MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA.

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SANTIAGO, 26 de agosto de 2002

MENSAJE Nº 208-347/

A S.E. EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en proponeros un proyecto de ley que tiene por objeto reformar la garantía constitucional del artículo 19, Nº 10, de la Constitución, con el objeto de hacer obligatoria y gratuita la Educación Media.

A. ANTECEDENTES.

Una de las leyes más importantes dictadas en los comienzos del siglo recién pasado, y que ha contribuido de manera fundamental al crecimiento y desarrollo de nuestro país, ha sido la Ley de Educación Primaria Obligatoria, de 26 de agosto de 1920.

No existe mejor ocasión que este octogésimo segundo aniversario para dar un nuevo y trascendental paso en el desarrollo de nuestro país, como lo es el envío a ese H. Congreso Nacional de un proyecto de Reforma Constitucional que establece la obligatoriedad de la Educación Media, de modo de extender el período escolar de los 8 años actuales a 12 años.

Con anterioridad, la Ley de Instrucción Primaria de 1860 sentó las bases del sistema público de educación de ese nivel. Desde fines del siglo XIX, se multiplicaron las escuelas de niños y de niñas, se crearon varias escuelas normales y se desarrolló una primera "profesionalización" de los preceptores y preceptoras, iniciándose el desarrollo de un servicio público de administración del incipiente sistema.

La expansión y el mejoramiento experimentado no había logrado, a comienzos del siglo XX, calmar la insatisfacción existente sobre los alcances y carácter de la educación elemental, por lo que se pensó que era necesario introducir una medida radical como fue la obligatoriedad de la instrucción primaria, junto con otras acciones de mejoramiento de la acción pública.

En el Congreso Nacional se debatieron largamente diversos enfoques y proyectos pero, quien más aportó a su logro, inserto en un contexto socio-cultural más favorable a políticas públicas de intervención social, fue don Darío E. Salas, quien en 1917 publicó su libro "El Problema Nacional".

En él, Salas propuso un nuevo ante-proyecto articulado, que tuvo bastante resonancia por sus fundamentos, contribuyendo, indudablemente, a que entre 1918 y 1920, se intensificara la campaña pública a favor de una ley de educación primaria obligatoria, participando amplios sectores de nuestra sociedad, incluyendo las organizaciones magisteriales de la época.

La referida Ley de 1920 establecía para todos los niños y niñas la obligación de concurrir a la escuela durante 4 años o cursos hasta que cumplieran 13 años; pero, en 1929, fue reformada, introduciendo, entre otros cambios, un aumento de la obligatoriedad a seis años de la obligatoriedad de asistencia, y la creación de las Juntas de Auxilio Escolar, destinadas a satisfacer la necesidad de la asistencialidad pública para hacer efectiva la obligatoriedad. La ley N° 5.291, de 1929, no ha sido, hasta ahora, derogada formalmente.

B. LA OBLIGATORIEDAD ESCOLAR VISTA DESDE HOY.

Hoy día sabemos que la expansión de la Educación Primaria había comenzado antes de la dictación de la Ley, y que el país tardó más de 50 años antes de universalizarla.

En efecto, las leyes no son la variable primera a la hora de las grandes transformaciones educacionales o sociales. La obligatoriedad puede ser un mecanismo ineficaz si las condiciones para hacerla efectiva no son las suficientes.

En el corto plazo la ley no logró sus propósitos. Problemas de enfoque en la misma ley y coyunturas financieras mayores impidieron su efectividad en el corto plazo. El esfuerzo de los reformadores de 1920 no tuvo éxito automático ni reconocimiento unánime.

A fines de los años 50 y comienzos de los 60, diversos estudios tocaban a rebato por la existencia de más de 300.000 niños sin escuela. Fue en el marco de la reforma educacional inaugurada en 1965 y su prolongación hasta 1973, que prácticamente se logró la universalización de la educación básica.

C. EDUCACIÓN OBLIGATORIA HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD.

El Gobierno les propone una Reforma Constitucional en el sentido de extender la obligatoriedad de la Educación Media hasta los 18 años de edad.

Una norma de este carácter debe ser puesta a la luz de la experiencia histórica. La obligatoriedad de este nivel de enseñanza no es una medida iluminista o retórica.

Al presente, la obligatoriedad no precede a la expansión del sistema de educación media, el cual está relativamente cerca de universalizarse. El propósito de la norma constitucional propuesta es lograr que, una vez producido el debate y discusión de tan importante tema, se consolide y perfeccione un crecimiento ya avanzado.

Considerando las distancias históricas y, al revés del imaginario social al respecto, la ley de 1920 no creó la expansión de la cobertura escolar primaria, sino que pretendió reforzarla y asegurarla, aunque se haya demorado medio siglo.

Algo similar ocurre hoy. La obligatoriedad de la Educación Media hasta los 18 años, se logrará sobre la base de la experiencia y progresos acumulados en el proceso de la actual reforma, en marcha desde 1990.

A diferencia de la Ley de 1920, esta reforma se apoyará en un proceso ya en marcha y la potenciará para superar la deserción y para asegurar la retención y el éxito oportuno, en la meta de lograr doce años de escolaridad para todos.

No queremos que la reforma propuesta se quede en la declaratoria. Tendrá que complementarse con un conjunto de normas jurídicas y reglamentarias de detalle y de decisiones de política pública de reforzamiento de las condiciones ya existentes para el mejor y más rápido cumplimiento de la meta constitucional.

Desde luego, se deberán aplicar un conjunto de políticas y, además, se dictarán las normas legales y reglamentarias que sean necesarias para el más rápido y mejor cumplimiento de la meta constitucional. Es así como, por ejemplo, en materia de gratuidad, el Gobierno no pretende terminar con el financiamiento compartido para el sector municipal; pero será necesario revisar su normativa a fin de introducir las adecuaciones que aseguren efectivamente a todas las personas, hasta los dieciocho años de edad, el acceso a la Educación Media.

Ahora bien, actualmente, el Ministerio de Educación, a través de diversos programas que está ejecutando, está poniendo el énfasis y todos sus esfuerzos, en preparar y aplicar medidas tendientes a mejorar la calidad y la equidad de la enseñanza, lo cual está siendo posible porque la sociedad entera se ha involucrado en ello, permitiendo así el logro de una gradual y progresiva aplicación de la reforma educacional que se desarrolla desde 1990. Por ejemplo, cabe señalar entre dichos programas, uno de los que más destaca en los últimos años, el denominado "Liceo Para Todos", orientado a lograr que los estudiantes de la educación media permanezcan en las aulas y culminen, en lo posible, sus estudios de ese nivel, que les permita tanto el acceso a la educación superior como al campo laboral.

No obstante, a pesar de todo lo realizado, aun hoy día, las estadísticas nos demuestran que hay una fuerte deserción escolar, especialmente en la educación media, lo que impide que un importante sector de la juventud de nuestro país pueda integrarse a la educación superior y a aspirar, con algún grado de certeza, a ejecutar trabajos importantes ya que carecen de la capacidad humanística o de la capacidad técnica que puede entregarles la educación media, en cualquiera de sus modalidades. La reforma propuesta y las posteriores modificaciones a la legislación y reglamentación vigente, permitirán superar lo anterior y dejarlo en el olvido, por el hecho que la educación media será obligatoria hasta los 18 años de edad.

El proyecto ha considerado el máximo de antecedentes disponibles, que emanan tanto de diversas comisiones de expertos que cumplieron su cometido en la última década del siglo recién pasado, y en los últimos años, así como las distintas iniciativas presentadas por diversos Honorables parlamentarios, tanto Senadores como Diputados en los últimos 6 años, que contienen el mismo propósito que este proyecto.

Deseo destacar aquí algunos fundamentos del proyecto presentado por los Honorables señores Senadores Roberto Muñoz Barra y Sergio Bitar Chacra, este último en la actualidad ex Senador, quienes señalaban: "El desarrollo económico del país está íntimamente ligado al proceso educativo formal, mediante el cual las personas adquieren habilidades, destrezas y saberes científicos y técnicos insustituibles para incrementar la inserción en Chile de un mundo globalizado e interdependiente, con estándares competitivos para la producción de bienes y servicios. En este sentido, la educación es primordial si se pretende superar una situación general de inequidad en la distribución de la riqueza y de injusticia social en el goce de los beneficios generados por el desarrollo económico, a la vez que aumentar los índices de productividad del trabajo, lo que, según se ha demostrado en la experiencia comparada, trae consigo altas tasas de retorno privado y social.".

"La enseñanza media es una etapa de transición que permite al educando incorporarse con posibilidades de éxito en la educación superior, el ámbito productivo y el mercado del trabajo, así como en el mundo contemporáneo de la información y el conocimiento.

Aun cuando la tasa de escolarización secundaria -media- de nuestro país se destaca en el concierto latinoamericano, existen significativas diferencias de cobertura de más de veinte puntos porcentuales entre los quintiles extremos de ingreso de la población y entre las distintas regiones."

"La reforma que se propone no implicaría, según los expertos, un aumento inmediato del gasto público, sino un compromiso del país en esa dirección. Lo que ella hace es obligar al Estado a proponer una alternativa pública gratuita a los alumnos que la requieran; pero no exige en lo inmediato que una persona complete su enseñanza media, por lo que importa un proceso gradual a desarrollarse en el tiempo."

Lo afirmado por los promotores de esa iniciativa está en perfecta armonía y relación con los propósitos de este Gobierno y, por ello, conviene destacarlo, terminando con dos párrafos de similar naturaleza, al afirmar: "La educación general es el principal factor de flexibilidad para la adaptación al cambio. Para ser flexible y entrar en nuevos temas y áreas se requieren niveles de abstracción altos, y eso exige más formación general, es decir, ampliar el período de educación de 8 a 12 años. De allí la relevante importancia que alcanza la educación media y, por tanto, la trascendencia de esta reforma constitucional.

En suma, es indispensable consagrar en la Constitución Política la obligatoriedad de la educación media extendiendo así la noción que se ha mantenido desde 1920, lo que podía justificarse para un período histórico diverso de Chile y del mundo. Hoy se quiere que nuestro país garantice una efectiva igualdad de oportunidades a todos los chilenos en materia educacional y laboral, mejore las condiciones de competitividad de la economía y establezca los fundamentos de un orden social inscrito en la modernidad y respetuoso de los valores, tradiciones, sentido de identidad y fortaleza de las instituciones democráticas".

Asimismo, estimo conveniente y fundamental destacar que varios Honorables diputados y ex diputados, han presentado proyectos de ley relativos a este importante tema.

Así, la ex diputada María Rozas Velásquez y el diputado Maximiano Errázuriz Eguiguren, postularon ampliar la obligatoriedad de la escolaridad de ocho a diez años.

Por su parte, el proyecto de reforma de los Diputados Jaime Naranjo Ortiz y Felipe Valenzuela , hoy Senador el primero y ex-diputado el segundo, señalaba: "La presente reforma, como su epígrafe lo dice, pretende hacer obligatoria no sólo la enseñanza básica, como es hoy en día, sino que también la educación media, cualquiera que sea la modalidad -técnica, científico humanista, marítima, etc.- que el estudiante desee cursar, con el objeto que las futuras generaciones aprendan no sólo nociones elementales de su historia, raíces culturales o aspectos básicos del orden de las ciencias, sino que además, puedan ser capaces de ejercer una ciudadanía más activa, de promover los derechos humanos y los valores democráticos, de comprender más global y razonadamente los hitos importantes en la historia de los hombres, y sus consecuencias para la humanidad, y finalmente, sean capaces de obtener competencias necesarias para su inserción futura en el difícil, competitivo y tecnologizado mundo laboral que los espera.

Todos los sectores de nuestro país, se han hecho eco de la necesidad de integrar esfuerzos tras el propósito de perfeccionar nuestra convivencia y de construir una sociedad solidaria, emprendedora y fuerte, que muestre capacidad tanto para proveer mejores condiciones de vida a cada uno de sus habitantes, como para responder a los desafíos de la modernidad. En el marco de estos horizontes, se reconoce y acepta unívocamente que la extensión y calidad de la educación que reciban las nuevas generaciones constituye un índice a considerar de primer orden, al intentar proyectar positivamente, la imagen de Chile en el mundo.".

D. EL PROYECTO.

La presente Reforma, en consecuencia, obedece a un gran sentir nacional y ha sido solicitada desde diversos sectores nacionales y, expresamente, por un numeroso grupo de honorables parlamentarios, tanto Senadores como Diputados, como hemos visto.

Ahora bien, para ello, será necesario dictar y aprobar algunas reformas legales e intensificar la aplicación de importantes programas que el Ministerio de Educación está desarrollando hoy día, para evitar la deserción escolar, promover la retención de alumnos en los establecimientos educacionales y a apoyar con los recursos necesarios a las familias más pobres, en el marco del Programa de "Chile Solidario".

El proyecto en sí es simple, pero contiene todos los elementos que permitirán el logro de lo señalado anteriormente.

En efecto, se establece que la educación media será obligatoria hasta los 18 años de edad, lo que significa que, ingresando los educandos a los 6 años a la enseñanza básica, como lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la obligatoriedad se extiende por 12 años.

Al igual que con lo ocurrido con la enseñanza básica, respecto de la cual la ley ha establecido toda la normativa para hacer efectivos los conceptos de gratuidad y obligatoriedad contenidos en la norma que ahora se modifica, una futura ley deberá señalar específicamente, la forma como deberá cumplirse la obligatoriedad y la gratuidad de la Educación Media y, especialmente, respecto de los niños y niñas de las familias más pobres con problemas socioeconómicos.

En todo caso, la ley señalará todas las normas vigentes que será necesario modificar, como asimismo las nuevas que, sin ser modificatorias de leyes anteriores, deberán dictarse. Dicha ley se enviará al Congreso Nacional tan pronto el poder legislativo apruebe esta reforma constitucional.

En mérito de lo expuesto, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"Artículo único.- Sustitúyase el inciso quinto, del numeral 10, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

"La educación básica y la educación media, hasta los dieciocho años de edad, son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tales objetos, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".

Dios guarde a V.E.,

RICARDO LAGOS ESCOBAR

Presidente de la República

MARIANA AYLWIN OYARZÚN

Ministra de Educación

NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN

Ministro de Hacienda

?INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN RECAIDO EN EL PROYECTO SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA.

BOLETÍN N° 3039-07

HONORABLE CÁMARA:

Las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación vienen en informar el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Durante el análisis de esta iniciativa, las Comisiones contaron con la colaboración de las siguientes personas:

- Doña Mariana Aylwin Oyarzún, Ministra de Educación.

- Don José Weinstein Cayuela, Subsecretario de Educación.

- Don Juan Vilches Jiménez, abogado, asesor de la Ministra.

OBJETO.

El proyecto tiene por objeto introducir una reforma constitucional para hacer obligatoria la educación media hasta los dieciocho años de edad, debiendo el Estado implementar un sistema gratuito para garantizar el acceso a ella de toda la población.

ANTECEDENTES.

1.- El Mensaje parte efectuando una reseña histórica de la evolución de la legislación educacional en el país, señalando que una de las leyes que ha contribuido de manera fundamental al desarrollo de Chile, ha sido la de Educación Primaria Obligatoria, de 26 de agosto de 1920.

Agrega que antes de esa legislación, la Ley de Instrucción Primaria, de 1860, sentó las bases del sistema público para ese nivel educacional, generando una proliferación de escuelas para hombres y mujeres, dando lugar a la creación de escuelas normales, al comienzo de una primera profesionalización de preceptores y al desarrollo incipiente de un servicio público de administración del sistema.

Pero, a pesar de la evidente expansión y mejoramiento, a comienzos del siglo XX no se alcanzaba plena satisfacción acerca del carácter y alcances de la educación básica, por lo que se pensó introducir la obligatoriedad de este nivel de la instrucción. Luego de largos debates, la participación del educador don Darío Enrique Salas Díaz influyó grandemente en la campaña a favor de una ley de instrucción primaria obligatoria, la que una vez concretada, estableció la obligación de concurrir a la escuela durante cuatro años o cursos, hasta cumplir los trece años de edad; luego, en 1929, la ley N° 5291, entre otros cambios, introdujo la obligatoriedad por seis años y creó las Juntas de Auxilio Escolar, destinadas a satisfacer las necesidades de asistencialidad pública para hacer efectiva la obligatoriedad.

Agrega el Mensaje que la Ley de Educación Primaria Obligatoria no logró sus propósitos, no por falta de esfuerzo de sus creadores, sino por problemas relacionados con el enfoque de sus disposiciones y carencias de carácter financiero, siendo notoria la falta de escolaridad para alrededor de trescientos mil niños a la altura de la década de 1960. La universalización de la educación básica se habría logrado, en la práctica, a partir de la reforma educacional iniciada en 1965 y prolongada hasta 1973.

La nueva proposición que hace el Gobierno mediante este proyecto, en el sentido de extender la obligatoriedad de la educación media hasta los 18 años de edad, no sería una mera expresión retórica, carente de contenido, toda vez que, contrariamente a lo sucedido con la Ley de Educación Primaria Obligatoria, en este caso la obligatoriedad no precede a la expansión de este nivel, el que se encuentra relativamente cerca de universalizarse, por lo que el propósito de esta reforma, una vez efectuado el debate y discusión de la materia, sería consolidar y perfeccionar un crecimiento ya avanzado. A diferencia de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, esta nueva reforma se apoyará en un proceso ya en marcha y lo potenciará para superar la deserción y para asegurar la retención de los educandos, en el propósito de lograr doce años de escolaridad para todos.

Lo anterior obligará a complementar la reforma con un conjunto de políticas y nuevas normas legales y reglamentarias, que sean necesarias para el más rápido y mejor cumplimiento de la nueva meta constitucional, como, por ejemplo, la revisión del sistema del financiamiento compartido para el sector municipal.

Por otra parte, agrega el Mensaje, el Ministerio de Educación, a través de diversos programas, se esfuerza enfáticamente en preparar y aplicar medidas para mejorar la calidad y equidad de la enseñanza, tarea en que se ha involucrado toda la población, lográndose así una gradual y progresiva aplicación de la reforma educacional que se desarrolla desde 1990. Al respecto destaca entre dichos programas el de “Liceo para Todos”, orientado a lograr la permanencia de los estudiantes de educación media en ese nivel, hasta su culminación, lo que les permitirá tanto el acceso a la educación superior como al campo laboral.

Añade que, no obstante lo anterior, las estadísticas demuestran la existencia de una fuerte deserción escolar, especialmente en el nivel medio, lo que impide a un importante sector de la juventud integrarse a la educación superior o aspirar a trabajos importantes, ya que carecen de la capacidad humanística o técnica que puede entregarles la educación media. Lo señalado podrá ser superado por esta reforma y por las posteriores modificaciones legales y reglamentarias que asegurarán la obligatoriedad hasta los 18 años de edad.

Más adelante, hace presente que para la elaboración de este proyecto, se han considerado el máximo de antecedentes posibles, tanto los que emanan de diversas comisiones de expertos como de distintas iniciativas parlamentarias de los últimos seis años, las que tienen el mismo propósito que persigue esta reforma, tales como las propiciadas por el Senador Roberto Muñoz Barra y el ex Senador Sergio Bitar Chacra; la del Diputado Maximiano Errázuriz Eguiguren y la ex Diputada María Rozas Velásquez, que elevaba la obligatoriedad de ocho a diez años, y la de los ex Diputados Felipe Valenzuela Herrera y Jaime Naranjo Ortíz, actual Senador este último.

Concluye el Mensaje señalando que se trata, entonces, de una reforma que interpreta el sentir nacional y obedece a peticiones de distintos sectores, entre ellos numerosos parlamentarios, siendo necesario aprobar algunas reformas legales e intensificar la aplicación de importantes programas, para evitar la deserción escolar y apoyar con los recursos necesarios a las familias más pobres, en el marco del programa “Chile Solidario”.

Finalmente, señala que no obstante la simpleza de la iniciativa, incluye todos los elementos necesarios para el logro de sus propósitos, toda vez que estableciéndose la obligatoriedad hasta los 18 años, significa que ingresándose a los seis años a la educación básica de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la obligatoriedad se extenderá por un total de 12 años.

2.- El artículo 19 de la Constitución Política asegura a todas las personas, en su número 10°, el derecho a la educación.

El párrafo segundo de este número señala que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida.

Su párrafo tercero entrega a los padres el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.

Su párrafo cuarto encomienda al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y su párrafo quinto declara la obligatoriedad de la enseñanza básica, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población.

Su párrafo sexto encomienda al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Finalmente, el párrafo séptimo señala que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.

IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES, SÍNTESIS DE SU CONTENIDO Y CONSTITUCIONALIDAD DE LAS MISMAS.

La idea central del proyecto se orienta a introducir una reforma constitucional para hacer obligatoria la educación media hasta los dieciocho años de edad, debiendo el Estado implementar un sistema gratuito para garantizar el acceso a ella de toda la población.

Dicha idea, la que la iniciativa concreta por medio de un artículo único que la expresa, constituye una reforma constitucional que, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 116 de la Carta Política, requiere para su aprobación, el voto conforme de las dos terceras partes de los Diputados y Senadores en ejercicio, por incidir en el capítulo III de la Constitución.

DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

A.- Discusión en general.

Antes de entrar al debate sobre la idea de legislar, la Ministra de Educación, señora Mariana Aylwin Oyarzún señaló que el sentido de la reforma decía relación con los avances de la educación en el país, lo que permitía colocarse como meta, la posibilidad de que ningún estudiante abandone el sistema escolar antes de completar la enseñanza media. Hizo presente que el Jefe del Estado había suscrito el proyecto con motivo de una ceremonia conmemorativa de los 82 años de la promulgación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria.

Recordó que si bien el país tiene una alta cobertura educacional en relación a otros países del continente, existe desigualdad entre los sectores más pudientes y los más desposeídos, alcanzando los ubicados en el quintil más rico un 98% y, en cambio, en el quintil más pobre, sólo un 80%.

Efectuó una breve reseña del desarrollo educacional chileno, recordando la Ley de Instrucción Primaria de 1860, la que sirvió de motor para la creación y modernización de las escuelas y la profesionalización de los preceptores; la influencia del educador señor Darío Salas en la posterior dictación de la Ley de Educación Primaria Obligatoria, en 1920, la que estableció la obligatoriedad de cuatro años de instrucción, los que podían cumplirse hasta los trece años de edad. Dicha ley habría significado un fuerte impulso educacional y un acicate para los padres en cuanto al cumplimiento de esta obligación, invirtiéndose en su implementación doce millones de pesos de la época, más la emisión de bonos de la deuda interna y la entrega de subvenciones por asistencia. En 1929, la obligatoriedad se habría extendido a seis años y, más tarde, en 1965, a ocho. No obstante, la finalidad de dicha ley se habría logrado después de cincuenta años, siendo hoy día muy escasos los niños que no cursan hasta el octavo año básico.

Agregó que esta reforma constitucional constituiría un signo de gran importancia para la sociedad, siendo solamente el inicio por cuanto luego vendría la creación de una subvención diferenciada para niños entre séptimo básico y cuarto medio en riesgo de deserción. El inicio comprendería a 126.000 niños miembros de las familias del programa “Chile Solidario”.

Insistió en la importancia de establecer un mínimo de 12 años de escolaridad porque para lograr una adecuada inserción en el mundo de hoy, todos los estudios demuestran que se requiere ese tiempo.

Refiriéndose a la cobertura educacional, señaló que en el presente año el 15,4% de los jóvenes pertenecientes al 20% de los hogares más pobres, no está asistiendo a un establecimiento educacional y si bien la cobertura general alcanza a un 90%, existe un porcentaje cercano al 30% de deserción, es decir, personas que no terminan el sistema escolar por razones relacionadas, entre otras, con conductas como la delincuencia, la drogadicción o la violencia.

Agregó que, además de la subvención diferenciada que se implementará próximamente mediante una ley, se adoptarán un conjunto de medidas para retener a los alumnos en el sistema escolar, aumentándose, por ejemplo, dentro del plan “Liceo para Todos”, de diez mil a veinte mil el número de becas; se incrementará, asimismo, la oferta de becas en las enseñanzas básica y media y se ofrecerán veinticuatro mil para la educación superior, considerándose un mayor apoyo a los sectores rurales.

El Diputado señor Luksic coincidiendo con la reforma propuesta, señaló que uno de los elementos que hacía que la garantía constitucional del derecho a la educación tuviera tanta penetración, sería que junto con señalarse la obligatoriedad de la educación básica, se impusiera al Estado en forma imperativa su financiamiento. No obstante, consideró un tanto negativa la necesidad de esperar la dictación de una ley para imponer en la práctica la obligatoriedad y el financiamiento.

La Diputada señora Tohá apoyó asimismo la iniciativa por cuanto constituía un cambio significativo en lo que se considera como mínimo aceptable en educación. A su juicio, la escolaridad mínima de ocho años obedeció a que cuando se impuso, se consideraba que con tal tiempo se podía ser un ciudadano pleno, tiempo que frente a la realidad actual, constituye, en cambio, una desventaja.

Expresó, no obstante, dudas queriendo saber cómo se regularía la situación del empleador que tiene entre su personal trabajadores en edad escolar; la situación que podría producirse en el sistema del financiamiento compartido o la implicancia que esta obligatoriedad podrá tener en las familias.

El Diputado señor Burgos consideró como una trilogía virtuosa la conjunción de la obligatoriedad que impone el proyecto, la jornada escolar completa y la extensión a doce años, la que si se implementara bien, podría cambiar el devenir del país. Asimismo, en lo que se refiere a los efectos sociales, sostuvo que tendría gran repercusión por cuanto mantener a los jóvenes en el estudio significaría un paso decisivo en materia de seguridad ciudadana.

Creyó, no obstante, más acertado referir la reforma a la enseñanza media completa, sin el límite de los 18 años de edad.

El Diputado señor Mora estimó de gran trascendencia la reforma, lamentando no tuviera mayor difusión su ingreso a tramitación legislativa. Precisamente por esa trascendencia, quería conocer la forma en que se la implementaria en la práctica, porque al imponer una obligación podrían resultar responsabilidades para el padre que no la acatara, o bien, cómo podría asegurar el Estado la gratuidad de una educación que ahora sería obligatoria hasta los 18 años, limitante con la que dijo no concordar.

La Diputada señorita Saa destacó, asimismo, la gran importancia del proyecto, señalando que la meta que se proponía era factible por el cumplimiento que se ha dado a las coberturas propuestas y a la misma implementación de la jornada escolar completa y programas como el MECE, Liceo para Todos y otros.

Reiteró el problema nacional relativo a la falta de equidad, señalando que esta reforma era posible gracias al trabajo de más de diez años en busca de esa equidad y en el mejoramiento de la calidad y el acceso a la educación.

Expresó su aspiración a que en el futuro también la educación parvularia tuviera un carácter obligatorio.

El Diputado señor Bauer apoyó la iniciativa, señalando que la exigencia de contar con educación media, es ya un requisito para trabajar en la empresa privada. Pidió al respecto mayor control sobre los cursos rápidos que ofrecen en tres meses el equivalente a un año de enseñanza media.

Recordó la necesidad de nuevos establecimientos y se manifestó partidario de hablar de doce años de educación obligatoria y no de edades.

El Diputado señor Espinoza concedió gran trascendencia a la reforma por el importante papel que en toda época juega la educación, especialmente por la gran potenciación que se le ha dado en la última década.

Se refirió a los problemas de faltas de oportunidades laborales en la zona que representa, derivadas de las limitantes de la falta de educación media, expresando aprensión por el dilema de la deserción escolar en los sectores rurales.

La Diputada señora Guzmán consideró que esta legislación podría llenar un vacío existente en nuestra legislación educacional, apoyando el límite de los 18 años, toda vez que se trataba de una obligación que el Estado se imponía, la que como tal debería tener un límite.

Estimó fundamental el perfeccionamiento del sistema de crédito para la educación superior, por cuanto sin él, no resultaba posible que las personas provenientes de sectores menos acomodados que alcanzaran el cuarto medio, pudieran incorporarse a ese nivel. Incluso, dijo creer que con un buen sistema de ese crédito, los estudiantes tendrían un incentivo para terminar con su educación secundaria sin que fuera necesario establecer la obligatoriedad.

No obstante, hizo presente que se trataba de un proyecto que para ser efectivo, requería gran cantidad de recursos, por lo que consideraba que debería darse cumplimiento a la exigencia del artículo 14 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, en cuanto a acompañarse un informe financiero.

Ante la objeción de la Diputada señorita Saa en cuanto a que dicho informe no sería necesario por tratarse de una reforma constitucional que debeá tener una implementación posterior, sostuvo que la ley N° 18.918 no hacía distingos y que no se trataba de implementar los programas que ya se conocen, sino que de una reforma para hacer obligatoria y gratuita la enseñanza media, lo que requeriría muchos recursos para hacerla efectiva.

Finalmente, el Diputado señor Luksic consideró que la objeción de la Diputada señora Guzmán podía obviarse porque el proyecto, de carácter declarativo, se remitía a una ley posterior, la que si debería contar con dicho informe.

Cerrado, finalmente el debate, se aprobó la idea de legislar por mayoría de votos (8 votos a favor y 1 abstención).

B.- Discusión en particular.

Al debatirse los términos del artículo único, los Diputados señores Burgos y Mora presentaron una indicación para suprimir la frase “hasta los dieciocho años de edad” por considerar más lógico referirse a la enseñanza media completa, sin limitantes.

Los representantes del Ejecutivo señalaron que la limitante obedecía a impedir que la carga que se autoimponía el Estado resultara extraordinariamente gravosa, como también que les parecía que para una persona mayor de 18 años, es decir, plenamente responsable, la decisión de continuar estudios sería propia de su libertad personal.

Ante las objeciones que se les formularan acerca de que la Ley de Educación Primaria Obligatoria no comprendería limitante alguna, señalaron que efectivamente imponía tal tope, fijándolo en los 13 años de edad.

Cerrado el debate, se aprobó la indicación por mayoría de votos (8 votos a favor y 1 en contra).

Asimismo, a sugerencia del Diputado señor Burgos, se acordó, por unanimidad, expresar los términos “tales objetos” en singular.

CONSTANCIA.

Para los efectos de los establecido en los números 4°, 5° y 7° del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisiones dejaron constancia de:

1° Que el artículo único no es de la competencia de la Comisión de Hacienda.

2° Que el proyecto no fue aprobado por unanimidad.

3° Que no hubo artículos o indicaciones rechazados por las Comisiones.

***

Por las razones señaladas y por las que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, estas Comisiones recomiendan aprobar el proyecto en conformidad al siguiente texto:

“PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo único.- Substitúyese el inciso quinto, del número 10°, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.”.

Sala de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a 11 de septiembre de 2002.

Se designó Diputado Informante al señor Zarko Luksic Sandoval.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señor Zarko Luksic Sandoval (Presidente), señoras María Pïa Guzmán Mena, María Antonieta Saa Díaz y Carolina Tohá Morales y señores Eugenio Bauer Jouanne, Germán Becker Alvear, Jorge Burgos Varela, Fidel Espinoza Sandoval, Rodrigo González Torres y Carlos Olivares Zepeda.

En reemplazo del Diputado señor Gabriel Ascencio Mansilla, asistió el Diputado señor Waldo Mora Longa.

EUGENIO FOSTER MORENO

Secretario

ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA. Reforma constitucional. Primer trámite constitucional.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto sobre reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

Diputado informante de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación es el señor Zarko Luksic.

Antecedentes:

- Mensaje, boletín Nº 3039-07, sesión 36ª, en 3 de septiembre de 2002.

- Informe de las Comisiones unidas de Educación y Constitución, Legislación y Justicia, sesión 1ª, en 1 de octubre de 2002.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LUKSIC.-

Señora Presidenta, me corresponde informar sobre el proyecto, originado en mensaje, que tiene por objeto introducir una reforma constitucional para hacer obligatoria la enseñanza media e implementar un sistema gratuito para garantizar el acceso a ella de toda la población.

Si analizamos la evolución histórica del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, ambas garantías establecidas en los números 10º y 11º del artículo 19 de la Constitución Política, comprobaremos que ya en el siglo XIX se generó un gran debate sobre la necesidad de establecer la educación primaria obligatoria. Es así como la ley de Instrucción Primaria, de 1860, sentó las bases del sistema público para ese nivel educacional.

La ley de Educación Primaria Obligatoria, de 26 de agosto de 1920, estableció la obligación de niños y niñas de concurrir a la escuela durante cuatro años. Luego, la ley Nº 5.291, de 1929, introdujo la obligatoriedad de seis años y creó las juntas de auxilio escolar, las que, posteriormente, recibieron la denominación de Junta de Auxilio Escolar y Becas.

En la práctica, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica se habría logrado a partir de la reforma educacional iniciada en 1965 y prolongada hasta 1973. Posteriormente, en la Constitución Política de 1980 se consagra la obligatoriedad de la educación básica, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto.

Es necesario destacar que ya la Constitución de 1925 establecía la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica. Hoy, la idea es extenderla a la educación media, hasta los 18 años de edad.

Si bien es cierto que el mensaje establecía ese tope de edad, algunos diputados, como los señores Mora y Burgos, no estuvieron de acuerdo con incluirlo en la reforma constitucional, en atención a que podría haber algunos jóvenes mayores de 18 años en condiciones de impetrar dicho beneficio. Por tal razón, las Comisiones unidas rechazaron el establecimiento de dicho límite de edad. En todo caso, la idea es incluir ese tope máximo en la ley que complementará la garantía constitucional.

La filosofía de la reforma es permitir que un niño o niña entre a primer año básico a los seis años y salga de cuarto medio a los 18 años, de manera que la escolaridad sea de doce años. El sistema deberá ser gratuito, a fin de permitir el acceso a él de toda la población.

Ahora, ¿por qué? En primer lugar, porque es necesario se ha debatido mucho al respecto potenciar la educación y la formación de nuestros niños. Es sabido que los resultados del Simce esto no lo dice el informe, si nos atenemos al ámbito latinoamericano, son bastante exitosos; pero, si se comparan con otros países del mundo, dejan bastante que desear. Por eso, es necesario aumentar la obligatoriedad, por lo menos, hasta los 18 años.

En segundo lugar, el factor de riesgo que se expresa, complementa o presenta cuando se discuten materias relacionadas con la delincuencia o con las situaciones de desprotección, especialmente entre niños, niñas y jóvenes, es la alta deserción escolar, en particular en el nivel medio.

Aunque es difícil y un poco aventurado hablar de axioma cuando se trata de temas sociales, los expertos, es decir, sociólogos, antropólogos y criminólogos, asocian la deserción escolar con la drogadicción y la delincuencia, y nadie podría negar su influencia, especialmente en el nivel medio.

Es más, cuando se vio el proyecto de responsabilidad penal juvenil, se dijo que más del ochenta por ciento de los delincuentes juveniles son desertores escolares, desde hace muchos años.

Por otra parte, el proyecto se enmarca dentro del esfuerzo que está haciendo este Gobierno, concretamente a través del programa Chile Solidario, en el sentido de dar cobertura educacional, de salud y de vivienda y otras prestaciones básicas a una buena cantidad de chilenos que carecen de ellas. Al respecto, se beneficiaría a 126 mil niños de los sectores más pobres de la población.

La ministra señora Mariana Aylwin , gran defensora de esta iniciativa, señaló que el 15,4 por ciento de jóvenes pertenecientes al 20 por ciento de los hogares más pobres, no asiste a clases. Si bien la cobertura de educación alcanza al 90 por ciento, la deserción llega a un porcentaje cercano al 30 por ciento, que es extraordinariamente alto.

Con todos estos antecedentes de carácter sociológico vinculados a la seguridad ciudadana, se hace necesario y urgente aprobar esta reforma constitucional. Sin embargo, también corresponde indicar que algunos parlamentarios y representantes del Ejecutivo han tenido una actitud precautoria respecto de dos temas.

En primer lugar, han señalado, de manera bastante expresa, que en la ley debería establecerse el límite de 18 años para gozar o impetrar el beneficio de la gratuidad de la educación media, de manera de incentivar que los jóvenes asistan a clases y evitar que algunos recién comiencen a estudiar a esa edad, lo cual significaría comprometer recursos fiscales.

Por otro lado, la preocupación es respecto del financiamiento, pues hay quienes estiman que el proyecto podría significar el término del financiamiento compartido de la educación media. Por consiguiente, me imagino que el señor Presidente ya tendrá en su poder una indicación para que en la Constitución se establezca que una ley de quórum calificado consagrará que el financiamiento será compartido entre el fisco y particulares.

Por lo tanto, lo más conveniente sería enviar nuevamente el proyecto a las Comisiones unidas de Educación y de Constitución, Legislación y Justicia, de manera que esa indicación sea incorporada. Me parece razonable que el tema relacionado con el financiamiento compartido se establezca a través de una ley de quórum calificado, puesto que se necesitaría de la mayoría absoluta de diputados en ejercicio.

Por lo demás, la propia Carta Fundamental consagra que se requiere de ella cuando, en una actividad económica, interviene el Estado o se exceptúa de ser sometida a la legislación común.

Otra materia en la cual también se requiere de una ley de quórum calificado es para modificar el Consejo Nacional de Televisión, por cuanto una ley de este tipo establece su organización y demás funciones. Por lo tanto, las garantías constitucionales no sólo tienen que ver con materias relacionadas con la actividad económica, sino también con dicho consejo.

En consecuencia, me parece razonable, conveniente y ajustado a derecho y a la Carta Fundamental que el financiamiento de la educación media gratuita sea regulado a través de una ley de quórum calificado.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Efectivamente, el proyecto requiere, para su aprobación, de los dos tercios de los diputados y diputadas en ejercicio. Por lo tanto, para aprobarlo, se necesitan 79 votos por la afirmativa.

Para plantear un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, comparto la opinión del diputado señor Luksic en el sentido de que el proyecto vuelva a las Comisiones unidas, por cuanto tiene dos indicaciones. Además, está la necesidad de que esta materia sea aprobada por una ley de quórum calificado.

Por lo tanto, propongo que no la tratemos hoy, a fin de que vuelva a las comisiones para su estudio, y la debatamos en otra oportunidad.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Señor diputado, se concederá la palabra hasta las 13 horas, cuando llegue a su término el Orden del Día. Sin embargo, por el hecho de que existen dos indicaciones, el proyecto debe volver a las Comisiones unidas.

Tiene la palabra el honorable diputado señor Antonio Leal.

El señor LEAL.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Gobierno, en particular a la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin , por esta reforma tan indispensable.

Al inicio del siglo XXI vivimos en la sociedad del conocimiento, y todos sabemos que el conocimiento es el principal valor, la principal creación y la principal riqueza. Si durante los siglos XIX y XX las grandes riquezas fueron las materias primas, no existe duda de que la acumulación de conocimiento en el siglo XXI será el elemento de riqueza más importante. Y esto se logra no porque una elite avanza, sino porque el país adquiere relevancia y cultura cuando el conjunto de su población avanza.

Ésta es una reforma histórica, tan histórica como lo fue la de 1929, cuando se estableció la educación primaria obligatoria, porque permitió que en Chile no hubiera prácticamente analfabetos y que los sustratos más populares tuvieran acceso a la educación primaria y, posteriormente, a una parte de la educación media, sobre la base del apoyo del Estado.

Una reforma de esta magnitud, que garantiza doce años de escolaridad, debe ser asumida en forma integral por el Estado, tal como se hizo con la reforma llevada adelante en 1929. En esa oportunidad, paralelamente se creó la Junta de Auxilio Escolar y Becas, todo lo cual permitió, por largos decenios, que muchos chilenos cursáramos la educación primaria en forma gratuita.

La obligación del Estado es garantizar la gratuidad de la enseñanza media. La idea es hacer realidad lo consagrado en el número 10º del artículo 19 de la Constitución Política, que establece el derecho a la educación para todos los chilenos, en particular lo que establece su cuarto párrafo, que encomienda al Estado otorgar especial protección al ejercicio de ese derecho.

Con la alta deserción escolar en regiones, esta realidad es mucho más notoria se vincula el problema económico por el que atraviesan las familias. En la actualidad, el desempleo a nivel nacional alcanza a 9,8 por ciento, pero en lugares como Chañaral y Vallenar que represento se empina a un 20 por ciento. Así las cosas, muchos escolares deben salir del sistema educacional debido a que sus padres no tienen recursos para continuar pagando la enseñanza media, sobre todo cuando ésta se cursa en colegios subvencionados o particulares.

En el marco de esta reforma, que asegura doce años de escolaridad, resulta fundamental que el Estado garantice la gratuidad de la enseñanza media. De este modo, se evitará la deserción escolar, uno de los aspectos que contribuye a la formación de pandillas y a acercar a los jóvenes a la delincuencia, muchos de los cuales, por dejar de estudiar ello puede constatarse cotidianamente en las poblaciones, quedan en el más grande de los desamparos, pues no cuentan con otras alternativas de vida.

Otro aspecto importante se relaciona con el hecho de que el proyecto ayuda a evitar la discriminación. El ministerio ha abierto una ventanilla una línea 600 a fin de recoger las denuncias que se formulen por discriminaciones ocurridas en establecimientos educacionales, en particular en colegios subvencionados y particulares.

Ayer, tuve ocasión de reunirme con el subsecretario de Educación, señor José Weinstein , y con Natalia Vergara , una niña de seis años expulsada de su colegio por mascar chicle y retirar una página de su libreta de comunicaciones. También estuvieron presentes Patricio Iturralde y Viviana Iturralde , expulsados de un colegio municipalizado de El Bosque, con cuyo alcalde nos comunicamos a fin de solicitar que adopte las medidas necesarias con el objeto de reintegrar a esos estudiantes a sus actividades escolares.

Como puede constatarse, todos ellos fueron expulsados por mínimas razones disciplinarias. Hechos de esta naturaleza se repiten con cierta frecuencia, pero, felizmente, el ministerio los está atendiendo en forma positiva.

El proyecto de reforma constitucional, que garantiza una escolaridad de doce años, y la iniciativa que persigue establecer una jornada escolar completa, permitirán entregar una señal poderosa en cuanto a que ningún estudiante podrá ser discriminado o expulsado por usar el pelo largo, minifalda, aros, o por mascar chicle en clase, etcétera. Con esto se quiere subrayar el hecho de que cuando un estudiante es expulsado de su colegio, no sólo fracasa el estudiante, sino, en primer lugar, el establecimiento.

Por lo tanto, al fijar la jornada escolar completa y poner en práctica el régimen de doce años de escolaridad, no sólo se envía una señal, sino que, además en particular a través del segundo proyecto mencionado, se entregan mayores facultades al Ministerio de Educación, a fin de establecer fiscalizaciones y garantizar que los colegios particulares cumplan con las normas en sus reglamentos internos.

En resumen, nos encontramos frente a un proyecto fundamental y de carácter histórico, que permitirá elevar, en forma masiva, la calidad y extensión de la educación, y generalizar la enseñanza media, uno de los pasos más relevantes que es necesario dar desde el punto de vista del desarrollo del país.

Insisto: en la sociedad del conocimiento, la reforma más significativa que podemos llevar adelante en la actualidad consiste en garantizar que todos los jóvenes, independientemente del hogar del que provengan, cursen la enseñanza media. Después podremos abordar las grandes reformas relacionadas con la formación técnica y la educación superior, algunos de cuyos temas asociados se encuentran pendientes. Hay 460 mil estudiantes universitarios, pero aún no abordamos el gran tema de la formación técnica. Existen muchos menos técnicos de los que se requiere en cualquier país con el nivel de desarrollo de Chile. Es algo que podremos encarar siempre y cuando seamos capaces de aprobar el proyecto y garantizar lo que considero un hito histórico: el establecimiento de doce años de escolaridad obligatoria.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa.

La señora SAA (doña María Antonieta).-

Señor Presidente, me sumo a las palabras del colega Leal en cuanto al significado histórico del proyecto, que se agrega a los esfuerzos que el país ha hecho desde los inicios del siglo XX en cuanto a mejorar la educación de niños y niñas.

En 1920, la ley de Educación Primaria Obligatoria garantizó que todo niño debía recibir enseñanza elemental o primera enseñanza, independientemente de su origen social, económico o geográfico.

En 1929, se garantizó el cumplimiento, a través de la educación primaria obligatoria, de seis años de escolaridad para todos los chilenos. Esta ley todavía es guardada en la memoria de muchos chilenos y chilenas. Cuando converso con la gente, siempre surge el recuerdo de aquella época en que Carabineros iba a buscar a los niños para que fueran a los colegios. Se trató de una meta impuesta por el país, pero acompañada del esfuerzo de todas las familias.

En 1965, el Presidente Frei Montalva se comprometió a aumentar a ocho el número de años de escolaridad básica. En la actualidad eso habla muy bien del país, se propician doce años de escolaridad obligatoria, empeño que cubre completamente los niveles básico y medio. No olvidemos que se reformó la Constitución, a fin de que la educación parvularia fuera una preocupación importante del Estado.

La meta que se nos impone es alcanzable, por cuanto existe un camino recorrido. La acción ejercida por los gobiernos de la Concertación desde 1990 nos entrega un piso para avanzar en esta materia.

Con todo, existen desafíos importantes: la desigualdad educacional todavía es grave. La cobertura educacional del quintil más rico alcanza a un 98,5 por ciento; en cambio, en el sector más pobre, esa cifra sólo se empina a un 82,3 por ciento. Asimismo, el 15 por ciento de los niños del segmento más pobre no asiste a ningún establecimiento educacional. ¿Cómo retenemos a esos niños? Se trata de un tremendo desafío que debemos enfrentar.

Otro desafío se relaciona con la competitividad nacional. La educación secundaria es un requisito para la integración de nuestro país a la sociedad globalizada. Los tratados de comercio, que con seguridad se expandirán a otros planos, son fundamentales en términos de nuestra relación con Europa, Estados Unidos, Canadá , Corea , en fin. Aquí tenemos un tremendo desafío.

Además, están los desafíos de la integración social y del empleo. La tasa de desempleo juvenil en Chile tiende a duplicar el promedio nacional. Sin duda, un niño que estudia no busca empleo, y eso es tremendamente importante, porque después va a tener uno más calificado. Conocemos los peligros que implica el trabajo infantil y lo que significa para esos niños en cuanto a discriminación posterior en sus vidas.

Por lo tanto, hay desafíos importantes para el Estado, el Ejecutivo, los parlamentarios, las municipalidades. Realmente, son tremendos.

Esta iniciativa va acompañada de políticas y programas importantes. Las políticas pro retención escolar, el “Liceo para Todos”, que significa 10 mil becas; el programa intercultural bilingüe, 19 mil becas; el P900 que todos conocemos; el programa de la Junaeb; los Mece Media, Básica y Rural, son programas que acompañan a este desafío y que implican una política de retención escolar.

Además, acompañan a este desafío políticas de pro reinserción escolar o nivelación de estudios. Se sumarán 30 mil nuevos cupos para la modalidad flexible de educación de adultos, y en el programa “Chile califica” se ampliará la oferta a un ritmo de 40 mil cupos al año, hasta integrar 120 mil.

Se están coordinando iniciativas con otros ministerios, aparte del de Educación y de la sociedad civil. Toda la coordinación con el programa “Puente”, del Fosis, es muy importante para cumplir estas metas.

Otra medida fundamental es la subvención diferenciada pro retención, que está destinada a los sostenedores que educan a niños entre 12 y 18 años, cuyas familias sean beneficiarias del programa “Chile Solidario”. Se considera 209 mil hogares, con un total de 126 mil niños y niñas que asisten a la escuela. Por lo tanto, la subvención se entrega al inicio del año escolar, y cuando se completa, se complementa la subvención. Esto significará un esfuerzo enorme y un desafío para los sostenedores de los colegios en cuanto a retener a los niños.

Pienso que estamos dando un paso tremendamente trascendental, que es un desafío no sólo para el Gobierno de la Concertación, sino para todos nosotros: para la Oposición, para el Congreso, para la sociedad en su conjunto, para los empresarios, a fin de que la meta de los doce años de educación obligatoria, sobre todo para ese 15 por ciento de niños de los sectores más bajos que no completan sus estudios secundarios, se convierta en una realidad.

Tengo entendido que el proyecto volverá a las Comisiones unidas para ver unas indicaciones, pero, por su importancia, como diputada, me enorgullece haber tenido la oportunidad de promoverlo en esta ocasión. Constituye un hecho histórico, y contribuir con mi voto a que el país asuma el desafío de los doce años de educación, realmente significa un honor para mi labor de parlamentaria.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez.

El señor IBÁÑEZ (don Gonzalo).-

Señor Presidente, es del máximo interés hacer extensiva a la educación media las disposiciones de financiamiento que rigen la educación básica.

Dice el proyecto de reforma constitucional que “La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley en realidad, son obligatorias en conformidad a la Constitución, no a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto,...”.

Señor Presidente, nada más bello, como declaración de principios, que las palabras que acabo de citar, y nada sería mejor para un país que hacer efectivo que la educación fuera un patrimonio de todos; que durante doce años tuviéramos a toda la juventud en las aulas educacionales, de modo de dotarla de los conocimientos que le permitan enfrentar su futuro con seguridad, a fin de contribuir, por esa vía, a la mayor grandeza de nuestra nación. Pero es conveniente tener en cuenta la experiencia del Estado como administrador educacional preponderante.

Simplemente, quiero manifestar opiniones, para provocar un cierto debate sobre estos temas. No creo que podamos llegar, por lo menos en mi caso y en esta ocasión, a conclusiones definitivas; pero creo que hemos de tener en cuenta lo que ha sucedido con la educación que se proporciona, financiada por el Estado y aun dirigida por él.

Desde luego, es conveniente que todos tengamos presente que no hay nada gratis. Cuando se dice que el sistema será gratuito, tal vez el proyecto quiera decir que los usuarios, los beneficiarios de la educación media, no la van a pagar directamente; pero habrá alguien que la va a pagar, y para ese alguien este proyecto y esa educación no van a ser gratuitos. Es decir, aquí va a haber una utilización de fondos que producimos todos los chilenos y chilenas para financiar a algunas personas su educación. ¿Está bien que esto sea así? Es probable, pero no nos engañemos diciendo que es un sistema gratuito, porque no lo es, y es sumamente caro.

Desgraciadamente, como lo hemos visto en los actuales sistemas de educación básica o de educación media financiados por el Estado, una parte no menor de ese costo lo pagan los profesores al recibir remuneraciones que no son las que les corresponderían de acuerdo con la dignidad e importancia de la función que desempeñan.

También se paga con una menor infraestructura física y de equipamiento de los establecimientos educacionales.

Por lo tanto, quiero acotar muy bien la expresión “gratuito”, porque a propósito de ella podemos incurrir en graves equívocos y hacernos ilusiones acerca de algo que no es real.

Para financiar este proyecto, el Estado deberá recaudar, a través de impuestos, los recursos necesarios. ¿Es conveniente que ello sea así? Tengo mis serias dudas. Creo que la experiencia masiva en el mundo, y especialmente en nuestro país, ha demostrado cuán mal administrador de los recursos que el país le entrega es el Estado, el Gobierno, porque la asignación de recursos que se hace por esa vía resulta de la máxima ineficiencia.

En el hecho, esta reforma constitucional recoge mucho de lo que ya es real. El 80 por ciento, prácticamente, sino el 85 por ciento de la educación media, es financiada con fondos provenientes de la recaudación de impuestos. No va a ser mucha la novedad que aquí se produzca; no creo que vayamos a dar el gran salto cuantitativo y cualitativo de que hablaba el diputado Leal , en cuanto a que pasemos a ser un Estado moderno. No. Actualmente, el Estado imparte y financia un segmento importantísimo de la educación media, y no creo que esta disposición que hoy incorporamos a la Constitución vaya a cambiar grandemente los frutos de dicha educación.

Esto constituye un motivo para reflexionar acerca de cuán eficiente es entregar, como país, recursos a nuestro Estado para que él los administre. Hacemos un muy mal negocio. La educación sería muchísimo mejor si las personas pudieran administrar los recursos, elegir los establecimientos donde educar a sus hijos y financiarlos directamente.

Repito, sería mucho mejor que el Estado entregara a los padres de familia los recursos que recoge del cuerpo social, para que ellos los administren y decidan acerca de los establecimientos en los cuales van a educar a sus hijos.

Por eso, para concluir, quiero manifestar mi duda y plantear un signo de interrogación acerca de la efectividad de una reforma constitucional como la que ahora se propone.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Informo a la Sala que la discusión de este proyecto continuará en la próxima sesión, por lo que nombraré a los señores diputados que quedaron inscritos para intervenir en esa oportunidad: primero, Camilo Escalona ; segundo, Manuel Rojas ; tercero, Rosauro Martínez ; cuarto, José Miguel Ortiz , y quinto, Rodrigo González , sin perjuicio de los que se inscriban a continuación. Además, luego de que se vote en general, pasará nuevamente a ser tratado por la Comisión, porque ha sido objeto de dos indicaciones.

Tiene la palabra el diputado José Miguel Ortiz para plantear un asunto reglamentario.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, cuando el diputado Zarko Luksic dio a conocer el informe de las Comisiones unidas de Constitución y de Educación, propuso que el tema volviera a esas Comisiones.

Como su Señoría dijo, varios parlamentarios estamos inscritos para hablar y, con el objeto de avanzar en la tramitación del proyecto, si le parece, le solicito recabar la unanimidad de la Sala para que se remita de inmediato a dichas Comisiones y efectuar su discusión completa cuando vuelva nuevamente.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Si le parece a la Sala, se acogerá la proposición del diputado Ortiz , que parece muy eficiente.

Acordado.

?INFORME COMPLEMENTARIO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA. (BOLETÍN Nº 3039-07-C)

“HONORABLE CÁMARA:

Las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación vienen en emitir un informe complementario a su primer informe, en cumplimiento a lo resuelto por la Sala en su sesión 13ª, de 5 de noviembre en curso.

De conformidad a lo acordado por la Sala en esa ocasión, las Comisiones unidas deben complementar su informe pronunciándose sobre las indicaciones formuladas en la sesión referida.

Dichas indicaciones son las siguientes:

1º La de los señores Bauer, Correa, Kast y Rojas para suprimir la frase “en conformidad a la ley”, y

2º La de los señores Bauer, Longton, Martínez, Monckeberg y Kast para agregar, en punto seguido, la siguiente oración final: “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema.”.

3º Posteriormente, durante el transcurso del debate, los diputados señores Bauer, Correa, Kast y Rojas, agregaron una tercera indicación para intercalar entre las palabras “Estado” y “financiar” la siguiente frase “en conformidad a una ley de quórum calificado”.

DISCUSIÓN DE LAS INDICACIONES

Durante la discusión de las referidas indicaciones, la Comisión contó con la colaboración de las siguientes personas:

- Doña Mariana Aylwin Oyarzún, ministra de Educación.

- Don José Weinstein Cayuela, subsecretario de Educación.

- Don Juan Vilches Jiménez, abogado, asesor de la señora ministra.

- Don Pedro Montt Leiva, asesor del Ministerio de Educación.

- Don Hugo Montaldo Salas, abogado, coordinador jurídico del Ministerio de Educación.

DEBATE

La ministra señora Aylwin hizo presente el deseo de concertar las voluntades de las distintas corrientes políticas para dar un apoyo unánime a una iniciativa de esta naturaleza, pero consideraba que las indicaciones presentadas eran más propias del debate que debería abrirse al tratar la ley que complementaría este proyecto y no del de la reforma constitucional misma.

En efecto, la primera indicación propone suprimir la frase “en conformidad a la ley” , siendo que tanto la educación básica como ahora la media, son y serán obligatorias por así disponerlo la ley. Recordó que la Comisión, en su primer informe, suprimió los términos “hasta los 18 años de edad”, supresión que hacía aún más necesario conservar la frase que se propone suprimir, toda vez que si así no fuera, ante la total falta de una regulación legal, podría entenderse que ambos niveles educacionales tendrían carácter obligatorio para toda la población, compromiso que nadie estaría en condiciones de asumir.

