Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.
Fecha 22 de enero, 2002. Mensaje en Sesión 26. Legislatura 345.
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE SUSPENDE APLICACIÓN DE LOS FOTORRADARES Y AMNISTIA INFRACCIONES.
SANTIAGO, enero 22 de 2002
MENSAJE Nº 223-345/
A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO.
_______________________________
Honorable Senado:
Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que amnistía las infracciones o contravenciones y a los infractores, en su caso, a las normas del tránsito cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y que suspende por noventa días la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones.
I.ANTECEDENTES.
1.La Ley Nº 19.676.
La Ley Nº 19.676, publicada en el Diario Oficial el 29 de mayo del año 2000, originada en un Mensaje del Ejecutivo, enviado a tramitación en julio de 1992, entre otras disposiciones, modificó aspectos fundamentales del régimen procesal y sustantivo del tránsito y obedeció a un detallado estudio de los poderes colegisladores. Dicha ley, en primer lugar, limitó drásticamente las funciones que carabineros debían efectuar en los procesos en trámite ante los Juzgados de Policía Local, liberando personal para tareas propias de la función policial (Nº 3 del artículo 1º).
Terminó también con la facultad de decretar el arresto del conductor en caso de no poderse notificar las acciones por falsedad de domicilio del conductor o del propietario del vehículo. Además, mejoró el sistema de denuncia al Tribunal de las infracciones que se sorprendieran (Nº 1 del artículo 1º); agilizó la tramitación al incorporar expresamente el uso de medios modernos de información y consulta de antecedentes anotados en los diversos Registros existentes. Asimismo, simplificó el procedimiento en casos infracciones simples, sin consecuencia de daños, posibilitando la aceptación de la sanción por parte del infractor eximiéndolo de concurrir al Tribunal (letra a) del Nº 5 del artículo 1º). Enseguida, mejoró la norma relativa a la notificación por carta certificada, general en el procedimiento (letra b) del Nº 4 del artículo 1º). Finalmente, creó medidas alternativas al arresto, como forma de cumplir las penas privativas de libertad (Nº 6 del artículo 1º); todo dentro del mismo criterio general manifestado por el legislador, en orden a reemplazar la posibilidad de arrestar, sin crear impunidad y de facilitar y agilizar el procedimiento.
También dicha ley creó un Registro de Infracciones del Tránsito no pagadas, administrado por una empresa privada. Con ello se cumplió una doble finalidad. Por una parte, anotar todas las infracciones impagas, evitando la impunidad en materia del cumplimiento de las sanciones impuestas en materias de tránsito. Por la otra, estableció que la anotación de la infracción no pagada impide renovar el permiso de conducir. La ley dispuso también que los Secretarios de los Juzgados de Policía Local deben enviar a dicho Registro las anotaciones por multas no pagadas, cada dos meses. El plazo de prescripción que estableció la norma fue de tres años contados desde la fecha de la anotación. Dicha anotación puede borrarse por orden del Juez que la estableció, previo pago de la multa correspondiente. El reglamento de este Registro es el decreto Nº 152 del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, publicado el 12.10.2000.
La Ley Nº 19.676 estableció también la posibilidad de registrar infracciones apoyándose el denunciante por otros medios que la simple observación, tales como películas cinematográficas, fotográficas, fonográficas u otras formas de reproducción de la imagen y del sonido.
Para que dichas infracciones puedan ser registradas por los equipos, éstos deben cumplir con dos condiciones. Por una parte, deben reunir los estándares técnicos de confiabilidad y certeza regulados en un reglamento (decreto Nº 151, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial 12.08.2000). Por la otra, deben ser empleados por Carabineros o inspectores fiscales o municipales.
La ley señala que los equipos deben estar advertidos mediante señales de tránsito y no pueden violentar el respeto y la protección a la vida privada. El Reglamento para la instalación de esos equipos es el Decreto Supremo Nº 86, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el 12 de noviembre de 2001.
El cambio que introdujo la Ley Nº 19.676 no hizo otra cosa que regular el uso de los "Equipos de Registro de Infracciones" que se venían aplicando por diversas Municipalidades del país desde 1998 a lo menos. En marzo de seis año, se llevó a la práctica un "Proyecto Piloto" de CONASET y la Municipalidad de Santiago, que dio como resultado la comprobación efectiva de una disminución en un 56 % de los accidentes de tránsito y en un 47 % del número de víctimas de accidentes, en el período de un año.
2.La moción de los Senadores Zaldívar y Ríos.
Los Senadores Andrés Zaldívar y Mario Ríos, el 30 de octubre del año 2001, presentaron una moción destinada a dejar sin efecto algunas de las modificaciones, introducidas por la Ley Nº 19.676.
Específicamente, la moción tenía por propósito derogar el Registro de Multas Impagas de Tránsito, derogar los mecanismos alternativos de registro de las infracciones de tránsito y amnistiar a todos los conductores de vehículos motorizados que hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a la Ley del Tránsito sobre la base de los elementos probatorios de registros de infracciones alternativos.
Los Senadores autores de la moción, atendiendo al malestar el uso de estos mecanismos generó en diversos sectores de la población, fundamentaron la iniciativa en la necesidad de perfeccionar la regulación de estos instrumentos. De este modo, se hicieron eco de la ineludible dificultad que conlleva la introducción de innovaciones normativas como las contenidas en la Ley Nº 19.676, especialmente cuando requieren o imponen modificaciones a la conducta ciudadana y alteran ciertos parámetros culturalmente arraigados en la población.
Dicha moción fue aprobada en el Senado, unánimemente, el 16 de enero del 2002.
El 22 de enero, estando el proyecto en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo lo retiró de la Legislatura Extraordinaria de Sesiones.
II.COMPROMISO DE PERFECCIONAR LA LEGISLACION EN MATERIA DE FOTORRADARES.
Diversas críticas se han expresado respecto del sistema de fotorradares. Se ha señalado que no tienen la suficiente advertencia para el conductor, que se usa como mecanismo recaudatorio para los municipios y con fines de seguridad del tránsito, que constituye una fuente de ingresos para las empresas que dan este servicio.
El Ejecutivo considera que la normativa puede ser objeto de perfeccionamientos a fin de evitar las dificultades que se constaten en su aplicación. Pero también estima que el sistema de registro de infracciones que utilicen formas de reproducción de imágenes o de sonido, son un buen instrumento para fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento del tránsito y, de esa forma, evitar o prevenir accidentes. Su derogación retrotraería la situación a la anarquía que existió antes de la reforma de la Ley Nº 19.676.
Para tal efecto, formulará indicaciones a la moción de los H. Senadores Zaldívar y Ríos, una vez que ésta se reincorpore a la Legislatura Extraordinaria, después del receso de febrero.
Con el fin de enlazar la discusión y aprobación de dichos perfeccionamientos con la situación actual, la presente iniciativa suspende la vigencia de "los fotorradares" por noventa días y dispone la amnistía de todas las infracciones producidas con anterioridad a la vigencia de esta ley, permitiendo estudiar a fondo las mejoras a introducir y poner adecuado término a cualquier abuso o injusticia que pudiera cometerse si se hace un uso adecuado de los instrumentos que la ley ha creado.
III.CONTENIDO DEL PROYECTO.
1.Otorga amnistía general.
El proyecto que se somete en esta oportunidad a consideración del H. Congreso, tiende a cumplir con los propósitos enunciados y contempla, en primer lugar, una amplia amnistía e indulto destinados a beneficiar a todos aquellos conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente iniciativa, hubieren sido denunciados o se encontraren sentenciados por alguna infracción o contravención a las normas de tránsito cursados a través del sistema o mecanismo de "fotorradares", con excepción de aquellos que hayan dado origen a un accidente de tránsito y de los que hayan dado cumplimiento a la sanción que les fuere impuesta.
Lo anterior significa la desaparición, tanto de las infracciones cometidas durante el periodo cubierto por la amnistía, como de las responsabilidades derivadas para sus autores.
Estos beneficios se harán extensivos también a los propietarios de los vehículos motorizados cuando, en las mismas circunstancias descritas en el párrafo anterior, recaiga sobre ellos la responsabilidad subsidiaria contemplada en el artículo 175 de la Ley Nº18.290, de Tránsito.
El proyecto reproduce en esta parte el artículo 3º de la moción de los senadores Zaldívar y Ríos, en los términos que fue despachada por el H. Senado.
2.Suspensión de la aplicación del sistema de fotorradares y del Registro de Multas de Tránsito no Pagadas.
En segundo lugar, la presente iniciativa suspende, por el plazo de noventa días, a contar de la entrada en vigencia de la presente ley, todo el sistema de "fotorradares".
Durante este plazo, se realizarán en el Congreso Nacional los ajustes y perfeccionamientos al sistema destinado a darle más eficiencia y transparencia, de modo que cuando la norma cobre su pleno vigor, lo haga libre de imperfecciones.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, para ser tratado en la actual Legislatura, Extraordinaria, de Sesiones del Congreso Nacional, el siguiente
PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1º.- Concédese amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de esta ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, salvo que hayan dado origen a un accidente del tránsito. Esta amnistía se extenderá, asimismo, a los propietarios de los vehículos motorizados cuando, en las mismas circunstancias, recaiga sobre ellos la responsabilidad subsidiaria que contempla el artículo 175 de la Ley de Tránsito.
Si en el respectivo proceso hubiere recaído sentencia ejecutoriada que haya dado lugar a una anotación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados y en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, éste procederá a eliminarla de oficio. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá recabar de dicho registro la eliminación de la anotación, con el solo mérito del certificado que, a petición verbal o escrita, le extenderá el juzgado de policía local acreditando el hecho de estar beneficiado por la amnistía a que se refiere el inciso primero.
No obstante, las multas que se hubieren enterado en la Tesorería Municipal respectiva no podrán ser objeto de reembolso alguno y la amnistía de que se trata no dará lugar a deducir acciones indemnizatorias de perjuicios.
Artículo 2º.- Suspéndase, por el plazo de noventa días, la vigencia de los incisos segundo a séptimo del artículo 4º, de la Ley Nº 18.290, agregados por el artículo 2º Nº 1 de la Ley Nº 19.676.".
Dios guarde a V.E.,
RICARDO LAGOS ESCOBAR
Presidente de la República
JAVIER ETCHEBERRY CELHAY
Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
MARIO FERNÁNDEZ BAEZA
Ministro Secretario General de la Presidencia
Fecha 23 de enero, 2002. Diario de Sesión en Sesión 26. Legislatura 345. Discusión General. Pendiente.
SUSPENSIÓN DE USO DE FOTORRADARES Y AMNISTÍA PARA INFRACCIONES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El objeto de esta sesión especial es tratar el proyecto, iniciado en mensaje, que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito, cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspender por noventa días la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2889-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 26ª, en 23 de enero de 2002.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).-
El señor Presidente pone en discusión el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre suspensión de la aplicación de los fotorradares y amnistía de las infracciones cursadas.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto, calificándolo de "Discusión Inmediata".
Su objetivo es otorgar una amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de la ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones y suspender por noventa días la vigencia de los equipos denominados fotorradares.
Por acuerdo de los Comités del día de hoy, se eximió del trámite de Comisiones a tal iniciativa.
Cabe hacer presente que las normas contenidas en el proyecto requieren para su aprobación el voto de 25 señores Senadores.
Finalmente, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, el proyecto debe ser discutido en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "Discusión Inmediata".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión general y particular, el proyecto.
Tiene la palabra el Ministro Secretario General de la Presidencia .
El señor FERNÁNDEZ ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
Señor Presidente , después de dos días de expectación ciudadana, el Senado está sesionando para pronunciarse sobre la suspención de los fotorradares por noventa días y la amnistía para los infractores detectados con tal mecanismo.
Quiero expresar mi convicción de que el Ejecutivo y el Congreso han actuado inspirados por el bien común, tratando de encontrar la mejor fórmula de solución al problema que nos ocupa.
Si la decisión del Gobierno de retirar el proyecto ya aprobado por el Senado ha sido un empleo brusco de esta prerrogativa legislativa, ofrezco mis excusas a la Corporación; pero nuestro propósito sólo ha sido impedir que la disparidad de criterios entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo se formalizara a través de un veto.
Existe la percepción de que en la operación de los fotorradares se ha incurrido en abusos. Al margen de que éstos registran infracciones, las personas creen que los municipios no los han utilizado con el objeto de velar por el respeto al ordenamiento jurídico del tránsito y de evitar accidentes, sino como instrumento para recaudar recursos.
En el diario "El Mercurio" de Santiago de hoy se consignan las recaudaciones que arrojó el sistema. Dicho listado lo encabezan los principales municipios del país.
Además, la existencia de un Registro de Multas Impagas , de consulta obligatoria por los municipios al momento de renovar permisos de circulación, ha generado inquietud en la población por la posibilidad de verse afectada por dicho instrumento.
La moción de los Senadores señores Andrés Zaldívar y Ríos recogió esta inquietud y planteó una alternativa de solución: derogar el Registro de Multas Impagas , así como el mecanismo de fotorradares. Además, proponía una amnistía para todos los infractores detectados por ese instrumento.
La semana recién pasada el Senado aprobó unánimemente esa moción, luego de un análisis en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y de una discusión muy acotada en la Sala. El Ejecutivo explicitó su posición en esta materia en dicha comisión, aunque sin presentar indicaciones.
El Gobierno -quiero decirlo con mucha claridad- es partidario de los fotorradares como instrumentos auxiliares, pero no de los abusos en que se ha incurrido con su operación. Ellos constituyen un mecanismo moderno para detectar infracciones y se utilizan en muchos países, con fructíferos resultados en la prevención y disuasión de transgresiones a la normativa y en la disminución de accidentes de tránsito. La única investigación empírica disponible efectuada en la Municipalidad de Santiago apunta en ese sentido.
Deseo mencionar un ejemplo sobre empleo de tecnología que es análogo a la situación que nos ocupa.
En el próximo tiempo, el Gobierno ingresará a trámite legislativo un proyecto de ley destinado al cobro automático de los peajes en las vías urbanas concesionadas. Esto operará también mediante un mecanismo electrónico, que se ubicará dentro de los automóviles, de modo de registrar cada paso por dichas vías. El usuario recibirá sólo el cobro por el uso de las mismas.
En eso también hay tecnología de punta. Pero para que opere el sistema -al igual como en el caso que estamos tratando- es esencial que nadie eluda el pago de los peajes ni cometa infracciones de tránsito.
Por lo tanto, la derogación de los fotorradares y del Registro de Multas Impagas es un asunto cuyo tratamiento debería tomar más tiempo y estudio. Por ello, decidimos retirar el proyecto.
Después de los debates de ayer, agradezco la disposición del Senado para acoger una fórmula de entendimiento a través del proyecto en debate.
