Historia de la Ley

Historia de la Ley

Nº 20.990

Dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional.

Téngase presente

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Mensaje

Fecha 06 de enero, 2015. Mensaje en Sesión 77. Legislatura 362.

La sala acuerda refundir los boletines 10330-06/ 10422-06/ 10443-06 en este tramite constitucional de conformidad al articulo 17 A de la Ley Organica Constitucional del Congreso Nacional

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional.

Boletín N° 9.834-06

MENSAJE N° 1053-362/

Honorable Senado:

Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de Reforma Constitucional que modifica la Constitución Política de la República con el fin de disponer la elección popular del órgano ejecutivo del Gobierno Regional

ANTECEDENTES

1. Nuestra evolución institucional

La Constitución Política de la República configura nuestro Estado como un Estado unitario, a la vez que define el carácter democrático de nuestra República.

La ley N° 19.097, publicada el 12 de noviembre de 1991, dispuso modificó la Carta Fundamental reformando el sistema de administración regional y estableciendo los gobiernos regionales, como órganos de la Administración del Estado dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio.

A los gobiernos regionales se les encomendó la administración superior de la región respectiva, avanzando en el proceso de descentralización del país. Dichos gobiernos regionales se concibieron desde un principio como órganos duales, conformados por un órgano unipersonal y ejecutivo, denominado intendente, y por un órgano colegiado, normativo, resolutivo y fiscalizador, denominado consejo regional.

Por otra parte, la reforma de 1991 mantuvo la estructura de Gobierno y Administración Interior en las respectivas regiones y provincias, encargada de las tareas de gobierno interior, a través de intendencias y gobernaciones.

Sin duda que el paso dado con dicha reforma constitucional constituyó el inicio de un proceso descentralizador inédito en nuestro país, el cual se ha ido consolidando, perfeccionando y profundizando de forma gradual.

En efecto, el 11 de noviembre de 1992, se publicó en el Diario Oficial la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la cual estableció a nivel legal el nuevo sistema de administración regional. Así, se determinaron las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales y se dispusieron las competencias que tendrían los intendentes en tres ámbitos: a) como titular de las tareas de gobierno interior, b) como ejecutivo del gobierno regional y c) como presidente del consejo. Asimismo, la normativa legal citada consagró las competencias de los consejos regionales, a la vez que dispuso que sus integrantes fueran elegidos por los concejales constituidos en colegio electoral provincial. Junto a ello, se determinó la configuración de la administración de los recursos del gobierno regional y el respectivo sistema presupuestario.

De este modo, entró en marcha un sistema institucional de descentralización que, poco a poco, se fue consolidando. Sin embargo, durante la década pasada se estimó que era necesario fortalecerlo en dos aspectos.

Por un lado, se hacía necesario disponer un sistema de elección de consejeros regionales, en votación directa por parte de los ciudadanos y, por otro, era necesario implementar un mecanismo eficaz de traspaso de funciones y atribuciones desde órganos del nivel central al regional.

Por ello, durante mi primer Gobierno impulsé decididamente la reforma constitucional, aprobada el año 2009 mediante ley N° 20.390, que, en primer lugar, permitió disponer de la elección de consejeros regionales por sufragio universal en votación directa; y, en segundo lugar, consideró las bases del procedimiento de transferencia de competencias desde ministerios y servicios públicos a uno o más gobiernos regionales en los ámbitos de fomento productivo, ordenamiento territorial y desarrollo económico, social y cultural.

La citada modificación constitucional consideró, además, la eliminación de la referencia a que las regiones deben ser identificadas mediante un número; la administración de áreas metropolitanas, y la obligatoriedad de los convenios de programación que suscriben los gobiernos regionales con órganos del nivel central.

Fruto de lo anterior es que en noviembre de 2013 se efectuaron las primeras elecciones de consejeros regionales por votación popular directa, lo que ciertamente ha afianzado el proceso de democratización de los diversos niveles territoriales del Estado.

Por su parte, como Gobierno introduciremos modificaciones al proyecto de ley hoy en trámite, que modifica la citada ley N° 19.175; disponiendo, entre muchas otras materias, la necesaria regulación legal que requiere el mecanismo de traspaso de funciones y atribuciones a gobiernos regionales, y la obligatoriedad de los convenios de programación. Con ello, dotaremos a los gobiernos regionales de nuevas competencias, tal cual lo señalamos en nuestro Programa de Gobierno.

Asimismo, en la lógica de fortalecer los consejos regionales, promulgué la ley N° 20.757 de abril del presente año, que regula el estatuto aplicable a los presidentes de consejos regionales y remití a consideración del H. Congreso Nacional una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de desempeño de los miembros de dichos consejos.

Por otra parte, incorporamos en la ley de Presupuestos del Sector Público del Año 2015, por primera vez, el Fondo de Convergencia, que permitirá fortalecer el desarrollo de zonas rezagadas fortaleciendo la equidad territorial. Este instrumento busca compensar a los territorios rezagados y a las zonas extremas del país, en los que ya hemos iniciado programas específicos para fomentar especialmente su desarrollo o compensar su condición de aislamiento.

En este contexto, los gobiernos regionales han enterado ya 22 años de existencia, período en el cual han posibilitado que la toma de decisiones sobre materias tan diversas como ordenamiento territorial o inversión pública, se adopten en el propio territorio. Las regiones ya han incorporado plenamente a sus dinámicas este nivel dentro de la administración, incluso en las Regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos, creadas el año 2007, durante mi primer Gobierno.

Sin embargo, estimo que este proceso debe profundizarse aún más, tal como lo estipula mi Programa de Gobierno. De esta forma, como señalé en noviembre pasado con ocasión de recibir el Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, el objetivo es elaborar propuestas concretas para promover el poder y el crecimiento de todas las regiones.

Existe un amplio acuerdo de que nuestro país necesita una política consistente y multisectorial en materia de desarrollo de las regiones, que considere la especificidad de cada una, siendo necesario que las soluciones a los diversos problemas que existen en las quince regiones del país sean definidas con creciente participación de los niveles sub nacionales.

Asimismo, creemos que el proceso de descentralización constituye un paso necesario para asegurar criterios de equidad en pos de la dignidad y calidad de vida de las personas, constituyendo una necesidad de nuestro crecimiento económico.

2. La autoridad del Intendente Regional

En nuestro sistema de Gobierno y Administración Interior del Estado, el Intendente es una figura compleja que, conjuntamente, representa al Presidente de la República en la Región y, además, dirige el Gobierno Regional.

En cuanto representante del Presidente, resulta lógico que sea nombrado por él. Sin embargo, hoy en día, cuando los ciudadanos eligen alcaldes, concejales, parlamentarios y consejeros regionales, y en circunstancias que el Intendente dirige un cuerpo constituido por autoridades electas democráticamente, su carácter designado resulta anómalo.

En dicho contexto, es imprescindible que la máxima autoridad ejecutiva de los gobiernos regionales sea elegida por la ciudadanía y no ya designada por el Presidente de la República.

Desde luego, ambas funciones, gobierno interior y administración superior regional, deben seguir existiendo. Es necesario precisar que el paso que estamos dando ahora es determinar la elección popular de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Regional, con la plenitud de las funciones que la ley le otorga a éste. En cualquier caso, seguirá existiendo un representante del Presidente de la República, como es natural en un Estado unitario.

Finalmente, quisiera precisar, como lo he señalado en otras ocasiones, que para nuestro Gobierno la descentralización es un serio compromiso, que va mucho más allá de palabras y meras declaraciones, por lo que queremos avanzar decididamente en ella, comenzando por la reforma constitucional que permita la elección directa por sufragio universal del Intendente como órgano ejecutivo del Gobierno regional. Es la intención de mi Gobierno que esta reforma sea aprobada por el H. Congreso Nacional con la suficiente celeridad que permita materializar la primera elección directa de Intendentes junto con las elecciones políticas nacionales de 2017, de modo que los nuevos ejecutivos regionales asumen sus mandatos en marzo del 2018, junto con el nuevo mandato presidencial.

En consecuencia, el Gobierno ha considerado necesario presentar el presente proyecto de reforma a la Carta Fundamental, cuyos contenidos específicos y sus respectivos fundamentos se exponen a continuación.

II. CONTENIDOS DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

1. Elección de intendentes como órgano ejecutivo del Gobierno Regional

Se dispone la elección de intendentes, en tanto jefe del gobierno regional, por sufragio universal en votación directa. Lo anterior complementa la actual elección popular de consejeros regionales. Así, la totalidad de las autoridades de la administración regional y comunal, incluyendo a alcaldes y concejales, serán elegidas directamente por la ciudadanía, fortaleciéndose aún más nuestra democracia.

Para ser elegido intendente se requerirá la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, por lo cual se contempla la posibilidad de que haya una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

Los mandatos durarán cuatro años, pudiendo postular sólo a la reelección inmediata. Ello posibilitará a la ciudadanía dar la oportunidad a que las administraciones ejerzan un nuevo período sucesivo, pero equilibrando dicha oportunidad con la necesaria renovación de autoridades y la alternancia democrática.

El intendente, dado su carácter electo, presidirá el consejo regional. Además, le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región y que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Ello le permitirá administrar un sistema de gestión que posibilitará satisfacer de modo descentralizado las necesidades de la comunidad regional.

En las normas transitorias se propone que la oportunidad de la primera elección se determine en una ley orgánica constitucional.

2. El gobernador regional como nueva autoridad de gobierno interior

Se dispone la creación de una nueva autoridad de gobierno interior, denominada “gobernador regional”.

El actual intendente hoy ejerce tareas como ejecutivo de gobierno regional (administración regional) y como representante del Presidente de la República en la región respectiva (gobierno interior). Es por ello que se dispone que este último ámbito de funciones continúe a cargo de un funcionario designado por el Presidente de la República. Éste se denominará “gobernador regional”, quien será el representante del Presidente de la República en la región, designado y removido libremente por éste, y tendrá a su cargo tareas propias de gobierno interior, tales como control del orden público, combate a la delincuencia, extranjería, emergencias y, en general, la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región y que dependen o se relacionen con el Presidente de la República a través de un ministerio.

De este modo, además, el gobernador regional coordinará, supervigilará y fiscalizará el accionar de los órganos públicos desconcentrados del nivel central en la región (por ejemplo, seremis y directores regionales de servicios). Debe considerarse que la Administración central presente en la región continuará existiendo, por lo que se requiere de una autoridad capacitada y facultada para liderarlo y coordinarlo. Las funciones y atribuciones que la legislación encomienda al Intendente Regional, que no sean relativas al Gobierno Regional, se entenderán referidas al gobernador regional.

Por su parte, seguirán existiendo las gobernaciones provinciales, como parte del Gobierno y la Administración interior; sin embargo, no habrá gobernador en la provincia que sea asiento de la capital regional. En ella, la autoridad de gobierno interior será el gobernador regional.

Finalmente, debe precisarse que el gobernador regional podrá ser sometido a juicio político por el Congreso Nacional del mismo modo que lo es hoy el Intendente en su carácter de autoridad desconcentrada.

3. Disposiciones transitorias.

Actualmente, la Constitución faculta al legislador para delegar en el Presidente de la República la facultad de dictar decretos con fuerza de ley, en el artículo 64 de la Constitución, con el límite de un año.

Con el objeto de posibilitar la transferencia de servicios públicos propiamente regionales que satisfagan necesidades de la población, mediante una disposición transitoria se permite que dicha facultad se extienda hasta por cuatro años. Sin embargo, esto sólo será posible dentro de los diez años siguientes a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional.

En consecuencia, y en mérito de lo expuesto precedentemente, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL:

"ARTÍCULO ÚNICO.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1) Sustitúyese en el artículo 32, numeral 7°, la expresión “intendentes y gobernadores;”, por la siguiente: “gobernadores regionales y gobernadores provinciales;”.

2) Sustitúyese en el artículo 52, numeral 2°, literal e) la expresión “intendentes, gobernadores,”, por “gobernadores regionales, gobernadores provinciales,”.

3) Sustitúyese en el artículo 57, numeral 2°, la expresión “los gobernadores,”, por “los gobernadores regionales, los gobernadores provinciales,”.

4) Sustitúyese el artículo 111 por el siguiente:

“Artículo 111.- El gobierno de cada región reside en un gobernador regional que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República. El gobernador regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción.

Al gobernador regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.

5) Sustitúyese el artículo 112 por el siguiente:

“Artículo 112.- La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por un intendente y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio. El intendente será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo, y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional.

El intendente será elegido por sufragio universal en votación directa, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido sólo para el período siguiente.

Si a la elección de intendente se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.”.

6) Suprímense los incisos quinto y sexto del artículo 113, pasando a ser el actual inciso séptimo, inciso quinto, y así sucesivamente.

7) Modifícase el artículo 116 de la siguiente manera:

a) En el inciso primero, sustitúyese la palabra “intendente” por la expresión “gobernador regional, salvo en la provincia donde se ubique la capital regional.”.

b) En el inciso primero, intercálase la palabra “provincial” a continuación de la expresión “Estará a cargo de un gobernador” y antes del signo “,”.

c) En el inciso segundo, intercálase la palabra “provincial” a continuación de la expresión “Corresponde al gobernador” y antes de la palabra “ejercer”.

d) En el inciso segundo, sustitúyese la expresión “instrucciones del intendente” por “instrucciones del gobernador regional”.

e) En el inciso segundo, intercálase la expresión “, que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio”, a continuación de la palabra “provincia” y antes del punto seguido.

f) En el inciso segundo, sustitúyese la expresión “delegarle el intendente” por “delegarle el gobernador regional”.

8) Modifícase el artículo 124 de la siguiente manera:

a) En el inciso primero, sustitúyese la expresión “intendente o gobernador”, por “gobernador regional o gobernador provincial”.

b) En el inciso primero, intercálese la expresión “intendente,” a continuación de la expresión “y para ser elegido” y antes de la expresión “consejero regional”.

c) En el inciso segundo, sustitúyese la expresión “intendente, gobernador”, por “gobernador regional, intendente, gobernador provincial”.

d) En los incisos tercero, cuarto y quinto, sustitúyense las expresiones “intendente, gobernador o presidente del consejo regional”, por “gobernador regional, intendente o gobernador provincial”.

9) Intercálase en el artículo 125, la expresión “intendente,” a continuación de la expresión “en los cargos de” y antes de la palabra “alcalde”.

10) Agréganse las siguientes disposiciones transitorias:

“VIGÉSIMOSEPTIMA. La primera elección por sufragio universal en votación directa de intendentes se realizará en la oportunidad que determine la ley orgánica constitucional que establece el inciso cuarto del artículo 112.

Una vez que asuman los intendentes conforme las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, cesarán de pleno derecho en sus funciones los presidentes de los consejos regionales. Asimismo, desde que asuman estas autoridades electas, las normas legales que atribuyan funciones al intendente se entenderán referidas al gobernador regional, salvo aquéllas que, expresamente, le otorguen al intendente funciones en cuanto órgano ejecutivo del gobierno regional, las que se entenderán referidas al intendente electo.

Mientras no ocurra esta asunción, las competencias ejecutivas de los gobiernos regionales serán desempeñadas por los intendentes designados por el Presidente de la República. Durante el mismo período el Presidente del Consejo Regional permanecerá en funciones.

VIGÉSIMOOCTAVA. Durante los diez años siguientes a la publicación de la reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, la autorización dispuesta en el artículo 64 podrá otorgarse por un plazo máximo de cuatro años sólo con el fin de disponer las normas que sean necesarias para la efectiva transferencia, a los gobiernos regionales, de la dependencia de uno o más servicios públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependen o se relacionan con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.”.

Dios guarde a V.E.

1.2. Moción Parlamentaria

Moción de Lily Pérez San Martín, Antonio Horvath Kiss, Andrés Zaldívar Larraín, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro Guillier Álvarez, Víctor Pérez Varela, Ena Von Baer Jahn, José García Ruminot, Alberto Espina Otero, Francisco Chahuán Chahuán, Andrés Allamand Zavala y Rabindranath Quinteros Lara. Fecha 07 de octubre, 2015. Moción Parlamentaria

Proyecto de reforma constitucional, iniciada en moción de los Honorables Senadores señor Horvath, señora Pérez San Martín y señores Guillier, Quinteros y Zaldívar, en materia de descentralización del Estado, y que instituye la elección de los intendentes mediante sufragio universal.

Boletín Nº 10.330-06

CONSIDERANDO:

1)El 30 de Diciembre 2014, en un acto público realizado en Puerto Montt, la Presidenta de la República firmó el “Proyecto de Reforma Constitucional que modifica la Constitución Política, con el fin de disponer la elección popular del Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional” y que actualmente se está analizando en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado.

Este proyecto de ley, corresponde a un planteamiento histórico que han realizado las distintas organizaciones regionalistas del país, como CORCHILE, CONAREDE y los Federales. El año 2014, la Comisión Presidencial de Descentralización y Desarrollo Regional, entregó después de un amplio proceso participativo en las diversas regiones de Chile, su informe denominado “Propuesta de Política de Estado y Agenda para la descentralización y el desarrollo territorial de Chile. Hacia un país desarrollado y justo.”

2) Con el fin de revertir el centralismo y promover nuevos espacios para el desarrollo de las regiones a nivel nacional, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, presidida por Esteban Valenzuela y Heinrich Von Baer, hizo entrega de su informe final, en una ceremonia que se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

Dentro de sus principales conclusiones, se presentan algunas medidas tan importantes como las reformas constitucionales esenciales para la descentralización, como son la elección popular del órgano ejecutivo, que priorizará la competencia programática en los temas relevantes da cada territorio.

Otro principio fundamental de esta Comisión, fue solicitar la introducción de reformas necesarias, que reviertan el excesivo centralismo actual y transfieran las competencias necesarias para un verdadero gobierno regional.

Con este objetivo, y sin que se destruya la unidad del estado, proponemos concentrarnos en un Estado descentralizado como regla general.

3) Los efectos del sistema centralista y concentrador, generan zonas de sacrificio y ha llevado a agotar o poner en riesgo, muchos de los recursos naturales e impedir el buen uso del extenso y diverso borde costero y del territorio nacional. Fenómeno similar, ocurre por la rica y diversa cultura que tenemos en el país. Cambiarlo desde luego no resulta fácil, en un esquema que tiende a polarizar y a ver las cosas en blanco y negro. Generar consenso y acuerdos que traspasen el poder a las regiones y a las personas, requiere de una mayor conciencia y de la participación vinculante y de educación cívica y ciudadana.

El Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile, CONAREDE, ha jugado un rol relevante, así como otras más ligadas a los Movimientos Sociales y Regionalistas, entre ellos los Federales.

4) Con la presentación del proyecto reforma constitucional que permita la elección popular del Intendente, se ha dado un paso importante en esta materia. Sin perjuicio de ello, existen algunas modificaciones que son imprescindibles para darle viabilidad al proyecto de reforma constitucional, presentado por el Gobierno y así lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el mensaje del mismo, sin por ello, demorar su pronta aprobación y puesta en práctica.

5) Las modificaciones que se proponen al proyecto de Reforma Constitucional responden a los siguientes criterios:

a) Se concentran en unas pocas normas claves para lograr una reforma constitucional, que cumpla con los propósitos definidos en el mensaje del proyecto enviado por el Ejecutivo, llevando a síntesis legislativa los elementos esenciales para esta reforma.

b) Contribuyen con propuestas de modificaciones normativas mínimas, que generen consensos amplios, que puedan ser asumidas y respaldadas ampliamente por ambas ramas del Congreso.

c) Conservan, dentro de lo posible, la estructura y términos de la actual Constitución Política de la República.

6) Por lo anterior, se propone una ampliación a las reformas propuestas por el ejecutivo, que se sintetizan a continuación:

a) Manteniendo la forma el Estado, se sugiere redactar la disposición del inciso segundo de modo que evidencie una preferencia constitucional por la descentralización por sobre la desconcentración, las que en el texto de la actual Constitución Política de la República, aparecen como alternativas indiferentes. En consecuencia, se propone un mandato constitucional en que impera la descentralización como regla general, pudiendo naturalmente el legislador justificar hipótesis de mera desconcentración, de modo excepcional. En segundo término, en el inciso tercero, se enfatiza que todos los órganos del Estado deben sujetarse al imperativo constitucional de promover la descentralización, y que ello, debe hacerse en conformidad a los principios que luego sugerimos incorporar como un nuevo artículo 125 bis.

b) En otro tanto, este proyecto se hace cargo de los posibles conflictos de competencia que puedan producirse entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, o entre estos dos últimos, y deben ser objeto de resolución por un órgano jurisdiccional calificado, ya que está en juego la distribución del poder estatal en órganos territoriales diferenciados con competencias determinadas, regulados con normas y criterios estrictamente jurídicos. Por ello, esa decisión debe realizarse conforme a derecho, teniendo como elemento central las disposiciones constitucionales y legales que determinan las funciones y atribuciones del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales. En esta perspectiva, el órgano constitucional más adecuado para resolver tales conflictos en nuestro derecho, es el Tribunal Constitucional, fórmula que también se ha utilizado en el derecho comparado. Es cierto que en estos ordenamientos, a diferencia de nuestro caso, la distribución competencial específica entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales, la realiza la propia Constitución, por lo que la resolución de la controversia es una materia estrictamente constitucional. Sin embargo, ello no impide atribuir esta materia a dicho órgano, atendida su posición institucional y las atribuciones que ya ostenta en la resolución de conflictos entre órganos constitucionales.

c) También la propuesta de modificación del artículo 110 materializa la división territorial de la República, de modo tal que reserva el asiento provincial para el ejercicio de las potestades presidenciales de Gobierno interior. De esa manera, por otra parte, se consagra simplemente lo que hoy ocurre en la práctica. El Orden Público, Extranjería, Aduanas y Fronteras son materias que hoy se despliegan preferentemente a través de las Gobernaciones Provinciales. Adicionalmente, se resuelve en esta norma la cuestión del control sobre la administración desconcentrada. En efecto, es obvio que siempre existirá un ámbito en que el Estado se despliega en el territorio, pero que conviene mantener bajo control centralizado. Esas reparticiones públicas deben seguir actuando bajo el control de los ministerios respectivos, y la necesaria coordinación y supervigilancia local debe estar en manos del Delegado del Gobierno central a nivel provincial. Por otra parte, de acuerdo con el Informe de la Comisión Asesora Presidencial, distinguimos dos niveles de Gobierno descentralizado: la región y la comuna. Esto permite una clara delimitación de competencias y evita una tensión constante entre dos autoridades paralelas de nivel regional, como se propone en el proyecto del Ejecutivo. El inciso segundo, que reserva a la Ley Orgánica Constitucional las materias relativas a organización territorial, el que se mantiene igual que la actual norma fundamental, también de acuerdo al citado Informe de la Comisión, que en esta materia sólo agrega sugerencias respecto de los procedimientos previos a que el Ejecutivo someta una cuestión de esta índole a consideración legislativa, procedimientos que no requieren asiento constitucional

d) Se propone además un Art. 111 que asigne claramente las funciones de gobierno y administración de la Región al Gobierno Regional, constituido por el Intendente electo y el Consejo Regional, debidamente diferenciadas de las de gobierno interior, asignadas al Delegado Presidencial. Realizar una diferenciación entre “Gobierno de la región” y “Gobierno interior”, es de sumo importante para evitar un conflicto de roles entre las autoridades regionales existentes ya que este sobre posición de roles debilitaría al gobierno interior en el nivel de las provincias.

e) Dado que el artículo anterior asigna el gobierno y administración de cada Región a un Gobierno Regional, la siguiente propuesta de modificación delimita las funciones del intendente en cuento órgano ejecutivo del gobierno regional. Se trata entonces, por una parte, de establecer una competencia positiva (coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región); seguido de una delimitación negativa (aquello que corresponde al Delegado Presidencial provincial).

f) En coordinación con el texto propuesto para el artículo 110, que reserva el nivel provincial para el ejercicio de las potestades de gobierno y administración interior, así como de la coordinación de las entidades públicas desconcentradas, en el Artículo 116 se establece el órgano a cargo de dicha tarea: un “Delegado Presidencial” designado a nivel provincial directamente por el Presidente de la República y de su entera confianza. En sintonía con el Informe de la Comisión Asesora Presidencial, y con la experiencia comparada (que llama Gobernador a quien gobierna) hemos preferido el nombre de Delegado Presidencial, para evitar la extrema ambigüedad que produce asignar la tarea de gobierno a un órgano y llamar gobernador a otro distinto. Por otra parte, también se propone establecer que el Delegado Presidencial con asiento en la provincia donde se encuentre la capital regional, asuma las competencias de supervisión de la administración pública desconcentrada de nivel regional (o sea, sin expresión provincial) y de coordinación del resto de delegados en la Región, de modo de garantizar la eficiencia administrativa y evitar la duplicación de funciones y el sobrepeso del aparato público en las capitales regionales.

g) El actual texto constitucional del artículo 117 establece que “los gobernadores, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.” Ese texto es naturalmente incompatible con una propuesta de modificación que sustituye a los Gobernadores por Delegados Presidenciales provinciales. La facultad de designar representantes, dentro de su área de competencias, en una o más localidades que pudieran tener los Delegados Presidenciales debiera, si se estima necesario mantenerla, quedar consagrada en la ley.

h) Así como es necesario e imprescindible que la Constitución se refiera a los Gobiernos regionales, también lo es que lo haga a los Gobiernos locales. Hasta hoy, apenas la administración de cada comuna queda en manos de la respectiva municipalidad. Por ello, se propone en la presente moción, un agregado menor pero muy significativo, al inciso primero del Art. 118, atribuyendo el gobierno local, además de la administración, a las municipalidades, constituidas por su Alcalde y por el Concejo Municipal. El resto del texto del artículo queda, naturalmente, en idénticos términos que los de la actual norma constitucional.

i) Se estima esencial que en la reforma se consagren constitucionalmente algunos de los principios constitucionales del Estado descentralizado, como los enuncia el Informe de la Comisión Asesora Presidencial, en cuya justificación (página 29) destaca que la inclusión de principios orientadores del proceso descentralizador reviste importancia política y jurídica, refiriéndose, entre otros, al desarrollo de las instituciones del Estado descentralizado, al control constitucional de las leyes respectivas y a la solución de contiendas de competencia.

j) En el momento actual del incipiente proceso de descentralización de nuestro país, resulta muy deseable distinguir nítidamente entre dos ciclos electorales: 1) Elecciones Nacionales: presidenciales y parlamentarias; 2) Elecciones Territoriales: municipales (alcaldes y concejales); regionales (Intendentes y Consejeros Regionales). La Comisión Asesora Presidencial, así como la mayoría de los 15 Diálogos Regionales realizados por ésta, reforzaron dicha lógica, con el fin de que en el caso de las elecciones territoriales (municipales y regionales) se asegure: a) que las propuestas de programas de los candidatos a Alcalde y a Intendente puedan ser conocidas y debatidas integradamente por la ciudadanía en relación a un mismo territorio y a objetivos propios del desarrollo local y regional. b) que los candidatos a Intendentes y Consejeros Regionales, así como sus respectivos programas y campañas, no resulten totalmente opacados y desplazados por la visibilidad política y mediática significativamente mayor de la elección presidencial y parlamentaria. Por lo anterior y por la necesidad de reforzar el compromiso ciudadano con los desafíos comunes del desarrollo de nivel local y regional, que atañen de un modo más cercano y directo a las comunidades y territorios, resulta en alto grado deseable que el hito de esta primera elección de intendentes alcance a lograr la significación histórica, participación y legitimación ciudadana que merece. En consecuencia, es necesario realizar el mayor esfuerzo por alcanzar a elegir Intendentes en octubre de 2016, o por excepción y única vez, en noviembre de 2017, en conjunto con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Dejarla para el año 2020 no sería aceptable para las comunidades regionales que han cifrado tanta esperanza en el cumplimiento de éste compromiso, tan relevante para el efectivo avance del proceso descentralizador.

7) Es necesario hacer un reconocimiento, por el esfuerzo realizado por los señores Juan Andrés Varas, Heinrich von Baer, Esteban Valenzuela, Alejandro Ferreiro, Juan Carlos Ferrada, Humberto Nogueira y el apoyo de los comisionados, Manuel Ahumada, Diego Benavente, Jaime Bertin, Carlos Cantero, Marcelo Carrasco, Miriam Chible, María Ignacia Fernández, María Angélica Fuentes, Héctor Gaete, Ricardo Israel, María Ignacia Jiménez, Harry Jürgensen, José Marimán, Jorge Martínez, Manuel Millones, Luis Moncayo, Pedro Muñoz, Álvaro Palma, Jaime Tohá, Ismael Toloza, Teresa Valdés, Beatriz Vega, Esteban Velásquez, Patricio Vergara, quienes han colaborado de manera directa, a través de su documento “Reforma Constitucional de Descentralización: Modificaciones imprescindibles para la viabilidad del proyecto.”, y que son la base de las propuestas que realizamos en esta moción.

Por lo anteriormente expuesto, es que venimos a presentar la siguiente moción de reforma constitucional:

MOCION

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y QUE ESTABLECE LA ELECCIÓN POPULAR DE LOS INTENDENTES

Artículo Único:

Modificase la Constitución Política de la República, en el siguiente sentido:

1) Reemplazase el artículo 3º, por el siguiente:

Art. 3. “El Estado de Chile es unitario.

Su gobierno y administración serán funcional y territorialmente descentralizados, de conformidad a esta Constitución y a la ley, la que también establecerá los casos de administración desconcentrada.

Todos los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, según los principios que esta Constitución establece.”

2) Modificase el artículo 93, de la siguiente manera:

a) Incorporase, después de su numeral 16, un 17 nuevo, del siguiente tenor:

17. Resolver los conflictos de competencia entre los órganos del Gobierno y la Administración del Estado central, los gobiernos regionales y las municipalidades.

b) Incorporase, después del inciso 18, el siguiente nuevo:

“En el caso del número 16°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de los órganos en conflicto, a través de las personas que poseen su representación judicial”

3) Sustitúyase el artículo 110, por el siguiente:

“Articulo. 110. Para el gobierno y la administración del Estado, su territorio se divide en regiones y éstas en comunas. Para el ejercicio de las potestades de gobierno y administración interior, y de coordinación, fiscalización y supervigilancia de los servicios y órganos desconcentrados, la región se divide en provincias. La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.”

4) Reemplazase el artículo 111, por el siguiente:

“Articulo. 111. El gobierno y la administración de cada región reside en el respectivo Gobierno Regional, cuyo objeto será el desarrollo social, cultural y económico de la región. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio.

El gobierno regional, estará constituido por el Intendente, quien será su órgano ejecutivo, y por el Consejo Regional.

El Intendente será elegido por mayoría simple, en votación universal directa, de conformidad a los mecanismos que establezca la ley orgánica respectiva. Los integrantes del Consejo Regional serán asimismo electos en votación universal directa conforme a la ley.”.

5) Sustitúyase el artículo 112, por el siguiente:

“Artículo 112. Al Intendente le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos regionales creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, con la excepción de las potestades que corresponda ejercer a nivel provincial al respectivo Delegado Presidencial. Al Intendente le corresponde además la presidencia del Consejo Regional.

Una ley orgánica constitucional determinará la forma en que el Intendente ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones”.

6) Reemplazase el artículo 116, por el siguiente:

“Artículo 116. En cada provincia existirá un Delegado Presidencial, el que será un órgano territorialmente desconcentrado del Presidente de la República, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponde al Delegado Presidencial ejercer, de acuerdo a las instrucciones del Presidente de la República, la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos nacionales desconcentrados existentes en la provincia, así como el ejercicio de las potestades de gobierno interior que competen de modo exclusivo al Presidente de la República.

El Delegado Presidencial con asiento en la capital regional, bajo el nombre de Delegado Presidencial Regional, asumirá adicionalmente, las funciones de coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos nacionales desconcentrados de alcance regional, así como la coordinación de las tareas de los demás Delegados Presidenciales de la región.

La ley determinará las atribuciones que podrá delegarles el Presidente, y las demás que le corresponden.

7) Suprímase el artículo 117.

8) Reemplazase el inciso primero del artículo 118, por el siguiente:

“El gobierno y la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo municipal.”

9) Incorporase, después del artículo 125, un artículo 125 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Articulo. 125 bis. En cumplimiento del mandato del artículo 3 de esta Constitución, los órganos del Estado actuarán siempre respetando y promoviendo la autonomía de los gobiernos regionales y de las municipalidades en el ámbito de sus respectivas funciones, competencias y atribuciones.

La ley, además, privilegiará la radicación de potestades públicas en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; promoverá la solidaridad interterritorial, buscando el desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común.

El gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales ni de las municipalidades, ni los gobiernos regionales podrán hacerlo respecto de las municipalidades; y deberá, cada vez que cree, transfiera o extienda las competencias de gobiernos regionales o municipalidades, atribuirles presupuestariamente los recursos necesarios para su correcto ejercicio, y en el caso de las transferencias, a lo menos los equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio.”.

10) Incorporase, una disposición transitoria vigesimoséptima nueva:

“VIGESIMOSEPTIMA: La elección por sufragio universal en votación directa de Intendentes y Consejeros Regionales se realizará cada cuatro años en conjunto con las elecciones municipales. En el evento que por alguna circunstancia la primera elección de Intendentes no se alcanzara a realizar en forma simultánea a la elección municipal de octubre de 2016, se deberá efectuar, por excepción y única vez, en conjunto con la elección presidencial y parlamentaria de noviembre de 2017. En tal caso, los 14 Intendentes electos y consejeros regionales servirán sus cargos, de modo excepcional, por un periodo abreviado, de modo tal que en estado de régimen las sucesivas elecciones de éstos coincidan con las elecciones municipales de alcaldes y concejales.”

ANTONIO HORVATH KISS

Senador

1.3. Moción Parlamentaria

Moción de Lily Pérez San Martín, Antonio Horvath Kiss, Andrés Zaldívar Larraín, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro Guillier Álvarez, Víctor Pérez Varela, Ena Von Baer Jahn, José García Ruminot, Alberto Espina Otero, Francisco Chahuán Chahuán, Andrés Allamand Zavala y Rabindranath Quinteros Lara. Fecha 25 de noviembre, 2015. Moción Parlamentaria

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Espina, García y Pérez Varela, que reemplaza el artículo 111 de la Carta Fundamental, en materia de gobierno regional e instituye la elección de los intendentes mediante sufragio universal.

Boletín Nº 10.422-06

CONSIDERANDO:

Desde hace años que la oposición ha tomado la bandera de la descentralización, como un elemento fundamental de cohesión social y política de todos los chilenos, en vistas al pleno desarrollo material y espiritual de la persona.

Los proyectos de leyes ingresados al Congreso Nacional en materia de regionalización y descentralización, el informe de la comisión asesora presidencial que trabajó en la materia, lo propuesta por RN, UDI, EVOPOLI y el PRI y en especial las dos reformas constitucionales en trámite, que proponen la elección de la más alta autoridad regional, han sentado en los mocionantes la más plena convicción respecto de la necesidad de democratizar las decisiones que se tomen a nivel regional, dando un paso fundamental en la promoción de un gran acuerdo nacional que culmine con un Chile real y efectivamente descentralizado.

Este es un primer paso para avanzar hacia un Estado Unitario Descentralizado, mediante la reforma constitucional respectiva.

Para ello, resulta necesario que la elección directa del Intendente Regional, sólo puede tener lugar siempre que se trate de una figura fuerte con facultades de gobierno, de manera que represente libremente el interés de la región, y no dependa de la confianza del poder central. Es por eso que el Mensaje del Gobierno que actualmente se encuentra en trámite, no nos satisface, debido a la creación de la nueva figura del Gobernador Regional. No obstante lo anterior, concordamos en la necesidad de una figura de carácter regional y provincial, que posea facultades de gobierno interior, pero sin la existencia de un “intendente en las sombras” que opaque al líder regional que ha sido electo democráticamente.

En segundo lugar, proponemos que el Intendente Regional sea elegido por mayoría simple, en una sola vuelta, tal como se produce con la elección de alcaldes, que actualmente es la autoridad local con mayor legitimación democrática.

Finalmente, en el futuro, esperamos que este intendente regional, elegido democráticamente, sea quien deba proponer una terna al Ministro de Estado para la designación de los secretarios regionales ministeriales.

Por lo anteriormente expuesto, es que venimos a presentar la siguiente moción de reforma constitucional:

MOCION

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, INICIADA EN MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORA VON BAER, SEÑOR PÉREZ VARELA Y SEÑOR ESPINA, EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO, Y QUE INSTITUYE LA ELECCIÓN DE LOS INTENDENTES MEDIANTE SUFRAGIO UNIVERSAL.

ARTICULO ÚNICO: “Reemplácese el inciso primero del artículo 111 de la Constitución Política por el siguiente: “111.- El gobierno y la administración de cada región reside en el respectivo Gobierno Regional, quien ejercerá funciones en el ámbito del desarrollo social, cultural y económico de la región, con arreglo a la ley orgánica constitucional respectiva,

El gobierno regional, estará constituido por el Intendente, quien será su órgano ejecutivo, y por el Consejo Regional y gozará además de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio.

El Intendente será elegido por sufragio universal, en votación directa, y durará en su cargo cuatro años. Los integrantes del Consejo Regional serán asimismo electos en votación universal directa conforme a la ley orgánica constitucional respectiva”

1.4. Moción Parlamentaria

Moción de Lily Pérez San Martín, Antonio Horvath Kiss, Andrés Zaldívar Larraín, Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro Guillier Álvarez, Víctor Pérez Varela, Ena Von Baer Jahn, José García Ruminot, Alberto Espina Otero, Francisco Chahuán Chahuán, Andrés Allamand Zavala y Rabindranath Quinteros Lara. Fecha 15 de diciembre, 2015. Moción Parlamentaria

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Chahuán y García Huidobro, que modifica la Constitución Política con el objeto de promover una descentralización efectiva, proponiendo el reemplazo del Intendente por un Gobernador Regional elegido directamente, y del actual Gobernador por un Delegado Presidencial en cada provincia.

Boletín N° 10.443-06

Exposición de motivos.

La descentralización es un proceso complejo tendiente a distribuir la centralidad en el marco de la búsqueda del equilibrio democrático entre los poderes existentes al interior del Estado, con la finalidad de profundizar la democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Una definición de esas características conduce a entender la descentralización como un medio y no como un fin, vale decir, que no se agota en sí misma.

Pero también hay que comprender que la descentralización no busca acabar o eliminar la centralidad estatal, vale decir, del poder que tiene el Estado, sino que de distribuirlo en forma equitativa y democrática en su interior, para que en ese proceso, se redefinan las relaciones entre el Estado y la sociedad.

Y eso es lo que nuestro país precisamente necesita, porque como sostiene el especialista español Joan Prats, “Chile no será un país desarrollado si no es un país descentralizado”.

El citado académico agrega: “Compartimos la convicción que todo lo que se piensa del desarrollo de Chile es utópico si no avanzamos fuertemente en la descentralización del país”

Desde las regiones estamos pensando un Chile territorialmente más equitativo y por eso, capaz de llegar a ser efectivamente desarrollado. Porque resulta indudable que el país tiene una deuda muy grande con las regiones, que constituyen más del cincuenta por ciento de la nación.

El anhelo de contar con una descentralización real en la estructura territorial y administrativa del país, es una aspiración de antigua data, toda vez que la Constitución Política de 1925, consideraba en sus artículos 94 y siguientes la existencia de las denominadas Asambleas Provinciales, constituidas por representantes de las municipalidades, como cargos concejiles, pudiendo disponer de las rentas que determinare la ley, para aplicarlas en beneficio local y representar al Presidente de la República anualmente las necesidades de la provincia y las cantidades que se necesitaren para atenderlas.

No obstante que esta normativa fue un primer intento de descentralización, nunca llegó a materializarse, por cuanto no se establecieron las leyes necesarias para su funcionamiento, por lo que quedaron como meras disposiciones programáticas.

Cuando el Presidente Frei Montalva asumió su cargo en el año 1964, también intentó establecer reformas en este sentido, basándose en estudios elaborados en la década del 50 por la CORFO, complementados por otros trabajos efectuados por ODEPLAN en 1969, que tampoco llegaron a concretarse.

En el año 1974, el Gobierno Militar, mediante la dictación del Decreto Ley 573, dividió el país en regiones, y en virtud del Decreto Ley 575, del mismo año, se materializó la estructura de cada una de las regiones, con sus respectivas provincias y comunas, creándose también la Comisión Nacional de Reforma Administrativa.

Pero después de más de cuarenta años, el país ha evolucionado, y lamentablemente la descentralización que mediante dichos cuerpos legales se pretendió establecer, no ha sido posible hasta ahora lograrla.

Porque sin descentralización no solo no hay desarrollo económico sino que tampoco una democracia representativa que llegue a ser realmente participativa, ni una sociedad que aprenda a ser más responsable de sus decisiones y más solidaria, toda vez que ámbitos locales acotados es lo único que verdaderamente lo permite. Debe ser una descentralización que instale una efectiva dispersión del poder político, económico, social y financiero, desde las instancias nacionales a las regionales y locales.

En el mes de octubre del año recién pasado, tuvimos el privilegio de participar en la ceremonia llevada a cabo en esta Corporación, en el que el Presidente de la Comisión de la Comisión Presidencial Asesora en Descentralización y Desarrollo Regional, Esteban Valenzuela, entregó a la Presidenta de la República, las conclusiones de su extenso y arduo trabajo.

Y nos alegramos porque las conclusiones de esa comisión presidencial asesora, cobraban tanta importancia, ya que acogieron en gran parte los clamores de las distintas regiones, con sus diversas realidades, tales como la elección de sus máximas autoridades, las competencias con que necesariamente deben contar sus gobiernos regionales, y los recursos que son necesarios, para cuyo efecto, deben existir afectaciones de determinados tributos para atender a su desarrollo.

Asimismo expresamos nuestra satisfacción porque se hizo realidad el convencimiento de que las regiones no pueden permanecer postergadas por más tiempo, de modo que los anuncios efectuados por la Presidenta de la República en este sentido nos hizo abrigar las legítimas esperanzas de que por fin, el proceso de descentralización y regionalización del país, se haría realidad, pero hasta ahora no se han implementado las modificaciones legales y constitucionales que con dicho propósito se requieren.

En este orden de ideas, estimamos que el principio de descentralización que se contempla en el artículo 3° de nuestra Carta Fundamental, debe ser reforzado, de modo que no solo la administración estatal sea funcionalmente y territorialmente descentralizada, sino que también el Gobierno, y que constituya una obligación para toda la administración estatal fortalecer la descentralización efectiva.

En lo que respecta al gobierno y administración interior del Estado, consideramos que se hace necesario modificar el artículo 110, en el sentido de que las regiones se dividen en provincias, para el ejercicio de la supervigilancia de los servicios públicos.

En lo que concierne al gobierno de las regiones, contemplado en el artículo 111, estimamos que debe sustituirse el actual cargo de Intendente Regional, por el de un Gobernador Regional, que debe ser elegido en votación universal directa.

Para darle mayor representatividad a dicha autoridad, en su elección y solo para el evento de que un candidato no supere el cuarenta y cinco por ciento de los votos o más de un cuarenta por ciento y una diferencia de diez puntos porcentuales, se procederá a una segunda votación entre los dos candidatos que hayan obtenido las más altas mayorías relativas, resultando electo el que obtenga el mayor número de sufragios, de acuerdo a los mecanismos que establezca la ley respectiva.

También estimamos que es necesario sustituir el actual cargo de Gobernador Provincial, establecido en el artículo 116 de la Constitución Política, por la figura de un Delegado Presidencial, de la exclusiva confianza del Primer Mandatario, y que debe ejercer la supervigilancia de los servicios públicos, sin perjuicio de las demás atribuciones que le fije la ley pertinente.

Como ya señalamos, consideramos que con estas modificaciones, se podrá lograr una efectiva descentralización, que contribuya eficazmente al proceso de regionalización.

En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Artículo único: Modifícase la Constitución Política de la República, en la siguiente forma:

a)En su artículo 3°, sustitúyase el texto de sus incisos segundo y tercero, por el siguiente:

“El gobierno y administración del Estado son funcional y territorialmente descentralizados, o desconcentrados en su caso, conforme a la ley.

Constituye una obligación para los órganos del Estado promover y fortalecer la descentralización efectiva, como asimismo el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional”.

b) En su artículo 110, sustitúyase el texto de su inciso primero, por el siguiente:

“Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones, y éstas en provincias, a las que les corresponde la supervigilancia de los servicios públicos”.

c) Sustitúyase el texto del artículo 111, por el siguiente:

“El gobierno de cada región reside en un Gobernador Regional, que será elegido en votación directa. Para el evento de que un candidato no supere el cuarenta y cinco por ciento de los votos o más de un cuarenta por ciento y una diferencia de diez puntos porcentuales con el candidato que haya obtenido la segunda mayoría, se procederá a una nueva elección entre ellos, de acuerdo a los mecanismos que establezca la ley, resultando elegido el que obtenga mayor número de sufragios.

La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por el Gobernador Regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.”

d) Sustitúyase el texto del artículo 116, por el siguiente:

“Cada provincia estará a cargo de un Delegado Presidencial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República.

Corresponde al Delegado Presidencial ejercer, de acuerdo a las instrucciones del Presidente, la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia. La ley determinará las demás atribuciones que le corresponden.”

1.5. Primer Informe de Comisión de Gobierno

Senado. Fecha 20 de enero, 2016. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 99. Legislatura 363.

?INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, sobre elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, descentralización del Estado, elección de intendentes mediante sufragio universal, reemplazo del artículo 111 de la Carta Fundamental en materia de gobierno regional, y del Intendente por un Gobernador Regional elegido directamente.

BOLETÍNES Nºs 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos.

_________________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, tiene el honor de presentaros su primer informe sobre los proyectos de ley de la referencia, refundidos, en primer trámite constitucional, iniciados en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República y en Mociones de los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Guillier, Horvath, Quinteros y Zaldívar; Honorables Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Espina, García y Pérez Varela y Honorables Senadores señores Chahuán y García Huidobro, respectivamente, con urgencia calificada de “simple”.

Cabe señalar que con fecha 10 de noviembre y 16 de diciembre del año 2015, la Sala del Senado acordó refundir los boletines antes señalados y autorizó su discusión por parte de la Comisión tanto en general como en particular.

A algunas de las sesiones en que vuestra Comisión trató este proyecto de ley asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señora Van Rysselberghe y señores Guillier y Navarro, y los Honorables Diputados señora Paulina Núñez y señor German Becker, además de las siguientes personas:

- El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes Lillo; la Jefa de la División de Políticas y Estudios, señora Viviana Betancourt y señor Osvaldo Henríquez; el Jefe de Gabinete, señor Eduardo Jara; los Asesores, señoras Rosa Ester Huerta y Doris Durán y los señores Rodrigo Ruiz, Manuel Tobar y Álvaro Villanueva; el Periodista, señor Rodrigo O’Ryan, y la Fotógrafa, señora Silvana Gajardo.

- De la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional el Presidente Señor Esteban Valenzuela Van Treek.

- De Fundación Chile Descentralizado Desarrollado el Presidente Nacional señor Heinrich Von Baer Von Lochow y el Coordinador de contenido señor Mario Rozas.

- De la Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo – Concepción, la Coordinadora de Extensión señora Francesca Parodi y el docente señor Erwin Eschmann.

- De CORP ARAUCANIA su Director Ejecutivo señor Diego Benavente y el señor Luis Guillermo Hernández.

- De la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) el Presidente señor Marcelo Carrasco y los Consejeros Regionales señoras Eva Jiménez, Sandra Pastenes, Evelyn Mansilla y Claudia Faúndez y el señor Pablo Larenas.

- La Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Consejo Regional Metropolitano señora María Álvarez.

- De la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE) el Presidente, señor Marco Mellado.

- De la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) el Vicepresidente, señor Ernesto Muñoz.

- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia la asesora señora Tania Larraín.

- Del Consejo Regional Metropolitano los periodistas señores José Saffie y Cristian Mundaca.

- Del Centro Democracia y Comunidad la asesora señora Soledad Gutiérrez

- De la Biblioteca del Congreso Nacional BCN el asesor señor Rafael Hernández.

- El asesor del Honorable Senador señor Quinteros, señor Jorge Frites; los asesores de la Honorable Senadora señora Von Baer señora Ann Hunter y señor Jorge Barrera; el asesor del Honorable Senador señor Espina señor Andrés Longton y el Periodista Andrés Aguilera; el asesor del Honorable Senador señor Horvath señor Fernando Navarro y del Honorable Diputado señor Claudio Arriagada señor Cristian Mundaca.

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OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto de reforma constitucional en estudio busca descentralizar la administración del Estado modificando las normas sobre administración y gobierno regional, disponiendo la elección directa del intendente, en tanto ejecutivo del gobierno regional.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

El presente proyecto de reforma constitucional requiere para su aprobación de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 inciso 2° de la Carta Fundamental.

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ANTECEDENTES

Para el debido estudio de esta iniciativa legal, se han tenido en consideración, entre otros, el siguiente:

I.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

1.- Constitución Política de la República, artículos 111 y siguientes.

2.- Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

3.- Ley N° 19.097 que Modifica la Constitución Política de la República en materias de Gobiernos Regionales y Administración Comunal.

4.- Ley N° 20.390 Reforma Constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional.

II.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje que da origen al proyecto de reforma constitucional en estudio señala que producto de la modificación de la Carta Fundamental en virtud de la ley N° 19.097, publicada el 12 de noviembre de 1991, que reformó el sistema de administración regional estableciendo los gobiernos regionales como órganos de la Administración del Estado, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, a los gobiernos regionales se les encomendó la administración superior de la región respectiva, avanzando en el proceso de descentralización del país.

Destaca que dichos gobiernos regionales se concibieron desde un principio como órganos duales, conformados por un órgano unipersonal y ejecutivo denominado intendente y por un órgano colegiado, normativo, resolutivo y fiscalizador, denominado consejo regional.

Indica que posteriormente, el 11 de noviembre de 1992 se publicó la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, la cual estableció a nivel legal el nuevo sistema de administración regional. Hace presente que así se determinaron las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales y se dispusieron las competencias que tendrían los intendentes en tres ámbitos: a) como titular de las tareas de gobierno interior, b) como ejecutivo del gobierno regional y c) como presidente del consejo.

Enfatiza que la normativa legal citada consagró las competencias de los consejos regionales, a la vez que dispuso que sus integrantes fueran elegidos por los concejales constituidos en colegio electoral provincial. Junto a ello, se determinó la configuración de la administración de los recursos del gobierno regional y el respectivo sistema presupuestario.

Recalca que con el paso del tiempo se hizo necesario fortalecer el sistema institucional de descentralización en dos aspectos; por un lado disponer un sistema de elección de consejeros regionales, en votación directa por parte de los ciudadanos y, por otro, implementar un mecanismo eficaz de traspaso de funciones y atribuciones desde órganos del nivel central al regional.

Destaca que ley N° 20.390, del año 2009, permitió la elección de consejeros regionales por sufragio universal en votación directa junto con considerar las bases del procedimiento de transferencia de competencias desde ministerios y servicios públicos a uno o más gobiernos regionales en los ámbitos de fomento productivo, ordenamiento territorial y desarrollo económico, social y cultural. Agrega que además la citada ley consideró la eliminación de la referencia a que las regiones deben ser identificadas mediante un número; la administración de áreas metropolitanas, y la obligatoriedad de los convenios de programación que suscriben los gobiernos regionales con órganos del nivel central.

Señala que los gobiernos regionales han enterado ya 22 años de existencia, período en el cual la toma de decisiones sobre materias tan diversas como ordenamiento territorial o inversión pública, se han adoptado en el propio territorio y las regiones han incorporado plenamente esas dinámicas dentro de su administración, incluso en las Regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos, creadas el año 2007.

Destaca que en nuestro sistema de Gobierno y Administración Interior del Estado el Intendente es una figura compleja, dado que en forma simultánea representa al Presidente de la República en la Región y, además, dirige el Gobierno Regional.

Sobre el particular, señala que en cuanto representante del Presidente, resulta lógico que sea nombrado por él, pero que en las actuales circunstancias en que los ciudadanos eligen alcaldes, concejales, parlamentarios y consejeros regionales, su carácter designado resulta anómalo.

Frente a este escenario considera imprescindible que la máxima autoridad ejecutiva de los gobiernos regionales sea elegida por la ciudadanía y no sea ya designada por el Presidente de la República y hace hincapié en que existe un amplio acuerdo en que nuestro país necesita de una política consistente y multisectorial en materia de desarrollo de las regiones, que considere la especificidad de cada una, siendo necesario que las soluciones a los diversos problemas que existen en las quince regiones del país sean definidas con creciente participación de los niveles sub nacionales.

En la misma línea, en las Mociones respectivas se hace presente que con el fin de revertir el centralismo y promover nuevos espacios para el desarrollo de las regiones a nivel nacional, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, dentro de sus principales conclusiones contenidas en su Informe Final, destaca la necesidad de llevar adelante algunas reformas constitucionales esenciales para la descentralización, como son la elección popular del órgano ejecutivo, que priorizará la competencia programática en los temas relevantes da cada territorio.

Agregan que los efectos del sistema centralista y concentrador generan zonas de sacrificio lo que ha llevado a agotar o poner en riesgo, muchos de los recursos naturales e impedir el buen uso del extenso y diverso borde costero y del territorio nacional y que lo mismo ocurre con respecto a la rica y diversa cultura que tenemos en el país.

Sin perjuicio de ello, sostienen que existen algunas modificaciones imprescindibles para darle viabilidad al proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno y así lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en el mensaje del mismo, sin por ello, demorar su pronta aprobación y puesta en práctica.

Por último, proponen una ampliación de las reformas propuestas por el Ejecutivo concentrando los cambios en unas pocas normas claves para lograr una reforma constitucional que cumpla con los propósitos definidos en el mensaje del proyecto enviado, contribuyendo con propuestas de modificaciones normativas mínimas, que generen consensos amplios de modo que puedan ser asumidas y respaldadas ampliamente por ambas ramas del Congreso y conservando, dentro de lo posible, la estructura y términos de la actual Constitución Política de la República.

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DISCUSIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Al iniciarse el estudio de esta iniciativa el Honorable Senador señor Quinteros resaltó la importancia de la presente reforma constitucional, haciendo presente que ella es la consecuencia de compromiso del Gobierno con el proceso de descentralización, haciendo presente que en las distintas regiones están muy esperanzadas en que su aprobación permita avanzar en un verdadero proceso de desconcentración.

Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, coincidió en que esta iniciativa obedece a un compromiso del Gobierno con una agenda de descentralización, donde la elección del intendente constituye un hito esencial en una nueva arquitectura de los gobiernos regionales, de mayores atribuciones y de un financiamiento propio, y subrayó que esta iniciativa es sólo una de las reformas que se pretende abordar sobre la materia.

En tal sentido, hizo referencia al proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Honorable Cámara de Diputados sobre traspaso de competencias[1] respecto del cual se presentaron indicaciones por el Ejecutivo y que espera esté aprobado en los próximos meses con el objeto de contar con nuevas competencias y con un proceso de transferencia de las mismas desde el nivel central a los gobiernos regionales, ya sea a solicitud de los mismos o a propuesta de la Presidenta de la República.

Agregó que en forma paralela se está redactando un proyecto de ley sobre financiamientos regional y responsabilidad fiscal que permita contextualizar estas nuevas competencias desde el punto de vista financiero, y que fije algunos elementos esenciales con respecto a la objetividad en la distribución de recursos, para que el intendente electo tenga asegurado cierto nivel de recursos para la región, indicando que la objetivación de la distribución de recursos será un hito central que permitirá generar autonomía en un ente que ahora va a representar a los ciudadanos y no el Presidente de la República en el territorio.

Desde el punto de vista de las reformas en su conjunto, hizo presente que esos proyectos se complementan con otros que dicen relación con el fortalecimiento de la institucionalidad municipal, que se encuentra en tramitación.

Finalmente, señaló que se están desarrollando experiencias piloto en paralelo con la discusión parlamentaria para el desarrollo de ciertas acciones en los gobiernos regionales que les permitan adquirir experiencia en materia de fomento productivo, de desarrollo social y de infraestructura y soporte productivo en las ciudades.

A continuación, el Asesor legislativo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Álvaro Villanueva, indicó que la propuesta de reforma se da en un contexto en el cual no se introduce un cambio desde el punto de vista del modelo territorial, en términos que se conserva el Estado unitario.

Señaló que en el marco de lo que actualmente dispone el Artículo 3° de la Constitución Política de la República, que consagra el Estado unitario, se busca fortalecer el proceso de descentralización. En el mismo sentido, expresó que la misma norma distingue la función de administración, que en Chile se desconcentra o se descentraliza, de la función política o de Gobierno, radicada en el Presidente de la República y sus ministerios. La función de administración dice relación con la satisfacción de necesidades de la población en forma continua y regular, y se radica en los servicios públicos, municipios y gobiernos regionales.

Destacó que el proyecto de reforma en estudio propone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, manteniéndose la lógica de que dicho gobierno está compuesto por un ejecutivo y por un órgano normativo, resolutivo y fiscalizador, que es el consejo regional.

Señaló que, en síntesis, la propuesta del Ejecutivo es que las funciones que actualmente están concentradas en una sola figura con dos roles, pasen a ser desempeñado por dos figuras distintas. Para ilustrar la discusión recordó que actualmente los Intendentes son órganos ejecutivos del gobierno regional pero con ciertas peculiaridades muy especiales, como que el cargo de intendente no está en la planta de los servicios administrativos de dichos gobiernos, y porque son los representantes del Presidente de la República en el territorio y, en esa condición, titular de las tareas de gobierno interior.

Dado lo anterior, para el gobierno regional sólo se considera la modificación en la Constitución Política de la forma de nominación, ya que para la elección del intendente se establece el mecanismo de votación directa, un mandato con una duración de 4 años que sólo permite una reelección, y un sistema de elección a doble vuelta similar a la elección presidencial, si no se obtiene la mayoría de los sufragios válidamente emitidos.

Manifestó hizo presente que una vez electa la máxima autoridad del gobierno regional, ella asume su rol de presidente del consejo regional, que hoy es desempeñado por quien sea elegido por sus propios miembros. Indicó que se ha resuelto mantener el carácter normativo, resolutivo y fiscalizador del consejo, sin modificaciones en ese sentido.

Subrayó que otro aspecto a destacar dice relación con que persiste el aparato desconcentrado del Estado, pues el diseño que hay detrás de esta reforma es fortalecer los gobiernos regionales pero dentro de un modelo gradual, de tal manera que, en la medida que existan más competencias transferidas, el aparato desconcentrado del Estado va a ser de un menor peso.

Estimó que en el escenario anterior es necesario que exista una autoridad política de confianza del Presidente de la República que tenga, entre otras facultades, la posibilidad de coordinar, supervigilar y fiscalizar el accionar del aparato desconcentrado del Estado. En ese sentido señaló que ese rol, a la luz de este proyecto, se confía a una autoridad designada por la Presidenta de la República y que en la práctica tendrá las competencias que hoy en día tienen los intendentes como funcionarios del Ministerio del Interior, y que ahora corresponderá al Gobernador Regional.

Enfatizó en que dentro de las tareas que desempeñará se considera que coordine el accionar de las policías, las competencias en materia de extranjería, que esté a cargo de las tareas de control del orden público, del combate a la delincuencia y de todas aquellas competencias que naturalmente, en los modelos unitarios, no se descentralizan.

Expresó que dado que el nivel central seguirá existiendo a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, es necesario que sea una autoridad de confianza política del gobierno central la que tenga atribuciones para coordinar, supervigilar y fiscalizar el accionar de estos órganos desconcentrados que siguen dependiendo del nivel central. A mayor abundamiento, hizo presente que este Gobernador Regional equivale a un prefecto o delegado de gobierno, el cual será designado y removido libremente por el Presidente de la República.

Luego, explicó que también subsisten las gobernaciones provinciales tal cual existen salvo en aquellas provincias cuyo territorio coincide con el de la capital regional, en cuyo caso dicha gobernación desparece para que sus funciones sean asumidas por la autoridad antes señalada.

Desde el punto de vista político, dado que el gobernador regional es una autoridad nombrada, designada y removida libremente por el Presidente de la República, también se mantiene la norma constitucional que permite al Congreso Nacional fiscalizarlo a través del juicio político.

En el caso del Intendente como ejecutivo del gobierno regional, precisó que respecto de él no existe el rol fiscalizador del Congreso Nacional puesto que se entiende que en el ámbito regional el órgano fiscalizador es el CORE.

Destacó que el proyecto establece algunas adecuaciones de tipo formal y una importante norma transitoria que permite resolver situaciones que pueden mediar entre la eventual aprobación de esta reforma y el período en que efectivamente se haga la elección popular de los intendentes.

Finalmente agregó que otra norma transitoria se refiere a la delegación de facultades legislativas. La Constitución permite que el Ejecutivo solicite dichas facultades al Congreso Nacional para dictar decretos sobre materias de ley cuya limitación dice relación con un plazo o con determinadas materias. En este sentido, la presente reforma propone ampliar el plazo de un año para dicha delegación a cuatro años, sólo para efectos de modificar la dependencia de los servicios públicos.

El Presidente Nacional de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, señor Heinrich Von Baer - Von Lochow, comenzó recordando que la Presidenta de la República nombró una Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional altamente representativa y plural, a la cual le fue solicitado recorrer todo el país en intensos diálogos regionales con el objeto de sintetizar y sistematizar las propuestas y demandas de las comunidades regionales, a partir de las cuales, se alcanzaron acuerdos que en su gran mayoría, fueron logrados por unanimidad.

Indicó que el proyecto marcará historia, siendo a su parecer la madre de todas las batallas en materia de descentralización, puesto que en el caso que sea aprobado y funcione bien el resto del proceso, ya sea que se haga en forma gradual o progresiva, avanzará de manera expedita.

Señaló que expondría a la luz de un documento elaborado en conjunto por varios juristas, constitucionalistas y miembros de la Comisión presidencial antes señalada, quienes proponen una serie de modificaciones imprescindibles para la viabilidad del proyecto de Reforma Constitucional de Descentralización.

Con respecto al criterio básico sobre el que se trabajó, destacó que éste dice relación con modificar sólo el mínimo esencial o mínimos imprescindibles que responden a los siguientes criterios:

a) Los cambios se concentran en unas pocas normas claves para lograr una reforma constitucional que cumpla con los propósitos definidos en el mensaje del proyecto enviado por el Ejecutivo, llevando a síntesis legislativa los elementos esenciales para esta reforma.

b) Estas modificaciones mínimas contribuyen a generar consensos amplios, de tal manera que puedan ser tramitadas con cierta celeridad por ambas ramas del Congreso.

c) Conservan, dentro de lo posible, la estructura y términos de la actual Constitución Política del Estado.

Establecido lo anterior, precisó que resulta crucial definir el modelo de Estado que se quiere construir, ya que a partir de ello se puede hacer la planificación necesaria para lograr el objetivo que se proponga, lo que, en su opinión, no es una decisión trivial sino que condiciona todo el resto.

Así, señaló que por una parte está la mantención del Estado unitario centralizado que en palabras de algunos autores de las últimas décadas, como José Luis Cea[2] define como: “un modelo de Estado vertical, autoritario, burocrático, distante de los gobernados, disfuncional para dinamizar el desarrollo de los territorios y conectarse con la sociedad de la participación, y por tanto, obsoleto para bien asumir los desafíos del siglo XXI”.

Por otra parte, prosiguió, se trata de avanzar en un tránsito gradual y ordenado pero hacia un Estado que conserve la esencia del Estado unitario pero que sea descentralizado y, por lo tanto, capaz de abrir los cauces graduales y progresivos hacia el futuro. Agregó que la idea es que se descentralice la administración pero no el Gobierno, que es el criterio que mantiene la presente reforma constitucional.

En este sentido, reiteró que el Estado unitario descentralizado mantiene dicha condición pero que se descentraliza en territorios subnacionales (comunas y regiones) y en aquellas funciones de gobierno que sean propias de la competencia de un gobierno regional o local.

Destacó que en el Mensaje se distingue muy bien y con precisión la diferencia entre gobierno interior y gobierno regional. Sin embargo llamó la atención respecto del hecho que en el texto propuesto por el proyecto de reforma esa clara distinción no es suficientemente consistente.

Manifestó que el Estado unitario descentralizado distribuye, comparte y democratiza gradualmente una parte del poder central, que es la propuesta del grupo al cual representa. En la misma línea, hizo presente que existe experiencia comparada internacional en una y otra dirección, pero que la elección del camino dependerá de la voluntad que exista para transitar o no hacia un mayor grado relativo de descentralización con autonomía relativa en el ámbito de competencias de las entidades territoriales.

A continuación, hizo presente que desde su perspectiva el presente proyecto omite algunos principios básicos, orientadores y facilitadores del proceso de descentralización, en circunstancias que es esencial que en la reforma se consagren constitucionalmente algunos de los principios constitucionales del Estado descentralizado, que sería orientadores del proceso descentralizador debido a su importancia política y jurídica, refiriéndose, entre otros, al desarrollo de las instituciones del Estado descentralizado, al control constitucional de las leyes respectivas y a la solución de contiendas de competencia. Dado lo anterior, propuso considerar un nuevo Artículo 125 bis del siguiente tenor:

“Art. 125 bis. “En cumplimiento del mandato del artículo 3 de esta Constitución, los órganos del Estado actuarán siempre respetando y promoviendo la autonomía de los gobiernos regionales y de las municipalidades en el ámbito de sus respectivas funciones, competencias y atribuciones.

La ley, además, privilegiará la radicación de potestades públicas en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; promoverá la solidaridad interterritorial, buscando el desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común.

El gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales ni de las municipalidades, ni los gobiernos regionales podrán hacerlo respecto de las municipalidades; y deberá, cada vez que cree, transfiera o extienda las competencias de gobiernos regionales o municipalidades, atribuirles presupuestariamente los recursos necesarios para su correcto ejercicio, y en el caso de las transferencias, a lo menos los equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio”.”.

Respecto de los órganos públicos indicó que era muy importante que a nivel constitucional sea establecido que las potestades públicas se radicarán en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional y éste sobre el nacional, cuestión que está contenida en la Constitución de muchos países desarrollados, lo que significa que siempre en materia de facultades, recursos y decisiones, se privilegia al nivel local por sobre el regional, y estos dos por sobre el nacional.

A este respecto, indicó que en el país la pirámide es inversa, de modo que de mantenerse la lógica del Estado unitario sin descentralización, claramente no será posible poner esta reforma en práctica.

En cuanto al Gobierno Nacional, precisó que este no podrá ejercer tutela sobre las atribuciones de los gobiernos regionales ni de las municipalidades, y que cada vez que cree, transfiera o extienda competencias deberán estar a la par con los recursos para poder cumplir las tareas respectivas.

Refiriéndose a la figura del Gobernador Regional, dijo que si bien no es la única objeción que se ha recibido de todos los seminarios nacionales y regionales de descentralización, si es la más importante, toda vez que genera mucha controversia y por tanto su corrección resulta indispensable. Sobre el mismo tema planteó que esta figura debiera estar tratada en el articulado transitorio del proyecto de reforma, con plazos definidos, pero enfatizó que no debió haberse considerado en las normas permanentes.

Enfatizó que una de las normas contenidas en el proyecto del Ejecutivo que más preocupación ha causado a quienes elaboraron el documento en estudio, dice relación con el Artículo 111, que es una norma clave en relación a la directriz ideológica de cualquier esfuerzo descentralizador, y que dice lo siguiente: “El gobierno de cada región reside en un gobernador regional que será de la exclusiva confianza del Presidente de la República…”.

Lo anterior, según dijo, demuestra que el problema no dice relación sólo con el nombre que se le de esa figura, sino que con su rol o función dentro de lo que se quiere lograr en materia de descentralización.

Expresó que los tiempos son muy estrechos y que difícilmente se podrá cumplir con el plazo para organizar la respectiva elección. No obstante, enfatizó que la decisión que se adopte en esta materia será crucial y que además es la gran esperanza de las regiones, por lo que instó a perfeccionar en todo lo que sea necesario esta iniciativa y a apurar su tramitación dada la trascendencia que ella tiene.

Se deja constancia que el señor Von Baer - Von Lochow acompañó su presentación en un documento en formato word que fue debidamente considerado por los integrantes de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que actualmente la Comisión tiene varios proyectos con urgencia que deben ser estudiados, pero que no es posible hacerlo en forma paralela. Dado lo anterior, solicitó al Ejecutivo que priorice las iniciativas.

La Honorable Senadora señora Von Baer compartió lo antes expresado, e hizo presente que a la Comisión le parece que esta iniciativa es muy importante, pero que de acuerdo con las prioridades del Gobierno este proyecto no es considerado de la misma forma, de manera que quiso saber si la falta de urgencia se debe a una omisión y si va a tenerla a futuro.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que se trata de una reforma muy de fondo que requiere un trabajo de largo alcance con el objeto de llegar a lograr una descentralización efectiva, y coincidió con que es necesario que el Gobierno de una pauta con respecto a los proyectos que se deben tramitar, no obstante que existen otros que pueden ser priorizados por las distintas comisiones sin necesidad de que el Ejecutivo les asigne urgencia.

El Honorable Senador señor Horvath señaló que existe total disponibilidad para avanzar en la tramitación de todos los proyectos pero que, sin embargo, ésta es a su juicio una oportunidad única para avanzar en la regionalización, de modo que solicitó al Ejecutivo que considere esta iniciativa como una prioridad, haciendo presente la urgencia respectiva.

Sobre el proyecto mismo, señaló que tenía profundas diferencias, por ejemplo, en cuanto al rol del Intendente que se quiere elegir, que estimó que tenía menos atribuciones que el actual. En este sentido, dijo que estos temas deben debatirse en profundidad pero que resultaba importante dar el paso inicial que permita avanzar en ello.

Compartiendo lo expresado con anterioridad, el Honorable Senador señor Quinteros manifestó su voluntad para avanzar en este proyecto, que consideró muy importante, no obstante que las diferencias de opinión que legítimamente existen, demuestran la necesidad de su estudio pormenorizado.

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Continuando con las exposiciones, el Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), señor Marcelo Carrasco, hizo presente que como asociación les hubiese gustado participar en el proyecto sobre traspaso de competencias [3] y todos los proyectos en su conjunto. No obstante, reconoció que esta reforma constitucional representa un avance para las regiones.

Dicho esto, señaló que la iniciativa en estudio se refiere exclusivamente a la elección del presidente del Consejo porque se cambia la figura, se le da mayor atribución al Gobernador Regional y, por lo tanto, si bien se manifestó de acuerdo con que la primera autoridad regional sea electa popularmente y presida el consejo regional, al mismo tiempo expresó su desaprobación a la existencia de la nueva figura del Gobernador Regional.

Agregó que estaba dentro del interés de su asociación que la nueva autoridad que sea elegida popularmente mantenga las actuales facultades que poseen las autoridades designadas por el gobierno central. En ese sentido, señaló que esta reforma no se condice con la regionalización que se ha trabajado, de modo que solicitó la revisión en profundidad de este proyecto, ya que estimó necesario que la autoridad que va a ser electa tenga un poder real, sin improvisar como se hizo, a su parecer, con los consejeros regionales.

Recordó que como resultado de un proceso democrático resultaron electos los actuales consejeros regionales por los ciudadanos, pero que actualmente no tienen como responderles, ya que mantienen exactamente las mismas atribuciones que tenían los consejeros cuando eran elegidos via concejales y agregó que, además, hoy en día se les quiere quitar esas atribuciones.

Desde el punto de vista de las regiones, hizo presente la necesidad de contar con mayores atribuciones que vayan en beneficio de las personas que representan, ya que la ley de Presupuestos anualmente entrega muchos recursos a las regiones, pero el direccionamiento de la política centralista impide un desarrollo integral.

Indicó que esperaban que con esta reforma constitucional exista un representante del gobierno central en la región, pero que no tenga más facultades que la autoridad que va a ser electa en forma popular. Agregó que en el tema de traspaso de competencias lo ideal es que éste se produjera de conformidad a la realidad que tiene cada región y no a la mirada del gobierno central en cuanto a desprenderse de aquellos organismos públicos que prácticamente son un problema para este último.

Luego, planteó que frente a una discrepancia por traspaso de competencias apoyó la idea de que sea el Senado quien dirima el eventual conflicto entre el nivel central y los gobiernos regionales.

Además, indicó que en el tema del traspaso de competencias no se debía dejar de lado el hecho de que son las mismas plantas de funcionarios que existen en los gobiernos regionales las que tendrán que asumir las mayores funciones y responsabilidades, sin que se les haya otorgado mayor estabilidad ni los recursos suficientes para que puedan cumplir sus funciones.

El Presidente de la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE), señor Marco Mellado, señaló que la Federación congrega a las asociaciones de funcionarios de los quince gobiernos regionales, que representan a más de 2.000 personas.

Enseguida, manifestó su fuerte apoyo al regionalismo y justificó esta postura por cuanto no es posible influir en las decisiones a futuro de la región si sólo pueden disponer de un porcentaje mínimo del presupuesto asignado a cada territorio.

Por otra parte, llamó la atención respecto del hecho que ni este proyecto de reforma ni aquel referido al traspaso de competencias considera a las personas que tienen que desarrollar las medidas que se establezcan. En este sentido, hizo presente que sólo el 18% de los funcionarios pertenecen a la planta. Así señaló que las plantas fijadas en el año 1995 (Ley N° 19.379) consideraba 759 funcionarios y luego, la modificación del año 2007 (Ley N° 20.175) a 924, no obstante que actualmente sólo hay 379 en tal condición.

Dado lo anterior, y en relación con el artículo 10 del Estatuto Administrativo, enfatizó que el 82% de los funcionarios del gobierno regional están en una condición de vulnerabilidad contractual, razón por la cual, solicitó que se normalice la situación de la planta en cada uno de los gobiernos regionales.

En la misma línea, hizo presente que se ha cuadriplicado el presupuesto ejecutado de los Gobiernos Regionales desde que se crearon en el año 1995, y que se han quintuplicado la cantidad de iniciativas que financia el FNDR. No obstante, señaló que también ha habido pérdida de funcionarios especialmente jóvenes absorbidos por el sector privado dados los ínfimos incentivos y precariedad laboral; que existe una alta tasa de despidos de funcionarios a contrata y honorarios marcada por el cambio de Intendente y color político de la autoridad, y que además existe un staff político de asesores utilizado por la autoridad perjudicando así el presupuesto operativo del Servicio.

Dicho esto, enfatizó su apoyo a la descentralización y al traspaso de competencias pero considerando en todo ello a los funcionarios, que son quienes deben desempeñar la labor, sobre todo teniendo presente que la nueva autoridad electa deberá hacer campaña política y la idea es que no pueda utilizar la precariedad laboral existente como un mecanismo para pagar favores políticos.

En este escenario insistió en la necesidad de normalizar las plantas en los gobiernos regionales, de la misma forma en que se pretende hacer con la plantas municipales, hasta cumplir con la normativa vigente (80/20) privilegiando a los actuales funcionarios por el tiempo que han entregado al Servicio Público, con el objetivo de disminuir la incertidumbre y el poder del intendente de transformar el Gobierno Regional en un botín laboral todos los años, y más cuando hay cambio de administración.

En este sentido también planteó incorporar en la ley, una homologación al artículo 163 del Código del Trabajo, relacionado con la indemnización legal por años servicio, considerando dos aspectos o principios esenciales: la equidad, ya que valora el tiempo que un funcionario le ha entregado a la administración pública, y la restricción presupuestaria, ya que una autoridad no puede sobrepasar el presupuesto asignado para tal efecto.

Precisó que esta propuesta busca que se considere una indemnización por años de servicios con un tope de 6 meses, lo que implica un aumento de sólo el 4% del presupuesto anual para los funcionarios en calidad de contrata, equivalente a $ 598.496.258 de pesos, considerando una tasa de rotación (desvinculados o no renovaciones) del 8%, tasa promedio que considera dicha situación en los 15 Gobiernos Regionales, entre los años 2010 al 2013.

Finalmente, insistió en que participaron en varias etapas de la formulación de este proyecto de reforma adhiriendo a las propuestas pero que, sin embargo, en el texto legislativo no han sido considerados por el Ejecutivo, en circunstancias que serán ellos quienes realicen las mayores funciones.

Se deja constancia que el señor Mellado acompañó su presentación en un documento en formato power point que fue debidamente considerado por los integrantes de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

A continuación, en representación de CORP ARAUCANIA el señor Luis Guillermo Hernández, señaló que al inicio de este proceso emblemático era necesario considerar que en los últimos 10 años ha habido un detrimento progresivo del estatuto constitucional de la descentralización y de la región. En este sentido, recordó que las últimas reformas de los años 2005 y 2009 han considerado disposiciones que en lugar de fortalecer el proceso de descentralización han desvalorizado y afectado dicho proceso, que supone debía ser progresivo y consistente en el tiempo.

A modo de ejemplo, indicó que el año 2005 se modificó el artículo 3° de la Constitución Política para señalar programáticamente que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización, y en la misma ocasión se eliminó el requisito de residencia de los parlamentarios, lo que refleja la afectación señalada. En la misma línea, destacó que se eliminó la mención a que el Estado unitario podría dividirse en regiones, lo que en la práctica significó la eliminación de la posibilidad de tener un estado unitario descentralizado.

Dentro de este contexto hizo presente que también en el año 2009 hubo una reforma regional democratizadora consistente en la elección de los consejeros regionales y del presidente regional pero que, sin embargo, al final también terminó en un detrimento para el estatuto regional constitucional toda vez que las pocas facultades constitucionales reservadas al gobierno regional fueron eliminadas.

Enseguida enfatizó que lo anterior implicaba una gran complicación al momento de resolver los recursos de FNDR, cuya distribución por parte de los consejeros no está amparada constitucionalmente, lo cual permite que mediante una simple modificación legal dicho fondo deje de ser competencia resolutiva de dichos consejeros. Indicó que la glosa respectiva que considera el 2% de deporte, seguridad y cultura señala un mecanismo sui géneris en el sentido que establece que se va a establecer un comité resolutivo del gobierno regional, compuesto por funcionarios públicos, donde se designará un representante externo por el consejo regional. Así, subrayó que una glosa del tenor de la consignada no hubiese sido posible si no se hubiese derogado la norma respectiva en el año 2009.

Manifestó que lo expuesto demuestra que la propuesta de establecer atribuciones a nivel constitucional para el gobierno regional, que pueden ser amparados por el estatuto constitucional, es esencialmente relevante, pues de lo contrario, en una glosa presupuestaria se borra lo que está considerado a nivel legal en la ley orgánica respectiva del Gobierno Regional.

En este contexto señaló que es necesario tener presente si se van a hacer reformas constitucionales, y eventuales modificaciones legales, si se mantendrá la situación como está y se consolidará el centralismo, ya que opinó que es esta última situación la que se ha repetido durante los últimos 10 años, siendo los gobiernos regionales y las regiones los que han terminado mayormente perjudicados. Así, advirtió que es necesario avanzar en una reforma constitucional evitando caer en defectos que provoquen que el efecto del proceso sea contrario al que se pretende en realidad.

Hecha la prevención, opinó que en materia de gobierno y administración sólo esta última es posible de descentralizar de conformidad a lo dispuesto en la Carta Fundamental. Sin embargo, instó por realizar una discusión más profunda respecto de los que se considera uno y otro. En ese sentido, hizo presente la discusión doctrinaria que existe en torno a estas materias la que hace necesario abandonar la estrechez conceptual entorno a relegar la administración a la función local o regional por sobre la nacional.

En cuanto al proyecto de reforma, recalcó que la figura del Gobernador Regional no sólo es un cambio semántico toda vez que tiene expresiones concretas, como las que se consideran en el proyecto de transferencia de competencias que establece, entre sus funciones, el velar porque el gobierno regional ejerza sus funciones en forma coherente y concordante con las políticas públicas nacionales, asegurando su efectiva aplicación, lo que significa establecer un rol de tutela o supervigilancia que actualmente no existe y que se contradice totalmente con la autonomía constitucional asignada el gobierno regional. En el mismo sentido, enfatizó que actualmente se considera al gobierno regional como un servicio público más en circunstancias que tiene autonomía constitucional, cuestión que en la práctica constitucional no se ha reconocido.

Sobre las disposiciones transitorias, dijo que la vigesimoséptima eleva a rango constitucional una disposición legal que está en la actual ley orgánica, lo que se opone totalmente al estatuto descentralizador, según dijo. En cuanto a la vigesimoctava, destacó que técnicamente se debe puntualizar como se realizará el cambio de competencia.

Por su parte el Presidente de Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional señor Esteban Valenzuela Van Treek puntualizó que el proyecto de reforma constitucional en estudio, desde el punto de vista histórico, es infinitamente mejor que lo que existe actualmente, y llamó la atención sobre la necesidad de alcanzar los acuerdos necesarios para terminar con el excesivo centralismo existente, y que en parte explica la actual situación de crispación social.

Señaló que, haciendo un poco de historia, el país más centralista de Europa fue Francia, que para poder destrabar su proceso descentralizador permitió un gobierno regional electo y una delegación central igualmente fuerte, de modo que lo ideal es que en este proyecto se recogiera la idea y se crearan tres servicios completos, no obstante se crean nuevas divisiones y por tanto, existe la posibilidad de ir avanzado incrementalmente los años que vienen.

Luego, señaló que al eliminar el gobernador regional y crear la instancia que permita que las regiones puedan pedir traspaso de competencias en forma explícita, en su opinión, la Comisión podria dar un gran paso y destrabar un tema que se está esperando por demasiado tiempo.

A continuación la Honorable Senadora señora Von Baer destacó el rol colegislador del Parlamento y en ese sentido, manifestó su preocupación por las señales que entrega el Ejecutivo en materia de descentralización, ya que la Comisión Presidencial generó gran expectativa y luego envía este proyecto de reforma constitucional que no es otra cosa que la elección del presidente del consejo regional.

Adicionalmente, hizo presente que este proyecto nunca ha tenido urgencia desde que se ingresó. No obstante, enfatizó que por decisión de esta Comisión el proyecto de reforma constitucional se encuentra en tabla. Dicho esto, manifestó que era necesario conocer la opinión del Ejecutivo respecto a la importancia asignada a esta iniciativa.

Además, expresó su preocupación por realizar una reforma que resulte similar a la de los consejeros regionales, en el sentido que si se entiende que la forma de ver este proyecto es que la fijación de políticas públicas es del Presidente de la República, y que el Gobernador tiene que preocuparse porque dichas políticas se ejecuten tal y como lo dispone la máxima autoridad, y luego se señala que el gobierno regional, los servicios y los municipios están a cargo también de la ejecución, entonces se pone al mismo nivel a los municipios y a los servicios, lo que a su parecer, no apunta hacia una efectiva descentralización.

Luego, hizo presente que se comete insistentemente el error de atribuirle a los municipios tareas que no pueden cumplir por falta de recursos, y que lo mismo está ocurriendo con los consejos de seguridad ciudadana y con esta iniciativa, de manera que estimó que avanzar de esta forma en una ley era un acto irresponsable por cuanto va a existir un intendente que no tendrá recursos ni atribuciones.

En materia de traspaso de competencias, hizo presente que ello tampoco es real porque quien define finalmente si se traspasan o no las competencias es el Presidente de la República, lo que hace previsible un conflicto futuro entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales.

Finalmente, solicitó que el Ejecutivo se abra a reformular este proyecto de ley a fin de que no se genere en la ciudadanía expectativas que nuevamente se vean defraudadas.

La Honorable Diputada señora Núñez destacó que existe un compromiso con la descentralización por parte de su partido político, Renovación Nacional, y que desde que se implementó la Comisión Presidencial respectiva no sólo la apoyaron e impulsaron, sino que también la incentivaron y se reunieron con sus representantes.

Destacó que han coincidido en gran parte con el informe de dicha Comisión, pese a lo cual prepararon sus propias propuestas e ideas que fueron entregadas en su oportunidad al Ejecutivo.

Expresó que el Gobierno prometió una cosa pero finalmente ha propuesto otra, como que al elegir al intendente democráticamente éste tenga las características que tiene actualmente, es decir, recursos, facultades y gobierno, de modo que no puede haber inconsistencia entre lo que se dice y se hace pues coincidió que ésta es la reforma estructural sobre descentralización, y que el intendente que se elija debe ser quien pueda gobernar.