En lo que se refiere a la segunda indicación, que busca agregar después de la palabra “Estado” la frase “en conformidad a una ley de quórum calificado”, a fin de que sea una ley de tal rango la que regule el financiamiento del sistema gratuito, obedeciendo a una cierta inquietud por el futuro del sistema del financiamiento compartido, sostuvo que ello parecía una exageración no sólo porque el referido sistema había experimentado ya dos modificaciones mediante leyes de quórum simple, sino porque su origen mismo arrancaba de indicaciones presentadas a la ley de Subvenciones, también de quórum simple. A su juicio, la regulación del financiamiento fiscal debía tener la suficiente flexibilidad como para introducirle las correspondientes adecuaciones en el momento oportuno, agregando que el mismo Mensaje señalaba que no se pretendía suprimir el mecanismo del financiamiento compartido en la educación media municipalizada, sino introducirle las necesarias adecuaciones para asegurar el cumplimiento de los fines de la reforma.

En cuanto a la tercera indicación, que pretende agregar una oración final del siguiente tenor “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema.”, señaló que tanto la participación de los padres como el mecanismo del financiamiento compartido, eran materias propias de la ley regulatoria las que no tenían por qué consagrarse en la Carta Política, en la que solamente deberían figurar los principios fundamentales. A su juicio, el debate en esta oportunidad debería versar sobre si se desea o no que la educación media tenga carácter obligatorio hasta los 18 años de edad y si el Estado debe o no financiar una sistema gratuito con tal fin.

Por todas las razones descritas, señaló que el Ejecutivo se inclinaba por no acoger las indicaciones presentadas.

El diputado señor Saffirio se pronunció, igualmente, en contra de las indicaciones, afirmando que ellas reflejaban un exceso de celo por parte de sus patrocinantes, por cuanto nadie en el Gobierno se oponía al aporte privado a la educación. Señaló, asimismo, que si se efectuaba un análisis de las disposiciones del artículo 19 de la Constitución Política, podía verificarse que las materias que esa norma encargaba regular a una ley de quórum calificado, como sería el caso del establecimiento de la pena de muerte, eran asuntos de mucha trascendencia y relevancia, que no guardaban una relación de proporcionalidad con los mecanismos de financiamiento para la educación.

El diputado señor Montes apoyó, asimismo, la posición de la señora ministra por cuanto, a su juicio, ella apuntaba a lo substantivo del proyecto, es decir, a establecer una obligatoriedad educacional de 12 años. Lo demás que planteaban las indicaciones sería materia de otro debate.

En lo que se refiere al mecanismo del financiamiento compartido, recordó que su origen en la ley de Subvenciones no había sido objeto de debate bajo las reglas del sistema democrático como también que más tarde debieron introducírsele diversas modificaciones, tales como el sistema de becas o la obligación de los sostenedores de rendir cuentas de los aportes de los padres o la anticipación con que debía notificarse a estos últimos acerca de los aranceles a cobrar, resultando de todo ello un sistema bastante complicado, que, si bien representaba un mecanismo que reglaba los aportes paternos, los que siempre se habían efectuado y a los que nadie se oponía, suscitaba el rechazo de muchas personas por las distorsiones a que daba lugar.

El diputado señor Luksic contrastó la remisión que hace a la ley la modificación que se introduce, con el texto vigente del inciso quinto del Nº 10 del artículo 19 que no lo hace, señalando que ello significaba someter a la decisión del Poder Legislativo, resolver acerca del financiamiento de la educación entre los particulares y el Estado y la proporción que corresponderá a cada uno, razón que justificaría plenamente su consagración en una ley simple. Recordó, asimismo, que los tres casos que el artículo 19 encomienda normar a una ley de quórum calificado, se refieren a materias de gran trascendencia como el derecho a la vida, el pluralismo o la libertad económica, rango que la materia en estudio no posee. Sostuvo, incluso, que la necesidad de una ley le había sido explicada como una forma de reglar la participación de los particulares, circunstancia que le parecía suficiente garantía de continuidad para esa participación.

El diputado señor Kast fundamentó las indicaciones presentadas en que temas de tanta importancia como la obligatoriedad de la educación media hasta los 18 años de edad y el mecanismo por el cual más de un millón de alumnos participa en el sistema educacional chileno, no parecía prudente que quedaran sujetos a la regulación de una ley de quórum simple, es decir, la simple mayoría de los diputados presentes en la Sala. A su juicio, parecía razonable una mayor estabilidad, la que se lograba con una norma de quórum calificado, es decir, más del 50% de los diputados en ejercicio.

Manifestó que la gran cantidad de alumnos que estudian bajo el sistema del financiamiento compartido, aun cuando no se aplica en el nivel básico, significaba un aporte de alrededor de dos mil seiscientos millones de pesos anuales, por lo que no parecía lógico coartar la participación de los padres ni permitirles exigir resultados sobre la base de los aportes que efectúan.

Expresó extrañeza por la presentación del proyecto, toda vez que se había logrado un consenso para la regulación por medio de una norma con quórum especial, en la que se mantendría el financiamiento compartido para los establecimientos que ya lo tienen y se introducirían nuevas modificaciones al mismo para mejorar su aplicación, como, por ejemplo, el aumento a 66% del quórum de aprobación para adoptar el sistema.

Cerrado finalmente el debate, la Comisión procedió a votar separadamente la primera parte de la indicación que suprime la frase “en conformidad a la ley” y que intercala entre las palabras “Estado” y “financiar”, las expresiones “en conformidad a una ley de quórum calificado”, rechazándola por mayoría de votos (9 votos en contra, 4 a favor y 1 abstención).

La segunda parte de la indicación, la que agrega al final del inciso, substituyendo el punto final por un punto seguido, la siguiente oración “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema.”, se rechazó, asimismo, por igual votación. (9 votos en contra, 4 a favor y 1 abstención).

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN

De acuerdo a lo anterior, la Comisión recomienda rechazar las indicaciones presentadas, manteniendo su proposición anterior en cuanto a aprobar el proyecto de acuerdo al siguiente texto:

“PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo único.- Substitúyese el inciso quinto, del número 10, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.”.

Sala de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a 20 de noviembre de 2002.

Se mantuvo como diputado informante el señor Zarko Luksic Sandoval.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los diputados señor Zarko Luksic Sandoval (Presidente), señora Laura Soto González y señores Gabriel Ascencio Mansilla, Eugenio Bauer Jouanne, Germán Becker Alvear, Jorge Burgos Varela, Guillermo Ceroni Fuentes, Sergio Correa de la Cerda, Fidel Espinoza Sandoval, Rodrigo González Torres, Carlos Montes Cisternas, Carlos Olivares Zepeda, José Antonio Kast Rist, Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez.

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO, Secretario”.

ESTABLECIMIENTO DE OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA. Reforma constitucional. Primer trámite constitucional.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el informe complementario de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, recaído en el proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

Diputado informante de las Comisiones unidas es el señor Zarko Luksic .

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 3039-07, sesión 36ª, en 3 de septiembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 3.

-Informe de las Comisiones unidas de Educación y Constitución, sesión 1ª, en 1 de octubre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 27.

-Informe complementario de las Comisiones unidas, sesión 28ª, en 3 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 7.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Antes de ofrecer la palabra, cito a reunión de Comités en la Sala de Lectura.

Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes .

El señor MONTES.-

Señora Presidenta, el diputado informante, Zarko Luksic , debido a un problema personal, va a llegar más tarde, razón por la cual lo voy a reemplazar en la presentación de este informe.

Las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación emiten este informe complementario, en conformidad con lo resuelto por la Sala en su sesión 13ª, de 5 de noviembre de este año. Dichas Comisiones deben complementar su informe en el sentido de pronunciarse sobre las siguientes indicaciones que se formularon en la referida sesión:

La primera, de los diputados señores Bauer , Correa, Kast y Rojas, para suprimir la frase “en conformidad a la ley”.

La segunda, de los diputados señores Bauer , Longton , Martínez , Monckeberg y Kast para agregar, en punto seguido, la oración final: “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema”.

La tercera, de los diputados señores Bauer , Correa, Kast y Rojas, para intercalar, entre las palabras “Estado” y “financiar”, la frase “en conformidad a una ley de quórum calificado”.

Durante la discusión de las indicaciones estuvieron presentes la señora Mariana Aylwin Oyarzún , ministra de Educación; el señor José Weinstein Cayuela , subsecretario de esa cartera; el señor Pedro Montt , asesor de ese ministerio; el señor Hugo Montaldo Salas , coordinador jurídico de la cartera, y el señor Juan Vilches Jiménez , abogado y asesor de la señora ministra, quien falleció sorpresivamente este sábado.

Por lo tanto, aprovecho esta ocasión para rendir un homenaje al señor Juan Vilches . Fue una persona de gran capacidad profesional y humana, quien, en los últimos doce años, nos acompañó durante toda la tramitación de materias educacionales. Falleció mientras trabajaba en el ministerio y sin que su familia se percatara hasta cuando, muy tarde por la noche, lo fuera a buscar.

En relación con el debate de las indicaciones, la señora ministra hizo presente el deseo de concertar las voluntades de las distintas corrientes políticas para dar apoyo unánime a una iniciativa constitucional, pero dijo que consideraba que las indicaciones presentadas eran más propias del debate que debería abrirse al tratar la ley que complementaría este proyecto y no del de la reforma constitucional misma.

En efecto -dijo-, la primera indicación propone suprimir la frase “en conformidad a la ley”, en circunstancias de que tanto la educación básica como ahora la media son y serán obligatorias por así disponerlo la ley. Recordó que la Comisión, en su primer informe, suprimió los términos “hasta los 18 años de edad”. Con ello, se hacía aún más necesario conservar esa frase que se propone suprimir, toda vez que, ante la total falta de una regulación legal, podría entenderse que ambos niveles educacionales tendrían carácter obligatorio para toda la población, compromiso que nadie estaría en condiciones de asumir -a no ser hasta los 18 años-.

En lo que se refiere a la segunda indicación, que pretende agregar la oración final “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema.”, la ministra señaló que tanto la participación de los padres como el mecanismo del financiamiento compartido son materias propias de la ley regulatoria, y que, por lo tanto, no tenían por qué consagrarse en la Carta Política, en la que solamente deberían figurar los principios fundamentales. A su entender, en esta oportunidad, el debate debería versar sobre si se desea o no que la educación media tenga carácter obligatorio hasta los 18 años de edad y si el Estado debe o no financiar un sistema gratuito con tal fin.

En cuanto a la tercera indicación, que agrega, después de la palabra “Estado”, la frase “en conformidad a una ley de quórum calificado”, a fin de que sea una ley de tal rango la que regule el financiamiento del sistema gratuito, obedeciendo a una cierta inquietud por el futuro del sistema del financiamiento compartido, sostuvo que ello parecía una exageración no sólo porque el referido sistema había experimentado ya dos modificaciones mediante leyes de quórum simple, sino porque su origen mismo arrancaba de indicaciones presentadas a la ley de subvenciones, también de quórum simple. A su juicio, la regulación del financiamiento fiscal debe tener la suficiente flexibilidad como para introducirle las correspondientes adecuaciones en el momento oportuno. Agregó que el mismo mensaje señalaba que no se pretendía suprimir el mecanismo del financiamiento compartido en la educación media municipalizada, sino introducirle las necesarias adecuaciones para asegurar el cumplimiento de los fines de la reforma.

Por todas las razones descritas, expresó que el Ejecutivo se inclinaba por no acoger las indicaciones presentadas.

El diputado señor Saffirio se pronunció, igualmente, en contra de las indicaciones. Afirmó que ellas reflejaban un exceso de celo por parte de sus patrocinantes, por cuanto nadie en el Gobierno se oponía al aporte privado a la educación.

Señaló, asimismo, que si se efectuaba un análisis de las disposiciones del artículo 19 de la Constitución Política, podía verificarse que las materias que esa norma encargaba regular a una ley de quórum calificado, como sería el caso del establecimiento de la pena de muerte, eran asuntos de mucha trascendencia y relevancia, que no guardaban una relación de proporcionalidad con los mecanismos de financiamiento para la educación.

Otros diputados apoyaron la posición de la ministra, por cuanto ella reafirmaba lo sustantivo del proyecto, es decir, la obligatoriedad educacional de 12 años. Los aspectos que planteaban las indicaciones serían materia de otro debate.

El diputado señor Luksic contrastó la remisión que hace a la ley la modificación que se introduce con el texto vigente del inciso quinto del N° 10º del artículo 19, que no la hace. Señaló que ello significaba someter a la decisión del Poder Legislativo el financiamiento de la educación entre los particulares y el Estado y la proporción que correspondía a cada uno, razón que justificaría plenamente su consagración en una ley simple.

Recordó, asimismo, que los tres casos en que el artículo 19 encomienda normar a una ley de quórum calificado se refieren a materias de gran trascendencia, como el derecho a la vida, el pluralismo o la libertad económica, rango que la materia en estudio no posee.

Sostuvo, incluso, que la necesidad de una ley le había sido explicada como una forma de reglar la participación de los particulares, situación que le parecía suficiente garantía de continuidad para esa participación.

El diputado señor Kast fundamentó las indicaciones presentadas en el sentido de que temas de tanta importancia como la obligatoriedad de la educación media hasta los 18 años de edad y el mecanismo por el cual más de un millón de alumnos participa en el sistema educacional chileno, no parecía prudente que quedaran sujetos a la regulación de una ley de quórum simple, es decir, a la simple mayoría de los diputados presentes en la Sala. A su juicio, parecía razonable una mayor estabilidad, que se lograría con una norma de quórum calificado.

Manifestó que el gran número de alumnos que estudian en el sistema del financiamiento compartido, aun cuando no se aplica en el nivel básico, significaba un aporte de alrededor de 2 mil 600 millones de pesos anuales, por lo que no parecía lógico coartar la participación de los padres ni permitirles exigir resultados sobre la base de los aportes que efectúan. Lo cierto es que esos alumnos no aportan 2 mil 600 millones de pesos -como se indicó-, sino 125 mil millones de pesos.

Cabe señalar que el sistema del financiamiento compartido también se aplica en el nivel básico de los colegios particulares subvencionados.

Asimismo, el diputado señor Kast expresó extrañeza por la presentación del proyecto, toda vez que se había logrado un consenso para la regulación de la materia por medio de una norma con quórum especial, en la que se mantendrían los términos que señalaba.

Cerrado el debate, la Comisión procedió a votar separadamente la primera parte de la indicación, que suprime la frase “en conformidad a la ley” y que intercala, entre las palabras “Estado” y “financiar”, las expresiones “en conformidad a una ley de quórum calificado”. Fue rechazada por mayoría de votos (nueve votos en contra, cuatro a favor y una abstención).

La segunda parte de la indicación, que agrega, al final del inciso, sustituyendo el punto final por un punto seguido, la oración “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema.”, se rechazó por la misma votación anterior.

La Comisión, por lo tanto, recomienda rechazar las indicaciones, manteniendo su proposición en cuanto a aprobar el proyecto en los siguientes términos:

“Artículo único.- Sustitúyese el inciso quinto, del número 10, del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población”.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado Eduardo Saffirio .

El señor SAFFIRIO.-

Señor Presidente, en mi nombre y en representación de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio nuestro apoyo total al proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media por 12 años.

Hoy discutimos un proyecto de reforma constitucional que, sin lugar a dudas, marca un hito en el desarrollo de la República democrática de Chile. Como señaló el Presidente de la República hace algunos meses, es el momento de recordar la profunda continuidad que existe entre el debate de este proyecto y otros momentos de nuestra historia republicana. Es el momento de recordar a Balmaceda, quien, a fines del siglo XIX, utilizó parte de la renta del salitre para desarrollar un vasto plan de construcción de escuelas y de obras públicas. Es el momento de recordar al Presidente Juan Luis Sanfuentes , quien, en 1920, treinta años después del balmacedismo, luego de elecciones democráticas, tomó el control del Ejecutivo y, a través de esa corriente del Partido Liberal, dictó la ley de Instrucción Primaria Obligatoria y gratuita, por cuatro años. Algunos años después, en el primer gobierno del general Ibáñez, ella se extendió a seis años; y fue a mediados de la década de los ’60, durante el gobierno del Presidente Frei Montalva, que la obligatoriedad de la enseñanza básica se extendió a ocho años. Hay continuidad en la historia de la República durante 120 años de expansión de la educación, y esto es fundamental decirlo hoy quizás más que nunca.

La importancia de esta reforma es tan central como la de otros proyectos que la Cámara de Diputados y el Senado de la República discutieron para avanzar hacia una sociedad que no solamente tenga el nombre retórico de democrática, sino que cree las condiciones materiales básicas y elementales para generar mayor igualdad de oportunidades, una sociedad más justa, más solidaria, más decente; una sociedad donde la palabra “ciudadanía” no sea sólo una moda en los escritos de los cientistas políticos o de los profesores de derecho constitucional, sino que se haga carne en la práctica y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Materias como éstas son realmente los puntos de consenso en una sociedad democrática. Es el momento de recordar a Balmaceda, a Sanfuentes , a Ibáñez, la gran obra de los tres gobiernos radicales en el siglo XX, los procesos de transformación de la educación en el gobierno del Presidente Frei Montalva y, por supuesto, lo que hemos hecho en estos tres gobiernos de la Concertación.

La enseñanza es obligatoria; pero si no se asegura la gratuidad y el Estado no provee las condiciones materiales y de infraestructura, de recursos escolares y didácticos, esto es letra muerta.

En estos momentos, en que el mundo vive procesos de involución democrática, retroceso en el desarrollo social; en que la exclusión, el desempleo, la marginalidad, no solamente en América Latina, sino que también en el resto del mundo se han vuelto a hacer carne, retrocediendo sociedades avanzadas incluso a momentos democráticos o políticos que se creían superados, es más importante que nunca dar estos pasos.

Personalmente, he tenido siempre algunas sospechas sobre la lectura optimista según la cual estamos en un momento histórico en que, producto de que los recursos de poder en una sociedad se han trasladado desde el control del dogma, el control de la fuerza militar, el control de la propiedad, hacia la educación, estaríamos a las puertas de una sociedad más igualitaria, más democrática, más decente, como no ha conocido la humanidad en su historia.

En esta llamada sociedad del conocimiento y en medio de la revolución tecnológica y del cambio acelerado que estamos viviendo en los últimos treinta años, efectivamente existe la posibilidad de que esto sea así; pero lo estará en la medida en que exista la conducción política en una sociedad democrática para asegurar que el acceso a ese factor fundamental en la sociedad actual y en la que viene, se expanda hacia todos los grupos de una sociedad; porque, de lo contrario, en esta era del conocimiento podemos estar preparando las bases para una sociedad con los mayores niveles de desigualdad que haya conocido la humanidad en su historia; y por eso hoy los economistas incluso hablan de que avanzamos muchas veces -en estos últimos veinte o treinta años- a una sociedad en la cual los ganadores se lo llevan todo, y por eso la brecha, las desigualdades abismales en muchas ocasiones, la exclusión, la marginalidad.

Esta reforma apunta, junto con vincularse a la continuidad histórica de la República, a un punto central, cual es el consenso en la construcción de una sociedad que reduzca efectivamente las desigualdades, que promueva la movilidad social y una ciudadanía más verdadera, más real y más activa. No solamente por la fuerza de avanzada social que está hoy en este Congreso -y que entroncamos con la obra histórica de Balmaceda, de Sanfuentes, de Ibáñez, de los gobiernos radicales, de los gobiernos democratacristianos, de los gobiernos de la Concertación-, debiéramos llegar a este acuerdo, desechado hoy día en medio de un consenso amplio que existe en Chile, sobre la base de reformas drásticas al régimen de propiedad. Desechada la posibilidad de impuestos confiscatorios, no queda otro camino para redistribuir el poder en esta sociedad, para construir una sociedad más democrática e igualitaria, que garantice el acceso a una educación de buena calidad, gratuita, obligatoria, en una perspectiva crecedora, además de esa educación como sociedad, que es lo que hoy estamos haciendo.

Por eso, este proyecto también debiera ser aprobado por las fuerzas políticas de Derecha. No debieran repetir el error histórico que hoy está consagrado en cualquier texto de historia, que cometieron en otros debates a propósito de esto. No está en el orden natural de las cosas la jerarquía de la desigualdad entre los seres humanos. La posibilidad de una sociedad democrática está en romper esa lógica de la ley de la selva o de la sociedad empírica; no está en la lógica o en la naturaleza de las cosas, en la vida social, la exclusión y la marginalidad, en la medida en que estemos dispuestos, oportunamente, a dar los pasos para asegurar mayores niveles de igualdad, de solidaridad y de inclusión social.

Es importante este proyecto. Llamo a los opositores de Derecha a mirar esta reforma en perspectiva histórica y a no repetir argumentos que se dieron en otros debates; por ejemplo, tratar de contraponer, a estas alturas del siglo XXI, un presunto clivaje o línea de conflicto o fisura social entre laicos y clericales, que tanto daño le hizo al país en el siglo XIX, y que significó, entre otras cosas, que no tomáramos en cuenta a tiempo los problemas sociales que luego crearon inestabilidad política, violencia, muerte y represión a principios del siglo XX.

Hemos dicho, en el debate en la Comisión de Educación, que no nos parece razonable extender el quórum calificado a la posibilidad del copago de padres y apoderados, y hemos citado incluso la Constitución Política de 1980, que, como se sabe, no es una Constitución en cuyo origen hayan estado presentes las fuerzas políticas de la Concertación, para decir que las indicaciones que se presentaron debieran ser rechazadas, porque no es lo mismo la posibilidad del pago de los padres y de los apoderados -a lo cual no nos oponemos por principio-, que regular la pena de muerte, el derecho a la seguridad social, las limitaciones al Estado empresario o las limitaciones al derecho a la propiedad y el dominio. Están en un nivel distinto. Esto puede ser un principio valioso que haya que tener a la vista al momento de suscitar debate público o de dictar una legislación; pero, obviamente, tales valores están en un nivel tan superior que incluso aquellos que no estamos de acuerdo con algunos de los principios ideológicos que en ese artículo se consagra, aceptamos, como argumento de sentido común, que tienen importancia significativa y mucho más alta, por supuesto, que la posibilidad del pago.

Por estas razones, nuestra bancada va a concurrir con su voto favorable a este proyecto de reforma constitucional en el entendido de que estamos haciendo una reforma cuyos frutos no los verán los gobiernos de la Concertación, ni probablemente los gobiernos democráticos de las próximas décadas; pero estamos sentando una base fundamental para una sociedad más igualitaria, más decente y más democrática.

Es un momento histórico. Nos alegramos de estar hoy en esta Sala para poder decir estas palabras y manifestar nuestro voto favorable a esta iniciativa, que entronca con las mejores tradiciones democráticas igualitarias de desarrollo social de la República.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Ibáñez .

El señor IBÁÑEZ.-

Señora Presidenta, a pesar de que nuestro colega Saffirio nos ha indicado cómo debemos hablar y votar, además de lo que tenemos que decir en esta ocasión, me voy a permitir tener una opinión propia -si me lo permite el colega-, sin perjuicio de valorar muchísimo lo que él ha señalado.

En verdad, con el fondo de este proyecto no podemos estar sino totalmente de acuerdo. Todos hacemos lo posible por que en nuestro país haya una educación al alcance de todas las personas y que ésta sea lo más completa posible en todos sus niveles.

Hemos apoyado siempre la educación preescolar o parvularia, la educación básica, como también sucesivos proyectos destinados a reforzar la educación media y la superior.

En verdad, un país no puede proyectarse si su juventud, especialmente, no tiene acceso a una educación acorde con el avance del conocimiento, al día, moderna y completa.

La cuestión es saber cómo se enfrenta ese desafío y si se cumplen las exigencias necesarias para alcanzar esa meta.

En esta ocasión se nos propone un proyecto de reforma en que se incorpora a la Carta Fundamental la gratuidad y la obligatoriedad de la educación media, y se impone al Estado el deber de financiar un sistema con tal objeto.

Tal como lo dije en la discusión previa que tuvimos hace una semana, en este proyecto hay un primer sofisma: que puede haber un sistema de educación gratuito. Quiero que quede muy en claro que no hay nada gratuito al respecto. Puede ser gratuito para los usuarios, que es distinto; pero alguien lo va a tener que pagar. Y, desgraciadamente, como lo hemos visto en la historia de nuestro país, la gratuidad de la educación que se define como tal, muchas veces la pagan los mismos profesores, con bajísimos sueldos; el personal auxiliar, con muy malas remuneraciones, y un equipamiento material siempre atrasado, siempre incompleto y siempre deficiente.

Al discutir un proyecto como éste, tengamos a la vista la experiencia histórica del sistema educacional manejado, financiado y administrado por el Estado, y las gravísimas falencias que ello ha generado, aparte del costo superior que aquél les ha significado a las fuerzas del país por el beneficio que él le ha proporcionado a nuestra juventud.

Si analizamos lo que le cuesta al país la instrucción que reciben nuestros jóvenes educandos que cursan la educación parvularia y básica, nos daremos cuenta de que estamos incurriendo en costos absolutamente desmesurados y entregando una educación de calidad mediocre y deficiente, como lo atestiguan todos los exámenes y testeos a que ésta se ha sometido de acuerdo con los parámetros internacionales.

Por lo tanto, debemos preguntarnos si corresponde que el Estado asuma aun una tarea mayor, en circunstancias de que lo que hasta hoy ha manejado no lo ha podido cumplir ni siquiera en forma mínimamente razonable.

Sin querer extenderme mayormente en el tratamiento de este proyecto, no puedo dejar de llamar la atención sobre lo que señala el informe de la Comisión en cuanto a que este proyecto de ley no requiere pronunciamiento de la Comisión de Hacienda. Perdónenme que sea extremadamente prosaico en un momento en que se favorecen las declaraciones líricas, de principios, y ponga sobre el tapete del debate cómo se va a financiar este proyecto.

Quiero preguntarle a la señora ministra, aquí presente: ¿Cuánto cuesta implementar este proyecto? ¿Será posible contar con alguna cifra aproximada para hacernos una idea de lo que cuesta esta gratuidad? Es muy fácil incorporar a la Constitución Política preceptos como éste y que, por supuesto, venden mucho frente al electorado; como también es muy difícil contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿De dónde saldrán los recursos para llevar adelante este proyecto?

Señora Presidenta, mientras estas preguntas no tengan respuesta, voy a abstenerme, porque no considero razonable ni tampoco justo para la juventud y el país, venderles una idea que después será mal cumplida, o bien que no se concretará jamás.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Aníbal Pérez .

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señora Presidenta, lo primero que me gustaría destacar en este debate es que estamos en presencia de uno de los proyectos de ley más importantes de la actual legislatura. Incluso me atrevería a decir que será una de las iniciativas que marcarán el sino del gobierno del Presidente Lagos. Ésa es la importancia que le doy a esta reforma constitucional. También estamos dando un tremendo paso para obtener un país más educado, más capacitado, con más conocimiento, al establecer en la Constitución Política la obligación de que todos los ciudadanos tendrán derecho gratuito a la educación básica y media.

Más allá de compararnos con países desarrollados, que han alcanzado el progreso y han derrotado la miseria, este paso que estamos dando apunta justamente en ese sentido. Está comprobado que la educación es un elemento fundamental, básico y esencial para superar la pobreza. Está comprobado empíricamente, además, que un joven que llegó a la universidad, gana, en promedio, cuatro veces más del que sólo cumplió con la educación básica.

Estamos hablando de igualdad de oportunidades, de solidaridad y de crecimiento con equidad al apoyar esta reforma constitucional, que apunta a establecer la obligatoriedad y también la gratuidad para la enseñanza media de todo el país.

Además, con esta reforma constitucional eliminaremos una situación injusta, discriminatoria, que afecta fundamentalmente a los hijos de campesinos, por cuanto el 90 por ciento de las escuelas rurales sólo tienen cursos hasta 4º u 8º básico. No hay más posibilidades para ellos, como ocurre en el caso de los niños de mi distrito -que comprende, entre otras, las comunas de La Estrella, Marchihue , Paredones , San Pedro de Alcántara , Navidad, Peralillo o Pichilemu -, porque en los lugares donde funcionan las pequeñitas escuelas rurales, la educación tiene dicho tope. En consecuencia, en nuestro país existe discriminación con los niños del mundo rural respecto de las posibilidades reales de acceder a una educación que les permita desarrollarse con mejores expectativas y mayores oportunidades en el futuro. De ahí la importancia de este proyecto, que soluciona un problema fundamental para los niños del mundo rural.

Por otro lado, me sorprende la posición del diputado señor Ibáñez cuando dice que, en el fondo, está de acuerdo con el proyecto que posibilita la educación gratuita de los niños de enseñanza básica y media, y luego se pregunta quién pagará la tremenda cuenta que significa darles educación obligatoria a los niños de nuestro país. Mi respuesta al diputado Ibáñez es que cueste lo que costare, debemos ser capaces de dar igualdad de oportunidades a los niños de todo el país, tanto a los de la cultura urbana como a los de la cultura campesina. En caso contrario, no estaremos construyendo un país moderno, solidario, democrático, como, estoy cierto, la mayoría de los integrantes de la Sala quiere construir.

Daré sólo un ejemplo de dónde podríamos sacar la plata. El otro día en el “El Mercurio”, en el cuerpo B, de Economía y Negocios, se señalaba la cifra de 670 mil millones de pesos como utilidades del sector financiero en los primeros ocho meses del año. En este país hay sectores que ganan mucha plata -es bueno que la ganen-; pero también pongamos un componente de solidaridad para buscar los recursos que permitan financiar esta importante iniciativa legislativa, enviada por el Presidente Lagos .

Así como vamos a financiar la salud, también debemos ser capaces de financiar la educación; así como al año financiamos 100 mil viviendas, debemos ser capaces de financiar aquélla. Es una apuesta de país, es un desafío que debemos enfrentar entre todos y buscar los recursos, cueste lo que costare, para lograr una igualdad de oportunidades reales respecto de un tema tan importante como es la educación.

Por eso, nuestra bancada apoyará este proyecto; porque, como decía, apunta a algo fundamental: otorgar mayores posibilidades de desarrollo, de conocimiento y de crecimiento a todos los niños por igual. En consecuencia, apunta a la base, a fin de que haya un país más culto y solidario, y de esa manera avanzar en forma efectiva hacia el desarrollo y a superar la pobreza. Por eso, el proyecto contará con el apoyo unánime de la bancada de diputados del PPD.

En la práctica, la norma que se establece -que no será sólo una norma programática de la Carta Fundamental- consolida una política de Estado de carácter permanente, en virtud de la cual mantendremos a los jóvenes y niños en las aulas y lograremos que desarrollen a plenitud sus potencialidades intelectuales, humanas y emocionales.

La educación no es un tema de modelos particulares, de miradas de izquierda o de derecha. Ella debe ser una política común de Estado, sostenida en el tiempo, que nos permita avanzar. Hoy todos los expertos nos dicen que uno de los cuellos de botella de nuestro futuro desarrollo económico y productivo está precisamente ahí, en el nivel educacional del país.

Necesitamos chilenas y chilenos más educados, con mayores conocimientos, con más cultura y con las nuevas habilidades que se requieren para desenvolverse en una sociedad crecientemente tecnologizada. Desde esa óptica, no cabe duda alguna de que la obligatoriedad y gratuidad de las enseñanzas básica y media apuntan hacia esa dirección.

Por lo tanto, reitero el apoyo irrestricto de la bancada del Partido por la Democracia a este importante proyecto de ley.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Luksic .

El señor LUKSIC.-

Señora Presidenta, aquí ya se manifestó que el proyecto en discusión es una reforma de gran trascendencia, máxime si se considera que son escasas las posibilidades de reformar la Constitución Política en un aspecto de tanta importancia como es el de las garantías constitucionales. Me atrevo a decir que ésta es la primera vez que ocurre. Por la importancia del Capítulo III, relativo a los derechos y deberes constitucionales, la Carta Fundamental estableció un quórum de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio para su aprobación, lo que es muy alto.

Por eso, es de gran trascendencia esta discusión. Aquí ya se habló de lo que significará, desde el punto de vista de la equidad y de la igualdad de oportunidades, la obligatoriedad de la educación media; es decir, los niños y jóvenes deberán estudiar en forma obligatoria 12 años. Además, para darle realmente el carácter de equidad, igualitario, la reforma constitucional establece que el Estado deberá financiar un sistema gratuito con tal objeto.

A mi juicio, con esto nos asemejamos a la doctrina que habla de un Estado de derecho sustantivo, a diferencia del Estado de derecho formal. Este último incluye como exigibles y vinculantes las garantías constitucionales relacionadas con la libertad individual, de trasladarse y también los derechos políticos, como es la posibilidad de elegir y de ser elegido. Sin embargo, aquí se vinculan los famosos derechos económicos sociales, entre los cuales el de la educación es de los primeros. Por eso, uno podría decir que estamos avanzando hacia una democracia mucho más consolidada, a un Estado de derecho de carácter económico-social, a una democracia que no sólo permite la libertad, de elegir y ser elegido, sino también a un Estado que satisface las necesidades materiales básicas de su población.

Me atrevería a decir que éste es un momento histórico, por las razones que he mencionado. Después de doce años, se reforma por primera vez el Capítulo III de la Carta, “De los Derechos y Deberes Constitucionales”. Otros hablan también de los derechos humanos, porque se vinculan a los civiles; éste, claramente, es de carácter económico-social.

Quiero decir algo que, quizás, no dice relación inmediata con el debate y la importancia que reviste la reforma desde el punto de vista de ampliar los derechos de educación a la población.

Las bases de la Constitución tienen un claro carácter liberal, con un sistema de democracia protegida. Pues bien, poco a poco estamos corrigiendo esa característica. El hecho de que la garantía constitucional del derecho a la educación se amplíe -no digo que rompa ese carácter liberal- nos asemeja a un Estado más social, a una mirada que hoy no está muy en boga -me atrevería a decir que se encuentra de capa caída-, pero que, sin lugar a dudas, está siendo una necesidad para aquellos sistemas democrático-económicos de un claro y sostenido corte liberal. El Estado -de esta forma estoy dando respuesta al diputado Ibáñez , porque aquí hay un problema de fondo, no de pesos más o de pesos menos-, tan vilipendiado durante estos últimos años, mirado como algo gravoso, pesado, es el único que puede asegurar esas garantías constitucionales tan importantes como el derecho a la educación, la obligación de que los niños y las niñas de Chile puedan educarse durante doce años.

Esperamos que en materia de educación superior suceda lo mismo. Hay iniciativas y esfuerzos para que también los jóvenes puedan tener garantizado el acceso a ella. Pero ¿quién la financiará? ¿Las empresas privadas? ¿El interés individual de las personas? Sin lugar a dudas, las hay, porque existen grandes fundaciones que se preocupan del tema, pero como no dan abasto, el único que puede hacerlo es el Estado, el vilipendiado Estado. Por eso tiene gran relevancia esta reforma constitucional. Reitero que es primera vez que en nuestra Carta Fundamental ampliamos un derecho económico-social, como el de la educación, y establecemos que el Estado tiene la obligación de financiarlo.

Ahora bien, en el debate en las Comisiones unidas surgió la preocupación, y el diputado Kast presentó indicación al proyecto en relación con el aporte de las personas naturales. ¿Podrán contribuir al financiamiento del sistema? Tengo entendido que sí. La idea es mantener, en materia de educación media, un financiamiento compartido. En este sentido, hubo una duda de los diputados en cuanto a si esto debía ser regulado por una ley de quórum calificado.

Un gran avance o evolución que ha tenido el Estado moderno y nuestra democracia se refiere a que la Constitución debe ser vinculante. Ello quiere decir que dentro del principio de la supremacía constitucional, dentro de la jerarquía de las normas, la Constitución es la norma fundamental, y todas las demás leyes, sean de quórum calificado, orgánicas constitucionales o simples, igual que las normas de carácter administrativo, deben someterse a la Constitución. Ése es el principio de supremacía constitucional que también sigue nuestra Carta Fundamental.

Por lo tanto, a la pregunta de los diputados, tanto en la Comisión como en la Sala, acerca de cómo se regulará esta situación, debo decir que será a través de una ley, y que es obligación del Poder Legislativo tramitar un proyecto de ley al respecto. Si la ministra no dictara la ley, quedaría sujeta a una causal de acusación por infringir la Constitución. Es obligación dictar la ley. ¿Y qué rango tendrá? Será una ley simple, porque así también ha sido la tradición jurídica del país, ya que si no hay una mención expresa que ordene su regulación y desarrollo a través de una ley orgánica constitucional, debe ser una ley simple. Son muy pocos los casos en que nuestra Carta Fundamental establece materias de ley de quórum calificado: en el caso de la pena de muerte, en la creación del Consejo Nacional de Televisión y en lo relativo a la participación del Estado en actividades económicas.

Esta es una gran reforma. En primer lugar, hará obligatoria la educación de niños y niñas por doce años; en segundo lugar, garantizará, por el Estado, que será gratuita, y en tercer lugar, la regulación de la reforma se dejará a una ley simple, en materia de financiamiento compartido. En ese aspecto, escuché decir a la ministra que no se innovará respecto de ese financiamiento, pero eso es harina de otro costal, una materia que discutiremos en esta Sala.

Las reformas a la Constitución de ninguna manera deben ir amarradas al desarrollo. No puede ser que para ello debamos tener lista la ley de desarrollo y, además, los decretos de ejecución. Hoy estamos tramitando una gran reforma constitucional. Será este Poder del Estado el que se encargará de hacer una gran ley para regularla, y corresponderá a la administración Pública, a través del ministerio correspondiente, dictar los decretos para su ejecución. En lo personal, me parece muy razonable e indicado que esta reforma se regule por ley.

Reitero, éste es un gran día, porque hace mucho tiempo hemos reivindicado el rol del Estado en un derecho tan fundamental como el de la educación, en la cual, si él no interviene, no lo hará nadie. De ahí la importancia de esta reforma.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Becker .

El señor BECKER.-

Señora Presidenta, concordamos en que el proyecto de reforma constitucional que establece la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza media es de extraordinaria trascendencia para el país.

Fue en 1920 cuando un visionario parlamentario, Arturo Alessandri Palma, defendió con mucha entereza y capacidad la primera ley de este tipo, que establecía la obligatoriedad de cuatro años de la enseñanza primaria.

Tuvieron que pasar casi cincuenta años para que se lograra, definitivamente, la universalización de la educación primaria en Chile, ya que eso ocurrió sólo a fines de la década de los sesenta.

Obviamente, la dictación de una ley no logrará, como no lo hizo antes, que por arte de magia se produzca cobertura plena de la enseñanza media. Sin embargo, es claro que la actual situación de Chile es muy distinta a la de ese entonces, por lo que es el momento oportuno para dar esta fuerte e importante señal, en cuanto al compromiso del Estado para ampliar en nuestra Constitución, de ocho a doce años, la gratuidad y la obligatoriedad de la educación.

Todos sabemos que el desarrollo de un país está íntimamente ligado al nivel educacional de sus habitantes. Por ello, es indispensable que hagamos todos los esfuerzos que se requieran para mejorar la calidad y la cobertura de nuestra educación.

En esta era de la globalización, en la que debemos competir con los países desarrollados, es de vital importancia que las personas desarrollen todas sus habilidades y talentos para mejorar su productividad, de modo de posibilitar la exitosa inserción de Chile en un mundo tan competitivo como globalizado.

Por otro lado, existe un problema relacionado con la educación, como es la gran desigualdad en la distribución de los ingresos de las personas. Esa inequidad es más del doble de la que se produce en países de similar nivel de desarrollo del nuestro, y mucho mayor que la desigualdad de prácticamente todos los países latinoamericanos, con excepción de Brasil.

Existen estudios que demuestran que gran parte de la variabilidad de los ingresos de los asalariados es posible explicarla por diferencias en los años de estudio de esos trabajadores. Esa aseveración se puede ejemplificar muy claramente en el último informe de competitividad de las regiones. Específicamente, la Novena Región -donde está ubicado el distrito que represento- tiene los mayores índices de deserción escolar y los peores resultados en la prueba de rendimiento educacional Simce . Como resultado de lo anterior, la nuestra es la región más pobre del país y la que tiene mayor desigualdad en la distribución de los ingresos.

Del mismo modo, los cuadros estadísticos que nos entregaron del programa Chile Solidario demuestran la relación inversa que se produce entre educación y pobreza. En ese sentido, se puede observar que el analfabetismo en las familias incorporadas al programa Chile Solidario es de 23,5 por ciento, mientras que en el país es sólo de 4 por ciento; o sea, los más pobres son ocho veces más analfabetos en comparación con los habitantes del país.

Asimismo, existe una relación inversa entre escolaridad y pobreza. La escolaridad en las 225 mil familias que representan el 5,6 por ciento de los chilenos que se encuentran en el programa Chile Solidario es de cinco años, mientras que en el país es prácticamente el doble, de 9,8 años.

Por todo lo anterior, estamos ante uno de los proyectos de mayor trascendencia de los que aprobará el Congreso en este período.

La reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución Política, a través de la cual se establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza media, es un compromiso y una señal extraordinariamente fuerte en el sentido correcto, ya que Chile necesita, con urgencia, más y mejor educación para nuestros jóvenes, de modo que éstos aumenten su productividad con el consiguiente incremento en su remuneración, lo que permitirá reducir la brecha de desigualdad y posibilitará tener capital humano mejor preparado para una exitosa inserción de Chile en el mundo. Por eso, sin duda, el Ejecutivo tiene un gran desafío y un rol fundamental que cumplir a partir de la aprobación de esta reforma.

Sin embargo, existen algunas aprensiones respecto de la ley que regulará la forma en que se cumplirá la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza media, de las cuales el temor más grande y difundido tiene que ver con el sistema de financiamiento compartido.

En primer lugar, creemos indispensable cuantificar de qué estamos hablando. El financiamiento compartido de los colegios y liceos del sector municipal del país genera un aporte anual al Estado de sólo 2.600 millones de pesos. El número de personas que utilizan dicho financiamiento asciende a 105 mil alumnos, con cuotas que van desde 320 pesos, en un liceo de Chiguayante, a 11.980 pesos, en un colegio de la municipalidad de Las Condes. En total, sólo 44 de las 341 comunas utilizan el sistema de financiamiento compartido. Como es obvio, queremos que se mantenga ese sistema y siga existiendo la posibilidad, para los padres, de contar con financiamiento compartido para sus hijos, lo cual, de alguna manera, está garantizado por el Ejecutivo, ya que en el mensaje a través del cual se envió en tramitación parlamentaria el proyecto, se plantea que debe seguir existiendo dicho sistema.

En segundo lugar, está en cierto modo garantizada su mantención porque en la ley que establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza media también se regulariza la forma en que se dará el financiamiento compartido. El artículo 23 de dicha normativa legal señala que el sostenedor, para dar el financiamiento compartido, deberá realizar una consulta a los padres y apoderados que tengan alumnos matriculados en el establecimiento educacional, debiendo, a lo menos, el sesenta y seis por ciento de ellos pronunciarse en forma favorable. Es decir, un establecimiento municipal podrá brindar enseñanza con financiamiento compartido si dos tercios de los padres están de acuerdo en ello.

Por otro lado, la iniciativa se hace cargo de otros problemas de la educación, ya que exime del pago de matrículas a las familias más pobres, y a las pertenecientes al programa Chile Solidario las exime del pago de las cuotas del centro de padres, pero sin que dejen de pertenecer al mismo.

Por último, lo que me parece más interesante es que el proyecto se hace cargo del tema de la subvención pro retención para los sostenedores, a fin de mantener a los alumnos hasta cuarto medio, la cual se divide en cuatro tramos. A los sostenedores que tengan un alumno que pertenezca al programa Chile Solidario se les dará 580 pesos, con el fin de que puedan mantenerlo hasta cuarto año medio. Se trata de un aporte muy importante de dinero, por lo cual el Estado está haciendo un esfuerzo importante en ese sentido, ya que el aporte que deberá entregar es de aproximadamente 9 mil millones de pesos, financiamiento que no es sólo para los sostenedores del ámbito municipal, sino que también se extiende a los sostenedores del sector particular subvencionado.

Si bien la subvención por retención es muy positiva, con la ministra de Educación deberemos seguir conversando el tema cuando debatamos la legislación, porque otro aspecto que no se ha visto dice relación con las familias de los alumnos, a las cuales también habría que entregarles una subvención para que sus hijos no abandonaran sus estudios con el fin de dedicarse a trabajar, ya que sabemos que el cincuenta por ciento de los jóvenes que desertan de la enseñanza media lo hacen para trabajar en los campos. Para solucionar ese problema, deberemos analizar la posibilidad de que se construyan más internados y colegios, tema que se discutirá cuando se debata el proyecto de ley en el Congreso.

Finalmente, quiero anunciar que Renovación Nacional votará positivamente la reforma constitucional, ya que se trata de una materia que forma parte de la agenda de propuestas que nuestro partido entregó al Ejecutivo en enero de este año. En segundo lugar, daremos nuestro apoyo porque pensamos que es indispensable mejorar la cobertura y la calidad de la educación para insertarnos competitivamente en este mundo tan globalizado. En tercer lugar, todo proyecto que tienda a la igualdad entre los chilenos siempre será apoyado por Renovación Nacional.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .

El señor ESPINOZA.-

Señora Presidenta, tal como ya lo manifestara gran parte de mis colegas, hoy es un día muy especial e histórico, no sólo para nuestra nación en su conjunto, sino para la educación chilena en particular, y, por cierto, para los miles de niños y niñas que son el futuro de nuestro país.

Considero de enorme relevancia el proyecto que discutimos, ya que busca establecer, por ley, la obligatoriedad de la educación por un lapso de doce años para todos los estudiantes, hasta los 18 años, además de manifestar el irrestricto compromiso del Estado para garantizar la gratuidad de la misma.

En primer término, quiero referirme a lo que significa legislar a favor de la obligatoriedad de otorgar doce años de educación. Voy a partir con un ejemplo muy cercano, que quizás es reflejo de lo que ocurre desde Arica a Magallanes en miles de familias.

El fin de semana pasado, mientras realizaba actividades propias de mi distrito en la comuna de Puerto Varas, se me acercó una modesta vecina para hacerme presente su enorme preocupación, desvelo y deseo de que uno de sus hijos menores tuviera la posibilidad de postular a un espacio laboral, porque ello era absolutamente necesario para su familia, dadas las complejidades económicas por las que estaba atravesando.

Quiero manifestar que a ese joven, que sólo había llegado hasta octavo básico, en este mundo globalizado en que vivimos, donde la competencia laboral se ha transformado en un elemento bastante perjudicial para quienes no tienen estudios, la vida le ha jugado una muy mala pasada, así como a su familia.

Creo que gran parte de mis colegas han visto en el diario quehacer de sus actividades situaciones de este tipo. Por eso, estamos convencidos de que la carencia de educación de miles de jóvenes, que desertan por diferentes razones de sus aulas de clases, constituye un elemento de enorme relevancia para legislar hoy en beneficio de quienes se están educando a fin de que puedan terminar su cuarto año medio de manera obligatoria y, de esa forma, obtener mayor capacidad en el área humanística y técnica, a fin de enfrentar con mayores bríos y posibilidades el mundo laboral que el futuro les depara, una vez que hayan conformado, incluso, sus familias.

Por esa razón, considero de enorme importancia este proyecto presentado por el Ejecutivo.

Adhiero a las palabras de mi colega Eduardo Saffirio , quien manifestó que se trata de un proyecto histórico porque, de una u otra forma, permitirá, tal como lo dije en mi intervención, que miles de jóvenes y niños tengan una posibilidad real, concreta y efectiva de enfrentar el mundo laboral en el futuro o, en el mejor de los casos, materializar sus anhelos de culminar sus estudios en un centro de educación técnico-profesional o en alguna universidad.

Este proyecto es de enorme relevancia para Chile y sus futuras generaciones, pero también para los padres de miles de niños y niñas, quienes, a lo mejor, con anterioridad no asumían con absoluta responsabilidad y visión de futuro lo que significaba que un hijo les dijera: “Papá, mamá, yo no quiero seguir estudiando”. Hoy, esos niños que desertaron de la educación en el mundo rural o urbano, se ven enfrentados a una situación muy compleja: decidir entre un buen trabajo o uno de muy mala remuneración, con un salario ínfimo y vergonzoso, en algunos casos.

Provengo de la Décima Región, zona con altas características de ruralidad y donde se presentan los mayores grados de deserción escolar, y, a la vez, con los más bajos salarios del país, sin duda porque miles de jóvenes de esa región no tuvieron la posibilidad de culminar sus estudios de educación media, y hoy se ven enfrentados a ingresar al mundo laboral, donde, en el mejor de los casos, les pagarán el salario mínimo.

Es de gran relevancia aprobar este proyecto, sin distinciones y con la transversalidad que se requiere, cuya finalidad, como dije, no es sólo la obligatoriedad de cursar doce años de enseñanza, sino, como lo señalaron mis colegas Saffirio y Luksic , que el Estado otorgue la garantía para que exista la gratuidad que se requiere, la cual es indispensable para el desarrollo de nuestro país.

Para culminar, aprovechando la presencia de la ministra de Educación, señora Mariana Aylwin , deseo manifestar mi preocupación porque en los medios de comunicación se muestra que ciertos establecimientos educacionales no respetan la gratuidad de la educación. Ha sido vergonzoso ver en los canales de televisión cómo un establecimiento de la Región Metropolitana encerraba a alumnos cuyos padres no tenían los medios suficientes para solventar los costos de algunas exigencias económicas.

En mi región, lamentablemente, cuando está por finalizar el año escolar, vemos cómo algunos establecimientos educacionales hacen exigencias desmesuradas para que los alumnos puedan matricularse para el próximo año a fin de seguir sus estudios. Muchas veces han llegado a nuestras oficinas padres o apoderados que tienen dos o tres hijos, a quienes, cuando les piden a cada uno veinte mil o treinta mil pesos por exigencias que no son las que establece el ministerio, sino arbitrariamente los establecimientos educacionales, muchas veces los obligan a sacar a sus hijos de la educación y, por ende, a “cortarles los brazos” para el futuro.

En consecuencia, por intermedio del señor Presidente, pido a la señora ministra de Educación, también en representación de los parlamentarios del Partido Socialista, que ese ministerio adopte, con la mayor rigurosidad, como lo ha venido haciendo, drásticas sanciones en contra de aquellos establecimientos que impongan arbitrariamente exigencias que se alejen absolutamente del criterio del Estado, cual es entregar educación gratuita, por cuanto no deben existir en el futuro exigencias mayores de las que los padres puedan cumplir para inscribir y matricular a sus hijos a fin de que puedan culminar sus estudios.

Por lo tanto, nuestra bancada va a apoyar, con fuerza, este proyecto de enorme relevancia para el futuro de nuestro país, que requiere de jóvenes con mayores aptitudes para enfrentar los desafíos del futuro.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas .

El señor ROJAS.-

Señor Presidente, en primer lugar, en nombre de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente y del mío en especial, queremos adherir al saludo afectuoso y de sentimientos encontrados ante la repentina muerte de don Juan Vilches , quien, en su calidad de funcionario del Ministerio de Educación, compartió con los miembros de la Comisión durante la discusión del proyecto.

Por su intermedio, señor Presidente, hacemos extensivas las condolencias y sentimientos de dolor de los diputados de la Unión Demócrata Independiente a su familia.

En relación con el tema que nos convoca, coincido con los señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, pues han expuesto sus ideas con gran claridad. Sin duda, éste es un día importante, pues la trascendencia que implica la obligatoriedad en el aumento de años de permanencia en la educación viene con la historia de nuestro país en materia educativa.

Pero el día realmente histórico será cuando los niños tengan la posibilidad cierta, con una muy buena calidad educativa, de enfrentar los desafíos del mundo actual.

Es indudable que vamos a dar nuestro apoyo a esta reforma constitucional, pero queremos señalar que el momento histórico se hará realidad cuando los estudiantes que egresen de cuarto medio no sigan “pateando piedras”, sino que tengan la posibilidad de acceder a las universidades, como corresponde.

El proyecto pretende establecer la obligatoriedad y gratuidad de la educación media. En ese sentido, es válido señalar que no sólo es importante velar por el tiempo de permanencia en la educación -así lo señala el informe y, como profesor, lo reconozco-, sino también por la calidad de ella.

El diputado señor Aníbal Pérez se refirió al problema de los niños del mundo rural. Nadie discute que todo chileno debe terminar la educación media, aunque, a lo mejor, terminarla a los 20 años no va a cambiar la vida de los estudiantes del mundo rural. Nuestra obligación, como parlamentarios, será trasladar a su mundo la mejor infraestructura, el mejor equipamiento y el mejor recurso humano. De lo contrario, el que aspire a una mejor educación va a emigrar a las grandes ciudades, lo que irá en desmedro de los que no tienen esa posibilidad. A través de ese esquema, la brecha que existe en relación con la equidad se va a ir acrecentando.

Junto con otros señores diputados hemos presentado una indicación a esta reforma de la Constitución. Siento que, quizás, en materia legislativa, disminuimos el rango de los cambios que a futuro podemos hacer en la materia. Es decir, lo que hoy permite la Constitución, el día de mañana lo podremos cambiar con una ley simple. Nos preocupa, porque queremos mantener el rango constitucional en la materia o, a lo mejor, un quórum de ley orgánica.

No cabe duda de que nadie puede asegurar que al aumentar la obligatoriedad de estudios a doce años vamos a lograr mejorar la calidad de la educación. Estamos haciendo esfuerzos al respecto; estamos trabajando con la jornada escolar completa y buscamos acciones para encontrar un mecanismo mejor. Pero sería positivo, de una vez por todas, fiscalizar las acciones que se están llevando a cabo en los establecimientos educacionales. Sabemos que se otorgan muchos recursos y queremos saber cómo se gastan.

En este aspecto, el ministerio debería actuar con mayor profundidad. En las audiencias públicas se planteaba que faltaba una preocupación, quizás no del sistema operativo administrativo del ministerio, sino de los padres y apoderados, en el sentido de que se involucren en el proceso educativo de sus hijos. En la actualidad, los padres y apoderados han dejado de participar en la educación de sus hijos. Falta mucho afecto hacia el estudiante. Los niños se relacionan con sus progenitores desde primero a quinto básico, porque desde ese nivel en adelante, los padres y apoderados ni siquiera van a los colegios a las reuniones de apoderados, y manifiestan su preocupación recién cuando sus hijos están poco menos que repitiendo de curso.

En esas circunstancias, claramente el proyecto constituye un avance, y por eso lo vamos a apoyar. Nadie discute que en un país sin educación no es factible superar la extrema pobreza.

Reitero -y soy profesor antes que diputado- que no hay duda de que en la medida en que fortalezcamos la educación, nuestro país podrá avanzar.

Nos preocupa el financiamiento compartido. Al respecto, el diputado señor Becker nos entregó algunos antecedentes.

Se ha hablado mucho -lo dijo el diputado señor Saffirio , y no sé hasta cuándo van a continuar recurriendo a esa expresión- de la lucha de clases: los que tienen versus los que no tienen. ¿Pero qué pasa con el mundo medio? ¿Qué pasa con los profesionales que quieren entregar su aporte económico para el proceso educativo de sus hijos?

Es válido pensar que todo lo que dice relación con el financiamiento compartido debe mantenerse. Repito que el diputado señor Becker señaló que hay antecedentes de un proyecto -que aún no ingresa a la Corporación- que va a abordar el tema y, sin duda, va a fortalecer la iniciativa, porque muchos de quienes pertenecemos a la clase media estamos dispuestos a apoyar la educación de nuestros hijos.

Es válido sostener que no sólo el Estado debe cumplir un rol protagónico, aun cuando éste deba ejercer su deber principal. Sería bastante satisfactorio que también participen en ese rol quienes puedan aportar, de una u otra forma, para que los recursos para ciertos colegios puedan disminuir, y aumentarlos a otros, que no han sido favorecidos en la misma proporción.

Por esas consideraciones, la bancada de la Unión Demócrata Independiente va a votar a favor del proyecto, con la salvedad de la indicación presentada.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, debo expresar mi gran pesar por el fallecimiento del gran abogado y gran maestro don Juan Viches , Q.E.P.D., quien falleció en momentos en que ejercía sus labores en el Ministerio de Educación el sábado recién pasado. Lo hago con mucho conocimiento de causa, porque desde 1990 me correspondió tener una relación muy directa con él. Todo este tiempo me permitió apreciar sus grandes condiciones de hombre de bien, de gran profesional dedicado ciento por ciento a la educación para el mejor bienestar de los chilenos.

