargada de la ejecución de las sanciones, llevará un registro reservado sobre las sanciones impuestas. Agrega la norma que la vulneración de la obligación de reserva hace aplicable la pena contemplada en el artículo 36, inciso tercero de esta ley. ( se refiere a las sanciones que el artículo 247 del Código Penal impone al funcionario público que descubriere los secretos de un particular que conoce en razón de su cargo) .

Su inciso segundo añade que los registros o antecedentes derivados de la condena en contra de un adolescente por una infracción a la ley penal, sólo podrán ser conocidos por la defensa, el Ministerio Público y el tribunal para los efectos de determinar la sanción aplicable una vez concluido el juicio oral o una vez que se haya dado lugar al procedimiento abreviado y éste haya también finalizado. En todo caso, quienes tomen conocimiento de dichos antecedentes mantendrán la obligación de reserva referida en el inciso precedente.

Ante la observación del Diputado señor Burgos en el sentido de que el querellante particular también debería tener acceso a los antecedentes, los representantes del Ejecutivo señalaron que pensaban que, en la práctica, siempre el querellante particular tendrá ese acceso, pero creían que como la norma del artículo 247 del Código Penal está referida al empleado público solamente, parecía necesario ampliar la obligación de reserva.

Asimismo, ante una nueva observación, esta vez del Diputado señor Bustos, en cuanto a lo ambiguo que resulta, respecto de la obligación de reserva, señalar que los antecedentes podrán ser conocidos también por la defensa, por cuanto esta palabra, entendida en un sentido amplio, alcanzaría también al defensor privado, reconocieron la necesidad de aclarar esta materia por cuanto la norma había sido pensada considerando solamente a la defensoría.

Por último, ante la consulta formulada por el Diputado señor Forni, en el sentido de querer conocer las consecuencias de la infidencia del querellante particular que tomare conocimiento de los antecedentes, sostuvieron que en virtud del principio de la comunicabilidad, también le sería aplicable la sanción del artículo 247. Reconocieron, no obstante, que esto podría quebrar la lógica de la norma, la que está referida al empleado público, aunque el inciso final del artículo mencionado también considera como sujeto activo del delito a quien acceda a la información reservada por su carácter profesional y, aún cuando, lo que se desea sancionar es la infidencia de quien toma conocimiento de los antecedentes directamente del titular de la reserva, es decir, del afectado, lo cierto, en el caso del profesional, es más amplio, por cuanto el conocimiento que tiene es consecuencia de su calidad de querellante particular o de defensor privado.

En atención a las observaciones formuladas, los representantes del Ejecutivo sugirieron la siguiente nueva redacción para esta norma:

“El Servicio Nacional de Menores, institución encargada de la ejecución de las sanciones, llevará un registro reservado sobre las sanciones impuestas.

Los registros o antecedentes derivados de la condena en contra de un adolescente por una infracción a la ley penal, sólo podrán ser conocidos por el defensor, el Ministerio Público y el tribunal para los efectos de determinar la sanción aplicable, una vez concluido el juicio oral o una vez que se haya dado lugar al procedimiento abreviado y éste haya también finalizado. El querellante particular, para los mismos efectos, podrá requerir dicha información al Ministerio Público.

En todo caso, quienes en razón a su función hayan tomado conocimiento de dichos antecedentes, mantendrán la obligación de guardar reserva, respondiendo penalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código Penal.”.

Los representantes del Ejecutivo explicaron que con esta nueva redacción se daba acceso a los antecedentes al querellante particular, pero por medio del Ministerio Público, entidad encargada de la investigación e, igualmente, ampliándose la obligación de reserva, se alcanzaba, en forma indubitada, las posibles infidencias en que pudiera incurrir.

El Diputado señor Bustos estimó necesario precisar en el segundo inciso el término “defensor”, aclarándose que se está refiriendo al defensor penal público y que también debería tener acceso a los antecedentes el defensor privado, opiniones que la Comisión acogió, aprobando, por mayoría de votos ( 4 votos a favor y 3 abstenciones) el siguiente texto para este artículo:

“El Servicio Nacional de Menores, institución encargada de la ejecución de las sanciones, llevará un registro reservado sobre las sanciones impuestas.

Los registros o antecedentes derivados de la condena en contra de un adolescente por una infracción a la ley penal, sólo podrán ser conocidos por el Defensor Penal Público, el Ministerio Público y el tribunal para los efectos de determinar la sanción aplicable, una vez concluido el juicio oral o una vez que se haya dado lugar al procedimiento abreviado y éste haya también finalizado. El querellante y el defensor particular, para los mismos efectos, podrán requerir dicha información al Ministerio Público.

En todo caso, quienes en razón a su función hayan tomado conocimiento de dichos antecedentes, mantendrán la obligación de guardar reserva, respondiendo penalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código Penal.”.

Artículo 80.- ( pasó a ser 79) .

Se refiere a la situación del imputado o condenado por una infracción juvenil a la ley penal, que fuere mayor de 18 años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las medidas que establece esta ley o durante la tramitación del procedimiento, señalando que continuará sometido a las normas de esta ley hasta su término, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68. ( se refiere al inciso segundo del texto original, el que se trasladó al texto definitivo de este artículo) .

Su inciso segundo agrega que en los casos previstos en el inciso precedente, el Servicio Nacional de Menores o las autoridades que correspondan, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la separación de las personas mayores de 18 años con los menores de esta edad.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la idea envuelta en esta norma era que el adolescente siguiera cumpliendo la pena en los mismos términos, a pesar de haber superado los 18 años de edad. No obstante, creían que por razones de seguridad, excepcionalmente, podría justificarse un traslado de quienes superaren esa edad.

Ante la consulta del Diputado señor Bustos acerca de quien sería el responsable de los jóvenes que se trasladen a un centro de adultos, estimando que ello debiera corresponder al Servicio Nacional de Menores y al tribunal de cumplimiento de la sentencia, señalaron que lo que se quería era que ello fuera resuelto por el tribunal, a proposición del Servicio Nacional de Menores.

La Diputada señora Guzmán fue partidaria de no derivar a un centro de adultos a los jóvenes condenados que hubieren cumplido los 18 años, pero sí que una vez alcanzada dicha edad, se produjera una segregación inmediata.

El Diputado señor Bustos fue partidario de dar cierta flexibilidad al Servicio Nacional de Menores para resolver conjuntamente con el tribunal de cumplimiento, idea acogida por el Diputado señor Burgos, condicionada a que fuera flexibilidad pero no discrecionalidad, dada la necesidad de que la ley señale si corresponde efectuar o no la separación, por cuanto no es posible obviar el tema de la peligrosidad de las personas.

Atendiendo a las observaciones mencionadas, los representantes del Ejecutivo propusieron la siguiente nueva redacción para este artículo:

“En caso que el imputado o condenado por una infracción juvenil a la ley penal fuere mayor de 18 años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las medidas contempladas en esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de la presente ley hasta su término.

Excepcionalmente, el Servicio Nacional de Menores podrá solicitar al tribunal competente que autorice el cumplimiento de la internación en régimen cerrado en un recinto administrado por Gendarmería de Chile, cuando el condenado hubiere cumplido la mayoría de edad y sea necesario para efectos del control de la sanción. En todo caso, las modalidades de ejecución de dicha condena deberán seguir siendo ejecutadas conforme a las prescripciones de la presente ley, debiendo ser administradas por el Servicio Nacional de Menores.

En los casos previstos en el presente artículo, el Servicio Nacional de Menores o las autoridades que correspondan, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la separación de las personas menores de 18 años con los mayores de edad, y de éstos respecto de los condenados o procesados conforme a la ley penal de adultos. “.

Se aprobó por unanimidad

Artículo 81.- (pasó a ser 80) .

Establece una agravante especial, disponiendo que las personas que de acuerdo a esta ley tengan la custodia o el cuidado de adolescentes imputados o condenados por una infracción a la ley penal y que en el ejercicio de sus funciones cometieren un delito en contra de la integridad física, el desarrollo sexual o la propiedad del adolescente, se les impondrá la pena señalada en el respetivo delito en su grado máximo.

El Diputado señor Burgos estimó inadecuado referirse sólo a algunos ilícitos, sosteniendo que lo lógico era remitirse a los delitos en general, opinión con la que concordó la Comisión, aprobando, por unanimidad, el siguiente texto para este artículo:

“Las personas que de acuerdo a esta ley tengan la custodia o el cuidado de adolescentes imputados o condenados por una infracción a la ley penal y que en el ejercicio de sus funciones cometieren un delito en su contra, serán sancionadas con la pena señalada al respectivo delito en su grado máximo.”.

Artículo 82.- ( se suprime)

Se refiere a la coordinación de los servicios públicos para administrar las medidas de libertad asistida, disponiendo que dichos servicios tienen el deber de coordinar su acción con los delegados de libertad asistida, facilitando el acceso a los programas y servicios comunitarios a que se refiere el artículo 27 (pasó a ser 26) .

La Comisión, conforme a las modificaciones introducidas al texto original, estimó innecesaria esta norma, razón por la que procedió a rechazarla, por unanimidad.

Artículo 83.- (pasó a ser 81) .

Se refiere al requisito de especialización que deben cumplir los personales del Poder Judicial para desempeñarse conforme a esta iniciativa, señalando que para los efectos de lo previsto en el artículo 37 (pasó a ser 38) , la Academia Judicial deberá considerar en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados, la dictación de los cursos a que se refiere la norma citada. ( es decir, los objetivos de esta ley, de la Convención de los Derechos del Niño y el sistema de ejecución de sanciones que esta normativa establece) .

Su inciso segundoagrega que el requisito de especialización establecido en el citado artículo 37, que pasó a ser 38, podrá cumplirse sobre la base de antecedentes que acrediten el cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial.

Se aprobó sólo con adecuaciones de forma, sin debate, por unanimidad.

Artículo 84.- (pasó a ser 82) .

Introduce tres modificaciones al Código Penal.

Por sus letras a) y b) modifica el artículo 10, norma que señala las circunstancias que eximen de responsabilidad penal.

La letra a) , substituye el Nº 2º, disposición que declara exento de responsabilidad al menor de 16 años. La modificación consiste en sustituir este número para señalar que está exento de tal responsabilidad el menor de 18 años, sin perjuicio de lo cual la responsabilidad de los menores de 18 años pero mayores de 14 cumplidos, será establecida de acuerdo a lo dispuesto en la ley de responsabilidad juvenil.

La letra b) deroga el Nº 3, el que declara exento de responsabilidad al mayor de 16 años y menor de 18, a menos que conste que ha obrado con discernimiento.

Por su letra c) deroga el inciso primero del artículo 72, disposición que se refiere al menor de 18 años pero mayor de 16 que no está exento de responsabilidad penal por haber declarado el tribunal respectivo que obró con discernimiento, estableciendo que se le impondrá la pena inferior en grado al mínimo que señala la ley para el delito de que sea responsable.

Los representantes del Ejecutivo explicaron estas modificaciones señalando que con ello no se buscaba otra cosa más que establecer, expresamente, que los menores de 18 años deberán ser enjuiciados de conformidad a esta nueva normativa.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, en los mismos términos.

Artículo 85.- (pasó a ser 83).

Introduce diversas modificaciones a la ley Nº 16.618, Ley de Menores.

El texto original derogaba los artículos 16, 28, 29, 58 y 65; el inciso final del artículo 16 bis; los números 8º, 9º y 10º del artículo 26; el inciso tercero del artículo 51, y la letra c) del artículo 71.

El Ejecutivo presentó una indicación para substituir estas modificaciones por las siguientes:

a) Deroga el artículo 16.

Esta disposición establece que Carabineros deberá poner directa e inmediatamente a disposición del juez de garantía, a los menores de 18 años y mayores de 16 que se encuentren en situación de flagrancia, agregando que si se amplía el plazo de la detención, ésta sólo podrá llevarse a cabo en los centros de detención y diagnóstico o en los establecimientos que señale el Presidente de la República, considerando infracción grave a las obligaciones funcionarias la detención de una persona visiblemente menor en un establecimiento distinto a los señalados. El inciso final dispone que la detención preventiva que se decrete mientras se practica el examen del discernimiento, sólo podrá llevarse a cabo en los establecimientos señalados.

b) Suprime en el inciso segundo del artículo 16 bis la frase: “ de la misma forma procederá respecto de un menor de 16 años imputado de haber cometido una falta.”

El artículo 16 bis se refiere a la situación de menores cuyos derechos aparezcan gravemente vulnerados o amenazados, señalando que Carabineros deberá conducirlos al hogar de sus padres o cuidadores, informándoles de la situación.

Su inciso segundo se coloca en la situación de menores respecto de quienes para cautelar su integridad física o psíquica, resulte indispensable separarlos de su medio. En tal caso, Carabineros deberá conducirlos a alguno de los centros de tránsito y distribución y dar cuenta de ello al juez de menores respectivo.c) Suprime el inciso cuarto del artículo 16 bis.

Este inciso establece que cuando un menor de 16 años fuere imputado de haber cometido un crimen o simple delito, Carabineros deberá conducirlo a un centro de tránsito y distribución e informar de inmediato al juez de menores.

d) Suprime en el inciso segundo del artículo 19 la oración “ con arreglo a lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley, de todos los asuntos en que aparezcan menores inculpados de crímenes, simples delitos y faltas, y”

El artículo 19 señala el número de juzgados de menores que habrá en los departamentos de Santiago, Valparaíso, Pedro Aguirre Cerda y Concepción.

Su inciso segundo señala la competencia que corresponde al Primer Juzgado de Letras de Menores de Santiago.

e) Deroga los Nºs. 9 y 10 del artículo 26.

El artículo 26 señala las funciones que corresponden a los jueces de letras de menores, señalando en su Nº 9 la de expedir la declaración previa acerca de si un mayor de 16 años y menor 18, inculpado de haber cometido un delito, ha obrado o no con discernimiento, y en su Nº 10 la de conocer de todos los asuntos en que se impute un hecho punible a un menor de 16 años, o mayor de esa edad y menor de 18, que haya obrado sin discernimiento.

f) Deroga el artículo 28.

Esta norma se refiere al procedimiento para la declaración de si el mayor de 16 años y menor de 18 ha obrado o no con discernimiento, entregando la declaración al juez de letras de menores o al juez de garantía según la penalidad aplicable al delito que se le imputa.

g) Deroga el artículo 29.

La norma que se deroga se refiere a las medidas que puede adoptar el juez de letras de menores respecto de personas imputadas de haber cometido un delito, menores de 16 años o mayores de esa edad y menores de 18, respecto de los que se ha declarado que han obrado sin discernimiento.

h) Deroga el inciso segundo del artículo 31.

Este artículo establece que el juez puede ejercer las facultades que le otorga esta ley, a petición del Ministerio Público, de los organismos o entidades que presten atención a menores, de cualquier persona y aún de oficio.

Su inciso segundo se refiere a la situación de denuncios acerca de hechos que sólo dan lugar a la acción privada, disponiendo que en tal caso el juez practicará personalmente la investigación, evitando comprometer la reputación de las personas.

i) Deroga los incisos tercero y cuarto del artículo 51.

Este artículo se refiere a la creación de las Casas de Menores, señalando que ellas funcionarán a través de los centros que señala.

Su inciso tercero se refiere a los Centros de Observación y Diagnóstico, señalando que estarán destinados a acoger, mientras se práctica el examen del discernimiento, a los mayores de 16 años y menores de 18, detenidos en situación de flagrancia.

Su inciso cuarto se refiere a los Centros de Rehabilitación Conductual a los que corresponderá procurar la integración definitiva del menor en el medio social.

j) Deroga los artículos 58 y 65.

La primera de estas disposiciones establece que la pena privativa de libertad que se aplique al menor declarado con discernimiento, deberá cumplirse en un Centro de Rehabilitación Conductual.

La segunda establece que cuando en una investigación aparezca comprometido un menor como autor, cómplice o encubridor, el Ministerio Público, dependiendo de la pena que se asigne al hecho, deberá ponerlo a disposición del juez de garantía o del juez de letras de menores, para los efectos de la declaración sobre el discernimiento.

k) Substituye el artículo 71 por el siguiente:

“El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Justicia, determinará los Centros de Tránsito y Distribución existentes, y su localización.”

El texto actual de este artículo se refería a la misma facultad del Jefe del Estado, referida no sólo a los Centros de Tránsito y Distribución, sino también a los de Observación y Diagnóstico y a los establecimientos que reemplazarían a estos últimos en las localidades en que no los hubiera.

Los representantes del Ejecutivo precisaron que todas estas modificaciones obedecían sólo a la necesidad de adaptar el texto de la Ley de Menores a esta nueva legislación.

No se produjo debate, aprobándoselo por unanimidad, sólo con adecuaciones de forma.

Artículo 1º transitorio.

Dispone que esta ley entrará a regir luego de seis meses de su publicación en el Diario Oficial, agregando su inciso segundo que el reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 65 (pasó a ser 62), es decir, el que se refiere a la organización y funcionamiento de los centros de privación de libertad, deberá dictarse dentro de dicho término.

Se aprobó sin debate, por unanimidad, sólo con la corrección de referencia.

Artículo 2º transitorio.

Dispone que la composición del tribunal oral a que se refiere el artículo 38 (pasó a ser 39) , en lo relativo al juez del tribunal de familia que deberá integrarlo para el conocimiento de los procesos a que se refiere esta ley, comenzará a regir el 1 de marzo siguiente a la fecha en que entre en vigencia la ley que crea los Tribunales de Familia. Previo a ello el tribunal estará integrado por miembros del tribunal oral en lo penal que corresponda, según el artículo 39 (pasó a ser 40) .

Los representantes del Ejecutivo explicaron que, al igual que la reforma procesal penal, los tribunales de familia deberían operar a mediados del próximo año, con dotaciones de inicio. Por ello, el plazo que se establece busca evitar problemas de personal a dichos tribunales, esperando se complete su integración antes de la incorporación del juez de familia al tribunal oral.

No se produjo debate y se lo aprobó por unanimidad, sin más correcciones que las de referencia.

Artículo 3º transitorio. (nuevo)

Al debatirse el artículo 37 original, en lo relativo a la necesidad de la especialización de los jueces a los que correspondería conocer de las infracciones juveniles a la ley penal, los Diputados señores Forni y Pérez Varela echaron de menos una disposición que estableciera la realización de cursos de especialización por parte de la Academia Judicial, antes de la entrada en vigencia de esta ley, a fin de evitar los inconvenientes resultantes de un funcionamiento inicial sin la preparación necesaria.

Acorde a lo anterior, el Ejecutivo presentó una indicación para agregar un artículo transitorio del siguiente tenor:

“Dentro de los dos primeros años de vigencia de la presente ley, la Academia Judicial deberá impartir los cursos de especialización respectivos para los jueces de letras con competencia de garantía, de garantía y de juicio oral en lo penal, que vayan a asumir el conocimiento de las causas de adolescentes infractores a la ley penal. En el tiempo intermedio, no regirá para estos jueces el requisito de la especialización establecido en los artículos 38, 39 y 41 bis de la presente ley.”.Explicaron su proposición señalando que con este texto se recogía la inquietud parlamentaria, dando a la Academia Judicial un plazo de dos años para que pueda capacitar a todos los jueces que deberán conocer de estas causas.

La Diputada señora Guzmán hizo presente que en el tiempo intermedio habría jueces sin la especialización, a lo que el Diputado señor Bustos agregó que le parecía necesario precisar los términos de la indicación, por cuanto dada la redacción propuesta, podrían ocupar los cargos jueces que no tuvieran la especialidad y permanecer en ellos porque no les sería exigible tal requisito. Creyó necesario señalar que los no especializados podrían desempeñar los cargos únicamente mientras no se contara con personal especializado.

De acuerdo a lo anterior, la Comisión procedió a aprobar por unanimidad este artículo de conformidad a la siguiente redacción: “Dentro de los dos primeros años de vigencia de la presente ley, la Academia Judicial deberá impartir los cursos de especialización respectivos para los jueces de garantía, los de letras con competencia de garantía y los de juicio oral en lo penal que vayan a asumir el conocimiento de las causas de adolescentes infractores a la ley penal. Sin perjuicio de lo anterior, en el tiempo intermedio y mientras no se cuente con jueces especializados, podrán asumir las funciones judiciales quienes no tengan la correspondiente especialización.”.

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INFORME DE LA CORTE SUPREMA.

La Excma. Corte Suprema mediante oficio Nº 2415, de 4 de septiembre de 2002, formuló sólo dos observaciones a este proyecto, las que señalan a continuación:

1º Respecto de lo establecido en el artículo 37, inciso tercero (pasó a ser 38, inciso segundo) , en lo relativo a la exigencia de especialización en materia de justicia penal de adolescentes, que se establece para el juez de garantía de lugares en que no hubiere jueces especializados, considera que ello no resulta conveniente, estimando suficiente la preparación jurídica que se exige para dicho cargo, razón por la que estima que la distribución de causas debería efectuarse conforme al procedimiento objetivo que establece el Código Procesal Penal.

2º En lo que se refiere a lo dispuesto en el artículo 39 (pasó a ser 40) , que trata de la integración de la sala especializada del tribunal de juicio oral en lo penal, considera que atendida la naturaleza del conflicto que deberán resolver los jueces, no resulta necesaria la existencia de una sala especializada, por lo que la integración señalada debería efectuarse conforme al procedimiento que indica el Código Procesal Penal.

CONSTANCIA.

Para los efectos de lo establecido en los Nºs, 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1º.- Que los artículos 37, 38, 39, 40, 71, 83 letras d) , e) y f) y 2º transitorio tienen rango de ley orgánica constitucional, el primero por incidir en la organización y atribuciones del Ministerio Público de acuerdo al artículo 80 B de la Constitución Política y los restantes por tener relación con la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, según lo señala el artículo 74 de la misma Ley Fundamental.

2º.- Que el proyecto no contiene disposiciones que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda. A este respecto debe hacerse presente que ante la inquietud de varios señores Diputados, relativas a la necesidad de contar, contrariamente a lo que señala el informe financiero, con recursos para implementar la aplicación de disposiciones de este proyecto tales como capacitación de personal, especialización de jueces y fiscales, adiestramiento de delegados y establecimiento y funcionamiento de centros de privación de libertad, la Comisión, para tomar la decisión señalada, escuchó a la señora Subsecretaria de Hacienda quien sostuvo que el proyecto no generaba costos fiscales porque no creaba tribunales o cargos concretos ni establecía subsidios. Asimismo, señaló que, efectivamente, podría llegar a originar gastos, pero que eso era una materia que estudiaba el Ministerio de Justicia y que si se requería de financiamiento, ello se establecería en la ley de presupuestos o en leyes especiales. Por lo demás, en proyectos de esta naturaleza lo habitual era no incorporar normas de financiamiento sino dejarlas para una regulación posterior, una vez que se contara con los estudios necesarios.

3ª.- Que el proyecto fue aprobado en general por unanimidad.

4º.- Que la Comisión rechazó los siguientes artículos: 35, 43, 48, 49, 78 y 82.

Asimismo, rechazó las siguientes indicaciones:

a) La de la Diputada señora Guzmán para suprimir el inciso segundo del artículo 1º.

b) La de los Diputados señora Guzmán y señores Díaz y Forni para agregar al inciso primero del artículo 3º, la siguiente oración: “Excepcionalmente, cuando se trate de delitos permanentes se aplicarán las leyes propias de la época en que el delito termina de ejecutarse.”.

c) La de los Diputados señores Díaz y Forni para agregar al inciso primero del artículo 5º, la siguiente oración final, pasando el punto final a ser seguido: “De la misma forma se considerará la intervención de un adolescente como autor de un hecho tipificado como falta.”.

d) La de los Diputados señores Díaz y Forni para suprimir el inciso segundo del artículo 5º.

e) La de los mismos señores Diputados para agregar al artículo 5º el siguiente inciso cuarto.

“Si en el transcurso del procedimiento se comprueba que la persona a quien se le imputa el delito era mayor de edad en el momento de cometerlo, se le someterá de inmediato a la jurisdicción penal de adultos. De la misma forma, se aplicará la presente ley cuando se compruebe que el imputado que se tenía por menor, es mayor de 14 años.”.

f) La del Diputado señor Bustos para suprimir en el inciso segundo del artículo 5º la mención de las faltas señaladas en los números 5 y 26 del artículo 496 del Código Penal.

g) La de la Diputada señora Soto para suprimir en el inciso segundo del artículo 5º la mención de las faltas señaladas en los números 5 y 19 del artículo 494 y número 26 del artículo 496, ambos del Código Penal.

h) La de la Diputada señora Guzmán para agregar en el inciso primero del artículo 6º la siguiente letra f) : “ Los delitos contemplados en los artículos 1º a 7º de la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas.”.

i) La de los Diputados señores Forni y Monckeberg para substituir el artículo 6º por el siguiente:

“Infracciones graves. Para los efectos de esta ley, constituyen infracciones a la ley penal de carácter grave por parte de un adolescente, los delitos de homicidio, parricidio, infanticidio, aborto, violación, mutilaciones, lesiones graves, secuestro, sustracción de menores, robo con violencia, robo con intimidación, robo con fuerza, hurto, receptación, estafa y el tráfico de drogas.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley.

El resto de las infracciones que constituyen delito serán consideradas menos graves.”.

j) La de los Diputados señores Burgos y Luksic para agregar al artículo 6º la siguiente letra f):

“f) La asociación ilícita para el tráfico de drogas prevista en el artículo 22 de la ley sobre tráfico de estupefacientes.”.

k) La de los Diputados señora Soto y señores Bustos y Pérez Lobos para modificar el artículo 6º en los siguientes términos:

“Suprimir los términos “ o frustrados” en el inciso primero.

Suprimir la letra b) del inciso segundo.

l) La de la Diputada señora Guzmán para suprimir el inciso segundo del artículo 12.

m) La de los Diputados señora Cubillos y señor Forni para substituir el artículo 18 por el siguiente:

“Sanciones. En virtud de la declaración de responsabilidad fundada en la comisión de una infracción a la ley penal por parte de un adolescente, el juez procederá de la siguiente manera:

a) En caso que se trate de infracciones graves, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º, impondrá la privación de libertad.

b) En las demás infracciones, el juez sancionará al infractor con libertad asistida. Esta sanción incluirá una o más de las siguientes obligaciones:

1.- Reparación del daño causado;

2.- Obligación de abandonar el trato con determinadas personas.

3.-. Prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes.

4.- Obligación de permanecer internado o en tratamiento ambulatorio en un centro de salud, para desintoxicación o para eliminar adicción al alcohol, drogas o estupefacientes.

c) Las faltas serán sancionadas de acuerdo a las normas generales.

La libertad asistida siempre incluirá la obligación de matricularse en un establecimiento de educación formal o en otro que le permita al infractor aprender alguna profesión u oficio.

El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en la letra b) del inciso primero y en el inciso anterior, serán consideradas como quebrantamiento de condena.

En caso de las infracciones sancionadas en la letra b) , el juez podrá imponer la privación de libertad, cuando estime que con la aplicación de las demás sanciones no se alcanzaren los objetivosa del artículo 4º.”.

n) La de la Diputada señora Guzmán para intercalar en el artículo 18 las siguientes letras g) y h) , pasando la actual letra g) a ser letra i) :

“g) tratamiento ambulatorio.

h) asistencia a un centro de día.”,

ñ) La de los Diputados señora Cubillos y señor Forni para suprimir el artículo 19.

o) La de la Diputada señora Guzmán para substituir en el artículo 19 las expresiones “ letra g) ” por “letra i) ”.

p) La de la misma señora Diputada para substituir el artículo 19 por el siguiente:

“Tratándose de las infracciones previstas en el inciso segundo del artículo 5º, no podrá imponerse una sanción privativa de libertad. Sólo en caso de reiteración, podrá imponerse la sanción de libertad asistida.”.

q) La de la misma señora Diputada para modificar el artículo 20 en los siguientes términos:

1.- En el inciso primero, elimínase la expresión “temporal”.

2.- En el número 2, agrégase a continuación de la expresión “infractor”, la siguiente frase, precedida de una coma: “así como el grado de madurez y desarrollo del mismo”.

3.- Modifícase el Nº 3 de la siguiente forma:

a.- Substitúyese el punto y el párrafo que lo sigue, por una coma y la frase siguiente:

“, para lo cual el tribunal deberá considerar:

a) Si la infracción corresponde a alguna de las señaladas en el artículo 6º”.

4.- Substitúyese las letras a) y siguientes por las letras b) y siguientes.

5.- Elimínase el número 4.

r) La de los Diputados señora Cubillos y señor Forni para suprimir los artículos 21, 22 y 23.

s) La de los mismos señores Diputados para suprimir los artículos 25 y 26.

t) La de la Diputada señora Guzmán para substituir el artículo 26 por el siguiente:

“En los casos en que la sanción de reparación del daño conlleve la prestación de servicios personales por parte del adolescente infractor, éste podrá objetar su aplicación al momento en que le sea impuesta. En este caso, podrá el tribunal, si lo estima pertinente, sustituirla por otra medida equivalente.”.

u) La de los Diputados señora Cubillos y señor Forni para modificar el artículo 27 en los siguientes términos:

1.- Suprimir el inciso cuarto.

2.- En el inciso final, reemplazar la expresión “tres años “ por “ cinco años”.

v) La de la Diputada señora Guzmán para agregar dos nuevos artículos – 28 y 29 – nuevos:

“Artículo 28.- Tratamiento ambulatorio. La medida de tratamiento ambulatorio, consiste en la obligación de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas o substancias psicotrópicas. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.”.

“Artículo 29.- Asistencia a un centro de día. La medida de asistencia a un centro de día, consiste en que la persona afecta a ella residirá en su domicilio habitual y acudirá a un centro a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.”.

w) La de los Diputados señora Cubillos y señor Forni para suprimir el inciso segundo del artículo 28.

x) La de los Diputados señora Cubillos y señores Forni y Monckeberg para suprimir en el artículo 33 las frases “por un máximo de dos años” y “siempre que en su conjunto no excedan de cinco años”.

y) La de los Diputados señores Araya, Burgos, Forni y Uriarte para substituir la oración inicial del artículo 55 por la siguiente:

“Las resoluciones que recaigan sobre medidas de internación provisoria serán apelables para ante la Corte de Apelaciones respectiva.”.

z) La de los Diputados señores Forni, Pérez Varela y Uriarte para agregar el siguiente inciso final al artículo 56:

“La facultad del inciso primero no procederá respecto de infracciones graves.”.

aa) La de la Diputada señora Guzmán para substituir el artículo 58 por los tres siguientes:

“Artículo 58.- Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible, el imputado comparecerá con sus padres o en su defecto con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

En la audiencia, el juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo reparatorio, para lo que deberá considerar las siguientes circunstancias:

a. Si los interesados han concurrido a prestar su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos;

b. El delito de que se trate, que en ningún caso podrá ser de aquéllos contemplados en las letras a) , b) , c) , d) y e) del artículo 6º (pasó a ser 7º) de esta ley, y

c. Las obligaciones contraídas por el imputado. Para este efecto el juez tendrá presente la satisfacción de los intereses de la víctima, el compromiso manifestado por los padres del imputado o quienes lo tengan a su cuidado y el efecto educativo de las obligaciones contraídas por éste.

Para adoptar su decisión, el juez podrá solicitar la asesoría de equipos especializados en mediación o en generación de acuerdos reparatorios.

Artículo 58 bis.- Efectos del acuerdo reparatorio. Si el juez aprobare el acuerdo reparatorio de las partes, dictará sobreseimiento definitivo, total o parcial, en la causa, con lo que se extinguirá total o parcialmente la responsabilidad penal del imputado que lo hubiere celebrado.

Si en la causa existiere pluralidad de imputados o víctimas, el procedimiento continuará respecto de quienes no hubieren concurrido al acuerdo.

Artículo 58 ter.- Oportunidad para pedir y decretar el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio podrá solicitarse y decretarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Si no se planteare en esa misma audiencia la solicitud respectiva, el juez citará a una audiencia, a la que podrán comparecer todos los intervinientes en el procedimiento.

Una vez declarado el cierre de la investigación, el acuerdo reparatorio sólo podrá ser decretado durante la audiencia de preparación del juicio oral.”.

bb) La de los Diputados señores Forni, Pérez Varela y Uriarte para reemplazar en el inciso quinto del artículo 62 el vocablo “acompañar” por “ representar”.

cc) La de los mismos señores Diputados para suprimir el artículo 64.

dd) La del Ejecutivo para substituir el artículo 67 por el siguiente:

“Instrumentos internacionales. Las normas legales y reglamentarias relativas a materias reguladas en el presente Título, deberán ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, en las leyes y, en particular, en las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los Menores Privados de Libertad, contenidos en la Resolución Nº 45/113, de 2 de abril de 1991 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, contenidas en la Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985.”.

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Por las razones expuestas y por las que expondrá oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto, al que además de las modificaciones acordadas se le han introducido otras de carácter formal sin mayor trascendencia, de conformidad al siguiente texto.

PROYECTO DE LEY

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Derechos y garantías. Las personas a quienes se aplica esta ley gozarán de todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 2°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones de los adolescentes a la ley penal, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de sus consecuencias y la forma de ejecución de éstas.

Artículo 3°.- Principio de legalidad. Sólo en virtud de una sentencia definitiva ejecutoriada que establezca la participación de un adolescente en un hecho constitutivo de infracción penal, de acuerdo al procedimiento establecido en este cuerpo legal, se le aplicarán las sanciones que esta misma ley contempla.

Artículo 4°.- Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. La protección del desarrollo e integración social del adolescente y el fortalecimiento del respeto por sus derechos, así como los derechos y libertades de las demás personas, constituyen la finalidad de las sanciones y otras consecuencias que derivan de la responsabilidad regulada en la presente ley.

Artículo 5°.- Límites de edad a la responsabilidad. Para los efectos de esta ley se entenderá por adolescente toda persona que al inicio de la infracción a la ley penal que se le imputa sea mayor de catorce años y menor de dieciocho años

En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, el juez determinará la legislación aplicable atendiendo a las circunstancias de hecho y personales.

La edad del imputado podrá ser determinada por cualquier medio.

Una vez agotados todos los medios para determinar la edad y en caso de duda acerca de si el imputado es un adolescente o un adulto, el juez presumirá que se trata de un adolescente. Si la duda es si el imputado es un adolescente o un menor de catorce años, el juez presumirá que se trata de un menor de catorce años.

Las personas menores de catorce años carecen de responsabilidad criminal, por lo que, en ningún caso, podrán ser objeto de los procedimientos y sanciones que regula esta ley.

Artículo 6.- Infracción a la ley penal. Para los efectos de esta ley se considera infracción a la ley penal la intervención de un adolescente como autor, cómplice o encubridor en un hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Asimismo, se consideran infracciones a la ley penal los hechos cometidos por adolescentes tipificados en los artículos 494, números 1, 3, 4, 5, y 19, sólo en lo que dice relación al artículo 446; y 496 números 5 y 26, del Código Penal.

Artículo 7.- Infracciones graves. Para los efectos de esta ley, constituyen infracciones a la ley penal de carácter grave por parte de un adolescente, los siguientes delitos, sea que se encuentren consumados o frustrados: a) El homicidio; b) La violación, c) El secuestro y la sustracción de menores; d) Las mutilaciones y las lesiones graves tipificadas en el artículo 397 número 1 del Código Penal; y e) El robo con violencia en las personas

Constituyen, asimismo, infracciones graves los siguientes delitos consumados: f) Robo con intimidación en las personas, en que se amenace a la víctima con causarle la muerte, violación o un grave daño a su integridad física; y g) Robo con fuerza en las cosas en lugares habitados regulado en el artículo 440 del Código Penal.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley tomando como base las conductas mencionadas en los incisos precedentes.

Artículo 8º.- Presupuestos de la responsabilidad. Para que exista responsabilidad del adolescente conforme a la presente ley se requiere:

1. Que éste haya realizado una conducta constitutiva de infracción a la ley penal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley;

2. Que no concurra a su respecto alguna de las causas que, conforme a la ley, eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años, o alguna circunstancia análoga a éstas.

Artículo 9º.- Concursos. Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de 18 años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad, si tuviere 20 años o más. En caso contrario se regirá por las reglas de procedimiento establecidas en la presente ley. En caso de condenarse a una persona por hechos cometidos como adolescente y como adulto, se estará a las siguientes reglas:

a) La sanción o pena correspondiente a cada uno de estos hechos será determinada conforme a las reglas de la ley que le sea aplicable, imponiéndose sólo aquella que sea de carácter privativo de libertad.

b) En todo caso, si correspondiere la aplicación de más de una pena privativa de libertad, se impondrá aquella que se funde en el delito ejecutado como adulto, pudiendo ser aumentada hasta por un máximo de 2 años atendida la naturaleza y circunstancias de la infracción cometida como adolescente.

c) Si no correspondiere imponer penas privativas de libertad, preferirá la pena que se funda en el delito cometido como adulto.

Para la aplicación de las reglas precedentes, en aquellos casos en que se hubiere concedido la remisión condicional de la pena establecida en la ley 18.216, se considerará que dicha pena no es privativa de libertad.

Lo dispuesto en los incisos primero y segundo del presente artículo se aplicará también en caso que se cometa una nueva infracción penal durante el período de cumplimiento de una condena impuesta en base a la presente ley.

Artículo 10.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se extingue de la misma forma y por las mismas causas que aquella que deriva de la comisión de un delito por parte de una persona mayor de dieciocho años.

Tanto el cumplimiento de la sanción impuesta, como su revocación ordenada por el Tribunal en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 3 del Título Cuarto de la presente ley, extinguen la responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal que se hubiere cometido. Sin embargo, el término de la prescripción de la acción penal y de la pena será de un año, con excepción de las conductas a que se refiere el artículo 7º, respecto de las cuales será de tres años. Para el cómputo respectivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 95 y 98 del Código Penal.

TÍTULO PRIMERO

DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 11.- Igualdad. Los derechos y garantías reconocidos en esta ley se aplicarán a todos los adolescentes, sin discriminación alguna por razones de sexo, origen étnico, condición social, económica, religión o cualquier otro motivo semejante, ni en atención a las circunstancias de sus padres, familiares, tutores o personas que lo tengan a su cuidado.

Artículo 12.- Interés superior del niño. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores a la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales.

Ninguna autoridad podrá atribuirse la facultad de adoptar las sanciones previstas en esta ley, fuera de los casos que ella contempla, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias o del supuesto beneficio de una persona menor de catorce años o adolescente.

Artículo 13.- Integridad corporal. Ningún adolescente puede ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a cualquier otra forma de atentado contra su dignidad y desarrollo integral.

Artículo 14.- Privación de libertad. Para los efectos de esta ley, se entiende por privación de libertad toda forma de aprehensión, arresto o detención, así como el internamiento en cárceles o recintos públicos o privados, ordenado o practicado por la autoridad judicial u otra autoridad pública, del que no se permita salir al adolescente por su propia voluntad.

Artículo 15.- Excepcionalidad de la privación de libertad. Las sanciones privativas de libertad que contempla esta ley son de carácter excepcional, sólo podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en ella y siempre como último recurso.

Artículo 16.- Principio de separación. Las personas que se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad. Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, deberán adoptar todas las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 17.- Habeas corpus. Toda persona menor de dieciocho años que se encontrare privada de libertad, tendrá los derechos que consagra el artículo 95 del Código Procesal Penal.

TÍTULO SEGUNDO

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

Párrafo 1

De las sanciones en general

Artículo 18.- Sanciones. En virtud de la declaración de responsabilidad fundada en la comisión de una infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se le podrá imponer una de las siguientes sanciones:

a) Amonestación.

b) Multa.

c) Prohibición de conducir vehículos motorizados.

d) Reparación del daño causado.

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

f) Libertad asistida.

g) Arresto de fin de semana.

h) Internación en régimen semicerrado.

i) Internación en régimen cerrado.

Artículo 19.- Restricciones a las sanciones. Tratándose de las infracciones a que se refiere el artículo 7°, el tribunal no podrá imponer las sanciones previstas en las letras a) , b) , d) o e) del artículo precedente, a menos que lo justifique fundadamente en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley.

Las sanciones previstas en las letras g), h) o i) del artículo precedente sólo podrán imponerse al adolescente que ha sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones graves a las cuales se refiere el artículo 7°, o en los casos contemplados en el artículo 74 de esta ley, a menos que excepcionalmente se justifique, por resolución fundada, su no aplicación, en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley. Sin embargo, en caso alguno podrán imponerse dichas sanciones tratándose de las infracciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 6°.

Artículo 20.- Determinación de la pena. Para determinar las sanciones, así como para fijar su extensión temporal o cuantía, el juez siempre deberá considerar:

1.- El número de infracciones cometidas;

2.- La edad del adolescente infractor, y

3.- La proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de la o las infracciones cometidas y la severidad de la sanción.

Para evaluar la gravedad de la infracción, el tribunal deberá determinar, en primer lugar, si ésta corresponde a una infracción de las que señala el artículo 7° de esta ley. Además, el tribunal deberá considerar:

a) La naturaleza y extensión de las penas asignadas por la legislación penal al hecho constitutivo de la infracción;

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

c) La concurrencia de circunstancias que, conforme a la legislación penal, den lugar a la formación de delitos calificados, agravados o especiales, en relación a la infracción a la ley penal que se imputa, y

d) La extensión del mal causado y la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal, con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 78 de la presente ley.

4.- Para determinar la sanción aplicable a un adolescente por la comisión de más de una infracción, el juez deberá considerar en su conjunto la naturaleza y características de la totalidad de las infracciones cometidas, de acuerdo a lo previsto en los números 1, 2 y 3 del presente artículo.

En caso alguno podrá imponerse una sanción separada para cada infracción, debiendo darse aplicación a lo previsto en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Asimismo, en caso alguno podrá imponerse una sanción que sea superior a los dos tercios de aquella que hubiere correspondido en caso de haberse ejecutado el hecho que la fundamenta por parte de un mayor de edad.

Párrafo 2

De las sanciones no privativas de libertad

Artículo 21.- Amonestación. La amonestación consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente; instándole a cambiar de comportamiento, y formulándole recomendaciones para el futuro.

Artículo 22.- Multa. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. Para su aplicación y la determinación de su monto, se tomará en consideración fundamentalmente la gravedad del hecho y las facultades económicas del infractor o de la persona a cuyo cuidado se encontrare.

Artículo 23.- Reparación del daño. La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la infracción, ya sea mediante una prestación en dinero, la restitución de la cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último caso la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa de la víctima.

En su caso, el juez regulará prudencialmente el monto de la prestación en dinero o la naturaleza de los servicios, basándose en los antecedentes probatorios que se presenten en el juicio.

El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente.

Artículo 24.- Servicios en beneficio de la comunidad. La sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción podrá tener una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.

Artículo 25.- Objeción de trabajo. Tratándose de la sanción prevista en el artículo precedente o en aquellos casos en que la sanción de reparación del daño conlleve la prestación de servicios personales por parte del adolescente infractor, éste podrá objetar su aplicación al momento en que le sea impuesta, debiendo el tribunal, en tal caso, sustituirla.

Artículo 26.-. Libertad asistida. La libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado, unida a la orientación para que aquél acceda a programas y servicios comunitarios que favorezcan su integración social.

La función del delegado consistirá en la orientación, control y motivación del adolescente, e incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los programas y servicios requeridos.

El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria del adolescente a encuentros periódicos previamente fijados con él mismo. Para ello, una vez designado, el delegado deberá proponer al tribunal un plan personalizado de cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación. En ello, deberá cuidar especialmente incluir la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda.

En la resolución que apruebe el plan el tribunal fijará la frecuencia y duración de los encuentros obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el delegado.

La duración de esta sanción no podrá exceder de los tres años.

Párrafo 3

De las sanciones privativas de libertad.

Artículo 27.- Sanciones privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad consisten en el arresto de fin de semana, en la internación en régimen semicerrado y en la internación en régimen cerrado.

Artículo 28.- Arresto de fin de semana. El arresto de fin de semana consiste en el encierro del infractor, durante el fin de semana, en un centro de privación de libertad y tendrá una duración máxima de 20 fines de semanas.

Para estos efectos se entenderá por fin de semana el período de tiempo comprendido entre las 19.00 horas del día viernes de cada semana, hasta las 19.00 horas del día domingo respectivo.

Artículo 29.- Arresto domiciliario sustitutivo. En casos calificados, el tribunal podrá autorizar que el arresto de fin de semana sea cumplido en el propio domicilio del infractor, debiendo en dicho caso determinar las medidas de control que se adoptarán para asegurar el cumplimiento de la sanción.

En caso de quebrantamiento de esta medida sustitutiva, deberá cumplirse el resto del período en la forma prevista en el artículo precedente.

Artículo 30.- Internación en régimen semicerrado. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen semicerrado, será decretada por el tribunal y consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un plan de actividades a ser desarrolladas tanto al interior del recinto como en el medio libre.

Una vez impuesta la medida y determinada su duración, el Director del Centro que haya sido designado para su cumplimiento, deberá proponer al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades, que considerará las siguientes prescripciones:

a) asistencia del adolescente al proceso de educación formal;

b) desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de participación, especificando aquellas que serán ejecutadas al interior del recinto como aquellas que se desarrollarán en el medio libre, y

c) las actividades a desarrollar en el medio libre contemplarán, a lo menos, ocho horas, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo 4°. El programa será aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o en otra posterior, la que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a aquella.”.

Artículo 31.- Internación en régimen cerrado. La internación en régimen cerrado importará la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 4° de la presente ley.

En virtud de ello, dicho régimen deberá considerar necesariamente el cumplimiento del proceso educativo del adolescente y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación y de desarrollo personal.

Artículo 32.- Duración de las sanciones privativas de libertad. Las sanciones de privación de libertad que se aplican bajo las modalidades establecidas en los artículos 30 y 31, tendrán una duración mínima de un año para los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 16, y de dos años para los mayores de 16 años y menores de 18.

En todo caso, la duración máxima no podrá exceder de cinco años.

Párrafo 4

Sanciones mixtas o accesorias

Artículo 33.- Sanción mixta. El tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida por un máximo de dos años, la que será ejecutada con posterioridad al cumplimiento efectivo de la internación en régimen cerrado, siempre que en su conjunto no excedan de cinco años.

Asimismo, en caso de haberse impuesto la libertad asistida, podrá complementar dicha medida con la imposición del arresto de fin de semana, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 ó 29.

Artículo 34.- Prohibición de conducir vehículos motorizados. La prohibición de conducir vehículos motorizados se podrá imponer a un adolescente como sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la infracción por la cual se le condena, haya sido ejecutada mediante la conducción de dichos vehículos.

La sanción regirá por un período que puede extenderse hasta por un plazo de dos años, contados a partir del cumplimiento de la edad que lo habilita para obtener el respectivo permiso.

En caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 74 de la presente ley, a menos que producto de la conducción se hubiere afectado la vida, integridad corporal o la salud de alguna persona, caso en el cual se instruirá el proceso respectivo.

TÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTO

Párrafo 1

Disposiciones generales

Artículo 35.- Reglas de procedimiento. La investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

En todo caso, el conocimiento y fallo de las infracciones contempladas en el inciso segundo del artículo 6°, se sujetarán al procedimiento establecido en los artículos 392 ó 393 bis, del Código Procesal Penal, según sea el caso.

Artículo 36.- Protección de la vida privada del adolescente. Durante todas las etapas del procedimiento se deberá resguardar la vida privada del adolescente.

Prohíbese a los funcionarios públicos y abogados defensores informar a terceros ajenos al proceso acerca de la identidad del adolescente detenido o imputado, o que sea víctima de una infracción, ni de aquellos datos o antecedentes que permitieren dicha identificación.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con las penas previstas en el artículo 247 del Código Penal, a menos que los hechos constituyan otro delito sancionado con igual o mayor pena.”.

Párrafo 2

Sistema de justicia especializada

Artículo 37.- Competencia del Ministerio Público. Para el cumplimiento de las funciones de dirección de la investigación de las infracciones de que trata la presente ley, así como para el ejercicio de la acción penal pública y la adopción de las medidas de protección para las víctimas y los testigos, los fiscales regionales designarán en cada fiscalía local de sus respectivas regiones a los fiscales adjuntos especializados en justicia penal de adolescentes.

Artículo 38.- Competencia del juez de garantía. Corresponde el conocimiento de las causas a que diere lugar la aplicación de esta ley, al juez de garantía del territorio jurisdiccional respectivo, especializado en el conocimiento de las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En los lugares donde no hubiere jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de las causas por infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, el procedimiento objetivo y general de distribución de causas del juzgado, comprenderá la radicación de éstas en uno solo de los jueces de garantía que cumpla con el requisito de la especialización, sin perjuicio de las normas sobre subrogación respectivas.

Los jueces de garantía unipersonales y los jueces de letras que ejercen competencia de garantía, asumirán el conocimiento de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, previa aprobación del curso de especialización respectivo.

Artículo 39.- Competencia e integración de sala especializada para adolescentes del tribunal de juicio oral en lo penal. En los casos en que el fiscal solicitare la aplicación de alguna sanción privativa de libertad, el juicio oral será conocido por una sala especializada de justicia penal para adolescentes del tribunal de juicio oral en lo penal, integrada por un juez del tribunal de familia y por dos jueces del tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de que se trate, uno de los cuales lo presidirá. Los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal que integren dicha sala deberán haber aprobado previamente el curso de especialización respectivo.

Artículo 40.- Designación de los miembros de la sala especializada de justicia penal para adolescentes. El Comité de Jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como el homónimo del tribunal de familia correspondiente, designarán, cada dos años, a uno o más de sus miembros, según sea necesario, para constituir e integrar la sala especializada de justicia penal para adolescentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 41.- Competencia de la Defensoría Penal Pública. Los Defensores Regionales velarán que los abogados que figuren disponibles para asumir la defensa penal de adolescentes imputados, cuenten con conocimientos especializados en justicia penal para adolescentes. Para estos efectos, en las licitaciones respectivas deberá considerarse entre los factores a valorar para la adjudicación de casos, la existencia de abogados con esta especialización.

Excepcionalmente, las bases respectivas podrán considerar la adjudicación a abogados que no cuenten con la mencionada especialización, cuando el número de ingresos estimados de infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes no representen una carga de trabajo superior a cien casos anuales.

Artículo 41 bis.- Especialización de la justicia penal para adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces de familia, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes infractores a la ley penal, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en los objetivos y contenidos de la presente ley, en la Convención de los Derechos del Niño y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley.

Para estos efectos, cada institución deberá adoptar las medidas pertinentes tendientes a garantizar dicha especialización.

Artículo 41 ter.- Capacitación de las policías. Las instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de la presente ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a las fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones.

Párrafo 3

De las medidas cautelares personales

Artículo 42.- Detención.- Ninguna persona menor de dieciocho años podrá ser privada de libertad sino por orden del juez competente para conocer de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, y después que dicha orden le fuera intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendido en la ejecución flagrante de una infracción.

Artículo 43.- Formalidades del arresto y la detención. El funcionario que practicare el arresto o la detención deberá informar al adolescente imputado acerca del motivo de la misma y, en su caso, señalarle la autoridad que la hubiere ordenado. Asimismo, deberá darle a conocer sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

Artículo 44.- Citación y no comparecencia del imputado. Cuando fuere necesaria la presencia de un adolescente imputado ante el tribunal, éste dispondrá su citación, de acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Penal. La no comparecencia injustificada del imputado ante el juez que lo ha citado, autorizará a que éste ordene su conducción ante su presencia por medio de la fuerza pública.