Enfatizó que, en su opinión, era importante entender que de acuerdo al proyecto el gobierno de cada región residirá en el Gobernador Regional, que además será el representante natural e inmediato en el territorio del Presidente de la República, lo que concentra todo el poder sin que exista verdaderamente descentralización. Adicionalmente, subrayó que la misma autoridad antes señalada es quien coordinará, fiscalizará y supervigilará las funciones administrativas que operen en la región o dependan o se relacionen con la primera autoridad, sin que se señalen otra serie de funciones relacionadas, por ejemplo, con la educación, que también debiese cumplir.

Señaló que el intendente tal como está concebido en el proyecto cumplirá con las funciones administrativas que operen en la región, y como ya se ha dicho, manifestó que el proyecto sobre transferencia de las competencias nuevamente las deja radicadas en el propio Presidente de la República, lo que va en sentido contrario a la descentralización.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó su conformidad con el hecho de que exista un amplio acuerdo respecto de la necesidad de elegir al intendente, lo que calificó como muy positivo, y al mismo tiempo destacó el carácter de reforma constitucional que tiene esta iniciativa, y que los parlamentarios tienen las facultades para ir modificando aquello que pueda ser mejorado.

Dentro de este mismo orden de ideas, hizo presente su más profundo convencimiento con respecto a que el país nunca podrá alcanzar el desarrollo si no se descentralizan en primer lugar las regiones. Así, dijo entender que es necesario perfeccionar este proyecto para darles reales atribuciones a los gobiernos regionales y convertir los municipios en verdaderos gobiernos locales, con mayor grado de autonomía, con financiamiento y con facultades.

El Honorable Senador señor Andrés Zaldívar también manifestó su complacencia frente a la existencia de un acuerdo con respecto a la necesidad de elegir a la autoridad regional.

Destacó que en virtud del trabajo de la Comisión Presidencial nombrada por la máxima autoridad del país hoy se ha abierto un espacio profundo para buscar efectivamente la descentralización apostando a la regionalización, para lo cual el informe evacuado por dicha Comisión da una pauta de cómo hacerlo.

En la misma línea hizo presente que dentro de las facultades de los Parlamentarios está la normativa constitucional existiendo plenitud en materia de iniciativa, de modo que no es necesario que el Ejecutivo presente una propuesta para avanzar decididamente hacia la descentralización. Dentro de este orden de ideas, agregó que el trabajo de la Comisión también se puede desempeñar con independencia de la existencia o no de urgencias.

No obstante lo anterior, precisó que existen temas que no es posible descentralizar y que es similar a lo que ocurre en Francia, que dicen relación con el orden público, la defensa y las relaciones internacionales, porque son asuntos de Estado. Así sobre el resto de la temática sectorial, es perfectamente posible llevar adelante este proceso en las condiciones necesarias para que opere.

Agregó que el proceso de descentralización debe desarrollarse en forma gradual y responsable porque es muy distinto gestionar un Estado como el que ha existido hasta ahora, a un Estado unitario descentralizado, que es algo diferente y señaló que se debe tener presente que en las propias regiones se tiende a hacer centralismo regional, todo lo cual requiere desarrollar un trabajo muy serio y responsable.

El Honorable Senador señor Horvath reiteró que la urgencia en esta materia es tal que tiene disposición para trabajar todo lo que sea necesario en tramitarla en forma rápida. Agregó que conocía el perfil regionalista del Subsecretario de modo que, a su parecer, cualquier modificación a esta iniciativa va a ir en la dirección correcta.

Por otra parte, refiriéndose al proyecto propiamente tal, señaló que considerar un Gobernador Regional como representante del Ejecutivo no resulta apropiado pues desde siempre se ha entendido que dichas autoridad será la que gobierna, de modo que es necesario cambiar esa denominación.

Señaló que insistir en la centralización va a provocar un conflicto social pues la regiones están cansadas no sólo de que las manden desde el centro sino que también, sean convertidas en zonas de sacrificio, pues desde el punto de vista del uso de sus recursos naturales se están desmoronando. En este sentido, enfatizó que el centralismo combinado con concentración económica es un modelo que ya tocó fondo y techo y que el malestar ciudadano en parte, se explica por aquello.

El Honorable Diputado señor German Becker señaló que si bien este proyecto de reforma no responde a las expectativas que al respecto tenían los regionalistas, igualmente es necesario avanzar en el mismo ya que en más de 20 años de trabajo en regionalización, éste es el primer proyecto importante sobre la materia.

Agregó que coincidía en que no es posible seguir esperando a que llegue el proyecto perfecto, e insistió en avanzar en la medida de lo posible. En la misma línea, subrayó que no es un tema menor que se plantee la elección del intendente por votación popular ni que este sea equivalente al presidente del concejo, toda vez que se realizarán transferencias de funciones.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó que efectivamente se puede hacer la elección del intendente tal como se propone en este proyecto de reforma, pero al mismo tiempo, indicó, se debe tener claro que no se trata de la autoridad que la ciudadanía espera sino que sólo podrá decidir con respecto al 6% del presupuesto.

Para terminar, el Honorable Senador señor Espina solicitó al Ejecutivo que busque una priorización con respecto a los proyectos en tramitación en esta Comisión.

Enseguida hizo presente que en materia de regionalización es necesario realizar saltos audaces que obviamente tendrán detractores. No obstante, destacó que la elección del intendente es un cambio radical con respecto a la forma en que se gobierna la región pues actualmente este depende del Presidente de la República.

Con respecto a las competencias, señaló que era necesario avanzar en los mecanismos de traspaso de las mismas, ya sea que se hagan en forma gradual o con otra fórmula, pues si no se le entrega competencia al intendente en nada aportará este proyecto de reforma, y que lo mismo ocurre en materia de recursos.

Finalmente destacó que, si bien esta iniciativa no lo señala explícitamente, resulta imprescindible el establecimiento de responsabilidad en el uso de los recursos públicos tema que podría ser abordado a propósito de esta discusión.

Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes destacó el profundo debate que ha tenido lugar en esta sesión y recalcó que el Gobierno estaba comprometido a dar urgencia a este proyecto pues está dentro de las prioridades del Ejecutivo.

Luego dijo que si bien es posible tener puntos de vista en esta materia que sean diametralmente opuestos, por primera vez en muchos años se ha impulsado un proyecto de reforma constitucional donde la Presidenta de la República entrega y delega parte del poder, lo que sin duda es un hecho inédito.

Por último, propuso exponer todos los proyectos relacionados con esta materia en forma más profunda, con el objeto de tener un panorama completo y puso de relieve que este proyecto está en el camino de instalar un modelo de descentralización en un período de a lo menos 10 años, de aquí en adelante.

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En sesión posterior, la Comisión abordó el estudio del Boletín N°10.330-06 iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Horvath, señora Pérez San Martín y señores Guillier, Quinteros y Zaldívar, en materia de descentralización del Estado, y que instituye la elección de los intendentes mediante sufragio universal.

El Honorable Senador señor Horvath hizo presente que para la presentación de esta moción parlamentaria los autores han coordinado su trabajo con la Comisión Presidencial por la Descentralización y Desarrollo Regional, toda vez que existen algunos elementos de la iniciativa del Gobierno que no guardan estricta consistencia con lo que fue el trabajo de dicha Comisión.

En ese sentido, destacó que los Parlamentarios pueden hacer todas las correcciones de fondo que les parezcan en estas materias como, por ejemplo, un cambio en la figura del Gobernador Regional que, como ya se ha dicho, no sólo se trata de hacer un cambio semántico sino que es parte de la cultura el entender quien gobierna.

Precisó que con esta iniciativa la intención es verdaderamente descentralizar y definir el Estado de Chile como unitario y descentralizado a la vez lo que es un tema clave porque, en su opinión, de continuar con la desconcentración todo seguirá resolviéndose a nivel central.

Dado lo anterior solicitó que esta iniciativa sea vista en conjunto con el proyecto de reforma constitucional presentada por el Gobierno, pues esta fórmula es efectivamente regionalizadora y complementaria de ella y además enfatizó que existe un acuerdo político transversal entorno a dar celeridad al despacho de este proyecto.

En este punto, el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Alberto Espina abrió debate con respecto a la posibilidad de refundir ambos proyectos y así tramitarlos en conjunto.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que a su parecer existe un consenso bastante transversal con respecto a la necesidad de descentralizar y manifestó que era de la opinión de elegir a los intendentes al igual que varios otros integrantes de su partido.

Señaló que era importante establecer lo anterior desde un principio porque hoy en día existe la posibilidad de hacer una reforma de fondo, porque se da el momento político e histórico para hacerlo, pero que para ello se deben construir confianzas y actuar con responsabilidad.

Señaló que dicha responsabilidad desde su punto de vista significa hacer una mirada más completa e integral a lo que significa la reforma constitucional con el objeto que posteriormente la aprobación de cada proyecto en particular sea más expedita, razón por la cual solicitó tener un tiempo acotado para que el Subsecretario presente la mirada de la estructura institucional que se pretende construir en esta materia, para evitar que con el avance de los proyectos en forma paralela ocurra la misma situación que ocurrió con los Core, que ha significado que en la práctica se quedaron sin las competencias necesarias.

Reiteró que no se trata de frenar la elección del intendente sino que de hacer las cosas bien y en forma responsable, de modo que opinó que sería conveniente discutir ambos proyectos en forma paralela pero teniendo a la vista la estructura institucional en su conjunto, en caso de aprobarse todos los proyectos de ley relacionados con esta materia.

Finalmente, señaló que si existe acuerdo con respecto al financiamiento, estructura institucional y elección del intendente, es mejor tramitar la presente iniciativa en sintonía con dicho consenso.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que existen fundamentalmente cuatro temas que se deben abordar en materia de descentralización y que serían: la elección democrática del Intendente; nombre, designación y atribuciones del representante del Presidente de la República en la región; las atribuciones y competencias del intendente elegido por votación popular; y la fórmula de obtener recursos la región independientemente de los mecanismos actuales y la debida responsabilidad financiera en la administración de los recursos.

El Honorable Senador señor Horvath expresó que más que fusionar ambos proyectos, consideró que era necesario estudiarlos en forma paralela teniendo a la vista todas las opciones, pues ya se inició la discusión del proyecto del Ejecutivo.

Enseguida, el Honorable Senador señor Pizarro hizo presente que este tema ya ha sido largamente debatido a nivel público, nacional y a nivel de partidos, no obstante que era evidente que había que afinar algunos temas además de coordinarlos, razón por la cual manifestó que al hablar de fusión de proyectos ella contiene la búsqueda de acuerdos relativos a dónde y cómo funcionar.

Así, indicó que para los efectos de la fusión es necesario construir acuerdos con respecto a las atribuciones, rol del Gobernador o representante del Presidente de la República en la región y cómo se va a compatibilizar con el intendente electo que va a tener su propio rol, de modo que junto con fusionar, resulta necesario generar un cronograma de tramitación muy preciso.

Enseguida, el Honorable Senador señor Guillier se mostró de acuerdo con que se haga un trabajo en conjunto con los equipos técnicos y agregó que, en general, existe acuerdo sobre los principios básicos en el sentido de tramitar una reforma constitucional que consagre un Estado unitario descentralizado, para derivar a partir de allí todas las atribuciones en cuanto a la elección del intendente con facultades administrativas, políticas y financieras, a diferencia de las del Gobernador que requiere tener bastante menos perfil para evitar que se transforme en un contrapoder.

En ese entendido, dijo estar disponible para fusionar los proyectos y allegar otros, si es esa la línea en que se va a dirigir el Ejecutivo.

El Presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) señor Marcelo Carrasco señaló que lo esperable es que se trate la reforma sobre descentralización en forma integral, considerando tanto la elección del intendente, como también el traspaso de competencias, financiamiento y modelo de Estado para la región.

Enseguida, valoró que se apoye que el país siga siendo unitario al mismo tiempo que instó a que se consagre en la Carta Fundamental que Chile es un país descentralizado.

En este mismo orden de ideas hizo presente que apoyan la idea no sólo de la elección del intendente sino que también que presida el consejo y, con respecto al Gobernador, dijo estar de acuerdo con que exista una figura que represente al nivel central en la región pero que este debe ser un Delegado, y no un gobernador.

Igualmente consideró importante conocer cuáles serán las competencias de las que actualmente tiene el intendente designado que tendrá la nueva autoridad, pero sin quitárselas al consejo, toda vez que el proyecto prácticamente no considera nuevas atribuciones para el intendente electo. Agregó que el traspaso de competencia debe ser gradual de acuerdo a los requerimientos que tengan las regiones.

Luego, insistió en la necesidad de fortalecer el rol de los Consejeros Regionales, de contar con una estructura de gobierno en la región mucho más potente, eficiente y moderna, asociada a la entrega de herramientas y medios suficientes para que los funcionarios que van a estar en ese gobierno regional tengan una mayor protección y regulación de las plantas.

Por último, dijo que es necesario también generar una instancia de control que no tenga ni dependencia ni subordinación al intendente ni a los consejeros regionales, con el objeto de generar la mayor transparencia y que se produzca el control que los ciudadanos esperan.

Acto seguido, el Presidente de la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE), señor Marco Mellado, manifestó que los proyectos que actualmente se están tramitando más que a descentralización se refieren a ciertos procedimientos y a la elección directa del intendente que, tal como está, sólo es mayor democracia.

Manifestó estar a favor de la elección directa del intendente. No obstante, llamó la atención respecto de algunos elementos claves que debiesen estar considerados. Así, enfatizó que se partió de un diagnóstico errado en el sentido de suponer que los funcionarios de los gobiernos regionales estaban en una situación óptima, lo que constituye un error de fondo.

Dentro de este contexto reiteró que las diferentes autoridades no han tendido la voluntad de respetar la ley de plantas en las distintas regiones, al punto que tal como ya lo había mencionado, en una sesión anterior, sólo el 18% de los funcionarios de los gobiernos regionales son de planta.

Manifestó que el trasfondo es que existirán autoridades electas que tendrán que hacer campañas y luego pagar favores políticos, lo que le hace pensar que se afectará el trabajo de los funcionarios de los gobiernos regionales toda vez que en ninguno de los proyectos que actualmente se están tramitando se hace referencia a la situación de dichos trabajadores.

Frente a este escenario, solicitó que se considere una mayor estabilidad y protección laboral, de modo que sirva de base para que al momento de traspasar mayores competencias existan condiciones favorables para ello, toda vez que insistió en que pese a que han sido escuchados en todas las instancias sus planteamientos pero no han sido debidamente considerados.

Enseguida señaló que se trata de una situación previsible y que por tal razón no deben ser los funcionarios quienes a futuro deban asumir los costos de esta decisión, por cuanto actualmente tienen excelentes indicadores, los que no deben ser descartados debiéndose salvaguardar las condiciones laborales de los funcionarios que cuentan con las capacidades que se han ido agregando en el tiempo, evitando dejarlos sujetos al arbitrio de una autoridad política.

Finalmente, respecto a la figura de los consejeros regionales, manifestó que el proyecto de reforma en estudio les quita atribuciones, y que se debe considerar que no es razonable que el día de mañana el intendente tenga concentrado todo el poder.

El Honorable Senador señor Guillier expresó que ni el proyecto de reforma presentado por el Ejecutivo ni la moción parlamentaria respectiva agota el tema en materia de descentralización, pues existe acuerdo en oír a los diferentes gremios para incorporarlos en lo que sea necesario a este proyecto, sin olvidar que lo principal en este caso es tramitar la elección del intendente en forma expedita.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer apoyó la idea de escuchar la opinión de los funcionarios en el sentido que al elegirse el intendente, tal como está planteado, no es conveniente para dichos trabajadores. Agregó que es necesario tener una mirada global para tener claridad respecto de aquellos temas que deben tramitarse rápidamente para evitar situaciones complejas para los funcionarios frente a una elección de una autoridad de naturaleza política.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, resaltó que se trata de un momento histórico el iniciado con esta discusión en la que se modificará la estructura correspondiente a los últimos 200 años de la República, porque este debate con respecto a la elección del intendente cambiará la arquitectura de la administración pública y de los territorios en lo más profundo del país.

Manifestó que este es un proyecto de reforma constitucional que tiene un simbolismo especial con una mirada estratégica del futuro muy importante para el país, ya que existe el convencimiento que no sólo la elección del intendente sino que la descentralización, como una forma de administración del Estado, le dará al país un segundo aire de crecimiento y desarrollo, donde los ciudadanos se van a sentir más directamente representados.

Sobre la elección misma, indicó que también existe convicción en el Gobierno con respecto a que sólo la oportunidad de generar la discusión sobre esta elección abrirá una disposición distinta en muchos otros aspectos, lo que a su parecer, significará la revisión exhaustiva no sólo de los proyectos en tramitación sino que de muchos otros relacionados con descentralización.

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo está en absoluta disposición para hacer todas las presentaciones y aclaraciones que sean pertinentes sobre este tema, entendiendo que se trata de un aspecto muy complejo respecto del cual, existe un modelo o arquitectura del proceso de descentralización que implica un modelo institucional, financiamiento y competencia, entre varias otras cosas.

La Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, señora Viviana Betancourt, señaló que el Ejecutivo respeta absolutamente la facultad que tiene esta Comisión para fusionar o no las iniciativas en estudio, lo que se entiende sin perjuicio de las facultades que tiene los Parlamentarios y el Gobierno para fundamentar caso a caso si esa fuera la forma, las posturas que se ven reflejadas en este proyecto de reforma.

- Requerido el acuerdo de la Comisión para solicitar a la Sala refundir ambos proyectos, dicha idea fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Guillier.

- Por la misma votación se aprobó la idea de solicitar en la misma instancia, que se autorice a discutir la moción parlamentaria en general y en particular, al igual que la iniciativa del Ejecutivo.

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Posteriormente continuando el estudio de ambas iniciativas ahora refundidas, la Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Viviana Betancourt, destacó que la agenda de descentralización va más allá de la elección del Intendente, no obstante que esta última es un símbolo del cambio y de la profundidad de lo que se quiere hacer.

A continuación, remarcó que algunas de las funciones que desempeñan los actuales intendentes dicen relación con la administración regional y otras se relacionan con la función de gobierno interior, e hizo presente que los tres proyectos básicos de descentralización del Gobierno son: la elección del Intendente; las Transferencias de Competencias y Servicios a las Regiones, y una ley de Rentas Regionales con responsabilidad fiscal.

Puso de relieve que, en términos generales, el presente proyecto de reforma constitucional considera la elección de intendente, la creación de una nueva figura de gobierno regional denominada Gobernador Regional y la facultad de crear servicios públicos regionales.

Precisó que la elección de intendente que se propone es por sufragio universal en votación directa, requiriéndose mayoría absoluta de sufragios, con segunda vuelta si es necesario, con una duración del periodo de 4 años, pudiendo postular sólo a una reelección inmediata y considerando que sea quien presida el Consejo Regional, correspondiéndole la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que, operando en la región, dependan o se relacionen con el Gobierno Regional respectivo.

En cuanto al Gobernador Regional, señaló que se propone que sea quien represente al Presidente de la República en la región, con tareas propias de gobierno interior tales como control del orden público, combate a la delincuencia, extranjería y emergencias, entre otras. En la misma línea, también coordinará, supervigilará y fiscalizará el accionar de los órganos públicos desconcentrados del nivel central en la región (seremis y directores regionales de servicios).

Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Von Baer consultó si era correcto entender que en virtud de la función de coordinación de todos los servicios públicos, de esta autoridad dependerían todos los Seremis.

Al respecto, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que no, ya que sólo tiene labores de coordinación pero no de jefatura y agregó que en el caso del actual intendente este tiene una función establecida en la Ley de Gobierno y Administración Regional, para que en el caso de la figura del Gobernador éste no tendría la función de designar a los Seremis, quienes en el modelo propuesto dependerían del Ministro respectivo.

Retomando la exposición, la señora Betancourt, respecto del Gobernador, recalcó que será designado y removido libremente por Presidente de la República, podrá ser sometido a juicio político por el Congreso Nacional y tendrá su asiento en la capital regional, no obstante que en las demás provincias seguirán existiendo las gobernaciones provinciales.

En relación a la creación de servicios públicos regionales, enfatizó que se trata de un proceso gradual donde los servicios públicos nacionales irán traspasando sus funciones y atribuciones a los regionales. En este sentido, señaló que la creación de estos servicios y todo lo que ello implica es materia de ley, razón por la cual el proyecto propone que el Congreso delegue al Ejecutivo la facultad de hacerlo vía DFL, por un plazo excepcional de 4 años, sólo para la transferencia efectiva a los gobiernos regionales de dependencia de servicios, considerando que el proceso gradual en su conjunto está proyectado a 10 años con el objeto de hacer operativo el sistema.

Indicó que el proyecto de Reforma a la Ley Orgánica Constitucional conocido como transferencia de competencias, considera como nuevas funciones de los Gobierno Regionales el planificar el desarrollo de la región, especialmente, en ámbitos de infraestructura pública y transporte, desarrollo económico productivo, social y cultural, y la administración de los recursos, vía fondos y programas de financiamiento de aplicación regional.

En la misma línea precisó que dicho proyecto también regula el mecanismo de transferencia de competencias junto con indicar que distribución de recursos de inversión será propuesta por el Intendente mediante ítems o marcos presupuestarios asociados a glosas que explicarán el uso de los recursos y las condiciones de tal uso.

Con respecto a los Secretarios Regionales Ministeriales de las áreas descentralizadas, indicó que les corresponderá velar porque las políticas, programas y proyectos de naturaleza regional se enmarquen dentro de las políticas nacionales.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes destacó que los Seremis serán desconcentrados en los ámbitos de infraestructura pública y transporte, económico productivo, social y cultural, de tal manera que perderán la facultad que actualmente tiene de administrar políticas públicas regionales. Por tal razón ahora ese Seremi será nombrado por el Ministro, para velar porque las políticas regionales se enmarquen dentro de las nacionales.

Enfatizó que los servicios públicos, que son los ejecutores, por ley se traspasan y se convierten desde servicios nacionales en servicios regionales, de manera que la descentralización finalmente se traduce en que toda a la ejecución de políticas públicas de las áreas competenciales descentralizadas se ejercen a nivel regional.

Dentro de este contexto reiteró que el proceso dura diez años, de modo que es necesario dejar instalado el modelo desde el punto de vista legal e iniciar algunas experiencias piloto en fomento productivo, no obstante que respecto de este último punto señaló que ya hay algunas en las regiones de Biobío, de Antofagasta y de Los Ríos.

El Honorable Senador señor Quinteros hizo presente que dentro de las áreas competenciales se debe considerar el programa que el candidato a intendente presente a la comunidad, para que ésta última sea la que decida lo que quiere para su territorio.

A este respecto, el personero de Gobierno agregó que existen mecanismos para que los compromisos que proponga la nueva autoridad sean coherentes con la política nacional y señaló que en todo el proyecto existe una preocupación permanente de hacer convergencia entre la política nacional de fomento productivo y la política regional, de tal manera que ambas sean concordantes para que haya consistencia en la aplicación de unas y otras.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe solicitó que se explique más claramente la diferencia que existirá con esta reforma respecto de los programas nacionales que actualmente son ejecutados por los órganos regionales, como ocurre por ejemplo con el Programa Capital Semilla de Sercotec.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, hizo presente que hoy en día Sercotec se está descentralizando en 14 programas, y que la Corfo además está descentralizando 10 programas, todos los cuales si bien fueron diseñados a nivel nacional serán entregados al Gobierno Regional en un Comité presidido por el intendente, además de estar integrado por una entidad público-privada que va a rediseñar los programas obedeciendo a una política nacional, pero con un énfasis regional.

De los programas antes señalados, dijo que podrían quedar refundidos en 7 o en 15, según lo que la experiencia muestre y la región plantee. En ese sentido, precisó que quienes aprobarán esas políticas regionales serán los consejeros regionales y quien velará porque esa política regional sea coherente con la nacional será el Seremi de Economía, de acuerdo a la arquitectura diseñada.

En este escenario, destacó que se vuelve a la idea general con respecto a los Seremis en cuanto a que sólo tenían la facultad de diseñar, aplicar y armonizar las políticas públicas, pero nunca tuvieron la capacidad de ejecutar las mismas. A modo de ejemplo, indicó que en el caso del Ministerio de Obras Públicas, si se revisa la ley, el Seremi de dicha repartición no existe como figura dentro de la administración de esa Cartera y lo mismo ocurre con sus respectivos servicios regionales. Así, en este caso lo primero que se debe hacer es desconcentrar el ministerio, crear los servicios públicos regionales y luego traspasarlos.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó que es difícil imaginar un escenario distinto al centralismo que ha imperado hasta hoy pero que, sin embargo, lo verdaderamente importante será el plan que proponga para la región quien resulte ser elegido intendente.

La Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaria de Desarrollo Regional volviendo a su exposición, precisó que el proyecto también modifica la estructura administrativa de los Gobiernos Regionales haciéndolo funcional a este modelo de descentralización y creando tres nuevas de Divisiones (de Fomento e Industria, de Infraestructura y Transporte y de Desarrollo Social y Humano) y el cargo de Administrador Regional, que es un funcionario de confianza del intendente que va a coordinar la labor de estas nuevas divisiones.

En la misma línea, agregó que el proyecto también establece la elección de los encargados de dichas unidades por la alta dirección pública, regula los Convenios Mandato, haciendo obligatorios los Convenios de Programación, y también regula la participación de parlamentarios en Sesiones del Consejo.

Enseguida destacó que entre las nuevas competencias del Consejo se encuentra la de disponer la contratación de auditorías externas, que evalúen la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera, que significa una prerrogativa excepcional respecto de la norma que contempla que todo lo que implica gasto es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, tanto a nivel nacional como regional.

Respecto del trámite legislativo del proyecto indicó que mediante indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, introdujo el principio de que en los Gobiernos Regionales debe existir coherencia entre el accionar de éstos y las políticas públicas nacionales y sectoriales. Asimismo, en materia de Plan de Ordenamiento Territorial, perfecciona profundamente las normas referidas a este.

Señaló que en materia de borde costero la indicación incorpora normas sobre zonificación borde costero y además permite que el intendente proponga al Core para que sea ésta quien finalmente sancione lo que propone al Ministerio de Defensa, que es quien toma la última decisión mediante Decreto Supremo.

Adicionalmente perfecciona el mecanismo de transferencia de competencias, plantea y crea en la planta de gobiernos regionales el cargo de auditor interno, en condiciones muy similares a las que este cargo tiene en municipios donde trabajan con bastante autonomía, y destacó que se crea el Consejo consultivo de la sociedad civil en los gobiernos regionales mediante la aplicación de normas de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Luego, enfatizó que con respecto a la identificación de regiones dispone la derogación de las normas legales que permiten identificarlas mediante números, y reiteró que la solicitud de delegación de facultades a la Presidenta de la República servirá para que modifique la dependencia de los servicios públicos nacionales, cree servicios públicos regionales y modifique estructuras, dependencias, traslados y plantas de funcionarios, velando al mismo tiempo, por los derechos de los funcionarios.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes agregó que el plan regional de ordenamiento territorial será la nueva gran competencia del gobierno regional, por cuanto el plan regional que existe se transforma en obligatorio, al punto que pasa a ser un nuevo plan regulador regional, pues ahí se definirán los usos de los territorios con su consecuente impacto en el desarrollo de cada región. Según dijo, se trata de una discusión muy profunda donde además la idea es considerar modelos exitosos aplicados en el mundo.

La Honorable Senadora señora Van Rysselberghe opinó que era muy adecuado que se busque una buena distribución del territorio. No obstante, dijo que normalmente el plan regional metropolitano se nutre de los planes comunales de modo que no puede haber una gran modificación sin considerar en esto a los municipios.

Sobre este punto en particular, el personero de Gobierno aclaró que el plano regulador se construye a partir de los planos comunales, pero que la coherencia en el mediano y largo plazo exige que primero todos los planes comunales estén actualizados, para que luego la política nacional oriente a los planes reguladores regionales que tienen que estar coordinados con los comunales.

Para terminar, la señora Betancourt enfatizó que para que esta agenda descentralizadora en su conjunto pueda materializarse, es necesario que se apruebe y termine de tramitar el proyecto de ley sobre recursos humanos en municipalidades[4]; tramitar un proyecto de ley sobre rentas regionales que el Ejecutivo ha comprometido para este semestre y que además, se legisle a tiempo con respecto a las materias electorales vinculadas a la elección directa del intendente.

El señor Subsecretario agregó que no se debe perder de vista que otra gran facultad que tendrán los gobiernos regionales, junto con el gobierno central, será la creación de áreas metropolitanas que serán una conurbación de más de 250.000 habitantes, lo que le permitirá trabajar en disposición final de residuos sólidos, transporte y movilidad urbana, y medioambiente. En este sentido, destacó que ese nivel de coordinación puede incluso generar instrumentos de financiamiento específico con planes de desarrollo acotados a las funciones señaladas.

En cuanto al financiamiento regional, indicó que la preocupación dice relación con objetivizar la distribución de recursos, aunque hoy en día parte del presupuesto de los gobiernos regionales está objetivado. Por ejemplo el FNDR tiene variables objetivas de distribución que en muchos casos se encuentran en reglamentos que administra la Subsecretaría, pero que se quieren llevar a la ley con el propósito de objetivarlas y transparentarlas lo más posible, que es un elemento básico si se considera una elección de intendente.

Además, destacó que se consideran al menos tres fuentes de ingreso para dichos gobiernos: los ingresos propios, transferencias desde el nivel central de libre disposición y, las transferencias condicionadas con destinos muy precisos (fondo de convergencia en la actual Ley de Presupuesto).

Finalmente, destacó que se considera el establecimiento de normas de responsabilidad fiscal para resguardo de los recursos que se utilicen tanto en materia de transparencia como en relación con el límite de gasto.

Se deja constancia que la señora Betancourt acompañó su presentación en un documento en formato power point que fue debidamente considerado por los integrantes de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

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En sesión posterior, el Honorable Senador señor Espina manifestó que se presentaría un agregado de reforma constitucional referido a la forma de elección del intendentes para que sea fusionado a estos proyectos de reforma constitucional. Adicionalmente, propuso que se vote la idea de legislar.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, destacó que con respecto a esta iniciativa ha existido un proceso profundo de conversaciones, análisis y reuniones con parlamentarios y representantes de distintos grupos de regionalistas, además de contar con la asistencia de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, en que se plantearon distintos temas relacionados con la reforma constitucional.

Destacó que fruto de ese trabajo el Gobierno reafirmó como objetivo primordial la elección del intendente en el año 2017, junto con promover un cronograma que permita cumplir con dicho objetivo, para lo cual es necesario dar celeridad a su tramitación para luego, continuar con el estudio de otras leyes que viabilicen esa determinación.

Expresó que se planteó la posibilidad de modificar el nombre de la nueva figura de Gobernador Regional propuesto, toda vez que se ha generado cierto consenso con respecto a que esta denominación no representa bien el espíritu de descentralización que se visualiza para los próximos años.

En cuanto a la denominación de dicha autoridad, manifestó que esperaban que ella surgiera del debate respectivo, dejando claramente establecido que es fundamental para la nueva arquitectura de descentralización que existan dos entidades fuertes en el territorio: una descentralizada, y otra que sea una autoridad designada por el Presidente de la República, que también tenga atribuciones potentes, especialmente en materias de gobierno interior.

Adicionalmente, hizo presente que el proyecto de transferencia de competencias [5] se terminó de revisar en la Comisión respectiva de la Honorable Cámara de Diputados y no obstante seguir su tramitación en la Comisión de Hacienda de dicha instancia, dijo que esperaban que en los próximos meses retornara al Senado con el fin de tenerlo a la vista durante la tramitación de ésta y otras reformas, porque es absolutamente complementario a la reforma constitucional.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su conformidad con el hecho que el Ejecutivo recogiera la inquietud formulada respecto de la necesidad de tener la vista el proyecto de transferencia de competencias frente a este fuerte cambio estructural.

Agregó que es conveniente hacer el ejercicio de ver cómo funcionará la nueva arquitectura con el fin de evitar que ocurra algo similar a lo de los Consejeros Regionales, de modo que enfatizó la necesidad de legislar con mucha responsabilidad en este tema, lo que no significa retrasar sino que hacer las cosas bien.

Manifestó que adicionalmente al proyecto de transferencia de competencias le preocupa el financiamiento para las funciones que considera, y cómo el nuevo sistema tiene relación con los municipios, que es un aspecto que no ha sido abordado no obstante que los municipios financian parte de los proyectos a través del FNDR, y preguntó cómo va a funcionar todo ello en relación al intendente electo.

Expresó que apoyaba la idea de elegir al intendente, pero que también considera necesario construir una nueva institucionalidad o arquitectura que considere los temas debatidos.

Enseguida, consultó cuando se ingresaría el proyecto que considera dicho financiamiento, para comprender en su totalidad la arquitectura completa de la reforma.

El Honorable Senador señor Horvath señaló que esta es una oportunidad única para establecer la elección del Intendente, por lo que manifestó que votaría a favor la idea de legislar. En la misma línea, señaló que era necesario cambiar la figura del Gobernador regional por un delegado e incluso considerar la elección del Intendente en una sola votación.

Respecto del estado unitario, recalcó que consagrarlo como descentralizado en la Constitución Política de la República era bueno, no obstante que al igual que los temas antes planteados, ello se resolverá por la vía de la votación.

A su turno, el Honorable Senador señor Quinteros señaló que era necesario considerar que el proyecto enviado por la señora Presidenta de la República, y que va a permitir la elección de los Intendentes, separa las tareas en gobierno y administración, de modo que destacó que lo esencial es que habrá elección del órgano ejecutivo regional el año 2017.

Enseguida, hizo presente que hay muchas competencias que no se pueden entregar en el marco de la actual Constitución Política, de modo que propuso avanzar en aquellas facultades que si se pueden traspasar a los gobiernos regionales, no obstante que queden temas más de fondo pendientes para la discusión de la nueva constitución.

El Honorable Senador señor Zaldívar se manifestó de acuerdo con la elección de quien debe gobernar la región y además con que se le llame Gobernador. Agregó que en países como Francia se distingue entre el Gobernador y el Prefecto, siendo este último el que cumple las funciones relacionadas con el orden público y el rol más propio del Estado.

Señaló que era necesario hacer este cambio pues ello obligaría a hacer todos los demás, con el objeto de dar inicio al proceso que se deberá seguir para ir adecuando el sistema a la definición fundamental, que es que el Gobierno Regional sea elegido popularmente y que tenga facultades efectivas.

Sobre las transferencias de facultades, hizo presente que debe existir un mecanismo que no involucre el total de ellas sino que se vayan entregando en forma gradual, adecuándose al proceso. En este sentido se manifestó de acuerdo con que debe ser uno de los temas principales de la nueva constitución el nuevo régimen político y la descentralización, regionalización y municipalización.

A mayor abundamiento dijo coincidir en que el tema municipal también resulta fundamental, porque si se quiere profundizar en la descentralización es necesario involucrar en el proceso a las municipalidades, ya que en la medida que ellas tengan mayor autonomía y recursos habrá menos centralización dentro de este proceso de regionalización.

Señaló que en su momento se debe estudiar la forma de compatibilizar la gestión de gobierno de la región con la del Estado, definiéndose el papel del Seremi y las relaciones de éste con el gobierno regional y los ministerios, entre muchos otros temas que deben resolverse.

Destacó que en el tema de las transferencias se debe establecer un mecanismo permanente para ir haciéndolas efectivas ya que se comenzará con una parte de ellas de tal manera que no quede radicada en el que va a entregar sino en el que va a demandar el traspaso quedando establecida la forma de resolver los eventuales conflictos entre ambos. En la misma línea, destacó que deben considerarse los recursos pendientes en la ley de presupuestos de cada año.

En cuanto al sistema electoral, manifestó que se debe considerar un mecanismo que asegure un gobierno de mayoría, por lo que apoyó un sistema que asegure el mayor respaldo, y manifestó su voluntad en orden a votar a favor del proyecto de ley.

La Consejera Regional de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), señora Eva Jiménez, manifestó su preocupación con respecto a la integralidad que debe tener este proceso de descentralización. Señaló que la elección del intendente es uno de los aspectos en materia de descentralización política y administrativa y fiscal que debe cumplirse para completar la reforma.

Enseguida, expresó su preocupación por el rumbo que tomó el proyecto sobre traspaso de competencias que ya fue votado, según dijo, en la Honorable Cámara de Diputados, lo que significa que varios de los temas que les complican quedaron zanjados pero no de la mejor manera.

Sobre el particular, destacó que en lo que se refiere a la resolución de controversias que surjan con ocasión del mencionado traspaso no se acogió una indicación, que presentaron en su oportunidad, que establecía que sería el Senado de la República el ente que resolvería, al igual que respecto a las funciones del Intendente, en el sentido que las propuestas no fueron acogidas.

Luego, hizo presente que la institución que representa ha trabajado mucho con la Subdere, en una actitud permanente de apertura al diálogo, aportando más de 100 indicaciones al referido proyecto de transferencias de competencias que no fueron consideradas. Asimismo, dijo que el Gobierno ha sido incapaz de escuchar a los Consejeros Regionales, razón por la cual en su momento se generaron otras medidas de presión, que fueron debidamente informadas y dialogadas con los ciudadanos.

Dentro de este contexto, estimó que aún hay muchos temas que se encuentran en el vacío, por lo que, a su juicio, es necesario conocer cómo se votó el proyecto en la Honorable Cámara de Diputados.

Respecto a las atribuciones, dijo que no había duda con respecto a que las funciones de gobierno interior deben estar radicadas en una figura como la del gobernador y que la discusión se plantea con respecto a las otras atribuciones que tendrá el intendente lo que no queda claro a la luz del proyecto de transferencias.

Manifestó su preocupación con respecto al FNDR del que actualmente sólo un 7% aproximadamente tiene decisión regional, de manera que al hablar de descentralización fiscal en dicho proyecto ello aún no se conoce. En la misma línea, llamó la atención respecto del tema de probidad y transparencia en el sentido que Ancore propuso la creación de una contraloría regional en los gobiernos regionales con dependencia de la Contraloría General de la República y conformada por Alta Dirección Pública, cuestión que no fue acogida y que en su opinión, era una buena medida de transparencia, sin que se considere otra medida sobre la materia en todo el proyecto.

El Honorable Senador señor Quinteros si bien compartió lo señalado por la representante de los consejeros regionales, enfatizó que sólo se trata de un proyecto de ley que está en discusión, de modo que no está zanjado el tema en forma definitiva.

Se manifestó de acuerdo con que exista un representante en la región de la Subdere y de Hacienda para evitar la excesiva tramitación de los proyectos que se aprueben en las regiones. Así también señaló ser partidario de que los gobiernos regionales tengan mayores facultades.

Por último, el Honorable Senador señor Espina dijo compartir las aprehensiones manifestadas en materia de fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del Core, y agregó que también era partidario de que el Core pudiera votar proyecto a proyecto.

Enseguida precisó que se someterá a votación la idea de legislar sobre a la elección democrática de los Intendentes, debiendo profundizarse durante el debate el área de las atribuciones, los recursos que administrará y cómo rendirá cuenta. Asimismo manifestó su intención de votar favorablemente este proyecto como también que la elección se realice al igual que se realiza la de los Alcaldes, sin segunda vuelta, para evitar un permanente acuerdo político entre los grandes bloques para asignar las regiones y quedando al margen los grupos emergentes regionales para gobernar.

- Puestos en votación los proyectos de reforma constitucional Boletines N°s. 9.834-06 y 10.330-06, refundidos, fueron aprobados en general, por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Posteriormente, con fecha 26 de noviembre del presente año, la Sala del Senado acordó refundir a estos proyectos correspondiente al Boletín N° 10.422-06 que reemplaza el artículo 111 de la Carta Fundamental, en materia de gobierno regional e instituye la elección de los intendentes mediante sufragio universal, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Espina, García y Pérez Varela.

En la sesión siguiente requerido el acuerdo de la Comisión para solicitar a la Sala que se autorice a discutir la moción parlamentaria en general y en particular, al igual que el resto de los proyectos de reforma constitucional sobre esta materia, dicha idea fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Cabe hacer presente que también con fecha 16 de diciembre del presente año, la Sala del Senado acordó refundir a estos proyectos el Boletín N° 10.443-06 proyecto de reforma constitucional que modifica la Constitución Política con el objeto de promover una descentralización efectiva, proponiendo el reemplazo del Intendente por un Gobernador Regional elegido directamente, y del actual Gobernador por un Delegado Presidencial en cada provincia, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Chahuán y García Huidobro.

Luego, se solicitó el acuerdo de la Comisión para pedir a la Sala que autorice a discutir la moción parlamentaria en general y en particular, al igual que el resto de los proyectos de reforma constitucional sobre esta materia, idea que fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

- En sesión posterior, puestos en votación los proyectos de reforma constitucional Boletines N°s. 10.422-06 y 10.443-06, refundidos a los anteriores, fueron aprobados en general, por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Quinteros y Zaldívar.

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DISCUSIÓN EN PARTICULAR

Previo al estudio en particular de los proyectos de reforma constitucional en discusión, la Honorable Senadora señora Von Baer propuso escuchar los planteamientos de algunos constitucionalistas reconocidos con el objeto de tener un panorama completo de los alcances de dicha reforma.

Por su parte, el Honorable Senador señor Horvath manifestó que si bien resultaba valioso contar con revisiones o apoyo de especialistas, podría ser que se tengan tantas opiniones como especialistas hay, de modo que planteó que desde su punto de vista, independiente de las distintas posiciones existentes dentro de la Comisión, el proyecto tiene gran apoyo y por tanto sugirió que se voten uno a uno, y que en forma paralela se realice la revisión por parte de asesores y constitucionalistas.

La Honorable Senadora señora Von Baer insistió en que primero era mejor oír a los especialistas con el fin de que el análisis de los artículos en particular y la correspondiente discusión sea más expedita.

El Honorable Senador señor Espina se mostró de acuerdo con lo planteado anteriormente pues consideró que ello no era incompatible con lo que propuso a su turno el Honorable Senador señor Horvath, de tal manera que sugirió ir votando los proyectos ya refundidos independientemente de oír en su momento a algunos constitucionalistas.

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, destacó que el Gobierno quiere simplificar lo más posible la reforma en esta etapa, con el objeto de dejar para la discusión constitucional que viene, temas más complejos que van a requerir probablemente de un mayor tiempo para su aprobación.

Dado lo anterior, planteó que lo que se debiese resolver en esta instancia es precisamente el cambio en la Constitución para pasar de un intendente designado a uno electo por votación popular. En este sentido, destacó que la decisión con respecto a quien será el representante del Presidente de la República en la región o cuáles serán sus facultades, también son temas que se pueden definir en esta discusión.

Respecto del sistema electoral en materia de elección de intendente, planteó que si bien en el proyecto en discusión se consideró la existencia de una segunda vuelta, existe disponibilidad del Gobierno entorno a debatir este tema e incluso retirar la segunda vuelta como una alternativa.

A mayor abundamiento, hizo presente que se han considerado en las distintas mociones otras formas de elección entre el sistema de simple mayoría y el de segunda vuelta, como es la fórmula de la mayoría calificada que considera una de las mociones refundidas (Boletín N° 10.443-06) que es una situación intermedia ente los sistemas ya señalados.

Dentro de este contexto, enfatizó que existen diferentes fórmulas de elección y distintas opiniones al respecto, de modo que sugirió seguir conversando respecto de la fórmula electoral con el objeto de acercar las posiciones.

El Honorable Senador señor Quinteros sugirió que se avance en la discusión de estos proyectos aprobando determinadas ideas, de modo que posteriormente los distintos asesores elaboren en conjunto una propuesta de texto. Agregó que desde su punto de vista existe bastante consenso con respecto a la idea de elección del intendente, o cualquiera sea el nombre que se le quiere dar, de modo que existiendo acuerdo en ciertas ideas, es mejor ir avanzando.

Una opinión similar expresó el Honorable Senador señor Horvath quien señaló que era necesario sintonizar con el trabajo que realizó la Comisión presidencial Descentralizadora, de modo de no postergar una oportunidad histórica en el sentido que se deje para una nueva constitución la resolución de ciertos temas, en circunstancias que existe bastante consenso en ellos para decidirlo en esta instancia.

En la misma línea, el Honorable Senador señor Espina destacó que el Ejecutivo tiene un procedimiento que consiste en un período de seis meses de educación cívica y posteriormente un período similar en que se recogerá la opinión de la ciudadanía para presentar un proyecto de reforma constitucional. No obstante, destacó que en este capítulo de la descentralización, que es relevante dentro de la Constitución, dicho procedimiento no se replica, de tal manera que consultó como se podría compatibilizar el proceso de consulta con esta discusión que se está resolviendo en forma anterior a todo ello.

Pareciera ser, según dijo, un procedimiento contradictorio a la declaración que a este respecto ha formulado Su Excelencia la señora Presidenta de la República en orden a realizar un proceso de consulta amplio ciudadano, toda vez que en esta discusión esas condiciones no se dan. Así las cosas, consultó al Ejecutivo si el procedimiento propuesto resultaba contradictorio y en tal caso proponer una camino para resolver esta problemática.

Sobre el particular, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señor Ricardo Cifuentes hizo presente que el Gobierno ha tomado la decisión de innovar ahora con la elección del intendente, lo que desde su perspectiva no es contradictorio con el proceso constitucional porque la idea era aprobar esta iniciativa antes de que comience la discusión de fondo de la Constitución Política, toda vez que siempre se puede revisar la ley a la luz de una nueva Carta Fundamental.

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo entender los planteamientos del Ejecutivo en el sentido que era perfectamente compatible una cosa con la otra, y destacó que lo que el país espera ahora es que se decida si se va o no a elegir al intendente, no la transferencia de competencias que viene en otra ley y que se verá en su momento. Agregó que de la elección de intendente se deriva el tema de cómo se le dará representación al Presidente de la República dentro de un Estado unitario con presencia en el Gobierno Regional, sin interferir en la descentralización.

Expresó su respaldo a que dicho representante, como Delegado Presidencial sea el encargado de ver los temas correspondientes a un Estado unitario como lo son los de gobierno interior y fiscalización de servicios, entre otros. Asimismo, enfatizó que en su opinión el cargo de intendente tiene que pasar a llamarse Gobernador.

Luego, subrayó que el tema constitucional que viene debe considerar dos aspectos fundamentales: el régimen político, es decir si se innovará transitando de un presidencialismo a un sistema diferente; y la descentralización y la regionalización, es decir, la estructura del Estado, y apoyó la idea de ir avanzando en la tramitación de estos proyectos, refundidos.

Enseguida, el Presidente de la Comisión indicó que solicitaría pronunciarse sobre determinadas ideas, en virtud del artículo 130 del Reglamento del Senado, con el objeto de someter posteriormente a votación un texto único que recoja las observaciones, precisiones y comentarios que se formulen en esta y las posteriores sesiones en que se traten estos proyectos refundidos.

La Honorable Senadora señora Von Baer insistió en que antes de comenzar con la votación por ideas es necesario saber cómo se va a elegir al intendente, pues enfatizó que era necesario debatir las distintas posturas frente al tema del sistema de elección del intendente, el tipo de representante del Presidente de la República y sus facultades, y la forma de Estado.

Sistema de Elección del Intendente

El señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina, puso en discusión el sistema de elección del intendente, que dice relación con el artículo 111 de la Constitución Política de la República.

El Honorable Senador señor Horvath hizo presente que la moción de que es coautor (Boletín N° 10.330-06) propone una votación directa como sistema de elección. No obstante, enfatizó que lo que se pretende es abrir la discusión en esta ley sobre la definición de Estado y no dejarlo para la instancia de reforma constitucional.

Enseguida el Honorable Senador señor Quinteros subrayó que para que el intendente, o como sea que se llame la autoridad elegida por votación popular, tenga potestad y respetabilidad debe contar con una alta mayoría, sin bajar del 40 ó 45% pues opinó que en caso contrario no existe representatividad.

En este sentido, propuso buscar alguna fórmula que permita que dichas autoridades se acerquen a esta realidad de tener potestad, reconocimiento y respaldo de la ciudadanía, de modo que insistió en la fórmula antes señalada para evitar una segunda vuelta.

A su turno, y en la misma línea el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que si se quiere tener un intendente con poder y capacidad es absolutamente incompatible desde el punto de vista de la racionalidad que a dicha autoridad, que va a tener el gobierno de una región y que de alguna forma será contraparte del Presidente de la República a quien se le exige segunda vuelta, no se le haga la misma exigencia.

A mayor abundamiento, destacó que lo importante es velar por la forma en que mejor se estructure el Gobierno del Estado, y en este sentido manifestó que si al Presidente de la República se le exige mayoría en una segunda vuelta al intendente se le debe exigir lo mismo, para que tenga el mismo poder y pueda gestionar y contar con igual respaldo.

Respecto de las fórmulas planteadas, se inclinó por aquella que exige un determinado porcentaje para evitar una segunda vuelta, que dé cuenta de un respaldo mayoritario de la ciudadanía, y al mismo tiempo fue enfático en señalar que no estaba de acuerdo con un sistema de simple mayoría pues ello implica tener un gobierno débil que no va a cumplir el objetivo que se pretende.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que en el caso del Presidente de la República si se elige por simple mayoría o con segunda vuelta en su opinión no significa que tenga más o menos fuerza, estimando que la razón de la segunda vuelta es generar bloques políticos fuertes.

Luego, agregó que era contradictorio que en primer término se impulse la idea que el intendente sea elegido con segunda vuelta en circunstancias que se haya hecho más proporcional el sistema electoral parlamentario. Dentro de este contexto opinó que la realidad del intendente no es comparable con la del Presidente de la República, sino que es mucho más comparable a la situación del alcalde, y resaltó que este último es electo por simple mayoría y ello no ha significado que los municipios sean más o menos ingobernables.

Destacó que los municipios políticamente se ordenan de la misma manera como lo hace el Gobierno Central porque siempre el sistema electoral que traspasa al sistema político completo es el más grande, en este caso, el sistema presidencial y el proporcional en reemplazo del binominal.

Dado lo anterior, señaló que este traspaso ocurriría tanto en la elección de Consejeros Regionales como en el caso de los concejales, de tal manera que si lo que se pretendía era un sistema más gobernable no se debió introducir un criterio proporcional.

Volviendo al criterio puesto en votación, manifestó que en su opinión lo importante era el sentido de la regionalización que es que las fuerzas regionales que no pueden tener representación a nivel nacional, si puedan contar con ella a nivel regional, y precisó que en caso de considerarse una segunda vuelta sólo se reproducirá la representación a nivel nacional.

A modo de ejemplo, señaló que en el caso de los Mapuches donde existe mayor representación es en los Municipios, porque el sistema no es de segunda vuelta, y manifestó además que la primera vuelta recoge con mayor fuerza la realidad mucho más diversa que existe en los niveles locales y regionales. En este sentido agregó que la representación a nivel regional es distinta de aquella que corresponde al nivel nacional donde es importante que existan mayorías fuertes.

Considerando lo anterior, indicó que en su opinión la simple mayoría permite que se exprese a nivel regional algo que no se va a expresar a nivel nacional, lo que desde su punto de vista constituye precisamente la idea de la regionalización, razón por la cual manifestó su voluntad en orden a aprobar la primera vuelta en los términos del Boletín N° 10.422-06.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que las diversas propuestas consisten en votación con segunda vuelta; aquella que propone un porcentaje del 45%, y que plantea una votación simple y directa.

Sobre esta última fórmula que es aquella que va a apoyar, dijo que en una elección con segunda vuelta del intendente sería imposible que grupos emergentes regionalistas puedan acceder a dichos cargos porque el problema de la regionalización es que al final son los grandes conglomerados políticos lo que al existir segunda vuelta, deban ponerse de acuerdo lo que finalmente deriva en que siempre será elegido un representante de la centro izquierda o centro derecha.

En el escenario descrito, manifestó que un grupo emergente que en una primera oportunidad logre obtener un 20 ó 27% en una segunda vuelta no tiene ninguna posibilidad de ganar siendo lo racional y sensato que se les de esa opción tal como ocurre en el caso de los alcaldes. En ese sentido, dijo que la fórmula de primera vuelta le parecía mucho más descentralizadora.

-Cerrado el debate, el señor Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina puso en votación, en primer lugar, el criterio de existencia de una segunda vuelta electoral, propuesta que fue rechazada por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Quinteros y Zaldívar y en contra los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Horvath.

Al fundamentar su voto en contra el Honorable Senador señor Horvath señaló que esta propuesta obedece a dos conceptos: por una parte, no ligar la elección del intendente al resultado de la elección presidencial, porque una segunda vuelta obliga a que los grandes bloques se impongan en la región, y además, otra razón evidente es que los movimientos regionalistas emergentes tienen muchas más posibilidades de llegar a gobernar con la fórmula de primera vuelta.

Por su parte el Honorable Senador señor Quinteros junto con lamentar el resultado de la votación, destacó que por primera vez existe la oportunidad que grupos que no están en partidos políticos puedan acceder al cargo del Intendente. Hizo presente que el actual desprestigio que existe con respecto a la clase política es tremendo y en su opinión esta es la oportunidad de tener intendentes que no pertenezcan a determinados bloques políticos.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina sometió a votación la forma de realizar esta elección directa y que corresponde a una fórmula intermedia entre los Boletines N°s. 10.330-06 y 10.422-06 que debe redactarse técnicamente, excluyendo la alusión a la ley orgánica.

-Puesto en votación este criterio fue aprobado por tres votos a favor, uno en contra y una abstención. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Horvath. En contra el Honorable Senador señor Quinteros. Se abstuvo el Honorable Senador señor Zaldívar.

Reelección

Respecto a este punto el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, hizo presente que la propuesta de reelección por una sola vez dice relación con que es importante que no se generen caudillismos locales, pues uno de los temores que también ha surgido en la discusión es que los intendentes como no serán solo simples figuras políticas sino que tendrán además facultades de administración significativa de recursos, pueden transformarse en verdaderos caudillos regionales de tal manera que una forma de precaver esa situación es estableciendo un límite a la reelección.

Agregó que un período de ocho años parece razonable para que un intendente pueda llevar a cabo un programa de gobierno regional, sin que se perpetúe en el poder.

Por su parte la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que en el caso de estos cargos que son más ejecutivos, donde la visión de los ciudadanos es muy cercana, es un error ponerle límite a la reelección, que es lo mismo que hoy ocurre con los Alcaldes. En este sentido agregó que al analizar los números de relección en Chile ellos no son muy altos, sino que en general las curvas son decrecientes.

Así, manifestó que dejar esta posibilidad por tan poco tiempo no es bueno para las regiones sino que en su opinión es mejor que se puedan establecer intendentes fuertes, de modo que apoyó la fórmula de reelección sin límite, tal como lo considera el Boletín N° 10.330-06 y el 10.422-06.

El Honorable Senador señor Quinteros manifestó su opinión en el sentido contrario, y precisó que es necesario limitar el número de reelecciones porque es un tema que le preocupa a la ciudadanía incluso a nivel parlamentario. En este sentido, indicó que era necesario dar una señal al electorado en cuanto a que se está limitando la reelección de los cargos de elección popular en todos los ámbitos.

Luego, consultó al Ejecutivo si quedaría plasmado en la ley la posibilidad de que el intendente pueda renunciar a mitad de su mandato para postular a otro cargo, pues dicha posición de poder podría ser utilizada como plataforma en perjuicio del gobierno regional.

El Honorable Senador señor Zaldívar, indicó que en el caso de aquellos cargos que son más ejecutivos es complejo el escenario, pues puede darse un problema de intervención electoral. Agregó que dos períodos son suficientes como para que la autoridad pueda desarrollar un programa de gobierno, de modo que manifestó su apoyo a la fórmula planteada por el Ejecutivo en el Boletín N° 9.834-06.

El Honorable Senador señor Horvath hizo presente que este es un proceso nuevo en el país y que por esa razón debe existir la posibilidad de optar por una reelección, que en caso que lo haga bien, sin caudillismo, pueda seguir haciéndolo, de modo que para partir podría ser en reelección indefinida.

A continuación, el Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina puso en votación la existencia de reelección, la que resultó aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

Enseguida se sometió a votación si la reelección sería indefinida, criterio que resultó aprobado por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorable Senadores señora Von Baer y señores Espina y Horvath. En contra los Honorable Senadores señores Quinteros y Zaldívar.

En consecuencia el criterio adoptado fue el de reelección indefinida.

Denominación de la autoridad

Para comenzar, el Honorable Senador señor Horvath compartió el criterio de que la primera autoridad regional electa se debe denominar Gobernador, pues internacionalmente también quien encabeza una región es el gobernador, que tiene facultades de gobierno, en tanto que la figura del intendente se asimila más a temas administrativos delegados.

A este respecto el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, hizo presente que la guía al momento de formular la propuesta respectiva fue el argumento histórico en que el intendente ha sido reconocido en las regiones como la principal autoridad, de tal manera que la idea es que siga siendo considerada la primera autoridad pero ahora electa popularmente.

A mayor abundamiento, señaló que históricamente se ha entendido que el gobernador es en cierta medida un segundo del intendente, de tal manera que en el espíritu de no generar dificultades la idea es que se entienda claramente que la principal autoridad en la región es el intendente, que es su denominación actual.

El Honorable Senador señor Quinteros estuvo de acuerdo con que exista un gobierno regional, no obstante que destacó que la denominación de intendente está muy relacionada en la opinión pública, con el representante del Presidente de la República.

En este sentido, hizo presente que de mantenerse dicha denominación va a continuar esta asociación a la figura del primer mandatario, razón por la cual se manifestó partidario de denominarlo como Presidente del Gobierno Regional.

La Honorable Senadora señora Von Baer opinó que no era un tema muy sencillo de solucionar porque, tal como lo señaló que señor Subsecretario, cuando a la opinión pública se le diga que se va a elegir a un gobernador no se entenderá cual es la autoridad de que se trata.

En la misma línea, destacó que la ciudadanía espera que se elija al intendente y si ello no es así las personas siempre entenderán que eligieron a una autoridad con menos poder, aunque ello no necesariamente sea así. Luego, dijo que si bien el nombre de gobernador era mejor, tenía la preocupación de que los poderes actuales del intendente queden radicados en el mismo, en tanto que el gobernador sólo será un nombre sin facultades.

A continuación, el Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su opinión en contrario y dijo que la autoridad debiese denominarse Gobernador debiese también eliminarse el cargo de intendente y considerar un Delegado Presidencial, cuyo rango queda prácticamente determinado por dicha denominación.

Sobre este último punto en particular, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que si el representante del Presidente de la República es denominado Delegado Presidencial, y la autoridad elegida popularmente se denomina Gobernador se allana a dicha postura.

Luego, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Espina, puso en votación la denominación de Gobernador para primera autoridad regional electa por votación popular, en el entendido que posteriormente el representante del Presidente de la República pasará a llamarse Delegado Presidencial.

-Este criterio fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar.

En consecuencia, la denominación será la de Gobernador.

En la sesión siguiente, la Comisión continuó con el debate respecto de los criterios adoptados y analizó una propuesta de texto por parte del Ejecutivo.

En este escenario, la Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Viviana Betancourt explicó que en base a los distintos criterios adoptados por la Comisión en la sesión anterior, se ha desarrollado un trabajo en conjunto con los asesores de los parlamentarios con el fin de concordar un texto, toda vez que dichos criterios impactan especialmente los artículos 11,112 y 116 de la Constitución Política, sin perjuicio de otras adecuaciones menores en el articulado.

Así, de mantenerse los criterios adoptados, señaló que el texto debiese quedar de la siguiente forma:

El artículo 111 se suprime el primer inciso y se mantienen los dos siguientes tal como están actualmente en la Constitución Política.

Luego, en el artículo 112 se señala que el gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa y durará custro años en el ejercicio de sus funciones. A ello se agrega, según dijo, que el gobernador será el órgano ejecutivo del gobierno regional correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva determine; asimismo dijo que le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional.

Por último, el inciso final de este artículo indica que la ley determinará la forma en que ejercerá estas facultades y las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.

En este punto, la Honorable Senadora señora Von Baer solicitó una explicación más acabada con el fin de comprender mejor el alcance de los cambios sugeridos.

Dando respuesta a la inquietud planteada, la personera de Gobierno precisó que en el caso del artículo 111 la modificación sólo consiste en suprimir el primer inciso, lo demás, según dijo mantener lo actual de la Constitución Política.

Respecto del artículo 112, precisó que se está cambiando la nomenclatura pues ya no se habla de intendente sino que de gobernador regional, y se señala además la forma de elección y votación, junto con establecer el plazo para desempeñar el cargo, con lo que se recoge el acuerdo de mayoría simple y reelección indefinida.

No obstante lo anterior, la Honorable Senadora señora Von Baer enfatizó que la propuesta presentada va más allá de los acuerdos adoptados en la sesión anterior y que es necesario discutir ciertos temas.

Acto seguido, el Honorable Senador señor Quinteros recordó que al momento de discutirse estos temas no existió unanimidad al adoptar una decisión y que se acordó que entre los asesores de los parlamentarios y el Ejecutivo propusieran un texto, que es lo que se ha presentado.

Tomando la palabra, el Honorable Senador señor Zaldívar compartió que es necesario votar por separado algunos incisos pues no existe acuerdo en lo planteado por el Gobierno.

La Honorable Senadora señora Von Baer insistió en su aprehensión con respecto a que el artículo 112 propuesto en la minuta que se ha presentado recoge criterios que aún no se han discutido, ni tampoco se han analizado sus posibles efectos respecto de la estructura y la institucionalidad. En el mismo sentido, agregó que es necesario saber que ocurrirá en el caso que se vote separadamente cada inciso.

Por su parte, el Honorable Senador señor Horvath recalcó que los conceptos o ideas primarias ya fueron acordadas, de modo que instó a que no se restrinja el sentido de lo que ya se acordó por la via de las modificaciones.

Enseguida, el Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina puso en votación el texto presentado por el Gobierno para los artículos que se indican a continuación:

Modificación articulo 111 C.P.E.

Propuesta: “Artículo 111.- La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por el gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.”.

En este punto, el asesor del Honorable Senador señor Espina señor Andrés Longton señaló que la norma debiese referirse a la “administración y gobierno” y no a la administración superior. En la misma línea el Honorable Senador señor Horvath indicó que en la norma se recoge el órgano pero no a la función que consiste en gobernar y administrar.

La Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Viviana Betancourt, señaló que efectivamente la postura del Gobierno es mantener el concepto de administración, es decir, restringir el rol del gobierno regional a la administración, y precisó que el concepto es de fondo pues entender que el gobierno no es una facultad del gobierno regional sino que pudiera ser una facultad de cada región nos acerca al concepto federalista del gobierno. En este sentido, destacó que lo que distingue al Estado Federal del estado unitario es que se ejercen en los territorios, independiente del resto del país, facultades de Gobierno.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que referirse al gobierno puede ocasionar dudas, toda vez que el Delegado Presidencial va a tener a su cargo todo lo que dice relación con el orden público en representación del Presidente de la República en cada provincia, de modo que no se puede señalar que tendrá la administración y gobierno cuando se refiere al gobierno regional.

Enseguida, el Honorable Senador señor Horvath hizo presente que si se quiere realizar una suerte de discriminación cuando se refiere al Gobierno, toda vez que no es completo, sino que sólo en aquello que las leyes le otorguen, entonces se debe hacer la diferenciación en orden a que la administración superior de la región estará en el Gobierno Regional.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que este tema requiere tomar una definición de fondo, de modo que instó que se haga una discusión más pausada al respecto.

Luego, solicitó al Gobierno mayor información y transparencia con respecto al alcance del Gobernador Regional con el objeto de evitar que se elija una autoridad que prácticamente no pueda hacer nada. En este sentido, agregó que es necesario detenerse un minuto para analizar cuál es la institucionalidad que se le dará al país en esta materia, de modo que es necesario saber por qué se está pensando en que solamente va a ser administración y no gobierno , entre varias otras dudas que el merece el texto.

Acto seguido, la personera de Gobierno señora Viviana Betancourt destacó que la Constitución Política actualmente plantea que al Gobierno Regional le corresponde la administración superior y entiende con esto que es aquella que tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de esa región.

Agregó que las anteriores áreas señaladas son aquellas que se han considerado en el proyecto de ley sobre transferencia de competencias que actualmente se está tramitando en la Honorable Cámara de Diputados [6] que le entrega mayores prerrogativas a este intendente que además ya no es designado sino que electo, es decir, tiene un interés político específico en llevar adelante exitosamente esa gestión en esas tres áreas donde tiene las atribuciones existentes, más otras que se agregan, incluida la posibilidad de efectuar transferencias de servicios públicos que serán ahora regionales.

En la misma línea, destacó que a lo anterior debe sumarse que el proyecto sobre transferencia de competencias considera que es el Intendente, ahora Gobernador Regional, el que diseña el presupuesto proyecto a proyecto, con lo que se le está dando un prerrogativa fundamental.

No obstante lo anterior, la Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que actualmente los municipios postulan sus grandes proyectos a los fondos regionales, entonces si va a existir un intendente electo, consultó como se aseguraría que los municipios reciban los fondos.

El Honorable Senador señor Quinteros no estuvo de acuerdo con lo manifestado anteriormente, pues dijo que cuando se habla de los proyectos grandes de los municipios eso no es totalmente cierto. Agregó que la elección del intendente se realizará en base a la propuesta de desarrollo regional que este último haga, de modo que están contemplados los proyectos de desarrollo de la región y de sus comunas en general.

Luego, manifestó que le parece bien tal como se ha pensado, pues salvo honrosas excepciones, los proyectos que se presentan actualmente son pequeños proyectos que no dicen relación con el desarrollo regional.

Una opinión distinta manifestó la Honorable Senadora señora Von Baer quien destacó que para un municipio la construcción de, por ejemplo, un gimnasio, resulta muy relevante. Dicho esto, señaló que si los fondos van a ser de desarrollo regional entonces cabe preguntarse qué ocurrirá con el municipio que actualmente depende para proyectos como el señalado de esos mismos fondos, de tal manera que señaló que era necesario mirar el panorama completo.

Haciendo uso de la palabra, el Honorable Senador señor Espina manifestó que en su opinión, existen ciertas contradicciones en el texto presentado por el Gobierno pues se radica el gobierno regional en el gobernador y consejo regional, y se agrega que el órgano ejecutivo de dicho gobierno es el gobernador regional. Entonces, dijo que la duda queda en que si el gobernador regional va a ser quien tiene no sólo la administración sino que el gobierno regional, y en ello, según destacó, se produce un conflicto porque simultáneamente el gobierno regional también lo ejerce el delegado presidencial que gobierno sobre ciertas materias importantes.

Sobre este punto en particular el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señor Ricardo Cifuentes precisó que el presupuesto del Gobierno Regional, conforme al proyecto de ley que se está tramitando en la Honorable Cámara de Diputados rebasa con mucho el FNDR que sigue siendo parte de un presupuesto regional, pero subrayó que se van a agregar a dicho presupuesto otros recursos en materia de fomento productivo, de desarrollo social, combate a la pobreza e infraestructura.

En este escenario hizo presente que actualmente los Gobiernos Regionales administran un billón cien mil millones (US$ 1.500 millones) y lo que se pretende es que al finalizar el Gobierno de la Presidenta Bachelet dicho presupuesto sea duplicado y luego al 2021 triplicarlo. En este sentido, remarcó que para esa entonces los gobiernos regionales administrarán tres veces lo que administran hoy en términos de recursos.

Dicho esto, enfatizó que los fondos de infraestructura se seguirán administrando tal como se hace actualmente de modo que los municipios podrán seguir postulando a ellos. Agregó que para asegurar que el sistema funcione, se debe poner especial énfasis en la distribución a nivel nacional entre las regiones, objetivando la distribución de los recursos del nivel nacional a las regiones, para lo cual se ha considerado en la ley de financiamiento los siguientes tipos de recursos:

-ingresos propios de los Gobiernos Regionales.

-transferencias del Gobierno Central de libre disposición para los gobiernos regionales.

-transferencias condicionadas, destinadas a determinados objetivos establecido en la Ley de Presupuestos.

En esta línea, indicó que para cada uno de estos recursos o ítems se están estableciendo indicadores objetivos y reglamentos de distribución de recursos para eliminar la subjetividad en la distribución.

Ahora, con respecto a la distribución regional- comunal, se resuelve de la misma manera en que se hace hoy en día y para eso destacó que existe un consejo regional que tiene integración heterogénea y representa prácticamente a todos los municipios de alguna u otra manera.

Dicho esto, se refirió a la relación entre el gobierno regional y el delegado provincial.

Sobre el particular planteó que la idea es que el Gobierno Regional tenga funciones de gobierno en tres ámbitos competenciales: desarrollo social, fomento productivo e infraestructura. En la misma línea destacó que al Gobierno Regional no le corresponderán funciones en materia por ejemplo, de administración de justicia.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina consultó por la diferencia existente entre el artículo 111 que consagra que la administración superior de cada región radicará en un Gobierno Regional y que se contiene en el Boletín N° 10.330-06 y la propuesta presentada en esta sesión por el Ejecutivo.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que en este caso habría que especificar las funciones de gobierno que tendría el Gobierno Regional, y en tal caso habría que proponer una nueva redacción que permita que los tres ámbitos competenciales que son funciones de gobierno estén consideradas en la Constitución.

A su turno, la Honorable Senadora señora Von Baer insistió en que es necesario aclarar el punto anterior. No obstante, reiteró que en el tema de los municipios el sistema funciona a veces mejor y otras no tanto, porque existe la supervigilancia del Presidente de la República que vela porque el país se desarrolle integralmente, pero enfatizó que ahora los consejeros regionales tendrán que votar el presupuesto completo y no proyecto a proyecto, de donde concluyó que lo planteado anteriormente no va a funcionar.

A modo de ejemplo, indicó que de votarse todos los proyectos de infraestructura en términos generales no significa que los recursos se estén asignando a proyectos determinados, de modo que a su vez los consejeros regionales no podrán defender los proyectos específicos de su comuna porque van a votar la globalidad.

Dicho esto planteó que tal vez este no era el mejor camino y en su lugar habría que pensar en traspasar directamente los fondos a los municipios pero a través de un cálculo general, y no como es actualmente en que dichos en que los municipios tienen que postular al gobierno regional, por cuanto los ámbitos de desarrollo son distintos.

Recogiendo al inquietud planteada el personero de Gobierno indicó que la solución era muy sencilla, pues en primer término los Gobiernos Regionales (intendente- gobernador - consejo) van a aprobar un presupuesto por glosas, que es donde se especifica la orientación focalizada de los recursos, sin que sea necesario especificar el proyecto sino que sólo el foco que se le quiere dar.

Luego, señaló que debe existir una cierta racionalidad en los proyectos para evitar que escapen del punto de vista del ámbito municipal, de modo que los proyectos de infraestructura tiene una lógica que no sólo impactan a una comuna, sino que también a otras, siendo una materia que de acuerdo a la metodología existente se viene resolviendo con éxito desde hace más de 40 años.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que no debe perderse de vista que estos proyectos dicen relación con una reforma constitucional y que existe otro proyecto sobre transferencia de competencias que aún está en tramitación en la Honorable Cámara de Diputados y que en su opinión, será la oportunidad de discutir muchas de las cosas que aquí se han consultado.

Enseguida, señaló que existe una dualidad en el sentido que no hay un sistema federal y por lo tanto se mantiene un cierto gobierno que depende del centro que es lo que se transfiere al delegado provincial. Sin embargo, estuvo de acuerdo con que no está definido el alcance del Gobierno Regional, salvo por la limitación por exclusión que considera el artículo 116 de la propuesta del Ejecutivo, que aún no se ha analizado.

En este sentido, indicó que tal vez lo mejor sería precisar en el artículo respectivo que se le entregarán todas las facultades que le corresponden de acuerdo a la ley, con el objeto de hacer aplicable después, la ley sobre transferencia de competencias aún en tramitación.

A su turno, el Honorable Senador señor Espina compartió la propuesta del Ejecutivo para el artículo 111 pues señaló que desde su punto de vista no se presta para confusión alguna por cuanto en el párrafo segundo del artículo propuesto queda establecido con claridad que el Gobierno Regional tiene dos entidades: Gobernador Regional y el Consejo Regional.

Asimismo, señaló que queda perfectamente claro que al Gobierno Regional le corresponde la administración superior de la región y luego, en el artículo 116 consideró que era mejor nombrar a un delegado regional para evitar todo tipo de confusiones, además de considerar dentro de sus atribuciones todas aquellas que le señale la ley, pues es central determinar con cuáles atribuciones se va a quedar para distinguir su rol del de Gobernador Regional. Dado lo anterior, solicitó mayor claridad en la propuesta de texto para que sea analizado por la Comisión en la próxima sesión, pues se debe definir si ello quedará establecido en la Constitución Política o en una ley orgánica.

El Honorable Senador señor Quinteros dijo que a su parecer no hay mayor discusión con respecto a los artículos 111 y 112, pero que la figura del Delegado Presidencial es más confusa, de tal manera que es eso lo que debe clarificarse.

Por su parte el personero de Gobierno, señor Ricardo Cifuentes, reiteró que los textos establecen a lo menos dos propuestas: una que centra la figura del Delegado en la Administración y, otra que establece una combinación entre funciones de gobierno y administración. En este sentido, señaló que esto representa una discusión constitucional que resulta curiosa por cuanto en el mundo se entiende que gobernar es administrar, pero en Chile curiosamente se hace una distinción entre una y otra.

Así, señaló que para resolver el problema planteado, si la idea es juntar los dos conceptos (gobierno y administración) se debe distinguir claramente cuáles son las funciones de gobierno que se le van a delegar al Gobernador Regional y desde ese punto de vista, entonces enfatizó que se debe tomar el proyecto de transferencia de competencias que es la ley orgánica sobre gobierno y administración regional para distinguir los ámbitos de gobierno: fomento productivo, infraestructura y desarrollo social.

En este punto, el Honorable Senador señor Zaldívar insistió en que la norma constitucional es nada mas que enunciativa y normativa, en tanto que su desarrollo corresponde a una ley orgánica constitucional, con lo que se evitarán muchas confusiones.

Acto seguido, el Honorable Senador señor Espina señaló que en su opinión lo conveniente sería contar con un delegado Presidencial Regional y luego otra autoridad con un nombre distinto y facultades distintas. En el mismo sentido, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que se debe tener claridad en cuanto a que lo que se quiere es que exista un delegado regional que sea la contraparte del intendente, y luego, tiene que haber alguien que también represente al Presidente de la República en la provincia, para quien debe buscarse una nueva denominación.

Una opinión similar manifestó la Honorable Senadora señora Von Baer quien además agregó que el problema también es de jerarquía, por cuanto actualmente el Gobernador en la práctica depende del Intendente.

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En sesión posterior la Comisión se abocó al análisis de la propuesta elaborada en conjunto por los Asesores de los miembros de la misma, señores Jorge Barrera, Jorge Frites, Andrés Longton, Arturo Rodríguez y por la Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Viviana Betancourt, la cual refunde las mociones de acuerdo al siguiente texto:

Artículo 32

Esta norma constitucional establece las atribuciones especiales del Presidente de la República.

Numeral 1)

Con este numeral, la propuesta plantea sustituir en el artículo 32, numeral 7°, la expresión “intendentes y gobernadores;”, por la siguiente: “delegados provinciales;”.

- Puesto en votación el numeral 1), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Artículo 52

Este artículo establece las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados.

Numeral 2)

Mediante este numeral se propone sustituir en el artículo 52, numeral 2°, literal e) la expresión “intendentes, gobernadores,”, por “delegados provinciales,”.

El Honorable Senador señor Espina consultó acerca de las razones que explican por qué no habría posibilidad de acusar constitucionalmente al Gobernador Regional.

La personera de Gobierno señora Viviana Betancourt señaló que no lo habrá porque dicha acusación es consecuencia de la fiscalización de los actos de Gobierno, que en este caso le corresponden al Consejo Regional.

Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer explicó que esta figura es más parecida a la del alcalde, y que la acusación constitucional opera en contra de quienes son dependientes directamente del Presidente de la República.

- Puesto en votación el numeral 2), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Artículo 57

La norma constitucional indica quienes no pueden ser candidatos a diputados y senadores.

Numeral 3)

El numeral señalado propone sustituir en el artículo 57, numeral 2°, la expresión “los intendentes, los gobernadores”, por “los gobernadores regionales, los delegados provinciales,”.

- Puesto en votación el numeral 3), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Artículo 93

Este artículo establece las atribuciones del Tribunal Constitucional.

Numeral 4)

Con este numeral se plantea sustituir el numeral 15° del artículo 93, por el siguiente:

“15º.- Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60, o por un gobernador regional en los términos de la letra e) del artículo 124 bis, y pronunciarse sobre la renuncia al cargo respectivo, y”.

Sobre el particular la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que con esta norma se trata de igualar la inhabilidad que tienen los parlamentarios al gobernador, es decir, más bien se trata de regular a su respecto la imposibilidad de renunciar. Agregó que sólo el Tribunal Constitucional puede calificar la circunstancia de inhabilidad.

- Puesto en votación el numeral 4), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Artículo 111

Esta norma constitucional se refiere al gobierno y la administración regional.

Numeral 5)

Mediante este numeral se propone suprimir el inciso primero.

- Puesto en votación el numeral 5), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Numeral 6)

Este numeral plantea sustituir en el inciso tercero, que pasa a ser segundo, la palabra “intendente” por “gobernador regional”

- Puesto en votación el numeral 6), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

Artículo 112

Esta norma constitucional establece las facultades que tiene el Intendente.

Numeral 7)

Con este numeral se propone sustituir el artículo 112 por el siguiente:

“112.- El gobernador regional será elegido por sufragio universal, en votación directa, por simple mayoría, y durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, y le corresponderá presidir el consejo regional, y ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional o se relacionen con éste, en su caso.

Una ley orgánica constitucional determinará las demás atribuciones esenciales que éste ejercerá. La ley establecerá la forma en que ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.”.

El Honorable Senador señor Quinteros en virtud del artículo 164 del Reglamento del Senado, solicitó la votación separada del inciso primero de este nuevo artículo, por cuanto hizo presente su desacuerdo con el hecho de que el Gobernador sea electo por simple mayoría, y agregó que debiese tener la posibilidad de ir a la relección por una sola vez.

Por su parte, el Honorable Senador señor Navarro señaló que no estaba de acuerdo con el período de cuatro años definido por el Ejecutivo, pues en materia de elección popular no debiese impedirse la reelección. Agregó que este plazo de tiempo es muy reducido o limitado para cualquier desarrollo de un proyecto regional y más bien es un plazo que puede jugar en contra de los procesos de construcción de las regiones.

A su turno, el Honorable Senador señor Horvath no observó mayores inconvenientes frente a la reelección indefinida, pues se trata de autoridades elegidas por la ciudadanía y en ese caso, opinó que era mejor que la gente tenga dicha opción.

Seguidamente, tomó la palabra la Honorable Senadora señora Von Baer y señaló que es la democracia la que debe decidir quien puede o no seguir ejerciendo determinado cargo. En ese sentido, indicó que en el caso de los Parlamentarios y alcaldes la renovación es muy alta, lo que es un dato que debe tenerse en consideración.

Luego, el Presidente de la Comisión Honorable Senador señor Espina, anunció que pondría en votación la opción de reelección indefinida y posteriormente la opción de relección por una sola vez.

-En primer término, recabó el acuerdo de los miembros de la Comisión en cuanto a la reelección indefinida, produciéndose un empate. A favor se manifestaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Horvath, y contrarios a ella los Honorables Senadores señores Espina y Quinteros.

-Acto seguido, consultó a la Comisión respecto de la reelección por una sola vez, opción que contó con el respaldo unánime de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath y Quinteros.

En consecuencia, acordó modificar el artículo para así establecerlo.

Inciso 1°

“El gobernador regional será elegido por sufragio universal, en votación directa, por simple mayoría, y durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones.”.

Para mantener la debida armonía entre las normas aprobadas, la Comisión acordó agregar, antes del punto final, la frase “pudiendo ser reelecto por una sola vez”.

- Puesto en votación el inciso 1° del artículo 112 propuesto, fue aprobado con la modificación señalada, por la mayoría de los miembros de la Comisión. Por su aprobación votaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina y Horvath. En contra votaron los Honorables Senadores señores Pizarro y Quinteros.

El Honorable Senador señor Quinteros fundamentó su voto en el hecho de que no estaba de acuerdo con que la autoridad regional sea elegida con mayoría simple.

Incisos 2° y 3°

“El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, y le corresponderá presidir el consejo regional, y ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional o se relacionen con éste, en su caso.”.

Una ley orgánica constitucional determinará las demás atribuciones esenciales que éste ejercerá. La ley establecerá la forma en que ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.”.

- Puestos en votación los incisos 2° y 3° del artículo 112 propuesto, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Artículo 113

Este artículo es sobre el consejo regional, su carácter e integración.

Numeral 8)

Con este numeral se propone suprimir el inciso quinto del artículo 113.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera explicó que el proyecto le entrega a la nueva autoridad la facultad de presidir el Consejo Regional, lo que eliminan la facultad del Consejo para elegir al Presidente, ya que éste último tendrá el mandato constitucional de presidirlo.

Agregó que con esto se operativiza la facultad que tiene el nuevo Gobernador Regional en su calidad de Presidente del Consejo que son atribuciones distintas, por eso debe mantenerse el inciso respectivo.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina consultó la razón de por qué no se señala que se trata del Gobernador Regional en lugar de hablar del Presidente del Consejo, lo que en su opinión, va a inducir a un error.

El Honorable Senador señor Pizarro manifestó su opinión en contrario, pues hizo presente que el cargo de Gobernador Regional no necesariamente tiene que ser el Presidente del Consejo, que es una función. Señalando que el Gobernador que será elegido, entre sus funciones, tendrá la de ser Presidente del Consejo.

La personera de Gobierno, señora Viviana Betancourt, indicó que hay facultades específicas del Presidente del Consejo que deben ser consagradas en esta norma que son muy relevantes como, por ejemplo, el voto dirimente que sólo lo tiene dicho presidente pero que nunca podrá tener el Gobernador.

No obstante, el Honorable Senador señor Espina consideró que la ley orgánica en la práctica va a determinar todas las funciones y atribuciones que tenga el Gobernador Regional. Por esa razón, sugirió que para que el texto constitucional sea claro, no debiesen estar ambas figuras porque se concentran en una misma persona.

Seguidamente, el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera se manifestó contrario a lo antes señalado, por cuanto enfatizó que ello generaría un problema porque en caso de ausencia o impedimento del Gobernador Regional, el consejo debe elegir un Presidente suplente caso en el cual el cargo no lo ejercerá como Gobernador Regional.

- Puesto en votación el numeral 8), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Artículo 114

La norma constitucional se refiere a la transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales.

Numeral 9)

Mediante este numeral se plantea agregar en el artículo 114, luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

“Con todo, se privilegiará la radicación de competencias en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; buscando un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común.

Toda transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de los gobiernos regionales irá acompañada de los recursos determinados por la ley.”.

Sobre la expresión “atribución” del último inciso, el Honorable Senador señor Pizarro hizo presente que no quedaba claro a qué se refería por lo que propuso que señale simplemente recursos o asignación de los mismos.

Sobre el particular, el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera explicó que el tenor de la norma es textual al que se contiene en la Constitución francesa con respecto a la transferencia de competencia.

La Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, señora Viviana Betancourt, precisó que esto debiese estar en la ley orgánica constitucional. Sin embargo, es una condición importante del acuerdo alcanzado el que quede consagrado en esta norma. Agregó que ello supone que el recurso con que se cuenta cuando la está ejerciendo es el mismo que traspasa cuando transfiere aquella, y lo debe hacer el Presidente de la República porque en todo lo que es el procedimiento de transferencia de competencias esa es la tónica.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Navarro llamo la atención respecto de que la “asignación” puede ser sólo nominal, sin que se entreguen los recursos, de modo que inquirió mayor información con respecto al verbo “atribución” en el sentido de conocer su alcance. Agregó que se debe garantizar que el traspaso ocurra efectivamente y no sólo que se asigne, ya que ello no implica necesariamente dicha transferencia.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señor Ricardo Cifuentes señaló que comúnmente en la administración pública el término más recurrido es el de “asignación” que se reconoce como transferir.