Hago llegar mis sentidas condolencias a toda su familia.

Señor Presidente, hoy estamos finalizando el primer trámite constitucional de un proyecto que persigue establecer la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

Desde 1990 hemos tenido la posibilidad de representar a los distritos y comunas en los cuales fuimos elegidos, en mi caso, a mi ciudad de Concepción, a Chiguayante y a San Pedro de la Paz. A partir de esa fecha se pudieron hacer la primera evaluación, análisis y estadística de la educación chilena.

Siendo ministro de Educación el actual Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar , y Presidente de la República ese gran estadista, Patricio Aylwin Azócar , el último informe llegó a la siguiente conclusión: de los casi 3 millones de educandos provenientes de la enseñanza prebásica a cuarto medio, tanto en la educación particular, particular subvencionada y municipal, había un serio drama de deserción escolar en la enseñanza media. Había una deserción, año a año, de un 25 por ciento de los alumnos de ese nivel.

En estos doce años y fracción, la cifra ha bajado a un diez por ciento. Vale decir, comenzaron las clases en marzo de 2002 con setecientos mil alumnos; entonces, la deserción proyectada al 31 de diciembre de este año será de 70 mil alumnos. En cambio, en enseñanza básica, donde está el grueso de la matrícula de nuestras niñas y de nuestros niños, la cobertura es de un 99 por ciento y su deserción es mínima.

El avance en esta materia es la consecuencia de algo importante de recalcar para la historia fidedigna de la ley: exactamente cuando se cumplieron 82 años de la ley de educación primaria obligatoria, el Presidente de la República anunció el proyecto de ley. Es importante recordar que esa ley, emblemática para el país, significó un cambio inmenso dentro de la sociedad chilena. La mayor parte de los habitantes del país estaba en el mundo agrícola, con mínima posibilidad de aprender a leer y a escribir.

Con gran visión, gente del siglo pasado, en 1920, empezó a plantear la obligatoriedad de cuatro años de enseñanza básica, la que, luego, aumentó a seis. Fue un cambio muy grande y se notó la posibilidad real y efectiva de que los hijos e hijas de nuestra gente de sectores alejados de las grandes ciudades del país pudieran tener acceso a la educación.

Se crearon unidades educativas o escuelas básicas en sectores en los cuales nunca nadie se iba a imaginar que el Estado chileno iba a hacer una inversión importante.

Pero estaba el tema de asistencialidad pública para hacer efectiva la obligatoriedad. Debido a eso, en 1929, a través de la ley Nº 5.291, en primer lugar, se crearon las Juntas de Auxilio Escolar y Becas. En la década de los ’60 se llegó a la conclusión de que en enseñanza básica había 300 mil niños que no tenían acceso a los beneficios que otorgaba la ley de educación primaria obligatoria. Por lo tanto, en 1965 se hizo una gran reforma educacional, que significó escuelas para todos: todos los días se iba construyendo una sala. El Presidente de la época, don Eduardo Frei Montalva , entendió que había que hacer una gran inversión en educación. Hubo un gran incremento en la cobertura de la enseñanza básica.

Con el transcurrir de los años, nos hemos dado cuenta de qué significan la modernidad, la globalización y otras responsabilidades que deben asumir alumnas y alumnos.

El proyecto, que debiera ser ley de la República en los próximos cuatro o cinco meses, constituye un compromiso del Gobierno, del Estado, para que esos 70 mil niños que abandonan la educación media puedan continuar con sus estudios para tener un mejor destino.

Es importante recalcar que ése es un compromiso que está en ejecución. Hay diferentes programas, como es el del “Liceo para todos”. Nadie en esta sala puede discutir que, lo que era un sueño, se ha hecho realidad en el tema computacional, en el sistema de enlace que tiene el ciento por ciento de los establecimientos de enseñanza media del país.

Eso da la posibilidad de que todos nuestros niños y nuestras niñas tengan acceso a algo que ha cambiado la manera de ser, de actuar, de proceder, ya que se tiene acceso a la universalidad no sólo del conocimiento, sino de muchas proyecciones dentro de actividades del país y del mundo.

Han aumentado en forma significativa las coberturas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Ello ha permitido que alumnos y alumnas de hogares de bajos ingresos tengan la posibilidad, a través de la asistencialidad, de completar su enseñanza media.

Se han dado pasos inmensos. Y qué hermoso es destacarlo, porque una ex colega, la profesora Mariana Aylwin Oyarzún , ministra de Educación, está apoyando la tramitación de una iniciativa legal para que los 700 mil alumnos tengan claro que el Estado chileno tiene la obligatoriedad de financiar un sistema gratuito para la enseñanza media. Es un gran paso. Pienso que está dentro del tema de la igualdad para todos los sectores del país, que constituye el gran anhelo de todos los servidores públicos.

Debido a eso, votaremos favorablemente el proyecto de reforma constitucional, porque está en el camino justo de la igualdad y de la equidad.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal .

La señora VIDAL (doña Ximena).-

Señor Presidente, el proyecto sobre gratuidad y obligatoriedad de la educación media constituye un paso hacia la dignificación de las personas, especialmente de los jóvenes.

Siempre un proyecto de ley tiene una historia. La de éste comienza en 1860 con la dictación de la ley de Instrucción Primaria, constituyéndose ésta en germen y cimiento de la promoción en la educación. Así comenzaron hombres y mujeres a educarse con cierta regularidad. En 1920 se dicta la ley de Instrucción Primaria obligatoria, que exigía cuatro años de educación. Posteriormente, se alarga a seis y, luego, a ocho años, en 1965.

El objetivo de la obligatoriedad dice estrecha relación con la suficiencia mínima que un estudiante debe tener para enfrentar la compleja contextura del Chile de hoy, inserto en un mundo multiconectado, en el cual la diversidad de disciplinas que deben ser manejadas son cada vez mayores. En tal sentido, es justo y necesario que nuestros jóvenes vayan adquiriendo conocimientos en consonancia con el tiempo que les toca vivir.

Ése es uno de los reales desafíos que, en materia educacional, debe enfrentar el Gobierno como una más de las medidas que la reforma educacional, a nivel estructural, ha decidido emprender.

La obligatoriedad de la educación media debe ir de la mano de la gratuidad. En efecto, para cristalizar esta tan ansiada reforma, el beneficio debe ir acompañado de una ausencia de costo para el beneficiado. Hoy, muchos jóvenes deben postergar la posibilidad de crecer educacionalmente por la falta de recursos, lo que se vuelve un círculo vicioso. El que no tiene oportunidad de estudiar no puede ser obligado a hacerlo. De ahí la importancia de la gratuidad. Claro está que sin oportunidad no hay avance posible en esta materia.

La trascendencia enorme de este proyecto de reforma constitucional estriba en que hace viva la promesa de avanzar a pasos agigantados hacia la reforma educacional en su totalidad.

Ciertamente, el proyecto no es fácil. Sabemos que con la reforma no se soluciona el enorme problema de la deserción escolar. Pero, sin duda, echamos las bases sobre las cuales habrán de avanzar las medidas de naturaleza legal y reglamentaria que hagan posible el funcionamiento del engranaje que supone el proyecto.

El impulso gubernamental guía esta iniciativa y, además, interpreta de manera clara un sentir nacional muy hondo, donde se oyen las voces de distintos sectores y se interpelan los más variados roles para hacer posible este cambio. Están los padres, quienes habrán de dar los pasos sustanciales hacia el logro de este objetivo, como es mantener a sus hijos en un sistema de educación gratuita y obligatoria para su propio bien; los profesores, quienes, pese a las duras condiciones en las que muchas veces les toca trabajar, es necesario que se reencanten con los dones del magisterio, y los gobernantes, quienes deben reglar y armar un sistema que encarne la reforma constitucional que hoy nos toca propiciar.

La tarea, por tanto, es de todos; cada uno en su rol, con el horizonte claro de acortar cada vez más la brecha entre ricos y pobres, que tanta diferencia odiosa genera en torno de las mencionadas oportunidades. Éste es un acto claro en esa dirección. La pobreza es derrotada, entre otros muchos factores, con posibilidades reales en materia de educación. Sin duda, un sistema gratuito y obligatorio llevará a más gente de escasos recursos a la educación superior, hoy tan marcadamente segmentada y gobernada muchas veces por un inescrupuloso mercado, en el cual los jóvenes se frustran.

En síntesis, jóvenes con índices más altos en educación pondrán a Chile un paso más allá en su progreso, el que, en materia de innovación tecnológica y cultural, es semilla de la diversidad en las más variadas disciplinas del mañana.

Es cierto que no hay una relación de causalidad entre una cosa y otra, pero esta iniciativa representa un avance enorme en ese sentido y deja atrás las enormes consecuencias que hoy implica la no culminación de los estudios de enseñanza media, lo que, sin duda, deja a un sinnúmero de chiquillos y de chiquillas sin las armas básicas para enfrentar el mundo que los circunda, debido a flagelos como la delincuencia, la drogadicción y la violencia al interior de las familias.

Por todos estos factores, el proyecto de reforma constitucional es una sentida aspiración para un país que pretende ingresar al mundo desarrollado, al cual jamás ingresará si no se dan pasos como éstos. Un desarrollo sostenido y sustentable en el tiempo pasa invariablemente por el quehacer educacional de sus habitantes, que hoy, gracias a este tipo de proyectos, tienen una oportunidad para adquirir las armas que posibiliten no sólo su subsistencia, sino su dignidad y realización como seres humanos. En suma, podrán crecer con igualdad, tal cual el Supremo Gobierno lo ha propuesto a través de esta iniciativa que ciertamente acojo y votaré favorablemente.

Quiero terminar haciendo una reflexión: si no se apoya el financiamiento de la educación, ¿para qué estamos legislando?

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Iván Paredes .

El señor PAREDES.-

Señor Presidente, al oír las argumentaciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, podría dividir el debate en dos direcciones. Primero, se ha dicho que ésta es la mejor forma de generar las condiciones para que los jóvenes puedan enfrentar de mejor manera el mundo del trabajo. Se habla de inversión social y de igualdad de oportunidades, porque hay un elemento fundamental para romper el cascarón de la extrema pobreza en el país, como es la educación.

Sin embargo, me gustaría orientar el debate en otro sentido. Chile hoy está inserto en un mundo tremendamente globalizado. Hay tratados internacionales que nos comprometen; la tecnología y la informática que mueven a la industria y a la empresa en el mundo entero obligan al Congreso Nacional a asumir un rol relevante en términos de situarnos también en ese contexto. No hay otro camino mejor que el de invertir en educación.

Con todo respeto, quiero responder las inquietudes planteadas hace un rato por el diputado señor Ibáñez .

Invertir en educación se debe asumir y entender como una inversión social. Desarrollar el país y su economía es tarea de todos. Hay una directa relación entre el desarrollo de la industria y de la empresa, y la educación y la capacitación que se le entregue a nuestros jóvenes. De lo contrario, se cae en una terrible contradicción.

Sería interesante saber la opinión del mundo empresarial en términos de inversión en educación y en capacitación. Evidentemente, para estar a la altura de los tiempos hay que invertir, capacitar y entregar instrumentos a nuestros jóvenes para que puedan enfrentar el mundo del trabajo con los cambios que se han ido generando en la ciencia y la tecnología.

Por ejemplo, hace veinte años, una niña salía preparada de un secretariado sólo con taquigrafía y dactilografía. Hoy con esos conocimientos no haría absolutamente nada si no se maneja en computación. Por lo tanto, hay una serie de elementos nuevos que tenemos que ir incorporando en la educación chilena para generar desarrollo en el país, lo que es una tarea de todos.

Aún hay temas relevantes que atender en toda la transformación que se ha ido generando en la educación en Chile. Se ha hecho una gran apuesta por la educación técnico-profesional, y creo que hay que acentuarla y aumentarla.

Me felicito de estar hoy en esta Sala compartiendo este momento histórico con diputados de distintas bancadas. El tiempo acreditará y demostrará la importancia del proyecto que votaremos en unos minutos más.

Reitero, la globalización y la ubicación geográfica de Chile nos obligan a invertir en educación. Al respecto, hay que considerar la experiencia de los países desarrollados, que han hecho grandes esfuerzos en capacitar técnicamente a su gente para enfrentar la globalización y el desarrollo.

Anuncio mi voto favorable a este proyecto, por ser una iniciativa esencial y fundamental para seguir desarrollando al país y mantener el lugar privilegiado que hoy tenemos en la economía internacional.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa .

El señor CORREA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, me sumo a las condolencias por el fallecimiento de don Juan Vilches , y pido que, a través de la señora ministra, se hagan llegar a su familia, expresándole nuestro sentimiento por la partida de quien trabajó durante todo este tiempo con la Comisión de Educación.

En segundo lugar, me referiré al proyecto en discusión, que establece la obligatoriedad de la educación media. Se trata de un objetivo que todos queremos. Nadie podría oponerse a una educación financiada por el Estado. Lo importante y significativo es saber si efectivamente somos capaces, como país, de financiarla.

Sobre la materia, nuestra historia exhibe algunas situaciones parecidas. La diputada señora Ximena Vidal señalaba que en los años 20, paulatinamente se comenzó a implementar la educación básica obligatoria, hasta llegar a seis años. Ahora, lo importante es saber qué fue lo que efectivamente ocurrió en la práctica. En verdad, ello se fue concretando, como decía, en forma paulatina, de acuerdo con el crecimiento económico. Recién en la década del 70 llegamos a un promedio de 4,5 años en la educación básica, lo cual revela que, aunque en 1920 se hubiese hecho obligatoria la educación media, no fue ése un requisito fundamental para que los alumnos la cursaran.

Por ello, la obligatoriedad de la educación media completa se relaciona con el crecimiento que el país experimente. Si seguimos creciendo al 2,5 por ciento, veo muy remota la posibilidad de que se concrete. Un ejemplo de lo que digo es la jornada escolar completa, anunciada por el ex Presidente Frei , y aprobada en 1997. Sin embargo, después de cinco años, estamos prolongando al 2010 su entrada en vigencia definitiva, por cuanto ha sido imposible obtener nuevos recursos para implementar la infraestructura que se requiere. Ésta es la muestra de que no era necesaria la obligatoriedad, sino los recursos para lograr el objetivo.

La finalidad de la indicación que presentamos es impedir que esta obligatoriedad termine con el financiamiento compartido, mediante el cual los padres aportan voluntariamente parte del costo de la educación de sus hijos, ya que en virtud de la gratuidad que establece la Constitución para la educación básica, no se les permitió a los colegios municipalizados acordar fórmulas de financiamiento compartido. No queremos que suceda lo mismo con la obligatoriedad de la educación media. Por lo mismo, hemos pedido que el mecanismo para el financiamiento se establezca por una ley de quórum calificado, a fin de evitar que el día de mañana, como efecto de la gratuidad, se impida a los padres que tienen recursos aportar al financiamiento de la educación de sus hijos.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el señor Edgardo Riveros .

El señor RIVEROS.-

Señora Presidenta, quiero destacar algunos aspectos de esta reforma constitucional, que nos parece necesaria, oportuna y trascendente. El uso de estos calificativos se debe a un hecho fundamental: la educación es la principal vía para que los miembros de una sociedad igualen sus oportunidades. Ciertamente, uno de los pasos importantes es asegurar, a través del Estado, un determinado nivel de la educación obligatoria.

En Chile, durante largos años la educación obligatoria sólo ha sido la enseñanza básica. Con esta reforma constitucional se da un paso adelante, pues también se establece la obligatoriedad de la enseñanza media completa.

Pero no basta la obligatoriedad: hay que ir más allá. Hay que asegurar un adecuado nivel de calidad de la educación, elemento que hace que, como ya lo dije, efectivamente ella sea la vía para igualar las oportunidades de los miembros de una sociedad. Si queremos que la educación logre ese objetivo, particularmente hay que reforzar aquella educación a la cual tienen acceso las personas con menos posibilidades económicas. Para ello es necesario entregar los recursos que aseguren una educación con un adecuado nivel de calidad.

Tradicionalmente, la enseñanza pública en nuestro país ha jugado ese rol, pero -y hay que decirlo con franqueza- ha habido largos períodos en los cuales no se ha hecho inversión en esa área, lo que ha producido deterioro y desigualdad.

Por ello, estimo imprescindible que esta reforma constitucional sea uno de los elementos de un proceso mucho más completo, que contemple este factor vital de reforzar la calidad de la educación.

No estamos legislando en un ámbito menor, sino incorporando un elemento a la Constitución Política de la República, el instrumento jurídico supremo del país. En consecuencia, debemos llevar a cabo un acto consciente que debe ir acompañado de una voluntad sistemática para mejorar los porcentajes del producto interno bruto que se destinarán a la educación. El gran esfuerzo que significa la reforma educacional -empeño que hay que felicitar- está dirigido precisamente a lograr que las personas de menos recursos económicos tengan acceso a ese bien fundamental que es la educación, con una jornada extendida y el apoyo de avances tecnológicos, como la informática, lo que les permitirá tener un vasto conocimiento de nuestra realidad nacional, y, en el marco de un mundo globalizado, contar con una noción mucho más amplia de la que entrega el restringido ámbito local.

Por ello, quiero señalar con satisfacción que concurriremos con nuestro voto favorable a apoyar esta reforma constitucional en todo lo que constituye su objetivo y fundamento, principalmente, por su vinculación con la situación de las nuevas generaciones de estudiantes de nuestro país.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar por diez minutos el Orden del Día, a fin de que pueda hacer uso de la palabra el diputado señor José Antonio Kast . Posteriormente, se procederá a votar en general el proyecto.

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señora Presidenta, hay otros diputados que todavía no han intervenido. Pedimos que se prorrogue el Orden del Día hasta que hagan uso de la palabra todos los diputados que se encuentran inscritos.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Cabe hacer presente que han usado de la palabra todas las bancadas y quedan tres inscritos. La Mesa solicitó el acuerdo de extender el Orden del Día debido a que el diputado señor Kast pertenece a la Comisión de Educación. Ahora bien, si no hay oposición, se insertará el discurso de la diputada señora González e intervendrán los diputados señores Kast , Quintana y Rodrigo González por cinco minutos.

El señor KAST.-

Señora Presidenta, el acuerdo consistía en que, si nuestra bancada cerraba el debate, se autorizaba prorrogar el Orden del Día. Sin embargo, si hay más diputados que harán uso de la palabra, solicito que también tengan esa oportunidad los diputados de la UDI que aún lo han hecho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Señor diputado, de su partido sólo resta que intervenga la diputada señora Rosa González , quien, al parecer, ha pedido insertar su discurso.

La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-

Señora Presidenta, si existe la posibilidad de hacer uso de la palabra, intervendré en el debate.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Si le parece a la Sala, harán uso de la palabra todos los diputados que no han intervenido hasta el momento. Una vez cerrado el debate, votaremos en general el proyecto. Recuerdo a la Sala que se han formulado indicaciones.

¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?

Acordado.

Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast .

El señor KAST.-

Señora Presidenta, hoy hemos escuchado varias piezas oratorias demagógicas. Todos estamos de acuerdo en que la educación obligatoria se prolongue hasta cuarto año de enseñanza media. Sin embargo, nadie ha dicho hasta ahora que el 90 por ciento de los alumnos que cursan enseñanza media egresan de ella y que sólo el 10 por ciento no lo hace. Ello no se explica por la existencia de una ley que los obligue, sino por la deserción escolar, tópico al que se refirió la diputada señora Ximena Vidal .

Se ha dicho que para el Gobierno esta reforma tiene un carácter histórico. Quizá. Sin embargo, más histórico sería que nuestros niños supieran leer, escribir, sumar y restar, idea en la cual está empeñado el Ministerio de Educación a través del proyecto LEM; más histórico sería que los jóvenes que forman parte de la mal llamada educación municipalizada, porque en general depende del ministerio, obtuvieran más puntaje en la prueba Simce . Los colegas saben que el 85 por ciento de los alumnos de esos establecimientos educacionales no alcanza el promedio mínimo nacional, esto es 250 puntos, a diferencia de los colegios particulares subvencionados, donde el 65 por ciento lo logra. Más histórico sería que nuestro país no fuera calificado en el lugar número 35 de 38 naciones evaluadas en las pruebas Timss; más histórico sería que el proyecto Montegrande hubiera sido un éxito, lo cual no sucedió; más histórico sería que el P-900 también hubiera sido un éxito y no se premiara siempre la mediocridad de algunas escuelas; más histórico sería que la educación de adultos hubiera tenido éxito y no se hubiese visto tan afectada por los actos de corrupción de que hemos sido testigos; más histórico sería que la JEC, Jornada Escolar Completa, se hubiese cumplido en los períodos programados originalmente, y más histórico sería que los jóvenes que accederán a la educación superior supieran qué prueba se les aplicará. El resto son palabras al viento. Todo el mundo habla aquí de la historia, de lo histórico y de lo trascendente. Sin embargo, quienes emplean esos calificativos, ¿se han preocupado de lo que sucede hoy en las escuelas básicas, donde los niños pasan de curso sin saber leer ni escribir?

¿Por qué estamos tratando este segundo informe? Porque alcanzamos un acuerdo con el subsecretario y con la ministra, para modificar la Constitución. Todos estamos conformes con ese punto. Lo único que pretendíamos era que las cosas se hicieran en forma seria, y que se dejara establecido que esta materia sería regulada no por una ley simple, sino por una de quórum calificado. Con ese predicamento, acudimos a una segunda sesión de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Educación. ¿Qué sucedió en esa instancia? La ministra no cumplió su palabra. Quien desempeña un cargo de responsabilidad pública no cumplió su compromiso. Eso es lo que tiene mal a la educación. En ese sentido, necesitamos un cambio: que alguien lidere la educación en Chile y que sepa cumplir los compromisos que se asumen con parlamentarios de distintas corrientes.

Hace dos semanas, cuando se discutió este tema, se suspendió la discusión debido a que surgió un acuerdo entre varios diputados para que el proyecto volviera a la comisión respectiva a fin de profundizar la materia. ¿Por qué presentamos una indicación en virtud de la cual se reemplazaba la frase “en conformidad a ley” por la expresión “en conformidad a una ley de quórum calificado”? Porque le tenemos miedo a la improvisación y a la falta de consecuencia, y porque con la educación no se puede jugar.

Para reformar la Constitución necesitamos 78 votos. De aprobarse como está, su regulación quedará sometida a una ley simple. Es decir, el sistema de obligatoriedad y de financiamiento será reglamentado por una ley que necesitará 21 votos para ser aprobada, esto es, una mayoría absolutamente circunstancial. ¿Qué pedimos en forma responsable? Que la ley que regulará esta reforma histórica de la Constitución, se someta a una ley de quórum calificado, que requiere 61 votos para su aprobación, es decir, la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. ¿Será tan difícil lograr esa mayoría cuando se plantea una ley razonable? A mi juicio, no lo es. ¿Por qué dejar sometida esta materia al voto favorable de apenas 21 parlamentarios, considerando que la Sala puede sesionar con un mínimo de 40 diputados?

Estamos preocupados por lo que pasará con los establecimientos de educación media en todas las comunas que representan nuestros colegas diputados y que hoy no cuentan con el sistema de financiamiento compartido. No hay problema en aquellos lugares donde sí se ha implementado, porque es casi un derecho adquirido y patentado en esos liceos. Pero ¿qué pasa con los establecimientos educacionales que a futuro quieran incorporarse al sistema de financiamiento compartido, donde los padres y apoderados quieran colaborar? Si se aplica el mismo criterio que se usó para la enseñanza básica, los padres no van a poder cooperar, y sería demagógico decir que vamos a dar una educación gratuita y, además, de buena calidad.

El diputado señor Riveros lo decía. Es importante dar educación gratuita, pero también debe ser de calidad, y si los padres pueden aportar, que lo hagan. Por eso la indicación señala que las personas podrán aportar a este sistema.

¿Cuál es el temor de que la regulación de esta modificación constitucional -tan trascendente e histórica, como se dijo- quede sometida a una ley de quórum calificado? Si es tan importante, resguardemos debidamente su sistema de financiamiento mediante una ley que requiera ese quórum para su aprobación.

Se ha dicho que casi no hay leyes de quórum calificado. No es así: hay doce leyes de quórum calificado. Por mencionar solamente algunas, tenemos la ley de abusos de publicidad, la ley del Consejo Nacional de Televisión y la ley de indultos.

El peligro a que se ven sometidos los liceos de todas las comunas de donde los señores diputados son representantes, como ya dije, es muy grave. Sin el financiamiento compartido, no serán capaces de entregar educación de calidad.

Hoy, sólo en el sistema municipal, los padres y apoderados aportan 2.600 millones de pesos que, lamentablemente, el ministerio no tendría para suplir. Por lo tanto, los invito a reflexionar sobre este tema.

La indicación que planteamos es para que la regulación de esta reforma constitucional histórica, que regirá los destinos de muchos jóvenes, sea sometida a una ley de quórum calificado, es decir, que cuente con 61 votos favorables, nada más, y no dejarla sometida a una ley simple, donde una mayoría circunstancial podría modificar completamente el sistema.

Finalmente, llamo a las autoridades que tienen responsabilidad pública y política a cumplir su palabra.

Señora ministra, si una autoridad compromete su palabra, yo espero que la cumpla. Si usted llegó a un acuerdo con varios diputados aquí presentes -llevar esta iniciativa a la Comisión para modificar la reforma constitucional en un punto que, a nuestro juicio, es esencial-, esperamos que lo cumpla. El diputado señor Luksic decía que se tramitará un proyecto de ley sobre la materia. Le recomiendo que obtenga una certificación, firmada por el Ejecutivo, y en particular por la ministra, para que no se cambie de criterio.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Jaime Quintana .

El señor QUINTANA.-

Señora Presidenta, no cabe duda de que esta reforma constitucional va a ser uno de los grandes hitos políticos de este Gobierno y de la presente década.

No sólo debemos centrar el debate en el plano estricto de la escolaridad y de la juventud, que por cierto son los primeros protagonistas, sino también en el gran salto al desarrollo que significa esta iniciativa, lo que nos pondrá, una vez más, en una posición de liderazgo en Latinoamérica.

Aquí tenemos un país que en momentos de crisis económica es capaz de mirar al futuro e invertir en aquello que puede permitir sortear de mejor manera otros eventuales vaivenes económicos: en educación.

Por ello, no comparto el planteamiento formulado en esta Sala por algunos parlamentarios de la UDI, en el sentido de ligar la inversión en educación al crecimiento económico. Los países que verdaderamente han sabido sortear las crisis económicas precisamente han hecho lo contrario, es decir, han invertido en lo social y en educación.

Sin duda, esta reforma constitucional es un notable avance en términos de equidad al permitir a muchas personas, no sólo a jóvenes, alcanzar los doce años de escolaridad. Quien ha cursado doce años de estudios formales gana, en promedio, un 60 por ciento más que aquella persona que no ha logrado terminar la enseñanza media.

Recién decía que esta reforma constitucional no sólo beneficiará a los jóvenes, y aquí quiero detenerme un minuto, porque ella conlleva una educación de país. Vamos a tener que preocuparnos de retener en el sistema a niños y a jóvenes que hoy, por distintas razones, desertan, y también, junto con lo anterior, hacer un gran esfuerzo como país para recuperar a alumnos que se fueron hace tiempo, que no son pocos, quienes ya han sobrepasado la edad para volver a la educación formal. Por lo tanto, esta reforma traerá consigo un amplio desarrollo de la educación de adultos.

Que esto va a significar un enorme gasto, ¡qué duda cabe! Y como aquí se ha dicho, el rol del Ejecutivo para cautelar la gratuidad y obligatoriedad va a ser también de gran relevancia. Además, se va a necesitar un mayor número de becas, de internados, de material de estudio, de textos, etcétera.

Por eso, tampoco comparto apreciaciones de parlamentarios de la UDI en el sentido de que no es seguro que esta reforma constitucional vaya a cambiar de manera significativa la vida de nuestros jóvenes.

En mi trabajo distrital, en el contacto personal con la gente de la ciudad y del campo, he constatado el amplio interés y deseo de la comunidad de que esta reforma a la Constitución se materialice; de que aspectos tan importantes como son la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, pasen a formar parte de la Carta Fundamental, donde se garantizan los derechos esenciales.

Por ello, me siento orgulloso de participar en la aprobación de un proyecto histórico, de los más trascendentes del período.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Rosa González .

La señora GONZÁLEZ (doña Rosa).-

Señora Presidenta, indudablemente esta reforma es de gran importancia para toda la gente que tiene que estudiar, pero lo que me preocupa del proyecto, y por eso quise intervenir, es su financiamiento. No veo cómo podemos estar debatiendo una reforma tan importante como ésta sin que se señale claramente cómo va a ser financiada. Me parece que nuevamente votaremos una iniciativa que genera muchas expectativas, pero que, a la larga, al igual que otras, va a quedar estancada porque no tiene un financiamiento claro.

Por lo tanto, es necesario que cuando se estudie algún proyecto se indique claramente su financiamiento.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo González .

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).-

Señora Presidenta, hoy estamos discutiendo uno de los proyectos más importantes que aprobará esta Cámara de Diputados durante el presente ejercicio.

Sin duda, tienen razón los diputados que han intervenido y que señalan que la reforma propuesta tiene un carácter histórico. En 1920 se aprobó la ley de educación primaria obligatoria; en 1929, se extendió la obligatoriedad a seis años; más tarde, en 1965, a ocho. Hoy estamos dando un paso trascendente al extender la educación de la mayor parte de nuestro país a doce años.

Ésta es una necesidad del mundo moderno, de la globalización. Ocho años de estudios regulares no bastan para que nuestros alumnos, los futuros ciudadanos, tengan los conocimientos, las habilidades y las competencias que se requieren para desarrollarse en el mundo moderno.

Hoy el crecimiento del conocimiento y el incremento de la tecnología exigen una educación más compleja, más avanzada; hoy se requiere, cada vez más, que nuestros alumnos aprendan a aprender y se formen para un mundo crecientemente diverso, donde tomar decisiones resulta cada vez más difícil.

Una situación que muestra la insuficiencia de nuestro sistema educacional es la significativa deserción de alumnos en la educación básica y, sobre todo, en la media.

Es necesario evitar la deserción escolar a través del sistema educacional. Aun cuando este último tiempo se ha logrado disminuir esos niveles, ello todavía es insuficiente. Por tanto, una norma que obligue a una educación de 12 años permitirá que una gran cantidad de jóvenes que podrían desertar porque no cuentan con las condiciones o facilidades para hacerlo, culminen su ciclo completo de enseñanza.

En la actualidad, hay alrededor de tres millones de chilenos que no han completado su educación básica ni media. De esa cifra, más de un millón no cuenta con educación media, lo que se produce, justamente, por una deficiencia del sistema educacional.

Si queremos asegurar a los trabajadores, a las mujeres, a las dueñas de casa, a toda la población de nuestro país la educación que se requiere para competir en el mundo moderno, es necesario aprobar el proyecto propuesto por las Comisiones unidas de Constitución y de Educación. Por lo menos, la bancada del PPD así lo hará.

Los argumentos dados para pedir quórum especial a la ley que concretará esta modificación constitucional no tienen justificación. También parece injustificado decir que la aprobación de este proyecto sería histórica si algunos de los problemas de la educación básica y media estuvieran resueltos.

Nada tienen que ver los problemas que hoy existen en la educación básica y media, que también está enfrentando nuestro sistema educacional; nada tiene que ver que hayamos avanzado sustantivamente en el P-900, a través del proyecto de los liceos Montegrande y de otros programas que han tenido éxito en nuestra reforma educacional, con el hecho de que hoy se exija una ley de quórum especial para dar continuidad a esta reforma constitucional.

Sin duda, nuestra educación requiere dar pasos sustantivos en el nivel medio y básico. Pero esto no significa rechazar la reforma constitucional ni tampoco dar quórum especial a la ley que concretará la iniciativa que hoy aprobaremos. Debemos mantener el carácter de norma constitucional a la reforma que estamos analizando, y dar el de ley simple a la que a futuro regulará esta normativa. Las actuales leyes sobre subvenciones y sobre financiamiento compartido son de quórum simple. Hoy el orden constitucional y democrático permite que en la discusión del conjunto de la sociedad, en ambas cámaras del Congreso se cuente con suficientes garantías para introducir las modificaciones necesarias a través de leyes simples. No requerimos una ley de quórum calificado para aplicar esta reforma constitucional.

Por lo expuesto, aprobaremos la reforma tal como viene propuesta por las Comisiones unidades de Constitución, Legislación y Justicia, y de Educación.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora AYLWIN, doña Mariana, (ministra de Educación).-

Señora Presidenta, la iniciativa en estudio forma parte de un esfuerzo mucho mayor, que consiste en poner al día nuestra educación, de acuerdo con los requerimientos del mundo de hoy, y lograr la igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas y jóvenes. Este esfuerzo que está haciendo el país en conjunto tiene muchas expresiones: en la educación parvularia, en la básica, en la nivelación de estudios de la población adulta y en la educación superior.

En la enseñanza media hay un desafío que nuestro país está en condiciones de abordar: que ningún joven deje incompleta su enseñanza media; que ningún joven abandone sus estudios antes de 12 años de escolaridad. Es un tema de equidad y de progreso, el mínimo a lo que podemos aspirar a comienzos del siglo XXI.

En este marco, me referiré a algunas de las inquietudes planteadas por los señores parlamentarios. En primer lugar, a la exigencia del quórum especial. Efectivamente, tuvimos la disposición de buscar un acuerdo sobre el tema que, sectorialmente, nos pareciera una solución posible. Pero, al contrario de lo manifestado por algunos señores parlamentarios, cuando uno está en el Gobierno tiene la responsabilidad de mirar el conjunto de la legislación y de evaluar los efectos y precedentes que pueden introducir las decisiones que se tomen en este ámbito. En ese contexto, las referencias a leyes de quórum especial en la Constitución son muy pocas y están referidas a materias mucho más importantes que el financiamiento. Por ejemplo, a la pena de muerte, a la libertad de expresión, a la participación del Estado en actividades empresariales, a las leyes que establecen indultos generales o amnistía, etcétera. O sea, no hay una equivalencia entre el resguardo del financiamiento en una iniciativa de esta naturaleza y las leyes de quórum especiales a las cuales hace referencia la Constitución. Por lo demás, la ley sobre financiamiento compartido se dictó en 1988 y fue aprobada por cuatro personas; luego, se amplió su ámbito en la ley contenida en la reforma tributaria, Nº 19.247, de 1993, también aprobada con quórum simple. La ley Nº 19.532, de 1997, también se aprobó con quórum simple. En ese contexto, nos pareció que no podíamos aceptar la exigencia de quórum especial para esta iniciativa, porque no había motivos para ello, salvo el interés de buscar un acuerdo. Además, ello podía sentar un precedente que, en el conjunto de la legislación general, al Gobierno le pareció conveniente no introducir.

En cuanto al financiamiento compartido, debo señalar que en la actualidad existen alrededor de mil establecimientos municipales que atienden al 60 por ciento de los estudiantes de enseñanza media. De ellos, 110 establecimientos, distribuidos en 44 comunas, tienen financiamiento compartido. Esto abarca a alrededor de 95 mil estudiantes que, en promedio, pagan 2.300 pesos mensuales. Además, se otorgan cinco mil becas adicionales. Nos parece que son pocas y que el monto que se recupera es exiguo. No obstante, quiero dejar en claro que el mensaje del proyecto establece explícitamente que no está en la voluntad del Gobierno terminar con el financiamiento compartido.

Al respecto, dice: “Desde luego, se deberán aplicar un conjunto de políticas y, además, se dictarán las normas legales y reglamentarias que sean necesarias para el más rápido y mejor cumplimiento de la meta constitucional. Es así como, por ejemplo, en materia de gratuidad, el Gobierno no pretende terminar con el financiamiento compartido para el sector municipal, pero será necesario revisar su normativa a fin de introducir las adecuaciones que aseguren efectivamente a todas las personas, hasta los dieciocho años de edad, el acceso a la Educación Media”.

Por lo tanto, el tema debe ser discutido en la ley que regulará esta reforma constitucional.

Por último, también deseo referirme al informe financiero. En primer lugar, debo hacer presente que las reformas constitucionales no requieren informe financiero, ya que no operan por sí solas. Las que pueden generar mayores gastos a futuro son las leyes que permiten concretar estas reformas.

En todo caso, para quienes tienen la inquietud, deseo señalar que el incremento de los alumnos en el sistema escolar como producto de la disminución de la deserción, del aumento de la cobertura o de la mayor retención de alumnos, está contemplado en la ley de subvenciones. En consecuencia, la futura ley sobre el tema deberá financiar otras medidas, que consignen la retención de los estudiantes o la recuperación de sus estudios, como becas o la subvención prorretención que presentaremos en un proyecto que complementará esta ley. Es decir, el financiamiento para la ampliación de la cobertura está contemplado en las leyes actuales, porque quienes requieran la subvención escolar deben tenerla por ley.

En ese sentido, el problema no afecta sólo a la reforma constitucional, sino también a la ley que discutiremos con posterioridad.

Por último, quiero decir que el Estado de Chile, en representación de la sociedad, se obliga para que todos los jóvenes terminen la enseñanza media. Hoy, Chile está en condiciones de hacerlo. Espero que podamos discutir las leyes complementarias de esta iniciativa y buscar los acuerdos necesarios para hacer realidad una reforma histórica como la que estamos analizando.

Muchas gracias.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

En votación en general el proyecto.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel) , Araya , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cornejo , Correa, Cristi ( doña María Angélica) , Delmastro , Díaz , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Escobar , Espinoza , Forni , Galilea (don José Antonio) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Hernández , Hidalgo , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Lagos , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Longueira , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Melero , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Monckeberg , Montes, Mora , Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Rebolledo , Recondo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte, Urrutia , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Vilches , Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .

-Se abstuvo el diputado señor Ibáñez (don Gonzalo) .

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

El proyecto vuelve a Comisiones unidas por haber sido objeto de indicaciones.

-El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

Al artículo único

-De las señoras Cristi , Cubillos y González , doña Rosa , y de los señores Álvarez-Salamanca , Álvarez , Barros, Bauer , Bertolino , Cardemil , Correa, Delmastro , Dittborn , Díaz , Egaña , Errázuriz , Forni , Galilea, don José Antonio ; García-Huidobro , Hernández , Hidalgo , Ibáñez, don Gonzalo ; Kast , Kuschel , Leay , Longueira , Martínez , Masferrer , Melero , Monckeberg , Moreira , Norambuena , Palma, Paya, Pérez, don Ramón ; Pérez, don Víctor ; Prieto , Recondo , Rojas , Ulloa , Uriarte, Urrutia , Varela , Vargas , Vilches y Von Mühlenbrock , para suprimir la frase “en conformidad a la ley”, agregando una coma “,” después de la palabra “obligatorias”; y adicionar, después de la palabra “Estado”, la frase “, en conformidad a una ley de quórum calificado,”, y a continuación de su punto final (.), que pasa a ser punto seguido (.), incorporar la frase “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema.”.

-o-

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra la señora ministra de Educación.

La señora AYLWIN, doña Mariana (ministra de Educación).-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero valorar la aprobación tan contundente de este importante proyecto y dedicarla a Juan Vilches , quien nos acompañó durante tanto tiempo en la Cámara.

(Aplausos).

Hoy debería haber estado aquí conmigo. Él trabajó el sábado en el ministerio en este proyecto, en la ley que lo regulará y también estuvo buscando una solución para el caso de la comuna de San Fernando. La muerte lo encontró trabajando. Su familia lo halló en su lugar de trabajo, alrededor de las 12 de la noche.

Creo que Juan Vilches nos ha dado un testimonio de lo que debe ser un servidor público.

En este momento en que se efectúan sus funerales, quiero rendirle un homenaje y darle las gracias por todo lo que hizo por la educación chilena.

Muchas gracias.

-Aplausos.

?SEGUNDO INFORME DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN RECAIDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA.

BOLETÍN N° 3039-07-1

HONORABLE CÁMARA:

Las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación y Justicia y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, vienen en informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

De conformidad a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por la Cámara en su sesión 31ª. , de 10 de diciembre en curso, con las indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a tramitación, las que constan en la hoja de tramitación respectiva, elaborada por la Secretaría de la Corporación.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288 del Reglamento, en este informe debe dejarse constancia de lo siguiente:

1.- De las disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Sala ni de modificaciones durante la elaboración del segundo en la Comisión.

No hay disposiciones que se encuentren en esta situación.

2.- De las disposiciones que tienen rango de ley orgánica constitucional o que deben aprobarse con quórum calificado.

No es el caso de esta disposición, la que por tratarse de una reforma constitucional que afecta una disposición contenida en el capítulo III de la Carta Política, requiere para su aprobación, de conformidad a lo establecido en su artículo 116, del voto conforme de los 2/3 de los Diputados y Senadores en ejercicio.

3.- De las disposiciones suprimidas.

No hubo disposiciones suprimidas.

4.- De las disposiciones modificadas.

El artículo único aprobado en el primer informe no sufrió modificaciones.

5.- De los artículos nuevos introducidos.

No se introdujo artículo nuevo alguno.

6.- De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

El artículo único del proyecto no es de la competencia de la Comisión de Hacienda.

7.- De las indicaciones rechazadas por la Comisión.

En esta situación se encuentra la única indicación presentada al proyecto, originada en una proposición de los Diputados señoras Cristi, Cubillos y González y señores Álvarez-Salamanca, Álvarez, Barros, Bauer, Bertolino, Cardemil, Correa, Delmastro, Dittborn, Díaz, Egaña, Errázuriz, Forni, José Antonio Galilea, García-Huidobro, Hernández, Hidalgo, Ibáñez, Kast, Kuschel, Leay, Longueira, Martínez, Masferrer, Melero, Monckeberg, Moreira, Norambuena, Palma, Paya, Ramón Pérez, Víctor Pérez, Prieto, Recondo, Rojas, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Varela, Vargas, Vilches y Von Muhlenbrock para suprimir la frase “ en conformidad a la ley, agregando una coma (,) después de la palabra “obligatorias”, y adicionar, después de la palabra “Estado”, la frase “ en conformidad a una ley de quórum calificado,”, y a continuación de su punto final, que pasa a ser punto seguido (.), incorporar la frase “ Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema.”.

Se rechazó por mayoría de votos (11 votos en contra y 10 a favor).

8.- Texto de las disposiciones legales que el proyecto modifica o deroga, o indicación de las mismas.

El artículo único del proyecto modifica el inciso quinto del número 10 del artículo 19 de la Constitución Política.

*******

Por las razones expuestas y por las que dará a conocer oportunamente el señor Diputado Informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto en conformidad al siguiente texto:

“PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

Artículo único.- Substitúyese el inciso quinto, del número 10 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.”.

Sala de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a 11 de diciembre de 2002.

Se mantiene como Diputado Informante el señor Zarko Luksic Sandoval.

Acordado en sesión de igual fecha con la asistencia de los Diputados señor Zarko Luksic Sandoval (Presidente), señoras María Antonieta Saa Díaz, Laura Soto González y Carolina Tohá Morales y señores Eugenio Bauer Jouanne, Germán Becker Alvear, Jorge Burgos Varela, Juan Bustos Ramírez, Guillermo Ceroni Fuentes, Sergio Correa de la Cerda, Fidel Espinoza Sandoval, Marcelo Forni Lobos, Rodrigo González Torres, José Antonio Kast Rist, Rosauro Martínez Labbé, Nicolás Monckeberg Díaz, Carlos Montes Cisternas, Darío Paya Mira, Aníbal Pérez Lobos, Manuel Rojas Molina y Eduardo Saffirio Suárez.

En reemplazo de los Diputados señora Marcela Cubillos Sigall y señor Eduardo Díaz del Río, asistieron los Diputados señores Felipe Salaberry Soto y Gonzalo Uriarte Herrera, respectivamente.

EUGENIO FOSTER MORENO

Secretario

ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA. Reforma constitucional. Primer trámite constitucional.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

En el Orden del Día, corresponde abocarse al estudio del proyecto, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

Diputado informante de las Comisiones unidas de Constitución, Legislación y Justicia, y de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, es el señor Luksic .

Antecedentes:

Segundo informe de las Comisiones unidas de Constitución y de Hacienda, sesión 34ª, en 12 de diciembre de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 1.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor LUKSIC.-

Señora Presidenta, este proyecto de reforma constitucional propone la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

Nuestro ordenamiento jurídico establece que las garantías constitucionales deben precisarse a través de leyes orgánicas. Sin embargo, en este caso, el constituyente de 1925 y el de 1980 decidieron que fuera a través de ley simple. Por eso, las Comisiones unidas decidieron rechazar, por mayoría de votos, la indicación formulada por varios diputados, cuyo objeto era suprimir la frase “en conformidad a la ley”, agregando una coma después de la palabra “obligatorias” y adicionando, a continuación de la palabra “Estado”, la frase: “en conformidad a una ley de quórum calificado,”; y, a continuación de su punto final, que pasa a ser punto seguido, incorporar la frase: “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema”.

En realidad, ella se aleja de la tradición jurídica en materia de garantías constitucionales.

Sobre los beneficios de esta reforma constitucional se ha dicho todo. La ministra Aylwin fue clara y enfática el señalarlos. En consecuencia, sólo añadiré que se trata de sustituir el inciso quinto del número 10º del artículo 19 de la Constitución por el siguiente: “La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población”.

Algunos diputados intentaron trasladar la frase “en conformidad a la ley” y colocarla después de “Estado”, con lo cual la norma diría: “....debiendo el Estado, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito...”, pero su proposición fue desechada porque ya existe una legislación que regula el financiamiento de la educación básica y de la media, que requiere quórum de ley simple y, por lo tanto, no es necesario innovar al respecto.

En cambio, es pertinente poner el acento en el límite de 18 años de edad que habría para ejercer este derecho fundamental. Es decir, no puede pasar de 18 años de edad el chileno o la chilena que quiera hacer uso de esta garantía constitucional, y, por tratarse de una restricción, debe ser regulada en la Carta Fundamental. Sin embargo, el número 26º del artículo 19 de la Constitución establece: “26º.- La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Así, el establecimiento del límite de 18 años de edad no restringe el núcleo esencial de esta garantía constitucional, que es la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica y de la educación media. Por lo tanto, reitero, no es necesario el traslado de la frase mencionada, propuesto por algunos diputados.

Finalmente, quiero recordar a la Sala que para la aprobación de este proyecto se requieren dos tercios de diputados y senadores en ejercicio, aunque no me imagino que la voluntad de la Sala pueda ser otra, porque nadie lo entendería, especialmente las familias de más escasos recursos, cuya única oportunidad de dar una buena educación a sus hijos es a través de esta reforma a la Constitución, que la bancada de la Democracia Cristiana votará a favor.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Martínez .

El señor MARTÍNEZ.-

Señor Presidente, no cabe duda de que la finalidad del proyecto de reforma constitucional es beneficiar a nuestra juventud y mejorar su calidad de vida, a fin de posibilitar, en definitiva, el progreso y el desarrollo del país, objetivo urgente en un contexto globalizado y extremadamente competitivo.

La indicación para incorporar la frase “en conformidad a una ley de quórum calificado” tenía como propósito abordar el financiamiento, punto central de la viabilidad de la iniciativa y garante de la mantención y perfectibilidad del sistema de financiamiento compartido que existe en numerosos establecimientos. Dejar un aspecto central como ése sujeto a mayoría simple constituye un factor que resta estabilidad al modelo vigente, el cual, en la práctica, ha resultado exitoso, pues, como aquí se ha dicho, implica un aporte de 2 mil 200 millones de pesos anuales.

Ahora, no parece adecuado que una materia tan significativa como la participación de los padres y apoderados en el financiamiento compartido quede entregada a eventuales mayorías, menos en momentos en que el discurso de personeros del Ministerio de Educación apunta, precisamente, en la dirección de fortalecer e incrementar la participación de los padres y apoderados y de exigir resultados, dos ideas que las indicaciones que se han aludido pretendían materializar. A nuestro juicio, lo anterior se establece de mejor manera a través de una ley especial.

En consecuencia, no obstante votar a favor el proyecto, lamento que la indicación para incorporar la frase “en conformidad a una ley de quórum calificado” no haya sido acogida.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por dos minutos y treinta y dos segundos, el diputado señor Becker .

El señor BECKER.-

Señor Presidente, tal como dijo el diputado señor Martínez , Renovación Nacional votará a favor de la reforma.

Las aprensiones de algunos diputados sobre la frase “en conformidad a una ley simple” se basan en que el financiamiento compartido debe ser regulado por una ley de quórum calificado. En mi opinión, el financiamiento compartido para los colegios municipales está garantizado porque el mensaje presidencial lo indica de manera expresa, ya que señala que el Gobierno no quiere terminar con dicho financiamiento, y, en segundo lugar, porque el proyecto de ley que se está redactando se refiere al financiamiento compartido y a otras materias, como la subvención diferenciada pro retención. Por lo tanto, el Ejecutivo, en todo momento, ha mostrado disposición a mantener dicho financiamiento, lo que me parece muy importante.

El proyecto de reforma constitucional es fundamental para la educación, porque permitirá que en el país se reduzca la brecha entre los más ricos y los más pobres. Por eso, Renovación Nacional lo votará a favor.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el diputado señor Burgos .

El señor BURGOS.-

Señor Presidente, a mi modesto entender, esta reforma constitucional es tan importante como el acuerdo con la Unión Europea, que se aprobó ayer casi por unanimidad, porque el establecimiento de la obligatoriedad de la educación básica y de la media tiene que ver con todos los ámbitos del país. La fase exportadora, la agregación de valor a nuestros productos y la negociación a la par con el resto del mundo están relacionadas con la capacidad de entregar educación de manera equitativa a las personas.

Los hitos que marcan la historia del país son claros. Los gobiernos de Germán Riesco, en 1901; de Arturo Alessandri, a comienzos de la década del veinte, y de Eduardo Frei Montalva , en 1965, forman parte de la larga lucha por incorporar a más gente a una educación mejor. Hoy estamos a las puertas de la aprobación de una reforma constitucional que es básica, sin perjuicio de la discusión que ha habido sobre el quórum que debe tener el proyecto, aspecto que, a mi juicio, es muy menor. Por lo tanto, debemos dar una señal que sea valorada por la gente.

El proyecto, más allá de la calificación de la urgencia dada por el Ejecutivo, es esencial para Chile, no para una alianza determinada. Por lo tanto, no demos más vueltas y votemos lo central: la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica y media para los chilenos. A eso estamos llamados.

El quórum del proyecto podrá discutirse y analizarse, pero el aspecto central de la reforma es otro. ¿Es necesario que una norma constitucional haga tantos reenvíos a la ley? Creo que no, porque perfectamente ésta podría no tener ningún reenvío. De todos modos, va a asegurar a la población que el sistema educacional es gratuito. Además, lo central es que el Gobierno y todos los chilenos queremos la reforma.

Tal como dijo el diputado señor Becker , la posibilidad de que los privados hayan participado en los últimos años en educación ha tenido algunos problemas, pero también fortalezas, porque la modalidad ha permitido incorporar más colegios y capitales privados. Por eso, no hay razón alguna para poner término a dicha incorporación, sino, más bien, de colaborar para que continúe, sin perjuicio de reconocer ciertas desventajas.

En consecuencia, es urgente votar el proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Quiero clarificar al diputado señor Montes que el acuerdo adoptado fue destinar cinco minutos por bancada.

Tiene la palabra, por un minuto y cuarenta y tres segundos, el diputado señor Ortiz .

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, hace algunos días la Sala debatió en general este proyecto de reforma constitucional. Tal como lo dijo el diputado señor Burgos , se trata de una reforma constitucional histórica, así como lo fue también la ley primaria obligatoria muchos años atrás.

Por lo tanto, éste es el momento de que los ciento veinte diputados demostremos que, efectivamente, estamos legislando sobre los temas que interesan a la gente, y el de la educación es vital para la transformación del país.

Ayer como se expresó, ciento siete diputados ratificamos el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que abarca diversos temas, como capacitación, perfeccionamiento, desarrollo tecnológico e intercambio cultural con los quince países que la conforman.

A pesar de todos los ataques que sufrimos como Cámara de Diputados, estamos tramitando los proyectos tendientes a otorgar mayor bienestar y mejor calidad de vida a las personas, especialmente a los adolescentes.

Por eso, la bancada de la Democracia Cristiana va a votar favorablemente esta reforma constitucional que establece la posibilidad de que todos tengan acceso a la enseñanza media.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado José Antonio Kast .

El señor KAST.-

Señor Presidente, ¿por qué hemos repuesto la indicación que se perdió por 10 votos contra 11 en la Comisión? Porque la UDI considera que la norma es imperfecta. En la actualidad, la obligatoriedad de la enseñanza básica está consagrada en la Constitución, donde se señala que la educación básica es obligatoria, y no se hace alusión a ley alguna.

Por lo tanto, decir que la educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, es reducir el estatus de la condición de obligatoriedad consagrada en la Constitución.

Se dice también que es asunto menor la redacción de las normas que se despachan, pero ello no es así. Es responsabilidad de la Cámara de Diputados redactarlas bien y no encomendar su corrección o perfeccionamiento al Senado. Me dijeron: “No, esto lo pueden arreglar en el Senado”. No. las normas deben salir en forma correcta desde su origen. Es nuestra responsabilidad. Nuestros electores nos van a valorar porque hagamos bien nuestro trabajo.

Repito que planteamos esa indicación pudo haberse aprobado por unanimidad en el sentido de trasladar la frase: “son obligatorias en conformidad a la ley” después de la palabra “Estado”, para que la obligatoriedad de la educación básica y de la educación media quedaran de acuerdo con la Constitución y el financiamiento se regulara por ley. Tampoco fue aceptada en una discusión reconozco de pasillo, no oficial.

Pero la UDI está en contra de la demagogia. Se dice que es la reforma más importante que va a afectar al pueblo de Chile. Eso no es tan cierto, porque hoy el 90 por ciento de los alumnos reciben enseñanza media y solamente un 10 por ciento no concurre a los establecimientos, ya sea por falta de recursos o por deserción escolar normal.

Queremos perfeccionar el artículo único. Todos votamos a favor de la idea de legislar. Estamos de acuerdo en que la enseñanza media debe ser obligatoria, pero insisto la norma que despacharemos debe ser acabada.

Hoy, lo más importante más que decir que 12 años de obligatoriedad de la educación van a sacar a este país del subdesarrollo es que los niños chilenos sepan leer, escribir, sumar y restar, lo que hoy no se da. Los exámenes Simce , Tims y todas las encuestas confirman que nuestros jóvenes no están en condiciones de entender lo que leen. Eso debemos mejorar. Ésa va a ser la reforma histórica que debe hacerse en Chile para que nuestros niños estén preparados para la modernidad. Como dije en mi intervención anterior, necesitamos un cambio.

Reitero que la UDI no está en contra de los doce años de enseñanza obligatoria, sino a favor de perfeccionar la norma que debe despachar la Sala.

Esta indicación se perdió sólo por un voto en la Comisión. Por eso la replanteamos, y esperamos que hoy la voten favorablemente todos los diputados presentes.

Por último, el Reglamento de la Cámara establece que debe votarse al término de la discusión del proyecto de ley, y que, salvo acuerdo unánime de la Sala, su votación se puede trasladar para el final del Orden del Día.

Por lo tanto, exijo que se cumpla con el Reglamento.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por un minuto y 32 segundos, el diputado señor Sergio Correa .

El señor CORREA.-

Señor Presidente, nuestra posición no tiene nada que ver con el proyecto en sí mismo, cuyo objetivo es hacer obligatoria la educación media. Si comparamos el consenso que hubo ayer para aprobar el tratado de libre comercio con la Unión Europea, con este proyecto, vamos a concordar también en que, para poder lograr el desarrollo que todos queremos, debemos mejorar la calidad de la educación; pero esto no se consigue mediante una simple ley, sino otorgando los recursos necesarios.

Por el hecho de que el trámite de esta iniciativa ha sido muy irregular y porque la señora ministra no ha respetado el acuerdo a que llegamos con ella, presentaremos nuevamente esa indicación.

Al momento de votar, nos vamos a abstener, como señal de rechazo a la actitud de la señora ministra.

He dicho.

El señor SALAS (Vicepresidente).-

En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa .

El señor JARPA.-

Señor Presidente, como representante del Partido Radical, me es muy grato concurrir a la aprobación de este proyecto, que perfecciona la educación, el que, desde siempre, ha sido uno de los grandes objetivos de nuestro partido. Sabemos que a través de ella se superan las desigualdades entre las personas.

Nuestro partido, desde principios del siglo pasado, luchó por la enseñanza obligatoria. En 1920 se crearon los cuatro primeros años básicos; en 1929, los seis años básicos, y en 1965, los ocho años básicos.

Esta es la forma de conseguir las grandes metas, no sólo del gobierno del Presidente Lagos, sino de todo el país: que el crecimiento sea con igualdad, con equidad, y, además, insertar a toda nuestra comunidad en la globalización, de manera que ésta llegue a todos los sectores.

Ya lo señalaron los diputados Burgos y Correa, y yo también lo dije ayer, cuando aprobamos el acuerdo con la Comunidad Europea: nuestro país se construye con personas competentes; ésa es nuestra competitividad.

Esta reforma constitucional contiene esos objetivos: que nuestra educación básica y nuestra educación media sean obligatorias hasta los dieciocho años. Es decir, que ningún joven pueda llegar a esa edad sin estar matriculado en un establecimiento educacional. Se ha dicho que un 10 por ciento de jóvenes menores de 18 años no están recibiendo educación media. Esto ocurre especialmente en comunas rurales. Expreso esto en mi condición de representante de comunas con gran porcentaje de población rural, donde podemos comprobar el drama de que la tercera parte de los estudiantes que alcanzan la educación básica no logran cursar la educación media.

Confiamos en que, a través de esta reforma constitucional que hará obligatoria y gratuita la educación media, se vean beneficiados nuestros niños de los sectores más postergados, con mayor pobreza, que no llegan a la educación media debido a su alta tasa de deserción, con lo cual nuestra sociedad va a alcanzar sus grandes objetivos. Así, el país podrá crecer con equidad, y los beneficios que hoy otorgan los diferentes tratados de libre comercio, como el que aprobamos ayer con la Unión Europea, y los que aprobaremos con los Estados Unidos y con Corea, los recibirán todos los sectores, en especial los más postergados.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada Carolina Tohá .

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señora Presidenta, esta reforma constitucional va a llegar quizá un poco tarde respecto de la realidad, porque en Chile hace tiempo que la educación media, en la práctica, es obligatoria. Hoy, sin enseñanza media, no es posible encontrar un espacio en el mercado laboral, y, obviamente, no es posible seguir estudios superiores y existen restricciones severas para cualquier sistema de capacitación. Un chileno sin enseñanza media no logra ser un ciudadano completo.

Por lo tanto, esta reforma es tardía y no podemos postergarla más. Es urgente que la aprobemos hoy sin ningún otro trámite o medida, pero es necesario poner sobre el tapete lo que ha dificultado su tramitación, puesto que, en teoría, todos están de acuerdo con ella.

Entiendo que la aprensión de la UDI es consecuencia de que, el día de mañana, cuando legislemos para hacer efectiva esta reforma porque por sí misma es insuficiente y va a ser necesario legislar después, se afecte el sistema de financiamiento de la educación en Chile y, en particular, el de financiamiento compartido.

Me parece legítimo que existan inquietudes, pero pido a los colegas de la UDI, especialmente a quienes forman parte de la Comisión de Educación, que no supediten una reforma constitucional a temores. No podemos, a través de las distintas medidas que han propuesto, limitar, asegurar y, de alguna manera, pactar esta reforma a cambio de que garanticemos que después no se va a discutir el sistema de financiamiento compartido. Ésa no es una manera correcta de legislar ni tampoco de tratar este tema. Lo principal es el derecho a la educación, y lo secundario es cómo se financia y cuál es el rol de los privados en la materia.

Por lo tanto, pese a que la bancada de la UDI ya planteó su punto de vista, insisto en que haga el esfuerzo de aprobar este proyecto de reforma, de manera que se sepa que existe un gran acuerdo en este hemiciclo en el sentido de que la educación media sea obligatoria y garantizada por el Estado para todos los jóvenes chilenos. Mañana discutiremos el sistema de financiamiento la ministra ha expresado que no le interesa eliminar el financiamiento compartido; pero no nos pidan una especie de juramento a priori que restrinja nuestras facultades legislativas cuando discutamos el proyecto de ley que haga efectiva y reglamente esta reforma constitucional.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Montes hasta por 3 minutos y medio que restan a su bancada.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta, como ya señalaron varios diputados, este proyecto constituye un hito en el proceso de reforma educacional. Se trata de incorporar como derecho fundamental, como garantía constitucional, la obligatoriedad de la enseñanza básica y de la media en el país.

Por su intermedio, señora Presidenta, quiero decirle al diputado señor Kast que esto no es demagogia. Un país vive con principios, con derechos, y, en la medida en que establezcamos como garantía la obligatoriedad de la enseñanza media, haremos un bien al país. Eso no puede llamarse demagogia. Es la expresión de la voluntad colectiva de un país que se traduce en una reforma constitucional de esta envergadura. Se ha tratado de llevar la discusión hacia el sistema de financiamiento, que no dice relación con el proyecto. Estamos discutiendo un principio global, y el financiamiento no está incluido. En todo caso, no puede figurar en el Nº 10º del artículo 19 de la Constitución Política, que se refiere al derecho a la educación. Aquí se ha pretendido incorporar en el derecho a la educación la defensa del pago de los padres, el financiamiento compartido. Ésa es otra discusión.

Lamento que la UDI haya distorsionado el debate; que haya tratado de desviar una materia tan importante y consensual hacia un tema de naturaleza distinta, de otra envergadura. Basta con ver qué asuntos tienen que ver con leyes orgánicas constitucionales.

El Gobierno no está por terminar con el aporte de los padres a la educación, con el financiamiento compartido. Hemos sido muy críticos con ese sistema, pero no por eso no somos partidarios de otras modalidades de aporte de los padres. Hay que ser más justos.

Por ejemplo, el colegio particular San Ignacio , de El Bosque, tiene un sistema de pago mucho más justo que el de financiamiento compartido. Allí los padres pagan de acuerdo con sus ingresos. En el sistema de financiamiento compartido se paga independientemente del ingreso, lo cual es una barrera a la entrada; pero reitero ésa es otra discusión que no tiene que ver con el proyecto que estudiamos.

Pretenden que la disposición sea de quórum calificado, pero se ha modificado dos veces y no presenta esa calificación.

Me llama la atención que la UDI se preocupe de que se pague, pero no manifieste igual preocupación por resolver las desigualdades educativas.

Si quieren votar en contra del proyecto, y con ello, la reforma se viene abajo, tendrán que responder al país por el hecho de no establecer como garantía constitucional el derecho fundamental de doce años de enseñanza obligatoria.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, hasta por 2 minutos y medio, la diputada María Antonieta Saa .

La señora SAA (doña María Antonieta) .-

Señora Presidenta, hoy estamos ante una de las discusiones más importantes, y me da mucha lástima que, por un ideologismo, por una ideología, se quiera empañar este logro histórico para el país.

Nos planteamos doce años de enseñanza obligatoria porque existe esa posibilidad. Si esto es demagogia, entonces toda nuestra Constitución lo es, porque en ella se establecen metas.

Por su intermedio, señora Presidenta, le digo al diputado señor Kast que esto no es demagogia, sino una aspiración que puede ser cumplida.

Nuestra Constitución Política dispone la no discriminación; sin embargo, ésta existe. Señala, también, que todos los chilenos somos iguales ante la ley; pero todavía no lo somos. Dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley; no obstante, en la sociedad conyugal el marido es el jefe. Esto es desigualdad. La Constitución pone metas como país.

Hoy tenemos una posibilidad histórica. Pongamos las cartas sobre la mesa. A través de un subterfugio, se trata de dar rango constitucional a algo que no lo amerita. Si el diputado Kast sostiene el principio liberal de que no haya educación gratuita y que se mantenga el financiamiento compartido, que lo diga claramente, pero que no se escude detrás de un acuerdo histórico que deberíamos apoyar por unanimidad para introducir su ideología en el campo educacional.

El financiamiento compartido tiene su lógica. A mí no me gusta. Creo que la educación gratuita es sumamente importante para los chilenos; pero pido que no se esconda el problema ni empañemos algo tan importante como esta reforma.

Si la UDI vota en contra, sería una pena, porque ante el país quedaría muy mal. El Congreso no puede quedar mal.

He dicho.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Solicito el acuerdo de la Sala para votar los proyectos al término del Orden del Día.

¿Habría acuerdo?

No hay acuerdo.

Tiene la palabra la señora ministra de Educación.

La señora AYLWIN, doña Mariana (ministra de Educación).-

Señora Presidenta, ayer la Cámara aprobó el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Chile se está incorporando al mundo como el primer país latinoamericano que suscribe acuerdos con la Unión Europea, con los Estados Unidos y con Corea; pero, para cumplirlos cabalmente, requiere mejorar su sistema educacional en distintas líneas. Como país, estamos comprometidos en mejorar la calidad de la educación, y para lograrlo hay muchas iniciativas. Sin embargo, aún es necesario mejorar la cobertura en algunos niveles, uno de los cuales es fundamental: la enseñanza media. Hay que tener en cuenta que, si bien contamos con una cobertura de 90 por ciento, en los sectores más pobres es de 82 por ciento. Es decir, cerca del 20 por ciento de los jóvenes de esos sectores no llega a la enseñanza media. En los sectores más ricos la deserción es de 1,5 por ciento.

Ésa es la gran brecha de oportunidades que se produce en la enseñanza media entre los sectores más acomodados y los más modestos.

Por otra parte, en los países más desarrollados, alrededor del 85 por ciento de los jóvenes egresa de la enseñanza media. En Chile, distinguiendo entre la cobertura y el número que ingresa, sólo egresa el 65 por ciento; los demás van quedando en el camino.

Pensamos que el proyecto es muy importante, porque, en el mundo del siglo XXI, menos de doce años de escolaridad significa quedar condenado a la marginalidad. En ese sentido, pensamos que es un proyecto de país que se junta con otras iniciativas y se puede abordar en la forma como hemos avanzado en el último tiempo.

La necesidad de poner en el artículo único del proyecto de reforma constitucional la frase “en conformidad a la ley”, obedece a que hay que definir varias cosas. Por ejemplo, hasta qué edad se va a exigir la enseñanza media y cuáles son los instrumentos necesarios para poder cumplir con la obligatoriedad que se impone el Estado, que debe financiarla. No es banal dicha frase, porque si sólo se relaciona con el financiamiento, impide abordar otros asuntos que hay que perfeccionar en nuestra legislación para hacer obligatoria y gratuita la enseñanza media.

Por último, quiero señalarles con mucha franqueza, a quienes creen que esta iniciativa es demagógica felizmente, no lo he oído, salvo en un solo diputado, porque la mayoría se ha mostrado muy favorable a ella y que el Gobierno no cumple con su palabra, que voten en contra. El país juzgará. Reitero que esta iniciativa es importante. Estoy segura de que la mayoría de los diputados y de las diputadas así lo entienden, pero cada uno es libre para tomar su decisión.

Espero que el país pueda contar con esta reforma constitucional para poder avanzar con equidad hacia una mejor integración en el mundo de hoy.

Gracias.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

En primer lugar, voy a someter a votación la indicación presentada al artículo único por varios señores diputados de la UDI y por algunos de Renovación Nacional.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señora Presidenta, pido que se lea.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

El señor Prosecretario le va a dar lectura.

El señor ÁLVAREZ (Prosecretario)

La indicación renovada es la siguiente: suprimir, en el artículo único, la frase “en conformidad a la ley”.

Agregar una coma (“,”) después de la palabra “obligatorias”.

Intercalar, entre las palabras “Estado” y “financiar”, la frase “en conformidad a una ley de quórum calificado”, y

A continuación del punto (.) final del artículo, que pasa a ser punto (.) seguido, incorporar la siguiente frase: “Las personas podrán contribuir al financiamiento de este sistema”.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 61 votos. Hubo 2 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Alvarado , Álvarez , Barros, Bauer , Bayo , Bertolino , Cardemil , Cristi ( doña María Angélica) , Dittborn , Forni , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , González (doña Rosa), Ibáñez (don Gonzalo) , Kast , Leay , Martínez , Masferrer , Moreira , Paya, Pérez (don Ramón) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Recondo , Rojas , Salaberry , Ulloa , Uriarte, Urrutia , Varela y Von Mühlenbrock .

Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló, Allende (doña Isabel) , Ascencio , Becker , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo , Encina , Escalona , Girardi , González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto, Lagos , Leal , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longton , Lorenzini , Luksic , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes, Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma, Paredes, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez ( doña Lily) , Quintana , Riveros , Robles , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Valenzuela , Venegas , Vidal ( doña Ximena) , Villouta y Walker .

Se abstuvieron los diputados señores Álvarez-Salamanca y Correa.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

En votación el proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Aprobada la reforma constitucional.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi , Aguiló , Alvarado , Álvarez-Salamanca , Álvarez , Allende (doña Isabel), Ascencio , Barros, Bauer , Bayo , Becker , Bertolino , Burgos , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Cristi (doña María Angélica) , Dittborn , Egaña , Encina , Errázuriz , Escalona , Forni , Galilea (don Pablo) , García-Huidobro , Girardi , González (doña Rosa), González (don Rodrigo) , Guzmán (doña Pía), Hales , Ibáñez (doña Carmen) , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto, Lagos , Leal , Leay , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Lorenzini , Luksic , Martínez , Masferrer , Mella ( doña María Eugenia) , Meza , Montes, Moreira , Mulet , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Ojeda , Ortiz , Palma, Paredes, Paya, Pérez (don José) , Pérez (don Aníbal) , Pérez (don Ramón) , Pérez ( doña Lily) , Pérez (don Víctor) , Prieto , Quintana , Rebolledo , Recondo , Riveros , Robles , Rojas , Rossi , Saa (doña María Antonieta) , Saffirio , Salaberry , Salas, Sánchez , Seguel , Sepúlveda ( doña Alejandra) , Silva , Soto (doña Laura) , Tapia , Tarud , Tohá (doña Carolina) , Tuma , Ulloa , Uriarte, Urrutia , Valenzuela , Varela , Vargas , Venegas , Vidal ( doña Ximena ), Villouta , Von Mühlenbrock y Walker .

Votó por la negativa el diputado señor Kast .

Se abstuvieron los diputados señores Correa e Ibáñez, don Gonzalo .

La señora MUÑOZ, doña Adriana (Presidenta).-

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora AYLWIN, doña Mariana (ministra de Educación).-

Señora Presidenta, simplemente quiero agradecer y valorar el respaldo a esta iniciativa.

Gracias.

Aplausos.

VALPARAISO, 18 de diciembre de 2002.

Oficio Nº4059

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del Mensaje, Informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"Artículo único.- Sustitúyese el inciso quinto, del número 10 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

"La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".".

****

Hago presente a V.E. que el referido artículo único fue aprobado, en general, con el voto conforme de 104 señores Diputados, en tanto que en particular lo fue con el voto conforme de 94 señores Diputados, en ambos casos de 117 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 116 de la Carta Fundamental.

Dios guarde a V.E.

ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA

Presidenta de la Cámara de Diputados

ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Prosecretario de la Cámara de Diputados

?INFORME DE LAS COMISIONES DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA.

BOLETÍN Nº 3.039-07.

_____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestras Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas tienen el honor de informaros en general y particular a la vez, el proyecto de reforma constitucional en referencia, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Las Comisiones unidas acordaron haceros presente que, en conformidad al inciso segundo del artículo 116 de la Constitución Política, este proyecto debe ser aprobado por las dos terceras partes de los señores Senadores en ejercicio, por incidir en una norma del Capítulo III de la Carta Fundamental.

A la sesión que vuestras Comisiones unidas dedicaron a este asunto, concurrieron la señora Ministra de Educación, doña Mariana Aylwin; el Subsecretario de dicha Cartera de Estado, señor José Weinstein; el Jefe del Departamento Jurídico del mencionado Ministerio, señor Rodrigo González; el Coordinador Jurídico, señor Hugo Montaldo, y el asesor legislativo, señor Alexis Yañez.

Por tratarse de una iniciativa de artículo único, vuestras Comisiones unidas la discutieron en general y en particular a la vez y os recomiendan proceder en la misma forma.

Con fecha 4 del actual, el Primer Mandatario hizo presente la urgencia para el despacho de este proyecto, en el carácter de “simple”.

- - - - - - - -

ANTECEDENTES

Para una adecuada comprensión de la iniciativa, deben tenerse presente los siguientes antecedentes:

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Constitución Política

El CAPITULO III

De los Derechos y Deberes Constitucionales

Su artículo 19 señala que la Constitución asegura a todas las personas:

“10.º El derecho a la educación.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.

Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

El Estado promoverá la educación parvularia.

La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población.

Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.

Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.”.

2.- Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de 1920.

Establece para todos los niños del país la obligación de concurrir a la escuela durante cuatro años o cursos hasta cumplir 13 años.

3.- Ley Nº 18.962, de 1990, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Fija los requisitos mínimos de los niveles de enseñanza básica y enseñanza media y, asimismo, regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

EL MENSAJE QUE LE DIO ORIGEN

El Jefe de Estado, en primer lugar, señaló en este documento que el proyecto tiene por finalidad enmendar la forma en que se garantiza el derecho a la educación, con el objeto de hacer obligatoria y gratuita la Educación Media.

Recordó que una de las leyes más importantes dictadas en los comienzos del siglo recién pasado, y que ha contribuido de manera fundamental al desarrollo de nuestro país, ha sido la Ley de Educación Primaria Obligatoria, de 26 de agosto de 1920. Sostuvo que no existe mejor ocasión que este octogésimo segundo aniversario de dicha normativa para dar un nuevo y trascendental paso en el desarrollo de nuestro país, como lo es el proponer el establecimiento de la obligatoriedad de la Educación Media, de modo de extender el período escolar de los 8 años actuales a 12 años.

Hizo notar que la Ley de Instrucción Primaria de 1860 sentó las bases del sistema público de educación de ese nivel, para lo cual, desde aquella época, se multiplicaron las escuelas de niños y de niñas, se crearon varias escuelas normales y se desarrolló una primera "profesionalización" de los preceptores y preceptoras, iniciándose el desarrollo de un servicio público de administración del incipiente sistema.

La expansión y el mejoramiento experimentado, prosiguió, no había logrado, a comienzos del siglo XX, calmar la insatisfacción existente sobre los alcances y carácter de la educación elemental, por lo que se pensó que era necesario introducir una medida radical como fue la obligatoriedad de la instrucción primaria, junto con otras acciones de mejoramiento de la acción pública.

Para este efecto, agregó, en el Congreso Nacional se debatieron largamente diversos enfoques y proyectos pero, quien más aportó a su logro, inserto en un contexto socio-cultural más favorable a políticas públicas de intervención social, fue don Darío E. Salas, quien en 1917 publicó su libro "El Problema Nacional". En él, Salas propuso un nuevo ante-proyecto articulado, que tuvo bastante resonancia por sus fundamentos, contribuyendo, indudablemente, a que entre 1918 y 1920, se intensificara la campaña pública a favor de una ley de educación primaria obligatoria, participando amplios sectores de nuestra sociedad, incluyendo las organizaciones magisteriales de la época.

Explicó que la referida Ley de 1920 establecía para todos los niños y niñas la obligación de concurrir a la escuela durante 4 años o cursos hasta que cumplieran 13 años; pero, en 1929, fue reformada, introduciendo, entre otros cambios, un aumento de la obligatoriedad a seis años de asistencia, y la creación de las Juntas de Auxilio Escolar, destinadas a satisfacer la necesidad de la asistencialidad pública para hacer efectiva la obligatoriedad. La ley N° 5.291, de 1929, no ha sido, hasta ahora, derogada formalmente.

En cuanto a la obligatoriedad escolar, sostuvo que la expansión de la Educación Primaria había comenzado antes de la dictación de la Ley, y que el país tardó más de 50 años antes de universalizarla, toda vez que, como es sabido, las leyes no son la variable primera a la hora de las grandes transformaciones educacionales o sociales. La obligatoriedad puede ser un mecanismo ineficaz si las condiciones para hacerla efectiva no son las suficientes. En el corto plazo, explicó, la ley no logró sus propósitos pues problemas de enfoque en la misma ley y coyunturas financieras mayores impidieron su efectividad en el corto plazo. El esfuerzo de los reformadores de 1920 no tuvo éxito automático ni reconocimiento unánime, sino que fue en el marco de la reforma educacional inaugurada en 1965 y su prolongación hasta 1973, que prácticamente se logró la universalización de la educación básica.

Respecto de la proposición de consagrar la educación obligatoria hasta los 18 años de edad, el Primer Mandatario hizo presente que una norma de este carácter debe ser puesta a la luz de la experiencia histórica.

En este sentido, aseveró que, en esta ocasión, la obligatoriedad no precede a la expansión del sistema de educación media, el cual está relativamente cerca de universalizarse. Por lo tanto, aseveró, el propósito de la norma constitucional propuesta es lograr que, una vez producido el debate y discusión de tan importante tema, se consolide y perfeccione un crecimiento ya avanzado. Considerando las distancias históricas y, al revés del imaginario social al respecto, destacó que la ley de 1920 no creó la expansión de la cobertura escolar primaria, sino que pretendió reforzarla y asegurarla, aunque se haya demorado medio siglo.

Algo similar ocurre hoy, acotó. La obligatoriedad de la Educación Media hasta los 18 años, afirmó, se logrará sobre la base de la experiencia y progresos acumulados en el proceso de la actual reforma, en marcha desde 1990. A diferencia de la Ley de 1920, esta reforma se apoyará en un proceso ya en aplicación y la potenciará para superar la deserción y para asegurar la retención y el éxito oportuno.

Destacó que para evitar que la reforma propuesta se quede en la declaratoria, tendrá que complementarse con un conjunto de normas legales y reglamentarias y de decisiones de política pública de reforzamiento de las condiciones ya existentes para el mejor y más rápido cumplimiento de la meta constitucional de doce años de escolaridad para todos.

Como ejemplo de lo anterior, indicó que en materia de gratuidad el Gobierno no pretende terminar con el financiamiento compartido para el sector municipal; pero será necesario revisar su normativa a fin de introducir las adecuaciones que aseguren efectivamente a todas las personas, hasta los dieciocho años de edad, el acceso a la Educación Media.

A continuación señaló que actualmente el Ministerio de Educación, a través de diversos programas que está ejecutando, pone todos sus esfuerzos en preparar y aplicar medidas tendientes a mejorar la calidad y la equidad de la enseñanza, lo cual está siendo posible porque la sociedad entera se ha involucrado en ello. A título ejemplar, mencionó entre dichos programas uno de los que más destaca en los últimos años, el denominado "Liceo Para Todos", orientado a lograr que los estudiantes de la educación media permanezcan en las aulas y culminen, en lo posible, sus estudios de ese nivel, que les permita tanto el acceso a la educación superior como al campo laboral.

Advirtió, en seguida, que a pesar de todo lo realizado, aun hoy día las estadísticas demuestran que hay una fuerte deserción escolar, especialmente en la educación media, lo que impide que un importante sector de la juventud de nuestro país pueda integrarse a la educación superior y a aspirar, con algún grado de certeza, a ejecutar trabajos importantes ya que carecen de la capacidad humanística o técnica que puede entregarles la educación media, en cualquiera de sus modalidades. La reforma propuesta y las posteriores modificaciones a la legislación y reglamentación vigente, permitirán superar lo anterior y dejarlo en el olvido, por el hecho que la educación media será obligatoria hasta los 18 años de edad.

Desde otro punto de vista, informó que el proyecto ha considerado el máximo de antecedentes disponibles, que emanan tanto de diversas comisiones de expertos que cumplieron su cometido en los últimos años, así como las distintas iniciativas presentadas por diversos Honorables Parlamentarios, que contienen el mismo propósito que este proyecto.

Destacó aquí algunos fundamentos de los proyectos presentados por los Honorables Senadores señores Roberto Muñoz Barra y Jaime Naranjo; por el Diputado señor Maximiano Errázuriz; por el ex Senador señor Sergio Bitar y por los ex diputados señora María Rozas y señor Felipe Valenzuela.

Por lo anterior, concluyó que la presente reforma, en consecuencia, obedece a un gran sentir nacional y ha sido solicitada desde diversos sectores.

Para ello, reiteró, será necesario dictar y aprobar algunas reformas legales e intensificar la aplicación de importantes programas que el Ministerio de Educación está desarrollando hoy día para evitar la deserción escolar, promover la retención de alumnos en los establecimientos educacionales y apoyar con los recursos necesarios a las familias más pobres, en el marco del Programa "Chile Solidario".

En síntesis, el Mensaje establece que la educación media será obligatoria hasta los 18 años de edad, lo que significa que, ingresando los educandos a los 6 años a la enseñanza básica, como lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la obligatoriedad se extiende por 12 años.

Finalmente, el Mensaje alude a la necesidad de que, al igual que con lo ocurrido con la enseñanza básica, respecto de la cual la ley ha establecido toda la normativa para hacer efectivos los conceptos de gratuidad y obligatoriedad contenidos en la norma que ahora se modifica, una futura ley deberá señalar específicamente, la forma como deberá cumplirse la obligatoriedad y la gratuidad de la Educación Media y, especialmente, respecto de los niños y niñas de las familias más pobres. En todo caso, acotó, la ley señalará todas las normas vigentes que será necesario modificar, como asimismo las nuevas que, sin ser modificatorias de leyes anteriores, deberán dictarse. Dicha ley, anunció, se enviará al Congreso Nacional tan pronto el Poder Legislativo apruebe esta reforma constitucional.

El Mensaje propone reemplazar el inciso quinto del numeral 10.º, del artículo 19 de la Carta Fundamental, por el siguiente:

"La educación básica y la educación media, hasta los dieciocho años de edad, son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tales objetos, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".

EL PROYECTO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En sesión celebrada con fecha 18 de diciembre de 2002, la Honorable Cámara de Diputados aprobó el siguiente texto para esta reforma constitucional:

"Artículo único.- Sustitúyese el inciso quinto, del numero 10 del artículo 19, de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

"La educación básica y la educación media son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".

DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DEL PROYECTO

Para ilustrar el debate, la Comisión escuchó la opinión de las autoridades e invitados que a continuación se mencionan.

En primer término, hizo uso de la palabra la señora Ministra de Educación, doña Mariana Aylwin.

La mencionada autoridad se refirió a los fundamentos que el Gobierno tuvo en consideración al momento de presentar esta reforma constitucional.

Sobre el particular, señaló que como producto del esfuerzo de muchas generaciones hoy en día es posible ponerse la meta de la enseñanza media obligatoria o, en otros términos, alcanzar el objetivo de que los jóvenes tengan, como mínimo, doce años de escolaridad.

Precisó que, en 1920, al dictarse la Ley de Educación Primaria Obligatoria no se estableció cuántos años abarcaba ésta, pero se entendió que eran cuatro años, pues éstos se consideraban como la educación básica para ese tiempo. En 1929, agregó, se avanzó al proponerse seis años como el período mínimo de formación para que una persona pudiera insertarse en la sociedad. Luego, continuó, en el Gobierno del Presidente Frei Montalva se establecieron los ocho años de educación básica obligatoria. Hoy se sostiene que las personas que tienen menos de doce años de escolaridad enfrentan una restricción muy importante para insertarse en la vida social. De hecho, acotó, sin este período de formación, en la práctica están condenados a la marginalidad.

En cuanto a las condiciones en que se encuentra el país para establecer un plan mínimo de 12 años de escolaridad, hizo presente que actualmente existe una cobertura de enseñanza media de un 90%. No obstante, advirtió que existe una gran desigualdad social, que se manifiesta, según las encuestas CASEN del año 2000, en que la cobertura del segmento socioeconómico más alto en la enseñanza media es de un 98,5% y el del más pobre es de un 82,3%.

En esta línea, destacó que también se presentan diferencias importantes al examinar lo que ocurre en las diversas regiones del país. Por ejemplo, dijo, en las regiones VIII y X existe una cobertura de 80%, a pesar de que ellas son las regiones que más han aumentado su cobertura en los últimos 10 años, subiendo 20 puntos en diez años, en circunstancias que, en general, el aumento en regiones ha sido, en promedio, de 10 puntos en diez años. Lo anterior significa, explicó, que en esas regiones, al año, dos jóvenes de cada diez no terminan el sistema escolar. El promedio nacional, en cambio, indica que uno de cada diez no termina el sistema escolar en la enseñanza media. En términos absolutos, esto quiere decir que anualmente 70.000 jóvenes salen del sistema escolar durante la enseñanza media.

Por otra parte, enfatizó en la necesidad de avanzar en esta materia pues la incorporación de Chile en el mundo cada vez más globalizado exige mejorar las posibilidades de los jóvenes.

Desde otro punto de vista, resaltó el positivo efecto que esta reforma producirá en cuanto a la movilidad inter-generacional, esto es, en el fortalecimiento de la familia como condición para mejorar en los resultados del aprendizaje y en el promedio de escolaridad. En efecto, prosiguió explicando, si no se mejoran significativamente los promedios de escolaridad de los chilenos, se seguirá teniendo bajos resultados de aprendizaje en el sistema escolar nacional, porque los resultados de aprendizaje están muy condicionados por el nivel de escolaridad de los padres. Para demostrar esta afirmación, informó que sólo 15.000 de los 54.000 que están seleccionados a las universidades del Consejo de Rectores, sus padres tienen educación universitaria; al mismo tiempo, se observa que la mayoría de los jóvenes que quedan fuera del sistema tienen padres de muy baja escolaridad.

A continuación se refirió a los riesgos, que calificó de muy graves, que involucra la violencia asociada a los niños y jóvenes del sector escolar. Resaltó que las aptitudes discriminatorias de la delincuencia son muy severas y la carencia de adecuados niveles de atención a este problema representa una tremenda pérdida de oportunidades para el país.

Reconoció que la medida de consagrar legalmente los doce años de escolaridad por sí sola obviamente no retendrá en los colegios a todos los jóvenes, pero sí constituye una señal a la sociedad y compromete al Estado para poner recursos y financiar un sistema obligatorio y gratuito.

En relación con la inquietud que se ha planteado en el sentido de que esta reforma puede afectar el sistema de financiamiento compartido, hizo presente que ella se discutió en la Honorable Cámara de diputados y allí se dejó absolutamente en claro que el Gobierno no pretende terminar con dicho sistema para el sector municipal y recordó que, además, el propio Mensaje del Ejecutivo establece explícitamente que la reforma constitucional deberá complementarse con un conjunto de otras medidas. Entre estas destacó la subvención “pro-retención”, que es una subvención adicional orientada a retener a los alumnos en el sistema escolar.

Además, se dictarán las normas legales y reglamentarias que sean necesarias para el más rápido y mejor cumplimiento de la meta constitucional. Entre otras medidas, dijo, se deberá establecer una edad máxima para exigir el cumplimiento de la escolaridad en forma obligatoria; se deberán efectuar algunas modificaciones a la legislación laboral referida al trabajo de los jóvenes en edad escolar y, en general, será necesario revisar la normativa a fin de introducir las adecuaciones que aseguren efectivamente a todas las personas, hasta los 18 años de edad, el acceso a la educación media.

Señaló luego que, en su opinión, sin un compromiso del país en la actual generación de jóvenes no sería posible terminar prontamente con la deserción escolar.

Reiteró que este proyecto de enmienda constitucional va asociado a un conjunto de políticas asociadas a la mantención de los alumnos en sus colegios, mencionando, por ejemplo, el programa “Liceo para Todos”, dirigido a los 430 liceos más vulnerables, que tienen peores resultados de aprendizaje y que atienden a sectores más pobres de la población.

En esos liceos, dijo, el año pasado se entregaron 10.000 becas; este año se otorgarán 13.000 becas y se pretende llegar a 18.000 becas en el 2006.

Otro esfuerzo especial en esta línea, agregó, es el de mejoramiento de los internados. El año pasado, explicó, en 150 internados se mejoró la infraestructura, las condiciones para que los estudiantes puedan aprender, tener una cierta formación en sus horas libres, recrearse y, en general, vivir en mejor forma.

En tercer lugar, mencionó el Programa Intercultural Bilingüe a través del cual este año se entregarán 24.000 becas para alumnos de educación básica y media. Indicó que también los programas de las Juntas de Auxilio Escolar se están orientando para favorecer la mantención de los alumnos en sus colegios.

Otro programa pro-inserción lo constituye el de “Nivelación de Estudios”, que el año pasado aumentó en 40.000 mil los cupos para ese objeto en la población adulta. Sobre este punto anotó que la población adulta en nuestra educación cubre alrededor de 150.000 personas, siendo la mayoría de ellas menores de 24 años, por lo tanto, en realidad, se trata de desertores del sistema normal.

Finalmente, aludió a un conjunto de tareas que desarrolla el Ministerio de Educación orientadas a coordinarse con otros Ministerios y con la sociedad civil, con el objeto de prevenir la deserción escolar. Manifestó que estas labores se realizan en conjunto con instituciones como los Ministerios del Interior y de Justicia y organizaciones como la Fundación Paz Ciudadana, para incorporar iniciativas en el campo de la seguridad que favorecen la retención de los alumnos en sus colegios.

A continuación el Presidente de las Comisiones unidas, Honorable Senador señor Chadwick, expresó su plena coincidencia con el propósito de que el Estado de Chile asuma como compromiso constitucional la enseñanza media obligatoria y la correspondiente obligación de asegurar la gratuidad del sistema.

Hizo presente que, al analizarse, en su oportunidad, una moción de los Honorables Senadores señores Bitar y Muñoz Barra, la razón que impidió votarla favorablemente fue exclusivamente que los Parlamentarios no podían consagrar la gratuidad sin que el Ejecutivo tuviera una participación directa en ello.

Luego, manifestó que el texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados le merece una duda. Como hoy en día el texto constitucional contempla la educación básica obligatoria sin limitación alguna, es decir, como un derecho absoluto, le llama la atención que, en primer trámite, se proponga, en cambio, que la educación básica y la educación media sean obligatorias “en conformidad a la ley”.

A su juicio, el ejercicio mismo del derecho no debería ser regulado en la ley, ya que actualmente la Carta Fundamental no contempla restricción alguna. Solamente el sistema de financiamiento debe fijarse en una norma inferior porque, para efectos de asegurar la gratuidad, parece necesario fijar condiciones, modalidades y formas determinadas.

La señora Ministra de Educación precisó que a lo que se busca dar carácter obligatorio es a la permanencia en los establecimientos educacionales de los menores de 18 años que no hayan cursado completamente la educación media. El Estado busca asegurar que los jóvenes no abandonen la educación antes de terminar la Enseñanza Media; pero si la completan a los 19, por ejemplo, obviamente no se le exigirá a la persona que pague su educación.

El Honorable Senador señor Chadwick replicó que si bien ello le parece razonable, la ley no puede restringir un elemento esencial del ejercicio del derecho que está establecido en la Constitución. Por ello, le parece mejor la redacción propuesta en el Mensaje del Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Espina compartió la inquietud expresada por el señor Presidente y anotó el riesgo de que cualquier norma legal –por tanto, inferior a la constitucional- que pretenda regular el derecho sea impugnada y, en definitiva, eventualmente declarada inconstitucional.

Además, hizo ver lo odioso que resulta asegurar el ejercicio gratuito de un derecho hasta una edad determinada. Sostuvo que, en la práctica, sería inaceptable que a un joven de 18 años que ha cursado tercero medio y pasa a cuarto medio con 19 años, se le niegue la gratuidad del último año de educación.

El señor Subsecretario de Educación explicó que en la mayoría de las legislaciones europeas sobre educación se fija una cierta edad para exigir la asistencia obligatoria, antes que una cantidad de años de permanencia en el colegio, criterio que comparte. Por otro lado, le parece inconveniente pretender llevar a estudiar compulsivamente a un mayor de edad.

Desde otra perspectiva, resaltó un elemento de carácter económico que considera muy importante: es distinto que el Estado se haga cargo de la educación de un joven hasta los 18 años -caso en el cual los 12 años escolares irían desde los 6 años de edad hasta los 17, esto es, el ciclo normal, que hoy en día culmina a los 18 años, con cuarto medio- a hacerse cargo de que el conjunto de la población cuente con 12 años de escolaridad. Esto último podría incluso llevar a hacerse cargo de los adultos mayores. Por esta razón, en el proyecto original se contemplaba el tema de la edad.

Ante una consulta del Honorable Senador señor Valdés acerca de si el Ministerio de Educación dispone de información desagregada sobre deserción escolar en las comunidades mapuches, la señora Ministra informó que actualmente esa Secretaría de Estado cuenta con estadísticas por regiones y por comunas, lo que permite establecer que la deserción es muy alta en las comunas con población indígena mayoritaria.

El Honorable Senador señor Vega formuló algunas observaciones a las autoridades del Ministerio de Educación.

En primer lugar, manifestó su completo acuerdo con la modificación constitucional propuesta.

No obstante, sostuvo que a los 18 años el ser humano ya está formado pues, en realidad, es en sus primeros años de vida cuando se prepara y forja su personalidad. En consecuencia, la proposición no atiende adecuadamente ese período clave que son los primeros años, pues no torna obligatoria la educación parvularia.

Afirmó que incluso las causas profundas que explican la deserción más adelante se encuentran en el lapso de los primeros años de vida de toda persona, antes que en la indiferencia del joven respecto de la sociedad. Si se quiere realmente alcanzar los 12 años de escolaridad, dijo, debe comenzarse desde el principio, es decir, desde el jardín infantil.

El Honorable Senador señor Coloma hizo presente que con el texto aprobado en primer trámite se podría obligar a personas mayores de 18 años a cursar en forma obligatoria la educación media. Es decir, agregó, la redacción en discusión obliga al mayor de edad, lo que no parece armónico con el principio que busca cautelar el Ejecutivo.

Además, consultó acerca del porcentaje de estudiantes que hoy día en Chile concluye su educación media después de cumplir 18 años.

El señor Subsecretario de Educación informó que las estadísticas del Ministerio de Educación indican que el porcentaje de personas mayores de 18 años que aún cursan enseñanza media es muy insignificante y que, por otra parte, lo que el Gobierno plantea es que la obligatoriedad solamente sea exigible hasta los 18 años de edad.

El Honorable Senador señor Moreno manifestó que participaba plenamente de las explicaciones de la señora Ministra respecto de los objetivos e implicancias del Mensaje.

Enseguida, consultó acerca de los efectos de haber eliminado del texto original el límite de los 18 años. Pidió saber si, consagrada la obligación del Estado de garantizar la educación media como un derecho de todo ciudadano y de financiar, conforme a la ley, un sistema gratuito de dicha educación media, sin tope de edad, el Estado estaría en condiciones de cumplir esa obligación incluso en el caso de que, eventualmente, muchos mayores de edad impetraran ese derecho.

En otras palabras, pidió saber si el Gobierno está de acuerdo con la modificación introducida en la Cámara de Diputados, toda vez que ella, a su juicio, involucra un riesgo muy complejo.

La señora Ministra expresó su desacuerdo con la enmienda aprobada por la Cámara de Diputados, estimando imprescindible mantener la expresión “en conformidad a la ley” porque sólo de esa forma se podrá regular la edad límite hasta la cual se podría hacer efectiva esta exigencia. Planteó que lo más conveniente sería reponer el límite de los 18 años.

El Honorable Senador señor Martínez, por su parte, formuló dos consultas.

La primera dice relación con la obligatoriedad de la educación media frente a la obligación de los jóvenes de 18 años de cumplir, a su turno, con el servicio militar obligatorio. Concretamente, preguntó qué pasa con los jóvenes que están estudiando pero, al mismo tiempo, deben cumplir el servicio militar obligatorio y cómo se concilia el interés de que el joven complete se educación con la libertad de realizar el servicio militar, si así lo deseare.

La otra consulta se relaciona con los jóvenes del mundo rural que, en la práctica, a los 18 años se incorporan al trabajo.

El señor Subsecretario de Educación contestó la primera pregunta. Informó que el Ministerio de Educación ha trabajado con las Fuerzas Armadas muy coordinadamente respecto a este tema, conviniendo que el servicio militar no sea obstáculo para completar la educación media e, incluso, sea una oportunidad para la recuperación de estudios básicos no realizados. Indicó que actualmente de los 30.000 jóvenes que hacen el servicio militar, más de 12.000 están recuperando sus estudios en las mismas instituciones militares en virtud de convenios financiados con recursos del Ministerio a través de subvenciones escolares.

Respecto del problema de la mano de obra joven en las comunas agrícolas, la señora Ministra explicó que en ese sector operan tres tipos de incentivos. Uno es la Beca Presidente de la República, que se entrega a 4.000 jóvenes y otro es la Beca Indígena, que se ofrece a jóvenes de sectores rurales y de sectores urbanos de alta pobreza. El tercero es la Beca “Liceo para Todos”, que este año va a llegar a más de 13.000 personas y que está orientada precisamente a evitar la deserción. Esta última opera a través de un sistema de selección que efectúan los propios colegios y que favorece a aquellos niños en riesgo de desertar por tener que trabajar para sustentar a sus familias. Se trata, agregó, de una beca de alrededor de $ 150.000 anuales, que se otorga desde el año 2000 y cuya aplicación muestra muy buen resultado.

El Honorable Senador señor Silva Cimma expresó que ha analizado con mucho interés las reflexiones que la señora Ministra y el señor Subsecretario han expresado.

Si bien los felicitó por haber tenido la iniciativa de plantear esta reforma, manifestó que, a su juicio, ella debía ser completa, en los términos en que lo fue aquella que estableció la educación básica obligatoria y gratuita. En esa ocasión, enfatizó, el Estado comprendió que era deber fundamental suyo asumir necesariamente como deber la educación primaria gratuita.

Señaló que comprendía que por razones de la más diversa índole hoy día se evoluciona positivamente pero, precisó, debe evolucionarse sin discriminaciones de ninguna especie, y, en este sentido, no divisa justificación alguna que permita establecer una diferenciación entre la enseñanza primaria y la enseñanza media.

Desde el momento en que se concluye que la enseñanza media debe ser obligatoria, lo será en el sentido que el Estado asuma el costo y asegure la gratuidad de ella tanto respecto de los que tienen menos de 18 años como para los mayores.

Recordó que hace ocho meses tuvo el honor de presidir una delegación al Congreso Mundial de Envejecimiento, celebrado en Madrid. Allí, informó, se estableció que los adultos mayores no podían ser discriminados, de suerte que si en esta materia se establece un tope de edad, implícitamente se discriminaría a todos los que exceden esa edad y pretendan completar la enseñanza media con financiamiento estatal, como se prevé respecto de los menores de 18 años.

Fundó, además, su planteamiento en la propia información entregada por las autoridades del sector, en el sentido de que un 40% de los que egresan de la enseñanza media lo hacen con una edad mayor a los 18 años.

Reiteró sus congratulaciones a la señora Ministra por la iniciativa, pero solicitó que ella se establezca en los mismos términos utilizados respecto de la enseñanza primaria, donde no existe límite de edad. A su juicio, la magnitud de lo que se busca en función de la proyección de la extensión en materia educacional, amerita que la obligación se consagre, sencillamente, sin limitaciones.

Planteó, por último, que la fórmula sería mantener el texto primitivo referido a la educación básica, diciendo simplemente que la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito.

El Honorable Senador señor Chadwick precisó que la Cámara de Diputados no quiso fijar el límite de edad en el texto constitucional porque encomendó a la ley hacerlo. Es decir, insistió, se aprobó la reforma sobre la base de que la ley establecería ese límite.

El Honorable Senador señor Silva Cimma reiteró que si el Gobierno, con fundamento, ha resuelto asumir, en representación del Estado de Chile, lo que significa el desafío de la educación para su pueblo, lo debe hacer haciéndose cargo de los costos tanto respecto de quienes tienen menos de 18 años como de quienes tienen más de 18 años. El señor Senador entendió la obligatoriedad en el sentido de que la asume el Estado para todos aquellos que, aún teniendo más de 18 años, aspiran al justificado anhelo de cumplir en integridad su educación. Aunque parezca ideal, argumentó, le asiste el deber de hacerlo así tratándose de defender derechos fundamentales.

El señor Subsecretario manifestó que cuando se planteó la educación primaria obligatoria, se enfrentó una tarea enorme, pues una cantidad mayoritaria del país no cumplía con ese requisito. Por ello, acotó, se demoró décadas alcanzar el objetivo.

Hoy día, en cambio, dijo, se plantea una tarea más modesta, aunque también relevante, en el sentido que estamos mucho más cerca de lograr los12 años de escolaridad, al menos para los menores de 18 años.

Las personas que quedan fuera del derecho, explicó, son de una condición social y económica marginal, son los grupos más excluidos, por lo tanto, este nuevo límite parece difícil de enfrentar. Para ellos existen programas de educación permanente, informó.

Reiteró que hoy el tema no es el acceso gratuito a la educación, sino que es la deserción de la enseñanza media, para lo cual se plantean 12 años de educación obligatoria, sobre la base de que es gratuita para los menores de 18 años.

Recapitulando el debate, el señor Presidente de las Comisiones unidas señaló que la alternativa más adecuada sería establecer que la educación básica y la educación media hasta cumplir los 18 años serán obligatorias, en conformidad a la ley

El señor Subsecretario justificó el uso de la expresión “en conformidad a la ley” no solamente para regular el límite de edad, sino que también porque actualmente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en el artículo 15, fija las edades mínimas de ingreso y las edades máximas de permanencia en la educación regular y en la educación especial.

El Honorable Senador señor Chadwick advirtió que la referida expresión presenta la dificultad de ser extraordinariamente amplia.

La señora Ministra agregó que otros temas que debe regular la ley, para hacer operativa la reforma constitucional, son lo relativo al trabajo de los jóvenes, lo relacionado con los discapacitados y con personas que tienen impedimentos para cumplir con la obligatoriedad, por ejemplo.

El Honorable Senador señor Espina advirtió que actualmente ocurre lo mismo en relación la educación básica.

La señora Ministra anotó que otra materia que requiere de regulación legal es el sistema de financiamiento compartido para establecer la gratuidad para quienes no pueden pagar la educación media.

El Honorable Senador señor Chadwick señaló que el sistema de financiamiento debiera regularse “en conformidad a la ley” porque en esta materia pueden existir modalidades diferentes y si se limitara el texto constitucional a esas diversas fórmulas, luego se podría sostener que el financiamiento compartido u otros mecanismos serían inconstitucionales. En consecuencia, propuso aprobar la siguiente redacción:

“La educación básica y la educación media son obligatorias hasta cumplir los 18 años de edad, debiendo el Estado, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado asegurar el acceso a ellas de toda la población.”.

Acogió esta proposición la totalidad de los miembros presentes de las Comisiones unidas, Honorables Senadores señores Coloma, Chadwick, Espina, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide, Silva y Vega.

No obstante votar favorablemente, el Honorable Senador señor Silva dejó constancia de su parecer en orden a que el proyecto no debiera establecer limitaciones que considera discriminatorias.

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En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestras Comisiones unidas os proponen aprobar en general y en particular el proyecto de reforma constitucional de la Honorable Cámara de Diputados, reemplazando su texto por el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

"Artículo único.- Sustitúyese el inciso quinto del numeral 10 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

"La educación básica y la educación media son obligatorias hasta cumplir los 18 años de edad, debiendo el Estado, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".”.

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Acordado en sesión celebrada el día 22 de enero de 2003, con asistencia de sus integrantes Honorables Senadores señores Andrés Chadwick Piñera (Presidente), Juan Antonio Coloma Correa, Alberto Espina Otero, Jorge Martínez Busch, Rafael Moreno Rojas, Roberto Muñoz Barra, Mariano Ruiz-Esquide Jara, Enrique Silva Cimma, Ramón Vega Hidalgo.

Sala de la Comisión, a 4 de marzo de 2003.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogado Secretario

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LAS COMISIONES DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO Y DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA, UNIDAS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN SEGUNDO TRÁMITE,QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA

(Boletín Nº 3.039-07)

I.- PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Este proyecto de reforma constitucional se inició en un Mensaje enviado por el Primer Mandatario a la Cámara de Diputados. El Jefe de Estado señaló que esta idea obedece a un gran sentir nacional y que ha sido solicitada desde diversos sectores y por distintos señores Parlamentarios. Entre ellos, destaca al Honorable Senador señor Muñoz Barra, quien durante el año 1999, presentó, en conjunto con el entonces Senador señor Bitar, un proyecto de reforma constitucional análogo a éste.

Concretamente, en su texto original, la iniciativa proponía sustituir el inciso quinto del numeral 10 del artículo 19 de la Constitución Política por otro que prescriba lo siguiente:

"La educación básica y la educación media, hasta los dieciocho años de edad, son obligatorias en conformidad a la ley, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tales objetos, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".

La idea era establecer que la educación media sería obligatoria hasta los 18 años, lo que significa que, ingresando los educandos a los 6 años a la enseñanza básica, como lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la obligatoriedad se extendería por 12 años.

El Mensaje agregaba que, al igual que con la enseñanza básica, respecto de la cual la ley ha establecido toda la normativa necesaria para hacer efectivos los conceptos de gratuidad y obligatoriedad contenidos en la disposición constitucional que ahora se modifica, una futura ley señalará específicamente la forma como deberá cumplirse la obligatoriedad y la gratuidad de la Educación Media, especialmente respecto de los niños de las familias más pobres.

Advertía que esa ley señalará también todas las normas vigentes que será necesario modificar, como asimismo las nuevas que, sin ser modificatorias de leyes anteriores, deban dictarse. Informó que el correspondiente proyecto se enviará al Congreso Nacional tan pronto el Poder Legislativo apruebe esta reforma constitucional.

Durante el primer trámite constitucional, la iniciativa tuvo un único cambio consistente en eliminar la mención que el proyecto hacía a los 18 años de edad.

II.- ACUERDOS: Aprobado en general y en particular por unanimidad (8 x 0)

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISION: Consta de un artículo único.

IV.- NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: Para su aprobación, este proyecto requiere del voto favorable de los dos tercios de los señores Senadores en ejercicio, en conformidad al inciso segundo del artículo 116 de la Constitución Política.

V.- URGENCIA: Simple, a contar del 4 de marzo de 2003.

VI.- ORIGEN DE LA INICIATIVA: Mensaje del Ejecutivo.

VII.- TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo trámite.

VIII.- APROBACION POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS: 18 de diciembre de 2002.

IX.- INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 7 de enero de 2003.

X.- TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe de las señaladas Comisiones unidas.

IX.- LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: .- Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de 1920 y Ley Nº 18.962, de 1990, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Valparaíso, 4 de marzo de 2003.

NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ

Abogado Secretario

INDICE

Constancias reglamentarias… 1

Antecedentes… 2

Discusión en general y particular… 10

Aprobación en general… 24

Texto del proyecto de ley… 24

Resumen Ejecutivo… 26

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA 

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Proyecto de reforma de la Carta Fundamental, en segundo trámite, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, con informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (3039-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional:

En segundo trámite, sesión 22ª, en 7 de enero de 2003.

Informe de Comisión:

Constitución y Educación, unidas, sesión 30ª, en 5 de marzo de 2003.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

El objetivo de la iniciativa es sustituir el inciso quinto del numeral 10º del artículo 19 de la Constitución Política para conferir carácter obligatorio a la educación media hasta el cumplimiento de los 18 años de edad.

Las Comisiones unidas aprobaron en general y en particular el proyecto por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Chadwick, Coloma, Espina, Martínez, Moreno, Muñoz Barra, Ruiz-Esquide, Silva y Vega), modificando el texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados en los términos consignados en el informe.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que consignan el texto actual del artículo 19, numeral 10º, de la Constitución Política; el proyecto propuesto por el Ejecutivo ; el texto que aprobó la Cámara de Diputados, y el articulado sugerido por las Comisiones unidas.

Cabe destacar que este proyecto de reforma de la Carta Fundamental debe ser aprobado por las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, con 32 votos afirmativos.

Finalmente, corresponde señalar que, por tratarse de una iniciativa de artículo único, las Comisiones unidas proponen al señor Presidente que sea discutida en general y en particular a la vez.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente , esta modificación constitucional fue presentada por el Ejecutivo y se funda en el anhelo, obviamente por todos compartido, de que la educación media pueda hacerse obligatoria para el mayor número de personas en nuestro país.

Como bien saben Sus Señorías, en Chile es obligatoria sólo la educación básica. Y se debe tener presente que el establecimiento de una obligación constitucional respecto de la educación media debe ir acompañado, necesariamente, de un sistema de financiamiento que permita cumplirla en cuanto a las personas que no tengan recursos propios para costearla. En este sentido, el Ejecutivo , impulsor de la iniciativa, garantizó la existencia de los fondos requeridos.

Un punto especialmente discutido en las Comisiones unidas fue el límite de edad fijado para los efectos de tal obligatoriedad. El proyecto original del Ejecutivo consignaba la educación media obligatoria hasta los 18 años, fundado precisamente en la necesidad de contar con recursos suficientes y en que no estaba en condiciones de ir más allá de esa edad.

La Cámara de Diputados eliminó dicho límite, no por estar en desacuerdo con establecerlo, sino basándose en el hecho de que lo fijaría la ley.

Opinan las Comisiones unidas que consignar mediante la ley un límite de edad a un derecho garantizado por la Carta adolece de inconstitucionalidad. En su concepto, no puede la ley poner límite a un derecho esencial que se pretende consagrar en la Constitución.

Por tal razón, y dado que el Ejecutivo se fundó en el hecho de que no es factible disponer los recursos sin que exista un límite de edad para el ejercicio del derecho en comento, las Comisiones unidas se declararon partidarias de retomar el proyecto original del Gobierno y establecer que la educación media es obligatoria hasta los 18 años, que es el compromiso que el Estado puede asumir a los efectos de garantizar un sistema de financiamiento para la referida obligación.

Tales fueron los motivos por los cuales las Comisiones unidas aprobaron unánimemente la modificación constitucional y retomaron el proyecto original del Ejecutivo , con el límite de edad que señalé.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , hace algunos años, junto con el entonces Senador don Sergio Bitar , presentamos un proyecto de reforma constitucional que establecía la obligatoriedad de la educación media; y planteamos un total de 12 años para ambos niveles. La moción pertinente fue tratada en su oportunidad por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que, no obstante reconocer la importancia de la idea, representó legítimamente su preocupación respecto del financiamiento de tan trascendental iniciativa. No rechazó nuestra proposición, sino que procedió a archivarla, a la espera de que, en un momento como éste, el Ejecutivo patrocinara la idea.

Quiero, en estricta justicia, señalar que esa misma inquietud fue planteada en la Cámara Baja por el entonces Diputado señor Naranjo , hoy Senador de la República .

La iniciativa que propusimos tenía un artículo único, al igual que la que ahora analizamos. ¿Y qué decíamos en esa época con el Senador señor Bitar ? Que se sustituía el Nº 10º del artículo 19 de la Constitución Política; que las educaciones básica y media eran obligatorias, y que por tanto, con tal objeto, el Estado debía financiar un sistema gratuito destinado a asegurar que accediera a ellas toda nuestra población.

El proyecto que discutimos en este momento histórico dispone en su artículo único lo siguiente: "La educación básica y la educación media son obligatorias hasta cumplir los 18 años de edad, debiendo el Estado, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".

Lo señalo para que se note la similitud de la iniciativa que nosotros planteamos con la que hoy día hace suya el Ejecutivo.

¡Qué duda cabe, Honorables colegas, de que Chile esta tarde da un gran paso con esta reforma y con esa obligatoriedad, similar al que hizo posible la Constitución del año 1925 cuando declaró la educación pública como atención preferente del Estado, precisando en seguida que la educación primaria era obligatoria!

Debemos reconocer ahora que chilenos de larga visión entendieron hace cerca de un siglo que el desarrollo de una nación está ineludiblemente amarrado a sus procesos educacionales. En esos tiempos se transitaba de una economía agraria a una economía industrial.

Hoy, en el siglo XXI, el "del conocimiento y la tecnología", como se lo ha titulado, se repite el proceso de visualizar la preparación del hombre y la mujer de este tiempo. Éste es un siglo de tremenda competencia, no sólo entre los seres humanos, sino también entre el hombre y una de sus creaciones, la máquina, que cada día es más y más inteligente.