La iniciativa, en primer lugar, suspende la aplicación de los fotorradares por 90 días. Dentro de este plazo deberemos identificar los perfeccionamientos necesarios al sistema, para corregir abusos y vacíos. En esa línea, el Gobierno desea anunciar en esta oportunidad que también revisará el destino de los ingresos que se recauden por las multas provenientes de las infracciones cursadas sobre la base de fotorradares, con el propósito de que no se establezca una relación entre infracciones y recaudaciones para las arcas de cada municipio.
Se buscará, entonces, el perfeccionamiento del sistema de fotorradares, y no la derogación de su empleo.
Los perfeccionamientos al sistema se harán mediante indicaciones a la moción de los Senadores señores Andrés Zaldívar y Mario Ríos , las que se presentarán en marzo en la Cámara de Diputados, reponiéndose el proyecto en esa Corporación.
En segundo término, la iniciativa en discusión amnistía a todos los infractores, para lo cual recoge exactamente lo propuesto en la referida moción y se hace cargo de un clamor popular.
En tercer lugar, el proyecto sometido a la consideración del Senado no toca el Registro de Multas Impagas -éste mantiene su plena vigencia-, pues en él se anotan no sólo las multas no pagadas por infractores y que son cursadas sobre la base de fotorradares, sino también todas las infracciones de tránsito morosas.
En definitiva, creo que estamos en presencia de una buena fórmula. Lo pudimos hacer de otra manera, quizás. Pero lo relevante es que la encontramos y los beneficiarios, a pesar de las críticas que hemos recibido, serán las personas. En este sentido, la Constitución da facultades a ambos Poderes del Estado para buscar el bien común.
Junto con reiterar una vez más mi agradecimiento por la disposición tenida por la Cámara Alta -especialmente del señor Presidente -, formulo un llamado para que el proyecto de ley sea aprobado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Deseo agradecer muy sinceramente al señor Ministro las palabras que ha expresado hacia el Senado y las proposiciones que ha traído a la Sala.
Efectivamente, se trata de una materia que hemos podido superar con un buen entendimiento y con proposiciones concretas, respecto de las cuales creo que la Corporación está atenta como para proceder a su despacho.
Además, deseo destacar la voluntad de los Comités del Senado de reunirse hoy en la mañana para analizar el tema y de dar su acuerdo para celebrar esta sesión especial, con el objeto de abocarnos al tratamiento de la iniciativa.
La idea es que, si la Sala se pronuncia hoy -como debe ser-, el proyecto se remita a la Cámara de Diputados y que el asunto quede zanjado en los términos propuestos.
En todo caso, deseo manifestar que hay una proposición de los Comités -ya se la hice presente al señor Ministro - que podría ser considerada: en lugar de un plazo de 90 días, se establezca uno de 120 días. A mi juicio, la petición es razonable y en nada entorpece la tramitación del proyecto.
El señor FERNÄNDEZ ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).-
De acuerdo, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Señor Presidente, con motivo de este análisis, deseo dar a conocer un antecedente importante que, en mi opinión, es revelador de cómo se ha manejado la situación relacionada con los fotorradares.
Hace algún tiempo, recibí la denuncia de don Jaime Valdés González y de su esposa Lorena Soto Zamudio , quienes, cuando iban de viaje a Valdivia, tuvieron que pasar por la Municipalidad de Pitrufquén, que se encuentra dentro de mi circunscripción y está ubicada en un lugar contiguo a la carretera.
Ellos hicieron una denuncia a varias personas para que investigaran el hecho insólito de que en plena carretera había una señalización que exigía disminuir la velocidad a 30 kilómetros por hora.
Pues bien, el hecho es que el 12 de enero les cursaron una infracción con apoyo del fotorradar; y el 19 del mismo mes, cuando volvían a Santiago, también fueron sorprendidos, pero ahora con la diferencia de que en la ruta no había aviso que indicara disminuir la velocidad de 100 a 30 kilómetros por hora, pese a lo cual se les hizo efectivo un segundo parte.
Frente a tal situación, esas personas me enviaron una carta. Exigí a la Contraloría General de la República una investigación sobre la materia. Para no extender mis observaciones, daré lectura a dos párrafos de la resolución emitida por el organismo contralor, que fue firmada por el Contralor Regional, señor Ives Zegers Lynch , y acreditada por el fiscalizador del mismo, don Nelson Muñoz Araya .
Dice: "Ahora bien, en conocimiento de que el Inspector Municipal señor Luis Moreno Jara , el día 19 de enero de 2001 hacía uso de permiso con goce de remuneraciones y don Mauricio Palma Parra " -son los inspectores que cursaron los partes- "se encontraba, según el Decreto Alcaldicio Exento Nº 003, de 2001, con feriado legal de 10 días a contar del 15 de enero de 2001, se solicitó en la oficina de fotorradar la nómina de las placas patentes infraccionadas el día 19 de enero de 2001, remitida por la Empresa "Los Andes Ingenieros Constructores S.A.", verificándose 56 partes cursados.".
"A su vez, se requirió parte de los denuncios efectuados, correspondientes a la nómina de las placas patentes infraccionadas el día 19 de enero de 2001, verificándose en 17 de ellos la situación irregular de que el Inspector Municipal que denunciaba las infracciones cometidas ese día en particular al Juzgado de Policía Local de Pitrufquén era el funcionario municipal don Luis Moreno Jara , funcionario municipal que como se expresó anteriormente, hacía uso de permiso administrativo, documentos que además habían sido certificados previamente, según manifestó el Inspector, por el Director de Tránsito don Juan José Chesta Garcés , acreditando que el Inspector en cuestión habría obtenido los medios de prueba operando un equipo con sujeción a la ley.".
Como los señores Senadores pueden observar, se trata de un hecho grave donde se ha sustituido a dos inspectores que, no obstante estar de vacaciones, aparecen firmando un parte por infracción registrada mediante fotorradar. Y figuran como cómplices de esa irregularidad el Director de Tránsito de la Municipalidad y el propio Juez de Policía Local .
De la conclusión del fiscalizador de la Contraloría Regional se desprende claramente que procede disponer la investigación administrativa y sancionar a los responsables, es decir, a quienes suplantaron a los inspectores municipales para cursar los partes por infracciones registradas por fotorradar. El señor Contralor me señaló que desgraciadamente no puede sancionar al Alcalde , pues esto compete a un tribunal de la justicia ordinaria.
Lo expuesto demuestra cómo para allegar recursos una municipalidad recurre a los procedimientos más insólitos y aun reñidos con las disposiciones legales. A eso debe agregarse que la ley otorga un plazo de 45 días para efectuar las notificaciones, el cual en los casos descritos se hallaba excedido.
¡He ahí, señor Presidente, la clase de irregularidades que nos impulsaron a aprobar por unanimidad el proyecto anterior, para evitar que se continuara usando y abusando de este procedimiento!
Lo que nosotros hemos señalado es la inconveniencia, no de los fotorradares sino del uso abusivo de ellos y de resquicios legales en cada una de las normativas sobre la materia, por cuyo motivo en vez de constituirse en un elemento de prevención de accidentes de tránsito han pasado a ser un sistema captador de fondos para financiar los municipios.
El proyecto que la semana pasada aprobamos de buena fe, no contiene ningún elemento contrario ni irregular. Sin embargo, las municipalidades se valieron de resquicios legales para detener su tramitación e ir por distintos caminos que los contemplados unánimemente aquí para corregir la posibilidad de accidentes de tránsito en lugares donde habían ocurrido otros y costado la vida al conductor o causado daño a otras personas.
Me alegro de que el Gobierno haya reaccionado y enviado el proyecto de ley en debate -que de alguna manera permite rectificar el retiro de la convocatoria de la iniciativa indicada- amnistiando a todos los conductores de vehículos motorizados que hubieren sido denunciados por infracciones mediante estos procedimientos irregulares, contrarios a la ley e incluso delictivos. ¡Delictivos!
La presente normativa nos da plazo para introducir correcciones al sistema de fotorradares a fin de que puedan ser usados con propiedad y con miras al objetivo que se persigue. Por cierto, nosotros propiciaremos que los fondos por ese concepto vayan al Fondo Común Municipal, para su distribución. Así, dejará de ser una tentación para algunas municipalidades pobres el hacerse de recursos a costa de la ingenuidad -y también de la mala fe en el uso del sistema- de algunas personas.
De otro lado, es necesario destacar que el artículo 1º de la iniciativa, al establecer la amnistía, habla de quienes hayan incurrido en contravenciones "a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones,". O sea, se refiere a elementos de radar fijos o móviles. Debemos estar conscientes de que comprende a todos los aparatos fijos y a todos los móviles. No hace distingos, por ejemplo, entre una pistola o un equipo fijo, sino que estatuye claramente que el factor probatorio haya emanado de "algún equipo de registro de infracciones".
Reitero, para los efectos del establecimiento de la historia de la ley, que el proyecto del Ejecutivo se refiere a todos los equipos que controlan a través del radar, sean los de Carabineros de Chile o los fotorradares operados por inspectores municipales.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Señor Senador , con el propósito de que no haya problemas, le aclaro inmediatamente que lo señalado por Su Señoría dice relación a la amnistía, no al uso de fotorradares.
El señor LAVANDERO.-
Por eso digo que se refiere a todos los equipos de esa naturaleza.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Insisto en que sólo tiene que ver con la amnistía por las infracciones detectadas mediante esos sistemas de registro.
Durante la discusión de nuestro proyecto, la semana pasada, quedó claro que él no suprime los equipos que usa Carabineros de Chile, sino solamente los fotorradares. Y el que ahora nos ocupa suspende en forma momentánea el uso de estos últimos, pero esencialmente concede amnistía por las infracciones derivadas de ellos.
_______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El señor Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura ha solicitado autorización para funcionar simultáneamente con la Sala de 15:30 a 16, y para que quienes la integran depositen su voto en la testera.
--Se accede.
_______________
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Puede continuar el Honorable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO .-
Lamento discrepar del señor Presidente , que se halla en la testera; pero, en fin, igual reafirmo lo que dije sobre el artículo 1º, que expresa: "Concédese amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de esta ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones,".
El texto citado no excluye los equipos que utiliza Carabineros de Chile. De manera que si no es ésa la intención debe corregirse el precepto, para que no se diga después que los Parlamentarios presentamos iniciativas legales imprecisas o con elementos que más adelante no sirven.
Aquí hay un hecho claro: el Ejecutivo ha enviado un proyecto confuso que ampara todo tipo de equipos de radar, sean fijos o móviles, instalados por las municipalidades (fotorradares) u operados por funcionarios de Carabineros.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Reitero a Su Señoría que el artículo 1º de la normativa en discusión tiene que ver sólo con la amnistía, que sí incluye las infracciones derivadas de todo equipo de registro.
La iniciativa que pasó a segundo trámite a la Cámara de Diputados aborda otro tema.
El señor ROMERO .-
Tiene razón el señor Presidente . Se concede amnistía por toda infracción derivada de esa clase de equipos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Sí. La amnistía es respecto de los partes.
El señor LAVANDERO.-
Lo relativo a los fotorradares se resolverá dentro de 120 días.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Restan tres cuartos de hora para analizar y votar la iniciativa. A las 16 debe estar despachada.
Los señores Senadores que lo deseen pueden dejar su voto en la testera, sin necesidad de intervenir.
Quedan inscritos cuatro oradores, a quienes les pido que ojalá restrinjan su discurso al tiempo más breve posible.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , la Ley de Tránsito provoca muchísimos problemas. Los fotorradares son sólo la punta del iceberg y la cuestión principal a su respecto es el destino de los fondos.
Tal vez logremos terminar con el sistema de fotorradares, pero igual se producirá un abuso sistemático en contra de los automovilistas, como sucedía ya antes de la existencia de esa clase de registro. Cabe recordar que se fijaba una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y Carabineros cursaba alegremente los partes cuando los vehículos iban a 35. ¿Por qué? Porque generalmente la municipalidad instalaba la señal limitando la velocidad a 30 justamente para poder cobrar las multas, que benefician a la entidad comunal.
A mi juicio, no debería aplicarse la misma pena el conductor de un vehículo que circula a exceso de velocidad, por ejemplo a 62 kilómetros por hora en una zona en que la máxima es 60, que al que lo hace a 150 donde la máxima es 80. ¡No es lo mismo! El grado de peligro a que se expone la persona a sí misma y a terceros es muy distinto.
No es lo mismo, tampoco, que un camión (con toda la masa que arrastra) ande a exceso de velocidad, a que lo haga un auto pequeño. Obviamente, la factibilidad de que éste cause daños a terceros es mucho menor.
Resulta inadmisible que las sanciones sean iguales para todos los casos y que la ley no haga distingo, en cuanto a exceso de velocidad, sobre el tipo de vehículo de que se trate.
En ese sentido, el 22 de agosto de 2001 los Senadores señores Chadwick , Novoa , Stange y quien habla presentamos un proyecto que aborda muchos de esos aspectos, porque consideramos que la Ley del Tránsito acusa severos defectos. Sin embargo, no ha figurado en la convocatoria, y pido al Ejecutivo que lo incluya para que podamos empezar a estudiar en forma más amplia todo lo relativo a esa legislación porque, insisto, son múltiples las materias que deberemos analizar.
Llama la atención la actitud que en general ha mostrado el Ministerio de Transportes, o la Subsecretaría del ramo, frente al abuso horroroso que ha significado la operación de los fotorradares. Venimos señalando este hecho desde hace unos dos años y medio, y hoy hemos tenido que recurrir a un proyecto como éste, que concede una amnistía y que, en el fondo, prohibe el funcionamiento de fotorradares, sencillamente porque nunca se han tomado medidas razonables frente al problema.
El Ejecutivo no puede seguir ignorando los rumores a voces -no sabemos si son ciertos, falsos o malintencionados-, difundidos por todas las radioemisoras y programas de información, acerca de posibles conexiones entre funcionarios del Ministerio de Transportes y empresas de fotorradares.
Opino que, ya sea para limpiar el nombre de aquellos funcionarios, o para que la ciudadanía sepa la verdad, el Gobierno debe darles respuesta. Espero que no sea verdad. Nada me consta. Pero la autoridad no puede seguir ignorando esas graves acusaciones.
Me apuntan que la iniciativa está en la convocatoria, pero no ha sido estudiada. En ese caso, señor Presidente, solicito ponerla en tabla.