A su turno, el Honorable Senador señor Horvath señaló que en su oportunidad votó en contra de la transferencia de competencias que se encuentra en la Honorable Cámara de Diputados [7] porque opinó que ello no debe pasar por un acto voluntario del Presidente de la República, sino que debe ser forzado, obligatorio. Así, agregó que el hecho que dependa de la voluntad del Presidente de la República es, en su opinión, una aproximación muy débil a lo que es regionalización.

- Puesto en votación el numeral 9), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Artículo 116

Esta norma se refiere al gobierno y la administración provincial.

Numeral 10)

Este numeral propone sustituir el artículo 116 por el siguiente:

“116.- En cada provincia existirá un delegado provincial que será un órgano territorialmente desconcentrado del Presidente de la República y de su exclusiva confianza. El delegado provincial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato.

El delegado provincial ejercerá las funciones de supervigilancia y coordinación de los servicios públicos existentes en la provincia que no dependan del Gobierno Regional.

Tratándose de la provincia asiento de la capital regional, al delegado provincial le corresponderá además la supervigilancia y coordinación de los servicios públicos con presencia en el nivel regional, y que no dependan del gobierno regional; así como de los demás delegados provinciales de la región respectiva.

Una ley orgánica constitucional determinará las demás atribuciones que les corresponderán a los delegados provinciales. La forma en que ejercerán sus facultades y atribuciones, así como los órganos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones, serán determinados por ley.”.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que para mantener el tenor de la norma constitucional la propuesta se debiera referir a la existencia de una “delegación provincial” para hacer consecuente el texto.

El Honorable Senador señor Navarro preguntó si era correcto entender que la ley orgánica va a determinar el tipo de relación de este delegado provincial con el Gobernador y sus condiciones, pues consideró que debe existir un espacio fijado dentro de la gobernanza para hacerlo.

Por su parte el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, agregó que esto corresponde a un modelo donde se separaron las funciones y se entregan competencias distintas y exclusivas a cada uno de esos órganos. Así, precisó que los gobiernos regionales tienen competencias distintas a las que tienen las delegaciones provinciales y que todo ello estaba en la ley orgánica.

Seguidamente, el asesor de la Honorable Senadora señora von Baer, señor Jorge Barrera, hizo presente que la norma del artículo 112 nuevo de la Constitución y esta norma en estudio, establecen que las normas que establezcan la coordinación entre otros organismos estarán determinadas por la ley.

Con respecto a las atribuciones de fiscalización, señaló que ellas recaen directamente en el Presidente de la República no existiendo problema en que ello no quede textualmente establecido respecto de los servicios públicos que no dependan del Gobierno Regional.

El Honorable Senador señor Espina sugirió que se agregue en el inciso segundo que al delegado provincial también le corresponderá la fiscalización de los de los servicios públicos existentes en la provincia que no dependan del Gobierno Regional.

Tomando la palabra, la Honorable Senadora señora Von Baer expresó que la supervigilancia cubre en parte la inquietud pues la fiscalización se realizará a nivel central. Así explicó que el órgano que representa a la región es el Gobernador y a futuro las capacidades se deben traspasar a él, de modo que si se establece que el Delegado de la capital regional va a tener las mismas atribuciones que el Gobernador, se va a generar un conflicto, razón por la cual opinó que es mejor que quede claro que es una atribución que viene del nivel central y que está desconcentrada en la región, de modo que sugirió que se mantenga la norma tal como se propone.

La Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Viviana Betancourt, expresó que el matiz está dado por quien tiene responsabilidad administrativa cuando fiscaliza o no lo hace, de modo que de acuerdo al texto propuesto el delegado provincial no va a tener responsabilidad administrativa por falta de fiscalización, la que eventualmente podrá recaer en un Ministro o Subsecretario.

- Puesto en votación el numeral 10), fue aprobado con la modificación señalada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Artículo 117

Esta norma constitucional se refiere a la delegación de facultades por parte de los gobernadores.

Numeral 11)

Este numeral propone suprimir este artículo

En virtud del artículo 121 del Reglamento, la comisión acordó modificar la norma constitucional en el sentido de reemplazar la palabra “gobernadores” por la expresión “delegados provinciales”.

- Puesto en votación el numeral 11), con las modificaciones antes consignadas, resultó aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Pizarro y Quinteros.

Artículo 118

La norma constitucional se refiere a la administración local por parte de las municipalidades.

Numeral 12)

Con este numeral se plantea agregar en el inciso final del artículo 118, después del punto final que pasa a ser punto seguido lo siguiente:

“Toda transferencia de competencias a las municipalidades irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de las municipalidades irá acompañada de los recursos determinados por la ley.”.

- Puesto en votación el numeral 12), resultó aprobado, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Pizarro y Quinteros.

Artículo 124

Esta norma constitucional dispone los requisitos para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido consejero regional, alcalde o concejal.

Numeral 13)

Con este numeral se propone sustituir el artículo 124 por el siguiente:

“Artículo 124. Para ser designado delegado provincial y para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, delegado provincial, alcalde y concejal serán incompatibles entre sí.

Los delegados provinciales estarán inhabilitados para ser candidatos a gobernador regional dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la elección respectiva.

El cargo de gobernador regional es incompatible con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.

Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica al cargo de Presidente de la República; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional o delegado provincial, desde el día de su designación o elección, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional o delegado provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional o delegado provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.

Inciso 1°

“Para ser designado delegado provincial y para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.”.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera, hizo presente que se debe cambiar la redacción de esta norma por cuanto la ley no puede señalar requisitos para la elección porque se está estableciendo un órgano con rango constitucional, por tanto debiese decir que se deben cumplir “los requisitos que la ley señale en su caso” y agregar, como requisito la edad de 21 años cumplidos que se aplica para intendentes, gobernadores y diputados.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina señaló que esta norma puede rigidizar la Constitución e indicó que no había razón para limitar la edad, por lo que instó a que se mantenga tal como está.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que en la ley orgánica existe actualmente por la figura del intendente que en virtud de este proyecto de reforma va a desaparecer para darle paso al Gobernador, y ello explica que se tengan que establecer requisitos como la edad, en la Constitución. Destacó que no poner nada, significa que el requisito de edad corresponde al de ser ciudadano, es decir 18 años.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina enfatizó que de acuerdo a la actual norma constitucional los intendentes, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales sólo requieren ser ciudadanos con derecho a sufragio, y por tanto la regla es de los 18 años.

La Honorable Senadora señora Von Baer agregó que ahora se está estableciendo una nueva figura que será electa y que antes no tenía ese carácter, de modo que es necesario resolver el tema de la edad.

- Puesto en votación el inciso 1° del numeral 13), fue aprobado con modificaciones formales, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Inciso 2°

“Los cargos de gobernador regional, consejero regional, delegado provincial, alcalde y concejal serán incompatibles entre sí.”.

- Puesto en votación el inciso 2° del numeral 13), fue aprobado, con la indicación de señalar primero al cargo designado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Inciso 3°

“Los delegados provinciales estarán inhabilitados para ser candidatos a gobernador regional dentro de los dos años inmediatamente anteriores a la elección respectiva.”.

El Honorable Senador señor Pizarro manifestó que la limitante establecida en esta norma es exagerada pues en los otros cargos de elección popular a lo más se exige la renuncia a algunos cargos un año antes. Así, recalcó que hacer renunciar dos años a un delegado provincial para que pueda ser candidato le parece excesivo.

Sobre este punto el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera señaló que la norma es similar a la que se aplica a los fiscales del Ministerio Público, que es un lapso de dos años.

- Puesto en votación el inciso 3° del numeral 13), estableciendo el plazo señalado en un año, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Inciso 4°

“El cargo de gobernador regional es incompatible con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial.”.

La Jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Viviana Betancourt, hizo presente que después de la palabra especial, se debe agregar un coma(,) para incorporar la frase “dentro de los límites que fije la ley”. Esto se explica porque según dijo, el estatuto administrativo regula la excepción para actividad docente señalando que son 12 horas como máximo.

Por su parte, el Honorable Senador señor Navarro recalcó que la norma regula ampliamente las conductas en el ámbito público, pero que sin embargo, nada se dice con respecto al ámbito privado.

- Puesto en votación el inciso 4° del numeral 13), fue aprobado con las modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Incisos 5° al 10°

- Puestos en votación los incisos 5° al 10° del numeral 13), fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

° ° °

Numeral 14)

Mediante este numeral se propone agregar un artículo 124 bis, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 124 bis.- El gobernador regional cesará en su cargo en los siguientes casos:

a) Pérdida de la calidad de ciudadano;

b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;

c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica constitucional respectiva.

d) Haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

e) Renuncia en caso que le afecte una enfermedad grave que le impida desempeñarlo y así lo califique el Tribunal Constitucional.

Quien perdiere el cargo de gobernador regional por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Ahora bien, el gobernador regional que perdiere el cargo en virtud de la causal señalada en la letra d), no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.

Las causales establecidas en las letras b) y c) serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones de acuerdo al procedimiento que se establezca en la una ley orgánica constitucional. La causal establecida en la letra d) sólo podrá ser declarada a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y será una ley orgánica constitucional la que señale los casos en que existe una infracción grave.

El gobernador regional cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su incapacidad, de conformidad a lo establecido en los incisos siguientes.

El gobernador regional, en caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones administrativas por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro del gobierno regional. Sin embargo, previa consulta al consejo regional, el gobernador regional podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden.

La subrogación no se extenderá a la atribución de convocar y presidir el consejo regional ni a la representación protocolar del gobierno regional, la que deberá ser ejercida en todo caso por un consejero regional, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta los consejeros regionales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al efecto.

Cuando el gobernador regional se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, el consejo regional designará, de entre sus miembros, un gobernador regional suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al efecto.

En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en las reglas de los incisos siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección de gobernador regional, el consejo regional deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo gobernador regional que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio. La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección de gobernador regional, el consejo regional convocará a los ciudadanos a elección para un nuevo gobernador regional para ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El gobernador regional que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.

El gobernador regional elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección siguiente.”.

Inciso1°

“Artículo 124 bis.- El gobernador regional cesará en su cargo en los siguientes casos:

a) Pérdida de la calidad de ciudadano;

b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;

c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica constitucional respectiva.

d) Haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

e) Renuncia en caso que le afecte una enfermedad grave que le impida desempeñarlo y así lo califique el Tribunal Constitucional.”.

- Puesto en votación el inciso 1° del numeral 14), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Inciso 2°

“Quien perdiere el cargo de gobernador regional por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Ahora bien, el gobernador regional que perdiere el cargo en virtud de la causal señalada en la letra d), no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.”.

Sobre este punto el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera señaló que para evitar una inhabilidad en caso de una enfermedad no imputable a la autoridad, es necesario que la norma debiese decir “Quien perdiere el cargo de gobernador regional por contravención de la norma sobre probidad administrativa o sobre notable abandono de deberes,…”.

- Puesto en votación el inciso 2° del numeral 14), fue aprobado con las modificaciones señaladas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Inciso 3°

“Las causales establecidas en las letras b) y c) serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones de acuerdo al procedimiento que se establezca en la una ley orgánica constitucional. La causal establecida en la letra d) sólo podrá ser declarada a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y será una ley orgánica constitucional la que señale los casos en que existe una infracción grave.”.

El Honorable Senador señor Navarro planteó que a su parecer el concepto de “gravemente” no puede reemplazar el hecho de haber sido condenado, pues si bien se puede infringir gravemente una norma, perfectamente se puede no ser condenado por ello que es lo que trae aparejado la sanción.

Sobre el particular, el Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera indicó que en el inciso tercero se establece que la letra d) sólo podrá ser declarada a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y será una ley orgánica constitucional la que señale los casos en que existe una infracción grave.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina hizo presente que en el caso de la letra d) quien resuelve es el Tribunal Calificador de Elecciones, de modo que en la actual redacción ello no queda claramente establecido, al punto que podría ocurrir que baste con que se declare la causal para perder el cargo.

Dado lo anterior, planteó que sería mejor que la norma señalara claramente que las causales señaladas debiesen ser declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones, para lo cual se debe agregar la letra d) en el principio de este inciso.

- Puesto en votación el inciso 3° del numeral 14), con las modificaciones señaladas, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Inciso 4°

“El gobernador regional cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su incapacidad, de conformidad a lo establecido en los incisos siguientes.”.

El Asesor de la Honorable Senadora señora Von Baer, señor Jorge Barrera indicó que esta norma debiese estar propuesta en términos generales, de la siguiente forma: “El gobernador regional, en caso de ausencia o incapacidad temporal, deberá ser reemplazado conforme a los incisos siguientes”, para establecer las normas de subrogancia porque es para cualquier caso de incapacidad o ausencia temporal.

- Puesto en votación el inciso 4° del numeral 14), fue aprobado con las modificaciones señaladas, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Incisos 5° al 7°

- Puestos en votación los incisos 5° al 7° del numeral 14), fueron aprobados, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

Incisos 8° al 11

“En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en las reglas de los incisos siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección de gobernador regional, el consejo regional deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo gobernador regional que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio. La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección de gobernador regional, el consejo regional convocará a los ciudadanos a elección para un nuevo gobernador regional para ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El gobernador regional que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.

El gobernador regional elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección siguiente.”.

En materia de vacancia, la Honorable Senadora señora Von Baer manifestó sus dudas con respecto a la consideración de una elección complementaria, que en su opinión en ocasiones pueden ser disruptivas. Agregó que esta nueva figura no debe verse como el caso del Presidente de la República, sino que más bien se parece a lo que ocurre con los alcaldes desde un punto de vista institucional.

Dado lo anterior, opinó que la vacancia debiera ser solucionada de la misma forma que ocurre con el caso del alcalde, porque en ese caso también existe un consejo regional, de modo que llamó a ser cauteloso con esta fórmula.

Enseguida, el Honorable Senador señor Horvath manifestó su opinión en contrario, en el sentido que hacer elecciones complementarias le parecía una buena solución, no obstante que puede ser revisado más adelante, pero consideró que era necesario votar en esta sesión este tema.

Por su parte, el Honorable Senador señor Navarro observó que en materia de vacancia esta podría producirse de manera intencionada buscando producir el efecto de que sea el Consejo Regional el que elija el reemplazo entre sus miembros. Para mayor claridad, señaló que podría ocurrir que declarada la vacancia exista consenso político entre los miembros del consejo para nombrar a otra persona para ocupar el cargo de Gobernador, situación que la norma en estudio no considera, pues sólo se pone la hipótesis de elegir entre sus miembros cuando dicha vacancia se produzca faltando menos de dos años para la próxima elección.

- Puestos en votación los incisos 8° al 11 del numeral 14), fueron aprobados, por la mayoría de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

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Numeral 15)

Mediante este numeral se propone agregar la siguiente disposición transitoria:

“VIGÉSIMOCTAVA. Las modificaciones introducidas a los artículos 111, 112 y 116 entrarán en vigencia una vez publicada la ley orgánica constitucional que fije las atribuciones entregadas a los nuevos gobernadores regionales. Esta ley deberá además determinar un cronograma que fije expresamente la oportunidad y forma en que se transferirán las competencias que les deban corresponder a los gobiernos regionales.

Una vez que asuman los gobernadores regionales conforme las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, cesarán de pleno derecho en sus funciones los presidentes de los consejos regionales. Asimismo, desde que asuman estas autoridades electas, las normas legales que atribuyan funciones al intendente se entenderán referidas al delegado provincial que corresponda, salvo aquéllas que, expresamente, le otorguen al intendente funciones en cuanto órgano ejecutivo del gobierno regional, las que se entenderán referidas al gobernador regional.

Mientras no ocurra esta asunción, las competencias ejecutivas de los gobiernos regionales serán desempeñadas por los intendentes designados por el Presidente de la República. Durante el mismo período el Presidente del Consejo Regional permanecerá en funciones.

Igualmente, mientras no ocurra la asunción de los gobernadores regionales, los intendentes designados por el Presidente de la República seguirán sujetos a las normas de los artículos 32, 52 y 57 de esta Constitución.”.

- Puesto en votación el numeral 15), fue aprobado, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Pizarro y Quinteros.

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TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de proponeros que aprobéis, en general, el siguiente proyecto de reforma constitucional:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1) Sustitúyese en el artículo 32, numeral 7°, la expresión “intendentes y gobernadores;”, por la siguiente: “delegados provinciales;”.

2) Reemplázase en literal e), del numeral 2°, del artículo 52, la expresión “intendentes, gobernadores”, por “delegados provinciales”.

3) Sustitúyese en el numeral 2°del artículo 57, la expresión “Los intendentes, los gobernadores”, por “Los gobernadores regionales, los delegados provinciales”.

4) Reemplázase el numeral 15° del artículo 93, por el siguiente:

“15º. Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60, o por un gobernador regional en los términos de la letra e) del artículo 124 bis, y pronunciarse sobre la renuncia al cargo respectivo, y”.

5) En el artículo 111, Introdúcense las siguientes enmiendas:

a) Suprímese su inciso primero.

b) Sustitúyese, en su inciso tercero, que pasa a ser inciso segundo, la palabra “intendente” por “gobernador regional”.

6) Reemplázase el artículo 112 por el siguiente:

“Art. 112. El gobernador regional será elegido por sufragio universal, en votación directa, por simple mayoría, y durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser reelegido por una sola vez.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, y le corresponderá presidir el consejo regional, y ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional o se relacionen con éste, en su caso.

Una ley orgánica constitucional determinará las demás atribuciones esenciales que éste ejercerá. La ley establecerá la forma en que ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.”.

7) Suprímase el inciso quinto del artículo 113.

8) Agrégase en el artículo 114, luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Con todo, se privilegiará la radicación de competencias en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; buscando un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común.

Toda transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de los gobiernos regionales irá acompañada de los recursos determinados por la ley.”.

9) Sustitúyese el artículo 116 por el siguiente:

“Art. 116. En cada provincia existirá una delegación provincial que será un órgano territorialmente desconcentrado del Presidente de la República y de su exclusiva confianza. El delegado provincial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato.

El delegado provincial ejercerá las funciones de supervigilancia y coordinación de los servicios públicos existentes en la provincia que no dependan del Gobierno Regional.

Tratándose de la provincia asiento de la capital regional, al delegado provincial le corresponderá además la supervigilancia y coordinación de los servicios públicos con presencia en el nivel regional, y que no dependan del gobierno regional; así como de los demás delegados provinciales de la región respectiva.

Una ley orgánica constitucional determinará las demás atribuciones que les corresponderán a los delegados provinciales. La forma en que ejercerán sus facultades y atribuciones, así como los órganos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones, serán determinados por ley.”

10) Reemplázase en el artículo 117 la palabra “gobernadores” por la expresión “delegados provinciales”.

11) Agrégase en el inciso final del artículo 118, después del punto final que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Toda transferencia de competencias a las municipalidades irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de las municipalidades irá acompañada de los recursos determinados por la ley.”.

12) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Art. 124. Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado delegado provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal y delegado provincial, serán incompatibles entre sí.

Los delegados provinciales estarán inhabilitados para ser candidatos a gobernador regional dentro del año inmediatamente anterior a la elección respectiva.

El cargo de gobernador regional es incompatible con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley.

Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica al cargo de Presidente de la República; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional o delegado provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional o delegado provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional o delegado provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.

13) Agrégase como artículo 124 bis, nuevo, el siguiente:

“Art. 124 bis. El gobernador regional cesará en su cargo en los siguientes casos:

a) Pérdida de la calidad de ciudadano;

b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;

c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica constitucional respectiva.

d) Haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

e) Renuncia en caso que le afecte una enfermedad grave que le impida desempeñarlo y así lo califique el Tribunal Constitucional.

Quien perdiere el cargo de gobernador regional por contravención de la norma sobre probidad administrativa o sobre notable abandono de deberes, no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Ahora bien, el gobernador regional que perdiere el cargo en virtud de la causal señalada en la letra d), no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.

Las causales establecidas en las letras b), c) y d) serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones de acuerdo al procedimiento que se establezca en la una ley orgánica constitucional. La causal establecida en la letra d) sólo podrá ser declarada a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y será una ley orgánica constitucional la que señale los casos en que existe una infracción grave.

El gobernador regional, en caso de ausencia o incapacidad temporal, deberá ser reemplazado conforme a los incisos siguientes.

En caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones administrativas por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro del gobierno regional. Sin embargo, previa consulta al consejo regional, el gobernador regional podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden.

La subrogación no se extenderá a la atribución de convocar y presidir el consejo regional ni a la representación protocolar del gobierno regional, la que deberá ser ejercida en todo caso por un consejero regional, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta los consejeros regionales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al efecto.

Cuando el gobernador regional se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, el consejo regional designará, de entre sus miembros, un gobernador regional suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al efecto.

En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en las reglas de los incisos siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección de gobernador regional, el consejo regional deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo gobernador regional que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio. La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección de gobernador regional, el consejo regional convocará a los ciudadanos a elección para un nuevo gobernador regional para ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El gobernador regional que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.

El gobernador regional elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección siguiente.”.

15) Agréguese la siguiente disposición transitoria:

“VIGÉSIMOCTAVA. Las modificaciones introducidas a los artículos 111, 112 y 116 entrarán en vigencia una vez publicada la ley orgánica constitucional que fije las atribuciones entregadas a los nuevos gobernadores regionales. Esta ley deberá además determinar un cronograma que fije expresamente la oportunidad y forma en que se transferirán las competencias que les deban corresponder a los gobiernos regionales.

Una vez que asuman los gobernadores regionales conforme las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, cesarán de pleno derecho en sus funciones los presidentes de los consejos regionales. Asimismo, desde que asuman estas autoridades electas, las normas legales que atribuyan funciones al intendente se entenderán referidas al delegado provincial que corresponda, salvo aquéllas que, expresamente, le otorguen al intendente funciones en cuanto órgano ejecutivo del gobierno regional, las que se entenderán referidas al gobernador regional.

Mientras no ocurra esta asunción, las competencias ejecutivas de los gobiernos regionales serán desempeñadas por los intendentes designados por el Presidente de la República. Durante el mismo período el Presidente del Consejo Regional permanecerá en funciones.

Igualmente, mientras no ocurra la asunción de los gobernadores regionales, los intendentes designados por el Presidente de la República seguirán sujetos a las normas de los artículos 32, 52 y 57 de esta Constitución.”.”.

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Acordado en sesiones celebradas los días 10 de agosto, 4 y 25 de noviembre y 16 de diciembre de 2015, y los días 6 y 20 de enero de 2016, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ena Von Baer Jahn y señores Alberto Espina Otero (Presidente), señores Antonio Horvath Kiss, Rabindranath Quinteros Lara y Andrés Zaldívar Larraín (Jorge Pizarro Soto).

Sala de la Comisión, a 20 de enero de 2016.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

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RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, QUE DISPONE LA ELECCIÓN POPULAR DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL Y EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE EN MATERIA DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO, Y QUE INSTITUYE LA ELECCIÓN DE LOS INTENDENTES MEDIANTE SUFRAGIO UNIVERSAL.

(BOLETÍN Nº 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, Refundidos.)

I.OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: El proyecto de reforma constitucional en estudio busca descentralizar la administración del Estado modificando las normas sobre administración y gobierno regional, disponiendo la elección directa del intendente, en tanto ejecutivo del gobierno regional.

II.ACUERDOS: Boletines N°s 9.834-06 y 10.330-06 aprobados en general por unanimidad (5x0).

Boletines N°s 10.422-06 y 10.443-06 aprobados en general por unanimidad (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de un artículo único.

IV.NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: El presente proyecto de reforma constitucional requiere para su aprobación de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 inciso 2° de la Carta Fundamental.

V.URGENCIA: simple.

VI.ORIGEN INICIATIVA: Senado. Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República y Mociones de los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Guillier, Horvath, Quinteros y Zaldívar; de los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Espina, García Ruminot y Pérez Varela y de los Honorables Senadores señores Chahuán y García Huidobro, respectivamente.

VIITRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII.INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 05 de enero de 2015.

IX.TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X.LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA: 1.- Constitución Política de la República, artículos 111 y siguientes. 2.- Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 3.- Ley N° 19.097 que Modifica la Constitución Política de la República en materias de Gobiernos Regionales y Administración Comunal. 4.- Ley N° 20.390 Reforma Constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional.

Valparaíso, a 20 de enero de 2016.

JUAN PABLO DURÁN G.

Secretario de la Comisión

[1]Boletín N°7963-06 Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país
[2]Cea Egaña José Luis Profesor Titular Adjunto Departamento de Derecho Público Pontificia Universidad Católica de Chile
[3]Boletín N°7963-06 Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país
[4]BOLETÍN Nº 10057-06 que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
[5]Boletín N° 7963-06 Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país
[6]Boletín N°7963-06 Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país
[7]Boletín N° 7963-06 Relativo al fortalecimiento

1.6. Discusión en Sala

Fecha 01 de marzo, 2016. Diario de Sesión en Sesión 101. Legislatura 363. Discusión General. Se aprueba en general.

ELECCIÓN DIRECTA DE GOBERNADOR REGIONAL Y ESTABLECIMIENTO DE FIGURA DE DELEGADO PROVINCIAL

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, correspondiente a los boletines números 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos, iniciados en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República y en mociones de los Senadores señora Pérez San Martín y señores Guillier, Horvath, Quinteros y Zaldívar; de los Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Espina, García y Pérez Varela, y de los Senadores señores Chahuán y García-Huidobro, respectivamente, sobre elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional.

--Los antecedentes sobre el proyecto (9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional: Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, del primer proyecto; y Mociones, del segundo proyecto, de los Senadores señor Horvath, señora Lily Pérez y señores Guillier, Quinteros y Zaldívar; del tercer proyecto, de los Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Espina, García y Pérez Varela; y del cuarto proyecto, de los Senadores señores Chahuán y García-Huidobro. Se da cuenta en:

9.834-06, sesión 77ª, en 6 de enero de 2015.

10.330-06, sesión 59ª, en 7 de octubre de 2015.

10.422-06, sesión 77ª, en 25 de noviembre de 2015.

10.443-06, sesión 81ª, en 15 de diciembre de 2015.

Informe de Comisión:

Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 99ª, en 27 de enero de 2016.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

El principal objetivo de este proyecto es descentralizar la administración del Estado modificando las normas sobre administración y gobierno regional, disponiendo la elección directa del intendente, en tanto ejecutivo del gobierno regional.

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió esta iniciativa en general y en particular en virtud del acuerdo adoptado por la Sala el 10 de noviembre y el 16 de diciembre de 2015, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Von Baer y señores Espina, Horvath, Quinteros y Zaldívar) en lo relativo a los boletines números 9.834-06 y 10.330-06 y por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Von Baer y señores Espina, Quinteros y Zaldívar) en lo que respecta a los boletines números 10.442-06 y 10.443-06.

Cabe hacer presente que para aprobar este proyecto de reforma constitucional se requieren las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 23 votos favorables.

El texto que se propone aprobar solo en general se consigna en las páginas 73 a 83 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Nada más, señor Presidente .

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Muchas gracias, señor Secretario .

En discusión general el proyecto.

Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación manteniendo el tiempo de 10 minutos por Senador.

¿Les parece a Sus Señorías?

Acordado.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra, en primer lugar, el Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, Senador señor Alberto Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, estamos iniciando la discusión y votación de quizás uno de los proyectos más importantes que se han visto en este Parlamento durante décadas, relacionado con el proceso de regionalización y descentralización que nuestro país, y en particular las regiones, reclaman desde hace muchos años.

Quiero recordar que esta iniciativa de reforma constitucional, iniciada en mensaje, ingresó al Congreso para su tramitación el 5 de enero del 2015. Y, posteriormente, se fusionó con otros tres proyectos de origen parlamentario (también son reformas constitucionales): de los Senadores señora Lily Pérez y señores Horvath , Guillier , Quinteros y Zaldívar ; de los Senadores señora Von Baer y señores Allamand , García , Pérez Varela y quien habla, y de los Senadores señores Chahuán y García-Huidobro .

Al respecto, quiero destacar que la Comisión de Gobierno hizo lo que corresponde realizar siempre cuando se tramitan proyectos similares: incluirlos, fusionarlos para que el esfuerzo de cada Senador se vea reflejado en la discusión y en la aprobación de la iniciativa pertinente.

Para contextualizar ante Sus Señorías, debo señalar que este proyecto se enmarca dentro de un paquete de iniciativas de ley que se están debatiendo en el Parlamento en materia de descentralización.

El proyecto de reforma constitucional que estamos discutiendo y votando ahora establece, entre otras cuestiones, la elección popular del intendente, futuro "gobernador regional". Además, contiene otros elementos de tanta o mayor relevancia, a los que luego me voy a referir.

Pero también existen otras iniciativas que se están debatiendo en este momento en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el proyecto sobre transferencia de competencias y fortalecimiento de los gobiernos regionales, que ingresó el 5 de octubre del 2011 (durante el Gobierno anterior) y que hoy día se encuentra en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados. Espero que se apruebe en breve, porque es una iniciativa complementaria de la que nos ocupa esta tarde.

Por lo tanto, hemos de aprobar todos esos proyectos si queremos realmente echar a andar un sistema de descentralización moderno, a la altura de lo que merecen un país como el nuestro y, sobre todo, sus regiones.

Otras iniciativas de ley son las atinentes al financiamiento de los gobiernos regionales y locales con responsabilidad fiscal (se hallan en proceso de redacción en el Ejecutivo).

Está por otro lado el proyecto sobre plantas municipales (boletín 10.057-06; también se vio en la Sala del Senado), que corresponde a la modernización de aquellas, factor decisivo para avanzar de verdad en una regionalización lo más cercana posible a la ciudadanía.

Y hay iniciativas que aún se encuentran en discusión en el Gobierno. Por ejemplo, la concerniente a financiamiento y responsabilidad fiscal en los ámbitos regional y municipal, y la relativa a financiamiento regional y responsabilidad fiscal.

¿Por qué hago mención de aquello? Porque es el contexto en que debemos votar el proyecto de ley que nos ocupa en este instante.

Señor Presidente , quiero destacar que desde 1990 hemos tenido cambios relevantes en cuanto al aumento de la descentralización, aunque no a la velocidad que nuestro país exige. Pero, como esta es la historia fidedigna de la ley, tengo la obligación de señalarlos.

En primer lugar, debo recordar que en noviembre de 1991 se reformó el sistema de administración regional estableciéndose los gobiernos regionales como órganos de la Administración del Estado dotados de personalidad jurídica, de derecho público y con patrimonio propio, a los que se les encomendó la administración superior de la región respectiva, lo que constituyó, sin duda, un avance en el proceso de descentralización.

Luego se dictó la ley N° 19.175, que consagró un nuevo sistema de administración regional y determinó las funciones y atribuciones de los gobiernos regionales y las competencias de los intendentes.

A continuación, mediante la ley N° 20.390, del año 2009, se dio paso a la elección de los consejeros regionales por sufragio universal, en votación directa. Ello significó que los ciudadanos elegidos debieran realizar un esfuerzo gigantesco para constituir los consejos, tarea en la que enfrentaron numerosas dificultades. Y, en este sentido, recojo una crítica legítima de ellos cuando señalan que no tuvieron ni los recursos ni los medios necesarios para enfrentar el enorme desafío de llevar adelante un proceso profundo de descentralización y regionalización.

¿En qué consiste, señor Presidente, el proyecto de ley que estamos debatiendo?

Esta iniciativa aborda distintas materias.

En primer lugar, establece la elección popular del actual intendente, a quien en lo futuro se denominará "gobernador regional".

Les solicito a Sus Señorías ir a la página 13 del boletín comparado, donde figura el primer cambio que se introduce a nuestra Constitución.

En efecto, se dispone que "La administración superior de cada región radicará en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.".

Es decir, hay una administración superior de la región, que corresponde al gobierno regional, el que, por su parte, comprende al gobernador regional, que es el órgano ejecutivo, y al consejo regional, que es el órgano normativo, al que le compete regular las normas relacionadas con las competencias de la región.

En la página 14 del comparado se definen las labores pertinentes.

El artículo 112 expresa: "El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, y le corresponderá presidir el consejo regional, y ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional o se relacionen con éste," -¡atención!, pues ya han surgido voces para en el segundo informe precisar el concepto "o se relacionen con éste"- "en su caso.".

Luego se mantiene la norma actual sobre el consejo regional, señalándose -tarea que les corresponde a los cores- que es el órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito de su competencia.

La denominación que la Comisión de Gobierno estableció para la nueva autoridad elegida democráticamente por la ciudadanía es la de "gobernador regional", y para quien representa al Presidente de la República , la de "delegado provincial".

¿Cómo se elige al gobernador regional?

Al respecto -y quiero plantearlo con absoluta franqueza-, hay una divergencia.

Los representantes del regionalismo en el Senado coincidimos (está en la página 14 del comparado) en que el gobernador regional sea elegido por sufragio universal, en votación directa, por simple mayoría; dure cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y pueda ser reelegido solo por una vez.

El debate sobre el particular -voy a ser muy franco- es bien directo.

Algunos dicen que el gobernador regional debe ser elegido por mayoría absoluta. Otros sostenemos que ha de ser, al igual que los alcaldes, por mayoría simple.

La razón es muy sencilla.

Si surgen movimientos regionalistas -en una primera etapa, emergentes y sin suficiente fuerza electoral- y disponemos que solo pueda elegirse gobernador regional a quien obtenga 50,1 por ciento de los votos, lo más probable es que ninguno de ellos florezca como pueden hacerlo alcaldes que en su primera elección sacan 28, 29, 30 por ciento de los sufragios y sin embargo en la siguiente -todos lo vemos-, si hacen bien su gestión y representan a la ciudadanía, obtienen incluso 60 a 65 por ciento de las preferencias.

Conversamos esta materia con los Senadores Horvath , Guillier , y llegamos a un acuerdo político -de buena fe, abierto a la gente- para respaldar la posición de que el gobernador regional sea elegido por simple mayoría, en votación ciudadana directa, por un período de cuatro años y con una reelección.

Quisiera referirme a continuación, señor Presidente, a la transferencia de competencias.

Creo que en esta materia hay un aspecto muy relevante. Porque siempre se habla de que este proyecto de ley solo se relaciona con la elección democrática y popular del gobernador regional.

En cuanto a las competencias, el actual artículo 114 de la Constitución expresa: "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de su función", básicamente en tres ámbitos: ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.

En la página 15 del comparado hay un cambio a mi juicio muy profundo en la forma como se transfieren competencias. Ello, por lo siguiente.

Primero, porque se señala que cuando existan transferencias "se privilegiará la radicación de competencias en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; buscando un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común.".

Ese es un cambio de fondo, pues muchas veces las transferencias de competencias se hacen desde el gobierno central a los gobiernos regionales y poco o nada llega a los gobiernos locales, a las comunas, a las municipalidades.

Este proyecto establece a nivel constitucional que cuando se transfieran competencias la autoridad deberá preocuparse especialmente de que quienes las ejecuten, las realicen, las lleven adelante sean las autoridades más cercanas a la ciudadanía, que son por naturaleza las municipalidades, los gobiernos comunales.

Pero no se contenta con eso, sino que agrega una norma que resuelve un problema eterno, derivado de que se les transfieren competencias a los gobiernos locales o a los gobiernos regionales pero no se les da plata.

Estamos llenos de leyes mediante las cuales se imponen muchas obligaciones. Sin embargo, cuando se pregunta si se consignaron los recursos indispensables para cumplirlas, la respuesta es negativa.

Por eso, en la página 16 del comparado vemos una norma que dice: "Toda transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de los gobiernos regionales irá acompañada de los recursos determinados por la ley.".

O sea, "Si usted quiere transferir competencias o crear competencias nuevas, por mandato constitucional debe asignar los recursos necesarios para realizar adecuadamente la labor encomendada".

En tal sentido, señor Presidente , hago una precisión vinculada con una norma muy relevante propuesta por la Comisión y que figura en la página 18 del comparado. Dice relación con los municipios y resuelve un problema que la Constitución no soluciona.

Se dispone que la transferencia de competencias a aquellos debe prever los recursos respectivos. Y, al efecto, se agrega lo siguiente: "Toda transferencia de competencias a las municipalidades irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de las municipalidades irá acompañada de los recursos determinados por la ley.".

Señor Presidente , este proyecto de reforma constitucional no solo consagra la elección democrática del gobernador regional, sino que, además, regula adecuadamente sus atribuciones y dispone que cuando se transfieran competencias deberán consignarse los dineros correspondientes.

De lo contrario, habrá una regionalización de papel: anuncios con bombos y platillos; empero, sin plata la labor encomendada por el legislador -todos lo sabemos- no podrá realizarse.

Una última precisión, señor Presidente, se relaciona con las facultades del delegado provincial.

En esta materia hay una cuestión de fondo.

Nosotros estamos estableciendo la existencia de un gobernador regional elegido por la ciudadanía.

La pregunta es si sus facultades chocan o no con las del delegado provincial.

A decir verdad, de acuerdo a nuestro leal saber y entender, como está el precepto pertinente en la Constitución, no chocan.

Porque al gobernador regional le corresponderá, exactamente, "ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional", sin perjuicio de las transferencias de competencias que quiera hacerle el gobierno central, que están reguladas en la Carta Fundamental.

En cambio, el delegado provincial "ejercerá las funciones de supervigilancia y coordinación de los servicios públicos existentes en la provincia que no dependan del Gobierno Regional.".

Por lo tanto, uno está a cargo de las materias que no son propias del gobierno regional y que corresponden al nivel nacional; y otro, de las propias del nivel regional y que deben regularse en la ley orgánica respectiva.

Yo quiero recordar, particularmente a quienes nos acompañan en las tribunas, que la Constitución consagra en forma general las normas y delimita las competencias. Y por eso se está tramitando un proyecto de ley sobre transferencia de competencias, para precisar los casos en que pueda haber conflictos sobre esta materia.

En mi opinión, este proyecto de reforma constitucional viene a hacer justicia en cuanto a algo que por muchas décadas -por más de un siglo, diría yo- ha estado presente en nuestro país: el temor a confiar en que la gente va a resolver adecuadamente en el ámbito de las regiones lo que sea mejor para ella.

El centralismo no solo es de Santiago: es asimismo regional.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Su Señoría dispone de un minuto adicional.

El señor ESPINA.-

También en las capitales regionales muchas veces se desconfía de las comunas o de las provincias que conforman la región.

A mi entender, este es un hecho relevante. Se trata de un buen paso para Chile. Permitirá tener mayor equidad territorial. Va a empoderar a las regiones y les posibilitará desarrollar los proyectos según la realidad que se viva en cada una de ellas.

Por cierto, esta iniciativa deberá complementarse con las leyes de que he hice mención. Pero, sin duda, es un avance enorme para tener un país con mayor justicia social y con más equidad territorial.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Muchas gracias, señor Senador , por su completo informe.

Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán.

El señor CHAHUÁN.-

Señor Presidente, "Chile será descentralizado, o no será desarrollado".

Esas palabras, de Joan Prats Catalá , han sido acuñadas por todos los regionalistas de nuestro país.

Por de pronto, por la Fundación Chile Descentralizado y Desarrollado; por CONAREDE; por los regionalistas inspirados en la fuerza que dan los consejeros regionales, los alcaldes, los concejales, cuyos representantes nos acompañan hoy día en las tribunas.

Además, por la bancada regionalista de Senadores y Diputados, quienes hemos impulsado con fuerza un cambio en la estructura del Estado como no lo ha habido en los últimos 40 años.

Y hemos dicho que este es el primer paso.

Por supuesto que la descentralización política es importante.

La elección del gobernador regional es un paso inicial para los efectos de avanzar también en la descentralización administrativa, con traspaso de facultades, de funciones; y también, en la descentralización fiscal, para que las propias regiones puedan articular sus presupuestos.

Nosotros hemos señalado que las actividades productivas con claro sello regional deben dejar en la región donde provocan externalidades negativas parte de los tributos que generan.

Por eso hemos levantado con tanta fuerza la ley de puertos. Por eso hemos planteado con tanto vigor, por ejemplo, que las empresas mineras o las forestales dejen en las regiones donde desarrollan sus actividades parte de los tributos a que dan lugar.

En definitiva, apelamos a que haya mayor equidad territorial.

Estamos frente a un agobiante centralismo; un centralismo en que la colusión de intereses de las élites políticas y económicas que habitan en cuatro comunas de la Región Metropolitana impide visibilizar el país.

Pareciera que para algunos, o para las cuatro cuadras del poder de la Región Metropolitana, Chile empieza y termina en Santiago.

Acá debemos ser capaces de situarnos en los diagnósticos hechos por países afines y que dieron un salto cualitativo y cuantitativo al desarrollo.

Corea del Sur, en la década de los 70, tenía el mismo diagnóstico que Chile.

Las naciones centralistas logran un primer impulso de desarrollo; sin embargo, luego el desarrollo se estanca.

Corea del Sur pudo poner sobre la mesa un modelo policéntrico para desarrollar sus distintas regiones con incentivos tributarios a fin de dar trabajo y, finalmente, fuerza a su progreso.

¡Eso es lo que no ha hecho Chile!

Aquí se sigue mirando la política desde Santiago y para Santiago . Se invisibilizan las regiones.

Por eso, quiero rescatar el esfuerzo colectivo habido a través de los diálogos regionales; del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial; de la labor de la CONAREDE; del accionar de la Fundación Chile Descentralizado y Desarrollado; de la actuación de los consejeros regionales y de los alcaldes, que han hecho presente con fuerza la necesidad de introducir un cambio en la estructura del Estado. O sea, modernización del Estado.

En tal sentido, creo que esta es también una oportunidad.

Primero, para cumplir las promesas electorales.

Desde al año 1999, todos y cada uno de los candidatos presidenciales han planteado con energía la necesidad de desarrollar un proceso descentralizador político, administrativo y fiscal. Pero, hasta ahora, eso ha quedado simplemente en palabras.

Por ello, creo que el esfuerzo hecho por el Gobierno de la Presidenta Bachelet en términos de darle importancia al proceso descentralizador va en la dirección correcta.

Sin lugar a dudas, hoy tenemos la oportunidad histórica de brindarle a nuestro país equidad territorial, de empoderar a las regiones.

Nosotros presentamos uno de los proyectos de ley que se fusionaron. Mediante él se busca remplazar la figura del intendente por la de un gobernador regional capaz -como hemos señalado- y con facultades.

No queremos gobernadores o intendentes -como sucede hoy día- de juguete.

Deseamos gobernadores regionales empoderados, capaces de delinear el desarrollo de la región.

No queremos más que desde los ministerios centralistas, desde el Ministerio de Hacienda, desde La Moneda, finalmente, se determine qué requieren las regiones.

¡Qué sabe La Moneda -el Ministerio de Hacienda, en fin- de la realidad que sufre cada región!

¡Qué sabe del avance de la desertificación; de la sequía en las provincias de Petorca, de Los Andes, de San Felipe!

¡Qué sabe de las zonas de sacrificio de Puchuncaví y Quintero!

¡Qué sabe respecto de las definiciones urgentes y necesarias que debemos hacer, por ejemplo, en materia de puertos!

¡Qué sabe de los aspectos que dicen relación con regiones como la nuestra, que registra un tercio de los campamentos en Chile, con once mil quinientas familias!

¡Qué sabe en cuanto a las urgencias y velocidades en materia de reconstrucción, como las derivadas del incendio en Valparaíso!

¡Qué sabe con relación a la necesidad de generar urbanizaciones en comunas como Olmué, atrasadas en este sentido!

Las que mejor conocen cómo poder enfocar tales decisiones justamente son las autoridades más cercanas. Y no nos cabe la menor duda de que la elección directa del gobernador regional permitirá empoderarlas para los efectos de señalar cuáles son los lineamientos de desarrollo de la respectiva Región. Claramente, ello debe ser parte de una hoja de ruta. La designación de esa persona, que sucederá al intendente regional, es el comienzo.

Pero la descentralización administrativa es absolutamente necesaria. Tenemos que ser capaces de transferir funciones, atribuciones; de que el Gobierno Regional finalmente pueda decidir respecto de los recursos que se destinan al ámbito local. Acá se ha dado un primer paso: pasar del dieciocho por ciento al treinta y cinco. Eso es parte de lo que es preciso realizar.

Cabe recordar las compensaciones por externalidades negativas. Insisto en que la Ley de Puertos es imprescindible. Así que constituye un clamor desde las regiones.

Hemos consignado, además, que el principio de atomización del poder y el acercamiento de las decisiones a los ciudadanos van a devolver las confianzas. Al experimentarse una crisis al respecto, en un país en el que se ha destruido el sentido de comunidad y donde solo el trece por ciento de los chilenos confía en su vecino, la desconfianza interpersonal se transformó en institucional. Como vivimos en una cultura del metro cuadrado, del individualismo, y media una ausencia de un proyecto colectivo de nación, de miradas de mediano y de largo plazo, la única manera de recuperar las confianzas no es a través de líderes mesiánicos, sino por la vía de aproximar la toma de decisiones a los individuos y al territorio.

Por eso, creo que el proceso descentralizador no solo le hace bien a Chile en términos de modernizarlo y lleva a superar uno de los obstáculos que menciona la OCDE para lograr nuestro pleno desarrollo, sino que también permitirá recuperar las confianzas de los chilenos en los chilenos. Esa es la razón por la cual es tan importante lo que hoy día estamos votando.

Por supuesto que se originan cuestiones que son parte del debate. ¿Cómo se va a elegir? En la Comisión se han planteado dos posiciones que parecen irreconciliables: unos se inclinan por la mayoría absoluta, y otros, por la mayoría simple.

Pues bien, en el proyecto de ley que presenté hay un mecanismo compuesto, "a la argentina", que operaría solo en el evento de que un candidato no superara el cuarenta y cinco por ciento de los votos o más de un cuarenta y con una diferencia de diez puntos porcentuales.

Puede ser una alternativa. Es parte de la discusión. Pero los puntos de vista respecto del mecanismo no pueden frustrar una acción que es de verdad modernizadora en la Administración del Estado.

Además, deseo observar que se trata de un paliativo.

Y quiero insistirles al Subsecretario de Desarrollo Regional y al Subsecretario del Interior que es preciso entender que el proceso resulta necesario, urgente, pero que si no es acompañado de una transferencia de competencias y de descentralización fiscal vamos a tener un instrumento descentralizador anómalo.

Hago presente que Chile está enfermo de centralismo. Es el único país de América Latina y de la OCDE que no elige a sus autoridades regionales. Comparado con la situación de Corea...

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Dispone de un minuto para concluir, Su Señoría.

El señor CHAHUÁN.-

Por eso es tan importante que seamos capaces de avanzar en la materia.

Espero, por último, que hoy día estemos dando un primer paso. La descentralización política es indispensable, apremiante. Y estoy convencido, tal como alguna vez lo esbozó Joan Prats , quien fue capaz de representar a todos los regionalistas, que Chile será descentralizado o no será desarrollado.

Ojalá que la voluntad del Gobierno se mantenga hasta el final y sea capaz de vencer, en definitiva, las anquilosadas barreras del centralismo en algunos ministerios de las cuatro cuadras del poder en Santiago.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Puede intervenir el Honorable señor Harboe.

El señor HARBOE.-

Señor Presidente, parto por destacar el proyecto de reforma constitucional, que consagra la elección democrática de la máxima autoridad regional.

Mas la iniciativa nos obliga a reflexionar sobre la estructura del Estado que necesitamos para lograr el desarrollo armónico que queremos. El Estado que tenemos actualmente no da cuenta de nuestra realidad territorial.

La necesidad de descentralizar que enfrentamos no dice relación solo, como dijo alguien, con descentralizar funciones, con descentralizar democracia, lo que siempre es importante. Se trata, en el fondo, de crear una arquitectura jurídica y administrativa que provea de la capacidad de ordenar el territorio en el territorio y no lo haga depender de las grandes estructuras centralizadas a nivel nacional.

Al respecto, quiero advertir, tal como lo hice con las autoridades de Gobierno, que hubiera preferido que discutiéramos primero los proyectos de transferencia de competencias, los proyectos sobre la visión estratégica de cómo vamos a desarrollar nuestro Estado para los próximos cincuenta años, y que, como consecuencia de ello, tomásemos la decisión de otorgarle la calidad de autoridad electa a quien le asignáramos el rol estratégico de conducir los destinos de la Región.

Pero esto no fue posible. El proceso ya se inició. Y lo que estamos reformando es la Carta Fundamental, porque la vigente no da cuenta de la realidad valórica, social, cultural ni territorial del Chile de hoy. Ella responde a una lógica y un momento histórico muy distinto del que vivimos. Por eso es que han tenido lugar sucesivas modificaciones y, tal como se ha planteado, hemos iniciado un proceso de revisión.

Los textos de esta índole no establecen meras normas: consagran valores, principios y reglas constitucionales. Los valores son principios filosóficos sobre los cuales se inspiran las normas que tienen que regularnos como comunidad. Los principios son elementos aglutinadores que nos permiten avanzar en ciertos aspectos, de descentralización en este caso. Y las reglas materializan todo lo anterior.

Dicho eso, entonces, cabe precisar que la descentralización no es un mero proceso de transferencia de competencias, el cual es muy importante. La descentralización que necesitamos para el Estado actual exige sincerar que se trata de entregar poder. Insisto en que no se trata solo de trasladar competencias. Ello es preciso hacerlo, pero tenemos que distribuir poder territorialmente. Se requiere proporcionarles a los funcionarios regionales la capacidad de decisión, porque, al final del día, creamos regiones o comunas o instalamos autoridades con un objetivo: mejorar la capacidad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos en cada una de las zonas.

No sacamos nada con alguien que sea electo, pero que, para tomar decisiones y solucionar los problemas de los habitantes, deba consultarle al cuarto funcionario de la Dirección de Presupuestos y rogarle que en la asignación presupuestaria se digne aprobarle un proyecto aprobado en la Región.

Necesitamos el compromiso de la autoridad de Gobierno en el sentido de entregarles competencias -asimismo, presupuestarias- a las autoridades regionales.

¿Y por qué no avanzar también con relación a ciertos elementos en materia de autoridades municipales si los municipios finalmente son el brazo del Estado más cercano a los ciudadanos? Es ahí donde el desvalido llega a tocar la primera puerta, no al Congreso, ni al Gobierno central, ni al Gobierno regional.

En consecuencia, se requiere -insisto- iniciar un proceso de reflexión respecto de la visión estratégica que debemos mantener para administrar en mejor forma el territorio.

Es importante destacar -insisto- la democratización de las autoridades, pero lo es más que estas, como digo, cuenten con capacidades para resolver en el territorio las necesidades del territorio.

Hoy estamos discutiendo en general el proyecto. Y, desde ya, llamo a mis colegas a aprobarlo. Pero advierto también que en la discusión particular tendremos que hacer frente a algunos aspectos que al menos al Senador que habla le generan ciertas preocupaciones, entre ellos el de la relación entre el gobernador regional y el delegado provincial.

Alguien decía por ahí: "No se van a topar". Pero, cuando un servicio público de carácter local dispone de un financiamiento compartido -por convenios de programación con fondos regionales, por ejemplo-, hay una relación directa entre uno y otro, y se va a generar algún tipo de superposición de competencias.

Conforme a mi experiencia de Subsecretario del Interior , creo que siempre es bueno que la ley sea la encargada de prevenir cuando estas situaciones se pueden originar, porque, más allá del funcionario de turno, se requiere que el legislador cuente con la capacidad de establecer una regulación que no genere conflictos, en lo empírico, y no termine rompiendo la lógica de la autoridad o de la oferta unívoca del Estado en función del ciudadano.

Señor Presidente, voy a concurrir con mi voto a aprobar la idea de legislar, pero en la discusión particular haré ver aquellos aspectos que me parecen relevantes.

Estimo que tenemos que revisar los porcentajes de elegibilidad del nuevo gobernador regional. Es preciso buscar un sistema que le dé representatividad y estabilidad. Se requieren mecanismos que eviten la superposición de competencias.

Y necesariamente deben quedar consignados -no en la historia de la ley: en el debate legislativo- el compromiso del Gobierno respecto de la transferencia de competencias y la voluntad del Estado de distribuir el poder, particularmente en materia financiera.

A ello cabe agregar la necesidad de modificar la Ley de Rentas Municipales para que, de una vez por todas, las empresas paguen las patentes en las comunas donde realizan sus actividades productivas, y no en las grandes capitales, como ocurre hoy día.

Adicionalmente, creo que el Gobierno debiera iniciar una discusión acerca del financiamiento municipal. No es posible que los municipios que atienden a la población más rica sean los que obtengan más recursos. Debiéramos pasar del sistema actual, con el verdadero subsidio o paliativo que es el Fondo Común Municipal, a otro donde los municipios que atienden a la población más pobre sean los que dispongan de más recursos, porque es justamente ahí donde se requiere que el brazo del Estado vaya en su ayuda.

Ese es, finalmente, el rol de la política pública: hacer que la estructura estatal sea eficaz, eficiente, cercana, y que el poder se distribuya territorialmente para que el desarrollo de nuestro país sea equitativo.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA .-

Señor Presidente, no hay duda -y no vamos a reiterarlo hoy día- de que Chile sufre un problema fundamental y muy contundente de centralismo. No repetiremos que en distintos ámbitos, pero particularmente en el público, se da ese fenómeno en forma agobiante, expresado incluso en quienes hablan de regionalismo, de avanzar en la materia.

Estalla un incendio en una determinada Región y la primera decisión que se toma es nombrar un delegado presidencial, dejándose de lado a los alcaldes, elegidos por la ciudadanía, y a los intendentes, nombrados por el propio Gobierno para atender la zona. El delegado presidencial ha pasado a ser, diría, un elemento clave, identificativo de una mentalidad centralista que verdaderamente tenemos que superar.

Teniendo claro que el centralismo genera desigualdades, dificultades de desarrollo y problemas en provincias, comunas y regiones, la pregunta es si verdaderamente estamos avanzando en la línea correcta y dando a la ciudadanía respuestas adecuadas para creer que hemos iniciado un camino en que dicho factor está retrocediendo y va a ser derrotado.

Mi opinión personal es que estamos muy lejos de eso.

Voy a votar a favor de la idea general del proyecto, pero he expresado mi parecer en los foros en los cuales he participado.

¿Qué se le dice a la gente? "Usted va a poder elegir al intendente de su Región".

Por lo menos, le cambiaron ahora el nombre.

Y la interrogante del ciudadano es si va a ser la misma autoridad que hoy día.

Resulta que se elegirá un intendente o un gobernador extraordinariamente distinto y disminuido.

En la actualidad, es un funcionario con poder, aunque relativo. Primero, representa al Presidente de la República. Esta es una importante fuente de atribuciones. Y toda la gente y las organizaciones esperan que las reciba. Podrán criticarlo por una mayor o menor gestión, pero esa es su investidura. En segundo lugar, representa lo que se ha ido construyendo, que es el gobierno regional.

¿Vamos a designar una autoridad con similar poder y facultades?

La respuesta es claramente que no. Lo que hace significativo el cargo por la razón mencionada en primer término queda absolutamente de lado por una razón obvia, desde luego.

Por ende, elegiremos a una persona que va a presidir el gobierno y el consejo regionales y a administrar lo que el Primer Mandatario y el Gobierno estén dispuestos a transferirle.

A mi juicio, no basta con las declaraciones de intención en el sentido de que se verificará un traspaso de competencias. No basta con que se exprese correctamente, en la Constitución y en la ley, que no se entregará ninguna de estas sin recursos. Creo que podemos buscar en nuestro ordenamiento jurídico una serie de normas de esa naturaleza que claramente no se han cumplido.

Dicho traspaso se contempla en nuestra Carta actual y no ha tenido lugar. ¿Cuál es la razón? La falta de voluntad política.

Ahora mejoramos la redacción, pero a la medida no le damos ningún elemento vinculante ni obligatorio. Vamos a contar con un gobernador y un consejo regionales elegidos y la Región pedirá una determinada competencia. Si el Gobierno dice que no, ¿quién dirimirá? ¡Nadie! Este último es el que resuelve en definitiva.

Ello verdaderamente debiera tenerse presente como un elemento básico en la medida de que se trata. Porque, si no, se trataría de una decisión unilateral, de una concesión graciosa del Gobierno central.

Los gobiernos regionales y el gobernador regional tienen que disponer de esa posibilidad, caso en el cual el Gobierno tiene que resolver. Y si no es así, sin duda que ello debería corresponderle a un órgano distinto.

Con algunos Senadores propusimos -ya no me acuerdo, pero hará unos cinco o seis años- una reforma constitucional conforme a la cual el Senado se iba a transformar en un órgano dirimente de la discusión entre el Gobierno central y un determinado gobierno regional. Pero, sin duda, eso no está presente.

Por lo tanto, vamos a aprobar un proyecto que a lo mejor terminará generando una gran frustración o una gran decepción en la gente que elija un gobernador regional, con bombos y platillos. Porque, como todos sabemos, en materia de vivienda usted debe ir a hablar con el Seremi respectivo, quien no tiene ninguna relación ni vinculación con el gobernador regional. En consecuencia, pese a que la persona votó por ese gobernador regional, no sentirá necesidad de ir a hablar con él, pues sabe que debe hacerlo con la autoridad de Vivienda, que es nombrada por el Gobierno central.

Y así ocurrirá en todas y cada una de las materias.

Por ende, señor Presidente , nosotros deseamos mostrar nuestra voluntad política de avanzar en este tema. Pero no podemos ni queremos generar expectativas que el día de mañana no se van a cumplir y que provocarán frustraciones en nuestras regiones.

En la que yo represento, la del Biobío, esas frustraciones dicen relación, por ejemplo, con las atribuciones que tendrá la autoridad regional para enfrentar las dificultades de desarrollo de la provincia de Arauco, donde no se ha querido avanzar un centímetro en la definición de una zona de rezago.

¿Qué posibilidad va a tener ese gobernador regional, elegido con los votos de la ciudadanía, para encarar todo lo relativo al desarrollo forestal de nuestra Región?

Eso no va a estar dentro de sus atribuciones o prioridades. Eventualmente, vamos a quedar a la espera de que el día de mañana, a través de un acto unilateral, la autoridad central le entregue la atribución pertinente.

Si queremos avanzar en la descentralización o en la regionalización de nuestro país -creo que es urgente hacerlo-, debemos enfrentarla con la verdad, transparentando y visibilizando cada uno de sus inconvenientes. No basta decir que se trata de un compromiso de campaña, que ofrecimos en tal o cual fecha.

Hagamos las cosas bien.

Se han hecho muchas promesas en las campañas y ello ha motivado la tramitación de proyectos cuyos resultados podemos ver hoy. Hace menos de dos años se aprobó una reforma tributaria; hace algunos meses se despachó el Presupuesto de la nación, y somos testigos de lo que pasó en uno y otro caso.

Y, en esta materia, yo por lo menos no quiero generar frustraciones en la zona que represento, en la cual vivo, en la que mis hijos estudian, en la que verdaderamente quiero que se desarrolle el conjunto de personas con las que tengo vínculos afectivos.

Eso requiere tareas esenciales: primero, el traspaso de competencias real, efectivo y urgente, como una cosa prioritaria; segundo, la transferencia de financiamiento a las regiones, para que a la autoridad regional no le ocurra lo mismo que a los alcaldes, quienes lamentablemente deben ir a la oficina principal para su gestión: la del Subsecretario de Desarrollo Regional. Porque el edil que no va o que no tiene buena llegada en esa repartición enfrentará serias dificultades en su administración.

No quiero que eso ocurra en el caso del gobernador regional.

Por último, señor Presidente -se me acaba el tiempo-, debo decir que tenemos la firme voluntad de avanzar en el proceso de regionalización, pero queremos hacerlo bien. Y en la discusión particular vamos a comprometer nuestro esfuerzo para progresar efectiva y eficientemente, de manera que las expectativas de la ciudadanía tengan las respuestas adecuadas respecto de algo que es urgente para el país: su regionalización.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

A propósito de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, aprovecho de saludar la presencia del señor Subsecretario, don Ricardo Cifuentes.

Ya habíamos saludado al Ministro del Interior subrogante, don Mahmud Aleuy.

Además, veo que han llegado a las tribunas varios presidentes de los consejos regionales; entre ellos, el de Aisén. También distingo a dos exintendentas de la misma Región.

Advertimos que este proyecto tiene mucho interés a nivel regional.

Me dicen que mencioné solamente a los representantes de Aisén, pero también se encuentran presentes los de otras Regiones.

Si después me mandan la información, los nombro a todos, porque al parecer hoy día todas las Regiones están representadas en las tribunas.

Les doy las gracias por estar acá con nosotros.

Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN .-

Señor Presidente, seré muy breve.

Voy a votar a favor de este proyecto. Creo que constituye un tremendo avance. Pero la descentralización no consiste solo en elegir un intendente o una autoridad.

Hay un par de artículos transitorios muy importantes, que van a ser el alma de esta iniciativa si se otorgan las facultades para administrar y delegar.

Creo que en esta materia debe darse otro paso: los municipios. Porque la verdadera descentralización parte de ellos. Son trescientos y tantos a nivel nacional y todas sus autoridades se eligen democráticamente.

Ahora, como la que nos ocupa es una reforma política, yo extraño que en el proyecto del Ejecutivo no se establezca que los intendentes actuales deben renunciar un año antes.

Espero que existan indicaciones en tal sentido, porque me parece impresentable que los intendentes que hoy día ejercen, con todo el poder del Estado, se presenten como candidatos, porque lo hacen en condiciones absolutamente distintas a las del resto de los chilenos.

Yo era Alcalde de Puente Alto elegido democráticamente y tuve que renunciar antes de terminar mi período para cumplir con la norma pertinente.

Así que espero que el Ejecutivo tenga el sentido común y la prudencia para aceptar alguna indicación al respecto, con el objeto de que se trate de un proceso democrático justo.

Por estos días hablamos sobre la existencia de financiamiento irregular de las campañas y nos quejamos de que a veces se gana con trampa. Bueno, una de las maneras en que ello podría suceder es que se use toda la plataforma y el poder del Gobierno para ensuciar este proceso, porque los intendentes hoy día en ejercicio, que son designados, pueden ser candidatos después en forma directa a las intendencias.

Creo que ese es un tema muy importante, porque esta es una reforma política.

Voy a votar que sí, señor Presidente, pero confío en que en este proceso se den verdaderas atribuciones, porque de lo contrario el delegado presidencial va a ser el que manda.

El Senador Espina explicó que este personaje, que representa al Presidente de la República , solo se ocupa de ciertos Ministerios o tiene ciertas atribuciones, pero ellas son las que hacen funcionar en la práctica al país. Ahí radica su poder.

Entonces, si habrá un intendente elegido democráticamente debe tener poder. Normalmente, todos los candidatos hablan de descentralización, pero cuando llegan al gobierno toman estas medidas de parche, porque tienen miedo de entregar el poder.

Hago presente lo anterior, porque cuando entré a este Senado tuvimos que votar un proyecto para arreglar el problema de los presidentes de los consejos regionales, pues su gran atribución era manejar las tablas de una reunión. O sea, ¡un chiste!

Entonces, ojalá que este sea un intendente de verdad, con poder, con fuerza, elegido democráticamente, para que también pueda gestionar y no deba estar en una firme competencia con el delegado presidencial. Porque todos los proyectos de ley que se aprueban en el Senado dicen que consideran recursos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, pero en la práctica no es así. Y bastaría cortarle la llave de financiamiento a este señor -o a esta señora- elegido democráticamente para que pese menos que un paquete de cabritas.

Apostemos a una verdadera descentralización, que espero se traspase después a los municipios, y establezcamos que los intendentes actuales -lo digo derechamente-, si quieren ser candidatos, deben renunciar un año antes.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, esta es una de las reformas constitucionales más anunciadas por los candidatos a parlamentarios en cada una de las campañas.

Pues bien, a pesar de que es un poco tarde, hoy la estamos debatiendo -y espero que aprobando-, en la esperanza de que dé cuenta de ese compromiso.

Pero, ¿cuál es el sentido de esta reforma? No es solamente elegir una autoridad de manera directa por parte de la ciudadanía. No tiene ese único objetivo. También busca empoderar a las regiones con autoridades que dispongan de la capacidad de llevar adelante el proyecto de cada una de ellas.

La Constitución del 25 sigue el principio portaliano de establecer ministerios a nivel nacional, que determinan políticas e instrumentos generales para todo el territorio de manera uniforme, como si todas las regiones fueran iguales; como si carecieran de especificidad; como si no tuvieran proyectos, sueños, ambiciones y anhelos distintos.

Este proyecto de reforma constitucional debe hacer realidad el compromiso asumido por todos los candidatos, durante tantas campañas, en términos de elegir a la autoridad regional, pero en el entendido de que ella contará con la competencia necesaria para llevar a cabo un proyecto colectivo.

Durante muchos años hemos visto delegaciones de todas las regiones viajando a Santiago, en distintos medios de transporte, para conversar con el Presidente o la Presidenta, con un Ministro, con un Subsecretario o con alguna otra autoridad de Gobierno, a fin de expresar un conjunto de demandas que son de las regiones, pero cuya solución no depende de ellas.

La descentralización debe tener la fuerza no solamente de una voluntad política de cambiar la Constitución; ella debe expresarse también de forma presupuestaria.

En el artículo 114 propuesto se establece que "Toda transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio.".

Es decir, estamos diciendo que vamos a elegir a la autoridad, pero no sabemos cuáles serán sus competencias.

Además, lamento que lo estemos viendo en proyectos distintos, separados.

Pero haremos fe en que en esos proyectos otorgaremos las atribuciones suficientes para que las regiones tengan el poder de realizar los sueños y anhelos de cada uno de esos espacios territoriales.

Nadie nos garantiza que eso sea una realidad, porque en este mismo proyecto estamos diciendo: "No se entregan atribuciones si no van con los recursos".

Entonces, ¿con quién vamos a conversar cuando necesitemos los recursos regionales?

¿Con el Subsecretario de Desarrollo Regional? (Y aprovecho de saludarlo, como también a Mahmud Aleuy , Ministro del Interior subrogante , pues ambos han impulsado con mucha fuerza esta iniciativa de descentralización y de reforma constitucional).

¿O con el Ministro del Interior?

No, se conversa con Hacienda.

Me pregunto cómo va a ser el debate vinculado a los presupuestos; cómo transferimos al mismo tiempo competencias y recursos.

Y como aquí decimos "Mire, si no se transfieren recursos, no se transfieren competencias", a lo mejor la ley va a ser como un saludo a la bandera si se establece la elección de una autoridad que, en definitiva, no va a tener ni los recursos ni las competencias necesarios.

Por eso, es muy muy importante lo que hoy día vamos a aprobar -es un paso gigantesco desde el punto de vista de cómo iremos reformando esta Constitución y haciendo realidad la aspiración de las regiones-, pero también resulta imprescindible ver cómo hacemos un seguimiento respecto de los otros proyectos que están en la Cámara o en otras Comisiones del Senado y que se refieren a las atribuciones y a los presupuestos.

Ellos están estrechamente vinculados. Y espero que tengamos la oportunidad de debatir y de presentar indicaciones hasta donde se nos permita, porque algunas materias son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Me gustaría que el Ministro del Interior , el Subsecretario , quienes han impulsado este proyecto con tanta fuerza, nos señalaran de cuántos recursos vamos a disponer; cuál va a ser el mecanismo; cómo se van a vincular estas atribuciones a los resultados de empoderamiento y ejecución, para que terminemos de una vez por todas con lo que hemos llamado "la autoridad con dos sombreros"; es decir, una autoridad que obedece al mismo tiempo al Ministro del Interior y a su región.

En definitiva, al momento de definir cosas importantes el intendente, o mañana los gobernadores regionales, no puede depender exclusivamente del Presidente de la República o del Ministro, pues así no resolvemos el tema de la independencia.

No basta elegirlos; tenemos que entregarles los recursos y las atribuciones necesarios.

Por eso, los tres proyectos, las tres materias deberían ser vinculantes.

Señor Presidente, yo voy a votar favorablemente y con entusiasmo este proyecto, pero con el compromiso de revisar en particular qué va a ocurrir con estas dos materias, que son tan importantes para realmente dar un paso significativo en la descentralización.

Por último, quisiera señalar que en mi opinión -que puede ser debatible- se debería contar con un gran respaldo ciudadano en la elección popular. Estas autoridades deberían ser electas con la mayoría absoluta de los votos, para dar legitimidad a su cargo, el cual tendrá un empoderamiento tal que podrá diseñar los programas de desarrollo y constituir un equipo para sacar adelante a cada una de las regiones.

Lo reitero: son materias debatibles.

Espero que en la discusión particular podamos presentar indicaciones y realizar un debate significativo para hacer realidad lo que las regiones estábamos esperando hace tantos años.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Veo que siguen llegando autoridades a las tribunas.

Aprovecho de saludar al Presidente Nacional de los consejeros regionales, don Marcelo Carrasco; al Presidente de los Concejales de Chile; a varios alcaldes que reconozco: de Macul, La Granja, Huechuraba; al Intendente de la Región Metropolitana, don Claudio Orrego, en fin.

Si después me hacen un listado con los nombres, los podré saludar a todos.

Tiene la palabra el Senador señor Guillier.

El señor GUILLIER .-

Señor Presidente, los países desarrollados descentralizan el poder y generan mecanismos de participación ciudadana. Eso permite que el crecimiento económico se reparta con más equidad y que las políticas públicas representen mejor los intereses de los diferentes territorios: exactamente lo opuesto a lo que ha sido la tradición jurídica de Chile desde tiempos inmemoriales.

Solo como un detalle, puedo señalar que el nuestro es prácticamente el único país de Sudamérica que no elige por voto directo a las autoridades de nivel intermedio. Es un país unitario, centralizado, que aún hoy no elige a sus máximas autoridades regionales.

Por consiguiente, el problema es de poder. No se trata solo de descentralizar ciertas funciones o atribuciones del poder central, sino de empoderar verdaderamente a las regiones.

Quiero señalar en esta Sala que en el último tiempo -hace más de un año y medio, casi dos años- se ha venido trabajando, quizá silenciosamente para los criterios de la capital y de los círculos políticos que rodean a La Moneda, en un proceso de estudio y debate sobre el tema de la descentralización y la regionalización.

De hecho, este proyecto cuenta con el apoyo, no solo de la Fundación Chile Descentralizado, que ha hecho una gran labor, sino también de más de 32 organizaciones, que incluyen a las asociaciones de alcaldes y de concejales; a los cores; a los funcionarios municipales; a los funcionarios regionales; a la CUT; a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo; a la Cámara de Comercio Minorista; a las universidades regionales; a los funcionarios públicos; a los funcionarios de salud, en fin. Todos estos sectores vienen planteando la histórica necesidad de proceder, aquí y ahora, a una verdadera descentralización de facultades, pero también de empoderamiento de las regiones.

Este proyecto simplemente responde al agotamiento de un modelo de regionalización elaborado bajo el régimen militar, basado en una configuración geopolítica y administrativa de las regiones que hoy ya no tiene sentido, primero, porque no da a estas últimas la capacidad de tomar decisiones obvias de políticas públicas para aprovechar las oportunidades y atacar con un criterio regional, con una mirada local, las urgencias y problemas que las afectan; y, segundo, porque de alguna manera promueve una fragmentación intrarregional que impide el diálogo entre los diversos actores, entre las diferentes provincias para construir proyectos de desarrollo que surjan de las capacidades de cada una de las regiones.

Por consiguiente, en muchas regiones de Chile no se generan capacidades y competencias, por esta verdadera profecía autocumplida de no darles los mecanismos para ello.

Un ejemplo de lo anterior es el desangramiento de las universidades regionales que, con las reformas que hemos ido aplicando, alienta finalmente la migración de los mejores estudiantes de regiones a Santiago sin que vuelvan después; un desangramiento en la parte más medular del poder de una región, que es el poder de las conciencias, de la intelectualidad, de la capacidad de emprender con los jóvenes líderes en el desarrollo.

Ahora, los intentos descentralizadores a lo largo de la historia de Chile han sido muchos. Desde los albores de la República, este ha sido un debate permanente que no se ha resuelto porque no se ha solucionado el problema del poder en favor de las regiones.

La elección por voto directo restablecerá el ejercicio del poder en nuestro país, dándoles a aquellas no solo mayor visibilidad, mayores facultades, sino, fundamentalmente, condiciones para generar en su interior un auténtico poder.

Por lo tanto, esta agenda hay que evaluarla en el conjunto de reformas que contiene.

Así, en la reforma constitucional para la elección del intendente debe aplicarse un mecanismo que también permita la formación de nuevas mayorías y no solo una suerte de acuerdo político final al que tengan que verse forzados los distintos actores, con exigencias altas en materia de quórum, para, en el fondo, eliminar esta suerte de concentración de poder.

En segundo lugar, debe haber transferencia de competencias y fortalecimiento de los gobiernos regionales, la llamada "descentralización administrativa".

Al respecto, quiero hacer presente que existen proyectos en desarrollo, y me llama la atención que algunos parlamentarios parezcan desconocer o no saber esta situación. Ha habido un debate que ya lleva más de dos años. Se establecen sistemas de transferencia de competencias administrativas desde el nivel central al Gobierno regional, particularmente en materia de planificación regional, administración de recursos, territorios rezagados, coordinación región-municipio, participación ciudadana. Se establecen también gobiernos metropolitanos en las áreas conurbanadas con más de 250 mil habitantes. Y se mantienen tres ejes fundamentales para los gobiernos regionales, cuyas funciones serán el fomento de la industria y del desarrollo económico, el desarrollo social y humano y el desarrollo de la infraestructura y el transporte, elementos esenciales para generar condiciones para un desarrollo sustentable en las regiones con respeto a su territorio, a su diversidad étnica, a la diversidad social.

Asimismo, se crean los Consejos de la Sociedad Civil y el Comité de Innovación como órganos del Gobierno regional. Y en los próximos días esperamos indicaciones para la instauración de una Unidad de Control Interno, de manera que este proceso tenga la fiscalización que corresponde.

Más todavía, se encuentra en maduración el eje que se suma a la elección del intendente mediante voto directo y ciudadano y la transferencia de competencias: el financiamiento de los gobiernos regionales y locales, con responsabilidad fiscal. Se trata de una iniciativa que está en proceso de redacción al interior del Gobierno y ha comenzado una discusión acerca de su naturaleza. Por cierto, preferiría un sistema donde parte de la riqueza que las regiones generan se quedara y se reinvirtiera en ellas. Además, existen fondos públicos que se construyen entre todas las regiones y que permiten que las zonas en rezago tengan un respaldo.

Este proyecto debe vincularse a otra relevante iniciativa como es la Ley de Plantas Municipales -en la cual tuvimos una importante participación-, que no solo modifica y actualiza, por primera vez en más de 20 años, las plantas de los funcionarios municipales, sino que también descentraliza esta facultad y se la entrega al alcalde con el concejo municipal respectivo; consagra un incremento de grados focalizado en los trabajadores de menor jerarquía dentro del escalafón; concede asignación profesional a no menos de 8.700 funcionarios; permite el paso de funcionarios de contrata a planta y de honorarios a contrata, y otorga recursos fiscales para comenzar a mejorar el Fondo Común Municipal, aumentándolo en forma significativa cada año.

Este proyecto ya se encuentra aprobado en segundo trámite en la Cámara de Diputados, de manera que hay avances que muchos aquí parecieran desconocer. Hay iniciativas para elegir al intendente y se está trabajando -esta información podría circular de mejor forma- en materia de transferencia de competencias, de financiamiento y en el modo de fortalecer el poder local, que es el poder municipal.

Resulta evidente que aún existen tareas pendientes, pero debo reconocer que este es uno de los proyectos estructurales más importantes y trascendentes que está tramitando el actual Gobierno, impulsado, de manera significativa, por la Presidenta de la República , Michelle Bachelet , como uno de aquellos en que ella, personalmente, ha jineteado y empujado, y que responde al clamor de las regiones, que durante más de doscientos años de vida republicana han sentido cómo el centralismo las agobia, concentra los recursos y, sobre todo, distorsiona la identidad nacional: hace desaparecer del ideario colectivo el valor de las regiones, su diversidad y su riqueza.

Por consiguiente, esta iniciativa tiene proyecciones insospechadas, y por eso la apoyo con toda mi fuerza.

--(Aplausos en tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Quiero informar a las personas que se encuentran en las tribunas que no pueden aplaudir ni pifiar.

Si les gusta alguna intervención, pueden batir las manos en señal de apoyo, pero en silencio, porque las manifestaciones están prohibidas por nuestro Reglamento.

Aprovecho de saludar a algunas de las personas que hoy nos acompañan: don Gustavo Kausel, de La Araucanía; Pablo Arenas, de O'Higgins; Iván Jiménez y Claudia Fernández, de la Región Metropolitana; René Lues y Sandra Miranda, de Valparaíso.

También se encuentra presente el Alcalde de San Miguel.

Hay varias autoridades que de a poco iremos nombrando.

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Andrés Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés) .-

Señor Presidente, estamos presenciando un debate de la mayor trascendencia. Como se ha dicho aquí, esta es una reforma sustancial a la Administración del Estado.

Me alegra mucho escuchar diversas intervenciones respaldando el proyecto, el que, sin duda, será aprobado por unanimidad.

Seguramente, si este debate lo hubiésemos hecho hace ocho o diez años, no serían los mismos los que estarían reclamando la elección del intendente. Por eso, el que se haya ido conformando un criterio común y transversal apoyando esta propuesta legislativa constituye un gran avance.

Tampoco debemos ser pesimistas y creer que no hemos avanzado nada en materia de regionalización y descentralización. No hemos conseguido, seguramente, todo lo que quisiéramos, pero hoy, por ejemplo, tenemos consejeros regionales elegidos por la ciudadanía. Y además existe un traspaso de recursos que si bien no es el que uno quisiera, llegará a ser casi el 25 por ciento en relación con los fondos regionales que se tenían anteriormente.

Aparte, hay diversas iniciativas que se están tramitando.

El Senador que me antecedió en el uso de la palabra mencionó la ley que aprobamos después de un largo debate, con participación de los alcaldes, la Asociación de Municipalidades de Chile y la entidad que agrupa a los funcionarios municipales, que no solo corrige problemas de planta, de grados o de asignaciones profesionales, que son muy importantes, sino que le da autonomía a la municipalidad para conformar sus propias plantas y, de ese modo, armar los equipos humanos que le permitan conducir la comuna.

Efectivamente, considero que en materia municipal se ha avanzado menos de lo que quisiéramos, porque, si pretendiéramos una real descentralización, esta debería partir por transferir recursos y responsabilidades al municipio, que es el gobierno más cercano a la gente.

Si no somos capaces de descentralizar recursos y facultades a los gobiernos municipales, vamos a encontrarnos con un problema que hoy ya existe: la centralización dentro de la propia región. Hay mucha gente que reclama contra el GORE porque siente que existe una concentración en la capital regional. Y ello se soluciona a través de la transferencia de competencias y de potenciar a los municipios para que estos cumplan las tareas que son más cercanas a la gente.

Por otra parte, también es cierto que aquí solo estamos determinando la elección del intendente. En lo personal, fui partidario de cambiarle el nombre por el de "gobernador", ya que de no hacerlo se confundirían las funciones si acaso existe un intendente y, a la vez, un gobernador designado por el Presidente de la República para la provincia correspondiente. Me parece que, si bien es solo un cambio de nombre, es importante para la trascendencia de lo que se quiere hacer, que es elegir al representante del Gobierno regional.

Su elección se efectuará en la forma en que establece el proyecto que estamos votando, el cual, aunque se halla bien estructurado, contiene una materia que fue objeto de discrepancia en la Comisión de Gobierno, donde una mayoría estableció que el intendente sería elegido por simple mayoría, lo que, en mi opinión, es un gran error.

Pienso que el intendente -ahora "gobernador regional"- tiene que ser elegido en una forma equivalente a como se elige al Presidente de la República , con un apoyo ciudadano fuerte, para que realmente tenga capacidad de gestión, la que dependerá de la votación que reciba de la gente.

Por eso, es necesario que su designación sea por mayoría absoluta, igual que como ocurre con el Primer Mandatario , o, de lo contrario, con segunda vuelta. Tal vez se podría llegar a una solución intermedia, como aquí se ha insinuado, con un sistema similar al que rige en Argentina, donde al ganador se le exige un 45 por ciento de los votos, o un 40 por ciento, con una diferencia de al menos 10 por ciento sobre el candidato que lo sigue.

Es un tema que deberíamos ver en su momento y que, a mi juicio, no deberíamos definir en esta reforma, sino en la ley orgánica constitucional que determine la estructura y conformación de los gobiernos regionales.

Ahora bien, la transferencia de competencias es de la esencia misma de la descentralización. Claro, no hemos conseguido todo lo que querríamos, pero estamos abriendo una puerta. Desde el momento en que el intendente sea elegido por la ciudadanía, el país va a empezar a transitar, más tarde o más temprano, por un camino que signifique transferir las competencias necesarias para la existencia de gobiernos regionales con poder de decisión. Se tendrá que buscar una descentralización administrativa efectiva.

Debemos ver cómo funciona el sistema en un Estado centralizado y unitario como el nuestro, cómo se conforma el Gobierno regional y qué pasa con los seremis (su designación y dependencia).

Además, dentro de la transferencia de facultades administrativas hay cosas muy simples.

¿Saben ustedes qué pasa en las Contralorías a nivel regional?

Las competencias de las Contralorías regionales son mínimas.

¿Saben ustedes cuánto se demora allí la tramitación de un plano regulador municipal?

¡Diez, doce años!

¿Y dónde se resuelve?

¡En la Contraloría General de la República, no en la Contraloría regional respectiva!

Por lo tanto, debemos descentralizar realmente materias que son de la esencia misma de una buena gestión y darles capacidad a las regiones para que cumplan sus objetivos.

Tenemos que avanzar en descentralización fiscal y buscar la manera de financiar a los gobiernos regionales a fin de que estos cuenten con los recursos necesarios para poder cumplir con sus tareas en todas las áreas sectoriales: vivienda, obras públicas y en todas aquellas donde haya traspaso de competencias.

¿Saben ustedes que los proyectos aprobados por los gobiernos regionales y cuyos fondos han sido previamente visados por el Parlamento a través de la Ley de Presupuestos deben volver al nivel nacional, específicamente a la Dirección de Presupuestos, para ser revisados nuevamente? Muchas veces llega junio, julio, agosto o septiembre y todavía no están en manos de los gobiernos regionales para su ejecución.

¿Qué se requiere, entonces? Una Dirección de Presupuestos regional que resuelva los temas correspondientes a la respectiva región.

Por lo tanto, debemos avanzar con mucha convicción en cuanto a que la descentralización es necesaria, aunque con responsabilidad. No podemos permitirles a los gobiernos regionales endeudarse sin límite y sin control. Tienen que estar regulados.

Y es necesario llevar a cabo una descentralización no solo administrativa, sino también política, acerca de la cual ya hemos hablado. Hay un tema bien importante que discutir, que es, según los autores especializados en la materia, la descentralización del recurso humano.

En estos días hemos visto que hay regiones que no cuentan con médicos especialistas para atender a su población. De ahí que debemos buscar la manera de fomentar y realizar igualmente una descentralización del recurso humano, porque los gobiernos regionales van a requerir capacidad de gestión y recursos humanos necesarios para cumplir bien sus funciones.

Por lo tanto, me sumo con mucho entusiasmo a la aprobación de este proyecto, porque creo en la descentralización y en la regionalización. Pienso que cuando llegue aquí la iniciativa sobre traspaso de competencias debemos efectuar un debate serio para concretar de verdad dicha transferencia e incluso dirimir la inquietud que planteó el Senador Pérez Varela en cuanto a qué pasa si el poder central niega una transferencia de competencia. ¿Quién resolvería la situación? Hemos discutido sobre si le correspondería al Senado o a otra autoridad, pero hay que solucionar el punto. No es posible que la transferencia de una competencia aprobada por los dos tercios del Consejo Regional quede en manos del Presidente de la República.

Todo eso debemos considerarlo, con realismo y responsabilidad, a fin de tener un país realmente descentralizado y moderno.