En forma excepcional, y a petición del Ministerio Público, el juez podrá ordenar la detención del adolescente imputado de una infracción de las que trata esta ley, para ser traído a su presencia, sin previa citación, cuando existan antecedentes que demuestren que de otra forma la comparecencia pueda verse demorada o dificultada con riesgo para la investigación.

Artículo 45.- Citación, registro y detención en casos de flagrancia. El adolescente que fuere sorprendido in fraganti cometiendo una infracción a la ley penal que no se encuentre sancionada con penas privativas ni restrictivas de la libertad, será citado a la presencia del fiscal, previa comprobación de su domicilio.

La policía podrá registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona que será citada.

Asimismo, podrá conducir al imputado al recinto policial, para efectuar allí la citación.

En el caso de ser sorprendido el adolescente en la comisión flagrante de una infracción grave, deberá procederse a su detención.

En aquellos casos en que los agentes policiales hayan procedido a detener a un adolescente sorprendido en la comisión flagrante de una infracción a la ley penal, según lo dispuesto en el inciso anterior, deberán comunicarla de inmediato al fiscal, para los efectos de que éste adopte la decisión de que el detenido sea dejado en libertad o sea conducido ante el juez, dentro del plazo máximo de 24 horas desde que se hubiere practicado la detención. El fiscal comunicará su decisión al defensor en el momento en que la adopte.

Artículo 46.- Restricción de libertad de menores de 14 años. Si se sorprendiere a una persona menor de 14 años en la ejecución flagrante de una conducta que, cometida por un adolescente, constituiría una infracción a la ley penal, los agentes policiales ejercerán todas las potestades que les otorga la ley para restablecer el orden y la tranquilidad públicas, o dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos.

Las restricciones a la libertad que se impusieren en tal caso, sólo deberán durar el tiempo que sea estrictamente indispensable para el logro de los objetivos indicados, no pudiendo exceder de 12 horas. Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad respectiva deberá entregar al niño inmediata y directamente a sus padres o personas que lo tengan legalmente a su cuidado. De no ser ello posible, se le entregará a un adulto que se haga responsable de él, prefiriendo a aquellos con quienes tuviere una relación parental.

En los casos en que no se encontrare a ningún adulto que se haga responsable del niño o tratándose de una infracción grave, deberá ser puesto a disposición del Servicio Nacional de Menores, a objeto de que dicho Servicio procure su adecuada protección.

Artículo 47.- Medidas cautelares del procedimiento. Para los efectos de garantizar el éxito de diligencias de la investigación, proteger al ofendido y asegurar la comparecencia del adolescente a los actos del procedimiento, podrá imponérsele una o más de las siguientes medidas cautelares personales:

a) Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que el juez determine;

b) Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;

c) Prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia o a otras personas;

d) Prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho a defensa;

e) Obligación de concurrir periódicamente al tribunal, ante la autoridad policial u otra que el juez determine.

Asimismo, tratándose de la imputación de infracciones graves y sólo cuando los objetivos antes expuestos no pueden ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las medidas que señala el inciso anterior, podrá solicitarse la aplicación de alguna de las siguientes:

a) Arresto domiciliario; o b) Internación provisoria en un centro cerrado.

La aplicación de la medida cautelar personal de internación provisoria en un centro cerrado, sólo podrá decretarse cuando aparezca como estrictamente indispensable.

Asimismo, el incumplimiento flagrante de las medidas cautelares personales de que trata este artículo, autorizará al agente policial para detener al adolescente imputado, con el único fin de que sea llevado ante el juez de garantía, para que éste disponga la medida cautelar necesaria a fin de continuar con el procedimiento, sin perjuicio de las demás peticiones que efectúen los intervinientes en la misma audiencia.

Artículo 48.- Proporcionalidad de las medidas cautelares. En ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que aparezca como desproporcionada en relación con la sanción probable en caso de condena.

Artículo 49.- Permiso de salida diaria. Tratándose del adolescente imputado que se encuentre sujeto a una medida de internación provisoria, el juez podrá, en casos calificados, concederle permiso para salir durante el día, siempre que con ello no se vulneren los objetivo de la medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las providencias que estime convenientes.

Artículo 50.- Carácter provisional de las medidas cautelares. Las medidas indicadas en el artículo 47 son esencialmente provisionales y revocables.

Podrán, empero, en casos calificados, y mediando resolución fundada del tribunal, durar hasta el término del juicio o, incluso, hasta la audiencia de lectura de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Procesal Penal.

Artículo 51.- Solicitud de término de las medidas cautelares. El imputado siempre podrá solicitar que se ponga término a cualquiera de las medidas cautelares del procedimiento adoptadas en su contra o pedir su reemplazo por otra que cumpla satisfactoriamente los objetivos que justificaron su imposición.

Artículo 52.- Apelación en las medidas cautelares. La resolución que dé lugar a una medida de internación provisoria o que niegue la solicitud de su término, será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva. La tramitación de la apelación no suspenderá el procedimiento ni la aplicación de la medida.

Párrafo 4

Inicio de la persecución de la responsabilidad por la infracción a la ley penal por parte de un adolescente

Artículo 53.- Principio de oportunidad. Los fiscales del Ministerio Público no podrán iniciar la persecución de la responsabilidad penal de un adolescente o deberán abandonar la ya iniciada, cuando consideren que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico-penal o para la vida futura del imputado, salvo en los casos de las infracciones a que se refieren las letras a, b, c, d, e y f del artículo 7º.La víctima podrá oponerse a la decisión del fiscal reclamando de ella ante el juez de garantía en el término de diez días. Presentado el reclamo ante el juez, se citará a una audiencia a todos los intervinientes y, previo a resolver, se abrirá debate sobre el punto.

Si se acoge la oposición, el Ministerio Público deberá continuar con la investigación, de acuerdo a las reglas generales.

Artículo 54.- Primera audiencia.- En la primera audiencia judicial será obligatoria la presencia del fiscal, del defensor y del imputado.

En todo caso, deberá notificarse de la audiencia a la víctima y a los padres del adolescente o a la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, se permitirá la intervención de la víctima y de los padres del adolescente o de quien lo tuviere a su cuidado, si comparecieren a la audiencia.

Artículo 55.- Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán llegar a acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía conocerá en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible, el imputado comparecerá con sus padres o, en su defecto, con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

En la audiencia, el juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo reparatorio, para lo que deberá considerar las siguientes circunstancias:

a) Si los interesados han concurrido a prestar su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos;

b) Que el delito no sea de aquellos a que se refieren las letras a) , b) , c) ,d) , e) y f) del artículo 7º, y

c) Que las obligaciones que haya contraído el imputado en el acuerdo satisfagan el interés de la víctima y conlleven un efecto educativo en el infractor. Asimismo, verificará el compromiso manifestado por los padres del imputado o de quienes lo tengan bajo su cuidado.

El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurarán disponer de equipos especializados destinados a mediar entre la víctima y el imputado para favorecer estos acuerdos.

Artículo 56.- Juicio abreviado inmediato. El juicio inmediato establecido en el artículo 235 del Código Procesal Penal, tendrá lugar respecto de los delitos regulados en la presente ley, con las siguientes modificaciones:

a) La solicitud del fiscal tendrá por objeto recurrir al procedimiento abreviado previsto en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal.

b) Acordado el procedimiento abreviado inmediato, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes, otorgándosela al final al acusado, para que manifieste lo que estime conveniente.

c) Si no hubiere acuerdo, el juez podrá admitir que la causa pase directamente a juicio oral, luego del debate pertinente, a menos que resulte necesario fijar un plazo no menor de diez ni superior a veinte días para los efectos que la defensa ofrezca su prueba.

Lo dispuesto en este artículo no resultará aplicable si el fiscal solicita la aplicación de una sanción privativa de libertad.

Artículo 57.- Procedimiento abreviado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el procedimiento abreviado, regulado en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal, podrá también tener lugar durante la audiencia de preparación del juicio oral, a menos que la sanción solicitada por el fiscal sea privativa de libertad.

Artículo 58.- Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo máximo de ciento ochenta días desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla, a menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior

Previo al término de cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de treinta días.

Párrafo 5

Juicio oral y sentencia

Artículo 59.- Audiencia del juicio oral. El juicio oral deberá realizarse dentro de los veinte días posteriores a la notificación de su auto de apertura. Su desarrollo se efectuará en forma continua y sin interrupciones, en una o más audiencias sucesivas. En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior a 72 horas.

Deberán comparecer a la audiencia el fiscal, el adolescente imputado y su defensor. Su asistencia será condición de validez del juicio.

La audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integraren el tribunal y del fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Procesal Penal. Lo dispuesto en el inciso final del artículo 76 del Código citado respecto de la inhabilidad, se aplicará también a los casos en que, iniciada la audiencia, faltare un integrante del tribunal de juicio oral en lo penal

Cualquier infracción de lo dispuesto en los incisos precedentes implicará la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él.

En todo caso, deberán ser notificados de la audiencia los padres del adolescente o quienes lo tuvieren a su cuidado y la víctima, quienes podrán hacerse acompañar por sus abogados. Finalizado el examen de las pruebas y, en caso de considerarlo conveniente, podrá el juez otorgar la palabra a la víctima, si se encontrare presente, para que haga uso de ella en forma personal o representada por su abogado.

Artículo 60.- Presencia del imputado en el juicio oral. El adolescente imputado tendrá derecho a estar presente durante toda la audiencia del juicio oral. En todo caso, el tribunal podrá autorizar su salida de la sala cuando éste lo solicite o podrá disponer su abandono de la misma, cuando así lo estime conveniente para la realización de algunas actuaciones específicas que pudieren afectar la integridad del adolescente o de un tercero que tenga derecho a intervenir o asistir al juicio.

Artículo 61.- Pena máxima a imponer. El tribunal no podrá determinar la aplicación de una sanción privativa de libertad si el fiscal no la hubiere solicitado, ni podrá exceder el tiempo de duración que éste hubiere pedido.

TÍTULO CUARTO

DE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS

Párrafo 1

Administración.

Artículo 62.- Centros de privación de libertad. Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad que se aplican bajo las modalidades señaladas en los artículos 30 y 31 de esta ley y a la medida de internación provisoria, existirán tres tipos de centros, respectivamente:

a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado.

b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad.

c) Los Centros de Internación Provisoria.

Para garantizar la seguridad y la permanencia de los infractores en los centros a que se refieren las letras b) y c) precedentes, podrá establecerse en ellos una guardia armada de carácter externo, a cargo de Gendarmería de Chile.

La organización y funcionamiento de los recintos aludidos en el presente artículo, se dispondrá en un reglamento establecido por decreto supremo, por medio del Ministerio de Justicia, conforme a las normas contenidas en el presente Título.

Artículo 63.- Condiciones básicas de los centros de privación de libertad. En los centros a que se refiere el artículo anterior, se deberán desarrollar acciones específicas destinadas a respetar y promover los vínculos familiares del adolescente, como asimismo procurar el cumplimiento del proceso educativo y la participación en actividades socioeducativas, de formación y de desarrollo personal.

Artículo 64.- Normas de seguridad en recintos de privación de libertad. Los adolescentes estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte la autoridad para mantener la seguridad y el orden. Estas normas deben ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

Artículo 65.- Normas de orden interno y seguridad en recintos de privación de libertad. La autoridad competente dictará normas que regulen el orden interno y la seguridad en los centros de privación de libertad a que se refiere esta ley. Dichas normas regularán el uso legítimo de la fuerza respecto de los adolescentes y deberán contener a lo menos los siguientes aspectos:

a) La procedencia del uso de la coerción exclusivamente para impedir que el adolescente lesione a otro o a sí mismo o cause importantes daños materiales.

b) El carácter excepcional del uso de la coerción, lo que implica que deberá ser utilizada sólo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control.

c) El carácter restrictivo del uso de la fuerza, lo que implica su utilización por el menor tiempo posible.

d) La prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos corporales, el encierro en celdas obscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la saludad física o mental del adolescente.

e) La prohibición de aplicar sanciones degradantes, crueles o humillantes respecto de los adolescentes.

Articulo 66.- Normas disciplinarias en recintos de privación de libertad. Las medidas y procedimientos disciplinarios que se dispongan, deberán encontrarse contenidos en la normativa del establecimiento y deberán tener como único fundamento contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el respeto de la dignidad del adolescente.

A estos efectos, la normativa relativa a dichos procedimientos deberá precisar, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) Las conductas que constituyen una infracción a la disciplina.

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer.

c) La autoridad competente para imponer esas sanciones y aquella que deberá resolver los recursos que se deduzcan en su contra.

Artículo 67.- Administración de los Centros de Privación de Libertad. La administración de los Centros Cerrados de Privación de Libertad y de los recintos donde se cumpla la medida de internación provisoria, corresponderá siempre y en forma directa al Servicio Nacional de Menores.

Artículo 68.- Administración de las medidas que contempla la ley. El Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país, de los programas necesarios para ejecutar las medidas a que se refiere esta ley.

Para tal efecto, llevará un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes.

El Servicio tendrá entre sus obligaciones la de revisar periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de las instituciones colaboradoras y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.

Párrafo 2

Derechos y garantías de la ejecución

Artículo 69.- Derechos en la ejecución de sanciones. Durante la ejecución de las sanciones que regula esta ley, el adolescente tendrá derecho a:

a) Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social;

b) Ser informado de sus derechos y deberes, con relación a las personas e instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad;

c) Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones o programas a que se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el incumplimiento de la sanción;

d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición, a obtener una respuesta pronta, a solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley y a denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez, y

e) Contar con asesoría permanente de un abogado.

Artículo 70.- Derechos aplicables a las sanciones y medidas de privación de libertad. Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los adolescentes sometidos a una sanción de privación de libertad, tendrán derecho a:

a) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana;

b) La integridad e intimidad personal;

c) Acceder a servicios educativos;

d) Que se revise periódicamente la pertinencia de la mantenciónde la sanción en conformidad con lo dispuesto en esta ley, como también a que se controlen las condiciones en que ella se ejecuta, y e) La privacidad y regularidad de las comunicaciones, en especial, con sus abogados.

Párrafo 3

Del control de ejecución de las sanciones.

Artículo 71.- Competencia en el control de la ejecución. Corresponderá al juez de garantía del lugar de cumplimiento de la sanción decretada, controlar la legalidad de su ejecución.

Artículo 72.- Certificación de cumplimiento. La institución que ejecute la sanción, informará el total cumplimiento de la misma a su término, por medio de oficio enviado al juez de que trata el artículo anterior, el que deberá certificar dicho cumplimiento.

Artículo 73.- Visita a los recintos privativos de libertad. El juez encargado del control de la legalidad de la ejecución de la sanción, deberá ceñirse íntegramente a lo dispuesto en los artículos 567 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, en lo relativo a la visitas que practique a los recintos en que se ejecuten las medidas de internación provisoria y de internación en régimen cerrado establecidas en la presente ley, debiendo darse especial cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 569 y 571 de dicho Código.

Artículo 74.- Quebrantamiento de condena. Si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, el tribunal encargado del control de la ejecución procederá, según la gravedad del incumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

1.- Tratándose de la multa, se aplicará en forma substitutiva la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Si el adolescente hiciere uso del derecho que le reconoce el artículo 25, se aplicará la medida de libertad asistida por el tiempo señalado en el numeral tercero del presente artículo.

2.- Idéntica regla se seguirá en caso de infracción de la prohibición de conducir vehículos motorizados, sin perjuicio de la mantención de la prohibición por el tiempo restante.

3.- Tratándose del incumplimiento grave, reiterado e injustificado de las medidas de la reparación del daño o de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se aplicará en forma substitutiva la libertad asistida, con una duración máxima de 90 ó 180 días, respectivamente.

4.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la libertad asistida se sancionará con arresto de fin de semana por un período máximo de 8 fines de semana o con internación en régimen semicerrado, con una duración máxima de 60 días, a ser determinado según la gravedad de los hechos que fundan la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta.

5.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado del arresto de fin de semana dará lugar a la substitución de la sanción por internación en régimen semicerrado, por un período equivalente al número de semanas que faltaren por cumplir

6.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la internación en régimen semicerrado, podrá sancionarse con la internación en un centro cerrado por un período no superior a los 90 días, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta por el tiempo restante. En caso de reiteración de la misma conducta, podrá aplicarse la substitución, en forma definitiva, por un período no superior a los seis meses.

7.- El incumplimiento grave, injustificado y reiterado del régimen de libertad asistida al que fuere sometido el adolescente conforme lo dispone el inciso primero del artículo 33, facultará al juez para ordenar que se substituya su cumplimiento por la internación en régimen cerrado por el tiempo que resta.

Artículo 75.- Substitución de condena. El tribunal encargado del control de la ejecución de alguna de las sanciones previstas en esta ley, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá substituirla por una menos gravosa, en tanto ello parezca más favorable para la integración social del infractor y se hubiere dado cumplimiento, al menos, a un tercio de su duración o cuantía.

Para estos efectos el juez, en presencia del condenado, su abogado, el Ministerio Público y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción, examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia pueden asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieran ejercido la tuición antes de su privación de libertad. La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de substitución será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En caso alguno la internación en un régimen cerrado podrá substituirse por una de las sanciones previstas en las letras a) , b) , c) , d) o e) del artículo 18.

Artículo 76.- Sustitución condicional de las medidas privativas de libertad. La sustitución de una sanción privativa de libertad, podrá disponerse de manera condicionada. De esta forma, si se incumpliere la sanción substitutiva, podrá revocarse su cumplimiento ordenándose la continuación de la sanción originalmente impuesta, por el tiempo que faltare.

Artículo 77.- Revocación de condena. El tribunal podrá revocar el cumplimiento del saldo de condena cuando en base a antecedentes calificados considere que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su imposición, conforme lo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley. Para ello será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 75.

Para los efectos de resolver acerca de la revocación, el tribunal deberá contar con un informe favorable emanado del Servicio Nacional de Menores.

Tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de revocación sólo podrá ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del tiempo de duración de la sanción originalmente impuesta.

TÍTULO FINAL

Artículo 78.- Registro. El Servicio Nacional de Menores, institución encargada de la ejecución de las sanciones, llevará un registro reservado sobre las sanciones impuestas.

Los registros o antecedentes derivados de la condena en contra de un adolescente por una infracción a la ley penal, sólo podrán ser conocidos por el Defensor Penal Público, el Ministerio Público y el tribunal para los efectos de determinar la sanción aplicable, una vez concluido el juicio oral o una vez que se haya dado lugar al procedimiento abreviado y éste haya también finalizado. El querellante y el defensor particular, para los mismos efectos, podrán requerir dicha información al Ministerio Público.

En todo caso, quienes en razón a su función hayan tomado conocimiento de dichos antecedentes, mantendrán la obligación de guardar reserva, respondiendo penalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código Penal.

Artículo 79.- Cumplimiento de mayoría de edad. En caso que el imputado o condenado por una infracción juvenil a la ley penal fuere mayor de 18 años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las medidas contempladas en esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de la presente ley hasta su término.

Excepcionalmente, el Servicio Nacional de Menores podrá solicitar al tribunal de control competente que autorice el cumplimiento de la internación en régimen cerrado en un recinto administrado por Gendarmería de Chile, cuando el condenado hubiere cumplido la mayoría de edad y sea necesario para efectos del control de la sanción. En todo caso, las modalidades de ejecución de dicha condena deberán seguir siendo ejecutadas conforme a las prescripciones de la presente ley debiendo ser administradas por el Servicio Nacional de Menores.

En los casos previstos en el presente artículo, el Servicio Nacional de Menores o las autoridades que correspondan, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la separación de las personas menores de 18 años con los mayores de edad, y de éstos respecto de los condenados o procesados conforme a la ley penal de adultos.

Artículo 80.- Agravante especial. Las personas que de acuerdo a esta ley tengan la custodia o el cuidado de adolescentes imputados o condenados por una infracción a la ley penal y que en el ejercicio de sus funciones cometieren un delito en su contra, serán sancionadas con la pena señalada al respectivo delito en su grado máximo.

Artículo 81.- Especialización. Para los efectos de lo previsto en el inciso final del artículo 38, la Academia Judicial deberá considerar en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder Judicial, la dictación del curso de especialización a que ese inciso se refiere. En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición podrá ser cumplido sobre la base de antecedentes que acrediten el cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial.

Artículo 82.- Modificaciones al Código Penal. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a) Substitúyese el número segundo del artículo 10 por el siguiente:

“El menor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior la responsabilidad de los menores de 18 años pero mayores de 14, será establecida de acuerdo a lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil.”.

b) Derógase el número tercero del artículo 10.

c) Derógase el inciso primero del artículo 72.

Artículo 83.- (anterior 85) .Modificaciones a la Ley de Menores. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.618, que fija el texto definitivo de la Ley de Menores:

a) Derógase el artículo 16.

b) En el inciso segundo del artículo 16 bis, suprímese la siguiente frase: “De la misma forma procederá respecto de un menor de dieciséis años imputado de haber cometido una falta.”.

c) Suprímese el inciso cuarto del artículo 16 bis.

d) En el inciso segundo del artículo 19, suprímese la siguiente frase: “con arreglo a lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley, de todos los asuntos en que aparezcan menores inculpados de crímenes, simples delitos y faltas, y”.

e) Deróganse los números 9º y 10º del artículo 26.

f) Deróganse los artículos 28 y 29.

g) Derógase el inciso segundo del artículo 31.

h) Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo 51.

i) Deróganse los artículos 58 y 65.

j) Substitúyese el artículo 71 por el siguiente:

“El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por medio del Ministerio de Justicia, determinará los centros de tránsito y distribución existentes y su localización.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º.- La presente ley entrará en vigencia luego de seis meses de su publicación en el Diario Oficial.

El reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 62 de la presente ley, deberá dictarse dentro de dicho término.

Artículo 2º.- La composición del tribunal oral prevista en el artículo 39, en lo relativo al juez del tribunal de familia que le corresponderá integrarlo para el conocimiento de los procesos incoados en virtud de la presente ley, comenzará a regir el día 1 de marzo siguiente a la fecha en que entre en vigencia la ley que crea los Tribunales de Familia. Previo a ello, el tribunal estará integrado únicamente por miembros del tribunal oral en lo penal que corresponda de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 40.

Artículo 3º.- Dentro de los dos primeros años de vigencia de la presente ley, la Academia Judicial deberá impartir los cursos de especialización respectivos para los jueces de garantía, los de letras con competencia de garantía y los de juicio oral en lo penal que vayan a asumir el conocimiento de las causas de adolescentes infractores a la ley penal. Sin perjuicio de lo anterior, en el tiempo intermedio y mientras no se cuente con jueces especializados, podrán asumir las funciones judiciales quienes no tengan la correspondiente especialización.

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Sala de la Comisión, a 8 de junio de 2004.

Se designó Diputado Informante al señor Juan Bustos Ramírez.

Acordado en sesiones de fechas 3 y 10 de septiembre, 1, 8, 15 y 29 de octubre, 5 de noviembre y 3 y 10 de diciembre de 2002; 10 de septiembre, , 8, 15 y 29 de octubre y 3 y 10 de diciembre de 2003; 6, 13, 14 y 20 de enero, 30 de marzo, 6, 13 y 20 de abril, 4 y 5 de mayo y 8 de junio de 2004, con la asistencia de los Diputados señores Jorge Burgos Varela, Zarko Luksic Sandoval, Guillermo Ceroni Fuentes y Juan Bustos Ramírez ( Presidentes) , señoras Marcela Cubillos Sigall, María Pía Guzmán Mena y Laura Soto González y señores Pedro Araya Guerrero, Gabriel Ascencio Mansilla, Eduardo Díaz del Río, Marcelo Forni Lobos, Nicolás Monckeberg Díaz, Darío Paya Mira, Aníbal Pérez Lobos, Víctor Pérez Varela y Gonzalo Uriarte Herrera.

En reemplazo de los Diputados señora Laura Soto González asistió la Diputada señorita María Antonieta Saa Díaz y del señor Gabriel Ascencio Mansilla asistieron los Diputados señora Eliana Caraball Martínez, Zarko Luksic Sandoval y Patricio Walker Prieto.

EUGENIO FOSTER MORENO

Secretario

INDICE

1.- Urgencia y personas que asistieron a la Comisión… 1 – 3

2.- Objeto… 3 – 5

3.- Antecedentes… 5 – 10

4.- Legislación comparada

España – Francia – Alemania – Italia… 10 – 14

5.- Discusión del proyecto.

a) Algunas opiniones acerca del proyecto:

1) Don José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia… 15 – 17

2) Don Mauricio Duce Julio, profesor e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales… 17 – 19

3) Don Miguel Cillero, consultor en el área de Derecho del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia… 19 – 21

b) Discusión en general… 21 – 22

c) Discusión en particular… 22 – 140

6.- Informe de la Corte Suprema… 140

7.- Constancias… 140 – 147

8.- Texto del proyecto.

Título Preliminar: Disposiciones generales.

Artículos 1 a 10… 148 – 151

Título Primero: Derechos y garantías.

Artículos 11 a 17… 151 – 152

Título Segundo: Consecuencias de la declaración de Responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Párrafo 1: De las sanciones en general.

Artículos 18 a 20… 152 – 154

Párrafo 2: De las sanciones no privativas de libertad.

Artículos 21 a 26… 154 – 155

Párrafo 3: De las sanciones privativas de libertad… 156 – 157

Párrafo 4: Sanciones mixtas o accesorias.

Artículos 33 a 34… 157 – 158

Título Tercero: Procedimiento.

Párrafo 1: Disposiciones generales

Artículos 35 a 36… 158

Párrafo 2: Sistema de justicia especializada

Artículos 37 a 41 ter… 158 – 160

Párrafo 3: De las medidas cautelares personales

Artículos 42 a 52… 160 – 163

Párrafo 4: Inicio de la persecución de la responsabilidad por la infracción a la ley penal por parte de un adolescente.

Artículos 53 a 58… 163 – 165

Párrafo 5: Juicio oral y sentencia

Artículos 59 a 61… 165 – 166

Título cuarto: De la ejecución de las sanciones y medidas.

Párrafo 1¨ Administración.

Artículos 62 a 68… 166 – 168

Párrafo 2: Derechos y garantías de la ejecución.

Artículos 69 a 70… 168 – 169

Párrafo 3: Del control de ejecución de las sanciones.

Artículos 71 a 77… 169 – 171

Título Final

Artículos 78 a 83… 172 – 174

Disposiciones transitorias

Artículos 1º a 3º… 174

1.5. Discusión en Sala

Fecha 23 de junio, 2004. Diario de Sesión en Sesión 9. Legislatura 351. Discusión General. Se aprueba en general.

SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL. Primer trámite constitucional.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos .

Antecedentes:

Mensaje, boletín Nº 3021-07, sesión 24ª, en 6 de agosto de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 2.

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 7ª, en 22 de junio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 11.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y originado en un mensaje de su excelencia el Presidente de la República, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Esta iniciativa, calificada con simple urgencia, se enmarca dentro de un conjunto integrado de reformas, que comprenden las nuevas normativas sobre tribunales de familia, el régimen de protección del niño y del adolescente, las modificaciones a la ley orgánica del Servicio Nacional de Menores y el sistema de financiamiento de la red cooperadora de dicho servicio, todo ello orientado a reformular las leyes y políticas relativas a la infancia y a la adolescencia, con el objeto de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales del país, en especial, a los principios rectores de la Constitución Política, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales de que nuestro país es parte.

Con esta iniciativa, al igual que con la reforma procesal penal, el país da un salto cualitativo en nuestro ordenamiento jurídico, desde la antigua ley tutelar del siglo XIX a una normativa que se compatibiliza con nuestra Constitución y con la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El objetivo central del proyecto se orienta a establecer un sistema especial para determinar la responsabilidad de los adolescentes frente a las infracciones de la ley penal.

Con tal finalidad, primero, considera adolescente al menor de 18 años y mayor de 14 años, y establece a su respecto, por primera vez en la historia del país, una respuesta especial del Estado frente a las infracciones de la ley penal. Lo anterior se fundamenta en la idea de que el adolescente es sujeto de derechos y no objeto de derechos de otros. Por eso, es un sujeto responsable, y, a su respecto, se puede establecer un estatuto especial de responsabilidad penal, diferente del de los adultos, esto es, adecuado a su condición de sujeto en desarrollo y al reconocimiento progresivo de su autonomía en el ejercicio de sus derechos. Por lo mismo, excluye expresamente de la aplicación de esta normativa a los menores de 14 años. Ello, en conformidad con los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que presume que, bajo una edad mínima, los menores no tienen responsabilidad penal y sólo son susceptibles de medidas de protección, y, en consecuencia, el Estado renuncia a toda acción en contra de ellos.

Lo señalado lleva a esta normativa, asimismo, a prescindir del trámite de la declaración de discernimiento como forma de determinar la imputabilidad, no sólo porque no condice con el criterio de responsabilidad atenuada que se reconoce al menor como sujeto en desarrollo, sino porque los estudios, investigaciones y análisis de la legislación comparada han arrojado, como una de sus primeras conclusiones, el reemplazo de dicho mecanismo por un límite legal de edad, en que, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, comienza la responsabilidad juvenil.

Segundo, reafirma el principio de legalidad, al establecer que solamente se podrá sancionar, conforme a las disposiciones de esta ley en tramitación, al adolescente que haya infringido la normativa penal y siempre que no concurra a su respecto alguna causal de extinción, exención o eliminación de responsabilidad.

En este aspecto, el mensaje hace presente que la actual legislación sobre menores contradice, en distintas materias, la normativa constitucional y los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, toda vez que la informalidad del sistema que establece con el afán de beneficiar a los menores, ha dado a lugar un sistema punitivo tutelar que no se somete a los controles constitucionales y vulnera permanentemente los derechos que la Carta Política consagra, tanto en el ámbito procesal como en el de las garantías sustanciales. Así lo demuestran la existencia de procesos sin forma de juicio, la aplicación de medidas sin la participación de abogados, las sanciones privativas de libertad que vulneran el principio de legalidad invocando la situación de irregularidad, los desajustes conductuales o las situaciones de peligro, circunstancias, todas, que ponen de relieve la ineficiencia de un sistema ideado para proteger a los menores, pero que ha devenido en un desmedro para su posición jurídica. Ello contrasta con el perfeccionamiento de la justicia penal para adultos, plasmado en el nuevo sistema de enjuiciamiento.

Tercero, distingue entre simples infracciones a la ley penal e infracciones graves.

El proyecto, asumiendo el principio de tipicidad y estableciendo un criterio de intervención penal reducida o moderada, tanto en relación con los delitos como con las sanciones, castiga las conductas tipificadas como crímenes o simples delitos en el Código Penal y demás leyes penales, pero excluye a la mayoría de las faltas.

Las infracciones graves, entre las que se cuentan el homicidio, la violación, el secuestro y la sustracción de menores, las mutilaciones y las lesiones graves, el robo con violencia en las personas, el robo con intimidación y el robo con fuerza en las cosas en lugares habitados, son las únicas que dan lugar a sanciones privativas de libertad, las que son consideradas de carácter excepcional y como medida de último recurso.

Todo lo anterior, sobre la base de buscar un equilibrio entre el principio de intervención mínima ante los adolescentes y el de protección de bienes jurídicos, atendiendo a la gravedad de la conducta delictiva.

Para determinar la pena y fijar su extensión temporal o cuantía se establecen una serie de reglas que el juez debe considerar obligatoriamente, lo que contrasta con la indeterminación que permite la actual normativa.

Las mencionadas reglas, entre las cuales se cuenta la edad del infractor, el número de infracciones cometidas y la proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y la severidad de la sanción, no obligan necesariamente al juez a aplicar una sanción privativa de libertad, dejándole el suficiente espacio para aplicar la sanción que sea más adecuada al caso concreto.

En cuanto a la evaluación de la gravedad de la infracción, el proyecto entrega algunas directrices. En primer lugar, establece la apreciación de si se trata de una infracción grave o no, y, luego, establece diversas consideraciones, tales como la naturaleza y extensión de las penas asignadas al delito, la extensión del mal causado y la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad, o si se trata de una o varias infracciones, sin que pueda imponerse una sanción separada para cada una de ellas.

Finalmente, en este punto se establece una limitante tendiente a evitar que la sanción aplicable a un menor pueda resultar superior a los dos tercios de la que le corresponde a un adulto por el mismo hecho.

Cuarto, establece una escala de sanciones privativas y no privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad se aplican a las infracciones graves, y son el arresto de fin de semana, que puede sustituirse por el arresto domiciliario; la internación en régimen semicerrado y la internación en régimen cerrado.

Tanto la internación en régimen semicerrado como en régimen cerrado propende a la inserción social del adolescente, mediante la aplicación de un plan de actividades que comprende el cumplimiento del proceso educativo del menor y el desarrollo de actividades socioeducativas de formación y de desarrollo personal.

Las sanciones privativas de libertad, siguiendo el principio de responsabilidad atenuada, no pueden exceder de cinco años ni ser inferiores a un año si se trata de infractores entre 14 y 16 años, o de dos años si la edad fluctúa entre los 16 y los 18 años.

Las sanciones no privativas de libertad, esto es, la amonestación, la multa, la prohibición de conducir vehículos motorizados, la reparación del daño causado, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad y la libertad asistida, se aplicarán a las infracciones menos graves y se caracterizan por su reorientación integradora del menor, con lo cual el tribunal contará con medios efectivos para responsabilizar, controlar y orientar al adolescente. Además, se establecen normas especiales para sancionar el quebrantamiento, las que habilitan para sustituir una pena por otra de mayor gravedad.

No obstante, sobre la base de la libertad que se deja al juez para apreciar las particularidades de cada caso concreto, éste podrá, excepcionalmente, alterar dichas reglas mediante resolución fundada, para lo cual deberá basarse en los criterios que el proyecto establece para la determinación de la pena.

Quinto, establece un procedimiento especial para el juzgamiento de estas infracciones, para lo cual dispone la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Penal. Este procedimiento se caracteriza por la concentración y por el interés de abreviar el proceso, de manera que la respuesta sea lo más cercana posible al hecho delictivo.

Se destaca la aplicación del principio de oportunidad, que permitirá a la fiscalía no iniciar la persecución de la responsabilidad penal o abandonar la ya iniciada cuando considere que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto o para la vida futura del imputado. Sin embargo, este principio no tendrá cabida en el caso de las infracciones graves, salvo en el robo con fuerza en las cosas. En todo caso, la víctima siempre podrá oponerse a la aplicación de este principio.

Asimismo, siempre que no se trate de infracciones graves, el procedimiento establece la posibilidad de que el infractor y su víctima lleguen a acuerdos reparatorios, los que podrán concertar en la primera audiencia. El juez sólo podrá aprobarlos si comprueba la libre expresión de los interesados y que las obligaciones que dichos acuerdos generen para el infractor, satisfagan el interés de la víctima y tengan un efecto educativo para el adolescente. Es importante destacar la participación que en estos acuerdos cabe a los padres o guardadores del adolescente, como facilitadores y garantes del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el infractor.

En cuanto a la concentración y agilización del procedimiento, el proyecto asigna a la fiscalía un plazo máximo de ciento ochenta días para el cierre de la investigación, el que podrá ampliarse hasta por treinta días a petición del fiscal, término que contrasta con el que establece la legislación para los adultos, que es de dos años.

Siempre dentro del procedimiento, se establecen varias medidas cautelares personales tendientes a garantizar el éxito de las diligencias durante la investigación, a proteger al ofendido y a asegurar la comparecencia del adolescente imputado a los actos del procedimiento.

En lo que se refiere a estas medidas, se establece un distingo según se trate de infracciones simples o graves. En la primera situación se encuentran, entre otras, la prohibición al imputado de salir del país o del lugar en que vive o que el juez indique; la prohibición de asistir a determinadas reuniones o espectáculos; la obligación de concurrir periódicamente al tribunal o ante la autoridad policial, y la prohibición de aproximarse al ofendido.

En el segundo caso, esto es cuando se trata de infracciones graves, se puede pedir el arresto domiciliario del infractor o su internación provisoria en un centro cerrado.

Estas medidas sólo pueden imponerse si los objetivos perseguidos con las medidas cautelares no se pueden alcanzar por otros medios y, en el caso de la última, solamente cuando aparezca como indispensable. No obstante, se establece un recurso de apelación para recurrir en contra de la resolución que la impone o que deniega la petición de ponerle término.

En todo caso, estas medidas son esencialmente provisionales y revocables, y estarán sujetas al principio de la proporcionalidad, por lo cual el juez no podrá dar lugar a una medida que aparezca como desproporcionada en relación con la sanción probable en caso de condena. Asimismo, el imputado siempre puede solicitar que se ponga término a la medida o que se la sustituya por otra que cumpla los objetivos que se tuvieron en vista al imponerla.

En lo que se refiere al juicio oral, que sólo procederá cuando el fiscal pida una pena privativa de libertad, debe realizarse dentro de los veinte días posteriores a la notificación del auto de apertura, y desarrollarse en una o más audiencias sucesivas en forma continua, debiendo asistir a él, como requisito de validez del juicio, el fiscal, el adolescente imputado y su defensor. Esta audiencia, en todo caso, debe realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces.

Todo el procedimiento contempla la aplicación de los principios de la oralidad y de la inmediación, puesto que las presentaciones son orales y se realizan directamente ante el juez, agilizando y acortando el procedimiento.

Finalmente, tratándose de un sistema que establece un mecanismo de determinación abierta de la pena, el tope de la sanción imponible no puede exceder de lo que solicite el fiscal.

Sexto, crea un sistema de justicia especializada, sobre la base de la organización que establece la reforma procesal penal. En este punto cabe destacar que corresponde el conocimiento de estas causas al juez de garantía del territorio jurisdiccional respectivo, especializado en el conocimiento de infracciones juveniles a la ley penal. Igual especialización se exige a los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, al juez del tribunal de familia y a los fiscales adjuntos, que deben ser nombrados por los fiscales regionales en cada fiscalía local.

En el caso de llegarse al juicio oral, éste debe ser conocido por una sala especializada de justicia penal para adolescentes, conformada por un juez del tribunal de familia y dos jueces del tribunal del juicio oral penal respectivo, uno de los cuales deberá presidirlo. La conformación señalada une la visión especializada en materia de familia y la especializada en materia penal que aportan sus integrantes.

Asimismo, la defensoría penal pública debe velar por que los abogados disponibles para asumir la defensa penal de adolescentes cuenten, también, con conocimientos especializados en justicia penal juvenil, debiendo considerarse esta circunstancia para las licitaciones respectivas.

Por último, cabe señalar que para los efectos de la especialización, la Academia Judicial debe contemplar, en sus programas de perfeccionamiento para los escalafones del Poder Judicial, los cursos de especialización en materia juvenil correspondiente.

Séptimo, establece, para la ejecución de las sanciones, centros de privación de libertad especializados, con la administración directa del Servicio Nacional de Menores. A éste le corresponderá, también, la revisión y fiscalización de las medidas sancionatorias no privativas de libertad que ejecuten las instituciones colaboradoras. Para los efectos de dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad, el proyecto establece tres tipos de centros especializados: los centros para la internación en régimen semicerrado, los centros cerrados, de privación de libertad, y los centros de internación provisoria. Los dos últimos pueden contar, para los efectos de seguridad y permanencia de los infractores, con una guardia armada externa a cargo de Gendarmería.

En estos centros deberán desarrollarse acciones específicas destinadas a respetar y promover los vínculos familiares de los adolescentes. Asimismo, deberá procurarse el cumplimiento del proceso educativo del menor y su participación en actividades socioeducativas de formación y de desarrollo personal.

Las normas de seguridad imperantes en dichos centros deberán respetar los principios establecidos en la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y demás tratados vigentes. Las normas de orden interno deberán reglar la procedencia del uso de la fuerza sólo aplicable para evitar daños que puedan autoinferirse los internos o bien en contra de terceros o de bienes materiales. En todo caso, deberán utilizarse por el menor tiempo posible. Igualmente, no podrán incluirse medidas que impliquen castigos corporales o degradantes.

En lo referente a las normas que regulan las medidas y procedimientos disciplinarios, el proyecto dispone que deberán estar contenidas en la normativa del establecimiento y tendrán por objeto contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria ordenada.

Entre las materias que necesariamente debe contener, están la mención de las conductas que constituyen infracciones disciplinarias, el carácter y duración de las sanciones, la autoridad para imponerlas y aquella que debe conocer y resolver los recursos que se interpongan.

La iniciativa regula, también, los derechos que corresponden a los adolescentes durante la ejecución de las sanciones, entre los cuales cabe mencionar los siguientes: ser tratados de manera que se fortalezca su respeto por los derechos y libertades de las demás personas; ser informados de sus derechos y deberes; darles a conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones o programas a que se hayan sometido, en especial las causales que pueden dar origen a sanciones disciplinarias; presentar peticiones ante cualquier autoridad competente; solicitar la revisión de su sanción; denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez, y contar con la asesoría permanente de un abogado.

Además, los adolescentes que se encuentren sometidos a una sanción privativa de libertad tendrán derecho a recibir visitas periódicas; al resguardo de su integridad e intimidad personal; a acceder a servicios educativos; a que se revise la pertinencia de la mantención de su sanción, y a mantener comunicaciones privadas y regulares, en especial con sus abogados.

En lo relativo al control de la ejecución de las sanciones, el proyecto entrega esta facultad al juez de garantía del lugar de cumplimiento de la sanción, quien deberá efectuar visitas periódicas a los recintos de privación de libertad en los mismos términos en que lo establece el Código Orgánico de Tribunales. Es decir, comprenderá, entre otras cosas, la entrevista personal con el condenado.

El juez de control o de garantía podrá también, de oficio o a petición del adolescente o de su defensor, revisar la sanción impuesta y sustituirla, siempre que se hubiere dado cumplimiento al menos a un tercio de la misma, por una menos gravosa, cuando ello sea más favorable para la integración social del infractor. La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de sustitución será apelable ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En todo caso, la internación en régimen cerrado no podrá sustituirse por una sanción no privativa de libertad, salvo la libertad asistida. Asimismo, cuando de los antecedentes aparezca que se han logrado los fines buscados con la sanción, el juez podrá revocarla. La resolución que se dicte al respecto también será apelable. No obstante, no se podrá hacer uso de esta facultad cuando, tratándose de medidas de privación de libertad, no se hubiere cumplido, al menos, más de la mitad del tiempo de la condena.

El proyecto establece una serie de reglas para el caso de quebrantamiento de la condena, que, en líneas generales, significa aplicar inmediatamente una sanción más gravosa que aquella que se quebrantó, ya sea por un tiempo determinado o por lo que resta de la condena.

Es importante señalar que el proyecto dispone que el menor deberá estar siempre en estos establecimientos especiales, aun cuando al momento de cumplir la condena tenga más de 18 años, salvo que se considere indispensable y necesario que pase al régimen penitenciario de adultos, caso en el cual deberá permanecer separado de los condenados adultos y, además, bajo el régimen del Sename, igual que los demás adolescentes.

Por último, dos aspectos especiales. En primer lugar, el financiero, respecto del cual en la Comisión se señaló en forma muy clara que, para que se cumplan los objetivos del proyecto, es preciso que en el Presupuesto de la nación se destinen los recursos necesarios al Sename, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Pública, precisamente con el objeto de que tengamos una justicia de menores realmente especializada. Sólo así cumplirán los objetivos de la iniciativa, tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana como de una verdadera inserción y rehabilitación social del menor. En caso contrario, esta iniciativa se convertirá en letra muerta.

Por eso, la Comisión se comprometió a hacer un seguimiento del aspecto financiero, y espera que en el Presupuesto se destinen los fondos que requieren todas las instituciones mencionadas, que estarán al servicio de la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes.

Un segundo aspecto que también consideró la Comisión, a fin de que la iniciativa cumpla sus objetivos, dice relación con una ley de protección del niño y del adolescente. Si sólo existiera una ley de responsabilidad penal del adolescente, estaríamos volviendo al siglo XIX. De ahí que resulta fundamental un proyecto de ley sobre esta materia. Esperamos que la iniciativa respectiva sea ingresada a tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara en los próximos días, según compromiso del ministerio de Justicia en tal sentido.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio). -

Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Luis Bates .

El señor BATES (ministro de Justicia).-

Señor Presidente, el proyecto que en estos momentos ocupa nuestra atención se enmarca en dos de los ejes centrales de la reforma integral impulsado por el Ministerio de Justicia: la reforma del régimen institucional vigente, destinado a la asistencia de la infancia y de la adolescencia, y la reforma de nuestro sistema de enjuiciamiento criminal.

El establecimiento de un sistema de responsabilidad penal fundado en la consideración de los adolescentes como verdaderos sujetos de derecho y capaces de responsabilidad, forma parte de la adecuación necesaria que debemos hacer como Estado respecto de nuestra actual regulación destinada a la infancia.

Desde que suscribimos la Convención de los Derechos del Niño, esta exigencia no sólo tiene un carácter ético y constitucional, sino que, además ha adquirido el carácter de obligación internacional. Esto exige hacer efectivo el principio de separación de vías, considerando como base la necesidad de regular una sistemática que se centre en la protección de los derechos esenciales de cada uno de nuestros niños, evitando, así, la consideración de factores sociales peligrosos, que, inevitablemente, nos llevan a dar respuestas discrecionales y a veces, arbitrarias.

Sobre esta base hemos pretendido reformular el sistema de medidas de protección que contempla nuestro ordenamiento jurídico, tales como perfeccionar el sistema a través del cual se transferirán los recursos al sector privado para cooperar en la acción que el Estado desarrolla a estos efectos; establecer un procedimiento que permita un análisis integral del problema de la infancia, y, finalmente, rediseñar la estructura del Servicio Nacional de Menores, con el objeto de posibilitar que, en el futuro, se haga cargo de estas nuevas modalidades de definición de la política dirigida a la infancia.

Esto no resulta completo si no establecemos un sistema paralelo de responsabilidad penal dirigido a los adolescentes, problema que hoy es asumido por la legislación tutelar, en forma altamente defectuosa, desprovista de todo concepto responsabilizador y que, en definitiva, no otorga herramientas efectivas para el tratamiento penal de este tipo de conflictos jurídicos.

Esto último se eleva claramente como una extensión de la reforma y reestructuración del sistema de enjuiciamiento criminal, cuya cara más visible se plasma en la llamada reforma procesal penal.

Los objetivos de esta reforma consisten, como lo saben los honorables diputados, en transformar nuestro actual procedimiento penal en una herramienta más efectiva para la persecución, investigación y sanción de los ilícitos de relevancia penal, compatibilizados con el respeto real y efectivo de las garantías individuales involucradas en este tipo de actuaciones judiciales. Esto se ha fundado en la falencia que presenta el actual sistema de justicia para el logro de ambos objetivos.

Sin embargo, no podemos olvidar que estas finalidades también deben plasmarse en los conflictos penales en que intervienen menores de edad, por cuanto en nuestro concepto no existe respecto de ellas diferencia alguna que permita excluirlas o diferenciarlas en el tratamiento de estos objetivos de Estado. Así, la necesidad de aclarar judicialmente un nivel de hechos delictuales ejecutados por adolescentes y de amparar las garantías procesales comunes a todo individuo no presentan diferencias, cualquiera que sea la edad del imputado, teniendo el Estado derecho a pretender tanto lo primero como la necesidad de respetar el debido proceso.

No podemos dejar de considerar que la etapa de desarrollo en que se encuentran los adolescentes exige la presencia de diferencias en el sistema de reacciones, a través de las cuales se haga efectiva su responsabilidad. En tanto, no es posible desplegar, a su respecto, un nivel de reproche y de exigencias de igual entidad que aquel que se despliega respecto de quien detenta el uso pleno de la totalidad de sus facultades y potestades individuales. Sin embargo, ello no implica que debamos relajar e, incluso, olvidar que detentan capacidad de responsabilidad y el derecho a que se les garanticen todas las características de un juicio justo.

Por eso, honorables parlamentarios, el proyecto propone lo siguiente:

1)Un régimen especial de responsabilidad penal para quienes tienen entre 14 y 18 años de edad, lo que implica, en primer lugar, terminar con el defectuoso sistema del discernimiento, que, sobre la base de condiciones sociales e historia de vida, define en concreto la concurrencia o ausencia de responsabilidad.

En segundo lugar, se asume que los adolescentes detentan responsabilidad, lo que puede habilitar la imposición de sanciones de carácter penal. Estas sanciones, como asimismo el sistema previsto para su determinación y aplicación, deben considerar que se trata de personas en desarrollo, con una noción de tiempo diversa de la de un adulto y con mayores posibilidades de intervención eficaz, con miras a su reintegración social.

2)Se establece la responsabilidad por todo delito contenido en la legislación vigente, atendiendo que el mensaje del legislador, al prohibir dichas conductas, se dirige a toda la población.

3)Nos parece muy importante que se establezca un catálogo de sanciones muy amplio, que va desde la amonestación hasta la privación de libertad, estableciéndose reglas que le permiten al juez ponderar las circunstancias y gravedad de cada caso concreto, para los efectos de fijar la sanción correspondiente. Para ello, cuenta con una serie de criterios fijados en la ley, a los cuales debe ajustar su decisión y, sobre todo, fundamentarla en ellos, de modo tal de permitir que, por la vía de los recursos, se pueda impugnar dicha resolución.

4)Para el establecimiento de la responsabilidad, se prevé un procedimiento que toma como base todas las ventajas que conocen los honorables parlamentarios del nuevo sistema procesal penal, introduciendo modificaciones que permiten adecuar dicho procedimiento a las características de los adolescentes. Particularmente, esto se expresa en la reducción de los plazos, en la reserva del proceso para terceros ajenos y en la procedencia de las salidas alternativas, entre otros.

5)Se prevé un sistema para el control de la ejecución de las sanciones. Esto permite hacer más efectiva la respuesta frente al quebrantamiento y evitar eventuales abusos en la ejecución de las medidas.

Como resultado de la aplicación del procedimiento, esperamos contar con un sistema que, de manera legítima en el contexto de un estado de derecho, permita fortalecer el respeto de todos, adultos y jóvenes, por nuestras normas y reglas básicas de convivencia. Creemos que no se puede ayudar al proceso de integración social de los adolescentes sin trabajar el concepto de responsabilidad. Un hecho de relevancia penal no es un mero desajuste conductual y debe recibir una respuesta de parte del Estado que permita crear conciencia al propio infractor de la acción en que ha incurrido acerca de su propia conducta. Ello sólo es posible si se afirma su responsabilidad.

Consideramos que ésa es una de las principales falencias del sistema actualmente vigente en Chile, el cual ha demostrado su ineficacia para alcanzar los fines de prevención y sanción que se le exigen.

Por otro lado, no resulta ajeno a nadie que hoy la ejecución de hechos ilícitos por parte de menores de edad es un tema que genera gran preocupación social. Frente a ello, son múltiples las medidas por adoptar, constituyendo este proyecto un elemento fundamental para la prevención de este tipo de infracciones.

Con esto se busca no solamente sancionar, sino educar, dar un mensaje claro, categórico y enérgico en los momentos de la vida en que probablemente con mayor fuerza se puede incidir en los caracteres de los individuos.