Con respecto a la responsabilidad del Estado, debo señalar -para mí, éste es un debate histórico- que, mucho antes de los albores de la Independencia, chilenos ya apuntaban en tal sentido. Ello se vio reflejado en 1813 -tres años después de independizarnos- con la creación del Instituto Nacional, y en 1843, con el establecimiento de la Universidad de Chile.

Señores Senadores, siempre -ayer, hoy y en toda época- la cuestión social va a estar supeditada a los procesos educacionales.

Sé que Sus Señorías conocen la frase -acuñada certeramente- que sostiene que las naciones, las personas, sólo saldrán de los círculos de pobreza si logran acceder a una educación de buena calidad. Y eso siempre tiene más raíces en los sectores más débiles de una sociedad; en este caso, de nuestro país. Por eso en un instante dado de nuestra historia republicana se creó el Estado docente, sobre la base de la idea de educar para gobernar.

Han pasado casi 80 años, y nuestro país, merced a la visión de futuro a que hice referencia, sólo tiene hoy negativamente 4,6 por ciento de analfabetismo. La educación media ofrece la interesante estadística de 85 por ciento de los jóvenes chilenos en el sistema. Es decir, la ley en proyecto apunta a retener la permanencia y a llegar a un ciento por ciento. ¡En buena hora!

¿Y por qué digo "en buena hora"?

Honorables colegas, sé que no escapa a la realidad que vemos a diario lo que hace un joven egresado de 8º año básico a los 13 ó 14 años de edad y que no continúa estudios medios. Indudablemente, pasa a ser una mercadería depreciada en el mundo laboral, donde se espera su mayoría de edad, y queda disponible para trabajos transitorios, mal pagados y sin ninguna perspectiva.

En Chile, cerca de 2 millones y medio de alumnos se encuentran hoy en la enseñanza básica. En la media hay 800 mil jóvenes, de los cuales 440 mil corresponden al área científico-humanística y 346 mil a la técnico-profesional.

El proceso de atención preferente del Estado chileno permite tener -y digámoslo con orgullo- una expectativa de vida escolar levemente por debajo de la que ofrecen naciones más desarrolladas, como Australia, Irlanda , Suecia y Gran Bretaña .

El desenvolvimiento económico del país y del resto del mundo está ligado hoy, como nunca, a los procesos educativos formales.

Para superar la inequidad en la distribución de la riqueza, cuestión que discutimos diaria y permanentemente; para superar la injusticia social, que nos muerde en el día a día, y para aumentar los índices de productividad en el trabajo en un mundo globalizado, debemos obligatoriamente dar más y mejor educación.

Es cierto que en los últimos 30 años Chile ha mejorado su sistema educacional. Pero debemos reconocer, sí, que nos quedan tareas relevantes para dar un salto cualitativo que disminuya la distancia que tenemos con las naciones desarrolladas.

La educación media que hoy fortalecemos es una importante etapa de transición que permitirá a nuestros jóvenes incorporarse con francas posibilidades de éxito en la educación superior, en el ámbito productivo y en el mercado del trabajo.

Entre 1980 y 1997 nuestro país triplicó su producto interno bruto. Con la ley en proyecto, que sin duda será aprobada por unanimidad en el Senado, serán favorecidos 120 mil jóvenes de entre 14 y 17 años que hoy se encuentran al margen de la enseñanza media.

El paso que daremos esta tarde es indispensable y fundamental. Hoy, en pleno siglo XXI, extendemos la noción -fíjense, Honorables colegas- iniciada en 1920.

¡Cómo podríamos estar sordos a esa realidad!

Con ello estamos garantizando una efectiva igualdad de oportunidades para todos los chilenos en materia educativa y laboral.

Por lo expuesto, los Senadores del Partido Por la Democracia daremos con entusiasmo nuestros votos favorables a este proyecto, que tiene un sentido histórico después de que en 1920 se dictó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que establecía la entrega por el Estado de educación gratuita a todos los niños chilenos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Consulto a la Sala si podemos comenzar a recoger la votación -se necesitan 32 votos- o fijamos hora para ello.

El señor LARRAÍN.-

Lo último, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para empezar la votación a las 18?

Acordado.

Tiene la palabra el señor Ministro de Educación.

El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-

Señor Presidente , señor Vicepresidente -saludo a Su Señoría por su reciente elección-, estimados ex colegas, quiero señalar al comienzo de mi intervención que me siento muy emocionado de regresar a esta Sala justo un año después de haberla dejado como Senador, en una sesión de marzo de 2002 en que entre otras cosas, según consta en la Versión Taquigráfica, expresé lo siguiente: "Tenemos una labor común: ennoblecer la política y desarrollar la amistad cívica, la tolerancia y el respeto a las opiniones de los demás, para hacer un Chile mejor.". Y más adelante agregué: "Hasta este mismo día," -creo que era el 6 de marzo de 2002-, "en que se celebra la última sesión del actual período parlamentario, he bregado por la aprobación de proyectos que promoví en Comisiones, como hoy en la de Educación, con otros colegas, para lograr un mejoramiento en la enseñanza municipalizada y hacer concursar a los directores." (proyecto que presentamos con el Honorable señor Muñoz Barra ). "En esta misma sesión se halla en tabla la iniciativa que protege los bienes arqueológicos, originada en una moción mía que aprobó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia." (más tarde fue aprobada en este Hemiciclo con el respaldo de todos los señores Senadores).

Es por cierto emocionante volver un año después, señor Presidente -y perdóneme por tomar unos minutos para referirme a ello-, pues el destino me ha puesto de nuevo ante esta Sala para defender un proyecto de reforma constitucional que presentamos con el Senador señor Muñoz Barra para dar 12 años de estudio a todos los jóvenes de Chile en el siglo XXI.

Formulamos la moción pertinente en 2001 (según recuerdo), y ella fue estudiada por las Comisiones respectivas de esta Corporación. Más tarde, el Ejecutivo consideró que se trataba de una materia relevante. El Presidente Lagos y los ex Presidentes Aylwin y Frei (este último, aquí presente) manifestaron, en un acto realizado en el Instituto Nacional Barros Arana, su respaldo y voluntad para que este proyecto de reforma constitucional llegara al Senado.

Se trata de una materia fundamental. Y quiero hacer una referencia histórica, por la trascendencia que a mi juicio tiene ella para nuestra patria.

Siempre la educación fue una utopía que inspiró a nuestros padres fundadores. Y pasamos a la construcción de un sistema educacional público, que labraron nuestros estadistas: Juan Egaña y la fundación del Instituto Nacional -donde cursé mis estudios-, en 1813; Andrés Bello y la fundación de la Universidad de Chile, en 1842; Manuel Montt y Sarmiento y la fundación de la Escuela Nacional de Preceptores, ese mismo año, a la cual se sumó la primera de mujeres en el continente, en 1854.

Esos fueron hitos institucionales que empezaron a construir nación a través del conocimiento.

Pero también existen hitos legislativos que deseo recordar hoy en esta Sala.

El que ahora sancionamos es un eslabón de una larga cadena iniciada por la Ley Orgánica de Instrucción Primaria del Presidente Montt en 1860, pero fruto de uno de los debates más lúcidos de nuestro Congreso Nacional. Aquélla estableció el deber del Estado de fundar escuelas con relación a la población y la gratuidad de la enseñanza pública.

El segundo es, por cierto, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, promulgada en 1920 y que, como saben los señores Senadores, demoró casi 20 años en ser aprobada. Su relevancia puede aquilatarse teniendo en cuenta la realidad de entonces, cuando en Chile sólo había 800 mil niños en edad escolar, de los cuales 300 mil concurrían a las escuelas públicas y sólo 50 mil a las particulares.

En ese tiempo la educación primaria era de cuatro años; durante el primer período del Presidente Ibáñez se extendió a seis, y en el Gobierno del Presidente Frei Montalva se amplió a ocho. Hoy el Senado de la República se encuentra frente a una decisión fundamental: garantizar a los niños y niñas de Chile doce años de escolaridad gratuita y obligatoria.

Tal como señalaron los Presidentes de las Comisiones de Constitución y de Educación, Senadores señores Chadwick y Muñoz Barra , respectivamente, y como se estatuye en el texto sometido a consideración del Senado, la educación básica y la educación media son obligatorias hasta cumplir los 18 años de edad, debiendo el Estado, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.

Señor Presidente y señores Senadores, quiero solicitar el respaldo de la Sala a esta iniciativa tan trascendental. Chile tiene una enseñanza promedio del orden de diez años, cifra alta. Tenemos la convicción de que la calidad de la educación -y éste será el sello que deseo otorgar al privilegio de ejercer el cargo de Ministro de la Cartera- es lo fundamental y a ello deberemos dedicar nuestros esfuerzos hacia adelante junto con toda la comunidad. Porque, como bien recordó el Senador señor Ríos en la Comisión de Educación la semana pasada, la Constitución consagra que "Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación".

Si bien en el proyecto de reforma constitucional que presentamos en su momento (cuando yo era Senador) no se establecía la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 18 años de edad, el Ejecutivo así lo planteó en el que esta tarde se debate y que fue ratificado por las Comisiones unidas. En consecuencia, estará en nuestras manos resolver la viabilidad del ejercicio expedito, en la práctica, de esta norma constitucional.

En nuestro país, un millón quinientos mil trabajadores no ha terminado la educación básica, y otro millón quinientos mil no ha concluido la enseñanza media. ¡Tres millones de chilenos adultos no han finalizado la educación media! Es decir, una cifra cercana al 70 por ciento.

Tenemos un déficit en materia de calidad y de extensión de la educación que es esencial revertir, a fin de enfrentar la competencia internacional y el desafío de la globalización. Se han iniciado programas nuevos, como el denominado "Chile Califica", destinado a la nivelación de la enseñanza de los adultos. Pero deben hacerse mayores esfuerzos porque la educación ha pasado a ser una necesidad continua en la vida y, por tanto, los recursos que deben destinarse a ella son gigantescos. En esta ocasión, el Estado se compromete a entregar escolaridad obligatoria y gratuita a todos los niños durante doce años, hasta que cumplan 18 años de edad.

En seguida daré a conocer algunas cifras aproximadas.

En 2003 la matrícula total en la educación media alcanza a 951 mil alumnos, de una población estimada en el respectivo rango de edad ascendente a un millón 77 mil. De manera que, en una primera aproximación, existe un déficit de 120 mil matrículas, que tendríamos que satisfacer con más escuelas, mayor infraestructura. Sin embargo, la cobertura en la enseñanza media es del orden de 85 por ciento y de casi 100 por ciento en la básica. Estamos muy cerca de alcanzar plena cobertura. Por eso, el consagrar en la Carta Fundamental la obligatoriedad de ambas constituye una misión que debemos imponernos como sociedad.

No olvidemos que en 1920 los porcentajes eran muchísimo más bajos. En ese entonces, la población que terminaba los estudios básicos de cuatro años difícilmente alcanzaba a 40 por ciento. Hoy, la que accede a la enseñanza media llega a 85 por ciento. Por supuesto, hay diferencia por quintiles. Los de ingresos más altos están cerca del 100 por ciento; los de ingresos más bajos alcanzan más o menos a 75 por ciento. Por eso el Estado debe poner energía en la educación pública, para resolver los problemas de la gente más modesta, porque ahí está la fuente de desigualdad del futuro.

Ayer, al inaugurar el año escolar en una Escuela de Diego de Almagro, en la Región de Atacama, señalé que un niño que recién ingresaba allí -lo mencioné por su nombre- a prekinder terminaría la educación media en 2016; la universitaria en 2022, y que su vida productiva se desplegaría entre el 2030 y el 2050.

En otras palabras, lo que estamos haciendo hoy está determinando el destino de Chile en 40 años más. Por tal razón, es menester dar este paso histórico. Considerando la trascendencia que tiene, esperamos que se apruebe por unanimidad.

Será necesario poner en ejecución medidas para implementar esa decisión y, en particular, para impedir la deserción escolar. Deberemos esforzarnos para retener a los educandos. Por ejemplo, mediante el plan "Chile Solidario" se entregarán recursos a las familias. También se contempla el otorgamiento de una subvención diferenciada, contenida en un proyecto recién aprobado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que pronto llegará al Senado. Los liceos que tienen responsabilidad sobre los hijos de familias indigentes percibirán una subvención mayor, como premio por retener en el sistema escolar a tales alumnos, dado que ése es el sector donde se produce la gran deserción. Porque esa deserción de jóvenes, de aproximadamente 15 años de edad, constituye un factor de desigualdad, pobreza y delincuencia. Nuestra obligación es mantenerlos en los establecimientos educacionales para reducir también el desempleo juvenil.

Por las consideraciones expuestas, señor Presidente , pido a los señores Senadores aprobar -ojalá en forma unánime- este proyecto de reforma constitucional.

Reitero el profundo sentimiento que me embarga el volver a ocupar estas bancas. El Senado es una institución fundamental de la República. Me alegro de que una de mis primeras actividades después de haber prometido, el lunes, servir el cargo de Ministro de Estado haya sido estar en el Congreso el martes y miércoles. Desde aquí me trasladé, acompañado por los miembros de la Comisión de Educación, al Liceo Barón, de Valparaíso, donde inauguré el año escolar con la presencia de Senadores de todos los sectores. Porque estoy convencido de que en la función que me corresponde desempeñar ahora no cabe hacer distinción entre colectividades políticas, sino que hay un solo partido: Chile.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Ante todo, cumplo con saludar al señor Ministro y desearle mucho éxito en sus funciones, que está inaugurando con tanto éxito.

Señor Presidente , indudablemente el proyecto en discusión es del todo interesante. Ya casi es un lugar común pensar que un país no se desarrolla si no se priorizan fuertemente el gasto y los esfuerzos para mejorar la educación, en particular -como indicó el titular de esa Secretaría de Estado- su calidad, que por los resultados en distintos niveles todavía deja mucho que desear. Y es necesario también mejorar su cobertura, punto que hemos dado por resuelto en circunstancias de que no es así. Cada día hay mayor presión por tener más educación. Son muchos los jóvenes que llegan a la enseñanza media sin que ésta sea obligatoria. Una cantidad muy importante logra acceder a ella; otros no lo consiguen a causa de alguna dificultad. Y éste es el tema al que quiero referirme a continuación.

De hecho, ya está instalado -por así decirlo- en la cultura del chileno medio el que la educación termina con la enseñanza media. Y esto, antes de que se planteara la idea de que fuera obligatoria, lo cual habla bien de nuestro país. La escolaridad de diez años (en la práctica, son nueve y tanto) a que se refería el señor Ministro es reflejo de esa situación. Sin embargo, creo que cuando esto se plantea ya como una reforma constitucional deja de ser una aspiración u objetivo de política educacional de un gobierno, de algún sector político o de chilenos, y se convierte en una obligación del Estado. Y cuando se considera esta idea -que, creo, todos aprobamos-, entendamos lo que significa desde el punto de vista de las obligaciones que el Fisco asumirá -y digo Fisco para hablar del Estado en términos patrimoniales, económicos-, si finalmente se aprueba la iniciativa, como espero que ocurra. ¿Por qué? Porque la cobertura educacional es un tema no debidamente resuelto en Chile, ni siquiera en la enseñanza básica. En ésta, a pesar de que hoy día es muy alta (alcanza a 98,5 ó 99 por ciento), aún no llega al ciento por ciento. Es más, esta cobertura se desfigura si las cifras se descomponen de acuerdo con quintiles socioeconómicos. Nos damos cuenta de que es muy cercana al ciento por ciento en el quinto quintil -el de ingresos más altos-, donde llega al 99,7, en circunstancias de que disminuye a 97,7 en el primer quintil. Por lo tanto, en este nivel, no obstante ser obligación del Estado, se registra déficit de cobertura.

Ahora bien, el problema se acrecienta en la enseñanza media. El señor Ministro dijo que alrededor de 120 mil jóvenes no la reciben, dato que, por cierto, debe considerarse, pues, si se pretende hacerla obligatoria, el Estado deberá asumir la responsabilidad de que esos jóvenes ingresen a ella. Salvo que medien razones de fuerza mayor, como incapacidad mental que impida aprender o cumplir con sus obligaciones de estudio, debe asegurarse tal derecho para garantizar la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, nuevamente debemos ser realistas. Desde luego, un porcentaje muy alto de jóvenes deserta, lo cual se vincula, por una parte, con problemas de carácter técnico -algunas razones de esa deserción aluden a mecanismos de aprendizaje y a sistemas de enseñanza- y, por otra, con factores socioeconómicos. En algunos sectores, como los rurales, las dificultades económicas son grave obstáculo para alcanzar la plenitud de estudios en la enseñanza media. De hecho, si se descompone la actual cifra de escolaridad completa -que es superior al 90 por ciento- de acuerdo con los quintiles socioeconómicos, se comprobará que el quinto quintil -el de más altos ingresos- llega a 98,5 por ciento, cantidad que baja a 82,3 por ciento en el primer quintil. Es decir, es en los sectores de menores ingresos económicos donde falta escolaridad media. Ciertamente, de aprobarse una reforma constitucional como la que discutimos, superar esta situación constituye no una aspiración, sino una obligación.

Pero estas diferencias se dan no sólo conforme a niveles socioeconómicos. También hay una connotación urbano-rural que debe tenerse presente. Según los últimos antecedentes de que dispongo, que son del año 2000, en el ámbito urbano la escolaridad media completa alcanza 92 por ciento, pero únicamente 76,8 en los sectores rurales. Vale decir, en estos últimos, uno de cada cuatro jóvenes no cursa enseñanza media.

¿Qué quiero decir con esto? Que las aspiraciones son loables, pero que, cuando se asume un compromiso mediante una reforma constitucional que obliga al Estado, me gustaría saber cuál será la forma en que el Gobierno piensa cumplirlo. Porque no basta decir: "Queremos escolaridad media completa". Eso es muy bonito. ¿Quién no lo aplaude? La pregunta es cómo la autoridad lo materializará.

¿Cuántas becas se entregan hoy día en la educación media? De acuerdo con los antecedentes que he podido recoger, los tres programas en aplicación -Beca Presidente de la República , Programa Liceo para Todos y Beca Indígena- no superan las 20 mil. Ésas son las que actualmente otorga el Estado. Luego, si pensamos que hay 120 mil jóvenes que el sistema cubre, ¿cómo se ayudará a los 100 mil restantes, o a una buena parte de ellos -por lo menos 80 ó 90 por ciento-, que no están en la enseñanza media por razones de carácter socioeconómico? ¿Qué pasará cuando esos muchachos exijan a las autoridades, a los poderes públicos, que se garantice su derecho? Porque si un joven que vive en el sector rural de Longaví no puede llegar al liceo es porque no tiene plata para la movilización. Entonces, ¿cómo podrá asegurársele que contará con dinero para la locomoción y para comer durante el día si precisamente la falta de recursos es la razón por la cual no está acudiendo al liceo?

Señor Presidente , no bastan las buenas ideas ni las buenas palabras. Las compartimos todas. Ésta no es una cuestión de sueños o de aspiraciones. No hay diferencia. La pregunta es cómo se va cumplir Tengo la sensación de que aquí estamos en presencia de un problema mayor.

Votaré favorablemente, con entusiasmo, esta reforma. Pero al hacerlo quiero oír de las autoridades el compromiso en cuanto a cómo se va cumplir. Porque aquí hay una cuestión de recursos de por medio. Y, claro, éste no es el proyecto de Ley de Presupuestos ni hay informe de la Comisión de Hacienda. Pero es una reforma constitucional que impone al Estado el deber de cumplir una obligación.

Por alguna razón, esta idea -que es antigua- no se había propuesto. Quizás la explicación resida en lo que he señalado. Yo diría que desde la década de los 50 los gobiernos empezaron a preocuparse de este tema. En los años 60, durante el período de Eduardo Frei Montalva , se aprobó una reforma muy importante que dio gran auge a la enseñanza media. Se ha producido una enorme masificación: la escolaridad promedio, después de cuarenta años, aumentó de seis años a diez años. Se trata de esfuerzos del país para mejorar la situación. Y si no se ha llegado al ciento por ciento de cobertura es porque no han existido condiciones económicas. Pero cuando se propone una reforma constitucional de esta naturaleza, considero que lo responsable es que medie el compromiso del Estado para lograr el objetivo perseguido.

El señor MUÑOZ BARRA .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor LARRAÍN.-

Se la concedería si fuera con cargo al tiempo de otro Honorable colega, porque todavía me resta un tema que abordar. Si me sobran algunos minutos, se la otorgaría con mucho gusto, con la venia de la Mesa.

Entonces, dejo planteada la inquietud. Me parece que debe obrarse no sólo con idealismo, sino también con responsabilidad. Hay que cumplir con la gente y decirle: "El Estado garantizará la enseñanza media". También hay que cumplir con programas de becas reales. Todos quienes tienen contacto con jóvenes saben de lo que estoy hablando, por cuanto llegan hasta nosotros a decirnos: "No obtuve la Beca Presidente de la República "; "como no dispongo de recursos, no podré estudiar"; "voy a tener que sacar a mi hijo de la escuela o del liceo porque no tengo recursos". Éste es un tema central.

En esta reforma hay otra materia, introducida mediante una enmienda de las Comisiones unidas, que también me produce cierta inquietud. Me refiero al establecimiento de los 18 años de edad como límite respecto de la obligación del Estado. Estimo que esto tiene sus complicaciones por una razón de carácter social, entre otras. El porcentaje más alto de quienes hoy día sobrepasan los 18 años de edad sin haber terminado la educación media corresponde a jóvenes de niveles socioeconómicos más bajos. De nuevo les estamos diciendo: "Ojo, ustedes van a tener dificultades".

Entiendo que el sentido del límite de edad obedece a hacer gradual la transición entre lo hoy vigente y la obligación de garantizar a todos la enseñanza media, conforme al texto aprobado por la Cámara de Diputados. Sin embargo, tengo mis dudas sobre eso. Me parece que la obligación debería asumirse en las garantías constitucionales en ciento por ciento. Y si se cree que, por razones de carácter económico, habrá problemas para cumplir y se quiere fijar el límite a los 18 años de edad, yo sería partidario de la tesis de establecer una disposición transitoria en ese caso, que señale que en los próximos diez años -por así decirlo- se exigirá la educación media obligatoria, o que el Estado estará obligado a financiarla hasta los 18 años de edad. Pero nuestra aspiración -al menos en esta parte- es fijar una meta en que el 100 por ciento de los jóvenes tenga acceso a aquélla.

Por lo tanto, aunque entiendo las dificultades económicas, sugiero este camino intermedio. Porque de otra forma, aparentemente, si una persona de 19 o más años de edad encuentra un programa de becas adecuado, complementario, y se satisface la inquietud que planteé precedentemente, quedará fuera de aquél por superar los 18 años, en circunstancias de que también lo merece y de que la razón de la edad no constituiría justificación real para excluir a alguien de un beneficio de esta naturaleza. Tal marginación me parece compleja.

Por eso, señor Presidente , deseo que el Senado discuta estos temas con realismo, pues junto con compartir la necesidad de que Chile mejore su educación y de que ella sea prioritaria -este debate ya me produce enorme alegría, pues si así lo creemos es porque estamos adoptando las medidas para lograrlo-, debemos hacerlo en forma responsable.

¿Cómo alcanzar ese objetivo?

Aun más, las nuevas Becas Presidente de la República otorgadas en 2002 fueron menos que las del año 2001. Por lo tanto, la posibilidad de revertir esto y dar becas a todos no se ha cumplido. Estamos dando marcha atrás en este asunto; no hemos logrado satisfacer ese objetivo. Vale decir, se está abriendo un gran espacio de aspiraciones sin tener la certeza de que podremos cumplirlas.

En seguida, la limitación de los 18 años de edad me parece que no está al nivel de las garantías constitucionales. Éstas deben reflejar las aspiraciones del país en un compromiso del Estado. Si queremos fijar un límite, no lo hagamos en una disposición constitucional, sino en una transitoria con un plazo de una década, porque supongo que en este período podremos cumplir ilimitadamente. Pienso que ello sería más realista. Significaría señalar a la opinión pública, al país, que nos comprometemos a establecer este beneficio hasta los 18 años de edad durante un tiempo, porque en el futuro lo queremos para siempre y hoy no estamos en condiciones de garantizarlo.

Antes de terminar, deseo que el Ejecutivo manifieste cómo cumplirá tal obligación, porque considero que debemos ayudar a que eso ocurra efectivamente. Y, por cierto, adelanto todo mi respaldo para la creación de programas y reasignaciones de recursos, a fin de asegurar este objetivo. El señor Ministro manifestó que está comprometido con la calidad de la educación, y yo le señalé que cuenta con todo nuestro apoyo porque compartimos esa inquietud como meta principal.

Sin embargo, no podemos dejar de lado el tema de la cobertura, porque ella no se cumple satisfactoriamente ni en la enseñanza básica ni en la educación media ni en la preescolar, donde las diferencias son aun mayores.

Por citar algunas cifras, la cobertura preescolar en los niveles socioeconómicos altos alcanza al 50 y 60 por ciento, mientras que en el primer quintil, apenas al 25 por ciento. Ello significa que ya en primero básico la competencia parte en forma desigual, porque algunos niños no han tenido acceso a la educación preescolar y, por lo tanto, comienzan de manera rezagada. Aquí no sólo debería pensarse en un programa de becas, sino también en uno de subsidios o subvenciones diferenciadas para asegurar que todos los niveles socioeconómicos, particularmente en la educación pública, cumplan ese objetivo, de modo de lograr una enseñanza de calidad, pero con la cobertura adecuada que el Estado pueda asegurar.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vega.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me concede una interrupción, Su Señoría?

El señor VEGA.-

Cómo no, señor Presidente de la Comisión de Educación .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra, con la venia de la Mesa.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Solamente deseo responder algunas inquietudes muy legítimas del Senador señor Larraín .

En verdad, al leer la historia de las reformas educacionales, se observa que cuando se discutió la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria surgieron las mismas dudas en cuanto a si el Estado sería capaz de entregar los recursos para cumplir con ella. Lo planteado en ese entonces también es legítimo hoy día, pero es bueno confiar en que así como en el pasado la sociedad en su conjunto, sin diferencia de partidos políticos, otorgó los recursos para ese efecto, ahora existe la misma disposición nacional.

Y me permito recordar que solamente el 15 por ciento de los jóvenes está fuera del sistema. El 85 por ciento restante se encuentra dentro de él. Y en esta materia se han implementado medidas como el proyecto que crea una subvención educacional pro-retención de alumnos, dirigido a los sectores económicamente más modestos, en actual trámite en el Parlamento, y lo que el Presidente de la República denominó Programa "Puente", que otorga beneficios a las familias para asegurar el acceso de los jóvenes a la educación media.

Por ultimo, para no abusar de la generosidad del Senador señor Vega , no hay que olvidar que también existe la educación de adultos para los jóvenes mayores de 18 años, que es totalmente gratuita.

En consecuencia, respecto de las aprensiones que con mucha transparencia y en forma responsable planteó Su Señoría, pienso que con los elementos que señalé, más la disposición que anima -yo diría- a toda la sociedad chilena, se encontrarán los recursos que permitan beneficiar a estos 125 mil jóvenes, que sólo representan el 15 por ciento de la educación media.

Agradezco al Senador señor Vega por darme una interrupción.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vega.

El señor VEGA .-

Señor Presidente , aquí estamos ante una política de Estado, y este tipo de políticas son estratégicas, a diferencia de las de la República, que son coyunturales y ejecutan diariamente las grandes decisiones del Estado que perduran en el tiempo.

Por esa razón, notables precursores como Valentín Letelier , José Núñez , Manuel Montt y, principalmente, Francisco Encina , en su ensayo "Nuestra Inferioridad Económica", y Darío Salas, en su ensayo "El Problema Nacional", fueron muy consecuentes ante situaciones particulares y especificas de la nación en el tiempo que les tocó vivir. Sus soluciones visionarias permanecieron y constituyen las bases en las cuales descansa nuestro sistema educacional, con un Chile muy optimista que enfrenta su presente y su futuro.

Lamentablemente, el ser humano -que es bastante autónomo y forma un universo muy especial en sí mismo- todavía no aprende a vivir con sus congéneres, con su misma especie, como se observa en el dramático caso de Iraq.

En esta perspectiva, debemos reflexionar acerca de lo que se está realizando en materia de educación y que, sin lugar a dudas, tendrá efectos en 30 ó 40 años más, como expresó el señor Ministro .

Por consiguiente, me parece que fortalecer la educación -en esta forma, diría, tan lacónica, porque es una modificación constitucional muy particular, específica, puntual, contenida en un artículo único- tendrá gran trascendencia en el futuro. Lo importante es adoptar estas decisiones a tiempo porque incidirán en él.

Noten Sus Señorías que los últimos 50 años han estado marcados por excepcionales descubrimientos -como bien sabemos- y notables creaciones científicas y tecnológicas que han cambiado el mundo. Pero esto también ha producido considerables debilidades e inconsecuencias, generadas a causa del intercambio de tecnologías globalizadas; guerras internas, externas; fenómenos de exclusión muy profundos; desigualdades socioeconómicas; desempleo; intolerancias étnicas; amenazas al medio ambiente; discusiones sobre el aborto y la eutanasia; creciente delincuencia internacional, y drogadicción, entre otros.

La deserción escolar es un problema latente en todo el mundo, no solamente en Chile. En nuestro caso, afecta a jóvenes entre los 14 y 17 años, como se señaló; es decir, cerca de 100 mil muchachos se encuentran fuera del sistema escolar. La proporción de jóvenes que no asisten a un establecimiento educacional es superior en las áreas rurales que en las urbanas, como también se manifestó. Por ejemplo, en 2000, la cobertura en los sectores urbanos fue de 92 por ciento, y en las rurales, de 77 por ciento. Dentro de la población que ha desertado, la gran mayoría proviene de hogares con menores ingresos y muchos de ellos han debido abandonar la escuela por tener que trabajar para ayudar a sus familias. El Programa "Chile Solidario" se preocupa de este aspecto, tan difícil, tan coyuntural, y que transcurre en el tiempo.

Lo anterior indica que el sistema nacional de educación presenta esa debilidad. Además, debemos sumar una preocupación muy especial por los sectores juveniles que viven en las ciudades, tema debatido también en el Senado. Allí el 80 por ciento de los alumnos de enseñanza media se encuentra en fuerte riesgo social. Ahí está, en alguna medida, el germen potencial de la delincuencia. Ahí es donde se produce la principal deserción escolar. Ahí es donde se generan las mayores debilidades, porque no estamos ofreciendo a esos jóvenes una alternativa práctica de vida.

Sin embargo, me parece que para solucionar los actuales índices de deserción debemos focalizarnos no sólo en la enseñanza media, sino en las etapas parvularia o preescolar, tal como lo planteé en las Comisiones. Es cierto que hemos hecho numerosos avances en este ámbito, pero ese ciclo todavía no es obligatorio, y aún nos encontramos estudiando un proyecto sobre jardines infantiles. A menor edad, mayores serán el rendimiento del niño y los beneficios para él y su familia. Ello quizás podría lograrse bajando a cinco años el ingreso a la enseñanza, de forma tal que ésta abarque desde kindergarten hasta cuarto medio.

Debemos recordar que los grandes problemas que se generan a esa edad son vitales para toda la existencia de los seres humanos. La educación media es importante, pero depende directamente de la primera etapa de la vida de nuestros conciudadanos.

Hoy, la escolaridad promedio en la población chilena es de 9,2 años. Sin embargo, si consideramos el quintil de más bajos recursos, el porcentaje baja a 7,8. Quienes corren más riesgo de dejar la escuela o liceo son los niños y jóvenes de las familias más pobres. Ellos requieren más apoyo e incentivos para permanecer en los establecimientos y alcanzar éxito en sus estudios.

Al respecto, estimo esencial hacer hincapié en la estructuración de un sistema superior de enseñanza media técnica. Es el gran desafío de nuestro presente, por nuestra futura relación con los países desarrollados. En una sesión anterior, por ejemplo, cuando aprobamos el proyecto de reavalúo de bienes raíces agrícolas, algunos señores Senadores pusieron especial énfasis en la falta de capacitación y preparación técnica de los pequeños empresarios agrícolas como factor que debilita el sistema y, particularmente, nuestra posición frente a los grandes desafíos que nos plantean los tratados con la Unión Europea y los Estados Unidos, que son, como bien sabemos, esencialmente tecnificados.

Señor Presidente , las comunicaciones globalizadas han otorgado a nuestros jóvenes una autonomía que nunca antes tuvieron, y que cada cual aplica de acuerdo a los conocimientos y la cultura recibidos en sus respectivos sistemas educacionales. He aquí un gran problema. Por esa razón, en el presente nos encontramos con respuestas tan diversas que muchas veces cuestionamos sin detenernos a pensar en su verdadero origen. Para algunos jóvenes, la conclusión son las "barras bravas"; para otros, los "reality shows". Más dramáticamente, otros escogieron las drogas o el alcohol. Pero también existen muchachos -como los que recibimos ayer, provenientes de Aisén- preocupados por el medio ambiente, la flora y la fauna. Todos ellos están haciendo uso de su autonomía, generada de manera directa en la enseñanza media, pero también, y particularmente, en la etapa preescolar y en la enseñanza técnico-profesional. Pongo énfasis en este punto, porque en él va a descansar el éxito de nuestras futuras relaciones internacionales.

Por eso, al incrementar sus conocimientos y su cultura -no sólo en cantidad de años, sino también en calidad- damos a la juventud mayores posibilidades de desarrollarse en un mundo convulsionado y potenciamos su estabilidad profesional, mejorando su calidad de vida.

Sé que el problema del financiamiento, de los aspectos económicos, es vital para fijar una partida racional y equitativa, pero lo mismo ocurrió con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de 1920, que no partió con el ciento por ciento y cuyos resultados, transcurrido el tiempo, hoy estamos presenciando, con un Chile presente en el concierto mundial y tratando de globalizarse industrialmente.

En la actualidad se habla de modernizar el Estado. Sin embargo, me parece que esa modernización no debe comenzar sólo con la racionalización de los sistemas burocráticos, sino también con la educación -a mi juicio, el principal factor-, si queremos perfeccionar nuestras potencialidades como nación.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente , para mí resulta muy especial y de la mayor relevancia participar en el debate de este proyecto de ley, pues en 1996 presenté, conjuntamente con el ex Diputado señor Felipe Valenzuela , una moción destinada a lograr el mismo objetivo.

Han pasado más de seis años, y hoy me enorgullece constatar que la pequeña semilla que sembramos en aquel entonces ahora ha germinado, ya que el texto del Gobierno recoge nuestra iniciativa, así como la planteada en esta Corporación, en 1999, por el Honorable señor Muñoz Barra y el ex Senador señor Bitar , hoy Ministro .

Permítame, señor Presidente, leer uno de los párrafos de la página 6 del mensaje del Ejecutivo, que reproduce una parte de la iniciativa que presentamos el ex Diputado Valenzuela y el Senador que habla.

Dice:

"La presente reforma pretende hacer obligatoria no sólo la enseñanza básica, como es hoy en día, sino que también la educación media, cualquiera que sea la modalidad -técnica, científico humanista, marítima, etc.- que el estudiante desee cursar, con el objeto que las futuras generaciones aprendan no sólo nociones elementales de su historia, raíces culturales o aspectos básicos del orden de las ciencias, sino que además, puedan ser capaces de ejercer una ciudadanía más activa, de promover los derechos humanos y los valores democráticos, de comprender más global y razonadamente los hitos importantes en la historia de los hombres, y sus consecuencias para la humanidad, y finalmente, sean capaces de obtener competencias necesarias para su inserción futura en el difícil, competitivo y tecnologizado mundo laboral que los espera.

"Todos los sectores de nuestro país, se han hecho eco de la necesidad de integrar esfuerzos tras el propósito de perfeccionar nuestra convivencia y de construir una sociedad solidaria, emprendedora y fuerte, que muestre capacidad tanto para proveer mejores condiciones de vida a cada uno de sus habitantes, como para responder a los desafíos de la modernidad. En el marco de estos horizontes, se reconoce y acepta unívocamente que la extensión y calidad de la educación que reciban las nuevas generaciones constituye un índice a considerar de primer orden, al intentar proyectar positivamente, la imagen de Chile en el mundo".

Esto es lo que señalamos en 1996, cuando presentamos nuestra iniciativa en la Cámara de Diputados.

Sin lugar a dudas, señor Presidente, la educación es una de las principales herramientas que poseen los seres humanos para ir progresando y mejorando su calidad de vida.

Así lo comprendieron nuestros gobernantes, quienes desde los inicios de nuestra existencia republicana la han tenido como una de sus principales preocupaciones, lo que permitió que su cobertura se fuera ampliando cada vez más y que nuestro país fuera pionero en esta materia en América Latina.

Basta recordar que una de las primeras tareas del prócer don José Miguel Carrera fue crear el Instituto Nacional, así como otros establecimientos a lo largo del país.

De la misma manera -y tal como se ha mencionado aquí-, en 1860 la denominada "Ley de Instrucción Primaria" sentará las bases del sistema público de educación básica en Chile.

Igualmente, los inicios de 1900 dan cuenta de que el principal problema que enfrentaba nuestro sistema educacional era la gran deserción escolar, ya que pasar de la educación básica a la secundaria y luego a la universitaria dependía única y exclusivamente de la capacidad económica de la familia de los alumnos.

Según diversas estadísticas, en las primeras décadas del siglo XX sólo alrededor del 10 por ciento de los estudiantes que terminaban la educación básica pasaba a la educación secundaria, y menos del uno por ciento llegaba a la universitaria.

Conscientes de tal situación, y como forma de enfrentar los altos índices de analfabetismo, los legisladores, a lo largo de nuestra historia, fueron presentando diversas iniciativas tendientes a transformar en obligatoria la enseñanza básica. Así fue en 1920, cuando se estableció el período de cuatro años para ese nivel de educación. De la misma forma, en 1929 se dispuso que el grado de enseñanza básica se extendiera a seis años.

Quiero resaltar el hecho de que, cuando se prolongó el período de educación básica obligatoria a seis años, paralelamente se creó la Junta de Auxilio Escolar y Becas, como una manera de implementar, apoyar e impulsar la realización de lo que quedaba escrito en el texto.

Fueron pioneros; pensaron que ésta no iba a ser una tarea fácil, y por eso crearon instrumentos paralelos para hacer realidad ese propósito.

Cómo no recordar también en este análisis histórico que en 1965, bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva , también se tuvo en cuenta la necesidad de hacer una reforma educacional, cuyo objetivo era, justamente, posibilitar el acceso igualitario de todos los niños y niñas a la educación y, lo más importante, asegurar su permanencia en el sistema, disminuyendo la deserción.

Así fue como pasamos de seis a ocho años.

Quizá, como nunca en la historia, una frase del Presidente de la República de la época, don Pedro Aguirre Cerda , a fines de la década de los 30, resumió con mayor claridad la política de nuestros gobernantes y del denominado Estado docente: "Gobernar es educar".

Señor Presidente , nuestro país vive hoy un contexto histórico distinto al de la década de los treinta. Incluso hace pocos años, bastaba tener educación básica aprobada para acceder a un trabajo medianamente aceptable. Nadie puede negar que disposiciones legales como la propia Ley de Enseñanza Básica Obligatoria han quedado desfasadas, ya que datan de más de 80 años.

En el último tiempo hemos sido testigos de los grandes esfuerzos desplegados por la nación para lograr no solamente el crecimiento económico, sino también el social, en el que el aspecto educacional no puede estar ausente.

Por esto, nos hemos propuesto desarrollar una nueva y profunda reforma educacional, debido a que los partidos de la Concertación, y muy especialmente el Socialista, están convencidos de que la educación es la base para conseguir la igualdad de oportunidades y mayor movilidad social.

El acceso a la educación no sólo permite avanzar hacia la modernización de nuestro país, sino que, además, incide en la superación de la extrema pobreza y en el acceso a las oportunidades de empleo; en la lucha contra la violencia, y en el desarrollo de una cultura democrática y solidaria.

Sin embargo, esta reforma no estará completa si no avanzamos hacia la obligatoriedad de la enseñanza media, por lo cual, como lo señalé en reiteradas ocasiones, éste es un paso fundamental.

Diversos hechos y situaciones avalan la urgente necesidad de establecer dicha obligatoriedad. Señalaré, por ejemplo, que las condiciones para acceder al mercado laboral han cambiado radicalmente en los últimos tiempos; y así lo demuestra la publicación de miles de avisos con oferta de empleos, los que en su gran mayoría incluyen la exigencia de haber completado la enseñanza media.

Este contexto es fiel reflejo de los vertiginosos cambios tanto tecnológicos como sociales que estamos viviendo, lo que obliga a exigir a quienes pretenden competir en el mundo laboral cada vez un mayor grado de conocimiento y especialización. Hay miles de jóvenes que son objeto de discriminación cuando buscan trabajo, debido a su escasa o insuficiente preparación educacional.

Existe un importante porcentaje de deserción, voluntaria o involuntaria, entre los alumnos que terminan la educación básica y pasan a la media, especialmente en sectores sociales de escasos recursos; del campo y la ciudad. Debido a ello, un gran número de jóvenes chilenos no tiene otra opción de vida que la cesantía o el subempleo y, consecuentemente, por qué no decirlo, la delincuencia y la marginalidad social.

Hay diversidad en la calidad de enseñanza que reciben los alumnos, y se observa una creciente brecha entre la educación particular y la pública. Los alumnos de colegios públicos perciben que la educación que reciben es mala y por tanto no les garantiza el ingreso a la universidad al no habilitarlos para lograr los puntajes necesarios. Se ve fomentada así la deserción escolar, a la que hay que sumar las precarias condiciones económicas y materiales en que funcionan diversos colegios y liceos.

Señor Presidente , al ampliarse la obligatoriedad de enseñanza a todos los niveles, no se está buscando hacer vulnerable la garantía de libertad de acción que consagra la Carta Fundamental, sino que, por el contrario, se está redoblando y aumentando su fuerza, ya que en la medida en que son potenciadas las capacidades de los individuos, mayores son sus opciones y, en consecuencia, su libertad de elegir.

Hoy en día es impensable alcanzar la libertad de trabajo en una democracia como la nuestra si no existen las fuentes laborales necesarias; y, lo que es peor, si no se cuenta con la calificación mínima requerida para acceder a una verdadera igualdad de oportunidades que posibilite a los jóvenes el salir de la pobreza, la delincuencia y la drogadicción.

Por eso, señor Presidente , consideramos de la mayor relevancia la legislación que estamos aprobando. Estamos plenamente conscientes de que alcanzar sus beneficios no será tarea fácil. Las estadísticas señalan que hacer realidad la enseñanza básica obligatoria llevó alrededor de 50 años. Por eso, como bien se ha señalado aquí, es necesario facilitar la creación de instrumentos y medios indispensables para la concreción del esfuerzo que estamos haciendo. Sólo por citar algunos ejemplos: cómo garantizar en el futuro la educación media obligatoria en los sectores rurales, cuando actualmente cualquier joven del campo que quiera acceder a la educación media debe gastar no menos de mil pesos diarios para acudir a los planteles situados en centros urbanos. En tales condiciones, es difícil que un adolescente que provenga de un modesto hogar rural pueda siquiera pensar -aunque sea obligatoria la enseñanza- en acceder a ese nivel educacional.

De la misma manera, así como en el pasado se tuvo en consideración la necesidad de formar la Junta de Auxilio Escolar y Becas para hacer realidad la reforma educacional de aquel entonces, es necesario que el Ministerio de Educación cree instrumentos -no tengo ninguna duda de que contará con el apoyo del Parlamento para llevar adelante esa tarea- que ofrezcan garantía y seguridad de que el proyecto se hará realidad.

Señor Presidente , al aprobar esta reforma constitucional estamos dando un primer y gran paso para hacer realidad el derecho a la educación, consagrado no sólo en la Carta Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos Económicos y Sociales de los Pueblos -que nuestro país ha suscrito-, sino también en nuestra propia Constitución Política.

De ahí que estemos asistiendo a un acto de enorme trascendencia histórica, no sólo para nuestro país, sino, y lo más importante, para miles de niños y niñas chilenas que tendrán acceso a un futuro mejor.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Parra.

Reitero que a contar de las 18 horas se podrá dejar el voto en la Mesa.

El señor PARRA .-

Señor Presidente , sin duda, el país ha cambiado significativa y positivamente. Se ha recordado aquí que la ley que estableció la enseñanza primaria obligatoria requirió de veinte años de discusión parlamentaria, y tuvo que derrotar la feroz resistencia que entonces impuso la Derecha conservadora chilena. Hoy, sin embargo, nadie discute que la educación es un derecho fundamental de las personas; nadie discute que constituye la principal inversión social y un factor de desarrollo; nadie discute que la igualdad de oportunidades en una sociedad está estrechamente vinculada al acceso que las personas tengan a la educación. Felizmente, pues, las diferencias han desaparecido, como se refleja en la unanimidad con que las Comisiones unidas presentan esta tarde el proyecto que debemos sancionar.

Sin embargo, señor Presidente , en la misma línea planteada en la Comisión por el Honorable señor Silva y conforme al artículo 164 del Reglamento, voy a pedir votación separada de la frase "hasta cumplir los 18 años de edad", agregada en este trámite constitucional y que, como aquí bien se ha señalado, desvirtúa el carácter de garantía constitucional que la actual norma tiene.

Voy a concentrar mi argumentación en este punto, porque a lo ya dicho por el Senador señor Larraín quiero agregar que esta disposición es, sin lugar a dudas, discriminatoria, injusta y además innecesaria. Creo que podemos encontrar una buena fórmula que permita que el paso que se pretende dar tenga toda la significación que queremos.

Se trata, desde luego, de una norma discriminatoria. Quienes hayan cumplido los 18 años de edad ya no podrán hacer valer ante el Estado la pretensión de recibir educación, que como derecho garantiza el número 10º del artículo 19 de la Constitución Política. A la vez, es inconsistente con otras normas de nuestro ordenamiento positivo. La ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en su artículo 15, establece la edad mínima para acceder a la enseñanza básica, así como la máxima para ingresar a la enseñanza media, la que fija justamente en 18 años. En consecuencia, se permite que la educación regular la lleve una persona hasta los 21 años, sin perjuicio de aquélla para adultos que, como excepción, se consagra en el mismo precepto.

Por otro lado, considero que la norma es innecesaria, porque el Estado de Chile viene haciendo esfuerzos significativos por permitir que los adultos tengan también acceso a la educación tanto básica como media, y puedan recuperar así lo que no recibieron en su oportunidad.

En el informe aparecen las afirmaciones de la Ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , sobre el particular, donde deja establecido que más de 150 mil adultos se han incorporado hoy a los niveles básico y medio de la enseñanza.

Todos somos testigos de los esfuerzos que realizan, por ejemplo, las municipalidades por dictar cursos que permitan licenciar en los niveles básico y medio a las personas recluidas en las cárceles. ¡Ése es sólo un botón de muestra!

La sociedad chilena hace esfuerzos para que se ponga al día la gente que por desgracia no tuvo en su hora las oportunidades a que su condición de persona y de chileno le daba derecho.

Por otro lado, no es efectivo que el establecimiento de la norma imponga al Estado una carga extraordinariamente gravosa e imposible de llevar. Basta invocar la historia, a la cual aquí en distintas intervenciones se ha recurrido. Fue la Constitución de 1925 la que estableció el carácter obligatorio de la enseñanza básica. ¡Cuánto tardó Chile en llegar al nivel de cobertura en enseñanza básica que hoy tenemos!

Sin duda, el Estado de Chile no va a verse en una situación imposible de manejar el día de mañana si se aprueba la norma sin referencia a los 18 de edad que propone introducir en este trámite el Senado. Por el contrario, lo que esa disposición hace es obligar al Fisco a ordenar sus medios para poder satisfacer la demanda de enseñanza media. Y el Estado de Chile dispone de medios en el tiempo.

Gracias a la iniciativa del Presidente Frei Ruiz-Tagle , se emprendió hace algunos años una ambiciosa reforma educacional, que está siendo llevada adelante en este instante. Dicha reforma se basó en un compromiso de la sociedad chilena de elevar significativamente el gasto en educación hasta llevarlo al 7 por ciento del Producto Geográfico Bruto.

En un estudio reciente, se nos dice que Chile ha alcanzado ya el 7,3 por ciento del gasto "inversión en educación". Pero la reforma educacional -Sus Señorías lo saben muy bien- concentra parte importante de esos recursos en algunos programas específicos que se agotan en el tiempo, concretamente aquellos que tienen por objeto introducir la jornada escolar completa. Consecuencialmente, si estamos resueltos a mantener nuestro compromiso con la educación, a que ese nivel de gasto no descienda e idealmente se incremente, evidentemente vamos a estar en condiciones de hacer frente a desafíos como éste, o como la extensión urgente de la educación preescolar, a la que con razón se refirió el Honorable señor Vega , de lo cual se deja constancia en el informe de las Comisiones unidas.

En consecuencia, los medios están, pero el Gobierno obviamente tendrá que revisar políticas e instrumentos.

Con preocupación hemos leído durante el verano que muchos establecimientos municipales -particularmente, en la Región Metropolitana- tuvieron dificultades para responder a la demanda, en especial en el nivel de enseñanza media, porque el mecanismo de las subvenciones -el utilizado hasta aquí para responder a la demanda cuantitativa de educación- es un instrumento que está produciendo efectos perversos; es un instrumento que está contribuyendo a la destrucción progresiva de la educación pública; es un instrumento que está limitando a los chilenos en su derecho de opción, en cuanto al tipo y calidad de educación que tiene; es un instrumento, en fin, que está amenazando el sentido básico que la educación debe tener en un Estado como el nuestro, que es su carácter laico y gratuito.

Por consiguiente, a mi juicio, la supresión de la frase a que he hecho referencia -esto es, "hasta cumplir los 18 años de edad"- sin lugar a dudas, enriquece la disposición y le da todo su sentido a la reforma.

En todo caso, considero conveniente acoger la proposición del Honorable señor Larraín , en orden a incorporar una disposición transitoria que deje claramente establecido el cumplimiento progresivo de estas nuevas responsabilidades del Estado, que es insoslayable respecto de los niños que están en edad de acceso a la educación, de quienes se han incorporado hoy a la enseñanza media, y que constituye un compromiso moral, jurídico y político para con los adultos que en su momento no tuvieron la oportunidad de cursar esos estudios.

Por eso, señor Presidente , junto con solicitar votación separada de la frase a que he hecho referencia, formulo indicación para que se proceda del siguiente modo: aprobar la reforma, por la unanimidad que se advierte en la Sala, sin la frase señalada; dejar pendiente para el martes próximo el pronunciamiento sobre la supresión de la referida frase y la votación de una disposición transitoria, que para entonces podamos traer a la Sala, con el concurso del señor Ministro de Educación .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Quiero hacer presente a los señores Senadores que me preocupa lo siguiente: se había planteado la posibilidad de votar a las 18. Algunos señores Senadores ya han manifestado su voto. Pero si se propone votación separada, no hay posibilidad de hacerlo hoy, porque el Orden del Día concluye a las 18:36.

Por lo tanto, propongo al Senado terminar hoy el debate y dejar pendiente la votación para el próximo martes.

¿Habría acuerdo para continuar la discusión con los ocho inscritos restantes, con prórroga del Orden del Día, para luego seguir con la hora de Incidentes, una vez terminado el debate?

El señor LARRAÍN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor SILVA.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , habría acuerdo, en la idea de que, conforme a lo señalado tanto en los discursos como en conversaciones informales, existe la voluntad de estudiar esa separación, para suprimir el límite de los 18 años, establecer una garantía constitucional en pleno y buscar una solución transitoria a través de una disposición que se elaboraría.

Por ello, a mi juicio, si nos sujetamos a esa línea, tendría sentido el votar separadamente la referida frase, porque de lo contrario, más vale votar hoy día.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Deseo hacer presente que la discusión del proyecto es en general y particular. Por lo tanto, las indicaciones deberían votarse ahora o en la sesión correspondiente.

Propongo a la Sala terminar hoy el debate y votar la iniciativa y las indicaciones -si las hay- en la sesión ordinaria del próximo martes.

Ahora continuaríamos con los oradores inscritos.

Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA .-

Deseo una aclaración, señor Presidente , el próximo martes se votaría en forma separada.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Como ya se formuló indicación en tal sentido, debo proceder en consecuencia.

Tiene la palabra la Honorable señora Frei , sólo para referirse a una moción de orden.

La señora FREI (doña Carmen) .-

Señor Presidente , tengo entendido que la Mesa ha recogido varias votaciones, las cuales deberían quedar nulas.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

No se anulan. Se dejan sin efecto.

El señor MUÑOZ BARRA .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra .

El señor MUÑOZ BARRA .-

Señor Presidente , quiere decir que la hora de Incidentes se suprime y se continúa con las intervenciones del resto de los señores Senadores inscritos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se suprimirá la hora de Incidentes para terminar hoy el debate del proyecto.

Acordado.

Continuaremos la discusión de la iniciativa con los señores Senadores inscritos.

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , intentaré ser lo más breve posible ya que el debate, que ha sido extremadamente enriquecedor, prácticamente está agotado, y no quiero reiterar demasiadas observaciones.

En primer lugar, en nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, deseo saludar al señor Ministro , quien ha sentado el precedente en estos últimos años de ser el único ex Senador que ha alcanzado dicho cargo, pues, por lo general, hemos contado con ex Secretarios de Estado que se han desempeñado como Senadores. Él vuelve a esta Sala como a su casa. Podríamos repetir la mención a Fray Luis de León que hicimos ayer y así estaríamos muy a tono con esta circunstancia.

En segundo término, es bueno discutir algunas materias contenidas en el proyecto, porque, como se ha dicho varias veces, éste no es irrelevante. Por el contrario, marca un hito en nuestra labor en el Senado. La obligatoriedad de la educación media reviste, de alguna manera, la misma trascendencia que en su oportunidad tuvo en el caso de la educación primaria.

Vamos a aprobar con mucha alegría el proyecto en análisis.

En cuanto a la expresión "18 años" contenida en el texto, se está llegando a un acuerdo que vamos a apoyar. Es decir, no es bueno que la norma constitucional establezca una limitación como ésa, por tratarse de un precepto permanente que el día de mañana, por haberse cumplido con esa obligación, podría quedar obsoleto, lo cual empañaría un poco el valor de lo que hoy deseamos aprobar.

Por eso, sería conveniente suprimir, mediante votación separada, o por unanimidad, la expresión "18 años" en la norma permanente y buscar una forma transitoria que dé satisfacción a los aspectos de carácter económico que el Ministro tiene la obligación de sustentar en el Senado. Porque, en verdad, cuando hablamos de educación deberíamos volar contra el viento, y si las limitaciones económicas son fuertes, mayor razón para esforzarnos en elevar su nivel, porque -como se ha dicho hasta el cansancio- ella es la base de lo que será Chile en los próximos 20 años.

Hablamos con el señor Ministro en la Comisión de Educación, y estamos conscientes de que es por esa línea por donde él prefiere llevar la acción del Ministerio y no limitarse sólo a las cosas coyunturales que a veces nos limitan la visión global.

Hemos avanzado, hay una diferencia respecto de 1920. Ese año se planteó una reforma, como la denominada Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, cuando prácticamente no había normativa alguna en tal sentido. Hoy día nos hallamos en vías de completar un proceso que en la Constitución lo estamos ratificando casi "ex post". Es una educación que ha recibido el tratamiento que se merece en los últimos años. Ello no habría sido posible si en la última década no hubiéramos contado, a lo menos, con una fuerte inversión que casi triplica lo que se invertía en 1990 ó 1991.

Por lo tanto, desde todo punto de vista, debemos aprobar el proyecto. El saber es la palanca del futuro. En un tiempo lo fue el dinero; antes, la tierra; hoy día es el saber. Sin embargo, como Senadores democratacristianos nos sumaremos a la idea de buscar una solución para suprimir la expresión "18 años" y dejar la obligatoriedad en forma permanente y abierta en una norma transitoria.

Es cierto que no podemos establecer un precepto que obligue al Estado a lo imposible, pero tampoco podemos aprobar una norma como la propuesta, pensando que siempre estaremos limitados y deberemos buscar la fórmula para conseguir los recursos.