Por eso, voto que sí.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Antes de seguir dando la palabra, voy a continuar saludando a las personas que nos visitan: los ex Intendentes señor Jaime Jelincic, de Magallanes; señora Silvia Moreno, de Aisén (antes ya habíamos saludado a doña Viviana Betancourt, de la misma región), y a la señora Nora Barrientos, de La Araucanía; a los Alcaldes de la Región Metropolitana señores Carlos Cuadrado, de Huechuraba; Sergio Puyol, de Macul; Miguel Ángel Bruna, de Lo Espejo; Felipe Delpín, de La Granja; Florentino Flores, de San Pedro; Julio Palestro, de San Miguel, y Mario Gebauer, de Melipilla; a los Alcaldes de la Región de O´Higgins: señor Luis Barra, de Malloa; señor Adolfo Cerón, de Pichidegua, señora Gloria Paredes , de Palmilla, y señor Gastón Fernández, de La Estrella; a los Alcaldes de la Región de Valparaíso: señores Mauricio Carrasco, de Quintero; Patricio Aliaga, de Cabildo; Guillermo Reyes, de Putaendo, Oscar Sumonte, de Concón, y señora Macarena Santelices, de Olmué.

También saludamos al Rector de la Universidad de Playa Ancha, don Patricio Sanhueza, Presidente de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, y a representantes de Aconcagua Región, Ñuble Región, Placilla Comuna, y a dirigentes sociales de Villa Alemana.

Si hay más visitas, me hacen llegar sus nombres y los mencionamos.

A continuación, le ofrezco la palabra al Senador señor Quinteros.

El señor QUINTEROS.-

Señor Presidente , la centralización del país no da para más y es una de las causas -no la única- de la crisis de la política y de la desconfianza generalizada en las instituciones que sufre nuestro país.

La crisis actual se debe, en buena parte, a la distancia cada vez mayor de la actividad política respecto de las comunidades, lo que es especialmente evidente en los territorios más alejados.

Incluso, diría que las primeras señales o las más nítidas de esta creciente desafección de la política las pudimos advertir en las regiones, cuando muchas veces las comunidades se encontraban con respuestas centralistas, alejadas de la realidad frente a sus problemas, o cuando no siempre sus autoridades máximas lograban representar los intereses de esas comunidades.

Tales fenómenos los hemos sufrido por décadas en las regiones, y el actual clima político solo ha agudizado ese cuadro.

Muchos de los conflictos que hemos vivido en los últimos años (las manifestaciones masivas que se produjeron desde el norte, en Tocopilla y Freirina, hasta el sur, en Chiloé, Aisén y Magallanes ) han sido no solo la expresión de una reivindicación específica, sino también la señal de que las instituciones locales o regionales no cuentan con el poder suficiente y que la autoridad central no advierte a tiempo los problemas.

De manera tal que hay razones políticas de fondo detrás del impulso descentralizador y, en especial, de la elección de la autoridad máxima en cada región.

Con esto estamos acercando la política a la gente, ampliando la democracia y devolviendo parte de la soberanía a los ciudadanos. Los futuros gobernadores regionales podrán representar sin limitaciones los intereses de su región, canalizar de mejor manera las demandas de cada territorio y anticipar más oportunamente los conflictos.

Las regiones tendrán ahora una voz potente, legitimada por sus comunidades.

La centralización no solo es una traba para la democracia; es también un obstáculo para el desarrollo económico de los territorios y, por ende, del país.

Lo he dicho innumerables veces: Chile no será un país desarrollado mientras no desarrollemos sus regiones.

La productividad, la innovación, la creatividad, la capacitación, la inversión, la sostenibilidad ambiental y la diversificación productiva y de la matriz energética son todas condiciones necesarias para el desarrollo que se estimulan y se potencian mejor desde territorios que dispongan de autonomía y de autoridades fuertes, dispuestas a atreverse a competir con sus propias ventajas y capacidades.

No es lo mismo bajar a la región una política nacional, que generar una política propia. Chile no necesita una política de turismo, ¡necesita quince! Y lo mismo pasa en todos los ámbitos de la economía.

Por otro lado, las políticas sociales pueden focalizarse de mejor manera en las regiones.

Las necesidades de las comunidades indígenas del norte no son iguales a las del sur. Y lo mismo pasa con relación a mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores.

El enorme desafío de la reforma educacional supone también el fortalecimiento del nivel regional.

Asimismo, una planificación adecuada del territorio, que facilite la inversión pero que al mismo tiempo salvaguarde los intereses de las comunidades, y la administración eficiente de las zonas metropolitanas, que tanto incide en la calidad de vida de millones de personas, son tareas propias de una autoridad electa que responde a los ciudadanos que la eligieron y no a las metas de uno u otro ministerio.

En mi opinión, esos son los aspectos centrales que nos jugamos con esta reforma constitucional. Con la elección de la autoridad máxima de cada región estamos actuando sobre un factor clave para el desarrollo político, económico, social y territorial del país.

Así lo entendieron el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y el programa de Gobierno que levantó la Oposición en la última elección.

Así lo concluyeron todos los estudios internacionales que demuestran que Chile es uno de los países más centralizados tanto en la OCDE como en América Latina.

Así también lo acordó de manera unánime una Comisión Asesora Presidencial de innegable autoridad y transversalidad.

Todos los esfuerzos que en materia de probidad y de transparencia se han hecho en este Senado podrían quedar en nada de no aprobarse esta reforma.

Nadie creerá que queremos cambiar las maneras de hacer política que han primado hasta ahora si no damos curso a la elección de la autoridad máxima de cada región ahora, y no en cinco ni en diez años más.

Las desconfianzas existentes sobre la eficiencia o la disciplina fiscal de los nuevos gobiernos regionales, la generación de caudillismos o los eventuales conflictos que surjan con la autoridad nacional no pueden impedir que demos este paso. La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones es aún mayor, y esta reforma no se puede dilatar.

La descentralización por sí sola no se va a traducir en un desarrollo territorial inmediato. Pero, sin duda, es una herramienta no solo eficaz, sino también imprescindible.

Por cierto que esta reforma pudo ser más profunda e ir acompañada del otorgamiento de mayores potestades para los gobiernos regionales.

Igualmente, tiene aspectos opinables, como el de si los nuevos gobernadores regionales se elegirán por mayoría simple o absoluta, o si serán reelegibles.

Pero esos aspectos pueden ser zanjados en votaciones separadas y sus resultados no afectarán lo principal: la democratización de la función ejecutiva de los gobiernos regionales y el impulso decidido al proceso descentralizador de nuestro país.

Señor Presidente , fui intendente por 10 años con los Presidentes Aylwin y Frei , y ellos y sus colaboradores siempre me dieron espacio para expresar lo que yo interpretaba como los intereses de la Región de Los Lagos, que entonces incluía la actual Región de Los Ríos.

Pero en los tiempos actuales esto no es suficiente.

En el contexto de hoy la tarea es más compleja. Es imposible que una autoridad designada cuente con la legitimidad y el apoyo suficientes para liderar el camino al desarrollo de cada región.

Se requiere más participación, más diálogo, más articulación, y también más responsabilidad y rendición de cuentas ante la ciudadanía, y ello solo será posible con la generación democrática de los actuales intendentes y futuros gobernadores regionales.

Por eso, voto a favor.

--(Aplausos en las tribunas).

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.

El señor BIANCHI.-

Señor Presidente, todos quienes aspiramos a que el país tenga un enorme fortalecimiento en sus estructuras regionales deseamos contar con verdaderos gobiernos regionales y no con meras administraciones regionales.

Es por eso que concurro con mi voto favorable, pero no sin antes hacer una sana autocrítica: ¿es este el proyecto que todos deseamos? ¿Es este el proyecto que de verdad nos va a permitir tener un país descentralizado? Claramente, no.

Hoy la presencia de quienes aquí nos acompañan: alcaldes, concejales, intendentes, autoridades, instituciones, universidades, demuestra la enorme necesidad de tener un país descentralizado. Entendemos que contamos con un Estado unitario, pero cuando hablamos de descentralizar el poder decimos con mucha fuerza que precisamos un país igualitario.

Tal cual lo manifestó un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, Regiones como la que represento, la de Magallanes, al igual que muchas otras del país, constatan con pena e impotencia cómo los especialistas en materia de cáncer infantil, por ejemplo, están solo en Santiago y no en el resto del país. ¡Eso habla de una brutal desigualdad! Habla de lo distinto que es vivir en una región cualquiera a hacerlo en la Región Metropolitana de Santiago.

Es por eso que durante mucho tiempo, señor Presidente , hemos venido elaborando distintos proyectos. De tal forma, como integrantes de la Comisión de Gobierno, que en innúmeras veces me tocó presidir, discutimos reformas constitucionales.

Es importante decir lo siguiente: ¿era prioritario disponer la elección de la intendenta o del intendente, o permitir el traspaso de competencias?

Por supuesto que lo primero es definir la función, a qué se va a dedicar esa futura autoridad. Y para eso era muy necesario comenzar con el traspaso de las competencias; saber cuáles van a ser las obligaciones que esa persona, mujer u hombre, tendrá al momento de liderar determinada región.

Eso vendrá luego.

Yo fui uno de los que presentaron una iniciativa de reforma constitucional en esta materia. Por eso, cuando estamos frente a un proyecto de reforma a la Carta Fundamental a fin de permitir la elección de una intendenta o intendente, debemos decir que, sin lugar a dudas, habría sido mejor aprovechar esta enorme oportunidad para lograr además algo vital como lo relativo a las funciones que se traspasan.

Pero esas funciones que se traspasan, señor Presidente , han sido objeto de muchísima discusión, porque los gobiernos centralistas no quieren soltar el poder, no están dispuestos a entregárselo a las regiones.

¿Y qué dicen?: "Mire, a lo mejor no hay personas con la capacidad, con la expertise, con el conocimiento para el manejo de todos los recursos que determinada región puede llegar a solicitar".

O sea, volvemos a sostener esa mirada castigadora, centralista con respecto a las capacidades existentes en cada una de las regiones.

Y fue tanto así, señor Presidente , que en la reforma que hicimos en ese entonces dispusimos que, en la eventualidad de que una Presidenta o un Presidente de la República se negara a traspasar una atribución solicitada desde los gobiernos regionales, el órgano dirimente sería el Senado.

Ello, a fin de que exista una institución que permita dirimir entre la solicitud de esas autoridades regionales y lo que decida el Presidente o la Presidenta de turno.

Eso es tremendamente necesario.

De otra forma, seguiremos construyendo regiones de papel, donde solo se administra, donde no es posible gobernar, a las que no se les han traspasado todas las facultades.

Y esa situación, claramente, no nos va a posibilitar alcanzar la tan anhelada y verdadera descentralización.

Otro tema importante es el relativo a los seremis.

Aquí tenemos numerosas autoridades con un enorme conocimiento en materia regional. ¿Con una intendenta o un intendente que presida el consejo regional, vamos a alcanzar la descentralización, considerando que los seremis responden a los Ministros? ¿Dónde? En el gobierno central.

Hemos insistido en la necesidad -lo menciono de nuevo- de que desde el gobierno regional se designe una terna -al respecto queremos presentar una indicación, que lamentablemente es inadmisible, pero le pediremos al Ejecutivo que la estudie-, ojalá consensuada con la autoridad elegida por el voto popular (el intendente o la intendenta), que se envíe al gobierno central para que desde esa terna provenga el nombramiento de los seremis.

De ese modo vamos a conseguir, de alguna u otra manera, una atención particular y especial por quien asuma la labor de seremi, para responder a las autoridades en el orden regional.

Quiero saludar, tal como lo hizo el señor Presidente , a la Fundación Chile Descentralizado, al CONAREDE (Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización), porque el proyecto en debate tiene miles de madres y miles de padres.

Todos los aquí presentes y muchos de los que se encuentran en el resto del país tenemos algún grado de paternidad frente a un proyecto tan particular como el que nos ocupa.

Felicito a la Presidenta de la República por atreverse a dar un paso importante, fundamental en esta materia, porque este tema lo hemos discutido en innúmeras veces, en bastantes oportunidades. Era una promesa de campaña de todos nosotros.

¿Pero qué buscamos? ¿El titular de mañana en que se diga que a partir del 2017 vamos a tener intendentas o intendentes elegidos por el voto popular? ¿Eso se busca?

Espero que no, señor Presidente. Porque lo que tenemos que lograr es que en una nación como la nuestra, con un Estado unitario, sus quince regiones no solo se potencien, sino que también alcancen igualdad.

Reitero el ejemplo de la Región de Magallanes. Esta carece de especialistas. Por ello, un niño magallánico no recibe igual trato, no tiene la misma posibilidad de recuperarse de un cáncer. Y su mamá o papá debe ir a Santiago, con el riesgo de perder el trabajo, y presentar licencias médicas truchas o falsas, porque simplemente no tiene cómo justificar la ausencia laboral para salvar la vida de su hijo.

Hay dos categorías de chilenos: quienes viven en Santiago, que tienen a la mano todas las condiciones necesarias para salvar sus vidas, y los que habitamos en regiones extremas.

Y eso, por supuesto, no es justo.

Proyectos como el que nos ocupa van a permitir también la descentralización de los servicios públicos.

El Instituto Antártico Chileno se encuentra en Magallanes. Pero antiguamente se ubicaba en Providencia, por lo que cuando se conversaba respecto a qué hacer en la Antártica se resolvía en dicha comuna. Sin embargo, hoy se decide en la puerta de la Antártica: en nuestra Región.

Lo propio podría hacerse, por ejemplo, cuando se hable de minería en las regiones del norte o cuando se traten temas forestales en aquellas zonas que tienen la especialidad en esa área.

Asimismo, se necesita descentralizar la función pública. De esa manera, podríamos contar con una función pública mucho más igualitaria y no como la que tenemos hoy en materia de jubilación y en tantos rubros más.

Se establece un salario mínimo parejo para todo el país como si el costo de la vida a lo largo del territorio nacional fuera el mismo.

Entonces, cuando debatimos este tipo de iniciativas tenemos que decirle al país que a partir de 2017 habrá autoridades empoderadas, autoridades capaces de tomar decisiones regionales.

Yo felicito al Gobierno por esta iniciativa.

Sin lugar a dudas, no es lo que queremos, no es lo que esperamos.

¡Queremos más!

¡Queremos tener una verdadera descentralización para fortalecer nuestro país!

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Quiero saludar a los representantes de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades: a su Presidente , don Marco Quintanilla, y a sus Vicepresidentes, señores Marco Espinoza, Ariel Ramos y señora Beatriz Lagos.

Muchas gracias por acompañarnos.

Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente , como bien lo ha hecho usted, saludo a quienes hoy nos acompañan y a los representantes de regiones.

La inmensa mayoría, prácticamente más del 90 por ciento, nos sentimos representados por los planteamientos vertidos por las señoras y los señores Senadores en cuanto a la postergación que históricamente hemos sufrido, que también es nuestra responsabilidad política, la cual muchas veces no han asumido los Gobiernos pero tampoco los Parlamentos.

En ese aspecto, creo que esta es una oportunidad muy importante para empezar a hablar en serio acerca de la descentralización y de lo que debe ser un proceso real de regionalización.

En primer lugar, me parece muy relevante hablar respecto de lo que será la transferencia de competencias.

Me habría gustado que hubiésemos comenzado por ese proyecto, toda vez que, si se traspasan competencias desde el gobierno central a los gobiernos locales y regionales la iniciativa que debatimos hoy, cuya idea de legislar vamos a apoyar, resultará obvia.

Por lo tanto, estamos partiendo un poco al revés, al igual que en la reforma educacional.

Habría preferido saber cuáles serán las atribuciones concretas que tendrán nuestros gobernadores regionales y conocer exactamente qué poder va a tener el Gobierno central con relación a las regiones.

Sin embargo, eso no ocurrió así.

Esperamos tener a la brevedad una respuesta legislativa a ello y que, con el apoyo del Gobierno, contemos con el financiamiento necesario, que resulta fundamental, porque no solamente debemos hablar de atribuciones, sino también de cuántos recursos se entregarán a este proceso de regionalización.

Considero muy importante el acuerdo que se plantea en el texto que aprobó en general la Comisión de Gobierno, en cuanto a que -como bien se establece- "Las modificaciones introducidas a los artículos 111, 112 y 116 entrarán en vigencia" -es decir, la elección, el hecho de que el gobernador regional pueda operar- "una vez publicada la ley orgánica constitucional que fije las atribuciones entregadas a los nuevos gobernadores regionales.".

Eso me parece esencial.

Resulta relevante indicarles a los alcaldes, a los cores, a los representantes de las regiones y de las instituciones que han estado preocupadas de este proceso que estas enmiendas no van a operar mientras no se haya publicado la ley orgánica constitucional que fije las respectivas atribuciones.

Asimismo, "esta ley deberá además determinar un cronograma que fije expresamente la oportunidad y la forma en que se transferirán las competencias que les deban corresponder a los gobiernos regionales.".

Eso es fundamental porque no tiene sentido elegir democráticamente a un gobernador regional si no se le han entregado las competencias necesarias.

En consecuencia, la determinación que tomó la Comisión, que va a aprobar en general el Senado, será una garantía muy importante de que este proyecto no solamente será una declaración de intenciones, un saludo a la bandera, sino que se convertirá en una realidad concreta.

Y por eso resulta primordial que el Ejecutivo les dé mayor celeridad a tales iniciativas.

Es imprescindible que el Gobierno le ponga una urgencia mayor al proyecto que tiene en agenda en esta materia (se encuentra con urgencia "simple"), toda vez que la transferencia de competencias y el fortalecimiento de los gobiernos regionales son sumamente relevantes.

Y después está lo relativo al financiamiento, que es fundamental.

¿Qué sacamos con transferir atribuciones y asegurar la elección democrática del gobernador regional si no se entregan los recursos necesarios?

Eso -bien lo sabe el Ejecutivo - va a ser difícil. En efecto, lograr que el Ministerio de Hacienda, a través de la DIPRES, aporte tales fondos no será fácil.

Para ello, resulta esencial la señal que el Parlamento dé en el día de hoy.

Otro aspecto importante es el concerniente a las plantas municipales.

Bien lo han dicho muchos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra: la verdadera desconcentración al interior de las regiones y la descentralización a nivel nacional parten en la acción de los municipios.

Estos son los organismos que están más cerca de la gente, los que solucionan sus problemas directos. En consecuencia, debieran tener más atribuciones, más recursos y más autonomía.

Quienes representamos a regiones estamos conformes con este primer paso. Consideramos que la presente iniciativa es fundamental para avanzar hacia lo que el país espera.

Asimismo, se habla de elegir al gobernador regional por mayoría simple, como sucede en la elección de alcaldes.

Es relevante reconocer que en tal caso se expresa la voluntad popular. Exigir a ese efecto la mayoría absoluta u otros umbrales altos es complejo, por cuanto, como se ha señalado, dejaría a muchos movimientos regionalistas o a líderes locales en la imposibilidad de acceder al mayor cargo de una región.

Lo primordial es transferir la decisión a la comunidad de cada una de las regiones: que las personas se expresen en las urnas con el fin de elegir a la autoridad que los represente.

Por otro lado, señor Presidente , se anticipa un problema sensible, que habrá que discutir cuando analicemos la transferencia de competencias. Me refiero a lo relativo a los directores de servicios: ¿a quiénes van a obedecer estos en ciertos casos?

Si bien el proyecto establece que se vincularán con los organismos que dependen de la región, cabe consignar que estos son muy pocos. La mayoría de las instituciones públicas pertenece al nivel central y depende de un Ministerio.

Ante ello, es esencial entender cómo los alcaldes en cada una de las regiones obtendrán los recursos, por ejemplo, a través del SERVIU. ¿Por qué no es posible contar con un SERVIU absolutamente regionalizado, que pueda tomar decisiones propias?

¡Para qué hablar de lo planteado en el ámbito de la salud con relación a la falta de especialistas! Es fundamental tener anestesistas y otros profesionales que apoyen el trabajo en las distintas regiones.

Hoy día estamos aprobando -hay que destacarlo- solamente la idea de legislar. En la discusión en particular ciertas situaciones abrirán un debate complejo de resolver.

Con todo, lo importante ahora es entregar una señal clara: estamos disponibles para generar una real descentralización, para posibilitar que las regiones se desarrollen como quieran.

Por ejemplo, me pregunto: ¿por qué CODELCO tiene sus oficinas centrales en Santiago si la mayor producción de cobre está en el norte y en las Regiones de O'Higgins y de Valparaíso?

¡Dicho organismo está en Santiago!

Algo similar pasa cuando una persona pide un crédito: ¡todo se consulta a la Capital!

Se trata de un tema cultural, que hay que empezar a cambiar. Nuestra vida política y social debe cambiar culturalmente.

Nosotros, como representantes de las regiones, tenemos la obligación de imponer nuestra visión desde el Parlamento. ¡No podemos continuar permitiendo que en esta materia nos impongan una forma de enfrentar la situación! Muchas veces se logran acuerdos políticos, pero a la larga el centralismo sigue mandando.

En consecuencia, señor Presidente , voto a favor de la idea de legislar, sin perjuicio de estar muy presente durante el debate en particular en la formulación de indicaciones, y no solamente respecto de esta iniciativa, sino también de otras tan o más importantes, como la que regula el proceso de transferencia de competencias desde el Gobierno central a las regiones.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Quiero saludar a don Marco Antonio Mellado, Presidente de la Federación Nacional de Funcionarios de los Gobiernos Regionales (FENAFGORE), y a través de él, a todos los funcionarios de los GORE, quienes obviamente están muy interesados en este proyecto.

Deseo saludar también al Alcalde de Valparaíso, don Jorge Castro -vi que llegó-, y a todas las concejalas y a los concejales que nos acompañan.

Tiene la palabra la Senadora señora Lily Pérez.

La señora PÉREZ ( doña Lily).-

Señor Presidente , parto saludando al Alcalde de Quintero , don Mauricio Carrasco ; al Alcalde de Cabildo, don Patricio Aliaga ; a los concejales de ambas comunas, y a la gente del Aconcagua, que aspira a que por fin nos convirtamos en región.

La actual Presidenta prometió durante su campaña que se iba a crear la Región de Aconcagua. ¡Obviamente, promesa incumplida!

Por lo mismo, reitero, una vez más, toda mi admiración a los regionalistas y municipalistas. En todos los gobiernos, de todos los colores políticos, les han ofrecido y prometido cosas, las que no se han concretado.

Deseo manifestar mi admiración a todos los sectores políticos, a los alcaldes, a las alcaldesas, a los concejales, a las concejalas, a los miembros de los gobiernos regionales, a los funcionarios municipales y a todos quienes trabajan por hacer de Chile un mejor país: uno más descentralizado y regionalista de verdad.

En general, durante las campañas hay mucho papel y se reúnen firmas; pero el resultado posterior suele terminar en promesas incumplidas.

Un ejemplo: durante la última campaña presidencial, en la plaza de San Felipe, en nuestra zona, la actual Presidenta se comprometió con la gente a crear la Región de Aconcagua, pero ya vamos en el tercer año de Gobierno y no hay atisbo de ella.

¡Para qué hablar de la sala itinerante que se ha pedido a la Corte de Apelaciones de Valparaíso! Una vez más se ha rechazado tal alternativa, por flojera. Y lo digo con todas sus letras: ¡por flojera! No es por otra cosa: este tribunal tiene la competencia y la jurisdicción para resolver lo solicitado.

Dicho eso, señor Presidente , cabe señalar que ningún gobierno, hasta el momento, ha tenido una visión estratégica para lograr una real descentralización y regionalización de carácter político, administrativo y económico.

Obviamente, voy a votar a favor el proyecto en general. Los regionalistas nos piden que lo apoyemos, y así lo haré. Pero hago presente que, en lo personal, su contenido me deja profundamente insatisfecha.

En materia política, si bien el gobernador regional va a ser elegido de forma directa, tendrá encima a una especie de comisario político perteneciente al gobierno de turno, fiscalizando y coordinando, lo cual le impedirá a aquel, en la práctica, representar realmente los intereses de la región.

Los intendentes en Chile desde siempre han sido funcionarios designados a dedo por la administración de turno.

En la Cámara Baja fui una de las primeras en firmar, junto con los entonces Diputados Víctor Barrueto y Esteban Valenzuela, un proyecto de ley para posibilitar la elección directa de los intendentes.

Hasta ahora se trata de funcionarios que no representan, salvo contadísimas excepciones, los intereses de las regiones, sino los de los gobiernos que los designan.

Y nosotros lo sabemos bien en la Región de Valparaíso Cordillera: los intendentes solo van al Aconcagua cuando se presenta algún desastre o una emergencia. ¡En general, nunca están!

Un segundo aspecto sobre la descentralización política es que no basta con la elección directa, aunque, por supuesto, constituye un paso importante.

¿Qué quiere la mayoría de los partidos tradicionales y más grandes? Que haya segunda vuelta y que se fije un porcentaje mínimo de votos. Es como exigirles a los parlamentarios, a algunos de los que están aquí sentados, que logren como mínimo un 20 por ciento de los votos en la elección.

¡Eso no les quita legitimidad!

Lo importante es que el gobernador regional, al igual como sucede con un alcalde, saque la primera mayoría de los votos. No me interesa si obtiene más del 50 por ciento; lo relevante es que tenga apoyo ciudadano, más allá del color político que represente.

Al respecto, hago un llamado de atención en esta Sala: muchos Senadores han hecho alarde hoy de su regionalismo y han expresado distintas citas; pero, cuando tuvieron la oportunidad de votar a favor de la existencia de partidos regionales -idea respaldada por algunos de nosotros-, ni se arrugaron para pronunciarse en contra. ¡Rechazaron tal posibilidad!

Entonces, cuando hablan aquí de darles espacio a los movimientos locales para que el regionalismo tenga expresión política, yo les recuerdo que en aquella oportunidad votaron en contra.

Que escuche bien la gente que está en las tribunas: no van a existir los partidos regionales con aportes del Estado, a diferencia de lo que sucederá con el resto de las colectividades políticas. Ello, porque para que aquellos reciban recursos estatales será necesario que tengan, a lo menos, cuatro parlamentarios electos en dos regiones distintas.

Cerrado ese paréntesis, cabe consignar que la descentralización política implica, en la práctica, perder poder. Y no veo a ningún Gobierno, ni al que yo apoyé -me refiero al del Presidente Piñera - ni al actual, haciendo una pega real en esa dirección, para propiciar de verdad una dispersión del poder.

En materia económica, ¿qué queremos los regionalistas? Que los gobiernos regionales (con sus cores y demás autoridades electas democráticamente) sean los que decidan qué hacer con las platas recaudadas de los impuestos que se pagan en las regiones.

El Ministerio de Vivienda es uno de los organismos más centralizados del país, al igual que el de Obras Públicas. ¿Por qué la Dirección de Vialidad es la que decide la pavimentación de una calle en la comuna de Santa María, en la zona del Aconcagua? ¿Por qué no toma esa decisión el propio GORE de Valparaíso?

Entonces, si no se logra una descentralización en el plano económico, todo se seguirá leyendo muy bonito en el papel, se oirá muy bien en el discurso, pero no vamos a tener una regionalización real.

Por último, me voy a referir a la descentralización de carácter administrativo.

Hay que traspasar competencias a las regiones, pero con recursos. Eso es lo óptimo. Siempre decimos lo mismo con relación a los municipios.

Yo fui concejala y estoy muy orgullosa de haber desempeñado ese cargo. Creo ser una de las pocas concejalas que han llegado al Senado, y por eso tengo muy clara la situación. Si se entregan atribuciones y no los fondos suficientes, vamos a generar solamente elementos para hacer buenos discursos, pero dejaremos a los gobiernos regionales sin posibilidad de efectuar una buena ejecución.

Por esa razón, el traspaso administrativo de competencias del GORE al nuevo delegado regional ¡quitará atribuciones a los cores!

¿Quién tendrá las facultades? El comisario político.

¿Dispondrá de ellas la autoridad regional que será elegida popularmente? Lo más probable es que no.

Sin duda, en la práctica las cosas van mejorando. El hecho de que a futuro podamos contar con un gobernador regional electo de forma directa nos dará más opciones para ir realizando, culturalmente, los cambios que las regiones necesitan.

Sin embargo, ello no será suficiente si no existe una real voluntad política. Da lo mismo el color político del Ejecutivo que impulse esos cambios: lo importante es concretarlos. La cuestión de fondo es que la Administración que lo haga debe estar dispuesta a perder poder. Y el problema es que las personas que llegan al Gobierno no lo quieren perder.

Descentralizar económicamente una región para que esta decida qué hacer con sus impuestos ¡es dispersar poder!

Permitir que existan partidos regionales y que ellos resuelvan quiénes serán sus cabezas ¡es dispersar poder!

Dejar que las regiones, a través de las autoridades electas de los gobiernos regionales, puedan decidir autónomamente cómo utilizar sus recursos ¡es perder poder!

Lo que me preocupa es que no veo esa voluntad, en general.

Por todo lo anterior y tal como me lo han pedido, voy a respaldar la idea de legislar. Pero votaré de acuerdo a lo que pienso cuando analicemos la iniciativa en particular: rechazaré algunas normas y presentaré varias indicaciones.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Quiero saludar al Presidente del Consejo Regional de Aisén, don Miguel Ángel Calisto, a quien veo en las tribunas.

También deseo solicitar a la Sala que, en caso de que se apruebe esta reforma constitucional, se establezca como plazo para presentar indicaciones el 24 de marzo, a las 12.

--Así se acuerda.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.

La señora VON BAER.-

Señor Presidente, saludo a todas las personas que hoy nos acompañan en las tribunas y que usted ya ha nombrado: a todos los regionalistas, a los alcaldes, a los representantes de los cores, a los concejales.

Les quiero transmitir la alegría por estar viviendo un día histórico, uno muy importante. Quizás, no nos damos cuenta de lo relevante que será esta votación para nuestro país. Si la reforma constitucional en análisis se transforma en lo que espera el ciudadano de regiones, entonces se producirá un cambio fundamental en lo concerniente a la toma de decisiones en el aparato público de nuestro país.

Pero también podría suceder -como se advierte en parte de los discursos de los propios Senadores- que dicho paso no sea tan trascendente y que nuevamente estemos alimentando muchas esperanzas y llenando de expectativas a las regiones para terminar transformando aquellas en una profunda frustración.

Quienes crecimos y hoy vivimos en regiones sabemos que la gente que cree en la democracia no va a soportar una frustración más en manos del centralismo de nuestro país.

Ello obedece a un hecho básico, como se ha señalado acá: esta iniciativa busca asegurar la elección directa de la máxima autoridad regional, pero se trata solo de la reforma constitucional. Este marco no implica que se van a transferir las competencias pertinentes y tampoco que se entregarán los fondos necesarios a ese efecto. No está garantizada la transferencia de poder de decisión a las regiones.

Puede que en estas se celebre la reforma constitucional, pero luego las personas, en su día a día, no verán un cambio real y menos que las decisiones se tomen más cerca de ellas.

La mayoría de los ciudadanos -y esto lo muestran todas las encuestas-, así como la mayoría del Senado -acaso no, la unanimidad-, está a favor de la elección popular de la máxima autoridad regional. Todos creen -es lo que piensa la gente en regiones- que esta iniciativa significará una descentralización de verdad y que las decisiones se tomarán en el ámbito local.

Por ejemplo, se piensa que las regiones van a poder determinar cuáles obras públicas se realizarán primero y cuáles después, y que esa materia ya no se resolverá en Santiago. También se cree que los municipios definirán qué calles pavimentar y que parte del poder del Ministerio de Vivienda estará radicado en las regiones.

Pues bien, considerando el texto de la iniciativa que se nos presenta hoy, les cuento que todo aquello no va a ser así.

Probablemente, si le preguntamos a cualquier ciudadano qué implica elegir al gobernador regional, nos daremos cuenta de que él imagina que los seremis van a depender de dicha autoridad electa. Pero esto tampoco se encuentra consignado en la reforma constitucional.

Por lo tanto, puede ser que el "gobernador regional", como lo denominamos finalmente -después voy a explicar por qué-, luego de ser elegido, se sentará en su escritorio y tendrá muy poco que hacer. Y buscamos solucionar eso en parte, dentro de lo que se pueda, con la reforma constitucional que hoy día se presenta.

Yo sé que los consejeros regionales se encuentran muy preocupados por el tema en análisis, porque tampoco se resuelve aún cuál va a ser su nuevo rol.

¿Será uno mucho más disminuido que el actual? Es la preocupación existente hoy. ¿O serán reales fiscalizadores y ejercerán una efectiva injerencia sobre las decisiones que se tomen en regiones?

Esas cuestiones tampoco se resuelven en esta reforma constitucional.

Entonces, ¿podemos estar contentos aquellos que creemos realmente en la descentralización? Yo creo que sí, porque estamos encontrando un consenso -y lo decían algunos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra- en el sentido de que este es un tema importante: hay que elegir a la máxima autoridad regional.

Ahora bien, el texto que estamos votando hoy día es muy distinto al proyecto original enviado por el Gobierno.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo en un principio básicamente hacía tres cosas: uno, decía que se iba a elegir al intendente; dos, establecía que el gobernador regional iba a ser nombrado por el Presidente o la Presidenta de la República , y tres, en su artículo transitorio disponía que "Una vez que asuman los intendentes conforme las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, cesarán de pleno derecho en sus funciones los presidentes de los consejos regionales. Asimismo, desde que asuman estas autoridades electas, las normas legales que atribuyan funciones al intendente se entenderán referidas al gobernador regional".

Por lo tanto, ¿qué sucedía? Que todos los seremis y servicios que dependían del intendente pasaban a manos del gobernador regional, quien, a su vez, era nombrado por el Presidente de la República .

Y ello generó un rechazo bastante transversal en regiones. Allí se preguntaba: "¿Para qué vamos a elegir a una autoridad si finalmente todo el poder y los seremis van a quedar bajo la tutela de la persona (gobernador regional) nombrada por el Presidente de la República ?".

De ahí que en la Comisión de Gobierno, con la ayuda de los regionalistas y mediante la presentación de varias iniciativas en forma transversal, intentamos, a través de la reforma constitucional pertinente, darle mayor profundidad a la elección de la nueva autoridad regional, o sea, ir un paso más allá de lo que estaba planteando el Ejecutivo .

Por eso que, primero, se le cambió el nombre a la autoridad. Y ahora no se elige al intendente, sino al gobernador regional. Podemos discutir si se trata de la mejor denominación. Pero tratamos, de alguna manera, de colocar una señal en la Constitución en el sentido de que la persona electa es la más importante, de modo que esa noción rija luego en las reformas a la ley orgánica constitucional respectiva.

En segundo término, y lo creo tremendamente relevante -así lo manifestaron varios Senadores que hablaron con anterioridad-, con la elección de la autoridad el proceso no se agota. Uno podría señalar que la elección es un paso que debiera venir después de que definamos cuáles serán las competencias del nuevo gobernador.

La nueva autoridad regional puede quedarse sin ninguna competencia o con muchas.

No es posible regular lo anterior en la Constitución, pues eso ha de hacerse en la ley orgánica constitucional pertinente.

Y esa materia viene en el proyecto sobre transferencia de competencias, que en este momento se tramita en la Cámara de Diputados, por lo que no hemos podido discutir los temas en conjunto.

¿Qué buscamos hacer, entonces, en la reforma constitucional? Esta es una redacción de los parlamentarios. Nosotros pensamos que la transferencia de competencias tiene que venir en conjunto con la asignación de fondos para que las competencias traspasadas sean reales.

Y luego dijimos que la transferencia de competencias ha de ser real, o sea, que ojalá las decisiones se tomen más cerca, es decir, en los municipios cuando corresponda a temas de su ámbito; luego, en los gobiernos regionales cuando representen materias de interés regional, y en el gobierno central solo cuando no se puedan decidir en el gobierno regional ni en el comunal.

¿Qué debemos evitar?

Primero, que esta sea una reforma constitucional...

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Ha concluido su tiempo, señora Senadora.

Dispone de un minuto adicional.

La señora VON BAER.-

Muchas gracias.

Decía que tenemos que impedir que esta sea una reforma constitucional que frustre a las regiones.

Adicionalmente, debemos evitar entregar atribuciones a las regiones sin los fondos correspondientes, que es lo que ha ocurrido tradicionalmente con los municipios.

En tercer lugar, tenemos que impedir que exista poca claridad respecto al ámbito de competencia de la autoridad nombrada por el Presidente de la República y al ámbito de competencia de la figura electa por los ciudadanos.

Lo que no nos debe suceder es que tengamos dos autoridades a nivel regional que terminen peleando por las pocas atribuciones y por los escasos fondos disponibles. Eso no puede pasar. Y nos cabe la responsabilidad, como Congreso y también como Ejecutivo , de evitarlo.

Señor Presidente, nosotros buscamos que el texto de la reforma, tal como lo votamos en la Comisión de Gobierno, fuera como el de la Constitución francesa...

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Desgraciadamente, no le puedo dar más tiempo.

La señora VON BAER.-

Permítame terminar.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Muy bien.

La señora VON BAER.-

Decía que buscábamos que fuera como la Constitución francesa: que exista una salvaguarda en el sentido de que la transferencia de competencias vaya acompañada de los fondos.

Es nuestra responsabilidad, señor Presidente, que la reforma en análisis signifique realmente una descentralización y no sea nuevamente una frustración para nuestras regiones.

Muchas Gracias.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Informo a la Sala que hay dieciocho Senadores inscritos, si cada uno interviene diez minutos, será un poquito extensa la sesión.

Por eso, pido el acuerdo para limitar las intervenciones a cinco minutos.

El señor PROKURICA.-

¡Cómo! ¡Si los demás colegas tuvieron tiempo!

El señor LARRAÍN.-

Podemos seguir mañana.

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-

Sigamos mañana.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Estoy preguntando, solamente.

¡En pedir no hay engaño...!

¿Podemos rebajarlo a siete minutos?

El señor PROKURICA.-

No.

El señor LARRAÍN.-

Mejor sigamos mañana.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.-

Voy a sintetizar, señor Presidente.

Quiero comenzar mi intervención con una reflexión personal.

Hasta fines de los años ochenta, prácticamente viví casi la mitad de mi vida en Magallanes. Y conocí verdaderamente lo que significaba el aislamiento, el estar solo, el que todas las decisiones se tomaran en la Capital. Por esas cosas de la vida, residí en Santiago más de veinte años. Y hoy día estoy viviendo ya prácticamente por casi tres años en la Región de Los Lagos.

Y el sentimiento que me embarga, al ver la realidad y volver a regiones, es que desde fines de los años ochenta hasta ahora es muy poco lo que se ha avanzado en materia de descentralización y regionalización.

Entendiendo eso, quiero señalar que no se halla en discusión el hecho de que la autoridad, hoy llamada "gobernador regional", sea electa democráticamente. Lo que está en debate es cómo hacemos una reforma constitucional y cómo avanzamos en la descentralización de manera correcta.

Sé que en las últimas décadas se puede haber ofrecido mucho, puede haber habido muchos discursos muy elocuentes sobre el particular, pero la evaluación final es que en materia de descentralización y regionalización hemos quedado estancados.

Para la historia de la ley siempre es bueno, aunque muchas veces se puedan repetir los argumentos, que uno como Senador, sobre todo de regiones, deje plasmadas algunas cosas que quizás ya se han dicho. Fundamentalmente, aprensiones acerca de por qué razón uno pudiese estar dispuesto a votar que no. Pero no porque no quiera elecciones democráticas, sino porque, lamentablemente, si bien el proyecto se fue modificando con el aporte de distintos actores y hoy tenemos un texto que, a mi juicio, es menos malo que el primero que presentó el Ejecutivo , tenemos aprensiones.

¿Cuáles son las aprensiones?

En primer lugar, si con la iniciativa el Gobierno busca una descentralización real, debe promover una modificación legal en la cual se indiquen claramente cuáles serán las competencias a traspasar, junto con los recursos tanto humanos como financieros para ejecutarlas, considerando que el gobernador regional tendrá entre sus funciones el ordenamiento territorial y no se puede poner en juego el destino de una región.

En paralelo a la reforma en análisis, se debe avanzar en materia de descentralización fiscal y administrativa, ya que sin haber claridad en estos puntos resulta difícil impulsar este proceso de manera efectiva.

No existe certeza -aquí se ha dicho- acerca de cómo se realizará administrativamente el traspaso de competencias, lo cual, sin duda, generará preocupación e incertidumbre en los funcionarios públicos que tendrán cambios de dependencia.

Lo más complejo quizás es que la elección de gobernador regional puede terminar siendo una traba mayor para la descentralización, pues cuando existan autoridades regionales electas de una coalición política distinta a la del Gobierno central será más difícil el traspaso de recursos y atribuciones desde el Gobierno central al regional. En este sentido, las únicas perjudicadas serán las comunidades, especialmente de zonas aisladas, que han sido postergadas por años en la solución de sus problemas reales.

Necesitamos mayor claridad respecto de los tiempos de aprobación y del detalle de los proyectos anexos a la reforma constitucional, como lo es la modernización del sistema municipal, pues sin un empoderamiento de los gobiernos locales esta reforma no tiene futuro.

Además, no solo es necesario flexibilizar las plantas de funcionarios, sino que además contar con un capital humano técnico con la capacidad de levantar proyectos, para que las comunas más pequeñas no se queden atrás en la adjudicación de financiamiento por la falta de capacidad de gestión técnica.

Represento a 32 comunas, desde San Juan de la Costa, pasando por San Pablo , Osorno , hasta Futaleufú, Palena y Chaitén . En atención a ello, a mi juicio, debe haber un trato especial para los municipios más aislados y extremos.

Finalmente, creo que es necesario saber cuánto le costará a nuestro país esta reforma, ya que no podemos seguir aprobando loables iniciativas pero que en definitiva constituyen cambios que no cuentan con un detalle, con recursos y con finanzas fiscales necesarias para asumirlos.

Pero lo que me motiva exclusivamente a votar a favor es el hecho de que se trata de un voto político, de decir: "En esta reforma voto a favor de la descentralización".

Voto que sí a favor de la descentralización.

Voto que sí porque no podemos contener la inercia. Aquí hay una inercia, un trabajo de personas que por años han liderado el proceso de descentralización, muchas organizaciones, muchos individuos que, en forma anónima y a través de distintas instituciones, han desarrollado un trabajo y no han sido escuchados.

Hoy conversaba con alguien de mucha experiencia en esta materia, y me decía: "No podemos contener esa inercia; si votamos que no y esperamos que el Gobierno mejore el proyecto, quedaremos entrampados y no avanzaremos".

Voto que sí porque no queremos contener esa inercia legislativa, esa voluntad de avanzar en forma gradual, independiente de los errores y de las aprensiones.

Y voto que sí por el inicio de un proceso, una señal política a las regiones.

Esperamos que en este proceso que comienza el día de hoy el Gobierno, los legisladores tengamos la capacidad de fortalecer esta legislación, hacernos cargo de las aprensiones, de ciertos detalles que son importantes para la convivencia de una región, precisamente por todo lo que se ha dicho acá.

En varias oportunidades se ha expresado: ¿Qué pasa cuando un gobierno es distinto al otro? ¿Cómo se nombran los seremis? ¿Cómo es el traspaso de las competencias? ¿Cómo se asignan los recursos? Entonces, hay temores fundados.

Por eso, señor Presidente , como señal política, como un premio a aquellas personas que durante años han perseverado en la lucha por la descentralización y la regionalización, por lo que representa esta reforma, voto que sí, esperando que corrijamos lo que hemos considerado errores.

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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Antes de dar la palabra al Senador señor Navarro, saludamos a los amigos y las amigas presentes en las tribunas.

En primer término, a la Unión Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (UFEMUCH), representada por su Presidente , don Víctor Mora, de Temuco; por su Vicepresidenta, doña Marisol Pinto, de El Bosque; por su Secretario , don Antonio Parraguez, de Río Bueno, y por los directores Christian Gajardo, de Quinta Normal; Miguel Ángel Gómez, de Puerto Montt, y Ximena Órdenes, de La Calera.

También saludo a la Federación Regional Metropolitana de Funcionarios Municipales (ARMEFUM), representada por su Presidenta , la señora Teresa Román, de Pedro Aguirre Cerda, y por don Pedro Zúñiga, de Estación Central.

Saludos cordiales y muy bienvenidos.

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La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señora Presidenta, me prometí no volver a votar un parche a esta espuria, obscena y nauseabunda Constitución del 80. Porque seguir parchándola es continuar reparando algo que se cae, algo obsoleto, algo que ya no sirve para el siglo XXI, y que representa un pasado que queremos dejar atrás.

La Carta de 1980 tiene que dar paso a una nueva Constitución.

Hoy -digámoslo- le estamos poniendo un parche a esta nauseabunda Constitución. Además, necesitamos los votos de la Derecha. Se requieren 22 votos y la Nueva Mayoría tiene 21. Por tanto, incluso para este parche -la mera elección de una autoridad regional- se requiere el concurso de la Derecha.

Ojalá contemos con el voto faltante, porque espero que esta sea la última vez que vote una reforma constitucional. Y ojalá la próxima vez nos pronunciemos para establecer una nueva Constitución que ponga fin a la transición.

La transición en Chile terminará con una nueva Constitución, no con un Gobierno de Derecha, no con el regreso de un histórico Presidente . Concluye con una nueva Constitución.

¡Fin! ¡Fuera a la Constitución de Pinochet!

En esta reforma constitucional se establece un límite a la reelección de la autoridad regional: "podrá ser reelegido por una sola vez". ¡Pero si el Congreso no ha sido capaz de ponerle límites a la elección parlamentaria!

Este es el primer caso en que se limita la reelección de una autoridad popular.

Yo he sostenido que en el Parlamento lleguemos a tres períodos como máximo para los Diputados y a dos períodos para los Senadores, y que vayamos el 2017 a renovación completa. ¡Pero no!

En este caso incorporamos un límite a la reelección de la autoridad regional y hemos sido incapaces de limitar nuestra propia reelección. No parece coherente. ¡Es más bien una introducción incoherente! Porque los parlamentarios debieran haber sido capaces de poner límites a su propia reelección.

Este ha sido un largo camino, de doscientos años.

Cuando prometí, dije: "Prometo por una nueva Constitución".

¡No estamos dando un paso más! ¡Estamos gateando, para ser muy francos!

Si algunos califican esta reforma como un paso, creo que deben de ser demasiado optimistas. Cuando haya transferencia de atribuciones, habremos complementado este gateo con un paso preliminar.

Por cierto, aquí habrá una dificultad -y existe- de transferencia de poder.

Esta reforma es infinitamente superior a lo que hoy día tenemos. ¡Eso es claro! Lo decía Esteban Valenzuela: "Es mucho mejor que lo que tenemos". Pero sigue siendo insuficiente respecto a lo que esperamos.

Además, sigue siendo inexplicable que, habiendo esta abrumadora mayoría regionalista en un Senado en que, de los 38, ¡34 son Senadores de regiones!, hayan pasado 26 años o los últimos períodos sin poder hacer algo más a favor de la regionalización, ¡siendo 34 Senadores de regiones!

En mi Región son 14 Diputados y 4 Senadores, pero no tenemos Parlamento regional.

Más de alguna vez he convocado y planteado formar el Parlamento de la Región del Biobío (14 Diputados, 4 Senadores) para pelear por la Región. ¡Pero no hay caso! No existe posibilidad alguna de conformar un órgano que represente a nuestra Región. Y veo que esa es la experiencia en el resto de las regiones.

Hoy día, si establecemos la elección directa del intendente -lo quiero señalar claramente-, daremos un golpe a la monarquía presidencial.

Esa es la principal característica de la Constitución del 80: una anomalía de un país que centraliza todo en la figura del Presidente de la República .

Para una verdadera descentralización -en las tribunas se encuentra la mayoría de quienes han luchado firmemente por el regionalismo-, habría que partir por algo muy clave: llevarse de vuelta el Parlamento, cuya sede se halla radicada en Valparaíso. Porque para nada ha contribuido a una verdadera regionalización.

Yo estaría por dos ministerios para la Quinta Región, el de la Cultura y el de Pesca, y no tener acá este "adorno" que, además, cuesta miles de millones.

Le he preguntado al Gobierno diez, veinte veces cuántos miles de millones cuesta mantener el Parlamento en Valparaíso. Chile es el único país del mundo donde el Ejecutivo está separado del Legislativo.

Porque antiguamente este lugar lo ocupaba el Hospital Deformes. En él nació el capitán general. Hay, pues, todo un hecho significativo en ello.

Pero el Congreso en Valparaíso poco y nada ha contribuido a la descentralización.

Yo preferiría dos ministerios en la Quinta Región; CODELCO en Rancagua: es decir, una descentralización concreta y real más que nominativa o figurativa.

Aquí se ha hablado de los elementos centrales de este proyecto.

En primer lugar, del nombre: ¡bien!

Los intendentes vienen de la época de la monarquía española; también formaron parte de la naciente República de Chile.

Ahora se les va a llamar "gobernadores regionales".

En verdad, no hay que comprarse ese debate. No es importante si se denominan "intendentes" o "gobernadores regionales". Lo relevante es qué atribuciones van a tener.

Porque hoy día los intendentes cuentan con poder.

Aquí hay Senadores que han sido intendentes, y saben que efectivamente se puede ejercer poder.

El señor PROKURICA .-

¡O intendentas!

El señor NAVARRO.-

O intendentas, como me puntualiza un señor Senador.

Sobre el particular, hay que señalar que, con las facultades que les estamos entregando hoy a los intendentes, habrá una disminución en sus atribuciones. Es decir, existirá la contradicción de que cuando a este se le exija aumentar el número de viviendas tendrá que ir a Santiago a conversar con la Ministra respectiva, pues aquello no dependerá de él; o en momentos en que deba resolver materias vinculadas con salud, el intendente no va a desarmar la marcha: ¡tendrá que encabezarla hacia Santiago ! Ello, porque estará obligado a representar el interés de quienes lo eligieron.

Creo que ahí se formará un conflicto.

Entonces, si no queremos conflicto entre el Gobierno central y los gobiernos regionales, démosle poder al Gobierno regional para que tenga la capacidad de resolver sus propias contradicciones, sus propias demandas.

Aquí se evitó un debate paralelo entre las atribuciones y la elección. No fue posible. En tal sentido, me parece que el traspaso de las competencias debe ser paralelo al proyecto sobre elección directa de los intendentes.

Hay que decirlo: el intendente va a encabezar un proceso de autonomía.

Luego, ¿cuál es la dificultad de la fórmula de elección?

Digámoslo francamente: existe un problema político; hay un cálculo electoral.

Si se eligen por simple mayoría, existe la posibilidad de que los quince intendentes (hoy día se dividen en tres o cuatro partidos de la Nueva Mayoría y no en los siete que la conforman) deban renunciar. Porque con el referido quorum habrá liderazgos regionales; con mayoría absoluta, existirán acuerdos políticos: "Yo te apoyo en Arica, tú en Biobío".

Ese va a ser el asunto. Y la UDI va a renunciar, por ejemplo, a una candidatura legítima para intendente en la Novena Región por el apoyo en la Tercera.

Habrá acuerdo político legítimo, pues así opera la democracia en Chile.

Pero para ello debe existir un debate muy transparente ante la sociedad, a fin de que se sepa que la elección del intendente estará regulada por normas muy similares a las que rigen hoy día respecto de los comicios parlamentarios.

La Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE) ha señalado -cuestión que deberemos analizar- que el 82 por ciento de los funcionarios del gobierno regional están en una condición de vulnerabilidad contractual.

Hay que preocuparse de ello.

O sea, debe tratarse de un traspaso de atribuciones y de una elección que no conlleven a que al intendente electo -tal cual ocurrió en el pasado- le saquen los funcionarios de todos los servicios y que esos cargos se llenen con gente que nadie quiere.

Ciertamente, deben mantenerse los que están. Hay que efectuar evaluaciones. Tiene que asegurarse la estabilidad laboral de los actuales funcionarios de los gobiernos regionales si queremos continuidad.

Han de establecerse, además, impuestos regionales.

Se lo planteamos en su momento al Ministro Alberto Arenas: en la reforma tributaria deben contemplarse impuestos regionales. Ello, con el fin de que las regiones puedan dejarse una parte de la producción de materias primas, pues eso constituye de manera natural un elemento de su fortaleza.

Eso no ocurre hoy día ni siquiera con las patentes; pero se trata de una cuestión ineludible.

Si no tenemos capacidad para determinar impuestos regionales, ni una mínima autonomía financiera, las atribuciones no valdrán nada, ya que cada vez que exista la necesidad de construir una obra pública o de resolver cierto problema tendremos que ver cómo nos abuenamos con el Presidente de turno, con el monarca presidencial. Porque, por mucho que hoy día elijamos directamente a los intendentes, la Constitución nauseabunda que nos rige sigue siendo monárquica, presidencialista.

Aquí hay que sincerar el mecanismo para elegir a los intendentes, pero también hemos de ver con cuáles facultades no contarán.

No hay que engañar a la ciudadanía diciéndole que los intendentes poseerán las mismas atribuciones.

En Francia solo las facultades referidas al orden público, a la defensa y a las relaciones exteriores se hallan radicadas en el Presidente de la República. El resto de ellas están descentralizadas.

Acá un conjunto importante de funciones sociales, políticas, de infraestructura, de obras van a quedar en manos del Gobierno central.

Entonces, para los regionalistas de verdad, no los de papel lustre -porque, al final, después de tantos años uno ha conocido de todo-, vamos a apoyar este proyecto de ley. Pero también queremos que se efectúe un debate sobre la reforma real: el traspaso de atribuciones y, en particular, la forma como vamos a elegir al intendente.

Porque, como dijo la Senadora Lily Pérez , se mataron a los partidos regionales. Se llevó a cabo una acción deliberada para que un partido de regiones que tenga tres Diputados y 4,5 por ciento de la votación nacional se disuelva, sin tener siquiera la posibilidad de fusionarse.

Esa es parte de las cuestiones que se han realizado para disminuir el poder regional, pues se les teme a los caudillismos, a los liderazgos, a las regiones.

Señor Presidente , yo diría que ha llegado la hora de la verdad, no en el proyecto que ahora nos ocupa -porque todos estamos de acuerdo en que hay que elegir al intendente-, para ver qué atribuciones les vamos a dar a los intendentes, a los consejeros regionales y qué posibilidades reales de financiamiento tendrán las regiones.

Respecto de esos tres puntos sabremos si estamos hablando de verdad de descentralización y de regionalización, y no solo de elección popular.

¡Un intendente sin financiamiento y sin poder no le sirve a él, ni a la región, ni a su partido!

Voto a favor.

Durante la discusión particular expondremos los alcances de las materias que ahora planteé.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Quiero saludar al Presidente de la Junta de Adelanto del Maule, don Jorge Navarrete.

¡Bienvenido a esta sesión!

A continuación, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.

El señor PROKURICA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, permítame saludar a don Heinrich von Baer, a Esteban Valenzuela y a todos quienes de alguna forma han sido responsables de esta lucha a favor de la regionalización. Ellos han trabajado durante largo tiempo; han recorrido nuestro país. Y a veces siento que aquello no se halla representado plenamente en este proyecto de ley.

Yo escuché a un Senador oficialista decir que "estamos dando un paso histórico y gigantesco".

Sobre el particular, estoy más cerca del Senador Navarro: a mi juicio, no se trata de un paso histórico ni gigantesco. Sí, es importante.

Nuestra nación es demasiado centralista: en lo político, en lo económico, en materia de infraestructura, en la educación, en la cultura, en fin. O sea, ¡en todo!

Los candidatos presidenciales -así lo hemos hecho quienes alguna vez realizamos campañas- hablan de las desigualdades. Yo creo que la mayor desigualdad que existe es la que experimenta una persona que vive en regiones versus aquella que lo hace en Santiago.

Hay muchos ejemplos al respecto.

En materia de transportes e infraestructura, la Carretera Austral, una de las obras más importantes de nuestro país, lleva 50 años sin terminarse. Y en Santiago, el Transantiago se comió 7 mil millones de dólares.

¡Así de simple!

En infraestructura, todo el norte de nuestro país, que con su cobre y sus minerales financiaron la construcción de la carretera Panamericana, que une a Chile entero, ¡es la única parte de nuestro territorio que carece de doble vía...!

¿No le parece injusto, señora Presidenta?

Solo este mes Atacama, después de un tremendo esfuerzo y de una lucha con todos los Gobiernos -y agradezco al Presidente Piñera , quien dio el primer paso-, se podrá unir a nuestro país con doble vía, con el riesgo que eso significa.

Pero aquí nadie ha hablado de una materia que concentra el principal punto de centralismo de Chile: los partidos políticos, que son las instituciones más centralistas de nuestro país.

¿Y por qué lo señalo? Porque aquí se habla de las regiones, ¡y en el Parlamento estamos llenos de santiaguinos que las representan...!

Esa también es una modificación que hemos de efectuar.

No nos equivoquemos, señora Presidenta : la gente en las regiones quiere que, a través de las cuestiones que estamos planteando, logremos los cambios necesarios para que puedan superar sus problemas históricos; para que nunca más -como lo señalaron acá algunos Honorables colegas- el hijo enfermo de una persona de Vallenar, de Copiapó, de Chañaral, de Diego de Almagro tenga que viajar a Santiago, o a Antofagasta, porque en la Región de Atacama no hay dónde tratar el cáncer.

Entonces, es preciso que la infraestructura sea del mismo nivel; que en las regiones productivas tengamos algunos beneficios derivados de las riquezas que se aportan al país.

Cada cinco años 400 mil chilenos de regiones se van a vivir a Santiago.

Ello les causa un tremendo daño no solo a las regiones, sino también al propio Santiago , ciudad colapsada, contaminada, con altos índices de delincuencia y que evidencia los problemas que todos conocemos.

Los profesionales más exitosos, los empresarios de regiones a quienes les va bien, ¿qué hacen? Se trasladan con sus instalaciones a la Capital.

En tal sentido -y aquí tengo ciertamente una opinión distinta del Senador Navarro-, me parece que el Congreso en la Región de Valparaíso ha sido un aporte y ha resultado bueno para nuestra democracia.

Pero digamos las cosas como son: hay un verdadero tsunami histórico en materia de centralismo en Chile.

La gente se va a Santiago; esa es su aspiración. Ello, porque allí puede acceder a una mejor educación, a más cultura, a una infraestructura mayor, a buenos precios, a mejor calidad de vida.

¿Y el resto? Bueno, se las arregla de alguna manera.

Ya lo señaló un Senador acá: pasan los años, uno recorre las regiones, incluso las más productivas, como Antofagasta y Atacama , y ve que las cosas siguen relativamente igual; pero viaja a Santiago, y observa todos los días edificios enormes, más y más infraestructura, más y más gente.

Entonces, ¿qué estamos construyendo? Una tremenda desigualdad entre las regiones y Santiago .

A través de los cambios propuestos no solo pretendemos que el gobernador regional se elija en forma democrática y directa.

Si voy a mi Región y les digo a las personas que elegiremos democráticamente al gobernador regional, reaccionarán sin duda con una risotada.

Señora Presidenta , la gente espera que este sea el mecanismo para resolver sus problemas históricos, que no necesariamente se hallan relacionados con la elección democrática. Las regiones necesitan mayores recursos, más profesionales.

Aquí un Senador se refirió a la calidad profesional en las regiones.

Yo encabezo una región que el 25 de marzo del año pasado sufrió un aluvión que destruyó cinco de sus comunas. Y todavía hay facturas impagas del Gobierno; no se ha construido una sola casa en ella para albergar a las personas damnificadas. Se levantaron esas viviendas que se ofrecen por el momento.

Si ese desastre hubiera ocurrido en Providencia, en Las Condes o en La Florida, la situación habría sido distinta.

¡Pero no: ocurrió en Atacama! Entonces, que esperen la solución a su problema.

Señora Presidenta, es verdad que damos un paso importante; que quebramos un poco la lógica histórica de lo que ha sucedido en Chile en esta materia.

Empero, quiero efectuar dos reflexiones.

En primer lugar, no podemos quedarnos solo en esta reforma constitucional. Esta constituye un cambio en el papel y debe ser, a través de las modificaciones que muy bien anunció el Presidente de la Comisión de Gobierno , Senador señor Espina, un paso hacia lo que todas las regiones quieren: mayor calidad de vida; mejores niveles de salud, de educación.

Señora Presidenta , los peores índices en educación en Chile se dan en las regiones. Quien desee que a su hijo le vaya bien en la vida debe mandarlo a estudiar a Santiago, ya que si lo deja en la región -salvo pocas excepciones-, no logrará obtener el puntaje necesario para ingresar a la universidad y carecerá de las herramientas para enfrentar el futuro.

Eso es lo que hemos de revertir.

¿Es fácil? No. Pero es el paso que debemos dar.

Hace un tiempo -y es la segunda reflexión que quiero hacer-, cuando se conversaba originalmente acerca del envío de esta iniciativa, mi compañero de banco, el ex Presidente Frei , dijo algo que voy a repetir hoy día: "En el mundo, en la naturaleza, hay animales con dos patas, con cuatro patas, con seis patas y con cien pies, pero no con dos cabezas".

Aquí puede ocurrir un hecho -lo señalaron algunos Senadores- que puede ser muy grave: habrá una autoridad empoderada y elegida con el voto popular, pero con pocas atribuciones. Porque como recursos tendrá los provenientes del FNDR: el 10 por ciento de las platas que se invierten en las regiones. Y existirán tres, cuatro, cinco delegados provinciales que van a tener el contacto con el Gobierno de turno, el teléfono directo con el Presidente de la República y el poder de los recursos.

No vaya a ser cosa que generemos acá un problema mayor que la situación actualmente existente. Porque por lo menos hoy día sabemos quién posee el poder, quién toma las decisiones, y tenemos claro hacia dónde ir.

Por eso, durante la tramitación particular de esta iniciativa debemos dejar claramente diseñado el referido problema. De lo contrario, vamos a producir un resultado peor. Chile y, en especial, sus regiones no merecen que se desmejore lo que hoy existe.

Con el cambio propuesto queremos iniciar aquello que nuestros antepasados, que nuestra gente, como Pedro León Gallo, quien impulsó la regionalización en Chile, anhelaban y pensaban: obtener algo para las regiones que tanto han aportado a Chile y que tan poco han recibido de Santiago. Estas personas entregaron parte de sus vidas hacia la consecución de dicho objetivo.

Ello debemos llevarlo a cabo mediante esta reforma constitucional, pero también, a través de los cambios reales de la gente. Si no, esto será papel picado.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, pocas veces podría aplicarse mejor la expresión "una noticia en desarrollo" que ahora respecto de este proyecto.

En efecto, aquí no hemos culminado un proceso sino que estamos abriendo la puerta a la posibilidad de generar un grado de descentralización importante, en armonía con la lógica de un Estado unitario.

Sobre el particular, quiero partir señalando al menos lo que yo pienso.

Creo en un Estado unitario, no en uno federal. Si alguien estima que con lo propuesto deberemos cambiar la forma en que nos organizamos como país, me parece que se equivoca. Chile, además, se halla en una lógica más bien virtuosa en materia de estructura unitaria.

Lo que ocurre es que hay una concentración del poder tanto a nivel nacional como regional que irrita, que genera un creciente descontento. Y es lo que nos tiene discutiendo, con buenos argumentos, acerca de la manera de destrabar la situación compleja que se da entre buscar esa unidad y, al mismo tiempo, dar espacios muy distintos en lo tocante a la descentralización.

Porque el centralismo agobia. Eso es cierto.

Yo no haré un listado de la cantidad de cuestiones que podrían resolverse localmente y que, sin embargo, se ven a nivel nacional.

El ritmo de solución es completamente distinto según se logre llegar a una autoridad nacional o a una regional.

Hoy día aquello empieza a cambiar.

Alguien señaló con talento que las cuestiones que están pasando ahora en Chile se definen más en Estados Unidos, en China en función de determinadas circunstancias que se dan.

Ello es parte de un mundo globalizado. Y es verdad. Pero también está ese otro segmento de la modernidad, en que uno debe tener más nivel de decisión propia y no los endosos que generalmente se dan en las instancias de lógica administrativa.

Tenemos, pues, esta noticia en desarrollo. Y yo también quiero destacarla.

Porque este proceso ha sido largo, señora Presidenta.

Yo no he planteado como leitmotiv de mi vida la lógica de la naturaleza del intendente. Sí (he oído con atención las explicaciones), me genera extrañeza esto de que los intendentes se acaban y pasan a ser gobernadores regionales. Yo creo que, en el fondo, es demostrar en la práctica que lo que se estará eligiendo no será exactamente lo existente hoy día, que es lo que de alguna manera podría motivar una confusión relevante.

Sin embargo, creo que, en esta materia, tanto la Comisión de Gobierno cuanto el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, en representación del Ministerio del Interior, han hecho un esfuerzo muy importante -hay que reconocerlo- para intentar destrabar el problema.

Ahora, ¿dónde está la cuestión de fondo? En que a lo menos quedan -y por eso la discusión particular será la que al final va a definir el tipo de proyecto que despacharemos- pendientes de resolución tres temas muy relevantes.

Primero, el de las atribuciones.

Recordemos que estamos ante una reforma constitucional y que se requerirán leyes orgánicas para implementar los cambios planteados.

Entonces, hay que hacer un cambio de suiche significativo para imaginar el país del futuro en esta lógica, donde va a haber una convivencia bastante especial entre la autoridad presidencial, que es muy importante en la perspectiva unitaria, y la autoridad elegida, que es relevante desde el punto de vista de la conservación del poder.

Ahora, ¿en qué se traduce todo eso?

La cuestión es muy significativa.

Algunos dicen que hay que imaginar con más optimismo de qué manera se va a armonizar.

Sin embargo, a mí me cuesta todavía imaginar cómo ciertos seremis van a tener un tipo de nombramiento, y otros, uno distinto; cómo algunos van a poseer líneas de financiamiento, y otros, una situación diferente. Asimismo, qué va a pasar con el signo político; pero no solo cuando este sea diverso (porque los países van evolucionando; entonces, las lógicas partidistas no van a ser tan relevantes en el ejercicio de los cargos, mas sí en el nombramiento de las personas).

Sin duda, existe allí un asunto pendiente, el que puede ser decisivo.

Una idea mal resuelta es más grave que una idea dilatada en el tiempo. Eso sí que resulta complicado.

Si al final, tras este peregrinar, terminamos con un proyecto de ley aprobado por mayoría -porque, en último término, son los números los que mandan- y que desafine con los consensos requeridos en una materia tan importante como la de la descentralización, vamos a estar haciéndonos un daño mucho más grave que el derivado de mantener el actual esquema.

He visto que algunos Senadores han compartido ese mismo esquema, en cuanto a que en lo venidero habrá que tener mucho talento para no frustrar expectativas.

Los mundos modernos funcionan bastante más con las expectativas. Y las frustraciones son muy dramáticas, por su instantaneidad; ni siquiera van teniendo maduración en el tiempo.

En los países de lo inmediato, de lo de veinticuatro horas, aquello es demasiado decisivo.

Entonces, hay que pensar bien en cómo afirmamos el sistema para no trastabillar ni tener desencuentros que al final puedan destruir una idea que debería ser completamente distinta.

El segundo tema, señor Presidente, es el del financiamiento.

Yo me alegro de la doble lógica que aparece en este proyecto: se reitera una obligación, pero se le da carácter constitucional, categoría máxima, en el sentido de que todo esté debidamente financiado, pues de otra manera lo que se establezca será una gran utopía. Y también, de que para que se implemente este proyecto han de estar claros los itinerarios, los recursos, ya que de lo contrario a un mes de iniciado un gobierno podrá haber una suerte de caos a raíz de esta mezcla de electos y designados.

Tal situación -es verdad- hay que resolverla en la ley. Y la ley es demasiado importante como para no tenerla aquí, arriba de la mesa, para ver si el sistema va a funcionar o no.

Por último, coincido -y esto es bastante transversal- en que la forma de elegir también reviste importancia.

En esa línea, más allá de que algunos piensen que en la siguiente elección la marea electoral pueda venir más para el lado de acá, tal como fue para el lado de allá hace dos años, y de que, por tanto, a uno quizá le convenga aprovechar el vuelito para generar ahora instancias convenientes para su sector, creo que eso -lo digo honestamente- es un mal consejero.

A mi entender, más allá de los momentum-estos se usan mucho en las primarias americanas para tomar definiciones-, uno debe conocer el esquema permanente, para saber qué está ocurriendo realmente.

Se habla de tratar de instalar tal mecanismo en la idea de la negociación para una eventual segunda vuelta, para los acuerdos cruzados.

Al final, yo coincido con Senadores que piensan distinto desde el punto de vista político en el sentido de que aquello va a ser un muy mal consejero a la hora de dar espacio, aire, fuerza a lo que en su momento puede ser una mayoría perfectamente legítima -no tiene por qué ser de segunda vuelta-, tal como existe en el mundo municipal, que a mi juicio es bastante parecido a lo que pueda marcarse en el futuro mundo del gobernador regional.

La legitimidad está justamente en ganar la elección, no en hacer el mejor acuerdo de apoyo para una hipotética segunda vuelta.

Sabemos que cuando se instala la lógica de la segunda vuelta las elecciones son completamente distintas de cuando uno sabe que la primera es la vencida. En este último caso hay un sinceramiento de opiniones mucho más preciso, que a mí por lo menos me parece más adecuado.

Así que, señora Presidenta, estamos ante una noticia en desarrollo.

Mi impresión es que habrá apoyo unánime para dar este paso. Pero la cuestión empieza ahora. Entonces, el Subsecretario tendrá que entender que su tarea no ha terminado y que a partir de ahora deberá transpirar mucho más para tratar de generar las coincidencias que en mi concepto marcan la diferencia en las reformas profundas.

Las reformas relevantes no pueden ganarse o perderse por un voto: en lo posible, deben ser fruto de acuerdos amplios. Es la única forma de mantenerlas en el tiempo.

Si estamos cambiando una cultura en cuanto a la forma de gobernar regionalmente, ello tiene que ser fruto de una maduración amplia, maciza, convenida en el buen sentido, no discrepada, donde la campaña presidencial siguiente no consista en cambiar lo hecho en "esta pasada". Eso sería sobremanera dañino.

Por eso, esperamos que esta iniciativa siga por un buen rumbo. Porque -insisto- el partido recién está comenzando.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.-

Ha sido una jornada larga, señora Presidenta.

Tras escuchar las distintas visiones expuestas respecto de esta materia, me voy a quedar con la mirada positiva y no con algunos discursos que hacen hincapié en lo que nos falta, en la mitad vacía del vaso. Ello, en el sentido de que hoy día estamos debatiendo una reforma constitucional que permitirá decirles a los chilenos de regiones que vamos a elegir de manera directa a la persona que encabezará el gobierno regional.

Habrá una discusión amplia sobre muchos temas. Pero, como dije, quiero quedarme con una mirada positiva.

Ha costado harto llegar a este minuto. Y acá se va a aprobar la idea de legislar por amplia mayoría, si no por unanimidad.

En consecuencia, hagamos una lectura positiva en ese plano y dejemos anotado para la discusión particular todo lo que nos queda por hacer.

Esta iniciativa tiene aspectos que deben mejorarse. Su articulado sufrió modificaciones en la Comisión de Gobierno. No comparto algunas; y lo digo derechamente. Por ejemplo, la relativa al mecanismo de elección, que no está escrito en piedra como debe ser; hay visiones distintas sobre el particular.

Yo no creo que, para darle atribuciones al gobierno regional, decir que alguien podrá ser electo con 25 por ciento de la votación sea lo más representativo.

En la Quinta Región, por ejemplo, aquello va a implicar tal vez que la persona que gane sea de Valparaíso o de Viña y que los habitantes de San Felipe y Los Andes queden debajo de la mesa.

¡Si cuento con 20 a 25 por ciento, estoy listo...!

Entonces, me parece que todos esos conceptos hay que discutirlos con un poquito más de buena disposición, para ver qué es lo mejor.

Vamos a tener una discusión en lo concerniente a las atribuciones.

Como lo han expresado varios de ustedes -entonces, no estoy señalando algo muy inteligente-, es muy complejo el hecho de que, tras sancionarse en general este proyecto, se diga en los medios "Se aprueba elección directa de intendentes" (en realidad, de gobernadores regionales, de acuerdo al articulado).

Yo creo que al menos en la Región de Valparaíso, si hablo de gobernadores regionales, confundo y no ayudo en nada. Entiendo cuál fue el sentido; pero no ayudo en nada: confundo.

¿Qué es un gobernador regional?

Porque estamos acostumbrados a hablar de intendente.

Entonces, o mantenemos la expresión "intendente" o buscamos una mejor.

La pregunta siguiente será qué va a hacer el gobernador regional.

Eso, que está en un proyecto de ley -lo veo acá- que se halla en segundo trámite en la Cámara de Diputados, es fundamental.

O sea, si empezáramos de nuevo, estoy seguro de que partiríamos al revés: qué queremos hacer en materia de descentralización; dotemos de contenido; demos las atribuciones, y después pongámonos de acuerdo en cómo elegimos y por qué período.

No quiero ser negativo, pero debo recordar que aquí, en este mismo Senado -me parece que en el Gobierno anterior, el del Presidente Piñera-, aprobamos la elección directa de los consejeros regionales, quienes ¡no tenían claro qué debían hacer...!

Ese fue un pequeño bochorno -si Sus Señorías me permiten calificarlo así- que pasamos aquellos que participamos en la votación pertinente.

Hoy día -reitero- tenemos una tremenda oportunidad. Pero quedan los deberes.

Ahora, cuando hablamos de descentralización (así lo entiendo yo) estamos refiriéndonos a la distribución de poder.

Cuando reformamos el sistema electoral para pasar del binominal a un sistema proporcional corregido estábamos diciendo "El poder en Chile se va a distribuir de manera distinta".

A algunos puede no gustarles lo que hacemos. Pero lo que se persigue es distribuir poder: es la toma de decisiones en el curso, en el norte que queremos.

Cuando hablamos de descentralización -repito- nos estamos refiriendo a la distribución de poder.

Y al hablar de cómo distribuir poder, viniendo del centralismo que tenemos -centralismo grande, fuerte, histórico-, vuelvo al hecho de que la determinación de las atribuciones y las competencias es lo medular.

Es factible que tengamos el mejor mecanismo; podemos hasta ponernos de acuerdo en la forma de elegir al intendente, gobernador regional o como se quiera llamarlo. ¿Pero qué sucede si erramos en lo relativo a las atribuciones que le demos y ellas no son suficientes?

Ahora, yo pregunto: ¿Vamos a partir de modo gradual? ¿Estamos en condiciones de hacer algo global, grueso, inmediatamente? ¿O deberemos ir viendo de qué manera pasamos de lo que tenemos hoy día, que es (como decía alguien) un centralismo asfixiante, a un mecanismo conforme al cual vamos a dar una cantidad de atribuciones que tal vez nos lleven a fallar a la hora de fiscalizarnos nosotros mismos en la región? ¿Qué hacemos con los recursos?

Hoy día hay un compromiso.

En la minuta que nos han enviado están los cuatro pilares de la descentralización. Uno de ellos es el concerniente a los recursos. Y dice "en un proyecto que ingresará el 2016".

Entonces -lo expreso con mucho respeto al Ministro y al Subsecretario-, hoy día la noticia es "Se eligen los intendentes directamente. No tenemos las atribuciones ni las competencias. Y tampoco contamos con los recursos".

Bien: vamos a aprobar el proyecto.

Sin embargo, quiero ser cauto en el ámbito de las expectativas que se generan.

Porque se generan expectativas.

Yo soy Senador por Valparaíso: tengo acá un excelente apoyo; me fue muy bien en su oportunidad; he trabajado por esta Región. Y debo puntualizar -lo hago asimismo con gran respeto- que en las regiones, igual que en Santiago, habitan ciudadanos de carne y hueso que nos demandan cosas en nuestra condición de políticos que tomamos decisiones.

Los errores, los egoísmos, los individualismos, los partidismos existen también en regiones.

¡Si eso no es un pecado inventado ahora!

Entonces, como hay centralismo, las malas decisiones o los elementos que no nos gustan priman allá y, por ende, nos afectan acá.

Yo llevo seis años de Senador y conozco la historia: podemos estar muy descentralizados, pero hay cosas que corregir que son domésticas, de nosotros.

Al respecto, tengo una preocupación genuina en el sentido de si cuando discutamos las atribuciones y competencias vamos a actuar de tal forma que además podamos hacernos cargo de aquello.

Porque partimos trabajando con lo que somos, con lo que tenemos. Y yo no puedo aceptar que se piense que solo en Santiago existe gente con otras motivaciones; que solo en Santiago hay personas que tienen intereses particulares; que solo en Santiago existen grupos de interés; que solo en Santiago hay gente que hace presiones corporativas.

Eso ocurre también en nuestras regiones.

La pregunta es si vamos a tener un mecanismo y una fórmula para dar cuenta de ello.

El Senador Navarro mencionó -lo escuché por el parlante mientras discutíamos la cuestión laboral- un aspecto reimportante y que pasa casi colado.

Porque aquí se dice "vamos a replicar lo que existe hoy día a nivel unitario, pero lo haremos a nivel regional".

¿Qué ocurre con los servidores públicos? ¿Qué pasa con la carrera funcionaria? ¿Es el mismo sistema o se va a requerir alguna modificación? Cuando tengamos elecciones cada cuatro años, con reelección o sin ella, ¿habrá un espacio grande para llegar con los equipos de trabajo?

Hay temas opinables. Pero si vamos a partir de cero, tal vez podamos hacerlo corrigiendo aquello que ha sido muy difícil rectificar a nivel nacional.

Yo me pregunto: ¿vamos a tener un cambio de gobierno regional y eso implicará que la carrera funcionaria se vea afectada como sucede actualmente?

Señora Presidenta , yo podría poner una cara más alegre, pues vamos a despachar en general este proyecto. Empero, llamo a ser cautos en lo que estamos aprobando, porque nos falta lo medular: qué podrá hacer el gobernador regional -hombre o mujer- elegido directamente.

¡Eso mañana no va a ser la noticia!

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Ignacio Walker.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Señora Presidenta, yo siempre digo que somos hijos de una pesada estructura político-administrativa de tipo borbónica.

Somos hijos de los borbones, quienes a fines del siglo XVIII, como colonizadores en la monarquía española, hicieron dos cosas: por una parte, liberalizaron el comercio: ¡bien!; por otra, recentralizaron todo el control político-administrativo: ¡mal!

Y ahí estamos, 230 años después de las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, con los intendentes.

Los borbones crearon las intendencias en esas reformas de 1870-1880 y establecieron una cultura, una estructura, una burocracia completamente centralista y del todo centralizadora.

Ese es el peso de la historia. Eso es lo que nos ha pesado durante 230 años, incluido todo el período de la Colonia.

Existió un respingo federalista en los ensayos constitucionales de la década de 1820.

Hubo en 1891 una ley de comuna autónoma muy importante, que descentralizó el poder desde el fortalecimiento comunal.

Existió una democratización de los municipios en 1992, en un escenario posautoritario que nos permitió elegir a los alcaldes.

Después tuvimos una variante significativa: la separación de la elección de alcaldes de las elecciones de concejales. Unos y otros tienen legitimidad democrática directa. Y fue un perfeccionamiento de nuestra estructura municipal.

Luego aprobamos la elección directa de los consejeros regionales.

Ha existido un proceso. No hemos estado de brazos cruzados mirando el techo.

Hay algo muy tímido en la administración financiera: del presupuesto de la nación, más o menos 15 por ciento se distribuye por decisión regional.

¡Casi simbólico!

Evidentemente, hay mucho que hacer en esa materia.

Ahora bien, en el contexto de esa pesada estructura burocrática político-administrativa borbónica, nosotros estamos dando un paso muy importante con la elección directa de los intendentes.

Creo ser uno de los autores -está aquí el Subsecretario don Ricardo Cifuentes , quien debe de recordarlo- de la idea de no hablar más de "intendentes elegidos democráticamente". Dije hablemos de "gobernadores regionales".

Así, estamos instituyendo a los gobernadores regionales, porque el concepto de intendencia es centralizador.

Por lo tanto, me parece bien elegir democráticamente un militante, un...

El señor LAGOS.-

Un ciudadano, un voto.

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Perdón: un ciudadano, un voto.

También los militantes votan.

La gran mayoría son independientes.

En Chile hay 700 mil militantes en los partidos políticos.

A veces lo olvidamos, producto de esa cosa autoflagelante que tenemos: en nuestro país existen -repito- 700 mil militantes en los partidos.

El señor PROKURICA .-

¡Y algunos muertos...!

El señor WALKER (don Ignacio) .-

Entonces, señora Presidenta, yo digo que está bien que la ciudadanía elija democráticamente, no intendentes -estos son un resabio de la vieja estructura administrativa que señalé-, sino gobernadores regionales, quienes van a presidir los consejos regionales; serán el órgano ejecutivo del gobierno regional, y tendrán dos grandes misiones: una, liderar la administración superior regional, y otra, coordinar, supervigilar y fiscalizar a los servicios.

Por lo tanto, no se trata de una estructura de papel, nominal. ¡No! Eso tiene un peso específico y un valor real que debemos resaltar.

Además de aquellos, existirán delegados provinciales. Creo haber sido parte de quienes los propusieron.

Obviamente, la comuna y la región son los dos grandes entes político-administrativos, desde el punto de vista de la regionalización y descentralización.

Soy municipalista. Creo en las comunas.

Son trescientos cuarenta y tantas. Aquí hay alcaldes, concejales. Ellos son la verdadera cara de la descentralización, de la regionalización. Es lo que la ciudadanía siente como el gobierno más cercano.

Y, por supuesto, siempre es preciso fortalecer la nueva estructura político-administrativa regional. En consecuencia, me parece bien que delegados provinciales cumplan con las labores de interior, de extranjería, de orden público, etcétera.

El Senador que habla prefiere que esas autoridades sean elegidas por mayoría absoluta.

Por cierto que el punto es opinable. En Chile designamos a los Presidentes por mayoría relativa, históricamente. Y eso no fue bueno, porque los gobiernos eran de minoría.

Hoy día tenemos Primeros Mandatarios que responden a una mayoría absoluta. Lo mismo debería existir a nivel de presidentes de consejos regionales, de gobiernos ejecutivos regionales, de gobernadores regionales, que pueden ser ratificados y elegidos en la misma forma, porque ello les da mayor legitimidad y representación.

Ahora, soy partidario de no contemplar el sistema electoral en la Carta. ¡Si esa materia tiene que estar en las leyes orgánicas constitucionales!

¡Cuánto nos costó sacar el binominal del texto! O lo que quedaba. Hubo un arreglo en 2005. ¡Fue un parto!

El sistema electoral no debiera ser parte de dicha estructura -repito- y dejarse a nivel de una ley orgánica constitucional. Es algo igualmente más opinable.

Evidentemente, también es digno de resaltar que hay un intento de transferencias de competencia, acompañadas de recursos. Y un proyecto en la Cámara de Diputados dice relación con la transferencia de competencia y el fortalecimiento de los gobiernos regionales, que es la descentralización administrativa. Aquí estamos haciendo referencia a la descentralización política, a través de una reforma constitucional.

La iniciativa mencionada es muy relevante, porque establece el sistema de transferencias de competencia administrativa desde el nivel central al gobierno regional; los gobiernos metropolitanos en las áreas de más de 250 mil habitantes, y tres nuevas divisiones de los gobiernos regionales: fomento de industria, desarrollo social y humano, e infraestructura y transporte. Algo muy importante es la distribución de recursos por ítem presupuestario, con glosa.

Dicho texto naturalmente es un complemento del que nos ocupa. Porque no se trata solo de elegir democráticamente a los gobernadores regionales, sino también de dotarlos de competencias, atribuciones y recursos para cumplir con la función de manera eficiente.

Y asimismo está la cuestión del financiamiento de los gobiernos regionales y locales, con responsabilidad fiscal, lo que se vincula con la descentralización en ese ámbito. Es un asunto mucho más complejo, que será preciso discutir en su momento, porque es algo que se halla en etapa de preparación, de redacción.

Se considera una reelección por una sola vez. A mi juicio, debiera ser al menos por dos veces. En la propuesta que hemos hecho respecto de Diputados, alcaldes y concejales planteamos tres períodos: doce años. Ello lo estimo razonable. Me parece poco una sola vez.