En seguida, debo señalar que, en lo referente a la utilidad de los fotorradares, solamente el ocho por ciento de los accidentes que ocurren en Chile se debe a excesos de velocidad. ¡Sólo ocho por ciento! Sin embargo, éste es el único factor que en la práctica se controla. Es obvio que aquí se ha producido una falla gravísima de la CONASET, y también de la Subsecretaría de Transportes, porque todavía la ciudadanía carece de información respecto de los lugares y las causas donde se produce la mayoría de los accidentes, y cuáles son mortales o graves. Se insiste en el exceso de velocidad como causa, y en el uso de los fotorradares. Sin embargo, todo parece indicar que las causas principales de los accidentes son los malos accesos, la deficiente condición de los caminos, las señalizaciones inadecuadas, y no el exceso de velocidad.
Por otro lado, mientras no aclaremos el problema de fondo, que es el destino del dinero producto de los partes, los abusos continuarán. Por ejemplo, en este minuto, en la Carretera del Sol se están pasando partes a algunos automovilistas por circular por la pista izquierda. ¡Por eso se levanta una infracción! ¡Es una estupidez! Probablemente, luego nos obligarán a los que transitamos por la Avenida Kennedy a conducir por la pista derecha, y cursarán partes por ocupar la pista izquierda de esa vía. Debo advertir que, desde el punto de vista de la seguridad, todos los países modernos procuran que, ojalá, nunca nadie se cambie de pista. La mayoría de los accidentes no se producen por desplazarse por la derecha o por la izquierda, sino por esa maniobra.
En Inglaterra, donde hay carreteras de cuatro pistas, se usan grandes carteles que dicen "Por favor evite el cambio de pista", porque -insisto- es la causa de la mayor parte de los accidentes. Sin embargo, acá quieren que nos movilicemos por la derecha. En verdad, toda la ley carece absolutamente de sentido.
El origen de esta situación es el apetito insaciable de las municipalidades por conseguir más dinero. Por sus déficit, dependen en su mayoría de los recursos provenientes de los partes para pagar las cuentas de luz, de agua. Por lo tanto, todo el sistema de multas y la Ley de Tránsito no tienen por objetivo la seguridad de las personas, sino cómo sacarles dinero a los automovilistas.
Chile registra tasas por concepto de invalidez y muertes en accidentes del tránsito que resultan vergonzosas e inaceptables. Exhibe tasas que en verdad no es posible seguir aceptando. Esta situación nunca se ha abordado en forma sistemática, y la labor que debería cumplir al respecto la Subsecretaría del ramo ha sido francamente deficiente. Lo hemos señalado aquí en numerosas oportunidades, y espero que algún día abordemos el problema en su conjunto, y no sigamos legislando como ahora, con medidas de parche, con amnistías (ésta es la segunda que tenemos que dictar), porque los automovilistas, a coro, están alegando por el tremendo abuso de que han sido objeto.
La situación de esta actividad en Chile no es aceptable. Tenemos una ley anticuada, mala, carente de sentido y de lógica, por lo que es hora de corregirla con seriedad.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente, entraré derechamente a tratar el proyecto, el que, aparentemente, busca zanjar un problema de coordinación surgido al interior del Ejecutivo.
Me pregunto si en realidad esta iniciativa es necesaria.
El proyecto de amnistía de los Senadores señores Andrés Zaldívar y Ríos reproduce textualmente la parte pertinente de la ley Nº 19.676, que trató de salvar el problema en su momento. Y simplemente la actualizan para hacer extensivos sus efectos al año 2001. Y, a su vez, el proyecto del Ejecutivo hace exactamente lo mismo.
La ley Nº 19.676 no sólo concedió la amnistía, que tuvo su origen en el trabajo de la Comisión Mixta, que me tocó presidir. De hecho, la indicación respectiva fue una iniciativa personal, porque precisamente habíamos advertido lo mismo que hoy fundamenta la inquietud de los autores del proyecto, y ahora la del Gobierno: el mal uso de los fotorradares.
Pero quiero señalar que esa misma iniciativa estableció exigencias perentorias para la utilización de los equipos de fotorradar, y no sólo de éstos, sino que de cualquier equipo en general. En tal sentido, lo que ha afirmado el Senador señor Lavandero es efectivo.
El concepto contenido en el artículo 3º de la ley de amnistía, reproducido por las distintas iniciativas legales anteriores, debemos entenderlo en el contexto de la mencionada ley Nº 19.676, que hizo extensivas sus normas a todo elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones a la Ley de Tránsito: fotorradares, pistolas o cualquier instrumento que sirva para grabar, por medios tecnológicos, alguna forma de probar la infracción al tránsito de que se trata. De manera que hay que entenderlo en el sentido amplio.
Sin embargo, para utilizar esos equipos, a partir de dichas disposiciones, debían cumplirse una serie de exigencias. Y me pregunto si efectivamente se ha procedido en tal sentido, porque tengo la impresión de que no ha ocurrido así.
¿Cuáles son las exigencias que establece el artículo 2º de esa disposición que, curiosamente, en el número 2 del presente proyecto, propone suspender por 90 días precisamente las normas que aseguraban que, antes de utilizar los elementos probatorios, se han de establecer las condiciones para su uso?
En mi opinión, esto es francamente inentendible. Las disposiciones que se quieren suspender son precisamente las que establecen los requisitos para el uso de los fotorradares y demás elementos de carácter tecnológico. ¿Cuáles son? Están al alcance de la mano, y hoy día son ley, aprobadas por el Congreso, y dicen: "Las normas de tránsito cuyo cumplimiento se fiscalice mediante el uso de los equipos antes mencionados, deberán estar señalizadas de conformidad a las disposiciones del manual de señalización de tránsito, cuando corresponda.".
Debo preguntar si el manual de señalización de tránsito ha sido dictado. No lo ha sido.
El señor MORENO .-
El manual existe.
El señor LARRAÍN.-
No. Lo que pasa es que este manual debía actualizarse para cumplir el objetivo, y, además, dar cumplimiento al otro que figura más adelante en el propio texto que estoy citando, y que dice en el número 2, inciso primero del artículo 161 de la Ley del Tránsito: "Se sustituye la expresión "y previo informe de Carabineros" por la siguiente: "previo informe de Carabineros y previo estudio elaborado de acuerdo a los criterios que contemple el Manual de Señalización de Tránsito para la determinación de las velocidades máximas".
Es decir, la lógica de la ley era que el uso de los fotorradares fuese objeto de una regulación de acuerdo con lo señalado en dicho Manual, el que debe predeterminar los límites de velocidad a los cuales habrá de sujetarse la aplicación de los equipos pertinentes.
Por consiguiente, ningún municipio puede utilizar hoy esos equipos si el Manual de Señalización de Tránsito no ha fijado los criterios para determinar las velocidades. Y como esto no se ha hecho, ya tenemos una primera forma de impedir que las municipalidades o Carabineros utilicen los fotorradares, porque falta actualizar el Manual en comento.
En segundo lugar, la ley vigente establece que "El reglamento, que se expedirá por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, contemplará los estándares técnicos que tales equipos" (aquellos de los cuales estamos hablando) "deberán cumplir en resguardo de su confiabilidad y certeza, y establecerá las condiciones en que han de ser usados para que las imágenes u otros elementos de prueba que de ellos se obtengan puedan servir de base para denunciar infracciones o contravenciones.".
Ese reglamento tampoco ha sido dictado. Por ende, no pueden aplicarse los equipos de fotorradares u otros semejantes, pues para ello se requiere que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establezca los estándares, lo que no ha sucedido.
Pero hay más, señor Presidente . La misma normativa agrega: "Para que carabineros o los inspectores fiscales o municipales puedan utilizar equipos de registro de infracciones de propiedad de particulares, los contratos con éstos deberán celebrarse luego de licitación pública, en cuyas bases se establecerá que el contrato será adjudicado al proponente que efectúe la mejor oferta económica. Se prohíbe estipular en los contratos la obtención de un número mínimo de películas, fotografías u otros de los elementos probatorios a que se alude en el inciso tercero durante un período determinado, o la presentación de alguna cantidad de denuncias, así como relacionar, directa o indirectamente, el valor de los servicios con la cantidad de elementos probatorios obtenidos o de denuncias efectuadas, ni con el monto de las multas aplicadas o percibidas.".
Señor Presidente , este proyecto es innecesario. Bastaría que el Ejecutivo aplicara las normas legales vigentes, que impiden el uso de los fotorradares u otros equipos como registro de infracciones mientras no se cumplan las exigencias que consigna la ley. Esto fue propuesto en el informe de la Comisión Mixta, y en su momento, aprobado por la Cámara de Diputados, el Senado y el Presidente de la República . Bastaría, entonces, cumplir tales regulaciones. Y el Ejecutivo tiene todo el tiempo para lograr que ello ocurra.
Pienso, señor Presidente, que la situación es bastante paradójica: estamos tratando de legislar sobre algo ya resuelto por la ley.
El señor RÍOS.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador ?
El señor LARRAÍN.-
Por consiguiente, solicito que, más que dictar nuevas leyes, apliquemos las actuales.
He dicho.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor RÍOS.-
¿Me permite una interrupción, Su Señoría?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Con todo gusto, si la Mesa lo permite.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
El señor RÍOS.-
Señor Presidente , lo señalado por el Honorable señor Larraín es efectivo y muy razonable: el problema radica en que el Reglamento contiene normas que no han sido ejecutadas.
La totalidad de los elementos que utiliza Carabineros -por ejemplo, los radares- para cumplir las funciones que le asigna la ley deben exhibir un certificado previo de su funcionamiento, pero la verdad es que ninguno lo tiene. Eso no significa que dichos equipos sean malos o que funcionen inadecuadamente. Empero, existe un problema burocrático y administrativo que debió solucionarse.
Tenemos el convencimiento más absoluto, Honorable señor Larraín , de que ninguno de los fotorradares que se utilizan hoy en el país cuenta con dicho certificado.
Desde el punto de vista práctico, si todos los automovilistas fueran tan entendidos en la materia como el Senador señor Larraín , en Chile no habría problemas. Pero la cuestión deriva de que incluso los propios jueces de policía local asumen posiciones distintas. Aún más, respecto de las fechas en que se exime del pago de multas ya cursadas, la propia Corte Suprema no se pronunció y dejó a los propios magistrados de policía local que aplicaran su criterio.
Por lo tanto, sobre una ley se dictará otra que dejará claro un criterio nacional para los efectos de estudiar con tranquilidad, en el curso de tres o cuatro meses, una reformulación de todo el proceso, respecto de la cual -como expresé- el país entero está convencido.
Concordando, entonces, en que muchas cosas ya están resueltas, me parece que, por la complejidad del problema y el desconocimiento de los afectados, procede aprobar nuestra proposición y la del Ejecutivo, para claridad del país.
Muchas gracias, señor Senador.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Está con la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. Sin embargo, reglamentariamente, debo solicitar el asentimiento de la Sala para prorrogar la hora de la sesión especial -ella terminó y la votación debía comenzar a las 16-, entendiendo que la sesión ordinaria se iniciará una vez que ésta concluya.
El señor LAVANDERO.-
Empálmela, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, señor Senador, porque se nos presentará un problema de quórum.
El señor LARRAÍN.-
De acuerdo, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece al Senado, se prorrogará la hora.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra.
El señor LARRAÍN.-
Perdón, señor Presidente , pero quiero recuperar el uso de la palabra.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Su Señoría concluyó.
El señor LARRAÍN.-
Concedí una interrupción al Honorable señor Ríos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, señor Senador: la interrupción fue otorgada por el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor LARRAÍN.-
Entonces, ¿puedo pedir una interrupción al Honorable señor Muñoz Barra?
El señor MUÑOZ BARRA.-
Si Su Señoría se compromete a ser breve...
El señor LARRAÍN.-
Muy breve.
El señor MUÑOZ BARRA.-
...y la Mesa lo permite, con el mayor agrado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.
El señor HAMILTON.-
¡La del Honorable señor Larraín es una infracción grave...!
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , si, según lo señalado por el Honorable señor Ríos, lo que justifica la existencia de la ley en proyecto es la no aplicación de la legislación vigente por los jueces, corresponde que mantengamos la amnistía. Sin embargo, carece de sentido que suspendamos la vigencia de los artículos de la ley en vigor que permiten el debido funcionamiento de los fotorradares.
Eso es lo que no logro entender.
Por eso, si el argumento para avalar este proyecto es el de que no se ha aplicado la ley, concedamos amnistía, y por un período más largo de lo que la iniciativa sugiere, hasta que se normalice la situación. Pero la normativa del caso está vigente y en ella se contienen los criterios para resolver el problema.
Por lo tanto, habría que aprobar el artículo 1º del proyecto, pero no el 2º, porque éste, sin ninguna lógica, suspende la aplicación de las normas que permiten resolver el problema.
Muchas gracias.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Advierto a la Sala que, luego de la intervención del Honorable señor Muñoz Barra, los próximos oradores inscritos deberán fundamentar el voto. Si no, algunos Senadores que lo interpretan así -no es mi caso- podrían solicitar el fracaso de la sesión.
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , haré una breve aclaración.
El Honorable señor Larraín tiene mucha razón en lo que expuso. Pero nos habría ayudado sobremanera si hubiese hecho sus planteamientos cuando tratamos el proyecto presentado por los Senadores señores Ríos y Andrés Zaldívar . ¡Por Dios que nos habríamos evitado un sinfín de problemas a posteriori!
El señor LARRAÍN .-
Doy mis excusas. No leí ese proyecto. Pero...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No hay lugar a interrupciones, señor Senador.
El señor LARRAÍN .-
Perdón, señor Presidente .
El señor MUÑOZ BARRA.-
Ahora bien, no me gustaría pensar, señor Presidente , que la iniciativa en debate viene enfrascada en la lógica de la zanahoria y el garrote: la zanahoria sería el artículo 1º, porque concede la amnistía, y el garrote, el artículo 2º, cuando suspende por 90 días la vigencia de los fotorradares. Porque, ¿qué va a pasar después de ese plazo?
Hace unos días me encontré con un alcalde que me interpeló manifestándome que constituiría una aberración que en el Senado impidiéramos la vigencia de los fotorradares. Cuando traté de explicarle cuáles eran los aspectos que analizábamos, me respondió: "¡Imagínate el problema que me vas a crear en el desfinanciamiento que afecta a mi municipio!".
Aquello me dejó muy claro que la implementación de los fotorradares no está orientada a velar por la vida de los conductores o de las personas que caminan por las calles, o esporádicamente, también por las carreteras, sino que tiene una intencionalidad de financiamiento ante el desfinanciamiento de los municipios.
Hay un refrán que dice que "Lo que abunda no daña". Pero creo que en este caso daña. Porque el Estado es el responsable, en gran medida, de la protección de la vida de las personas en las carreteras y calles de nuestro país. Por eso en los últimos años ha habido avances bastante importantes en la infraestructura vial, una mayor profesionalización de los conductores y más requisitos para obtener la licencia pertinente; se han incorporado instrumentos de prevención, como los equipos de registro que usa Carabineros; se ha liberado de tareas administrativas a efectivos de la policía uniformada, para permitirles dedicarse a las labores que les atañen más directamente. Pero lo que produce sospecha e inquietud y se cuestiona por todo el mundo es esta sociedad entre municipios y empresas privadas.