Sin embargo, dentro de ese mismo marco, deseo referirme a un punto sobre el cual he insistido en varias oportunidades en el Senado, aunque sin contar con las fuerzas necesarias para lograr su aprobación. Es un tema delicado. Pero hoy, a la luz de los antecedentes que hemos recibido en los últimos años, desde que se presentó el primer proyecto, debería mirarse de otra manera.

Si queremos tener doce años de educación es porque no hay otra manera de conseguir que la persona que egresa de la enseñanza no preuniversitaria pueda alcanzar un nivel técnico profesional adecuado o los conocimientos que la educación superior exige. Y eso, más allá de lo que se enseñe, está absolutamente ligado con el desarrollo psicofisiológico del niño o la niña. Hoy, la enseñanza primaria, comparada con la existente en 1920, comienza prematuramente con relación al desarrollo de los muchachos. Y eso se llama educación preescolar y fue la que patrocinamos tiempo atrás como obligatoria en el segundo nivel transicional. No lo logramos y sólo se aprobó una norma que dice que el Estado dará atención preferente a este estamento. Creo que no es suficiente. Honestamente, estimo que puede ocurrir de nuevo lo que nos pasó con la educación secundaria: legislaremos mirando hacia atrás, dando al Estado participación en todo lo que le sea posible, obligándolo por los hechos a que se invierta sin tener una visión de gran futuro acerca de lo que debemos realizar.

Sólo formularé dos observaciones para sustentar lo que he señalado. La primera, nos hallamos en una época en que se miden exclusivamente los resultados, lo cual ya constituye una manera sesgada de ver la educación. Porque no sólo se trata de instruir, sino también de formar. Y ése es un tema que nunca discutimos entre nosotros, ni siquiera en la Comisión de Educación. Sin embargo, pese al criterio respecto de la forma como se lleva a cabo la instrucción, la señora Ministra de Educación anterior señaló que había relación directa, absolutamente estadística, entre los grupos de alumnos que cursaron la enseñanza parvularia y el resultado del SIMCE del cuarto año medio. Una última información de la División de Educación General del Ministerio de Educación sostiene que el resultado del SIMCE en octavo básico tiene relación estadística con el haber asistido al segundo nivel de transición de la educación parvularia. es -como digo- de 3.3, de 3.5 y de 2.6, sobre una variación de 0.4.

Por lo tanto, en la línea de la medición que se quiere para la educación, hay razones que justifican su aplicación.

Al respecto, he pedido al señor Ministro que tenga la amabilidad de estudiar el tema -sé que me está escuchando con mucha atención-, para ver cómo podemos respaldar el proyecto que presentaremos algunos Senadores, entre los que se cuentan el Honorable señor Vega y la Senadora señora Carmen Frei .

En consecuencia, apoyaremos la iniciativa y la modificación del texto en los términos ya señalados, y ruego al señor Ministro considerar no sólo la posibilidad de convertir en obligatoria la educación media, sino también la de buscar mecanismos que justifiquen la aprobación de la reforma que vamos a presentar.

Un sólo punto sobre dicha materia.

Se ha dado como argumento en contrario el que a los cinco o seis años la formación de un niño debe estar sólo a cargo de sus padres, pues fuera del hogar podría existir una suerte de dirigismo educacional. Sin embargo, dadas las diversas opciones que permite el actual sistema educacional, a quien en esa línea desee para su hijo determinada opción, le es perfectamente posible decidir al respecto. Es decir, no hay duda alguna de que todavía se privilegia el valor de la educación familiar. Pero, a mi juicio, todos tienen la oportunidad de elegir y nadie está sujeto a que el Gobierno A, B o Z, de ahora o después, haga esta diferencia, considerando los antecedentes que he proporcionado.

Insisto en que el parámetro que ahora se pretende son los resultados del SIMCE, vale decir, en una argumentación ad hominem con los que al Gobierno, los educadores y a la sociedad chilena interesan, a pesar de que a mí no me satisfacen plenamente. Es que no parece lógico que dejando la libertad, y no la obligación, se establezcan limitaciones, desde ya, a sabiendas de que quienes se incorporan a la educación parvularia tienen más posibilidades de egresar de la educación media. Y frente a la educación superior ello genera una situación desmedrada que a lo mejor, de no haberlo sabido, alguien podría discutirlo. Pero estos datos son indesmentibles.

Por lo anterior, aprobaré el proyecto en los términos que he señalado.

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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Antes de continuar con el debate, y para ganar tiempo, solicito el acuerdo de la Sala para mandar a Comisión el proyecto signado con el Nº 2 en el Orden del Día, que modifica la ley Nº 19.284, con el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de las personas discapacitadas. Como la iniciativa que vuelve de la Cámara de Diputados para cumplir aquí su tercer trámite constitucional prácticamente se ha rehecho en su totalidad, estimo inconveniente que lo trate la Sala antes de que lo estudie la Comisión.

--Así se acuerda.

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El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro .

El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-

Señor Presidente , dentro del límite de tiempo de que dispongo, para no abusar del de los señores Senadores ni de la Honorable señora Matthei , pido a Sus Señorías que busquemos una fórmula de solución viable. Tengo la mejor disposición para ello. De hecho, la reforma constitucional que propuse sobre esta materia no tenía fecha ni límites de edad.

Sin embargo, a diferencia de la educación básica, la media es terminal. Las personas que egresan pueden irse a trabajar, y toda la nueva orientación está destinada a que los dos últimos años de estudio crecientemente tengan carácter técnico-profesional.

Si abrimos la puerta a tres millones de chilenos, el 70 por ciento de la población adulta que está trabajando, y pueden ser muchos más, obliga al Estado a entregar gratuitamente formación técnico-profesional, lo cual resulta imposible de satisfacer.

En consecuencia, si bien se trata de un objetivo sano, contrariamente a la educación básica que es de transición hacia algo superior, la media puede ser terminal y se transforma, por tanto, en cierta medida, en educación de adultos, con lo cual entramos a un terreno distinto.

Por lo tanto, solicito que los señores Senadores analicen bien ese aspecto y asumamos un compromiso compatible con lo que aquí varios de ustedes han precisado, en cuanto a la forma como el Estado financiaría el proceso. Porque si ampliamos la meta a un nivel que sabemos que no podremos alcanzar, todo podría transformarse en letra muerta.

Una solución podría ser la de fijar, mediante un artículo transitorio, un plazo de diez años para los que tengan 18 años, y en seguida ir aumentando gradualmente. Sin embargo, si vamos cumpliendo las metas, por qué no considerar también la posibilidad de llevar a cabo en el futuro otras reformas constitucionales que amplíen más aún esta obligatoriedad, incluso a la educación de párvulos, como lo ha pedido varias veces el Senador señor Ruiz-Esquide -cuyas palabras hacia mí persona agradezco sinceramente-, a fin de que realicemos esta tarea de manera acorde con el potencial del país y no generemos una brecha que sabemos que no podremos satisfacer.

Si el Ejecutivo tuviera que vetar una norma que no establezca el límite de edad, su decisión afectaría la disposición en su totalidad, salvo que se tratare de un veto aditivo, que alargaría el plazo.

Por último, consideremos la posibilidad de establecer 19 ó 20 años, es decir, levantar un poco la vara, pero ajustándonos a metas probables de satisfacer, y así mostrar ante el país la firme imagen de que nuestras discusiones no son retóricas, sino que corresponden a realidades que podemos cumplir.

En ese sentido, formulo esta observación para dar a conocer mi disposición de conversar con todas las bancadas a fin de buscar una fórmula viable. Porque esta medida compromete, por una parte, al Ejecutivo , que tiene la responsabilidad de satisfacer las demandas, y, por otra, al Parlamento y a todos los partidos políticos, pues se trata de una decisión de muy largo alcance.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Solicito al señor Ministro que de aquí al próximo martes, seguramente en conjunto con los miembros de la Comisión de Educación y de los señores Senadores interesados en la materia, nos presente una indicación concreta. En caso contrario, la discusión sería interminable, y no sacaríamos nada en limpio respecto del objetivo del proyecto.

Antes de ofrecer la palabra al siguiente orador, pido al Honorable señor Bombal continuar presidiendo el resto de la sesión.

Tiene la palabra el Senador señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente , esta ocasión es importante y considero oportuno hacer algunas reflexiones sobre lo que -a mi juicio, por lo menos- puede constituir el fondo del problema o algunos de sus aspectos.

Recuerdo muy bien que a fines de la década de los 60 se produjo en el mundo entero un movimiento estudiantil e intelectual de crítica muy radical y muy profunda a los sistemas de educación. Ello culminó en un documento de la UNESCO que contenía un balance de los sistemas educacionales en el mundo y era extremadamente crítico respecto de sus resultados.

Por algún azar de la historia, la nueva generación de la época rechazaba la forma de educación y sus contenidos, pues le parecía que llevaba a una suerte de pasividad o de aceptación tácita de un orden que se estimaba profundamente injusto.

Ha pasado mucha agua bajo los puentes; pero los sistemas educacionales del mundo, en general, no han dado los resultados esperados. Incluso, diría más, el cambio de época que estamos viviendo hace más imperiosa una reflexión, no tanto sobre los años que una persona está en la enseñanza, sino tocante a lo que hace cuando participa en el sistema educacional formal. Poco se logra con la jornada escolar completa si repetimos lo que tradicionalmente se aborda en el aula, y poco se alcanzará también con permanecer más tiempo en dicho sistema educacional si simplemente se sigue haciendo lo mismo que hoy día.

Una de las cosas fundamentales que requiere la llamada nueva sociedad, sociedad de la comunicación, de la información, del conocimiento -como se la quiera denominar-, es que los jóvenes aprendan a aprender, que manejen la información y que tengan capacidad para relacionarse flexiblemente con múltiples instancias de la vida, donde desaparecen con facilidad las fronteras entre el trabajo y la educación, entre otras cosas.

Me pregunto, señor Presidente , si el sistema educacional chileno, tan jerárquico, tan disciplinado, tan vertical, puede formar a la juventud de esa sociedad de la información -como la llamamos-, a la que estamos requiriendo con capacidad para crear, aprender y relacionarse en forma flexible en las múltiples instancias de su vida. Estimo, francamente, que no.

El señor Ministro , desde que asumió, ha puesto énfasis en la calidad de la educación. Y tiene toda la razón. Obviamente, es una tarea que excederá con mucho su período de permanencia en la Secretaría del ramo y el mandato del Presidente Lagos ; pero lo importante es que coloque el acento en aquel aspecto.

Ahora bien, ¿qué es la calidad de la educación?, ¿en qué consiste, al menos como cierta aproximación? En el mundo en que vivimos, yo pondría énfasis en dos cosas. Una: que los alumnos entren en contacto con la nueva realidad de la ciencia y la tecnología.

Yo hacía presente hace días en la Comisión de Educación que aulas tecnológicas creadas con mucho esfuerzo permanecen generalmente cerradas. Los profesores son reacios a abrirlas. Afirman: "Tenemos que cuidar los aparatos". Y ponen dificultades. Porque los alumnos tienen mayor capacidad para manejar las computadoras, sobre todo cuando el docente supera los cuarenta y tantos años.

En segundo lugar, estimo que hoy no existe una integración real entre las distintas asignaturas que se enseñan y las nuevas tecnologías. Es muy poco lo que se hace en la práctica, en los distintos establecimientos, al menos en aquellos que me toca visitar en la circunscripción que represento; no se observa ese resultado entre, por ejemplo, la asignatura de historia, o de matemática, o de física, y el aula tecnológica.

Entonces, un punto esencial de la nueva calidad de la educación es generar la integración mencionada, abrir la escuela al mundo. Lo permite Internet, pero se requieren la conducción y capacidad del docente para que ello ocurra.

Es verdad que el Gobierno ha hecho mucho enviando profesores a perfeccionarse en el extranjero; pero, cuando se conversa con personas de otros países, el balance que ellas hacen de la capacidad de sus sistemas educacionales para abrirse a ese nuevo mundo es también bastante negativo. O sea, no es cierto que en Estados de Europa Occidental -por lo menos en algunos- se registre una apertura tal que si nuestros docentes van a España, o a Inglaterra, o a Italia, o a Francia, se contactarán fácilmente con una realidad que les abrirá los ojos y los transformará. Existe ahí un enorme camino por recorrer.

Pero, señor Presidente , junto con la apertura a una nueva forma de pensar y de adquirir el conocimiento y usarlo, me parece fundamental que el alumno se relacione con aquello que se podría haber llamado antiguamente "núcleo de la cultura clásica", es decir, con los valores esenciales de la cultura humanista que dan cimiento ético a los avances científicos y tecnológicos. Sin ese cimiento ético, la nueva realidad del mundo en red, del mundo del conocimiento, de la comunicación, puede ser también la del mundo de la banalidad, de la lógica binaria, donde todo es blanco o negro, o la del mundo de la simplificación.

Por tal motivo, lo que debiera intentarse, al contrario, es una síntesis entre los avances, las nuevas formas de pensar, y el mundo de la cultura clásica, del humanismo clásico, de la filosofía, de las grandes interrogantes en cuanto al sentido de la vida. Y no se observaría tanta diferencia al plantearse cómo adquirir el conocimiento en el mundo nuevo de la información y la ciencia si al mismo tiempo el alumno y el profesor fueran capaces de preguntarse sobre el sentido último de las cosas, cuál es la mejor sociedad en que se puede vivir, si es posible la justicia social, cuál es el sentido de la identidad histórica de una nación, en fin, sobre aquello que al final da la razón de ser al conocimiento, a la vida y, lo que es más relevante, a dicha identidad.

Quizás sea mucho pedir todo ello de una escuela o un liceo. Evidentemente que sí. Porque ese mismo alumno se halla bombardeado por los medios de comunicación, por todas las otras formas de socialización, y muchas veces lo que se pretende de la escuela se deshace en la televisión. Para no mencionar otra cosa, recuerdo lo que sucede con el buen uso del lenguaje. A mi juicio, los profesores de castellano son doblemente meritorios hoy, cuando se percibe la degradación del idioma en ese medio y, al unísono, al mismo alumno que ve tres horas de programas le enseñan literatura clásica española, generándose una desconexión completa. Y, al final, creo que prima, por cierto, el lenguaje de la televisión sobre las clases de castellano.

Entonces -insisto-, es mucho pedir.

Y una sola advertencia quisiera hacer en esta intervención, señor Presidente .

Por cierto, me alegra que haya un compromiso respecto de más años de instrucción, de enseñanza, de educación. Pero, más que lo anterior, lo importante es el contenido. El señor Ministro lo ha dicho bastante claramente: se trata de la calidad.

Pienso que tal vez en esa materia enfrentamos los desafíos más grandes. Porque, visitando escuelas y liceos de la circunscripción que represento; viendo el cuerpo docente, los alumnos; conociendo la sala de clases, ahora más moderna, con mejor infraestructura, me asalta una duda enorme: la de si esos niños que permanecerán ahí más tiempo no se hallan, en el fondo, perdiendo el tiempo; la de si ésa no es, a veces, una forma de creer que nos encontramos haciendo algo que en verdad no estamos haciendo, como una especie de autoengaño social. Porque se puede aseverar: "Sí. Ahora usted, en vez de un promedio de diez años, estará doce años en un establecimiento de enseñanza.". ¿Y después qué hace? "¿Cuál es su capacidad para insertarse en el mundo nuevo? ¿Cuál es su capacidad para resistir los grandes desafíos de la vida, las grandes dificultades que tendrá? ¿Qué capacidad de cultura posee para actuar en la sociedad democrática, libre, más horizontal?".

¿Acaso Sus Señorías no quedan impactados del grado de autoritarismo en los liceos? Por ejemplo, todas las ceremonias son siempre de carácter castrense, casi militar. Desfilan como militares todos los docentes -de Izquierda, de Derecha, de Centro-, y enseñan a los niños a hacer lo mismo. No tengo nada en contra. Incluso, creo que cuando el Intendente señor Jorge Tapia pretendió terminar con ello en la Primera Región fue un verdadero descalabro. Pero, obviamente, es algo que debiera ir unido a una nueva aptitud para entender que el mundo venidero no es militar, no es disciplinado, no es jerárquico, no es fijo, no es inmóvil, sino que, al contrario -para decirlo claramente y no llamar a engaño a nadie-, el capitalismo de hoy es dinámico, cambiante, innovador, siempre desafiante. Y, o se entiende ese mundo, o no estamos logrando lo que se pretende.

Entonces, señor Presidente , para terminar, celebro esta reforma, que se fijen doce años de enseñanza. Pero, como muy bien dijo el señor Ministro , cabe una gran llamada de atención en el sentido de que lo que nos debiera preocupar en la educación chilena es no sólo el tiempo, sino también el contenido de él.

He dicho.

El señor BOMBAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Flores.

El señor FLORES.-

Señor Presidente , he seguido el debate con mucha atención y complacencia, pues veo que los Senadores estamos intercambiando puntos de vista y abriendo espacios en la discusión sobre un asunto muy importante para el país y que va más allá de la Comisión de Educación.

Además, me es muy grato que sea mi amigo y el mentor de que yo esté en el Senado, el Ministro señor Bitar, quien escuche las opiniones acerca del tema.

En lo personal, suscribo los criterios de los Honorables señores Parra, Larraín y Silva en cuanto a la reforma.

Quiero aportar cuatro preguntas al señor Ministro, para que podamos conversar más adelante.

En primer lugar, no sacamos nada (como dice el Senador señor Viera-Gallo ) con determinar doce años de enseñanza si no sabemos por qué lo hacemos. Y me parece que nos estamos tranquilizando de gran manera al no formularnos interrogantes como ésa y no darnos cuenta de que se trata de un fenómeno histórico.

Contaré una anécdota al respecto, porque alguna vez me tocó estudiar la cuestión.

Pasteur, pionero en el ámbito de la inmunización y responsable de que muchos de nosotros estemos vivos después de los 40 años, porque a partir de sus trabajos hubo tantos descubrimientos, fue profesor primario; nunca estudió otra cosa. Era una época de innovaciones, donde un maestro básico tenía dignidad. Y a una persona -posteriormente llegó a ser ministro de Napoleón III- se le ocurrió enseñar a los profesores primarios esa nueva cosa que había en el mundo y que se llamaba "química". La química no existía hasta 1780 como palabra; tampoco como enseñanza.

Entonces, no podemos imaginar que con la entrega por doce años de la serie de contenidos fijos conocidos como "educación secundaria" vamos a mejorar el país. El mundo está cambiando, y lo sabemos.

Ahora bien, formularé al señor Ministro de Educación las preguntas anunciadas.

Primero: ¿Cuáles son, en los programas de educación secundaria, las habilidades digitales y de redes -sustanciales para tener mínima excelencia en el mundo actual- y con qué concepto y criterio las definiremos?

Entiendo que están en los contenidos educativos de hoy. Sin embargo, no se puede seguir hablando de los lenguajes de software ni de los programas que ahora se enseñan, porque en cinco años más todo esto quedará obsoleto. Ninguna de las compañías que diseñan software continuará con lo que actualmente hacen. De modo que tenemos un problema conceptual muy serio e interesante.

Creo que la profesión que más entiende de lo que estoy hablando, curiosamente, es la vinculada con las leyes, pues posee un lenguaje respecto de lo que son las convenciones y los nexos sociales que han permanecido por muchos años. Eso hay que combinarlo con el lenguaje digital. Y espero que en algún momento ocurra, porque es lo único que puede dar un sentido de permanencia. La elaboración de contratos y de otro tipo de cosas seguirá existiendo con una tecnología u otra; lo que cambia son los medios.

Considero que parte de los problemas de corrupción que hemos visto estos días en la CORFO derivan de no saber usar redes digitales para efectuar controles. Los códigos morales y los códigos digitales tienen parentesco.

Segundo: ¿Cómo vamos a atacar el problema motivacional? En mi opinión, la gran diferencia en esta época histórica radica en que muchos jóvenes se aburren soberanamente. Algunos no creen que la escuela y la universidad son lugares de avance, porque ven que sus padres, no obstante ser profesionales universitarios, se encuentran desempleados o no tienen mayores horizontes. El problema no estriba sólo en eso, sino en cómo vamos a motivar.

Al contrario de lo que se señala, pienso que la gente de la televisión, que está haciendo cuestiones muy vulgares, sin embargo se halla más cerca de ese mundo del futuro. Me parece que deberíamos girar hacia allá algunas cosas.

Tercero: ¿Qué rol juega la educación media o secundaria en el sistema productivo? Porque no podemos esperar que jóvenes de 18 años no trabajen o no hagan cosas útiles. Debemos recordar que muchas sociedades han producido gente -un ejemplo es Steve Jobs- que nunca fue a la universidad y sólo recibió educación secundaria. O sea, este nivel educacional es vital para producir personas emprendedoras, empresarios. Por eso formulo esta interrogante, convencido de que con los contenidos actuales solamente nada de aquello ocurrirá.

Por último, expresaré una idea con respecto a las Fuerzas Armadas.

Esas instituciones realizan una labor muy positiva al entregar la motivación que falta a jóvenes de 17 ó 18 años para, a partir de ellas, adquirir ciertas habilidades.

He podido apreciar -ahora, como miembro de la Comisión de Defensa, lo observo más- que una de las cosas que hacen las Fuerzas Armadas es posibilitar a mucha gente el término de la educación secundaria o la recepción de una enseñanza mínima.

En California, donde viven personas muy progresistas, he visto crear escuelas militares secundarias para quienes carecen de motivación. Se trata de una educación corporal, la que también es motivacional. Por eso, no la veo necesariamente como autoritaria.

Me gustaría que en algún momento discutiéramos aquello como aspecto de esta materia, sobre la que hemos de hacer una inflexión.

Formulo todas estas preguntas al señor Ministro con el ánimo de que en otra ocasión podamos continuar debatiendo en torno a la educación, que es una de las materias más importantes que deben ocupar a todo el Senado y no sólo a la Comisión especializada.

He dicho.

El señor BOMBAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , primero, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, expreso al señor Ministro de Educación nuestra voluntad y mayor interés en colaborar con su gestión. Sabemos de su compromiso y vocación de servicio público, y no tenemos duda de que, en la medida en que el Ejecutivo , a través de él y de los Parlamentarios, en particular los de la Cámara Alta, trabajemos juntos, vamos a dar grandes pasos en una materia tan sensible como la de la educación en Chile.

A continuación, adhiero a gran parte de las intervenciones hechas acá, particularmente la que acabamos de escuchar al Honorable señor Flores, quien planteó cuestiones muy de fondo respecto del tema educacional.

En seguida, quiero hacer una mención muy breve acerca de tres puntos y plantear algunas discrepancias que tengo en cuanto al texto que estamos discutiendo.

En primer término, cuando uno trata de analizar el problema educacional, surgen a lo menos tres áreas o vertientes desde las cuales puede analizarse.

La primera, obviamente, es la cobertura: cuántos niños están estudiando realmente.

Tengo aquí el informe del Gobierno sobre competitividad regional de 2001. Allí se establece por regiones que el mínimo de cobertura en la educación media es 84 por ciento, y el máximo, 94 por ciento. Es decir, todavía existen regiones que no tienen en educación media una cobertura como hubiésemos deseado, no obstante que, si Chile es comparado con otras naciones del continente, las cifras probablemente sean muy superiores; pero eso no debe ser tomado como parámetro, porque nuestro país siempre ha estado a la vanguardia en estos temas.

La segunda se refiere a la extensión a 12 años.

Sobre el particular, el Senador señor Flores planteó una cuestión bastante de fondo. Porque siempre tendemos a creer que el problema de la educación consiste en cuántos años se estudia. En los países avanzados el problema no es la cantidad de años, sino qué se estudia, cómo se estudia y cuán profundamente.

Y la tercera se relaciona con la calidad de la educación.

En mi concepto, ahí deben ponerse todos los esfuerzos hacia el futuro. Es tal la desigualdad con que los chilenos llegan a los niveles de calidad educacional, que basta mencionar que no más allá de 10 a 12 por ciento de quienes acceden o tienen la suerte de acceder a establecimientos particulares cuenta mensualmente con sobre 100 mil pesos para llevar adelante su enseñanza, mientras un joven en las mismas condiciones que estudia en algún lugar apartado de regiones o en Santiago y no dispone de recursos a través de la subvención educacional, no supera los 10 a 12 mil pesos.

Entonces, ¿cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades o de posibilidades de progresar si tenemos diferencias tan grandes en cuanto a los recursos para estudiar con que cuentan algunos jóvenes respecto de otros?

Lo anterior tiene efecto inmediato en otro aspecto que considero grave: en Chile hay una inmensa injusticia en la redistribución del ingreso. Y eso está muy vinculado a los niveles de educación a que acceden los jóvenes.

Mientras los chilenos que tienen más -ubicados en los quintiles que así lo representan- se llevan 50 a 60 por ciento de los recursos del país, los más pobres no alcanzan a percibir 6 ó 7 por ciento.

Entonces, la educación con relación a la redistribución del ingreso es el factor que marca la diferencia entre los pueblos sabios e inteligentes que saben progresar y aquellos que se quedan en las formalidades y terminan con niveles educacionales bajísimos, con riquezas muy esporádicas y que se diluyen con mucha rapidez en el tiempo.

En seguida, señor Presidente, plantearé algunas discrepancias en cuanto al texto propiamente tal del proyecto.

En primer lugar, el artículo 19, número 10º, de la Constitución vigente establece que la educación básica es obligatoria y que el Estado la debe financiar, cualquiera que sea la edad de la persona interesada en acceder a ella. O sea, no hay límite de edad respecto de la educación básica.

El proyecto que nos ocupa esta tarde fija -por las razones que señalaré- la edad de 18 años como tope para las educaciones media y básica, en circunstancias de que ésta, como acabo de expresar, hoy día no tiene restricción alguna.

Mirada la cuestión desde esa perspectiva, hay en esta reforma un retroceso respecto de las personas que cursan educación básica.

¿Qué pasa en la actualidad de acuerdo con la Carta Fundamental? Cualquiera que sea la edad del interesado, el Estado debe garantizar su acceso a la educación básica gratuita. Pero si aprobamos el texto que se nos propone esta tarde, sólo podrá llegar a ella quien tenga hasta 18 años. Por lo tanto, hay un retroceso: se quita ese derecho a quienes tengan más de esa edad.

Por consiguiente, la redacción final sugerida provoca una situación que debe ser revertida. Y percibo que no habrá mayor dificultad para ello.

En segundo lugar, respecto de la edad de 18 años, primero deseo plantear una cuestión formal y, después, una reflexión de fondo para consideración del señor Ministro .

Estimo un error establecer la obligatoriedad de la educación básica hasta cumplir 18 años de edad. Eso significaría que un joven, apenas los cumpla, deja de tener acceso a la gratuidad. Esto consigna la disposición propuesta -"hasta cumplir los 18 años"-, en circunstancias de que nuestra estructura educacional está concebida para que los jóvenes lleguen al cuarto medio con esa edad. De manera que debe hacerse una corrección, porque lo lógico sería que, de existir un límite de edad, éste incluya los 18 años y no los excluya, como plantea esta modificación constitucional. Insisto: un joven tendrá derecho a educación gratuita hasta los 17 años, pero al cumplir los 18 -es la interpretación literal de "hasta cumplir los 18 años de edad"-, deja de tenerlo, lo que es absurdo, porque más de 70 por ciento de los jóvenes chilenos, o quizás el 90 por ciento, cumplen 18 años en cuarto medio.

Por lo tanto, el precepto, desde el punto de vista formal, es equivocado. A lo más, debería decirse "hasta cumplir los 18 años de edad, inclusive", para que queden comprendidos los jóvenes que la hayan cumplido.

El señor Ministro planteó un importante tema de fondo. Me produce mucho temor el hacer demagogia con estas normas. Creo que no cuesta nada -¡nada!- sembrar ilusiones y después no poder materializarlas. Y en esto debemos ser muy, muy honestos. En cuanto a sostener que actualmente el Estado de Chile puede financiar la educación media y básica de modo gratuito para todos los chilenos, cualesquiera que sean sus edades, mi impresión es que no hay recursos para hacerlo. Y decir, como escuché a un Honorable colega, que es cuestión de reasignar recursos, es engañar a la gente. Eso no lo podemos hacer.

Tengo la convicción de que la gente entiende que los pasos se van dando de a uno, que los esfuerzos se hacen de a poco, que prefiere que sea así y saberlo de antemano, a encontrarse posteriormente con una ley que es letra muerta y que no constituye realmente un avance, y se expone al Gobierno y a los propios legisladores a anunciar normas de efecto mucho más limitado que el prometido. Si no se establece con toda franqueza -y ése es un dato que el señor Ministro debe señalarnos- cuál es la capacidad económica del país para sacar adelante una ley de esta naturaleza, se frustrará la consecución del propósito.

Sí me parece correcta la línea argumental del Senador señor Larraín , que es absolutamente concordante con este criterio. Se puede introducir la disposición en el articulado permanente de la Constitución sin hacer mención de la edad. Y es razonable determinar en una norma transitoria los límites a esa edad por un período que se estime prudente -puede ser de nueve o diez años-, al cabo del cual el legislador ponderará la posibilidad de dejarla sin efecto o de renovarla por un tiempo dado. Ésa es una aspiración legítima y es razonable hacerlo de esa forma. Considero que es simplemente un problema de técnica legislativa.

A mi parecer, eliminar el rango de los dieciocho años así como así -como escuché decir- y asegurar que todos van a tener educación nos hará más merecedores a sanciones que a premios al generar en el país expectativas que no podrán ser satisfechas.

Finalmente, una reflexión sobre lo expresado por el Senador señor Flores. Por de pronto, estaré muy atento a la espera de las respuestas que dé el señor Ministro a sus consultas, que, creo, apuntan al problema de fondo.

La diferencia en los niveles con que se educa a los jóvenes chilenos en comparación con los de países avanzados es sideral. ¡Sideral! La distancia es gigantesca en el acceso a la tecnología de las comunicaciones, fuentes de información, métodos de razonamiento, incluyendo la frecuencia con que se asiste a los establecimientos educacionales, los sistemas de enseñanza y la capacidad deductiva de los jóvenes para resolver problemas. Cuando uno ve cómo se enseña en Chile en los colegios que cuentan con más recursos y en las escuelas rurales, liceos o establecimientos de regiones, donde se imparte otro tipo de educación, se percata de que estamos formando chilenos con niveles de educación totalmente distintos.

El acceso a los idiomas es algo inconcebible en Chile. Un país que forma jóvenes que no dominen a lo menos dos idiomas con los que se van a topar permanentemente en su vida pone grandes limitantes a su desarrollo. Digamos las cosas como son: un joven chileno que no hable inglés tiene limitadas en gran medida sus posibilidades de ser altamente competitivo -entre comillas y en el buen sentido de la palabra-, para los efectos de desarrollar todas sus capacidades creativas y -diría- fundamentalmente de iniciativa individual.

Hechas estas consideraciones, solicito al señor Ministro concordar estos comentarios e indicaciones en la votación del día martes, a fin de aprobar una norma realmente útil.

Además, el señor Secretario de Estado , sea en la Comisión respectiva o en sesiones que puedan celebrarse en el Senado, tendrá oportunidad de analizar los temas de fondo de la educación, comenzando por responder las preguntas formuladas por el Senador señor Flores, las cuales, con toda franqueza, pienso que apuntan al problema de fondo de la educación chilena, que presenta tantas deficiencias, propias de un país que está haciendo esfuerzos por progresar en la materia, pero que no lo va a lograr de la noche a la mañana.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-

Si Sus Señorías me permiten, la Mesa desea proponer que en la próxima reunión de Comités se programe la celebración de una sesión especial del Senado, a la que naturalmente invitaríamos al señor Ministro , para debatir los temas aquí planteados, que son de la mayor trascendencia, más allá del alcance de esta reforma.

Si le parece a la Sala, podríamos adoptar un acuerdo en tal sentido.

El señor LARRAÍN .-

No hay quórum para tomar acuerdos.

El señor BOMBAL (Vicepresidente).-

En efecto, pero por lo menos dejo constancia del interés y voluntad del Senado en ese sentido.

Se planteará en esos términos en la próxima reunión de Comités.

Corresponde el uso de la palabra al Senador señor Gazmuri, quien no se encuentra en la Sala.

Está inscrito a continuación el Senador señor Coloma.

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , me alegro mucho de participar en el debate, que no termina con la dictación de una norma constitucional, sino que empieza o abre la posibilidad de enriquecer la educación, lo cual es muy relevante.

Después de escuchar atentamente a quienes me antecedieron, y a fin de ilustrar la historia de esta normativa, quiero simplemente hacer cuatro reflexiones que, de alguna manera, apuntan a temas que no se han debatido o a plantear una opinión respecto de algunos que sí lo han sido.

En primer lugar, me gustaría, aprovechando la presencia del flamante Ministro de Educación -ojalá que esto genere efectos positivos-, dejar claro que tengo la sensación de que en los antecedentes de esta reforma faltan algunos datos que estimo esenciales para una correcta solución -o avance en la solución- del tema educacional en Chile.

Si uno analiza con detalle los informes, verá que su principal objetivo es entender cómo enfrentar una deserción escolar importante. Se habla de una cifra de 90 por ciento y se hace una elaboración, naturalmente correcta, respecto de dónde se produce, cómo se segmenta el porcentaje de deserción, apuntando a los sectores más pobres, que presentan un ausentismo mucho mayor y requieren, dentro de cualquier normativa, una solución adicional.

Quiero agregar, señor Ministro , que, en mi concepto, aquí falta un antecedente esencial, cual es la división regional de esa deserción. Es correcto decir que ella alcanza a 90 por ciento, pero no lo es entender que es pareja. Es tremendamente diversa. Tengo en mi mano, para ilustrar el debate, algunos antecedentes sobre el último índice de competitividad, donde específicamente, respecto de la escolaridad promedio de los chilenos, aparece que, a nivel de país, es de 9,6 años; en la Región Metropolitana, de 10,9 años, y en la Séptima Región, de 8,3 años. Éste es un asunto importante. No entendamos que la deserción es pareja. No nos quedemos con que necesitamos un 10 por ciento. No. En zonas específicas del país se requieren esfuerzos distintos. Y por eso deseo dejar constancia de estos antecedentes para la historia de la ley.

Cuando uno observa tal grado de división dentro del territorio nacional, puede entender que las cifras no son solamente globales. Y como ex Senador por una Región, no me cabe duda de que el señor Ministro va a asumir el tema, pues reviste importancia fundamental. Y eso nos ayuda a ilustrar mucho más dónde debemos enfocar los esfuerzos para corregir esta deserción, la cual -insisto- no es pareja, sino tremendamente diversa dentro del país y, por tanto, requiere una solución también diversa y no pareja para todos. Si no, podremos equivocarnos como lo hemos hecho hasta ahora.

Recién el día de hoy recibí respuesta a un oficio que envié al Ministro del Interior , consultando si los informes de competitividad regional -en los cuales la educación es un elemento central, y que se elaboran en Chile desde hace ocho años en forma sistemática- habían generado alguna distinción en cómo se asignaban los recursos. Y fíjense, señores Senadores, que es muy interesante el dato contenido en la contestación que me llegó, a través de don Jaime Rojas. En resumen, señala: "Tenemos conciencia de que el desarrollo competitivo en muchos aspectos es distinto a lo largo del país, pero la asignación de recursos presenta una diferencia de 0,6 por ciento en los últimos ocho años para su Región".

En la Región que represento se invirtió 6,17 por ciento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En 1999, a pesar de ser la segunda Región menos competitiva, recibió 6,35 por ciento. Con esto, me permito ilustrar el tema de fondo.

Y, no obstante contar con estadísticas que revelan la realidad, no se ha generado ninguna política que no sea la división porcentual de los recursos en materia educacional, incluso por persona más que por problema.

En segundo lugar, me han llamado la atención algunas dudas planteadas sobre la naturaleza de la obligación constitucional, la que se visualiza o como un deber absoluto del Estado o como la necesidad de propender hacia un mayor nivel de educación, como señaló el Senador señor Parra . Me parece muy importante dejar claro que los mandatos no tienen que ver con propender, sino que son lo que son. En ese sentido, deben apuntar a una obligación absoluta del Estado.

Es necesario, eso sí, distinguir entre la obligación y la educación en sí misma con su correlato: el tema del financiamiento. Y aquí me refiero al tercer punto, que ya planteó el Honorable señor Larraín . Es esencial entender la materia desde una perspectiva constitucional, para lo cual hay que redactar la norma de manera que evidencie que son cosas diferentes la obligación constitucional de la educación y el deseo de financiamiento. Y, probablemente, por la redacción de la iniciativa, estos dos aspectos se asimilan, confundiéndose la naturaleza de uno con la del otro.

La redacción propuesta, a mi juicio, provoca una posible doble confusión. La primera se refiere a la limitación de la edad. Me correspondió reemplazar, en la Comisión de Educación, al Senador señor Larraín y tuve que votar. Y efectivamente hay planteamientos que hacen aparecer como limitativo el tope de 18 años, en circunstancias de que sabemos que hoy día la necesidad está por sobre esa edad.

Por eso, estimo muy interesante la solución planteada por el Honorable señor Larraín en cuanto a separar en un artículo transitorio el requisito de los 18 años, mientras el país no alcance una situación económica adecuada. Así entiendo su inquietud. Pero la obligación del Estado, si la asumimos, es integral. Lo que pasa es que el correlato relativo al financiamiento presenta restricciones que impiden plantearla del modo indicado. Pero no hay que confundir este elemento como si fuera parte de la misma obligación, porque, si no, se produce una aparente discriminación, la que no es conveniente.

En caso de no aceptarse esa solución, la redacción del proyecto genera otro problema. Si Sus Señorías leen con detención el artículo único, da la impresión -este punto me lo planteó el Senador señor Lavandero en forma particular- de que si un joven de 16 años termina la educación media tendrá que seguir en la misma por dos años más, ya que, como la obligación opera en función de los años -espero que Sus Señorías sigan mi argumentación-, la educación básica y la educación media son obligatorias hasta cumplir 18 años de edad. ¿Qué pasa si un estudiante termina su enseñanza media antes? Como está redactada la norma, no queda clara la obviedad de que no sería obligatorio. Y generar una obligación de esa naturaleza ciertamente no parece lo más adecuado.

De no adoptarse el criterio de introducir un artículo transitorio, propongo que el artículo único diga lo siguiente: "La educación básica y la educación media son obligatorias. El Estado debe, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito hasta los 18 años con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población.".

De esa manera, podemos mejorar la redacción de la iniciativa, la que, pese a la claridad de su espíritu, no resultó muy afortunada.

Por último, señor Presidente , me parece muy importante referirme al alcance del deber económico. Estimo que hay que ser tremendamente cuidadoso con esta normativa precisamente para evitar la demagogia o las falsas ilusiones.

Sobre el particular, quiero plantear dos cosas.

Con motivo de la doble jornada, se originó una gran expectativa respecto de lo que significaba en el nivel educacional, cuestión que todos compartimos. Pero, cuando uno pregunta por este asunto en los municipios, al menos en las zonas urbanas de la Región que represento, que no son pequeñas, se encuentra con comunas importantes donde la doble jornada alcanza al 25 por ciento -¡sólo 25 por ciento!-, no obstante que deseábamos el 100 por ciento. Y esto es por dificultades en materia de infraestructura.

Entonces, por la vía de la subvención se intenta obtener una solución, la que choca con el problema de la infraestructura, situación que, lamentablemente -por lo menos según lo que me han dicho los alcaldes que he consultado (de Curicó y Talca)-, no es solucionable en el mediano plazo. Entonces, se presenta un problema mayúsculo, que se adiciona a la expectativa de que debe ser el Estado quien financie. Así se va a entender la educación media.

Hace pocos minutos hablé con el alcalde de Curicó , quien estaba inquieto por un asunto vinculado con la educación. Dicha comuna y la Región en general han registrado sostenidas altas tasas de cesantía en los últimos años. En el recién pasado, los liceos municipales acogieron a 630 alumnos en primero medio. Este año, por razones de cambio o de tipo económico, postularon 900 alumnos, lo que obligó al municipio a crear seis cuartos medios en 15 días. Ello, debido al aumento explosivo de la demanda, dejándose a los colegios con cursos de 45 alumnos, dos de los cuales están hoy día en un establecimiento de educación básica, cuestión que obviamente pugna con cualquier desarrollo educacional serio.

Por eso, el tema del financiamiento tiene que ver con las expectativas y las señales que damos como legisladores a quienes tienen la noble misión de educar.

En mi opinión, estas cifras debieran estar insertas dentro de un debate tanto respecto de lo que está sucediendo con la doble jornada como con la explosiva demanda que se ha producido en algunos lugares afectados por situaciones coyunturales, como la cesantía, que son parte de los problemas reales. Y eso no se soluciona simplemente con la subvención, como han dicho algunos Parlamentarios. La subvención se otorga de todas maneras, y probablemente ese municipio recibirá mucho más por 900 alumnos que por 630. Pero ¿cómo se cubre la diferencia de 270 alumnos en materia de infraestructura y del sentido de la educación?

No podemos generar una especie de compartimentos estancos, donde la gente sienta que educar es horas de clases o tener por cada 45 alumnos un módulo equis. Es mucho más profundo.

Y es ahí donde tenemos que hacer esfuerzos serios para dilucidar este problema con la mayor inteligencia posible. Espero que a la sesión que pueda citarse próximamente nos ayude en esta línea.

En resumen, señor Presidente , éstas son las visiones de un Parlamentario que hoy cumple un año y un día representando a una Región. Siento que en el ámbito educacional se producen quizás las más grandes desilusiones y las mayores desigualdades. Lo que podamos hacer para corregir esas cifras ayudará tremendamente a generar un mundo de oportunidades, que es la clave de cualquier país que realmente crea en sus ciudadanos.

El señor BOMBAL (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente , me sumo al saludo y felicitaciones al señor Sergio Bitar , nuevo Ministro de Educación . Por su experiencia parlamentaria y en otras funciones que ha desempeñado, pienso que le cabe una intervención mayor en este importante y clave tema.

La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de 1920, y las mismas cifras del informe que se ha entregado acá demuestran que ella demoró 50 años en hacerse efectiva, entre su promulgación y el cumplimiento por parte de la ciudadanía.

Después de los años 70 la Universidad de Chile, específicamente el INTA (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos) desarrolló un trabajo muy importante -el doctor Fernando Monckeberg fue pionero en este aspecto- consistente en asociar la alimentación a la educación; en complementar en las aulas, e incluso con programas previos al ingreso al sistema escolar, la enseñanza con una alimentación adecuada. Los estudios médicos señalaban claramente que si los jóvenes y niños no eran alimentados a tiempo, quedaban con inhibiciones o capacidades truncadas en cuanto a su posibilidad de desarrollo.

A propósito de desfile, basta comparar uno de los liceos de educación básica o parvularia de hoy con otro de hace 20 ó 30 años para darse cuenta de que nuestros niños eran más bien chicos, achaparrados. La generación actual es distinta, debido no solamente a la alimentación sino también al estímulo. Si hay estimulación temprana, aun en la época de gestación, obviamente las posibilidades de los jóvenes serán radicalmente distintas.

En este sentido, rescato las palabras de un profesor amigo, que dice: "Más que una prueba de aptitud, hay que hacer una prueba de actitud". Ello permitiría conocer la disposición de las personas a educarse, que es un proceso permanente.

Las cifras de cobertura nacional son bastante halagüeñas. En la enseñanza básica alcanza ya sobre 98 por ciento, y en la media es cercana a 90 por ciento. En cuanto al sistema de jornada completa, se planteaba que para 2002 tendría prácticamente cobertura total. Sin embargo, como se ha indicado, su distribución regional y comunal más las deserciones arrojan resultados bastante diferentes.

Pero no bastan solamente la cobertura y el financiamiento. Según los datos con que elaboramos y entregamos nuestro propio análisis, como Congreso, de los compromisos que asumimos en la Cumbre de Río de Janeiro, si bien la educación ha aumentado en cobertura e infraestructura, no se visualizan mejores resultados en conocimientos, formación, responsabilidad y cultura.

Entre 1990 y 2000 el gasto público en educación se incrementó en 178 por ciento real. También aumentó la cobertura. Sin embargo, en evaluaciones como las del Tercer Estudio Internacional de Ciencia y Matemáticas, Chile ocupa el lugar 35 entre 38 países. La verdad es que esto no guarda relación alguna con el esfuerzo económico realizado y la cobertura que tenemos en este momento.

Además, si se compara la enseñanza media con lo que uno percibe en la educación europea, se concluye que allá a esa edad los jóvenes reciben prácticamente toda la información y capacitación para desarrollarse en forma adecuada, y que entre los textos, la cantidad y la calidad de la educación hay un abismo todavía con nuestro país.

En Estados Unidos -donde también me tocó estudiar- la actitud hacia la educación es totalmente distinta. Los jóvenes se preparan desde pequeños para enfrentar a la sociedad de manera independiente, competitiva. Por ejemplo, tienen como tarea elaborar logotipos de alguna empresa o ver qué actividades pueden desarrollar, y es premiado y valorado por la comunidad el que trabajen en forma paralela a sus estudios y, de hecho, hasta muy lejos del entorno familiar. Al salir del nivel equivalente a nuestra educación media, la mayoría busca una universidad casi en el otro extremo del Estado donde vive su familia, tal vez para lograr esa independencia con más rapidez.

Eso es muy distinto a lo que ocurre en nuestra cultura. Aquí al joven se le proporciona el máximo de acogimiento familiar-social y se cree todavía -cada vez menos, por suerte- que al lograr un cartón de cualquier naturaleza ya está listo. Lo cierto es que recién entonces empiezan los dramas.

Creo que en esta materia -no repetiré los conceptos que se han expuesto- cabe hacer una reflexión muy profunda, para que el Ministro señor Bitar , en sus tres años de gestión -que esperamos sean bien completos- asuma en plenitud este desafío y saque adelante la reforma con los antecedentes que aquí se han señalado.

El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Ante todo, quiero hacer llegar a Su Señoría mis felicitaciones por su nombramiento como Vicepresidente . Espero que su gestión sea tan eficiente y brillante como la que le hemos conocido en su desempeño como miembro de esta Corporación.

El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-

Muchas gracias, señor Senador.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , la discusión habida esta tarde me ha dejado con una tremenda preocupación: que los planteamientos de muchos de los señores Senadores puedan resultar convergentes con el viejo adagio de que "Lo óptimo a veces echa abajo una concepción o planificación de lo bueno". Porque es indudable que una reforma de esta naturaleza debe estar acotada, debe tener un límite. No puede quedar con una amplitud tal que no permita estimar los recursos que el Estado habrá de invertir para ese efecto.

Y digo que estoy preocupado, alarmado, porque si el debate se extiende hacia una situación ideal y óptima, quizás al final esta reforma tan trascendente quede en el camino sólo como una buena intención.

Ante esa eventualidad, anuncio que presentaré una indicación redactada en los siguientes términos: "La educación básica y la educación media son obligatorias." -aquí hay una enmienda sustantiva a la Constitución- "El Estado debe, en conformidad a la ley, financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población hasta los 18 años de edad.".

El límite de 18 años de edad puede quedar en el mismo artículo o en uno transitorio. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, es inconveniente dejar una puerta abierta, por cuanto impide saber cuánta gente ingresará al sistema. Porque es un hecho de la causa que en este momento el Estado carece de recursos para financiar el acceso a él de tres millones de personas. Si existieran los medios, esto sería lo óptimo, lo ideal.

Por eso, al concluir esta sesión quedo muy inquieto, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación y como profesor, porque pienso que si se estira mucho la perspectiva de lo óptimo, en definitiva podemos quedarnos sin nada.

Cuando se discutió la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria puede que hayan surgido también aquélla y otras posiciones legítimas, fundadas, positivas. Pero -felizmente- en ese entonces se creó la estructura y -como quien dice- en el camino se fue implementando, por la vía de los reglamentos y modificaciones, el sistema que hizo factible la aplicación del cuerpo legal mencionado y que Chile haya llegado al día de hoy con sólo 4,6 por ciento de analfabetismo.

En consecuencia, desde esta banca me permito advertir el peligro de caer en una postura exagerada y, por ende, de echar por tierra esta buena iniciativa.

Se trata de un proyecto emblemático, en el cual no sólo está comprometido el Gobierno sino la sociedad chilena en su conjunto.

Reitero: no debe perderse de vista que, en la actualidad, únicamente el 15 por ciento de los jóvenes no termina los doce años de educación. ¡Sólo 15 por ciento! En otras palabras, estamos legislando para ese porcentaje.

Espero que la próxima semana, cuando prosigamos la discusión, dejemos en las actas, a lo mejor para la historia de la ley, el planteamiento de no fijar un límite de edad. Porque en estos instantes el Estado se halla en condiciones de solventar una inversión significativa, pero con un tope de edad. Nos gustaría obviarlo, pero -¡bueno!- eso es lo posible dada la situación que vive el país. Además, todos sabemos que los problemas económicos a nivel mundial de algún modo inciden también en nuestra economía.

REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE EDUCACIÓN MEDIA

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Proyecto sobre reforma de la Carta Fundamental, en segundo trámite constitucional, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, con informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, y con urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (3039-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional:

En segundo trámite, sesión 22ª, en 7 de enero de 2003.

Informe de Comisión:

Constitución y Educación, unidas, sesión 30ª, en 5 de marzo de 2003.

Discusión:

Sesión 32ª, en 12 de marzo de 2003 (se posterga su votación).

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Cabe señalar que el debate de esta iniciativa concluyó en la sesión anterior y que su votación quedó pendiente en espera de una indicación en la que trabajarían diversos señores Senadores junto con el señor Ministro de Educación . Ellos han informado a la Presidencia del Senado que alcanzaron un acuerdo en tal sentido, el cual se plasma en la indicación remitida a la Mesa.

Por lo tanto, sugiero aprobar en general el proyecto y pronunciarnos después sobre la indicación. Si algún señor Senador quisiera fundamentar su posición, podría hacerlo al momento de ser votada.

--Así se acuerda.

Si le parece a la Sala, se aprobará la idea de legislar, dejando constancia del quórum.

--Se aprueba en general el proyecto de reforma constitucional, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 36 señores Senadores.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

En seguida, el señor Secretario dará a conocer la indicación consensuada.

El señor HOFFMANN ( Secretario ).-

Se trata de dos indicaciones idénticas -una suscrita por los Senadores señores Muñoz Barra , Naranjo , Larraín , Ruiz-Esquide y Espina, y la otra, por los Honorables señores Vega y Boeninger - cuyo objetivo es agregar un inciso sexto, nuevo, al número 10º del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Su tenor es el siguiente:

"Asimismo, la educación media es obligatoria. El Estado deberá financiar, en conformidad a la ley, un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población hasta cumplir los 21 años de edad.".

El señor ZALDÍV AR, don Andrés ( Presidente ).-

En discusión la indicación.

Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , deseo expresar mi acuerdo con la indicación, no obstante que no corresponde exactamente a la que presenté en el debate llevado adelante por el grupo de Senadores que trabajó una nueva alternativa y que su texto -insisto en este predicamento- no satisface realmente lo que uno estima como garantía constitucional.

En efecto, una garantía constitucional bien formulada debe expresar la voluntad del Estado de proteger o defender un derecho o una libertad de manera suficientemente amplia y comprensiva, según una norma que esté a la altura de la tradición jurídica de nuestro país.

En el caso en análisis, por tratarse del derecho a la educación, lo que busca el Ejecutivo , recogiendo muchas otras inquietudes, es dar carácter obligatorio no sólo a la educación básica, sino también a la media; y eso ciertamente merece todo nuestro reconocimiento y apoyo.

Sin embargo, la forma como se recoge eso en la Constitución no es trivial; eso fue lo que en la sesión pasada me llevó a objetar la propuesta que venía de la Comisión. Ésta circunscribía tal derecho a los 18 años, cuestión que ya me parecía extraña, porque querría decir que para los menores de esa edad -es decir, hasta los 17 solamente- se hallaba garantizada la educación media; y, en seguida, porque se estaba incluso reduciendo un derecho -que hoy día es ilimitado, de apoyo económico, de gratuidad, para la educación básica- al establecer un mecanismo que lo restringía para la media.

En virtud de lo anterior, mi proposición original consistía en agregar al actual inciso quinto la expresión "y media", de forma tal de decir: "La educación básica y la media son obligatorias", dejando el texto de la garantía exactamente igual: "debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población". Eso me parece que tiene el rigor de un principio, de un derecho, que es como debe estar consagrado en la Constitución.

No fue ésa la voluntad de los señores Senadores ni la del Ejecutivo. Consciente de que poner en práctica la indicación representaba un problema -por razones, al final, de carácter económico, pues se reconoce como realidad el derecho de toda persona, joven o adulto, cualquiera que sea su edad, a acceder a la educación media gratuita-, sugerí una disposición transitoria, que limitaba ese derecho a los menores de 21 años durante la próxima década. De esa manera, entendíamos que el acceso a la educación media obligatoria iba a tener dos etapas: una, que sería plena para los menores de 21 años, y otra que, después de 10 años, lo sería para todo chileno.

Lo anterior me parecía realista y conforme con una doctrina constitucional de cierta jerarquía, como la que hemos tenido, particularmente en esta parte de la Ley Suprema. Muchos capítulos de la Constitución del 80 fueron cuestionados, pero no el "De los derechos y deberes constitucionales". Por el contrario, fue destacado como un crecimiento, como un enriquecimiento, como un grado enorme de madurez en el desarrollo de los derechos y libertades amparados por la Carta Fundamental.

La disposición que hoy estamos aprobando no está a esa altura. Le he dado mi consentimiento con el afán de llegar a algún acuerdo, pero habría preferido el otro camino. Quiero, por lo mismo, dejar constancia de que, compartiendo su propósito, no es la que yo hubiese deseado. Pero, como se corre el riesgo de que no se incorpore la obligatoriedad de la enseñanza media entre las garantías constitucionales como un derecho de nuestra juventud, me sumo a su aprobación.

Señor Presidente , quiero insistir en el planteamiento que hice al señor Ministro de Educación , porque, así y todo, aquí vamos a estar situados frente a un problema que creo importante, independientemente de cualquier otra consideración: 120 mil jóvenes que hoy en día no pueden acceder a la enseñanza media, los cuales, por la forma como quedó redactada esta disposición -que espero se apruebe-, con todas las limitaciones de que ya he dejado constancia, ahora van a poder exigir el derecho que les permite acceder gratuitamente a la educación media. Y son muchos, decenas de miles, los que hoy día no pueden hacerlo, por carecer de los recursos económicos para movilizarse o porque al vivir alejados de las ciudades en que aquélla se imparte no pueden financiar sus gastos de estadía.

Yo deseo saber cómo el Ejecutivo va a financiar el acceso gratuito de esos 120 mil jóvenes. Esto debe respaldarse con cifras, con antecedentes, porque, si bien una reforma constitucional no requiere un certificado de Hacienda que explique cómo se van a cubrir los costos, la doctrina hoy ha establecido -y la jurisprudencia así lo confirma- que, de aprobarse una norma constitucional como la que está ahora en debate, ella pasa a ser un derecho exigible y no un principio que requiera de una ley posterior para impetrarlo ante los tribunales. No, aprobado esto, es un derecho que los ciudadanos pueden exigir en los tribunales de justicia. Luego, cuando los jóvenes no tengan los medios para llegar al liceo, pueden exigir al Estado que lo cumpla.

Entonces, junto con alabar el espíritu de la reforma, quiero ver con qué grado de responsabilidad vamos a cumplirla, acotada incluso -como va a quedar- a los menores de 21 años. ¿Cómo piensa enfrentar esta situación el Ejecutivo ?

Yo daba cifras en la sesión pasada. Por ejemplo, en 2002 se concedieron menos becas " Presidente de la República " para la enseñanza media que en 2001. No tengo las cifras para este año; pero temo que no haya un incremento. Hasta donde yo entiendo, el apoyo que ofrece el Estado alcanza la cifra de 20 mil posibles beneficiarios, pero tenemos 120 mil. Quiero saber cómo le vamos a ayudar a esas 80 mil ó 90 mil personas -no todas tendrán problemas económicos- o cómo dar esa respuesta a través de subsidios y becas, para que realmente tal derecho no sea simplemente un saludo a la bandera, un acto muy bonito, en donde nos vamos a congratular por lo que estamos haciendo y considerarnos un país culto y educado, pero que, en la práctica, aprobamos leyes que no se pueden aplicar.