En fin, algunos dudan del concepto mismo del límite de la reelección. Toda la literatura comparada está en contra de ello, porque, al final, debe primar la voluntad popular.

La cuestión es opinable. Y va a haber indicaciones y una discusión particular.

¿Desde cuándo rige la elección? Ojalá desde 2017.

Pero seamos claros, porque no podemos hacer demagogia: es necesario dictar una ley orgánica constitucional. Y eso evidentemente va a tomar un tiempo.

Soy de aquellos que piensan en algún momento -ciertamente, en 2020, a más tardar- en que intendentes, consejeros regionales, alcaldes y concejales provengan de unos mismos comicios, porque se trata de la estructura comunal y regional del país.

Si no es posible la designación de intendentes en 2017 por las razones que he mencionado, resulta deseable una elección con un sello descentralizador en regiones y municipios, porque eso tiene su lógica, a diferencia de las correspondientes al Presidente y a parlamentarios.

Entonces, realmente celebro que demos este significativo paso adelante y que ello se acompañe de los otros cuerpos legislativos que he mencionado.

Por lo tanto, con mucho gusto voy a votar a favor del proyecto.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señora Presidenta, junto a saludar a regionalistas, consejeros regionales, intendentes, exintendentes y personas de distintas organizaciones que nos acompañan en este importante debate, quiero insistir, primero, en que el tema determina un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Por lo tanto, todo el tiempo que demoremos en la discusión, pero para garantizar que las autoridades regionales sean electas el próximo año, resulta vital.

En seguida, observo cierta confusión en dejar de señalar que esta es una reforma constitucional, de modo que depende de nuestros votos. Desde luego, el Ejecutivo envió un mensaje, que se sumó a mociones, pero, en definitiva, los parlamentarios somos los que resolvemos. No es preciso traspasar una carga ni una responsabilidad al Gobierno como una excusa para omitir lo que nosotros podemos hacer en esta ocasión. Cabe destacar, sí, que el Ejecutivo puede jugar un rol más que relevante.

Lo digo porque Chile es uno de los países más centralistas del mundo entre los sistemas democráticos -entre comillas- actuales. Esta característica y una concentración económica determinan una combinación muy explosiva, desde los puntos de vista social, financiero, ambiental y en todas sus dimensiones.

El resultado es que las regiones gradualmente se han transformado hoy en día en zonas de sacrificio por un modelo centralista y concentrador. Ello incluye la Metropolitana, rodeada de vertederos que se están incendiando por la falta de planificación territorial. Son problemas que vienen desde hace muchas décadas, agravados por el cambio climático.

O sea, este es un momento clave para resolver en una línea correcta los desafíos que enfrentamos en el país.

En segundo lugar, el regionalismo -puede llevar otros nombres- es parte de nuestra historia.

Siempre hemos registrado este tipo de conflictos y desafíos. Cabe recordar lo ocurrido, en su minuto, en Atacama, Concepción y Santiago, con personalidades como José Miguel Infante , Ramón Freire o Pedro León Gallo .

Los movimientos sociales que han surgido en Chile, como en los casos de Aisén, de Magallanes, de Calama, de Antofagasta, de Atacama y de Valparaíso, con Puchuncaví, además de otras áreas, son una expresión clara de la falta de capacidad para decidir los destinos de las personas y de sus respectivas comunidades.

El regionalismo en los años setenta tomó cuerpo bajo una serie de entidades de desarrollo en cada una de las divisiones de nuestro territorio, bajo el alero de la Corporación para la Regionalización de Chile (CORCHILE). Nibaldo Mosciatti , Claudio Lapostol , Enrique von Baer -nos acompaña en la tribuna- y muchas personas y organizaciones han empujado con paciencia y perseverancia este tipo de cambios.

En verdad, por cada paso del regionalismo, el centralismo recupera diez; pero en el plazo de casi cincuenta años se han ido acortando las brechas. Hemos llegado a un punto que juzgo muy importante, como es el del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. Esa fue una labor esencialmente participativa, con gente de todos los sectores de la diversidad que caracteriza a nuestro país. Entre otras medidas -hay muchas más por implementar-, propuso la que nos ocupa.

Se ha puesto énfasis en el mecanismo de elección. Es una materia que es preciso tocar, pero, desde luego, constituye la segunda fase del proyecto, porque cada sistema tiene sus virtudes y defectos. Si se lleva a cabo una designación en primera vuelta, como hoy día en relación con los municipios, se obtienen determinados resultados. Si se establecen umbrales, desde luego se coarta la participación de los movimientos emergentes y de los independientes. Y si se contempla una segunda vuelta, de alguna manera se vuelven a formar los dos grandes bloques que han generado una suerte de duopolio político en los últimos treinta años.

Esta es una cuestión que es preciso tomar en plenitud, por supuesto, y, de paso, asegurar la ausencia de centralismo regional, elemento este último que sí atentaría contra la esencia del proyecto.

La participación ciudadana juega un rol clave en la materia. Si la dejamos meramente en lo formal -es decir, se consulta sin que el resultado finalmente se vincule con las decisiones que se toman-, se genera frustración.

Eso se ve en el uso del territorio, del agua, del borde costero, donde claramente se aprecia que no contamos con los instrumentos mínimos de planificación participativa, como el manejo integrado de cuencas y el ordenamiento territorial.

Se registra un logro en la zonificación del borde costero, que siempre se intenta vulnerar, sin embargo, por intereses concentrados.

El manejo de los recursos naturales, del suelo, del agua, es clave. En estas materias están jugando permanentemente un rol relevante el centralismo y la concentración económica, para desgracia del interés nacional.

Quisiera destacar que la aplicación de la reforma es gradual, tal como tiene que ser, en los hechos, toda aquella que provocará profundos cambios positivos. Hoy día vamos a dar un paso importante. La puesta en práctica, sobre la base de la consideración de la experiencia de nuevos consejeros regionales con más empoderamiento, de las regiones, de las propias comunas, determinará un perfeccionamiento sobre la marcha.

No podemos prever hasta el último elemento en una ley, menos todavía si padecemos de centralismo, que de alguna manera se ha metido en la genética y la mentalidad del chileno, lo cual obviamente lleva a que muchas personas no se atrevan a hacer las cosas.

Digo lo anterior porque, en paralelo -y ya ha sido mencionado-, se está viendo en la Cámara de Diputados la transferencia gradual de competencias, medios, atribuciones y servicios públicos. En el Senado voté en contra, porque se hacía depender el proceso de la voluntad del Presidente de la República de turno y se dejaba a consejeros prácticamente sin capacidad de autonomía para gestionar sus propias regiones y localidades.

Para cerrar este importante tema, solicito que no se vote con calculadora. ¿Y por qué lo señalo? Porque, teóricamente, las regiones son mayoría en el Congreso Nacional. Eso tiene que expresarse en los resultados. Se trata de una reforma constitucional que depende de nosotros. Por lo tanto, cada uno de quienes las representan -incluida la Metropolitana, que es una gran víctima del centralismo por su deteriorada calidad de vida-, tiene que proceder de una manera amplia, generosa y con visión de futuro, prescindiendo de cómo va a irle en la próxima elección. Este último elemento es válido, pero, dentro de un contexto general, pasa a ser muy mínimo.

Para finalizar, hago presente que en la diversidad se halla la riqueza de la vida, en el fondo. Eso lo demuestran la cultura y la biología. En la homogeneidad, sinónimo del centralismo, se encuentra la muerte. O sea, nos estamos jugando una cuestión muy relevante para el país.

Por eso, hago un llamado, no solo a los parlamentarios, sino también a los ciudadanos, a las organizaciones, para el efecto de perseverar en esta importante reforma, a fin de que se pueda materializar a la brevedad -ya hay detrás cincuenta años de trabajo incansable-, y de que se vote por la nueva autoridad regional en 2017.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Puede intervenir el Senador señor García.

El señor GARCÍA.-

Señora Presidenta, estimo que probablemente se registrará una votación unánime en favor del proyecto. Y me alegro sobremanera de que así sea y de que seamos plenamente conscientes de que el proceso de regionalización en nuestro país pasa, entre otras cosas, por la elección directa del que llamaré "intendente regional".

En efecto, una de mis observaciones respecto de la iniciativa es que, al crear la figura del gobernador regional, introducimos un elemento ajeno a la cultura, a la costumbre de la ciudadanía. Nos hemos acostumbrado a hacer referencia al "intendente regional".

La gente aprecia la figura de este último, independientemente de quién sirva el cargo, ya que lo siente una persona cercana. Advierte cuando se realiza un esfuerzo serio por resolver los problemas de la ciudadanía y, sobre todo, por materializar proyectos de inversión para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las respectivas regiones. Eso es algo que se valora de manera muy importante.

Coincido con lo señalado por la mayoría de los que han intervenido en el sentido de que la sola elección del intendente regional o del gobernador regional -repito que esta última figura no me gusta- no garantiza que logremos una verdadera descentralización y regionalización.

Cabe recordar el proyecto de ley en trámite sobre la transferencia de competencia a los gobiernos regionales y el fortalecimiento de estos, y lo que se ha anunciado respecto de las rentas regionales.

Permítame un paréntesis, señora Presidenta . Seamos también francos: no es posible volver a aumentar la carga tributaria. El desafío actual del país es el crecimiento de la economía, para garantizar, entre otras cosas, más y mejores empleos. Tengamos cuidado en lo de los impuestos regionales.

Me parece que el Gobierno central, en una verdadera demostración de su voluntad de avanzar en la regionalización y la descentralización, tiene que deshacerse de la administración de una parte importante de los recursos fiscales que recibe. Esta debe ser la fórmula en el proyecto de ley de rentas regionales que se ha planteado.

Y resulta muy importante, por supuesto, la forma como vamos a resolver las competencias. Porque si se termina en un enfrentamiento entre el Gobierno central y los intendentes o gobernadores regionales electos, la ciudadanía simplemente no podrá entender que no hayamos encontrado el justo término medio para llevar adelante el proceso.

A mi juicio, una elección directa de estas autoridades es vital para las regiones, pero también lo es una muy buena ley de rentas regionales y que sepamos lograr una armonización casi perfecta respecto a las facultades y atribuciones. Este es un primer paso.

Por lo tanto, voto a favor.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.-

Señora Presidenta , estimo que si se hace una encuesta a nivel nacional y se pregunta: "¿Usted quiere que haya elección de intendente?", la gente mayoritariamente contestará que sí, sobre todo en regiones.

¿Por qué? Porque se halla absolutamente convencida de que en esa forma se van a resolver los problemas de regionalización, de postergación y de inequidad en la asignación de recursos.

¡Y eso no es cierto!

Lo anterior, al igual que de alguna manera se hizo pensar que la elección de consejeros regionales iba a solucionar, en parte, el centralismo. Ello no ha sido así. Hoy día tenemos consejeros regionales designados por votación directa y la descentralización no ha mejorado un ápice.

En consecuencia, tal como lo han planteado algunos señores Senadores que ya han intervenido, estimo que es preciso ser cautos en cuanto a las expectativas.

¿Por qué los habitantes de regiones están en contra del centralismo? ¿Por qué quieren una descentralización? Ello no obedece a un afán localista. Es porque sienten que esa vida importa, para ellos y sus familias, una potencialidad de desarrollo menor que en Santiago.

Quienes residimos en regiones abrigamos la certeza de que en la Capital probablemente existen cargos mejor remunerados. Quienes quieren desarrollarse profesionalmente miran en esa dirección. Quienes mantienen aspiraciones hacen lo mismo. Quienes desean desarrollar negocios proceden de igual forma.

Por lo tanto, ¿qué sucede en la práctica? Que las familias se desarticulan. Los jóvenes tienen que emigrar, buscar pega y desarrollarse profesionalmente en Santiago, porque, lamentablemente, en muchas regiones no existen oportunidades de desarrollo.

¿Qué tenemos en regiones? Allá no hay gerentes de empresa, sino administradores de empresa. Las decisiones se toman en la Capital.

En la Región del Biobío se produce madera, acero, bencina. Y resulta que la bencina es más cara en nuestra Región que en Santiago.

Si alguien quiere pedir un crédito, debe gestionarlo en la Capital.

¿Y nos quieren hacer creer que con la elección de intendente vamos a resolver todos estos problemas?

La verdad es que eso no es cierto.

Yo hubiese preferido, por responsabilidad con la gente que ha sufrido todo esto, partir no con la carreta delante de los bueyes, sino como corresponde: con los bueyes delante de la carreta, sabiendo qué va a hacer el intendente y cuáles van a ser las transferencias de competencias.

No sacamos nada con tener un intendente electo "de papel lustre", como dijo el Senador Navarro .

No sacamos nada con tener un intendente sin atribuciones o que no va a poder desarrollar efectivamente a su región.

De verdad, habría preferido que esto se hiciese bien, no para la foto o para conseguir titulares, como cuando se aprobó la elección de los consejeros regionales o como cuando se nos hizo creer que la regionalización pasaba por cambiar los nombres de las regiones y hablar de "la Región del Biobío" en lugar de "la Octava Región", como si eso fuera a afectar en algo la calidad de vida de la gente.

Quienes viven en regiones quieren tener oportunidades de desarrollo para sus hijos; quieren desarrollo productivo; quieren poder crecer, formarse y trabajar adecuadamente, en igualdad de condiciones con Santiago.

Voy a votar a favor de este proyecto. Pero, si no se mejora, no vamos a avanzar ni un ápice en regionalización, porque vamos a tener una figura de papel con dualidad de liderazgo; a un intendente electo y un representante del Presidente, quien va a seguir manteniendo el poder.

Cuando la discusión se empieza a centrar en cuál va a ser el mecanismo de elección del intendente, si va a ser por mayoría absoluta o por mayoría simple, a mí me da la impresión de que la preocupación deja de ser el regionalismo y pasa a ser, más bien, un tema electoral.

Y yo les aseguro que a quien vive en regiones no le interesa eso. Le interesa resolver lo que lo afecta en su cotidianidad, en su vida común y corriente, la de todos los días.

Por tanto, lamento profundamente que esto se haya hecho al revés.

Yo hubiese preferido que se hubiera analizado la situación y se hubiera decidido cuál va a ser la transferencia de funciones, que supiéramos bien qué va a hacer el intendente, para luego evaluar cómo podría realizarlo y cómo legitimarlo ante la ciudadanía.

Al final, terminamos con una solución muy a la chilena, que no es ni mucho ni muy poco.

Tenemos autoridades regionales electas, pero también tenemos, paralelamente, autoridades propias de un país unitario, con la figura del Presidente de la República detrás, con todos los poderes que eso conlleva.

En lo personal, dudo de si esta cosa, que termina siendo una especie de engendro, va a beneficiar a las regiones o a transformarse en un negocio electoral donde lo importante no es el desarrollo de ellas, sino cómo se reparten los cargos.

Si eso termina siendo así, creo que se habrá perdido una oportunidad enorme, porque no hay país en el mundo que haya podido desarrollarse con los niveles de centralismo que hoy día tiene Chile. Ello simplemente no es posible.

Por lo tanto, no podremos alcanzar un verdadero desarrollo si no somos capaces de transferir atribuciones y recursos; si no somos capaces de confiar en los municipios ni de creer en su autonomía. Recordemos que son la representación del Estado más cercana a la gente y de la cual todos, tanto el Ejecutivo como este Poder Legislativo, muchas veces desconfiamos, ya que cuando se aprueba una ley que tiene que ver con ellos ¡por Dios que les ponemos cortapisas!

Alguien se cuestionó aquí por qué la construcción de una determinada vía se tiene que decidir en Santiago; por qué no la puede impulsar el Seremi. Bueno, mi pregunta es más de fondo: ¿por qué no puede decidir el municipio qué vía se requiere pavimentar o mejorar? ¿Por qué tenemos todavía temas intermedios, en donde muchas veces las comunas que son más pequeñas, que están alejadas de la capital regional, siguen sufriendo el centralismo ya no nacional, sino regional?

Entonces, este proyecto de ley es un paso, una señal, aunque creo que todavía deja mucho que desear.

Me parece que centrar el tema en cómo se va a elegir al intendente habla más bien de un interés electoral que de un interés real de regionalizar.

Además, considero un error partir por el final y no por el comienzo. El hecho de no haber resuelto la transferencia de funciones puede terminar generando una figura más bien decorativa y de papel que una autoridad con poder real para tomar decisiones en los lugares que están más alejados de la Capital y del Gobierno central.

Yo voy a votar favorablemente, pero tengo serias aprensiones.

La mayoría de los parlamentarios representamos a regiones. Por lo tanto, debiéramos ser capaces de buscar acuerdos para generar una descentralización real, con verdaderos avances, y no una descentralización cosmética.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , la verdad es que este ha sido un debate muy interesante y muy honesto, quizá influenciado por la asistencia en las tribunas de representantes de todo el país. Ella es algo menguada a estas alturas, por la hora tal vez; sin embargo, hay algunos valientes que se mantienen en la Sala...

Asimismo, pareciera que cuando no hay prensa la sesión deja de ser interesante para algunos distinguidos parlamentarios.

Pero insisto: creo que este debate es importante, necesario y, al mismo tiempo, que las cosas han ido decantando en su justa dimensión.

Personalmente, soy santiaguino de nacimiento; criado y educado en la Capital. Pero las cosas de la vida me llevaron a las regiones.

Hace 25 años decidí entrar en la política, luego de que asesinaran a Jaime Guzmán .

Y, de nuevo, por cosas de la vida, llegué a una región donde tenía, efectivamente, intereses menores, por problemas políticos locales: Linares . Y llevo 25 años ahí.

La verdad es que me siento regionalista; me siento linarense, cauquenino, muy identificado con el Maule Sur. Y he aprendido a conocer a Chile de una manera distinta, pues nuestro país es muy diferente visto desde las regiones.

Honestamente, esta experiencia me ha vuelto total partidario de una efectiva y verdadera descentralización.

Me parece que el centralismo existente ahoga la fuerza local, la limita. Es tan fuerte que provoca incluso un problema cultural, pues en las propias regiones se piensa que la forma de resolver sus problemas depende de Santiago y no de ellas mismas. Se pierde la fe en la propia capacidad, se pierde la autoestima en lo que cada uno puede hacer desde su lugar.

Quizá esos son los efectos más difíciles, que han provocado que el país se haya ido recentralizando con el tiempo.

Yo me acuerdo de que hace 30, 40 años los bancos estaban repartidos en todo el territorio. Había bancos en el norte, bancos en el sur, bancos aquí, en Valparaíso. Hoy día no hay ninguno que no tenga su sede central en Santiago. Eso, como un ejemplo de que el proceso ha sido -y sigue siendo- muy fuerte. Y, probablemente, las economías de escala en las que vivimos en estos tiempos hacen más difícil que se produzca una descentralización mayor.

Además, por una estructura regional que no corresponde a la realidad, se verifica una disimilitud muy fuerte en las distintas regiones y, adicionalmente, en muchas de ellas se produce un doble centralismo.

Nosotros en el Maule Sur sentimos que el Maule Norte es una realidad completamente distinta y que, de nuevo, dependemos de otro centro. O sea, no solamente se depende de Santiago, sino además de Talca, lo cual genera -esto solamente lo doy como ejemplo, porque el proceso se produce en muchas partes del país- una situación muy compleja.

Por eso, es tan fuerte el centralismo que cuando se trata de resolver este problema, a pesar de que la mayoría de los representantes de este Senado son de regiones, no se avanza en serio.

Y, lamentablemente, el proyecto que nos ocupa es consecuencia del centralismo, porque la verdad es que se está dando un paso pequeño, muy tímido, solo en el ámbito político y únicamente para elegir ciertas autoridades.

Eso es lo que hace esta iniciativa.

Entonces, como bien expresaron quienes me antecedieron -recientemente la Senadora Van Rysselberghe y muchos que han argumentado en ese sentido-, nosotros no podemos decirle al país que este proyecto es un gran éxito de la regionalización, porque no lo es.

Esto se parece a lo que se sostuvo con respecto a la elección de los consejeros regionales. ¡No hubo ni un cambio en la situación de las regiones! Incluso, tal vez, se generó más frustración, porque los cores hoy día sienten que, a pesar de contar con una legitimidad democrática real y efectiva, no tienen poder, no tienen fuerza; es muy poco lo que pueden hacer.

En consecuencia, a ratos uno se pregunta si no estamos gatillando una imagen de muchas expectativas que, al final, se va a traducir en mucha frustración, porque la descentralización no es solo un proceso político.

El proceso político es importante, pero tiene sentido cuando cambiamos el diseño institucional.

Aquí no se realiza un cambio del diseño institucional y, por lo tanto, vamos a convivir en un país centralista, unitario, con una estructura a medio camino, cuya forma y fisonomía final desconocemos todavía.

En ese sentido, resulta evidente que no es posible avanzar sino de una manera integral.

Nosotros necesitamos una descentralización administrativa en donde las competencias, las atribuciones estén radicadas en las regiones, en sus distintas instancias internas -ya me referiré a ese tema más adelante-, y no tiene sentido hacer descentralización si no va acompañada de una descentralización del financiamiento, de los recursos, porque, de nuevo, aunque el intendente sea elegido, tendrá que estar golpeando las puertas del Ministerio de Hacienda en Teatinos.

¡Esa es la realidad! ¡Si es muy complejo este tema!

Y si ocurre, como va a pasar, que habrá gobernadores regionales -o como se los llame finalmente- de Oposición, será más difícil para ellos ir a golpear las puertas del Ministro de Hacienda , pues quedarán sujetos al juego en virtud del cual los Gobiernos, bajo su discrecionalidad, apoyan más a los amigos que a los que no son tan amigos.

Por tanto, también se introduce un factor complejo en la medida en que exista todavía un centralismo financiero.

Yo hablaba del tema cultural. Nosotros necesitamos hacer esfuerzos para generar cambios culturales locales fuertes.

En seguida, necesitamos dinamizar la actividad económica regional: que las empresas tengan sus cabezas de serie en las regiones; que los impuestos derivados de su quehacer se paguen ahí.

Le presentamos al Ministro de Hacienda la iniciativa cuyo propósito es que las contribuciones de bienes raíces que pagan las empresas con sedes regionales se paguen allí y no en Santiago. ¡Todas se pagan en la Capital!

Estos son hechos que me hacen pensar que el problema es muy complejo.

¡Y para qué hablar de la inserción internacional de las regiones! ¡Pasa toda por Santiago!

Yo planteé una vez por qué no teníamos, además de ProChile, un ProMaule, un ProBiobío, un ProAntofagasta, para que las regiones puedan expresar su voz propia.

El proyecto, además, es ambiguo, porque habla de competencias sin definir con claridad cómo se van a resolver. No sabemos cuáles va a tener el gobernador regional -alguna ley las va a definir-, porque la reforma constitucional dice que él va a ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia y fiscalización que no le correspondan al delegado presidencial o provincial y que, a su vez, este va a tener las atribuciones y competencias de supervisión y fiscalización que no tenga el Gobierno regional.

Bueno. Esa es la ambigüedad final, la incertidumbre total.

Entonces, bien preguntaba el Senador Lagos, si no me equivoco, qué opinará la gente cuando vea el diario de mañana:

-"¡Ah! Tenemos intendentes, gobernador. ¡Fantástico! ¿Y qué va a hacer este hombre?".

-"No sabemos".

-"¿Con qué plata?".

-"Tampoco sabemos".

-"¿Cómo va a funcionar este proceso?".

-"No sé. Vamos a ver. Iremos trabajando en el camino".

Eso podría haberlo dicho alguien en el Festival de Viña si oyera este relato, porque se presta para una situación un poco absurda.

En consecuencia, creo que no estamos haciendo bien las cosas.

Pienso, además, que en una mirada subsidiaria no solamente debemos descentralizar en las regiones, sino que, primero y principalmente, en las comunas, porque es en ellas donde reside la fuerza viva de un país.

Yo siempre recuerdo a De Tocqueville, quien en su libro dijo que la grandeza de Estados Unidos -y lo hizo en la primera mitad del siglo XIX, cuando esa nación aún no era lo que llegaría a ser después- descansa en dos elementos: uno, en su amor por la libertad, y dos, en la fuerza de las comunas, porque el poder se ejerce desde abajo. Y así se construye un país.

La democracia en América de Tocqueville tuvo razón. 

Y si nosotros queremos pensar en algo parecido tenemos que estructurar ese camino desde esas bases.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Goic.

La señora GOIC.-

Señor Presidente, después de una tarde en que hemos escuchado muchas intervenciones y un debate muy constructivo que tiene que ver con nuestra mirada profunda del país, quiero justificar mi voto a favor de la idea de legislar.

Tal como se ha señalado aquí, nadie puede esperar que este proyecto sea la varita mágica que cambiará la postergación que han vivido las regiones. Una iniciativa de esa naturaleza debe enmarcarse -qué duda cabe- dentro de una reforma más amplia de la mirada regional, del fortalecimiento del municipio, de las tareas que cumple el gobierno local, para que tengamos claridad en cuanto a cuáles son sus atribuciones, que no deben depender de una solicitud que se eleva a nivel central para ver si algo se autoriza o no, sino más bien de una perspectiva que establece una relación distinta desde el territorio y del centro con el territorio.

No hay duda al respecto.

Sin embargo, a veces siento el temor de que, por el hecho de que no discutimos el proyecto o porque no tenemos claridad acerca de las transferencias de competencias, no avancemos en el mecanismo de elección o en la validación por votación popular -eso es finalmente lo que estamos discutiendo hoy día- de quien dirige los destinos de una región.

Por lo tanto, me parece que este proyecto marca un hito muy importante. Es la primera de todas esas reformas, y es necesaria por eso: desencadena un proceso.

Y nos corresponde a todos cautelar que avancemos con celeridad en los proyectos complementarios y en una agenda más amplia que le dé sustento a lo que hoy día se está planteando.

Esta iniciativa es, de alguna manera, un puntapié inicial, y me parece que en ese sentido resulta muy fundante y relevante.

Se reconoce que en nuestro país no vamos a poder enfrentar con decisión la desigualdad si no miramos también la dimensión territorial. Porque la desigualdad no solo dice relación con tener acceso a la educación -tema que enfrentamos con la reforma educacional- o una mejor distribución del ingreso -para ello hicimos una reforma tributaria-, sino fundamentalmente con la dimensión territorial.

Esos son los ejemplos que hemos escuchado aquí desde las distintas miradas de cada una de las regiones. Y podríamos hablar latamente sobre cómo se expresan. Pero mi impresión es que hay un diagnóstico compartido en cuanto a que nuestro país no solo pierde mucha potencialidad y capacidad cuando mantenemos este centralismo exacerbado que nos asfixia, sino que, efectivamente, si queremos llegar a ser un país desarrollado y que ello signifique una mayor equidad e igualdad de oportunidades para todos, debemos tener una mirada más territorial.

Lo anterior implica un cambio de relaciones, ceder poder, lo cual explica por qué nos ha costado tanto. Y eso debe hacerse potenciando un principio fundamental de la democracia, que es darles a los habitantes de cada lugar la facultad de decidir quién es su autoridad y quién los representa. Esto modifica la relación de los ciudadanos con el intendente en la medida en que este último sea elegido por votación popular. Existe la posibilidad de pedirle cuentas, se establece una relación que me parece que, sobre todo en estos tiempos, no solo es sana, sino que además resulta imprescindible.

Antes de ser Diputada yo trabajé en la Secretaría de Planificación de Magallanes. Partí como analista de inversiones y posteriormente fui seremi. Y siempre cuento una anécdota que grafica muy bien el centralismo existente.

En Magallanes se presentó un proyecto para la adquisición de un escáner para el hospital regional, el que, en el caso de zonas aisladas, es el principal centro asistencial de salud pública, ya que no hay instituciones privadas que puedan competir con él. Sin embargo, en el hospital no había un escáner porque ya existía uno en la clínica y se consideraba que uno solo era suficiente para 120 mil habitantes y que no se justificaban dos.

Yo me preguntaba cómo era posible que un criterio técnico no permitiera que con recursos públicos se comprara un escáner para el principal centro asistencial de la región, que es su hospital público.

Me acuerdo que fue una pelea dura con quien me supervisaba desde Santiago . Pero yo dije: "El proyecto para adquirir un nuevo escáner tiene recomendación técnica y no se puede aplicar un criterio en forma tan ciega desde el centro, sin entender que se debe garantizar un acceso oportuno para el caso de que se requiera hacer un examen básico, sin tener que trasladar a la persona que viene politraumatizada o enferma desde el centro asistencial".

Sin embargo, esas miradas tan sesgadas se repiten hoy día. Los intendentes vienen a discutir el presupuesto con nosotros en cada una de las Subcomisiones, con una perspectiva desde el territorio donde confluyen los recursos de cada uno de los sectores. Y el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, plantea lo que quiere hacer en cada una de las regiones. Pero allí hay una mirada sesgada.

Reconozco que se han dado pasos, porque creo que es de justicia lo que se ha hecho con los planes de zonas extremas, lo que demuestra cómo decisiones muy simples, que cambian el criterio para definir la inversión, poniendo una mirada territorial al frente, nos han permitido avanzar en proyectos que estaban muy postergados.

Hoy, a propósito de la situación que se vive en la Unidad de Oncología Infantil de Magallanes, se evidencia lo mismo. Probablemente, si continuamos utilizando las mismas herramientas e incentivos para la formación de especialistas, seguiremos dándonos contra una puerta que está cerrada, sin resolver el problema.

Tenemos que pensar distinto, idear un plan especial que implique mirar la región con una lógica diferente. Seguramente no vamos a conseguir a todos los especialistas que quisiéramos, pero hay que abordar el tema por macrorregiones o quizás generar un incentivo para los becados que les permita una rotación permanente. Insisto: hay que cambiar la lógica. Se ha demostrado que, cuando existe voluntad política, ello es posible.

Este proyecto es un primer paso, aun cuando, sin duda, habrá que perfeccionar ciertos aspectos.

Coincido en que el mecanismo de elección no se halla asociado a un cálculo electoral, sino que se relaciona con el peso y la representación que debe tener la autoridad elegida. Por eso es importante establecer una fórmula electoral que exija mayoría absoluta, para que el ganador cuente con el respaldo ciudadano necesario; un respaldo que se traduzca -así lo espero-, tal como ocurre con un buen alcalde que es capaz de conversar con el Ministro o Ministra de Vivienda de uno u otro gobierno, en una mirada de mediano plazo, donde prime una perspectiva de desarrollo con los ciudadanos, con el territorio y con la región, y no decisiones centralistas como las que vemos hasta el día de hoy, que no solamente no ayudan a aprovechar las potencialidades de cada una de las regiones, sino que muchas veces generan una concentración que no nos hace bien como país ni permite que avancemos hacia delante.

Espero que este sea el primero de muchos proyectos que discutamos con celeridad. Para esto no hay mucho tiempo. Así que debemos explicitar hoy un compromiso en ese sentido, confiando en que -repito- esta sea una de varias iniciativas que nosotros podamos mostrar a los ciudadanos como formando parte de una agenda de descentralización potente, no solo en términos administrativos, sino también en aspectos financieros y en los ámbitos social y cultural, a través de una mirada integral como país.

Por eso, señor Presidente, mi voto es favorable.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Allende.

La señora ALLENDE .-

Señor Presidente, quiero partir señalando que considero muy importante que se haya creado la Comisión de Descentralización, cuyos integrantes viajaron por el país para dialogar con los ciudadanos y las autoridades de las regiones y que presentó una serie de propuestas, bastante completas, que si bien no fueron, en definitiva, recogidas del todo, significaron el puntapié que ha permitido que hoy estemos en esta Sala discutiendo exactamente lo que fue el resultado concreto, más allá de la existencia de un compromiso presidencial.

Lo recuerdo perfectamente bien, porque yo era la Presidenta del Senado en ese momento y efectuamos una ceremonia inédita en el Salón de Honor del Congreso Nacional, con la presencia de la Presidenta Bachelet, para la entrega de las conclusiones de dicha Comisión, algunos de cuyos miembros han estado toda la tarde en las tribunas escuchando, con mucha paciencia, las intervenciones de los parlamentarios.

Así que parto por reconocer el trabajo realizado por esa instancia, que fue bueno, serio y comprometido desde su origen, sobre todo por los viajes que hizo a las distintas regiones para escuchar y dialogar con la gente y recoger sus inquietudes.

En segundo lugar, cabe destacar que aquí, en el Senado, hace bastante tiempo se constituyó la bancada regionalista, un poco para poder asumir de verdad el compromiso de no continuar con un país tan altamente centralizado. No creo que vayamos a convertirnos, por lo menos fácilmente o dentro de poco tiempo, en un Estado federal, pero otra cosa es tener un país completamente centralizado, donde existe la sensación y la impotencia de ver que todo se resuelve a nivel central, dejándoles a las regiones muy poco espacio real para la toma de decisiones, para ejercer atribuciones, para ejercer competencias, en fin.

En definitiva, quiénes mejor que ellas saben lo que son sus características, sus particularidades y sus potencialidades, porque lo más dramático de este nivel de centralismo es no permitirles desarrollar estas últimas.

La Región de Atacama, por ejemplo, que represento junto con el Senador Prokurica, tiene la particularidad de ser, probablemente, la zona de mayor radiación del mundo, lo cual implica un potencial en energías renovables realmente notable. Lo que nosotros debemos hacer -afortunadamente, el Ministro del ramo lo ha comprendido muy bien y lo está implementando- es dar un mayor impulso, sobre todo si estamos pasando por un ciclo, que puede durar cierto tiempo, de bajo precio del cobre, a las energías alternativas, creando un cluster que sea capaz de promover y desarrollar su uso, considerando la notable ventaja comparativa que tenemos en este ámbito. Atacama no es comparable con el sur de Europa y con ninguna otra zona del mundo, por la cantidad de horas de radiación solar que recibe.

Por lo tanto, si nosotros pudiésemos desarrollar esos proyectos, formando a la gente para que fuera capaz de montar los paneles, de darles mantenimiento, de exportar el sistema, daríamos un salto cualitativo.

Lo anterior requiere un compromiso con las regiones, darles espacio para que tomen decisiones y efectúen su propio diseño, su propia planeación, en función de lo que cada una podría o debería llegar a ser.

Atacama , por ejemplo, tiene esa condición. Otras exhiben ventajas distintas. Entonces, si somos capaces de invertir mucho más en innovación y de ver alternativas frente a la escasez del recurso hídrico para conseguir un mejor aprovechamiento del existente, vamos a poder desarrollar otras potencialidades que hoy resultan más complejas, dado el carácter restrictivo que hay.

Por eso, señor Presidente , creo que es muy importante la señal que dé el Senado en esta votación general.

A mi juicio, fue bueno haber tomado la decisión de poner este proyecto en el primer lugar de la tabla, como también el hecho de estar toda la tarde discutiendo su contenido, para que cada uno de los señores y señoras Senadores tuviera la posibilidad de manifestarse.

A mí me asiste una profunda convicción. Es cierto que resulta complejo para un Senador aprobar la idea de legislar cuando en la otra rama del Parlamento se están debatiendo las atribuciones, las competencias, el traslado de servicios, el financiamiento, pero debemos entender que en algún momento vamos a recibir los insumos que despache la Cámara de Diputados y que van a complementar este paso que, fundamentalmente, es una acción política para que haya una elección democrática de intendentes y sea la propia ciudadanía la que se pronuncie y los escoja directamente.

Ahora, como Chile no es un país federal y tampoco se va a transformar en uno de ellos de la noche a la mañana, tiene que haber una figura como la del delegado presidencial, que cumplirá un poco las funciones del actual gobernador; básicamente, seguridad interior, extranjería y otras.

Lo que importa es que seamos capaces de dar este paso, conscientes de que, cuando veamos el proyecto en particular, debemos determinar cuál va a ser, realmente, el traspaso de funciones de que se ha hablado, cuáles serán, en forma clara, las competencias, las responsabilidades que asumirán las autoridades regionales. También habrá que definir su nivel de financiamiento y si en algún momento tendrán capacidad para generar tributos y llevar a cabo un manejo financiero, lo cual resulta fundamental para desarrollar sus potencialidades y convertirlas en lo que todos queremos. Las regiones contribuyen al desarrollo nacional en virtud de potenciar lo que cada una de ellas puede entregar. Y qué mejor que hacerlo justamente desde sus propios territorios, contando con estas atribuciones.

Por eso, creo que las legítimas dudas que se pueden tener al no conocer en detalle cómo va a quedar, en definitiva, el traspaso de competencias, el tema de las mayores atribuciones, no nos pueden ni nos deben inhibir para tomar una decisión clara en cuanto a que estamos de acuerdo con la elección de intendentes, como un primer paso político que, obviamente, debe venir acompañado de las necesarias y fundamentales facultades y atribuciones. Porque nadie desea que los intendentes sean elegidos por el simple hecho de que sean elegidos, sino que para que ello les permita plantear, dirigir, diseñar; para que sean la voz que encabece las regiones y propicien el desarrollo de sus respectivos territorios, estableciendo los pilares básicos y profesionalizando el Gobierno regional.

Por supuesto, lo mismo vale para los municipios.

Necesitamos modernizar y profesionalizar cada vez más nuestro Estado, mejorar el desempeño de las instituciones públicas, porque ello redunda en mejores políticas públicas.

Señor Presidente , voy a aprobar esta iniciativa con mucha satisfacción y plena convicción. Lo he señalado desde el día uno, lo he defendido e incluso les he expresado a mis colegas presidentes de partido que este es el momento oportuno para dar este paso, el cual, evidentemente, vendrá acompañado de otros.

Es cierto -hay que reconocerlo- que estamos haciendo una especie de mixtura, porque, claro, somos un país altamente centralista que desea comenzar un proceso de descentralización y que está dando un primer paso en ese sentido, el cual -repito- deberá venir acompañado de muchos otros, pero, al mismo tiempo, no somos un Estado federal y, por lo tanto, durante algún tiempo va a existir cierta dualidad. Es ahí cuando tendremos que demostrar una madurez, una prudencia y una sabiduría que nos permita lograr un equilibrio armónico dentro de un sistema un tanto mixto, por llamarlo de alguna manera.

Señor Presidente , quiero reiterar la tremenda importancia que significa aprobar esta reforma constitucional y dar este paso, para así poder decirle al país, desde el Senado de la República, que hemos autorizado la elección de los intendentes.

Cada cual puede tener su propia visión respecto de cómo deben ser elegidos. Yo tengo la mía. A mí me gustaría que fueran elegidos por mayoría absoluta, para que tengan un gran respaldo y mayor representatividad.

En lo personal, me gusta más la denominación de "intendente" que la de "gobernador regional". Pienso que cambiarla no tiene mucho sentido. Estoy convencida de que la gente ya tiene internalizada en su cabeza la figura del intendente y no veo por qué ahora debemos ponernos tan "creativos". Creo que la ciudadanía entiende altiro y sabe de lo que se trata cuando le hablan de "intendente".

Señor Presidente, creo que este es un gran momento y un gran paso. Por eso, le doy todo mi apoyo al proyecto.

Para terminar, solo quiero reiterar que estimo decisivo el trabajo realizado por la Comisión de Descentralización, el cual nos ha permitido dar hoy este paso, el cual estoy segura de que vendrá acompañado de otros que nos permitirán avanzar, con responsabilidad y de manera gradual, en la clara dirección de descentralizar el país, que ya no puede seguir con un nivel de centralismo y de concentración que ahoga a las regiones y les impide expresarse, pues todas las decisiones son tomadas desde Santiago , lo que no corresponde en una auténtica y verdadera democracia.

He dicho.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Allamand.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente, he seguido con mucha atención el debate.

No he tenido la suerte de mi amigo el Senador Larraín en el sentido de haber vivido un tiempo tan prolongado en regiones, pero sí tuve el honor de representar, entre los años 2005 y 2010, a la Región de Los Ríos y a Osorno. Y la experiencia de haber vivido y representado a esa zona me fue de enorme utilidad como dirigente político. Todos los días aprendí muchas cosas.

Aprovecho de recordar aquí la primera lección que me señaló el ex Diputado Juan Enrique Taladriz (que, entre paréntesis, se encuentra bastante delicado de salud y es una persona que siempre estuvo muy encima de los temas regionales), quien en una ocasión me dijo: "Mira, Andrés , aquí en Valdivia hay dos estaciones: el invierno y la estación del tren". Y agregó: "Aquí vas a aprender que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago".

Dicho eso, ¿qué está bien, qué está pendiente y qué creo que debiéramos revisar a fondo en este proyecto?

A mi juicio, la elección directa, definitivamente, está muy bien, por lo que no voy a referirme a ese tema.

Tiendo a coincidir con los colegas que no ven justificación para cambiar el nombre de "intendente" a "gobernador". Eso podrá revisarse y pensarse mejor.

Específicamente, me parecen muy adecuados los dos agregados que se le efectúan al artículo 114. Primero, el de la parte final, donde se establece que cada vez que se transfieran competencias a los gobiernos regionales ello deberá ir de la mano de los recursos pertinentes. Porque esa es una de las trampas del centralismo: se traspasan atribuciones, ya sea a los municipios o a los gobiernos regionales, pero, en definitiva, no se les entregan los fondos pertinentes. El resultado es que la ciudadanía le carga la responsabilidad a quien no le corresponde. Esta práctica de traspasar obligaciones sin otorgar recursos es -reitero- una trampa del centralismo que acá, en mi concepto, queda bien resuelta.

Creo que también es muy correcto haber acogido el denominado "principio de doble subsidiariedad". Como ustedes saben, el principio de subsidiariedad de primer grado es aquel que define qué cosas debe hacer el Estado y qué cosas deben hacer los particulares. Y el de segundo grado, que es el que se recoge en esta normativa, sin perjuicio de que se pueden introducir algunas modificaciones en el texto, es aquel que señala, una vez decidido que el Estado ejercerá determinada función, en qué nivel la va a ejercer.

En el artículo 114 se agrega: "Con todo, se privilegiará la radicación de competencias en los órganos más cercanos". Y me parece que la redacción correcta -voy a presentar una indicación en tal sentido- tendría que ser: "deberán radicarse en". Si se habla "privilegiar", queda una especie de situación indefinida. En cambio, la frase "deberán radicarse" es mucho más imperativa como principio.

Esa parte está muy bien y la apruebo con entusiasmo y optimismo.

¿Qué está pendiente?

Claramente, lo que está pendiente es la definición -diversos colegas ya se han referido a este punto- de las funciones del gobernador o intendente regional y las del delegado presidencial o como se llame.

Ahí hay que aplicar, diría yo, un rigor jurídico particularmente severo, porque esto puede transformarse en una especie de Campo de Marte para los conflictos.

Entonces, definir bien qué le corresponde a una y otra autoridad es extraordinariamente importante. Y diversos Senadores se han referido a la materia.

Ahora -aprovecho de reiterar lo que les manifestaba hace algunos segundos a los señores Ministro del Interior subrogante y Subsecretario de Desarrollo Regional en una conversación informal-, creo que sí debemos revisar un aspecto importante, que es, por así decirlo, "el principio con que se traspasan las facultades".

Hay dos formas de transferirlas.

Hasta ahora, una alternativa era asumir un esquema donde el traspaso de facultades -valga la redundancia- era facultativo. Es precisamente lo que dice el actual artículo 114: "La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales". Es decir, dispone no una definición, sino una posibilidad.

La otra forma de hacerlo, y por la cual yo me inclino, no corresponde a una facultad, sino a un itinerario.

Cuando afirmamos que es una facultad, en la práctica estamos señalando, por así decirlo, que se refiere a todo o nada. Hasta ahora, ha sido nada. ¿Por qué? Porque -quizás me equivoque en la fecha, pero tengo la impresión de que la actual redacción del artículo 114 fue producto de la reforma del año 2005- nunca se votó y nunca se aprobó la iniciativa que permitiría el traspaso de facultades.

Entonces, la pregunta que surge es la siguiente: si este esquema no ha funcionado ¿por qué insistimos en él? ¿No será mucho más razonable establecer desde ya que "en el plazo de tal tiempo se transferirán a los gobiernos regionales esta, esta y esta facultad?".

Sé que eso, en parte, se puede incorporar precisamente en la ley que no se ha dictado. Pero consulto, señor Presidente , ¿queremos dejar este traspaso de facultades, como quien dice, en la indefinición?

Hasta el momento, todos los Presidentes de la República han sido renuentes a hacer transferencias. Pero ahora se afirma que "Como los gobernadores o intendentes van a ser electos, entonces ellos van a presionar para que efectivamente se traspasen facultades".

De ahí que pregunte lo siguiente: ¿Por qué no definimos desde ya qué debe traspasarse? ¿Por qué lo dejamos abierto? ¿Por qué lo dejamos sometido a una cosa que, entre paréntesis, se producirá innecesariamente? La Constitución dispone que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos.

Le quiero anticipar, señor Presidente, que eso no va a pasar.

Lo anterior ya lo discutimos en el Senado cuando aprobamos la creación de la Región de Los Ríos. ¿Qué propusimos con el Senador Frei? Que a las Regiones de Los Ríos y de Arica y Parinacota, recién creadas, les hiciéramos un traspaso categórico de facultades.

Y qué se argumentó en ese momento: "¡Ah, no! No se puede, porque no resulta razonable que tengamos dos regiones con dicho esquema de facultades y trece que no dispongan de él".

Señor Presidente , creo que se debe revisar tal aspecto. En definitiva, me inclino por una modalidad distinta: definir desde ya, dentro de cierto plazo, qué atribuciones vamos a traspasar y cuáles no. ¿Por qué dejarlo simplemente al devenir?

Por último, quiero hacer notar que lo dispuesto en el artículo 114, que estamos dejando igual, es muy incorrecto desde mi punto de vista.

Fíjense, por favor, estimados colegas, que al final del texto se establece que habrá una ley orgánica constitucional para traspasar "a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos", ¡y ojo con lo que señala a continuación!: "creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural".

¿Y energía, por ejemplo? No está aquí. ¿Y medio ambiente? Tampoco.

Entonces, ¿cómo va a ser razonable que tengamos que hacer el traspaso de competencias a esta trilogía que no tiene ninguna justificación?

Anuncio desde ya que voy a presentar una indicación a fin de eliminar toda la parte final del artículo 114, en el entendido de que mantendremos este esquema de traspaso de facultades, para que se señale que "podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos". ¡Punto!

Resulta completamente absurdo que mantengamos -repito- una trilogía sin ninguna justificación. ¿Cómo podríamos determinar qué queda adentro y qué queda afuera del listado?

Señor Presidente , termino haciendo presente que considero lógico revisar lo que planteo. Si seguimos dejando al libre albedrío de las autoridades determinar cuáles facultades se traspasan y cuáles no, nos pueden pasar dos cosas malas: que no se transfiera ninguna o que se consideren más de las que corresponden.

¿Por qué no definir el asunto legislativamente, lo cual, de alguna manera, hará el Gobierno en la ley orgánica respectiva?

Finalmente, me sumo a las expresiones formuladas por otros colegas en el sentido de que aquí ha habido un enorme trabajo de políticos, parlamentarios, partidos y, fundamentalmente, de la sociedad civil. Y estimo que don Heinrich von Baer merece el homenaje de todos nosotros. Él ha demostrado, en verdad, tales persistencia, tenacidad e inteligencia para plantear ese tema, que creo perfectamente razonable que nosotros, como Senado, valoremos en su persona el aporte de toda la sociedad civil a este proceso.

El señor WALKER, don Patricio (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER .-

Señor Presidente, estimados colegas, voy a votar a favor de esta reforma constitucional en general. Pero debo reconocer que lo hago con cierta incomodidad no porque esté en contra de la descentralización y la desconcentración, a la vez, dentro de cada territorio, sino porque no me queda claro aún cuál modelo de descentralización va a tener nuestro país.

Resulta muy curioso que aquí se plantee elegir a una autoridad de un territorio y no sepamos cuáles serán sus atribuciones, y que eso no se halle en la Constitución.

Más curioso me parece que establezcamos en el debate sostenido hasta ahora que será el gobierno central, cualquiera que sea el Ejecutivo de turno, el que irá decidiendo qué atribuciones va traspasando a cada territorio, según considere que el territorio o la región se encuentren maduros para tal fin. Y ello, en el entendido, también, de que la Metropolitana es una región más.

En verdad, manifiesto cierta incomodidad con el tipo de modelo por aplicar, pues no conozco cuál es.

Comprendo que la aprobación del proyecto en debate significa iniciar un proceso. Algunos creen que, si lo hacemos, el resto de las iniciativas fluirán naturalmente.

Espero que así sea, por cuanto otros países tuvieron procesos históricos de constitución muy distintos al nuestro. Me refiero a aquellos con una estructura federal o estadual, que no corresponde a nuestra realidad.

Y también hay naciones que fueron objeto de procesos de descentralización como los de Perú, donde, en verdad -así lo escuché-, es posible decir que se registraron experiencias muy exitosas en determinados territorios.

Eso sí, debo señalar que en las más de 24 o 26 regiones peruanas donde se aplicó tal sistema el resultado fue muy debatible, con irregularidades muy duras en algunos casos.

Pero también el proceso se ha acompañado con algo aquí no contemplado: la autonomía financiera de las regiones.

En Estados Unidos una de las causas de la revolución norteamericana -o americana, como dicen sus connacionales- fue el cobrar impuestos sin representación. Eso se encuentra en el corazón del modelo de desarrollo descentralizado de ese país, donde cada Estado mantiene la potestad de cobrar ciertos tributos para garantizar la autonomía financiera de cada territorio o cierta solvencia económica.

Esa noción -hasta ahora, que yo sepa- no está presente en el modelo que se nos propone. Por lo menos no en este proyecto, aunque tal vez sí en los otros que se han discutido.

Manifiesto cierta confusión sobre qué autoridad queremos elegir, porque hemos entrado a un debate sobre los nombres. Entiendo que se propone, en términos del lenguaje cotidiano, elegir al presidente del CORE , que se llama "Gobierno regional", esto es, al presidente del Gobierno regional. Este tendrá las atribuciones de que hoy dispone y recibirá la asignación que se le transferirá en la Ley de Presupuestos de cada año (o sea, se trata de una descentralización bastante condicionada).

Además, gozará de algunas facultades absolutamente discutibles en cuanto a su preponderancia -no me refiero a la relativa al ordenamiento territorial-, porque los instrumentos de fomento productivo del Estado son bastante precarios en la actualidad, y atomizarlos, como se pretende, no sé si será figurativo o sustantivo.

Vamos a elegir al presidente del gobierno regional. Pero, considerando las atribuciones que le daremos, es muy importante que sepamos cuál será el ámbito de la delimitación de competencias con el representante del gobierno central, independiente de que este lleve el nombre de "delegado" o de que se mantenga el de "intendente" o "gobernador regional".

¿Qué va a pasar con las secretarías regionales ministeriales? ¿De quién van a depender?

¿Cuánto habrá de presupuesto propio en esos ámbitos?

Responsablemente, me parece que se debe realizar un debate para saber adónde queremos llegar, cuál es el modelo de convivencia entre nosotros que deseamos lograr. Y después deberemos definir la transición para alcanzarlo.

Yo represento a la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, donde padecemos lo que los mexicanos califican como el estar "muy cerca del diablo y muy lejos de Dios". Es decir, la cercanía con la Región Metropolitana conlleva hechos históricos, como el de que recién en el siglo XXI comenzó el debate para tener una universidad regional.

¡Eso no es casual! Se le impidió a una región tener universidad propia por razones, sin duda, vinculadas a nuestra cercanía con la Región Metropolitana, con la Capital.

Esa gran macrozona central nos trata de absorber desde el Metrotrén. Puedo citar una cantidad de ejemplos referidos a cómo nos condiciona la cercanía con la Región Metropolitana en forma bastante perversa. Quizás la mayor perversión es la ubicación del casino de la Región de O'Higgins, pues se encuentra al lado norte del peaje para que todos los santiaguinos puedan tener un casino.

En la Sexta Región somos varios los que estamos muy convencidos acerca de la importancia de la descentralización. Sin embargo, queremos descentralización con atribuciones claras, con presupuesto propio claro; que se defina si habrá impuestos para las regiones.

No entro al debate, que varios han planteado en otro momento, sobre qué pasará en las regiones mineras, o en las que pagan externalidades para el desarrollo del país y que no son compensadas.

Señor Presidente, sin duda, voy a votar a favor de esta reforma constitucional.

No soy partidario de que el sistema electoral esté a nivel de la Carta Fundamental. Creo que es propio de una ley orgánica constitucional o de otro tipo.

No soy de aquellos que piensan que en esta reforma constitucional debe existir el nivel de detalles que algunos consideran. Hay otros que somos partidarios de que eso quede para el debate en particular y de que lo dejemos para la ley orgánica. Pero sí estoy convencido de que hoy iniciamos un proceso que esperamos que no se detenga en esta formalidad.

Opino que con este proyecto de reforma a la Carta Fundamental no hacemos historia. Se hará historia cuando tengamos una ley que garantice atribuciones a esa autoridad regional que se elige en forma unipersonal, y cuando perfeccionemos las facultades del consejo regional.

Este tema no es menor.

Algunos piensan que la experiencia de la elección de los consejos regionales ha sido cuestionable.

Desde mi punto de vista, vivimos un proceso de adecuación de la elección de autoridades a nivel regional que ha sido muy positivo, ¡muy positivo!

Para mí, es un proceso -como alguien dijo aquí- de desprendimiento de poder del Ejecutivo y de desprendimiento de poder del Congreso Nacional hacia las regiones, en varios ámbitos.

Eso me parece favorable, señora Presidenta. Lo único que espero es que tengamos la voluntad (el Gobierno actual y los gobiernos futuros) de que el proceso de descentralización no sea meramente formal y de que efectivamente se traspasen atribuciones a los gobiernos regionales.

Tal como indicó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, soy partidario de que la identificación y definición de la transferencia de atribuciones se consagre en la ley y de que no quede como una concesión graciosa del Gobierno de turno.

Me parece que aunque eso sea progresivo, constituye un avance. Es mejor que quede claramente establecido en la norma.

No existen regiones de primera ni regiones de segunda. Todas deben tener las mismas atribuciones. De lo contrario, no habrá el desarrollo equilibrado que el país requiere.

He dicho.

La señora MUÑOZ (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.-

Señora Presidenta , ingresé a la Cámara de Diputados en marzo de 2006, cuando me correspondió ejercer la presidencia de la Comisión de Gobierno Interior, y los principales proyectos que se abordaron durante la respectiva legislatura fueron los referidos a la creación de la Región de Los Ríos y de la Región de Arica y Parinacota.

Desde los años 1974 y 1975 se fue gestando un comité para lograr la anhelada instauración de la Región de Los Ríos. Y luego de varias modificaciones -primero en la Constitución, luego en el propio texto- pudimos lograr la primera región cuyo establecimiento se discutió en democracia, con amplia participación de sus habitantes y con importantes debates de la ciudadanía.

Se habló de una región modelo, de una región piloto, y se lograron avances significativos, principalmente en la localización de servicios: pudimos radicar la capital del agro en la provincia del Ranco, particularmente en la comuna de Río Bueno, y los servicios regionales del INDAP, del SAG, de la CONAF en la comuna de La Unión.

Se ha seguido avanzando desde el punto de vista de entenderla como una región distinta, nacida -como mencioné- en democracia, con plena participación.

También me tocó participar en la promulgación de la ley que creó la nueva Región de Arica y Parinacota.

Sin embargo, en nuestro país enfrentamos una cultura centralista.

Creo fundamental destacar el trabajo de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, establecida por la Presidenta de la República , que contó con la participación de todos los regionalistas. Disculpen que no nombre a todos sus integrantes; sé que muchos se encuentran en las tribunas. Solo quiero mencionar que encabezó esa Comisión Esteban Valenzuela, quien acumulaba un conjunto de experiencias y de conocimientos en materia académica, universitaria, en gobiernos regionales, importantes para llevar adelante esta tarea.

Hago esa referencia, señora Presidenta , porque creo que el problema que subsiste en Chile no es solo de legislación; no es solo una cuestión de instaurar normas para avanzar en una mayor autonomía regional.

Es más: creo en la región; hago mi vida en la región; soy de los pocos Senadores asentados en la región, en donde he estado permanentemente.

¡Miro el país y la política desde la región!

Pero aquí hay una cultura que obedece principalmente al modelo jacobino de la construcción del Estado de Chile, a ese modelo portaliano que se instauró y que muchas veces ha penetrado en nuestras élites y en nuestros actores nacionales.

Sin lugar a dudas, voy a apoyar esta iniciativa, pero creo que estamos todavía con un enorme déficit en materia de descentralización cultural, descentralización de la actitud, descentralización de la forma de abordar este país.

Lo hemos dicho en innumerables oportunidades: cuando hay un problema en una región, el problema es de la región; cuando hay un problema en Santiago, se trata de un problema país. Y esa visión no la cambiará la descentralización que se está planteando, menos si no se entregan todas las competencias.

Ha resultado fundamental permitir la elección directa de los consejeros regionales. Este ha sido un gran avance. Ellos hoy son los representantes electos de las provincias y canalizan la información en ese ámbito territorial.

Al respecto, estimo importante que se establezca la posibilidad de determinar programas y fijar marcos presupuestarios regionales a largo plazo, en lugar de que las regiones tengan una dependencia casi raquítica del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, instrumento que ha impedido al intendente -a futuro dicha autoridad será electa a través de la figura del gobernador regional- delinear un programa de gobierno.

Cuando la máxima autoridad regional, ya elegida democráticamente -para ello apoyaremos este proyecto-, trace la matriz productiva de su territorio y planifique su desarrollo con sus distintas divisiones, con su equipo, con su burocracia -lo digo en el buen sentido: "burocracia administrativa"-, estará concretado el acompañamiento por parte del Estado y será una realidad la transferencia de recursos, de funciones y de competencia, y no solo desde el punto de vista de las atribuciones, sino también del capital social.

Es esencial hacer eso y avanzar mucho más.

Por ello, considero fundamental que, además de la presente iniciativa -acá están el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y el Ministro del Interior subrogante, pero echo de menos a los rectores (algunos Senadores hicieron ya la referencia)-, exista la posibilidad de generar capital regional. Estoy pensando en la capacidad de formar profesionales vinculados con el territorio, personas que aspiren a trabajar en la administración regional, en lugar de usar esto simplemente como un trampolín para terminar en Santiago.

Hay regiones donde es difícil retener a los profesionales. Debemos analizar ese problema.

No habrá efectiva descentralización sin una política importante de capacitación de profesionales que ya trabajan en el ámbito local, y de formación de estudiantes y futuros profesionales con una fuerte vinculación con el territorio. Si no, surgirán gobiernos regionales de primera y gobiernos regionales de segunda.

En Valdivia tenemos la suerte -y lo digo con sano orgullo- de contar con la Universidad Austral, que ha proyectado su labor incluso a la Región de Los Lagos. Dicha institución ha generado capital social profesional durante más de sesenta años.

Pero en otras regiones no existe tal posibilidad. Llevar un profesional hasta allá es tremendamente dificultoso y retenerlo es prácticamente inhumano, por cuanto los costos alternativos de residir ahí, desde el punto de vista de la vivienda, producen situaciones que atentan contra la formación de cultura, la densidad administrativa, la descentralización.

Señora Presidenta , debiéramos pedirle al Gobierno que considere ese punto a la hora de definir lo relativo a las universidades que se están creando. Su desarrollo está dentro de los planes de acompañamiento de la formación de los futuros gobiernos regionales.

No sacamos nada con tener autoridades electas cuando en muchas regiones, pese a su autonomía, persiste la cultura de preferir esperar la respuesta del nivel central. Se decide en la Capital, porque los funcionarios regionales no han sido formados para tomar decisiones. Y hay varios ejemplos al respecto: la autoridad territorial conoce la demanda social y la situación específica, pero la decisión la toma el ministro pertinente. Es decir, se traslada la responsabilidad.

Debemos responsabilizar administrativamente a las autoridades regionales y dotarlas de las competencias y los recursos necesarios. De lo contrario, terminaremos adoptando la misma cultura: los grandes proyectos surgirán desde el nivel central y el gobierno regional administrará -por así decirlo- solo los flecos, los remanentes.

Es preciso otorgar facultades al gobierno regional para que pueda optar en las grandes inversiones de obras públicas, responsabilizándose de sus decisiones. Así no ocurrirá lo que aconteció con nuestro famoso puente Caucau, en Valdivia -en estos días llegará el informe de Contraloría al respecto-: la iniciativa fue dirigida desde Santiago y hoy nadie se responsabiliza de ella.

¡Se diluye la responsabilidad!

No se le dio competencia a la Región porque se trataba de una obra demasiado relevante, pero al momento de los problemas nadie es responsable en el nivel central.

Urge dotar con más normas, facultades y competencias el avance histórico que constituye la elección directa de los gobernadores regionales.

Pero ello debe ir acompañado de formación en centros académicos. Es necesario un instituto nacional para formar profesionales, y no solo en el ámbito de los administradores públicos, como los que prepara el INAP o las escuelas de asuntos públicos en Francia, en España, entre otros países.

Por lo tanto, se requiere generar una significativa formación de capacidad para apoyar a los gobiernos regionales.

Este es un paso importante para construir un país distinto, uno que aborde el desarrollo desde las regiones. Pero queda todavía un enorme esfuerzo por concretar: cambiar la cultura centralista que impera con el fin de mirar a Chile desde y con las regiones.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el Senador señor Patricio Walker.

El señor WALKER (don Patricio).-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer a todos los Comités por permitir poner al inicio de la tabla este proyecto de reforma constitucional, que estaba en cuarto lugar.

Igualmente doy gracias al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo , don Ricardo Cifuentes , y al Ministro del Interior subrogante , señor Mahmud Aleuy , por instarnos a tomar esta decisión.

Aprovecho de saludar de manera especial a la gente que hoy nos acompaña en las tribunas: concejales, alcaldes, consejeros regionales, intendentes, exintendentes, a Heinrich von Baer; en fin, a muchas personas que han luchado por este objetivo.

La verdad es que, sin la decisión unánime de los Comités y la sana presión de quienes en este momento están en las tribunas, hoy día no estaríamos votando esta reforma constitucional.

Meses atrás -recuerdo una conversación con Heinrich von Baer y otras personas- asumí el compromiso de votar este proyecto antes de dejar la Presidencia del Senado . No fue fácil, pero lo logramos. Al respecto, no quiero hacer uso de información privilegiada. Después daremos a conocer la votación.

Con todo, pienso que este va a ser un día muy importante, pues se dará un primer paso para avanzar en la descentralización.

Nos arriesgamos: estaban las invitaciones hechas y no teníamos este proyecto en primer lugar. Pero finalmente todos estuvieron a la altura del desafío.

Cabe señalar que esta decisión no es algo irracional; no obedece a un capricho.

Desde 1999 -en su oportunidad recibí una minuta de Heinrich von Baer con diez razones para aprobar esta reforma constitucional- ha habido compromisos de candidatos presidenciales para elegir a los intendentes por voto popular de forma directa.

La verdad es que genera mucha frustración en las regiones que esa promesa se traduzca solo en palabras y no en realidades.

Para alguien de Santiago -yo nací y estudié ahí-, cuesta mucho entender la sensibilidad de las regiones.

Similar a algunos colegas que han hecho uso de la palabra, yo llegué el 97 a la Región de Coquimbo como candidato y fui doce años Diputado por Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado. Y ahora llevo seis años como Senador por Aisén.

Desde las regiones se entiende la sensibilidad regionalista y se siente la frustración. Muchas veces la gente sabe qué se debe hacer y cuáles son las prioridades. Sin embargo, por desgracia, hay que ir a Santiago a pedir los recursos para tomar decisiones y apoyar proyectos locales.

En la Región de Coquimbo -lo recuerdo muy bien y supongo que Ricardo Cifuentes también-, se debían resolver los problemas de los campamentos, de la población Bellavista.

Con la Vicepresidenta del Senado hablábamos sobre la situación de la Ruta 43 (entre La Serena, Coquimbo y Ovalle), conocida como "La ruta de la muerte" porque consta de una sola vía.

Por su parte, en casos relacionados con la Región de Aisén, varias veces debimos acudir a la Capital a solicitar los recursos pertinentes. Ahí se daban las soluciones, no en la Región, no obstante que en esta sabíamos perfectamente lo que había que hacer.

Por ejemplo, se planteó la necesidad de conseguir más recursos para la Beca Patagonia y la Beca Aysén, y de hacer menos discriminatorio el acceso a ellas. Para ese efecto, hablamos en su momento con distintos Ministros de Educación en Santiago , quienes nos dijeron: "¡Para qué!, si acá hay créditos y otras becas. ¿Por qué nos piden aumentar los montos de aquellas becas regionales?". Y ahí debíamos explicar que se trataba de un instrumento para costear el alojamiento de los jóvenes de nuestra región que seguían estudios superiores en otras partes de Chile porque no había universidad en la zona.

En otra ocasión invitamos al Ministro del Interior para solucionar un problema con el subsidio que reciben las tutoras familiares, quienes acogen en sus casas a jóvenes que llegan a terminar su enseñanza media desde cinco comunas de la Región de Aisén que carecen de liceo.

Respecto de la conectividad terrestre, invitamos al Ministro Undurraga para impulsar la pavimentación desde Cerro Castillo hacia el sur. Desde 1999 se plantea dicha aspiración. Pero le dijimos al Ministro : "Vaya a Cochrane en auto, no en helicóptero ni en avión, como lo han hecho sus predecesores. Así verá la realidad. ¡Vea la realidad!". Afortunadamente, se comprometió a pavimentar los primeros 12 kilómetros de ese tramo, y hoy se está avanzando en la obra.

Para el desarrollo de la ruta marítima, con el Senador Horvath, invitamos al Ministro de Transportes . Fuimos desde Tortel a Puerto Edén, y llegamos a Puerto Natales. Ahí se hizo un compromiso: en los próximos meses tendremos conectividad marítima para unir Aisén con Magallanes en la Patagonia de Chile.

Algo similar ocurrió con relación al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE). La Presidenta de la República prometió mil millones de dólares para llevar adelante un plan histórico para la Región de Aisén. ¿Dónde conseguimos los recursos? ¡En Santiago!

¿Cuántas cosas nos gustaría lograr? La mejor aplicación del decreto ley Nº 889, del subsidio a la contratación de mano de obra, del DFL Nº 15 sobre bonificación a las inversiones de las pymes en las zonas extremas.

Nos encantaría que ese último beneficio se otorgara a todos los proyectos de inversión o reinversión, sin tener que pasar por un concurso. Así lo hemos pedido desde hace mucho tiempo.

¿El huevo o la gallina?

Se nos señala: "Es que ustedes no cuentan con gente preparada en la región. No tienen la capacidad ni los recursos humanos para tomar sus propias decisiones". ¡Falso! Si se requiere más capital humano, basta asumir una decisión política.

En Aisén no había universidad estatal. Se tomó una decisión política, y ahora sí la habrá. Probablemente, al principio muchos profesores de esa futura casa de estudios vendrán desde fuera de la región. Con todo, este caso demuestra que con voluntad se pueden adoptar resoluciones en beneficio regional, en lugar de frenar ese desarrollo señalando que no hay capital humano necesario.

Por lo demás, creo que existe mucho capital humano en las regiones preparado para tomar decisiones y evaluar proyectos de manera adecuada.

Somos el único país en el mundo que no elige las autoridades regionales por voto popular, sino que son designadas por el Presidente de turno.

Somos la nación más centralizada de América Latina y de la OCDE.

Y no es un problema de nombres, pues hemos tenido grandes intendentes. Menciono, por ejemplo, en la Región de Coquimbo al Ricardo Cifuentes, y en la Región de Aisén a Viviana Betancourt y a Silvia Moreno , a quienes veo en las tribunas.

El problema es de diseño institucional.

En Chile los intendentes duran, en promedio, un año y un mes. ¡Eso duran! ¿Por qué? Porque en ese lapso suelen ponerse -permítanme la expresión poco académica- "chúcaros", rebeldes, al defender con mucha fuerza los intereses de la región. Ante ello, el Presidente de turno los cambia porque prima el criterio centralista y los intereses globales por sobre los regionales, sin entender que los anhelos de una región son fundamentales para que nuestro país sea descentralizado.

Se ha dicho muy bien acá: Chile será un país descentralizado o jamás será desarrollado.

Los intendentes son un resabio de una institución de los Borbón. En efecto, la Corona española creó la figura de los gobernadores para mantener el control en los virreinatos, conforme a la institucionalidad que existía en esa época.

Señora Presidenta , en esta materia distintos organismos han hecho un trabajo enorme: la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, los cores, la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.

Además, se han efectuado muchos seminarios sobre el particular.

También quiero destacar el aporte de todos los que hoy nos acompañan en las tribunas.

Quiero simbolizar ese reconocimiento en la persona de Heinrich von Baer, quien ha dado una lucha por muchas décadas en este tema y hoy nos acompaña.

¡Qué bueno que aprobemos el traspaso de competencias con recursos! Si no, los alcaldes nos reclaman: "Nos dan más atribuciones, pero no las platas para ejercerlas".

Eso sí, tenemos que materializar la trasferencia de competencias. No puede depender de que un Presidente quiera trasladar facultades a los gobiernos regionales para que estos puedan tomar sus propias decisiones. En eso debemos avanzar mucho más.

Además, se requiere una ley que aborde el tema fiscal y lo relativo al financiamiento y a los tributos. Sin recursos y sin atribuciones, esta reforma va a ser insuficiente. Es un primer paso, uno muy importante y relevante, pero no bastará.

Necesitamos gobiernos regionales con atribuciones. Entendemos las figuras de los delegados presidenciales y provinciales para mantener el Estado unitario en materias de aduana, de seguridad ciudadana, de gobierno interior, pero queremos intendentes (futuros gobernadores regionales) y consejos regionales empoderados.

Y esperamos que no se produzca una duplicidad de funciones, un monstruo de dos cabezas, como decía Heinrich von Baer en un seminario que hicimos en Coihaique.

Señora Presidenta, este proyecto es importante y mejorable. Por eso en la discusión en particular vamos a presentar indicaciones.

Cabe precisar que la determinación respecto de la elección del intendente no podía estar supeditada a un acuerdo previo respecto del mecanismo de elección. Hubiéramos dado la sensación de que buscábamos primero ver qué nos conviene -o sea, asegurar el "arreglín"- para después tomar la decisión respecto de si se elige o no a los intendentes.

¡Eso no podía ser!

Es muy relevante lo que hoy se resuelve, y espero que lleguemos a acuerdo sobre el mecanismo de elección.

Actualmente, el 15 por ciento de los recursos del país se destina al nivel regional. Queremos llegar, ojalá, al promedio de los miembros de la OCDE, que nos cuadruplican. Solo así Chile será efectivamente descentralizado.

Estamos dando un paso trascendental.

Reitero mi gratitud a todas las personas que se han creído la causa regionalista y que se la han jugado por ella, en especial a la gente que representamos de regiones que están frustradas. A mi juicio, con esta reforma constitucional va a volver la esperanza.

Estoy cumpliendo el compromiso: antes de dejar la Presidencia del Senado se realizó la votación de esta iniciativa, lográndose un resultado contundente de apoyo, con la concurrencia de los 38 Senadores.

Este proyecto va a ser clave para el futuro de Chile; fundamentalmente, para el futuro de nuestras regiones.

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Tiene la palabra el señor Secretario .

El señor LABBÉ ( Secretario General ).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ ( Vicepresidenta ).-

Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto de reforma constitucional en general (37 votos), y se deja constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.

Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

¡Ahora pueden aplaudir!

--(Aplausos en la Sala y en tribunas).

Queda aprobada en general la reforma constitucional que permite elegir gobernadores regionales por voto popular en cada una de las regiones de Chile.

Agradecemos la presencia de todos quienes nos acompañan: Heinrich von Baer, concejales, consejeros regionales, alcaldes, intendentes, exintendentes. Muchas gracias por el apoyo brindado en esta iniciativa tan especial.

El señor LARRAÍN.-

Señor Presidente , ¿está fijado el plazo para indicaciones?

El señor WALKER, don Patricio ( Presidente ).-

Sí, ya se estableció.

1.7. Boletín de Indicaciones

Fecha 04 de abril, 2016. Boletín de Indicaciones

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE ELECCIÓN POPULAR DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL.

INDICACIONES

04.04.16

BOLETINES Nºs 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos

ARTÍCULO ÚNICO

1.- Del Honorable Senador señor Guillier, para consultar un numeral nuevo, del siguiente tenor:

“…) Sustitúyese el artículo 3° por el siguiente:

“Art. 3°. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.

Su gobierno y administración serán funcional y territorialmente descentralizados, de conformidad a esta Constitución y a la ley, la que también establecerá los casos de administración desconcentrada.

Todos los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, según los principios que esta Constitución establece.”.”.

Número 1)

2.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“1) Sustitúyese en el artículo 32, numeral 7°, la expresión “intendentes y gobernadores;”, por la siguiente: “secretarios regionales presidenciales y secretarios provinciales;”.”.

Número 2)

3.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“2) Reemplázase, en el literal e), del numeral 2°, del artículo 52, la expresión “intendentes, gobernadores”, por “secretarios regionales presidenciales y secretarios provinciales”.”.

Número 3)

4.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“3) Sustitúyese, en el numeral 2° del artículo 57, la expresión “Los intendentes, los gobernadores”, por “Los gobernadores regionales, secretarios regionales presidenciales y secretarios provinciales”.”.

5.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir la expresión “Los gobernadores regionales” por “Los intendentes”.

6.- Del Honorable Senador señor Guillier, para agregar después de la expresión “delegados provinciales” lo siguiente: “y suprímese lo siguiente: “, los consejeros regionales, los concejales”.

7.- Del Honorable Senador señor Guillier, para suprimir el numeral 7) del artículo 57.

Número 4)

8.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para suprimirlo.

9.- De los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Pérez Varela, para sustituirlo por el siguiente:

"4) Reemplázase los numerales 14° y 15° del artículo 93, por los siguientes:

"14°.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, gobernadores regionales y delegados provinciales;

15°. Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60, o por un gobernador regional en los términos de la letra e) del artículo 124 bis, y pronunciarse sobre la renuncia al cargo respectivo, y".".

Numeral 15°

10.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar las palabras “gobernador regional” por “intendente”.

11.- Del Honorable Senador señor Guillier, para incorporar en el artículo 93 un numeral 17° del siguiente tenor:

“17.- Resolver los conflictos de competencia entre los órganos del Gobierno y la Administración del Estado central, los gobiernos regionales y las municipalidades.”.

12.- Del Honorable Senador señor Guillier, para agregar en el artículo 93, a continuación del inciso décimo octavo, el que sigue:

“En el caso del número 16°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de los órganos en conflicto, a través de las personas que poseen su representación judicial.”.

13.- Del Honorable Senador señor Guillier, para consultar el siguiente numeral nuevo:

“…) Sustitúyese el Artículo 110 por el siguiente:

“Art. 110. “Para el gobierno y la administración del Estado, su territorio se divide en regiones y éstas en comunas.

Para el ejercicio de las potestades de gobierno y administración interior, y de coordinación, fiscalización y supervigilancia de los servicios y órganos desconcentrados, la región se divide en provincias.

La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.”.”.

Número 5)

14.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el siguiente:

“…) Sustitúyese el artículo 111 por el siguiente:

“Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo, y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos del Gobierno Regional, y que no estén contemplados en el artículo 115 bis.

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido sólo para el período siguiente.

Si a la elección del gobernador regional se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.

En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso sexto, se convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.”.

15.- Del Honorable Senador señor Guillier, para reemplazarlo por el que sigue:

“5) Reemplázase el artículo 111 por el siguiente:

“Art. 111. El gobierno y la administración de cada región reside en el respectivo Gobierno Regional, cuyo objeto será el desarrollo social, cultural y económico de la región. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. El gobierno regional estará constituido por el Gobernador Regional, quien será su órgano ejecutivo, y por el Consejo Regional, todos elegidos por votación universal directa en conformidad a la ley.”.”.

Letra b)

16.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimirla.

Número 6)

17.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“…) Derógase el artículo 112.”.

Artículo 112

18.- Del Honorable Senador señor Guillier, para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 112. Al Gobernador Regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos regionales creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, con la excepción de las potestades que corresponda ejercer a nivel provincial al respectivo Delegado Presidencial.

Al Gobernador Regional le corresponde además la presidencia del Consejo Regional.

Una ley orgánica constitucional determinará la forma en que el Gobernador Regional ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.”.

Inciso primero

19.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la expresión “gobernador regional” por “intendente”.

20.- Del Honorable Senador señor Quinteros, para suprimir la expresión “por simple mayoría,”.

21.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminar la locución “por una sola vez”.

Inciso segundo

22.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar la expresión “gobernador regional” por “intendente”.

23.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar después de la expresión “en su caso”, lo siguiente: “, y promover la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público regional, especialmente en la planificación territorial y marítima”.

Número 7)

24.- Del Honorable Senador señor Guillier, para agregar en el inciso primero del artículo 113 la siguiente oración final: "La Potestad Resolutiva del Consejo Regional será indelegable en todas las materias de competencia del gobierno regional.".

25.- De los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Pérez Varela, para reemplazar el inciso segundo del artículo 113 por el siguiente:

"El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, la cual además deberá entregar las herramientas que permitan el ejercicio de las facultades fiscalizadoras a cada uno de los consejeros regionales, especialmente frente al gobernador regional respectivo. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados.".

Número 8)

26.- Del Honorable Senador señor Horvath, para reemplazar en el artículo 114 la locución “podrá transferir” por “podrá o deberá transferir”.

27.- Del Honorable Senador señor Horvath, para agregar al artículo 114 la siguiente oración final: “Dicha ley establecerá, la participación vinculante de la comunidad local, en materia de ordenamiento territorial y marítimo.”.

28.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el numeral 8) por el que sigue:

“…) Agrégase en el artículo 114, a continuación de la expresión luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “El procedimiento de transferencia de competencias contemplado en la referida ley deberá propender que éstas se realicen hacia los órganos más cercanos a la ciudadanía, buscando un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios de la región, resguardando los principios de eficiencia y eficacia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3°.

Toda transferencia de competencias a los gobiernos regionales deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo.”.

29.- Del Honorable Senador señor Navarro, para agregar después del vocablo “ciudadano” la siguiente expresión: “otorgando valor a la diversidad social y cultural del país”.

30.- Del Honorable Senador señor Navarro, para eliminar el inciso segundo propuesto.

31.- Del Honorable Senador señor Guillier, para agregar después de la frase “Toda transferencia de” la expresión “servicios o”.

32.- Del Honorable Senador señor Horvath, para introducir un nuevo numeral, del tenor que se señala:

“…) Intercálase en el inciso primero del artículo 115, después de la palabra “equitativo”, lo siguiente: “, con participación efectiva y vinculante de la comunidad local en la planificación territorial o marítima”.”.

33.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para consultar en seguida el siguiente numeral, nuevo:

“…) Intercálase a continuación del artículo 115, el siguiente artículo 115 bis:

“Artículo 115 bis.- En cada región existirá una secretaría regional presidencial, a cargo de un secretario regional presidencial, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la Región, en conformidad a la ley. El secretario regional presidencial será el representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El secretario regional presidencial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República.

Al secretario regional presidencial le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.”.

Número 9)

34.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“9) Modifícase el artículo 116 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 116.- En cada provincia, existirá una secretaría provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del secretario regional presidencial, y estará a cargo de un secretario provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. En la provincia asiento de la capital regional, el secretario regional presidencial ejercerá las funciones y atribuciones del secretario provincial.”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la palabra “gobernador” por la expresión “secretario provincial”.

ii. Reemplázase la palabra “intendente” por la expresión “secretario regional presidencial” las dos veces que aparece.”.

Artículo 116

Inciso primero

35.- De los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Pérez Varela, para sustituir el inciso primero por el siguiente:

"Art. 116. En cada provincia existirá una delegación provincial que será un órgano territorialmente desconcentrado del Presidente de la República la cual estará a cargo de un delegado provincial de su exclusiva confianza. El delegado provincial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato.".

Número 10)

36.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“10) Modifícase el artículo 117 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “gobernadores” por “secretario provinciales”;

b) Sustitúyese la palabra “delegados” por la expresión “encargados”.”.

37.- Del Honorable Senador señor Guillier, para reemplazarlo por el siguiente:

“10) Suprímese el artículo 117.”.

Número 11)

38.- De los Honorables Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, para reemplazar el Título “Administración Comunal”, que precede al artículo 118, por otro denominado “Gobierno y Administración Comunal”. 39.- De los Honorables Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, para sustituir en el inciso primero del artículo 118 la frase inicial “La administración local” por “El gobierno y la administración local”.

40.- De los Honorables Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, para agregar en el inciso cuarto del artículo 118, después de la expresión “cuya finalidad”, la locución “, en cuanto gobiernos locales,”.

41.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazar el numeral 11) por el siguiente:

“11) Agrégase en el inciso final del artículo 118, después del punto final que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Toda transferencia de competencias a las municipalidades deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo.”.”.

42.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituir la locución “recursos determinados por la ley” por “recursos determinados en la misma ley”.

43.- De los Honorables Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, para consultar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“…) Reemplázase en el inciso primero del artículo 120 la frase “regulará la administración transitoria de las comunas” por “regulará el gobierno y la administración transitoria de las comunas”.

Número 12)

44.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“12) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Artículo 124.- Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado secretario regional presiden-cial o secretario provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

No podrán ser candidatos a gobernador regional los secretarios regionales presidenciales y los secretarios provinciales que se hayan desempeñado como en el cargo dentro de los doce meses anteriores a la elección referida.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, secretario regional presidencial y secretario provincial, serán incompatibles entre sí.

El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional, secretario regional presidencial o secretario provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional, secretario regional presidencial o secretario provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional, secretario regional presidencial o secretario provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.”.

Artículo 124

45.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituir, todas las veces que aparece, la expresión “gobernador regional” por “intendente”.

Inciso tercero

46.- Del Honorable Senador señor Espina, para reemplazarlo por los siguientes:

“No pueden ser candidatos a Gobernador Regional:

1) Los diputados y senadores;

2) Los Ministros de Estado;

3) Los delegados provinciales, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios;

4) Los miembros del Consejo del Banco Central;

5) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras;

6) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales;

7) El Contralor General de la Republica;

8) Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal;

9) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;

10) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Publico, y

11) Los Comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Área, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las Inhabilidades establecidas en este inciso serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto a las personas mencionadas en los números 8) y 9), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 10), respecto de las cuales el plazo de inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.”. Inciso cuarto

47.- Del Honorable Senador señor Navarro, para sustituirlo por otro del siguiente tenor:

“El cargo de intendente y el de delegado presidencial serán de dedicación exclusiva. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley.”.

Inciso quinto

48.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazarlo por el que sigue:

“Asimismo, el cargo de intendente y el de delegado presidencial es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades privadas o fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.”.

Inciso octavo

49.- Del Honorable Senador señor Espina, para suprimir la expresión “o delegado provincial”.

Inciso noveno

50.- Del Honorable Senador señor Espina, para eliminar las palabras “o delegado provincial”.

Inciso décimo

51.- Del Honorable Senador señor Espina, para suprimir la locución “o delegado provincial”.

Número 13)

52.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para reemplazarlo por el siguiente:

“13) Modifícase el artículo 125 por el siguiente:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre las expresiones “cargos de” y “alcalde”, la expresión “gobernador regional,”.

b) Intercálase, en el inciso tercero, entre las expresiones “cargo de” y “alcalde”, la frase “gobernador regional,”.”.

Artículo 124 bis

53.- Del Honorable Senador señor Navarro, para reemplazar, todas las veces que aparece, la expresión “gobernador regional” por “intendente”.

Inciso primero

Letra d)

54.- Del Honorable Senador señor Navarro, para suprimir el vocablo “gravemente”.

Incisos octavo, noveno, décimo y undécimo

55.- De los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Pérez Varela, para reemplazarlos por el siguiente:

"En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, el consejo regional deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo gobernador regional que lo reemplace, elegido por los dos tercios los consejeros regionales en ejercicio. La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. Si en dos sesiones extraordinarias sucesivas no se lograre la mayoría de dos tercios requerida, se elegirá al nuevo gobernador regional por mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio, y en caso que no se produjere acuerdo, se citará a una nueva sesión extraordinaria donde el nuevo gobernador regional será la simple mayoría de los consejeros regionales en ejercicio.".