Por la prensa me enteré de que 47 municipalidades han recaudado 4 mil millones de pesos. Y hay cosas que resultan extrañas, raras. Leo: "Un extenso informe preparado por la Contraloría General de la República comprobó que 47 municipios cuentan con el sistema de fotorradares, de los cuales cerca de 30 han contratado el servicio sin la licitación pública exigida por la ley.". Es decir, aquí ha existido una relación muy íntima, muy directa, entre las municipalidades y estas empresas. Y eso no es claro ni transparente.
Tampoco se sabe si los 4 mil millones de pesos recaudados por los municipios se han empleado en la construcción de lomos de toro, en semáforos, en señalizaciones, etcétera. No hay una acentuación visible en esos aspectos.
Por tanto, coincido con el señor Senador que sostuvo que esto de los fotorradares está un poco de más. Y, fuera de eso, las estadísticas indican que en muchos de los lugares donde aquéllos se hallan instalados proliferan los accidentes. Entonces, ello hace pensar que su emplazamiento obedece a la finalidad que señalé.
Sabemos -así se informó en la Comisión de Transportes, a la que pertenezco- que algunos municipios han recibido 500 partes en un día -¡500 partes en un día!-, lo cual es bastante extraño e insólito. Ocho de ellos han obtenido la mayoría de los 4 mil millones de pesos. La comuna de Pitrufquén (se refirió a ella el Honorable señor Lavandero ) ha recaudado casi 200 millones de pesos por concepto de tales partes desde 1997 a la fecha.
Por esa razón, y a pesar de la amnistía, para ser consecuente con mi preocupación de que el Ejecutivo no hubiere mejorado la moción de los Honorables señores Andrés Zaldívar y Ríos por la vía de las indicaciones o del veto, me voy a abstener en cuanto a este proyecto.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Hago presente a la Sala, y en particular a los dos oradores inscritos que aún no han intervenido, que frente a un posible reclamo sólo tengo una salida desde el punto de vista reglamentario: levantar esta sesión y abrir la siguiente, para efectuar en ella la votación del proyecto. Porque ya estamos sobrepasados en el tiempo.
Otra alternativa es que aquellos dos Senadores renuncien al uso de la palabra, permitan recoger la votación y así...
No existe acuerdo al respecto.
Por ende, se levanta la sesión.
Fecha 23 de enero, 2002. Diario de Sesión en Sesión 27. Legislatura 345. Discusión General. Se aprueba en general y particular.
SUSPENSIÓN DE USO DE FOTORRADARES Y AMNISTÍA PARA INFRACCIONES
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Conforme a lo acordado en la sesión anterior, corresponde iniciar la votación del proyecto de ley que suspende la aplicación de los fotorradares y amnistía infracciones, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2889-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 26ª, en 23 de enero de 2002.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
La Sala debe votar en general la iniciativa.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , antes de iniciar la votación, quiero presentar algunas indicaciones.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La votación es en general, señor Senador. Después vamos a ver las indicaciones.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor MORENO.-
Señor Presidente , manifiesto mi opinión favorable a esta iniciativa, de la misma forma como fui partidario de aprobar la que presentaron los Senadores señores Andrés Zaldívar y Ríos. Y las razones son más que obvias.
En el país existe profundo desconcierto sobre, primero, las infracciones a las normas del tránsito; segundo, el mecanismo a través del cual se ejecutan las sanciones; tercero, quiénes son los operadores encargados tanto de la notificación como de la recaudación, y cuarto, cómo son utilizados los recursos.
Lamento mucho -lo digo lealmente- la confusión que se ha producido a nivel de Gobierno. Aquí hemos llegado a una solución de parche que no es la mejor. Y, como se verá por lo que expresaré a continuación, quedan vacíos que van a generar dudas adicionales a las hoy existentes.
En primer término, dejo establecido que no soy partidario de la impunidad de quienes violan la ley y cometen actos que amenazan la seguridad de las personas. Porque aquí la discusión del problema de los fotorradares y de las infracciones soslaya el elemento central, que es la seguridad de las personas. Yo estoy por resguardar este aspecto, pero a través del sistema que cultural y legislativamente ha existido en Chile para ello, que es la presencia de Carabineros. Son los efectivos de esta Institución los que históricamente, de acuerdo con nuestra idiosincrasia, han estado habilitados para cursar un parte, detener a una persona, realizar una alcoholemia, aplicar la ley.
El proyecto introduce un mecanismo que significa abrir un poder paralelo, cual es el poder discrecional de los municipios, que recibieron una facultad -y en esto participo de lo expresado por algunos señores Senadores- y, sin perfeccionar el sistema, implementaron un mecanismo de recaudación con muchos elementos de poca transparencia.
La poca transparencia se observa, no sólo respecto de quienes están detrás de las empresas, sino en cuáles son las cuotas o porcentajes de participación.
Además, nos consta que hay un elemento de discrecionalidad consistente en eliminar de las fotografías y de los registros a las personas que resultan gratas para alguien que está en conexión, o bien con la alcaldía, o bien con la empresa pertinente. De manera que, aunque los dispositivos registran a quienes efectivamente infringen la ley, a menudo se borran de las nóminas los nombres de determinados conductores con el fin de que no reciban la notificación del caso.
¡Eso es efectivo! ¡Así lo sostienen personas vinculadas! ¡Y ello violenta!
¿Pero dónde está la dificultad mayor? En la existencia de un registro que será un nuevo DICOM en el país. El rechazo contra el DICOM es enorme, señor Presidente , por todo lo que significa. Y, pese a ello, hoy aparece otro más, que será el "DICOM de los automovilistas", hayan recibido o no una notificación.
De ahí surge un problema no resuelto. De acuerdo con nuestra normativa, los permisos de circulación de los vehículos para el año 2002 deben estar pagados antes del 31 de marzo. En consecuencia, va a quedar la incertidumbre respecto de qué municipalidades van a usar el Registro y cuáles no. Alguien podrá decir entonces: "¡Pero si lo establece la ley!". Sin embargo, ya hay municipios que le están avisando a la gente: "Aquí no se utilizará el Registro . Venga y renueve su permiso de circulación". Y eso es una anomalía de la ley en proyecto; se trata de un subterfugio que permitirá a algunos anunciar: "Aquí no vamos a abusar con usted como en otros lugares".
Lo anterior -repito- deja en la incertidumbre al ciudadano, que no sabrá cuántos partes tiene y si lo van a notificar o no, y que, en conocimiento de que determinada municipalidad no aplicará el Registro, se va a cambiar a ella cuanto antes.
Eso no es bueno ni transparente. Y esta iniciativa no resuelve el problema.
Creo que el proyecto debe ser aprobado, pese a que no se encuentra afinado. Por eso, me declaro partidario de efectuar una comunicación. Debe haber trasparencia ante el país en cuanto a que no existirán inconvenientes para renovar los permisos de circulación y que, pese a la autorización concedida por las Cortes en el sentido de que los jueces de policía local decidan discrecionalmente, la norma debe ser pareja. De lo contrario introduciremos un elemento de discriminación odioso en la aplicación de la ley en proyecto.
Junto con votar a favor, reitero mi malestar por el modo como el proyecto y la idea en él concebida han sido manejados en toda esta etapa.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
¿Cómo vota Su Señoría?
El señor MORENO.-
A favor, señor Presidente . ¡Con vergüenza!
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Errázuriz por cinco minutos para fundamentar el voto.
El señor ERRÁZURIZ .-
Señor Presidente , seré muy breve.
En primer lugar, he quedado sorprendido porque algo que es de conocimiento público, como es el mal funcionamiento de los fotorradares -mal llamados así, pues debiera hablarse de los "equipos de registro de infracciones", como los denomina la ley, que pueden ser de cualquier naturaleza-, ha dado origen no sólo a una nueva forma de competencia entre los municipios, como se ha hecho notar aquí, para los efectos de obtener recursos, sino que además ha servido para sobrepasar una vez más la autoridad y los fueros del Parlamento.
Quiero ser muy enfático sobre la materia. No pueden existir leyes discrecionales que permitan que un tercero, por su simple arbitrio, comience a aplicar normas que no hayan sido claramente precisadas por el legislador en su espíritu, en su sentido y en su texto. La legislación vigente no está siendo cumplida. Es obligación del Senado representar a las autoridades judiciales correspondientes que deben, primero que todo, hacerla cumplir y no interpretarla y aplicarla a su arbitrio para ganar plata. Aquí ha quedado en claro que no ha existido esa disposición por parte de ciertas autoridades, especialmente de aquéllas que están recaudando recursos por esta vía.
En consecuencia, todos los proyectos de ley que se presenten y que busquen regular de alguna manera la forma como se está actuando, sin antes establecer las normas reglamentarias para los efectos de permitir el uso de estos instrumentos de registro de infracciones -usemos los términos correctos-, no tienen cabida, por lo menos en mi manera de pensar. Y tampoco debieran ser recogidas por el Parlamento, pues, en definitiva, lo que está sucediendo es que se está tratando de validar y de autorizar comportamientos espurios, que sobrepasan el espíritu del legislador, reñidos con la ley y la letra clara de su texto expreso. Por lo tanto, no son aceptables, y los tribunales de justicia deben poner coto a situaciones como éstas.
No podemos dictar leyes para corregir lo que han hecho mal terceros que no las cumplen. Tampoco puede sostenerse que en este caso debe amnistiarse porque, no debiendo hacerlo, se aplicaron multas y sanciones. Debe establecerse que son nulas las sanciones y multas, por carecer de toda validez y de toda explicación razonable.
Por lo tanto, solicito formalmente oficiar a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y a los jueces de policía local, en especial a la asociación de magistrados que los agrupa, para los efectos de que hagan valer en sus respectivas jurisdicciones el texto de la ley, que establece claras disposiciones que deben ponerse en práctica, no sólo en la letra, sino en el sentido dispuesto por el legislador. Toda otra forma de interpretar la legislación, permitiendo libremente que terceros apliquen sus propios criterios -sobre todo distorsionados en este caso por el incentivo económico que ello significa-, no puede ser aceptada por esta Corporación. Ésa es la posición del Senador que habla.
Por consiguiente, me parece que este proyecto, como cualquier otro de esta naturaleza -es decir, que pase por sobre las disposiciones legales dictadas, aprobadas y vigentes-, no tiene ningún sentido.
Por lo expuesto, me abstengo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa para fundamentar su voto.
El señor NOVOA .-
Señor Presidente , manifiesto mi voto favorable en general al proyecto. No obstante, deseo colaborar a la discusión particular del mismo señalando lo siguiente.
En primer lugar, no cabe la menor duda de que el artículo 1º, que concede la amnistía, es necesario, porque de una u otra forma se han estado cursando infracciones que, en realidad, se han constituido en una modalidad abusiva de ejercer la ley.
En cuanto al artículo 2º, se puede presentar un problema que podría ser peor que la situación actual, ya que suspende la vigencia de unas normas cuyo propósito es precisamente que el uso de los elementos electrónicos se haga de la manera más cierta posible para evitar abusos. Si así ocurriera, mañana podrán instalarse fotorradares en cualquier parte. Creo que podemos incurrir en un error al suspender la vigencia de normas que exigen la dictación de reglamentos y una serie de otros resguardos en favor de los automovilistas.
En segundo término, como existen dudas en cuanto a si se cumplieron todos los requisitos o no, propongo que el artículo 2º del proyecto se redacte en forma más clara para reflejar el propósito que se persigue. Debería decir: "Sin perjuicio del cumplimiento de las normas establecidas en el artículo 4º" -que exigen la dictación de reglamentos y una cantidad de otros requisitos- ", suspéndese por el período de noventa" -o de ciento veinte días- "el uso de los fotorradares.". Estos instrumentos son los que están creando problemas. Si se suspende en general el empleo de los equipos de registro, Carabineros no podrá hacer uso de otros mecanismos en las carreteras, como los radares portátiles, para detectar los excesos de velocidad, lo que sería realmente un despropósito.
A mi juicio, lo que se pretende con el artículo 2º es dar una amnistía hacia atrás y fijar un plazo de 120 días -mientras se dicta la nueva ley- durante el cual el sistema de partes por fotorradares -que se cursan automáticamente sin la intervención de Carabineros- no podrá operar. Pero ello no se consigue con la redacción propuesta. Al contrario, podría ocurrir que, al suspenderse la vigencia de las normas a que se refiere el artículo 2º, los fotorradares sigan provocando estragos sin ninguna restricción de carácter legal.
El tercer punto que deseo abordar -al cual ya aludió la Honorable señora Matthei - guarda relación con un proyecto de ley que se ha presentado para tratar de cubrir de manera integral muchos de los temas que se han estado discutiendo. Y proponemos que sea analizado por la Comisión de Transportes tan pronto se reinicien las sesiones en marzo, pudiendo formulársele todas las indicaciones que los señores Senadores y el Ejecutivo estimen necesarias. De esa manera se avanzará bastante en la solución de problemas más profundos que los que se resolverán ahora con la sola amnistía.
Voto que sí.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En todo caso, solicito a Su Señoría hacer llegar a la Mesa la indicación concreta.
El último orador inscrito es el Honorable señor Prat. Después, continuaremos la votación en el orden que corresponde.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , el motivo central que origina los problemas que estamos tratando de corregir apunta a algo que se ha comentado muchas veces pero que nunca se ha resuelto. Me refiero al contrasentido de que fondos recaudados por aplicación de infracciones vayan en beneficio de los municipios. Debe corregirse definitivamente esta situación. Pero aquí se está yendo por caminos equivocados.
Creo que los fotorradares u otros elementos que la técnica y la iniciativa humana han creado hay que aprovecharlos, pero para buenos objetivos. El negarse a usar ese tipo de instrumentos significa prescindir de la tecnología que se halla disponible. El que no puedan existir registros de infractores, me parece que constituye una manera de ocultar la realidad, lo que es, también, inconveniente. Los registros de personas que incumplen la ley pueden ser útiles para distintos objetivos.
Por lo tanto, más que la ley en proyecto, que suspende la vigencia de los fotorradares, deberíamos elaborar una sola y sencilla normativa que señale que las multas por infracciones a la Ley de Tránsito irán a beneficio fiscal. Así eliminaríamos el origen de todos estos problemas. Creo que en la forma como se está legislando no vamos a avanzar mucho.
Me abstengo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, la votación se haría en forma económica.
Acordado.