Por todo esto, señor Presidente, solicitamos a esta honorable Corporación dar su aprobación a esta iniciativa, que necesariamente constituirá una contribución, un paso importante, en miras a su más próxima entrada en vigencia.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Para iniciar el debate del proyecto, tiene la palabra la diputada señora Pía Guzmán .

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Señor Presidente, el debate de este tema ha durado muchos años y, por lo menos, tres ministros de Justicia han trabajado en él.

Es claro que el actual sistema para determinar el discernimiento y aplicar la responsabilidad penal de un menor entre 16 y 18 años, está agotado.

Los estudios especializados sobre la materia demuestran que en el caso del menor que ha delinquido y es llevado a un centro de orientación y diagnóstico, se debe esperar, más o menos, un mes para que se efectúen los análisis correspondientes a fin de determinar si tiene o no discernimiento. Al final, casi el 84 por ciento de ellos son devueltos a su vida cotidiana, ya sea a su familia o a la calle.

Por lo tanto, estimo que no tiene sentido seguir con un sistema que está transformando en más “profesionales” del delito a menores de edad, además de dejarlos sin ningún sentido de responsabilidad. Éstos son llevados a un centro de observación y diagnóstico, COD; conviven con menores reincidentes, que muchas veces han cometido delitos de mayor entidad; aprenden de ellos, y como no se pueden presentar cargos en su contra, no son llevados a juicio, lo que los hace no sentirse responsables de sus actos. Me parece que son razones importantes para preocuparnos del tema.

Desde muchos años, la responsabilidad penal de los menores de edad ha constituido un desafío, pues es un tema difícil de enfrentar. Conozco, por lo menos, tres anteproyectos al respecto. Además, se han realizado seminarios y nos han visitado representantes de distintas ONG. Incluso, tuvimos una conversación muy interesante con un grupo de jóvenes que delinquieron. Quisieron venir a darnos su testimonio a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y de ellos aprendimos mucho.

Ahora bien, también se presenta otro problema: la confrontación de dos fuerzas. Por un lado, la protección del menor de edad, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, y, por otro, los problemas de seguridad ciudadana, que hemos visto que han ido en aumento, sobre todo en los menores de edad. Según las últimas estadísticas, entre 1995 y 2000, el aumento de detenidos por robos con violencia en menores de edad creció, aproximadamente, en 300 por ciento. Obviamente, debemos responder a ambos imperativos con equilibrio, precisamente, una de las razones por la que ha sido difícil sacar adelante el proyecto y por la cual ha estado retenido durante tanto tiempo.

La Comisión de Constitución ha logrado un avance sustantivo al proponer una justicia especial. Quiero recalcarlo: una justicia especial para los menores de edad, porque, en primer lugar, queremos respetar sus derechos y, en segundo lugar, incentivar su responsabilidad cuando cometan un delito, de modo de lograr su rehabilitación para que, con posterioridad, no vuelvan a delinquir.

No sacamos nada con construir más cárceles, crear más tribunales y tener más policías en la calle si no nos preocupamos de rehabilitar a niños que incluso pueden ser primerizos. De lo contrario, no se mejorará la seguridad ciudadana.

El proyecto tiene aspectos positivos y negativos. Lo positivo es que claramente se define que a los 14 años el menor es responsable del delito que comete. Esto no significa que lo vamos a tratar como a un adulto. Se define un catastro de delitos graves y de sanciones diferentes a la privación de libertad, y, en lo procesal, se establece un tratamiento especial. O sea, no bastaría establecer que a los catorce años son responsables si se les da más de los mismo. En este caso, simplemente estaríamos muy mal.

Por otro lado, se garantiza que los menores de catorce años queden fuera de este ámbito; pero, como muy bien ha dicho el diputado informante, esto no sirve si no viene acompañado de una ley de protección de menores, que es absolutamente indispensable, pero cuyo proyecto aún no es enviado al Congreso. El paquete contempla tres proyectos; el que estamos discutiendo es uno de ellos.

Otro tema muy positivo es el que dice relación con la especialización. Los jueces, fiscales, defensores públicos e, incluso, los policías que van a participar en procedimientos de menores, necesariamente deberán tener estudios y capacitación para trabajar directamente con ellos.

El siguiente aspecto positivo, que considero realmente indispensable, tiene que ver con que avancemos hacia una justicia restaurativa, es decir, que restaure el daño causado. La justicia actual es retributiva, esto es, si se comete un daño, se paga por él.

En la mayoría de los países anglosajones existe una justicia que busca el encuentro entre el menor que delinque y la víctima, en que ésta última adquiere una importancia central para definir la sanción que se le aplicará al menor. Y de ese encuentro se genera la posibilidad de contar, por parte de la víctima, sobre el daño que se le ha causado, y, por parte del menor, la toma de conciencia del daño que ha ocasionado, lo que ayuda muchísimo a su rehabilitación. En Nueva Zelanda aplican este sistema desde hace muchos años, porque tiene que ver con la tradición de la justicia maorí. Incluso, han debido cerrar cárceles, porque la reincidencia de los menores ha disminuido en forma importante.

Lo que se ha aplicado a partir de los acuerdos reparativos, en que incorporamos algunos elementos de justicia restaurativa, es simplemente un germen de ésta.

¿Cuáles son los aspectos negativos? Primero, existe una excesiva discrecionalidad de parte del juez en la aplicación de las penas. Este tema fue discutido con amplitud en la Comisión. Aparece levemente acotado en el artículo 32, a propósito de las sanciones privativas de libertad, en relación con las edades, pero todavía se trata de un acotamiento bastante menor. Hay que trabajar más en este punto.

El segundo elemento que me parece negativo, respecto del cual, en conjunto con algunos diputados, hemos presentado una indicación, se refiere al hecho de que no se incorporan como delitos graves los que se establecen en las leyes antiterrorista, de armas y de drogas. Sé que son leyes especiales, que se aplican subsidiariamente; pero, en verdad, es necesario determinar que se trata de delitos graves, por las sanciones que se aplican. Es conveniente volver a discutir este tema en la Comisión.

Tercero, en materia procesal, se aplica supletoriamente el Código Procesal Penal y se hacen esfuerzos para que algunas de estas normas se apliquen a los menores de edad en la mejor forma posible; pero, en definitiva, ha resultado que, aunque queremos que exista un debido proceso para ellos lo que se ha logrado, hay demasiadas disposiciones previstas para la justicia de adultos, las cuales sería mejor revisar con mayor rigurosidad.

Por último, una de las cosas que más me preocupa, no sólo de este proyecto, sino también del Código Procesal Penal, tiene que ver con las medidas cautelares y su fiscalización. No es posible que en el arresto domiciliario, que es más positivo que la prisión preventiva, haya que poner a un policía de punto fijo en la casa de la persona a la cual se le aplica dicha medida. Ésta es una obligación, y así lo hemos señalado en la Comisión.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Señora diputada, le quedan treinta segundos del tiempo que le otorgó su bancada.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Señor Presidente, tengo tres minutos extra.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Señora diputada, el jefe de su Comité acaba de ratificar por escrito que usted tiene sólo doce minutos, tiempo que se ha cumplido.

diputado Pablo Galilea , ¿desea conceder otros tres minutos a la diputada Guzmán ?

El señor GALILEA (don Pablo).-

Por supuesto, señor Presidente.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Tiene la palabra su señoría.

La señora GUZMÁN (doña Pía).-

Señor Presidente, como le decía al actual ministro, señor Bates , y al anterior, señor Gómez , corresponde al ministro de Justicia implementar medidas, que existen en otros países y de las cuales se ha hablado mucho, que, obviamente, no permiten que el radio de estas personas sujetas a medidas cautelares pueda ser sobrepasado. Éste no es el momento para explicarlo, porque tengo poco tiempo, pero es importante que se sepa que las medidas cautelares no deben ser practicadas por policías, sino por un sistema que se determina y establece, a fin de poder hacerlas efectivas.

Es muy importante lo señalado por el diputado informante, señor Bustos , en cuanto al financiamiento. Aquí se establecen programas que entrega el Sename, especialmente para dar mayor educación, orientación, tratamiento a problemas sicológicos, de drogas y de alcohol; pero en estos momentos ese servicio no tiene los medios para hacerlos efectivos. En el Senado está parada la tramitación de un proyecto que aumenta las subvenciones para las distintas instituciones que colaboran con el Sename y que imparten estos programas; pero, si no se les financia, les aseguro que tendremos a los mismos niños delincuentes, porque todo lo que hemos hecho hasta ahora esta iniciativa es estupenda se convertirá en letra muerta, no tendrá cumplimiento, porque cuando no hay plata, no hay ninguna posibilidad de que este tipo de normas se aplique. Ahora, si queremos terminar con los problemas de seguridad ciudadana, debemos poner la plata encima de la mesa, y, en ese sentido, el apoyo al Presidente de la Comisión ha sido unánime.

Finalmente, este proyecto es, quizás, el más importante dentro del paquete de tres a que hicimos referencia, que contiene, en primer lugar, el proyecto de ley sobre protección de menores, que no nos ha llegado.

Sin financiamiento el representante de Hacienda evadió el problema en la Comisión y sin que se esté tramitando los tres proyectos involucrados, no vamos a conseguir lo que esperamos: un verdadero sentido de responsabilidad hacia los menores de edad.

He dicho.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala el subsecretario de Justicia, señor Jaime Arellano .

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala la directora del Servicio Nacional de Menores, Sename , señora Delia del Gatto .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Solicito el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala el asesor del Sename, señor Francisco Maldonado .

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el diputado Fulvio Rossi .

El señor ROSSI.-

Señor Presidente, el establecimiento de un sistema especial, que determina la respuesta del Estado ante infracciones de adolescentes a la ley penal, es un gran hito legislativo ante una necesidad urgente. Nuestro actual sistema vulnera claramente lo decía el diputado informante, Juan Bustos la Convención Internacional de Derechos del Niño e, incluso, nuestra propia Carta Fundamental, a través de procesos sin forma de juicio y sin participación de abogados. Si hacemos la comparación con la reforma procesal penal, hoy en curso en casi todo el país, existe una absoluta inequidad entre la justicia para adultos y la justicia para adolescentes.

Antes de hacer cualquier consideración con respecto al proyecto, es básico entender que el adolescente no es un adulto chico, sino un sujeto en permanente desarrollo, en una etapa de transición, que vive un período en el cual están presentes las crisis y, por lo tanto, está en un espacio privilegiado para políticas de intervención, en el sentido de reforzar ciertas conductas y modificar otras.

Como bien lo dijo el ministro de Justicia, el actual sistema, punitivo, tutelar, ha demostrado ser un fracaso en todos los lugares del mundo, porque no ha logrado proteger a los jóvenes adolescentes en riesgo social o vulnerables, ni tampoco sancionar, rehabilitar o reinsertar a los jóvenes infractores.

Por otro lado, tenemos el caso de jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años de edad, que, muchas veces, al ser declarados con discernimiento todos sabemos que en la legislación comparada no existe claridad ni una definición homogénea respecto de lo que se entiende por discernimiento, son juzgados y sancionados de acuerdo con el mismo sistema que rige para los adultos, sin considerar la etapa especial de sus vidas por la cual transitan.

Es importante entender, también, que la protección no debe ni puede entenderse como privación de libertad, como piensan algunos. Eso está claramente establecido en todos los tratados internacionales de protección de la infancia que Chile ha suscrito. Se equivocan quienes creen que con más cárceles y represión, y sólo con ello, vamos a derrotar la delincuencia. También se ha demostrado que es un fracaso. Debemos tener políticas no sólo para controlar el delito, sino también para prevenirlo.

Lamento, profundamente, cierta posición vulneradora de derechos de los niños por parte de algunas personas de la Oposición las más extremistas y menos garantistas, quienes han querido incluso, establecer penas de privación de libertad de diez y quince años para quienes cometen las infracciones más graves. Solamente quiero preguntar qué pasaría con un joven que ingresara a los catorce años a un recinto de adaptación social y egresara de él a los veintinueve. Muchas veces, el efecto desociabilizador, despersonalizador y reforzador de conductas delictuales es absolutamente evidente. Por eso, particularmente a partir de la aprobación de este proyecto, habrá un gran desafío para el Servicio Nacional de Menores, en el sentido de que la privación de libertad no signifique reforzar conductas delictuales, sino que, muy por el contrario, facilite la reinserción y la reintegración de estos jóvenes a la sociedad y a sus familias.

Como decía, la adolescencia es un período de cambios y de crisis. Por ello, insisto, es una etapa privilegiada para poder tener y aplicar políticas de intervención multisectoriales. Por eso, no entiendo que la Oposición se niegue a la jornada escolar completa y a mantener el 15 por ciento de los jóvenes vulnerables o en riesgo social en establecimientos particulares subvencionados. Ésas son las verdaderas herramientas para tener una juventud más sana, combatir la deserción escolar y rescatar a los jóvenes de la delincuencia. Para ello se requiere intervenir en sus familias, las cuales, muchas veces por su condición de pobreza, se ven obligadas a sacarlos de la escuela y a enviarlos a la calle para ayudar en su sustento.

Hay que flexibilizar los programas de estudio. Por eso, creo que el problema es tan complejo que no basta con más cárceles, con más sanciones, con más penalización. No son entendibles penas mínimas de uno o dos años, de un año para jóvenes entre catorce y dieciséis años, y de dos años para jóvenes entre dieciséis y dieciocho años. ¿Por qué establecer penas mínimas? ¿Por qué no dar la posibilidad al juez de otorgar, por ejemplo, una pena de seis meses? Chile tiene las cárceles llenas. El 70 por ciento de sus internos tiene entre dieciocho y treinta y cinco años. Cerca del 88 por ciento tiene educación básica y media incompleta, y el 50 por ciento consume droga a diario.

Quiero eliminar el estigma que existe sobre los jóvenes. Entre 1995 y 2001, del total de jóvenes aprehendidos por Carabineros, sólo un 5 por ciento lo fue por delitos contra la vida y la integridad física; el 20 por ciento, por medidas de protección, y el resto por delitos menores.

Asimismo, formulo un llamado al igual que la diputada Pía Guzmán para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, de una vez por todas, envíe a la brevedad el proyecto de ley de protección de la infancia. Los jóvenes no sólo deben ser sujetos de castigo, sino también de derechos y de protección.

Insisto en lo señalado por el diputado Juan Bustos : esta reforma de la justicia para los adolescentes será un fracaso si no se invierten los recursos necesarios para tener un sistema realmente especializado, tanto desde el punto de vista del Ministerio Público y de los fiscales como de la Defensoría Pública y los tribunales. De la misma forma, considero importante lo que se señaló respecto de la Academia Judicial.

Por eso, insisto en la necesidad de que se alleguen recursos.

Sintetizando, estamos ante un gran proyecto. Pero hubiera querido que él se enfocara más hacia la rehabilitación y la reinserción que hacia el castigo, porque, como dije, los jóvenes no sólo deben ser sujetos de penalizaciones y castigos, sino también de derechos.

Encuentro lamentable que con esta legislación haya jóvenes infractores, con edades entre 14 y 18 años, que permanecerán recluidos durante el mismo tiempo que Manuel Contreras , a quien, con las medidas de prescripción, le rebajaron en 3 grados la pena, con lo cual sólo se le condenó a 6 años de presidio.

He dicho.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Víctor Pérez .

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, el proyecto es trascendente, porque existe la sensación, nítida y evidente, de que los niveles de delincuencia han sufrido un aumento considerable en los últimos tiempos, pero también de que muchos de estos actos delictuales ahí están las cifras son cometidos por adolescentes y por jóvenes.

Quien me antecedió en el uso de la palabra expresó una serie de conceptos, pero, lamentablemente, olvidó elementos que, a nuestro juicio, es importante tener presentes en una discusión de esta naturaleza: que en los últimos cinco o seis años, durante el Gobierno en el que él ha participado activamente, los jóvenes han sido duramente castigados con cifras de desempleo superiores al 20 por ciento; que los jóvenes y, muchas veces, sus familias, han sido castigados con la cesantía en forma permanente. Eso, sin duda, explica el aumento significativo de la participación de los adolescentes en organizaciones criminales y, consecuentemente, de los delitos a nivel de poblaciones, comunas y provincias.

Hemos contribuido en la elaboración del proyecto porque su espíritu es tener una justicia especializada y que los jóvenes que cometen delitos sean tratados en forma distinta de los adultos en lo que respecta a la justicia penal. Esta legislación tendrá éxito sólo en la medida en que contribuya a terminar con la carrera delincuencial; será exitosa sólo en la medida en que esos jóvenes, tratados por una justicia especializada, puedan efectivamente rehabilitarse y abandonar la carrera criminal. Esa será la evaluación correcta en esta materia. A lo mejor, en quince o veinte años otros diputados podrán ponderar la normativa que hoy elaboramos.

En las ideas generales todos estamos de acuerdo. Concordamos en que, a partir de los catorce años, a las personas no sólo se les reconozcan derechos, sino también la capacidad para infringir las leyes penales y, por tanto, para asumir una responsabilidad especial por su condición de menores de edad, pero con la contrapartida que conlleva dicha capacidad: deberá tener una determinada sanción.

Estamos de acuerdo en que aquí debe haber una justicia especializada: los jueces que conozcan de hechos delictuales en los cuales participen menores de edad, han de tener especialización para verlos con las particularidades y especificidades de los adolescentes.

Queremos que el Ministerio Público actúe a través de fiscales especializados en materia de menores, para que la visión de quien acusa, de quien persigue la responsabilidad y busca castigar a un menor, también tenga en cuenta las particularidades de los adolescentes. Asimismo, deseamos que la Defensoría Penal Pública tenga un rol fundamental en relación con las particularidades de los adolescentes; que este organismo y sus fiscales no actúen como lo hacen respecto de un adulto, sino pensando en que están frente a un adolescente.

Estamos de acuerdo en un sistema de justicia especializada para determinar el tratamiento que se les dará a los menores de entre catorce y dieciocho años que infrinjan la ley penal. Por eso, queremos avanzar en este proyecto. Podrá haber ciertos perfeccionamientos de carácter técnico en las normas relativas, por ejemplo, a los delitos graves. A mi juicio, hay que incorporar otras que son fundamentales. Por consiguiente, daremos nuestra aprobación a esta iniciativa.

Por otra parte, quiero poner especial énfasis en un planteamiento hecho por señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, en particular el diputado informante, relativo a los recursos que se requieren para llevar adelante esta legislación.

El Título Cuarto, “De la Ejecución de las Sanciones y Medidas”, en su artículo 62 establece: “Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad que se aplican bajo las modalidades señaladas en los artículos 30 y 31 de esta ley y a la medida de internación provisoria, existirán tres tipos de centros, respectivamente:

“a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado.

“b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad.

“c) Los Centros de Internación Provisoria.”.

Dichos centros son elementos centrales para la aplicación de medidas para adolescentes que han infringido la legislación.

Si uno revisa los artículos 30 y 31 mencionados, se da cuenta de la importancia tanto de ese tipo de sanciones como de la existencia de los referidos centros.

Las preguntas son: ¿dónde está el financiamiento de estos centros?; ¿cuántos centros de esta naturaleza existirán en las distintas comunas?; ¿cuántos de ellos está proyectado construir o habilitar en los próximos dos o tres años? Vamos a aprobar una legislación que establece, por ejemplo, la internación en un régimen semicerrado. ¿En qué consiste esto, de acuerdo con lo que eventualmente vamos a aprobar? La sanción de privación de libertad de acuerdo con la modalidad de internación en régimen semicerrado será decretada por el tribunal. Ella consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un plan de actividades desarrollado tanto en el interior del recinto como en el medio libre.

Pensemos, por ejemplo, en un joven que comete un delito en la comuna de Los Ángeles, a la cual represento. ¿Dónde está ese centro en dicha comuna? ¿El adolescente que cumple una pena de cierta naturaleza deberá ir por la noche o a una hora determinada del día a una región o a una comuna distinta? Vamos a dictar una ley en que el elemento medular es el cumplimiento de determinadas sanciones. ¿Alguno de nosotros tiene certeza de dónde se cumplirán esas sanciones y penas? ¿Podremos avanzar seriamente en una legislación respecto de la cual no tenemos información sobre cuántos centros habrá en nuestras regiones y distritos para la internación bajo régimen semicerrado, en centros cerrados de privación de libertad y en otros de internación provisoria? No queremos que los adolescentes vayan a los establecimientos penales para adultos, ni estamos dispuestos a que no se apliquen estas sanciones. Postulamos que el elemento central de esta legislación se aplique en pro de la rehabilitación. A nuestro juicio, estos centros son claves. Sin embargo, tal como se detalla en el informe, no existe información alguna.

Los personeros del Ministerio de Hacienda que concurrieron invitados a la Comisión de Hacienda no dieron una respuesta clara sobre la materia.

¿Dónde están los recursos para esos centros, que, a nuestro juicio, constituyen un elemento central de la legislación que hoy discutimos?

He dicho.

El señor HALES (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, es importante empezar el análisis del proyecto recordando sus ideas matrices, tal como lo han hecho detalladamente el diputado informante, la diputada señora Guzmán y otros colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Es preciso tener claro aquello que hoy vamos a votar en general.

A mi juicio, la primera idea matriz o fundamental es reformar radicalmente la respuesta del Estado ante los actos que revisten carácter de crimen o simple delito cuando son cometidos por personas menores de 18 años, por la vía de introducir, por primera vez en Chile, un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años. O sea, a esta altura del siglo XXI, no tenemos un sistema de responsabilidad penal para los jóvenes y, concretamente, no tenemos absolutamente nada.

La segunda idea matriz es, desde un punto de vista jurídico, el hecho de que esta reforma estructural se fundamenta en que la actual legislación de menores en no pocas materias entra en contradicción con las disposiciones de la Constitución Política y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y, en algunos casos, vulnera directamente dichos cuerpos, lo que nos pone, además como lo hará presente el diputado señor Riveros , en una situación muy compleja respecto del derecho internacional.

Una tercera idea matriz dice relación con que el Estado asume de manera activa la acción contra el delito, y la conducirá de modo que la política criminal se convierta en garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Hay que desarrollar un completo sistema judicial dinero y administrativo dinero que asuma el problema de la delincuencia y de las infracciones de los jóvenes, la prevención del delito y la preservación de la paz social y la seguridad de los ciudadanos. Esas son las tareas que están detrás de esto.

La cuarta idea fundamental es que esta reforma estructural fomentará el sentido de responsabilidad de los adolescentes y permitirá resolver graves conflictos interpersonales derivados de las infracciones a la ley penal, a través de un sistema de justicia que garantice los derechos de los imputados y de las víctimas.

Es bueno señalar que el proyecto, a mi modesto entender aparte de todas las ventajas y los perfeccionamientos posibles por realizar, que señalaré más adelante, asume un problema pendiente desde siempre en nuestra sociedad, es decir, no de éste o de otro gobierno. Es muy difícil creer que un país avanza en la modernización si no tiene un sistema penal juvenil. Es una contradicción demasiado profunda, de la que debemos hacernos cargo con urgencia y con rigor.

El proyecto tiene la gracia de que no responde con facilismos. Por eso es importante felicitar a los autores de sus ideas principales, es decir, los asesores del Ministerio de Justicia en esta área y muchas de las corporaciones que han colaborado en su concreción, algunos de cuyos representantes se encuentran en las tribunas.

Quiero citar una frase de uno de los mejores libros que me ha tocado conocer sobre el tema: “La conducta antisocial de los jóvenes”, de Rutter, Giller y Hagell, tres estudiantes de la universidad de Oxford que hicieron su tesis sobre esta materia, que señala: “El afán populista por castigar.

“De manera creciente, durante los últimos veinte años los políticos” me incluyo “han estado recurriendo a (y utilizando para su propio provecho) lo que creen que es la actitud del público, en términos generales punitiva, con respecto a la delincuencia, especialmente la juvenil.”

Esto es fundamental. Un país serio, como el nuestro, no puede responder de esa manera a una situación tan compleja como ésta.

La diputada Guzmán leyó algunos datos interesantes recogidos hasta el año 2000. En mis manos tengo un informe de la fundación Paz Ciudadana, en el que figuran datos hasta el 2003. Entregaré algunos de ellos para dar cuenta de la complejidad de la situación.

Sólo el 45 por ciento de las personas aprehendidas son puestas a disposición de los tribunales, ya que el sistema está colapsado y no se han creado más tribunales. Es decir, no se llegó a la conclusión de que estas personas no cometieron una infracción, sino que esto se debe a que el Estado no tiene capacidad, y nunca la ha tenido, para poder rehabilitarlos. Los avances que se han hecho a este respecto en la última década son notables, pero sigue habiendo una deuda.

La aprehensión de menores entre catorce y diecisiete años aumentó en la última década en 116 por ciento. Por lo tanto, la acusación de mano blanda no es cierta, porque la cantidad de gente joven aprehendida aumentó de manera impresionante.

Además, este hecho da cuenta de una situación mundial. Hay un crecimiento muchas veces exponencial de las conductas delincuenciales o antisociales de los jóvenes en el mundo. Sostener que sus causas son las políticas permisivas sería, a mi juicio, un error, porque la causa fundamental es la sociedad que estamos construyendo. La situación tiene relación con lo que sucede dentro de la familia, y aquí me refiero a la familia en su más amplia dimensión, no sólo a la familia cristiana. ¿Qué pasa con las doce o catorce horas en que los padres están ausentes del hogar por su trabajo? Eso tiene absoluta relación con la situación que estamos viviendo, y debemos hacernos cargo de ello desde el punto de vista de la prevención. Por eso, uno de los elementos centrales del proyecto es la prevención, las políticas previas. Incluso, en muchas partes del mundo, las políticas previas de contención del delito empiezan en la educación preescolar, es decir, a los tres o cuatro años, porque lo que se deja de hacer, sobre todo en lugares vulnerables, es muy difícil tratar de hacerlo después; y si se hace después, cuesta conseguir éxito.

En consecuencia, la tarea es fundamental, y ésta es una buena estructura para cumplir con ella.

Fulvio Rossi dijo una cosa interesante. No obstante el aumento de la aprehensión, los datos demuestran que el grueso de la actividad delictiva no está vinculada a delitos graves o muy graves. Por ejemplo, sólo el 1 por ciento fue aprehendido por el delito de homicidio; sólo el 0,4 por ciento por violación. En cambio, el 26 por ciento de los aprehendidos fue por robo con fuerza en las cosas, mientras que el 45 por ciento de quienes fueron aprehendidos por hurto corresponde a personas menores de 18 años.

En consecuencia, tenemos un inconveniente respecto del inicio de la carrera delictual. Me parece que estamos tratando mal a los jóvenes que incurren en conductas antisociales por distintas razones, las que, desgraciadamente, van aumentando en escala. Es muy probable que un joven golpeado en su casa, cometa un hurto, y existe una alta posibilidad de que, si la sociedad no asume la obligación de trabajar en su rehabilitación, su próximo delito sea de mayor cuantía. Pero eso no es responsabilidad del joven, sino de nosotros, los adultos, que no hemos sido capaces, más allá de los avances que puedan haberse logrado, de dar una salida alternativa.

El proyecto, en términos generales, ayuda en ese sentido. El trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Justicia en esta iniciativa es bueno, positivo; pero, en mi modesta opinión, hay que darle una segunda vuelta corta, breve en la Comisión de Constitución, porque hay un par de temas importantes que deben ser revisados.

Con el diputado Bustos vamos a presentar una indicación que tiene por objeto resolver un inconveniente jurídico mayor que se creó con ocasión de la promulgación de la ley sobre pedofilia. Él lo va a explicar. Dice relación con el significado penal que tiene lo que establecimos en esa ley. Ésta es una buena oportunidad para resolver ese inconveniente, porque esa iniciativa está relacionada con los jóvenes.

Por otra parte, presenté una indicación no tengo absoluta certeza de que sea necesariamente indispensable; habría que discutirla, por lo cual hemos excluido del artículo 7º, referido a las infracciones graves, que constituyen un catálogo muy restrictivo, el grado de tentativa, que figura en el artículo 7º del Código Penal.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, mi bancada me ha concedido tres minutos más.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Los voy a descontar del tiempo de su bancada.

Puede continuar.

El señor BURGOS.-

No hemos hecho una discusión muy profunda de por qué lo estamos haciendo. Me parece que hay que profundizar en eso. Además, según mi modesto entender, hay una incongruencia, porque al sacar del artículo 7º la tentativa como posibilidad de infracción, no nos hicimos cargo de algunos delitos que siempre se castigan, aun cuando sólo haya principio de ejecución, como la violación. A lo menos, hay que hacerse cargo de ello, pues no está resuelto en el artículo 7º, por lo que se requiere de un segundo análisis.

De allí las dos indicaciones.

En el tiempo que me queda, me voy a referir al tema de las platas.

El funcionamiento real y concreto de la estructura que se crea está condicionado a la disposición de fondos públicos.

No tengo una visión tan negativa respecto de lo que hemos escuchado de los representantes del Ejecutivo en la Comisión. Por ejemplo, en materia de infraestructura, de las exposiciones del ministro y del subsecretario de Justicia, y de la directora del Servicio Nacional de Menores, me quedó claro que los fondos están disponibles y que sólo falta la construcción de un par de centros, particularmente en Punta Arenas y en Aisén.

Respecto de los fondos para el plantel de personas que se van abocar al trabajo de la prevención, de las medidas que no importan privación de la libertad me refiero a los protectores, a los delegados, tengo algunas dudas de si estamos en condiciones de asumir esa gran tarea, por sus costos. Ahí hay que allegar fondos.

Me preocupa, por ejemplo, que en la ley de rentas II o III, no recuerdo bien cual, se esté quitando dinero al Sename de las multas que van en su beneficio, por lo que, por otra vía, se le deberán reintegrar esos recursos, porque se requerirá un esfuerzo fiscal notable para poner en práctica lo que dispone el proyecto.

Para terminar, mi impresión es que estamos en presencia de un muy buen proyecto, que da cuenta de una decisión históricamente postergada, esencial. Necesitamos saber qué está pasando con la delincuencia juvenil en nuestro país, en qué momento empiezan a delinquir los muchachos, por qué razones comienzan a hacerlo. Faltan estudios sobre eso. Pero esta estructura de respuesta me parece un buen camino. Creo que es perfectible y que en la Cámara podemos hacer algo más.

No me pude referir a un tema esencial mencionado por la diputada Pía Guzmán , como es el de la justicia restaurativa. En eso podemos avanzar. Hay un solo reenvío al Código Procesal Penal; pero creemos que, a partir de este proyecto, se comenzará a aplicar la justicia restaurativa. Enfrentar al menor con la víctima, cara a cara, y que aquél conozca el dolor de ésta, es fundamental, porque el joven está en una condición sicológica de entender el dolor que infligió a otra persona y, a partir de eso, entrar en una recuperación social. En esta materia falta por avanzar.

A mi juicio, debemos aprobar en general el proyecto y devolverlo, por breve plazo, con las indicaciones presentadas, a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señor Presidente, hoy estamos avanzando en pagar la enorme deuda que el país ha contraído durante los últimos 15 años con los jóvenes. Todavía quedan muchas materias pendientes, como avanzar en la ley de protección de menores y diseñar políticas públicas claras respecto de niños y adolescentes. Estamos pagando la deuda contraída con ellos en materia educacional, pero recién estamos empezando.

Sin embargo, me preocupan las distintas motivaciones que inspiran el proyecto. A veces, da la impresión de que ciertos sectores han cambiado el enemigo interno del país. En la ley de seguridad del Estado, el enemigo interno era el peligro izquierdista, y en la de seguridad ciudadana, es el joven poblador, ese que vive en Renca Nuevo o en La Pincoya.

Varios diputados han entregado cifras que no se condicen con esa realidad. Algunos periódicos han ido construyendo una imagen comunicacional terrible en cuanto a que esos jóvenes pobladores son el mayor peligro que atenta contra la seguridad de las personas.

Es un hecho que la delincuencia juvenil eso está estudiado internacionalmente tiene sus causas en un daño psicosocial. Estoy de acuerdo con el diputado Burgos en que se trata de un tema que es necesario profundizar, por cuanto el daño psicosocial tiene su origen en familias en las cuales existe violencia intrafamiliar, deserción escolar, abuso sexual y, sobre todo, carencia de una educación afectiva que permita reconocer al otro no como un atacante, sino como un ser que merece respeto, para crear una ligazón de empatía. Obviamente, una persona que daña a otra no reconoce a ese otro como un igual. En eso subyace un problema de desarrollo y de carencia de afectividad que provoca que el joven delinca.

Está demostrado internacionalmente que el daño psicosocial es el que transforma al joven en victimario. Es muy distinta la conducta delictual o criminal de los jóvenes que la de los adultos. Esta última puede estar o no vinculada con una situación de daño psicosocial, pero en los adultos se dan conductas delictivas mucho más complejas. De otro modo, no se explicaría la conducta de un delincuente que roba millones y no le importa nada pasar por encima de la gente. Quizá puede haber un daño psíquico, pero no psicosocial. Éste debe ser el centro del proyecto: reconocer que existe un daño psicosocial. En tal sentido, el sistema de responsabilidad penal juvenil debe velar por repararlo, a fin de lograr la rehabilitación conductual y la reintegración social. Por eso, es importante que nos detengamos en estos aspectos.

Diría que estamos en deuda con la legislación internacional en esta materia. Ahora quedaremos en un mejor nivel. Este proyecto pretende lograr la rehabilitación de los menores, para lo cual necesitamos medios económicos. Sin embargo, tengo la impresión de que la disponibilidad de los recursos no está clara. No podemos seguir con duplas de profesionales en el área psicosocial a cargo de cuarenta niños.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Señora diputada, ha concluido el tiempo que le asignó su bancada.

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Desgraciadamente, se ha limitado el tiempo para tratar un proyecto muy importante. Es cuanto puedo señalar por ahora.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señor Presidente, quiero expresar mi opinión favorable a la idea de legislar sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, es decir, personas que tienen entre 14 y 18 años de edad, y la forma de enfrentarlos como sociedad cuando cometen algún tipo de delitos.

Los hechos sobre los cuales se fundamenta esta iniciativa son los siguientes: en primer lugar, de acuerdo con nuestra legislación actual, si los menores de 18 y mayores de 16 años de edad cometen un acto delictivo, deben ser examinados para saber si actuaron con discernimiento. Si se determina que es así, se les aplican todas las reglas comunes y similares a las que se emplean con los delincuentes adultos, tanto en los tribunales que conocen las causas como en los procedimientos, las penas, los centros de reclusión, las medidas de reclusión, etcétera. Es decir, no existe una discriminación suficientemente fina que nos permita enfrentar con éxito la delincuencia adolescente y juvenil.

En segundo lugar, por todos es sabido que las cárceles son escuelas del delito. Es decir, cuando nosotros, como sociedad, condenamos a menores a una pena privativa de libertad y los enviamos a una cárcel, aunque dentro de ella pueda haber, teóricamente, lugares destinados a ellos, separados de los adultos, en el hecho se confunden y sucede lo peor: las cárceles se convierten en escuelas del delito y hacen a los jóvenes más delincuentes de lo que eran en el momento de ingresar en ellas.

En tercer lugar, en los últimos años ha habido un aumento inmenso de la delincuencia adolescente. Los jóvenes han entrado, precozmente, al mundo de la delincuencia. De hecho, son utilizados por los adultos en delitos no menores, como homicidios, violaciones y tráfico de drogas.

Por lo tanto, era indispensable que, como sociedad, nuestro país tomara cartas en este asunto, asumiera la gravedad de los hechos y propusiera una legislación que discriminada, en forma fina, para enfrentar el aumento de la delincuencia juvenil y lograr la rehabilitación del delincuente.

La pena, por regla general, tiene una finalidad de retribución, de dar a cada uno lo suyo; y si el delincuente se hace acreedor a una pena, eso es lo suyo. Ése es el fundamento básico, la finalidad esencial de la pena.

La rehabilitación del delincuente siempre es importante, pero consecutiva de lo anterior. En cambio, cuando se trata de delincuentes adolescentes, la rehabilitación adquiere preponderancia. No digo que sea el objetivo final de la pena será siempre el retributivo, pero la rehabilitación adquiere un carácter fundamental. Estos jóvenes están en condiciones de ser rehabilitados; el país necesita que lo sean y que se integren completamente a las actividades honestas y productivas de la sociedad. A esa edad es menester rescatarlos del delito.

Por eso, son muy importantes algunas ideas del proyecto, como la distinción entre diferentes tipos de sanciones privativas de libertad: arrestos de fin de semana, arresto domiciliario sustitutivo, internación en régimen semicerrado, y solamente como última medida, internación en régimen cerrado. También es importante destacar los distintos lugares en los cuales se cumplirán las penas: los centros de internación en régimen semicerrado, los centros cerrados de privación de libertad y los centros de internación provisoria.

Como decía el diputado señor Víctor Pérez , ahora corresponde ver de dónde saldrán los recursos para poner en práctica todas estas ideas que, como tales, son brillantes. Ese tema lo discutiremos cuando nos corresponda ver la ley de Presupuestos.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el entorno en el cual ha crecido la delincuencia adolescente, sobre todo en los últimos siete años, pues la cesantía ha golpeado en forma extremadamente dura, en especial en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, donde los horizontes profesionales, laborales y familiares se cierran a la juventud, que debe emigrar para buscar nuevos horizontes o bien dedicarse a la delincuencia.

Considero indispensable abordar el tema del trabajo juvenil; abrir espacios para aumentar en forma importante la participación del joven en la fuerza laboral, y, de esa manera, evitar que en algún momento pueda ser tentado por la delincuencia, la drogadicción y el tráfico de drogas.

También me parece indispensable reforzar todo lo que diga relación con la familia. Creo que, en una medida muy importante, estamos cosechando la forma frívola con que se ha tratado la familia en Chile; la desconsideración y desvalorización del matrimonio y de la familia como los caminos de la perfección humana. A los jóvenes se les enseña que da lo mismo la forma en que usen su sexualidad; se les incita a que hagan uso casi animal del sexo e, incluso, a tomar precauciones para evitar lo que es su finalidad máxima: la procreación. Es indispensable educar a la juventud en los valores. No podemos seguir con la predica de un relativismo moral que hace de la libertad por la libertad su único fin, y de la conciencia individual autónoma, como único criterio de moralidad, porque ahí simplemente vamos derecho a la anarquía.

Por último, no puedo dejar de manifestar que los hechos irán demostrando que la ley tendrá carácter temporal, sea cual fuere nuestra buena intención al aprobar el proyecto, porque el descenso de la natalidad es tan brutal en nuestro país de 350 mil nacimientos por año ha bajado a menos de 200 mil, en muy poco tiempo y con tendencia a la baja, que pronto nos quedaremos sin jóvenes a los cuales aplicar la ley. Este tema también debe preocuparnos, porque hay un temor a la juventud que realmente debiera inquietarnos. Creo que necesitamos más juventud y, por supuesto, evitar que ésta caiga en la delincuencia.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Zarko Luksic .

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, quiero sumarme a la satisfacción por el proyecto en debate, que rebaja la edad de responsabilidad penal a los 14 años y termina con un sistema arcaico: el discernimiento. No quiero referirme a ese tema, porque hemos tenido oportunidad de discutirlo en otras ocasiones.

Quiero aprovechar la oportunidad de referirme al libro que me prestó el diputado señor Burgos , titulado “La conducta antisocial de los jóvenes”, de Michael Rutter , Henry Giller y Ann Hagell , que establece claramente la decisión de los países desarrollados de reducir la edad para otorgar responsabilidad penal. Hay casos bastante increíbles: Estados Unidos de América, Irlanda del Sur, Liechtenstein , Singapur y Suiza establecen que la responsabilidad penal comienza a los siete años de edad; Escocia e Irlanda del Norte, a los ocho años; Jordania y Malta , a los nueve años. Otros países la fijan en doce, trece o catorce años, la gran mayoría.

Por lo tanto, con el proyecto en estudio pretendemos corregir una situación anómala, excepcional, que estaba viviendo nuestro país, al establecer la responsabilidad penal a los 16 años, con la figura del discernimiento.

Se termina esa sensación de indefensión que existe en la comunidad, frente a una creciente comisión de delitos con participación de menores de 18 años. Ya se mencionaron algunas cifras. Si sumamos robo con violencia y robo con fuerza, llegamos a que 44 por ciento de esos delitos los cometen menores de 18 años. Por lo tanto, debemos hacernos cargo de la realidad que vive la gente de los sectores populares. Cuando un menor de 18 años comete un delito robo o hurto, o causa lesiones, Carabineros lo lleva a la comisaría, presenta la denuncia; el menor pasa por los tribunales un día, y de nuevo está en libertad. ¿Cuál es la sensación del mundo popular? De absoluta indefensión. Por consiguiente, con esta iniciativa damos respuesta a una realidad.

Por otra parte, además de terminar con esta indefensión, a los jóvenes se les otorga una oportunidad para rehabilitarse. Ahí está el equilibrio. En ese sentido, el proyecto se ajusta a las garantías que establece nuestra Constitución y a los pactos internacionales. Se crean centros privativos de libertad especiales, y otros, no privativos de libertad, sino que ayudan a los jóvenes que sufren dramas de carácter familiar y comunitario, lo que fue muy bien explicado por la diputada señora María Antonieta Saa y por el diputado Jorge Burgos . Se trata de jóvenes que, por diversas razones, como pobreza o maltrato, cometen delitos o infracciones. En consecuencia, debemos hacernos cargo de su formación y rehabilitación.

Un interesante debate versa respecto de qué tipo de familia estamos construyendo en nuestro país; de qué manera las políticas públicas están orientadas a construir familia; de qué manera contribuimos a la formación de familias monoparentales; de qué manera la infracción de una norma o comisión de un delito se debe a la ausencia de un padre; de qué manera obligamos a los padres a que se hagan responsables de sus hijos e hijas.

Creo que hay un debate mucho más profundo; no es el momento de realizarlo, pero es bueno dejar constancia de ello. Existe un drama familiar y un drama comunitario. A través de este proyecto, nos hacemos cargo de terminar con la indefensión de los jóvenes; pero también de otorgarles la posibilidad de rehabilitación, porque es un deber de la comunidad y de nosotros, como legisladores.

Por otra parte, es necesario discutir cómo rehabilitar al joven infractor. Nos falta ese debate. Ese joven ya infringió; ya tiene una familia destruida, la comunidad ya lo estigmatizó: es un drogadicto, un alcohólico; está en una pandilla, en una banda; no tiene dónde ir, y carece de protección.

¿Qué métodos estamos utilizando para la rehabilitación de ese joven? El tema todavía no lo hemos discutido a fondo. Sólo lo hemos hecho de manera lateral, pero no frontal.

Debemos avanzar hacia una justicia más restaurativa. Existen medidas como la mediación, la reparación, la compensación, el servicio a la comunidad, el enfrentamiento con la víctima, la reinserción. Para mejorar en esos aspectos, debiéramos aprovechar la experiencia de otros países.

Vamos a contar con centros privativos de libertad. Se mencionó que prácticamente en todo el país, salvo en la Undécima y Duodécima regiones, ya se están construyendo los centros de observación y diagnóstico, COD, y los Centros de rehabilitación conductual, Cereco . Vamos a tener la infraestructura, la alimentación; pero me preocupa cuál será el método y qué recursos se destinarán para que efectivamente los menores se reinserten en la comunidad. Me interesa saber qué instrumentos se aplicarán para que esos niños reciban mayor protección y afecto, y salgan adelante.

Ése es un tema pendiente que requiere ser discutido; de lo contrario, este sistema no servirá de nada. Tendremos un tribunal oral, con participación de jueces de la familia y de jueces penales, propio del sistema procesal penal, y contaremos con los centros de privación de libertad; pero si no existe un procedimiento para rehabilitar a los jóvenes, todo eso no servirá de nada.

Me alegro, porque esta iniciativa constituye un avance, en términos de situarnos un poco a la altura de lo que ocurre a nivel mundial en esta materia; de permitirnos terminar con la situación de indefensión que vive la comunidad, y de otorgar a los jóvenes la posibilidad de rehabilitarse.

He presentado algunas indicaciones de carácter formal. Por ejemplo, me pregunto por qué el artículo 46 trata sobre la restricción de libertad para los menores de 14 años. Tengo la impresión de que esa disposición debiera estar contemplada en la ley de menores. El proyecto regula la situación de los jóvenes mayores de 14 años. Incluso, tengo dudas de si la idea matriz de esta iniciativa permite establecer regulaciones o restricciones respecto de los menores de 14 años. Creo que ello es propio de otra ley. Me gustaría aclarar ese punto con el Ejecutivo.

Otra indicación de carácter formal es la que dice relación con el artículo 3º, que aborda el principio de legalidad. Más que invocar este principio, dicho artículo debería referirse a un principio de presunción de inocencia. En mi opinión, el artículo 2º debería referirse al principio de legalidad.

Sin perjuicio de las indicaciones señaladas, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, me alegro mucho de que estemos discutiendo este proyecto de ley. Lo digo con conocimiento de causa, porque fuimos nosotros quienes presenciamos el experimento que significó poner en marcha la reforma procesal penal en las regionales Cuarta y Novena. Indudablemente, la iniciativa corrige algunos defectos que ella tuvo respecto de los menores.

Existen bandas organizadas que van a buscar niños en vehículos a distintas poblaciones, con el objeto de inducirlos a robar. Como los niños no tienen responsabilidad penal, una vez detenidos deben quedar en libertad. Incluso, lo que es peor, cuando Carabineros los pillara robando en tal o cual supermercado, no sólo los tiene que dejar en libertad, sino que los debe transportar en vehículo hasta su casa. Si el menor es de Santiago y es sorprendido robando en Viña del Mar, Carabineros debe enviarlo a su domicilio, en la capital.

¿Cómo no va a tener discernimiento un niño de 14, 16 ó 18 años? El problema es que bandas de gente adulta se aprovechan de que los menores no tienen los castigos suficientes. Los que inducen a los niños a cometer delitos, deberían tener el doble de las penas a que son acreedores los niños a los cuales hacen delinquir.

Es tanta la preocupación que hoy tiene el Gobierno por este tema gracias a Dios es así, que más del 40 por ciento de los fiscales que se formaron en Temuco y en La Serena han ganado concursos públicos para venirse a Santiago. Por esa razón, otra vez vamos a tener que preparar agente para aplicar la ley en los juzgados de esas regiones.

Se habla, aquí, de la rehabilitación de los menores. Nadie en esta Sala quiere castigar a los menores sin ningún motivo.

También se pregunta dónde están los dineros necesarios. Quiero dar una sola cifra, que el ministro puede compartir conmigo: en la localidad de Cholchol, en la Novena Región, se construyó un recinto carcelario para 70 personas, con un costo de 10 mil millones de pesos. Estamos hablando de bastante dinero, porque se trata de una cárcel modelo.

Para que los niños tengan una buena educación, se les debe enseñar en los colegios y en el seno de las familias. El problema de la delincuencia parte en el hogar, en la casa. Si un padre que se preocupa de educar a sus hijos, de darles buenos ejemplos y de practicar buenas costumbres, por lo general éstos no van a delinquir.

Hoy leí en la prensa que aquí, en Valparaíso y en Viña del Mar, 700 niños están ejerciendo la prostitución. La pregunta que uno se hace es si esos niños están en eso por su propia voluntad o si son inducidos por mayores a ejercer la prostitución.

Hace un tiempo, nadie en el país dejó de conmoverse cuando una niña de seis años, que ejercía la prostitución, contestó en cámara, cuando el periodista de un canal de televisión le preguntó qué decían sus padres: “nada, porque yo soy la que llevo la plata para el hogar”.

O sea, estamos frente a un aprovechamiento de los menores por parte de los adultos, quienes, muchas veces, les dan la orden de ir a la calle y volver con tres mil o cuatro mil pesos. Entonces, el niño sale y hace cualquier cosa por llegar con esa plata a la casa, porque, de otra manera, son castigados. Incluso, muchos de esos adultos toman esa plata para beber o satisfacer otros vicios.

En consecuencia, tenemos que preocuparnos de que estos niños tengan en sus colegios educación suficiente, y que los padres que hoy los están incitando a cometer delitos, tengan sanciones penales más rigurosas.

Cuando se habla de menores que no tienen discernimiento, hay que tener presente que hoy los niños de ocho o nueve años tienen una capacidad espectacular. Los niños están más despiertos; pero esa inteligencia tiene que ser ocupada en beneficio de la sociedad y no para perjudicarla.

Voy a votar favorablemente el proyecto, porque éste recoge muchas de las sugerencias que planteamos los parlamentarios que pertenecemos a las regiones donde primero se puso en ejecución la reforma procesal penal. Esperamos, con mucha sinceridad y mucho corazón, que las regiones que se han incorporado a ese proceso no tengan que observar, muchas veces, cómo los delincuentes tienen más beneficios que la propia gente de bien. Esto lo digo sin ánimo de entrar en polémica; pero aquí se corrigió una de las grandes cosas que aprobamos, aunque con otro nombre: la detención por sospecha. Hoy Carabineros puede detener a los delincuentes. O sea, no se le pueden quitar facultades, sino ampliárselas. El país, en su conjunto, está por la gente de bien. No puede ser que ella se esconda en sus casas y que los delincuentes se apoderen de los barrios. Hacia allá apunta la lucha que debemos dar todos juntos. Chile, para la gente de trabajo, para la gente de bien, y no para los delincuentes.

Daré mi voto favorable a cualquier proyecto que corrija las anomalías existentes en este ámbito y sancione con penas justas a las personas que hoy delinquen.

Aprovecho la presencia del ministro para expresar que, ojalá, en un futuro proyecto se sancione con las penas del infierno a quienes induzcan a los niños a tener malas costumbres.

Ojalá el proyecto ayude a sacar a los niños de la delincuencia, y a que los padres a tomen conciencia de que tienen que guiar a sus hijos por el buen camino.

He dicho.

-Aplausos.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .

El señor MEZA.-

Señor Presidente, los adolescentes son personas que transitan por un proceso de maduración bastante complejo, a través del cual dejan de ser niños para convertirse en adultos.

En consecuencia, es necesario establecer una clara diferencia entre adultos y jóvenes en lo que se refiere a la justicia criminal. No existe el mismo grado de compromiso delictual ni la misma conciencia del delito cometido por unos u otros. Por eso, resulta imperioso legislar al respecto y fortalecer los aspectos formativos de este grupo etario de la sociedad chilena.

Sobre esto debemos pensar, y es precisamente la materia de que trata el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil.

Hasta hoy, nuestro país no cuenta con una justicia especial para adolescentes. De hecho, de los delitos denunciados cometidos por jóvenes, la mayoría son conocidos por los tribunales de menores como casos de protección, por lo que se desvía el punto de intervención desde su partida.

Por otra parte, los jóvenes que son sancionados con penas privativas de libertad, quedan expuestos al fatal contagio en materia de crimen, hecho por todos conocido. Al ser enjuiciados y condenados como adultos, no se respeta su condición de personas en desarrollo y se dificulta sobremanera su potencial reinserción social.

¿Qué queremos? ¿Que las cárceles se conviertan en centros juveniles de reclusión? ¿O intervenir de manera responsable sobre los adolescentes, de forma tal que logren un desarrollo normal, que posibilite su reinserción en la comunidad?