Por eso, señor Presidente , junto con dar mi sanción a esta reforma constitucional -que considero de la mayor importancia-, quiero tener la conciencia tranquila en cuanto a cómo el Ejecutivo tiene programado responder a la demanda económica que surgirá a partir de su puesta en práctica, demanda que se puede plantear ante los tribunales de justicia sobre la base de la doctrina constitucional conforme a la que tales derechos son exigibles directamente, sin necesidad de una ley previa.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Hago presente a la Sala que la discusión en general está terminada. Por lo tanto, lo que procede ahora es pronunciarnos sobre la indicación leída por el señor Secretario . En consecuencia, ruego a los señores Senadores inscritos ceñirse al texto de ella.

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente , me alegro de que Su Señoría haya recordado el objetivo del debate: la indicación ya leída.

Quiero señalar que en el acuerdo, en el cual participó también el Senador señor Larraín , se aclaró un aspecto de carácter constitucional que en el texto primitivo aparecía confuso. En efecto, al expresarse que la educación básica y la media eran obligatorias (esta última hasta los 18 años de edad), se circunscribía el ámbito de la primera. Por eso se agregó otro inciso donde se establece que la educación media es obligatoria y que el Estado deberá financiar, en conformidad a la ley, un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población hasta cumplir los 21 años de edad.

El tema surge, señor Presidente -y es bueno recordarlo-, porque 15 por ciento de los jóvenes no acceden hoy a la enseñanza media. Mientras la cobertura en la básica alcanza al ciento por ciento, en la educación media baja al 85 por ciento. A eso apunta la reforma.

Para terminar, me voy a referir a la aprensión de Su Señoría en materia de recursos. No me cabe ninguna duda de que si esta indicación fue aceptada también por el Ejecutivo es porque cuenta con ellos. Ésa fue precisamente la razón para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia decidiera archivar la moción que presentamos con el entonces Senador señor Bitar , hoy Ministro de Educación . Por tratarse de una iniciativa parlamentaria, no había seguridad en cuanto a si existía financiamiento para implementar la reforma.

Hoy día se cuenta con el patrocinio del Gobierno, de manera que tales dudas -legítimas en el análisis de un señor Senador- se disipan frente al respaldo contundente manifestado por el Ejecutivo .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , independientemente de estar de acuerdo con el fondo de la indicación, considero necesario, desde el punto de vista de una buena técnica legislativa, redactarla en otros términos, porque de lo contrario los incisos quinto y sexto van a quedar exactamente iguales, con la única diferencia de que uno dice "media" y el otro, "básica".

El inciso quinto vigente señala: "La educación básica es obligatoria, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población". Y el planteado en la indicación expresa: "Asimismo, la educación media es obligatoria", debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, "destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población".

No se trata de una cuestión de fondo, sino de técnica legislativa que resulta importante considerar cuando se trata de la Constitución. Bastaría con perfeccionar la redacción, agregando al inciso quinto que tanto la educación básica como la media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito, y aclarar que en el caso de la educación media dicha obligación subsiste hasta los 21 años de edad. Podría buscarse una redacción de ese tipo, pero no incurrir en una repetición que constituye un error de técnica legislativa grave y especialmente sensible tratándose de la Carta Fundamental.

Estando de acuerdo con la idea -repito-, me parece conveniente perfeccionar el texto para que la norma quede redactada en términos armoniosos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene razón, señor Senador , pero debo informarle que la Mesa ha recibido una indicación de los Honorables señores Coloma y Chadwick que apunta en esa misma línea. Así que, junto a Secretaría, vamos a adecuarla con el objeto de que al momento de iniciarse la votación contemos con un texto que elimine la repetición o duplicidad que ha hecho notar Su Señoría.

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

Reitero que estamos en la discusión particular.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , la discusión del precepto quedó a cargo de cinco o seis Senadores que nos reunimos con el señor Ministro para ver cómo resolver en definitiva, primero, la interpretación incorrecta que en su momento hizo ver el Honorable señor Lavandero , y segundo, el fondo de la cuestión que motivó en la Sala dos posiciones: una, según la cual el Estado no podía dar sino obligatoriedad y recursos (fundamentalmente lo segundo) hasta los 18 años, y otra que sostenía que la obligación del Estado debía extenderse a todos quienes no tuvieran educación secundaria o media, con el objeto de consagrar en la Constitución una norma amplia y no con una limitación inadecuada, como lo hice ver en su oportunidad.

El Ejecutivo esgrimió básicamente razones de costo. Por otra parte, argumentó que hoy existen programas para los adultos sin educación media, y que el problema podía seguir enfrentándose por esa vía. Y, finalmente, en cuanto a los abusos que se están cometiendo -tema que también se planteó en la Sala-, señaló que, mientras la situación no estuviera regulada, había que actuar con ponderación y cuidado.

El grupo de Senadores que redactó la indicación (entre paréntesis, me parece razonable modificarla en la forma propuesta) escogió un camino intermedio, consistente en garantizar la educación media, no hasta los 18 años, sino hasta los 21 -o sea, dar tres años más-, y resolver el problema del resto de quienes carecen de educación media por la vía de programas concretos que el Gobierno -éste y los que vengan, cualesquiera que sean- deberá continuar poniendo en marcha para 200 mil o 300 mil personas.

En definitiva, para no seguir hablando sobre un proyecto que habíamos acordado sólo votar, debo señalar que aprobaremos la indicación, porque comprometimos nuestra palabra y porque representa lo que razonablemente el señor Ministro ha planteado como lo posible, para no caer en una petición exagerada que a lo mejor ningún Gobierno podrá resolver de manera adecuada.

No es -así se lo hice ver al señor Ministro y lo manifesté claramente en la Sala- lo que yo hubiera querido; pero también es verdad que en política, en este tipo de materias, a veces se produce la necesidad de hacer lo posible y avanzar posteriormente de un modo distinto.

En ese sentido, en su momento planteé que el problema educacional no se resolverá mientras no se den pasos -lo voy a reiterar hasta la saciedad- en el ámbito de la educación parvularia, en su realidad objetiva de segundo nivel. Mientras no abordemos eso, la cadena educacional y la necesidad de cubrir la formación de los muchachos y muchachas en Chile, para ponernos a tono con la realidad actual, siempre estarán en déficit. Por eso al señor Ministro de Educación le he pedido, tanto personal como públicamente, que tenga en consideración ese punto.

En cuanto a las expresiones de un Honorable colega, que intervino con anterioridad planteando modificar la indicación, quiero manifestar que, si varios Senadores decidimos acceder a la limitación de los 21 años y no insistir en dejar abierto el precepto, lo hicimos en función de la responsabilidad del Ejecutivo de financiar algo que era posible.

Por eso que, después de aceptar los términos de la disposición en la reunión que realizamos en la oficina del señor Ministro , por los motivos anotados y los expuestos por el mismo Senador señor Larraín , me llama la atención que Su Señoría formule ahora observaciones justamente respecto del financiamiento de la reforma. Resulta curioso que los partidarios de un precepto más abierto no reclamemos el respaldo económico adecuado, y que quienes asumieron positivamente que el Ejecutivo limitara las expectativas por razones de financiamiento suficiente y responsable, vengan ahora a exigir los fondos necesarios para llevar adelante la enmienda constitucional.

Por las circunstancias indicadas, señor Presidente, anuncio el voto favorable de los Senadores democratacristianos.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Silva.

El señor SILVA .-

Señor Presidente , cuando este proyecto de reforma se sometió a la consideración de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tuve oportunidad de hacer presente que la iniciativa del Ejecutivo era muy plausible, pero que, con todo, nos parecía limitativa al acotarla a los 18 años de edad. Estimé que contenía una discriminación que no era aceptable desde el punto de vista de los derechos que se consagran en el correspondiente capítulo de la Constitución. Hice presente, por lo tanto, que votaría afirmativamente el proyecto, pero que en la Sala me reservaría el derecho de sostener aquella observación, por parecerme discriminatoria la norma propuesta. Tal criterio fue planteado pormenorizadamente por el Senador señor Parra , y de alguna manera, cuando pidió dividir la votación, nos dimos cuenta de que en el Senado existía un ambiente favorable a nuestra apreciación.

Sin embargo, no me voy a oponer. Inclusive he firmado el proyecto de indicación presentado por los Senadores señores Chadwick y Coloma con el de aclarar el texto primitivamente aprobado como norma de acuerdo en el sentido de que la educación media se extiende hasta los 21 años de edad.

Al mismo tiempo quiero dejar testimonio, una vez más, de que el pensamiento expresado por el Honorable señor Larraín me interpreta claramente. En el fondo coincidimos en cuanto a que el establecimiento de un derecho de esta naturaleza no puede ser objeto de las limitaciones que se proponen, sólo por razones de índole económica. Hubiese sido mucho más razonable aprobar una norma transitoria, como el Senador señor Larraín planteó en su oportunidad, pues a nuestro juicio habría permitido aclarar la materia sin discusiones.

Con todo -y con el propósito de no seguir obstruyendo un debate que, en cuanto al verdadero fondo del asunto, constituye perfectamente un avance desde el punto de vista de nuestra norma constitucional-, votaré favorablemente el texto presentado por los Senadores señores Chadwick y Coloma.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente , estimo que la iniciativa es muy plausible. El principio de obligatoriedad de las educaciones básica y media me parece de la mayor justicia. Sin embargo, no logro comprender por qué la primera es un derecho ciudadano durante toda la vida, en tanto que la segunda lo es sólo hasta los 20 años. Cuando la persona cumple 21, termina la obligación del Estado en ese aspecto.

Hablando claramente, me parece mucho más lógica y razonable la definición de la Cámara de Diputados, que establece como principio la obligatoriedad de impartir la enseñanza básica y la media. No resulta comprensible que una circunstancia coyuntural, de carácter económico y que puede durar uno, tres o cinco años, inhiba una declaración de principios llamada a regir por cincuenta años, según esperamos. No tiene mérito suficiente la argumentación de la transitoriedad en cuestiones económicas, o de necesidades de financiamiento. Esto me preocupa, y no quiero pensar que esta iniciativa tendrá únicamente carácter simbólico, como se ha dicho, o que responda sólo al deseo de hacer lo políticamente correcto, sin que nos preocupe el fondo del asunto.

Lo digo porque el mundo que emerge en la sociedad contemporánea establece precisamente la necesidad de la educación y la formación continua de las personas a lo largo de toda la vida, de toda su existencia. Aquellos que no cumplan con tal requerimiento, crucial en la nueva sociedad que emerge, van a quedar indefectiblemente al margen del desarrollo, descalificados o incapacitados para acceder a la sociedad de la información y el conocimiento. Por eso, no es comprensible el que se limite esta obligación hasta los 21 años. Considero que eso repugna a la inteligencia. Y no parece lógica la argumentación de la transitoriedad o precariedad circunstancial de las finanzas públicas.

Lo que me preocupa -quiero plantearlo con total claridad- no es la cantidad de años que debe mantenerse un ciudadano en el sistema educativo. Públicamente he de reclamar al Ministerio que lo que se debe perseguir es la calidad de la educación que se entrega. Porque de lo contrario, al extender la cobertura de la enseñanza media, estaríamos ocupándonos sólo de hacer un gesto simbólico -como se ha dicho-, que nos haga aparecer muy bien frente al mundo. Lo que se requiere en verdad es una calidad tal de educación, que habilite al ciudadano con las destrezas necesarias para enfrentar al mundo que emerge, que es el del conocimiento y del manejo de la información.

Por otra parte, quiero formular una pregunta directa al señor Ministro . La obligatoriedad, que entendemos gradual, representa un imperativo en el ámbito jurídico legal. Hoy, cuando un estudiante de enseñanza básica interrumpe el proceso, la sociedad queda habilitada para recurrir a Carabineros, si es necesario, para que lo complete. ¿Cómo afecta esto a la educación media? ¿Cómo afecta al ciudadano hasta los 21 años? ¿De qué manera se va a regular esta situación? Me gustaría escuchar un planteamiento acerca de la forma en que funcionará el sistema, o de cómo el Gobierno tiene pensado implementarlo para que la obligatoriedad no termine generando dificultades a un número muy elevado de personas que todavía se mantiene al margen de la enseñanza media.

Una última reflexión. La educación básica tiene una cobertura muy amplia en Chile. La enseñanza media es la que presenta dificultades, particularmente en los segmentos superiores de la población. Por esa razón, una vez más indico que me parece absolutamente impropio el límite de los 21 años de edad que se impone a la vigencia de estos principios constitucionales. No encuentro la lógica que hay detrás de ello.

He dicho.

El señor RÍOS.-

Pido la palabra.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Hay tres señores Senadores inscritos con antelación, antes de ofrecer la palabra a Su Señoría.

La tiene el Honorable señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , debo recordar que esta iniciativa fue despachada por unanimidad en la Comisión de Educación y luego en la de Constitución.

El texto sometido a la consideración de la Sala en la última sesión, presentaba una serie de imperfecciones y motivó al señor Ministro de Educación a solicitar que se elaborara un texto por los Parlamentarios que habían participado en el debate en dichos organismos.

Lo importante es señalar que se rectificó el error contenido en el proyecto despachado la semana pasada, en el sentido de que establecía un límite a la educación básica, que hoy, según la Carta Fundamental, es obligatoria y sin límite de edad. De acuerdo con lo aprobado en su momento por las Comisiones de Constitución y de Educación, unidas, la educación básica quedaba limitada hasta los 18 años. Esa situación se resolvió y, por lo tanto, ahora no tiene límite de edad.

En cuanto a la enseñanza media, hay que hacer fe en lo que nos ha señalado el señor Ministro de Educación . Él nos ha dicho, responsablemente, que establecer una norma que no ponga límite a la gratuidad de la educación media por sobre los 20 años implica un problema de financiamiento que el Gobierno no está en condiciones de afrontar.

Nada peor que dictar disposiciones respecto de las cuales posteriormente haya que señalar que se carece de recursos. Me parece responsable de parte del Gobierno determinar hasta dónde podemos llegar. Si hoy podemos fijar hasta 21 años, ello no significa que en el futuro, si las condiciones del país mejoran, no podamos extender la enseñanza media, al igual que la educación básica, a toda la vida de las personas.

Seguidamente, es importante también reparar en algo que ha dicho el Senador señor Cantero , y que pido al señor Ministro se sirva aclarar. Se trata de un punto que no se debatió en la conversación que sostuvimos en el Ministerio de Educación: la obligatoriedad. Se trata simplemente de clarificarlo para la historia fidedigna de la ley. Lo ha mencionado, repito, el Honorable señor Cantero .

¿En qué consiste este punto? Actualmente, la enseñanza básica es obligatoria. Ello significa que todas las personas tienen que cursar ese tramo de la educación. Y hay una interpretación en términos de que, para acceder a un cargo público, por ejemplo, el interesado debe haberla completado.

Entiendo que el Honorable señor Cantero pide aclarar si la obligatoriedad de la educación media puede significar que haberla cursado se establezca como exigencia para todos los cargos.

¿Por qué se plantea aquello, en mi concepto? Porque puede haber situaciones de personas sin enseñanza media a las cuales, con una norma de tal naturaleza, se las estaría obligando a tenerla para acceder a ciertos trabajos.

En consecuencia, solicito que se aclare ese punto para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, y sobre todo para determinar cómo se ha aplicado ello hasta ahora respecto de la educación básica y cómo debería aplicarse en cuanto a la media.

Sin perjuicio de las perfecciones que, entiendo, se están haciendo a la redacción del texto, votaré favorablemente, agregando un punto con relación a lo indicado por el Honorable señor Larraín .

Hemos de recordar que la reforma constitucional en debate requiere para su aprobación dos tercios de los Senadores en ejercicio. Y, junto con otros señores Senadores, éramos partidarios de que la norma pertinente fuera transitoria y de que lo permanente no tuviese límite de edad. Pero, como hay que reunir voluntades y ello significa que no todo lo que uno quiere se puede lograr, porque es necesario generar consensos -es el rol del Senado-, obviamente aquí todos debimos ceder parte de lo que era nuestra máxima aspiración. Por lo tanto, la disposición quedó con carácter permanente, porque de lo contrario no se habrían juntado los votos exigidos para aprobarla.

Por consiguiente, me pronunciaré a favor, porque me parece que es un avance importante consagrar este tipo de preceptos, que fueron muy controvertidos y cuestionados en su época, a propósito de la educación básica. Pero si no damos pasos en ese sentido, es probable que nunca tengamos el ideal de que todos los jóvenes puedan disponer de educaciones básica y media gratuitas.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro , quien puede intervenir con preferencia, de acuerdo a la norma constitucional.

El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-

Señor Presidente , para la votación que tendrá lugar, y con relación a las expresiones del Honorable señor Cantero , quiero reiterar -lo señalé en la sesión anterior- un punto de vista que considero significativo y que fue compartido por Senadores de todas las bancadas que firmaron las indicaciones: el paso que estamos dando, en la primera afirmación, es que las educaciones básica y media son obligatorias, tanto en la formulación de la primera de aquéllas como en la de la segunda, que en mi opinión, para los fines perseguidos, apuntan en la misma dirección y quedan a voluntad de Sus Señorías.

Sin embargo, hoy la diferencia entre ambas educaciones radica en que la básica es de transición y la media tiene un rasgo terminal, en el sentido de que mucha gente concluye su enseñanza en el ciclo medio.

Actualmente, en Chile, 45 a 50 por ciento de la educación media es técnico-profesional; un millón y medio de personas no han terminado la básica y un millón y medio no han concluido la media. ¡Tres millones de chilenos adultos no han finalizado la educación media!

El compromiso que asume el Estado -y lo hace responsablemente ante la ciudadanía- al avanzar en el financiamiento de la enseñanza media es el de garantizar gratuidad a doce años de estudios para todos los jóvenes de este país; y en el caso de la indicación formulada por los señores Senadores, hasta cumplir los 21 años de edad.

Ir más allá significaría abrir la puerta para que tres millones de personas demandaran de inmediato la posibilidad de cursar uno o dos años de enseñanza técnico-profesional en la educación media, situación que el Estado no está en condiciones de enfrentar. Hay un conjunto de otros cursos para formación de adultos que se halla en proceso y que se está expandiendo. Entre ellos, el Programa "Chile Califica", que va en la misma dirección. Con los cambios tecnológicos, hoy estamos introduciendo la educación continua, que va a ser permanente en la vida de una persona, por la velocidad del conocimiento.

Entonces, el paso que damos hoy es importantísimo. Empero, tiene una limitación. En el caso de la educación media, 21 años de edad.

El Senador señor Larraín hizo un conjunto de consultas acerca de, incluso en esa forma restrictiva, cómo se va a materializar una operación de tal naturaleza. Si Sus Señorías lo desean, me referiré a ello más adelante.

Pero, en la materia mencionada, quería hacer una aclaración con el objeto de pedir el respaldo de los señores Senadores a la fórmula de los 21 años que se ha convenido.

Respecto de los derechos y de la obligatoriedad, entiendo -y lo expresó así también el Honorable señor Espina- que se trata, para el ciudadano, de un derecho, y para el Estado, de una obligación. Y en tal sentido, a los efectos de ejercer una función, ello no constituye ninguna restricción que no esté enmarcada en la ley. No constituye exigencia para ocupar cargos, salvo que la ley lo disponga, como lo hace, por ejemplo, en el caso de los candidatos al Parlamento.

Además, el número 16º del artículo 19 señala en el inciso primero que "Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución.". Y continúa en el inciso segundo: "Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos.". También se salva, pues, la implicancia que pudiera tener la norma para los fines del ejercicio de cargos.

Ahora bien, desde el punto de vista del Ejecutivo , las dos fórmulas que plantearon los señores Senadores convergen en una misma dirección: garantía de que el Estado da gratuidad de educación media hasta los 21 años; de que la básica no tiene límite de edad, y de que en el caso de aquélla y de los 21 años se actúa conforme a la ley, agregado importante contemplado en la indicación original y que debiera estar en cualquier fórmula que concordáramos, desde la perspectiva del Gobierno.

Gracias, señor Presidente.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , opino que, después de lo manifestado por los Honorables señores Cantero y Espina, primero, y por el señor Ministro de Educación , después, estamos entrando en una cuestión de doctrina más que en la forma de redactar una indicación destinada a convertirse en precepto de la Carta Fundamental.

Al sostener el señor Ministro -también lo considero así; por tanto, estoy de acuerdo con él- que toda la redacción está encaminada básicamente a establecer un derecho de la ciudadanía y una obligación del Estado, la forma usada en la propia Constitución da a los términos una significación distinta. Se dice: "La educación básica es obligatoria".

Estimo que lo expresado por el señor Ministro es cierto: se trata de un derecho y no de una obligación.

Como Parlamento, últimamente hemos cometido errores graves en esta materia. En el caso de los concejales, por ejemplo, que son la representación de base más genuina de la sociedad chilena, las obligaciones no existen en materia de educación básica. El artículo 73 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dispone que para ser elegido concejal se requiere "Saber leer y escribir", y nada más. No se exige educación básica, aquella a que la Carta obliga. Si hubiésemos redactado una norma apegada absolutamente a la disposición constitucional que obliga a la educación básica, obviamente deberíamos haber requerido para ser concejal, a lo menos, cumplir con los preceptos fundamentales. ¿Y cuáles son en materia de educación? Haber cursado la educación básica.

Señor Presidente, mi planteamiento se basa en textos que existen y que se encuentran en aplicación.

Y termina dicha Ley Orgánica Constitucional estableciendo obligaciones distintas de las que consagra la Carta. Ello reafirma lo que sostiene el señor Ministro : aquí estamos estableciendo derechos y no obligaciones. ¡Digámoslo así, entonces!

Ahora, desde el ángulo de los derechos que confiere la Constitución vigente, a todos los ciudadanos asisten derechos. Entre ellos, el derecho a la educación. "La educación tiene por objeto" -dice el inciso segundo del artículo 19, Nº 10º- "el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.". Y el inciso tercero dispone que "Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos.".

No se establece la educación como un elemento propio de la acción básica y sin que posteriormente el resto no tenga responsabilidades. ¡No! Existen planes, programas, que el Ministerio de Educación desarrolla; tiene potestades para ello; y el país cumple. Por último, las cosas generalmente se hacen.

Aún más: todos conocemos municipalidades que buscan candidatos a los efectos de impartir educación media para adultos en las tardes. Eso es usual. Existen fondos para tal objeto. Y el interés de la gente está muy relacionado con la disponibilidad de recursos.

Por lo tanto, conociendo ejemplos de leyes vigentes que establecen una obligación distinta de la consagrada en el texto constitucional, deseo recoger lo manifestado por el señor Ministro y el planteamiento del Senador señor Cantero y unir ambas cosas en el sentido de que aquí, con las expresiones empleadas, se está instituyendo claramente un derecho y no una obligación de las personas.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente , sólo quiero expresar nuestra voluntad de respaldar la indicación, pues tenemos muy claro que en este momento debemos preguntarnos qué es lo realista, qué es posible hacer hoy día como Estado. Y todo parece indicar que no resulta factible un planteamiento en términos amplios.

En todo caso, consideramos que estamos dando un tremendo paso. No olvidemos que, para llevar a cabo las transformaciones educativas indispensables para extender la enseñanza primaria de cuatro a seis años o de seis a ocho, Chile vivió un largo proceso de casi medio siglo. Por consiguiente, hemos de asumir que la educación implica un proceso y no modificaciones instantáneas.

Desde esa perspectiva, entendiendo los argumentos aducidos aquí en el sentido de que el texto es limitativo, restrictivo, no podemos dejar de lado lo que actualmente se halla al alcance de nuestro país. Y eso es lo que hay que valorar. Porque estamos olvidando lo esencial para abrir paso a cuestiones que, si bien tienen importancia, no son las fundamentales.

Lo relevante es que hoy día Chile da un paso gigante al establecer la obligatoriedad de la educación media. Y eso es lo que debemos apreciar.

¿Cuándo lo iremos haciendo? En el transcurso de los años, como ocurrió en el pasado -reitero- al extenderse la educación básica de cuatro a seis años, y luego, de seis a ocho. Ello significó un largo proceso, donde el Estado fue adecuando recursos para poder implementar tales medidas.

Insisto: eso es lo que debemos valorar hoy día. Y por ello apoyaremos la indicación respectiva.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente , en verdad, la discusión general se realizó durante la sesión anterior, y en ella intervinimos varios Senadores. Entiendo que los planteamientos formulados ahora dicen relación, básicamente, a si la indicación se ajusta a lo que el texto constitucional requiere.

Ante todo, asumo en plenitud lo señalado por el Senador señor Fernández . Si uno lee la indicación consensuada, observa que, más allá de las discusiones de fondo que puedan promoverse y entendiendo que se enmarca dentro de lo posible, se halla bien inspirada. Pero si se agrega como inciso a la actual norma constitucional, se genera una reiteración de conceptos que no existe en parte alguna del Texto Fundamental y que resulta muy inadecuada, más aún considerando que es perfectamente factible armonizar inteligentemente ambos incisos y refundirlos en uno solo del todo entendible por las personas.

En esa virtud, y para hacer un aporte, junto con los Senadores señores Chadwick y Silva presentamos una indicación cuyo contenido de fondo recoge esa idea, pero con una articulación diferente, que esencialmente dice: "La educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta los 21 años de edad."

Creo que esa redacción de alguna manera recoge los dos conceptos envueltos en la disposición: por un lado, la obligatoriedad, la cual queda perfectamente entendida y acotada, y por otro, la garantía del Estado en cuanto al financiamiento, que respecto de la educación básica no tiene límite, y en el caso de la media, por razones presupuestarias, obliga a la restricción, conforme a la ley, hasta los 21 años de edad.

De esa forma, señor Presidente, podemos llegar a un texto que, igualmente consensuado, supera las objeciones legítimas planteadas por varios Senadores y apunta al exacto sentido que todos buscamos con este acuerdo en materia constitucional.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Deseo plantear una cuestión de procedimiento, señor Presidente .

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente , como ya lo explicó el Senador señor Coloma , la indicación que presentamos tiene por objeto corregir únicamente un problema de redacción. Sin embargo, deseo precisar algo que surgió en el debate a raíz de la consulta que hicieron los Honorables señores Espina y Cantero y del planteamiento formulado por el Senador señor Ríos.

Para los efectos de dilucidar un problema constitucional que se puede presentar a futuro, debo señalar que, en estricto rigor, la educación es un derecho. ¿Pero por qué la Constitución -y desde la de 1925 en adelante- la ha establecido, en el caso de la educación básica, como una obligación? Para reconocer una situación social. Dada su importancia, la educación, que obviamente es un derecho, se consigna en términos obligatorios porque, considerando la realidad social del país, es necesaria alguna exigencia para el cumplimiento del nivel educacional tan esencial que es la enseñanza básica, a la cual ahora agregamos la media.

Aquello es muy similar a la figura, que se presta para una eterna discusión, vinculada con el sufragio: la Constitución consagra éste como derecho, pero todo indica que es un deber, de acuerdo con la exigencia impuesta en Chile para votar.

Ésa es la razón por la cual el derecho en comento se transforma en obligación: la necesidad de exigir su cumplimiento, por la importancia de la educación, atendida la realidad social de nuestro país.

Sin embargo, el hecho de que la Constitución -y esto es lo que me interesa precisar- establezca tal derecho como obligación no significa que para el ejercicio de cargos populares o de funciones públicas la ley deba consignarlo como exigencia obligatoria.

Por ejemplo, el servicio militar también está consagrado en la Carta Fundamental como obligación; pero la ley no señala que para ser Parlamentario o desempeñar un empleo público sea preciso estar al día en el cumplimiento de aquel deber. Las exigencias se determinan según la naturaleza del cargo. Por eso la norma pertinente queda abierta para que la ley o la Carta Fundamental así lo puedan disponer. Pero no necesariamente se deduce una cosa de la otra, pues de lo contrario, sin duda, tendríamos un problema muy serio, dada la exigencia de los cargos públicos, al requerir enseñanza media. Así se ha hecho siempre. Y hay mucha legislación sobre la materia.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Señores Senadores, el Honorable señor Fernández hizo una proposición, que fue recogida por la Mesa. Se dijo que íbamos a llevar a cabo la discusión particular y que, en definitiva, se buscaría una fórmula que incluyera la totalidad de lo sugerido en las distintas indicaciones.

En mi concepto, hay plena coincidencia con la redacción que surgió del acuerdo político -por así denominarlo- entre diversos señores Senadores y el señor Ministro de Educación ; sin embargo, ella tiene el inconveniente de la redundancia, al agregarse como nuevo inciso a la norma constitucional pertinente. Y existe otra indicación, suscrita por distintos Senadores, entre ellos los Honorables señores Coloma y Chadwick , cuyo texto es equivalente a todo lo discutido y planteado en la Sala.

Por lo tanto, vamos a refundir las indicaciones en un solo texto, sustitutivo del inciso quinto del numeral 10º del artículo 19 de la Carta, que quedaría de la siguiente manera: "La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.".

¿Habría acuerdo...

El señor CANTERO.-

Pido la palabra.

El señor ABURTO.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Cantero, y luego, el Senador señor Aburto, con la advertencia de que estamos entrando a la instancia de la votación.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente , sólo deseo hacer un comentario previo que me parece absolutamente necesario.

En general, me parece que dicho texto no es lo ideal, pero avanza en un sentido correcto; por ende, estoy disponible para aprobarlo. Sin embargo, considero que no se puede dejar pasar lo siguiente.

La redacción alternativa -es la que a mí me interesa- para dejar abierta esta materia y regularla en la ley no es posible porque, según expresó el señor Ministro , ello significaría que tres millones de ciudadanos estuvieran en condiciones de hacer exigible el derecho que se confiere. Y eso es -señor Presidente y señor Ministro - lo que, en conciencia, me obliga a levantar la voz. Esos tres millones de chilenos, que necesitan acceder a la sociedad de la información y del conocimiento y que requieren educación continua -porque de lo contrario van quedando marginados-, son los que nos deben hacer analizar conscientemente el alcance y la profundidad de esta reforma. La velocidad de los cambios y la perecibilidad del conocimiento (el que, como hemos escuchado en reiteradas ocasiones, en ocho años cambia absolutamente) determinan la necesidad de reflexionar sobre el alcance de esta modificación constitucional. Y esto es lo que me lleva a pensar que se está cometiendo un error, aun cuando creo que se avanza en el sentido correcto.

Muchas gracias.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Aburto.

El señor ABURTO .-

Señor Presidente , no sé si el Senador señor Cantero se refirió a lo mismo que yo iba a decir. Me parece que algo de eso hay.

Me preocupa que un gran segmento de la población -jóvenes de entre 18 y 20 años- quedará marginado de este beneficio cuando comience a regir esta reforma. Por eso, echo de menos una norma transitoria que les permita recibir este tipo de educación, ya que, como todos sabemos, haberla completado se transforma en un requisito fundamental para ingresar a la Administración Pública.

Por lo tanto, en este momento me preocupa ese vacío, y lo ideal es poder solucionarlo mediante...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Pero la reforma abarca a personas de hasta 21 años.

El señor ABURTO.-

Sí, pero los que en este momento ...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

¿Están sobre los 21...?

El señor ABURTO.-

Me refiero a los que, cuando entre en vigencia la disposición, no van a alcanzar a cumplir en ese plazo los años que les faltan para ...

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Habría que estudiar ese tema. Dicen que peor es nada. Por lo menos, se logró un avance.

Yo hice una proposición a la Sala. ¿Habría acuerdo para aprobarla, entendiéndose refundidas en ella todas las indicaciones?

--Se aprueba la indicación (36 votos favorables), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional requerido, y queda despachado el proyecto en este trámite.

El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro .

El señor BITAR ( Ministro de Educación ).-

Señor Presidente , quiero agradecer al Senado su respaldo a esta reforma, la que constituye un paso histórico, porque en la Carta Fundamental quedará establecida la voluntad del pueblo chileno de dar el paso bastante sustantivo de extender a 12 años la escolaridad obligatoria. La de nuestros abuelos fue del orden de los 4 a 5 años; la de nuestros padres, de 7 años, y la del promedio nacional actual, según cifras del último período, es de 10 a 10,5 años.

Asimismo, cabe destacar que, como país, continuaremos trabajando por la educación de adultos. Esto no limita; al contrario, los cambios tecnológicos obligan a una educación continua. Y el hecho de que no figure en la Constitución no significa que no haya políticas para lograrla, lo que implica que no hay obligatoriedad del Estado para proporcionarla y en forma gratuita, como se plantea hoy día.

Por otra parte, tocante a las consideraciones hechas por algunos señores Senadores, deseo expresar que, fijado el límite de 21 años y suponiendo que la Cámara de Diputados ratifica esta disposición y que así la despacha el Congreso Nacional, el Ejecutivo , los colegios, los alcaldes deben poner en movimiento un proceso que permita alcanzar esta meta.

No estoy en condiciones de dar una respuesta cabal a cómo se materializarán los plazos y los recursos, porque no sabíamos si se iba a aprobar un límite de 21 o de 18 años.

No nos olvidemos que entre 1920, fecha en que se aprobó la primera Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, y hoy, 83 años después, la cobertura alcanza a 98,5 por ciento.

Sin embargo, para dar una respuesta parcial a lo señalado por algunos señores Senadores, especialmente al Honorable señor Larraín , quiero señalar que, en todo caso, tenemos en curso un conjunto de medidas que incluye la inversión en infraestructura, la que está llevándose a cabo, además, para la jornada escolar completa. Como un dato estimativo para los señores Senadores, señalo que necesitaríamos 2 mil 200 aulas para albergar 100 mil cupos adicionales, sobre la base de un promedio de 45 alumnos por curso. Y ello representa 10 por ciento de la inversión requerida para entregar jornada escolar completa a todos los jóvenes chilenos.

Asimismo, se están dando pasos, a través de programas como "Chile Califica" y "Becas Liceo para Todos" y de un conjunto de otras medidas destinadas a extender la educación sobre la base de subsidios diferenciales, para retener a los jóvenes. Estos esfuerzos están vinculados a "Chile Solidario" y a otros programas cuyo objetivo es reducir la deserción, que hoy día afecta a un número importante de mujeres y hombres.

En ese sentido, se está implementando un conjunto de medidas. Tenemos que cuantificarlas bien y fijarnos plazos. De allí la importancia de la expresión "en conformidad a la ley", que ha aprobado la Sala.

Solicitaré a los funcionarios del Ministerio de Educación que elaboren un documento con precisión de metas y alcances, incluyendo cifras y plazos, para ponerlo a disposición del Senado.

He dicho.

Valparaíso, 18 de Marzo de 2.003.

Nº 21.774

A S. E. La Presidente de la H. Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de reforma constitucional, de esa Honorable Cámara, que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, correspondiente al Boletín Nº 3.039-07, con las siguientes modificaciones:

Artículo único

Lo ha reemplazado por el siguiente:

“Artículo único.- Sustitúyese el inciso quinto del numeral 10º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.”.”.

- - -

Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general y en particular con el voto afirmativo de 36 señores Senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 116 de la Carta Fundamental.

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 4059, de 18 de Diciembre de 2.002.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRES ZALDIVAR LARRAIN

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado

ESTABLECIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA. Reforma de la Constitución Política. Tercer trámite constitucional.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Corresponde conocer la modificación introducida por el honorable Senado al proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín Nº 3039-07, sesión 59ª, en 19 de marzo de 2003. Documentos de la Cuenta Nº 1.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.

El señor BURGOS .-

Señora Presidenta , el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, diputado señor Guillermo Ceroni , me ha pedido que haga un breve informe sobre la modificación propuesta por el Senado. Es muy sencilla: ha agregado al texto que nosotros aprobáramos, luego de discutirlo en la Comisión de Constitución y en la propia Sala, la siguiente frase: “En el caso de la educación media este sistema -el gratuito-, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad”.

Nosotros no habíamos puesto un límite de edad pensando, entre otras cosas, en que fuera la propia ley la que lo estableciera. Sin embargo, el Senado, por unanimidad, según me informó el ministro de Educación , estimó que era mejor poner el límite de 21 años de edad, porque de lo contrario se crearía una expectativa difícil de cumplir por parte del Estado.

Atendido el hecho de que lo central es establecer la gratuidad y la obligatoriedad en la Carta Fundamental, creo que correspondería aprobar, ojalá por unanimidad, la adición propuesta por el Senado, porque, de no ser así, no entraría en vigencia una reforma de esta importancia, que significa un paso importantísimo en la educación, como lo fue, en el siglo antepasado, la ley de instrucción primaria, y, más adelante, la que estableció su aumento a ocho años.

En consecuencia, pido votar favorablemente la propuesta del Senado.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra la diputada señora Cristi.

La señora CRISTI (doña María Angélica ).-

Señora Presidenta , anuncio nuestra aprobación a la propuesta por la que se extiende hasta los 21 años de edad la posibilidad de que las personas terminen sus estudios de enseñanza media. Pero, además de esta iniciativa tan loable, desde mi punto de vista se requiere de una preocupación adicional -aprovecho la presencia del ministro de Educación para señalarla- en cuanto a la calidad de la enseñanza que se entrega a los jóvenes chilenos.

Si bien el reciente censo ha demostrado un aumento en la escolaridad, lo cual evidentemente nos alegra, los expertos coinciden en que ella debe ir acompañada de calidad. La única forma de progresar y de lograr igualdad en un país como el nuestro, en que haya oportunidad, para todos sus habitantes, es teniendo una educación de buena calidad.

Muchos jóvenes nos dicen: “Tenemos cuarto medio, pero no podemos trabajar en nada”. O sea, para ellos y sus familias el cuarto medio significa más una frustración que un éxito, porque no les basta para insertarse en el mundo laboral ni tampoco pueden acceder a cursos de capacitación, por carecer de recursos económicos.

Entonces, nuestro gran desafío es lograr que esta reforma constitucional vaya acompañada de todas las medidas que el Estado pueda proveer para que los jóvenes no sólo cursen, sino que obtengan una educación media que los prepare para la vida, para el trabajo o para continuar estudios superiores.

Uno de los grandes problemas de la mayor parte de las comunas es la escasa posibilidad de aumentar y mejorar la educación técnico-profesional. Muchos jóvenes sólo tienen la opción de la humanística; no tienen otra alternativa, lo que en definitiva únicamente les significa una pérdida de tiempo.

También está pendiente el compromiso de don Ricardo Lagos cuando asumió su gobierno. Por su intermedio, señora Presidenta , le solicito al señor ministro de Educación que me dé un segundo de atención sobre este punto. El Presidente de la República prometió apoyar la enseñanza técnica, dar becas para que los jóvenes pudieran estudiar carreras técnicas, no sólo universitarias. Son cientos de miles los jóvenes que podrían prepararse técnicamente, pero no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Ello, incluso, los lleva a ingresar, muchas veces con ingentes sacrificios, a la educación universitaria porque allí tienen alguna posibilidad de obtener subvención. Por lo tanto, es necesario que el gobierno cumpla con ese compromiso para que los jóvenes puedan obtener esa subvención en las distintas carreras de la educación técnica que se ofrecen en el país.

Por último -aprovechando una vez más la presencia del señor ministro -, hago presente que necesitamos la voluntad del Gobierno para que la gran reforma educacional anunciada -respecto de la cual tenemos aprensiones-, mucho más amplia que esta reforma constitucional, pueda ser positiva y rinda los frutos que de ella se esperan. Se requiere un gran esfuerzo del Estado para otorgar subvenciones a los jóvenes más necesitados, a aquellos con más problemas psicológicos y de aprendizaje. Debemos preocuparnos de que los colegios dispongan de los recursos para enfrentar y solucionar los diversos problemas que afectan a los niños. Sabemos que las situaciones especiales que atiende la educación diferencial, justamente se concentran en los sectores de menos ingresos. Si en los sectores acomodados los problemas de aprendizaje alcanzan al 7 por ciento, en los sectores más modestos ascienden al 40 por ciento. Ahí se deben hacer los grandes esfuerzos, unido, obviamente, al deseo e interés de que todos los niños puedan tener acceso a la educación básica y a la media.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señora Presidenta , lamento que el Senado haya hecho esa modificación -se lo expresé recién al señor ministro de Educación -, ya que el proyecto que despachó la Cámara era bueno. Daba a la gente la posibilidad de terminar la educación media, sin costo. Son miles los chilenos que no pueden progresar en su trabajo porque no han terminado la enseñanza media completa por falta de medios económicos. Ahora se les ha quitado la oportunidad que les daba este proyecto. Cuántas dueñas de casa que quieren terminar su enseñanza media no lo podrán hacer, por cuanto, si tienen más de 21 años de edad, tendrían que pagar por estudiar.

Lamento profundamente la enmienda del Senado. No conozco del todo las razones -algo me dijo el ministro-, pero una de orden económico no es suficiente para coartar la posibilidad de completar la enseñanza media a tantas personas mayores de 21 años.

Obviamente, voy a votar a favor, pero me preocupa y me duele la modificación. El Presidente de la República , en su mensaje del 21 de Mayo pasado, anunció que la enseñanza iba a ser obligatoria para todos hasta cuarto medio, pero no dijo que la gratuidad era sólo hasta los 21 años de edad. Si lo hubiese dicho, la gente habría sabido las reglas del juego, desde un principio. Pero ahora, cuando está por cumplirse un año de ese anuncio, le vamos a entregar esta “sorpresa”, que será desagradable sobre todo para los trabajadores que quieren estudiar.

Hace un tiempo, una de las modificaciones al proyecto de ley sobre el Sence también privó a los trabajadores de la posibilidad de cursar cuarto medio o estudios universitarios. Entonces, son muchos los ciudadanos, hombres y mujeres, a quienes se les ha coartando la posibilidad de terminar sus estudios. Esto lo encuentro lamentable, y ojalá que más adelante, con el compromiso del Gobierno, podamos modificar esta situación. Es un grave error fijar un límite de edad en esta materia. Si el cuarto medio debe ser obligatorio para todos los chilenos, permitamos que todos lo cumplan, cualquiera sea su edad. No es justo que el que tenga 21 años y un día no goce de la gratuidad para hacerlo, sobre todo en un país en el cual queremos dar equidad y en el que quienes más necesitan el cuarto medio son los trabajadores para poder ascender o superarse en su trabajo. A ellos les estamos negando esa hermosa posibilidad.

Voy a votar favorablemente, pero dejo expresada mi preocupación sobre el tope de edad.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Rodrigo González.

El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo) .-

Señora Presidenta , estamos ante un proyecto que va a hacer historia en nuestro país puesto que consagra el derecho de todos los chilenos a contar con 12 años de escolaridad obligatoria financiada gratuitamente por el Estado.

Este paso que estamos dando es histórico porque representa la misma situación que vivió el país cuando se aprobó la ley de enseñanza gratuita obligatoria y la educación básica se extendió, sucesivamente, a 6 y a 8 años en el siglo pasado.

Sin duda, en el ciclo del conocimiento, ocho años de escolaridad son absolutamente insuficientes para que las chilenas y los chilenos cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que se exigen a las personas en momentos en que la modernidad y la globalización hacen de la formación de los recursos humanos el principal capital y riqueza de los países.

El incremento de la producción no basta si no se aumenta asimismo la productividad de cada uno de nuestros procesos. Ello dependerá de la calidad de nuestros recursos humanos. Por eso, es necesario avanzar en esta reforma, no sólo desde el punto de vista de la equidad, sino también del de dar mayores oportunidades para todos, en especial a aquellos que, por razones económicas, muchas veces deben desertar del sistema escolar.

Hoy, en Chile, casi la mitad de la fuerza laboral, más de dos millones y medio de chilenos, no ha completado su educación media. La ciudadanía se encuentra limitada en sus distintas formas de participación debido a su insuficiente calidad educacional.

El 98,5 por ciento de los jóvenes pertenecientes al quintil más rico cuenta con los niveles primario y secundario de educación. En cambio, en el quintil más pobre, los cumplen sólo alrededor del 60 por ciento. Asimismo, únicamente el 65 por ciento de los jóvenes ha completado su educación secundaria, en circunstancias de que en las naciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Ocde, más del 85 por ciento la ha alcanzado. Por lo tanto, esta reforma es una necesidad imperiosa.

Sin duda, la Cámara de Diputados habría preferido mantener el articulado que aprobó por unanimidad, pero las enmiendas del Senado mantienen sustantivamente su espíritu. En ese sentido, no concuerdo con lo dicho en cuanto a que el hecho de que la obligación del Estado de costear la educación media rija sólo hasta los 21 años, impedirá a los que sobrepasen esa edad hacer uso de un sistema de educación gratuita. En la actualidad, ese sistema está disponible para todos los chilenos, cualquiera sea su edad, más allá de los 21 años, a través del régimen de educación de adultos. Además, se ha extendido el beneficio de la franquicia tributaria otorgada por el Sence, de manera que muchos trabajadores que no cuentan con educación media puedan completarla.

De manera que el límite de edad de 21 años para la aplicación del sistema obligatorio, como lo aprobó el Senado, no representa una limitación fundamental al derecho que hoy estamos asegurando y que permitirá a la inmensa mayoría de la población alcanzar los niveles educacionales requeridos para nuestro desarrollo.

En función de estas consideraciones, sobre todo de la necesidad de cubrir la educación media de quienes desertan del sistema secundario, que todavía son muchos, de la necesidad de cubrir la educación media de más de tres millones y medio de chilenos que no han podido cumplir sus estudios, es un imperativo aprobar hoy esta reforma constitucional. Por lo tanto, votaré favorablemente la modificación propuesta por el Senado, en el entendido de que ella responde al sentido, espíritu y contenido de la reforma que aprobamos en esta Cámara de Diputados.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.

El señor CORREA.-

Señora Presidenta , en general, parece conveniente la enmienda introducida por el Senado, por cuanto elevará el nivel educacional de la población y, como consecuencia de ello, mejorará la calidad de vida de las personas.

El texto aprobado por el Senado mantiene la idea central de lo aprobado por la Cámara en el primer trámite constitucional, pero introduce ciertas modificaciones a la obligatoriedad de la educación media, una de ellas es el reconocimiento de que el sistema gratuito se extenderá hasta los 21 años, lo que parece positivo.

Además de lo anterior, con la modificación propuesta se previene una eventual prohibición, por inconstitucionalidad, de la aplicación del sistema de financiamiento compartido de la educación para el caso de la educación media. En efecto, en virtud de la gratuidad que establece la Constitución para la enseñanza básica no se les permitió a los colegios municipalizados acordar fórmulas de financiamiento compartido con los padres de los alumnos. Sólo se pudo aplicar esta fórmula de financiamiento en la educación media.

Si bien esta interpretación parece forzada y alejada del espíritu de la Constitución, fue impuesta en su minuto, lo que refuerza el llamado de atención. Es aquí donde aparece el contrasentido peligroso del texto aprobado por el Senado, en el que se asegura una educación media a todos y cuyo sistema de financiamiento será determinado por ley, pero se mantiene el sistema actual para la educación básica.

Lo anterior puede que conlleve perjuicios más que constituir una fórmula exitosa de financiamiento de un sistema que otorga mayores posibilidades de participación a los padres en la educación de sus hijos. Además, la posibilidad que se abre de permitir el financiamiento compartido para la educación media, sólo será posible en la medida en que la ley lo establezca. Este llamado de alerta no es ante una amenaza eventual, pues el mensaje del Presidente de la República y el informe de la Comisión expresan la intención de “revisar el financiamiento compartido para el sector municipal”.

El sistema de financiamiento compartido ha generado enorme beneficio para la comunidad de los colegios en que se está aplicando. Por una parte, hace partícipes a los padres del proyecto educativo, ya que son ellos los que deciden, voluntariamente, aportar para la educación de sus hijos. Esto les permite con mayor propiedad sentirse con derecho a la hora de exigir buenos resultados.

Por otro lado y unido a lo anterior, ello constituye un beneficio para los establecimientos, por cuanto pueden acceder a mayores recursos para su financiamiento, y generar, así, una mejoría general en la prestación educacional.

Otra prevención respecto del texto aprobado por el Senado lo constituye el hecho de que entrega a una ley simple la regulación de la educación media obligatoria; pero no así la básica, lo cual implica que las modificaciones legales a la educación podrían ser introducidas con el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara. El Senado restringió el ámbito de la ley sólo respecto del financiamiento del sistema gratuito de la educación media por parte del Estado.

Otro aspecto poco claro del texto aprobado por el Senado lo constituye el hecho de que no se sabe si el mandato que da la ley es para regular el sistema de acceso gratuito a la educación media, o bien, establecer que tal gratuidad se concede sólo hasta cumplir los 21 años de edad.

Desde otra perspectiva, se debe señalar que no han sido pocos los problemas de implementación a los que se ha visto expuesta la última reforma en materia educacional, que impuso la jornada escolar completa, especialmente por carecerse de los recursos necesarios para ponerla en práctica. Sobre la base de lo anterior, no parece realista garantizar a las personas el acceso gratuito a la educación media si actualmente, sólo por un problema de recursos, no ha sido posible dar educación básica como lo ordena la ley.

Nosotros estamos por la obligatoriedad de la educación completa, pero consideramos que el financiamiento y la ejecución debieran estar más claros, ya que la Constitución Política garantiza a las personas el acceso a la educación media obligatoria y gratuita; si ella no puede hacerse realidad podría contribuir a crear falsas expectativas. Es decir, estimamos positivo el establecimiento de la obligatoriedad, pero creemos que ésta debe ir acompañada con los recursos necesarios para que se pueda implementar debidamente, a fin de no crear falsas ilusiones, porque eso generaría una serie de contradicciones, las que, en el fondo, son peligrosas.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada señora Carolina Tohá.

La señora TOHÁ (doña Carolina).-

Señora Presidenta , es ineludible decir que nos sentiríamos mucho más satisfechos si pudiéramos despachar el proyecto en su forma original. Sería más acorde con el espíritu de esta reforma constitucional si pudiéramos decirle a cada persona que aseguramos su derecho a terminar la educación media en forma gratuita.

Entre nosotros debemos plantear, con sinceridad, que eso habría sido lo óptimo. Sin embargo, una vez más -lo que estimo sucede a menudo-, el Senado ha puesto una dosis de realismo a la iniciativa. En Chile, más del setenta por ciento de la población -es decir, más de la mitad- cuya edad fluctúa entre los 15 y los 65 años, no tiene escolaridad completa. Si aprobáramos esta reforma constitucional, que asegura la gratuidad de la educación, tendríamos que dar seguridad y responder por su acceso a ese setenta por ciento de chilenos, quienes, al día siguiente, podrían llegar a exigir su derecho de acceso a educación gratuita, lo cual en estos momentos no estamos en condiciones de hacer. No obstante, tenemos la obligación de buscar la manera de disminuir dicho porcentaje, para que ese setenta por ciento baje cada año en forma acelerada.

Por lo tanto, el proyecto que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media se debe complementar con la implementación de otras reformas aprobadas por el Congreso Nacional, como la subvención para la educación de adultos, que el Ministerio de Educación entregará a las instituciones privadas que se aboquen a la tarea de recuperar estudios para adultos, así como la posibilidad de que, a través del Sence, se considere la recuperación de estudios así como programas de capacitación y el programa Chile Capacita, que también considera la posibilidad de recuperar estudios para la gran cantidad de chilenos que no tiene su escolaridad completa.

El sector etario al cual nos estamos refiriendo no deja de ser muy alto. Hoy, entre los 14 años -que es la edad en que se inicia la enseñanza media- y los 21 años -que es la que quedará establecida en la reforma educacional-, se impone la obligatoriedad del Estado de responder por el acceso de la población a la educación media, situación en la que están más de 300 mil chilenos. Al día siguiente de que aprobemos esta reforma constitucional, esos chilenos que no tienen escolaridad completa, que han desertado de sus estudios, podrán llegar a reclamarnos educación gratuita, y el Estado y la nación tendrán que responderles. Por lo tanto, no es un compromiso menor, ya que hoy estamos legislando para responder a esas personas, para asegurar a los futuros chilenos que por algún motivo no puedan terminar sus estudios, y que quieran reingresar a la educación media, que sí podrán hacerlo.

Ese no es sólo un problema cuantitativo, pues subir la escolaridad obligatoria no es distinto de la calidad. La cobertura es calidad. Permítanme explicarles esto, porque comúnmente decimos que la cobertura está bien, pero que el problema se presenta en la calidad. No es tan así, porque cuando un sistema no tiene suficiente cobertura y deja afuera un 10, un 15 o un 20 por ciento de personas en edad de estudiar, es muy fácil tener buena calidad.

¡Es fácil tener una educación de calidad con niños sin problemas económicos en sus hogares, con niños cuyos padres tienen escolaridad completa, con niños en cuyos hogares no hay problemas de violencia ni desempleo!

¡No cuesta nada tener buena calidad con alumnos sin ningún problema u obstáculo para rendir en el colegio!

El mérito está en mejorar la calidad cuando se tiene estudiando a todos los niños, en especial a los que tienen problemas; a los niños cuyos padres no tienen escolaridad; a los niños en cuyos hogares hay violencia, desempleo; a los niños que deben recorrer largas distancias para llegar a sus colegios, sobre todo en zonas de condiciones climáticas difíciles. ¡Ahí es gracia subir la calidad!

A veces somos un poco injustos con nosotros mismos, como país, porque un gran mérito que tenemos en estos años es seguir bajando la deserción escolar.

Los desafíos para mejorar la calidad de la educación son hoy mayores, porque los establecimientos deben enfrentar situaciones más difíciles, en especial si los alumnos provienen de familias con deficiencia educacional enorme.

La experiencia nos han demostrado que el principal factor que determina el rendimiento escolar de un niño es la escolaridad de los padres. Los resultados del Simce así lo demuestran. Por eso, antes que la imagen del establecimiento, debemos considerar la escolaridad de los padres. Es mucha la gracia de que Chile se la juegue por que los niños con padres de poca escolaridad estudien.

Con esa meta, con ese estándar, decimos: “Aquí todos los niños van a ir al colegio. Ahí vamos a mejorar la calidad”. Pero no la vamos a mejorar si dejamos de lado a los que tienen problemas, porque lo contrario sería muy fácil.

Creo que avanzamos en ambas cosas al mismo tiempo. Con esta reforma vamos a asegurar que muchos jóvenes que en los últimos años han abandonado sus estudios, se reintegren. El Estado va a tener la obligación de ir a buscarlos, obligación que hoy no existe. Hoy día a un niño que se aleja del colegio, el sistema educacional lo suelta completamente; se desentiende de él; lo deja abandonado a su suerte en este aspecto.

Con esta nueva reforma educacional, el Estado tendrá la obligación de preocuparse del alumno hasta que éste cumpla 21 años; tendrá la obligación de mantenerlo o devolverlo al colegio; tiene la obligación de incentivarlo, de ayudarlo, de sacarlo adelante.

Creo que esta reforma es un gran paso. A todos nos hubiera gustado dar un paso aún mayor; pero si complementamos esta medida con buenos programas, con subvención para la educación de adultos y con otras iniciativas, reduciremos la escolaridad incompleta y daremos una garantía completa a todos nuestros jóvenes de que la enseñanza media se va a cursar en un ciento por ciento.

Por esa razón, respaldo esta reforma, con la modificación introducida por el Senado, y, en nombre del Partido por la Democracia, anuncio que la vamos a apoyar.

Muchas gracias.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Germán Becker.

El señor BECKER.-

Señora Presidenta, todos estamos conscientes de la trascendencia de esta reforma constitucional.

Se abordó en este proyecto en una sesión de noviembre pasado en la que se trató en primer trámite. Por lo tanto, voy a centrarme en otros aspectos.

Para que todos los chilenos tengan doce años de escolaridad, debemos apoyar esta reforma con medidas que permitan hacerla una realidad; entre otras, aumentar, por ejemplo, las becas del programa “Liceo para todos”. En este momento, tenemos diez mil becas. Creo que es poco. El Gobierno debería aumentarlas por lo menos a veinte mil o treinta mil.