El señor PRAT.-
Señor Presidente , recién me abstuve. Sin embargo, me habría gustado fundamentar mi voto sobre la amnistía. Creo que en los actuales tiempos una amnistía general a las infracciones cursadas a través del sistema de fotorradares es una mala señal cuando se requiere orden.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En este momento se está tomando la votación. En su oportunidad, Su Señoría se abstuvo, y eso es lo que se registró.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor y 3 abstenciones).
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En discusión particular.
Corresponde pronunciarse sobre algunas indicaciones que se han formulado.
La primera, presentada por el Ejecutivo, tiene que ver con la redacción del inciso segundo del artículo 1º. Éste señala: "Si en el respectivo proceso hubiere recaído sentencia ejecutoriada que haya dado lugar a una anotación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados y en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ,". La indicación tiene por objeto agregar la conjunción "o" a continuación de la letra "y". O sea, debe decir "y/o", a fin de que comprenda uno u otro Registro.
El señor LARRAÍN .-
No existe la expresión "y/o".
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-
Conforme. Entonces, reemplazamos la "y" por la "o".
¿Habría acuerdo?
--Se aprueba.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
En seguida, respecto del artículo 2º hay dos indicaciones, las que se pueden refundir. Una -según entiendo habría acuerdo, pues fue planteada por la unanimidad de los Comités-, para reemplazar el plazo de 90 días por 120 días.
Si no hubiere objeción, se daría por aprobada.
--Se aprueba.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
La otra indicación es para reemplazar el artículo 2° por el siguiente: "Sin perjuicio de lo señalado en los incisos segundo a séptimo de la ley Nº 18.290, agregados por el artículo 2º, Nº 1, de la ley Nº 19.676, suspéndese por el plazo de 120 días el uso de equipos de registros de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño, utilizados por Carabineros de Chile.".
El señor Ministro me manifestó su acuerdo al respecto.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Ha llegado una indicación del Senador señor Cordero , que me parece que está contemplada en la anterior.
El señor CORDERO.-
La retiro, señor Presidente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Conforme.
--Se aprueba en particular el proyecto y, en consecuencia, queda despachado en este trámite.
La señora MATTHEI.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , sólo deseo que quede claro que el uso de radares por parte de Carabineros está sujeto a que las velocidades máximas sean las fijadas mediante un procedimiento establecido en la ley Nº 18.290.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Eso no es materia del proyecto recién aprobado.
La señora MATTHEI.-
Ocurre que ello no se está haciendo, porque hoy día se establecen límites, por ejemplo, de 30 kilómetros por hora como velocidad máxima que son absolutamente ilegales y Carabineros cursa multas por transitar a 35 kilómetros por hora.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
El problema es que no se formuló indicación al respecto, y el proyecto se encuentra despachado en general y particular.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , señalo lo anterior sólo para los efectos de la historia fidedigna de la ley. Porque la normativa debería aplicarse y no se está haciendo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Quedará constancia de lo señalado por Su Señoría. Y si lo desea, se puede mandar un oficio, en su nombre, al General Director de Carabineros .
El señor ERRÁZURIZ .-
Le ruego señor Presidente que agregue también mi nombre.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así se hará.
Se enviará también el oficio que el Honorable señor Errázuriz pidió enviar a la Corte Suprema.
El señor CORDERO .-
Y en mi nombre.
El señor SABAG .-
También en el mío, señor Presidente .
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Si le parece a la Sala, se enviará el oficio en nombre de la Senadora señora Matthei, con la adhesión de los Honorables señores Errázuriz , Cordero , Sabag , Valdés y Fernández .
Acordado.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDIVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LARRAÍN.-
Señor Presidente , aprobamos la amnistía para el pasado y la prohibición por 120 días del uso de fotorradares, con la excepción antes indicada. Pero la legislación que está vigente sigue vigente.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Así es.
El señor LARRAÍN.-
Por lo tanto, solicito que el Ejecutivo se preocupe de cumplir con lo establecido en la ley Nº 19.676, porque eso garantizaría que de aquí hasta que transcurran los 120 días tengamos un uso racional de los fotorradares. Y si a aquél no le gusta ese sistema, dispone de 120 días para proponer una alternativa. De lo contrario, realmente no habremos avanzado en el problema y en 120 días más nos encontraremos en la misma situación actual.
El señor NÚÑEZ .-
Así lo entendió la Sala también.
El señor ERRÁZURIZ .-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ERRÁZURIZ .-
Señor Presidente , los oficios -como señaló el Senador señor Larraín- tienen por objeto pedir que se haga cumplir la ley en la forma en que se halla establecida. Sin perjuicio de ello, durante el período que hemos acordado, el Ejecutivo propondrá las disposiciones correspondientes.
Por lo tanto, deseo saber si se enviarán en nombre de la Sala o sólo...
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
No, en el nombre de los señores Senadores que los solicitaron.
El señor ERRÁZURIZ.-
Es que fueron varios los que los pidieron.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).-
Se registraron todos los nombres de los señores Senadores que lo solicitaron, incluido el suyo.
Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 23 de enero, 2002. Oficio en Sesión 31. Legislatura 345.
Valparaíso, 23 de Enero de 2.002.
Nº 19.354
A S. E. El Presidente de la H. Cámara de Diputados
Con motivo del Mensaje que tengo a honra pasar a manos de Vuestra Excelencia, el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Concédese amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de esta ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, salvo que hayan dado origen a un accidente del tránsito. Esta amnistía se extenderá, asimismo, a los propietarios de los vehículos motorizados cuando, en las mismas circunstancias, recaiga sobre ellos la responsabilidad subsidiaria que contempla el artículo 175 de la Ley de Tránsito.
Si en el respectivo proceso hubiere recaído sentencia ejecutoriada que haya dado lugar a una anotación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados o en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, éste procederá a eliminarla de oficio. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá recabar de dicho Registro la eliminación de la anotación, con el solo mérito del certificado que, a petición verbal o escrita, le extenderá el juzgado de policía local acreditando el hecho de estar beneficiado por la amnistía a que se refiere el inciso primero.
No obstante, las multas que se hubieren enterado en la Tesorería Municipal respectiva no podrán ser objeto de reembolso alguno y la amnistía de que se trata no dará lugar a deducir acciones indemnizatorias de perjuicios.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo señalado en los incisos segundo a séptimo del artículo 4º de la Ley Nº 18.290, agregados por el artículo 2º Nº 1 de la ley Nº 19.676, suspéndese, por el plazo de ciento veinte días, el uso de equipos de registro de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile.”.
- - -
Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto fue aprobado en general con el voto afirmativo de 27 señores Senadores de un total de 48 en ejercicio y, en particular, el artículo 1º fue aprobado, en el carácter de norma de quórum calificado, con el voto conforme de 27 señores Senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta Fundamental.
- - -
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
ANDRES ZALDIVAR LARRAIN
Presidente del Senado
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario del Senado
Fecha 23 de enero, 2002. Diario de Sesión en Sesión 31. Legislatura 345. Discusión General. Se aprueba en general y particular sin modificaciones.
AMNISTÍA A INFRACTORES DEL TRÁNSITO Y SUSPENSIÓN DE VIGENCIA DE FOTORRADARES. Segundo trámite constitucional.
El señor PARETO (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley del Senado, en segundo trámite constitucional, que concede amnistía por infracciones a las normas del tránsito cuyo elemento probatorio se hubiere fundado en los denominados fotorradares, y suspende por noventa días la vigencia de los equipos de registro de tales infracciones.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín Nº 2889-15 (S). Documentos de la Cuenta Nº 2, de esta sesión.
El señor PARETO (Presidente).-
Hago presente a la Sala que los Comités acordaron que cada bancada puede hacer uso de la palabra hasta por diez minutos. Una vez concluido el tiempo destinado para ese fin, se procederá a votar la iniciativa.
En el tiempo del Comité del Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor José García .
El señor GARCÍA (don José).-
Señor Presidente, quiero anunciar que vamos a dar nuestra aprobación a este proyecto de ley.
Asimismo, deseo dejar expresa constancia de que, de acuerdo con el tenor de su artículo 1º, la amnistía que se concede a todos los conductores de vehículos motorizados que hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, comprende no sólo aquellas infracciones cursadas a través de fotorradares, sino también las cursadas mediante el uso de radares portátiles o de puño. Es importante que esto quede establecido en la historia fidedigna de la ley.
Prueba de ello es que el artículo 2º, referido a la suspensión del uso de fotorradares, deja expresamente excluida de dicha suspensión a los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile. Como esta exclusión no se señala en el artículo 1º, es evidente que la amnistía es mucho más amplia que la referida sólo a infracciones cursadas mediante el uso de fotorradares.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Ceroni .
El señor CERONI.-
Señor Presidente, la bancada del PPD va a apoyar este proyecto de ley porque corrige una serie de injusticias que se han cometido con el uso de estos instrumentos técnicos para cursar infracciones. Tenemos conciencia de que el empleo de dichos instrumentos se ha prestado para abusos y que, en muchas ocasiones, han sido utilizados por algunos municipios con el fin de obtener ingresos. El hecho de reglamentar el tránsito, que implica también cursar infracciones, tiene el sentido de prevenir accidentes y no de andar a la caza de las personas con el objeto de recolectar dinero. Se trata de que el funcionamiento de estos instrumentos sirva como una forma de evitar accidentes y proteger así la vida de las personas, pero no hay duda de que no han sido utilizados correctamente.
Desde ese punto de vista, y en consideración a que está muy próxima la entrada en funcionamiento del registro de multas, con lo cual habría un gran número de personas con multas impagas, y por ese motivo impedidas de renovar sus licencias de conducir, no hay duda de que debemos buscar una solución al respecto.
Nos parece que la solución correcta es amnistiar todas las infracciones que se han cursado sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro. Por supuesto, hay muchas personas que pagaron sus multas; pero la amnistía, al menos, les servirá para que se elimine cualquier antecedente registrado como consecuencia de la infracción.
Ahora debemos establecer una reglamentación lo más estricta y transparente posible sobre el uso de estos aparatos técnicos, de manera que su utilización no se preste para abusos y se regule claramente la forma en que deben instalarse las señalizaciones en los caminos y para que, finalmente, su uso sea una forma de prevenir mediante la indicación clara de las velocidades que correspondan en diferentes carreteras. Ahora, si las personas no cumplen con esas advertencias lógicas, pueden caer en infracciones que se deben sancionar. Pero debemos reglamentar el uso de los fotorradares en forma transparente, con el objetivo repitode prevenir los accidentes y no andar a la caza de recursos para los distintos municipios.
No hay duda de que la suspensión del uso de esos instrumentos por el plazo de 120 días permitirá que la autoridad respectiva elabore un reglamento adecuado para su utilización en el futuro. No estamos en contra del uso de esos aparatos, sino que queremos que se empleen de manera transparente y que realmente sirvan a la gente, protejan la vida y no signifiquen obtener recursos en forma indebida.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, cuando este proyecto se discutió largamente en la Comisión y después en la Sala, dije que era un buen proyecto por una razón muy sencilla: los fotorradares son más imparciales que el ser humano, es decir, que Carabineros, porque sacan fotos a todos los infractores sin distinción. Pregunto a los diputados, ¿cuando abren esta maquinita y llegan al juzgado, a cuántos buses les sacan partes? Les garantizo que a ninguno, porque la situación se presta para que el conductor del bus diga que llamará a tal o cual persona. Entonces se discrimina, porque la persona que selecciona las fotos determina a quiénes les cursarán partes, en circunstancias de que dijimos que todos los infractores deberían estar en este cuento.
Fue tan buen negocio que después se dispuso que debía haber un ministro de fe, y las municipalidades pusieron a funcionarios de planta para que certificaran que tal persona pasó a tal hora, que se prendió la luz de la máquina, por lo cual le pasaban el parte. Así fue creciendo este negocio.
Señor ministro, hay que ahorrar palabras, porque todos estamos de acuerdo en suspender el uso de los fotorradares y en amnistiar a los infractores por los partes que se han cursado.
Sin embargo, no puedo dejar pasar la forma y la fuerza con que el señorTombolini ha defendido la permanencia de los fotorradares. No quiero ser mal pensado, pero detrás de esto se está protegiendo muchos intereses. No es la primera ocasión en que ocurre, porque cada vez que ha habido un problema con los fotorradares el señor Tombolini ha sido el primero en defenderlos, incluso a costa de mentiras, puesto que afirmó haber hablado con parlamentarios de todos los colores políticos de la Cámara, en circunstancias de que no había hablado con ninguno. Para conseguir la transparencia que el Gobierno quiere, es menester investigar esa situación.
Hace pocos meses, en la Séptima Región, se licitaron todas las plantas de revisión técnica. Ganó una empresa, pero echaron para atrás la licitación pública porque cobraba muy barato y, según los cálculos de la Subsecretaría, no daba para absorber los gastos.
¿Hasta eso controlan?
Cuando hablamos de transparencia, me gustaría que el propio Gobierno no metiera los pies con estos subsecretarios que instalan y defienden cosas que nos hacen pensar mal, no del Gobierno, sino de la persona que hoy las están defendiendo. No es la primera vez que lo hace.
De manera que, con gusto y con mucha fuerza, vamos a votar para que el funcionamiento de esos equipos se suspenda, ojalá hasta que haya una reglamentación que dé garantías a todos los ciudadanos, hasta que se conozca quiénes son los dueños de los fotorradares, cuáles son las municipalidades que los utilizan, qué destino tienen los fondos recaudados y en qué porcentaje se reparten, porque, según los antecedentes que manejamos, en este momento una parte es para el dueño de la máquina, otra para la municipalidad y otra para Carabineros. Es decir, me pregunto si los fotorradares son para proteger a la ciudadanía de accidentes de tránsito o para hacer un negociado que va en desmedro de los trabajadores, en este caso de la gente que ocupa sus automóviles. Los fotorradares se han instalado en lugares estratégicos, como cazabobos, y no para proteger a la gente.
En estas condiciones, me alegra enormemente que a algunas personas le echemos a perder un negocio tan lucrativo. Estamos hablando de 4 mil millones de pesos, cantidad a la que ascienden los partes cursados por la utilización de los fotorradares.
Por lo tanto, votaremos a favor de esta amnistía y de la suspensión del uso de fotorradares hasta que haya absoluta claridad y transparencia en su aplicación.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, por seis minutos, el diputado señor Zarko Luksic .
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, me alegro mucho de que estemos tratando este proyecto de ley.
Quiero hacer dos consideraciones. La primera dice relación con el contenido mismo del proyecto. Sin lugar a dudas, votar por la amnistía de todos los conductores de vehículos motorizados que a la fecha de publicación de esta norma hayan recibido un parte cursado mediante el uso de algún equipo de fotorradares es un verdadero alivio. Además, hacemos justicia respecto de un sistema que ha sido controvertido desde sus inicios y que ha generado una serie de dudas y situaciones irregulares en su aplicación.