Particularmente, prefiero intervenir de manera integral, con participación de la institucionalidad pública, a través de una política pública especial para adolescentes que persiga mostrar las fortalezas de los jóvenes infractores, desarrollar sus talentos y aptitudes, y generar oportunidades de emprendimiento que logren alejar al sujeto del estrecho mundo en el que se desenvuelve.

Se trata de un nuevo cuerpo legal que reforma radicalmente la respuesta punitiva del Estado ante la comisión de delitos por parte de menores de 18 años. Se establece un sistema de responsabilidad penal especial para adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. Esto significará que los jóvenes infractores de ley tendrán derecho a defensa y serán sancionados teniendo especial consideración de los delitos cometidos y de la compleja etapa de desarrollo por la que transitan.

Se contempla una amplia gama de sanciones, cuyo objetivo es fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas, pero, al mismo tiempo, se resguardan su desarrollo e integración a la sociedad.

El nuevo estatuto propuesto contempla un completo catálogo de infracciones de la ley penal, y de sanciones aplicables a cada caso, distinguiendo entre delitos graves y delitos simples. Así, dentro de los delitos graves cabe mencionar el homicidio, la violación, el secuestro, las mutilaciones, las lesiones graves, el robo con intimidación, el robo con violencia, el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado y otros tipos delictuales. La base la constituyen los delitos mencionados, a los cuales les serán aplicables penas privativas de libertad por un lapso que no podrá exceder los cinco años. El Servicio Nacional de Menores, Sename , será el responsable de supervisar y entregar los recursos para realizar una intervención sobre el infractor.

Respecto de los simples delitos, el juez podrá aplicar penas que no signifiquen la privación de libertad, como multas, prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño causado o libertad asistida. En definitiva, son sanciones que no implican una turbación sustantiva del normal desarrollo del joven infractor.

Sin duda, lo que más llama la atención en el proyecto es el término del trámite de discernimiento realizado por los tribunales de menores, que genera una gran sensación de impunidad e inseguridad en la población. Muchas veces hemos sido testigos de cómo adultos sin escrúpulos utilizan a menores de edad para cometer delitos, quienes, en la mayoría de los casos, son declarados sin discernimiento por el juez de menores.

La modificación antes descrita se encuentra en armonía con otra importante novedad de este proyecto: la rebaja de edad para tener responsabilidad penal, de dieciocho a catorce años.

Cada día son más los jóvenes que, a partir de los catorce años, integran pandillas para delinquir. Esto es una realidad en Loncoche, en Gorbea, en Villarrica, en Pucón; en fin, en todo Chile. Sin duda, la sociedad, nuestra sociedad, está fallando. Esta buena iniciativa de ley es uno de los pasos por dar para superar la situación actual; pero faltará dinero para que sus buenos deseos se materialicen.

La bancada del Partido Radical Social Demócrata apoyará la idea de legislar, porque con estas nuevas normas propuestas y con la implementación, a nivel nacional, de la reforma procesal penal, estamos dando respuesta a una de las demandas más sentidas de nuestros compatriotas.

Estoy seguro de que con la aprobación de este proyecto reduciremos la comisión de delitos graves en que participen menores de edad. Pero más importante que eso, estaremos ayudando a formar conciencias, a descubrir nuevos hombres, en definitiva, a rescatar para nuestro Chile hombres y mujeres que contribuyan con sus potencialidades al desarrollo y crecimiento de todos y cada uno de sus hijos.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente, hace aproximadamente cuatro años la sociedad quedó consternada por un precoz niño de nueve años que era lanza en Viña del Mar. Sus instructores fueron sus hermanos mayores.

El entorno de ese niño sus familiares y hermanos mayores vivían un drama familiar lo había llevado a hacer lo que estaba haciendo.

Se adoptó una medida de protección para ese menor, pero a sangre y fuego, fue rescatado por sus hermanos mayores.

Esto ya se señaló en la discusión de hoy. Sin embargo, nos falta realizar un debate mayor, porque no cabe ninguna duda de que el caldo de cultivo de situaciones como ésta radica en la pobreza, la marginalidad, el desafecto, el abandono, la prostitución. Muchas veces se trata de niños que prefieren estar en la calle y seguir haciendo lo que están haciendo porque no encuentran afecto ni dirección alguna.

Este proyecto es un avance, pero todavía nos falta mucho. Aún debemos analizar la situación de los niños que están condenados a la marginalidad y, a lo mejor, a ser, al final, delincuentes.

Como dijo el señor ministro, esta iniciativa es un avance y una deuda que la sociedad tiene con los adolescentes. Hoy no sólo los hacemos sujeto de derechos, sino también de deberes.

Como señalé, el proyecto avanza en muchos aspectos. Particularmente, la justicia restaurativa es una cuestión muy importante. El móvil íntimo de esta iniciativa es la rehabilitación del menor, es decir, considerarlo una persona que, estando en formación, puede mejorar y ser útil a la sociedad. O sea, significa un avance tanto desde el punto de vista criminológico como del utilitariosocial, para restaurar, rehabilitar y hacer de ese niño, de ese adolescente, una persona capaz de actuar en sociedad y ser un aporte.

Este proyecto lo expresó muy bien el diputado Luksic termina con el arcaico sistema del discernimiento que, incluso, desde el punto de vista filosófico resulta un tanto ambiguo, porque se aplica a niños y adolescentes para decidir si son capaces de distinguir entre el bien y el mal.

La abrogación del discernimiento constituye un avance muy importante, por cuanto la mayor parte de los niños pobres que delinquen son considerados con discernimiento; en cambio, aquellos cuyos padres tienen suficiente dinero para contratar a un buen abogado son declarados sin discernimiento.

Al respecto, quiero referirme a un caso que ha conmovido no sólo a los habitantes de Viña del Mar, sino también a todo el país.

En 1994 una niña de 16 años incendió su casa, a raíz de lo cual murieron sus abuelos y un primo menor. Ella fue declarada con discernimiento y sancionada a diez años de presidio, o sea, cinco más que el tope que hoy se propone aplicar a los niños y adolescentes que infrinjan la ley. Esa niña hoy tiene 26 años y ahora deberá cumplir la condena decretada por el juez. Por lo tanto, su vida está trastocada.

Al terminar con el trámite del discernimiento, se le da mayor garantía al adolescente.

Quiero reitera una cuestión muy importante y que ya se ha señalado en el debate: deben comprometerse los recursos necesarios para la rehabilitación, tema fundamental del proyecto. Con ello y con la protección de la infancia avanzaremos como sociedad moderna.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Gonzalo Uriarte .

El señor URIARTE.-

Señor Presidente, el proyecto en discusión es, fundamentalmente, una respuesta a distintos problemas que dicen relación con la falta de justicia para los menores que cometen delitos o infringen la ley penal, como también para las víctimas de tales hechos.

Como sabemos, los menores de 18 años y mayores de 16 años que cometen un delito son sometidos al juicio de discernimiento. Si el resultado es positivo, son procesados y sancionados como adultos lo que, obviamente, atenta contra su rehabilitación y reinserción social o enviados a verdaderas cárceles para menores, sin que la ley establezca un justo y racional procedimiento. Esta situación constituye una fuente de injusticia para ellos.

Por su parte, los menores de 16 años son inimputables, pero igualmente reciben las denominadas medidas de protección. Por tanto, en caso de incurrir en algún hecho constitutivo de delito, los jueces pueden internarlos en algún centro de observación y diagnóstico del Servicio Nacional de Menores.

Nos parece que el tratamiento actual que la sociedad da al menor infractor atenta contra sus derechos fundamentales y sus efectos no resultan útiles para la reinserción social del menor.

Hablan varios diputados a la vez.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Puede continuar el diputado señor Uriarte .

El señor URIARTE.-

Señalaba que el tratamiento actual que da la sociedad al menor infractor atentaba contra sus derechos fundamentales como también que sus efectos no resultan útiles para la reinserción de ese menor de edad.

Por su parte, el sistema vigente también resulta injusto para la sociedad y para las víctimas de delitos cometidos por menores de dieciséis años, dado que estos infractores no responden penalmente, aun cuando actúen con plena conciencia del mal que causan.

La idea fundamental del proyecto es tratar de dar una solución a estas injusticias anhelo de toda la ciudadanía que nuestra sociedad no puede seguir amparando. Por eso, anunciamos nuestro voto favorable a la idea de legislar.

En todo caso, lamentamos que el proyecto no se encuentre inserto dentro de una política global de prevención de la criminalidad, que apunte a sacar de la marginalidad a los niños y a los jóvenes, y que equilibre el debido castigo a los delincuentes adultos con una verdadera inserción social.

La delincuencia debe ser tratada como un problema que responde a variadas causas y, por lo tanto, debe enfrentarse en forma global y no parcialmente. El problema que buscamos solucionar con este proyecto es más grande de lo que parece. El delincuente juvenil mientras más avanza en edad es más difícil de rehabilitar. Para qué decir cuando es reincidente. Por ello, la sociedad debe emplear todos los medios posibles para evitar que el menor llegue a cometer un delito; si lo comete, reinsertarlo, y si reincide, sancionarlo.

Además, la sociedad debe ser capaz de educar en la responsabilidad, es decir, enseñar que los actos tienen consecuencias, que no se pueden pasar a llevar gratuitamente los derechos de las otras personas. El joven debe entender que si actúa mal recibirá un castigo acorde con su falta.

Por su parte, las autoridades también deben tener un actuar impecable, por ejemplo, respecto de los recursos que emplean en el ejercicio de sus funciones. Deben evitar desviar fondos públicos para provecho personal, para campañas políticas o para cualquier fin distinto del debido.

Asimismo, las autoridades deben colaborar con la justicia y no torpedear las actuaciones de los tribunales, ni menos desprestigiar a los jueces. La señal que debe dar la sociedad es que en todo ámbito defenderá siempre los derechos de las personas y respetará la acción de los jueces.

Este proyecto se discute justo en momentos en que la delincuencia ha aumentado, a lo cual se suma el hecho de que el Gobierno no demuestra toda la voluntad que debería para ponerle freno. Esta situación tiene un efecto directo en la sensibilidad con la que los parlamentarios y la opinión pública se aproximan al proyecto en discusión.

Según las cifras oficiales, la delincuencia ha aumentado fuertemente en los últimos años. El problema es grande y el panorama se ve desalentador cuando comprobamos que la participación de jóvenes en los delitos ha crecido muy por sobre el promedio nacional. Según las cifras del anuario estadístico de Carabineros de Chile, en el caso del robo con violencia el aumento de las aprehensiones de jóvenes alcanzan cifras dramáticas: entre 1995 y 2001 las detenciones por este delito en el total de la población aumentaron sobre 160 por ciento, mientras que sólo en el segmento de 15 a 19 años superaron el 200 por ciento. Estos datos también revelan que mientras en 1995 uno de cada 98 individuos de este segmento etario era detenido por alguno de los delitos de mayor connotación social, en 2001 la proporción fue de uno cada 37 jóvenes.

Las diferencias que se producen entre los distintos segmentos de edad a nivel juvenil, entre 1995 y 2001, revelan que son los jóvenes entre 15 y 19 años quienes representan la mayor proporción de detenidos cada año por Carabineros.

Un factor que no se debe dejar de lado es que la eliminación de la detención por sospecha no produjo ningún efecto en esta situación. Es decir, aun cuando se suprimió esta facultad de la policía, las cifras de menores aprehendidos no variaron su tendencia al alza. Lo anterior puede significar que, por una parte, los índices previos de detención no estaban distorsionados de manera relevante por dicho factor y, por otra, que las estadísticas posteriores obedecen necesariamente a detenciones producidas ante ilícitos concretos que no pueden atribuirse a suposiciones o abusos de parte de la policía.

Al cruzar las cifras de detenciones con las estadísticas sobre condenas, el panorama pasa a ser más que preocupante. Por ejemplo, cuando se analiza la proporción que existe entre los jóvenes aprehendidos por los delitos de mayor connotación social, como robo con violencia, robo con fuerza y hurto, y los que fueron efectivamente condenados por tales acciones, el resultado demuestra impunidad, porque, pese a que los aprehendidos aumentan considerablemente, los condenados disminuyen. Esto, en parte, explicaría y justificaría el explosivo aumento que ha tenido la participación de los jóvenes en la actividad delictual, dado el incentivo que significa delinquir cuando existen pocas posibilidades de ser castigado.

El análisis de las cifras revela, en primer lugar, una importante disminución en el número de jóvenes de entre 15 y 19 años condenados por los delitos de robo con violencia y hurto, precisamente aquellos en que ha habido mayor alza de aprehensión de jóvenes. Así, considerando el total de estos delitos, resulta que el 16,6 por ciento de los aprehendidos en 1995 fue condenado, en tanto que en 2001 ese porcentaje cayó a sólo 11,5 por ciento.

Aun cuando hay quienes ponen énfasis en la rehabilitación y reinserción de los jóvenes, las cifras dejan en evidencia que las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes.

Si las cifras demuestran que la participación de jóvenes en hechos delictuales ha aumentado y, como contrapartida, las condenas han disminuido proporcionalmente, sólo se pueden concluir dos cosas: primero, que hay un grave problema de impunidad que favorece especialmente al segmento de los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años, lo que es un problema porque los incentiva a cometer más delitos, y, segundo, que si las condenas las aplican los jueces, son éstos quienes deben responder por qué condenan cada vez menos a los aprehendidos por la policía.

Lo anterior es sumamente relevante, dado que el proyecto en discusión otorga a los jueces amplios espacios de discrecionalidad en el juzgamiento y aplicación de sanciones. Por lo tanto, debemos reflexionar respecto de cuál será la mejor manera de aplicar esta iniciativa cuando sea ley para que efectivamente se alcancen los propósitos que todos perseguimos.

Dicho lo anterior, y dado que se ha agotado mi tiempo, quiero informar que vamos a presentar un conjunto de indicaciones que dejaremos a disposición de la Mesa para aquellas diputadas y diputados que quieran patrocinarlas.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Edgardo Riveros .

El señor RIVEROS.-

Señor Presidente, ciertamente, el problema que aborda el proyecto no sólo ocurre en nuestro país sino en varios otros; incluso ha sido motivo de preocupación del derecho internacional público.

En el informe que se nos ha presentado, que da cuenta de la discusión habida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, se observa con precisión el carácter que se le atribuye a la responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Sólo me referiré a dos párrafos contenidos en el informe.

El primero se relaciona con uno de los objetivos centrales del proyectos, cual es prevenir el aumento de la delincuencia entre los adolescentes. El párrafo señala que: “Debe establecerse un sistema que responsabilice a los menores por los actos delictivos que cometan, por medio de sanciones adecuadas y proporcionales a los hechos, combinado con un amplio marco de políticas sociales que evite toda confusión entre protección de derechos y sanción de actos delictivos.”. Vale decir, se relaciona directamente con la responsabilidad penal y, en este plano, con una responsabilidad con certeza.

Desde ese punto de vista, es necesario salir al paso de las incertidumbres generadas por el tema relacionado con la imputabilidad. En esta materia, nos encontramos con que una de las primeras conclusiones de los estudios y análisis efectuados apunta a la necesidad de poner término al sistema de imputabilidad basado en la declaración judicial del discernimiento, reemplazándolo por un límite legal de edad en la que comienza la responsabilidad penal de los adultos, la que, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las normas penales y civiles internas, se fijó en 18 años de edad. En efecto, el artículo 1º de la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, señala esa edad como el punto de diferenciación entre la adultez y la niñez.

Sin embargo, hay otros aspectos importantes de señalar en esta sintonía entre el proyecto que conocemos y la norma internacional.

A mi juicio, el parámetro fundamental está contenido en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La letra b) del artículo 37, junto con señalar que ningún niño será privado de libertad de manera arbitraria, agrega que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Esto está claramente recogido en el proyecto y se traduce en no enfocar la privación de libertad como un recurso al que se puede recurrir en cualquier instante, bajo cualquiera circunstancia, como un elemento único y exclusivo de represión, sino como último recurso frente a la gravedad del delito que se imputa. De manera que sobre este aspecto es necesario poner mucho énfasis, porque subyace un elemento esencial de correspondencia entre la norma interna y la norma internacional que el Estado chileno se ha obligado a respetar.

Otro aspecto importante es el establecido en el artículo 40 de la Convención a que he hecho referencia, relativo a la confianza en la rehabilitación. Si una sociedad no tiene confianza en la rehabilitación de jóvenes entre 14 y 18 años que han cometido faltas o delitos, ¿en quién se puede tener confianza? Este tema nos lleva a pensar en medidas alternativas de sanción que permitan la rehabilitación, recuperación y reinserción de la persona que ha delinquido.

Todo lo que aquí se ha dicho es válido. En efecto, en esta materia el Estado debe destinar recursos y el problema no debe ser mirado como gasto, sino como una inversión.

Como señalé, en mi intervención he querido poner énfasis entre la norma interna y la internacional. En tal sentido, sólo quiero destacar un aspecto de la norma interna: la especialidad que debe tener el tribunal que incorpora a jueces especialistas en temas de familia, los que deben provenir de los tribunales de familia. Esta materia me obliga a dirigirme al señor ministro lo hago por intermedio de su señoría a fin de hacerle presente la necesidad de agilizar la puesta en marcha de los tribunales de familia. Ciertamente, si no entran en funcionamiento los tribunales de familia, se afecta el del tribunal especializado, integrado por los dos jueces orales más uno proveniente de aquellos.

Por ello, es imprescindible que se proceda en forma urgente se dijo también cuando estudiamos la nueva ley de matrimonio civil en la implementación de los tribunales de familia.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Monckeberg .

El señor MONCKEBERG.-

Señor Presidente, es ineludible referirse a este proyecto sin hacer una muy breve reflexión respecto de la realidad actual.

Debemos reflexionar sobre las prioridades que en la agenda pública se da a estos temas, ya que definitivamente, el proyecto ha llegado tarde a nuestras manos.

Si como país somos el primero en Latinoamérica en controlar la inflación, en abrir nuevos mercados, en celebrar tratados de libre comercio, en encabezar los índices de competitividad, ¿por qué tratándose de delincuencia somos el primero en aumentarla dramáticamente mes a mes?

Según un informe de las Naciones Unidas, Chile está entre el 10 por ciento de los países donde todavía no se establece un sistema de responsabilidad penal juvenil. Prácticamente, en toda América Latina existen complejos sistemas de responsabilidad penal juvenil, incluso, con estatutos especiales para jóvenes entre 12 y 13 años. Este retraso de Chile no sólo importa desde el punto de vista estadístico, sino que también debemos reflexionar sobre lo que hemos perdido estos años con el incremento de la delincuencia, especialmente en el sector más joven.

Entre los años 1995 y 2002 los delitos cometidos por menores de 18 años han aumentado dramáticamente: 700 por ciento en robo con violencia y 400 por ciento en hurto. También ha aumentado la tasa de delincuencia juvenil en mujeres. Y para qué decir en jóvenes de la enseñanza media.

Habría que preguntarse qué hemos hecho con todos aquellos menores que hoy están en el círculo de la delincuencia y que, probablemente, son manejados por los mayores de edad. Aquí la respuesta es unánime: poco o nada se ha hecho para rehabilitarlos. Hemos tenido que esperar que muchos jóvenes destruyan sus vidas para recién preocuparnos de sacar adelante una legislación que los ayude.

Recién hoy, cuando han pasado 15 años desde que Chile recuperó la democracia y empezó a funcionar este Congreso Nacional, esta Cámara de Diputados está discutiendo sobre esta muy importante materia. Pero sólo nos estamos poniendo a la cola de la experiencia de la inmensa mayoría de países en el mundo.

Si bien sabemos que muchas personas han sido víctimas de delitos que han quedado en total impunidad, también sabemos que muchos agresores, en el fondo, son víctimas de una sociedad que no les ha dado reales oportunidades para rehabilitarse ni para insertarse en ella.

Haré unas breves reflexiones sobre el proyecto. En primer lugar, si realmente queremos ver resultados, es indispensable acompañar otros tres proyectos que hoy se están tramitando en en el Congreso, lamentablemente, con un poco de retraso: el relativo a los tribunales de familia, el de la protección de los derechos del niño y del adolescente y el que regula la red de colaboradores y sus subvenciones.

Este proyecto no es suficiente si no va en paralelo con los otros tres que he señalado. De nada sirve regular una nueva imputabilidad para los menores si no se analiza la forma de operar en la práctica. Un ejemplo claro es el de los tribunales de familia. Hace muy poco se modificó la ley de Matrimonio Civil, cuyo éxito todos sabemos, va a depender de la eficiencia de los tribunales de familia. Lo mismo ocurre con esta iniciativa. Es decir, por una parte, estamos aumentando las atribuciones y la competencia de los tribunales de familia y, por otra, vemos cómo el proyecto que los crea se entrampa cada vez más.

Una segunda reflexión, que es importante sea considerada por el Senado, dice relación con que en el proyecto falta una debida y más precisa gradualidad de las penas. Si bien existe un buen catálogo de ellas, éstas son más bien equivalentes, con lo cual se corre el riesgo de que un mismo hecho sea sancionado con penas distintas o de que hechos distintos sean sancionados con penas similares. Y eso, francamente no es bueno. No hay un concepto preciso de gradualidad de las penas, salvo cuando se dice que existe la posibilidad de que los delitos más graves sean sancionados con penas privativas de libertad. A mi juicio, eso no es suficiente y debe ser revisado en el Senado.

Con respecto a las penas privativas de libertad, quiero hacer una breve reflexión adicional. Me parece que la extrema excepcionalidad de la reclusión también debe ser revisada por el Senado, ya que ni siquiera podríamos decir con certeza que ésta se aplicará en casos de reincidencia en delincuencia juvenil, lo que, obviamente, crea una sensación más de inseguridad.

Una tercera reflexión relacionada con la eficacia de las sanciones se refiere a que las multas y las amonestaciones tienen poco impacto en la rehabilitación de los jóvenes de 14 ó 15 años. La experiencia internacional es clara en el sentido de que si las sanciones de esta naturaleza no van dirigidas a menores de 12 ó 13 años, difícilmente tienen un efecto positivo.

Señor Presidente, durante una visita que realice a un centro de prevención de menores le pregunté al director en qué lugar del recinto los menores podían compartir con su familia o recibir a sus padres. Y el director me respondió: “¿Qué familias?” Quise traer esta anécdota a la Sala porque creo que más allá de este proyecto que estamos aprobando espero que también lo sea por el Senado en el menor tiempo posible, debemos asumir que existe un compromiso y preguntarnos ¿por qué permitimos el incremento de la delincuencia entre los jóvenes?

Señores diputados, siento que debemos apelar a nuestra conciencia de chilenos y hacernos cargo de que ese delincuente menor de edad es el resultado de una sociedad que no le dio oportunidades, que no protegió adecuada y oportunamente a su familia y que tampoco está incentivando su estabilidad. Por tanto, no debe sorprendernos que esa misma sociedad y ese mismo Estado observen impávidos cómo aumentan dramáticamente el desempleo juvenil y, por lo tanto, la delincuencia juvenil.

Se dice por ahí que el papel aguanta mucho. Yo digo que este proyecto no tendrá ningún resultado positivo si no asumimos el compromiso político de llevarlo a la práctica en la forma adecuada. Ello no sólo tiene que ver con asignar bien los recursos, sino con hacer un adecuado seguimiento de cada una de las instancias que estamos creando.

Es imprescindible que estemos conscientes de que detrás de esta iniciativa debe haber un proyecto país, cual es impedir que nuevos jóvenes sigan embargando sus vidas entregándose a la delincuencia. Todo lo que hagamos por rehabilitar a nuestros niños y adolescentes debe estar orientado a darle a nuestros hijos un país con mucho menos delincuencia de la que hay actualmente.

Termino citando estas palabras de Pitágoras: “Debemos enseñar y rehabilitar a los jóvenes para no castigar a los adultos”.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, para analizar este proyecto debemos considerar muy bien lo que hoy tenemos. Y debemos hacerlo, porque, evidentemente, lo que hoy existe es un sistema nefasto: cuando los menores de 18 años y mayores de 16 cometen un delito, se someten al trámite del discernimiento y, si son declarados con discernimiento, van a cárceles de adultos, verdaderas escuelas de la criminalidad. Ahora, si son declarados sin discernimiento, quedan sujetos a un sistema de protección, bajo la tuición de los juzgados de menores y, muchas veces, privados de libertad en forma indefinida. De manera que el sistema vigente es el peor escenario que tenemos.

Por eso, debemos analizar el proyecto sin olvidar lo que tenemos. Además, hay que tomar en cuenta lo que el país puede entregar, porque a veces escuchamos discursos de personas que, al parecer, olvidan el país en que viven y sus recursos y posibilidades. Creo que el proyecto es bueno, pero hay que tener cuidado con los discursos que, a pesar de alabar el proyecto, a la vez lo critican mucho.

Esta iniciativa da un paso muy significativo, pero no es meramente sancionador, no se centra en ello. La idea es que los jóvenes respondan por sus actos criminales y que, a la vez, se rehabiliten. De ahí todos los mecanismos que se crean en la iniciativa para lograr su rehabilitación, situación que está muy bien enfocada en los artículos pertinentes. Por cierto, podemos mejorarlos.

Por otra parte, se ha hablado mucho de la especialización. Pues bien, teniendo claro que no habrá sólo tribunales dedicados al tema porque los jueces del sistema procesal deberán conocer estos casos en conjunto con los jueces de familia, durante la discusión del proyecto en la Comisión procuramos que tal especialización debe regir para éstos, así como para los fiscales y los defensores públicos. Dentro de lo posible, se trata de que sea un sistema adecuado.

Sin duda, se echa de menos un proyecto de ley de protección de menores de 14 años, pero el Ejecutivo se ha comprometido a enviarlo. Así, completaremos un escenario que proteja y rehabilite a los menores de 14 años que han cometido un hecho delictivo.

La iniciativa se preocupa de que los menores sancionados puedan tener una rehabilitación más rápida, para lo cual se plantea la sustitución de las condenas aplicadas. En la medida en que estas condenas puedan ser modificadas, se podrán aplicar otras más adecuadas para la rehabilitación del menor. Es decir, el proyecto se pone en todos los escenarios a fin de aplicar las medidas que sean procedentes.

Ahora, ante la reciente afirmación de que este proyecto llegó tarde, creo que llegó en el momento justo en que hemos podido gestarlo y consensuarlo los distintos actores de la sociedad. Hay que recordar que, dadas sus características, es difícil lograr esto último. Además, algunas personas habían planteado penas altas, por sobre los cinco años, que muchos no compartíamos. Por eso, llegamos a un acuerdo más conveniente.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada señora María Angélica Cristi .

La señora CRISTI (doña María Angélica).-

Señor Presidente, quiero recordar en esta oportunidad que hace cuatro años, cuando se inició este Gobierno, uno de los primeros compromisos del ministro de Justicia de entonces, relacionado con la protección de menores, fue la modificación de la ley del Servicio Nacional de Menores, (Sename) que se llevaría a cabo a través de un proyecto tendiente a solucionar dos grandes problemas: el de los jóvenes que presentan conflictos sociales y el de los menores que tienen conflictos con la justicia.

Sin embargo, nunca más se habló de ello, no obstante que el objetivo de la iniciativa era que el Sename rehabilitara a los niños que estaban cometiendo faltas o delitos. Hasta la fecha tampoco se ha aprobado el proyecto de ley que aumenta la subvención a dicha institución; su discusión se ha prolongado por cuatro años. De hecho, se cerraron muchos de los hogares que atendían a jóvenes que estaban en conflicto social, debiendo éstos volver a sus hogares. Respecto de otro proyecto que tenía por finalidad rehabilitar a las familias de los menores para facilitar su integración, poco se ha sabido de él.

Creo que de ahí parte la carencia de atención a los niños que tenían conflictos con la justicia y que probablemente son los mismos que, ya como adolescentes, continuaron cometiendo diversos delitos como robos y hurtos. Como bien se dijo aquí, el 44 por ciento de los delitos son cometidos por menores de edad.

Estoy totalmente de acuerdo con el diputado Monckeberg , en el sentido de que, efectivamente, hemos empezado demasiado tarde a legislar sobre esta materia, porque mientras más avanza en edad el niño y llega a la adolescencia, acumulando delitos, más difícil es abordar el problema.

Más allá del proyecto, concuerdo con quienes han manifestado su preocupación porque deberían haber mecanismos para prevenir que los jóvenes entren en conflicto con la justicia. Ya mencioné el proyecto del Sename, pero también cabe preguntar qué políticas se han implementado para los adolescentes, qué entidades han integrado la educación, la salud, el deporte, la recreación, el empleo y la inserción de los jóvenes en la sociedad. Desde mi punto de vista, no ha existido verdadera preocupación por los jóvenes. Podría citar el caso de la educación. Efectivamente, se estableció la doble jornada y se aprobó una reforma constitucional para que todos los menores pudieran acceder a la educación media. Sin embargo, si analizamos qué ha aportado la jornada adicional a los niños, veremos que los resultados no son buenos, a pesar de que se mejoró la infraestructura y se aumentaron las horas que los niños permanecen en el colegio.

Ahora, ¿qué pasa con la recreación? ¿Cuántos diputados han ido a las poblaciones de sus distritos y han visto a niños parados en las esquinas? Da pena ver, cualquier día de la semana, a jóvenes físicamente saludables y con ganas de realizar actividades, tristes y aburridos, sin tener nada que hacer y como se dice “pateando piedras”. ¿Quién se ha preocupado de que esos jóvenes ocupen su tiempo ocioso? ¿Quién les ha abierto las puertas de las canchas deportivas? ¿Por qué se les cierran, diciéndoles que si quieren jugar a la pelota tienen que pagar? ¿Por qué no hay monitores que aprovechen el talento de muchos de esos jóvenes? Muchos de los mejores futbolistas de nuestro país provienen de los sectores más modestos. Incluso, hay rugbistas que han llegado a ser seleccionados nacionales. ¿Dónde está la preocupación para que los jóvenes ocupen su tiempo libre? Tampoco existen lugares para que puedan reunirse y tocar música. Por eso, los jóvenes rayan las paredes y las llenan de grafitties horribles, como un signo de rebeldía y de rabia porque no tienen qué hacer y no hay quién se preocupe de ellos.

¿Qué ha pasado con la cesantía y con la capacitación de los jóvenes? ¿Qué ha pasado con la educación? Muchos desertan de ella porque tienen problemas diferenciales u otro tipo de dificultades. No hay quién se preocupe de ellos para reincorporarlos a la educación. ¿Cuántos niños se deben quedar cuidando a sus hermanos menores porque la mamá tiene que trabajar, en razón de que no se ha establecido un sistema de guardería ni se ha aumentado el cupo de los jardines infantiles?

Me llamó la atención el otro día que el Presidente de la República, en un discurso que pronunció en la Cámara de Comercio, dijera: “En Chile hay que creerse el cuento. Hacemos cosas porque nos creemos el cuento.” Me dieron ganas de preguntarle si no sería mejor que, en vez de creerse el cuento, fuéramos realistas y se viera qué está pasando. ¿Acaso el programa Chile Solidario va a resolver el problema de todos estos jóvenes? ¿Chile Solidario se preocupa de los jóvenes en estado de pobreza? ¿Chile Solidario los va a sacar de la pobreza? ¡No, señores!

Ayer se dijo que se acabaron las listas de espera para las pensiones asistenciales, pero no es cierto. Más de 18 mil ancianos están esperando una pensión asistencial. El cuento hay que estudiarlo y aterrizar en la realidad, porque hay niños y jóvenes abandonados. El Ministerio de Planificación debiera preocuparse de ellos. El Instituto Nacional de la Juventud no hace lo suficiente. Hay miles de recursos destinados a la prevención y rehabilitación de drogadictos, pero ¿están cumpliendo su cometido? ¿Se preocupan de que los jóvenes no caigan en la droga?

Lo mismo pasa con el consumo excesivo de alcohol y de otras sustancias adictivas. ¿Quién trata de sacarlos de sus adicciones? Por el contrario, los medios de comunicación dicen que es malo que se restrinjan los horarios, porque ello implica limitar la libertad de los jóvenes en las calles. O sea, prefieren que les abran las puertas a la adicción en lugar de que se atiendan sus necesidades físicas, espirituales y morales.

De la familia se ha hablado bastante. Es cierto que estamos más abierto a entender que el concepto de familia es más amplio que la compuesta por padre y madre, porque hay otras formas. Por ejemplo, miles de mamás viven solas con sus hijos. Incluso, cada vez hay más papás que viven solos con sus hijos. Hay niños que viven con su abuelita. Ésa no es la discusión. El problema es saber quién se preocupa de fomentar que haya familia. ¿Quién da un subsidio a aquellas familias pobres cuyos integrantes no pueden vivir juntos? ¿Quién da un subsidio a aquellos padres que con esfuerzo educan a sus hijos? ¿Quién promueve una campaña pública para decir que la familia es la base de la sociedad y debe ser ayudada? Al contrario, se trata de debilitarla a como de lugar.

Aunque no soy parte de la Comisión, me referiré a algunos aspectos del proyecto que me preocupan. Primero, las sanciones, en general, tocan un tema repetitivo no solamente para los menores, sino también para los adultos. Tiene que ver con el fomento del trabajo o prestación de servicios en favor de la comunidad, modalidad que se ha desaprovechado. ¿Qué municipio ha aplicado un programa de servicio a la comunidad? ¿Qué financiamiento tienen para hacerlo? ¿Se han dictado las leyes necesarias? ¿Cuántas entidades públicas están preparadas para aprovechar un tremendo caudal de servicios a la comunidad? Está absolutamente desaprovechado, porque no se ha regulado. La ley establece que los jóvenes los niños y adolescentes que deban hacer trabajos comunitarios tendrán un delegado, pero, ¿qué va hacer el delegado si en las municipalidades no existe ni siquiera un departamento que se encargue de la aplicación de las resoluciones legales que dispongan un servicio a la comunidad? Se podrían hacer miles de cosas en cada comuna: plazas, parques, ordenamiento, trabajos de pintura.

Por lo tanto, creo que debería regularse esta materia, porque no es muy fácil encargar a un supervisor tantas personas que podrían llegar a una comuna. Tiene que haber un sistema, pero las municipalidades, probablemente, no tienen los medios ni las fórmulas para crearlo.

Por otra parte, me preocupa que en el proyecto no se considere la rehabilitación de los menores. ¿Qué sacamos con establecer penalidades si no contamos con un sistema de rehabilitación? No existe ese concepto. Se habla mucho de la violencia intrafamiliar, pero, ¿cómo se rehabilitan las personas violentas y la mujer agredida? Es decir, no hay rehabilitación. ¿Qué sacamos con internar a las personas si no se rehabilitarán, a sabiendas de que adquirirán peores hábitos en los lugares de detención?

También, vale la pena mencionar la responsabilidad de los padres en la comisión de delitos por parte de los jóvenes. Efectivamente, en el caso de ser sancionados, la ley establece que sus padres deberán comprometerse a que cumplan los acuerdos reparatorios. Sin embargo, no hay sanción para los padres que no lo hagan.

En este sentido, debiera establecerse alguna modalidad para que los padres se hagan responsables. Es patético el caso que expuso el diputado García de la menor que se prostituía con la aprobación de sus padres porque les llevaba el sustento. ¡Qué cosa más tremenda! ¿Qué sucede con esos padres?

Por último, me preocupa aquello que se relaciona con la reforma procesal penal no sólo respecto de este proyecto, sino también de otros venideros en el sentido de que, ante ciertas faltas o delitos, el reconocimiento de la culpabilidad disminuirá la sanción, e incluso se concederá la libertad luego del pago de una multa. No sé cómo será aplicado a los menores. Entiendo que hay casos y casos, pero es muy simple y fácil reconocer la culpabilidad, y si las personas no tienen antecedentes, sólo serán amonestadas o sancionadas. Y los delitos seguirán.

Dadas las causales de violencia en los menores y las que se relacionan con su abandono, creo que el proyecto es necesario. Varias veces he sido víctima de delitos cometidos por menores que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Por eso huyeron; por algo arrancaron.

En esto, tampoco se hace referencia a los padres de los menores delincuentes que niegan y no reconocen la culpabilidad de sus hijos. Es más, atacan físicamente a los testigos que los han denunciado ante Carabineros a la salida de los tribunales. De manera que debiera estipularse alguna forma para que los padres que reconocen el delito cometido por sus hijos colaboren con la justicia, toda vez que así se los haría tomar conciencia de que no es menor que se involucren en situaciones delictuales.

La iniciativa es un avance importante, aunque tardía, como señaló el diputado Monckeberg ; pero no podemos dejar de apoyarla, ya que debemos procurar que los jóvenes de Chile sean cada día mejores personas. Para ello se requiere que el país no pierda sus valores fundamentales, que las libertades se ejerzan con responsabilidad y que haya derechos y obligaciones.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señor Presidente, no quiero ser reiterativo, pero es evidente la importancia del proyecto, primero, porque permitirá reformular las normas relativas a los jóvenes y, segundo, perseguir aquellos actos delictuales que cometan los menores de dieciocho años.

Se ha estigmatizado mucho a la juventud. Cada vez que los medios de prensa informan de un menor que ha asaltado a un microbusero o de una tragedia ocurrida en una población con participación de menores, se estigmatiza a la juventud; se dice que es un problema de la juventud, cuestión que no comparto.

Más del 90 por ciento de los jóvenes chilenos participa en el deporte, en la educación y en una serie de otras actividades positivas. Por tanto, el porcentaje que delinque es muy bajo. A pesar de ello, se argumenta que se pone en jaque la seguridad ciudadana y, además, se genera un manto de dudas respecto de todos.

Ésa es la realidad. Por eso, vale la pena crear oportunidades para los jóvenes. Así como se legisló sobre el embarazo adolescente o se estableció un sistema de comunicación tendiente a proteger a la ciudadanía de las enfermedades de transmisión sexual, en esta materia no podemos cerrar los ojos.

Por eso, aunque a algunos no les guste, con los mecanismos que establece el proyecto se evitará el aumento de la delincuencia, sobre todo en los jóvenes.

Los menores que cometan actos delictivos deben recibir sanciones, por cierto, adecuadas y proporcionales a los hechos. No se trata de encerrarlos, sino de crear una amplia gama de sanciones, que el juez determinará según la gravedad de los delitos.

Hablamos de centros de detención especializados como lo planteó el diputado señor Bustos , bajo la supervisión del Sename; de subsanar las deficiencias que presenta la actual legislación de menores mediante el establecimiento de una judicatura o fiscalía y defensoría penal pública especializadas; de eliminar la figura del discernimiento, que ha servido de motivo para abultar los actos delictuales cometidos por los adolescentes. Se castigarán crímenes y simples delitos en razón del especial impacto que tengan en la seguridad de las personas, cuya salvaguarda debe estar por sobre todo. Al mismo tiempo, los jóvenes tendrán mayores responsabilidades, porque ese joven que comete un asalto o le pone un cuchillo en el cuello a un chofer de un microbús, que sabe lo que está haciendo, tiene discernimiento, con este proyecto deberá asumir su responsabilidad ante la sociedad.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Pedro Araya .

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, el proyecto que discutimos es de gran trascendencia no sólo en materia de seguridad ciudadana, sino también en cuanto a lo que queremos hacer con nuestros jóvenes en el futuro.

Sin duda, nuestro actual sistema en materia de responsabilidad penal juvenil, con este trámite referido al discernimiento por todos conocido y ampliamente discutido en la Comisión de Constitución y en esta Sala, merece varios reparos. Este tema, adoptado prácticamente desde que se aplica nuestro Código Penal, fue sufriendo algunas modificaciones, pero con una idea que, a mi juicio, atenta contra los principios básicos del derecho penal y lo que deben ser los sujetos de derecho.

Si uno observa el trámite del discernimiento, comparado con la ley de Menores, el juez, aun cuando estime que un menor de entre dieciséis o dieciocho años de edad haya actuado sin discernimiento y esté en una situación de riesgo o propenso a cometer un delito, tiene la obligación de aplicarle una sanción o una medida de protección. Ese joven, más que ser considerado un sujeto de derecho, es objeto de protección del derecho, con lo cual se atenta contra todos los principios básicos del estado de derecho, contra todas nuestras normas constitucionales y los tratados internacionales firmados por Chile.

Quiero destacar que, en una primera línea, con este proyecto se avanza en entender a los jóvenes como sujetos de derecho.

En una segunda línea aun cuando sabemos que origina una discusión bastante amplia el rango de edad, disponer dicho rango entre catorce y dieciocho años me parece una idea bastante prudente para ser sujeto de una sanción penal. Asimismo, hay que dejar claramente establecido que bajo catorce años de edad no hay sanción y no hay medida aplicable respecto de ese menor de edad. Y el Estado, en este sentido, renuncia a la posible acción penal que pudiera ejercer contra los menores de esa edad, situación que me parece un avance en materia de derecho penal.

Otro punto destacable del proyecto es que, con mucho respeto y apego al principio de la legalidad que debe regir el derecho penal, contiene un catálogo de delitos respecto de los cuales los jóvenes serán responsables, haciendo expresa mención de que hay infracción a la ley penal respecto de aquellos delitos contemplados en el Código Penal. Además, precisa que hay delitos graves respecto de los cuales la propia ley enumera, como el homicidio, la violación, el robo con intimidación, el robo con fuerza, entre otros, señalando que estos delitos más graves tendrán asignadas las penas máximas que establece la ley, como es, por ejemplo, la privación de libertad. Esto se hace en el entendido de que estamos juzgando a jóvenes en proceso de formación. No puede establecerse, por el sólo ministerio de la ley, que una persona, de entre 14 y 18 años de edad como hoy se pretende, es plenamente responsable o ya tiene capacidad de discernimiento. Quienes asistimos a la Comisión también lo leímos en varios artículos sabemos que la evolución personal va a depender, muchas veces, de la educación que haya recibido, de la formación familiar. En este sentido, respetando los derechos de los jóvenes, se establece para ellos un máximo de sanciones que se les puede imponer. A este respecto, la distinción que se hace en la aplicación de las penas me parece un avance bastante importante.

En cuanto a la aplicación de las normas procesales, el hecho de que el ministerio público abrevie los procedimientos permitirá que las penas deban imponerse tan pronto como se cometan los delitos. Eso, sin duda, es un avance importante en esta materia.

Otro punto importante de destacar es, a mi juicio, que en el proyecto se establece fue motivo de mucha discusión en la Comisión la especialización de los jueces y de los fiscales del Ministerio Público. Esperamos que el Ministerio de Justicia, la Academia Judicial, dispongan prontamente los cursos necesarios para que los tribunales especializados puedan lograr competencias y conocimientos en materia de menores, de jóvenes, de manera de enfrentar adecuadamente las reformas que se avecinan.

Es importante hacer presente también que en este catálogo de penas para las infracciones a la ley penal, por parte de los adolescentes, se establecen una serie de sanciones éstas aparecen tímidamente mencionadas en nuestro Código Procesal Penal y en algunas reformas como consecuencia de leyes especiales entre las cuales quiero destacar la referida a los trabajos comunitarios.

Hoy, si bien podemos tener algunos problemas en su implementación práctica, hay que hacer notar que a través de ella se pretende que el adolescente infractor pueda reinsertarse socialmente, entender lo que ha hecho y, a la vez, reparar el mal causado. Muchos de los que tenemos experiencia y conocimientos en materia penal sabemos que la mera privación de libertad no necesariamente hace que un individuo, una vez que sale del recinto penitenciario, se reinserte socialmente o pueda cumplir con los patrones de conducta que determine la comunidad. En este sentido, nos parece que la aplicación de esta medida penal permitirá que los jóvenes puedan reinsertarse en la sociedad y encontrar su espacio.

Cuando resolvemos que la responsabilidad penal de un joven puede asignarse entre los catorce y los dieciocho años de edad, también es el momento de señalar qué queremos hacer respecto de otras capacidades que tienen los jóvenes en materia de derecho. Hay que recordar que la capacidad para contratar, contraer matrimonio y sufragar que hoy se ha puesto tan de moda es a los dieciocho años. Es prudente que el Ministerio de Justicia o el Sename analicen si vamos a mantener estos rangos de mayoría de edad, porque hoy, en cuanto a la responsabilidad penal de los menores, vamos a fijar una edad más baja, por ejemplo, para que puedan contratar. En ese sentido, parece prudente revisar las normas sobre la capacidad civil versus lo que vamos a aprobar hoy sobre la materia.

Por último, quiero señalar que el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y del Sename, ha hecho un tremendo esfuerzo por reformar un sistema obsoleto y que, sin duda, nos ayudará a avanzar en un estado de derecho que sea más consolidado, más democrático y que entregue más espacios a todos los sectores.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tohá .

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente, el proyecto que discutimos es importantísimo. Sé que esto lo decimos muchas veces respecto de muchos otros proyectos, pero en este caso, nos vamos a pronunciar sobre dos materias que en una sociedad moderna son esenciales e implican muchas ramificaciones e impactos en la vida de nuestra sociedad.

La primera se refiere al problema de la seguridad y al control del delito. Sabemos que el hecho de ser efectivos en esta materia impacta fuertemente en la calidad de vida de la población, en la estabilidad del país e, incluso, si este problema se llega a agravar, en su potencial desarrollo económico.

La segunda dice relación con los derechos y el tratamiento de los jóvenes que delinquen, que son, probablemente, los más vulnerables de nuestra población: jóvenes dañados socialmente, pobres como ocurre con la casi totalidad de las personas que se encuentran en esta condición, desertores escolares, víctimas de violencia intrafamiliar o con problemas de drogadicción en su entorno, etcétera. Los jóvenes que han tenido menos condiciones para desarrollarse son justamente los que caen en la categoría de quienes delinquen e infringen la ley penal.

Históricamente se ha asumido que ambas preocupaciones están en tensión. En el fondo, hay que ser duros, porque está comprometida la seguridad; pero, asimismo, hay que ser blandos, porque están comprometidos y en riesgo los derechos de esos jóvenes. El gran desafío de este proyecto es superar, dejar atrás esa tensión, ese trade off, esa especie de dicotomía entre optar por la seguridad o por los derechos. La realidad nos ha mostrado y enseñado que el solo hecho de ser blandos no ayuda a los jóvenes que cometen delitos, y, por el contrario, el ser únicamente duros no ayuda a la seguridad. Podemos lograr un sistema de responsabilidad penal juvenil que sea efectivo en el combate a la delincuencia y virtuoso en la rehabilitación. No sólo es posible, sino indispensable. No hay otra manera de tener buenos resultados en este ámbito.

Los jóvenes que delinquen son, casi en su totalidad, individuos dañados socialmente. Mientras quienes más temprano empiezan a delinquir los jóvenes, es más probable que en el futuro se conviertan en peligrosos delincuentes en el futuro, porque tendrán más años para aprender y desarrollar un tipo de personalidad propicia para cometer delitos graves.

No obstante es la buena noticia, aún estamos a tiempo para proponer a estos jóvenes otros caminos y dar solución al problema de sus vidas, para lo cual se requiere una mezcla difícil pero posible. Tengo confianza y fe en que vamos a optar por ser duros, pero para intervenir social y sicológicamente, no sólo para castigar o encarcelar, sino también para hacer un esfuerzo social grande que nos permita ser efectivos en la reparación de daños y en la rehabilitación que permita la reinserción social de estos jóvenes.

Ésa es una exigencia enorme para el sistema, para la institucionalidad, para el tipo de política penal o de reclusión que tengamos, para las medidas reparatorias que apliquemos en los ámbitos de la rehabilitación y de la reinserción y, por supuesto, implica grandes recursos y esfuerzos, así como un cambio absoluto y un salto sideral respecto de nuestro modelo actual.

Aquí, más que en ninguna otra parte, está en juego la posibilidad de ser efectivos en la lucha contra la delincuencia y, al mismo tiempo, en la protección de estos jóvenes, que son los más vulnerable del país. La pregunta es si con esta iniciativa se pueden alcanzar esos objetivos. Me parece que ésa es la intención; pero contiene defectos, por lo cual hemos propuesto algunas indicaciones que sólo enunciaré.

En primer lugar, definir de manera más clara y enfática la finalidad de las sanciones y otras eventuales consecuencias de los delitos.

En segundo lugar, dictar un reglamento que regule con más detalles para que lo anterior sea efectivo.

En tercer lugar, mejorar el concepto de libertad asistida a fin de que a los jóvenes no sólo se les oriente, sino que reciban también todos los apoyos y condiciones que les permitan cumplir con el proceso de rehabilitación y lograr su reinserción. Se trata de asegurar su educación; no sólo decir que seguirán con ella.

Por último, volver a la versión original del Ejecutivo respecto de las sanciones privativas de libertad, porque jurídicamente es aberrante como quedaron en el texto despachado por la Comisión.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado Juan Pablo Letelier .

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, en relación con el proyecto que nos ocupa, son varios los bienes que se quiere proteger, como el bien societal de vivir en un país seguro que, sin duda, hoy está más valorizado que en otras épocas de nuestra historia y, como señaló la diputada Carolina Tohá , los derechos de los niños.

Quiero reparar en el concepto de niños, porque estamos hablando de menores. Cualquier corte etario que se realice es absolutamente arbitrario; pero, legalmente, en nuestro país tener menos de dieciocho años es ser niño. Podrá discutirse si a los trece o catorce años los jóvenes evolucionan mucho o no. Quienes se apegan a la antroposofía dicen que hay ciclos septenios y que hay motivos fundados para hacer un corte a partir de los catorce años, pero ello no obsta a que, en general, hablemos de niños.

El fundamento principal del proyecto es que hay niños con daño sicosocial que los lleva a cometer delitos. Sin duda, debemos analizar mejor cuál es la causa de esto. ¿Son daños provocados esencialmente por la familia, por la sociedad o provienen de otros ámbitos? Lo cierto es que en esa materia debemos ser capaces, como sociedad, de asumir una hipótesis, por cuanto nos permitiría actuar de una forma más consistente. Siento que ésa es una de las partes más débiles del análisis del proyecto, por cuanto, probablemente, muchos de esos delincuentes juveniles provienen de familias con tremendos daños y consideran habitual y normal caer en estas prácticas.

Sin perjuicio de aquello, lo que aquí se propone es establecer un régimen de sanciones a los jóvenes que cometen delitos y, de esa forma, superar la institución del discernimiento. Sin duda alguna, no sólo la edad garantiza que una persona sepa lo que hace. No cabe duda de que hay muchos adultos que no tienen la capacidad de comprender bien sus actos y se los hace responsables de los mismos. Terminar con esta institución constituye un avance, pues no ha sido efectiva en cambiar conductas, en particular la de los jóvenes.

Asimismo, respaldamos la idea de establecer un sistema sancionatorio específico para los jóvenes, como, asimismo, precisar qué delitos deben ser considerados graves. Me detengo en este punto para manifestar mi preocupación en torno a la forma en que se califica el delito de violación entre menores. En la actualidad, una niña de 15 años que mantiene relaciones sexuales con un niño de 13 años puede terminar siendo acusada de violación. En tal sentido, es necesario precisar estos conceptos, de modo de no dar señales en sentido contrario y responsabilizar a la mujer por el hecho de que el menor con quien mantuvo relaciones sexuales no tiene discernimiento.

No cabe duda de que la sociedad quiere reaccionar frente a la práctica de algunos jóvenes que cometen actos delictuales. En esto necesitamos actuar con decisión. Sin embargo, también es necesario saber cuando hacerlo. Ejemplificaré con una situación de carácter cultural que puede ser molesta para algunos.