56.- Del Honorable Senador señor Horvath, para sustituirlos por los que siguen:

“En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, el consejo regional deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo gobernador regional que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio. La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante.

El gobernador regional elegido conforme al inciso precedente durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección siguiente.”.

57.- Del Honorable Senador señor Guillier, para consultar un numeral nuevo, del tenor que se indica:

“…) Incorporase un artículo 125 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Art. 125 bis. En cumplimiento del mandato del artículo 3 de esta Constitución, los órganos del Estado actuarán siempre respetando y promoviendo la autonomía de los gobiernos regionales y de las municipalidades en el ámbito de sus respectivas funciones, competencias y atribuciones. La ley, además, privilegiará la radicación de potestades públicas en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; promoverá la solidaridad interterritorial, buscando el desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común. El gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales ni de las municipalidades, ni los gobiernos regionales podrán hacerlo respecto de las municipalidades; y deberá, cada vez que cree, transfiera o extienda las competencias de gobiernos regionales o municipalidades, atribuirles presupuestariamente los recursos necesarios para su correcto ejercicio, y en el caso de las transferencias, a lo menos los equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio.”.”.

58.- Del Honorable Senador señor Horvath, para incorporar un nuevo numeral, del tenor siguiente:

“…) Modifícase el inciso segundo del artículo126 de la siguiente manera:

a) Sustitúyese la expresión “intendente y” por “gobernador regional, sea con”.

b) Agrégase después de las palabras “consejo regional” lo siguiente: “o el delegado presidencial”.”.

59.- Del Honorable Senador señor Guillier, para agregar el siguiente numeral, nuevo:

“…) Intercálase en el inciso primero del artículo 126 bis, a continuación de la frase “Son territorios especiales los correspondientes a” la locución “región de La Araucanía”.

Número 15)

60.- De Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituirlo por el que sigue:

“15) Agréganse las siguientes disposiciones transitorias:

“VIGÉSIMOOCTAVA. La primera elección por sufragio universal en votación directa de gobernadores regionales se realizará en la oportunidad que determine la ley orgánica constitucional que establece el inciso cuarto del artículo 112.

Una vez que asuman los gobernadores regionales conforme las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, dejará de existir el cargo de presidente del consejo regional. Asimismo, desde que asuman estas autoridades electas, las normas legales que atribuyan funciones al intendente se entenderán referidas al secretario regional presidencial, salvo aquéllas que, expresamente, le otorguen al intendente funciones en cuanto órgano ejecutivo del gobierno regional, las que se entenderán referidas al gobernador regional.

Mientras no ocurra esta asunción, las competencias ejecutivas de los gobiernos regionales serán desempeñadas por los intendentes designados por el Presidente de la República, los que pasarán a llamarse secretarios regionales presidenciales. Durante el mismo período el Presidente del Consejo Regional permanecerá en funciones.

VIGÉSIMONOVENA. Durante los diez años siguientes a la publicación de la reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, la autorización dispuesta en el artículo 64 podrá otorgarse por un plazo máximo de cuatro años sólo con el fin de disponer las normas que sean necesarias para la efectiva transferencia, a los gobiernos regionales, de la dependencia de uno o más servicios públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependen o se relacionan con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.”.

Disposición vigésimoctava

Inciso primero

61.- Del Honorable Senador señor Guillier, para agregar después de la palabra “transferirán” la expresión “los servicios y/o”.

62.- Del Honorable Senador señor Espina, para introducir una disposición transitoria nueva, del tenor siguiente:

“…Los intendentes deberán dejar su cargo un año antes de la primera elección por sufragio universal del gobernador regional para poder presentarse a candidatos al referido cargo.”.

1.8. Segundo Informe de Comisión de Gobierno

Senado. Fecha 04 de octubre, 2016. Informe de Comisión de Gobierno en Sesión 52. Legislatura 364.

?SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, DESCENTRALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional.

BOLETÍN Nos 9.834-06, 10.330-06, 10.422-06 y 10.443-06, refundidos.

__________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de presentaros su segundo informe respecto del proyecto de reforma constitucional de la referencia, iniciado en Mensaje de Su Excelencia la señora Presidenta de la República y en Mociones de los Honorables Senadores señora Pérez San Martín y señores Guillier, Horvath, Quinteros y Zaldívar; Honorables Senadores señora Von Baer y señores Allamand, Espina, García y Pérez Varela y Honorables Senadores señores Chahuán y García Huidobro, respectivamente, respecto del cual, al día de hoy, no se ha hecho presente urgencia para su despacho.

A las sesiones en que la Comisión consideró esta iniciativa de ley asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señoras Isabel Allende, Lily Pérez y señores De Urresti, García Ruminot, Guillier, Horvath, Lagos, Navarro, Walker don Patricio y los Honorables Diputados señora Paulina Núñez y señores Claudio Arriagada, Marcelo Chávez y Rodrigo González.

Asimismo, concurrieron las siguientes autoridades y personas, en la representación que se indica:

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el Ministro, señor Nicolás Eyzaguirre; la Subsecretaria, señora Patricia Silva; el Jefe de División, señor Gabriel de la Fuente; el Abogado de la División Jurídica, señor Gabriel Osorio; los Asesores, señoras María Jesús Mella, María Fernanda Arenas, María José Solano y Bernardita Nazar y señores Hugo Arias, Nicolás Torrealba, Daniel Portilla, Giovanni Severín, Luis Batallé, Felipe Ponce, Exequiel Silva y Hernán Campos, y el Asesor de Prensa, señor Fernando Carrasco.

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo: el Subsecretario, señor Ricardo Cifuentes; la Jefa de División Políticas y Estudios, señora Viviana Betancourt; el Jefe de Gabinete del Subsecretario, señor Eduardo Jara; el Jefe de la División de Desarrollo Regional, señor Rodrigo Suazo; el Jefe del Departamento de Políticas y Estudios, señor Osvaldo Henríquez; la Jefa de Comunicaciones, señora María José Farías, y los Asesores señores Rodrigo Ruiz, Rodrigo Sánchez, José Luis Donoso y Erik Adio, y el Periodista señor Rodrigo O’Ryan

Del Ministerio de Hacienda: el Asesor Legislativo, señor Rodrigo González.

De la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE): el Presidente Nacional, señor Marcelo Carrasco; el Secretario General, señor Felipe Mena; los Directores, señores Manuel Hernández, Héctor Rocha y Javier Aníbal Castillo, y los Consejeros Regionales, señoras Tania Concha y Franitza Mitrovic y señores Gustavo Kausel, Juan Andrade, Fernando Verdugo, Pablo Larenas, Claudio Cáceres, Julio Suazo, Henry Leal y Juan Carlos Beltrán.

De la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines FENAMINSA: el Presidente, señor Esteban Tumba; y los representantes, señoras Nubia Bouffanais y María Paz Cueto y señores Ricardo Salas y Claudio Utreras.

De Fundación Chile Descentralizado …Desarrollado: el Presidente Nacional, señor Heinrich Von Baer; el Vicepresidente Nacional, señor Patricio Vergara; el Coordinador de Contenidos, señor Nicolás Bravo; el Director Ejecutivo, señor Diego Portales, y el Encargado de Investigación Legislativa, señor José Pablo Núñez.

De Fundación Piensa: el Subdirector, señor Juan Pablo Rodríguez, y el Investigador de Descentralización, señor Guillermo Pérez.

Los Investigadores de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Gabriela Dazzarola y señores Pedro Harris y Rafael Hernández.

De Fundación Jaime Guzmán: los Asesores, señora Ericka Farías y señor Diego Vicuña.

De Libertad y Desarrollo: el Asesor, señor Sergio Morales.

Los Asesores de la Senadora Ena Von Baer, señores Jorge Barrera y Felipe Caro, y sus Asesoras de Prensa, señora Ann Hunter, y la Historiadora, señora Paula Schmidt; Los Asesores del Senador Carlos Bianchi, señores Claudio Barrientos y Manuel José Benítez; La Jefa de Gabinete del Senador Alberto Espina, señora Andrea Balladares; sus Asesores Legislativos señores Alexis Acevedo, Paul Krohmer, Andrés Longton y el Asesor de Prensa señor Mauricio Urjel; Los Asesores del Senador Rabindranath Quinteros, señores Jorge Frites y Claudio Rodríguez (PAL IGUALDAD); El Jefe de Gabinete del Senador Andrés Zaldívar, señor Christian Valenzuela.

El Asesor de la Senadora Isabel Allende, señor Cristian Arancibia; El Asesor del Senador José García, señor Felipe Cox; La Asesora del Senador Alejandro Guillier, señora Natalia Alviña; La Jefa de Gabinete del Senador Felipe Harboe, señora Deborah Bailey; El Asesor del Senador Antonio Horvath, señor Patricio Araya; La Asesora del Presidente del Senado, Senador Ricardo Lagos, señora Leslie Sánchez; El Asesor de la Senadora Lily Pérez, señor Eduardo Faúndez; La Asesora de la Bancada PC, señora Romina Polidori.

El Periodista del Comité Renovación Nacional, señor Gonzalo Rojas.

Del Diario El Mercurio: los Periodistas, señoras Fernanda Paúl, Paula Valenzuela y Consuelo Cifuentes y señor Guillermo Muñoz; Del Mercurio de Valparaíso: el Periodista, señor Cristián Rojas; De la Tercera: los Periodistas, señora Ximena Bertín y señores Javier Canales, Valentín Canales y señor Emmanuel Ganora; Del Diario Pulso: los Periodistas, señoras Lucy Aravena y Gladys Piérola, y señor Jaime Sánchez; De El Mostrador: la Periodista, señora Claudia Rivas; Del Diario La Segunda: el Periodista, señor Claudio Salinas; Del Diario Financiero: la Periodista, señora Claudia Rivas; De Radio UC: la Periodista, Josefina Díaz; y De Radio Cooperativa el Periodista, señor Patricio Andrade.

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NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL

Todos los numerales del presente proyecto de reforma constitucional, con la sola excepción de su numeral 4), requieren para su aprobación de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Carta Fundamental. Por su parte, el numeral 4), que recae en el Capítulo VIII de la Constitución Política de la República, requiere para ser aprobado del voto conforme de los dos tercios de los Senadores en ejercicio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127, antes citado.

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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

1.-Artículos que no fueron objeto

de indicaciones ni modificaciones: ninguno.

2.-Indicaciones aprobadas

sin modificaciones: números 14 bis, 17, 25 y 52.

3.-Indicaciones aprobadas

con modificaciones: números 2, 3, 4, 9, 26, 33, 34 36 ,44 bis, 58 letra a) y 60 bis.

4.-Indicaciones rechazadas: números 5, 8,10,16, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58 letra b) y 62.

5.-Indicaciones retiradas: números 1, 6, 7, 11, 12, 13,14, 15, 18, 20, 24, 27, 31, 35, 37, 42, 44, 57, 59, 60 y 61.

6.-Indicaciones declaradas inadmisibles: ninguna.

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En forma previa al estudio pormenorizado de las indicaciones, el Honorable Senador señor Quinteros manifestó que la presente iniciativa ha generado una gran expectativa para la ciudadanía, lo que le lleva a hacer presente que existe un problema respecto de los plazos y las fechas en que es necesario despacharla, ya que si se demora más de treinta días su tramitación es muy posible que no se alcance a realizar elecciones de Gobernador Regional el año 2017 pese a que la idea de legislar contó con apoyo unánime en la Sala, señalando que le parece conveniente no retrasar su discusión y entrar directamente al análisis de las diversas indicaciones.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes destacó que el Ejecutivo ha presentado un número muy acotado de indicaciones que se presentarán a continuación, después de un breve recuerdo sobre el sentido que para el Ejecutivo tiene la presente reforma.

A continuación la Jefa de División Políticas y Estudios, señora Viviana Betancourt, destacó que ésta iniciativa es la única reforma constitucional de toda la agenda de descentralización del Ejecutivo, y que en la propuesta que presentara a tramitación se contenían tres elementos centrales:

En primer término se propuso la elección de Intendente mediante sufragio universal en votación directa y por mayoría absoluta de sufragios, posibilitando segunda vuelta, y con un período de cuatro años, permitiendo postular sólo a la reelección inmediata.

Dentro de las funciones del Gobernador Regional, se consideró que presidiría el Consejo Regional, correspondiéndole la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que, operando en la región, dependan o se relacionen con el Gobierno Regional respectivo.

En segundo término en el proyecto presentado se planteó la idea que una nueva autoridad llamada Gobernador Regional sería quien representaría al Presidente de la República en la región, con tareas propias de gobierno interior como el orden público, combate a la delincuencia, extranjería y emergencias entre otras. En la misma línea, señaló que tendría su asiento en la capital regional y en las demás provincias seguirán existiendo las gobernaciones provinciales.

Agregó que se consideró que coordinaría, supervigilaría y fiscalizaría el accionar de los órganos públicos desconcentrados del nivel central en la región (seremis y directores regionales de servicios) y que además sería designado y removido libremente por Presidente de la República y podría ser sometido a juicio político por el Congreso Nacional.

En un tercer lugar, señaló, el proyecto original consideraba que mediante un proceso gradual los Servicios Públicos nacionales irían traspasando sus funciones y atribuciones a los Servicios Públicos regionales.

Agregó que la creación de servicios públicos, fijación de sus funciones y atribuciones y la determinación de las plantas de sus funcionarios es materia de ley, por lo que se solicitaba al Congreso delegar en el Ejecutivo la facultad de hacerlo vía decreto con fuerza de ley, con una habilitación por un plazo excepcional de cuatro años, (sólo para transferencia efectiva a los gobiernos regionales de dependencia de servicios).

Enseguida, destacó que posteriormente la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización acordó que la autoridad regional electa se llamaría Gobernador Regional, y que el sistema electoral para elegirlo sería el de la mayoría simple, permitiendo la reelección por una vez.

Asimismo se acordó que el Gobernador Regional sería el Ejecutivo del Gobierno Regional y Presidente del Consejo Regional, y que fiscalizará los servicios que dependen del Gobierno Regional. Además, también se consideró que el representante del Presidente de la República sería el Delegado Provincial, que sería de su exclusiva confianza, y que el Delegado Provincial de la provincia capital regional estaría a cargo de coordinar y supervigilar los servicios públicos desconcentrados y a los demás delegados provinciales de la región.

Indico que también se establecieron inhabilidades e incompatibilidades para el Gobernador y el Delegado, y las causales de cesación en el cargo de gobernador regional, sistema de subrogancia y de reemplazo por vacancia, aprobándose un artículo transitorio respecto de la primera elección y sus condiciones.

Manifestó que, establecido lo anterior, las indicciones presentadas por el Ejecutivo dicen relación básicamente con los siguientes temas:

- Respecto del Sistema de Elección del Gobernador Regional, la indicación del Ejecutivo busca reponer el sistema de elección por mayoría absoluta, con segunda vuelta.

- Sobre el Nombre del representante del Ejecutivo, las indicaciones proponen que se radique el gobierno de la región en la autoridad denominada secretario regional presidencial.

- En cuanto al Principio de Subsidiariedad Territorial, el Ejecutivo viene proponiendo que la transferencia se realice hacia los órganos más cercanos al ciudadano y resguardando los principios de eficiencia y eficacia.

Dentro de este contexto enfatizó que este principio fue incluido por la Comisión, y que la indicación propone una redacción que acogiendo ese principio lo plantea en términos que hoy es posible respetar ya que, subrayó, si la reforma incluyera el principio en los mismos términos que está redactado ello significaría un cambio que volvería la discusión a fojas cero, pues ello sería difícil de llevar a la práctica.

- En materia de financiamiento, las indicaciones simplifican la redacción estableciendo que la transferencia que el Presidente realice o creación de competencias al Gobierno Regional o a una Municipalidad, irá acompañada de la determinación de la fuente de recursos para su desarrollo. Así la redacción es más reducida pero no deja lugar a dudas.

- Respecto del Representante Regional y Provincial del Ejecutivo, señaló que el Gobierno repone la necesidad de una figura de índole regional que haga posible la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos, creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas, que operen en la región, que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.

- Sobre las Inhabilidades e Incompatibilidades, indicó que en general se mantienen las que ha propuesto la Comisión para ser elegido gobernador regional, adaptando las redacciones a la figura del secretario regional presidencial y del secretario provincial propuesto.

- En cuanto a las causales de cesación de cargo, el Ejecutivo propone entregar a la ley orgánica respectiva la determinación de las causales de cesación de cargo, evitando recargar el texto constitucional, tal como ya la Constitución entrega dicha regulación a la ley respecto de los consejeros regionales, alcaldes y concejales.

-Finalmente en cuanto a las causales de Inhabilidad, se propone eliminar la facultad del Tribunal Constitucional para pronunciarse y calificar la inhabilidad del Gobernador Regional, entregando su regulación a la ley orgánica respectiva y, por ende, radicándose ella en el Tribunal Calificador de Elecciones.

Terminada la presentación de las indicaciones del Ejecutivo, la Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que en la discusión habida con motivo de su primer informe y la aprobación de la idea de legislar la Comisión había llegado a ciertos acuerdos en lo que se entendía que había participado el Gobierno, de modo que dijo comprender que se estaba partiendo de cierto acuerdo político en relación a determinados puntos que son relevantes y que, sin embargo, ahora el Ejecutivo plantea cambiar.

En ese sentido, preguntó por las razones que han motivado al Gobierno a volver al proyecto original en temas muy de fondo relativos a lo que se quiere hacer como proceso descentralizador, señalando que una de las discusiones que se sostuvo se refería al sistema o institucionalidad que se le quiere dar al país cuando se habla de dicho proceso de descentralización.

En la misma línea, agregó, uno de los puntos más relevantes que se planteó en la primera discusión fue precisamente que cuando se establecía que existiría un Gobernador Regional, representante del Presidente de la República que coordinaría los servicios públicos y a los Seremis, y además se creaba la figura del Intendente electo, que sería el presidente del Consejo Regional con el 10% del presupuesto a su cargo, en la práctica habría dos figuras que competirían y generarían tensiones dentro de la región, ya que en esa competencia el representante del Presidente de la República tendría mucho más poder que la figura electa.

Manifestó que con ocasión del primer informe se llegó a un acuerdo unánime en la Comisión respecto a que la figura electa ya no se llamaría intendente sino que Gobernador, y que el representante del Presidente de la República sólo estaría a nivel provincial, con el objeto de dar una clara señal que la idea era avanzar hacia que la autoridad electa fuera teniendo un creciente poder de decisión.

De acuerdo a lo expuesto, continuó, resulta necesario conocer las razones que ha tenido el Ejecutivo para retroceder hacia su proyecto original, que es la misma situación que ocurre con respecto al principio de subsidiariedad, indicando que en su opinión lo que viene proponiendo el Gobierno constituye un retroceso más bien centralizador.

En materia de financiamiento, recalcó que se había avanzado hacia establecer que todo este proceso se produciría e iría avanzando de acuerdo a las posibilidades financieras, con el propósito de evitar que se pudiera llegar a entregar atribuciones sin que ello fuera acompañado del traspaso de los recursos correspondientes e indispensables para ejercer las nuevas competencias.

Expresó que, para terminar este punto, deseaba manifestar su preocupación ante la posibilidad que se apruebe esta reforma constitucional y que la persona que resulte electa termine como el Presidente del Consejo regional en tanto que, en el mismo territorio, exista un Secretario Regional Presidencial que concentre mayor poder, lo que generará un tensión constate entre ambas autoridades afectando la gobernabilidad de la región, lo que además significa volver a una discusión que ya se daba por superada.

El Honorable Senador señor Bianchi señaló que lo deseable habría sido comenzar por discutir los traspasos de competencia de modo que esta nueva figura de administración regional tuviese ciertas y determinadas potestades ya que, en su opinión, lo profundo de esta discusión radica precisamente en que esta administración debe tener traspasos de competencias desde el nivel central.

Luego, agregó, y siguiendo la línea argumental anterior, y en relación con el artículo 111 del proyecto que se refiere su vez al 115, consultó cuáles son las verdaderas atribuciones del nuevo Gobernador, ya que del texto se desprende que sólo le corresponderá presidir el Consejo Regional y nada más, salvo la eventual vigilancia de algunos pocos servicios públicos.

Manifestó que, para quienes quieren tener gobiernos regionales y no simples administraciones regionales, lo que ahora se está planteando en la iniciativa es un tremendo retroceso a las aspiraciones que existen en regiones. En el mismo sentido, señaló su preocupación ante el hecho que resulta necesario desentrañar la verdadera función que tendrá la futura figura del gobernador electo.

Agregó que lo deseable es contar con dos figuras que, desde su punto de vista, podrían llegar a potenciar la administración regional: Por un parte la figura de un Vicepresidente que permita la coordinación de las quince regiones del país, toda vez que un período presidencia del cuatro años sin reelección hace que el Presidente tenga múltiples funciones que cumplir sin que pueda priorizar los temas regionales y, lo segundo, que el CORE pueda elegir a los Seremis, por ejemplo de una terna que sea sancionada por las autoridades regionales, de modo que dichas autoridades (seremis), tengan algún sentido de pertenencia hacia y desde las distintas regiones.

Para terminar, insistió en que resulta indispensable el conocer cuáles serán las verdaderas atribuciones de quien ejerza el cargo de Gobernador Regional.

Enseguida el Honorable Senador señor Quinteros dijo que entendía de otra forma las indicaciones que se han presentado en el sentido de la separación que existe entre las dos figuras, teniendo presente que no se debe olvidar que el candidato a Gobernador debe presentar a la comunidad un proyecto de desarrollo de la respectiva región, que será fiscalizado por la propia comunidad.

Expresó que le parece claro que el Delegado Presidencial es la figura que tiene que estar encargada del orden público y, en general, de las tareas que hoy cumplen los gobernadores regionales, de modo que consideró que no es necesario seguir ahondando en ese tema.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes dijo que era necesario recordar que, al inicio de la discusión de este proyecto de reforma, en la Comisión se debatió acerca de la arquitectura del modelo o su diseño, respecto del cual se señaló que el mismo no se termina de implementar con esta reforma sino que, además, requiere de una serie de leyes orgánicas en un período de tiempo determinado, que descansan en el actual modelo de Estado unitario.

Manifestó que lo que efectivamente ha planteado el Ejecutivo en todo momento es la existencia de un Estado unitario descentralizado, y que en ese marco es indispensable mantener dos figuras porque ese modelo de Estado requiere de un representante del Presidente de la República en los territorios, que cuente con competencias claras y específicas. Agregó que otro principio básico es que las competencias entre ambas figuras no deben mezclarse ni tocarse, evitando así cualquier conflicto de competencia.

Enseguida destacó que siempre han sostenido que el representante del Presidente de la República en la región es el Secretario Regional, como se señala en la indicación del Gobierno, o el Delegado Provincial como se había planteado anteriormente en la Comisión, pero que en la práctica es casi un tema de nombres porque las funciones tienen que ver con las de gobierno interior y servicios desconcentrados.

Respecto de estos últimos, señaló que es la discusión que quedaría pendiente y respecto de la cual, el Ejecutivo ha planteado la descentralización en un período de al menos 10 años, lapso en el cual se transferirán las competencias que deben estar sujetas a este principio constitucional de modo que, indicó, en los próximos años lo que ocurrirá es que existirá un mecanismo por el cual se transfieren competencias desde el nivel central al gobierno regional en los ámbitos competenciales que antes se han señalado.

Dado lo anterior, el personero de Gobierno enfatizó que será ese principio constitucional el que podrá definir si un servicio determinado se transfiere o no. Por ejemplo, indicó, el Registro Civil e Identificación es un organismo que se relaciona con el Gobierno Interior y por ende con el Estado unitario, de manera que no requiere de ningún nivel de descentralización y, por tanto, tiene que seguir bajo la supervigilancia del representante del Presidente de la Republica.

Una situación distinta, prosiguió, es la de cualquier división del Ministerio de Obras Públicas, como la de Vialidad, que en el nivel regional no existe conforme a la ley ya que sólo hay delegaciones de competencias por parte del Director Nacional de Vialidad en el caso de las vías secundarias o terciarias, y planteó que en el contexto de esta iniciativa ese director de vialidad desaparece a nivel regional, y esas competencias son transferidas a la división de infraestructura del respectivo Gobierno Regional. En este sentido, destacó que todo esto se aclara en el proyecto de transferencia de competencias[1] que es la base de esta reforma constitucional.

La Jefa de División Políticas y Estudios, señora Viviana Betancourt, agregó que el tema de las atribuciones que tendrá el Gobernador es recurrente, y que dentro de lo más destacado es que será el órgano ejecutivo del Gobierno Regional y que su capacidad de actuar es superior a la sola presidencia del Consejo Regional, de modo que no se le debe subestimar.

En tanto órgano ejecutivo, manifestó, le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Asimismo deberá efectuar la adecuación territorial de la política nacional y le corresponderán las funciones señaladas en la respectiva ley orgánica constitucional, en las cuales actualmente se está trabajando, y que resultan relevantes porque entregan al Gobierno Regional dirigido por su autoridad electa, secundado por su Consejo Regional también electo, una serie de competencias o nuevas funciones que van en la línea de la planificación estratégica de la región, en que se plasman las prioridades, las fortalezas, las ventajas competitivas y la vocación de cada región.

Indicó que en general el intendente tiene un rol propositivo frente al CORE que resuelve, y que en este caso corresponde al Gobernador, y que la planificación antes señalada es un proceso que dura sus cuatro años y eventualmente ocho, y que estará dentro de lo que el candidato a ocupar dicho cargo de Gobernador le propondrá a la ciudadanía.

Agregó que dicha propuesta en la etapa de candidaturas debiese ir en concordancia con las que hagan los candidatos a Presidente de la República, de modo que todo ello sirva de antecedentes para que al momento en que ambas autoridades sean electas celebren los denominados “Contratos Región”, que es una figura nueva y que implica que hay obligaciones formales entre ambas autoridades con miras a iniciativas con desarrollo en etapas.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, expresó que las anteriores son solo algunas de las competencias que crea el proyecto de transferencia de las mismas, respecto de lo cual se han considerado dos mecanismos: uno que considera que se solicite una transferencia de competencia, para lo que se definen una serie de criterios y se obliga a la Subsecretaría a establecer un reglamento para verificar que el Gobierno Regional cumpla con ellos para solicitar la transferencia y, otro que dice relación con competencias que la propia ley crea y que son algunas de las ya mencionadas.

A modo de ejemplo señaló que se considera que cada Gobierno Regional tenga la facultad de crear un área metropolitana que actualmente en el país no existe, lo que viene a resolver los problemas de las ciudades conurbadas en al menos tres ámbitos: en los residuos sólidos; en materia de medioambiente, y en el ámbito del transporte. Agregó que hoy no hay ningún Gobierno Regional que pueda resolver por sí o en colaboración con el Ministerio de Transportes el problema de la congestión vial en cada una de las ciudades intermedias.

Dado lo anterior, insistió en que el proyecto de ley antes señalado crea la unidad de gobierno metropolitano y genera una serie de cupos profesionales para poder contratar los especialistas necesarios, de tal manera que ese Gobernador Regional en conjunto con los alcaldes, puedan tomar decisiones apoyados con el nuevo Fondo de Área Metropolitana.

Otro de los ámbitos que destacó se refiere al Plan Regional de Ordenamiento Territorial, indicando que muchas veces el acento se pone en los recursos que gastarán los Gobiernos Regionales, lo que efectivamente es un tema relevante, y expresó que con el nuevo proyecto se espera que al menos en los servicios que ha comprometido transferir este Gobierno se eleve el presupuesto del actual 1 billón 170.000 millones a 3.3 billones. Así, los Gobiernos Regionales en aproximadamente cinco años más, podrían multiplicar por tres sus actuales ingresos.

Resaltó que lo más importante es la facultad que entrega el proyecto de ley sobre transferencia de competencias respecto al ordenamiento territorial, por cuanto el plan regional de ordenamiento territorial es un nuevo instrumento ahora obligatorio para todos los servicios públicos y, en consecuencia, para todas las autorizaciones que no sólo dependen del Gobierno Regional sino que también para cualquier servicio de carácter nacional desconcentrado.

Finalmente manifestó que la presente reforma constitucional, complementada con el proyecto sobre transferencia de competencias y con la ley de fortalecimiento municipal, constituyen un conjunto que genera efectiva regionalización.

A continuación, la Honorable Senadora señora Von Baer expresó que sería relevante para la discusión el poder conocer el proyecto sobre transferencia de competencias[2] a fin de dilucidar las dudas existentes en relación a su real contenido de acuerdo a lo planteado anteriormente por los representantes del Ejecutivo.

En el mismo sentido, destacó que a diferencia de lo que ha planteado el Ejecutivo, respecto a que dicho proyecto de ley soluciona las dudas respecto a las competencias de la nueva autoridad electa, en su opinión ello no es así, y que esa discrepancia es precisamente la que ilustra la necesidad de la discusión que es necesario realizar.

Agregó que, por ejemplo, la indicación N° 33 del Ejecutivo, que se refiere al nombre del representante del Presidente de la República en el territorio, es un retroceso en la discusión, ya que esas materias se habían debatido y se había acordado en términos distintos a los de la indicación ahora presentada, lo que se repite respecto de otras disposiciones.

En la misma línea, manifestó su preocupación debido a que la discusión en la Sala fue precisamente que no se eligiera a una autoridad que no tuviera ninguna potestad, ante lo cual surge de inmediato la necesidad de preguntar al Ejecutivo si hay espacio para que la ley de transferencia de competencias se aplique efectivamente en la forma en que se conversó antes de emitir el primer informe. Agregó que con las indicaciones presentadas se vuelve a la discusión inicial, que ya había sido superada.

El Honorable Senador señor Pizarro expresó que del debate se desprende que hay algunos que no quieren que exista una autoridad electa y que entendía que el desacuerdo es más bien político. Agregó que, de acuerdo a lo acordado previamente por esta Comisión, el sistema electoral no será con una elección que le permita a ese Gobernador Regional quedar empoderado por una mayoría absoluta de los electores de la región, lo que, en su opinión, es un tema de la esencia de la democracia. En el mismo sentido, señaló que esta experiencia ya se ha vivido años atrás y que genera un problema de legitimidad.

Señaló que el Ejecutivo vuelve a la propuesta inicial porque es elemental que si se va a elegir una autoridad, a la cual se le quiere dar rango, legitimidad, poder, capacidad de decisión y de liderazgo, es necesario a su vez entregarle legitimidad democrática, de modo que en su opinión quedan claras las razones que explican las indicaciones presentadas.

Por último, insistió en la necesidad de avanzar en la votación particular del proyecto, ya que estima necesario discutir esta reforma antes de entrar en la discusión sobre el traspaso de competencias.

Luego, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que su sector está muy de acuerdo en llegar a un acuerdo político con la Nueva Mayoría y con el Gobierno en este tema, pero que es necesario tener presente que en la primera discusión en general y particular de este proyecto de reforma hubo varios acuerdos como, por ejemplo, respecto al principio de subsidiariedad en que hubo un acuerdo con el Gobierno quien ahora lo cambia, de modo que le parece de toda lógica saber la razones que impulsan al Ejecutivo a cambiar un acuerdo político al que ya había llegado.

Enseguida, manifestó no estar de acuerdo con la existencia de una segunda vuelta electoral porque, desde su perspectiva, es necesario que los movimientos regionales y locales se expresen en el Gobernador Regional, de modo que replicar lo que sucede a nivel nacional con la elección presidencial le parece un error, y agregó que, en esa línea, cuando el alcalde es electo por mayoría simple ello no genera ningún problema de gobernabilidad en las comunas.

Luego, indicó, es necesario tener una conversación política para avanzar en las diferencias de fondo que existen no obstante que ya se debatieron, y también es necesario avanzar para viabilizar esta reforma.

El Honorable Senador señor Bianchi señaló coincidir con la necesidad de buscar el mecanismo más prudente para destrabar la discusión, y agregó que es indispensable conocer claramente los planteamientos del Ejecutivo frente a determinados temas, que han ido cambiando, e incluso dijo que lo mismo había ocurrido con el proyecto sobre traspaso de competencias que fue modificado en la Honorable Cámara de Diputados.

En este escenario, señaló que la idea era avanzar de la forma más rápida posible en este proyecto de reforma para dar cumplimiento a los requerimientos que se plantean en todas las regiones del país.

Por su parte, el Honorable Senador señor Walker, don Patricio, dijo entender que existen temas por resolver en materia de traspaso de competencias, sistema electoral y otros, y solicitó que se busque la forma de avanzar en el traspaso de competencias y en la elección del Gobernador Regional, pero sin paralizar el trámite de estos proyectos a fin de evitar seguir frustrando las aspiraciones de las regiones.

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo que en su oportunidad se solicitó al Ministro del Interior abrir un espacio de conversación política para poder avanzar en los acuerdos para la reforma constitucional, pero que ello no ocurrió. Indicó que a pesar de que existió un acuerdo con Segpres sobre una cronología para tramitar los proyectos, lamentablemente el de traspaso de competencias se fue atrasando y sin embargo, señaló, a pesar de no tener urgencia decidió poner en tabla de la Comisión este proyecto de reforma para agilizar su trámite.

En ese sentido enfatizó que su sector no quiere frenar esta iniciativa, sin perjuicio de lo cual es necesario discutir tanto el sistema de elección como otros temas de fondo que no se han debatido cabalmente, a lo que se agrega la necesidad de oír a los representantes de la sociedad civil.

Por su parte, el Honorable Senador señor Pizarro dejó constancia que además de representar al Honorable Senador señor Zaldívar representa a toda la Bancada Demócrata Cristiana, y que lo que ha planteado en términos políticos representa a su Bancada, que cree en un sistema electoral que para elegir una autoridad de esta importancia, para las regiones y para el proceso de descentralización, resulta lo más democrático posible y brinda la mayor legitimidad, materia donde evidentemente existe una clara discrepancia política.

Además, indicó que la Bancada está por descentralizar todo lo que se pueda, y que de no hacerse esta reforma constitucional no se saca nada con avanzar en el proyecto de traspaso de competencias, razón por la cual estima necesario tramitar ágilmente este proyecto.

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En sesión posterior la Comisión escuchó los planteamientos de diversas organizaciones de la Sociedad Civil respecto a las indicaciones presentadas a este proyecto de reforma constitucional.

Para comenzar el Presidente de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado, señor Heinrich Von Baer, señaló que entienden que se trata de una reforma constitucional de descentralización política con elección de Gobernadores Regionales, y que la Propuesta de su organización es para acercar posiciones y alcanzar un acuerdo político transversal. No obstante, hizo presente que por razones de tiempo no les fue posible consultar y consensuar esta propuesta con sus quince capítulos regionales, por lo que sólo los que suscriben asumen este documento.

Enseguida recalcó que la base de la propuesta apunta básicamente a validar los acuerdos ya alcanzado por la Comisión y que fueran aprobados el 1 de marzo en general por la Sala, con unos pocos ajustes necesarios, con el objeto de alcanzar en el escaso tiempo aún disponible buenos y prontos acuerdos entre gobierno, oposición e independientes, que permitan elegir Gobernadores Regionales, en noviembre de 2017, que estén dotados de las competencias para liderar el desarrollo de sus respectivas regiones.

En este escenario, indicó, es necesario sincerar lo que de verdad se quiere, es decir, si además del discurso descentralizador existe una efectiva voluntad para descentralizar y elegir Gobernadores Regionales, pero en noviembre de 2017.

Planteó focalizar en lo sustantivo y diferenciar entre lo que se puede avanzar en esta reforma y lo que habrá que dejar para perfeccionamientos futuros, con el objeto de actuar con realismo, ya que la experiencia internacional comparada demuestra que estos procesos es imposible completarlos en un período de cuatro años.

Señaló que se deben flexibilizar las posturas para alcanzar buenos acuerdos en el plazo aún disponible, en materia de contenidos, consistencia y también en la transversalidad deseable desde el punto de vista de la señal política que se quiere enviar desde el Senado al país, a la ciudadanía de regiones y a la Cámara de Diputados.

Seguidamente se refirió a los hitos de esta reforma, dentro de lo cual señaló que en el Programa de gobierno de la Presidenta la Bachelet, del año 2013, se decidió “dotar al gobierno regional de autonomía política y administrativa”, a lo que sucedió el Informe de la Comisión Asesora Presidencial del año 2014, que propuso una política de Estado de largo plazo con cinco ejes, setenta Medidas Estratégicas y diez de carácter esencial, de las cuales muy pocas han sido puestas en agenda hasta el momento.

Agregó que también propone una hoja de ruta para su implementación en al menos tres períodos de gobierno, ya que se trata del inicio de un proceso, y que en la misma línea dicha Comisión propuso una nueva organización territorial del Estado en el sentido que Chile es un “Estado descentralizado, con territorio indivisible y soberanía única y con entidades territoriales dotadas de autonomía de gestión (política, competencial, financiera), y potestad normativa territorial en el ámbito de sus respectivas competencias”.

Expresó que en enero de 2015 el Ejecutivo envía el proyecto de reforma constitucional centrado sólo en la elección de Intendentes, con un Mensaje que hacía un claro distingo entre gobierno interior y gobierno regional, no obstante que el texto era inconsistente con dicho mensaje, por lo que mantiene el artículo tercero de la Constitución de 1980.

Indicó que frente a ello, la Comisión Asesora realiza una propuesta de modificaciones imprescindibles al proyecto de reforma del Ejecutivo, donde entre otras cosas, se propone que:

“El Estado de Chile es unitario. Su gobierno y administración serán funcional y territorialmente descentralizados, de conformidad a esta Constitución y a la ley, la que también establecerá los casos de administración desconcentrada.”

En concordancia con lo anterior, manifestó, se realizó un Ciclo de Seminarios de Descentralización 2015 de la Fundación Chile Descentralizado, buscando convergencias mediante diálogo con parlamentarios de todos los partidos y autoridades de gobierno.

Agregó que esta Comisión realizó sustantivos avances respecto del proyecto original del Gobierno los que fueron aprobados por la unanimidad de sus cinco integrantes, salvo en el tema del sistema electoral. Añadió que la aprobación en general por la Sala del Senado fue histórica, por cuanto fue de una unanimidad 37-0.

Luego, expresó que se referiría a los principales temas aún en debate, a la espera de lograr acuerdos amplios que desde su punto de vista deben ser estudiados:

En primer término, en cuanto al sistema electoral del Gobernador Regional señaló que el proyecto original del Ejecutivo proponía mayoría absoluta con segunda vuelta en forma análoga a elección presidencial y que la Comisión en votación dividida aprobó la elección por mayoría simple, de manera similar a la elección municipal. Señaló que después de eso la Presidenta de la República da un mandato para flexibilizar y buscar una fórmula intermedia para alcanzar acuerdo, para lo cual la Fundación que representa en base al trabajo de Julieta Suárez Cao[3] propone un sistema intermedio o híbrido.

Para fundamentar su propuesta, indicó que era necesario asumir la responsabilidad de optar por el mejor sistema para las regiones para los próximos cincuenta años, y no sólo para la próxima elección. Agregó que el sistema electoral importa más allá de los resultados electorales por cuanto influye sobre el tipo de compromisos de los candidatos y el contenido del debate que se instala durante la campaña. Así, el sistema de mayoría absoluta tiende a privilegiar más los temas de nivel nacional, en desmedro de aquellos de relevancia regional, tendencia que se reforzará dada la simultaneidad de esta elección con la presidencial y parlamentaria de noviembre de 2017.

En este mismo orden de ideas recalcó que los sistemas de mayoría simple, y los intermedios o híbridos, generan mayores espacios para debatir y comprometer temas de interés local y regional, subrayando que los sistemas híbridos armonizan mejor entre diferentes objetivos: gobernabilidad, representación, proyección de movimientos regionales y también en la prevención de una excesiva fragmentación, es decir, es más bien una solución intermedia.

Indicó que apoyan la idea de instituir un sistema intermedio o hibrido entre mayoría absoluta y mayoría simple, a decidir entre los siguientes rangos:

-Un piso a negociar de entre el treinta y cuarenta por ciento de los votos

-Distancia de 5% con el principal competidor o segundo candidato más votado, lo que según la académica Suárez Cao “producirá buenos resultados si en la mayoría de los casos se evita la segunda vuelta. Si la diferencia exigida fuese 10% queda muy restrictivo y va a terminar funcionando como un ballotage tradicional, como podría ocurrir si se adopta el sistema argentino de un piso de 40 o 45% y una diferencia de 10% con el segundo candidato más votado”.

-Piso de al menos veinte o treinta por ciento -a negociar- de los votos en cada una de las comunas de la región, señalando que en palabras de la académica Suárez Cao: “de no seguirse este criterio, otra alternativa podría ser un piso de al menos 30% en la mitad más una de las comunas de la respectiva región”.

Luego, si no existen estas alternativas, entonces habría segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

En cuanto a la reelección, señaló que compartían el acuerdo de la Comisión en cuanto a que exista sólo una reelección inmediata de los Gobernadores Regionales electos.

Con respecto al ámbito de acción y denominación del representante del gobierno central, recordó que la Comisión Presidencial sugirió un Delegado Presidencial, a nivel de Provincia, y que las entidades desconcentradas de cobertura regional fueran coordinadas por el Delegado Provincial que tenga asiento en la capital regional.

En ese sentido, el proyecto original del Ejecutivo hablaba de un Gobernador Regional designado, lo que fue descartado por el rechazo que ello generaba en las distintas regiones.

Resaltó que la Comisión y la Sala del Senado mantuvieron la figura del Delegado Presidencial a nivel provincial, con entidades de alcance regional coordinadas por el Delegado Provincial con asiento en la capital regional. A este respecto, indicó que la indicación reciente del Ejecutivo propone la nueva nomenclatura de “Secretarios Regionales Presidenciales” y “Secretarios Provinciales”, nombrados por Presidente.

Sobre este punto, destacó que el constitucionalista señor Humberto Nogueira, que los asesora en este tema, en su última exposición en el seminario realizado el efecto señaló que: “esta función la puede cumplir perfectamente bien el Delegado Presidencial de la provincia capital de la región, evitando así establecer un servicio y una autoridad adicional. Agrega que se deben considerar los riesgos de conflictos entre dos autoridades de nivel regional: el Gobernador Regional y el Secretario Regional Presidencial”.

Por su parte, dijo que la académica Julieta Suárez Cao en base a un rastreo de la experiencia internacional comparada advierte que ello “Significaría tener una autoridad regional electa por muchos votos, con poco poder real; en paralelo a otra designada, también de nivel regional”.

Expresó que nadie puede asegurar que un futuro Presidente y sus ministros del Interior, Hacienda o SEGPRES, van a tener una real convicción y voluntad descentralizadora, y que la denominación de Secretario Regional Presidencial puede generar una inconveniente confusión ciudadana con la figura de los actuales Secretarios Regionales Ministeriales, razón por la cual propone mantener lo decidido por la Comisión de Gobierno en orden a que exista un Delegado Presidencial a nivel provincial, con entidades de alcance regional coordinadas por el Delegado Presidencial con asiento en la capital regional.

Sobre los principios constitucionales de descentralización, señaló que a la Comisión Asesora Presidencial le llamó mucho la atención que en el proyecto del Ejecutivo no hubiera uno solo, pese a los ocho o nueve que se le propusieron en base a la experiencia internacional comparada, tales como: autonomía, subsidiariedad territorial, solidaridad, prohibición de tutela, coordinación, suficiencia en el financiamiento de competencias y resolución de conflictos de competencias constitucionales.

En la propuesta de los treinta comisionados, prosiguió, que se envió a esta Comisión, se integra en un solo artículo (125° bis.) los principios de: autonomía, subsidiariedad territorial, coordinación, prohibición de tutela de los órganos mayores, solidaridad territorial y suficiencia de financiamiento en el traspaso de competencias.

Luego, como forma de salvar las diferencias entre el texto aprobado por la Comisión para el inciso segundo del artículo 114, y el que propone ahora el Ejecutivo, propuso la siguiente redacción:

“El procedimiento de transferencia de competencias contemplado en la referida ley deberá propender a que éstas se radiquen en los órganos más cercanos a la ciudadanía, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional, buscando un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país, y resguardando siempre los principios de eficiencia y eficacia”.

Enseguida, con el mismo objeto anterior, propuso la siguiente redacción para el inciso tercero del mismo artículo:

“Toda transferencia, creación o extensión de competencias a los gobiernos regionales deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo.”.

En lo que dice relación con los requisitos para el traspaso de competencias al Gobierno Regional, señaló que se trata de una materia que si bien no es propia de la reforma constitucional si se trata de un tema que debe ser objeto de un acuerdo político.

Luego, señaló que estaban de acuerdo en reconocer como piso mínimo común de traspaso de competencias a todos los gobiernos regionales aquellos ámbitos o sectores considerados en el proyecto del Ejecutivo: Fomento Productivo e Industria, Desarrollo Social y Humano, Infraestructura y Transporte, agregando que ello debiese ser común a todas las regiones sin distingo de sus fuertes diferencias.

Manifestó que a diferencia de un cronograma les parecía mejor que se comprometa un programa de implementación progresiva, a partir del año 2017 y hasta el año 2020, que reconozca con realismo la complejidad de dichos procesos, las particularidades e intereses regionales y los derechos de los trabajadores involucrados, considerando la posibilidad de experiencias piloto susceptibles de ser extendidas gradualmente a otras regiones.

Refiriéndose a la composición de la Comisión para el traspaso de competencias, que considera el proyecto de ley relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (Boletín N° 7.963-06), estimó que se debe tratar de establecer una composición más equilibrada del mismo, por cuanto en dicho proyecto se considera a tres representantes de los ministerios del gobierno central (Interior, Hacienda, y Ministerio sectorial que corresponda al respectivo traspaso de competencia), más representantes de todas las direcciones nacionales de servicios públicos requeridos para dichas trasferencias.

Agregó que por el gobierno regional sólo se consideran dos representantes: el Intendente y el Presidente del Consejo Regional pero que, considerando que la presente reforma constitucional de elección de Gobernadores Regionales establece que éstos también ejercerán como Presidentes del CORE, la representación regional se reduciría a un representante. En ese sentido, dijo que de aprobarse así esa Comisión será una instancia de decisión absolutamente unilateral y discrecional del gobierno central, y por ello notoriamente contrapuesta y paralizante del proceso descentralizador.

Considerando lo anterior, agregó, se propone instituir una comisión de traspaso de competencias de composición equilibrada entre el gobierno central y los gobiernos regionales, capaz de analizar en forma objetiva los argumentos a favor y en contra de una solicitud de traspaso de competencia y, en caso necesario, de arbitrar eventuales controversias entre las partes.

Enseguida, subrayó que la condición propuesta en la disposición transitoria vigésimo octava ya aprobada pone en severo riesgo alcanzar a elegir gobernadores regionales en noviembre de 2017, y agregó que el constitucionalista Humberto Nogueira advierte que “si esa disposición subsiste, no habrá elección de Intendentes el año 2017”, y que “Esa es una disposición de máximo peligro si es que existe realmente, y no solo nominalmente, la voluntad de elegir Gobernadores Regionales el año 2017.”.

Indicó que la organización que representa considera esencial lograr con prontitud los acuerdos transversales que permitan elegir gobernadores regionales en noviembre de 2017, dotados de las competencias para liderar el desarrollo de sus respectivas regiones, para lo cual es necesario que el Ejecutivo mantenga la suma urgencia y que una vez aprobada la reforma se tramite también con suma urgencia la ley orgánica que define la forma de elegir los gobernadores regionales, suma urgencia que además debiera mantenerse respecto del proyecto de traspaso de competencias, y finalmente solicitó que se envíe a la brevedad la ley de financiamiento regional y municipal con responsabilidad fiscal.

Se deja constancia que el señor Von Baer acompañó su presentación en un documento en formato power point, el cual fue debidamente considerado por los integrantes de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

Por su parte el Director de la Fundación Piensa del Área Legislativa, señor Juan Pablo Rodríguez, indicó que su fundación es un centro de estudios regional radicado en la región de Valparaíso, cuyo principal objetivo el poder colaborar con ideas, propuestas y estudios para mejorar la calidad de vida de la gente de la región, sentido en el cual la descentralización y en especial la desconcentración del poder es un tema esencial.

Manifestó que este proyecto de reforma constitucional que permite la elección por sufragio universal de la máxima autoridad regional lleva demasiado tiempo en el Senado, por lo que señaló que ante esa realidad debe evitarse caer en dos tentaciones.

La primera es aprobar un proyecto de escasa densidad descentralizadora so pretexto de que iniciada así la descentralización política en nuestro país a futuro se podrá avanzar progresivamente en la materia, señalando que las expectativas de las regiones en el proceso son muy altas, al igual que el eventual costo de defraudarlas.

La segunda, en el extremo opuesto, consiste en que tampoco parece adecuado sólo estar dispuesto a aprobar proyectos que satisfagan plenamente los anhelos descentralizadores de las regiones, ya que en tal caso el riesgo cierto es que por sólo estar dispuesto a aceptar el óptimo no se obtiene nada, es decir, que las cosas queden tal como están puede tener el nocivo efecto de generar oposiciones locales al proceso que se canalicen por vías extra institucionales.

El Investigador de Descentralización de la Fundación Piensa, señor Guillermo Pérez señaló que apoyaban el sistema híbrido de elección que se ha propuesto y también el que la reelección sólo se haga por una sola vez.

En cuanto al denominado Traspaso de Competencia, manifestó que existían ciertas modificaciones constitucionales relacionadas con dicho traspaso que consideraban necesario discutir.

Expresó que era necesario establecer en el artículo 114 los servicios que se traspasarán inmediatamente una vez aprobada la reforma constitucional y calendarizar las que se traspasen después, e indicó que la Fundación Piensa considera que es necesario señalar en la Constitución no sólo una indicación al traspaso de competencias en materias de fomento productivo, ordenamiento territorial y desarrollo social y cultural, sino que además establecer los servicios públicos hoy desconcentrados que se traspasarán a los Gobiernos Regionales.

Para tales efectos, proponen que dichos servicios sean CORFO, SERCOTEC (ya hay planes piloto en algunas regiones), INDAP, SERVIU y FOSIS. Asimismo, planteó que el artículo también debe considerar una calendarización del traspaso de otros servicios públicos desconcentrados, entre ellos SERNATUR, IND, SENCE, SERNAM, SENAME, INJUV, DIBAM y CMN (Consejo Monumentos Nacionales).

Bajo la misma perspectiva y cuidando la autonomía de estos traspasos, propuso que el principio de prohibición de tutela se consagre en el inciso posterior al del señalamiento de los servicios que se traspasarán inmediatamente y los que se calendarizarán para un futuro traspaso.

Asimismo sugirió que la redacción del principio sea la estipulada en la indicación número 57 realizada por el Senador Guillier, quien recoge además lo señalado en su momento por la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización, esto es: “El gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales ni de las municipalidades, ni los gobiernos regionales podrán hacerlo respecto de las municipalidades.”.

Luego, estimó que los puntos críticos del proyecto, que se deben analizar en profundidad a la hora de legislar en tercer trámite, es la posibilidad de apelación ante el Senado o, en su defecto, se equilibre la Comisión que decidirá los traspasos.

Sobre las condiciones del traspaso, propuso la creación de un marco objetivo de condiciones que pueda imponer la Comisión, instaurando parámetros que permitan poner un límite a la discrecionalidad de ésta última, y respecto de la revocación de competencias por parte del poder central señaló que las razones en las que puede fundarse deben estar taxativamente señaladas y no referirse a “entre otros motivos”, y que las razones que deberían ser consideradas son la deficiente prestación de servicios, ineficacias e ineficiencias en la asignación y utilización de recursos públicos, falta de coherencia con las políticas nacionales en la materia transferida o la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias y la duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la administración del Estado.

Respecto de las indicaciones en particular, manifestó que la indicación número 1 propuesta por el Honorable Senador señor Guillier recoge la opinión de la Comisión Asesora Presidencial en materia de descentralización, y las del documento presentado por ex miembros de la misma Comisión titulado “Modificaciones imprescindibles para la viabilidad del proyecto”.

Expresó que los informes de las Comisiones Unidas del Senado de 1991 relativos a la actual redacción de este artículo apuntaban, bajo una redacción negativa, a que no toda la administración del Estado se descentralizará progresivamente sin establecer taxativamente las funciones que no se descentralizarán.

Luego hizo presente su apoyo a la indicación, no obstante lo cual llamó la atención sobre el hecho de que la reforma hacia un Estado Unitario Descentralizado debe comenzar en la Constitución, pero implica también un debate de mucho más largo aliento que el que se está dando hoy y tiene que ver con reformas de fondo a la administración territorial de Chile.

Estimó que las indicaciones números 14 y la número 15 propuestas por el Ejecutivo y por el Honorable Senador señor Guillier respectivamente, al artículo 111, señalan dos formas diferentes de entender la función de la máxima autoridad regional. Así, el Ejecutivo plantea que la nueva autoridad electa tendrá simplemente la administración superior de la región, en tanto que el señor Senador da a entender que el Intendente o Gobernador Regional electo no tendrá a cargo sólo la administración de la región sino que también el gobierno de la misma.

Sostuvo que, si se está pensando en la línea de transferir competencias y servicios del poder central a los gobiernos regionales, es necesario redactar el artículo 111 en la perspectiva de lo señalado por el Senador Guillier en torno a que no sólo sea la administración sino que también el gobierno de cada región el que esté a cargo de la autoridad electa.

En lo que respecta a las indicaciones número 17 y 18 presentadas a los artículos 112 y 113, tanto por el Ejecutivo como por el Honorable Senador señor Guillier, señaló que son adecuaciones a una necesidad de ordenar mejor lo que cada uno propone, ya que las propuestas del Gobierno y del señor Senador es bastante parecidas, y señaladas en artículos distintos en razón de que cada uno dispone de una redacción diferente para el artículo 111.

Indicó que la indicación número 28 presentada por el Ejecutivo viene a modificar el artículo 114 generando varias dudas, pues el artículo propuesto por la Comisión de Gobierno en su oportunidad reconocía varios principios que es importante señalar en la Constitución, y que la indicación no reconoce, precisando que el principio de subsidiariedad territorial se encuentra recogido pero muy matizadamente ya que considera que el procedimiento “deberá propender” a que se realicen hacia los órganos más cercanos a los ciudadano, en circunstancias que era mucho más clara la redacción que acordó esta Comisión, que indicó que el procedimiento se hará “prefiriendo” a los órganos más cercanos.

En materia de recursos, manifestó que a su respecto también existe diferencia cuando el Gobierno propone que deberá “señalar la fuente de recursos”, porque lo aprobado en su oportunidad fue que la transferencia “irá acompañada de la atribución de recursos”.

Luego, insistió en la necesidad de establecer en la ley el traspaso inmediato de servicios públicos hoy desconcentrados, además del principio de prohibición de tutela con el objetivo de que el gobierno nacional no cometa arbitrariedades.

Acto seguido, expresó su absoluto rechazo a las indicaciones que señalen la existencia de una secretaría regional presidencial, a cargo de un secretario regional presidencial, por cuanto ello significa un incumplimiento de las promesas del Ejecutivo en torno a otorgarle más autonomía a las regiones, señalando que la representación del Presidente de la República debe darse exclusivamente a nivel provincial, como señala el texto aprobado por la Comisión en su artículo 116.

A su vez, señaló que el Gobierno propone reformar el artículo 116 cambiándole el nombre a la autoridad designada a nivel provincial, la que pasaría a llamarse “secretario provincial”, postura que no apoya debido a que el vocablo “delegado presidencial provincial” define de mejor manera la verdadera naturaleza de la autoridad.

En cuanto a la indicación número 40 con que el Ejecutivo propone modificar el inciso final del artículo 118 bajo la misma perspectiva del artículo 114, señalando que “toda transferencia de competencias a las municipalidades deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo”, planteó que es mejor que ello se establezca tal como lo aprobó esta Comisión en su oportunidad, es decir que “toda transferencia de competencias a las municipalidades irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio”, cuestión que es similar a lo que plantea el Honorable Senador señor Horvath en la indicación número 42.

Continuando su análisis, expresó que la indicación número 57 propuesta por el Honorable Senador señor Guillier plantea la creación de un nuevo artículo 125 bis que consagre algunos de los principios constitucionales de un Estado Unitario Descentralizado. En este sentido, puso de relieve que la aprobación de este artículo y de estos principios es sumamente importante y necesario, no obstante, debe ir acompañado de una modificación del artículo 3º ya que, de no ser así, habría una suerte de antinomia entre la concepción de Estado Unitario consagrada en el artículo 3º y los principios descentralizadores, que podría resolverse por criterios de cronología en la aprobación de reformas constitucionales pero que tarde o temprano se va a tener que modificar.

Luego, respecto de la indicación número 60, postuló que la disposición transitoria vigésimo octava debe ser la aprobada en su oportunidad por la Comisión, no obstante que dijo no compartir de dicha disposición la referencia al cronograma que fije expresamente la oportunidad y forma en que se transferirán las competencias que les deban corresponder a los gobiernos regionales. Esa calendarización, en caso llevarse a acabo, debiese ocurrir a nivel constitucional, tal como se señaló anteriormente, pero sin retrasar esta reforma.

Enseguida, dijo rechazar la indicación sustitutiva a la disposición transitoria vigesimonovena por considerar sumamente riesgoso dejar la dictación de normas respecto a traspaso de competencias o de servicios a los Decretos con Fuerza de Ley, toda vez que ello puede dar origen a situaciones abusivas que poco condigan con el desarrollo regional y respondan más bien a equilibrios políticos.

Para terminar, subrayó que de acuerdo a la literatura especializada, es la perspectiva de carácter político la que desencadena procesos irreversibles de descentralización fiscal y administrativa, y que ella debe estar por sobre los equilibrios políticos o las miradas cortoplacistas.

En esa perspectiva, dijo que el país está cerca de la meta pero también muy lejos, y destacó que este Gobierno ha decidido avanzar más que cualquier otro en este ámbito, y que esperaban que pueda por lo menos alcanzar a desencadenar la irreversibilidad de la descentralización.

Se deja constancia que la Fundación Piensa acompañó su presentación en dos documentos en formato power point, los cuales fueron debidamente considerados por los integrantes de la Comisión, y se contienen en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia de los cuales quedan a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

A su turno, el Presidente Subrogante de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE), señor Manuel Hernández, hizo presente que se debe reconocer a Chile como Estado unitario pero que al mismo tiempo tomar las medidas para que éste sea descentralizado, por cuanto la difusión respecto de este tema ha llevado a que algunos sectores crean que discutir sobre descentralización equivale a fragmentar el país, tema que por su importancia requiere estar así consignado en la Carta Fundamental.

En cuanto a la elección de Gobernador Regional por la ciudadanía, manifestó apoyar la idea que el mecanismo a utilizar sea similar al de la elección de alcalde, es decir, mayoría simple, y destacó que el representante del Presidente de la República debiera tener entre sus atribuciones las materias que dicen relación con el orden público y seguridad y la coordinación de los servicios no traspasados a los Gobiernos Regionales.

Estimó que el proyecto del Ejecutivo para los Secretarios Regionales Presidenciales (representantes gobierno Central), mantiene las atribuciones del actual intendente y además, salvo en cuanto considera al Gobernador ejecutivo del gobierno regional, priva de algunas atribuciones a los consejeros regionales para entregárselas al intendente, de manera que no se plantean nuevas atribuciones reales, ya que en la práctica el 92% de la administración promedio continuará a cargo del representante del gobierno de turno en cada Región.

Planteó que de mantenerse lo anterior en el hecho se priva de atribuciones al Gobernador electo para dárselas al Secretarios Regionales Presidenciales que son en definitiva los representantes Gobierno Central, situación que refleja que si bien esta iniciativa es un avance no es un proyecto completo o un cambio estructural de la Constitución Política en esta materia.

Agregó que esta reforma debiera abordar las materias a regular en su conjunto, ya que no se hace cargo de una regulación completa y orgánica de la figura del Gobernador Electo pues solo lo considera ejecutivo del Gobierno Regional y Presidente del Core, y por tanto participará de la decisión de entre un 8 % al 10 %, de la inversión regional, en circunstancias que el poder real en la región, estará en los designados Secretarios Regionales Presidenciales o representantes del gobierno Central.

En el fortalecimiento de la regionalización, dijo que esta reforma también debería ocuparse del traspaso de competencias, el cual debe ser real, efectivo, gradual y ajustado a la realidad Regional. Agregó que en la Honorable Cámara de Diputados se dio una discusión bastante intensa en que se rechazaron los contenidos restrictivos de las atribuciones de los consejeros regionales y del CORE, y que es una aspecto que el Ejecutivo tendría que considerar.

Continuando con las características que debiera tener el traspaso de competencias, indicó que cada región debiera priorizar que competencias requiere su territorio, que es un proceso que no debe ser mecánico.

En la misma materia, opinó que ante un conflicto entre el Gobierno Central y la Región la normativa no entrega una solución, y estimó que ello debiese ocurrir a través del Senado, de modo que exista un ente que pueda ser intermediario entre estos dos factores pues de lo contrario el daño puede ser mayor. En cuanto al plazo para que el Ejecutivo responda la solicitud de los Consejos Regionales respectivos en relación al traspaso de competencias, estimó que no debiese ser tan extenso, es decir, con un plazo no mayor de noventa días.

En este contexto indicó que la estructura de los Gobiernos Regionales debe modificarse desde la Constitución, y ya que existe actualmente un gran debate sobre este tema opinó que los actuales administradores regionales deben transformarse en verdaderos gobiernos regionales y subrayó que todo traspaso de competencias debe considerar el correspondiente traspaso de recursos de todo tipo para su ejercicio, resguardando los derechos de los funcionarios.

Sobre este último punto en particular, hizo presente que ni la reforma ni la ley de fortalecimientos de los Gobiernos Regionales considera a los trabajadores ni consideran la normalización de las plantas de los gobiernos regionales, una nueva ley de plantas, mayor protección laboral a través de indemnización por años de servicio, cuando corresponda, el cumplimiento gradual de la normativa 80/20, el compromiso político de llamar a concurso los cargos vacantes de las plantas vacantes y el respeto a la carrera funcionaria a través de la política de gestión de personas.

Respecto a las finanzas y los recursos de los Gobiernos Regionales puso de relieve que ellos deben contar con estructuras modernas y flexibles que permitan eficiencia y eficacia en el gasto, con una asignación presupuestaria, con una unidad de presupuesto regional que elabore los Decretos de asignación presupuestaria para los proyectos regionales (FNDR) y para las transferencias. Planteó que, a mayor abundamiento, el trámite ante la Contraloría debiera simplificarse y realizarse en las regiones a través de las Contralorías Regionales y, por lo tanto, el presupuesto regional descentralizado también debiese ser de definición flexible.

Luego puso especial énfasis en que la reforma constitucional en trámite necesariamente debe abordarse en conjunto con el traspaso de competencias y sus atribuciones financieras, porque de no haber una mirada de conjunto e integral se continuará con la improvisación en las regiones del país. Añadió que en la actual mirada del Ejecutivo no hay traspaso de servicios y programas desde el Estado central a las regiones, de manera que seguirá centralizada en los hechos.

Sobre las indicaciones, dijo que no contemplan una salida intermedia para el caso que una región solicite el traspaso de competencias y el gobierno central se niegue a hacerlo o viceversa, y expresó fundamental establecer la forma de resolver esas contiendas.

Además estimó que la presente iniciativa no contempla modificaciones legales que terminen con las inhabilidades que hoy tienen los Consejeros Regionales para optar a otro cargo de elección popular.

Para finalizar, señaló que esta es una oportunidad única para poder buscar un entendimiento y una forma de lograr una salida flexibilizada entre las distintas posturas. En ese sentido, agregó, en Ancore tienen una mirada transversal respecto a este proceso de transferencia de competencias, en el sentido que se debe desarrollar en función de no disminuir las actuales atribuciones de los consejeros regiones y el CORE, que son aquellas para ejercer las cuales las ciudadanía los eligió.

A continuación, el Honorable Senador señor Bianchi expresó que considera que siempre es bueno profundizar en temas que ya se han discutido con la sociedad civil. Agregó que desde hace más de diez años viene siguiendo este proceso de descentralización, y que incluso el año 2008- 2009 presentó un proyecto de reforma constitucional para hacer efectivamente el traspaso de competencias, y que comparte varios de los temas expuestos.

En primer término, indicó, coincide en que efectivamente debe existir un órgano que dirima las dificultades del traspaso de competencias cuando ésta sea solicitada por el gobierno regional al central, y que en su oportunidad también propuso que sea el Senado dicho órgano dirimente.

En segundo lugar, concuerda en que debiera existir un empoderamiento de la estructura regional, como, por ejemplo, que en la región los seremis provengan de una terna de la cual los gobiernos regionales decidan quienes ejercerán dichos cargos para que éste responda a los criterios de la estructura regional y no del ministerio nacional.

Indicó que así como las distintas estructuras políticas partidarias se dividen las estructuras municipales, quien se haga cargo de los gobiernos regionales debiera suspender su militancia para dar garantía a toda la región, sin que ello quede sólo en el empoderamiento de las estructuras de los partidos políticos.

Finalmente subrayó que el traspaso de competencias es vital al punto que mientras no exista total claridad con respecto a las atribuciones de la autoridad electa no está dispuesto a emitir su voto, y señaló que lo ideal es conocer al mismo tiempo, el proyecto sobre transferencia de competencias. (Boletín N°7.963-06).

Por su parte el Honorable Senador señor Quinteros expresó que en primer término debía realizar un reconocimiento al actual Gobierno por su actitud descentralizadora que Su Excelencia la señora Presidenta de la República ha impulsado decididamente, no obstante que puede haber sectores que no se interesen por dicha descentralización.

Agregó que durante muchos años se ha trabajado para imponer la idea de una descentralización y regionalización de verdad, y que si bien entendía que no a todos les va a satisfacer el traspaso de competencias era relevante comenzar de una vez por todas con el mismo, porque al cabo de una par de años seguramente las competencias que se van a transferir hoy serán insignificantes en diez años más, como viene sucediendo en el país desde el año 1990 a la fecha.

Enseguida agregó que obviamente el traspaso no puede ser absoluto pues las regiones deben aprender a tener gobiernos de verdad en el sentido que se encuentren empoderados, con facultades, con autonomía y con financiamiento. Dado lo anterior, compartió todas las inquietudes que se han planteado, pero al mismo tiempo insistió en que éste es sólo el inicio, de modo que subrayó la necesidad de ir avanzando y viendo las capacidades de los gobiernos regionales de acuerdo a un proceso gradual.

Respecto de la figura del Gobernador Regional, destacó que de acuerdo a este proyecto tendrá un compromiso con su región, ya que para ser candidato deberá presentar un proyecto de desarrollo regional donde esten incluidos los proyectos, gastos y otros, que deben ser ratificados con el gobierno central, es decir, se trata de buscar el desarrollo de una región conforme a una idea de la misma compartida por esa comunidad.

En este contexto indicó que no le preocupa que los traspasos de competencias se demoren un par de meses, ya que enfatizó que se ha solicitado que el traspaso de facultades se haga en forma paulatina de acuerdo a las capacidades que los gobiernos regionales vayan demostrando o vayan adquiriendo.

Respecto a los fondos que los municipios distribuyen, señaló que a lo mejor no es lo principal si ellos son el 8, el 12 o el 15% regional y municipal, ya que los compromisos que como gobierno regional se establezcan pueden obligar a los ministerios sectoriales a invertir en cada región de acuerdo a los convenios que celebren, por lo que los recursos no son necesariamente sólo los que se entreguen para invertir pues ellos pueden ser incrementados con innovaciones en las formas de financiamiento.

Por último, manifestó su deseo por realizar las elecciones de la autoridad regional en el año 2017 no obstante que consideró que la tramitación del proyecto ha resultado muy demorosa.

Luego, el Honorable Senador señor Guillier manifestó que aunque presentó una serie de indicaciones, en temas que le preocupan, se encuentra en la mejor disposición para alcanzar los acuerdos que sean necesarios con el objeto de agilizar la tramitación.

Enseguida dijo que más allá de la redacción y del articulado existen ciertos ejes que el proyecto no debe perder, ya que se trata de descentralizar el poder que actualmente toma las decisiones en un núcleo territorial y funcional dentro de determinadas instituciones, y que tiene que transformarse en un poder regional donde la toma de decisiones se haga en la región y en forma participativa con la comunidad, de modo que igualmente deben generarse mecanismos de participación en la región.

Agregó que ello también significa que las facultades reales deben incluir no sólo las de índole administrativa sino que también la decisión de políticas, porque precisamente de eso se trata, de traspasar poder a los intendentes y también a los Consejos Regionales, por lo que consideró que es necesario mejorar el proyecto en ese aspecto, estimando que los CORE deben ser los fiscalizadores reales y eficientes de la autoridad electa para evitar que se transforme en un oligarca.

Compartió sobre la necesidad de establecer un mecanismo que dirima las contiendas de competencias que se puedan generar dentro de la jerarquía; y en ahondar en el tema del traspaso de los funcionarios públicos lo que, en su opinión, requiere mayores garantías sobre la manera en cómo se harán dichos traspasos y en el reconocimiento de derechos sociales y mecanismos eficaces para avanzar en el 80-20, ya que cuando se hacen reformas de esta envergadura, es necesario enviar señales importantes en esa materia.

Dentro de este mismo orden de ideas planteó que es necesario fortalecer la carrera funcionaria con mecanismos que sean estimulantes para que los profesionales se queden en las regiones, pues lo que ocurre en la realidad es que ello se desalienta. A modo de ejemplo indicó que en materia de educación, si el CRUCH (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) da un beneficio de cien para un estudiante en Santiago, en regiones le da sesenta, lo que determina que los mejores estudiantes se desplacen a estudiar a Santiago y luego no regresan a su región, que es la misma situación que ocurre con los funcionarios públicos.

Dado lo anterior, enfatizó que se deben poner los incentivos si se quiere realizar una descentralización efectiva y no sólo considerar una descentralización más bien administrativa.

Enseguida señaló que estima necesario revisar el tema de los recursos ya que si el Gobierno finalmente será el que asigne los recursos a cada región, y si se va a elegir una autoridad regional, que puede ser de distinto color político al del gobierno central, debe tener la garantía de que podrá desarrollar su plan de trabajo estratégico, de manera que el financiamiento no puede ser sólo una arbitrariedad del Gobierno Central.

Por último, señaló que la idea articuladora del proyecto debe ser que exista una verdadera descentralización del poder, es decir de la toma de decisiones, lo que pasa por modificar el principio jerárquico de la institucionalidad existente, ya que la Constitución Política en su artículo 3° habla de estos temas pero con un hilo de jerarquía respecto del Gobierno Central que atraviesa todo el aparato estatal, y a la larga toda la interpretación termina en la aplicación de ese principio jerárquico, que debe reformarse y entregarse funciones a las regiones que no se tocan con las del Gobierno Central.

El Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que su postura ya fue planteada en sesiones anteriores con ocasión de la discusión en general, sin perjuicio de lo cual reiteró que es partidario de la descentralización y de la elección de la autoridad regional.

Agregó que puede estar pasando la oportunidad histórica de hacer este cambio, ya que el debate se ha mantenido por bastante tiempo en circunstancias que consideró que era más importante llevar la institucionalidad a la práctica, no obstante que sea posible volver sobre el tema.

Enseguida señaló que lo primero que requiere este proyecto es definir si se aprobará ahora la elección de la autoridad regional y cuando ello ocurriría, y en ese sentido dijo que era partidario que sea el año 2017 el de su primera elección, para lo cual se debe simplificar la discusión e identificar los temas que causan conflicto, que hasta ahora son fundamentalmente el sistema de electoral y cómo se compatibiliza la descentralización con la estructuración del Estado unitario a través de las autoridades que ejecuten el gobierno nacional y regional.

Destacó que se acordó en su momento que la autoridad electa seria el Gobernador, no obstante que el Gobierno propone una necesaria autoridad paralela llamada a coordinar el aparato del Estado y que no será descentralizada, tema respecto de la cual se debe alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo sobre si insistirá en una figura que vaya más allá de la coordinación.

Señaló que otro tema a resolver es el de transferencia de competencias, lo que claramente no se puede hacer en la instancia de esta reforma constitucional porque ella corresponde a la discusión del respectivo proyecto de ley, que corresponde al Boletín N° 7.963-06, instancia en que se debe resolver cómo solucionar los conflictos que eventualmente puedan darse, cómo hacer la transferencia en términos objetivos y como realizar dichas transferencias cuando exista dificultad, todo lo cual no debe estar resuelto en la normativa constitucional sino en la ley orgánica respectiva.

Además indicó que para determinar el mecanismo de transferencia de competencia y si habrá o no arbitraje, se debe tener especial cuidado en determinar si tendrá la supremacía el gobierno regional o el Ejecutivo nacional, pues en el funcionamiento y ejercicio de las diversas autoridades y facultades se debe exigir responsabilidad fiscal.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina señaló que compartía que lo que se debe resolver básicamente es si se quiere que la autoridad electa sea sólo el presidente del CORE que ya existe actualmente pero que no tiene ninguna atribución, y que es un camino que significa no avanzar en nada en el proceso de descentralización.

Expresó que cree profundamente en los procesos de descentralización y que el proceso actual para los Intendentes es tan engorroso al punto que la burocracia les ha impedido llevar adelante iniciativas consensuadas para inversiones regionales, y agregó que se debe dejar de tener temor a dispersar el poder.

Enseguida, indicó que tiene el convencimiento formado de que el sistema electoral que mejor se aviene a la posibilidad de que grupos emergentes en regiones tengan la posibilidad de gobernar la región es el de elección directa, como el de los alcaldes, como lo demuestra el que hasta hoy no haya habido ninguna crisis municipal con este sistema en las más de trescientas comunas en que se lleva adelante este tipo de elección.

Expresó que, a mayor abundamiento, lo bueno de ese sistema es que permite que se presentan candidatos a alcalde que si bien sacan entre el 15 ó 20% de los votos en una primera elección luego sacan porcentajes mucho más altos, 60 ó 70%, en virtud de que una buena gestión les permite ser reelectos con gran mayoría. En ese sentido, agregó, si esos candidatos no hubiesen tenido la oportunidad de presentarse en un sistema de una vuelta no habrían tenido posibilidad de ser alcalde, ya que en la actualidad son las grandes coaliciones las que mayoritariamente presentan las candidaturas.

Sobre el mismo tema, insistió en que se debe dar la posibilidad a que grupos emergentes puedan presentarse y que ello no les hace perder legitimidad democrática, tal como ocurre con los alcaldes en que nunca ella se ha puesto en duda.

En cuanto al sistema híbrido que se ha planteado, dijo que le parecía muy engorroso y que por lo mismo, en su opinión, es un sistema electoral que no va a operar, lo que es un tema que tendrá que resolverse en su momento.

Señaló que si están claras las competencias de cada uno no ve ningún obstáculo de fondo para que exista una autoridad del gobierno central que rija para toda la región, si también las facultades están claras para el representante de la región, no obstante que recordó que la Comisión acordó que esa representación sea a nivel provincial.

Asimismo, indicó que también previamente se había acordado que las funciones de la nueva autoridad electa quedarían claramente establecidas en la Constitución Política, no obstante que ahora el Ejecutivo cambia el criterio y entrega su determinación a la ley orgánica pese a que fue un tema largamente discutido. Enfatizó que también se discutió extensamente el principio de subsidiariedad, que siendo clave para las regiones llevó a que se acordara privilegiar la radicación de competencias en el órgano más cercano al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional y nacional.

Finalmente señaló que, en síntesis, lo esencial de la discusión es definir políticamente cuál será el sistema electoral, qué competencias tendrá la nueva autoridad regional electa, y cómo transferirán dichas competencias.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó a los representantes del Ejecutivo que en una próxima sesión realicen una presentación respecto del proyecto de ley de transferencia de competencias (Boletín N°7.963-06) en relación con los temas que se han planteado en esta sesión.

Enfatizó que es muy relevante conocer la postura del Ejecutivo en materia de composición de la comisión que resuelve los traspasos de competencias o para establecer un piso de traspaso mínimos de servicios por ley entre otros aspectos, y manifestó la preocupación que genera el no tener certidumbre en cuanto a las competencias que se le entregarán a los CORE, lo que es necesario armonizar con este proyecto de reforma.

Finalmente, manifestó que esperaba que se pudiera volver sobre los acuerdos que se alcanzaron en esta Comisión anteriormente, sobre todo en cuanto al principio de subsidiariedad territorial que en su opinión resulta clave, y además manifestó su inquietud ante el establecimiento de una autoridad paralela, planteado la posibilidad de concordar el traspaso efectivo por ley de algunos servicios al gobierno regional, así como su financiamiento.

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En una sesión posterior el Ejecutivo se refirió al traspaso de competencias contenido en el Boletín N°7.963-06, en el marco de este proyecto de reforma constitucional.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, dijo que para los efectos que interesan en este momento a la Comisión el proyecto se explicará en torno a cinco puntos muy específicos, los cuales serán los siguientes:

-Nuevas Competencias (funciones) en el proyecto de ley;

-Procedimiento para la transferencia de competencias;

-Competencias actuales del Intendente y Consejo Regional;

-Adecuación de la organización del Servicio Administrativo del Gobierno Regional; y

-Competencias en Áreas Metropolitanas.

A continuación, el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez, hizo presente que dentro de las competencias que entran en vigencia una vez promulgada la ley se encuentran las de elaborar y aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT); el elaborar y proponer un proyecto de zonificación del borde costero de la región al Ministerio de Defensa; la de financiar estudios y proponer las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y los sistemas de tratamiento. (Decidirá la localización en caso de que no exista acuerdo entre las municipalidades de la región) y aprobar la identificación de territorios como zonas rezagadas en materia social, en coherencia con la política nacional.

Enseguida, indicó que al modificarse el artículo 18 de la ley orgánica se agregan competencias en materia de fomento productivo, tales como aprobar el Plan Regional de Desarrollo Turístico; promover y diseñar acciones para el Fomento Productivo en coordinación con la acción nacional y municipal; promover la implementación de oficinas comunales de fomento productivo e innovación; fijar la Política Regional de Innovación y Desarrollo propuesta del Comité Regional de Innovación y Desarrollo; formular Políticas Regionales de fomento de las Actividades Productivas e integrar y aplicar en su gestión las Políticas Nacionales considerando las prioridades regionales.

En materias de competencias en Desarrollo Social, hizo presente que se considera el proponer en coordinación con las autoridades competentes programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social, así como su financiamiento; financiar y difundir actividades y programas de carácter cultural; promover el fortalecimiento de la identidad regional, y proponer, en coordinación con autoridades competentes, programas y proyectos que fomenten la práctica del deporte, así como su financiamiento.

Con respecto a las competencias en materia de Inversión Pública, existe una que se transfiere totalmente a la nueva autoridad electa con la aprobación del Consejo, cual es la elaboración y aprobación del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) que concentra toda la inversión regional, y además se incorporan los municipios en los convenios de programación que serán íntegramente obligatorios para todas las partes celebrantes.

Sobre este punto en particular, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, destacó que estas nuevas competencias son trascendentales tanto para el nuevo Gobernador como también para el respectivo CORE, por cuanto al Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) concurren obligatoriamente, de acuerdo a este proyecto de ley, todos los servicios públicos, de manera que cualquier inversión que se desarrolle en una región determinada a partir de la aprobación de esta ley tiene que ser revisada en el CORE y aprobada por el mismo. En la misma línea, aclaró que no es obligatorio que todo lo que se apruebe tenga que ser ejecutado, no obstante insistió que en esta materia los Consejos Regionales van a conocer obligatoriamente toda la inversión regional.

En este punto el Honorable Senador señor Quinteros consultó por la situación de los Gobiernos Regionales que actualmente ven lo que dice relación con el borde costero, ya que de hecho existe una comisión regional para ese efecto. Agregó que el presupuesto tal como se ha planteado también se hace hoy directamente con el Ministerio de Hacienda.

A este respecto el señor Subsecretario señaló que la diferencia es que el ARI reunirá la inversión de todos los sectores y no solo del presupuesto del Gobierno Regional.

El Honorable Senador señor Quinteros enfatizó que se debe destacar este punto porque existe la creencia que en la práctica no habrá traspaso de funciones, y en su opinión es claro que la situación es exactamente la contraria. En ese sentido, dijo que lo ideal es comenzar con este proceso para posteriormente ir agregando otras funciones en forma gradual.

Continuó el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señor Osvaldo Henríquez señalando que los Gobiernos Regionales a través de una resolución podrán suscribir convenios territoriales para la ejecución de iniciativas con municipalidades y/o servicios públicos, los cuales pueden ser anuales o plurianuales.

En cuanto a la forma de realizar la transferencia de competencias, indicó que básicamente se consideran dos modalidades. La primera consiste en que el gobierno regional podrá desarrollar, total o parcialmente, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo la competencia de que se trate y si requiere de recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas ellos deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente al respectivo Gobierno Regional en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Otra modalidad, consiste en que dicha transferencia sea implementada mediante programas, para lo cual el gobierno regional podrá administrar y ejecutar programas nacionales de claro impacto regional, previo acuerdo con el ministerio y servicio público respectivo. En este caso, indicó, los recursos para la ejecución y gestión de las competencias traspasadas también deberán contemplarse anualmente en la partida correspondiente a dicho ministerio o servicio en la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Desde el punto de vista del procedimiento para efectuar la trasferencia respectiva, señaló que este puede iniciarse a petición del Gobierno Regional (Intendente y/o Consejo Regional (2/3) o por parte del Gobierno Nacional.

Luego, en el primer caso la solicitud del gobierno regional al Presidente de la República deberá contar con un estudio que fundamente los beneficios de la propuesta de transferencia, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia.

Enseguida, a petición del Presidente de la República dijo que se formará una Comisión integrada por un representante del Ministerio requerido; un representante del Ministerio de Hacienda; un representante del ministerio sectorial que corresponda y el o los directores nacionales de servicios, según sea el caso, cuyas competencias hayan sido solicitadas o se pretenda transferir, el presidente del consejo regional y el intendente o gobernador electo de la respectiva región.

Dentro de este contexto, señaló que esta solicitud será discutida y que el plazo para emitir opinión que es de 90 días, contados desde la publicación del decreto supremo indicado, que podrá ampliarse hasta seis meses en caso que se requieran informes complementarios u opiniones externas o se propongan modificaciones.

En caso que el informe de la Comisión sea favorable a la trasferencia, indicó, se requerirá la aprobación por la mayoría de los miembros en ejercicio del respectivo Consejo Regional respecto a las condiciones por ella fijadas para realizar la transferencia. Si no existe aprobación, el proceso se entenderá terminado sin que proceda la transferencia.

Transcurrida la etapa anterior el Presidente de la República resolverá con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo, tomando en consideración el informe dispuesto en el literal e) y la aprobación del respectivo Consejo Regional por la mayoría de sus miembros y luego deberá dictarse el respectivo decreto supremo, el que contendrá lo siguiente: las competencias, los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos financieros que se transfieren, la modalidad en que se materializará dicha transferencia, el plazo fijo o indefinido, las condiciones de inicio que se exigirán al gobierno regional para materializar la transferencia de competencias, las condiciones con que el Gobierno Regional deberá ejercer las atribuciones transferidas, la forma en que se hará el seguimiento de la transferencia efectuada y las demás materias necesarias para asegurar un adecuado ejercicio de las competencias transferidas en el nivel regional.

A continuación indicó que existe la posibilidad de revocabilidad, y al respecto precisó que las competencias a plazo fijo no podrán tener una duración inferior a un año y podrán ser renovadas por igual periodo previo informe favorable de la Comisión. Agregó que también procede la revocación en caso de una deficiente prestación de servicios a la comunidad, ineficiencias e ineficacias en la asignación y utilización de recursos públicos, falta de coherencia con las políticas nacionales en la materia trasferida o por la no aplicación de éstas en el ejercicio de las competencias, o bien en caso de duplicación o interferencia de funciones y atribuciones con otros órganos de la Administración del Estado.

En este contexto, subrayó que dicha revocabilidad puede tener origen tanto en el Gobierno Regional como en el Gobierno Nacional, mediante decreto supremo expedido por el Presidente de la República.