Para la opinión pública está muy claro que el sistema de fotorradares, lejos de cumplir con su objetivo lo cumple en países europeos, en Australia o en Estados Unidos, cual es evitar accidentes de tránsito y ayudar a generar ciertos hábitos de buen conducir, se ha transformado en un verdadero cazabobos, en un instrumento para aumentar las arcas de los municipios que hacen convenios con empresas cuyo único objetivo es obtener pingües ganancias.
He sabido, por la opinión pública y por los colegas, de los escándalos que han generado muchas de esas empresas. Hemos recibido denuncias de parte de sus empleados y empleadas, quienes señalan que han realizado tareas para influir en directores de tránsito, a fin de que el sistema se ponga precisamente en arterias, avenidas o calles donde no hay ningún peligro de accidente de tránsito, pero sí todas las condiciones para que un conductor, ante la seguridad que significa transitar por esa arteria, aumente la velocidad de su vehículo. Por consiguiente, la amnistía es de toda justicia.
En cuanto a la suspensión del sistema por 120 días, me parece un plazo ajustado. Es la oportunidad para que parlamentarios, expertos en el tema, representantes de entidades, como la Agrupación de Automovilistas de Chile, Adach , que preside el señor Precht , y de otras asociaciones, puedan opinar respecto de un dispositivo que, reitero, per se no es malo. Es como si dijéramos en el siglo pasado que los semáforos eran malos per se. De ninguna manera. Son instrumentos modernos que pueden ayudar mucho, pero su uso y abuso por parte de las referidas empresas simplemente han desvirtuado su funcionamiento.
No puedo dejar pasar algunas actitudes de incompetencia e ineficacia que han mantenido las autoridades administrativas de la Subsecretaría de Transportes en su tarea fiscalizadora y supervisora del sistema de fotorradares. Nos parece extraño y nos preocupa que el fin de semana pasado el señor subsecretario haya hecho una defensa de las empresas de fotorradares señalando que no podemos legislar sobre la materia porque hay amenazas de demandas y querellas para resarcir perjuicios por eventuales daños. Me parece que ésa no es la función de la autoridad administrativa, la cual sí debe velar por el buen funcionamiento de un instrumento tan importante como es el fotorradar, y fiscalizar, precisamente, a las empresas privadas involucradas para que no se cometan las irregularidades conocidas por todos.
En segundo lugar, me parece inapropiada e inoportuna la decisión, tomada por la autoridad, de retirar un proyecto que venía del Senado y que estaba en la convocatoria extraordinaria. Me parece que eso demuestra, una vez más, la situación de desventaja en que se encuentra este poder del Estado. Si uno analiza las facultades que el Ejecutivo tiene en materia colegisladora, de utilizar instrumentos como la convocatoria extraordinaria, como las urgencias, como el veto, como la participación del Tribunal Constitucional que no es del Ejecutivo, nos encontramos con que el Congreso Nacional no es un poder legislativo. Muchas veces somos simplemente buzones de lo que nos envía el Ejecutivo. Es una materia que, como Cámara de Diputados, debemos estudiar para hacer las reformas del caso.
El señor PARETO (Presidente).-
Señor diputado, ha terminado su tiempo.
El señor LUKSIC.-
Señor Presidente, por último, cabe señalar que el subsecretario de Transportes claramente ha faltado a la verdad al afirmar que el retiro del proyecto original fue consecuencia de un acuerdo entre él y los jefes de bancadas. Eso no es verdad; es una falsedad, y lo digo públicamente.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Señor diputado, ha ocupado medio minuto más del tiempo de su Comité.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor FERNÁNDEZ (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar muy brevemente que el propósito del Gobierno cuando retiró el proyecto aprobado por el Senado respecto de esta materia, no fue otro que enfrentar con seriedad, y tomándose el tiempo necesario, este tema, que, como ya se ha visto en esta discusión, es completamente controvertido.
Agradezco la buena disposición, tanto del Senado como de esta Corporación, para acoger la petición que el Gobierno ha hecho, a través de la presentación de un nuevo proyecto de ley, de abordar esta materia con algún tiempo, de aquí hasta que termine el receso parlamentario de verano. Pero después de escuchar al diputado señor Luksic quisiera precisar que el sistema político que nos rige permite a los poderes públicos ejercer una serie de prerrogativas, y que el uso de la prerrogativa por parte del Ejecutivo no debe entenderse, en ningún caso, como la alteración de las buenas relaciones entre ambos poderes del Estado, sino más bien como un mecanismo para contribuir mejor a que la legislación sea útil para la ciudadanía. Ése ha sido el propósito del Gobierno; en ningún caso pasar a llevar a otro poder del Estado ni menos agraviar a sus miembros. Si así hubiese sido percibido por los honorables diputados, yo presento mis excusas. Nuestro único propósito ha sido mejorar esta legislación sobre un tema que preocupa tanto a la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, por ocho minutos, el diputado señor Darío Molina .
El señor MOLINA.-
Señor Presidente, en primer lugar, valoramos el cambio de actitud que ha tenido el Gobierno ante la insólita situación acontecida en el día de ayer al retirar el proyecto aprobado en el Senado y que debía ver esta Corporación, hecho que ha sido justamente calificado por el Presidente del Senado como una actitud infantil al recordar que así actúan los niños cuando van perdiendo el partido de fútbol y se llevan la pelota para la casa.
La verdad es que este proyecto, sin perjuicio de no ser exactamente igual al que debíamos discutir inicialmente, al menos hace justicia al amnistiar todas las infracciones que se han cursado en forma ilegítima por los municipios que han trabajado con el sistema de los fotorradares.
¿Por qué ha habido tanto revuelo por este problema? La verdad es que tanto las actuaciones del Gobierno, en especial las del subsecretario, aquí recordadas, como todas las situaciones erráticas al corregir reglamento tras reglamento, al modificar leyes, siendo incluso obligados por este Parlamento a hacerlo, obedecen a que éste ha sido un pingüe negocio y queremos saber quiénes están detrás de él.
Hay antecedentes que apuntan a que desde el año 1997 a 2000, los 47 municipios que tuvieron o, hasta la fecha, han tenido este sistema, recaudaron 4 mil millones de pesos y a que 30 de estos contratos han sido firmados sin una licitación pública anterior, como lo exige la ley; es decir, la fiscalización realizada en esta materia por el Ministerio de Transportes ha sido prácticamente nula y quisiéramos saber por qué.
En el día de ayer, parlamentarios no necesariamente de la Oposición, señalaron que esto ameritaba una comisión investigadora, porque ha trascendido, a través de medios de opinión pública, que personeros de Gobierno están detrás de las empresas que han prestado o prestan este servicio a los municipios.
Ha habido alta corrupción de funcionarios municipales, a quienes les han pagado honorarios por cursar estos partes en sábados y domingos, cosa absolutamente prohibida por la ley.
Estamos frente a una situación tan irregular que se ha llegado al extremo de que con motivo de una querella presentada por el diputado señor Julio Dittborn y de quien habla, sustanciada por un ministro de fuero, se perdió extrañamente el expediente. También desapareció en circunstancias extrañas el expediente que contenía una investigación hecha por la policía de Investigaciones, en la cual claramente se establecían responsabilidades penales de funcionarios municipales y, asimismo, de algunas de las empresas privadas que han prestado este servicio.
Ante la denuncia formulada al presidente de la Corte de Apelaciones, ese expediente apareció por partes, desmembrado. Se encontró en la oficina de archivos, donde están las causas terminadas; es decir, una mano negra, evidentemente, ha pretendido que este juicio termine antes de que se establezcan las responsabilidades de quienes están detrás de este negocio.
No quiero entrar al fondo del tema porque el fotorradar, en sí mismo, no puede ser malo; es un objeto y su utilidad depende del uso que se le dé.
En este caso, se han violado los derechos de los conductores durante estos últimos cuatro años; el Estado ha avalado la obligación de pagar multas por infracciones cursadas en forma ilegítima e ilegal, y las autoridades de gobierno permanentemente han echado tierra a esto. Hoy se han visto obligadas a modificar su actitud y a presentar este proyecto de ley, que, si bien no termina con el abuso en la utilización de equipos de registro de infracciones, lo suspende por ciento veinte días.
Por esa razón, este sistema, por su ilegitimidad, ha caído en desprestigio ante la opinión del país y ha perdido la fe pública. Por ello, los conductores hoy sienten violados sus derechos al ser sancionados por este procedimiento, que les merece desconfianza. Creemos fundamental aprobar este proyecto, que amnistía a todos aquellos que han sido víctimas de este mecanismo mal usado y amparado por autoridades de Gobierno.
Finalmente, la suspensión por ciento veinte días del uso de estos equipos nos permitirá conocer, al menos, las investigaciones que aún realizan la Contraloría General de la República y la Fiscalía Nacional Económica. Ojalá pudiéramos obtener la aprobación de esta Cámara para constituir una comisión investigadora que nos informe de todas las denuncias sobre personeros de gobierno involucrados en las empresas que han prestado este servicio.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma por cinco minutos.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, sin duda alguna, el carácter de esta discusión ha cambiado totalmente después de la intervención del diputado Molina . Nosotros esperábamos analizar fundamentalmente dos cosas: primero, que, de acuerdo con las facultades del Presidente de la República, no está en discusión el retiro del Congreso de cualquier proyecto de ley. Nosotros observamos que era inapropiado hacerlo sin el acuerdo de las bancadas o al menos de las Mesas de la Cámara y del Senado, cuestión que esperamos no vuelva a ocurrir, ya que, del mismo modo como el Gobierno ha estado dispuesto a resolver el tema de fondo a través de este proyecto de ley me alegra que lo haya hecho, se hubiera podido lograr ese acuerdo con anticipación.
Decía que el diputado Molina ha cambiado el carácter de la discusión del proyecto, porque ha entregado elementos difusos y genéricos; acusaciones al voleo respecto de autoridades de Gobierno, en las que no da nombres ni antecedentes y supone que hay corrupción vinculada al uso de estos instrumentos, lo que, sin duda, puede existir. Me habría gustado que el señor diputado hubiera entregado nombres de municipios y de alcaldes que han participado en actos de corrupción, porque alcaldes de todos los colores políticos han contratado con empresas que prestan este servicio. Me parece poco serio e irresponsable que el diputado pretenda acusar a autoridades y al Gobierno de estar involucrados en hechos delictuosos.
En segundo lugar, respecto del tema de fondo, nuestra bancada apoyará la suspensión del uso de estos instrumentos y la concesión de amnistía para que las personas denunciadas por infracciones a las normas del tránsito con base en elementos probatorios obtenidos mediante fotorradares puedan obtener permiso de circulación. Sin embargo, quiero puntualizar que muchos parlamentarios han hablado, sin motivo, en contra de este instrumento producto de la tecnología, lo que me parece inaceptable. La comunidad está pidiendo que Carabineros se dedique fundamentalmente al combate de la delincuencia. Hay sectores que dicen: “Mire, prefiero eliminar los fotorradares y que Carabineros vuelva con la maquinita”. Me parece que no debiéramos entregar esta facultad a los municipios, los cuales han desnaturalizado este instrumento para proveerse de fondos y financiar sus presupuestos, en lugar de velar por la seguridad de las personas; sólo están obteniendo recursos de una mala fuente para sus propios presupuestos municipales. La facultad para firmar los contratos con las empresas que otorgan estos servicios debiera entregarse a Carabineros, sistema que quedaría resguardado mediante un reglamento estricto, con el objeto de que no utilicemos al personal de Carabineros para colocarlo en las carreteras, dado que la comunidad quiere, primero, que se controle la velocidad, especialmente en los sectores densamente poblados y, segundo, que Carabineros se dedique fundamentalmente al combate de la delincuencia, más que estar controlando automovilistas. De ese modo, compatibilizaremos ambos intereses: destinar las fuerzas de Carabineros a la seguridad de las personas y usar la tecnología para controlar a quienes infringen las normas de velocidad.
Ésta es una buena salida que se le ha dado al problema, por lo que nuestra bancada va a aprobar el proyecto de ley que amnistía a los infractores descubiertos mediante los fotorradares y que suspende la aplicación del uso de éstos hasta marzo, mes en que podremos concordar un proyecto integral que resuelva este tema, tomando en consideración la destinación de Carabineros para el resguardo de la seguridad de los ciudadanos y el control de la velocidad de los vehículos motorizados mediante la tecnología de los fotorradares.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Juan Pablo Letelier .
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, en mi calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y en representación de la bancada del Partido Socialista, debo manifestar mi sorpresa por la irresponsabilidad con que un colega ha tratado esta materia, porque ni él ni los representantes de su bancada en la Comisión han colocado este tema en discusión. Lo que corresponde hacer respecto de un asunto que concita la inquietud de la opinión pública es tratarlo con responsabilidad. A mi juicio, a la torpeza que acabamos de escuchar podría responderse diciendo que quien encabeza la recaudación por los fotorradares en el país es la municipalidad de Santiago y, por tanto, la conclusión tendría que ser que Joaquín Lavín es un ladrón;...
(Hablan varios señores diputados a la vez).
…pero no creo que ésa sea la forma de abordar este debate. Lo que corresponde es entender que aquí hay un doble fenómeno: primero, el problema de conceder la amnistía tiene que ver con la posibilidad de que el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados funcione con igualdad para todos en el país. No hay un sistema nítido y con una fecha de inicio para la entrega de información a dicho Registro, lo que, retroactivamente, puede producir situaciones en las que exista falta de igualdad ante la ley.
Por cierto, apoyaremos la iniciativa de los senadores Andrés Zaldívar y Ríos, porque consideramos importante ordenar un tema que ha sido tremendamente polémico durante dos años y porque creemos que es fácil entender que la suspensión del uso de los fotorradares es una necesidad urgente.
En opinión de nuestra bancada, el plazo de ciento veinte días es insuficiente. Entendemos que debe ser mayor para poder realizar un debate más a fondo. El problema no es la tecnología en sí, pero no cabe duda alguna de que el uso que se le ha dado ha generado tremendas distorsiones en un bien que todos perseguimos: la seguridad en el tránsito. En la actualidad, la principal causa de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito. Por ello, toda medida que apunte a disminuirlos es importante. No obstante, los dueños de las empresas de fotorradares han distorsionado el sentido de esa tecnología. Probablemente, hay algo de cierto en lo que señalaban algunos colegas, en el sentido de que ha habido corrupción entre los dueños de las empresas y algunos municipios para abusar de esta tecnología. Sin duda alguna, deberíamos investigar esto y, por tanto, darnos más de esos ciento veinte días que se otorgan en el proyecto para suspender el uso de fotorradares, con el objeto de entender por qué esa tecnología ha sido tan mal usada y por qué hoy no goza de legitimidad en la sociedad para cambiar conductas y para tener mayor seguridad en el tránsito. Sin duda, la existencia de los fotorradares carece de legitimidad en nuestra sociedad, porque han sido más bien un instrumento para recaudar fondos en favor de los municipios, permitir el enriquecimiento de las empresas que proveen esta tecnología y, dado el monto de los recursos involucrados, probablemente para alterar voluntades y generar prácticas ilícitas en algunos municipios en que se firman estos contratos.