Cuando uno está en la mesa de la casa, con amigos, y una visita da vuelta un vaso de vino, se le dice a ese adulto “No se preocupe, fue un accidente”, pero si ese mismo vaso es volcado por un niño, se lo maltrata verbalmente en forma brutal, utilizando expresiones como “estúpido, “tonto” u otras más fuertes. Tenemos un problema cultural en cuanto a cómo entendemos el proceso de aprendizaje y trato con los jóvenes.

Sin duda, la clase política no siempre da las señales correctas. Cuando se pone en discusión un proyecto relativo a si los jóvenes son sujetos de derecho, todos decimos que sí ello me parece correcto, como también que los jóvenes asuman esa responsabilidad, pero esa misma clase política es tremendamente conservadora cuando, simultáneamente con este debate, les señala que serán inscritos en forma automática en los registros electorales, pero que no tendrán la libertad para decidir si ejercen ese derecho.

Este proyecto les está diciendo a los jóvenes que deberán ser responsables del ejercicio de sus derechos como ciudadanos a más temprana edad. Sin embargo, más allá de la implementación de estas normas y de las fuertes sanciones que traen aparejadas, debemos tener la capacidad de dar una señal conductual distinta a los jóvenes que quieran reinsertarse. Asimismo y para entender por qué han caído en estás prácticas, es necesario entender que el daño no ha sido causado por ellos, sino que lo han recibido.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, este proyecto, que nuestra bancada aprobará en general, constituye un salto cualitativo e implica una preocupación integradora del Ejecutivo en el tema juvenil y del niño, sobre todo porque la ley vigente es arcaica, del siglo XIX, y sus fundamentos son, por una parte, el determinismo y, por otra, la peligrosidad.

Una frase antigua de un gran criminalista y penalista latinoamericano reza: “Por las venas de todo niño abandonado corre el germen del delito”.

Ese concepto implica una confusión grave del niño abandonado, carenciado, con grandes grados de vulnerabilidad, junto con el niño que ha cometido un delito, al establecer sanciones de carácter punitivo para ambos. Ahora se termina con eso.

Es cierto que hay algunos aspectos todavía retrasados. En primer lugar, la ley de protección, fundamental para los niños abandonados, carenciados, con grandes problemas de vulnerabilidad, porque será de un carácter preventivo especial, ya que no tendrá ningún tipo de sanción; por el contrario, contará con el deber de protección del Estado. Así la concebimos y esperamos que el mensaje respectivo llegue a la Comisión de Constitución de la Cámara en los próximos días, como se nos ha prometido.

De la misma forma, la ley de subvenciones, que en calidad de proyecto se encuentra este momento en el Senado, también es muy importante desde esta perspectiva.

La ley de responsabilidad penal juvenil en análisis termina con el planteamiento arcaico del siglo XIX de que los niños son objeto de derecho de otros y, por tanto, no son personas y se puede hacer cualquier cosa con ellos.

El proyecto de ley en tramitación, justamente, consagra que los niños son sujetos de derecho, que son personas y, por tanto, también tienen responsabilidades de acuerdo con su desarrollo y sus necesidades. En las escuelas tienen responsabilidades y una forma de ejercicio de sus derechos; por eso, hemos planteado que exista un consejo estudiantil en el cual estén representados los niños.

El tema de la responsabilidad es el que estamos planteando que en ese sentido también implica responsabilidad penal, aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años. Entonces, si hay responsabilidad penal, no puede esconderse, tal como lo hace la actual ley. El adolescente debe tener todas las garantías correspondientes a una persona. Ha de tener el debido proceso y, más aún, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, que establece el interés superior del niño como aspecto fundamental. El deber del Estado, por tanto, es que a ese niño se le satisfagan sus carencias de carácter social, psicológico y de formación a través de la sanción que se establezca. Por eso, en general, todas las sanciones son de carácter ambulatorio, en libertad, con el objeto de protegerlo al máximo. En el caso de sanciones privativas de libertad, que se ubiquen en el último extremo y que también allí se respeten los derechos del niño.

Presentamos una indicación al proyecto teniendo en cuenta que el Código Penal estableció, mediante una reforma, que el consentimiento válido es a partir de los 14 años. Entonces, como se aplica en todos los delitos sexuales a los adolescentes, podría resultar que un niño o una niña de 15 años que tiene cualquier tipo de relación sexual con una niña o niño de 12 años, estaría cometiendo un delito sexual porque respecto de esa persona su consentimiento no sería válido.

Por eso, con el diputado Burgos , y otros diputados, hemos formulado una indicación para establecer, por lo menos, un período de tres años de diferencia, de manera tal que un niño o una niña de 15 años que tenga relaciones con una niña o un niño de 12 años no cometa un delito sexual.

Por tanto, esa indicación la consideramos sumamente importante.

He dicho.

El señor LETELIER, don Juan Pablo (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .

El señor HALES.-

Señor Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto para ponerle fin, de una vez por todas, al sistema retrógrado, injusto y abusivo que existe en nuestro país con respecto a los niños y adolescentes. Se cometen muchas injusticias tanto contra la sociedad como contra los jóvenes. Todos los días la gente observa delitos cometidos por jóvenes, haciendo que la indignación pública se mueva hacia lo más punitivo y la otra hacia la comprensión de los orígenes sociales y sicológicos de esa comisión del delito.

Lo que ocurre hoy en Chile es la aplicación de una ley bárbara. No existe un derecho penal para los jóvenes y se les aplica, en muchos casos, a los de entre 14 y 16 años la ley de adultos. Por eso es una barbaridad, porque ese joven no tiene los mismos derechos que un adulto en el resto de las cosas de la sociedad. Y cuando el juez lo castiga, sí lo hace aplicándole la ley de adultos; incluso, entre 14 y 16 años, lo puede mandar a las cárceles de adultos. O bien, lo que es más frecuente, al ver que se trata de un joven de entre 14 y 16 años, le aplica el subterfugio del no discernimiento con tal de no mandarlo a la cárcel de adultos y termina dejándolo en libertad. A veces, puede aplicarle los sistemas existentes para menores de 14 años. Pero entre 16 y 18 años aplica la ley de adultos o bien determina que no tiene discernimiento, norma que existe para los jóvenes de entre 14 y 16. Eso es un absurdo. Además, se trata de jóvenes que cuando los castigan, ni siquiera tienen derecho a un abogado. El juez impone las penas por su propia decisión. Eso ocurre entre 16 y 18 años. Y entre 14 y 16 cae en un sistema donde va directamente al juez; el joven no tiene ningún derecho, es simplemente un objeto respecto del cual la justicia toma decisiones y lo manda a un sistema no rehabilitador, como son las cárceles de menores.

En esta circunstancia, estamos ante una anarquía e injusticia total, porque es muy difícil para un juez castigar a un joven aplicándole la ley de los adultos y enviarlo a la cárcel. Y como el juez prefiere lavarse las manos, decide aplicarle la idea de que no tiene discernimiento con tal de no mandarlo a la cárcel de adultos. Esta figura del discernimiento no existe en el mundo. Existió en el siglo antepasado y por eso se ha creado un derecho penal para los jóvenes. Así vamos a tener una ley para los adultos y otra para sancionar a los jóvenes.

Esta iniciativa surge no sólo por la injusticia que se comete hoy, sino también por otra razón: la convicción de que los jóvenes merecen ser castigados si cometen delito. De eso no tenemos duda. Lo que sí hemos alegado siempre es que merecen ser castigados de manera distinta. No se le puede decir a un joven que no tiene derecho a administrar sus bienes, pero sí el deber de someterse a las mismas penas aplicables a los adultos. Usted no puede decirle a un joven que no tiene derecho a votar que a la hora de ser sancionado le serán aplicables los mismos castigos que a un adulto. Usted podría decirle a un joven que no puede ser sujeto de administración de dinero y que debe estar bajo la tuición de su familia, pero que a la hora de cumplir penas éstas serán las que se le aplican a un adulto. Tampoco le puede manifestar a la sociedad civil en su conjunto que cuando el joven tiene entre 16 y 18 años siempre es inocente. Lo que digo es que el joven piensa y actúa de manera distinta, además que tiene la posibilidad de rehabilitarse de mejor manera que el adulto. Es muy probable que respecto de un adulto de 30 ó 40 años valga más el castigo que la rehabilitación; pero en el caso de los jóvenes todavía existe la esperanza de la rehabilitación. Por eso, el derecho penal juvenil contempla sólo en ocasiones muy contadas y excepcionales la idea de privación de la libertad. En caso de tratarse de niños, no podría haber encarcelamiento alguno.

Voy a votar a favor porque estoy convencido que este proyecto moderniza el derecho y castiga de manera justa al joven que comete delitos, especialmente los establecidos en el artículo 4º.

He dicho.

El señor LETELIER, don Juan Pablo (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal .

El señor LEAL.-

Señor Presidente, el tema es complejo, porque con esta iniciativa estamos rebajando la edad de la imputabilidad penal juvenil a 14 años.

Si revisamos la experiencia internacional, veremos que en Inglaterra, la imputabilidad es a los 12 años, pero se siguen cometiendo delitos juveniles. Es decir, en los países europeos más desarrollados donde se han adoptado medidas como éstas, que tienen niveles de equidad y la presencia asistencial del Estado es mayor que en Chile, se siguen cometiendo delitos juveniles.

Con esto quiero decir que no basta rebajar la edad de la impunidad penal para resolver el problema de la delincuencia juvenil. La experiencia internacional es tan dramática que en el Parlamento inglés se discutió la posibilidad de rebajar la imputabilidad penal de 12 años a 10 años. Incluso, algunos miembros de la Cámara propusieron dejarlo en 8 años. Eso significa que el fenómeno delictual en Inglaterra a nivel juvenil es tan grande que no ha dado resultado fijar la imputabilidad juvenil a los 12 años.

Por lo tanto, debemos tener una mirada mucho más amplia respecto del fenómeno. El tema debe ir acompañado de los doce años de escolaridad, de los recursos para que ningún joven chileno abandone la educación básica o la media porque sus padres carecen de recursos económicos para seguir estudiando, de un sistema de protección del joven que se encuentra en desamparo, del fortalecimiento de la familia, que es el núcleo fundamental para impedir que el joven entre en la delincuencia; de una política pública destinada a trabajar con las pandillas y los grupos juveniles, instancias en que, muchas veces, los jóvenes construyen su identidad, ya que, sin ser grupos delictuales, los adolescentes que lo componen llegan a cometer delitos por el consumo de droga o de alcohol. Conozco muchos grupos de jóvenes de barrios populares cuyos integrantes nunca pensaron cometer delito, pero una noche, después de haber habido mucho alcohol, participaron de delitos graves que ameritaron una sanción.

Lo primero que quiero proponer al Ejecutivo es llevar adelante un debate que nos permita acompañar la ley de imputabilidad penal juvenil con un conjunto de políticas públicas en favor del mundo de los jóvenes entre los 14 y 18 años. En caso contrario, nos puede pasar lo que ha ocurrido en Inglaterra, cual es que en cinco años más estemos debatiendo la rebaja de la imputabilidad a los 12 años, o como ha ocurrido en otros países de Europa, donde se ha llegado a discutir la posibilidad de fijar la imputabilidad a los 10 años, porque no ha dado resultado tener una política punitiva respecto de los jóvenes.

Sin embargo, quiero decir que soy partidario del proyecto, porque no debemos seguir dando una señal de impunidad, como sucedió con un joven de 14 años de la población Palomar, de Copiapó, que violó a un niño de cuatro años y luego el juez lo declaró sin discernimiento, por lo que el muchacho quedó libre, pero el niño de cuatro años no se atreve a salir a la puerta de su casa porque el agresor está libre. Eso da dos señales negativas: al adolescente que violó al menor, de que ese hecho no es tan grave, razón por la cual no está en la cárcel, y al menor agredido y a su familia, de que existe impunidad.

He presentado este caso dramático, ocurrido en Copiapó, para manifestar la importancia del proyecto. Es necesaria la imputabilidad penal para los adolescentes y que se les habiliten centros de detención especiales; pero eso debemos acompañarlo con políticas sociales que permitan prevenir y controlar la delincuencia juvenil. De lo contrario, todas las medidas que adoptemos serán inútiles.

He dicho.

El señor LETELIER, don Juan Pablo (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Luis Bates .

El seño BATES (ministro de Justicia).-

Señor Presidente, quiero hacer ciertos alcances respecto de algunas referencias que se han hecho en el debate.

Como señalé en mi exposición, el proyecto que nos convoca se enmarca en el contexto de un conjunto de iniciativas de reforma legal que permitirán materializar los cambios que debemos incorporar al sistema de tratamiento de los menores de edad para hacerlos compatibles con la Convención de Derechos del Niño y permitir con ello una respuesta más efectiva para la prevención de infracciones penales.

Desde esa perspectiva, el proyecto de responsabilidad penal juvenil propone una regulación del sistema de responsabilidad penal, que considera los delitos y las medidas que harán efectiva dicha responsabilidad y el procedimiento que deberán seguir los tribunales al respecto.

Si hacemos un paralelo, notaremos que estas normas constituyen el equivalente al Código Procesal Penal dentro de las iniciativas que materializaron la reforma procesal penal, entre ellas la ley que crea el ministerio público y la defensoría penal pública, la que modifica el Código Orgánico de Tribunales, etcétera.

Quiero hacer una referencia al tema de los recursos, que ha preocupado a los señores diputados.

El régimen de administración de los recursos del Servicio Nacional de Menores para la ejecución de las medidas que contempla la ley, está considerado en el proyecto de subvenciones del Servicio Nacional Menores, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Informo que la indicación correspondiente al tema económico ingresó hace dos semanas y que está próxima a ser presentada en la Sala del Senado.

Por su parte, la infraestructura que habilita al cumplimiento de las penas privativas de libertad se encuentra construida en, prácticamente, todo el país. Sólo resta por terminar, como se recordó en el debate, la construcción de dos centros en las regiones Undécima y Duodécima .

De esta forma, sólo resta la tramitación de una iniciativa que adiciona el número de jueces fiscales y defensores necesarios para abordar la carga de trabajo adicional que considera el sistema, la cual fue dimensionada al inicio del trámite del proyecto y se encuentra actualmente en fase de actualización.

En tanto, se estimó indispensable cotejar la información de que se disponía sobre la implementación y aplicación de la reforma procesal penal en las regiones Quinta , Octava y Décima.

Por su parte, las policías no verán incrementada su actuación, toda vez que ellas reaccionan frente al conjunto de ilícitos que aborda la ley, siendo sólo diferente el destinatario de sus informes. En la actualidad, deben remitir el caso al tribunal de garantía, del crimen o de menores, según corresponda, en atención a la edad y al lugar de comisión del delito, actividad que en el futuro deberán seguir desempeñando. Por tanto, no existe una recarga en las funciones que actualmente ejecutan las policías.

Estos antecedentes fueron expuestos en más de una ocasión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Particularmente, la directora del Servicio Nacional de Menores explicó en forma pormenorizada los programas existentes y la programación futura. Asimismo, la ministra subrogante de Hacienda hizo lo propio en marzo pasado.

Sobre esa base, el propio informe de la Comisión ratifica que el texto sometido a la consideración de la Sala no considera costos adicionales.

Esta es la información que quería proporcionar a esta Sala antes de la votación.

He dicho.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Cerrado el debate.

A continuación, el señor secretario dará lectura a los pareos.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Se han registrado en la Secretaría los pareos de los diputados señores Marcelo Forni con Sergio Aguiló , Edmundo Salas con Iván Norambuena y José Pérez con Alberto Cardemil .

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

En votación general el proyecto, con excepción de los artículos 37, 38, 39, 40, 71, 83, letras d), e) y f), y 2º transitorio, que tienen rango de ley orgánica constitucional, por lo que debemos votarlos en forma separada.

Efectuada la votación por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Ceroni , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Escalona , Espinoza , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Ibáñez (don Gonzalo) , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Martínez , Masferrer , Melero , Meza , Molina , Monckeberg , Montes, Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes, Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte , Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Solicito acuerdo de la Sala para aprobar en general y con la misma votación el resto del proyecto, dejando constancia de que se ha alcanzado el quórum necesario.

Aprobado.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma .

El señor TUMA.-

Señor Presidente, entiendo que el proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo tanto, solicito la anuencia de la Sala para que lo estudie también la Comisión de Hacienda.

El señor LEAL (Presidente en ejercicio).-

Señor diputado, el proyecto será enviado nuevamente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, pues ha sido objeto de indicaciones.

¿Habría acuerdo para acceder a la petición del diputado señor Tuma ?

No hay acuerdo.

En realidad, señor diputado, el procedimiento indica que el proyecto vuelva a la comisión técnica, la cual debe decidir si es necesario que también lo estudie la Comisión de Hacienda.

-o-

1.6. Segundo Informe de Comisión de Constitución

Cámara de Diputados. Fecha 06 de julio, 2004. Informe de Comisión de Constitución en Sesión 14. Legislatura 351.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL.

BOLETÍN Nº 3021-07-1

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

De conformidad a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 9ª. ordinaria, de 23 de junio del año en curso, con todas las indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación, las que constan en la hoja respectiva preparada por la Secretaría de la Corporación, más las formuladas en el seno de la Comisión.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento, en este informe debe dejarse constancia de lo siguiente:

1.- De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo en la Comisión.

En esta situación se encuentran los artículos 1º, 2º, 3º, 9º, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 bis, 41 ter, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82 y 83 permanentes y los artículos 1º, 2 y 3º transitorios.

Todas estas disposiciones, con la salvedad de los artículos 37, 38, 39, 40, 70 y 83 letras d), e) y f) y el artículo 2º transitorio, los que tienen rango de ley orgánica constitucional y deben votarse separadamente de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 30 de la ley Nª 18.918, deben entenderse reglamentariamente aprobadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación.

2.- Artículos calificados como normas de rango orgánico constitucional o que deban aprobarse con quórum calificado.

La Comisión reiteró, por unanimidad, su parecer en cuanto a que los artículos 37, 38, 39, 40, 70 (anterior 71) y 83 letras d), e) y f) permanentes y el artículo 2º transitorio tienen rango de ley orgánica constitucional, el primero por incidir en la organización y atribuciones del Ministerio Público de acuerdo a lo establecido en el artículo 80 B de la Constitución Política y los restantes por tener relación con la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia según lo señala el artículo 74 de la misma Carta Política.

3.- De los artículos suprimidos.

No hubo artículos suprimidos.

4.- De los artículos modificados.

La Comisión modificó los siguientes artículos:

5º, 6º, 7º, 8º, 10, 12, 20, 21, 22, 25, 28, 32, 41, 46 (pasó a ser 81), 56 (pasó a ser 55), 58 (pasó a ser 57), 68 (pasó a ser 67), 78 (pasó a ser 77) y 81 ( pasó a ser 80).

A continuación se efectúa una reseña del debate que dio origen a tales modificaciones.

a.- Artículo 5º.-

Esta disposición se refiere a los límites de edad a la responsabilidad, señalando en su inciso primero, que para los efectos de esta ley se entiende por adolescente a toda persona que al inicio de la infracción a la ley penal, sea mayor de 14 años y menor de 18.

Su inciso segundo agrega que si el delito se inicia entre los 14 y los 18 años, pero su consumación se prolonga más allá de esta última edad, el juez deberá determinar la legislación aplicable, atendiendo a las circunstancias.

Su inciso tercero dispone que la edad del imputado podrá determinarse por cualquier medio.

Su inciso cuarto da reglas para el caso de haber dudas acerca de la edad del imputado, señalando que si no hay claridad acerca de si éste es un adolescente o un adulto, deberá presumirse que se trata de un adolescente o si la duda fuere si se trata de un mayor de 14 años o menor de esa edad, se presumirá que es menor de 14 de años.

Su inciso quinto señala que las personas menores de catorce años carecen de responsabilidad criminal, por lo que en ningún caso podrán ser objeto de los procedimientos y sanciones que señala esta ley.

Los Diputados señores Álvarez, Pérez Varela y Uriarte presentaron una indicación para agregar al final del último inciso la siguiente oración:

“Ello sin perjuicio de aplicarles las medidas contempladas en la legislación correspondiente.”.

La Comisión estimó en un principio innecesaria esta indicación, pero considerando, en seguida, que esta normativa constituye una legislación especial y que se encuentra en trámite el proyecto sobre “Protección de la infancia y adolescencia”, el que deroga la Ley de Menores y establece las nuevas disposiciones proteccionales que se aplicarán a niños y adolescentes, concordó con la indicación y la aprobó por unanimidad.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 5°.- Límites de edad a la responsabilidad. Para los efectos de esta ley se entenderá por adolescente toda persona que al inicio de la infracción a la ley penal que se le imputa sea mayor de catorce años y menor de dieciocho años

En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, el juez determinará la legislación aplicable atendiendo a las circunstancias de hecho y personales.

La edad del imputado podrá ser determinada por cualquier medio.

Una vez agotados todos los medios para determinar la edad y en caso de duda acerca de si el imputado es un adolescente o un adulto, el juez presumirá que se trata de un adolescente. Si la duda es si el imputado es un adolescente o un menor de catorce años, el juez presumirá que se trata de un menor de catorce años.

Las personas menores de catorce años carecen de responsabilidad criminal, por lo que, en ningún caso, podrán ser objeto de los procedimientos y sanciones que regula esta ley. Ello sin perjuicio de aplicarles las medidas contempladas en la legislación correspondiente.”.

b.- Artículo 6º.-

Considera en su inciso primero, como infracción a la ley penal, la intervención de un adolescente como autor, cómplice o encubridor en un hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Su inciso segundo considera también infracciones a la ley penal las faltas que indica.

1) Los Diputados señores Álvarez, Pérez Varela y Uriarte presentaron una indicación para substituir en el inciso primero el término “intervención” por la expresión “ participación”, proposición que se acogió sin debate, por unanimidad.

2) El Ejecutivo presentó una segunda indicación para agregar un nuevo inciso tercero del siguiente tenor:

“No podrá procederse penalmente respecto de los delitos contemplados en los párrafos 5º y 6º del Título VII del Libro II del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de 14 años y no concurra alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre la víctima y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad tratándose de la conducta descrita en el artículo 362 o de tres años en los demás casos.”.

La indicación, surgida a consecuencias de otra muy similar presentada por los Diputados señoras Saa y Soto y señores Burgos, Bustos, Ceroni, Jarpa, Meza, Rossi y Walker , la que fue rechazada, fue fundamentada por los representantes del Ejecutivo, señalando que las conductas delictivas sexuales se castigan cuando no hay consentimiento o, cuando habiéndolo, la persona no tiene capacidad para consentir. Recordaron que las conductas sexuales, las que no sólo comprenden el acceso carnal, con el actual sistema pueden dar lugar o no a la responsabilidad, ya que, por ejemplo, la relación entre una persona menor de 14 años y otra de 17, será punible respecto de la última sólo en la medida que se la declare que obró con discernimiento. En caso contrario, no habrá responsabilidad. De acuerdo a este mismo mecanismo, si la relación se hubiera producido entre menores de 13 y 14 años de edad, hoy no cabría responsabilidad para ninguno de ellos, pero al fijarse la capacidad de consentir en los 14 años, la conducta si será punible para el mayor de 14 aunque exista pleno consentimiento por parte del menor de 13, ya que éste no tiene capacidad para consentir. Por ello el objeto de esta indicación es exigir una pequeña diferencia de edad para que haya responsabilidad de parte del de más edad, por cuanto si existe un margen mayor que el que se propone, podría presumirse que existió, a lo menos, algún grado de aprovechamiento, pero si la diferencia es mínima, parece claro que se ha actuado de manera consentida.

Se aprobó la indicación por unanimidad.

El texto de este artículo quedó de la siguiente manera:

“Artículo 6.- Infracción a la ley penal. Para los efectos de esta ley se considera infracción a la ley penal la participación de un adolescente como autor, cómplice o encubridor en un hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Asimismo, se consideran infracciones a la ley penal los hechos cometidos por adolescentes tipificados en los artículos 494, números 1, 3, 4, 5, y 19, sólo en lo que dice relación al artículo 446; y 496 números 5 y 26, del Código Penal.

No podrá procederse penalmente respecto de los delitos contemplados en los párrafos 5º y 6º del Título VII del Libro II del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de 14 años y no concurra alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre la víctima y el imputado una diferencia de, a lo menos, tres años de edad tratándose de la conducta descrita en el artículo 362 o de dos años en los demás casos.”.

c.- Artículo 7º.-

Señala los delitos que tienen el carácter de infracción grave a la ley penal, indicando en sus letra a) a e) que en esta situación se encuentran, sea en grado de consumados o frustrados, el homicidio, la violación, el secuestro y la sustracción de menores, las mutilaciones y las lesiones gravísimas y el robo con violencia en las personas.

Su inciso segundo sanciona, pero sólo en grado de consumados, el robo con intimidación en las personas y el robo con fuerza en lugares habitados.

1) Los Diputados señores Burgos y Luksic presentaron una indicación para intercalar en el inciso primero, entre las expresiones “consumado” y “frustrado” los términos “en grado de tentativa.

El Diputado señor Burgos explicó el sentido de la indicación, señalando que la entidad de delitos como los enumerados en las letras a) a e) de este artículo, justificaban plenamente, en razón de la peligrosidad de sus autores, que se los sancionara igualmente en grado de tentativa.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación, en segunda votación, por mayoría de votos (6 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención).

2) El Ejecutivo presentó una indicación para intercalar en el inciso segundo, una nueva letra f) del siguiente tenor, pasando las actuales f) y g) a ser g) y h), respectivamente:

“f) La asociación ilícita para el tráfico de drogas, prevista en el artículo 22 de la ley Nª 19.366, y aquella que tenga por objeto la comisión de delitos terroristas conforme lo dispuesto en el artículo 2º Nº 5 de la ley Nº 18.314.”.

Esta indicación, surgida a raíz de una proposición de los Diputados señora Guzmán y señores Delmastro y Longton para agregar las conductas sancionadas en las leyes Antiterrorista, de Control de Armas y de Drogas, la que resultó rechazada, fue fundada por los representantes del Ejecutivo en el sentido de no parecerles adecuado sancionar con privación de libertad el mero tráfico de drogas por parte de un menor, pero si como medida de auxilio para sacarlo del lugar en que se encuentra en el caso de que participara en una asociación ilícita.

Asimismo, en lo que se refiere a las conductas terroristas, señalaron que prácticamente todas las acciones que contempla el artículo 2º de la ley Nº 18.314, se encuentran en la enumeración de delitos graves que efectúa el artículo en análisis, faltando únicamente la participación en un grupo organizado, conducta que la indicación que presentaban incluía.

Por último, no se mostraron partidarios de hacer referencia a las conductas que sanciona la Ley de Control de Armas por cuanto tales conductas se expresan en el porte y tenencia de armas de fuego, acciones que sólo constituyen una hipótesis de peligro y que si no va seguida de otro comportamiento destinado a la ejecución de un delito, parecería excesivo calificarla de infracción grave, la que podría dar lugar a una privación de libertad.

Finalmente, ante una consulta, señalaron no ser partidarios de incluir las conductas abortivas por cuanto, en el caso del auto-aborto, dadas las circunstancias que rodeaban esa situación, debía excluírselo. Igualmente en el caso de la intervención de facultativos, por cuanto antes de los 18 años de edad, parece imposible alcanzar el carácter de profesional. Quedaría únicamente la situación del acompañante o de la persona que facilita los datos para ubicar el lugar en que se realiza la operación, respecto de quien estimaban que no justificaría una pena privativa de libertad.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación por unanimidad.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 7.- Infracciones graves. Para los efectos de esta ley, constituyen infracciones a la ley penal de carácter grave por parte de un adolescente, los siguientes delitos, sea que se encuentren consumados, en grado de tentativa o frustrados:

a) El homicidio;

b) La violación,

c) El secuestro y la sustracción de menores;

d) Las mutilaciones y las lesiones graves tipificadas en el artículo 397 número 1 del Código Penal; y

e) El robo con violencia en las personas

Constituyen, asimismo, infracciones graves los siguientes delitos consumados:

f) La asociación ilícita para el tráfico de drogas, prevista en el artículo 22 de la ley Nº 19.366, y aquella que tenga por objeto la comisión de delitos terroristas conforme lo dispuesto en el artículo 2º N º 5 de la ley Nº 18.314.

g) Robo con intimidación en las personas, en que se amenace a la víctima con causarle la muerte, violación o un grave daño a su integridad física; y

h) Robo con fuerza en las cosas en lugares habitados regulado en el artículo 440 del Código Penal.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley tomando como base las conductas mencionadas en los incisos precedentes.

d.- Artículo 8º.-

Trata de los presupuestos de la responsabilidad, señalando que para la que haya respecto de un adolescente, se requiere 1) que haya realizado una conducta constitutiva de infracción a la ley penal y 2) que no concurra a su respecto alguna de las causales que, conforme a la ley, eximen de responsabilidad a las personas mayores de 18 años o alguna circunstancia análoga a éstas.

Los Diputados señores Álvarez, Pérez Varela y Uriarte presentaron una indicación para suprimir en el número 2 de este artículo, la frase final “o alguna circunstancia análoga a éstas.”.

Sobre esta indicación, los representantes del Ejecutivo señalaron que si bien coincidían con los fundamentos para la incorporación de eximentes analógicas, también pensaban que se trataba de una institución relativamente ajena a nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, creían necesario permitir que hubiera de parte de la jurisprudencia, una aproximación a los criterios analógicos para la concepción de atenuantes en lo relativo a la determinación de la pena, pero no como una exigencia establecida en la ley, razón por la que concordaron con la supresión propuesta y anunciaron una indicación al artículo 20 del proyecto.

Se aprobó la indicación por unanimidad.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 8º.- Presupuestos de la responsabilidad. Para que exista responsabilidad del adolescente conforme a la presente ley se requiere:

1. Que éste haya realizado una conducta constitutiva de infracción a la ley penal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley;

2. Que no concurra a su respecto alguna de las causas que, conforme a la ley, eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años.

e.- Artículo 10.-

Trata de la extinción de la responsabilidad, señalando que ésta se extingue de la misma forma y por las mismas causas que en el caso de una persona mayor de 18 años.

Su inciso segundo agrega que tanto el cumplimiento de la sanción impuesta como la revocación de la condena ordenada por el tribunal de acuerdo a esta ley, extinguen la responsabilidad penal.

Su inciso tercero añade que el término de la acción penal y de la pena será de un año, con excepción de las conductas a que se refiere el artículo 7º, es decir, las infracciones graves, el que será de tres años.

El Diputado señor Uriarte, sobre la base de dos indicaciones patrocinadas por él mismo y los Diputados señores Álvarez y Pérez Varela, propuso substituir en el inciso tercero los términos “un año” y “tres años” por “dos años” y “cinco años”, respectivamente y para agregar, a continuación, la frase “ y de las faltas, cuya prescripción será de seis meses.”.

La indicación, que aumenta los plazos de prescripción de la acción penal y de la pena y fija un término para dicha prescripción tratándose de las falta, fue aprobada por mayoría de votos (8 votos a favor y 1 en contra).

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 10.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se extingue de la misma forma y por las mismas causas que aquella que deriva de la comisión de un delito por parte de una persona mayor de dieciocho años.

Tanto el cumplimiento de la sanción impuesta, como su revocación ordenada por el Tribunal en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 3 del Título Cuarto de la presente ley, extinguen la responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal que se hubiere cometido.

Sin embargo, el término de la prescripción de la acción penal y de la pena será de dos años, con excepción de las conductas a que se refiere el artículo 7º, respecto de las cuales será de cinco años, y de las faltas, cuya prescripción será de seis meses. Para el cómputo respectivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 95 y 98 del Código Penal.

f.- Artículo 12.-

Se refiere al principio del interés superior del niño, señalando que en todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a procedimientos, sanciones y medidas, aplicables a un adolescente, deberá tenerse en consideración este principio.

Su inciso segundo agrega que ninguna autoridad podrá atribuirse la facultad de adoptar las sanciones previstas en esta ley, fuera de los casos que ella contempla, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias o el supuesto beneficio de una persona menor de catorce años o adolescente.

El Diputado señor Forni objetó la redacción de la parte final del inciso segundo por cuanto esta normativa regula la responsabilidad penal del adolescente, el que de acuerdo a este mismo proyecto, es el mayor de 14 años, por lo que un menor de esa edad no podría considerarse adolescente. Propuso, en consecuencia, suprimir los términos “o adolescente”.

La Comisión, siguiendo el parecer del Diputado señor Bustos, sostuvo que la disposición era correcta por cuanto precisaba que no se podrían aplicar otras sanciones que las que esta ley contempla a personas entre 14 y 18 años de edad, y en el caso de menores de esas edades, regiría la ley de protección. Convino, no obstante, en que existía un problema de redacción que podría dar lugar a confusiones, por lo que, por unanimidad, acordó agregar entre las palabras “catorce años” y “adolescente” los términos “de un”.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 12.- Interés superior del niño. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores a la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales.

Ninguna autoridad podrá atribuirse la facultad de adoptar las sanciones previstas en esta ley, fuera de los casos que ella contempla, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias o del supuesto beneficio de una persona menor de catorce años o de un adolescente.”.

g.- Artículo 20.-

Esta disposición señala, en su primer inciso, los elementos o circunstancias que el juez deberá considerar para los efectos de determinar la sanción.

En su inciso segundo, agrega las circunstancias que deberán considerarse para evaluar la gravedad de la infracción, entre las que se encuentran la naturaleza y extensión de las penas asignadas por la legislación penal a la infracción cometida; la calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción; la concurrencia de circunstancias que de acuerdo a la ley, dan lugar a la formación de delitos agravados, calificados o especiales en relación a la infracción que se imputa y, por último, en su letra d) la extensión del mal causado y la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en el artículo 77 de esta ley.

Como ya se dijo al tratar las modificaciones al artículo 8º, el Ejecutivo presentó una indicación para permitir la consideración, por parte de los tribunales, de circunstancias atenuantes de la responsabilidad, análogas a las que la ley establece, para los efectos de determinar la pena a aplicar a un adolescente infractor.

Dicha indicación reemplazó la letra d) del inciso segundo por la siguiente:

“d) La extensión del mal causado y la concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal o alguna análoga a éstas, o de circunstancias agravantes, con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 77 de la presente ley.”.

Se aprobó la indicación por unanimidad.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 20.- Determinación de la pena. Para determinar las sanciones, así como para fijar su extensión temporal o cuantía, el juez siempre deberá considerar:

1.- El número de infracciones cometidas;

2.- La edad del adolescente infractor, y

3.- La proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de la o las infracciones cometidas y la severidad de la sanción.

Para evaluar la gravedad de la infracción, el tribunal deberá determinar, en primer lugar, si ésta corresponde a una infracción de las que señala el artículo 7° de esta ley. Además, el tribunal deberá considerar:

a) La naturaleza y extensión de las penas asignadas por la legislación penal al hecho constitutivo de la infracción;

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

c) La concurrencia de circunstancias que, conforme a la legislación penal, den lugar a la formación de delitos calificados, agravados o especiales, en relación a la infracción a la ley penal que se imputa, y

d) La extensión del mal causado y la concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal o alguna análoga a éstas, o de circunstancias agravantes, con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 77 de la presente ley.

4.- Para determinar la sanción aplicable a un adolescente por la comisión de más de una infracción, el juez deberá considerar en su conjunto la naturaleza y características de la totalidad de las infracciones cometidas, de acuerdo a lo previsto en los números 1, 2 y 3 del presente artículo.

En caso alguno podrá imponerse una sanción separada para cada infracción, debiendo darse aplicación a lo previsto en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Asimismo, en caso alguno podrá imponerse una sanción que sea superior a los dos tercios de aquella que hubiere correspondido en caso de haberse ejecutado el hecho que la fundamenta por parte de un mayor de edad.”.

h.- Artículo 21.-

Se refiere a la amonestación, como sanción no privativa de libertad, definiéndola como la reprensión enérgica que el juez efectúa en forma oral, clara y directa al adolescente infractor, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que de ello derivan, instándole a cambiar de conducta.

Ante las observaciones formuladas por los Diputados Álvarez, Pérez Varela y Uriarte, traducida en una indicación que finalmente se rechazó, en el sentido de que este tipo de sanción no tenía ningún efecto, por lo que debería suprimirse, la Comisión estimó, por el contrario, que este tipo de sanción envolvía un efecto psicológico que ayudaba en la corrección del menor, pero que tal como lo señalaba el Diputado señor Forni, podría ser conveniente agregarle algún elemento de justicia restaurativa.

Los representantes del Ejecutivo coincidieron con esta última opinión, sugiriendo añadir un inciso que sujetara su aplicación a una declaración del adolescente aceptando su responsabilidad.

La Comisión acogió tal sugerencia, quedando este artículo, aprobado por unanimidad, en los siguientes términos:

“Artículo 21.- Amonestación. La amonestación consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente, instándole a cambiar de comportamiento, y formulándole recomendaciones para el futuro.

La aplicación de esta sanción, en todo caso, requerirá una previa declaración del adolescente, asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida.”.

i.- Artículo 22.-

Contempla como sanción la multa, señalando que el juez podrá imponerla, a beneficio fiscal, hasta por diez unidades tributarias mensuales. La misma disposición agrega que para su aplicación y determinación del monto, deberá considerarse la gravedad del hecho y las facultades del infractor o de quien lo tenga a su cuidado.

Los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana presentaron una indicación para agregar el siguiente inciso a este artículo:

“El juez, a petición del adolescente o de su defensor, podrá autorizar el pago de la multa en cuotas o prorrogar su pago hasta por un plazo de sesenta días, atendida la situación económica del adolescente condenado y de su familia.”.

Los representantes del Ejecutivo coincidieron con la indicación por cuanto el fraccionamiento en cuotas facilita el control del cumplimiento y que el resarcimiento del perjuicio, sea producto del trabajo del infractor. No obstante, no concordaron con el establecimiento de prórrogas por el riesgo de quebrantamiento de condena que ello conlleva y que significaría la aplicación de una pena superior.

La Comisión acogió la observación formulada y procedió a aprobar la indicación, con supresión de la posibilidad de prórroga.

El texto de este artículo, aprobado por unanimidad, quedó como sigue:

“Artículo 22.- Multa. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. Para su aplicación y la determinación de su monto, se tomará en consideración fundamentalmente la gravedad del hecho y las facultades económicas del infractor o de la persona a cuyo cuidado se encontrare.

El juez, a petición del adolescente o de su defensor, podrá autorizar el pago de la multa en cuotas, atendida la situación económica del adolescente condenado y de su familia.“.

j.- Artículo 25.-

Esta disposición permite al adolescente sancionado con la pena de servicios en beneficio de la comunidad o en los casos en que la sanción de reparación del daño conlleva la prestación de servicios personales, objetar su aplicación al momento en que le sea impuesta, debiendo el tribunal substituirla.

El Diputado señor Uriarte, a raíz de una indicación presentada por el mismo y por los Diputados señores Álvarez y Pérez Varela para suprimir este artículo, propuso, a cambio de retirar la indicación, agregar al final de este artículo la frase “por la inmediatamente superior”, proposición que la Comisión acogió por unanimidad por ser esa la conclusión lógica ante la negativa del menor.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 25.- Objeción de trabajo. Tratándose de la sanción prevista en el artículo precedente o en aquellos casos en que la sanción de reparación del daño conlleve la prestación de servicios personales por parte del adolescente infractor, éste podrá objetar su aplicación al momento en que le sea impuesta, debiendo el tribunal, en tal caso, sustituirla por la inmediatamente superior.”.

k.- Artículo 28.-

Se refiere a la sanción de arresto de fin de semana, señalando, en su inciso primero, que consiste en el encierro del infractor durante el fin de semana en un centro de privación de libertad, con una duración máxima de veinte fines de semana.

Su inciso segundo define fin de semana como el período comprendido entre las 19.00 horas del viernes y las 19.00 horas del domingo respectivo.

El Diputado señor Uriarte, coautor junto con los Diputados señores Álvarez y Pérez Varela, de una indicación para fijar la duración mínima de la condena en dos años, propuso modificar la indicación para fijar la duración máxima en un año,

La Comisión, por mayoría de votos (7 votos a favor y 1 en contra) acordó acoger la proposición, expresando el tiempo en semanas.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 28.- Arresto de fin de semana. El arresto de fin de semana consiste en el encierro del infractor, durante el fin de semana, en un centro de privación de libertad y tendrá una duración máxima de 52 fines de semanas.

Para estos efectos se entenderá por fin de semana el período de tiempo comprendido entre las 19.00 horas del día viernes de cada semana, hasta las 19.00 horas del día domingo respectivo.”.

l.- Artículo 32.-

Establece que la duración mínima de las sanciones privativas de libertad, será de un año para los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 16, y de dos años para los mayores de 16 y menores de 18 años.

Su inciso segundo agrega que, en todo caso, la sanción no podrá exceder de cinco años.

El Diputado señor Uriarte, atendiendo al buen comportamiento del menor y al hecho de haberse impuesto la pena mínima de acuerdo al rango de edad, propuso, que una vez evaluado dicho buen comportamiento y antecedentes de reinserción por parte del condenado, facultar al juez de control de ejecución, para substituir la pena privativa de libertad por la de libertad asistida o la de arresto de fin de semana, por el tiempo que faltare por cumplir.

La Comisión acogió por unanimidad dicha proposición, quedando el artículo con el siguiente texto:

“Artículo 32.- Duración de las sanciones privativas de libertad. Las sanciones de privación de libertad que se aplican bajo las modalidades establecidas en los artículos 30 y 31, tendrán una duración mínima de un año para los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 16, y de dos años para los mayores de 16 años y menores de 18.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de esta ley, en el caso en que se haya establecido la pena mínima de un año para los jóvenes entre 14 y 16 años y de dos años para aquellos entre 16 y 18 y durante la vigencia de la sanción existan antecedentes de buen comportamiento y reinserción del joven, evaluados por el juez de control de la ejecución, podrá substituirse la pena privativa de libertad por libertad asistida o arresto de fin de semana por el tiempo de condena que quedare por cumplir.

En todo caso, la duración máxima no podrá exceder de cinco años.”.

m.- Artículo 41.-

Dispone que los defensores regionales velarán porque los abogados que figuren disponibles para asumir la defensa penal de adolescentes, cuenten con conocimientos especializados en la materia, debiendo considerarse esta circunstancia en las licitaciones que se efectúen.

Su inciso segundo agrega que excepcionalmente las bases de licitación podrán considerar la adjudicación a abogados que no cuenten con la especialización señalada, cuando el número de ingresos de causas por infracciones juveniles no representen una carga superior a cien casos anuales.

Los Diputados señores Burgos y Pérez Lobos presentaron una indicación para substituir este artículo por el siguiente:

“La Defensoría Penal Pública organizará un sistema especial asignando defensores y estableciendo normas específicas de licitación para prestar defensa penal a los adolescentes imputados de infringir esta ley que carezcan de abogados.”.

La indicación, destinada a simplificar la norma y a entregar directamente a la Defensoría Penal Pública la decisión acerca de cómo organizar su trabajo, se acogió sin mayor debate, por unanimidad.

n.- Artículo 46.- (paso a ser 81)

Respecto de este artículo, que regla la situación de menores de 14 años sorprendidos en la ejecución flagrante de una conducta que, cometida por un adolescente, significaría una infracción a la ley penal, para lo que entrega facultades a las policías para restablecer el orden y adoptar las medidas de protección a la víctima que fueren necesarias, la Comisión ante una indicación de los Diputados señores Burgos y Luksic para incluirlo como artículo transitorio, modificatorio de la Ley de Menores, acordó, por unanimidad, ubicarlo, en los mismo términos, como artículo permanente, inmediatamente antes de las modificaciones que se introducen al Código Penal y a la Ley de Menores.

Para acordar lo anterior, tuvo en consideración la opinión de los representantes del Ejecutivo en cuanto a que, en primer lugar, no se trataba de una norma transitoria toda vez que establecía una facultad permanente y, en segundo lugar, a que si bien la materia que trataba era propia de una ley de protección, no se justificaba incluirlo en el articulado de la Ley de Menores porque prontamente dicha normativa sería reemplazada.

Figura, en los mismos términos, como artículo 81.

ñ.- Artículo 56.- (pasó a ser 55).

Trata del juicio abreviado inmediato, señalando que tendrá lugar respecto de los delitos que regula esta ley, con las modificaciones que indica.

La Diputada señora Guzmán y los Diputados señores Delmastro y Longton presentaron una indicación para suprimir en el enunciado y en la letra b) del inciso primero, el término “abreviado”.

La modificación, de carácter formal, se fundó en la necesidad de evitar confusiones y de ceñirse a la terminología que emplea el Código Procesal Penal.

Se aprobó sin debate por unanimidad.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 55- Juicio inmediato. El juicio inmediato establecido en el artículo 235 del Código Procesal Penal, tendrá lugar respecto de los delitos regulados en la presente ley, con las siguientes modificaciones:

a) La solicitud del fiscal tendrá por objeto recurrir al procedimiento abreviado previsto en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal.

b) Acordado el procedimiento inmediato, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes, otorgándosela al final al acusado, para que manifieste lo que estime conveniente.

c) Si no hubiere acuerdo, el juez podrá admitir que la causa pase directamente a juicio oral, luego del debate pertinente, a menos que resulte necesario fijar un plazo no menor de diez ni superior a veinte días para los efectos que la defensa ofrezca su prueba.

Lo dispuesto en este artículo no resultará aplicable si el fiscal solicita la aplicación de una sanción privativa de libertad.”.

o.- Artículo 58.- (Paso a ser 57).

Señala el plazo para declarar el cierre de la investigación, indicando, en su inciso primero, que una vez transcurrido el plazo máximo de 180 días desde la fecha en que se hubiere formalizado la investigación, el fiscal deberá proceder a cerrarla, a menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior.

Su inciso segundo añade que previo al término de cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, la ampliación por un máximo de treinta días.

Los Diputados señora Guzmán y señores Delmastro y Longton presentaron una indicación para disminuir el plazo a ciento veinte días, aduciendo la señora Diputada que si la tónica era acortar los plazos de privación de libertad, parecía lógico evitar la demora excesiva en la investigación.

Se acogió la indicación por unanimidad.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 57- Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo máximo de ciento veinte días desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla, a menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior

Previo al término de cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de treinta días.”.

p.- Artículo 68.- (pasó a ser 67).

Se refiere a la administración de las medidas que contempla esta ley, señalando que el Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país, de los programas necesarios para ejecutar tales medidas.

Su inciso segundo agrega que para los efectos anteriores, deberá llevar un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna, registro que quedará a disposición de los tribunales competentes.

Su inciso tercero impone al Servicio la obligación de revisar anualmente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de las institucionales colaboradoras y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar un inciso final a este artículo del siguiente tenor:

“El reglamento a que alude el inciso final del artículo 61 contendrá las normas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.”

La indicación, surgida a consecuencias de otra indicación presentada por los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para agregar un inciso final al artículo 24, destinada a disponer la dictación de un reglamento para asegurar la aplicación de las medidas no privativas de libertad en las distintas comunas del país, la que fue rechazada, tuvo el mismo objeto pero ubicada en una disposición más apropiada.

Se aprobó por unanimidad.

El texto de este artículo quedó de la siguiente manera:

“Artículo 67.- Administración de las medidas que contempla la ley. El Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país, de los programas necesarios para ejecutar las medidas a que se refiere esta ley.

Para tal efecto, llevará un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes.

El Servicio tendrá entre sus obligaciones la de revisar periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de las instituciones colaboradoras y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.

El reglamento a que alude el inciso final del artículo 61 contendrá las normas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.”.

q.- Artículo 78 (pasó a ser 77).

Dispone, en su inciso primero, que el Servicio Nacional de Menores, institución encargada de la ejecución de las sanciones, llevará un registro reservado sobre las sanciones impuestas.

Su inciso segundo agrega que los registros o antecedentes de la condena contra un adolescente, sólo podrán ser conocidos por el Defensor Penal Público, el Ministerio Público y el tribunal para los efectos de determinar la sanción aplicable, agregando que el querellante y el defensor particular podrán requerir la información pertinente al Ministerio Público.

Su inciso tercero impone, no obstante, la obligación de reserva para quienes tomen conocimiento de estos antecedentes, bajo la sanción del artículo 247 del Código Penal.

La Comisión estimó que la redacción del inciso primero, al señalar que el Servicio Nacional de Menores es la institución encargada de la ejecución de las sanciones, inducía a equívocos por cuanto dicha institución deberá, efectivamente, cumplir, en forma exclusiva, tal función respecto de las sanciones privativas de libertad y en el caso de internación provisoria, pero no respecto de las sanciones no privativas de libertad, cuyo ejecución puede ser desarrollada también por las instituciones colaboradoras.

De acuerdo a lo anterior, acordó, por unanimidad, suprimir en el inciso primero la frase “institución encargada de la ejecución de las sanciones”.

El texto de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 77.- Registro. El Servicio Nacional de Menores llevará un registro reservado sobre las sanciones impuestas.

Los registros o antecedentes derivados de la condena en contra de un adolescente por una infracción a la ley penal, sólo podrán ser conocidos por el Defensor Penal Público, el Ministerio Público y el tribunal para los efectos de determinar la sanción aplicable, una vez concluido el juicio oral o una vez que se haya dado lugar al procedimiento abreviado y éste haya también finalizado. El querellante y el defensor particular, para los mismos efectos, podrán requerir dicha información al Ministerio Público.

En todo caso, quienes en razón a su función hayan tomado conocimiento de dichos antecedentes, mantendrán la obligación de guardar reserva, respondiendo penalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código Penal.”.

r.- Artículo 81.- (pasó a ser 80).

Dispone en su inciso primero que para los efectos previstos en el inciso final del artículo 38, la Academia Judicial deberá considerar en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder Judicial, la dictación del curso de especialización a que ese inciso se refiere.

Su inciso segundo agrega que el requisito establecido en dicha disposición podrá ser cumplido sobre la base de antecedentes que acrediten el cumplimiento de cursos de formación especializada sobre la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial.

La Comisión, luego de analizar esta disposición en relación con el artículo 38, acordó, por unanimidad, corregir la redacción de la norma en atención a que el artículo 38 exige la especialización para todos los jueces que deberán intervenir en estos procesos y no sólo para aquellos a que hace referencia su inciso final, es decir, los jueces de garantía unipersonales y los jueces de letras que ejerzan competencia de garantía.

De acuerdo a lo anterior, la redacción de este artículo quedó como sigue:

“Artículo 80.- Especialización. Para los efectos de lo previsto en el artículo 38, la Academia Judicial deberá considerar en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder Judicial, la dictación del curso de especialización a que esa norma se refiere.

En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición podrá ser cumplido sobre la base de antecedentes que acrediten el cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial.”.

5.- De los artículos nuevos introducidos

En esta situación se encuentra únicamente el artículo 34 bis, disposición originada en una indicación de los Diputados señora Guzmán y señores Delmastro y Longton del siguiente tenor:

“El juez estará facultado para establecer, como medida accesoria a las previstas en el artículo 18 de esta ley, y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del menor, la obligación de someterlo a tratamientos de cura a adicción a las drogas o alcohol.