En segundo lugar, debemos aprobar cuanto antes la implementación de la subvención pro retención para los niños de las familias del programa Chile Solidario. Ellos son los que más desertan. Si queremos que haya cobertura total, necesitamos que esos niños se mantengan en el sistema. Por ejemplo, el promedio de escolaridad de los jóvenes de 15 a 29 años del programa Chile Solidario es de 7,5 años. Sin embargo, el promedio total del país es de 11,1 años. El analfabetismo en los jóvenes de 15 a 29 años del Chile Solidario es de 6 por ciento. En cambio, a nivel de país es de 1 por ciento.

Este proyecto lo vamos a tratar en la Comisión Mixta mañana. Espero que logremos acuerdo para que la subvención prorretención sea una realidad cuanto antes.

También existe otro elemento que el Gobierno no ha considerado: el apoyo directo para las familias más pobres del Chile Solidario. Si bien es cierto que recibirán los 10.500 pesos de este programa, es importante, especialmente para las familias de escasos recursos de los campos, que tengan la posibilidad de mandar a sus niños al colegio y no obligarlo a trabajar por la necesidad de recursos adicionales. Por un lado, tenemos bien cubiertos a los sostenedores con la subvención prorretención; pero las familias no están bien cubiertas sólo con el programa del Chile Solidario.

En relación con la modificación del Senado, hay dos aspectos importantes. En primer lugar, el proyecto originalmente lo envió el Ejecutivo en términos de considerar una gratuidad y obligatoriedad sólo hasta los 18 años. Tengo entendido que eso se hizo por un problema de recursos. Todos queremos -lo dijimos en las Comisiones unidas de Educación y de Constitución- que ojalá la obligatoriedad y la gratuidad sean para todos. Sin embargo, a veces lo bueno es enemigo de lo óptimo. El Gobierno no tiene recursos para financiar todo. Por lo tanto, extenderlo hasta los 21 años es algo positivo y vamos a votar favorablemente la enmienda del Senado.

El otro aspecto es que se cambió la redacción de la frase “en conformidad a la ley”, que quedó de la siguiente manera: “En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad”. Esto me parece positivo, porque en la educación media queremos que se mantenga el financiamiento compartido, y la ley a la que se refiere esta reforma constitucional garantizará el financiamiento compartido para todos.

Obviamente, la reforma apunta a ampliar la cobertura de la educación. Todos sabemos que el gran desafío pendiente en la educación chilena es la calidad, pues prácticamente ya se tiene una cobertura total. El desafío -el ministro y todos los que estamos trabajando en la Comisión de Educación lo sabemos- es mejorar la calidad de la educación chilena, y esperamos que tenga lugar en los próximos años.

Renovación Nacional va a votar favorablemente.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra la diputada Ximena Vidal.

La señora VIDAL ( doña Ximena).-

Señora Presidenta , quiero acentuar y resaltar el sentido de este proyecto de ley, más allá de estar de acuerdo o no con la modificación del Senado.

Dar educación no significa hacer falsas promesas, generar expectativas que parezcan mezquinas, ni sueños, sino dotar a seres humanos que, por su posición original en esta sociedad, han resultado desfavorecidos, de herramientas de lucha y de la posibilidad de hacerse a sí mismos, por medio de su propio esfuerzo, lo que simplemente se conoce como igualdad de oportunidades, precepto recogido por el constituyente en el artículo 1º, inciso cuarto, y en el artículo 19, números 2º y 10º de la Carta Fundamental, lo que ciertamente da más fuerza, no sólo política, sino moral y jurídica al proyecto.

Posiblemente, habrá quien diga que esta iniciativa, dado los altos índices de escolaridad que posee Chile en el concierto de las naciones latinoamericanas, es un exceso; pero resulta imperioso establecer una posibilidad abierta, una plataforma normativa y un soporte ético y jurídico que legitime el que nuestros jóvenes estén llamados, por la vía de la oportunidad, a completar su escolaridad; es decir, una llave que permita el ingreso de miles y miles de jóvenes a la educación media, que hoy se erige ante nosotros, ¡por fin!, como obligatoria.

El objetivo de la obligatoriedad dice estrecha relación con la suficiencia mínima que un estudiante debe tener para enfrentar el complejo contexto del Chile de hoy, inserto en un mundo multiconectado, donde la diversidad de disciplinas que deben ser manejadas son cada vez mayores. Es necesario que nuestros jóvenes vayan adquiriendo conocimientos en consonancia con el tiempo que les ha tocado vivir. Uno de los reales desafíos que debe enfrentar el Gobierno, como una medida más, es la reforma educacional a nivel estructural que debemos emprender. La obligación debe ir de la mano de la gratuidad. Esa es la materia.

Me gustaría agregar que esta reforma no sólo corresponde a una iniciativa gubernamental, sino que, además, ella interpreta de manera clara un sentir nacional muy hondo, donde se oyen las voces de distintos sectores y se interpela a los más variados representantes para hacer posible seguir este camino, empezando por los padres, quienes sabrán dar los pasos más sustanciales hacia el logro del objetivo de mantener a sus hijos, para el propio bien de éstos, en un sistema de educación gratuita y obligatoria. Es decir, la responsabilidad es de todos: de los profesores, quienes, pese a las duras condiciones en las que muchas veces les toca trabajar, se deben reencantar con los dones del magisterio; de los gobernantes y del Congreso, por supuesto, que deben reglar y armar un sistema que armonice la reforma constitucional que nos toca propiciar.

La tarea es de todos y de cada uno desde su rol, con el horizonte claro de acortar cada vez más las brechas entre ricos y pobres, que tantas diferencias odiosas generan en cuanto a las oportunidades.

Éste es un acto claro en esa dirección. La pobreza se extinguirá o disminuirá, al igual que muchos otros factores, lo cual creará posibilidades reales de avanzar en materia de educación. Sin duda, un sistema gratuito y obligatorio permitirá que más gente de escasos recursos ingrese a la educación superior, tan marcadamente segmentada, y gobernada, muchas veces, por un inescrupuloso mercado, donde los jóvenes se frustran. En síntesis, jóvenes con índices más altos en educación progresarán y harán posible que Chile dé un paso más allá en ese aspecto y en materia de innovación tecnológica y cultural. Así, la semilla de la diversidad se esparcirá en las más variadas disciplinas el día de mañana.

Si Chile pertenece a un grupo selecto de países que se encuentran en vías de desarrollo, lógico resulta sostener que es necesaria la proliferación de la industria, de los mercados, y también posibilitar las bajas de los índices de desempleo, que se conjugan de manera mucho más consistente con un ciudadano que ingresa al mercado del trabajo con un nivel de escolaridad mayor, porque vale la pena recordar que este proyecto no influirá en los promedios de escolaridad de manera inmediata, pero sí establecerá una oportunidad para miles de jóvenes que hoy se encuentran sumidos en el más profundo desencanto por no poder terminar su formación estudiantil mínima, conforme con los requerimientos que la sociedad de hoy nos exige imperativamente.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , colegas presentes en la Sala, quiero clarificar algunas cosas en relación con este proyecto. En relación con la discusión, en tercer trámite constitucional, de las modificaciones introducidas por el Senado, seguramente tendrán algunas dudas las personas que en este momento están viendo el canal de televisión de la Cámara de Diputados.

En primer lugar, esta es una reforma constitucional cuyos efectos son comparables a los que tuvo la ley de instrucción primaria obligatoria hace muchos años. En el pasado, la enseñanza básica era de seis años, lo mismo que la media. Después, con la reforma educacional de 1967, impulsada por don Eduardo Frei Montalva como Presidente de la República , la educación básica aumentó a ocho años y la media bajó a sólo cuatro.

¿Por qué comienzo expresando esto? Porque la realidad que vivimos en el siglo XXI -tal como lo dijo un colega- en el tema educacional, en cobertura, financiamiento, infraestructura, tecnología, textos y lo que significa el perfeccionamiento, la preparación y la capacitación para los colegas profesores, es diametralmente opuesta.

Este año tenemos, desde la enseñanza básica a cuarto año medio, alrededor de tres millones de alumnos. Fuera de eso, y todos lo saben, existen 9.870 establecimientos educacionales. De esos, sólo el ocho por ciento corresponde a la enseñanza particular propiamente tal; del otro 92 por ciento restante, dos tercios corresponden a 341 municipios de nuestro país, y un tercio son particulares subvencionados. O sea, el 92 por ciento de los tres millones de alumnos que cursan desde enseñanza prebásica hasta cuarto año medio es financiado por el Estado a través de la unidad de subvención educacional.

¿Por qué digo esto? En esta Sala se han aprobado varias reformas, como la vinculada con el estatuto docente y otras relacionadas con la ley orgánica constitucional de Enseñanza (Loce), y siempre ha habido unanimidad en cuanto a que ningún país debe dejar de invertir en educación, pues es el dinero mejor empleado. Ello queda demostrado por los resultados del censo del año pasado, dados a conocer hace algunos días. La escolaridad de nuestras niñas y de nuestros niños ha tenido un incremento en los últimos diez años de alrededor del 42 por ciento. Eso significa un avance en el país, pues mucha gente que antes no podía acceder a la educación ahora puede hacerlo.

La autoría del proyecto pertenece a colegas parlamentarios. Es cierto que cuando se presentó la iniciativa, ésta no contenía la proposición del Senado de extender la obligatoriedad y la gratuidad de la educación media hasta los 21 años de edad, por cuanto no existen los recursos para ello. Lo demás es mentir y vivir en un mundo irreal. Si en este momento hay tres millones de alumnos y existe la posibilidad de hacer obligatoria la enseñanza media hasta los 21 años, ello significa que el Estado deberá hacerse cargo de 300 mil alumnos más, lo que equivale a un diez por ciento adicional.

Es un avance positivo. A mí también me habría gustado, tal como lo expresó mi colega y amigo Rodolfo Seguel , que no se hubiera planteado extender la enseñanza media sólo hasta los 21 años, pues con ello se aseguraba la posibilidad de acceso a la educación de tantos trabajadores y trabajadoras que aspiran a cumplir su enseñanza media.

Quiero recordar que en el presupuesto destinado al Ministerio de Educación para 2003, aprobado en noviembre del año pasado, existe un aumento importante para la educación de adultos en su modalidad vespertina y nocturna. La información que me ha enviado esa cartera es que esa cobertura no ha sido completada y que existen cupos en muchos establecimientos, tanto vespertinos como nocturnos. Allí existe una posibilidad para que el Estado entregue educación media gratuita a quien desee obtenerla.

Ahora bien y considerando que accederán a la educación 300 mil alumnos más, se deberá establecer, cuando se discuta la ley de Presupuestos del próximo año, un incremento de diez por ciento del monto de la unidad de subvención educacional. Tal como lo señaló un colega al comienzo del debate, la real importancia del proyecto será reconocida sólo en algunos años más, sobre todo si se considera que en la actualidad existen 68 universidades reconocidas por el Estado -25 dependen del Consejo de Rectores y 43 son privadas-, numerosos centros de formación técnica y un sinnúmero de establecimientos educacionales.

Considero que existen falencias desde el punto de vista educacional. Se han hecho esfuerzos, pero se necesitan muchos más en el ámbito de la educación técnico-profesional. Existe un acuerdo con la Unión Europea que, desde el punto de vista económico, comenzó a operar a contar del 1 de febrero de este año. En tal sentido, se necesita personal especializado y mandos medios de carácter técnico. En ese campo debe hacerse un gran esfuerzo.

Hace algunos días y a propósito de la industria del plástico instalado en la Octava Región, solicité al ministro de Educación aquí presente, señor Sergio Bitar , que estudiara la posibilidad, a través de la seremi de Educación de la Octava Región, de que en 2004 aumentara la cobertura de la enseñanza técnico-profesional. En la Octava región hay sostenedores subvencionados que han recogido el desafío y han hecho el esfuerzo de crear colegios técnico-profesionales. Asimismo, hay tres o cuatro municipios que ya disponen de ellos. Creo que esta situación debiera extenderse al resto de las regiones.

Votaremos favorablemente la modificación propuesta por el Senado, porque el proyecto posibilitará que 300 mil jóvenes puedan completar la enseñanza media en forma gratuita.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA .-

Señora Presidenta , comienzo mi intervención destacando la relevancia de la iniciativa. La obligatoriedad de doce años de escolaridad para los estudiantes chilenos constituye, desde todo punto de vista, un salto espectacular para el país y también para el concierto latinoamericano. Seremos el primer país en América Latina que tendrá esta exigencia educacional y el primero en el mundo que otorgará gratuidad a estudiantes de hasta 21 años de edad.

Recién la colega Carolina Tohá planteaba la trascendencia del proyecto y daba algunas cifras que considero importante volver a destacar. Serán más de 300 mil los jóvenes de hasta 21 años, que hoy se encuentran fuera del sistema educacional, que podrán exigir al Estado el cumplimiento de este beneficio. Y eso no es menor, más aun si consideramos que hoy en nuestro país más del 60 por ciento de toda la fuerza de trabajo no ha terminado su educación media.

No menos importante es destacar que, complementaria a esta ley de obligatoriedad de los doce años, el Gobierno del Presidente Lagos, de una u otra manera, ha puesto énfasis especial en entregar una educación a todas aquellas personas adultas y que forman parte del mundo del trabajo, que, lamentablemente, en décadas pasadas se vieron en la imposibilidad de concluir sus estudios, ya sea en la educación básica o en la media.

Programas como el Chile Califica y otros se han constituido en verdaderas herramientas que han permitido a los trabajadores, en horas posteriores a su jornada laboral, culminar sus estudios. Miles de chilenos han sido beneficiados con esta iniciativa.

Queremos dejar muy en claro que si bien se establece un límite hasta los 21 años de edad, eso no impide que los mayores tengan la posibilidad de seguir incorporándose al sistema de educación de adultos que se implementa, a lo largo de todo el país, en los diferentes establecimientos educacionales.

No puedo dejar de destacar que en el tema educacional, en diez años, el país se ha transformado rotundamente. Las cifras son bastante elocuentes y quedan graficadas, fehacientemente, en el último censo, a pesar de que algunos sectores han tratado de descalificar sus resultados, que han demostrado una fotografía del Chile de hoy respecto del Chile de hace diez años, en el cual teníamos carencias aún mucho más profundas.

Por ejemplo, en el censo se da a conocer que en estos diez años, de una u otra forma, se ha duplicado la incorporación de niños a la educación preescolar; que se ha duplicado la incorporación de estudiantes a la educación técnica superior; que hemos triplicado los técnicos profesionales egresados de los diferentes establecimientos del país, y que, además, hemos aumentado, como promedio en el país, en un año la escolaridad.

Por lo tanto, no sólo tenemos que referirnos a las cifras macroeconómicas; no sólo podemos decir que hemos aumentado el producto geográfico bruto, sino que también y lo más importante, es que hemos sido capaces de aumentar la capacidad de nuestro capital humano, el cual se ha duplicado, por lo que hoy, a pesar de que algunos no lo quieren reconocerlo, tenemos a la educación como una de las principales riquezas del país.

Por eso la reforma educacional que está en marcha es, como lo dije al inicio, un salto espectacular en Chile y en Latinoamérica.

El Presidente Lagos estuvo en la Décima Región hace tan sólo un par de días. Su visita la denominamos “la cruzada de la educación”, porque fuimos capaces de inaugurar en dos días, junto al ministro que nos acompaña en esta Sala, seis establecimientos educacionales entre Valdivia y Chaitén, para más de 5 mil alumnos de escasos recursos, lo que significó una inversión superior a los 5 mil 500 millones de pesos. Esos establecimientos educacionales son de una calidad tal que ya se los quisiera cualquier país desarrollado.

Voy a dar cifras que son bastante elocuentes. En 1990 se invertían 13 mil millones de pesos en infraestructura educacional; en el 2003 se invierten 160 mil millones de pesos en ese rubro. O sea, hoy se invierte 13 veces más que hace diez años. Actualmente se entrega una cantidad seis veces mayor de textos escolares que los que se repartían en 1990, ya que se donaron 12 millones de textos este año, mientras que en 1990 se distribuían 2 millones de textos. Este año se han dado l millón 400 mil raciones alimenticias versus las 400 mil que se entregaron en 1990.

Por eso, porque hoy estamos en un mundo globalizado en el cual la educación es cada día más gravitante, creemos que esta iniciativa es tremendamente importante para el país.

El diputado Correa , de la UDI, nos planteaba recién que tiene ciertas dudas de que esta iniciativa pueda generar falsas expectativas en el país. Señor Correa, yo le respondo: ¡Cómo es posible que usted diga eso, en circunstancias de que hemos sido capaces de demostrar con cifras que hemos avanzado rotundamente, ya que en los tres gobiernos de la Concertación hemos tenido una preocupación especial por sectores por los cuales ustedes jamás se preocuparon cuando estuvieron en el gobierno!

Tenemos la plena convicción de que es efectivo lo que dijo hace unos días un profesor de Río Negro a sus alumnos, cuando visité su establecimiento: “En los años 60, época en la que yo estudiaba, tener sexto básico era una riqueza. Quien tenía sexto básico podía trabajar hasta en un banco”. Actualmente, en cambio, tener cuarto medio es un imperativo, una obligación para un joven, porque sus posibilidades en el mundo laboral se ven absolutamente truncadas si deserta del mundo educacional y no culmina sus estudios.

Por eso, apoyaremos con fuerza el proyecto.

Por otra parte, consideramos que este piso de los 21 años también es importante, porque deja un margen de cuatro años para que el joven que debió egresar a los 17, pero que ha tenido algunos problemas en el desarrollo de su educación, pueda culminarlos como corresponde, tarea en la cual el Estado va a tener un rol gravitante.

Los diputados de estas bancadas apoyaremos con mucha fuerza el proyecto, porque así como en el año 1920 los socialistas fuimos capaces de apoyar una ley para tener una obligatoriedad escolar de cuatro años en Chile, así como en 1928 aprobamos otra ley para tener una obligatoriedad escolar de seis años, así como en el gobierno de Eduardo Frei Montalva fuimos capaces de aprobar otra ley que obligaba a los niños a estudiar ocho años, hoy, cuando estamos en el 2003, vamos a ser capaces de aprobar una ley que fije dicha obligatoriedad en doce años, lo que va a ser un gran regalo para las futuras generaciones de nuestro país, que se merecen lo mejor, y que son, por cierto, el futuro de Chile.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez.

El señor MARTÍNEZ .-

Señora Presidenta , los doce años de escolaridad obligatoria y su gratuidad son un avance importante. Si queremos alcanzar el desarrollo a que aspiramos como país, necesariamente debemos poner el acento en la preparación y en la calificación del recurso humano.

Aquí no bastan las riquezas naturales. Es imperioso avanzar en términos reales; dar alternativas educacionales y de cultura a la gente, para que incorpore valor agregado en sus quehaceres y se inserte de manera efectiva en este mundo globalizado. Como nación tenemos enormes desafíos, y el imperativo ético más importante es superar la pobreza, tarea para la cual la educación está llamada a desempeñar un rol relevante.

Todo esto está, asimismo, dentro del contexto que próximamente nos corresponderá integrar con ocasión del acuerdo con la Unión Europea, en el que nuestras posibilidades de competencia exitosa estarán dadas por el conocimiento, las competencias y las habilidades que tengan nuestros compatriotas.

Tenemos un importante número de personas, del orden del 35 por ciento de la población de 20 años y más, que no ha completado su enseñanza media. El elevado índice de deserción escolar es cercano al 30 por ciento, motivado por razones económicas, pero también por conductas como la delincuencia, la drogadicción y la violencia, que son variables también por considerar. No basta con hacer, por el imperio de la ley, obligatorio el cuarto medio, sino que es imprescindible diseñar un conjunto de políticas sociales orientadas a superar las dificultades, por cuanto estamos abriendo una puerta al conocimiento y al progreso. Ese es el sentido del proyecto que estamos viendo hoy, el cual considero un salto muy importante en materia educacional. Lamento, eso sí, que se haya puesto como límite de edad los 21 años teniendo en vista la expectativa que se genera en el mundo rural de poder contar con la enseñanza media completa.

Renovación Nacional votará favorablemente. El proyecto es un avance sustantivo y una señal clara de que en Chile, más allá de las vertientes ideológicas, estamos trabajando por construir una sociedad más equitativa y llena de oportunidades.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Manuel Rojas.

El señor ROJAS.-

Señora Presidenta , de las opiniones vertidas por los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, se desprende que, sin lugar a dudas, estamos en presencia de un proyecto que no sólo va a cruzar el umbral político, sino que va a encontrar un eco positivo en todas las bancadas.

Deseo expresar, a raíz de lo que señalaba el diputado Fidel Espinoza , que en educación no todo lo que brilla es oro. En ese sentido, me quiero referir al gran aporte que ha recibido hoy la educación -cosa que queremos reconocer-, aun cuando los recursos no han sido focalizados de manera de obtener los resultados esperados en materia educativa. Al respecto tengo que decirle que hoy los alumnos de 5º, 6º, 7º y 8º año no saben leer ni escribir. Esa es una realidad en nuestro país.

Reconocemos que se han hecho esfuerzos para aumentar los aportes, pero ellos se deben conjugar con lo que queremos lograr como objetivo educativo. A eso le vamos a llamar calidad educativa.

Hoy, la ampliación de la obligatoriedad y el establecimiento de una mayor cobertura, nadie lo duda -y quien mejor que yo, como profesor, puede decirlo-, es un avance. Pero para lograr una mayor calidad educativa hay que conjugar otras variables. Para ello estamos dispuestos a buscar la alternativa en materia legislativa y así dar solución a lo que estamos planteando, específicamente en lo que se refiere a la deserción escolar.

La calidad educativa pasa, también, por brindar a los profesores un ambiente propicio para desarrollar su jornada como corresponde; es decir, propender definitivamente a que los cursos no tengan una capacidad de más de 35 ó 40 alumnos. Creo que cuando se inicie ese proceso, tan solicitado también por el Colegio de Profesores, se avanzará en la calidad educativa hacia un norte positivo.

Sin duda, el proyecto, en la historia educativa del país, es un paso trascendental, del cual seremos parte y, por supuesto, lo apoyaremos. Pero también es importante decir qué educación queremos para el Chile de mañana, para enfrentar los cambios que vendrán aparejados con los tratados que ha firmado y firmará Chile. Por ejemplo, hoy falta claridad en la acreditación de las universidades. Entre diciembre y marzo, en la Segunda Región se fundaron alrededor de cinco universidades, pero, lamentablemente, a pesar de la importante actividad minera que existe en ella y de su desarrollo tecnológico -que cualquier región quisiera-, ninguna de esas casas de estudios superiores ofrece carreras tecnológicas. Sólo ofrecen periodismo, kinesiología, derecho, etcétera.

Por ello, es preciso que esta reforma logre cambiar la mentalidad para buscar consenso respecto de la educación que en el futuro se quiere ofrecer a los jóvenes. Se debe asumir ese compromiso.

Si queremos dar una educación positiva, debemos dejar actuar a todos los actores de la sociedad. Lo señalaba el diputado señor Correa, y el tema también se conversó en la Comisión. A todos nos ha asistido el temor respecto de una iniciativa que está coadyuvando al proceso educativo, cual es el financiamiento compartido. Dicho sistema es importante y está dando resultados, ya que de una u otra forma los padres y apoderados se están asociando en torno de él, que es lo que más cuesta lograr en los colegios municipales. Es de esperar que esa modalidad no se pierda en el tiempo.

Asimismo, es importante definir qué queremos dentro del proceso educativo. Para ello, es preciso analizar a nuestro país desde el punto de vista de su desarrollo y de cómo es posible fortalecerlo.

Siento que la educación tecnológica no ha llegado a los niveles óptimos. Por tanto, hay que fortalecerla y entenderla como una de las bases primordiales en el desarrollo sustentable de la actividad laboral. Es decir, se necesitan menos caciques y más gente que trabaje en los mandos medios. Debemos avanzar en la obtención de las bases sustentables y en el desarrollo educativo que se avecina, debido a los cambios tecnológicos y por efectos de la globalización. Para ello, debemos contar con una base educativa real en ciertos niveles laborales y tecnológicos, a fin de no seguir impartiendo carreras que no han entregado los resultados que todos esperábamos.

Por otro lado, respecto de lo planteado por el diputado señor Seguel en cuanto a lo restrictivo que resulta extender la educación media obligatoria sólo hasta los 21 años, el proyecto habla de un programa pedagógico sistemático que se imparte en la enseñanza normal diurna. Las personas de más edad tienen otras alternativas, como la educación nocturna, la educación laboral, la regularización de estudios, etcétera. Pero sería bueno dejar abierta esa posibilidad.

En la Comisión de Educación se propuso impartir la educación media obligatoria hasta los 18 ó 19 años. El Senado fijó un plazo mayor, hasta los 21 años, lo que nos parece prudente. En todo caso, si se trata de personas de más edad, hay alternativas para regularizar los estudios.

Por tanto, anunciamos nuestro voto favorable al proyecto y esperamos que esta idea legislativa se sume a las demás propuestas a fin de contar con una educación de calidad.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Abel Jarpa.

El señor JARPA .-

Señora Presidenta , en mi condición de parlamentario, médico y radical, me es muy grato anunciar mi voto favorable a esta reforma constitucional, dado que, en mi opinión, la educación es la única herramienta que tenemos para llegar a la igualdad y, además, es especialmente necesaria después de que nuestro país firmara el tratado de libre comercio con la Unión Europea y espera firmar otros que se encuentran en vías de ratificación.

El mundo en el que vivimos es sumamente complejo, y la única forma de enfrentar los desafíos es a través de la educación, y, dentro de ella, son muy importantes los contenidos que se entreguen.

Quiero reiterar lo señalado en otras oportunidades acerca de la necesidad de que la educación sea integral, es decir, de que nuestros niños y jóvenes se preparen desde un punto de vista de su desarrollo físico, mental, espiritual, social y cultural. No se trata sólo de entregar más años de estudios, indispensables a nuestro juicio. Con la misma fuerza, debemos insistir en que ella debe ser integral.

Recuerdo una vez más que, en 1906, Valentín Letelier ya luchaba por la educación obligatoria, la cual se estableció por cuatro años, en 1920; por seis años, en 1929, y por ocho, durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva . Felizmente, hoy Chile está preparado, sin demagogia, pero con mucha fuerza, para dar una enseñanza obligatoria a nuestros jóvenes hasta los 21 años. Como se ha dicho, 300 mil jóvenes van a tener esta oportunidad.

Los habitantes de las comunas de Coihueco, Pinto, San Ignacio , El Carmen , Pemuco y Yungay y de los sectores rurales de Chillán y de Chillán Viejo, tendrán ahora la posibilidad de acceder a una mejor educación. En la actualidad, más del 30 por ciento no logra llegar a la enseñanza media. Esto lo pude comprobar en la semana distrital recién pasada, al asistir a la inauguración del año escolar en una escuela del sector de Los Robles, donde el profesorado, en colaboración con los codocentes, han logrado muy buenos resultados en las pruebas de capacitación.

También visité la escuela Marta Colvin, ubicada en el sector de Los Volcanes, donde se hizo una inversión de un mil millones de pesos para entregar una educación de calidad a un sector de menores recursos.

Posteriormente, visité la escuela Javiera Carrera , que fue objeto de una ampliación, oportunidad en la cual la directora regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, dio a conocer los aportes que ese organismo está entregando a nuestros jóvenes.

Aprovecho la ocasión para decir al ministro de Educación que tenemos muchos problemas en los sectores rurales, debido a las condiciones desfavorables que se viven en esos lugares, lo que hace necesaria una revisión del riesgo social en cuanto a la entrega de raciones alimenticias por parte de la Junaeb.

Por ello, sin demagogia y con mucha fuerza, después de un siglo, la Cámara dará su aprobación a una reforma constitucional que permitirá que todos los jóvenes puedan ir a un establecimiento educacional gratuito y recibir enseñanza de calidad, acorde con las necesidades actuales, y para enfrentar los complejos y difíciles momentos que hoy vive el mundo. No obstante, también está lleno de oportunidades. Por tanto, podrán lograr mayor equidad en nuestra sociedad y una superación de la pobreza. Eso es lo que hoy aprobaremos con esta reforma constitucional.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast.

El señor KAST .-

Señora Presidenta , no puedo dejar pasar las palabras del diputado señor Fidel Espinoza , quien nos ha acusado de criticar la reforma por decir que creará falsas expectativas en las personas. Sólo queremos que las cosas se concreten y no se engañe una vez más a la gente, ilusionándola con algo que no va a resultar. En principio, somos partidarios de esta reforma constitucional; pero la gente está cansada de esperar que la alegría llegue.

Uno tiene que agradecer ciertos logros. Nadie puede negar que se ha avanzado en infraestructura y en la entrega de textos escolares. Sin embargo, en cuanto a lectura, escritura y concepción de las matemáticas no ha habido ningún avance. Hoy, muchos niños del país no saben leer ni escribir, no saben sumar ni restar. Gracias a Dios, se modificó una instrucción del Ministerio de Educación, y los niños que no saben leer ni escribir podrán repetir de curso. Antes, se los arrastraba a pasar de curso en curso, lo que era un error.

La gente está cansada de esperar que la alegría llegue en materia educacional. Es de esperar que esta reforma constitucional se concrete y llegue a ser una realidad.

En segundo lugar, cuando se debatió este proyecto por primera vez en la Sala, fui el único diputado que votó en contra, por considerar que no se cumplió el compromiso contraído por la entonces ministra de Educación , en cuanto a modificar algunos aspectos de la reforma. Ahora, el Senado mejoró la iniciativa, al limitar la edad hasta la cual regirá la gratuidad.

Votaré a favor sobre todo porque el proyecto mantiene el sistema del financiamiento compartido para la educación municipal media, como lo señaló el ministro de Educación .

Cuando se habla de reformar a la Constitución Política, la carta fundamental del país, el cuerpo legal más importante que nos rige, no nos podemos referir a cualquier reforma. La Constitución Política debe reformarse en aquellas cosas que son perfectibles, pero se debe mantener lo bueno. En ese sentido, si algo bueno se ha mantenido durante bastante tiempo en materia de educación municipal media es la posibilidad de que los padres y apoderados aporten a la educación de sus hijos. Ese sistema no existe en todos los liceos. Las personas deben optar por uno u otro establecimiento, de acuerdo con sus posibilidades. Pero no podemos restringir a las familias de escasos recursos la posibilidad de aportar para darles una mejor educación a sus hijos, aspecto que se mantendría, de acuerdo con esta reforma y con lo señalado por los representantes del Ejecutivo.

Para mejorar las condiciones no debemos nivelar hacia abajo, sino hacia arriba. Si le quitamos a los padres la posibilidad de aportar para la educación de sus hijos, estaremos igualando hacia abajo, y eso no puede ser.

Lamentablemente, las soluciones gratuitas no existen. En eso hay que ser honesto, hablar de frente. El progreso es fruto del esfuerzo personal. En educación ocurre lo mismo: las soluciones gratuitas no existen. El Gobierno gasta muchos recursos en dar educación a los niños, y si los padres pueden colaborar para evitarle ese enorme gasto, hay que permitirlo. Ojalá todos los padres, mes a mes, pudieran aportar algo adicional a la educación de sus hijos. Nos interesa que eso se mantenga.

Votaremos a favor la modificación, pues, de acuerdo con lo manifestado por el Ejecutivo, el proyecto mantiene la posibilidad del financiamiento compartido en la educación municipal media, aspecto que se regulará con una ley posterior.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.

El señor ROBLES .-

Señora Presidenta , cuando discutimos el proyecto en primer trámite, todos estuvimos de acuerdo en la necesidad de que, después de más de treinta años nuestro país diera un salto hacia adelante y entregara una educación de mejor calidad, con mayor cobertura y de más años a los jóvenes.

Lo anterior, no sólo por un imperativo nacional, sino porque estamos inmersos en una economía mundial en la cual la globalización aumenta paso a paso. Nuestro país, necesariamente, debe colocarse al frente en materia educativa, y el Estado, asumir la obligación de entregar a toda la población, no sólo a los más ricos, educación gratuita, porque no todos tienen recursos para financiarla.

En la Cámara estuvimos de acuerdo en que ningún chileno quedaría fuera de este proceso de mejoramiento de la educación destinado a entregar a la población educación básica y media. Sin embargo, en el Senado se introdujo una modificación que limita esta posibilidad. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, en un proyecto de reforma constitucional no es posible designar una comisión mixta en caso de discrepancia con el Senado.

Personalmente, me veo enfrentado a un dilema muy importante: por un lado, mi conciencia y mis principios, los mismos que los radicales sustentamos, me dicen que es necesario entregar más educación a nuestro pueblo, más oportunidades a todos nuestros jóvenes para que reciban una educación media adecuada y de calidad; que es necesario que el Estado aumente la entrega de recursos para la educación de la gente más pobre, la única herramienta que conocemos hoy para salir de la pobreza y avanzar en materia social. Por otro lado, el Senado incorpora en el artículo único, que modifica nuestra Constitución, una frase que establece que la educación media será gratuita hasta los 21 años de edad. Me parece lamentable esa enmienda, porque muchos adultos no han tenido la opción de acceder ni siquiera a la educación básica. Cuando se establece constitucionalmente un tope de edad, se limita la terminación de la educación media de miles de personas.

Es verdad que el Estado debe hacer esfuerzos y buscar los medios para evitar la deserción escolar; es verdad que debe hacer esfuerzos para que esta obligatoriedad se lleve a la práctica. Sobre todo, porque al hacer una evaluación del problema, comprobamos que los jóvenes que desertan del sistema escolar son de escasos ingresos, vienen de hogares pobres, de hogares con problemas de subsistencia. No se van del colegio los niños de gente pudiente, de las familias con ingresos altos. Ellos terminan su educación. Los que no la terminan vienen de otros hogares. Lo que hace la modificación del Senado es colocar un techo, una disminución de esas posibilidades a tantos jóvenes que en algún minuto desertaron y que ahora podrían continuar su educación media. Me parece mal lo que hizo el Senado.

Sin embargo, por otro lado, me veo en la obligación de elegir el mal menor: aceptar la limitación que el Senado impuso, pues no me queda otro camino, ya que votar en contra implicaría rechazar todo el proyecto que establece una educación media gratuita, financiada por el Estado, para todos los chilenos.

Anuncio el voto favorable de nuestra bancada, con la salvedad indicada: el Senado se equivocó, los senadores se equivocaron al restringir esta posibilidad, porque habrá una gran cantidad de adultos jóvenes, de 24 ó 25 años, que desearían retornar al sistema escolar para recibir esta educa-ción en forma gratuita, pero no lo podrán hacer.

Sé, también, que nuestro Gobierno y el ministerio están preocupados de este sistema y que se han desarrollado políticas para educar a los adultos, de buscarlos activamente, para ofrecerles garantías y programas de escolaridad, tanto en la enseñanza básica como en la media.

Me habría gustado que el artículo hubiese sido reformado en nuestra Constitución como los diputados lo propusimos y no como quedó en la enmienda del Senado.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Señora Presidenta , se han dicho muchas cosas respecto del proyecto. Por ejemplo, que se trata de una reforma constitucional, lo cual es absolutamente cierto. Pero lo más importante es que nadie está obligado a lo imposible. Vale decir, no se puede dictar una ley para que todos estudien y terminen la educación básica y media si no existen los medios para ello.

En consecuencia, el proyecto es, justamente, para garantizar el derecho a la gratuidad de su educación a los que no pueden pagarla. Si no se aprueba la gratuidad, se estaría obligando a lo imposible. Es un aforismo jurídico decir que nadie está obligado a lo imposible. Por lo tanto, con esta iniciativa se subsana el problema de fondo. Se establece la obligatoriedad de la educación básica y media; pero el Estado también se obliga a financiar un sistema gratuito para que las personas puedan surgir y ser mucho más en la vida.

Si se miran las estadísticas, se puede apreciar que éste es un país en el que se mira en menos a los técnicos, al revés de lo que ocurre en el resto del mundo, donde hay siete técnicos por cada tres profesionales. En Chile existen siete profesionales por cada tres técnicos, lo cual es un absurdo. Es un país de profesionales, con falta de capacidad técnica.

Quienes representamos a zonas agrícolas, creemos que el único medio que tiene la gente para salir del subdesarrollo y ser más en la vida es la educación, sobre todo considerando la situación actual de la agricultura.

Señora Presidenta, por su intermedio deseo expresar al señor ministro -y lo felicito por su entusiasmo-, al cual conocemos desde hace tantos años como colega parlamentario, que espero que esto no sea letra muerta.

Además, quiero ahondar en un par de cosas que me interesan mucho. Primero, se hizo una profunda reforma al sector salud, pero se cometió un tremendo error: se invirtió en puertas, ventanas y pinturas, pero no en lo principal: en el recurso humano, en las personas que deben estar capacitadas para llevar a cabo la reforma.

Segundo, se habla de que se han construido muchos establecimientos educacionales, miles de metros cuadrados más, pero también queremos excelencia en los colegios. No queremos tener un tremendo edificio en el cual la educación que se imparte no conduce a nada. Por tanto, con el complemento de esta ley, se le puede decir a los alumnos: “Aquí tenemos los colegios, la excelencia; sistemas como Enlace, internet, o sea, todo para educarse y salir adelante, y, además, la gratuidad.

Este es el gran mérito del proyecto, y no que sea una reforma constitucional. El gran mérito es que exista transversalidad o que estemos todos de acuerdo, porque nadie puede estar en desacuerdo con la educación. Realmente es un paso importante, por cuanto subsana el problema de que nadie está obligado a lo imposible. Es decir, la persona puede estudiar aunque no tenga los medios.

Por lo tanto, el Estado ha dado un paso gigantesco en esta materia al decir: “Usted va a estudiar; nosotros le vamos a pagar la carrera y lo único que tiene que hacer es ir al colegio, inscribirse y terminar”. Ahora, que existan trescientos mil cupos más o trescientos mil cupos menos da lo mismo, porque la gente no estudia por ley. Lo que queremos es hacer conciencia de que lo único que necesitan los niños, la juventud y los adultos para salir adelante es la educación. Si hacemos conciencia sobre el particular, ayudamos a la difusión del proyecto y a que sea una realidad, contribuiremos enormemente.

Por último, respecto de la edad, creo que debe haber libertad. No veo por qué vedar a una persona de 30 ó 32 años si hoy hasta en programas de televisión se felicita a la gente de cincuenta, sesenta o setenta años por entrar a la universidad. Para la educación o el aprendizaje no debe existir tope de edad, sino las ganas, el entusiasmo y las condiciones para que los jóvenes, adultos o cualquier persona pueda capacitarse, salir de la pobreza y así contribuir a tener un país más digno, con equidad. En esto, lo principal es la educación.

Por eso, con entusiasmo, con fuerza y con cariño por los niños, jóvenes y adultos que quieran educarse, votaré favorablemente.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.

El señor SÁNCHEZ.-

Señora Presidenta , nuestro país se ha caracterizado por implementar leyes tendientes a la consagración de la educación mucho antes que varios otros países latinoamericanos. Ya lo hizo, hace muchos años, con la aprobación de la educación básica obligatoria y lo ha seguido realizando con la concertación de voluntades para ir avanzando en la educación técnico-profesional y, últimamente, con la puesta en marcha de la reforma educacional, con la jornada escolar completa y con la validación de distintos mecanismos de medición, como es la prueba Simce .

El proyecto que seguramente aprobaremos esta mañana, es sin duda una iniciativa verdaderamente revolucionaria -dicho en el sentido positivo de la palabra-, pues su ejecución implicará el compromiso de muchos actores de nuestra sociedad, cuya acción, al confluir en un único objetivo común obtendrá como resultado cifras que, creo, serán sumamente alentadoras. Y cómo no han de serlo, si la obligatoriedad que impone el proyecto debiera alejar a los jóvenes, a nuestros hijos, del flagelo de la droga, de la delincuencia; separarlos de influencias que a nada bueno conducen, ahuyentar el fantasma de la deserción y el abandono prematuro de las aulas, señalándoles un derrotero de desarrollo que hoy no tienen.

Quizás, algunos no estarán de acuerdo con esta iniciativa, probablemente, por razones valederas, como, por ejemplo, la mala situación económica que afecta a muchas familias, lo que obliga a muchos menores entrar al mundo del trabajo mucho antes de lo esperado, transformándose, muchas veces, en el único pilar de sustento para esos hogares. No obstante, lo mismo se pudo haber cuestionado cuando se aprobó la educación básica obligatoria, más aún en el tiempo en que el trabajo infantil, lejos de estar erradicado, en algunos países industrializados era utilizado masivamente para incrementar los procesos productivos. Basta recordar las dramáticas imágenes de la revolución industrial en Europa y, posteriormente, el auge de la extracción del carbón en Inglaterra, lugar que debido al tamaño de los piques desde donde se extraía el carbón, así como el bajo costo de la mano de obra, se preferían a los niños. Sin embargo, esta situación fue cambiando paulatinamente con el correr del tiempo, entregando a los niños mejores condiciones de vida, como lo han demostrado positivamente las cifras. Lo mismo ha sucedido en el ámbito educacional, en el profesional y en el desarrollo general de la sociedad. Han mejorado las condiciones de trabajo y se ha entregado mayor dignidad a los trabajadores.

Por ende, creo que la obligatoriedad y la consecutiva gratuidad de la educación media, más temprano que tarde, tendrá positivos resultados y, sin vacilar, se puede asegurar que esta reforma constitucional quedará marcada con distinción en la historia de nuestro país. No es una reforma común; no es una reforma cualquiera, y el costo que pueda tener para el Estado será mínimo. Es una inversión que dotará al país de personas con mayor capacidad y mayor autoestima y de una tradición y cultura que descansarán, en parte, en la educación que entregaremos a nuestros hijos. De este modo, consolidaremos parámetros que nos permitirán manejar otros conceptos en el área educativa; una preocupación que nos allegue a las cifras y resultados de los países desarrollados; una calidad de vida que nos conduzca hacia una equidad en la educación que, a su vez, permita un acceso más expedito a la educación superior, que es el siguiente nuevo desafío, ya sea en lo técnico o en lo profesional.

Como señaló el diputado señor Rojas, aludiendo al tema técnico, aquí se necesitan menos “caciques” y más trabajadores. Creo que, como sociedad, seguimos estando en deuda en esta materia, sobre todo cuando vemos que el trabajo técnico, tanto o más necesario que el profesional, es mal remunerado. Creo que en este caso se puede aplicar con propiedad el dicho popular “muchos caciques y pocos indios”. La idea es que tengamos muchos más trabajadores -más “indios”, en el buen sentido de la palabra y con el mayor respeto- que profesionales, que hoy hacen nata y que no tienen alternativas para desarrollarse.

No podemos soslayar las cuestiones que “cojean” en nuestra educación -acabo de señalar los problemas relacionados con los técnicos en comparación con los profesionales o técnico-profesionales-: la escritura, la lectura y las matemáticas. Es posible que lo mediático o los reality shows -por decirlo de alguna manera-, que para muchos representan un retroceso cultural, estén provocando el deterioro o el escaso desarrollo de estas habilidades, que deberían estar a la altura de los esfuerzos que se están realizando. No puedo olvidar que hace algunos años, en esta misma Sala, el entonces diputado Enrique Krauss se refirió a la coprolalia que se advertía en los medios de comunicación, esto es, al empleo de frases y palabras soeces, lo que si bien no representaba un retroceso, debía movernos a preguntarnos si estábamos haciendo bien las cosas en materia educacional. Se trata de temas que es necesario analizar con detención y en el ámbito de las políticas educacionales impulsadas por el Ministerio de Educación.

Volviendo al tema que nos convoca, si bien el proyecto deja materias pendientes, significa un salto gigantesco en el desarrollo de la sociedad y de sus capacidades, razón por la cual todos los sectores debemos apoyarlo con mucha fuerza, dejando de lado los ideologismos. Reitero que se trata de un paso inmenso que, ciertamente, señala el único derrotero y medio para alcanzar la igualdad, la cual no se logra sin educación, capacitación y preparación. Éste es un paso para lograr esa igualdad a que todos aspiramos.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel (Presidenta).-

Tiene la palabra el diputado señor Edgardo Riveros.

El señor RIVEROS.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero señalar un elemento contextual.

No podemos perder de vista que el proyecto que hoy estamos conociendo en la penúltima etapa de su tratamiento plantea una reforma constitucional. Es decir, estamos legislando sobre nuestra Carta Fundamental y respecto de un capítulo específico: los derechos y deberes constitucionales, específicamente el artículo 19, número 10, que garantiza el derecho a la educación.

No debemos perder de vista esto porque, al reformarse la Constitución Política toda la estructura jurídica del Estado deberá adaptarse a lo que estamos estableciendo constitucionalmente. Es decir, toda la legislación y también la administración tendrán que ajustar su actuar a esta norma constitucional. Por lo tanto, no se trata de una ley cualquiera. Pero, junto con esto, no podemos incluir en una norma constitucional las particularidades que sí podemos establecer en normas de otro rango, como pueden ser las leyes. Es lo que quería señalar como elemento contextual.

En segundo lugar, no cabe duda de que una reforma constitucional de este tipo mejorará las condiciones de la educación en nuestro país. En verdad, me habría gustado que el Senado de la República no hubiera agregado la frase que agregó al final del inciso quinto -lo digo con toda sinceridad-, porque establece una limitante. En Chile la educación de adultos es una realidad, y la extensión de la gratuidad a los adultos, sin limitarla hasta los 21 años, habría sido un avance aún mayor. Esta reforma constituye un avance, pero limitado debido al agregado que hizo el Senado a la norma que despachó la Cámara. Digo que la educación de adultos es una realidad, y al ampliar la gratuidad habríamos permitido también un mejor proceso de transición. Hay muchos adultos que quieren terminar su educación, porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando eran jóvenes.

Quería hacer esta precisión, lo que no significa que no vaya a votar favorablemente la modificación del Senado.

Por otra parte, quiero reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones. La educación es la principal herramienta que tiene un Estado para igualar oportunidades y, a través de ello, permitir la movilidad social. Creo que esto podemos testificarlo de mejor manera quienes en nuestra niñez y juventud tuvimos acceso a una educación pública gratuita, lo que fue de gran ayuda para nuestras familias. Entonces, si hoy día puedo financiar la educación de mis hijos se debe, en gran medida, a que yo tuve la oportunidad de beneficiarme con una educación fiscal -hoy municipalizada- de calidad y gratuita. Es un derecho que el Estado debe garantizar y que ahora, en virtud de esta reforma, lo está ampliando a la enseñanza media.

Considero muy importante tenerlo presente, porque la igualdad de oportunidades no puede ser considerada un gasto ni analizada con criterios exclusivamente economicistas. Hay que mirarla desde la perspectiva que el Estado está invirtiendo en lo que es más necesario: la gente, y en un ámbito tan importante como es la educación.

Por último, aquí se ha dicho que la calidad de la educación es muy importante. Ciertamente, junto con garantizar un nivel de educación, hay que preocuparse también de su calidad, pero desde la perspectiva de valorar lo que nuestro país ha estado haciendo en esta materia, particularmente, en los últimos doce años. Debemos recordar que la inversión pública en educación estuvo paralizada durante más de diez años y que, a partir de 1990, fue necesario hacer un enorme esfuerzo para recuperar la falta de inversión en la educación pública durante más de un decenio. Nadie puede olvidar ni perder de vista este hecho, sobre todo cuando se realizan críticas a lo que se ha estado haciendo durante estos últimos doce años.

Mejorar la calidad de la educación no significa preocuparse sólo de entregar, por ejemplo, mayores conocimientos en matemáticas y en comprensión de lectura -también hay que preocuparse de ello-, sino en poner énfasis también en otros aspectos que hoy constituyen un desafío para la educación, como son, la informática y los idiomas. Por cierto, el conocimiento de un idioma extranjero no era un desafío para generaciones pasadas, como la mía; pero hoy su aprendizaje, en particular, del inglés, pasa a ser una necesidad en un mundo que se está globalizando. Eso también debe estar presente en la educación fiscal municipalizada, en esa educación que aquí se reitera que es de acceso gratuito, pero que ya no sólo corresponde a la educación básica, sino que a la media.

Por eso, mirando las cosas a futuro, si bien el proyecto representa un gran avance constitucional que habrá que complementar en el terreno de las leyes y de la administración, habría sido mejor aprobarlo en los términos en que lo hizo la Cámara, sin el agregado del Senado.

Sin embargo, de todas maneras votaremos favorablemente este proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra el diputado Francisco Bayo.

El señor BAYO.-

Señora Presidenta, es indudable que nadie puede estar en contra de un proyecto de reforma constitucional como éste. Sin embargo, deseo hacer dos reflexiones que estimo pertinentes.

La primera de ellas tiene relación con la calidad de la educación que hoy día se está entregando en Chile. Estudios recientes de la Unesco demuestran que, en lo que a matemáticas se refiere, sólo el 15 por ciento de los escolares que egresan de octavo básico tienen los conocimientos que se les exigen a quienes aprueban ese nivel básico. Es un hecho real y sucede en Chile, que invierte el 7,2 por ciento de su producto interno bruto en educación.

Ya se ha dicho aquí que hay suficientes escuelas y profesores; pero también es necesario preocuparse de la calidad de la educación. Tenemos conocimiento -nos alegramos por ello- de que esta materia ha sido privilegiada por el actual ministro de Educación . Asimismo, consideramos que esa Secretaría de Estado, por la vía de las inspecciones y fiscalizaciones, tiene un papel destacado que cumplir para que la calidad de la educación acompañe al aumento de los años de escolaridad. Creo que esto no puede dejarse pasar.

La otra reflexión gira alrededor de lo que esta reforma significa para el futuro. Soy partidario de algunas ideas de Alvin Toffler , que, en días recientes, ha expresado la importancia que tiene en el mundo de hoy lo que a futuro se conocerá como “la sociedad del conocimiento”. Ya están quedando atrás las economías agrícolas y tradicionales; ya está quedando atrás la sociedad industrial con su economía industrial. En el siglo XXI se debe avanzar hacia la economía y la sociedad del conocimiento y la información. Basta con mirar lo que pasa en Chile para darse cuenta de lo que se puede generar a través del conocimiento de las informaciones; basta con mirar lo que sucede en Irak para saber también la importancia que tiene el hecho de vivir en una sociedad del conocimiento. La sociedad del siglo XXI debe ser la sociedad del conocimiento, y el proyecto de ley de reforma constitucional que hoy analizamos apunta en ese sentido.

Reitero que al mayor número de escuelas, al mejoramiento remuneracional de los profesores y a su incorporación plena al proceso educativo, hay que agregar la certeza de que avanzamos hacia una economía y una sociedad del conocimiento y la información.

Por eso, aplaudimos esta iniciativa y, a pesar de las observaciones que se han hecho con respecto a la modificación del Senado, anunciamos nuestro voto favorable.

He dicho.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Tiene la palabra al señor ministro de Educación .

El señor BITAR ( ministro de Educación ).-

Señora Presidenta , en esta primera sesión que me corresponde asistir a la Cámara de Diputados como ministro de Educación , he tenido el privilegio de escuchar un debate de gran altura sobre el futuro de la educación chilena. He participado en una discusión histórica, que se compara sólo con la de 1920, cuando el Congreso aprobó la ley de instrucción primaria obligatoria.

Esta vez, Chile le dice a sus ciudadanos y al mundo que se compromete a que ningún hijo suyo tendrá menos de 12 años de estudios al comenzar el siglo XXI.

Junto con aprovechar la oportunidad de saludar a la Presidenta y a la Mesa, quiero agradecer el respaldo de todos los parlamentarios -diputados y senadores- para sacar adelante la reforma constitucional, que para mí es motivo de profunda emoción por haber sido uno de sus autores como senador. Ingresó al Senado, pero más tarde fue ampliada por el Ejecutivo mediante un mensaje para establecer la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

Debo destacar que es una mera casualidad que me corresponda participar como ministro en esta ocasión. Además, que en la misma sesión esté en tabla el proyecto que propone la erección de un monumento en memoria del Cardenal Raúl Silva Henríquez, del cual también soy autor en mi calidad de ex senador. De manera que de tres materias, estoy comprometido en dos en mi carácter de ex parlamentario. Ese hecho, además de lo que ha señalado el Presidente , me obliga a estrechar al máximo el trabajo del Gobierno con la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

El país debe estar orgulloso por el enorme esfuerzo que significará la reforma educacional. Los parlamentarios han dado las cifras. Sé que hay distintas apreciaciones sobre ello, pero no cabe duda de que el salto que dará Chile en materia educativa será fundamental.

Los niños no van con hambre a estudiar y todos tienen oportunidad de leer gracias a los textos que se reparten gratuitamente y acceso a un computador que posibilita navegar en internet. Pero eso no basta, porque, con razón, diputados y diputadas han señalado que el punto central es la calidad. Al respecto, quiero reafirmar el compromiso del Gobierno de que en la etapa que se entrará con la reforma educacional habrá más complejidad y calidad; no sólo cobertura. Con ello se conseguirá mayor equidad. El factor humano es esencial, ya que el esfuerzo será complejo, pero valdrá la pena hacerlo. Deberá motivarse al profesorado y promoverse la participación de los padres y apoderados; mejorar la gestión en las escuelas, liceos y universidades.

Al terminar esta breve intervención, quiero señalar que el establecimiento del límite de 21 años de edad, beneficia a más de 300 mil personas que no han cursado su educación media. De manera que el esfuerzo del país para satisfacer esta demanda va a requerir de un trabajo muy importante.

Una de las decisiones será tomada mañana en la Comisión Mixta conformada para dirimir la materia. Ojalá se pronuncie en el sentido de aprobar una subvención antideserción, a fin de retener a los niños mediante el incremento del subsidio al sostenedor y posibilitar así que un niño proveniente de una familia indigente permanezca en el liceo hasta terminar la educación media. Debemos tomar más medidas en ese aspecto, pues las cifras son preocupantes.

Asimismo, deseo expresar a los diputados que han señalado que es innecesario fijar el tope de 21 años y que esta reforma constitucional se debería aprobar sin límite de edad, que esa decisión, aunque no es la ideal, es mejor que lo que tenemos. Además, hay dos hechos que la sustentan.

Primero, la educación de adultos será un tema permanente en el país e irá mucho más allá de esta reforma. La prolongación de la vida requiere de un proceso continuo de formación que exigirá de Chile un conjunto de medidas bastante más variado que el incluido en los términos de “educación media”.

Segundo, tal vez una cifra poco conocida, pero que me ha impactado: aproximadamente el 60 por ciento de la fuerza de trabajo no ha terminado la educación media. De manera que si se dejara abierta la posibilidad de estudiar a cualquier edad, la demanda ascendería por lo menos a dos millones y medio de chilenos -muchos intentarían una enseñanza técnico-profesional a través de la educación media- y no estamos en condiciones de enfrentarla de inmediato. Por lo tanto, la reforma carecería de viabilidad y sería poco seria. Por ello, la fórmula propuesta por el Senado, por unanimidad, y que la Cámara debe resolver ahora, permite una respuesta con responsabilidad a aquello.

Por último, la decisión que se tomará en unos minutos más será histórica. Se compararía, como dije, con la de 1920, cuando se extendió la educación a seis años durante el primer gobierno de Alessandri Palma y luego a ocho, en el gobierno de Frei Montalva, en 1967. Al comenzar el siglo XXI serán doce años.

La educación, tarea de todos, es la riqueza de Chile. Permitirá crecimiento y desarrollo con igualdad. Muchas gracias.

-Aplausos.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

En votación la modificación del Senado al proyecto de reforma constitucional que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

La señora ALLENDE, doña Isabel ( Presidenta ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:

Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Álvarez, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi ( doña María Angélica), Cubillos ( doña Marcela), Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, González (doña Rosa), González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Leal, Letelier (don Felipe), Longton, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella ( doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez ( doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda ( doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Valenzuela, Varela, Vargas, Venegas, Vidal ( doña Ximena), Villouta, Von Mühlenbrock y Walker.

-Se abstuvo el diputado señor Ibáñez (don Gonzalo).

Nota: No existe constancia del Oficio Ley por el cual se aprueban Modificaciones del proyecto en este Trámite Constitucional.

Valparaíso, 7 de Mayo de 2.003.

Oficio Nº 22.141

A S. E. El Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

“Artículo único.- Sustitúyese el inciso quinto del numeral 10º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por el siguiente:

“La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.”.”.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

ANDRES ZALDIVAR LARRAIN

Presidente del Senado

CARLOS HOFFMANN CONTRERAS

Secretario General del Senado