Lo publicado en “El Mercurio” y los antecedentes entregados por algunos colegas en cuanto a que muchos municipios han firmado contratos sin licitaciones, sin duda nos indican que los posibles ilícitos están en el ámbito de los municipios, los que posiblemente no han estado motivados por el fin de lograr seguridad en el tránsito, sino por otras razones, tal vez vinculadas a la recaudación de ingresos por este medio, en favor de las municipalidades.
Creemos necesaria la postergación del uso de esta tecnología, ya que no puede seguirse utilizando un instrumento que no genera consenso, como ha sucedido con éste en los dos últimos años.
Tendremos que ver cómo construimos una práctica social para aumentar la seguridad en el tránsito, porque no podemos caer en el juego de desconocer que los conductores de nuestro país tenemos prácticas y conductas que han permitido que la principal causa de muertes en Chile sean los accidentes de tránsito.
Las medidas propuestas por la Corporación Nacional de Seguridad de Tránsito, Conaset , son muy importantes; las actitudes asumidas por asociaciones, como las que mencionaba el diputado señor Zarko Luksic , también lo son. Necesitamos tomar medidas que fortalezcan la seguridad del tránsito, no caer en actitudes irresponsables, y entender que si esta tecnología es mal usada, más vale que no sea aceptada sin una debida regulación. Los socialistas estamos dispuestos a reconsiderar el uso de esta tecnología, pero con otra regulación.
Por último, también es importante precisar que debates de esta naturaleza requieren de un tiempo suficiente para no caer en el juego de calificar o descalificar. En la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones nunca aconteció lo que ocurrió en la Sala, en la cual se trató de presentar esto como un debate entre la Oposición y el Gobierno. Siempre el tema fue motivo para preocuparse de los derechos del ciudadano, por un lado, y de la seguridad del tránsito, por el otro.
Como Corporación nos hace bien situar el debate en ese nivel. Eso fue lo que incentivó a los senadores Ríos y Andrés Zaldívar , y eso es lo que también debería motivarnos a nosotros.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Bertolino .
El señor BERTOLINO.-
Señor Presidente, lamento mucho que este controvertido tema involucre directa y personalmente al Presidente de la República, porque fue él quien, con su firma, patrocinó una moción en el período extraordinario, y también fue él quien, con su firma, la retiró el mismo día en que se trataría. Y es nuevamente él, quien, en un proyecto de parche, presentado a última hora, nos tiene en estos momentos buscando una salida digna a este lamentable suceso.
Estimo que esto es legislar mal y que es un proyecto que no va en la línea del cumplimiento que se debe dar a las leyes, porque acá se está favoreciendo, una vez más, a quienes no han cumplido con el pago de sus multas. ¿Y qué pasa con quienes cumplieron?
Sabemos que el sistema de los fotorradares, desde sus inicios, fue y es turbio, ilegal y abusivo, porque el Congreso tuvo que legislar después de que fueron puestos en práctica. Por lo tanto, tengo derecho a abrigar las mismas dudas que manifestaba mi colega Molina , sobre todo si se considera que en la prensa de hoy se dice que se cree que hubo serias presiones por algunas personas que están ligadas a la Concertación, quienes aparecerían supuestamente vinculadas a las empresas que operan los fotorradares.
A mi juicio, debe hacerse una aclaración a fondo. Hoy, en Incidentes, pedí al Ministerio de Transportes el nombre de las empresas, quiénes las forman, sus Rut, la razón social, las direcciones, los contratos y sus montos, porque no podemos seguir legislando para, primero, tapar hoyos y, segundo, para cohonestar incluso actos de corrupción. Lo digo porque hace cuatros meses, aproximadamente, un diputado de la bancada de la Democracia Cristiana pidió en la Sala que se investigaran las cuentas bancarias del subsecretario de Transportes, debido a las serias sospechas de corrupción en el ejercicio de su cargo.
¿Es ésta la forma de legislar de nuestro Congreso? Creo que no. Con seguridad, una vez más tendremos que optar por el mal menor, pero, a mi juicio, Chile no se merece eso.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, hasta por dos minutos, el diputado señor Alessandri .
El señor ALESSANDRI.-
Señor Presidente, con entusiasmo anuncio mi voto favorable al proyecto, porque, como se ha dicho aquí, los fotorradares han pasado a constituir un negocio inmoral y repudiable efectuado por algunas municipalidades.
Quiero llamar la atención sobre otro problema. Con frecuencia el Congreso Nacional debe despachar leyes para blanquear las deudas, incluidas las multas e intereses, de bienes raíces y, asimismo, las multas e intereses de diversos servicios que prestan organismos del Estado o las municipalidades.
El diputado Darío Molina nos explicó cómo las municipalidades han recaudado 4 mil millones de pesos por el sistema de fotorradares. Entonces, sería conveniente preguntarse qué sucede con la gente que pagó en forma oportuna las multas por tal concepto; a cuánto asciende lo pagado y lo que queda pendiente. De una vez por todas, no debemos seguir castigando al que paga en forma oportuna, en beneficio del que no paga jamás.
Hecha esta aclaración, con entusiasmo expreso mi voto favorable a este proyecto, ahora llamado de amnistía; ayer era de condonación, porque estas idas y venidas por tratar el asunto con el Congreso ha constituido un verdadero payaseo del Gobierno.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Rocha .
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, quiero plantear una consulta por una cuestión formal. En el epígrafe del proyecto de ley se habla de noventa días de suspensión del uso de estos equipos, y en el artículo 2º se consigna un plazo de ciento veinte días.
El señor PARETO (Presidente).-
Son ciento veinte días, señor diputado.
El señor ROCHA.-
Señor Presidente, sin duda alguna, compartimos el reclamo expresado por los señores diputados en cuanto a la forma en que estos instrumentos han sido explotados por los municipios dirigidos por representantes de todos los colores políticos. Entonces, en el debate debe quedar en claro que el reclamo no es contra los fotorradares. No podría serlo, porque este instrumento, bien utilizado, está destinado a hacer más seguras nuestras calles, avenidas y caminos.
Quiero citar algunas estadísticas. El año pasado se redujo en un 18 por ciento la cantidad de accidentes gracias a los fotorradares, y en 50 por ciento el número de fallecidos y lesionados. Así, en 2001 se registraron 138 muertes menos que en 2000, debido al uso adecuado de estos medios tecnológicos. En consecuencia, aprobaremos el proyecto de ley.
Ante la posibilidad de que continúe en el debate la descalificación grosera en contra del subsecretario de Transportes, queremos expresarle públicamente nuestra solidaridad, respeto y confianza, y lamentamos que la facultad fiscalizadora, que debe ser ejercida con responsabilidad, decencia, valentía y con todos los elementos que nos da la Constitución, sea practicada hoy a caballazos y en forma irresponsable y cobarde.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier hasta por dos minutos.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, el espíritu del proyecto es prevenir los accidentes de tránsito. Se hicieron grandes esfuerzos para lograr la regulación del funcionamiento de los fotorradares, pues durante mucho tiempo se usaron en forma ilegal, violando la ley de Tránsito. Algunos parlamentarios, entre ellos el diputado Elgueta y quien habla, pusimos el grito en el cielo para pedir su regulación. Pero cuando un proyecto nace con estas características, uno se da cuenta de que su objetivo es lucrar, hacer caja en algunos municipios. De hecho, cuando quisimos hacer una regulación, no fue fácil, porque nos encontramos con ciertas presiones.
Nos corresponde perfeccionar la propuesta del Senado, que apunta a buscar una solución; sin embargo, no lograremos nada si para ello no existe la voluntad de parte de quienes manipulan y administran estos avanzados y eficaces instrumentos, pero que son mal usados.
Fui uno de los primeros que pidió la regularización del empleo de fotorradares, y quien, junto con otros colegas, denunciamos la ilegalidad en su uso. Creo que, más allá de las descalificaciones, existe amplia voluntad para corregir esta situación.
Estoy de acuerdo con las críticas del Senado por el retiro del proyecto. Para que existan mejores relaciones, armonía y podamos hacer mejor las cosas, el Congreso Nacional uno de los poderes del Estado debe ser respetado.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Longueira por cuatro minutos.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente, por cierto, vamos a votar favorablemente el proyecto, aunque el problema de fondo es mucho más profundo.
Detrás de cada fotorradar se construye una fábrica para cursar partes. Se ha hecho mal uso de la ley, pues a su amparo se han establecido restricciones de velocidad cuando no son necesarias; se han fijado velocidades absurdas y ridículas en relación con el mejoramiento que han tenido las carreteras del país; se colocan, en forma inadecuada, todo tipo de limitaciones y señalizaciones para que, finalmente, los conductores incurran en infracciones. Ésa es la verdad. En Chile existe una red de fábrica de partes.
A la gente le irrita esa distorsión de la ley de Tránsito. Al respecto, basta recordar que en ciertos lugares se fija una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, donde es evidente que el que circula a esa velocidad genera un accidente de tránsito. En muchos sectores es más peligroso cumplir algunas de estas disposiciones que no cumplirlas.
No soy partidario de que existan los fotorradares y por eso presenté indicación lo más probable es que se rechace como consecuencia de la forma y la velocidad en que estamos legislando, porque no tengo ninguna duda de que en 120 días más veremos un proyecto que consistirá en prorrogar este plazo.
Lo correcto sería aprobar un plazo indefinido para que legislemos bien. No es un problema de los fotorradares, sino del hecho de colocar, donde no corresponde, “No adelantar”, rayas blancas, letreros que indican que se debe reducir la velocidad, que digan: “Fin de restricción a tantos kilómetros”, después de las reducciones.
En definitiva, es todo un manejo de la ley, que, repito, se ha usado mal por muchas décadas. Este no es un problema ni del gobierno militar, ni de la Concertación, ni del alcalde Lavín , ni de ustedes, ni de nosotros, sino de todos. Lo que quieren los chilenos es terminar con la fábrica de partes, porque esto no es otra cosa que más impuestos a nuestros compatriotas muchos de ellos muy modestos, a nuestra clase media que ha accedido a un vehículo, que sale de vacaciones pero regresa con partes cuyo pago le cuesta más que veranear. ¡Es ridícula la situación que están viviendo los chilenos!
El problema de fondo insistoes la fábrica de partes que se han construido con una ley que está siendo mal usada en el país, igual que los fotorradares. Tampoco es presentable que Carabineros esté escondido arriba de los árboles o detrás de un semáforo o de una vereda, asaltando a los chilenos, pues de repente aparecen con pistola como si todos los que conducen en el país fuéramos delincuentes.
El problema es mucho más profundo. Si este Congreso quiere legislar bien, debe suspender indefinidamente el uso de los fotorradares hasta terminar con la fábrica de partes, que tiene molesta a la gente que con mucho esfuerzo ha adquirido un vehículo y a quien le sale más caro que mantenerlo, pagar los partes que todos los días nos llegan por situaciones inexplicables.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra, por cuatro minutos, el diputado señor Jiménez .
El señor JIMÉNEZ.-
Señor Presidente, nos hemos visto obligados a celebrar esta sesión con el fin de reparar un grave error cometido durante el trámite legislativo de un proyecto.
Nuestro Gobierno, si hubiese querido, habría podido corregir el problema sin retirar el proyecto que venía del Senado originado en moción de los senadores Andrés Zaldívar y Ríoscon una indicación e, incluso, con un veto aditivo. Así se habría conseguido el objetivo y evitado el bochorno que la opinión pública ha observado.
Aprovecho la presencia del ministro señor Fernández para señalar que con él no sólo logramos una solución al problema mediante el proyecto presentado, sino que, además, el compromiso de suspender el funcionamiento de los fotorradares en estos 120 días, plazo que nos hemos dado para avanzar en una legislación mejor en una mesa de trabajo.
Quiero asumir lo señalado por los colegas Juan Pablo Letelier y Longueira , en el sentido de que éste es un problema nacional, no para abordarlo desde el punto de vista partidario ni de ninguna trinchera, puesto que afecta a todos los chilenos.
Hoy los ciudadanos podrán salir con tranquilidad a veranear olvidándose de la pesadilla de los fotorradares, puesto que está suspendido del pago de las multas por las faltas detectadas con esos aparatos, ya que habrá amnistía, pero nosotros quedamos para las vacaciones con un problema que no es menor.
Sobre la materia, hay muchas situaciones objetivamente irregulares, que algunos han tenido la valentía de denunciar, como es el caso del juez de policía local de Lampa, si no me equivoco, que en un momento determinado dijo que las empresas de fotorradares llegaban al extremo de incentivar a los funcionarios del Poder Judicial, de la misma manera como lo estaban haciendo con los municipios. Algo está pasando en este proceso tan poco transparente, y no nos pueden dejar indiferentes las denuncias formuladas. Debemos recogerlas.
Esta no es una norma que tienda a corregir una mala actuación en el tránsito, sino que más bien se ha transformado, en la práctica, en un sistema de recolección de fondos para los municipios e incentivos para los jueces de policía local. Asimismo, deberemos preocuparnos de ciertas actuaciones de estas empresas, las que “generosamente” no sólo han ofrecido facilitar, mediante contrato oneroso, las máquinas de fotorradares, sino que, además, realizar algunas labores administrativas que corresponden al Poder Judicial, que no dispone de funcionarios para notificar todos los partes que se cursan, y hasta enviar las certificaciones por correo a los domicilios de los infractores.
Un ejemplo claro es lo que vi hace pocos días en un parte de la municipalidad de Cartagena, enviado al juzgado de policía local, que a su vez notifica a un ciudadano que ha cometido determinada infracción. Ni siquiera se le cita ante el juez para explicar por qué transgredió la ley, sino que se le dice, a continuación, que si tiene dificultades para acudir a sus oficinas, vaya al Banco Edwards y pague la cantidad correspondiente. Esa no es forma de legislar ni una medida que tienda a impedir las infracciones de tránsito.
Para colmo, esto se ha visto adornado con una situación que me parece tan grave como la anterior. Se ha dicho públicamente que había acuerdo para retirar el proyecto del Congreso. En otros países del mundo, si un funcionario del Estado, un ministro o un subsecretario miente, genera un gran problema y un cambio inmediato de quien faltó a la verdad, pero aquí no pasa nada.