En caso de imposibilidad de solventar dicho tratamiento por parte del menor y su familia, el Servicio Nacional de Menores, a través de sus organismos colaboradores, adoptará las medidas necesaria para que el menor reciba la terapia necesaria.”.

La Diputada señora Guzmán fundamentó su indicación en lo conveniente de que no sólo exista una sanción sino también la obligación de someterse a un tratamiento rehabilitante, que permita superar la adicción.

Los representantes del Servicio Nacional de Menores ante la observación de que el tratamiento no podría imponerse en forma obligatoria, señalaron que había situaciones en que la condición de los menores como consecuencia de la adicción, les impedía decidir si deseaban o no el tratamiento, razón por la que estimaban positiva una cierta imposición, pero en cuanto a la obligación del Servicio de colocar los recursos para llevar a cabo las terapias les parecía imposible por la falta de medios.

La Comisión, atendiendo lo señalado, acordó, por unanimidad, aprobar la indicación, pero substituyendo en el inciso primero la palabra “medida” por “sanción” y suprimiendo el inciso segundo.

Su texto quedó como sigue:

“Artículo 34 bis.- El juez estará facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas en el artículo 18 de esta ley, y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del menor, la obligación de someterlo a tratamientos de cura a adicción a las drogas o alcohol.”.

6.- De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

La Comisión reiteró su parecer de que no hay artículos que sean de la competencia de la Comisión de Hacienda, basándose para ello en lo señalado en su primer informe, es decir, la opinión emitida por la señora Subsecretaria de Hacienda, en cuanto a que el proyecto no generaba gastos fiscales porque no creaba tribunales o cargos concretos ni establecía subsidios, pero que si llegara a originarlos, materia que se analizaba en el Ministerio de Justicia, el financiamiento se establecería en la Ley de Presupuestos o en leyes especiales.

7.- De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

La Comisión rechazó las siguientes indicaciones:

1.- La del Diputado señor Bertolino para substituir, en todos los artículos del texto en que figuren, las palabras “catorce años” por “trece años”.

2.- La de los Diputados señores Álvarez, Pérez Varela y Uriarte para substituir el artículo 4º por el siguiente:

“Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. Constituye la finalidad de las sanciones y otras consecuencias reguladas en la presente ley, la responsabilización de los adolescentes por las infracciones cometidas, la protección de su desarrolle e integración social y el fortalecimiento del respeto por sus derechos, así como los derechos y libertades de las víctimas y de la sociedad.”.

3.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para substituir el artículo 4º por el siguiente:

“Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. La protección del desarrollo psicobiológico del adolescente, mediante la reparación del daño psicosocial que haya sufrido, su rehabilitación y su integración social, como asimismo, el fortalecimiento del respeto por sus derechos y libertades de las demás personas, constituyen la finalidad de las sanciones y otras consecuencias que derivan de la responsabilidad regulada en la presente ley.”

4.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para suprimir en el inciso segundo del artículo 6º la mención de los números 1 y 3 del artículo 494 del Código Penal.

5.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para agregar el siguiente inciso tercero al artículo 6º:

“No podrá procederse penalmente respecto de los delitos contemplados en los párrafos 5º y 6º del Título VII del Libro II del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de 14 años y no concurra alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre la víctima y el imputado una diferencia de a lo menos tres años de edad.”.

6.- La de los Diputados señora Guzmán y señores Delmastro y Longton para agregar al inciso segundo del artículo 7º las siguientes letras:

“h) Las conductas sancionadas en la Ley Antiterrorista;

i) Las conductas sancionadas en la Ley de Armas, y

j) Las conductas sancionadas en la Ley de Drogas.”.

7.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para intercalar en el artículo 15, antes del punto final, la frase “ y por el menor tiempo posible.”.

8.- La de los Diputados señores Álvarez, Pérez Varela y Uriarte para suprimir el artículo 21.

9.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para agregar al artículo 24 el siguiente inciso tercero:

“Se dictará dentro del plazo de 90 días de la entrada en vigencia de esta ley, un reglamento que asegure la aplicación efectiva de este tipo de medidas en todas las comunas del país.”.

10.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para substituir el inciso primero del artículo 26 por el siguiente:

“La libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado. Corresponderá al ejecutor del programa de libertad asistida, la realización de todas las acciones tendientes a reparar al menor del daño psicosocial que padezca, rehabilitarlo y reinsertarlo en el medio social y laboral. Es obligación del Estado, entregar los medios materiales para dicha intervención psicosocial y socio educativa.”.

11.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para suprimir el inciso segundo del artículo 26.

12.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para substituir en el inciso segundo del artículo 31 la oración “el cumplimiento del proceso educativo del adolescente” por el siguiente párrafo “la plena garantía de continuidad de sus estudios básicos y medios, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal,”.

13.- La de los Diputados señoras Saa, Soto y Tohá y señores Bustos, Ceroni y Quintana para substituir el inciso segundo del artículo 41 por el siguiente:

“Los adolescentes imputados tienen plena capacidad para designar abogado patrocinante para su defensa en el proceso respectivo.”.

9.- Texto o mención de las disposiciones legales que el proyecto modifica o deroga.

A.- Código Penal.

El proyecto modifica el Nº 2 del artículo 10, deroga el Nº 3 del mismo artículo y el inciso primero del artículo 72.

B.- Ley Nª 16.618, de Menores

Deroga los artículos 16, 28, 29, 58 y 65.

Deroga el inciso cuarto del artículo 16 bis, los números 9º y 10º del artículo 26, y los incisos tercero y cuarto del artículo 51.

Modifica los artículos 16 bis, inciso segundo; 19, inciso segundo y substituye el artículo 71.

*****

Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

PROYECTO DE LEY

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Derechos y garantías. Las personas a quienes se aplica esta ley gozarán de todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 2°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones de los adolescentes a la ley penal, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de sus consecuencias y la forma de ejecución de éstas.

Artículo 3°.- Principio de legalidad. Sólo en virtud de una sentencia definitiva ejecutoriada que establezca la participación de un adolescente en un hecho constitutivo de infracción penal, de acuerdo al procedimiento establecido en este cuerpo legal, se le aplicarán las sanciones que esta misma ley contempla.

Artículo 4°.- Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. La protección del desarrollo e integración social del adolescente y el fortalecimiento del respeto por sus derechos, así como los derechos y libertades de las demás personas, constituyen la finalidad de las sanciones y otras consecuencias que derivan de la responsabilidad regulada en la presente ley.

Artículo 5°.- Límites de edad a la responsabilidad. Para los efectos de esta ley se entenderá por adolescente toda persona que al inicio de la infracción a la ley penal que se le imputa sea mayor de catorce años y menor de dieciocho años

En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, el juez determinará la legislación aplicable atendiendo a las circunstancias de hecho y personales.

La edad del imputado podrá ser determinada por cualquier medio.

Una vez agotados todos los medios para determinar la edad y en caso de duda acerca de si el imputado es un adolescente o un adulto, el juez presumirá que se trata de un adolescente. Si la duda es si el imputado es un adolescente o un menor de catorce años, el juez presumirá que se trata de un menor de catorce años.

Las personas menores de catorce años carecen de responsabilidad criminal, por lo que, en ningún caso, podrán ser objeto de los procedimientos y sanciones que regula esta ley. Ello sin perjuicio de aplicarles las medidas contempladas en la legislación correspondiente.

Artículo 6.- Infracción a la ley penal. Para los efectos de esta ley se considera infracción a la ley penal la participación de un adolescente como autor, cómplice o encubridor en un hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Asimismo, se consideran infracciones a la ley penal los hechos cometidos por adolescentes tipificados en los artículos 494, números 1, 3, 4, 5, y 19, sólo en lo que dice relación al artículo 446; y 496 números 5 y 26, del Código Penal.

No podrá procederse penalmente respecto de los delitos contemplados en los párrafos 5º y 6º del Título VII del Libro II del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de 14 años y no concurra alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre la víctima y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad tratándose de la conducta descrita en el artículo 362 o de tres años en los demás casos.

Artículo 7.- Infracciones graves. Para los efectos de esta ley, constituyen infracciones a la ley penal de carácter grave por parte de un adolescente, los siguientes delitos, sea que se encuentren consumados, en grado de tentativa o frustrados:

a) El homicidio;

b) La violación,

c) El secuestro y la sustracción de menores;

d) Las mutilaciones y las lesiones graves tipificadas en el artículo 397 número 1 del Código Penal; y

e) El robo con violencia en las personas

Constituyen, asimismo, infracciones graves los siguientes delitos consumados:

f) La asociación ilícita para el tráfico de drogas, prevista en el artículo 22 de la ley Nº 19.366, y aquella que tenga por objeto la comisión de delitos terroristas conforme lo dispuesto en el artículo 2º N º 5 de la ley Nº 18.314.

g) Robo con intimidación en las personas, en que se amenace a la víctima con causarle la muerte, violación o un grave daño a su integridad física; y

h) Robo con fuerza en las cosas en lugares habitados regulado en el artículo 440 del Código Penal.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley tomando como base las conductas mencionadas en los incisos precedentes.

Artículo 8º.- Presupuestos de la responsabilidad. Para que exista responsabilidad del adolescente conforme a la presente ley se requiere:

1. Que éste haya realizado una conducta constitutiva de infracción a la ley penal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley;

2. Que no concurra a su respecto alguna de las causas que, conforme a la ley, eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años.

Artículo 9º.- Concursos. Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de 18 años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad, si tuviere 20 años o más. En caso contrario se regirá por las reglas de procedimiento establecidas en la presente ley.

En caso de condenarse a una persona por hechos cometidos como adolescente y como adulto, se estará a las siguientes reglas:

La sanción o pena correspondiente a cada uno de estos hechos será determinada conforme a las reglas de la ley que le sea aplicable, imponiéndose sólo aquella que sea de carácter privativo de libertad.

En todo caso, si correspondiere la aplicación de más de una pena privativa de libertad, se impondrá aquella que se funde en el delito ejecutado como adulto, pudiendo ser aumentada hasta por un máximo de 2 años atendida la naturaleza y circunstancias de la infracción cometida como adolescente.

Si no correspondiere imponer penas privativas de libertad, preferirá la pena que se funda en el delito cometido como adulto.

Para la aplicación de las reglas precedentes, en aquellos casos en que se hubiere concedido la remisión condicional de la pena establecida en la ley Nº 18.216, se considerará que dicha pena no es privativa de libertad.

Lo dispuesto en los incisos primero y segundo del presente artículo se aplicará también en caso que se cometa una nueva infracción penal durante el período de cumplimiento de una condena impuesta en base a la presente ley.

Artículo 10.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se extingue de la misma forma y por las mismas causas que aquella que deriva de la comisión de un delito por parte de una persona mayor de dieciocho años.

Tanto el cumplimiento de la sanción impuesta, como su revocación ordenada por el Tribunal en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 3 del Título Cuarto de la presente ley, extinguen la responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal que se hubiere cometido.

Sin embargo, el término de la prescripción de la acción penal y de la pena será de dos años, con excepción de las conductas a que se refiere el artículo 7º, respecto de las cuales será de cinco años, y de las faltas, cuya prescripción será de seis meses. Para el cómputo respectivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 95 y 98 del Código Penal.

TÍTULO PRIMERO

DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 11.- Igualdad. Los derechos y garantías reconocidos en esta ley se aplicarán a todos los adolescentes, sin discriminación alguna por razones de sexo, origen étnico, condición social, económica, religión o cualquier otro motivo semejante, ni en atención a las circunstancias de sus padres, familiares, tutores o personas que lo tengan a su cuidado.

Artículo 12.- Interés superior del niño. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores a la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales.

Ninguna autoridad podrá atribuirse la facultad de adoptar las sanciones previstas en esta ley, fuera de los casos que ella contempla, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias o del supuesto beneficio de una persona menor de catorce años o de un adolescente.

Artículo 13.- Integridad corporal. Ningún adolescente puede ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a cualquier otra forma de atentado contra su dignidad y desarrollo integral.

Artículo 14.- Privación de libertad. Para los efectos de esta ley, se entiende por privación de libertad toda forma de aprehensión, arresto o detención, así como el internamiento en cárceles o recintos públicos o privados, ordenado o practicado por la autoridad judicial u otra autoridad pública, del que no se permita salir al adolescente por su propia voluntad.

Artículo 15.- Excepcionalidad de la privación de libertad. Las sanciones privativas de libertad que contempla esta ley son de carácter excepcional, sólo podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en ella y siempre como último recurso.

Artículo 16.- Principio de separación. Las personas que se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad.

Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, deberán adoptar todas las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 17.- Habeas corpus. Toda persona menor de dieciocho años que se encontrare privada de libertad, tendrá los derechos que consagra el artículo 95 del Código Procesal Penal.

TÍTULO SEGUNDO

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

Párrafo 1

De las sanciones en general

Artículo 18.- Sanciones. En virtud de la declaración de responsabilidad fundada en la comisión de una infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se le podrá imponer una de las siguientes sanciones:

a) Amonestación.

b) Multa.

c) Prohibición de conducir vehículos motorizados.

d) Reparación del daño causado.

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

f) Libertad asistida.

g) Arresto de fin de semana.

h) Internación en régimen semicerrado.

i) Internación en régimen cerrado.

Artículo 19.- Restricciones a las sanciones. Tratándose de las infracciones a que se refiere el artículo 7°, el tribunal no podrá imponer las sanciones previstas en las letras a), b), d) o e) del artículo precedente, a menos que lo justifique fundadamente en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley.

Las sanciones previstas en las letras g), h) o i) del artículo precedente sólo podrán imponerse al adolescente que ha sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones graves a las cuales se refiere el artículo 7°, o en los casos contemplados en el artículo 73 de esta ley, a menos que excepcionalmente se justifique, por resolución fundada, su no aplicación, en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley. Sin embargo, en caso alguno podrán imponerse dichas sanciones tratándose de las infracciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 6°.

Artículo 20.- Determinación de la pena. Para determinar las sanciones, así como para fijar su extensión temporal o cuantía, el juez siempre deberá considerar:

1.- El número de infracciones cometidas;

2.- La edad del adolescente infractor, y

3.- La proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de la o las infracciones cometidas y la severidad de la sanción.

Para evaluar la gravedad de la infracción, el tribunal deberá determinar, en primer lugar, si ésta corresponde a una infracción de las que señala el artículo 7° de esta ley. Además, el tribunal deberá considerar:

a) La naturaleza y extensión de las penas asignadas por la legislación penal al hecho constitutivo de la infracción;

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

c) La concurrencia de circunstancias que, conforme a la legislación penal, den lugar a la formación de delitos calificados, agravados o especiales, en relación a la infracción a la ley penal que se imputa, y

d) La extensión del mal causado y la concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal o alguna análoga a éstas, o de circunstancias agravantes, con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 77 de la presente ley.

4.- Para determinar la sanción aplicable a un adolescente por la comisión de más de una infracción, el juez deberá considerar en su conjunto la naturaleza y características de la totalidad de las infracciones cometidas, de acuerdo a lo previsto en los números 1, 2 y 3 del presente artículo.

En caso alguno podrá imponerse una sanción separada para cada infracción, debiendo darse aplicación a lo previsto en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Asimismo, en caso alguno podrá imponerse una sanción que sea superior a los dos tercios de aquella que hubiere correspondido en caso de haberse ejecutado el hecho que la fundamenta por parte de un mayor de edad.

Párrafo 2

De las sanciones no privativas de libertad

Artículo 21.- Amonestación. La amonestación consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente; instándole a cambiar de comportamiento, y formulándole recomendaciones para el futuro.

La aplicación de esta sanción, en todo caso, requerirá una previa declaración del adolescente, asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida.

Artículo 22.- Multa. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. Para su aplicación y la determinación de su monto, se tomará en consideración fundamentalmente la gravedad del hecho y las facultades económicas del infractor o de la persona a cuyo cuidado se encontrare.

El juez, a petición del adolescente o de su defensor, podrá autorizar el pago de la multa en cuotas, atendida la situación económica del adolescente condenado y de su familia.

Artículo 23.- Reparación del daño. La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la infracción, ya sea mediante una prestación en dinero, la restitución de la cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último caso la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa de la víctima.

En su caso, el juez regulará prudencialmente el monto de la prestación en dinero o la naturaleza de los servicios, basándose en los antecedentes probatorios que se presenten en el juicio.

El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente.

Artículo 24.- Servicios en beneficio de la comunidad. La sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción podrá tener una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.

Artículo 25.- Objeción de trabajo. Tratándose de la sanción prevista en el artículo precedente o en aquellos casos en que la sanción de reparación del daño conlleve la prestación de servicios personales por parte del adolescente infractor, éste podrá objetar su aplicación al momento en que le sea impuesta, debiendo el tribunal, en tal caso, sustituirla por la inmediatamente superior.

Artículo 26.- . Libertad asistida. La libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado, unida a la orientación para que aquél acceda a programas y servicios comunitarios que favorezcan su integración social.

La función del delegado consistirá en la orientación, control y motivación del adolescente, e incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los programas y servicios requeridos.

El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria del adolescente a encuentros periódicos previamente fijados con él mismo. Para ello, una vez designado, el delegado deberá proponer al tribunal un plan personalizado de cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación. En ello, deberá cuidar especialmente incluir la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda.

En la resolución que apruebe el plan el tribunal fijará la frecuencia y duración de los encuentros obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el delegado.

La duración de esta sanción no podrá exceder de los tres años.

Párrafo 3

De las sanciones privativas de libertad.

Artículo 27.- Sanciones privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad consisten en el arresto de fin de semana, en la internación en régimen semicerrado y en la internación en régimen cerrado.

Artículo 28.- Arresto de fin de semana. El arresto de fin de semana consiste en el encierro del infractor, durante el fin de semana, en un centro de privación de libertad y tendrá una duración máxima de 52 fines de semanas.

Para estos efectos se entenderá por fin de semana el período de tiempo comprendido entre las 19.00 horas del día viernes de cada semana, hasta las 19.00 horas del día domingo respectivo.

Artículo 29.- Arresto domiciliario sustitutivo. En casos calificados, el tribunal podrá autorizar que el arresto de fin de semana sea cumplido en el propio domicilio del infractor, debiendo en dicho caso determinar las medidas de control que se adoptarán para asegurar el cumplimiento de la sanción.

En caso de quebrantamiento de esta medida sustitutiva, deberá cumplirse el resto del período en la forma prevista en el artículo precedente.

Artículo 30.- Internación en régimen semicerrado. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen semicerrado, será decretada por el tribunal y consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un plan de actividades a ser desarrolladas tanto al interior del recinto como en el medio libre.

Una vez impuesta la medida y determinada su duración, el Director del Centro que haya sido designado para su cumplimiento, deberá proponer al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades, que considerará las siguientes prescripciones:

a) asistencia del adolescente al proceso de educación formal;

b) desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de participación, especificando aquellas que serán ejecutadas al interior del recinto como aquellas que se desarrollarán en el medio libre, y

c) las actividades a desarrollar en el medio libre contemplarán, a lo menos, ocho horas, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo 4°.

El programa será aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o en otra posterior, la que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a aquella.

Artículo 31.- Internación en régimen cerrado. La internación en régimen cerrado importará la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 4° de la presente ley.

En virtud de ello, dicho régimen deberá considerar necesariamente el cumplimiento del proceso educativo del adolescente y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación y de desarrollo personal.

Artículo 32.- Duración de las sanciones privativas de libertad. Las sanciones de privación de libertad que se aplican bajo las modalidades establecidas en los artículos 30 y 31, tendrán una duración mínima de un año para los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 16, y de dos años para los mayores de 16 años y menores de 18.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de esta ley, en el caso en que se haya establecido la pena mínima de un año para los jóvenes entre 14 y 16 años y de dos años para aquellos entre 16 y 18 y durante la vigencia de la sanción existan antecedentes de buen comportamiento y reinserción del joven, evaluados por el juez de control de la ejecución, podrá substituirse la pena privativa de libertad por libertad asistida o arresto de fin de semana por el tiempo de condena que quedare por cumplir.

En todo caso, la duración máxima no podrá exceder de cinco años.

Párrafo 4

Sanciones mixtas o accesorias

Artículo 33.- Sanción mixta. El tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida por un máximo de dos años, la que será ejecutada con posterioridad al cumplimiento efectivo de la internación en régimen cerrado, siempre que en su conjunto no excedan de cinco años.

Asimismo, en caso de haberse impuesto la libertad asistida, podrá complementar dicha medida con la imposición del arresto de fin de semana, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 ó 29.

Artículo 34.- Prohibición de conducir vehículos motorizados. La prohibición de conducir vehículos motorizados se podrá imponer a un adolescente como sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la infracción por la cual se le condena, haya sido ejecutada mediante la conducción de dichos vehículos.

La sanción regirá por un período que puede extenderse hasta por un plazo de dos años, contados a partir del cumplimiento de la edad que lo habilita para obtener el respectivo permiso.

En caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 73 de la presente ley, a menos que producto de la conducción se hubiere afectado la vida, integridad corporal o la salud de alguna persona, caso en el cual se instruirá el proceso respectivo.

Artículo 34 bis.- Sanción accesoria. El juez estará facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas en el artículo 18 de esta ley, y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del menor, la obligación de someterlo a tratamientos de cura a adicción a las drogas o alcohol.

TÍTULO TERCERO

PROCEDIMIENTO

Párrafo 1

Disposiciones generales

Artículo 35.- Reglas de procedimiento. La investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

En todo caso, el conocimiento y fallo de las infracciones contempladas en el inciso segundo del artículo 6°, se sujetarán al procedimiento establecido en los artículos 392 ó 393 bis, del Código Procesal Penal, según sea el caso.

Artículo 36.- Protección de la vida privada del adolescente. Durante todas las etapas del procedimiento se deberá resguardar la vida privada del adolescente.

Prohíbese a los funcionarios públicos y abogados defensores informar a terceros ajenos al proceso acerca de la identidad del adolescente detenido o imputado, o que sea víctima de una infracción, ni de aquellos datos o antecedentes que permitieren dicha identificación.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con las penas previstas en el artículo 247 del Código Penal, a menos que los hechos constituyan otro delito sancionado con igual o mayor pena.

Párrafo 2

Sistema de justicia especializada

Artículo 37.- Competencia del Ministerio Público. Para el cumplimiento de las funciones de dirección de la investigación de las infracciones de que trata la presente ley, así como para el ejercicio de la acción penal pública y la adopción de las medidas de protección para las víctimas y los testigos, los fiscales regionales designarán en cada fiscalía local de sus respectivas regiones a los fiscales adjuntos especializados en justicia penal de adolescentes.

Artículo 38.- Competencia del juez de garantía. Corresponde el conocimiento de las causas a que diere lugar la aplicación de esta ley, al juez de garantía del territorio jurisdiccional respectivo, especializado en el conocimiento de las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En los lugares donde no hubiere jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de las causas por infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, el procedimiento objetivo y general de distribución de causas del juzgado, comprenderá la radicación de éstas en uno solo de los jueces de garantía que cumpla con el requisito de la especialización, sin perjuicio de las normas sobre subrogación respectivas.

Los jueces de garantía unipersonales y los jueces de letras que ejercen competencia de garantía, asumirán el conocimiento de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, previa aprobación del curso de especialización respectivo.

Artículo 39.- Competencia e integración de sala especializada para adolescentes del tribunal de juicio oral en lo penal. En los casos en que el fiscal solicitare la aplicación de alguna sanción privativa de libertad, el juicio oral será conocido por una sala especializada de justicia penal para adolescentes del tribunal de juicio oral en lo penal, integrada por un juez del tribunal de familia y por dos jueces del tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de que se trate, uno de los cuales lo presidirá. Los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal que integren dicha sala deberán haber aprobado previamente el curso de especialización respectivo.

Artículo 40.- Designación de los miembros de la sala especializada de justicia penal para adolescentes. El Comité de Jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como el homónimo del tribunal de familia correspondiente, designarán, cada dos años, a uno o más de sus miembros, según sea necesario, para constituir e integrar la sala especializada de justicia penal para adolescentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 41.- Competencia de la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública organizará un sistema especial asignando defensores y estableciendo normas específicas de licitación, para prestar defensa penal a los adolescentes imputados de infringir esta ley que carezcan de abogados.

Artículo 41 bis.- Especialización de la justicia penal para adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces de familia, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes infractores a la ley penal, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en los objetivos y contenidos de la presente ley, en la Convención de los Derechos del Niño y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley.

Para estos efectos, cada institución deberá adoptar las medidas pertinentes tendientes a garantizar dicha especialización.

Artículo 41 ter.- Capacitación de las policías. Las instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de la presente ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a las fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones.

Párrafo 3

De las medidas cautelares personales

Artículo 42.- Detención.- Ninguna persona menor de dieciocho años podrá ser privada de libertad sino por orden del juez competente para conocer de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, y después que dicha orden le fuera intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendido en la ejecución flagrante de una infracción.

Artículo 43.- Formalidades del arresto y la detención. El funcionario que practicare el arresto o la detención deberá informar al adolescente imputado acerca del motivo de la misma y, en su caso, señalarle la autoridad que la hubiere ordenado. Asimismo, deberá darle a conocer sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

Artículo 44.- Citación y no comparecencia del imputado. Cuando fuere necesaria la presencia de un adolescente imputado ante el tribunal, éste dispondrá su citación, de acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Penal. La no comparecencia injustificada del imputado ante el juez que lo ha citado, autorizará a que éste ordene su conducción ante su presencia por medio de la fuerza pública.

En forma excepcional, y a petición del Ministerio Público, el juez podrá ordenar la detención del adolescente imputado de una infracción de las que trata esta ley, para ser traído a su presencia, sin previa citación, cuando existan antecedentes que demuestren que de otra forma la comparecencia pueda verse demorada o dificultada con riesgo para la investigación.

Artículo 45.- Citación, registro y detención en casos de flagrancia. El adolescente que fuere sorprendido in fraganti cometiendo una infracción a la ley penal que no se encuentre sancionada con penas privativas ni restrictivas de la libertad, será citado a la presencia del fiscal, previa comprobación de su domicilio.

La policía podrá registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona que será citada.

Asimismo, podrá conducir al imputado al recinto policial, para efectuar allí la citación.

En el caso de ser sorprendido el adolescente en la comisión flagrante de una infracción grave, deberá procederse a su detención.

En aquellos casos en que los agentes policiales hayan procedido a detener a un adolescente sorprendido en la comisión flagrante de una infracción a la ley penal, según lo dispuesto en el inciso anterior, deberán comunicarla de inmediato al fiscal, para los efectos de que éste adopte la decisión de que el detenido sea dejado en libertad o sea conducido ante el juez, dentro del plazo máximo de 24 horas desde que se hubiere practicado la detención. El fiscal comunicará su decisión al defensor en el momento en que la adopte.

Artículo 46.- Medidas cautelares del procedimiento. Para los efectos de garantizar el éxito de diligencias de la investigación, proteger al ofendido y asegurar la comparecencia del adolescente a los actos del procedimiento, podrá imponérsele una o más de las siguientes medidas cautelares personales:

a) Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que el juez determine;

b) Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;

c) Prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia o a otras personas;

d) Prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho a defensa;

e) Obligación de concurrir periódicamente al tribunal, ante la autoridad policial u otra que el juez determine.

Asimismo, tratándose de la imputación de infracciones graves y sólo cuando los objetivos antes expuestos no pueden ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las medidas que señala el inciso anterior, podrá solicitarse la aplicación de alguna de las siguientes:

a) Arresto domiciliario; o

b) Internación provisoria en un centro cerrado.

La aplicación de la medida cautelar personal de internación provisoria en un centro cerrado, sólo podrá decretarse cuando aparezca como estrictamente indispensable.

Asimismo, el incumplimiento flagrante de las medidas cautelares personales de que trata este artículo, autorizará al agente policial para detener al adolescente imputado, con el único fin de que sea llevado ante el juez de garantía, para que éste disponga la medida cautelar necesaria a fin de continuar con el procedimiento, sin perjuicio de las demás peticiones que efectúen los intervinientes en la misma audiencia.

Artículo 47.- Proporcionalidad de las medidas cautelares. En ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que aparezca como desproporcionada en relación con la sanción probable en caso de condena.

Artículo 48.- Permiso de salida diaria. Tratándose del adolescente imputado que se encuentre sujeto a una medida de internación provisoria, el juez podrá, en casos calificados, concederle permiso para salir durante el día, siempre que con ello no se vulneren los objetivo de la medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las providencias que estime convenientes.

Artículo 49.- Carácter provisional de las medidas cautelares. Las medidas indicadas en el artículo 46 son esencialmente provisionales y revocables.

Podrán, empero, en casos calificados, y mediando resolución fundada del tribunal, durar hasta el término del juicio o, incluso, hasta la audiencia de lectura de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Procesal Penal.

Artículo 50.- Solicitud de término de las medidas cautelares. El imputado siempre podrá solicitar que se ponga término a cualquiera de las medidas cautelares del procedimiento adoptadas en su contra o pedir su reemplazo por otra que cumpla satisfactoriamente los objetivos que justificaron su imposición.

Artículo 51.- Apelación en las medidas cautelares. La resolución que de lugar a una medida de internación provisoria o que niegue la solicitud de su término, será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva. La tramitación de la apelación no suspenderá el procedimiento ni la aplicación de la medida.

Párrafo 4

Inicio de la persecución de la responsabilidad por la infracción a la ley penal por parte de un adolescente

Artículo 52.- Principio de oportunidad. Los fiscales del Ministerio Público no podrán iniciar la persecución de la responsabilidad penal de un adolescente o deberán abandonar la ya iniciada, cuando consideren que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico-penal o para la vida futura del imputado, salvo en los casos de las infracciones a que se refieren las letras a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 7º.

La víctima podrá oponerse a la decisión del fiscal reclamando de ella ante el juez de garantía en el término de diez días. Presentado el reclamo ante el juez, se citará a una audiencia a todos los intervinientes y, previo a resolver, se abrirá debate sobre el punto.

Si se acoge la oposición, el Ministerio Público deberá continuar con la investigación, de acuerdo a las reglas generales.

Artículo 53.- Primera audiencia.- En la primera audiencia judicial será obligatoria la presencia del fiscal, del defensor y del imputado.

En todo caso, deberá notificarse de la audiencia a la víctima y a los padres del adolescente o a la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, se permitirá la intervención de la víctima y de los padres del adolescente o de quien lo tuviere a su cuidado, si comparecieren a la audiencia.

Artículo 54- Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán llegar a acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía conocerá en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible, el imputado comparecerá con sus padres o, en su defecto, con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

En la audiencia, el juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo reparatorio, para lo que deberá considerar las siguientes circunstancias:

a) Si los interesados han concurrido a prestar su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos;

b) Que el delito no sea de aquellos a que se refieren las letras a), b), c),d), e), f) y g) del artículo 7º, y

c) Que las obligaciones que haya contraído el imputado en el acuerdo satisfagan el interés de la víctima y conlleven un efecto educativo en el infractor. Asimismo, verificará el compromiso manifestado por los padres del imputado o de quienes lo tengan bajo su cuidado.

El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurarán disponer de equipos especializados destinados a mediar entre la víctima y el imputado para favorecer estos acuerdos.

Artículo 55- Juicio inmediato. El juicio inmediato establecido en el artículo 235 del Código Procesal Penal, tendrá lugar respecto de los delitos regulados en la presente ley, con las siguientes modificaciones:

a) La solicitud del fiscal tendrá por objeto recurrir al procedimiento abreviado previsto en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal.

b) Acordado el procedimiento inmediato, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes, otorgándosela al final al acusado, para que manifieste lo que estime conveniente.

c) Si no hubiere acuerdo, el juez podrá admitir que la causa pase directamente a juicio oral, luego del debate pertinente, a menos que resulte necesario fijar un plazo no menor de diez ni superior a veinte días para los efectos que la defensa ofrezca su prueba.

Lo dispuesto en este artículo no resultará aplicable si el fiscal solicita la aplicación de una sanción privativa de libertad.

Artículo 56- Procedimiento abreviado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el procedimiento abreviado, regulado en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal, podrá también tener lugar durante la audiencia de preparación del juicio oral, a menos que la sanción solicitada por el fiscal sea privativa de libertad.

Artículo 57- Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo máximo de ciento veinte días desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla, a menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior

Previo al término de cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de treinta días.

Párrafo 5

Juicio oral y sentencia

Artículo 58.- Audiencia del juicio oral. El juicio oral deberá realizarse dentro de los veinte días posteriores a la notificación de su auto de apertura. Su desarrollo se efectuará en forma continua y sin interrupciones, en una o más audiencias sucesivas. En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior a 72 horas.

Deberán comparecer a la audiencia el fiscal, el adolescente imputado y su defensor. Su asistencia será condición de validez del juicio.

La audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integraren el tribunal y del fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Procesal Penal.

Lo dispuesto en el inciso final del artículo 76 del Código citado respecto de la inhabilidad, se aplicará también a los casos en que, iniciada la audiencia, faltare un integrante del tribunal de juicio oral en lo penal

Cualquier infracción de lo dispuesto en los incisos precedentes implicará la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él.

En todo caso, deberán ser notificados de la audiencia los padres del adolescente o quienes lo tuvieren a su cuidado y la víctima, quienes podrán hacerse acompañar por sus abogados. Finalizado el examen de las pruebas y, en caso de considerarlo conveniente, podrá el juez otorgar la palabra a la víctima, si se encontrare presente, para que haga uso de ella en forma personal o representada por su abogado.

Artículo 59.- Presencia del imputado en el juicio oral. El adolescente imputado tendrá derecho a estar presente durante toda la audiencia del juicio oral. En todo caso, el tribunal podrá autorizar su salida de la sala cuando éste lo solicite o podrá disponer su abandono de la misma, cuando así lo estime conveniente para la realización de algunas actuaciones específicas que pudieren afectar la integridad del adolescente o de un tercero que tenga derecho a intervenir o asistir al juicio.

Artículo 60.- Pena máxima a imponer. El tribunal no podrá determinar la aplicación de una sanción privativa de libertad si el fiscal no la hubiere solicitado, ni podrá exceder el tiempo de duración que éste hubiere pedido.

TÍTULO CUARTO

DE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS

Párrafo 1

Administración.

Artículo 61.- Centros de privación de libertad. Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad que se aplican bajo las modalidades señaladas en los artículos 30 y 31 de esta ley y a la medida de internación provisoria, existirán tres tipos de centros, respectivamente:

a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado.

b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad.

c) Los Centros de Internación Provisoria.

Para garantizar la seguridad y la permanencia de los infractores en los centros a que se refieren las letras b) y c) precedentes, podrá establecerse en ellos una guardia armada de carácter externo, a cargo de Gendarmería de Chile.

La organización y funcionamiento de los recintos aludidos en el presente artículo, se dispondrá en un reglamento establecido por decreto supremo, por medio del Ministerio de Justicia, conforme a las normas contenidas en el presente Título.

Artículo 62.- Condiciones básicas de los centros de privación de libertad. En los centros a que se refiere el artículo anterior, se deberán desarrollar acciones específicas destinadas a respetar y promover los vínculos familiares del adolescente, como asimismo procurar el cumplimiento del proceso educativo y la participación en actividades socioeducativas, de formación y de desarrollo personal.

Artículo 63.- Normas de seguridad en recintos de privación de libertad. Los adolescentes estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte la autoridad para mantener la seguridad y el orden. Estas normas deben ser compatibles con los derechos reconocidos en la Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes.

Artículo 64.- Normas de orden interno y seguridad en recintos de privación de libertad. La autoridad competente dictará normas que regulen el orden interno y la seguridad en los centros de privación de libertad a que se refiere esta ley. Dichas normas regularán el uso legítimo de la fuerza respecto de los adolescentes y deberán contener a lo menos los siguientes aspectos:

a) La procedencia del uso de la coerción exclusivamente para impedir que el adolescente lesione a otro o a sí mismo o cause importantes daños materiales.

b) El carácter excepcional del uso de la coerción, lo que implica que deberá ser utilizada sólo cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control.

c) El carácter restrictivo del uso de la fuerza, lo que implica su utilización por el menor tiempo posible.

d) La prohibición de aplicar medidas disciplinarias que constituyan castigos corporales, el encierro en celdas obscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del adolescente.

e) La prohibición de aplicar sanciones degradantes, crueles o humillantes respecto de los adolescentes.

Articulo 65.- Normas disciplinarias en recintos de privación de libertad. Las medidas y procedimientos disciplinarios que se dispongan, deberán encontrarse contenidos en la normativa del establecimiento y deberán tener como único fundamento contribuir a la seguridad y a la mantención de una vida comunitaria ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el respeto de la dignidad del adolescente.

A estos efectos, la normativa relativa a dichos procedimientos deberá precisar, a lo menos, los siguientes aspectos:

a) Las conductas que constituyen una infracción a la disciplina.

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que se pueden imponer.

c) La autoridad competente para imponer esas sanciones y aquella que deberá resolver los recursos que se deduzcan en su contra.

Artículo 66.- Administración de los Centros de Privación de Libertad. La administración de los Centros Cerrados de Privación de Libertad y de los recintos donde se cumpla la medida de internación provisoria, corresponderá siempre y en forma directa al Servicio Nacional de Menores.

Artículo 67.- Administración de las medidas que contempla la ley. El Servicio Nacional de Menores asegurará la existencia en las distintas regiones del país, de los programas necesarios para ejecutar las medidas a que se refiere esta ley.

Para tal efecto, llevará un registro actualizado de los programas existentes en cada comuna del país, el que estará a disposición de los tribunales competentes.

El Servicio tendrá entre sus obligaciones la de revisar periódicamente la pertinencia e idoneidad de los distintos programas, aprobando su ejecución por parte de las instituciones colaboradoras y fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.

El reglamento a que alude el inciso final del artículo 61 contendrá las normas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.

Párrafo 2

Derechos y garantías de la ejecución

Artículo 68.- Derechos en la ejecución de sanciones. Durante la ejecución de las sanciones que regula esta ley, el adolescente tendrá derecho a:

a) Ser tratado de una manera que fortalezca su respeto por los derechos y libertades de las demás personas, resguardando su desarrollo, dignidad e integración social;

b) Ser informado de sus derechos y deberes, con relación a las personas e instituciones que lo tuvieren bajo su responsabilidad;

c) Conocer las normas que regulan el régimen interno de las instituciones o programas a que se encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las causales que puedan dar origen a sanciones disciplinarias en su contra o a que se declare el incumplimiento de la sanción;

d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad competente de acuerdo a la naturaleza de la petición, a obtener una respuesta pronta, a solicitar la revisión de su sanción en conformidad a la ley y a denunciar la amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el juez, y

e) Contar con asesoría permanente de un abogado.

Artículo 69.- Derechos aplicables a las sanciones y medidas de privación de libertad. Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los adolescentes sometidos a una sanción de privación de libertad, tendrán derecho a:

a) Recibir visitas periódicas, en forma directa y personal, al menos una vez a la semana;

b) La integridad e intimidad personal;

c) Acceder a servicios educativos;

d) Que se revise periódicamente la pertinencia de la mantención de la sanción en conformidad con lo dispuesto en esta ley, como también a que se controlen las condiciones en que ella se ejecuta, y

e) La privacidad y regularidad de las comunicaciones, en especial, con sus abogados.

Párrafo 3

Del control de ejecución de las sanciones.

Artículo 70.- Competencia en el control de la ejecución. Corresponderá al juez de garantía del lugar de cumplimiento de la sanción decretada, controlar la legalidad de su ejecución.

Artículo 71.- Certificación de cumplimiento. La institución que ejecute la sanción, informará el total cumplimiento de la misma a su término, por medio de oficio enviado al juez de que trata el artículo anterior, el que deberá certificar dicho cumplimiento.

Artículo 72.- Visita a los recintos privativos de libertad. El juez encargado del control de la legalidad de la ejecución de la sanción, deberá ceñirse íntegramente a lo dispuesto en los artículos 567 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, en lo relativo a la visitas que practique a los recintos en que se ejecuten las medidas de internación provisoria y de internación en régimen cerrado establecidas en la presente ley, debiendo darse especial cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 569 y 571 de dicho Código.

Artículo 73.- Quebrantamiento de condena. Si el adolescente no diere cumplimiento a alguna de las sanciones impuestas en virtud de la presente ley, el tribunal encargado del control de la ejecución procederá, según la gravedad del incumplimiento, conforme a las reglas siguientes:

1.- Tratándose de la multa, se aplicará en forma substitutiva la sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Si el adolescente hiciere uso del derecho que le reconoce el artículo 25, se aplicará la medida de libertad asistida por el tiempo señalado en el numeral tercero del presente artículo.

2.- Idéntica regla se seguirá en caso de infracción de la prohibición de conducir vehículos motorizados, sin perjuicio de la mantención de la prohibición por el tiempo restante.

3.- Tratándose del incumplimiento grave, reiterado e injustificado de las medidas de la reparación del daño o de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, se aplicará en forma substitutiva la libertad asistida, con una duración máxima de 90 ó 180 días, respectivamente.

4.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la libertad asistida se sancionará con arresto de fin de semana por un período máximo de 8 fines de semana o con internación en régimen semicerrado, con una duración máxima de 60 días, a ser determinado según la gravedad de los hechos que fundan la medida, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta.

5.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado del arresto de fin de semana dará lugar a la substitución de la sanción por internación en régimen semicerrado, por un período equivalente al número de semanas que faltaren por cumplir

6.- El incumplimiento grave, reiterado e injustificado de la internación en régimen semicerrado, podrá sancionarse con la internación en un centro cerrado por un período no superior a los 90 días, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta por el tiempo restante. En caso de reiteración de la misma conducta, podrá aplicarse la substitución, en forma definitiva, por un período no superior a los seis meses.

7.- El incumplimiento grave, injustificado y reiterado del régimen de libertad asistida al que fuere sometido el adolescente conforme lo dispone el inciso primero del artículo 33, facultará al juez para ordenar que se substituya su cumplimiento por la internación en régimen cerrado por el tiempo que resta.

Artículo 74.- Substitución de condena. El tribunal encargado del control de la ejecución de alguna de las sanciones previstas en esta ley, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá substituirla por una menos gravosa, en tanto ello parezca más favorable para la integración social del infractor y se hubiere dado cumplimiento, al menos, a un tercio de su duración o cuantía.

Para estos efectos el juez, en presencia del condenado, su abogado, el Ministerio Público y un representante de la institución encargada de la ejecución de la sanción, examinará los antecedentes, oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia pueden asistir los padres del adolescente o las personas que legalmente hubieran ejercido la tuición antes de su privación de libertad.

La resolución que se pronuncie sobre una solicitud de substitución será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva.

En caso alguno la internación en un régimen cerrado podrá substituirse por una de las sanciones previstas en las letras a), b), c), d) o e) del artículo 18.

Artículo 75.- Sustitución condicional de las medidas privativas de libertad. La sustitución de una sanción privativa de libertad, podrá disponerse de manera condicionada. De esta forma, si se incumpliere la sanción sustitutiva, podrá revocarse su cumplimiento ordenándose la continuación de la sanción originalmente impuesta, por el tiempo que faltare.

Artículo 76.- Revocación de condena. El tribunal podrá revocar el cumplimiento del saldo de condena cuando en base a antecedentes calificados considere que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos con su imposición, conforme lo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley. Para ello será aplicable lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 74.

Para los efectos de resolver acerca de la revocación, el tribunal deberá contar con un informe favorable emanado del Servicio Nacional de Menores.

Tratándose de una sanción privativa de libertad, la facultad de revocación sólo podrá ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del tiempo de duración de la sanción originalmente impuesta.

TÍTULO FINAL

Artículo 77.- Registro. El Servicio Nacional de Menores llevará un registro reservado sobre las sanciones impuestas.

Los registros o antecedentes derivados de la condena en contra de un adolescente por una infracción a la ley penal, sólo podrán ser conocidos por el Defensor Penal Público, el Ministerio Público y el tribunal para los efectos de determinar la sanción aplicable, una vez concluido el juicio oral o una vez que se haya dado lugar al procedimiento abreviado y éste haya también finalizado. El querellante y el defensor particular, para los mismos efectos, podrán requerir dicha información al Ministerio Público.

En todo caso, quienes en razón a su función hayan tomado conocimiento de dichos antecedentes, mantendrán la obligación de guardar reserva, respondiendo penalmente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código Penal.

Artículo 78.- Cumplimiento de mayoría de edad. En caso que el imputado o condenado por una infracción juvenil a la ley penal fuere mayor de 18 años o los cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las medidas contempladas en esta ley o durante la tramitación del procedimiento, continuará sometido a las normas de la presente ley hasta su término.

Excepcionalmente, el Servicio Nacional de Menores podrá solicitar al tribunal de control competente que autorice el cumplimiento de la internación en régimen cerrado en un recinto administrado por Gendarmería de Chile, cuando el condenado hubiere cumplido la mayoría de edad y sea necesario para efectos del control de la sanción. En todo caso, las modalidades de ejecución de dicha condena deberán seguir siendo ejecutadas conforme a las prescripciones de la presente ley debiendo ser administradas por el Servicio Nacional de Menores.

En los casos previstos en el presente artículo, el Servicio Nacional de Menores o las autoridades que correspondan, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la separación de las personas menores de 18 años con los mayores de edad, y de éstos respecto de los condenados o procesados conforme a la ley penal de adultos.

Artículo 79.- Agravante especial. Las personas que de acuerdo a esta ley tengan la custodia o el cuidado de adolescentes imputados o condenados por una infracción a la ley penal y que en el ejercicio de sus funciones cometieren un delito en su contra, serán sancionadas con la pena señalada al respectivo delito en su grado máximo.

Artículo 80.- Especialización. Para los efectos de lo previsto en el artículo 38, la Academia Judicial deberá considerar en el programa de perfeccionamiento destinado a los miembros de los escalafones primario, secundario y de empleados del Poder Judicial, la dictación del curso de especialización a que esa norma se refiere.

En todo caso, el requisito establecido en dicha disposición podrá ser cumplido sobre la base de antecedentes que acrediten el cumplimiento de cursos de formación especializada en la materia, impartidos por otras instituciones alternativas a la Academia Judicial.

Artículo 81.- Restricción de libertad de menores de 14 años. Si se sorprendiere a una persona menor de 14 años en la ejecución flagrante de una conducta que, cometida por un adolescente, constituiría una infracción a la ley penal, los agentes policiales ejercerán todas las potestades que les otorga la ley para restablecer el orden y la tranquilidad públicas, o dar la debida protección a la víctima en amparo de sus derechos.

Las restricciones a la libertad que se impusieren en tal caso, sólo deberán durar el tiempo que sea estrictamente indispensable para el logro de los objetivos indicados, no pudiendo exceder de 12 horas.

Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad respectiva deberá entregar al niño inmediata y directamente a sus padres o personas que lo tengan legalmente a su cuidado. De no ser ello posible, se le entregará a un adulto que se haga responsable de él, prefiriendo a aquellos con quienes tuviere una relación parental.

En los casos en que no se encontrare a ningún adulto que se haga responsable del niño o tratándose de una infracción grave, deberá ser puesto a disposición del Servicio Nacional de Menores, a objeto de que dicho Servicio procure su adecuada protección.

Artículo 82.- Modificaciones al Código Penal. Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal:

a) Substitúyese el número segundo del artículo 10 por el siguiente:

“El menor de 18 años. Sin perjuicio de lo anterior la responsabilidad de los menores de 18 años pero mayores de 14, será establecida de acuerdo a lo dispuesto en la ley de responsabilidad penal juvenil.”.

b) Derógase el número tercero del artículo 10.

c) Derógase el inciso primero del artículo 72.

Artículo 83.- Modificaciones a la Ley de Menores. Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 16.618, que fija el texto definitivo de la Ley de Menores:

a) Derógase el artículo 16.

b) En el inciso segundo del artículo 16 bis, suprímese la siguiente frase: “De la misma forma procederá respecto de un menor de dieciséis años imputado de haber cometido una falta.”.

c) Suprímese el inciso cuarto del artículo 16 bis.

d) En el inciso segundo del artículo 19, suprímese la siguiente frase: “con arreglo a lo dispuesto por el artículo 28 de la presente ley, de todos los asuntos en que aparezcan menores inculpados de crímenes, simples delitos y faltas, y”.

e) Deróganse los números 9º y 10º del artículo 26.

f) Deróganse los artículos 28 y 29.

g) Derógase el inciso segundo del artículo 31.

h) Deróganse los incisos tercero y cuarto del artículo 51.

i) Deróganse los artículos 58 y 65.

j) Substitúyese el artículo 71 por el siguiente:

“El Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido por medio del Ministerio de Justicia, determinará los centros de tránsito y distribución existentes y su localización.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º.- La presente ley entrará en vigencia luego de seis meses de su publicación en el Diario Oficial.

El reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 61 de la presente ley, deberá dictarse dentro de dicho término.

Artículo 2º.- La composición del tribunal oral prevista en el artículo 39, en lo relativo al juez del tribunal de familia que le corresponderá integrarlo para el conocimiento de los procesos incoados en virtud de la presente ley, comenzará a regir el día 1 de marzo siguiente a la fecha en que entre en vigencia la ley que crea los Tribunales de Familia. Previo a ello, el tribunal estará integrado únicamente por miembros del tribunal oral en lo penal que corresponda de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 40.

Artículo 3º.- Dentro de los dos primeros años de vigencia de la presente ley, la Academia Judicial deberá impartir los cursos de especialización respectivos para los jueces de garantía, los de letras con competencia de garantía y los de juicio oral en lo penal que vayan a asumir el conocimiento de las causas de adolescentes infractores a la ley penal. Sin perjuicio de lo anterior, en el tiempo intermedio y mientras no se cuente con jueces especializados, podrán asumir las funciones judiciales quienes no tengan la correspondiente especialización.

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Sala de la Comisión, a 6 de julio de 2004.

Continúa como Diputado Informante al señor Juan Bustos Ramírez.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señores Juan Bustos Ramírez (Presidente), señoras María Pía Guzmán Mena y Laura Soto González y señores Pedro Araya Guerrero, Gabriel Ascencio Mansilla, Jorge Burgos Varela, Guillermo Ceroni Fuentes, Marcelo Forni Lobos, Nicolás Monckeberg Díaz, Aníbal Pérez Lobos y Gonzalo Uriarte Herrera.

EUGENIO FOSTER MORENO

Secretario

1.7. Discusión en Sala

Fecha 14 de julio, 2004. Diario de Sesión en Sesión 15. Legislatura 351. Discusión Particular. Se aprueba en particular.

SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL. Primer trámite constitucional.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Bustos .

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Constitución, boletín Nº 3021-07, sesión 14ª, en 13 de julio de 2004. Documentos de la Cuenta Nº 10.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, la Cámara aprobó en general el presente proyecto, por lo que está de más volver a insistir en su importancia y trascendencia, tanto desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y de la reforma procesal penal como, también, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se preocupa del desarrollo del niño desde su temprana edad hasta los dieciocho años.

La mayoría de sus artículos fueron aprobados, prácticamente, por unanimidad, sin indicaciones. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 131 del Reglamento de la Corporación, deberían entenderse aprobados, salvo aquellos que requieren un quórum especial por implicar modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público o al Código Orgánico de Tribunales.