Se ha dicho que en esta recolección de fondos hay un entramado que nadie conoce y por eso la bancada de la Democracia Cristiana insistirá en la formación de una comisión investigadora que se encargue de esclarecer estos temas: recaudación de fondos por los municipios, incentivos económicos denunciados por los jueces de policía local, adjudicación de los contratos sin licitación previa y las notificaciones de que he dado cuenta.
Esperamos tener la unanimidad de la Sala para la formación de esa comisión, porque este no es un problema de trincheras de Gobierno y de Oposición, sino un saneamiento básico en el funcionamiento de nuestras autoridades.
Quiero decir al ministro que hay algunas contradicciones básicas en el texto del proyecto, como la señalada por el colega Rocha , tal vez como consecuencia de la presión con que hemos legislado. En el encabezado se dice que se suspende por 90 días el uso de los fotorradares, pero en el artículo 2º se habla de un plazo de 120 días. Me parece necesario corregirlo.
En segundo lugar esto es importante para la historia de la ley y para conocimiento de los jueces que deban aplicarlase dice que se concede amnistía a todos los conductores. A mi juicio, la amnistía debe ser para quienes han cometido las infracciones de tránsito, según lo señalado en el título. De lo contrario, tendrán que citar a los conductores, cuando la idea es amnistiar de inmediato por todas las infracciones.
Por último, me parece importante que quede claro si esta amnistía también alcanza a las infracciones que han sido cursadas por Carabineros, porque el artículo 1º no lo precisa muy bien. Como el texto se refiere a todas las infracciones, me gustaría que el señor ministro nos precisara si se refiere solamente a los partes cursados por infracciones detectadas con los fotorradares licitados por los municipios o también usando los fotorradares administrados por Carabineros de Chile.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Señores diputados, estamos tratando el proyecto que viene del Senado.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor FERNÁNDEZ (Ministro Secretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, me parece importante hacer una aclaración. La discrepancia entre los 90 y 120 días se entiende por la modificación del plazo que hizo el Senado. El proyecto original contemplaba 90 días y el Senado los aumentó a 120. Quizás por razones de la elaboración del texto que mandaron a la Cámara se produjo esta diferencia.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Navarro .
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, respecto del tema que aborda el proyecto está todo dicho y, sin duda, vamos a concordar en la necesidad de eliminar de manera definitiva este mecanismo.
Sólo quiero referirme al objetivo que se tuvo en vista para instalar los fotorradares. Hoy, en nuestro país, cada cinco horas fallece una persona en accidentes de tránsito. La pérdida anual alcanza a los 500 millones de dólares. Además, la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 23 años siguen siendo las consecuencias de lesiones o golpes recibidos en accidentes de tránsito. Sin embargo, la Corporación Nacional de Seguridad de Tránsito, Conaset , contaba con un presupuesto de 600 millones de pesos, menos de un millón de dólares. O sea, tenemos graves insuficiencias en el aspecto preventivo de los accidentes. Al respecto, recuerdo a la Sala que necesitamos innovar fuertemente en materia de prevención. Considero que esta iniciativa tenía sentido en la medida en que educaba a los conductores, porque eso no ocurre en nuestro país. Menos del 2 por ciento de los 4 millones de estudiantes que cursan la educación básica y media tienen acceso a conocer las normas de tránsito. Existen aproximadamente 2.500 institutos privados que enseñan esas normas, con la participación aproximada de 67 mil jóvenes.
También quiero recordar que en 1997 la Cámara despachó al Senado un proyecto de ley que hacía obligatoria la enseñanza de las normas de tránsito en la educación básica y media, para lo cual se proponía la modificación de la actual ley orgánica constitucional de Enseñanza. Dicho proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación y en la Sala de la Cámara, se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Una de las patrocinantes del proyecto fue la actual ministra de Educación, Mariana Aylwin .
Insisto en que debemos perseverar en la prevención de los accidentes y en el conocimiento de las normas del tránsito. El proyecto tendría un fondo sostenible si existiera una adecuada institucionalidad dentro del aparato del Estado para prevenir los accidentes de tránsito. Sobre la materia, no se han hecho campañas desde hace muchos años. Desde ya, anunciamos nuestro rechazo a la forma “pedagógica” de educar a los conductores.
Por tanto, solicito que los proyectos aprobados por unanimidad en la Cámara, que enviamos al Senado y que allí duermen por años, sean reactivados.
Pensamos que prevenir es la clave esencial para evitar los accidentes de tránsito.
He dicho.
El señor PARETO (Presidente).-
Cerrado el debate.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
¿Me permite señor Presidente?
El señor PARETO (Presidente).-
No corresponde, pero le concedo un minuto, señor diputado.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, para que no haya confusión, quiero aclarar que el título señala 90 días, pero en el articulado de la iniciativa se indican 120 días. Como lo que se aprueba es el artículo y no el título, no hay problema.
Gracias.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Punto de Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señor Presidente, la consulta que hizo el diputado señor Jiménez en relación con el artículo 1º, se refiere a un aspecto respecto del cual deberíamos tener claramente establecida nuestra intención, por cuanto en el artículo 2º hay una excepción.
Él preguntó si la amnistía era para todas las infracciones y contravenciones detectadas por algún mecanismo de registro, es decir, fotorradares y los aparatos portátiles. Es importante aclarar que así lo vamos a votar, por cuanto en el artículo 2º hay dos excepciones. Cuando votemos, lo haremos pensando que se refiere a toda infracción en la forma argumentada por el diputado señor Jiménez . Se lo consultamos al señor ministro porque es importante que no haya confusión en la Sala.
El señor PROKURICA.-
Reglamento, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PROKURICA.-
Es importante advertir a quienes pueden beneficiarse con esta norma que, para cumplir con las disposiciones reglamentarias, deben abstenerse de votar.
El señor PARETO (Presidente).-
Es una norma general, señor diputado.
El señor ELGUETA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Presidente).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, un punto no menor es la responsabilidad subsidiaria que señala el artículo 1º. Este adjetivo “subsidiario” no corresponde al artículo 175. Y lo digo porque tengo en mi poder la ley de Tránsito. No sé si la Comisión de Estilo podrá suprimir esa palabra, pues la responsabilidad del conductor es principal y no subsidiaria. No sé por qué el Senado introdujo un adjetivo que puede producir problemas de interpretación. Bastaría con citar la responsabilidad establecida en el artículo 175 de la ley de Tránsito.
El señor PARETO (Presidente).-
Pero no afecta la norma, señor diputado. Solamente es un calificativo.
Corresponde votar en general el proyecto que suspende la aplicación de fotorradares y amnistía las infracciones, con excepción del artículo 1º que, por referirse a materias propias de ley de quórum calificado, requiere votación separada y el voto favorable de 59 señores diputados y señoras diputadas para su aprobación.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica por el sistema electrónico, dio el siguientes resultado: por la afirmativa, 76 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Bertolino , Rozas (doña María) , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , González (doña Rosa) , Gutiérrez , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Leay , León , Letelier (don Juan Pablo) , Letelier (don Felipe) , Longueira , Luksic , Masferrer , Melero , Mesías , Molina , Monge , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Velasco , Venegas , Villouta y Walker (don Ignacio) .
Se abstuvo el diputado señor Álvarez-Salamanca .
El señor PARETO (Presidente).-
Si les parece a los señores diputados, el artículo 1º se dará por aprobado en general con el mismo resultado de la votación anterior, dejándose constancia del quórum.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
Si le parece a la Sala, el artículo 1º se dará por aprobado en particular, con la misma votación que lo fuera en general, dejándose constancia del quórum.
¿Habría acuerdo?
Aprobado.
En votación el artículo 2º, que tiene una indicación, a la cual dará lectura el señor Secretario. Posteriormente, se votará el artículo con la indicación.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).-
Indicación de la señora Rosa González y de los señores Díaz , Dittborn , Longueira , Recondo y Rojas para reemplazar en el artículo 2º, las expresiones “por el plazo de 120 días”, por el término “indefinidamente”.
El señor LUKSIC.-
¡Es inconstitucional!
Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PARETO (Presidente).-
Si se rechazara el artículo con la indicación, se votaría el artículo por separado.
En votación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 49 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor PARETO (Presidente).-
Rechazado.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Alessandri , Álvarez-Salamanca , Bertolino , Cardemil , Coloma , Dittborn , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García-Huidobro , González ( doña Rosa) , Guzmán (doña Pía), Leay , Masferrer , Melero , Molina , Monge , Palma (don Osvaldo) , Pérez (don Víctor) , Prokurica , Recondo , Rojas , Ulloa y Vargas .
Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Rozas ( doña María) , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Ceroni , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Elgueta , Encina , Gutiérrez , Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez, León , Letelier ( don Juan Pablo) , Luksic , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Reyes , Riveros , Rocha , Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva , Tuma , Urrutia , Valenzuela , Velasco , Venegas , Villouta y Walker (don Ignacio) .
Se abstuvieron los diputados señores:
García (don José ) y Letelier (don Felipe) .
El señor PARETO (Presidente).-
En votación el artículo, sin la indicación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.
El señor PARETO (Presidente).-
Aprobado el artículo.
Despachado el proyecto.
Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Acuña , Aguiló , Alessandri , Álvarez-Salamanca , Allende ( doña Isabel) , Arratia , Ascencio , Rozas ( doña María) , Bustos , Caraball ( doña Eliana) , Cardemil , Ceroni , Coloma , Cornejo (don Aldo) , Cornejo (don Patricio) , Díaz , Dittborn , Elgueta , Encina , Fossa , Galilea (don Pablo) , García (don René Manuel) , García (don José) , García-Huidobro , Gutiérrez , Guzmán (doña Pía), Hernández , Jaramillo , Jarpa , Jeame Barrueto , Jiménez , Leay , León , Longueira , Luksic , Masferrer , Melero , Molina , Monge , Montes , Muñoz (don Pedro) , Muñoz (doña Adriana) , Navarro , Núñez , Ojeda , Olivares , Palma (don Osvaldo) , Palma (don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pareto , Pérez (don José) , Pérez (don Víctor) , Pollarolo (doña Fanny) , Prochelle (doña Marina) , Prokurica , Recondo , Reyes , Riveros , Rocha , Rojas, Saa (doña María Antonieta) , Salas , Seguel , Silva , Tuma , Ulloa , Urrutia , Valenzuela , Vargas , Velasco , Venegas , Villouta y Walker (don Ignacio) .
Votó por la negativa el diputado señor Bertolino .
Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Felipe) .
Oficio Aprobación sin Modificaciones . Fecha 23 de enero, 2002. Oficio en Sesión 28. Legislatura 345.
VALPARAISO, 23 de enero de 2001
Oficio Nº 3629
A S. E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO
La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien prestar su aprobación, en los mismos términos en que lo hiciera ese H. Senado, al proyecto de ley -iniciado en Mensaje- que suspende la aplicación de los fotorradares y amnistía infraciones, Boletín N° 2889-15(S).
Hago presente a V.E. que el artículo 1°del proyecto fue aprobado, tanto en general como en particular, con el voto conforme de 76 señores Diputados, de 116 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº19.354, de 23 de enero de 2002.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V.E.
LUIS PARETO GONZALEZ
Presidente de la Cámara de Diputados
ADRIAN ALVAREZ ALVAREZ
Prosecretario de la Cámara de Diputados
Oficio Ley a S. E. El Presidente de la República. Fecha 23 de enero, 2002. Oficio
Valparaíso, 23 de Enero de 2.002.
Nº 19.372
A S. E. El Presidente de la República
Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1º.- Concédese amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de esta ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, salvo que hayan dado origen a un accidente del tránsito. Esta amnistía se extenderá, asimismo, a los propietarios de los vehículos motorizados cuando, en las mismas circunstancias, recaiga sobre ellos la responsabilidad subsidiaria que contempla el artículo 175 de la Ley de Tránsito.
Si en el respectivo proceso hubiere recaído sentencia ejecutoriada que haya dado lugar a una anotación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados o en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, éste procederá a eliminarla de oficio. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá recabar de dicho Registro la eliminación de la anotación, con el solo mérito del certificado que, a petición verbal o escrita, le extenderá el juzgado de policía local acreditando el hecho de estar beneficiado por la amnistía a que se refiere el inciso primero.
No obstante, las multas que se hubieren enterado en la Tesorería Municipal respectiva no podrán ser objeto de reembolso alguno y la amnistía de que se trata no dará lugar a deducir acciones indemnizatorias de perjuicios.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo señalado en los incisos segundo a séptimo del artículo 4º de la Ley Nº 18.290, agregados por el artículo 2º Nº 1 de la ley Nº 19.676, suspéndese, por el plazo de ciento veinte días, el uso de equipos de registro de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile.”.
- - -
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
ANDRES ZALDIVAR LARRAIN
Presidente del Senado
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario del Senado
SUSPENDE LA APLICACION DE LOS FOTORRADARES Y AMNISTIA INFRACCIONES
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
P r o y e c t o d e l e y:
"Artículo 1º.- Concédese amnistía a todos los conductores de vehículos motorizados que, a la fecha de publicación de esta ley, hubieren sido denunciados por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito sobre la base de un elemento probatorio producido por algún equipo de registro de infracciones, salvo que hayan dado origen a un accidente del tránsito. Esta amnistía se extenderá, asimismo, a los propietarios de los vehículos motorizados cuando, en las mismas circunstancias, recaiga sobre ellos la responsabilidad subsidiaria que contempla el artículo 175 de la Ley de Tránsito.
Si en el respectivo proceso hubiere recaído sentencia ejecutoriada que haya dado lugar a una anotación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados o en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, éste procederá a eliminarla de oficio. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá recabar de dicho Registro la eliminación de la anotación, con el solo mérito del certificado que, a petición verbal o escrita, le extenderá el juzgado de policía local acreditando el hecho de estar beneficiado por la amnistía a que se refiere el inciso primero.
No obstante, las multas que se hubieren enterado en la Tesorería Municipal respectiva no podrán ser objeto de reembolso alguno y la amnistía de que se trata no dará lugar a deducir acciones indemnizatorias de perjuicios.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo señalado en los incisos segundo a séptimo del artículo 4º de la ley Nº 18.290, agregados por el artículo 2º Nº 1 de la ley Nº 19.676, suspéndese, por el plazo de ciento veinte días, el uso de equipos de registro de infracciones, con excepción de los radares portátiles o de puño utilizados por Carabineros de Chile.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 28 de enero de 2002.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Javier Etcheberry Celhay, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Mario Fernández Baeza, Ministro Secretario General de la Presidencia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Lautaro Pérez Contreras, Subsecretario de Transportes (S).