Las indicaciones formuladas a otros preceptos también fueron aprobadas por unanimidad. Hay algunas de carácter simple, que sólo implicaban una concordancia lógica y, por lo tanto, no requieren de una mayor explicación. Me refiero a las formuladas a los artículos 5º, 12, 25, 46, 55, 67, 77 y 80.

Hay otras modificaciones que sí tienen un carácter sustancial y de fondo. Entre estas podemos mencionar las siguientes:

El inciso tercero que se agregó al artículo 6º. En la última modificación al Código Penal, en relación con los delitos sexuales, el consentimiento válido quedó establecido a partir de los 14 años de edad. Sin embargo, conforme a la nueva ley, como la responsabilidad penal juvenil queda establecida desde los 14 a los 18 años de edad, se introdujo dicho inciso tercero, que dispone que el consentimiento es válido si median entre uno y otro actor por lo menos dos años de diferencia, cuando la relación implique acceso sexual. O sea, si un niño de 14 años tiene una relación sexual consentida con una niña de 13 no estaría afecto a la ley de responsabilidad penal juvenil. Respecto de los demás tipos de relaciones sexuales, como, por ejemplo, los simples abusos, se establece una diferencia de 3 años. Es decir, si un niño de 15 años tiene relaciones de otro tipo sexual con una niña de 12 años, tampoco quedaría comprendido dentro de esta ley en tramitación.

El inciso primero del artículo 7º establece determinadas infracciones graves a la ley penal, como el homicidio, la violación, el secuestro, etcétera, que implican privación de libertad. Ahora bien, de acuerdo con el inciso primero original, sólo se castigaban como infracciones graves las consumadas o frustradas. Al respecto, se presentó una indicación, aprobada por mayoría, para que también quedara comprendida la tentativa.

En el artículo 8º se establecen las eximentes. Su disposición original establecía una eximente analógica. La mención fue suprimida, pero posteriormente se introdujo en el artículo 20, como una manera de establecer una aproximación a los criterios analógicos para la concepción de atenuantes en lo relativo a la determinación de la pena.

En relación con el artículo 9º, se modificaron los plazos de prescripción: se ampliaron desde uno a tres años, cuando se tratare de infracciones simples, y desde dos a cinco años, en infracciones graves, y se introdujo había una omisión evidente la prescripción de seis meses para las faltas.

En el artículo 21, que establece la sanción de amonestación, se acogió por unanimidad la recomendación de agregar un inciso que sujetara esta sanción a una declaración previa del adolescente en la cual aceptara su responsabilidad. La modificación está dentro del espíritu general del proyecto.

En el artículo 28 se aumentó el plazo del arresto de fin de semana, desde veinte a cincuenta y dos fines de semana.

En el artículo 32 se introdujo un inciso segundo, que permite sustituir la pena privativa de libertad por la de libertad asistida o la de arresto de fin de semana, de acuerdo con las consideraciones que estime el juez en cada caso particular.

En el artículo 41 se sustituyó la disposición existente por una más simple, según la cual la Defensoría Penal Pública establecerá un sistema especial para adolescentes, tanto en relación con los defensores como con las licitaciones correspondientes.

En el artículo 57 se acortó el plazo de investigación del fiscal, de 180 a 120 días, dentro del espíritu general de que este proceso sea lo más abreviado posible.

Se introdujo un nuevo artículo 34 bis, que establece una sanción accesoria de tratamiento de cura de la adicción a las drogas o al alcohol.

Por último, se rechazaron, por unanimidad, todas las demás indicaciones formuladas trece en total, por considerarse que el texto del proyecto es mejor o porque introducían contradicciones con otras disposiciones.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Forni .

El señor FORNI.-

Señor Presidente, el informe del diputado Bustos ha sido bastante completo. Sin perjuicio de ello, quiero poner énfasis en algunos puntos relevantes que se discutieron en la Comisión.

En primer lugar, en el artículo 4º, que define la finalidad de las sanciones y otras consecuencias, faltó un elemento importante. En ese sentido, presentamos una indicación, que lamentablemente fue rechazada, que se refería a la responsabilidad de los adolescentes por las infracciones cometidas.

De acuerdo con el artículo aprobado por la Comisión, da la impresión de que la responsabilidad de los adolescentes por las infracciones no es una finalidad de esta ley. Me da la impresión de que si bien quienes participaron en la Comisión están de acuerdo en que este proyecto persigue todas las finalidades que se indican en este artículo 4º, además, debería indicarse expresamente que un elemento fundamental de este proyecto es la responsabilidad por las infracciones cometidas.

En el artículo 5º se agregó acertadamente una indicación, que permite establecer que, respecto de los menores de 14 años, no existirá impunidad absoluta ni ningún trato, sino que, muy por el contrario, los menores de 14 años que cometan alguna infracción que respecto de los mayores de 14 se consideraría infracción a la ley penal, tendrán un tratamiento adecuado en conformidad con la ley respectiva. A mi juicio, eso es muy importante dejarlo establecido.

En el artículo 6º se establecía una especie de excusa absolutoria respecto de abusos sexuales, como muy bien lo explicó el diputado informante. Al respecto, en una indicación muy acertada del diputado señor

Burgos, entre otros, se señala que respecto de abusos sexuales consentidos ejecutados entre menores de edad y siempre que exista menos de dos años de diferencia, en el caso del artículo 362 del Código Penal, y de tres años en los demás delitos, no hay responsabilidad penal. Esto tuvo su origen, como muy bien lo decía el diputado señor Bustos , en las modificaciones de la ley que sanciona la pedofilia. Está de más decir que para que rija esta excusa absolutoria no debe concurrir ninguna de las circunstancias de la violación ni del estupro.

En el artículo 7º hay una modificación importante que se introdujo en el segundo trámite reglamentario. La disposición señala que en los delitos que tienen el carácter de infracción grave, se incorporan dos figuras que nos parecen muy relevantes: la asociación ilícita para el tráfico de drogas, según lo establece el artículo 22 de la ley Nº 19.366, y los delitos terroristas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º, Nº 5, de la ley Nº 18.314. En beneficio del acuerdo que existía en la Comisión de despachar rápidamente este proyecto, esperamos que en sus próximos trámites se incluya también como infracción grave presentamos una indicación al respecto el aborto, específicamente referido a aquellos que lo causen. En este artículo apoyamos la indicación del diputado Burgos para sancionar como infracción grave la tentativa de los delitos antes mencionados, cosa que no había sido considerada en el primer trámite reglamentario.

En el artículo 8º, que se refiere a los presupuestos de la responsabilidad penal, por una indicación de los diputados Pérez Varela , Uriarte y Álvarez , se eliminó la frase final de su número 2, que establecía que para que hubiera responsabilidad penal era necesario que no concurriera alguna de las causas que eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años “o alguna circunstancia análoga a éstas”. Nos pareció, y creo que también fue la opinión de la Comisión, que esta última frase podría transformarse en un nuevo proceso de discernimiento, con lo cual muchos jóvenes infractores podían quedar fuera del sistema.

En el artículo 10, la Comisión acogió una indicación de los mismos diputados para modificar los plazos de prescripción, tanto de la acción penal como de la pena. De manera que queda, así, en dos años por regla general, salvo respecto de las conductas a que se refiere el artículo 7º, caso en el cual se fija en cinco, y de las faltas, que no tenían un plazo de prescripción determinado y que, por lo tanto, pasarían a regirse por las reglas generales, en seis meses.

En el artículo 16 propusimos una indicación para que se segmentara más aún el principio de separación por tramos de edad. Sin embargo, la retiramos, pensando en que, no obstante ser ideal, su aplicación iba a ser muy compleja. Esperamos que existan las condiciones para que esta disposición, muy importante en el proyecto de ley y que, por lo demás, está en todas las convenciones internacionales ratificadas por Chile, se aplique efectivamente, tanto en los cuarteles policiales como en los tribunales y en los recintos de internación.

En el artículo 18, que establece las sanciones, en realidad no nos gusta la de amonestación. Nos parece que, tal como está concebida en el proyecto, sin ningún elemento de justicia restaurativa, no va a contribuir al objetivo de la ley. Nos parece que la amonestación es la típica sanción que aplican los tribunales supremos de los partidos o los comités de ética para no aplicar las penas que correspondan. Entonces, nos parece que esto le puede restar credibilidad al sistema. Por eso no estamos a favor de ella tal como está planteada en la iniciativa en los artículos 18 y 21, sin perjuicio de que se le puedan incorporar otros elementos de mayor justicia restaurativa.

En el artículo 22, se acogió la indicación de algunos diputados en el sentido de permitir el pago en cuotas de la multa fijada, lo que si bien puede facilitar que el pago sea hecho efectivamente por el menor infractor y no por sus padres, implica el riesgo de que la sanción se diluya y termine siendo ineficiente en su objetivo. Este es un tema que tendremos que analizar a la luz de la aplicación práctica de la disposición.

En el artículo 24, que se refiere a la prestación de servicios no remunerado en beneficio de la comunidad, me parece importante establecer que la reparación del daño causado mediante el cumplimiento de esa sanción, sólo podría aplicarse cuando la víctima así lo consintiera. Lamentablemente, la indicación no fue acogida por la Comisión. Pensamos que resulta básico, considerando que ese tipo de servicios están concebidos en beneficio de la comunidad, contar con la aprobación de la víctima, lo cual obviamente supone su voluntad.

En el artículo 25, que se refiere a la objeción de trabajo que puede plantear la persona respecto de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, en tal caso, el tribunal deberá sustituirla por la inmediatamente superior. Esto nos parece un avance, porque en la redacción anterior no se impedía aplicar una pena inferior si se solicitaba la sustitución. Probablemente, eso tendrá que estudiarse en los próximos trámites. A lo mejor, será necesario precisar aún más cuál es la pena inmediatamente superior o la que corresponderá en caso de sustitución.

En el artículo 28, que contempla el arresto de fin de semana que consiste en el encierro del infractor en un centro de privación de libertad durante los días que conforman el fin de semana, me parece bien que se amplíe su duración máxima de 20 a 52 semanas. Se entregan más facultades al juez, y el encierro de fin de semana se transforma en una sanción efectiva.

Sin embargo, estamos en contra particularmente yo del arresto domiciliario sustitutivo. Me parece que si no existe un adecuado control, esta sanción va a generar una sensación de impunidad y de desconfianza en el sistema. Si bien no tenemos garantías de que existan los medios para fiscalizar su cumplimiento, valoramos que, en caso de quebrantamiento de esta pena sustitutiva, deba cumplirse el resto del período como arresto de fin de semana en un centro de privación de libertad. Es un paso, pero consideramos que es una medida que puede acarrear problemas, porque va a ser muy difícil determinar cuándo existe quebrantamiento, y, si se logra establecer, probablemente, será tarde y sus efectos negativos se habrán producido.

En el artículo 32, que define la duración de las sanciones privativas de libertad y el tiempo mínimo de aplicación, se escogió una indicación concordada con el diputado Bustos y quien habla. Sin embargo, creo que cometimos un error, porque, para hacerlo más flexible, agregamos un inciso segundo que, a mi modo de ver y también del Ejecutivo, por lo que he tenido oportunidad de saber, contradice otras disposiciones.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Ha terminado su tiempo, señor diputado.

El señor FORNI.-

Termino, señor Presidente.

Si uno interpreta literalmente el inciso segundo, lamentablemente entra en contradicción con lo que el proyecto ya establece en los artículos 74 y 75, que se refieren a la sustitución de la condena.

En efecto, el artículo 74 dice que es posible sustituir la condena cuando ésta es privativa de libertad y se haya cumplido, al menos, un tercio de su duración o cuantía. El artículo 32, inciso segundo, no exige el cumplimiento de ese tercio. Entonces, puede generarse una contradicción en el evento de una sustitución de pena privativa de libertad. Por lo tanto, vamos a tener que modificar el artículo 32. En consecuencia, pido votación separada de sus incisos, para evitar una colisión con lo ya aprobado en materia de sustitución de penas.

Por último, en el artículo 34 bis, me parece positivo incorporar como sanción accesoria de acuerdo con una indicación de los diputados de Renovación Nacional y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del menor, “la obligación de someterlo a tratamientos de cura a adicción a las drogas o alcohol”.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos .

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, en verdad, estaría de más referirse a las indicaciones aprobadas y a las rechazadas por la Comisión en el segundo trámite reglamentario, porque el informe del diputado Bustos fue lo suficientemente claro para expresar con precisión las razones por las cuales unas fueron acogidas, y otras, no.

Todo indica que estamos ad portas de despachar un importante proyecto al Senado. Cuando se habla de las reformas estructurales al sistema procesal penal, este proyecto ocupa un lugar privilegiado, sobre todo porque es una obra lograda con el concurso de miembros de todos los sectores. No me estoy refiriendo a nadie en particular. Mientras más se acercan las elecciones, se produce una verdadera competencia por presentar y acoger iniciativas que tengan que ver con la seguridad ciudadana.

El proyecto va en la dirección correcta. El sistema de responsabilidad penal juvenil chileno es muy malo. Algunos dicen que no lo tenemos. Me inclino más por esto último. Tenemos soluciones de parche en respuesta a entusiasmos de determinado momento.

Ésta es una reforma estructural, tal vez perfectible, como en el tema que señalaba el diputado Forni . Quedan pasos legislativos, pero hemos dado uno muy importante. Sin embargo, está pendiente el tema del financiamiento, respecto del cual en la Comisión siempre se nos ha dado la seguridad presupuestaria.

Quiero insistir en que el proyecto no sólo tiene una apuesta presupuestaria importante en materia de infraestructura. Según lo indicado por el Ministerio de Justicia, eso está absolutamente financiado. Debido a la presentación de indicaciones, también considera otros aspectos que implican gastos importantes. Por ejemplo, convertir la justicia penal en especializada, tanto en la primera instancia como en el juicio oral, tiene un costo financiero importante que debe ser resuelto por el Ejecutivo.

Contar con ministros especializados en los tribunales orales requiere de capacitación previa. Para eso, la Academia Judicial debe tener los fondos; aún es tiempo.

Fijar un plantel de personas que hagan el seguimiento del cumplimiento de las penas alternativas al encierro, también requiere de una apuesta financiera relevante. Obviamente, este cambio estructural tan importante desde el punto de vista del tratamiento de los menores infractores, sobre la base esencial de su reinserción, requiere un funcionamiento muy preciso desde el comienzo. Si no es así, se producirá el efecto contrario al buscado, y la iniciativa será juzgada más bien como una ley productora de impunidad, lo cual no es su sentido ni su objetivo. Aquí estamos rebajando la edad de responsabilidad penal juvenil. ¿Y cómo la estamos rebajando? De 18 años a 14 años. Pero junto con aquello, estamos abriendo un menú de alternativas de reinserción y de rehabilitación.

Esas alternativas, a mi juicio, son las básicas para enfrentar la delincuencia juvenil, que es un problema real en el país y atingente a la seguridad ciudadana. Basta ver los índices de aumento de detenciones por parte de Carabineros, el aumento de menores en la comisión de cierto tipo de delitos y los grados de participación de los menores bajo la influencia de las drogas. Es decir, hay un problema, y a él se refiere en buena parte el proyecto; pero, también, se requiere de una postura financiera muy importante para los efectos de cumplir lo que dispone.

Para terminar, quiero agradecer la participación permanente del Ministerio de Justicia, del ministro, del subsecretario, de los asesores en particular de don Francisco Maldonado y de la gente del Sernam en el estudio de este proyecto. Su presencia ha sido trascendente para su tratamiento, el que ha sido transversal y ha servido para decir las cosas con claridad.

Alguien podría creer que esta iniciativa provocó mucha discusión de carácter político. No, fue un proyecto respecto del cual, en general, tuvimos la capacidad de tratarlo de manera transversal. Ojalá que esa postura se mantenga en el Senado y que su estudio sea hecho en forma rápida. Lo digo con todo respeto, porque no podemos esperar cuatro o cinco años ni tres o cuatro años, como sucedió en el Senado con el proyecto sobre drogas para que sea convierta sea ley de la República. Más rapidez, por favor.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaramillo .

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, me agrada la posibilidad de intervenir en el debate, sobre todo, después haber escuchado la opinión de los juristas que participaron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El diputado señor Burgos dijo que esperaba una aclaración financiera sobre el proyecto. Me gustaría una aclaración de parte de la Mesa, porque alguien ha dicho que tendrían que dictarse leyes especiales en caso de originarse algún costo. Es decir, todavía no se convierte en ley la iniciativa y ya existe la duda de si irroga gastos. No lo entiendo.

Siento gran respeto por los juristas que han intervenido en el debate. Han propuesto un proyecto especial, que todos debemos aplaudir. Pero, por supuesto, no puedo estar de acuerdo en que no se haya enviado a la Comisión de Hacienda para estudiar su financiamiento.

El artículo 34 bis aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, establece: “El juez estará facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas en el artículo 18 de esta ley, y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del menor, la obligación de someterlo a tratamientos de cura o adicción a las drogas o alcohol”. ¿Quién paga ese tratamiento? ¿De qué costo estamos hablando? Sin embargo, se ha dicho que el proyecto no pasó a la Comisión de Hacienda por cuanto no origina gastos.

Me preocupa la forma en que ha sido tratado el proyecto. Considero que aquí hay un cambio institucional enorme. Se crean tribunales especiales a partir de los cuales actuarán los tribunales de garantía y los futuros tribunales de familia, a los cuales les corresponderá juzgar a los menores; pero en ese caso tendrán que tomarse las medidas administrativas para que ello ocurra.

Se crea un catálogo de medidas alternativas que se aplicarán en reemplazo de las penas privativas de libertad en centros cerrados, lo cual obligará al Estado a construir más centros para atender a los niños y jóvenes que infringen la ley penal. Si bien lo anterior implica el uso de recursos públicos, su financiamiento no está previsto en el proyecto.

Según se dijo en la Comisión de Constitución, el proyecto se financiará mediante reasignaciones internas de carácter administrativo y no irrogará gastos mayores. Sin embargo, puedo ver que sí los hay, porque, reitero, los tribunales se constituirán a partir de tribunales ya creados.

En definitiva, se han dicho varias cosas al respecto, pero nada responde la pregunta de fondo: ¿Cuál será el costo de la iniciativa y quién lo solventará? Es decir, ¿a cuál partida presupuestaria se imputarán los gastos? Y, en caso de haber reasignaciones administrativas, como se dijo, ¿de dónde se sacarán los recursos?

Es indudable que este proyecto implica un compromiso de todos; un compromiso político de avanzar en materia de defender las escasas facultades legislativas de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo es colegislador.

Pido formalmente a la Sala que este proyecto pase a la Comisión de Hacienda para un informe complementario. De lo contrario, vulneraríamos de manera flagrante la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional e, incluso, la Constitución Política de la República. La comisión especializada en administración financiera debe saber cómo se financiará este proyecto. Así lo dice la normativa vigente y, por lo tanto, este proyecto no debiera quedar sujeto a recursos futuros. Si no lo hacemos así, todos nuestros discursos en los foros internacionales sobre promoción de los derechos humanos, en general, y de los niños, en este caso, pueden quedar en letra muerta.

Hay recursos públicos involucrados. Por ello espero que el proyecto sea enviado a la Comisión de Hacienda, para que emita un informe complementario, y que la Mesa se asesore respecto del tema jurídico relacionado con la política institucional que corresponde a esta iniciativa, porque veo amenazadas las atribuciones de la Corporación.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

La Mesa no tiene inconveniente en recabar el asentimiento de la Sala respecto de su petición, señor diputado, pero lo hará con posterioridad, porque en estos momentos no hay quórum.

El señor JARAMILLO.-

Señor Presidente, he solicitado un informe de la Mesa.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Juan Bustos .

El señor BUSTOS.-

Señor Presidente, sin duda, las indicaciones aprobadas en la Comisión perfeccionaron el proyecto.

Respecto de lo dicho por el diputado señor Marcelo Forni , la Comisión aprobó por unanimidad el artículo 4º, cuya finalidad es la protección del desarrollo e integración social del adolescente y el fortalecimiento de sus derechos. Se entendió que el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades de las demás personas abarcaba de manera más amplia y más clara, desde el punto de vista de un estado de derecho, la idea de la responsabilidad. Por esa razón se excluyó esa palabra, porque se entendía que estaba claramente implícita en las finalidades preceptuadas en el artículo 4º respecto de las sanciones establecidas en relación con el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades de las demás personas.

En la legislación comparada de España, de Francia y Costa Rica, la amonestación establecida para los adolescentes no para un viejo político amonestado, porque se trata de una situación diferente, en especial para el caso de los niños, tiene un gran efecto, como lo han demostrado las investigaciones criminológicas efectuadas en otros países, las cuales han establecido la necesidad de reforzar el carácter de la amonestación desde la perspectiva de la responsabilización planteada por el diputado Marcelo Forni , a fin de que los adolescentes asuman su responsabilidad en los hechos, con lo cual se produciría mayor comprensión del sentido de su amonestación.

En cuanto a la multa, se rechazó la prórroga, porque podía traer consigo su ineficacia como tal y provocar problemas desde el punto de vista de la sanción. Pero es diferente el establecimiento de su pago en cuotas respecto de las personas de escasos recursos. Se trata, por tanto, de que las penas se cumplan e impliquen un esfuerzo para las personas. Por ello, se estableció un sistema de pago en cuotas, lo que permitirá que las penas se cumplan por parte de las personas de escasos recursos.

En relación con el artículo 32, la modificación que se aprobó por unanimidad fue presentada por los diputados Forni y Uriarte , y aparece como complementaria y diferente de lo establecido en el artículo 74.

Éste señala que, una vez que se ha cumplido el tercio de la pena privativa de libertad, el juez la podrá sustituir por otra, de libertad asistida. Pero es una norma de carácter general. En cambio, la disposición del artículo 32 es específica y cuando la pena es ínfima, es decir, cuando se establece la pena mínima de un año o dos años.

En tal caso, se establece que, cuando se trata de dos años, el juez tendrá la facultad de sustituirla por la de libertad asistida sin esperar que se cumpla el tercio.

Nos pareció adecuado el planteamiento de los diputados Forni y Uriarte , quienes ahora aparecen impugnando esta disposición que la Comisión aprobó por unanimidad, porque se había establecido una pena mínima de un año o dos años y, por lo tanto, dentro de las infracciones graves se estimaba que éstas no tenían la entidad necesaria para establecer una pena grave privativa de libertad.

Desde esa perspectiva, se consideró que no corresponde retractarse ahora de la indicación presentada por los diputados Forni y Uriarte , ya que ésta parece adecuada y no es contradictoria con el artículo 74. Se trata de una disposición de carácter especial frente a una disposición genérica; o sea, tiene elementos de carácter específico en relación con el artículo 74.

Por último, el ministro de Hacienda dijo en la Comisión que no se necesitaban recursos especiales para este proyecto, porque los fondos quedaron comprendidos en la ley de Reforma Procesal Penal, en la de Tribunales de Familia y en la del Sename.

Por otra parte, quiero destacar que ya están construidos todos los establecimientos privativos de libertad de carácter especial a lo largo de Chile. Además, se encuentran con las dotaciones de personal correspondiente, es decir, con profesores, psicólogos, etcétera. De manera que estimamos que este proyecto, como lo dijo el ministro de Hacienda, no requiere de fondos especiales.

Entiendo que la Comisión de Hacienda tenga siempre el prurito o comezón de revisar todo proyecto, pero éste no es el caso, porque los fondos ya fueron distribuidos donde correspondía: al Sename, a la reforma procesal penal, al Ministerio Público y a la Defensoría Nacional Pública.

He dicho.

El señor OJEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá .

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señor Presidente, creo que todos compartimos que el proyecto, que discutimos en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, constituye un gran paso, necesario, pero tremendamente delicado: ni más ni menos, estamos bajando la edad de responsabilidad penal juvenil de dieciocho a catorce años. Por eso, todos comprendemos en el debate anterior se hizo evidente que este paso debemos darlo con mucho cuidado, asegurando que, respecto de los jóvenes que vamos a hacer imputables, que tendrán responsabilidad penal por los actos que cometan, vamos a tomar las medidas que posibiliten su recuperación e integración a la sociedad. De lo contrario, incurriremos en dos grandes errores: primero, los educaremos como delincuentes para que el día de mañana sigan cometiendo delitos, y, segundo, enfrentaremos una serie de dificultades relacionadas con la vulneración de sus derechos como adolescentes.

Debemos hacer todo lo que sea necesario para asegurar que el espíritu del proyecto se cumpla en la práctica y que la responsabilidad penal de los jóvenes sea enfocada considerando sus peculiaridades como ciudadanos y, en la mayoría de los casos, las condiciones sociales que los llevaron a delinquir.

Por eso, junto con diputados de mi bancada hemos repuesto algunas indicaciones que propusimos durante el trámite anterior, por considerar que son necesarias para garantizar que se cumpla el espíritu de la ley, que debe quedar reflejado en sus normas con mucha fuerza.

Son cuatro las indicaciones que quiero explicar brevemente.

En primer lugar, respecto de las penas privativas de libertad, consideramos conveniente establecer un máximo y un mínimo. En el caso de delitos graves, para los jóvenes entre catorce y dieciséis años, será un año, y para aquellos que tengan entre dieciséis y dieciocho años, dos años. En el marco de esta norma, que establece la pena máxima y la mínima, creemos necesario agregar al artículo 15, que se refiere a la excepcionalidad de la privación de libertad, una oración por lo demás, forma parte de los tratados internacionales sobre la materia que diga que estas penas se aplicarán por el menor tiempo posible, pero dentro de la pena máxima y mínima establecidas. Ello está en el espíritu de todos los especialistas que han estudiado el tema y de todos los tratados que existen sobre la materia, en cuanto a que las penas privativas de libertad deben ser lo más restrictivas posibles, promoviendo otro tipo de sanciones, como la libertad asistida.

La segunda indicación se refiere al artículo 31, cuyo inciso segundo establece que el régimen de privación de libertad deberá considerar necesariamente el cumplimiento del proceso educativo del adolescente. Basados en lo que establecen la Constitución y la ley, en cuanto a la obligatoriedad de doce años de escolaridad, creemos que este artículo debe ser más enfático y claro. Por eso, proponemos una redacción diferente que dice que este régimen deberá considerar necesariamente la plena garantía de la continuidad de sus estudios básicos y medios en la redacción original esto es muy vago, incluyendo su reinserción en el caso de que haya desertado del sistema escolar formal. Esto nos parece muy importante porque es, quizás, la primera medida fundamental para lograr que estos jóvenes no vuelvan a delinquir.

Hace algunos días conversaba con una persona que trabaja en este ámbito, quien me decía que no sólo la mayoría, sino casi la totalidad de los jóvenes que delinquen, son desertores del sistema escolar. Debemos partir, entonces, por asegurar que la primera medida que se adoptará el día que estén privados de libertad será obligarlos a estudiar.

La tercera y la cuarta indicaciones se refieren al artículo 41 y tienen por objeto eliminar el inciso que dispone que la consideración en la Defensoría Penal Pública de especialistas en materia de adolescentes sólo será obligatoria cuando existan más de cien causas sobre la materia en la región. Creemos que es un número excesivo, pues si en una región sólo hubiera ochenta jóvenes imputados, también deberían tener la seguridad de que en la Defensoría Penal Pública habrá abogados especializados que los defenderán. Por eso, proponemos otro inciso que garantice algo que es parte de todos los tratados internacionales, pero que, en la práctica, va a costar que se respete, cual es el pleno derecho y capacidad de los adolescentes para designar a un abogado patrocinante. No obstante ser menores de edad, no es redundante explicitar que tienen este derecho.

Estas son las cuatro indicaciones que presentamos. Consideramos que son totalmente coincidentes y coherentes con el espíritu del proyecto y le dan más firmeza y claridad a ciertos temas que, por problemas de tradición, falta de recursos o prioridad, muchas veces, no lo reflejan. Si la ley es más clara, tendremos más garantías de que logrará su objetivo, cual es prevenir que los jóvenes no vuelvan a delinquir y se reinserten en la sociedad.

He dicho.

El señor OJEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el ministro de Justicia, señor Luis Bates .

El señor BATES (ministro de Justicia).-

Señor Presidente, sólo quiero referirme a dos temas que me parecen importantes. El primero dice relación con los recursos económicos, y el segundo, más específico, con la sanción de amonestación, que fue planteado durante la sesión.

Respecto de los recursos necesarios para la implementación del sistema de responsabilidad penal juvenil, durante la discusión en general del proyecto dije reiterando los datos proporcionados a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el ministro que habla, como por la directora del Servicio Nacional de Menores, quien concurrió invariablemente a todas las reuniones de la Comisión, y por la ministra subrogante de Hacienda, quien también se hizo presente en la Comisión que a través de ellos se materializa la reforma al sistema de infancia previsto en la ley de menores. Por un lado, ello pasa por considerar que el sistema de medidas previsto en la ley de responsabilidad penal se ejecuta a través de la reglamentación propia del Servicio Nacional de Menores, institución que, conforme al texto del proyecto, se hace cargo de su ejecución, directamente en el caso de medidas privativas de libertad, o a través de su red de instituciones colaboradoras, en lo que respecta al resto de las medidas.

Quiero recordar a los honorables diputados que, en la Comisión, la directora del Servicio Nacional de Menores hizo una amplia exposición sobre los centros privativos de libertad administrados por ese servicio en todo el país y respecto de los recursos que ya se han invertido en esta materia, desde Arica a la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Al mismo tiempo, se ilustró acerca de los programas no privativos de libertad y los proyectos de apoyo. Es importante evaluar estos antecedentes al momento de analizar lo relativo a los recursos. Dichos antecedentes están a disposición de los honorables diputados.

De manera que se ejecuta como decía a través de la reglamentación propia del Servicio Nacional de Menores, y, en el caso de medidas privativas de libertad, las instituciones ya están construidas y funcionando en todo el país. Contamos con centros en prácticamente todas las regiones, encontrándose en etapa de construcción los previstos para las regiones Undécima y Duodécima . Asimismo, está prevista una nueva unidad para la Región Metropolitana.

Adicionalmente, requerimos un nuevo modelo de financiamiento e intervención para que sea potenciado por la vía de la subvención reforma que ya fue conocida por la Camara y que se encuentra en trámite en el Senado, que considera un incremento adicional de los recursos anuales disponibles para este fin en dicho servicio.

Por otro lado, debe tenerse presente que el aumento de los actores del sistema judicial que considera la nueva carga de trabajo que agrega el proyecto al sistema procesal penal, está siendo evaluado sobre la base de la experiencia desarrollada en las regiones más grandes, en las cuales recientemente se ha puesto en funcionamiento la reforma procesal penal. Esto permite, de acuerdo con los estudios que se tengan, complementar y actualizar la carga de trabajo proyectada originalmente, de manera que, en conformidad con los requerimientos, posteriormente someter a tramitación legislativa las correspondientes iniciativas.

En lo relativo a las funciones auxiliares de la administración de justicia, puedo informar que ellas no varían, toda vez que los conflictos de que trata esta iniciativa hoy se presentan en el sistema y son solucionados o derivados en forma diferente. Así, una infracción cometida por un adolescente de quince años, hoy entra al sistema por la vía del expediente de protección en el tribunal de menores.

El conjunto de iniciativas se complementa con el proyecto de ley de protección de derechos de la infancia, recientemente ingresado a trámite parlamentario a la Cámara de Diputados. Dicho proyecto, las subvenciones del Servicio Nacional de Menores, los tribunales de familia y el nuevo sistema procesal penal constituyen, en su conjunto, el nuevo modelo que habilita la ejecución e implementación del proyecto de responsabilidad penal juvenil.

Cabe reiterar que, en lo relativo a la capacidad instalada y proyectada del Servicio Nacional de Menores, se ha entregado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia una amplia gama de antecedentes de sustento, muy concretos y generales, que han sido suficientes para demostrar la exactitud de los recursos disponibles, tal como lo refleja el texto de los informes que dicha Comisión ha sometido a la consideración de la Sala.

Por último, quiero referirme brevemente al artículo 21, que establece la sanción de amonestación. Consiste en la represión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle ver al infractor de la ley la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente. En la medida en que se aplique bien por los jueces, creemos que se dará un paso importante en el espectro de sanciones que contempla el proyecto.

He dicho.

El señor OJEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Uriarte .

El señor URIARTE.-

Señor Presidente, como lo destaqué, junto con los diputados señores Víctor Pérez y Marcelo Forni , hace sólo un par de semanas, al pronunciarnos en general, el proyecto de responsabilidad penal juvenil viene a dar solución a una serie de problemas de justicia que afectan a las partes involucradas en un conflicto penal que compromete a adolescentes. En efecto, todos sabemos que tanto el infractor como la víctima, en las condiciones actuales, no reciben de parte del sistema de justicia una respuesta adecuada. Ello se debe fundamentalmente a la óptica desde la cual se encuentra construido el actual sistema, toda vez que, sobre la base de la irresponsabilidad del menor, define una serie de medidas coactivas a su respecto, supuestamente aplicadas para su protección. Con ello, se excluye a este conflicto de las reglas propias de un juicio y, consecuentemente, se excluye a la víctima como parte del mismo.

La sociedad asume que su condición de adolescente no le permite al joven responsabilizarse por sus actos, lo que atenta contra su condición de sujeto autónomo, capaz de ejercer derechos fundamentales. De esta forma, no se responde a la sociedad ni a las víctimas; no se administra un procedimiento justo, respetuoso de las reglas del debido proceso, ni se aplica tampoco una medida o sanción útil para evitar la reiteración futura en hechos delictivos.

La capacidad, entonces, es una consecuencia de su autonomía, reconocida en diversos niveles de la vida social. No basta con su madurez sicológica o mental, sino con aquella que le es reconocida por nuestra propia sociedad. En este plano, hoy es perfectamente factible asumir que los adolescentes mayores de 14 años se encuentran capacitados para desarrollarse en sociedad con uso de múltiples facultades autónomas. Sin embargo, el proceso de vida que experimentan, marcado por un constante cambio y una enorme necesidad de adaptación a su nueva realidad adulta, permite diferenciar las consecuencias de dicha responsabilidad respecto de aquellas que se prevén en el régimen general para los adultos, con lo cual aparece obvio la necesidad de regular un sistema especial de responsabilidad.

El proyecto de ley que hoy se somete a nuestra consideración precisamente asume estos elementos, proponiendo una regulación penal, procesal y de ejecución especialmente concebida para la responsabilidad de adolescentes. Con ello se contribuye enormemente a la tarea de prevenir delitos futuros, considerando precisamente que la intervención en adolescentes ejerce mucho más perspectivas de éxito en miras a disminuir la reincidencia futura.

Como dije en dicha oportunidad, sólo debemos lamentar que este proyecto se debata en un contexto de pleno auge de la delincuencia, expresado en la cada vez mayor presencia de delitos cometidos por menores de edad, en el aumento de la violencia empleada en su ejecución y, particularmente, en el aumento de la intervención de jóvenes en ellos. Echamos de menos que la política criminal sea más amplia y ahonde en la política social, en miras a atacar aquellos factores que generan delincuencia.

No obstante, creemos estar avanzando en buen camino. Así, el texto conocido y aprobado en general por la Comisión de Constitución y por la Cámara, fue concordado con miras a alcanzar mejores niveles de eficacia en la lucha contra el delito y, al mismo tiempo, solucionar los problemas de justicia que hemos denunciado.

Contribuimos a ello en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la que se genera una propuesta que, en el contexto citado, se hace cargo de las diversas visiones presentes en la sociedad. A nuestro juicio, el producto es adecuado, y así lo ratifica el casi absoluto respaldo con que contó la idea de legislar.

Sobre esa base, propusimos algunos perfeccionamientos que, en su mayoría, han sido acogidos por la Comisión en el informe en particular que se debate. Se hizo expresa referencia a las medidas aplicables a menores de 14 años, clarificando que quedan fuera del marco de aplicación de esta ley y que requieren de un nuevo sistema de tratamiento y de protección.

En forma adicional, ampliamos la calificación del delito grave a las actividades asociativas que involucren la participación de adolescentes en delitos de drogas y terroristas, originalmente no considerados en tal calidad. Eliminamos, además, la llamada eximente por analogía, que, a nuestro juicio, constituía un riesgo de impunidad; aumentamos los plazos de prescripción del delito, y nos hicimos cargo, también, del plazo de las faltas. Con el mismo fin, restringimos el uso de la amonestación en aquellos casos en que, de verdad, se cuente con señales claras de arrepentimiento del menor, y, de manera específica, en caso de objetarse la medida del trabajo en beneficio de la comunidad, ésta deberá sustituirse por una de mayor gravedad. Con esto último, respetamos los compromisos internacionales, sin dejar de asegurar la efectividad y seriedad de las prescripciones de la ley. Aumentamos, asimismo, la duración del arresto de fin de semana, de modo de transformar esta medida en una sanción real, posibilitando que sea utilizada en términos eficaces.

Sin perjuicio de lo anterior, con el diputado Forni renovaremos una indicación para eliminar el artículo 29 del proyecto.

Por otra parte, reiteramos la necesidad de evaluar la ejecución de las medidas privativas de libertad, particularmente cuando son impuestas por plazos más breves de tiempo. Con ello, aseguramos que los centros privativos no operen como escuelas delictivas, sino que se orienten efectivamente a la rehabilitación del infractor.

Como dijimos en la discusión en general, las medidas tomadas hasta la fecha han demostrado ser insuficientes e ineficaces para prevenir el delito. A ello contribuye sustancialmente la impunidad imperante en el sistema, reforzada, en el caso de los menores de edad, sobre la base de la afirmación de su irresponsabilidad.

En este contexto, el proyecto constituye todo un aporte, pues la impunidad necesariamente termina en un incentivo a la reincidencia. En ese ánimo y considerando que su texto fue elaborado sobre ejes acertados, efectivos y justos que consideran la realidad de los adolescentes de nuestro país, y teniendo presente, además, que ha sido perfeccionado en este segundo informe, anuncio mi voto favorable para que continúe su tramitación parlamentaria hasta convertirse en ley lo más pronto posible.

He dicho.

El señor OJEDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señor Presidente, en su discusión en particular, es especialmente importante tomar conciencia del significado del proyecto, de manera que no se consideren las pasiones de la coyuntura y se transforme al adolescente infractor de la ley en el enemigo público número uno.

Por un lado, se reconoce la responsabilidad de los adolescentes a partir de los 14 años, pero también se toma en cuenta que son personas que han sufrido carencias en su formación y que es importante rescatarlas de la delincuencia y reinsertarlas en la sociedad.

En ese sentido, el proyecto debe ser muy claro y taxativo. Lo fundamental es establecer, en primer lugar, la responsabilidad de los adolescentes entre 14 y 18 años, en los delitos que puedan haber cometido. En segundo lugar, un tipo de justicia especial, porque todavía no tienen consolidadas las características del adulto. En tercer lugar, una apuesta importante por su reinserción en la sociedad.

Por eso es fundamental que en la futura ley, que seguramente se va a aplicar por mucho tiempo, queden claros esos conceptos, a fin de evitar dudas a la judicatura, a los sucesivos gobiernos, etcétera. Con tal objeto, presentamos indicación para intercalar en el artículo 15, antes del punto final, la frase “y por el menor tiempo posible”, como una manera de precisar que la prisión no es el mejor camino para la rehabilitación y la reinserción.

Pusimos límites máximos y mínimos de años, lo que me parece bien, porque la privación de la libertad de los menores de edad muchas veces genera más crímenes, en vez de disminuirlos, como se ha comprobado en varios países.

Por lo tanto, es muy importante que en el caso de los adolescentes la cárcel se reserve para los delitos más graves, como último recurso y durante el menor tiempo.

Además, la indicación al artículo 15 se enmarca en el acuerdo internacional de Beijing. A todos nos interesan los programas de libertad asistida, pero a mí me habría gustado mayor precisión respecto de la función del delegado y de los programas y servicios de carácter educativo, socioeducativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación que deberá proponer al tribunal.

En ese sentido, si un adolescente de los programas de libertad asistida necesita asistencia siquiátrica, el delegado deberá recurrir a profesionales de un Centro de Salud Mental, Cesam , o de un consultorio, que de ningún modo podrán dedicarle el tiempo que requiera para superar su problema. Pero confío que con políticas adecuadas disminuya el número de adolescentes en programas de libertad asistida por delegado y se cuente con mayores recursos para una atención especializada.

Por último, aunque sabemos que no serán programas de estudio formales, porque no podrán asistir a colegios, es muy importante establecer que los adolescentes podrán terminar su enseñanza básica y media durante su reclusión, sobre todo si deben cumplir una condena de cinco años.

Es muy importante que en la ley quede claramente garantizado, no sólo el proceso educativo para estos adolescentes, sino, además, la seguridad de que, una vez terminada su reclusión y cuando sean reinsertados en la sociedad, podrán ingresar en un colegio formal y obtener su certificado de estudios.

Estas precisiones podrían parecer demasiado exhaustivas, pero estamos cambiando absolutamente la manera tradicional de ver a estos niños; estamos haciéndolos responsables de sus conductas, aunque sabemos que, muchas veces, éstas son consecuencia de la situación de pobreza en que viven; estamos elaborando una ley más general que involucre a todos los niños, pero, si bien reconocemos su responsabilidad, también debemos hacernos cargo de su situación.

Por eso, la ley tiene que ser absolutamente clara y precisa, y el país debe comprometerse, cada vez más, en el sentido de que los programas privativos de libertad de estos niños deben ser aplicados por funcionarios de suficiente calidad técnica y profesional, de manera que esta normativa cumpla con el objetivo que queremos: cortar la carrera criminal de esos niños y reinsertarlos en la sociedad. No queremos que un niño que delinque a los catorce años de edad sea tachado de delincuente para toda la vida y encerrado en una cárcel sin ofrecerle ninguna posibilidad de cambiar. Aquí estamos apostando a que esos niños o adolescentes puedan rehabilitarse y convertirse en ciudadanos de provecho.

Sin duda, el proyecto se inserta en el marco general del esfuerzo que hace el país para reducir la pobreza y avanzar. Espero que algún día podamos eliminar esta identificación delincuencia/pobreza, porque, hasta ahora, la imagen pública del joven infractor de la ley se asocia a la de un niño pobre. Tenemos que romper este binomio pobreza/delincuencia y procurar que esta ley sirva realmente para los niños que delinquen, independientemente de sus condiciones socioe-conómicas o del lugar donde nacieron, porque la justicia castiga cada vez más a los pobres y, muchas veces, deja absolutamente impunes o con condenas mínimas a adolescentes de buena situación económica.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Guillermo Ceroni .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, no se nos debe olvidar que, sobre esta materia, estamos en el peor de los escenarios. En este debate se advierten dos posiciones: una, la de quienes desean resaltar con claridad en la ley el aspecto punitivo, sancionador; y otra, la de los que queremos dejar establecido en la ley un sentido esencialmente rehabilitador. Por ahí estamos yendo. Es peligroso inclinarse por introducir modificaciones que acentúen el carácter sancionador, olvidándonos del rehabilitador.

Pero, también, dentro de nuestras pretensiones para este proyecto, hay algunos que quieren ponerse en la situación ideal, en la que todos quisiéramos; pero aquí tenemos posiciones encontradas y debemos alcanzar la ecuación más adecuada.

Se ha criticado la forma en que se han establecido las sanciones para los delitos graves, especialmente las relacionadas con la privación de libertad. Algunos quieren que sólo se establezcan sanciones máximas.

En la Comisión se acordó establecer sanciones mínimas de un año y de dos años, dependiendo de las edades; pero a quienes son partidarios de sanciones mínimas, les digo que las que propugnamos no serán tan gravosas para los menores, puesto que, en definitiva, será un juez especializado el que deberá aplicarlas, y tendrá clara conciencia de que está ante un menor, de la circunstancia del delito y de que la privación de la libertad es excepcional, como lo preceptúa el artículo 15. Por lo tanto, el juez deberá estar seguro del sentido de este proyecto, definido en su artículo 4º, y de que las privaciones de libertad se aplicarán a ciertos delitos y en forma excepcional.

Contamos también con otras herramientas que aminoran la condena de privación de libertad del menor, como es la posibilidad de que se le substituya la pena cuando cumpla un tercio de su condena. Se ha comprobado que dicha posibilidad es concordante con el objeto rehabilitador que indica el artículo 4º.

Además, el artículo 76 faculta al juez para revocar la condena cuando perciba que el aspecto rehabilitador se ha cumplido a cabalidad.

Entonces, dentro de ese contexto, no debemos temer el establecimiento de sanciones mínimas para las penas privativas de libertad.

En cuanto a la duda de que las penas privativas de libertad sean realmente rehabilitadoras y que se adopten medidas para educar al menor, podemos estar tranquilos, porque la iniciativa establece, en forma expresa, que en los recintos especiales tienen que tomarse todas las medidas para que el menor pueda seguir con sus cursos, educarse y, finalmente, ser un hombre que se integre a la sociedad con la plenitud de sus capacidades.

Insisto en que el proyecto es adecuado, aun cuando podemos perfeccionarlo en gran medida. Pero, también, debemos tener clara conciencia de que aquí hay dos posiciones: la de quienes quisieran hacerlo más drástico y la de los que desean lo contrario. Por lo tanto, hemos debido llegar a una ecuación que, a mi juicio, es la correcta.

En relación con los que consideran que la sanción de amonestación es absurda, casi insuficiente y que no debería considerarse, creo que sí debe establecerse, porque hay delitos muy menores respecto de los cuales no corresponde sino una amonestación. Por ejemplo, los desórdenes son infracciones menores, y al juez sólo le cabe aplicar amonestaciones. Como se ha dicho, la amonestación de un juez a un niño de catorce o quince años puede influir en forma positiva y hacer que enmiende su camino equivocado.

El proyecto está en la senda correcta y lo voy a apoyar. Ahora, salvo algunas indicaciones que puedan presentarse, las cuales me parecen correctas, podríamos aprobarlo hoy mismo.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada María Pía Guzmán .

La señora GUZMÁN (doña María Pía).-

Señor Presidente, concuerdo con el diputado Ceroni en que lo que más ha demorado el tratamiento de este proyecto de ley ha sido el hecho de tener dos visiones legítimas, pero muy contrapuestas, que se manifestaron, incluso, en los anteproyectos previos a los que conocemos hoy.

Creo que hemos llegado a tratar un proyecto que no es perfecto, que quizás no satisface a todos. Debo reconocer que quisiera un sistema distinto, no como el procesal penal, sino, más bien, una justicia restaurativa, como tantas veces conversamos al respecto en la Comisión, con mayor participación de la víctima y de la familia del menor, que se hagan parte y avalen la rehabilitación de éste: entregar un proyecto de vida a un menor que ha delinquido.

Pero, no estamos preparados para esto; no lo conocemos; falta tiempo. Mientras tanto, considero que este proyecto es lo mejor que hemos podido hacer.

Durante su primer trámite reglamentario, señalé que había aspectos negativos, ambiguos e indefinidos, que era importante hacer presente a la Sala; pero estos no fueron solucionados. Uno, la discrecionalidad del juez para aplicar las sanciones, y, el otro, la aplicación subsidiaria del Código de Procedimiento Penal. Creo que son objeto de una discusión mucho mayor e, incluso, podrían cambiar bastante el rostro del proyecto.

Por lo tanto, creo que, a la larga, el seguimiento que se haga de la implementación práctica de este proyecto va a dar la pauta para cambiarlo o modificarlo, como hemos ido arreglando el Código de Procedimiento Penal, en la medida en que nos damos cuenta de que su vigencia práctica no es lo que queremos. Hay que estar abiertos para entender que hemos hecho lo mejor, pero, obviamente, puede haber imperfecciones.

En cuanto al financiamiento de que hablaba el ministro, debo decir, derechamente, como lo hice en la Comisión me gustaría que estuviera presente el diputado Juan Bustos , porque su planteamiento, cuando estuvieron los ministros, fue diferente a lo que expresó aquí, que no se trata solamente de infraestructura. Sabemos que faltan, aproximadamente, tres regiones. Pero el tema es otro. Necesitamos financiamiento para los organismos colaboradores. ¿Qué está sucediendo en el Senado en cuanto a otorgar más dinero a los organismos colaboradores? Esos organismos van a hacerse cargo de los programas de educación, de orientación, de los tratamientos psicológicos y para las adicciones. Al Sename le corresponde y va a cumplir bien con todo lo que diga relación con las sanciones de internación semicerrada o cerrada, pero lo demás tienen que hacerlo los organismos colaboradores. Y si no hay financiamiento para ello, las sanciones, que no son privativas de libertad, no van a tener ninguna aplicación y vamos a terminar igual con todos los menores en sistemas cerrados o semicerrados.

Necesitamos, por ejemplo, para la libertad asistida, que es una muy buena sanción, financiamiento para los seguimientos que realicen los delegados.

En la Comisión, que preside el diputado Bustos , la ministra subrogante de Hacienda, señora María Eugenia Wagner que concurrió además de los ministros señores Insulza y Bates , fue muy ambigua, diría, muy resbalosa en cuanto a su compromiso con el financiamiento. Entonces, me da mucho temor de que nos quedemos con un muy buen proyecto, pero que, en definitiva, su aplicación práctica sea muy restringida y, eventualmente, se tenga más de lo mismo.

Más allá de eso, quiero comentar algunas indicaciones que me parece importante que la Sala las conozca y de por qué fueron aprobadas. En primer lugar, en el artículo 5º, cuando se refería a los menores de catorce años que no tenían responsabilidad criminal y no podían ser sancionados, nada se decía sobre su destino. Presentaron una indicación los diputados señores Álvarez , Pérez, don Víctor , y Uriarte , quienes expresaron que se deben aplicar ciertas medidas que la legislación ha de señalar. En ese minuto, lo aceptamos porque sabemos que ha ingresado a trámite legislativo el proyecto de protección de los derechos de la infancia y adolescencia que deroga la ley de menores, tan cuestionada. Esperamos que la iniciativa vaya a la Comisión de Constitución, como parte de un paquete que tiene que ver con la responsabilidad penal juvenil. Por lo tanto, no se puede tratar en forma separada de la norma que hoy está en debate.

Es importante señalar que el artículo 7º, fue modificado por una indicación de los diputados señores Burgos y Luksic , que añade el grado de tentativa a los delitos graves sancionados en principio sólo como consumados y frustrados. Se trata de desincentivar su comisión, incluso el inicio de ésta dado que, en la sociedad moderna, la alta incidencia de la delincuencia juvenil señala una alta peligrosidad en sus autores. Por lo tanto, la tentativa es importante sancionarla.

También incorporamos como delitos graves aquellas conductas de asociación ilícita en materia de delitos terrorista y de drogas. Personalmente, quise incorporar las conductas propias de la ley de armas, pero se me hizo notar que tanto el porte de armas como su tenencia estaban en las leyes especiales y no eran objeto de asociación ilícita; por otro lado, que las conductas más graves estaban subsumidas en las conductas graves, como el robo con violencia que ya se había tipificado.

En el tema de la amonestación, primera sanción que podría aplicar un juez, se señala que debería hacerse en forma clara y directa. Se formuló una indicación para que ella requiriera de un requisito extra, que es muy positivo. Está orientada en la justicia restaurativa, en orden a reconocer el error cometido. Ello quedó así establecido.

En lo personal, presenté una indicación, la que fue aceptada. Es importante considerar que la mayor parte de los delitos que cometen los adolescentes han sido realizados bajo los efectos de drogas o con el propósito de obtenerla o en estado de ebriedad. No se tenía ninguna precisión en cuanto a la obligación de tratamiento de estas adicciones. Ello quedó expresamente establecido en la ley; incluso el representante del Ministerio de Justicia señaló que eso era importante para la nueva negociación con Hacienda, en orden a obtener los recursos que faltaban para implementar el proyecto.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto .

La señora SOTO (doña Laura).-

Señor Presidente, ya se ha dicho todo. Sólo quiero concordar con lo último que señalaron la diputada María Pía Guzmán y el diputado Ceroni : que en el proyecto se confrontaban dos visiones. Una, castigadora, y, otra, que postulaba no condenar ni sancionar a los menores. En general, el debate fue amplio e interesante. Finalmente, primó que el hecho de que el adolescente estaba en un proceso de formación, en el cual es fundamental lo que persigue la iniciativa: su rehabilitación.

Por otra parte, se habla de simples delitos, faltas y delitos más graves. Algunos son bastante graves, como es la asociación en el tema del narcotráfico. En materia de sanciones, hay dos tipos que están muy diferenciadas: Una es la amonestación, que también quiero defender, como lo hicieron el ministro y el presidente de la Comisión. El adolescente que está en formación requiere, fundamentalmente, que alguien ponga las reglas claras. Ello ni siquiera es cuestión de estudios científicos, psicológicos o de derecho comparado, sino de la propia experiencia que tenemos como padres de familia. Nuestros niños y adolescentes requieren que los padres pongan reglas del juego claras, porque, de lo contrario, hacen lo que quieren y el padre termina siendo un mal y no un buen ejemplo para ellos. Es lo que sucede cuando el juez los amonesta en buenos términos. El niño y el adolescente toman conciencia de que lo han hecho mal y de que sólo se trata de endilgarlos por el buen camino. Por eso, me parece una muy buena medida. Como dijo el presidente de la Comisión, a los adolescentes no les podemos hablar en los mismos términos que los adultos. A lo mejor, a un adulto le da lo mismo recibir una amonestación, pero para los menores es una cuestión fundamental.

También hay un límite para las penas graves, que van de uno a cinco años. En realidad, no hubiésemos querido ningún piso, de manera que el juez, en determinadas circunstancias, no tuviera que sancionar. Tengo dudas, porque fui contraria a aquello. Con todo, le estamos dando al juez de control una facultad muy importante: suspender la sanción.

Ahora, en cuanto a que se pueda sancionar en el menor tiempo posible, es preferible que el juez de control determine si hay o no sanción. Es decir, lo facultemos para que con los antecedentes en la mano lo determine. Lo único que me preocupa es que dentro de los delitos graves, mutilaciones y lesiones, hemos incluido la tentativa, aunque hubo preocupación en el tema de la peligrosidad. Fuera de eso, estimo que las reglas medulares están claramente establecidas.

Hubiésemos querido algo mejor, pero, por una parte, los jóvenes, entre 16 y 18 años, tienen en su favor el discernimiento, institución muy cuestionada, y, por otra, la sociedad nos presiona para que dictemos prontamente esta ley. Por lo tanto, si hay indicaciones debemos votarlas ahora.

Sólo cabe agregar que me quedo con el argumento del ministro, en el sentido del financiamiento, y señalar que hay medidas que son muy importantes para los colaboradores. A lo mejor, habría que consignar un compromiso para que se cumplan.

Como se trata de un buen proyecto, anuncio nuestro voto favorable.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, en primer lugar, cabe afirmar que hemos elaborado un buen proyecto.

Hemos tratado adecuadamente la participación de los menores cuando cometen un delito o infringen la ley; hemos rebajado la edad para la responsabilidad penal a catorce años, pero también fijamos penas alternativas y hemos establecido normas para que los niños puedan rehabilitarse, lo que, en verdad, es lo que importa en este proyecto de ley. Cuando un joven de catorce años comete un delito, lo que interesa, en definitiva, no es que esté preso, sino que pueda rehabilitarse para servir a su familia y a la sociedad. Sin embargo, quiero manifestar mis aprensiones respecto de algunos de los artículos que aprobamos en la Comisión. Particularmente, me refiero a lo que se entiende por infracción a la ley penal.

En el artículo 6º, inciso segundo, se señala que los desórdenes que cometan los menores en la vía pública o después de un espectáculo público serán tratados como infracción a la ley penal. ¡Ubiquémonos en la realidad! A un espectáculo público asisten muchos menores. Estamos hablando de niños de catorce años de edad que, por lo general, siguen los desórdenes que se puedan producir. Esos jóvenes podrán ser acusados de cometer infracción a la ley penal. Insisto en que, por ejemplo, a la salida de un estadio, muchos jóvenes sólo siguen las conductas de los adultos. Por cualquier desorden que allí ocurra, esos niños serán responsables penalmente.

Cuando los adultos cometen desórdenes, éstos son tratados como faltas, sometidas al conocimiento del juzgado de policía local. Pero cuando son menores, les estamos dando el tratamiento de ley penal e irán a dar al juzgado del crimen, serán procesados y quedarán con antecedentes penales. Se debe establecer que los desórdenes no pueden constituir una infracción penal; son, simplemente, faltas. Cuando los menores de catorce años cometan estos desórdenes podrían producirse muchos abusos.

¿Qué pasará con las marchas estudiantiles que se efectúan en Santiago, en la vía pública, con miles de jóvenes que marchan y protestan contra alguna medida que los afecte, como, por ejemplo, el alza del monto del pasaje escolar? ¿Esos jóvenes serán sometidos a proceso por el solo hecho de participar en una marcha en la vía pública, en Santiago o en cualquier ciudad del país? Cuando los adultos cometen reitero desórdenes, concitados al juzgado de policía local: son faltas. No se compadece una realidad con la otra.

En segundo lugar, también se ha establecido como infracción penal grave el hecho de que un joven se asocie ilícitamente para cometer un delito. Me pregunto si un joven de catorce años de edad sabrá definir lo que significa la asociación ilícita para cometer delito. ¡Ni los adultos lo saben! Pero vamos a sancionar penalmente a un joven cuando cometa un delito grave mediante una asociación ilícita. Es necesario revisar este punto.

Por último, quiero referirme a lo que planteó en su intervención el diputado Enrique Jaramillo . No se dispone de todos los recursos que se requieren para implementar esta ley como corresponde. Debemos contar con los recursos necesarios, suficientes, para, primero, tener todos los recintos que se necesiten en todo el país. Además, se requieren recursos para implementar trabajos que signifiquen rehabilitar a los menores, lo cual no está claramente establecido en la ley.

Como decía el diputado Jaramillo , podríamos dictar una ley que, en realidad, no se pueda cumplir, lo cual me parece grave, porque, en definitiva, lo que interesa de este proyecto de ley, más allá de sancionar a los menores, es que quienes han cometido delitos por cualquier motivo, tengan la posibilidad real, cierta y concreta de poder rehabilitarse y de reinsertarse en la sociedad. Estamos hablando de niños de 14 años de edad que merecen todo el apoyo económico, social, jurídico y psicológico para que puedan rehabilitarse. Para todo ello se requiere de recursos, los cuales no están claramente definidos en el proyecto de ley.

Reitero lo que dije al principio: hemos elaborado un proyecto que, por fin, establece un tratamiento adecuado para aplicar a los jóvenes que cometen un delito, que tiene como objetivo su rehabilitación.

He dicho.

El señor LEAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Quintana .

El señor QUINTANA.-

Señor Presidente, el proyecto establece interesantes modificaciones al Código Penal y a la leyNº 16.618, de Menores, que constituyen un avance en materia de legislación comparada, especialmente con países europeos, como España, Francia, Alemania e Italia. Sin embargo, en lo que se refiere a nuestro vecindario, nuevamente nos vamos a diferenciar, pues no hay disposiciones como éstas en Latinoamérica o bien las hay en muy pocos países.

El proyecto contiene elementos que nos motivan respaldarlo, ya que hay un notable cambio en el desarrollo psicológico de los adolescentes, quienes toman conciencia mucho antes de sus actos y, por ende, de sus responsabilidades, lo cual aparece consagrado en la iniciativa que, además, garantiza derechos fundamentales al señalar que la pena máxima que se podrá aplicar a los adolescentes será hasta por cinco años en los casos en que se contravenga la ley penal.

En consecuencia, votaré a favor de la iniciativa.

Creo necesario destacar las indicaciones presentadas por diputados de las diferentes bancadas, así como lo dispuesto en el artículo 15, que establece explícitamente que las sanciones privativas de libertad tienen carácter de excepcional, lo que concuerda con nuestra opinión de que la cárcel no es la solución.

Finalmente, concuerdo con la indicación presentada para sustituir la redacción del artículo 41, ya que así se permite que el menor tenga derecho a una defensa especializada en cualquier circunstancia.

He dicho.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde votar el proyecto que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Algunos diputados han solicitado que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda, pero no hay unanimidad al respecto.

Como procedimiento, les propongo que primero votemos los artículos respecto de los cuales se ha pedido votación separada o se han renovado indicaciones y votar el resto en un solo acto.

Se procedería de esa manera respecto de los artículos 6º, 15, 29, 31, 32 y 41.

El señor FORNI.-

Señor Presidente, pido incluir en esa lista los artículos 4º y 21.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Se agregan a la lista los artículos antes señalados para votarlos en forma separada.

El señor ÁLVAREZ.-

Señor Presidente, no tengo claro los fundamentos de la petición de remitir nuevamente el proyecto a la Comisión de Hacienda, pero estimo que no corresponde a la Sala decidir esta materia, sino la Mesa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento, que señala claramente: “Los proyectos no podrán seguir su curso reglamentario sin el informe de la Comisión de Hacienda, ni aun por acuerdo unánime de la Cámara,...”. Por tanto, pido que la Mesa se pronuncie si el proyecto debe o no ir a la Comisión de Hacienda, porque no corresponde que lo haga la Sala.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Lo que pasa es que ahora estamos en democracia. La mayoría de los diputados comparten el criterio de la Mesa, y como Mesa le digo que el proyecto no volverá a la Comisión de Hacienda.

Aplausos y manifestaciones en la Sala.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Tenemos nuestro criterio; no obstante, queremos verificarlo. Aún así y de acuerdo con el Reglamento, le anticipo que no irá a la Comisión de Hacienda.

El señor ÁLVAREZ.-

Señor Presidente, me parece la respuesta más escandalosa que he escuchado de un Presidente de la Corporación en los seis años que llevo como diputado. El primer requisito de la democracia es cumplir las normas legales. Le planteé en la forma más educada que no correspondía aplicar ese procedimiento; pero usted, para eludir su responsabilidad, consultó la opinión de la Sala. ¡Usted debe pronunciarse sobre esta materia!

Insisto: en los seis años que llevo como diputado, no había escuchado una respuesta más escandalosa que la que usted me ha dado.

Aplausos.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Señor diputado, para su información, este Presidente no elude su responsabilidad.

Si usted ha sentido que mis palabras lo han ofendido, le ofrezco mis disculpas.

En caso que no concuerde con el criterio de la Mesa, utilice los procedimientos regulares para hacerlo presente.

En primer lugar, se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones, los artículos 1º, 2º, 3º, 9º, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 41 bis, 41 ter, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 83, letras a), b), c), g), h), i) j), permanentes, y los artículos 1º y 3º transitorios.

Corresponde votar en un solo acto los artículos 5º, 7º, 8º, 10, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 34 bis, 55, 57, 67, 77, 80 y 81, que no requieren de quórum calificado.

A los artículos mencionados agregaremos los siguientes, que requieren de quórum calificado: 37, 38, 39, 40, 70, 83, letras d), e) y f), y 2º transitorio.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

El señor LORRENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Se deja constancia de que se han obtenido los quórum requeridos.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Jaramillo , Kast , Kuschel , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Molina , Monckeberg , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Paya , Pérez ( don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Recondo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Uriarte , Urrutia , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena ), Villouta y Von Mühlenbrock .

Votó por la negativa el diputado señor Cornejo .

El señor LORENZINI (Presidente).-

Corresponde votar los artículos respecto de los cuales se ha pedido votación separada y los que han sido objeto de indicaciones.

En votación el artículo 4º, que no requiere de quórum especial.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 31 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hidalgo , Jaramillo , Kuschel , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Mella (doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Montes , Mora , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vargas , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .

Votó por la negativa el diputado señor Cornejo .

Se abstuvieron los diputados señores:

Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Correa , Cristi (doña María Angélica ), Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Forni , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Leay , Longueira , Masferrer , Melero , Molina , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia y Von Mühlenbrock .

El señor LORENZINI (Presidente).-

Corresponde votar la indicación renovada formulada al artículo 6º, a la que dará lectura el señor Secretario.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Para suprimir, en el artículo 6º, inciso segundo, en los numerales 1) y 3), la referencia al artículo 494.

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 65 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Ceroni , Encina , Espinoza , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Leal , Letelier ( don Juan Pablo) , Lorenzini , Meza , Montes , Mora , Muñoz (don Pedro) , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Sánchez , Soto (doña Laura) , Tarud , Tohá (doña Carolina ) y Tuma .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Araya , Ascencio , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Molina , Monckeberg , Norambuena , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Riveros , Rojas , Saffirio , Salaberry , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Uriarte , Urrutia , Vargas , Villouta y Von Mühlenbrock .

Se abstuvieron los diputados señores:

Letelier (don Felipe) y Vidal ( doña Ximena ).

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación el artículo 6º, sin la indicación.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

El artículo 15 fue objeto de una indicación renovada para intercalar, antes del punto final, la frase “y por el menor tiempo posible”.

En votación la indicación renovada.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por negativa, 53 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Encina , Escalona , Espinoza , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vargas y Villouta .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Araya , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Monckeberg , Mora , Mulet , Norambuena , Olivares , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Sánchez , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .

Se abstuvieron las diputadas señoras:

Soto (doña Laura) y Vidal (doña Ximena).

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación el artículo 15.

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

En votación el artículo 21.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 1 abstención.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Cristi ( doña María Angélica) , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Espinoza , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Jaramillo , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes , Mora , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Correa , Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Monckeberg , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .

Se abstuvo el diputado señor Cardemil .

El señor LORENZINI (Presidente).-

El artículo 29 fue objeto de una indicación para suprimirlo.

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 57 votos. Hubo 1 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Bertolino , Cardemil , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Espinoza , Forni , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Masferrer , Melero , Molina , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Errázuriz , Galilea (don Pablo) , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hidalgo , Jaramillo , Leal , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Mella (doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .

Se abstuvo el diputado señor Galilea (don José Antonio) .

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación el artículo 29.

Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación, pero a la inversa.

Aprobado.

El señor LORENZINI (Presidente).-

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación renovada presentada al artículo 31.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación renovada al inciso segundo del artículo 31 para reemplazar la frase “el cumplimiento del proceso educativo del adolescente” por lo siguiente: “la plena garantía de continuidad de sus estudios básicos y medios, incluyendo su reinserción escolar en el caso de haber desertado del sistema escolar formal.”

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación el artículo 31, con la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 47 votos. Hubo 1 abstención.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Escalona , Espinoza , González (don Rodrigo) , Hales , Jaramillo , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Paredes , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina ) y Tuma .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Cardemil , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos (doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea (don Pablo) , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Martínez , Masferrer , Melero , Monckeberg , Norambuena , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela , Villouta y Von Mühlenbrock .

Se abstuvo la diputada señora Vidal (doña Ximena ).

El señor LORENZINI (Presidente).-

Artículo 32. Se pidió la votación separada de su inciso segundo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 31 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Aprobado.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Araya , Ascencio , Bayo , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Errázuriz , Escalona , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hidalgo , Jaramillo , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Olivares , Ortiz , Palma , Paredes , Pérez ( don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Vidal ( doña Ximena ) y Villouta .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Correa , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Hernández , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Masferrer , Melero , Molina , Norambuena , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .

Se abstuvieron los diputados señores:

Bertolino , Forni , Galilea (don José Antonio) y Uriarte .

El señor LORENZINI (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el resto del artículo 32, con la misma votación anterior.

¿Habría acuerdo?

Aprobado.

El señor Secretario va a dar lectura a la indicación renovada presentada al artículo 41.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación renovada es para agregar el siguiente inciso segundo: “Los adolescentes imputados tienen plena capacidad para designar abogado patrocinante para su defensa en el proceso respectivo”

El señor LORENZINI (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 51 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor LORENZINI (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Allende ( doña Isabel) , Ascencio , Escalona , Galilea (don Pablo) , González (don Rodrigo) , Jaramillo , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Mella (doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Mulet , Muñoz ( doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Pérez (don Aníbal) , Quintana , Riveros , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salas , Sánchez , Seguel , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá ( doña Carolina ) y Villouta .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Barros , Bauer , Bayo , Bertolino , Burgos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Cornejo , Correa , Cristi ( doña María Angélica) , Cubillos ( doña Marcela) , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Forni , Galilea (don José Antonio) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Hernández , Hidalgo , Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Molina , Mora , Norambuena , Olivares , Palma , Paya , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Uriarte , Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .

Se abstuvieron los diputados señores:

Aguiló , Araya , Ceroni , Hales y Vidal ( doña Ximena ).

El señor LORENZINI (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará el artículo con la votación a la inversa.

¿Habría acuerdo?

Aprobado.

Despachado el proyecto.

1.8. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 14 de julio, 2004. Oficio en Sesión 13. Legislatura 351.

VALPARAISO, 14 de julio de 2004

Oficio Nº 5036

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Título Preliminar

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- Derechos y garantías. Las personas a quienes se aplica esta ley gozarán de todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Artículo 2°.- Contenido de la ley. La presente ley regula la responsabilidad derivada de la comisión de infraccionesde los adolescentes a la ley penal, el procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de sus consecuencias y la forma de ejecución de éstas.

Artículo 3°.- Principio de legalidad. Sólo en virtud de una sentencia definitiva ejecutoriada que establezca la participación de un adolescente en un hecho constitutivo de infracción penal, de acuerdo al procedimiento establecido en este cuerpo legal, se le aplicarán las sanciones que esta misma ley contempla.

Artículo 4°.- Finalidad de las sanciones y otras consecuencias. La protección del desarrollo e integración social del adolescente y el fortalecimiento del respeto por sus derechos, así como los derechos y libertades de las demás personas, constituyen la finalidad de las sanciones y otras consecuencias que derivan de la responsabilidad regulada en la presente ley.

Artículo 5°.- Límites de edad a la responsabilidad. Para los efectos de esta ley se entenderá por adolescente toda persona que al inicio de la infracción a la ley penal que se le imputa sea mayor de catorce años y menor de dieciocho años.

En el caso que el delito tenga su inicio entre los catorce y los dieciocho años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los dieciocho años de edad, el juez determinará la legislación aplicable atendiendo a las circunstancias de hecho y personales.

La edad del imputado podrá ser determinada por cualquier medio.

Una vez agotados todos los medios para determinar la edad y en caso de duda acerca de si el imputado es un adolescente o un adulto, el juez presumirá que se trata de un adolescente. Si la duda es si el imputado es un adolescente o un menor de catorce años, el juez presumirá que se trata de un menor de catorce años.

Las personas menores de catorce años carecen de responsabilidad criminal, por lo que, en ningún caso, podrán ser objeto de los procedimientos y sanciones que regula esta ley. Ello sin perjuicio de aplicarles las medidas contempladas en la legislación correspondiente.

Artículo 6º.- Infracción a la ley penal. Para los efectos de esta ley se considera infracción a la ley penal la participación de un adolescente como autor, cómplice o encubridor en un hecho tipificado como crimen o simple delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Asimismo, se consideran infracciones a la ley penal los hechos cometidos por adolescentes tipificados en los artículos 494, números 1, 3, 4, 5, y 19, sólo en lo que dice relación al artículo 446; y 496 números 5 y 26, del Código Penal.

No podrá procederse penalmente respecto de los delitos contemplados en los párrafos 5º y 6º del Título VII del Libro II del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de 14 años y no concurra alguna de las circunstancias enumeradas en los artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso, a menos que exista entre la víctima y el imputado una diferencia de, a lo menos, dos años de edad, tratándose de la conducta descrita en el artículo 362 o de tres años en los demás casos.

Artículo 7º.- Infracciones graves. Para los efectos de esta ley, constituyen infracciones a la ley penal de carácter grave por parte de un adolescente, los siguientes delitos, sea que se encuentren consumados, en grado de tentativa o frustrados:

a) El homicidio;

b) La violación;

c) El secuestro y la sustracción de menores;

d) Las mutilaciones y las lesiones graves tipificadas en el artículo 397, número 1, del Código Penal; y

e) El robo con violencia en las personas.

Constituyen, asimismo, infracciones graves los siguientes delitos consumados:

f) La asociación ilícita para el tráfico de drogas, prevista en el artículo 22 de la ley Nº 19.366, y aquella que tenga por objeto la comisión de delitos terroristas conforme lo dispuesto en el artículo 2º, Nº 5, de la ley Nº 18.314.

g) Robo con intimidación en las personas, en que se amenace a la víctima con causarle la muerte, violación o un grave daño a su integridad física, y

h) Robo con fuerza en las cosas en lugares habitados regulado en el artículo 440 del Código Penal.

Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las figuras calificadas o complejas que establece la ley tomando como base las conductas mencionadas en los incisos precedentes.

Artículo 8º.- Presupuestos de la responsabilidad. Para que exista responsabilidad del adolescente conforme a la presente ley se requiere:

1. Que éste haya realizado una conducta constitutiva de infracción a la ley penal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la presente ley.

2. Que no concurra a su respecto alguna de las causas que, conforme a la ley, eximen de responsabilidad penal a las personas mayores de dieciocho años.

Artículo 9º.- Concursos. Si a una misma persona se le imputa una infracción sancionada por esta ley y un delito cometido siendo mayor de 18 años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se regirá por las normas del Código Procesal Penal aplicable a los imputados mayores de edad, si tuviere 20 años o más. En caso contrario se regirá por las reglas de procedimiento establecidas en la presente ley.

En caso de condenarse a una persona por hechos cometidos como adolescente y como adulto, se estará a las siguientes reglas:

La sanción o pena correspondiente a cada uno de estos hechos será determinada conforme a las reglas de la ley que le sea aplicable, imponiéndose sólo aquella que sea de carácter privativo de libertad.

En todo caso, si correspondiere la aplicación de más de una pena privativa de libertad, se impondrá aquella que se funde en el delito ejecutado como adulto, pudiendo ser aumentada hasta por un máximo de 2 años atendida la naturaleza y circunstancias de la infracción cometida como adolescente.

Si no correspondiere imponer penas privativas de libertad, preferirá la pena que se funda en el delito cometido como adulto.

Para la aplicación de las reglas precedentes, en aquellos casos en que se hubiere concedido la remisión condicional de la pena establecida en la ley Nº 18.216, se considerará que dicha pena no es privativa de libertad.

Lo dispuesto en los incisos primero y segundo del presente artículo se aplicará también en caso que se cometa una nueva infracción penal durante el período de cumplimiento de una condena impuesta en base a la presente ley.

Artículo 10.- Extinción de la responsabilidad. La responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se extingue de la misma forma y por las mismas causas que aquella que deriva de la comisión de un delito por parte de una persona mayor de dieciocho años.

Tanto el cumplimiento de la sanción impuesta, como su revocación ordenada por el Tribunal en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 3 del Título IV de la presente ley, extinguen la responsabilidad derivada de la infracción a la ley penal que se hubiere cometido.

Sin embargo, el término de la prescripción de la acción penal y de la pena será de dos años, con excepción de las conductas a que se refiere el artículo 7º, respecto de las cuales será de cinco años, y de las faltas, cuya prescripción será de seis meses. Para el cómputo respectivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 95 y 98 del Código Penal.

Título I

DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 11.- Igualdad. Los derechos y garantías reconocidos en esta ley se aplicarán a todos los adolescentes, sin discriminación alguna por razones de sexo, origen étnico, condición social, económica, religión o cualquier otro motivo semejante, ni en atención a las circunstancias de sus padres, familiares, tutores o personas que lo tengan a su cuidado.

Artículo 12.- Interés superior del niño. En todas las actuaciones judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los adolescentes infractores a la ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales.

Ninguna autoridad podrá atribuirse la facultad de adoptar las sanciones previstas en esta ley, fuera de los casos que ella contempla, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias o del supuesto beneficio de una persona menor de catorce años o de un adolescente.

Artículo 13.- Integridad corporal. Ningún adolescente puede ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a cualquier otra forma de atentado contra su dignidad y desarrollo integral.

Artículo 14.- Privación de libertad. Para los efectos de esta ley, se entiende por privación de libertad toda forma de aprehensión, arresto o detención, así como el internamiento en cárceles o recintos públicos o privados, ordenado o practicado por la autoridad judicial u otra autoridad pública, del que no se permita salir al adolescente por su propia voluntad.

Artículo 15.- Excepcionalidad de la privación de libertad. Las sanciones privativas de libertad que contempla esta ley son de carácter excepcional, sólo podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en ella y siempre como último recurso.

Artículo 16.- Principio de separación. Las personas que se encontraren privadas de libertad por la aplicación de alguna de las sanciones o medidas previstas en esta ley, sea en forma transitoria o permanente, en un lugar determinado o en tránsito, deberán permanecer siempre separadas de los adultos privados de libertad.

Las instituciones encargadas de practicar detenciones, de administrar los recintos en que se deban cumplir sanciones o medidas que implican la privación de libertad, los administradores de los tribunales y, en general, todos los organismos que intervengan en el proceso para determinar la responsabilidad que establece esta ley, deberán adoptar todas las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 17.- Habeas corpus. Toda persona menor de dieciocho años que se encontrare privada de libertad, tendrá los derechos que consagra el artículo 95 del Código Procesal Penal.

Título II

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL

Párrafo 1º

De las sanciones en general

Artículo 18.- Sanciones. En virtud de la declaración de responsabilidad fundada en la comisión de una infracción a la ley penal por parte de un adolescente, se le podrá imponer una de las siguientes sanciones:

a) Amonestación;

b) Multa;

c) Prohibición de conducir vehículos motorizados;

d) Reparación del daño causado;

e) Prestación de servicios en beneficio de la comunidad;

f) Libertad asistida;

g) Arresto de fin de semana;

h) Internación en régimen semicerrado, e

i) Internación en régimen cerrado.

Artículo 19.- Restricciones a las sanciones. Tratándose de las infracciones a que se refiere el artículo 7°, el tribunal no podrá imponer las sanciones previstas en las letras a), b), d) o e) del artículo precedente, a menos que lo justifique fundadamente en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley.

Las sanciones previstas en las letras g), h) o i) del artículo precedente sólo podrán imponerse al adolescente que ha sido declarado responsable de la comisión de alguna de las infracciones graves a las cuales se refiere el artículo 7°, o en los casos contemplados en el artículo 73 de esta ley, a menos que excepcionalmente se justifique, por resolución fundada, su no aplicación, en base a los criterios señalados en el artículo 20 de la presente ley. Sin embargo, en caso alguno podrán imponerse dichas sanciones tratándose de las infracciones a que se refiere el inciso segundo del artículo 6°.

Artículo 20.- Determinación de la pena. Para determinar las sanciones, así como para fijar su extensión temporal o cuantía, el juez siempre deberá considerar:

1.- El número de infracciones cometidas;

2.- La edad del adolescente infractor, y

3.- La proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de la o las infracciones cometidas y la severidad de la sanción.

Para evaluar la gravedad de la infracción, el tribunal deberá determinar, en primer lugar, si ésta corresponde a una infracción de las que señala el artículo 7° de esta ley. Además, el tribunal deberá considerar:

a) La naturaleza y extensión de las penas asignadas por la legislación penal al hecho constitutivo de la infracción;

b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;

c) La concurrencia de circunstancias que, conforme a la legislación penal, den lugar a la formación de delitos calificados, agravados o especiales, en relación a la infracción a la ley penal que se imputa, y

d) La extensión del mal causado y la concurrencia de circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal, previstas en la legislación penal o alguna análoga a éstas, o de circunstancias agravantes, con excepción de las contenidas en los números 14 a 16 del artículo 12 del Código Penal, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 77 de la presente ley.

4.- Para determinar la sanción aplicable a un adolescente por la comisión de más de una infracción, el juez deberá considerar en su conjunto la naturaleza y características de la totalidad de las infracciones cometidas, de acuerdo a lo previsto en los números 1, 2 y 3 del presente artículo.

En caso alguno podrá imponerse una sanción separada para cada infracción, debiendo darse aplicación a lo previsto en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales.

Asimismo, en caso alguno podrá imponerse una sanción que sea superior a los dos tercios de aquella que hubiere correspondido en caso de haberse ejecutado el hecho que la fundamenta por parte de un mayor de edad.

Párrafo 2º

De las sanciones no privativas de libertad

Artículo 21.- Amonestación. La amonestación consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima como para el propio adolescente; instándole a cambiar de comportamiento, y formulándole recomendaciones para el futuro.

La aplicación de esta sanción, en todo caso, requerirá una previa declaración del adolescente, asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida.

Artículo 22.- Multa. El juez podrá imponer una multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades tributarias mensuales. Para su aplicación y la determinación de su monto, se tomará en consideración fundamentalmente la gravedad del hecho y las facultades económicas del infractor o de la persona a cuyo cuidado se encontrare.

El juez, a petición del adolescente o de su defensor, podrá autorizar el pago de la multa en cuotas, atendida la situación económica del adolescente condenado y de su familia.

Artículo 23.- Reparación del daño. La reparación del daño consiste en la obligación de resarcir a la víctima el perjuicio causado con la infracción, ya sea mediante una prestación en dinero, la restitución de la cosa objeto de la infracción o un servicio no remunerado en su favor. En este último caso la imposición de la sanción requerirá de la aceptación previa de la víctima.

En su caso, el juez regulará prudencialmente el monto de la prestación en dinero o la naturaleza de los servicios, basándose en los antecedentes probatorios que se presenten en el juicio.

El cumplimiento de la sanción no obstará a que la víctima persiga la responsabilidad contemplada en el artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en que la reparación sea declarada como insuficiente.

Artículo 24.- Servicios en beneficio de la comunidad. La sanción de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, consiste en la realización de actividades no remuneradas a favor de la colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.

La prestación de servicios en beneficio de la comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro horas diarias y deberá ser compatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente realice. La sanción podrá tener una extensión mínima de 30 horas y máxima de 120.

Artículo 25.- Objeción de trabajo. Tratándose de la sanción prevista en el artículo precedente o en aquellos casos en que la sanción de reparación del daño conlleve la prestación de servicios personales por parte del adolescente infractor, éste podrá objetar su aplicación al momento en que le sea impuesta, debiendo el tribunal, en tal caso, sustituirla por la inmediatamente superior.

Artículo 26.- Libertad asistida. La libertad asistida consiste en la sujeción del adolescente al control de un delegado, unida a la orientación para que aquél acceda a programas y servicios comunitarios que favorezcan su integración social.

La función del delegado consistirá en la orientación, control y motivación del adolescente, e incluirá la obligación de procurar por todos los medios a su alcance el acceso efectivo a los programas y servicios requeridos.

El control del delegado se ejercerá en base a las medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia obligatoria del adolescente a encuentros periódicos previamente fijados con él mismo. Para ello, una vez designado, el delegado deberá proponer al tribunal un plan personalizado de cumplimiento de actividades periódicas en programas o servicios de carácter educativo, socio-educativo, de terapia, de promoción y protección de sus derechos y de participación. En ello, deberá cuidar especialmente incluir la asistencia regular al sistema escolar o de enseñanza que corresponda.

En la resolución que apruebe el plan el tribunal fijará la frecuencia y duración de los encuentros obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el delegado.

La duración de esta sanción no podrá exceder de los tres años.

Párrafo 3º

De las sanciones privativas de libertad.

Artículo 27.- Sanciones privativas de libertad. Las sanciones privativas de libertad consisten en el arresto de fin de semana, en la internación en régimen semicerrado y en la internación en régimen cerrado.

Artículo 28.- Arresto de fin de semana. El arresto de fin de semana consiste en el encierro del infractor, durante el fin de semana, en un centro de privación de libertad y tendrá una duración máxima de 52 fines de semanas.

Para estos efectos se entenderá por fin de semana el período de tiempo comprendido entre las 19.00 horas del día viernes de cada semana, hasta las 19.00 horas del día domingo respectivo.

Artículo 29.- Arresto domiciliario sustitutivo. En casos calificados, el tribunal podrá autorizar que el arresto de fin de semana sea cumplido en el propio domicilio del infractor, debiendo en dicho caso determinar las medidas de control que se adoptarán para asegurar el cumplimiento de la sanción.

En caso de quebrantamiento de esta medida sustitutiva, deberá cumplirse el resto del período en la forma prevista en el artículo precedente.

Artículo 30.- Internación en régimen semicerrado. La sanción de privación de libertad bajo la modalidad de internación en régimen semicerrado, será decretada por el tribunal y consistirá en la residencia obligatoria del adolescente en un centro de privación de libertad, sujeto a un plan de actividades a ser desarrolladas tanto al interior del recinto como en el medio libre.

Una vez impuesta la medida y determinada su duración, el Director del Centro que haya sido designado para su cumplimiento, deberá proponer al tribunal un régimen o programa personalizado de actividades, que considerará las siguientes prescripciones:

a) asistencia del adolescente al proceso de educación formal;

b) desarrollo periódico de actividades de formación, socioeducativas y de participación, especificando aquellas que serán ejecutadas al interior del recinto como aquellas que se desarrollarán en el medio libre, y

c) las actividades a desarrollar en el medio libre contemplarán, a lo menos, ocho horas, no pudiendo llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea necesario para el cumplimiento de los fines señalados en las letras precedentes y en el artículo 4°.

El programa será aprobado judicialmente en la audiencia de lectura de la sentencia o en otra posterior, la que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a aquélla.

Artículo 31.- Internación en régimen cerrado. La internación en régimen cerrado importará la privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, bajo un régimen orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 4° de esta ley.

En virtud de ello, dicho régimen deberá considerar necesariamente la plena garantía de continuidad de sus estudios básicos y medios, incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber desertado del sistema escolar formal, y la participación en actividades de carácter socioeducativo, de formación y de desarrollo personal.

Artículo 32.- Duración de las sanciones privativas de libertad. Las sanciones de privación de libertad que se aplican bajo las modalidades establecidas en los artículos 30 y 31, tendrán una duración mínima de un año para los delitos cometidos por adolescentes mayores de 14 años y menores de 16, y de dos años para los mayores de 16 años y menores de 18.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de esta ley, en el caso en que se haya establecido la pena mínima de un año para los jóvenes entre 14 y 16 años y de dos años para aquéllos entre 16 y 18 años, y durante la vigencia de la sanción existan antecedentes de buen comportamiento y reinserción del joven, evaluados por el juez de control de la ejecución, podrá sustituirse la pena privativa de libertad por libertad asistida o arresto de fin de semana por el tiempo de condena que quedare por cumplir.

En todo caso, la duración máxima no podrá exceder de cinco años.

Párrafo 4º

Sanciones mixtas o accesorias

Artículo 33.- Sanción mixta. El tribunal podrá imponer complementariamente una sanción de libertad asistida por un máximo de dos años, la que será ejecutada con posterioridad al cumplimiento efectivo de la internación en régimen cerrado, siempre que en su conjunto no excedan de cinco años.

Asimismo, en caso de haberse impuesto la libertad asistida, podrá complementar dicha medida con la imposición del arresto de fin de semana, conforme a lo dispuesto en los artículos 28 ó 29.

Artículo 34.- Prohibición de conducir vehículos motorizados. La prohibición de conducir vehículos motorizados se podrá imponer a un adolescente como sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la infracción por la cual se le condena, haya sido ejecutada mediante la conducción de dichos vehículos.

La sanción regirá por un período que puede extenderse hasta por un plazo de dos años, contado a partir del cumplimiento de la edad que lo habilita para obtener el respectivo permiso.

En caso de quebrantamiento, se estará a lo dispuesto en el artículo 76 de esta ley, a menos que producto de la conducción se hubiere afectado la vida, integridad corporal o la salud de alguna persona, caso en el cual se instruirá el proceso respectivo.

Artículo 35.- Sanción accesoria. El juez estará facultado para establecer, como sanción accesoria a las previstas en el artículo 18 de esta ley, y siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del menor, la obligación de someterlo a tratamientos de cura a adicción a las drogas o alcohol.

Título III

PROCEDIMIENTO

Párrafo 1º

Disposiciones generales

Artículo 36.- Reglas de procedimiento. La investigación y juzgamiento de la responsabilidad por infracciones a la ley penal por parte de adolescentes, se regirá por las disposiciones contenidas en la presente ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

En todo caso, el conocimiento y fallo de las infracciones contempladas en el inciso segundo del artículo 6°, se sujetarán al procedimiento establecido en los artículos 392 ó 393 bis del Código Procesal Penal, según sea el caso.

Artículo 37.- Protección de la vida privada del adolescente. Durante todas las etapas del procedimiento se deberá resguardar la vida privada del adolescente.

Prohíbese a los funcionarios públicos y abogados defensores informar a terceros ajenos al proceso acerca de la identidad del adolescente detenido o imputado, o que sea víctima de una infracción, ni de aquellos datos o antecedentes que permitieren dicha identificación.

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior será sancionada con las penas previstas en el artículo 247 del Código Penal, a menos que los hechos constituyan otro delito sancionado con igual o mayor pena.

Párrafo 2º

Sistema de justicia especializada

Artículo 38.- Competencia del Ministerio Público. Para el cumplimiento de las funciones de dirección de la investigación de las infracciones de que trata la presente ley, así como para el ejercicio de la acción penal pública y la adopción de las medidas de protección para las víctimas y los testigos, los fiscales regionales designarán en cada fiscalía local de sus respectivas regiones a los fiscales adjuntos especializados en justicia penal de adolescentes.

Artículo 39.- Competencia del juez de garantía. Corresponde el conocimiento de las causas a que diere lugar la aplicación de esta ley, al juez de garantía del territorio jurisdiccional respectivo, especializado en el conocimiento de las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En los lugares donde no hubiere jueces dedicados exclusivamente al conocimiento de las causas por infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, el procedimiento objetivo y general de distribución de causas del juzgado, comprenderá la radicación de éstas en sólo uno de los jueces de garantía que cumpla con el requisito de la especialización, sin perjuicio de las normas sobre subrogación respectivas.

Los jueces de garantía unipersonales y los jueces de letras que ejercen competencia de garantía, asumirán el conocimiento de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, previa aprobación del curso de especialización respectivo.

Artículo 40.- Competencia e integración de sala especializada para adolescentes del tribunal de juicio oral en lo penal. En los casos en que el fiscal solicitare la aplicación de alguna sanción privativa de libertad, el juicio oral será conocido por una sala especializada de justicia penal para adolescentes del tribunal de juicio oral en lo penal, integrada por un juez del tribunal de familia y por dos jueces del tribunal de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de que se trate, uno de los cuales lo presidirá. Los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal que integren dicha sala deberán haber aprobado previamente el curso de especialización respectivo.

Artículo 41.- Designación de los miembros de la sala especializada de justicia penal para adolescentes. El Comité de Jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como el homónimo del tribunal de familia correspondiente, designarán, cada dos años, a uno o más de sus miembros, según sea necesario, para constituir e integrar la sala especializada de justicia penal para adolescentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 42.- Competencia de la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública organizará un sistema especial asignando defensores y estableciendo normas específicas de licitación, para prestar defensa penal a los adolescentes imputados de infringir esta ley que carezcan de abogados.

Artículo 43.- Especialización de la justicia penal para adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces de familia, los jueces del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes infractores a la ley penal, deberán estar capacitados en los estudios e información criminológica vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en los objetivos y contenidos de la presente ley, en la Convención de los Derechos del Niño y en el sistema de ejecución de sanciones establecido en esta misma ley.

Para estos efectos, cada institución deberá adoptar las medidas pertinentes tendientes a garantizar dicha especialización.

Artículo 44.- Capacitación de las policías. Las instituciones policiales incorporarán dentro de sus programas de formación y perfeccionamiento, los estudios necesarios para que los agentes policiales cuenten con los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos de la presente ley, a la Convención de los Derechos del Niño y a los fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones.

Párrafo 3º

De las medidas cautelares personales

Artículo 45.- Detención.- Ninguna persona menor de dieciocho años podrá ser privada de libertad sino por orden del juez competente para conocer de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, y después que dicha orden le fuera intimada en forma legal, a menos que fuere sorprendido en la ejecución flagrante de una infracción.

Artículo 46.- Formalidades del arresto y la detención. El funcionario que practicare el arresto o la detención deberá informar al adolescente imputado acerca del motivo de la misma y, en su caso, señalarle la autoridad que la hubiere ordenado. Asimismo, deberá darle a conocer sus derechos de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Penal.

Artículo 47.- Citación y no comparecencia del imputado. Cuando fuere necesaria la presencia de un adolescente imputado ante el tribunal, éste dispondrá su citación, de acuerdo con lo previsto en el Código Procesal Penal. La no comparecencia injustificada del imputado ante el juez que lo ha citado, autorizará a que éste ordene su conducción ante su presencia por medio de la fuerza pública.

En forma excepcional, y a petición del Ministerio Público, el juez podrá ordenar la detención del adolescente imputado de una infracción de las que trata esta ley, para ser traído a su presencia, sin previa citación, cuando existan antecedentes que demuestren que de otra forma la comparecencia pueda verse demorada o dificultada con riesgo para la investigación.

Artículo 48.- Citación, registro y detención en casos de flagrancia. El adolescente que fuere sorprendido in fraganti cometiendo una infracción a la ley penal que no se encuentre sancionada con penas privativas ni restrictivas de la libertad, será citado a la presencia del fiscal, previa comprobación de su domicilio.

La policía podrá registrar las vestimentas, el equipaje o el vehículo de la persona que será citada.

Asimismo, podrá conducir al imputado al recinto policial, para efectuar allí la citación.

En el caso de ser sorprendido el adolescente en la comisión flagrante de una infracción grave, deberá procederse a su detención.

En aquellos casos en que los agentes policiales hayan procedido a detener a un adolescente sorprendido en la comisión flagrante de una infracción a la ley penal, según lo dispuesto en el inciso anterior, deberán comunicarla de inmediato al fiscal, para los efectos de que éste adopte la decisión de que el detenido sea dejado en libertad o sea conducido ante el juez, dentro del plazo máximo de 24 horas desde que se hubiere practicado la detención. El fiscal comunicará su decisión al defensor en el momento en que la adopte.

Artículo 49.- Medidas cautelares del procedimiento. Para los efectos de garantizar el éxito de diligencias de la investigación, proteger al ofendido y asegurar la comparecencia del adolescente a los actos del procedimiento, podrá imponérsele una o más de las siguientes medidas cautelares personales:

a) Prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial que el juez determine;

b) Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos, o de visitar determinados lugares;

c) Prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia o a otras personas;

d) Prohibición de comunicarse con determinadas personas, siempre que no se afecte el derecho a defensa;

e) Obligación de concurrir periódicamente al tribunal, ante la autoridad policial u otra que el juez determine.

Asimismo, tratándose de la imputación de infracciones graves y sólo cuando los objetivos antes expuestos no pueden ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las medidas que señala el inciso anterior, podrá solicitarse la aplicación de alguna de las siguientes:

a) Arresto domiciliario, o

b) Internación provisoria en un centro cerrado.

La aplicación de la medida cautelar personal de internación provisoria en un centro cerrado, sólo podrá decretarse cuando aparezca como estrictamente indispensable.

Asimismo, el incumplimiento flagrante de las medidas cautelares personales de que trata este artículo, autorizará al agente policial para detener al adolescente imputado, con el único fin de que sea llevado ante el juez de garantía, para que éste disponga la medida cautelar necesaria a fin de continuar con el procedimiento, sin perjuicio de las demás peticiones que efectúen los intervinientes en la misma audiencia.

Artículo 50.- Proporcionalidad de las medidas cautelares. En ningún caso podrá el juez dar lugar a una medida que aparezca como desproporcionada en relación con la sanción probable en caso de condena.

Artículo 51.- Permiso de salida diaria. Tratándose del adolescente imputado que se encuentre sujeto a una medida de internación provisoria, el juez podrá, en casos calificados, concederle permiso para salir durante el día, siempre que con ello no se vulneren los objetivo de la medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las providencias que estime convenientes.

Artículo 52.- Carácter provisional de las medidas cautelares. Las medidas indicadas en el artículo 49 son esencialmente provisionales y revocables.

Podrán, empero, en casos calificados, y mediando resolución fundada del tribunal, durar hasta el término del juicio o, incluso, hasta la audiencia de lectura de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 152 del Código Procesal Penal.

Artículo 53.- Solicitud de término de las medidas cautelares. El imputado siempre podrá solicitar que se ponga término a cualquiera de las medidas cautelares del procedimiento adoptadas en su contra o pedir su reemplazo por otra que cumpla satisfactoriamente los objetivos que justificaron su imposición.

Artículo 54.- Apelación en las medidas cautelares. La resolución que dé lugar a una medida de internación provisoria o que niegue la solicitud de su término, será apelable para ante la Corte de Apelaciones respectiva. La tramitación de la apelación no suspenderá el procedimiento ni la aplicación de la medida.

Párrafo 4º

Inicio de la persecución de la responsabilidad por la infracción a la ley penal por parte de un adolescente

Artículo 55.- Principio de oportunidad. Los fiscales del Ministerio Público no podrán iniciar la persecución de la responsabilidad penal de un adolescente o deberán abandonar la ya iniciada, cuando consideren que ello resulta conveniente para la mejor solución del conflicto jurídico-penal o para la vida futura del imputado, salvo en los casos de las infracciones a que se refieren las letras a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 7º.

La víctima podrá oponerse a la decisión del fiscal reclamando de ella ante el juez de garantía en el término de diez días. Presentado el reclamo ante el juez, se citará a una audiencia a todos los intervinientes y, previo a resolver, se abrirá debate sobre el punto.

Si se acoge la oposición, el Ministerio Público deberá continuar con la investigación, de acuerdo a las reglas generales.

Artículo 56.- Primera audiencia.- En la primera audiencia judicial será obligatoria la presencia del fiscal, del defensor y del imputado.

En todo caso, deberá notificarse de la audiencia a la víctima y a los padres del adolescente o a la persona que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera necesario, se permitirá la intervención de la víctima y de los padres del adolescente o de quien lo tuviere a su cuidado, si comparecieren a la audiencia.

Artículo 57.- Acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán llegar a acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía conocerá en audiencia a la que citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos. Siempre que fuere posible, el imputado comparecerá con sus padres o, en su defecto, con quien lo tuviere a su cuidado, a objeto que éstos colaboren con la generación del acuerdo y posibiliten su posterior cumplimiento.

En la audiencia, el juez podrá aprobar o rechazar el acuerdo reparatorio, para lo que deberá considerar las siguientes circunstancias:

a) Si los interesados han concurrido a prestar su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos;

b) Que el delito no sea de aquéllos a que se refieren las letras a), b), c),d), e),f) y g) del artículo 7º, y

c) Que las obligaciones que haya contraído el imputado en el acuerdo satisfagan el interés de la víctima y conlleven un efecto educativo en el infractor. Asimismo, verificará el compromiso manifestado por los padres del imputado o de quienes lo tengan bajo su cuidado.

El Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública procurarán disponer de equipos especializados destinados a mediar entre la víctima y el imputado para favorecer estos acuerdos.

Artículo 58.- Juicio inmediato. El juicio inmediato establecido en el artículo 235 del Código Procesal Penal, tendrá lugar respecto de los delitos regulados en la presente ley, con las siguientes modificaciones:

a) La solicitud del fiscal tendrá por objeto recurrir al procedimiento abreviado previsto en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal.

b) Acordado el procedimiento inmediato, el juez abrirá el debate, otorgará la palabra al fiscal, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentaren. A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes, otorgándosela al final al acusado, para que manifieste lo que estime conveniente.

c) Si no hubiere acuerdo, el juez podrá admitir que la causa pase directamente a juicio oral, luego del debate pertinente, a menos que resulte necesario fijar un plazo no menor de diez ni superior a veinte días para los efectos que la defensa ofrezca su prueba.

Lo dispuesto en este artículo no resultará aplicable si el fiscal solicita la aplicación de una sanción privativa de libertad.

Artículo 59.- Procedimiento abreviado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el procedimiento abreviado, regulado en los artículos 406 y siguientes del Código Procesal Penal, podrá también tener lugar durante la audiencia de preparación del juicio oral, a menos que la sanción solicitada por el fiscal sea privativa de libertad.

Artículo 60.- Plazo para declarar el cierre de la investigación. Transcurrido el plazo máximo de ciento veinte días desde la fecha en que la investigación hubiere sido formalizada, el fiscal deberá proceder a cerrarla, a menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior.

Previo al término de cualquiera de estos plazos, el fiscal podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un máximo de treinta días.

Párrafo 5º

Juicio oral y sentencia

Artículo 61.- Audiencia del juicio oral. El juicio oral deberá realizarse dentro de los veinte días posteriores a la notificación de su auto de apertura. Su desarrollo se efectuará en forma continua y sin interrupciones, en una o más audiencias sucesivas. En ningún caso el juicio podrá suspenderse o interrumpirse por un término superior a 72 horas.

Deberán comparecer a la audiencia el fiscal, el adolescente imputado y su defensor. Su asistencia será condición de validez del juicio.

La audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integraren el tribunal y del fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Procesal Penal.

Lo dispuesto en el inciso final del artículo 76 del Código citado respecto de la inhabilidad, se aplicará también a los casos en que, iniciada la audiencia, faltare un integrante del tribunal de juicio oral en lo penal.

Cualquier infracción de lo dispuesto en los incisos precedentes implicará la nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él.

En todo caso, deberán ser notificados de la audiencia los padres del adolescente o quienes lo tuvieren a su cuidado y la víctima, quienes podrán hacerse acompañar por sus abogados. Finalizado el examen de las pruebas y, en caso de considerarlo conveniente, podrá el juez otorgar la palabra a la víctima, si se encontrare presente, para que haga uso de ella en forma personal o representada por su abogado.

Artículo 62.- Presencia del imputado en el juicio oral. El adolescente imputado tendrá derecho a estar presente durante toda la audiencia del juicio oral. En todo caso, el tribunal podrá autorizar su salida de la sala cuando éste lo solicite o podrá disponer su abandono de la misma, cuando así lo estime conveniente para la realización de algunas actuaciones específicas que pudieren afectar la integridad del adolescente o de un tercero que tenga derecho a intervenir o asistir al juicio.

Artículo 63.- Pena máxima a imponer. El tribunal no podrá determinar la aplicación de una sanción privativa de libertad si el fiscal no la hubiere solicitado, ni podrá exceder el tiempo de duración que éste hubiere pedido.

Título IV

DE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS

Párrafo 1º

Administración

Artículo 64.- Centros de privación de libertad. Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de libertad que se aplican bajo las modalidades señaladas en los artículos 30 y 31 de esta ley y a la medida de internación provisoria, existirán tres tipos de centros, respectivamente:

a) Los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado.

b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad.

c) Los Centros de Internación Provisoria.

Para garantizar la seguridad y la permanencia de los infractores en los centros a que se refieren