Abordando el tema de las competencias del intendente o nueva autoridad electa y el Consejo Regional, el personero de Gobierno indicó que en general, salvo disposición expresa en contrario, cuando la ley requiera la opinión o acuerdo del gobierno regional el intendente en su calidad de órgano ejecutivo de aquel deberá someterlo previamente al acuerdo del consejo regional.

Precisando, recalcó que el Intendente podrá:

a) Formular y elaborar la Estrategia Regional de Desarrollo, PROT, Políticas y Planes para el desarrollo de la región, en materias de fomento e industria, social y cultural, ordenamiento del territorio, infraestructura y transporte, entre otras.

b) Someter al Consejo Regional las políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones, así como proveer a su ejecución.

c) Someter al Consejo Regional, el Proyecto de Presupuesto y la distribución de recursos (FNDR, Ingresos Propios).

d) Coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el gobierno regional; y

e) Solicitar al Presidente de la República la transferencia de competencias previo acuerdo del Consejo Regional.

Con respecto a las competencias del Consejo Regional, indicó que este a su vez podrá:

-Aprobar, modificar, sustituir o rechazar los proyectos y proposiciones que le presente el Intendente en materia de políticas, estrategias y proyectos de planes regionales de desarrollo y sus modificaciones, así como proveer a su ejecución; proyecto de Presupuesto del Gobierno Regional; la distribución del FNDR, ISAR (Inversión Sectorial de Asignación Regional), e ingresos propios; convenios de programación; plan de Zonas Rezagadas, ante Proyecto Regional de Inversiones; Plan Regional de Desarrollo Turístico y la Solicitud de Transferencia de Competencias.

-Aprobar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, Zonificación del Uso del Borde Costero.

En este escenario, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que este proyecto supone el establecimiento de obligaciones nuevas que no son menores dentro del territorio, como es el plan regional de ordenamiento territorial o el plan de zonas rezagadas, dos instrumentos nuevos de carácter nacional pero que son absolutamente descentralizados.

Respecto al plan de zonas rezagadas explicó que en el plan de financiamiento ya se ha estudiado la creación de un nuevo fondo paralelo al FNDR, que tendrá como objetivo el hacer converger o resolver brechas en los territorios de modo que sean los Gobiernos Regionales quienes se hagan cargo del trabajo en materia de desarrollo social y fundamentalmente en materia de pobreza, dentro del escenario actual. Al respecto, agregó que la pobreza ya no es una situación generalizada en Chile sino que, por el contrario, se encuentra focalizada en los territorios y, por tanto, requiere de políticas distintas para su resolución.

Dicho esto, enfatizó que se combinarán políticas que se han aplicado con éxito en otros países y que dicen relación con el tema de la brecha, es decir, establecer las causas por las cuales una persona en un territorio determinado no logra salir de la pobreza, es decir, determinar las brechas que las personas no han podido resolver como en educación y atención médica, entre varios factores. En esta línea, recalcó que esta situación es distinta de región en región, por lo que esa será una política que tendrá que ejecutar cada gobierno regional dentro de una política nacional.

Destacó especialmente el plan regional de ordenamiento territorial, y señaló que hasta el momento hay varias regiones que han tratado de elaborar un plan en ese sentido que son documentos que lamentablemente han terminado guardados en los gobiernos regionales.

Indicó que el plan regional en sí mismo no es obligatorio, pero que a partir de este proyecto de ley lo que se hace es transformarlo en un instrumento obligatorio para los servicios públicos, de tal manera que la macrozonificación de la región y el uso de sus territorios preferentes serán una condición para la aprobación de proyectos de parte de los servicios públicos descentralizados o desconcentrados.

Continuó la exposición el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Osvaldo Henríquez, recordando que los gobiernos regionales ya tienen la facultad de aprobar el plan regulador comunal, el plan intercomunal y el plan regional regulador metropolitano, por tanto, señaló, se establece una integralidad en todo el proceso de definición de la planificación u ordenamiento de la región, todo lo cual supone una nueva organización que sea capaz de llevar adelante este proceso.

Así, resaltó que el nuevo Gobierno Regional considera un Presidente elegido por sus pares, el Ejecutivo que es el Intendente, se crea la figura del Administrador Regional, se modifica la ley N° 20.500[4] para tener la posibilidad de incorporar a la sociedad civil mediante un consejo, pero su funcionamiento debe ser resuelto por el Gobierno Regional a través de reglamentos.

Luego, hizo presente que se crea el Comité Regional de Innovación y Desarrollo y se establece el Comité Consultivo de Alcaldes para el área metropolitana, y que además se crea la figura del Jefe de Control, que revisará los actos del jefe regional, el Intendente actualmente.

En este punto, el Honorable Senador señor Bianchi en relación a la zonificación del borde costero consultó al Ejecutivo quien será el administrador de dicho borde costero, en el sentido si seguirá siendo de cargo de la Armada de Chile o si el Gobierno Regional tendrá alguna injerencia en ello.

El señor Henríquez señaló que actualmente la ley establece que es el Ministerio de Defensa quien regula esa materia, y lo que hace este proyecto es traspasar las autorizaciones o actividades económicas que se realizan en dicho borde costero desde el punto de vista nacional, ahora, hacia el punto de vista del desarrollo de las comunas en materias económicas o turísticas, acuícolas o pesqueras, entregando su planificación a un instrumento que define el uso del borde costero, razón por la cual no se puede definir en forma arbitraria el uso de dicho borde.

Enseguida, para precisar lo antes dicho, enfatizó que el Administrador Regional colaborará con el Intendente Regional o Gobernador electo en la administración del Servicio Administrativo del Gobierno Regional, y adicionalmente se crean tres divisiones:

-Una División de Infraestructura y Transportes encargada de proponer y promover planes y programas de alcance regional; obras de infraestructura y equipamiento regional; y gestión de transporte.

- Una División de Desarrollo Social y Humano encargada de proponer y promover planes y programas de alcance regional, conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social.

- Una División de Fomento e Industria encargada de proponer y promover planes y programas de alcance regional, destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías que propendan a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

Luego, el señor Subsecretario enfatizó que en este aspecto se está ensanchando el aparato del Gobierno Regional con la creación de tres nuevas divisiones, con lo que ahora tendrán seis divisiones, y destacó asimismo la figura del Administrador Regional como un ente de carácter técnico que colabora con el Intendente o Gobernador en la administración del Gobierno Regional y, por otro lado, la creación del cargo de Jefe de Control, que reporta administrativamente al Gobernador (Intendente) pero que desde el punto de vista de la fiscalización y de las auditorías deberá reportar al CORE, ya que este órgano colegiado o cada consejero puede solicitar que efectúe un control o auditoría a un proyecto determinado.

Agregó que en este esquema el rol del CORE será fundamental, ya que además de todas las funciones que se han señalado tendrá un rol de auditoria, de modo que si se mantiene la selección de proyecto en este consejo tal como está hoy en día habrá inevitablemente una colusión de intereses, por cuanto habrá consejeros que seleccionan proyectos y los aprueban y luego deben fiscalizarlos.

A mayor abundamiento, explicó que para que hoy los Gobiernos Regionales puedan construir un colegio o cualquier obra que determinen, tienen que hacerlo en forma obligatoria a través de los servicios públicos y que en consecuencia si el día de mañana quiere construir un camino secundario o pavimentarlo tiene que obligatoriamente recurrir a la Dirección de Vialidad. Dicho esto, puso de relieve que este proyecto entrega al Gobierno Regional capacidad de ejecución, lo que en su opinión resulta tremendamente relevante porque dicho gobierno podrá organizarse sobre la base de las materias de interés particular en que una región puede especializarse.

Agregó que lo anterior debe complementarse con a respectiva Ley de Financiamiento y las atribuciones que tendrá el Gobierno Regional en materia de administración de recursos, de modo que ya no tendrán que recurrir al Ministerio de Hacienda en busca de asignaciones. En este sentido, señaló que ya se tiene acordado que en la Ley de financiamiento que se presentará el Gobierno Regional será autónomo, podrá asignar en la región, y que las tomas de razón se realizarán en las Contralorías Regionales.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que en su momento tendrán que analizarse varios temas como el de obras públicas, en que consideró que podrían existir problemas debido a que o se tendrá que desconcentrar dicha repartición o bien el gobierno regional deberá crearla en ese nivel, y en este último caso, dijo, en su opinión se creara una doble estructura, por lo que llamó a analizar con mayor fineza ese tema.

Luego, agregó que es más lógico desconcentrar la decisión del Ministerio de Obras Públicas en regiones, con una relación o convenio con el Gobierno Regional, a que sea el Gobierno Regional el que entre a crear toda una infraestructura paralela para ejecutar obras de ese rubro.

Por otra parte, también consideró que sería necesario estudiar la figura del Administrador Regional y del Comité de Alcaldes de áreas Metropolitanas, y sobre este último agregó que debiese existir dicho comité en todos los Gobiernos Regionales.

A continuación el señor Subsecretario destacó que en materia de servicios y ejecución de proyectos una de las dificultades que tiene el proceso de descentralización en Chile es que los servicios públicos tienen distinta creación legal. A modo de ejemplo, señaló que la Dirección Regional de Vialidad no existe formalmente, y que sólo existe el Director Nacional de vialidad que delega atribuciones a una persona que dice llamarse Director Regional.

Enseguida enfatizó que el proceso es complejo y es dinámico y que deberá analizarse las formas de llevar adelante la descentralización de la responsabilidad de la administración de los caminos y todos sus temas relacionados, lo que explica que no se pueda tener un calendario para descentralizar todos los servicios, y con la misma lógica, ya que todos tienen realidades distintas.

Seguidamente el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señor Osvaldo Henríquez continuó analizando la figura del Jefe de Unidad de Control Regional, el que será nombrado por el Intendente a través de un concurso público cuyas bases y nombramiento es una atribución del Consejo Regional, de acuerdo a la proposición del Intendente. Agregó que la Unidad dependerá del Intendente y Asesorará al Consejo Regional en su facultad de fiscalización.

Enseguida destacó que en cada Gobierno Regional existirá:

- Un Comité Regional de Innovación y Desarrollo, el que podrá ser constituido con participación ad honorem de integrantes de los sectores público y privado. Señaló que un reglamento del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, establecerá las normas relativas a su integración y las modalidades de funcionamiento, así como las demás necesarias para su ordenado funcionamiento; y

- Un Consejo de la Sociedad Civil, que serán órganos de carácter consultivo conformados de manera diversa, representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que tengan relación con las competencias de gobierno regional.

Con respecto a las competencias en materia de Áreas Metropolitanas, señaló que el gobierno regional en esos casos se constituirá precisamente en las regiones donde se establezcan las áreas metropolitanas o conurbaciones de comunas de más de 250 mil habitantes, y que será su administrador.

En este caso, dijo, el gobierno regional se denominará gobierno regional metropolitano, tendrá un Comité Consultivo compuesto de los Alcaldes de las comunas integrantes del área metropolitana,y contará con las siguientes competencias:

- Elaboración del plan maestro de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones.

- El Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones.

- La operación directa de la recolección, transporte y/o disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, previa conformidad de las municipalidades respectivas.

- El sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, en coordinación con la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones.

El Señor Subsecretario destacó en este punto que lo anterior corresponde a una atribución totalmente nueva para el gobierno regional pues actualmente dicha atribución no existe y ello representa una significativa cantidad de competencias. En este sentido, señaló que la disyuntiva aquí corresponde a si se toma un cuarto nivel de administración que vendría a ser una ciudad conurbada, administrada por un alcalde mayor, como ocurre en otras ciudades del mundo, o como lo considera el proyecto no crear dicho nivel pero si un Consejo distinto con atribuciones al tercer nivel, de modo que lo que se busca es entregar funciones al Gobernador Regional en materia de ciudades pero consultando en forma obligatoria a los Alcaldes de dicha conurbación en las áreas más urgentes que se han detectad, como son:

- disposición final de residuos sólidos, porque se da una economía de escala.

- medio ambiente, por cuanto este no es un problema exclusivo del Gobierno Nacional.

- el transporte, dado que las problemáticas son distintas en los distintos territorios.

En la misma línea, enfatizó que se crea un Fondo de Área Metropolitana ya que todo lo que se ha mencionad debe contar con recursos, pero no necesariamente nuevos recursos sino que en su opinión, el FAR (Fondo de Asignación Regional) que se conoce como los fondos espejos del Transantiago constituye una fuente de recursos que no se ha aprovechado suficientemente precisamente porque no existe descentralización.

Dentro de este mismo orden de ideas, señaló que el 50% de ese FAR que actualmente asciende a los $900.000 millones, es casi el 80% de todo el presupuesto de los Gobiernos Regionales y que la mitad queda el Ministerio de Transportes para gastos que son razonables y el resto se entrega al Gobierno Regional. En ese sentido, recordó que el origen de este fondo era acudir a resolver los problemas de transporte público de las ciudades, pero que no existen proyectos en esas materias debido a la falta de profesionales en las regiones.

El señor Henríquez, agregó que el Departamento de Áreas Metropolitanas deberá velar por la coordinación e interacción del Gobierno Regional con los órganos administrativos de la Administración Central, por la coordinación de los planes maestros de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones, por Plan intercomunal de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público y sus modificaciones y deberá actuar como Secretaría ejecutiva del comité consultivo de Alcaldes.

Por su parte, el Comité Consultivo de Alcaldes, según dijo, será presidido por el Intendente y se pronunciará sobre todas las iniciativas del gobierno regional en el Área. Tendrá una participación obligatoria de a lo menos dos veces al año y sus propuestas serán aprobadas por mayoría de los alcaldes, regulando su funcionamiento un reglamento regional.

Se deja constancia que el señor Henríquez acompañó su presentación en un documento en formato power point, el cual fue debidamente considerado por los integrantes de la Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de este informe, copia del cual queda a disposición de los señores Senadores en la Secretaría de la Comisión.

Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, hizo presente que muchas veces la discusión respecto de las transferencias de competencias se queda en el tema de los recursos, y que en su experiencia ese no es el tema fundamental ya que si se quiere hacer gestión regional a veces no se necesita tener más recursos sino que más facultades, y más posibilidades de intervenir al momento de tomar las decisiones en materia de proyectos.

En ese sentido, reiteró que en los próximos tres año se aumentara de 1 billón 170.000 millones a 3 billones 300.000 millones los recursos, y además agregó que no es posible hacerlo en forma más rápida ya que inyectar más recursos a los Gobiernos Regionales hoy en día generaría un riesgo en la ejecución de proyectos. No obstante, insistió que el problema no es de recursos y que son estas las competencias que requieren los Gobiernos Regionales, para lo cual se necesita que se encuentren preparados con profesionales y especialistas en diversas áreas, que hoy en día no existen.

El Honorable Senador señor Quinteros coincidió en que a veces sin tantos recursos se puede hacer una buena gestión, señalando que hoy en día a los Gobiernos Regionales se les está dando la facultad de la asociatividad que antes no existía. Agregó, respecto de los fondos del transantiago, que en su opinión sería bueno que quedara establecido que deben ser empleados por los GORE en la conectividad, toda vez que hoy en día se utilizan con varios otros fines.

Luego, señaló que dentro de las facultades de los CORE se ha señalado que pueden aprobar, modificar, sustituir o rechazar un proyecto del Intendente (Gobernador Regional), razón por la cual consultó que pasaría si ese proyecto está dentro de la estrategia de desarrollo o de inversión establecida por el candidato en su plan para la región y propuesta a la ciudadanía, la que además fue aprobado al momento de su elección. En la misma línea, preguntó si el Jefe de Control es solamente jurídico o si también tiene un carácter técnico.

Enseguida, manifestó su acuerdo con que los Gobiernos Regionales puedan ejecutar obras, pues a diferencia de lo que se ha dicho Obras Públicas no se ocupa de los caminos secundarios o vecinales.

Por último, quiso saber si los proyectos que se acuerden en las respectivas regiones también deberán tener rentabilidad social, pues ello puede ser un gran obstáculo e impedir que los distintos proyectos se materialicen.

A su turno, el Honorable Senador señor García Ruminot subrayó que hay importantes recursos de la ley espejo del transantiago guardados como activos del Tesoro Público que ni siquiera han podido distribuirse a las regiones, lo que en su opinión es un problema. En ese sentido señaló entender que no se puedan entregar recursos sin que se sepa en qué los van a invertir, pero consideró que tampoco es correcto que finalmente la hacienda pública haga ahorros y mejore las finanzas nacionales con ahorro de las regiones y no del Gobierno Central, sobre todo si se considera que la acumulación de esos fondos dura hasta el año 2.022 .

Enseguida, inquirió mayor información con respecto al ARI en el sentido de saber cada cuánto tiempo se va a actualizar o se va a poder aprobar, ya que dijo que entendía que esto sería una especie de listado de proyectos sector por sector con sus respectivas estimaciones de inversión, los que en su opinión debieran ser relativamente dinámicos para permitir que se incorporen nuevas necesidades o nuevos proyectos en la medida que, además, dichos proyectos van teniendo la correspondiente recomendación económica.

Con respecto a las atribuciones de los CORE, indicó que esto se está transformando en un problema que tendrá que resolverse de la mejor manera posible, porque no puede ser que una ley de esta índole se paralice por acción de los CORE. Así, manifestó que no tenía problemas con que los Consejeros vayan aprobando proyecto a proyecto dentro de presupuestos anuales, pero siempre que esos proyectos se encuentren debidamente recomendados desde el punto de vista económico por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Administrativo.

Luego, el Honorable Senador señor Bianchi manifestó su alegría por estar conociendo este proyecto y felicitó al Ejecutivo por recoger importantes innovaciones. Enseguida, consultó al representante del Gobierno respecto de las urgencias o los tiempos que se están manejando, por cuanto señaló que era necesario ordenar la discusión de ambos proyectos.

A continuación, la Honorable Senadora señora Von Baer con respecto al proyecto mismo señaló que establece una serie de estructuras o divisiones nuevas que ensanchan el aparataje regional. No obstante, dijo que su preocupación recurrente es que se le están entregando ciertas decisiones al Gobierno Regional pero sin que exista claridad respecto a cómo hará realidad esas atribuciones.

Para mayor precisión, señaló que si se decide que es muy importante la pavimentación de ciertos caminos o el desarrollo productivo en el área agrícola era necesario saber qué herramientas tiene el GORE, tal como está aquí concebido, para hacer esas decisiones realidad, por cuanto si bien existen en la actualidad ciertos planes pilotos donde están SERCOTEC y CORFO, estas instituciones siguen organizadas a nivel central.

En este contexto, enfatizó que se debe establecer de alguna manera y en forma clara cuál es el área de acción que le corresponde al GORE y cuál le corresponde al Gobierno Central, y además dar efectivamente al nivel regional las herramientas que necesite para hacer realidad las decisiones que adopte.

A mayor abundamiento, dijo que le parecía que se estaba dando un espacio de decisión al GORE pero no el respectivo aparato de ejecución del servicio público, y que tal como está tendrá que pedir al nivel central. En este sentido, dijo que sería conveniente saber si a cada división podría traspasársele al menos un servicio público para que pueda ejecutar efectivamente lo que se decida.

En lo que dice relación con el rol de los CORE señaló que efectivamente cree que esto se puede transformar en un problema, ya que efectivamente se les está quitando la única atribución que tienen en forma personal o individual que les es propia, a diferencia de las que plantea el proyecto que considera atribuciones colectivas.

Dado lo anterior señaló que quizás la salida es entregarles algunas atribuciones como, por ejemplo, de fiscalización, que no sean colectivas (del Consejo), e incluso planteó la posibilidad que se les entreguen atribuciones cruzadas porque todos los servicios que no estarán regionalizados dependerán del Secretario Regional Presidencial, entonces los CORE podrían tener atribuciones de fiscalización respecto de los servicios regionalizados.

Por último, manifestó que le parece adecuado que se establezca un número mínimo de servicios públicos que serán entregados para su ejecución el GORE, y además consultó si existe disposición en el Ejecutivo para modificar el traspaso de competencias con respeto a sus mecanismos.

A lo anterior, el Honorable Senador señor Quinteros agregó que en lo que dice relación con el traspaso de las facultades a los CORE, cuando se negoció el aumento de la dieta se habló de este tema y hubo un compromiso en tal sentido con ellos.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Guillier respecto de la Comisión para negociar la transferencia, hizo presente que ella queda 3-2 a favor del Gobierno Central, y dado que el principio es el de descentralización estimó que debiese buscarse una forma para que exista equilibrio en dicha instancia con un tercer dirimente que, en su opinión, podría ser una persona nombrada por el Senado o bien en donde el Senado juegue algún rol sobre la base de la solidez institucional.

Por otro lado, en materia de control, hizo presente que cada vez existe mayor manejo de recursos en las regiones y por lo tanto, es necesaria una mayor fiscalización no sólo administrativa sino que de calidad de gestión e incluso de transparencia para evitar corrupción, de modo que recalcó que allí se necesita un control que los municipios ya tienen, y también es necesario que al Jefe de Control se le garanticen las facultades fiscalizadoras autónomas tanto del Intendente cono del Gobierno Regional, es decir, una suerte de contraloría interna o doble fiscalización.

En cuanto al rol de los CORE, hizo presente que no se trata de personas que sean técnicos o administrativos, sino que se trata de políticos que quieren hacer carrera política, y por tanto es necesario darles la posibilidad de que compitan, de manera que de alguna forma no sólo el intendente este empoderado sino que también los CORE para que le den un cierto equilibrio al Gobierno Regional, ya que de otra manera el intendente podría terminar con tal nivel de atribuciones y facultades que termine gobernando sin control.

Finalmente, indicó que compartía la idea de gradualidad siempre que ello vaya acompañado de la respectiva capacitación o plan de formación de competencias en regiones y de estímulos, de modo que los mejores y mejor preparados tengan aliciente para quedarse en las respectivas regiones.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina afirmó estar convencido que estos son procesos graduales ya que realizar un cambio cultural de esta envergadura de la noche a la mañana ha demostrado tener malos resultados como, por ejemplo, ocurrió con los Tribunales de Familia. En este sentido, dijo que ello no significa avanzar lento sino que se trata de ir agotando las etapas y consolidando los procesos para lograr ser eficientes.

Enseguida, indicó que el tremendo mérito que tiene la descentralización es ir permitiendo que la región tome las riendas de su desarrollo, y que en esa línea la complejidad está dada por el hecho que ese desarrollo no entre en conflicto, en un Estado unitario, con el Gobierno Central, que termine en la paralización de una determinada labor.

Establecido lo anterior, en materia del plan regional de ordenamiento territorial, consultó cuál es la forma de compatibilizar una política nacional en materia, por ejemplo, de energía, con un instrumento regional que no considere esa materia, o que significa “en coordinación nacional y municipal”, ya que resaltó que no hay claridad con respecto a la forma de llevar adelante dicha coordinación.

Para terminar, preguntó al Ejecutivo cómo se resuelven los conflictos que puedan suscitarse entre el nivel central y el regional.

Por su parte el Honorable Senador señor Bianchi destacó que la administración en las regiones va a cambiar, razón por la cual solicitó si se puede revisar por parte del Gobierno la posibilidad de establecer a través de las universidades regionales algún diseño de implementación de todo lo que este proyecto va a significar con el objeto de tener, a través de una escuela virtual o de las mismas universidades regionales, una capacitación que permita que no se inicie el proceso cometiendo errores o con desconocimiento, e insistió en que es necesario analizar el proyecto de transferencia y además, incluso exigir la capacitación de quien quiera postularse a cargo de Gobernador, de tener esta capacitación previa para no llegar al aprendizaje una vez que detente el cargo.

Finalmente, dijo ser firme partidario de tener la primera elección de intendente el año 2017, pero al mismo tiempo hizo hincapié en que es necesario tener de parte del Ejecutivo un cronograma claro con respecto a la tramitación de los proyectos de transferencia de competencias y el de elección de intendente.

Recogiendo las inquietudes planteadas, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, comenzó por afirmar que se trata de un proyecto muy complejo respecto del cual se han explicado los aspectos fundamentales que se abalizarán en detalle una vez que se inicie el estudio del mismo.

Sobre la atribución del CORE para la modificación o sustitución de proyectos, indicó que el Consejo tal como fue definido en su oportunidad por el Senado, ya no tiene la selección de proyecto a proyecto sino que debe dar su aprobación en base a glosas y programas presupuestarios, que es una decisión que el Gobierno apoya y que tendrá que discutirse en el marco del proyecto de transferencia de competencias.

Destacó que no se está eliminando la facultad de discusión proyecto a proyecto del Consejero Regional, sino que se pretende eliminar la responsabilidad en la selección del proyecto de modo que efectivamente después lo pueda controlar, pues de lo contrario habría que crear una tercera instancia de control distinta del CORE.

Para mayor claridad, señaló que actualmente el CORE tiene la facultad de seleccionar proyecto a proyecto de un listado que le entrega el Intendente, pero dijo que en muchos gobiernos regionales ni siquiera hay propuestas del Intendente y simplemente se reparten un monto entre ellos y se asignan los proyectos, lo que ha ido generando una serie de problemas. Dicho esto, insistió en que el Gobierno quiere que no exista vinculación entre el CORE y determinada institución, porque después no le es posible fiscalizar.

Con respecto al ARI, dijo que tal como se ha dicho corresponde a un listado de proyectos que tiene cierto orden, que se aprobará anualmente, y que por tanto el CORE conocerá de todos los proyectos de inversión que se quieran desarrollar en una región, incluidos los del FNDR y todos los ingresos del Gobierno Regional. En este sentido, recalcó que los conocerá en su conjunto y que por tanto tendrán una gran discusión.

Enseguida, hizo presente que el Ejecutivo en la Ley de Financiamiento que enviará creará un nuevo instrumento denominado “Contrato Región” en virtud del cual se programará la inversión y las acciones que desarrollarán un Gobierno Regional y el Gobierno Nacional en la respectiva región, y que es un instrumento que se sacó del modelo francés, en que ha funcionado muy bien.

Para explicarlo dijo que la idea es que cuando haya un candidato a Gobernador Regional en determinada región, y concurra a dicha región el candidato Presidencial, existirá una discusión programática respecto de lo que se quiere hacer en ese territorio, de modo que ya esa sola discusión, en su opinión, va a generar descentralización. Así, la idea de este instrumento (contrato región) es que los ganadores de ambas elecciones lo suscriban en base al programa que ofrecieron y que discutieron en su oportunidad.

Por otra parte, indicó que cuando se analizó el aumento de dieta para los CORE no hubo un acuerdo formal respecto a las materias planteadas anteriormente.

En lo que se refiere a la figura del Jefe de Control, señaló que es una entidad que se dedicará a la fiscalización de las materias financieras y jurídicas, pero a diferencia de lo que ocurre hoy en los municipios con la misma figura no será un tomador de razón. Para precisar, señaló que la idea es que esa persona sea totalmente ajena al proceso, sin ninguna responsabilidad, y que controle ex-ante o ex-post, pero jamás dentro del proceso, porque ello le permitirá realizar auditorías y controles a los distintos proyectos.

Con respecto a la ejecución de obras, indicó que precisamente la facultad que se está entregando a los GORE de ejecutar es la que va a permitir generar mayores competencias. No obstante, hizo presente que si el GORE quiere ejecutar un camino, evidentemente el mejor ejecutor será la Dirección de Vialidad, pero como a veces ella está tan ocupada la idea es que se puedan llevar adelante los proyectos que ha determinado el respectivo Gobierno Regional con criterio y con recomendación económica, tal como opera actualmente.

Asimismo, señaló que se está haciendo una intervención complementaria a través de un nuevo fondo de convergencia paralelo al FNDR y contenido en la nueva Ley de Financiamiento cuyo objetivo es trabajar con las zonas rezagadas, es decir, con las zonas que pueden ser designadas en esa categoría por el Gobierno Regional, ya que se debe trabajar con políticas públicas diferenciadas según las zonas de que se trate.

Indicó que actualmente los proyectos del sistema nacional de inversiones se evalúan con la metodología denominada beneficio-costo, que lo que hace es poner el acento en los flujos o beneficios que entrega un proyecto. Así a modo de ejemplo, dijo que si se va a pavimentar un camino los flujos los mide la dirección de vialidad a través del tráfico medio, diario o anual (TMDA) y a cada proyecto dependiendo del tipo se le exige una tasa de TMDA. En el caso de las áreas rezagadas, destacó que se cambia la metodología y ahora se realiza por Decreto Supremo, es decir, no se usa la metodología beneficio-costo sino que se emplea una denominada “mínimo costo”, porque a diferencia del flujo en este caso se decide hacer el proyecto y luego la metodología tiene que señalar la forma de hacerlo al mínimo costo posible.

En lo que dice relación con los fondos espejos del transantiago, dijo que en la Ley de Financiamiento se combinarán fuentes complementarias de financiamiento como dichos fondos y las transferencias de competencias.

Agregó que el Gobierno se ha comprometido a transferir cinco servicios públicos, los cuales no se consideran en la ley por cuanto ello obligaría a transferir a futuro por ley y entonces se genera una diferencia en el mecanismo, por cuanto el que propone el Ejecutivo es más expedito y da mayor flexibilidad frente a los funcionarios. En este sentido, señaló que se quiere transferir Serviu, Corfo y Sercotec.

El Honorable Senador señor Bianchi que era necesario para transparentar toda la discusión que se tenga la certeza que esos servicios serán traspasados de todas maneras, de modo que le solicitó proponer algún mecanismo para zanjar esa situación.

Continuando, el señor Subsecretario señaló que el ARI era una tremenda nueva competencia, ya que hacer que el Consejo Regional revise todos los proyectos de inversión para la región de un año al otro es una herramienta que le dará más armonía a las inversiones públicas en las distintas regiones, y se ganará, en su opinión, en la posibilidad de hacer que los proyectos converjan de mejor manera a una estrategia de desarrollo regional.

En cuanto a las urgencias de los proyectos, indicó que la idea siempre fue tomar el proyecto de transferencia de competencias, que ya se había presentado, hacerle indicaciones sustitutivas e iniciar una profunda discusión, y en paralelo presentar el proyecto de reforma constitucional en el Senado. Agregó que la idea era que en algún momento ambos proyectos se reunieran, de modo que recalcó que para el Gobierno esto es una sola agenda que tiene tiempos de implementación, y que la idea es tener elección de autoridad regional el año 2017, para lo cual se requiere aprobar la ley de transferencia de competencia, la ley de financiamiento y este proyecto de reforma antes del mes de agosto.

Dado lo anterior, subrayó que la prioridad la tendrá el proyecto de reforma constitucional en estudio para luego ver la ley orgánica respectiva. Agregó que en materia de transferencia de competencias lo ideal es aprobarla antes de la Ley de Presupuestos para contar con los recursos necesarios.

Refiriéndose a las herramientas que mencionó la Honorable Senadora señora Von Baer, indicó que el modelo que se ha planteado es generar tres nuevas divisiones que básicamente tendrán una labor de planificación a nivel regional y que como se entregan competencias de ejecución a los Gobiernos Regionales si un GORE tuviera alguna dificultad de ejecutar con algún servicio público especializado un determinad proyecto podría efectivamente hacerlo por sí mismo, de modo que desde el punto de vista de la ejecución ello está resuelto, aunque no era lo ideal.

Enseguida agregó que en el modelo que se está aplicando las competencias se van transfiriendo paulatinamente en no menos de 10 años desde el Gobierno Central al Regional y llegan a las nuevas divisiones, de manera que cuando se habla de los 10 programas de Sercotec y los 14 de Corfo, que hoy en día están descentralizados en 3 regiones en forma piloto, ellos llegarán a la División de Fomento Productivo con capacidad de ejecución.

Seguidamente el Asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo señor Osvaldo Henríquez hizo presente que la posibilidad de que ejecute se da con el proyecto aprobado, y que será el mismo proyecto de ley el que mediante un D.F.L. permitirá a la Presidenta de la República, durante un año, hacer las modificaciones necesarias para poder instituirlo como servicio público.

Así, si un GORE quisiera intervenir en un proyecto de caminos no enrolados, podría a través de un proceso de concesión entregar la ejecución y administración de dichos caminos y tendría que hacer el seguimiento. No obstante, subrayó, en términos de servicio público ello es materia de ley, y por ello se solicita conceder facultades legales delegadas para la Primera Mandataria.

El señor Subsecretario sobre este punto en particular, hizo presente que el artículo transitorio Vigésimo Noveno del boletín N°7.963-06, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (Transferencia de Competencias) le entrega al Presidente de la República dicha facultad por el plazo de 10 años.

En ese sentido, dijo que ella era la facultad que les permite transferir competencias en materia de servicios públicos, de modo que la figura no está clara porque cada GORE tiene que ir creándola en virtud de la solicitud de transferencias que hace.

Luego, reiteró que respecto de los CORE se debe definir cuál será el rol del Consejo Regional, y que una vez definido con todas las atribuciones que tiene actualmente más las que se le agregan, se debe crear un canal institucional para que la fiscalización se realice en el marco del mismo Consejo.

Por su parte el Honorable Senador señor Espina hizo hincapié en que la clave es la facultad de fiscalización y que al entregársela a la mayoría política ella se debilita, razón por la cual, sugirió que un determinado porcentaje del CORE pueda requerir determinada información, además de que cada CORE pueda hacerlo en forma individual mediante un oficio.

El personero de Gobierno se manifestó dispuesto a trabajar una indicación en ese sentido, e hizo presente que también se le entrega a los CORE la facultad de citar a determinadas autoridades, que es una facultad que actualmente no tiene.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar estimó que era necesario estudiar la forma en que se abordarán ambos proyectos, y en especial solicitó llegar a un acuerdo respecto al sistema electoral de la elección de Intendente o Gobernador.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su inquietud respecto al traspaso de determinados servicios públicos lo que, al igual que otros señores Senadores, le gustaría que fuera un compromiso legal y de Estado, que quedara así establecido en la ley.

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En sesión posterior, el Honorable Senador señor Zaldívar expresó que frente a las altas expectativas que tiene la ciudadanía con respecto a la elección de Intendente, es necesario llegar a un acuerdo respecto a la forma de elección antes de seguir adelante con su tramitación, pues de lo contrario lo más probable es que no haya reforma.

En ese sentido señaló que no se saca nada con discutir el proyecto sobre transferencia de competencias si no se ha resuelto previamente el tema de la elección del Intendente o Gobernador. Así, insistió en la necesidad de abrir instancias de discusión para acercar las posiciones y tratar de llegar a un acuerdo, ya que en su opinión ambos proyectos son complementarios y no corresponde traspasar competencias a una autoridad que no sea electa democráticamente.

Una opinión similar manifestó el Honorable Senador señor Quinteros quien dijo que si bien hay distintas posiciones en materia de sistema electoral estima fundamental establecer en esta sesión si se van a realizar o no las elecciones de intendente el año 2017 como primera cuestión, para luego consensuar la forma de elección.

El Honorable Senador señor Bianchi expresó una opinión contraria ya que señaló que en esta materia no está dispuesto a aceptar la imposición de una determinada forma de elección que se ha acordado entre los distintos partidos políticos. Agregó que es partidario de tener intendentes electos pero con atribuciones, de modo que no hay razón para no determinar las funciones antes de votar esta reforma.

A su turno, la Honorable Senadora señor Von Baer indicó que también hubiese querido discutir en primer lugar el proyecto sobre transferencia de competencias. No obstante, señaló que en su opinión no se ha dado el espacio para llegar a los acuerdos a que se ha hecho alusión y señaló que habiéndose hecho presente urgencia para su despacho es necesario empezar con la votación de las indicaciones.

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DISCUSIÓN EN PARTICULAR

A continuación, se efectúa una relación de las indicaciones presentadas al texto aprobado en general por el Honorable Senado, que se describen, y de los acuerdos adoptados a su respecto por vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Artículo Único

o o o

La indicación número 1, del Honorable Senador señor Guillier, es para consultar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“…) Sustitúyese el artículo 3° por el siguiente:

“Art. 3°. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.

Su gobierno y administración serán funcional y territorialmente descentralizados, de conformidad a esta Constitución y a la ley, la que también establecerá los casos de administración desconcentrada.

Todos los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional, según los principios que esta Constitución establece.”.”.

La Jefa de División Políticas y Estudios señora Viviana Betancourt señaló que, sin perjuicio que esto se discutió en el debate en general y se dejó finalmente afuera, en su opinión resultaba inadmisible esta indicación por cuanto excede lo que fue definido como el marco por esta Comisión y posteriormente por la Sala del Senado.

Por su parte la Honorable Senadora señora Von Baer estimó que esta es una discusión central, especialmente para las regiones. Agregó que en la primera discusión se alcanzó un buen equilibrio en la redacción completa del proyecto de reforma constitucional, pero que ahora frente a las indicaciones presentadas se pierde dicho equilibrio.

Enseguida recordó que al proyecto que fue a la Sala fue un texto refundido de cuatro boletines, dentro de los cuales efectivamente se consideraba esta normativa, de modo que esta indicación en su opinión estaría dentro de las ideas matrices, no obstante que recalcó que la normativa final obedeció a un acuerdo previo con el Ejecutivo que ahora se desconoce.

El Honorable Senador señor Pizarro opinó que esta indicación excede el espíritu de la reforma ya que se refiere a la forma básica de organización del Estado de Chile que nunca ha estado en discusión ni está dentro de la idea matriz de la reforma constitucional. Agregó que si además el Ejecutivo tiene una postura al respecto, es claro que esta indicación va mucho más allá de una elección de una autoridad regional con determinadas atribuciones.

Dicho esto, señaló que de aprobarse esta indicación ello significa un cambio no sólo a la forma del Estado sino que prácticamente a todo el sistema institucional, de modo que enfatizó que las experiencias de otro países con estados federados han llevado a Chile a reafirmar su carácter de Estado unitario con un fuerte régimen presidencial, con atribuciones potentes, pero siempre en un marco claramente acotado.

Luego, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes dijo que se trata de un tema que efectivamente se trató durante la discusión en general y manifestó que el Ejecutivo tiene la idea que este es una materia que idealmente podría discutirse en el marco de una nueva Constitución, ya que se trata de la concepción más profunda del Estado.

En la misma línea, señaló que del análisis de su redacción aparecen cuestiones mucho más delicadas como, por ejemplo, la prioridad por la descentralización ya que, según dijo, de establecerse una prioridad absoluta en ese tema obligaría al Legislador y al Ejecutivo a que en todas las políticas públicas que se emprendan, primero debiesen ser descentralizadas, es decir, obligan a demostrar por qué no se descentraliza una política pública nacional, lo que corresponde a una discusión mucho más compleja.

Para terminar, destacó que el hecho de que sólo se establezca el principio deriva en una discusión mucho mayor, como lo que ocurriría en materia de inversiones, ya que en el país existe un sistema nacional de inversiones que trata de precaver precisamente que una decisión de política promueva una discusión estrictamente técnica.

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En sesión posterior, la Jefa de División Políticas y Estudios señora Viviana Betancourt señaló que el Ejecutivo ya había planteado su postura frente a esta indicación en la sesión pasada, en el sentido que esta indicación excede el acuerdo al que había llegado la Comisión en esta materia y lo aprobado por la Sala en su oportunidad, pues constituye una discusión de orden mayor que podría significar dejar de lado gran parte del proyecto en estudio.

El Honorable Senador señor Quinteros se manifestó de acuerdo con lo expresado, haciendo presente que en su opinión esta indicación excede el marco de esta reforma en particular.

A continuación, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que se debe tener conciencia que las normas constitucionales deben ser concentradas y precisas, por lo que no son el medio idóneo de establecer principios sino que su naturaleza es fijar preceptos obligatorios de aplicación general, y que una cosa distinta es que ellos reflejen principios aceptados en una determinada sociedad.

Luego, la Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que efectivamente esta indicación excede el acuerdo al igual que lo hacen las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

Agregó que en su momento en virtud de ese acuerdo efectivamente se rechazó una norma semejante, pero como desconoce cómo será la votación de las indicaciones del Ejecutivo se generan muchas dudas sobre lo previamente acordado.

El Honorable Senador señor Espina enfatizó que existía un acuerdo respecto a no tocar este artículo, de modo que se manifestó a favor del acuerdo original.

Luego, la Honorable Senadora señora Von Baer solicitó la votación separada del primer inciso, ya que en su opinión esta propuesta recoge más claramente el tipo de país que se quiere construir con la reforma de descentralización.

Sobre el particular, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes dijo que se trata de buscar una aprobación amplia de este proyecto, pero que entrar en una discusión de este carácter respecto a la forma del Estado corresponde a una discusión constitucional profunda que ello tiene implicancias sobre otras esferas que también habría que discutir. En ese sentido, recordó que de acuerdo a la indicación en cualquier materia se tendrá que explicar por qué una determinada política del Estado no es descentralizada, en circunstancias que existen políticas que en un Estado unitario tienen que ser centralizadas o no serlo, y que en cada caso se tendrá que explicar la razón por la cual se opta por una u otra tornando muy compleja la administración del Estado.

Agregó que al experiencia internacional muestra que, por ejemplo, el sistema nacional de inversión requiere de una visión de país, especialmente en países pequeños y que no han logrado ingresos importantes. Así, esa política que es la recomendación técnica de los proyectos, requiere, según dijo, de políticas centralizadas, por ejemplo, para estimar la rentabilidad de los proyectos y una mirada descentralizada para ver en que territorio se exceptúa ese tipo de evaluación, que es lo que el Gobierno quiere hacer en la ley de transferencia de competencias y en la de financiamiento.

El Honorable Senador señor Zaldívar se manifestó a favor de mantener lo que se había acordado porque se debe distinguir entre el concepto de Estado y el concepto de Administración, es decir, claridad en relación con lo que se va a descentralizar, que es sin lugar a dudas la administración dentro del concepto de Estado unitario.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que en el acuerdo alcanzado existía un principio de subsidiariedad que permitía definir donde radicar una política pública cada vez que se haga, es decir, a nivel nacional o en la región, y agregó que la indicación número 28 del Ejecutivo retrotrae el proyecto a su forma previa a los acuerdos alcanzados eliminando el aludido principio de subsidiariedad. Dicho esto, señaló que en su opinión es momento de pensar las políticas públicas de una manera distinta, y sobre dónde se van a radicar debe estar establecido en la Constitución Política, para que ello sea en los órganos más cercanos a las personas y así ir subiendo en los dichos niveles.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina indicó que el Ejecutivo se salió del acuerdo que se alcanzó en su oportunidad, razón por la cual, ya que el Gobierno se retractó del acuerdo, propuso que para avanzar se mantenga la norma acordada por la Comisión.

Luego, la Honorable Senadora señora Von Baer dijo que mientras el Ejecutivo mantenga sus indicaciones, insistirá en la votación separada del inciso primero, y que en caso contrario de respetarse el acuerdo, se podría avanzar en forma más rápida.

Por su parte el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes hizo presente que no es sólo el Ejecutivo quien realizó indicaciones, sino que también los miembros de la Comisión lo hacen no obstante haber participado del mencionado acuerdo. Enseguida, indicó que pretenden generar el debate respecto de algunos aspectos que deben ser reforzados, e hizo hincapié en que el Gobierno tiene visiones claras respecto a varios puntos del acuerdo, lo que a su juicio no hace sino mejorarlo.

Respecto de la indicación, sostuvo que cualquier cosa que se haga en sentido distinto a la votación que se dio en la Comisión y posteriormente en la Sala, va a generar mayores dificultades en las posteriores discusiones, de modo que instó a buscar fórmulas que permitan viabilizar este proyecto, de modo que la discusión mayor que ya subrayó anteriormente debe estar en el marco de lo que será la nueva constitución.

El Honorable Senador señor Espina recalcó que existía un punto medular que es que a este respecto se resolvió no entrar en el debate de este artículo de la Constitución Política, de modo que la forma de avanzar en este tema era tal como se consignó en el artículo 114, por lo que insistió en que el Ejecutivo retire la indicación número 28 para avanzar en este tema.

En la misma línea, la Honorable Senadora señora Von Baer dijo estar dispuesta a retirar todas las indicaciones que presentó y al mismo tiempo destacó que todas las indicaciones del Gobierno van a temas medulares respecto de los cuales ya se había alcanzado un acuerdo después de varias discusiones. Frente a este escenario, consultó si el Ejecutivo estaba dispuesto a retirar la mencionada indicación número 28.

Sobre el particular, el señor Subsecretario insistió que en función del espacio que abrió el Senado el Gobierno ha reflexionado, tal como lo hicieron varios miembros de esta Comisión, y por tanto se sienten en el derecho de defender las indicaciones presentadas.

A continuación el Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que partiendo de la base que existe un acuerdo, habrá que ver cuál es la objeción que se hace a la redacción que tiene actualmente la aludida indicación 28.

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En sesión posterior, continuando con este debate, la Honorable Senadora señora Von Baer consultó al Ejecutivo si estaba dispuesto a retirar la indicación número 28 antes de seguir adelante con el debate, o si se respetaría el acuerdo previamente alcanzado, pues en caso de perseverar en dicha indicación se vería obligada a solicitar votación separada de cada inciso para analizarlos en su propio mérito.

Por su parte, el Honorable Senador señor Horvath hizo presente que hay varias indicaciones en esta materia de modo que consultó cómo se procedería para su tratamiento.

La señora Presidenta de la Comisión explicó que el debate comenzó con la indicación número 1 que tiene directa relación con la indicación número 28 del Ejecutivo, y manifestó su intención que se mantenga el texto como está, tal como se aprobó en el acuerdo alcanzado en su oportunidad.

Enseguida, la Jefa de División Políticas y Estudios señora Viviana Betancourt, insistió en que en la indicación número 28 no es contrario al texto que en su minuto fue aprobado por esta Comisión, sólo que tiene matices que la hacen distinta ya que en uno privilegia una situación y en el otro propende a la misma.

Luego, enfatizó que el artículo 3° de la Constitución Política de la República y las indicaciones que se propusieron en su momento a él mediante los proyectos que se refundieron, escapan a las ideas matrices del proyecto presentado por el Ejecutivo, ya que nunca se discutió ni se entendió que esas ideas matrices se habían ampliado a las contenidas en las distintas mociones refundidas.

Agregó que cuando la Sala del Senado zanja el primer informe en general, entiende que ese es el ámbito de la discusión, independiente de las posturas que pueda adoptar la Comisión frente a las distintas indicaciones. En ese sentido, dijo que agregar hoy cualquier otra materia fuera de esas ideas matrices hace inadmisibles las respectivas indicaciones ya que en este proyecto de reforma la idea central era la elección del intendente, a la cual se agregaron algunas materias via indicaciones, pero también se agregaron otras que no fueron recogidas en el acuerdo.

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó una opinión distinta señalando que al fusionarse los proyectos esta indicación queda dentro de las ideas matrices, y agregó que hay una postura distinta con respecto a la del Ejecutivo, por lo que reiteró la solicitud de votación separada respecto de esta indicación.

Luego, el Honorable Senador señor Espina explicó que esta indicación dice relación con establecer que Chile es un país descentralizado que fue un tema ya debatido, en que se indicó que establecer ello puede ocasionar un impacto muy fuerte en esta etapa, de modo que se acordó discutirlo en otras propuestas concretas.

Enseguida destacó que la indicación número 28 al número 8) significa un cambio radical respecto del acuerdo que se adoptó en su oportunidad, pues lo que se aprobó es establecer la obligación de preferir la comuna, la provincia y la región. Agregó que este es un aspecto esencial en las regiones porque las políticas públicas difícilmente llegan a las comunas, de modo que la subsidiariedad territorial planteada es un tema relevante y, en su opinión, es el verdadero principio de la descentralización.

En consecuencia, solicitó que se vote coherentemente lo que unánimemente se acordó en el primer informe, y ojalá pudiera retirarse esta indicación entendiendo la gradualidad con que tiene que darse el proceso de descentralización.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quinteros compartió los argumentos antes expresados y señaló que no se puede ligar la aprobación de ambas normas debido a que el Estado de Chile es unitario y la indicación en estudio no sigue la línea que señala la Carta Fundamental, ya que, por ejemplo, no es posible descentralizar el Congreso Nacional.

Dicho esto, recalcó que sólo la administración puede ser descentralizada, de tal manera que no pueden confundirse ambos temas, y en consecuencia la indicación en estudio claramente excede el marco de la presente reforma.

El Honorable Senador señor Guillier dijo entender las razones y expresó que con el ánimo de avanzar en este proyecto está dispuesto a retirar la indicación, aprobando el número 8) ya aprobado en el primer informe.

Dentro de este contexto, el Honorable Senador señor Espina recalcó que tanto esta indicación como la número 28 deben tratarse en conjunto, pues en el caso de persistir en la indicación 28 del Ejecutivo en la práctica significa no avanzar en nada. En este sentido, enfatizó que el tema central es la subsidiariedad territorial.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Zaldívar indicó que la diferencia entre Estado y Administración es fundamental, no pudiendo descentralizarse el Estado, salvo que se establezca un Estado Federal.

Luego, manifestó estar más de acuerdo con la redacción que se aprobó en el primer informe en lugar de la indicación presentada por el Ejecutivo, ya que opinó que no conlleva ningún problema el que se defina claramente que la radicación de las competencias se realizará en los órganos más cercanos al ciudadano, salvo que se expresen argumentos en cuanto a que dicha indicación tiene la misma intencionalidad y logra el mismo objetivo.

Manifestó que de votarse el artículo 3° propuesto en la indicación lo hará en contra porque es totalmente antagónico con lo que se quiere efectivamente realizar en esta materia.

Luego, el Honorable Senador señor Quinteros señaló que no ve mayores diferencias entre la norma aprobada por la Comisión y la indicación número 28, pues en su opinión, son prácticamente iguales. Dicho esto, enfatizó que lo fundamental es avanzar en el proceso de la descentralización.

Por su parte el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes insistió en que se debe tener claro que la discusión se basa en un principio que habilite y permita la transferencia de competencia, pues en caso de dejar un principio genérico en la Constitución Política que prefiera instalar las políticas públicas en lo local y luego en lo regional, puede ser muy complejo desde el punto de vista de la administración y particularmente de los temas referidos a la desconcentración. Agregó que servicios como el Registro Civil e Identificación o el SAG, no serán descentralizados.

En segundo término, indicó que es necesario considerar el momento en que se está planteando esta reforma, ya que se considera un mecanismo de transferencia de competencias que sea gradual, pues la experiencia internacional muestra que la precipitación pone en riesgo el proceso de descentralización.

Dicho esto, manifestó que se encuentran disponibles para discutir un programa en el marco de la ley de transferencia de competencia, de la ley de financiamiento y otras, pero consignar un principio constitucional como el que se ha enunciado es un serio peligro para el Estado, dado que debe existir un criterio de objetividad para el establecimiento de las políticas públicas. En la misma línea, señaló que en ese caso se generaría un riesgoso precedente en cuanto a que cada política o decisión gubernamental para implementar algún programa puede terminar siendo discutido en un tribunal.

El Honorable Senador señor Espina se manifestó en desacuerdo con lo antes expresado por cuanto no se está discutiendo acerca de uno u otro servicio, sino que la norma habla de la radicación de competencias, es decir, que frente a cada uno de los órganos que se va a establecer la decisión que se toma respecto de su funcionamiento práctico y operativo se hace sobre la base de la decisión que exista en la comuna.

Establecido lo anterior, señaló que esta es la misma política que se aplica en materia de municipalidades, ya que el Gobierno actualmente tiene muchos programas que se llevan adelante en los municipios, de modo que sólo se pretende establecer que las competencias comiencen bajo el principio de la subsidiariedad, es decir, que primero se analice si pueden ejecutarlas las propias comunas y así hacia los demás niveles superiores. Así, insistió en la redacción del número 8) tal como se aprobó en el primer informe de esta Comisión.

La Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva, consultó si lo que se está señalando es que al momento de crearse un servicio nuevo habría primero que crearlos a nivel local para luego justificar, en caso que no se pueda, su creación en el siguiente nivel y así sucesivamente, por cuanto, enfatizó que todo ello está en el marco de la Constitución Política de tal manera que si se “prefiere el nivel local” y así hasta el nacional, en materia de una nueva institución también habría que considerarlo o justificar por qué no existe a nivel local.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Zaldívar manifestó su preocupación por la posibilidad que se pueda dar la interpretación antes señalada, ya que significaría un grave problema para la administración del Estado que debe ser aclarado.

En este punto, la Honorable Senadora señora Von Baer indicó que este fue un texto (el del numeral 8) concordado con el Ejecutivo en su momento, teniendo siempre presente que se refiere a la competencia y no a una institución. En este sentido, precisó que la redacción recoge el que, al revés de la forma de hacer política pública hoy en día en que automáticamente se hace a nivel nacional, la idea es que al definir una competencia se vea primero si es mejor privilegiar el nivel local o si ello no tiene ningún sentido, como ocurriría exactamente con el SAG.

Enfatizó que el cambio en el inciso segundo también es muy relevante porque se refiere a los recursos, y que en su oportunidad se había acordado que en el caso de traspaso de competencia ella debía ir acompañada de la misma cantidad de recursos que tenía a nivel central, pero la indicación cambia totalmente ese principio.

El Honorable Senador señor Bianchi solicitó al Ejecutivo que explique las razones por las cuales no se ha respetado el acuerdo previamente alcanzado, ya que aclaró que aunque no participó en es discusión, respeta los acuerdos celebrados.

Al respecto, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes mantuvo sus argumentos y agregó que el Ejecutivo está ejerciendo la facultad de presentar indicaciones.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina hizo presente que lo que se votó se hizo sobre la base de un texto que se concordó y que fue fruto de un acuerdo político. Dicho esto, dijo que se puede cambiar de opinión por distintas razones, pero que no se puede desconocer la existencia de un acuerdo.

Enseguida, el Honorable Senador señor Quinteros dijo que el Ejecutivo tiene legítimas aprehensiones no obstante que se haya llegado a un acuerdo previo, incluso, agregó, está de acuerdo con varias de ellas, y que aunque su voluntad es elegir lo más pronto posible a un Gobernador con atribuciones, facultades y financiamiento, ello no debe ser obstáculo para no respetar las observaciones que legítimamente puedan surgir durante este trámite.

La Honorable Senadora señora Von Baer enfatizó que se debe tener claro que se está discutiendo en el marco de la transferencia de competencia, y que lo único que se quiere es establecer a nivel constitucional que al fijarse una competencia se piense primero en el sector municipal y no se determine inmediatamente que el mismo no será eficiente o capaz de ejercerla.

Luego, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que efectivamente se votó por unanimidad, pero consultó al Subsecretario si existió un acuerdo político, ya que eso es distinto e independiente de la votación unánime que se haya producido, haciendo presente que si ha existido un acuerdo político esperaba oír argumentos respecto a que la norma aprobada podría ir en contra de la efectividad de hacer la descentralización, ya que entonces estaría dispuesto a corregirla.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes enfatizó que durante la discusión el Ejecutivo siempre se allanó con el objeto que cada uno de los artículos se votara con el mayor acuerdo posible, pero ello no ocurrió en todo el articulado, de modo que en esas circunstancias, es difícil decir que hubo en acuerdo.

Luego, el Honorable Senador señor Espina insistió en que hubo un acuerdo político y que fue en ese marco en el que se concordó el texto para luego proceder a votar en forma unánime, salvo el tema del sistema electoral.

- Cerrado este debate, se realizó la votación de la indicación número 28, la cual se consigna en el número respectivo.

- La indicación número 1, fue retirada por su autor.

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Número 1

Mediante este numeral se introduce una modificación al artículo 32 de la Carta Fundamental, el cual se refiere a las atribuciones especiales del Presidente de la República.

La indicación número 2, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“1) Sustitúyese en el artículo 32, numeral 7°, la expresión “intendentes y gobernadores;”, por la siguiente: “secretarios regionales presidenciales y secretarios provinciales;”.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que se trata de un tema de fondo porque esta fue precisamente la discusión que se tuvo y respecto de la cual se llegó al acuerdo que el nombre de la autoridad electa sería el de Gobernador, y que la representación del Presidente de la República no sería regional.

Así, aclaró que el acuerdo fue que el representante del Presidente de la República lo sería a nivel provincial y la persona electa sería el Gobernador Regional, de tal manera que insistió en que no se trata de un cambio de forma simplemente, sino que la indicación va más allá.

El Honorable Senador señor Pizarro consultó si el acuerdo entonces fue que se elimine cualquier figura representativa a nivel de la región, y en ese caso cuál sería la razón por la cual el Ejecutivo cambia dicha representación.

La Honorable Senadora señora Von Baer explicó que el acuerdo que alcanzó la Comisión en conversación con el Ejecutivo fue que la representación del Presidente de la República fuese a nivel provincial y que dicha autoridad que correspondiera a la capital regional tendría la coordinación “primus inter pares” (el primero entre iguales), de modo que existía una figura a nivel regional pero no igual que al Gobernador. Agregó que la idea era que quedara de manifiesto que se quería avanzar hacia que el representante regional tuviese mayor poder que el representante del Presidente de la República.

La Jefa de División Políticas y Estudios señora Viviana Betancourt indicó que hubo un planteamiento del Ejecutivo en orden a acoger o comprender las propuestas de Chile Descentralizado y algunos señores Senadores en cuanto a evitar una figura regional, entendiendo que sería posible una suerte de sombra o competencia de poderes.

Sin embargo, hizo presente que una vez que ello fue aprobado también hubo una discusión al interior del Gobierno que la Señora Presidenta hizo propia a través de esta indicación, señalando que si bien ello suena muy bien, en la práctica lamentablemente, genera una serie de problemas de administración que no son menores.

En este escenario, planteó que la discusión de fondo es si efectivamente se generan las sombras o contiendas entre ambas figuras cosa que a su parecer no ocurre porque tendrán competencias distintas en materias distintas. En la misma línea, enfatizó que renunciar a la representación del Presidente en el territorio en función de una teórica disputa de poderes si genera una gran cantidad de problemas en la administración del Estado chileno que no es difícil de imaginar.

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En la sesión posterior la Honorable Senadora señora Von Baer indicó que en el proyecto del Ejecutivo se establecían dos autoridades regionales (Gobernador e Intendente), y la discusión en su momento fue que existirían dos autoridades regionales que competirían todo el tiempo, y que el Intendente tendría menos atribuciones que el Gobernador Regional porque ellas estarían radicadas en los servicios públicos y seremis y el resto, en el FNDR.

Así, dijo que la discusión fue cómo dar mayor gobernabilidad a la región, razón por la cual se acordó que fuese el Gobernador la autoridad electa y que el representante del Presidente de la República sería un Delegado provincial que sería una suerte de “primus inter pares” con un rango algo menor que el Gobernador electo, encargado de la coordinación de servicios.

Dado lo anterior, nuevamente consultó el Ejecutivo acerca de las razones por las cuales se altera el acuerdo que se logró en torno a este tema en su oportunidad.

Sobre el particular el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, dijo que se analizó esta norma y se presentó una dificultad en el sentido que la diversidad de circunstancias a las que una autoridad de este carácter va a estar sometida, y tratando de tener casos prácticos de aplicación, surgió la necesidad efectiva de tener una autoridad regional fuerte en materia de delegado presidencial.

Para mayor claridad, señaló que hay materias que dicho delegado tendrá que resolver y que no son fáciles como, por ejemplo, los temas de seguridad pública o el manejo de las fuerzas de orden y seguridad. En este sentido, agregó que no se puede tener dudas o interpretaciones distintas respecto a su responsabilidad, y que tal como quedó en la redacción aprobada ello podría generar una cierta debilidad en su actuación.

Dicho esto, sostuvo que la intención del Gobierno es descentralizar al país pero siempre dentro del marco del Estado unitario que obliga a tener dos figuras: una que administre el gobierno regional y otra que administre potestades del Presidente de la República. No obstante, dijo que están abiertos a la posibilidad de cambiar el nombre de “Secretario” por el de “Delgado”, pues la primera denominación también podría prestarse a errores.

El Honorable Senador señor Espina se manifestó su acuerdo con la explicación, especialmente desde el punto de vista de la seguridad pública que ello requiere de la existencia de una sola autoridad clara y categórica que pueda mantener estos temas, que tiene que tener la jerarquía y el nivel necesario para que no se discutan sus facultades y atribuciones, lo que le parece un problema decisivo.

Agregó que si bien existía un acuerdo en esta materia, de la reflexión en el marco de la seguridad pública y de los antecedentes que recabó con personeros del actual y del pasado gobierno, está de acuerdo con que el nombre de esta autoridad debiese ser “Delegado Regional Presidencial”.

Enseguida, señaló que los problemas de competencia no se resolverán porque existan dos personas con cargos similares, sino que ellos se superarán o evitarán en la medida que esas dos autoridades tengan claramente delimitadas sus atribuciones.

A su turno, el Honorable Senador señor Zaldívar dijo que se debe cuidar que no existan dos autoridades en el mismo territorio, y en ese sentido indicó que la figura del “primus inter pares” no le parece la más adecuada por cuanto es necesario que exista una autoridad que tenga el carácter regional y no provincial, especialmente desde el punto de vista de las funciones que va a cumplir. Agregó que la coordinación también es fundamental y tiene que estar radicada en la misma persona que, en este caso, estuvo de acuerdo que se llamara “Delegado Presidencial Regional” y enque tiene que estar por encima del delegado provincial.

Enseguida hizo presente que actualmente todos los Gobernadores son iguales y que lo lógico sería que se elimine el término “Secretario” para llamar a esta autoridad “Delegado Presidencial Regional” que tendrá como tarea el orden público y demás tareas, y la coordinación, por cuanto al estructurar el gobierno regional ello será necesario.

El Honorable Senador señor Bianchi por su parte agregó que debe mantenerse el carácter regional de esta autoridad, ya que no sólo por el tema de seguridad pública sino que también por las catástrofes y otros de seguridad del Estado, ya que hay regiones del país que están permanentemente en situaciones complejas con la vecindad, de modo que tiene que existir una autoridad que no se llame “secretario” sino que sea un “Delegado Presidencial Regional”.

Enseguida, el Honorable Senador señor Quinteros se manifestó de acuerdo con el cambio de nombre para la autoridad representativa del Presidente en la región, ya que en dicho territorio existen Seremis y por tanto, a la figura del Delegado Presidencial Regional se le debe dar la coordinación de los servicios.

A su turno, el Honorable Senador señor Guillier manifestó su aprehensión en cuanto a que se deben tener claramente definidos los roles, por lo que sugirió avanzar con cuidado con el fin de evitar la colisión de poderes regionales entre el Delegado Presidencial y el Gobernador electo. Agregó que para evitar los conflictos la delimitación de funciones entre uno y otro tiene que quedar absolutamente clara.

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo coincidir con lo expuesto en el sentido que en política los nombres no dan lo mismo, y agregó que esta discusión ya se había tenido anteriormente por cuanto actualmente, de mantener esta estructura existirá un “Delegado Presidencial Regional” que tendrá debajo suyo todos los seremis y la coordinación de todos los servicios públicos, de modo que no sólo se trata de seguridad pública, sino que es básicamente todo lo que hay en la región menos la administración del FNDR.

Luego, hizo presente que al mirar la ley de transferencia de competencias las atribuciones no son tan claras, por lo que manifestó su preocupación al respecto, especialmente en el tema de lod posibles conflictos entre autoridades, ya que habrá un Gobernador electo sin atribuciones que las estará reclamando todo el tiempo, por lo que dijo no quedar tranquila ante el establecimiento de estas dos figuras dispares.

- La Comisión acordó aprobar la indicación número 2, con la siguiente modificación: en el artículo 32 de la Constitución Política se sustituye la expresión Intendente por “Delegado Presidencial Regional”, y la palabra Gobernadores por “Delegados Presidenciales Provinciales”.

En la forma antes expuesta, sometida a votación la indicación número dos fue aprobada por cuatro votos a favor y un en contra. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar, y por su rechazo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Fundamentando su votación, la Honorable Senadora señora Von Baer insistió en que no es una buena señal el que existan dos autoridades a nivel regional, estimando que en la Constitución Política de la República debe reflejarse que la autoridad que tiene la legitimidad es la autoridad electa.

Agregó que es ésta última quien debe tener mayor rango, razón por la cual estaba de acuerdo con que el representante del Presidente de la República tuviese nivel provincial con sus facultades y competencias, y que siendo partidaria de dar una señal política en ese sentido vota en contra de esta indicación.

Número 2

Con este número se modifica el artículo 52 de la constitución Política de la República, norma que establece las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados.

La indicación número 3, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República es para sustituirlo por el que sigue:

“2) Reemplázase, en el literal e), del numeral 2°, del artículo 52, la expresión “intendentes, gobernadores”, por “secretarios regionales presidenciales y secretarios provinciales”.”.

La Comisión acordó sustituir en el artículo 52 de la Constitución Política las referencias a Intendentes por otra a Delegados Presidenciales Regionales, y a Gobernadores por a Delegados Presidenciales Provinciales.

Sometida a votación, en los términos antes expuestos, la indicación número 3 fue aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar, y por su rechazo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Número 3

Este numeral propone modificar el artículo 57 de la Constitución Política, que establece normas comunes para los diputados y senadores respecto de las personas que pueden ser candidatos para dichos cargos.

Para este número se presentaron tres indicaciones:

La indicación número 4, del Ejecutivo, propone reemplazarlo por el siguiente:

“3) Sustitúyese, en el numeral 2° del artículo 57, la expresión “Los intendentes, los gobernadores”, por “Los gobernadores regionales, secretarios regionales presidenciales y secretarios provinciales”.”.

- La Comisión acordó modificar el artículo 52 de la Constitución Política para sustituir la expresión Intendentes por Delegados Presidenciales Regionales, y la palabra Gobernadores por Delegados Presidenciales Provinciales.

Sometida a votación la indicación número, 4, modificada en la forma antes expuesta, fue aprobada por cuatro votos a favor y uno en contra. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar, y por su rechazo la Honorable Senadora señora Von Baer.

La indicación número 5, del Honorable Senador señor Navarro, es para sustituir la expresión “Los gobernadores regionales” por “Los intendentes”.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que esta es una discusión que se tuvo con anterioridad, por cuanto la palabra Gobernador viene de la idea de darle a la autoridad electa un rango más alto, y en ese sentido dijo que en su opinión esta indicación prefiere la denominación de Intendente a la de Gobernador para la autoridad electa.

Luego, el Honorable Senador señor Espina, planteó que hay quienes siendo partidarios de este proyecto creen que se está produciendo una situación comunicacional que será difícil de entender, ya que se habla actualmente de elección democrática de “intendente” y se termina en elección del “gobernador”.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer recalcó que lo que se va a elegir no es el Intendente actual sino que una figura distinta, de modo que en su opinión, la denominación de Gobernador ayuda en cierta manera a que ello se entienda, dándole mayor legitimidad.

- Sometida a votación, la indicación número 5 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorable Senadora señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

La indicación número 6, del Honorable Senador señor Guillier, propone agregar después de la expresión “delegados provinciales” lo siguiente: “y suprímese lo siguiente: “, los consejeros regionales, los concejales”.

El Honorable Senador señor Guillier señaló que se está asistiendo en el país a una creciente dificultad para participar en política, además que dijo que el actual sistema tiene absurdas limitaciones que son obvias en la competencia política, de modo que sólo ve arbitrariedad en ello.

Agregó que si los CORE o concejales, hacen o no bien su trabajo, deben ser los ciudadanos quienes lo eligen o no para otro cargo de representación.

Enseguida, el Honorable Senador señor Quinteros señaló que esta indicación se refiere a una norma que considera varias inhabilidades, y se manifestó totalmente de acuerdo con poner término a esta inhabilidad ya que no ve razones para mantener una limitación a la democracia y a la necesaria renovación de cargos de que tanto se ha debatido.

El Honorable Senador señor Espina solicitó mayores antecedentes respecto de la actual situación del CORE y esta indicación.

Seguidamente el Honorable Senador señor Guillier dijo que por las funciones que asumirá el CORE ya no cumplirá con la asignación de recursos proyecto a proyecto, y por tanto será un representante elegido por votación popular que se destacará por una gestión de fiscalización y aprobación de proyectos de desarrollo con visiones más estratégicas, lo que en su opinión, elimina las aprehensiones planteadas al respecto en la discusión en la Cámara de Diputados.

Luego, expresó que en el sistema actual la situación de un Ministro de Estado es muy distinta, como también lo es el caso de un Ministro de Corte, pero que respecto de un concejal o consejero regional se trata en su opinión más un prejuicio de los incumbentes que una limitación real debido al rol que van a ejercer.

Al respecto, el Honorable Senador señor Bianchi hizo hincapié en que los Parlamentarios pueden ejercer su cargo hasta el último día antes de una reelección e igualmente participan en la votación de la ley de presupuesto. Dicho esto, dijo que no hay razón para hacer la diferencia con los CORE y concejales.

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En sesión posterior, retomando el debate de esta indicación, se planteó la inadmisibilidad de la misma por exceder de las ideas matrices de este proyecto de reforma constitucional.

Al respecto, el Honorable Senador señor Espina se manifestó contrario a dicha postura por cuanto enfatizó que cuando se trata de reformas constitucionales, las ideas matrices son mucho más amplias, y además, recalcó que este proyecto en específico trata de todo el sistema regional de elección.

El Honorable Senador señor Bianchi señaló que la indicación no sólo se refiere a los Consejeros Regionales sino que también alude a los concejales, lo que en su opinión, claramente excede de la idea matriz de este proyecto, no obstante compartir que en una reforma las ideas son mucho mas amplias.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina dijo que efectivamente ello puede ocurrir tratándose de los concejales, pero insistió en que los Core son parte de esta discusión. En este sentido, agregó que no se puede restringir las atribuciones del Parlamento, de modo que es necesario discutir respecto de ellos.

El Honorable Senador señor Quinteros indicó que se manifestó de acuerdo con la indicación en estudio. Sin embargo, dijo compartir el criterio expresado en cuanto a que la extensión de la misma excede de la idea de este proyecto que es la elección del órgano ejecutivo del Gobierno Regional.

A continuación, el Honorable Senador señor Guillier indicó que la mejor solución para esta controversia es recoger esta inquietud a través de un proyecto de reforma constitucional que modifique el artículo 57 de la Constitución Política de Chile, para lo cual, sometió a consideración de los miembros de la Comisión una propuesta para tal fin, para no establecer una discusión que pueda demorar la tramitación de este proyecto.

Enfatizó que la propuesta de reforma que se ha presentado tiene por objeto facilitar a los Consejeros Regionales, a los concejales e incluso a los dirigentes gremiales o vecinales, la posibilidad de postular a determinados cargos de elección popular, razón por la cual, indicó, retiraba la presente indicación.

La Honorable Senadora señora Von Baer expresó su acuerdo con la solución propuesta.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina insistió en que las ideas matrices de este proyecto de reforma en nada se ven afectadas con esta indicación, y señaló que no se podía seguir haciendo una interpretación restrictiva que resulta abusiva respecto de las facultades del Parlamento.

El Honorable Senador señor Bianchi agradeció la solución mediante este proyecto de reforma presentado por al Senador Guillier y al mismo tiempo agradeció su generosidad. Enseguida, recalcó que en esta Comisión nadie objeta la posibilidad de abrirse a que exista una participación por parte de los dirigentes sociales, de los Core y de los concejales, que es lo que quedará de manifiesto, y que salva la discusión sobre la admisibilidad de la indicación en estudio.

Por último, el Honorable Senador señor Quinteros señaló que es absurdo e injusto que se inhiba a las personas señaladas a ser candidatos a Parlamentarios. Asimismo, señaló que en esa línea se deben retirar todas las indicaciones sobre el mismo tema.

- La indicación número 6, fue retirada por su autor.

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- La indicación número 7 del Honorable Senador señor Guillier, plantea suprimir el numeral 7) del artículo 57 de la Constitución Política de la República, el cual excluye como candidatos a diputados o senadores, a las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal .

- La indicación número 7, fue retirada por su autor.

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Número 4

El artículo 93 de la Carta Fundamental enumera las atribuciones del Tribunal Constitucional y mediante este número se propone reemplazar su numeral 15, que se refiere a la calificación de una inhabilidad invocada por un parlamentario.

La indicación número 8, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para suprimirlo.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que la propuesta del Senado fue que la razón de la renuncia del Gobernador electo también sea calificada por el Tribunal Constitucional, por lo que consultó al Ejecutivo por que se propone eliminar dicha norma.

A este respecto, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes señaló que desde su perspectiva, dicha evaluación es materia del Tricel y por ello se quiere dejar dicha facultad allí radicada.

El Asesor de la Subsecretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, indicó que con esta indicación se entrega a la ley orgánica respectiva las causales de cesación del cargo, subrogación y otras, dentro de las cuales, el Ejecutivo pretende que además se considere la causal invocada para la renuncia y su conocimiento sea entregada al Tricel y no al Tribunal Constitucional.

Sobre el particular, el Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que el Tricel tiene otras funciones y la inhabilidad en el caso de los Diputados y Senadores que son cargos de elección popular, van al Tribunal Constitucional, por lo que no ve razón ara que en este caso tratándose de un cargo equivalente tenga que ir al Tribunal Calificador cuyo objeto es calificar elecciones y no pronunciarse sobre el carácter de la renuncia.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que lo que se está cambiando porque ahora se trata de una autoridad electa y que en el caso de los Senadores y de los Diputados efectivamente la potestad la tiene el Tribunal constitucional por lo que es raro dársela al Tricel, y coincidió en que ello debe quedar en el Tribunal Constitucional.

El Honorable Senador señor Bianchi también estuvo de acuerdo en que debiera tener igual trato que los Parlamentarios.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina indicó que es necesario que se aclare si la indicación busca suprimir íntegramente el numeral 15 o sólo aquello que se agregó. Enseguida, si fuera sólo eliminar esto último respecto del Gobernador Regional, no tiene, según dijo, absolutamente ningún fundamento porque esta autoridad será electa por elección popular al igual que los Parlamentarios, por lo que anunció su voto en contra.

La Subsecretaria del Ministerio Secretaría general de la Presidencia, señora Patricia Silva, hizo presente que las inhabilidades respecto de las otras autoridades electas en el marco que se ha señalado, no considera ni a los alcaldes, ni concejales, de modo que indicó que les pareció mejor aumentar las competencias al Tricel.

Acto seguido, el Asesor de la Subsecretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio precisó que lo que hace la indicación es eliminar el número 4 del texto en general, y por tanto el número 15 de la Constitución Política vigente queda igual.

Enseguida señaló que el dicho número 15 del artículo 93 de la Constitución Política establece la calificación de la inhabilidad invocada por un Parlamentario que es una enfermedad, no una renuncia, y el Tribunal Constitucional califica dicha enfermedad para efectos de la renuncia al cargo por esa inhabilidad especial. Así, añadió que lo que hace el texto aprobado en general, agrega que también califica dicha enfermedad, no la renuncia, respecto del Gobernador Regional.

Establecido lo anterior, indicó que el Tricel no sólo califica elecciones sino que también aplica determinadas sanciones establecidas, por ejemplo, en la ley orgánica constitucional de Municipalidades, de modo que lo que se pretende es otorgar esa facultad, que ya está establecida para los alcaldes, para los concejales y consejeros regionales, respecto de los Gobernadores Regionales, ya que son elecciones de carácter eminentemente territorial.

Por último, dijo que este numeral 15 nuevo aprobado por la Comisión, recarga el texto constitucional al considerar los casos de cesación y subrogación del Gobernador Regional, cosa que generalmente en técnica constitucional, se entrega a la ley orgánica constitucional respectiva, para precisamente no recargar el texto constitucional, tal como ocurre en materia de alcaldes y concejales, que es la línea que siguió el Ejecutivo.

El Honorable Senador señor Zaldívar estuvo de acuerdo con que en materia de reforma constitucional las normas de ese tipo se entreguen a la respectiva ley orgánica, no obstante, reconoció que en este caso no ocurrió así. Dicho esto, señaló que no es comparable el caso de los consejeros regionales o de los alcaldes con el caso del Gobernador Regional que va a ser elegido para gobernar toda una región, pues en este caso, es lógico que en materia de inhabilidad se considere al Gobernador igual que a los Parlamentarios, de modo que señaló que eta calificación no debe estar entregada al Tricel porque no le corresponde, porque a la autoridad electa le corresponde una mayor rango.

- Vuestra Comisión rechazó la indicación número 8, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

La indicación número 9, de los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Pérez Varela, propone sustituirlo por el siguiente:

"4) Reemplázase los numerales 14° y 15° del artículo 93, por los siguientes:

"14°.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios, gobernadores regionales y delegados provinciales;

15°. Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60, o por un gobernador regional en los términos de la letra e) del artículo 124 bis, y pronunciarse sobre la renuncia al cargo respectivo, y".".

La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó que se debe eliminar a los “delegados provinciales” en el número 14 propuesto, ya que ellos son funcionarios de confianza del Presidente de la República.

Por tanto el Número 14° quedaría de la siguiente forma:

"14°.- Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios y gobernadores regionales;

Enseguida, el Honorable Senador señor Guillier señaló que más adelante existen alguno temas que podría tornarse más complejos y que tienen que ver con los conflictos de competencia que se pudieran suscitar entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y las municipalidades, pues de la revisión del proyecto, falta el mecanismo que pueda resolver dichos conflictos.

Señaló que si bien le complica entregar tantas atribuciones al Tribunal Constitucional, tampoco ve la manera de resolver este tipo de conflictos.

- Sometida a votación la indicación número 9, fue aprobada, con la modificación señalada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

La indicación número 10, del Honorable Senador señor Navarro, es para reemplazar las palabras “gobernador regional” por “intendente”.

- Puesta votación la indicación número 10, fue rechazada, por cuatro votos a favor, de los Honorables Senadores señora von Baer y señores Espina, Quinteros y Zaldívar, y la abstención del Honorable Senador señor Bianchi.

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La indicación número 11, del Honorable Senador señor Guillier, es para incorporar en el artículo 93 un numeral 17° del siguiente tenor:

“17.- Resolver los conflictos de competencia entre los órganos del Gobierno y la Administración del Estado central, los gobiernos regionales y las municipalidades.”.

El Honorable Senador señor Guillier reiteró que de la revisión del proyecto comienza a aparecer la necesidad de recurrir a un órgano que resuelva situaciones en el caso que se produzcan conflictos de competencia entre los distintos niveles, local, regional y nacional.

Expresó que no está a entera satisfacción con entregar la materia al Tribunal Constitucional, pero enfatizó que no vislumbra otro órgano que pueda hacerlos, ya que si bien se ha planteado que pueda ser el Senado, desde su perspectiva éste no puede estar resolviendo ese tipo de conflictos pues ello un proceso inorgánico y lento.

Agregó que no se puede desconocer que hay un vacío en este tema, por lo que planteó la necesidad de encontrar un camino de solución, aunque en una primera aproximación planteó que puede ser efectivamente el Tribunal Constitucional.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar indicó que este es uno de los temas más complejos y difíciles de resolver porque dice relación con las competencias institucionales, y que no le parece que esté entregado al Tribunal constitucional que está llamado a resolver problemas de constitucionalidad relacionados con la interpretación de las leyes y otros.

Luego, señaló que en caso de entregársela esta nueva atribución el tribunal pasaría a ser una especie de supra poder, sin embargo, manifestó estar de acuerdo con lo expuesto en el sentido de buscar una fórmula para resolver los conflictos y planteó que tal vez debieran fijarse otras reglas para efectuar las transferencias.

El Honorable Senador señor Bianchi recalcó que este es uno de los artículos más complejos, y recordó que en el año 2008-2009 presentó junto a otros Senadores una reforma constitucional en que se ponía el acento en que tiene que haber un órgano que dirima, y lo que no puede ocurrir es que sea el Tribunal Constitucional o el propio Ejecutivo a través de distintos ministerios.

En la misma línea, señaló que en esa oportunidad se propuso que fuera el Senado porque se ve la Ley de Presupuestos año a año y en este caso precisamente se trata de ese tipo de materias. Agregó que políticamente corresponde prever cualquier situación de conflicto, por lo que insistió en que sea el Senado considerado como el órgano dirimente en esta materia.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quinteros señaló que se están confundiendo los temas, pues a lo que se refiere esta norma es a resolver los conflictos entre autoridades regionales y comunales, no entre el Gobierno Regional y el Central cuando el primero pide competencia y el segundo se la niega, y consideró que ello es parte de otra materia y que se encuentra totalmente delimitado por cuanto actualmente los conflictos jurídicos los resuelve la Contraloría General de la República.

En la misma línea, dijo que entregar más competencia al Tribunal Constitucional sólo politizará los conflictos porque si hay un Gobernador Regional de una postura, y el Gobierno Central de otra, todo terminará alegándose ante el Tribunal Constitucional.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina dijo que efectivamente el problema va a ser quien resuelve los conflictos de competencias, y sugirió dejarlo para el final del debate junto con el tema del sistema electoral.

Luego, señaló que para resolver esos conflictos no es el Tribunal Constitucional el más indicado, sin perjuicio que en todas las democracias constitucionales existe la Justicia Constitucional y que el Tribunal no sea un vestigio de un régimen autoritario, sino que muy por el contrario, ya que en las democracias modernas constitucionales dicha justicia se expresa tanto a través de la Corte Suprema, como en el caso de Estados Unidos, como por el Tribunal Constitucional. A mayor abundamiento, señaló que el propio Presidente Allende recurrió en varias oportunidades a dicha instancia, en que ganó la mayoría de las veces.

Sin embargo la controversia de que se trata no se encuentra dentro de su ámbito natural ni doctrinaria, ya que aunque dicho tribunal resuelve conflictos que digan relación con la constitucionalidad de ciertas materias no puede ser el órgano llamado a resolver los conflictos permanentes de carácter político.

El Honorable Senador señor Zaldívar se manifestó de acuerdo con lo expresado por el Senador Quinteros en el sentido que se debe precisar el conflicto de competencia que hoy existe y que es resuelto por la Contraloría General de la República en su caso.

Señaló que era lógico preocuparse en este nuevo escenario por determinar quien puede resolver un conflicto en el caso que se denieguen competencias u otras, por lo que también estuvo de acuerdo con dejarlo pendiente hasta el final.

Asimismo, señaló que el Senado ha tenido incidencia en esta materia ya que se encuentra radicada en él la posibilidad de resolver conflictos de competencia en determinados casos, pero agregó, que en este caso tal vez debiera considerarse además que quien pida la competencia lo haga por un alto quórum al igual que quien resuelva, con lo que se precaven la exacerbación de conflictos.

El Honorable Senador señor Guillier manifestó en el ánimo siempre de ir avanzando estaba dispuesto a retirar esta indicación, pues dijo que sólo le interesaba generar este debate. Agregó que la Contraloría General de la República, para cierto tipo de conflictos más administrativos es una buena solución, pero queda pendiente la resolución de de conflictos políticos, siendo necesario estudiar otra solución.

Enseguida, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que es en este tema donde se cruza este proyecto de reforma con la ley de transferencia de competencias, pues es en ésta última donde se considera una fórmula para solicitar dicha competencia, y en ese caso el problema es que la decisión final radica en el Presidente de la República.

Luego, indicó que si bien no tiene una solución tampoco le parece que la fórmula planteada en dicha ley sea la más adecuada porque, a su juicio, puede terminar en una inmovilidad total y además puede terminar radicando el conflicto en el Ejecutivo todo el tiempo, lo que puede terminar siendo un problema a largo plazo. Agregó que es un tema que debe resolverse en uno u otro proyecto.

Enseguida, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, dijo que en realidad en el proyecto de transferencia de competencias el tema planteado está resuelto, no obstante lo cual están disponibles para perfeccionar ese mecanismo pero partiendo de la base que se trata de atribuciones que la institucionalidad ha delegado al Presidente de la República y que, por tanto, es en ese escenario en que se debe entender el mecanismo de resolución.

Agregó que también se está estudiando otro mecanismo que consiste en objetivar la solicitud, de modo que por vía reglamentaría se pueda establecer una metodología para demostrar las capacidades institucionales como se hace en otros países, de modo que puede normarse que esas aptitudes estuviesen establecidas y a partir de ellas se pueda solicitar la transferencia.

El Honorable Senador señor Bianchi enfatizó que se debe cuidar que la resolución de conflictos quede entregada el Presidente de la República previa fundamentación, ya que ello vuelve a ser una medida absolutamente centralista, y subrayó que no debe quedar en manos del nivel central, por lo que estuvo de acuerdo con que se soliciten altos quórum, lo que salva y resguarda todo tipo de situación, e insistió en que es el Senado el llamado a una función como ésta.

La Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva, también estuvo de acuerdo con que este es un tema muy importante y que debe ser resuelto ya sea en este o en el otro proyecto en tramitación, por cuanto es uno de los pilares para poder avanzar en descentralización.

Luego, dijo que considerando que se trata de un proceso de descentralización en el marco de un estado unitario, tal vez sería bueno escuchar opiniones respecto de esta materia o solicitar informes en derecho, por cuanto no es un tema sencillo y se debe estar analizando caso por caso. Agregó que tampoco puede recogerse una fórmula que genere permanente conflicto, sino que se debe facilitar que esto sea fluido e integral, todo lo cual debe tenerse presente al momento de definir el mecanismo en cuestión.

Sobre el particular, la Honorable Senadora señora Von Baer dijo que si bien se va a discutir estos temas en el proyecto sobre transferencia de competencias esto si tiene injerencia en el presente proyecto porque la Constitución Política establece que quien transfiere las competencias es el Presidente de la República. En ese sentido, dijo que de cambiarse el mecanismo en el proyecto de traspaso de competencias va a generarse un problema en la constitución.

- La indicación número 11 fue retirada por su autor.

La indicación número 12, del Honorable Senador señor Guillier, propone agregar en el artículo 93, a continuación del inciso décimo octavo, el que sigue:

“En el caso del número 16°, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de los órganos en conflicto, a través de las personas que poseen su representación judicial.”.

- La indicación número 12 fue retirada por su autor.

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El artículo 110 de la Constitución Política de la República establece la división político administrativa del país.

La indicación número 13, del Honorable Senador señor Guillier, es para consultar el siguiente numeral nuevo:

“…) Sustitúyese el Artículo 110 por el siguiente:

“Art. 110. “Para el gobierno y la administración del Estado, su territorio se divide en regiones y éstas en comunas.

Para el ejercicio de las potestades de gobierno y administración interior, y de coordinación, fiscalización y supervigilancia de los servicios y órganos desconcentrados, la región se divide en provincias.

La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, la modificación de sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley orgánica constitucional.”.”.

El Honorable Senador señor Guillier destacó que la idea de esta indicación es fortalecer la regionalización, razón por la cual se propone eliminar la alusión a las provincias, considerando sólo las regiones y comunas desde el punto de vista del de gobierno y administración, y para efectos del gobierno y administración interior se pueden considerar las provincias.

Agregó que en la práctica lo que pretende es separar el gobierno de la administración de la región, y además considera entregar a una ley orgánica constitucional la creación, supresión y denominación de dichas unidades territoriales.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quinteros indicó que en caso de estar de acuerdo con esta indicación claramente ella corresponde a una reforma más estructural, y a modo de ejemplo hizo presente no estar de acuerdo con el número de regiones, pues cree en las macro regiones, pero claramente ese es un tema que no corresponde plantear en esta instancia.

Dicho esto, señaló que considerar este tipo de indicación en este proyecto sólo retardará más su tramitación, que no es la instancia para discutir este tema.

La Honorable Senadora señora Von Baer consultó cuál era el sentido de la indicación al sacar a las provincias de la administración regional y luego volver a incluirlas en el ejercicio de las potestades de gobierno y administración interior.

El Honorable Senador señor Guillier señaló que el articulado quedó un poco suelto porque esta indicación tiene directa relación con la indicación número 1 que retiró y que hablaba del Estado unitario y descentralizado.

- La indicación número 13 fue retirada por su autor.

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Número 5

Introduce, mediante dos letras, modificaciones al artículo 111 de la Carta Fundamental, referido al gobierno y administración regional. Su texto, en lo pertinente, se transcribirá a continuación de las modificaciones que se proponen.

La indicación número 14, del Ejecutivo, es para sustituirlo por el siguiente:

“…) Sustitúyese el artículo 111 por el siguiente:

“Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo, y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine.

Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos del Gobierno Regional, y que no estén contemplados en el artículo 115 bis.

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido sólo para el período siguiente.

Si a la elección del gobernador regional se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.

En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso sexto, se convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente.”.”.

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En sesión posterior, la Jefa de División Políticas y Estudios señora Viviana Betancourt, dijo que en general se conserva el esquema que en esta materia planteó la Comisión y agregó que la modificación tiene que ver con que, a diferencia de lo que sancionó en su minuto ella misma, se repone una autoridad en representación del Ejecutivo de carácter regional, de modo que se vuelve al esquema de tratar en ese orden por un lado al electo, y por el otro al designado.

Indicó que se repite el propósito de los Gobiernos Regionales que es la administración superior, con el objeto tridimensional que se ha mencionado en forma reiterada; se establece que el Gobernador Regional es Gobierno Regional junto con el Consejo; se dice expresamente que será un órgano ejecutivo, entre varios otros aspectos. En síntesis, enfatizó que se repone la fórmula original del Ejecutivo, agotando primero el nivel regional.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que el primer inciso propuesto por el Ejecutivo corresponde al segundo de la Constitución Política vigente; luego el tercer inciso cambia y por ello consultó la razón de dicho cambio.

El Asesor de la Subsecretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, subrayó que en virtud del proyecto de reforma constitucional que dispone la elección del Ejecutivo del Gobierno Regional, y siguiendo la tradición de aquellos Estados unitarios que también tienen una forma compuesta de organización como Francia, Italia, España y otros, se hace una distinción clara entre lo que es el Gobierno y la Administración. Agregó que se entrega la administración superior de la región, en conformidad al inciso primero, y tal como está en el inciso segundo del actual artículo 111, al Gobierno Regional.

Así, tal como lo indica el inciso segundo del artículo 112, dijo que el Gobierno Regional está constituido por el Gobernador y el Consejo Regional de acuerdo con la nueva nomenclatura. Asimismo, destacó que el inciso tercero hace la distinción respecto de las atribuciones de la autoridad electa, al que le corresponderá presidir el Consejo, ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional le establezca, y también se le entrega la coordinación, supervigilancia y fiscalización de todos los servicios públicos del GORE que no estén considerados en el artículo 115 bis.

Para aclarar este último punto, señaló que actualmente, el Intendente en su calidad de representante del Presidente de la República tiene la coordinación, supervigilancia y fiscalización de todos los servicios públicos que dependan o se relacionen con la máxima autoridad del país a través de un ministerio, y en razón que ello se está reformando, pues que habrá servicios públicos que dependan del Gobernador Regional, es que se hace esta distinción entre los servicios que dependerán del Gobierno Regional, cuya coordinación, supervigilancia y fiscalización va a estar en manos del Gobernador, respecto de aquellos servicios públicos que no van a ser objeto de transferencia de competencias, que no se van a descentralizar y que por tanto van a continuar dependiendo del Presidente de la República, en virtud del mencionado artículo 115 bis.

Así, prosiguió, es que se introduce esta modificación con el fin de hacer una clara distinción entre aquellos servicios públicos que van a depender o se van a relacionar con el Gobierno Regional, respecto de aquellos que van a seguir dependiendo en forma directa o indirecta del Presidente de la República.

Luego, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que la indicación del Ejecutivo no está en concordancia con lo que se acordó en su oportunidad por la Comisión en el texto del artículo 112, es decir, esta indicación no cambia el texto actual de la Constitución Política de la República sino que cambia el texto que se votó favorablemente por esta Comisión.

Respecto de este último punto, aclaró que se acordó en su oportunidad la elección por simple mayoría del Gobernador Regional y que el fraseo de los incisos era distinto. Con el objeto de facilitar la discusión solicitó que la comparación se efectúe con el texto aprobado por la Comisión y no con la Carta Fundamental.

Enseguida, dijo que el Ejecutivo respecto del inciso tercero que propone cambia las atribuciones del Gobernador Regional, restringiéndolas desde su punto de vista, y adicionalmente cambia la forma de votación entregándola a una ley orgánica constitucional.

Por su parte, el Honorable Senador señor Espina consultó a los representantes del Ejecutivo respecto de la presentación que haría el Ministro en el tema del traspaso de competencias, que si bien es un proyecto distinto a este es fundamental para las decisiones que se adopten en el presente proyecto de reforma constitucional.

Luego, señaló que el inciso tercero de la propuesta de la Ejecutivo es una verdadera definición constitucional respecto de la transferencia de competencias y que es distinto a lo que considera el proyecto sobre transferencias.

A continuación, el Asesor de la Subsecretaría General de la Presidencia, señor Gabriel Osorio, recordó que se estableció la figura de un Delegado Presidencial (regional y provincial) que tendrá determinadas atribuciones al igual que ocurrirá con el Gobernador Regional. Enseguida, al separar la figura del intendente y en razón del procedimiento sobre transferencia de competencias y del programa de descentralización que se pretende llevar a cabo, es necesario establecer cuáles son los servicios que se van a relacionar con el Gobierno Regional y con el respectivo Delegado.

Dado lo anterior, dijo, es evidente que debe hacerse la distinción y que en esa línea la indicación del Ejecutivo señala por una parte que el Gobernador Regional va a coordinar, fiscalizar y supervigilar todos aquellos servicios que se relacionen o dependan del GORE, que no dependerán en nada de la administración central. Luego, indicó que el artículo 115 bis al que hace referencia, considera a aquellos servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente de la República.

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, indicó que tal como se ha señalado esta norma es compatible absolutamente con lo que señala el proyecto de ley sobre transferencia de competencias, e incluso, enfatizó que como una forma de especificar en forma más precisa las competencias que se van a transferir, pudiendo definirse una primera etapa en este proceso, el Ejecutivo pretende introducir más adelante un nuevo artículo que especifique los roles, en el sentido que todo el papel de diseño de política e instrumentos normativos de carácter nacional no sean materias que puedan descentralizarse, y sean propias de los ministerios a nivel nacional.

En la misma línea, dijo que las materias asociadas a la ejecución de políticas deben ser las que en esta etapa se descentralicen, lo que es coherente con el principio que se ha planteado y que más adelante se complementará.

El Honorable Senador señor Bianchi señaló que en tanto se mantenga la incertidumbre respecto de la forma de elección del Gobernador, que para el Ejecutivo es directamente relacionado con el porcentaje de transferencias de competencias que ocurrirá, no se podrá avanzar. No obstante destacó que el Gobierno se ha allanado a introducir otro artículo que especifique los traspasos, y que exista acuerdo en que debe existir gradualidad en los traspasos de competencias.

Luego, el Honorable Senador señor Espina indicó que de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo ninguna es capaz de aclarar cuáles son las competencias que se traspasan. De hecho, agregó, comparando el inciso tercero con el artículo 115 bis, en ambos casos se trata de exclusiones, lo que no parece una buena forma de legislar.

En esas circunstancias, enfatizó que en la redacción debiesen quedar claramente establecidas las atribuciones que va a tener el Gobernador y el Delegado, pues sólo se indica lo que no pueden hacer.

Dentro de este contexto, la Honorable Senadora señora Von Baer manifestó que también considera que se trata de una doble exclusión y agregó que en la forma en que originalmente lo aprobó la Comisión se señalaba expresamente que:

“El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, y le corresponderá presidir el consejo regional, y ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional o se relacionen con éste, en su caso.

Una ley orgánica constitucional determinará las demás atribuciones esenciales que éste ejercerá. La ley establecerá la forma en que ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.”.

Enseguida, destacó que la redacción antes señalada está hecha en forma positiva, pero que la propuesta del Ejecutivo va en sentido contrario, negativo. Agregó que si bien se ha hecho presente por parte del Gobierno que se introducirá otro artículo que definirá los servicios públicos que se traspasarán, mientras no se conozca es difícil definir el rol del Gobernador.

El Honorable Senador señor Quinteros enfatizó que toda esta discusión está demás, pues el artículo 115 bis debe ser eliminado por el Gobierno, considerando las modificaciones ya efectuadas anteriormente en el articulado.

A su turno, el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que no se puede adelantar una discusión si no se cuenta con el artículo anunciado por el Ejecutivo, porque no es posible emitir una opinión a ese respecto. Agregó que tal vez sería bueno discutir en conjunto tanto la forma de elección del Gobernador Regional como la forma de transferencia de las competencias.

Para terminar, la Honorable Senadora señora Von Baer sugirió que se opte por la redacción aprobada inicialmente por la Comisión y enfatizó que esperaba contar con la redacción del nuevo artículo para la próxima sesión.

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En la sesión siguiente la Subsecretaria del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señora Patricia Silva, indicó que efectivamente el Gobierno se comprometió a traer una propuesta respecto a la votación para la elección del Gobernador Regional y en relación con el nivel de transferencia de competencia, que es donde se va a materializar la descentralización. No obstante, señaló que si bien están ad-portas de llegar a un acuerdo completo con los distintos sectores no es posible presentar en esta sesión un texto que sirva de base para ello, por lo que solicitó que se aplace esta discusión para la próxima semana, con el compromiso de retirar las urgencias.

La Honorable Senadora señora Von Baer enfatizó que existe una preocupación de esta Comisión en el sentido que quede claramente establecido para la opinión pública que siempre el espíritu ha sido que exista elección del Gobernador Regional el año 2017, pero que las urgencias que ha puesto el Ejecutivo la han clocado en una situación incómoda considerando que es el mismo Ejecutivo el que no ha entregado lo comprometido para seguir la discusión.

Enseguida, el Honorable Senador señor Bianchi enfatizó que el Gobierno no ha tenido una actitud respetuosa una vez más al no presentar la solución esperada, lo que no parece adecuado. Agregó que le molesta profundamente que el Ejecutivo siga evadiendo la situación que dice relación con los traspasos de competencia lo que permitiría destrabar la discusión acerca de la forma de elección del Gobernador Regional.

Señaló que no corresponde que se le pida por favor al Gobierno que cumpla, sino que se debe simplemente sancionar el tema cuando se cite a la Comisión llegue o no la propuesta del Ejecutivo, pues en las regiones se culpa a esta Comisión del retraso en la reforma, todo lo cual constituye una situación grave e injusta.

El Honorable Senador señor Quinteros señaló que este proyecto se está tramitando porque no existen dos opiniones en el país respecto a este tema, en el sentido que se quiere una verdadera descentralización, y que se ha ido avanzando con el mejor de los espíritus. En relación con este tema, planteó que se debe terminar con las inhabilidades existentes para los consejeros y concejales que no pueden optar a un cargo parlamentario, debiendo renunciar con un año de anticipación.

Luego, destacó que igualmente se ha ido avanzando en el traspaso de competencias, no obstante lo cual le es necesario manifestar su aprehensión al respecto ya que, en su opinión, si no existe una ley de rentas regionales poco y nada se podrá a avanzar en dicho tema, a pesar que destacó que la elección del Gobernador Regional es un paso muy importante.

Enfatizó que si bien aún falta bastante para comenzar tener esa descentralización ideal a la que todos aspiran, el primer paso de elegir al Gobernador Regional, lo que va a marcar un hito que permitirá ir avanzando en estas materias. Añadió que lo importante es asegurar que el año 2017 se elegirá al representante de la ciudadanía a nivel regional, no dilatar más la iniciativa y que no queden dudas que esta Comisión apoya lo anterior.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Espina hizo presente que los puntos centrales para la descentralización dicen relación, en primer, término, con la elección del Gobernador Regional que va a terminar con una situación que impide en definitiva que las regiones puedan defender sus propias decisiones. En la situación actual, dijo que frente a un conflicto legítimo entre el Gobierno central y la región, es evidente que la situación del intendente es imposible.

En segundo lugar, indicó que para su sector no es indiferente el sistema electoral y de hecho, recordó, propusieron un sistema en que los intendentes sean elegidos con votación de simple mayoría al igual como lo son los alcaldes, en tanto el Gobierno propuso un sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta.

Agregó que es legítimo pensar que dependiendo de quién gane la elección presidencial muy probablemente los intendentes serán también de la misma corriente o afines con su postura, de modo que la opción por la simple mayoría, dice relación con la posibilidad que grupos emergentes de regiones puedan asumir el GORE, lo que en otro escenario como el dela mayoría absoluta se les haría prácticamente imposible.

En la misma línea, insistió en que existen fuertes grupos regionalistas que no tendrán opción en caso de perseverar en el sistema de la mayoría absoluta y, a modo de ejemplo, señaló que muchos alcaldes resultaron electos con un porcentaje menor y luego producto de su buena gestión obtuvieron mayores porcentajes, de modo que en su opinión, el sistema de simple mayoría en nada perjudicaría al Gobierno de la región.

Agregó que con el sistema de mayoría absoluta se producirá un cuoteo entre partidos que en nada ayuda al desarrollo de las regiones, lo que en su opinión no es correcto porque no es la forma de elegir cargos que representan intereses regionales.

Como una forma de encontrar acuerdos en esta materia, recalcó que han recogido la indicación presentada por el Honorable Senador señor Guillier que propone una elección con un porcentaje del 35%, de modo que enfatizó que no obstante haber propuesto la mayoría simple estaban de acuerdo en el porcentaje señalado, pero que no se ha podido llegar a una acuerdo sobre este tema.

Lamentó que nuevamente el Ejecutivo no cumpla con traer especificadas las competencias que se van a traspasar a las regiones, pues votar el proyecto de elección de intendente desconociendo las competencias que se le van a transferir constituye una gran irresponsabilidad y un engaño absoluto a las regiones.

El Honorable Senador señor Bianchi insistió en que el Gobierno no cumplió lo prometido y que no basta con retirar las urgencias, haciendo presente que fue la Comisión la que solicitó al Ejecutivo no ver los proyectos por separado, y se antepuso esta votación a conocer el traspaso de competencias.

Por último, indicó que no basta con definir las competencias que se van a traspasar sino que además, es necesario conocer cuál será el órgano que va a dirimir en caso de conflicto en una petición de traspaso de competencia.

Enseguida, a modo de resumen, la Honorable Senadora señora Von Baer indicó que el año pasado se trabajó en un texto que se votó de manera unánime en la Sala y que contenía un acuerdo con el Ejecutivo. Luego, hizo presente que el Gobierno le presentó indicaciones a dicho texto y como la Comisión entiende que no se trata de un tema ideológico sino que, institucional y sumamente importante para el país ha insistido en ver ambos proyectos en conjunto.

Sobre el traspaso de competencias, subrayó que existe bastante inquietud respecto como estos dos temas se complementan, de modo que el traspaso de competencias, el órgano dirimente, o el piso mínimo para los Gobernadores Regionales, son los temas que la Comisión ha insistido en despejar y dibujar muy bien cuál es el tipo de autoridad que se quiere tener.

Agregó que en su oportunidad el Ministro del ramo indicó que los temas a resolver básicamente eran el porcentaje de elección y el tipo de institucionalidad que se va a tener y que dice relación con el traspaso de competencias, y en este sentido, subrayó que también se manifestó que el Gobierno era partidario de la mayoría absoluta, en tanto la oposición por la mayoría simple, y en un plano intermedio está la indicación del Honorable Senador señor Guillier que propone el 35%.

Recalcó que la intención de todos es que la elección del intendente se realice el año 2017, pero ello debe hacerse de manera responsable y con un buen dibujo institucional, de modo que instó al Ejecutivo a cumplir sus compromisos para no seguir retrasando este proyecto.

La Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señora Patricia Silva, reiteró el compromiso que tiene el Gobierno de la Presidenta Bachelet con la descentralización e hizo presente que no obstante estar ambos proyectos en distintos trámites constitucionales, se ha acordado darles viabilidad política e institucional para permitir la descentralización de las regiones en el país.

Estuvo de acuerdo con que para cumplir lo anterior se requiere de un acuerdo transversal al que sin embargo hasta ahora no ha sido posible alcanzar ya que, como se ha expresado en esta Comisión, la idea es que las regiones no sean de papel, y precisamente por esa razón se debe establecer un sistema que permita seriedad y responsabilidad en una transferencia que contemple un período transitorio y luego un sistema en régimen.

Por último, agregó que también se considerará el sistema que permita dirimir los conflictos que puedan darse en el traspaso de competencias, y enfatizó que todos estos temas se están trabajando para darles viabilidad política e institucional, como se dijo, con la seriedad que corresponde de modo de darle respuesta al país en un tema central como lo es la descentralización.

Para terminar, el Honorable Senador señor Lagos manifestó su preocupación respecto a la forma en que se va a establecer el mecanismo para elegir a los Gobernadores Regionales, y expresó que lo mínimo, por la dignidad que tiene que las regiones en Chile por primera vez puedan elegir a quien los va a conducir, es que tenga un respaldo ciudadano importante y sustantivo.

Sobre las diferencias, en este caso, entre un sistema de simple mayoría a uno de mayoría absoluta, indico que es difícil explicar que si la idea es traspasar verdaderas atribuciones en el marco de una descentralización fuerte se tenga Gobiernos Regionales compuestos por una minoría, y que desde el punto de vista de la dignidad y atributos que debe tener un Presidente de la República para gobernar el país y los que debe tener el Gobernador para dirigir las regiones no debiera existir diferencias en el sistema electoral, ya que optar por la forma de elección del alcalde no genera mayoría sustantiva ni visión de conjunto de la región y, aun mas, puede que ser que minorías permanentes puedan controlar una región impidiendo una mayor representación.

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En una sesión siguiente el Ministro Secretario General de la Presidencia señor Nicolás Eyzaguirre, señaló que existen dos proyectos en trámite en forma paralela que se interrelacionan y que también lo harán con un tercero que ingresará prontamente y que dice relación con el financiamiento.

Antes de recibir las opinión del Ejecutivo, la Comisión escucho al Honorable Senador señor Espina, quien estimó necesario rebatir las declaraciones formuladas por el Presidente de la Corporación Senador Lagos Weber, en el sentido que la derecha estaba chantajeando al Gobierno respecto del sistema electoral, y enfatizó que no existe ningún ánimo de dilación respecto de este proyecto de modo que la afirmación es totalmente inexacta e injusta porque precisamente la tramitación de este proyecto se agilizó mientras le tocó presidir esta Comisión.

Indicó que lo que se ha sostenido siempre es que un verdadero proceso de descentralización va de la mano con cuatro elementos: -elección democrática del intendente respecto de lo cual, existieron distintas visiones; -atribuciones y competencias, que es un tema que no ha logrado hacer conciencia que es necesario que exista claridad a este respecto para que no sea una autoridad de papel y, por tanto, subrayó que debe existir una transferencia razonables de competencias que esperaba que el señor Ministro pudiese señalar.

El Honorable Senador señor Bianchi recordó que en su momento solicitó que ambos proyectos (intendentes y transferencia de competencias) se analizarán en conjunto, lo que fue respaldado por la Comisión porque el Ejecutivo solo había presentado la elección, lo que podría haber sido una anuncio político importante pero que no iba a la fondo de la situación.

Manifestó su alegría porque la Comisión, a pesar de los plazos que el propio Ejecutivo incumplió reiteradamente, ha continuado tratando ambos temas en conjunto a pesar de las presiones, y agregó que si hasta esta fecha se sigue tratando este tema es porque el Gobierno no ha podido llegar al acuerdo para la elección de la futura autoridad.

Destacó que gracias al trabajo de esta Comisión el Ejecutivo entendió que era imposible que solo la mera elección de la futura autoridad bastara si ello no estaba acompañado de atribuciones que permitan hablar de una verdadera descentralización a lo largo del país, y reiteró que no estaba dispuesto a votar la sola fórmula de lección de la futura Gobernadora o Gobernador si ello no va con atribuciones.

Enseguida, el Honorable Senador señor Lagos, señaló que lo que se está haciendo es tremendamente importante en materia de descentralización, que es histórico en el país, y que se trata de un proyecto que para el caso de las elecciones, requiere de un quórum especial, de modo que debe existir un acuerdo al respecto.

En este sentido hizo presente que el Ejecutivo envió un proyecto original muy compartido dentro de la coalición de Gobierno, que era elegir un intendente con el 50% más uno de los votos, y que en el transcurso del ejercicio democrático de este proceso se presentó una indicación que resultó aprobada para que la elección se verifique por simple mayoría.

Así las cosas, precisó que nuevamente el Gobierno insistió con la mayoría absoluta a través de una nueva indicación, propuesta que no cuenta con los votos suficientes y que en este escenario, sostuvo que durante muchos años, muchos sectores de distinta naturaleza han señalado que a veces no se dieron las peleas que deberían haber dado con mucha fuerza y que el argumento de no tener los votos no es suficiente.

Continuó indicando que lo que quiso decir en sus declaraciones es lo que se ha recibido de parte del Gobierno en esta materia, que no fue posible encontrar un punto de entendimiento y se prefirió una fórmula distinta, de tal manera que su crítica va dirigida a la falta de convicción del Ejecutivo.

Por último, señaló que esta decisión tiene un costo en el sentido que no se conseguirá más financiamiento que el que se conoce ni más atribuciones, pero insistió que en un proceso nuevo como este es muy fuerte lo que ocurrirá en materia de descentralización, por lo que en su opinión el próximo líder de la región debiera tener un gran apoyo para poder administrar correctamente esos recursos adicionales y competencias que aún no se tiene, de modo que el 40% del que se ha hablado va a generar una dificultad para conseguir el apoyo.

Luego, la Honorable Senadora señora Von Baer precisó que desde la oposición siempre han tenido la convicción que el mejor sistema es la mayoría simple, habiendo una razón técnica para ello que dice relación con que en general en el mundo las elecciones territoriales se hacen con esa forma de votación, al igual que en el país en el caso de los alcaldes, porque que era una forma de tener una discusión a nivel regional mucho más potente que hacer una elección similar a la presidencial y casi al mismo tiempo, pues en tal caso se replicaría a nivel regional la misma discusión que se produce a nivel nacional, en lugar de privilegiar el necesario debate regional.

Agregó que también existen diferencias en materia de transferencia de competencias, que es un tema que debe discutirse a fondo en el seno de la Comisión.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar indicó que efectivamente en política se puede tratar de lograr lo óptimo dentro de las realidades que existen, y enfatizó que en este caso se ha discutido entre una y otra fórmula de elección en forma bastante profunda.

En este escenario, dijo que se está tratando de posibilitar algo que es muy importante y que es que la autoridad regional sea elegida por los ciudadanos de la región respectiva, y en cuanto a cómo elegirla, manifestó que lo ideal sería que se elija con la mayor fuerza posible, ojalá mayoría absoluta, pero si ello no es posible le parece que la fórmula del 40% tiene más fuerza que la mayoría simple.

También destacó que otro tema relevante es el de transferencia de competencias ya que no se saca nada con elegir a una autoridad que no tenga la capacidad de ejercer dicha autoridad, por lo que dijo que esperaba que a lo largo del debate se lograra definir dicha transferencia, e insistió en que para lograr el objetivo, muchas veces no se tienen los recursos o votos necesarios y se deben buscar los acuerdos que sean precisos.

Con respecto a la simple mayoría, reiteró que le parece un sistema riesgoso porque en su opinión en el próximo tiempo habrá una gran dispersión, por lo que sería muy posible que un intendente resulte electo con un 20% lo que es una situación muy distinta a lo que ocurre con los alcaldes, y en ese sentido el Gobierno tomó una decisión en cuanto a que la elección del intendente se haga con un 40% y es esa opción la que apoyará.

El Honorable Senador señor Bianchi dijo que no se debe tener temor a la verdad en el sentido que pareciera existir un discurso dentro de esta sala y otro afuera, por cuanto lo cierto es que el Gobierno ha tenido siempre la mayoría para sacar adelante este proyecto si hubiese querido votarlo hace semanas atrás.

Enseguida, indicó que los Senadores independientes han tenido el convencimiento absoluto de respaldar este proyecto de ley, pero ocurrió que al interior de la propia Nueva Mayoría había divisiones, pues se trata de un tema político que ocurre con los municipios en la actualidad.

Recordó que el Gobierno no presentó los traspasos de competencia pues primero quería saber el porcentaje con el cual se elegiría al Gobernador Regional, y que parece existir un temor o desconocimiento o bien un ánimo centralista en cuanto a la descentralización.

Para terminar, reiteró que la votación actual permite avanzar en este proyecto, no obstante que lo deseable es que fuera apoyado por la unanimidad de los Parlamentarios.

Luego, el Honorable Senador señor Quinteros compartió lo dicho por el Senador Zaldívar y agregó que el 40% es casi lo mismo que la mayoría absoluta, en el sentido que es una mayoría bastante contundente y que si tiene una leve diferencia con la segunda mayoría quiere decir que no hubo una tercera alternativa que pueda poner en riesgo una segunda vuelta.

En otro tema, señaló que en materia de competencias el proyecto original consideraba atribuciones bastante más modestas que las que hoy en día se están considerando, e hizo presente que en esta ocasión se trata de una reforma constitucional.

Así, enfatizó que lo fundamental en esta discusión es despejar la elección del Gobernador Regional ya que las facultades de las que tanto se ha hablado están en la ley y no en la Constitución Política de la República, de tal manera que esta discusión sobre competencias termina en la práctica dilatando esta reforma.

Hizo presente que hace 27 años que se viene discutiendo este mismo tema, de modo que no es posible esperar otro cuatrienio antes de poder elegir a la autoridad regional, y llamó a que no se confundan más lo temas ya que la presente reforma sólo se refiere a la elección de la autoridad regional.

Acto seguido, el Ministro Secretario General de la Presidencia señor Nicolás Eyzaguirre, hizo presente en que se han tratado dos temas relacionados, pero con lógicas propias.

Así, señaló que en este caso se trata de discutir una reforma constitucional que habilita la posibilidad de que las regiones elijan a su intendente, y agregó que el Gobierno tiene la convicción en cuanto a que el país tiene un grado de descentralización que es ineficiente y de alguna forma derogatorio de las capacidades que están en las regiones.

Indicó que no hay dudas con respecto a que en un estado unitario es bueno que ciertas cosas se mantengan como una política común a todos, y al mismo tiempo no hay duda que hay un conjunto de otra decisiones que deben ser tomadas en forma cercana al territorio, pues sólo él puede saber lo que es mejor para sí mismo.

El excesivo centralismo, prosiguió, lleva a que muchas veces por economías de escala o globalización las partes se fracturen del todo, y por tanto se debe tener flexibilidad en el sentido de ir acomodando las estructuras a la necesidad de avanzar en este tema.

Enfatizó que la descentralización debe ser un política de Estado, toda vez que se está cambiando una forma de estructura política decisional a nivel país y que posiblemente sea el cambio más importante que se ha hecho en esta materia en mucho tiempo, y por tanto se ha tratado de tener un marco común sobre un tema muy complicado y costoso y que además supone un hito.

Enseguida, manifestó que por más clara que pueda ser la ley respecto de las competencias para el centro y para las regiones se va a producir algún nivel de tensión entre ellos, pues descentralizar competencias significa descentralizar poder. En ese sentido, dijo que se debe lograr un balance que evite que dicha Litis termine trozando al país en un grado tal que le haga perder la necesaria unidad para tener un propósito común.

En la misma línea, señaló que al Ejecutivo le parecía que Gobiernos Regionales minoritarios iban a tener incentivos para tratar de desafiar el Gobierno Central a objeto de suscitar el mayor apoyo regional para lograr mayores competencias, y que para el equilibrio del sistema se requiere que tanto el Gobierno Central como los Gobiernos Regionales tengan una representatividad suficiente, y por ello la primera aproximación del Ejecutivo fue considerar la mayoría absoluta.

No obstante, hubo sectores que legítimamente sentían que ello no era necesariamente así simplemente porque la evidencia política comparada muestra que hay otros lugares donde no se ha resuelto así. Frente a eso, optaron por buscar un acuerdo y una cifra significativa que evita las potenciales aventuras regionales pero no necesariamente de mayoría absoluta, lo que es efectivamente un punto de encuentro potencial.

En este contexto, señaló que la indicación de la Presidenta de la República que se presentara en su oportunidad propone que el Gobernador Regional debe ser elegido con un umbral del 40% de los votos, y si no lo alcanzara debe haber una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías, y si dos pasan de dicho porcentaje gana el que se sacó más.

En materia de transferencia de competencias recalcó que no se trata de un tema simple y por ello es necesario razonarlo con mucha profundidad, pues en primer término es necesario alcanzar un acuerdo en relación a un primer grupo de competencias a objeto de no elegir Gobernadores Regionales de papel, pero como se sabe que se trata de un proceso dinámico, tal como ha ocurrido en otros países, debe existir un Protocolo respecto de cómo esto avanza dinámicamente en el tiempo lo que es una tarea doblemente compleja porque primero se deben identificar las competencias que ya estarían listas para ser transferidas en un tiempo breve, y luego, como evitar que esa situación escale a un enfrentamiento entre el Centro y Regiones.

Teniendo lo anterior en consideración se comenzó por definir ciertos criterios que son bastante directos, ya que es evidente que la cercanía al territorio le da ventajas enormes al diseñador y ejecutor de políticas respecto de algo que está más alejado. Al mismo tiempo, la carencia de políticas únicas puede llevar, en un estado unitario a un caos de regulación que haga que las reglas del juego sean tremendamente complejas de entender, y por tanto, se debe tener la virtud de lo homogéneo y lo diferente, cosa que es muy compleja.

Dado lo anterior, señaló que los criterios son los siguientes:

1.- Se demuestre que en una particular competencia, es más ventajosa la decisión regional, en términos de adaptación de política o provisión de un servicio público, que la decisión nacional;

2.- El Estado central no pueda hacerlo mejor.

3.- Que tenga alguna aplicación general, no sólo en una región en particular, sino que en un conjunto.

4.- No exista lo que se conoce como “Arbitraje Regulatorio” (arreglar algo a expensas de otro) al momento de transferir una competencia.

Sobre la base de los criterios generales antes señalados el señor Ministro dijo que se ha establecido un protocolo de cómo se resolvería o probaría que dichos criterios se cumplen o no, a través de la formación de una Comisión Técnica integrada por el Gobierno Central con participación de la región y del ministerio a quien corresponde entregar la competencia, para tratar de mantener el equilibrio. Así, dijo que se establece un procedimiento de cómo debe ser resuelto, como se eleva al Presidente de la República, como se hacen las observaciones y eventualmente, una segunda opinión de un Comité experto que califica si las peticiones son o no razonables.

Señaló que están planteando que durante el primer período en que serían elegidos estos Gobernadores (2018-2022), sólo se puedan transferir competencias de oficio desde el Gobierno central al Gobierno regional, y luego de esta transición, durante los 18 primeros meses de elección de un gobierno regional, a objeto de evitar dicha litis, la región pedirá las competencias que pasarán por este proceso de decisión.

Por último, destacó que cuando la Comisión lo determine puede poner a disposición de sus miembros, el conjunto de competencias que se pondrían en la ley para ser transferidas en el primer período, y a las 23 competencias que existen actualmente más las 51 competencias que vienen de la Cámara de Diputados, a as que se agregarían del orden de 30 competencias adicionales que pueden ser detalladas y que son bastantes sustantivas en los ámbitos de desarrollo productivo, infraestructura, transporte y ordenamiento territorial y en el ámbito de desarrollo social.

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Continuando con la sesión, el Ministro Secretario General de la Presidencia señor Nicolás Eyzaguirre, reiteró que se dejó planteada la idea que una vez que el sistema esté en régimen, durante los primeros 18 meses, el Gobernador Regional electo por el 40% de los votos válidamente emitidos, podría solicitar al Gobierno central la transferencia de competencias.

Sobre las competencias, enfatizó que se ha planteado que lo que se estipularía en la ley de transferencia de competencias es que durante los primeros 4 años (2018-2022) la autoridad electa tendría las 23 competencias ya existentes más las 51 que contempla el mismo proyecto, pero si eso aún fuere insuficiente se propondrá incorporar otras 30 nuevas competencias.

Desde el año 2022 en adelante y durante el periodo de los primeros 18 meses del ejercicio del cargo, los Gobernadores podrán solicitar nuevas competencias, conforme a los criterios anteriormente explicados, que también contempla el procedimiento para hacerlo.

En cuanto al tema de la gobernanza de las regiones, expresó que ha existido una cierta tensión en relación a cuáles son las funciones propias de la autoridad electa y cuales las de los consejeros regionales.

Sobre el particular manifestó que, como ocurre en la mayoría de las organizaciones, es inconveniente que un cuerpo colegiado haga el micro manejo de una determinada institución, y siguiendo el mismo modelo general de pesos y contrapesos (un ejecutivo y una suerte de consejo que da lineamientos), se concluyó que en lo principal el Core deberá ser contrapeso del Gobernador Regional, que tiene un cuerpo de funcionarios y tres divisiones bajo su dependencia.

No obstante, la labor del Core también debe ser potenciada para lo cual se propone que tanto los estudios como la realización de grandes proyectos deban ser aprobados de manera unitaria por los Core, a fin de evitar la asignación de grandes cantidades a un solo proyecto por parte del ejecutivo regional. Provisoriamente se ha estimado que los proyectos por sobre las 20.000 UTM deben ser aprobados uno a uno por el consejo, no obstante que para evitar un detrimento de la capacidad del ejecutivo regional se dispone que los proyectos de menor envergadura no sean aprobados uno a uno, por cuanto ello no es eficiente desde el punto de vista del gobierno corporativo.

Agregó que con razón el Core querrá contar con un control bastante directo del Ejecutivo regional a objeto que no se produzca una suerte de poder incontrarrestable de este último en comparación con el consejo, que también es electo, y que para eso debiera aprobar el presupuesto general del Gobierno regional, con sus grandes ítems presupuestarios.

Resaltó que un nuevo elemento de control de gestión que es característico en la gobernabilidad corporativa es que con sujeción al Core exista una Unidad de Control o Auditoría, que sería elegida por el Core a propuesta del gobernador regional, e indicó que el Auditor podría ser removido por la mayoría del Core.

Destacó que ese punto es muy relevante porque la Unidad de Control o Auditoría tendrá facultades para poder fiscalizar no sólo en la legalidad sino que fundamentalmente la gestión, de modo que los recursos aprobados por el Core efectivamente se apliquen conforme al espíritu en que el presupuesto fue aprobado. Lo anterior, según dijo, logra darle expedición el Ejecutivo regional y también el suficiente control a través de la unidad señalada que dependen del Core, y además este último tendrá la facultad de aprobar los proyectos que son de gran envergadura.

Volviendo al tema de las competencias que el Ejecutivo estima que ya podrían ponerse a disposición de la autoridad electa a contar del 2018, el señor Ministro indicó que actualmente hay 23 competencias ya instaladas que se suman a las 51 que considera el proyecto de ley de transferencias, que básicamente se refieren a temas como las definiciones de áreas metropolitanas en materia de transporte y disposición de residuos y los programas de ordenamiento territorial. Asimismo, destacó que se crean tres nuevas divisiones en los gobiernos regionales que corresponden a las tres áreas que se establecen en la Constitución Política del Estado como descentralizables.

No obstante, el Gobierno consideró que ello aún podría resultar insuficiente en términos de un listado con el que se pudiera comenzar, y luego de un trabajo complejo, y que aún puede seguir evolucionando hacia otras competencias que pueden descentralizarse, se estimó posible que los gobiernos regionales dispusieran de competencias en el área de fomento productivo porque en la actualidad Corfo y Sercotec tienen una cantidad enorme de programas o ventanillas que son aplicadas a cada región, sin que esta última no sea más que un usuario.

En el nuevo esquema, indicó, se permitiría que, dependiendo de la realidad productiva de cada región, esta haga las decisiones respecto de la oferta exacta de facilidades de Corfo y Sercotec con las que quiere contar.

Agregó que si bien no es proyecto a proyecto, porque se aplican sistemas de concurso de nivel nacional, si aumentaría significativamente la participación de la región en la determinación de estos concursos, que en la actualidad, lo decide un comité Corfo que está en Santiago, y ahora habría un comité integrado por 7 personas de la región de un total de 10, que será presidido por el Jefe de la División de Fomento Productivo.

Además, en el ámbito de ciudad, territorio e infraestructura, fuera del plan de ordenamiento territorial también se considera la importante labor que en regiones desempeña el Serviu, para lo que se propone que la región decida donde se ejecuta la vialidad urbana.

En cuanto a la rehabilitación de espacios públicos, señaló que ello también pasaría a ser definición de la región, a diferencia de lo que ocurre actualmente en que se decide centralizadamente. Lo mismo ocurriría con los pavimentos participativos, y destacó que mientras la vialidad urbana es en general entregada a terceros, y por tanto descentralizable en forma inmediata, la rehabilitación de espacios públicos se descentralizaría gradualmente dentro del período de cuatro años, porque se necesita instalar las capacidades técnicas para poder hacer esas definiciones.

También en este ámbito, le correspondería a la región coordinar el plan regional de infraestructura y transporte.

Enseguida señaló que actualmente ni la Constitución ni la ley le dan de manera genérica a la región la facultad de ejecución de políticas y programas, lo que ahora si estaría considerado en la ley siempre que cumpla con los criterios explicados anteriormente, y lo mismo respecto de la ejecución o servicios, y así lo estima la Comisión respectiva.

En materia del Fosis: hizo presente que así como Corfo tiene una gran cantidad de facilidades, en este caso Fosis tiene básicamente tres estructuras programáticas que son el subsidio directo, un programa de micro emprendimiento y una línea de empleabilidad que corresponde a programas de capacitación gratuitos. Dichas estructuras, según precisó, también serían gradualmente descentralizadas dentro del mismo período, en forma completa.

Finalmente, indicó que lo que se ha identificado en las áreas madres de la descentralización que son: desarrollo productivo, donde había poco o nada, en materia de infraestructura, transporte, ciudad y territorio, donde se considera lo del Serviu, y en desarrollo social y cultural donde virtualmente no había nada, ya se ha establecido por parte de la Subdere las líneas a descentralizar. Añadió que se trata de un trabajo de Estado muy complejo y difícil, por lo que agradeció a los equipos su trabajo en este proyecto.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina reiteró que le parecía un muy buen camino lo propuesto por el Ejecutivo, y solicitó que se explique claramente de qué forma se agregan las 51 competencias que considera el proyecto de transferencia de competencias a las 23 que ya están traspasadas a regiones.

El personero de Gobierno señaló que en forma inmediata se agregan las 51 competencias consideradas en el proyecto de transferencias, más las 30 que el Ejecutivo agregará en la misma iniciativa, y a partir del año 2022[5] se pueden agregar otras, a solicitud de las partes.

Por su parte, el Honorable Senador señor Quinteros destacó que se haya explicitado el tema de las competencias y manifestó su acuerdo con que el proceso se realice en forma gradual, ya que es muy difícil que exista una descentralización rápida y en un 100%, de modo que iniciar el traspaso de las 30 nuevas competencias en fomento productivo, en ciudad y territorio y en desarrollo social, es precisamente lo que las regiones están esperando.

Indicó que si en su momento la Región de Los Lagos hubiese contado con las facultades que ahora tendrá no estaría lamentando los daños de la marea roja, porque habría sido posible focalizar mejor los recursos de Corfo, del Fosis, de Sercotec, a lo que es productivo en cada región, y dijo no tener dudas que cualquier intendente que asuma en cualquiera de las regiones del país conoce cuáles son las fortalezas de las mismas, y tendrá las herramientas para hacer una política de desarrollo integral de su región.

En otro sentido, manifestó no estar de acuerdo en seguir creando más regiones, señalando ser partidario de las macro regiones, porque en su opinión algún día se pensará en el desarrollo productivo en esos términos debido a que la economía del norte del país es muy distinta a la de la Patagonia o la zona Austral, de modo que felicitó que se considere una parrilla de propuestas a nivel regional, como por ejemplo el que se pueda decidir dónde y qué se va a pavimentar, o la construcción de viviendas y sus características, entre otros muchos temas.

El Honorable Senador señor Bianchi coincidió en que efectivamente los traspasos de competencias no pueden venir en un paquete cerrado que se entrega de golpe, de modo que destacó que se está en la línea de fortalecer a las regiones, empoderarlas e ir traspasando gradualmente las funciones que se han determinado.

Enseguida, consultó al Ejecutivo quién va a dirimir en la eventualidad que algún Gobierno regional pida el traspaso de alguna competencia y le sea negada, pues se ha planteado que podría ser el propio Presidente de la República o, tal como lo ha propuesto, también podría ser el Senado el órgano que pudiera efectuar dicha resolución, y en ese sentido, dijo que era clave dejar en claro cuál es la postura del Gobierno en esta materia.

En cuanto a las atribuciones que se han esbozado, solicitó mayor información respecto a las que le corresponden al Core, pues señaló que se debe tener más confianza en esta institución, pues no conoce a nivel del país a ningún Core que haya tenido problemas en materia de transparencia, de modo que instó a que no se ponga en duda el funcionamiento de los gobiernos regionales.

Por último, sostuvo que los votos ya están para aprobar el proyecto y, por tanto, el año 2017 habrá elección de Gobernadores, con traspaso de competencias, faltando sólo establecer los tiempos para terminar de tramitar esta reforma.

El Honorable Senador señor Zaldívar señaló que la exposición del señor Ministro resulta bastante ilustrativa y lleva a tener un convencimiento de cómo hacer la descentralización, destacando que todos están de acuerdo en que ella es necesaria y que tiene que ser gradual, ya que es una experiencia de mucha trascendencia donde cualquier error y falla se volverá en su contra. Indicó que no es posible comenzar con lo óptimo, sino que se debe partir con lo que se tiene, ya que a medida que avance el proceso se irá encontrando el camino para fortalecer la descentralización.

Agregó que lo ideal es que pudieran definirse las competencias en un ámbito que fuera neutro para el Ejecutivo central y el Gobierno regional, pero enfatizó que lo cierto es que dicha instancia no existe ni se cuenta con un arbitraje, a pesar de lo que se ha planteado en cuanto a que pudiera ser el Senado.

En este contexto, destacó que para comenzar lo que ha planteado el Ministro son normas generales con las cuales se debe regir el proceso para ir viendo cómo se va descentralizando el país, y que a su vez el mecanismo del Comité de alto nivel en relación con los gobiernos regionales y la nueva estructura planteada permitirá mayor transferencia de competencia, en la medida que dichos gobiernos regionales muestren más fuerza y la capacidad de gestión necesaria para llevar adelante las tareas que actualmente no tienen.

Enseguida indicó que, además de los ámbitos claramente explicados por el ministro, en el próximo tiempo se debería pensar en incluir el tema de la educación, pues si se está pensando en un sistema de educación desmunicipalizado básico y medio se debe definir si ello se hará centralizando o regionalizando, expresando ser partidario que los Gobiernos regionales en ese ámbito tomen una acción muy directa en lo que dice relación con la gestión.

Por otra parte, mencionó que también el tema de la salud actualmente está descentralizada administrativamente, por lo que existen servicios de salud a nivel regional y en algunas regiones existen dos servicios que no sólo podrían ser representantes del nivel central sino que también podría dárseles gestión, todo lo cual puede hacerse dentro del ámbito del accionar de la nueva descentralización, que refleje una política de Estado responsable, y un proceso delicado.

A su turno, la Honorable Senadora señora Lily Pérez, hizo presente que en esta región ha habido grandes escándalos en materia de transparencia entre Core y Gobierno regional.

Al margen de lo anterior, destacó que hay un elemento crucial pues una cosa es perder poder y descentralizar y otra cosa es regionalizar, lo que a veces pareciera ser lo mismo, ya que si bien se ha anunciado que habrá una descentralización en una serie de ámbitos, consultó que ocurre con la descentralización de carácter económico, en cuanto al pago de impuestos territoriales, para que los Gore puedan disponer de esos recursos y decidir cómo se van a gastar.

La Honorable Senadora señor Von Baer agradeció la exposición del señor Ministro y consideró que plantea un buen camino que permitirá ir tomando definiciones, ya que se trata de una política que debe ser de Estado y es un cambio importante que debe permanecer en el tiempo, construyendo así una nueva institucionalidad que funcione.

Indicó que se hace una reconocimiento mayor al rol del Core lo que le entrega una mayor dignidad a los consejeros que, en su opinión, no han sido suficientemente valorados en la importancia de su labor. En ese sentido, indicó que se vislumbra de lo expuesto un mayor contrapeso respecto del Ejecutivo, y que también se les entrega mayor atribución en el tema de la fiscalización.

Sobre este último punto en particular, solicitó que se aclare si es el Gobernador regional es quien propone al auditor y lo ratifica o propone el Core y lo ratifica la autoridad electa.

En cuanto al rol del Core, dijo que podría avanzarse más especialmente en el ámbito de fiscalización, aprovechando de revisar el respaldo que tendrá para cumplir sus funciones y así generar el debido equilibrio en su relación con el Ejecutivo.

En materia de competencias manifestó su preocupación debido a que en la ley de transferencia de competencias se consideran algunas que son parte de una competencia que sigue radicada en un ministerio mayor como, por ejemplo, en el ordenamiento territorial. Agregó que se debe revisar este caso con el objeto que exista la debida coherencia entre lo que baja del ministerio al Gobierno regional, y cómo se evita el conflicto entre las políticas regionales y nacionales, dando la suficiente autonomía al Gore.

Otro ámbito de preocupación, según dijo, dice relación con que se ha señalado que el presupuesto se descentraliza en el caso de Corfo y Sercotec, por lo que esos recursos entrarían al Gore, pero como esas instituciones seguirán dependiendo del Gobierno central los recursos vienen de Economía, llegan a Corfo y Sercotec y luego se entregan en la región. Así, esas instituciones siguen dependiendo del Ministro de Economía, y aunque los recursos son los que se descentralizan y el Gobierno regional define qué cosas toma de esta cartera de programas, siguen siendo Corfo y Sercotec quienes ejecutan la política de que será responsable el gobierno regional.

Dicho esto, recordó que el Presidente de Ancore, señor Marcelo Carrasco, planteó en su oportunidad que hay un problema con este tema porque eso ya lo hacen los Gobiernos Regionales. Por ejemplo, en materia de pesca quien ejecuta es un servicio que depende del nivel nacional, y lo que dicen los Core es que pierden todo control sobre los recursos una vez que son transferidos a ese tercero. Luego, dijo entender la problemática que significa descentralizar el servicio completo, aunque estimó necesario encontrar un mecanismo para que no se pierda el control por parte del Gobierno regional en el momento en que elige el programa.

Sobre el Serviu, indicó que se debe seguir trabajando para clarificar si en ese caso si se está creando un servicio regional en los ámbitos que se señalaron, cosa en la que estuvo de acuerdo pues, tal como se ha planteado, en los demás casos sólo se estarían descentralizando los recursos pero no la ejecución.

En cuanto al Fosis, expresó que también le generaba duda su capacidad de ejecución, e inquirió mayor información respecto de los subsidios directos que están definidos por ley, para saber qué es lo que se está descentralizando en relación a ellos.

Por último, manifestó que podría avanzarse más en otras competencias, pues hizo presente que no se considera al Ministerio de Obras Públicas que, en su opinión, es la cartera más centralizada que existe y que debiera considerarse a futuro.

A continuación, el Honorable Senador señor Espina señaló que en el proceso de descentralización hay básicamente cuatro pasos que deben llevarse adelante: -la elección democrática de las autoridades de las regiones; - transferencia de competencias; - recursos y - responsabilidad fiscal.

Enseguida, manifestó su preocupación por el tema de la responsabilidad fiscal debido a que existen experiencias de varios países en que se transfieren facultades o competencias y se eligen las autoridades, pero porque no hay un mecanismo de control eficiente que evite que los territorios se endeuden más allá de lo que corresponda terminan recurriendo gobierno central por más recursos. Por lo anterior, señaló que se debiera considerar normas muy claras y categóricas en esta materia, las que también pueden recogerse a nivel constitucional.

Sobre el control de gestión, indicó que una cosa es que se puedan realizar obras por las autoridades regionales pero otra es considerar establecer la forma de evaluar la calidad de los proyectos que se trasladen a regiones, en el sentido que realmente sean proyectos que cumplen con los objetivos que se desarrollaron, además de estar financiados.

Finalmente, la Comisión planteó al Ejecutivo la necesidad de contar con un protocolo que considere el marco para las transferencias de competencias, los principios que se van a incorporar en la Constitución Política de la República, y un cronograma de trabajo para despachar este proyecto de reforma constitucional y la ley de transferencia de competencias.

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En sesión posterior, la Honorable Senadora señora Von Baer a modo de resumen indicó que el Ejecutivo presentó a los señores Senadores miembros de la Comisión, un protocolo para poder llegar a un acuerdo y viabilizar la elección de intendente y el traspaso de competencias, el cual ha sido trabajado en conjunto con el Ministro fuera de sesión, con el objeto de llegar a un acuerdo.

El Honorable Senador señor Quinteros indicó que ya no se le deben dar más vueltas al tema del protocolo, pues la transferencia de competencias ya se viene discutiendo hace bastante tiempo, por lo que en su opinión ya no hay nada más que afinar sino que simplemente establecer un nuevo plazo de indicaciones para proceder a votar inmediatamente.

Señaló que de acuerdo a su experiencia de 10 años como Intendente, al revisar las transferencias de las que se ha hablado, resulta que todas ellas ya se hacen como, por ejemplo, en materia de caminos secundarios, agua potable rural o pavimentación de calles.

Dado lo anterior, enfatizó que no ve que más se podría agregar al mencionado protocolo, y dijo que si se quiere una verdadera descentralización se debe avanzar porque los tiempos transcurren rápidamente, si es que se quiere tener elección el año 2017.

Seguidamente, el Honorable Senador señor Espina se manifestó totalmente en desacuerdo con la opinión anterior e hizo presente que este proyecto se activó hace un año, cuando los miembros de la Comisión que son representantes de regiones estuvieron por comenzar a trabajar en un buen proyecto.

Indicó que se podría pensar que se quiere dilatar la tramitación del proyecto y señaló que lo único que no apoyará será un mal proyecto, porque las observaciones planteadas por Ancore, en su opinión, deben ser consideradas, y del trabajo realizado en conjunto con el Ministro se ha concluido que las observaciones al proyecto de reforma son muy de fondo y apuntan a obtener una buena ley.

Luego, indicó que se puede elegir al intendente el día de mañana pero no se debe cometer el error de no especificar con claridad las competencias y atribuciones que se traspasan y el cómo se traspasan. Agregó que no basta con decir que se traspasarán las competencias, sin especificar la forma en que ello se realizará.

En la misma línea, hizo presente que se establece que “al Gobernador Regional le corresponderá la función de coordinar, supervigilar o fiscalizar los servicios públicos creados por la ley que dependan o se relacionen con el Gobierno regional”, en circunstancias que que actualmente no existe ningún servicio público en Chile que por ley dependa de dicho Gobierno regional, lo que le motiva a pensar que no es responsable firmar un protocolo respecto de cosas que no existen.

En cuanto a la Unidad de Control, hizo hincapié en que será nombrada por el Gobernador regional y aprobada con la mayoría de los Core, y que sólo puede ser destituida por 4/7 de los mismos, de modo que planteó que en una institución de esta naturaleza tal vez son necesarios quórums más altos para que efectivamente se produzca el control. Agregó que la propuesta de los Core va mas allá y plantea que debería crearse una unidad mucho más profunda para los efectos que no sólo fiscalice la política pública sino que, además, vea cómo se están ejecutando dichas políticas.

Indicó que no le parecía legítimo aceptar que todo está listo y que sólo se quiere dilatar porque ello no es así y se trata de una materia en que se debe poner especial atención pues se trata de una legislación que regirá los próximos 50 años.

Por su parte, el Honorable Senador señor Bianchi reiteró que la indicación del 40% ya está concordada y, por tanto, no debe tramitarse más allá de lo necesario. Sin embargo, hizo presente que no tuvo la oportunidad de tener un diálogo con el Ministro como el que sostuvieron otros miembros de esta Comisión. Inmediatamente agregó que dado que el Ejecutivo está disponible para perfeccionar el protocolo de acuerdo, es la oportunidad que se debe aprovechar.

Expresó que esperaba que todos tuvieran la oportunidad de participar en las conversaciones tendientes a concordar una solución, por lo que manifestó que no debiesen existir distintas consideraciones de parte del Ejecutivo respecto de los miembros de la Comisión, y debido a que todos los votos tienen el mismo valor manifestó su disposición para llegar al tan esperado acuerdo.

Por último, enfatizó que por largas semanas los Parlamentarios solicitaron las indicaciones necesarias, pero que el Ejecutivo no estuvo en condiciones de cumplir los plazos debido a que no era capaz de llegar a un acuerdo con miembros de la propia coalición de gobierno.

El Honorable Senador señor Quinteros, llamó la atención sobre el hecho que se señale que se debe ser muy cuidadoso con este proyecto por las expectativas que puede generar en las regiones, y que se debe tener mucho cuidado con la implementación de las políticas públicas para asegurar su eficiencia, pero sin embargo se insiste en aumentar las competencias.

Desde su punto de vista, reafirmó que es la gradualidad la clave en este proceso, pues va a depender de cada región y de cada Gobernador Regional, toda vez que es imposible que se traspase todo en forma inmediata.

Enseguida, destacó que todas las materias indicadas por el Senador Espina, son propias de la ley de transferencia de competencias, y que lo único que tiene plazo fatal es la elección del intendente, de modo que solicitó que no se confundan los temas ni a las personas.

Luego, el Honorable Senador señor Espina señaló que para algunos era mucho más atractivo sólo discutir el tema del sistema electoral del intendente, aunque en su opinión ello debe estar necesariamente acompañado de la entrega de atribuciones a la nueva autoridad electa, en forma progresiva, sin generar conflictos con el Gobierno Central. Agregó que en caso contrario los costos a pagar serían muy altos, tal como les ha ocurrido a otros países que lo han hecho mal desde el principio.

Reitero su opinión en el sentido que el proceso de descentralización tiene cuatro requisitos: -la elección democrática de las autoridades de las regiones; - transferencia gradual de competencias; - recursos y - responsabilidad fiscal, punto este último que es una petición efectuada por el Core, de modo que la elección no está separada de estos aspectos, e indicó que mientras el protocolo no se encuentre adecuadamente afinado no votará a favor.

Enseguida, señaló que no es cierto que la Carta Fundamental no requiera modificaciones ya que en mismo el protocolo que le fue entregado se indica que “dicha autoridad ejercerá las funciones del ejecutivo del Gobierno Regional con la colaboración de las divisiones ya existentes y las tres nuevas divisiones que se crean, Fomento Productivo, Desarrollo Social, Infraestructura y Transporte”, pese a que el actual artículo 114 de la Constitución Política de la República señala, en lo pertinente, que “el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.”, todo lo cual no coincide con la nueva propuesta.

En la misma línea, hizo hincapié en que la reforma constitucional nada dice respecto de la fiscalización, de modo que se concordó que en la Constitución se pondrían ciertos principios básicos respecto de ese tema, sin que sea suficiente aprobar la reforma constitucional toda vez que ella debe ser concordante con lo que dirá la ley y el mecanismo de fiscalización.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que la disposición de todos siempre ha sido que se haga la elección de intendentes el año 2017, pero al mismo tiempo siempre se ha dicho por parte de la oposición y los independientes que es relevante poner ambas discusiones en la mesa, que fue lo que finalmente se ha hecho.

Destacó que no se trata de una discusión ideológica sino que de un tema de Estado, tal como lo planteó el ministro en su oportunidad, toda vez que el cambio institucional que se pretende hacer es muy profundo y debe ser bien hecho para que sea duradero y fructífero. Para que tenga ese soporte, dijo, sería muy bueno que tuviera el apoyo transversal de todos los sectores políticos, e instó a llegar a un acuerdo en todos los temas.

El Ministro Secretario General de la Presidencia señor Nicolás Eyzaguirre, indicó que de alguna forma este no es un ejercicio tradicional, y que en este caso, se ha intentado hacer un ejercicio genuino en el sentido que todos se sientan representados, ya que pasarán los gobiernos pero la descentralización continuará porque una vez que comience no habrá vuelta atrás.

Agregó que se debe tener claridad respecto de la transferencia de competencias, pero dijo que al mismo tiempo es difícil conocer el equilibrio exacto como para poder tenerlas totalmente definidas para votar la elección de intendente, razón por la cual se debe seguir trabajando en acercar las posiciones.

Enseguida, señaló que todos comprenden que el traspaso de competencias y la definición exacta de cómo se desarrollará en el futuro es un tema de gran envergadura y complejidad y que no es posible desarrollarlo en forma completa en un protocolo. Sin perjuicio de ello, indicó que se tratará de dejar en la ley aquello que razonablemente pueda avizorarse hacia el futuro, ya que lo más seguro es que ella sufra muchas modificaciones.

Luego indicó que se ha reunido con los Senadores que así lo han solicitado, pues el ministro tiene una política de puertas abiertas para todos quienes quieran hacer llegar sus redacciones respecto de los puntos que se han acordado.

Por último, respecto de las competencias que se transferirán en los distintos ámbitos, estimó que ello no requiere de expresión constitucional, no obstante conocer que existen distintas posiciones al respecto.

Acto seguido, el Honorable Senador señor Quinteros consultó por qué se debe dejar especificado en la Constitución Política el tema del transporte, si en la actualidad la atribución se tiene y a nivel regional, por ejemplo, el Gobierno Regional lleva adelante iniciativas en este ámbito.

La Honorable Senadora señora Von Baer especificó que en esta sesión se trata de dilucidar las competencias que se transferirán en el período de transición hasta el año 2022, y luego con el mecanismo de transferencia de competencia desde el 2022 en adelante, de modo que el protocolo debe despejar básicamente las competencias a transferir hasta el año 2022 y el mecanismo de transferencia de competencias desde ese año en adelante.

Señaló que se debe despejar lo que se incluirá en la reforma constitucional y definir lo que se integrará en el proyecto de transferencia de competencias, para lo cual propuso que los asesores de los señores Parlamentarios y el Ejecutivo hagan un trabajo paralelo para ir avanzando en los textos respectivos.

Enseguida, el Honorable Senador señor Bianchi destacó que existe apertura para incluir algunos criterios que no están dentro del protocolo presentado el fin de semana por el Ministro a los miembros de la Comisión, y agregó que deben considerarse las propuestas de Ancore dentro del acuerdo al que se arribe.

Para finalizar, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo señor Ricardo Cifuentes, enfatizó que en la ley de Gobierno y Administración Regional vigente se establecen las competencias y se consideran las de transporte e infraestructura, de modo que esa interpretación ya se hizo, al igual que la aprobación del Tribunal Constitucional cuando se aprobó la ley de Gobierno antes señalada en el año 1991, no obstante que no ve inconveniente que ello se agregue.

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Al iniciarse la sesión siguiente el Honorable Senador señor Quinteros reiteró su preocupación sobre la necesidad de avanzar derechamente en el trámite de la iniciativa, pues la Comisión no puede quedar paralizada ante la falta de algunas definiciones.

El Honorable Senador señor Espina coincidió con lo antes expuesto, pero reiteró que la elección de intendentes debe ir acompañada del establecimiento de atribuciones precisas, concretas y diferenciadas de aquellas que va tener el delegado presidencial, pues de lo contrario es previsible que se producirá un enorme conflicto institucional.

Indicó que también es necesario establecer las competencias a transferir, y que debido a que se trata de un cambio estructural del Estado de Chile ello no resulta sencillo y no permite descuidar el contenido de la reforma con tal de elegir rápidamente a los intendentes.

Por su parte el Honorable Senador señor Quinteros reiteró que la mayoría de las personas está de acuerdo con que se elija al Intendente o al Gobernador Regional y agregó que condicionar la aprobación del proyecto a la entrega de atribuciones es un error debido a que no se crea ningún servicio sino que se trata de una reforma constitucional, pues los gobiernos regionales ya existen, operan y nadie los desautoriza porque no tienen las suficientes atribuciones.

En la misma línea, enfatizó que esta reforma constitucional tiene dos objetivos primordiales: separar la figura del representante del Presidente de la República de la del Ejecutivo del Gobierno Regional y, en segundo término, elegir a este último mediante votación popular.

Añadió que nunca esta reforma consideró ampliar las atribuciones de los Gobiernos Regionales, ya que ese es precisamente el objetivo del proyecto sobre Fortalecimiento de la Regionalización (Boletín N° 7.963-06), más conocido como de transferencia de competencias, iniciativa que presentó el Gobierno anterior y que se encuentra en trámite.

Por último, señaló que para que la reforma sea exitosa debe ser gradual, lo que permitirá tener claridad respecto de las verdaderas necesidades de los distintos gobiernos en materia de competencias. Las regiones, continuó, reclaman por un desarrollo equitativo de sus territorios en un marco en que estás demandas surgen y se expresan a lo largo de todo el país, de modo que se requiere de autoridades que representen a esas comunidades para que puedan canalizar sus demandas, peticiones, propuestas y reclamos.

A continuación el Honorable Senador señor Zaldívar señaló que ha existido una gran ánimo en participar y hacer posible una reforma de fondo en materia de descentralización a través de una Comisión Presidencial, Seminarios, Reuniones e intercambio de opiniones entre otras, de tal manera que subrayó que no se puede desconocer la seriedad con que se ha abordado la elaboración de la legislación respectiva.

Destacó que se trata de una reforma muy profunda que viene a cambiar lo que históricamente ha sido la estructura político-administrativa del país, y que por primera vez en más de 200 años que de vida independiente se hará una reforma de este tipo, lo que es normal que despierte la preocupación por hacerla bien.

Indicó que debe distinguirse entre los tres tipos de descentralización que se debe afrontar: uno, que está en esta reforma, que es la descentralización política; otra que es la descentralización administrativa que está en el proyecto denominado de transferencia de competencias y, por último, la descentralización fiscal.

En este escenario, manifestó que la indicación formulada por el Ejecutivo liga la elección de intendente a la aprobación de la ley orgánica constitucional de transferencia de competencias, de tal manera que estos proyectos efectivamente están unidos, y por tanto, no debe existir duda para votar la propuesta del Gobierno ya que en nada afecta la tramitación del otro proyecto ya mencionado.

El Honorable Senador señor Guillier manifestó que es necesario dar una señal ya que las personas no entienden que esto se esté alargando indefinidamente, porque al votar la reforma constitucional de la elección de los intendentes el proceso no sólo se desencadena jurídicamente sino que también socialmente. Así, dijo que efectivamente la descentralización resulta ser un poco tibia y con plazos muy largos, de modo que recalcó que se debe pensar en una gradualidad más eficiente o rápida además de una transferencia progresiva.

Enseguida, agregó que se deben asegurar unos pisos mínimos de modo que al momento de elegirse al intendente se tenga claridad que esta reforma tendrá más profundidad y se pueda comenzar a avanzar hacia una mejor descentralización, lo más consensuada y convincente posible.

La Honorable Senadora señora Von Baer subrayó que no se está eligiendo al Intendente tal como se conoce actualmente, de modo que cuando se señala que existirán conflictos entre las distintas autoridades no es efectivo, o lo es completamente, como consecuencia que la reforma en sus términos actuales no entrega al intendente o gobernador electo ninguna capacidad para resolver problemas de ningún tipo.

Señaló que tal como lo han señalado los Core, si se quiere elegir al presidente de dicho consejo entonces ello debe transparentarse de esa forma frente a la ciudadanía, que es lo que en definitiva propone la reforma constitucional.

En materia de transferencia de competencias, indicó que efectivamente se transfieren muchas competencias, pero que la ejecución de las mismas se mantiene radicada en un servicio público centralizado, de manera que se la competencia que se le da al Gobernador electo en su ejecución está entregada al gobierno central.

Enfatizó que se trató de llegar a un acuerdo en ambos proyectos ya que la ciudadanía quiere elegir al intendente tal como lo entiende hoy día, con capacidad de mando sobre los seremis y los servicios públicos, lo que implica que la entrega de competencias va acompañada del desprendimiento de la misma por parte del gobierno central.

Adicionalmente indicó que se ha manifestado que este es un primer paso capaz de generar la descentralización, pero que en su opinión de aprobarse la ley de transferencia de competencia tal como está los Core pierden poder y a su respecto ya ha existido una mala experiencia.

Enseguida, el Honorable Senador señor Zaldívar hizo presente que en este proyecto de reforma sólo se vota la elección popular del intendente o gobernador regional, y que en el otro proyecto corresponde discutir sobre las competencias, de manera que existe garantía en que debe existir un acuerdo para viabilizar ambos proyectos.

Por su parte, el Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre, destacó que se ha trabajado con todos los sectores para alcanzar un acuerdo en esta materia, de manera que el futuro gobernador electo tenga las suficientes competencias para ser reconocido por la ciudadanía que lo eligió. Asimismo, destacó que el método de transferencia debe ser gradual y que para ello deberá existir un método y un acuerdo, en lo que el Gobierno ha puesto mucho empeño.

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, señaló que se han supuesto cosas que no son reales, ya que el proyecto de transferencia de competencia además de posibilitar transferirlas genera un mecanismo de solicitud de competencias, de modo que siempre ha sido claro que no se están entregando o transfiriendo todas las competencias que un gobierno regional va a tener en el futuro, sino que es el comienzo de un proceso.

Agregó que no es efectivo que el Gobierno Regional con el gobernador electo no tenga competencia, ya que lo cierto es que actualmente dicho gobierno ya tiene 23 competencias a las que el proyecto de transferencia agrega 49 nuevas que no sólo corresponden a diseño de política, pues también son de ejecución y, además, en conjunto se han ido construyendo otras 29 que combinan diseño y ejecución con recursos directos.

Dado lo anterior, dijo que señalar que no existen competencias o que el gobernador electo no tendrá atribuciones no guarda relación con la realidad.

El Honorable Senador señor Bianchi manifestó que estaba de acuerdo con que en materia de traspaso de competencias se debe avanzar mucho más, y que ello está íntimamente ligado con el proyecto de elección de los gobernadores. Además, dijo que era necesario considerar las fechas de elección y enfatizó que se debe insistir en dicho traspaso pues de lo contrario, de mantenerse el proyecto tal como está, no se causará el impacto deseado en materia de descentralización, que resulta necesario parfa romper la inercia centralista.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina hizo presente que la elección del intendente ya fue aprobada en general de acuerdo a la discusión y acuerdos que alcanzó la Comisión, todo lo cual ocurrió cuando no se había hecho presente urgencia, de modo que no es efectivo que no se quiera dicha elección sino que sólo se ha insistido en que si no va acompañada de las suficientes competencias para que el nuevo jefe regional desarrollar una labor adecuada no puede aprobarse, pues se han generado enormes expectativas en la ciudadanía respecto a que se podrá elegir al intendente, pero si éste no tiene las necesarias facultades la comunidad se sentirá engañada.

Además, planteó que el Ejecutivo debería incluir en su indicación una norma sobre responsabilidad financiera de los gobiernos regionales, a fin de evitar enormes colapsos económicos.

- La indicación número 14 fue retirada por el Gobierno.

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En sesión posterior, la Comisión oyó los planteamientos formulados por la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines FENAMINSA, en palabras de su Presidente, señor Esteban Tumba.

Comenzó por señalar que era relevante para los funcionarios que el tema se defina en esta sesión, de modo que simplemente hizo presente que en el artículo 116, que es donde se configuran las gobernaciones e intendencias, el proyecto establece que en las provincias asiento de la capital regional habría un organismo llamado Delegado Provincial, en la línea del servicio gobierno interior, donde actualmente existe una intendencia y una gobernación provincial.

Agregó que existen 14 provincias a lo largo de todo el país que involucran aproximadamente más de 800 trabajadores, de los cuales, alrededor de 100 son de planta, pero que la mayoría se encuentra en una situación de precariedad como gran parte de los funcionarios del Estado.

Es en este ámbito en que dijo que se visualiza un problema debido a que el proyecto señala un organismo único en la provincia donde actualmente existen dos, sin indicar como se va a resolver esa situación, solicitando adoptar algún compromiso que disminuya la incertidumbre que existe en los funcionarios, considerando la posibilidad de introducir fórmulas que garanticen la empleabilidad o que incluso pudieran mejorar la dotación del servicio de Gobierno interior.

Por último, reiteró que los funcionarios tienen incertidumbre y temen por su estabilidad, siendo la Comisión una instancia adecuada para que el Ejecutivo se comprometa en alguna de las medidas propuestas.

El Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativos, señor Ricardo Cifuentes, señaló que en distintas ocasiones se ha conversado el tema con los funcionarios, y aprovechó de agradecer la posición de esta organización a lo largo de todo el proceso apoyando la reforma constitucional.

Enfatizó que desde el inicio han garantizado a todos los funcionarios del Ministerio del Interior a su estabilidad en sus puestos de trabajo.

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Dentro del nuevo plazo de indicaciones que dispuso la Sala del Senado con fecha 7 de septiembre del presente, el Ejecutivo presentó la siguiente nueva indicación:

La indicación número 14 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para sustituir el número 5), que ha pasado a ser 4), por el siguiente:

4) Sustitúyese el artículo 111 por el siguiente:

“Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional.

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, a un cuarenta por ciento más uno de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente.

Si a la elección del gobernador regional se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere al menos un cuarenta por ciento más uno de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo de gobernador regional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125.”.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer, consultó por qué el Ejecutivo toma la decisión en el inciso séptimo de dejar las inhabilidades para la ley orgánica en circunstancias que siendo el Gobernador Regional una nueva autoridad constitucional lo natural es que las inhabilidades y las causales de cesación en el cargo estén también en la propia Constitución.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre, señaló que la norma general en la Constitución Política del Estado es que sólo en el caso de Diputados y Senadores dichas causales se establecen a nivel constitucional, y que para el resto de las autoridades la regulación sea materia de una ley orgánica, salvo las incompatibilidades que sin están reguladas en la Carta Fundamental.

La Honorable Senadora señora Von Baer solicitó la votación separada de los incisos de esta norma.

Inciso primero

Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

-En votación el inciso primero, fue aprobado por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Fundamentando su voto, el Honorable Senador señor Espina señaló que si se transforma la elección del Gobernador en una escala para acceder a otros cargos de poder en realidad no se está eligiendo una autoridad con verdadero interés en la región.

Lamentó que con la fórmula propuesta en este proyecto no se le dé una verdadera opción a los grupos emergentes de las regiones y que, además, las competencias que se consideran son insuficientes, pues sólo a partir del año 2022 comenzarán a transferirse más competencias que tampoco son adecuadas y que al final dependerán del gobierno central.

El proyecto de transferencia de competencias, no transfiere las potestades suficientes o adecuadas al nuevo Gobernador, y si lo hace, lo hace por goteo, de tal manera que de elegirse la nueva autoridad el año 2017, ésta no contará con las facultades necesarias para cumplir con las expectativas de las regiones, por ello señaló que no puede votar favorablemente esta reforma.

Por último, señaló que este es un proyecto que está muy mal planteado y que lo razonable sería que esta Comisión se abocara de lleno al proyecto de transferencia de competencias con el fin de determinar cuáles son las que se traspasan, la forma y como se resuelven los conflictos, ya que en ese escenario podrían darse las condiciones para la elección del Gobernador Regional.

El Honorable Senador señor Bianchi señaló que se ha tratado con la mayor seriedad y responsabilidad este proyecto, lo que ha llevado a buscar mecanismos que de manera absolutamente responsable, obligue a todos a sacar adelante esta iniciativa.

Dijo que desde el principio planteó que lo deseable era ver primero los traspasos de competencias, y así fue como solicitó en su oportunidad que ambos proyectos se discutieran a lo menos en forma paralela. Agregó que el Ejecutivo debe poner urgencia al proyecto de transferencia con el objeto que la nueva autoridad electa cuente con las facultades necesarias.

El Honorable Senador señor Quinteros indicó que esta iniciativa aumenta las atribuciones para el futuro Gobernador Regional, las que seguirán aumentando en forma paulatina, y agregó que todos entienden que una reforma tan trascendental como esta necesita gradualidad.

Señaló que esta norma consagra la elección del Gobernador Regional y constituye el corazón de esta reforma, no obstante lo cual hubiese preferido que la elección fuere por mayoría absoluta aunque igualmente aceptó la fórmula propuesta con el objeto de iniciar el proceso de descentralización.

Enseguida, manifestó que el proyecto se ha visto tensionado en distintas direcciones, pero enfatizó que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, y que si surgen conflictos en regiones ello no será porque existen autoridades electas sino porque las demandas de los territorios no han sido escuchadas oportunamente.

El Honorable Senador señor Zaldívar enfatizó que se trata de determinar si se quiere elegir o no a la autoridad regional y la forma en que ello debe hacerse, autoridad que en su opinión incluso debiese tener responsabilidad política.

Indicó que la parece muy mal que se diga se está legislando de manera improvisada ya que ello no corresponde a la realidad, pues la discusión de la reforma se trata de establecer o no la elección, y l las competencias se tratarán en el proyecto respectivo, en forma separada.

En la misma línea, dijo que la responsabilidad está en cómo hacer este cambo tan profundo en forma gradual, de manera que la regionalización tenga éxito.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que en una reforma tan importante lo ideal hubiese sido votarla transversalmente a favor, lo que no ha sido posible debido a que no se pudo llegar a un acuerdo con el Gobierno.

Expresó que si bien se trata de dos proyectos distintos el de elección de la autoridad regional y el de traspaso de competencias, lo cierto es que el problema radica en que en materia de competencias los parlamentarios prácticamente no tienen iniciativa y es allí donde está el problema debido a que no se conoce la postura que adoptará el Ejecutivo.

Agregó que el proyecto de traspaso de competencias funciona bien sobre la base del intendente designado y no con la óptica de un gobernador electo, y que por ello la idea era lograr un acuerdo en ambas iniciativas.

Sobre la gobernabilidad, dijo que los problemas se producirían no por la elección del Gobernador sino que por la falta de atribuciones autónomas, toda vez que para implementar sus políticas requiere de un servicio público que ejecute pero que depende del gobierno central.

En síntesis, indicó, tal como lo ha señalado en sesiones anteriores, en realidad no se elegirá al Ejecutivo del Gobierno Regional sino que simplemente al Presidente del Consejo Regional, y de ahí que el problema radique en las competencias que se transferirán.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre, señaló que este es el tema central de la reforma y aseguró que el Gobierno tiene toda la disposición para ponerle suma urgencia al proyecto sobre transferencia de competencias y enfatizó que en cualquier caso es ésta la votación que habilita para seguir avanzando.

Dijo que es histórico que una autoridad se deshaga del poder, como en este caso, y subrayó que transferencia de competencias sin elección significa que no hay transferencia ninguna sino que sigue existiendo una absoluta dependencia.

Por último, insistió en que de no aprobarse esta reforma constitucional todo los demás proyectos no son viables.

Enseguida, el Honorable Senador señor Horvath opinó que sin duda el proyecto se hace cargo de la gradualidad, de las experiencias piloto y de la supletoriedad, de modo que apoyó que se de este paso porque lo consideró un avance muy importante.

El Honorable Senador señor Guillier recalcó que no hay descentralización si no se eligen los intendentes por votación popular de tal manera que todo el resto de la discusión no tiene sentido alguno si esto no prospera.

Además, expresó la disposición de los Senadores independientes de ayudar a que este proceso sea de verdad uno de transferencia de competencias, con recursos para las regiones y además, con una especial preocupación por los funcionarios del Estado que se vean afectados por este proceso.

Inciso segundo

El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

- En votación el inciso segundo, fue aprobado por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Fundamentando su voto, la Honorable Senadora señora Von Baer enfatizó que el Gobernador Regional sólo podrá administrar la región y no gobernarla. Indicó que sólo se da al Gobernador la administración superior.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que el Gobierno nada concede en términos de despojarse del poder por cuanto ello comienza a contar del Gobierno siguiente. Agregó que la elección nunca ha estado en duda y que sólo se ha intentado tener antes, definidas las competencias para que se sepan las facultades de la autoridad que se elegirá por la ciudadanía, expresado que nada se le está entregando a las regiones en materia de atribuciones.

Inciso tercero

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional.

- Sometido a votación, el inciso tercero fue aprobado por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Fundamentando su voto, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que para elegir al Gobernador se requiere de una ley orgánica que establezca la fórmula de elección, lo que nada tiene que ver con la ley de transferencia de competencia, de modo que no existe una relación de causalidad.

Luego, hizo presente que no existen servicios públicos que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional de modo que debiera regionalizarse el servicio o una parte de él pues de lo contrario el Gobernador que se elija no tendrá facultades de ejecución, y es ello es lo que producirá conflictos entre las regiones y el gobierno central.

Indicó que esta norma está vacía porque mientras no se generen servicios públicos regionales este artículo no tiene sentido ni aplicación.

Inciso cuarto

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, a un cuarenta por ciento más uno de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente.

- Puesto en votación, el inciso cuarto fue aprobado por mayoría de votos. Por la aprobación votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina. Votó por su rechazo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Fundamentando su voto, la Honorable Senadora señora Von Baer manifestó que siempre se apoyó la opción de la elección por simple mayoría porque ella permite que exista verdadera representación regional. Agregó que al realizarse la elección al mismo tiempo que la Presidencial se replicará a nivel regional lo mismo que a nivel nacional, de modo que los movimientos e intereses regionalistas no tendrán opción real de competir salvo casos excepcionales.

Señaló que era partidaria que se produjera una discusión a nivel territorial y que por eso, en general, las votaciones a nivel territorial que se hacen en el país y en el mundo, se hacen con simple mayoría. Más aún, agregó, esta elección debiese ser en conjunto con los alcaldes para que efectivamente se produzca una discusión a nivel regional.

Inciso quinto

Si a la elección del gobernador regional se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere al menos un cuarenta por ciento más uno de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.

- En votación el inciso quinto, fue aprobado por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina. En contra votó la Honorable Senadora señora Von Baer.

Inciso sexto

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.

- En votación el inciso sexto, fue aprobado por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina, y votó por su rechazo la Honorable Senadora señora Von Baer.

Inciso séptimo

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo de gobernador regional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125.

- En votación el inciso séptimo, fue aprobado por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar, y por la negativa los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Fundamentando su votación, la Honorable Senadora señora Von Baer recordó que con anterioridad se aprobó una norma que señala que es el Tribunal Constitucional el que debe pronunciarse respecto de las inhabilidades e incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de Parlamentarios y Gobernadores Regionales, de modo que ellas ya están consideradas en la Constitución aunque ahora se proponga dejarla en la ley orgánica. Dado lo anterior, destacó que las inhabilidades deben quedar con rango constitucional para dar mayor dignidad al cargo de Gobernador electo.

- Sometida a votación la indicación número 14 bis, fue aprobada, por mayoría de votos. Por su aprobación votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar, y por su rechazo los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

La indicación número 15, del Honorable Senador señor Guillier, propone reemplazarlo por el que sigue:

“5) Reemplázase el artículo 111 por el siguiente:

“Art. 111. El gobierno y la administración de cada región reside en el respectivo Gobierno Regional, cuyo objeto será el desarrollo social, cultural y económico de la región. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. El gobierno regional estará constituido por el Gobernador Regional, quien será su órgano ejecutivo, y por el Consejo Regional, todos elegidos por votación universal directa en conformidad a la ley.”.”.

- La indicación número 15, fue retirada por su autor.

Letra b)

b) Sustitúyese, en su inciso tercero, que pasa a ser inciso segundo, la palabra “intendente” por “gobernador regional”.

La indicación número 16, del Honorable Senador señor Navarro, es para suprimirla.

- Sometida a votación la indicación número 16, fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

Número 6

Mediante este número se propone reemplazar el artículo 112 de la Constitución Política de la República, el cual se refiere a las atribuciones y funciones del Intendente. Su texto es el siguiente:

6) Reemplázase el artículo 112 por el siguiente:

“Art. 112. El gobernador regional será elegido por sufragio universal, en votación directa, por simple mayoría, y durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser reelegido por una sola vez.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, y le corresponderá presidir el consejo regional, y ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional o se relacionen con éste, en su caso.

Una ley orgánica constitucional determinará las demás atribuciones esenciales que éste ejercerá. La ley establecerá la forma en que ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.”.

La indicación número 17, de Su Excelencia la Presidenta de la República, propone reemplazarlo por el siguiente:

“…) Derógase el artículo 112.”.

- Vuestra Comisión aprobó la indicación número 17, por tres votos a favor y os abstenciones. Por la aprobación votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

La indicación número 18, del Honorable Senador señor Guillier, es para sustituirlo por el que sigue:

“Artículo 112. Al Gobernador Regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos regionales creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región, con la excepción de las potestades que corresponda ejercer a nivel provincial al respectivo Delegado Presidencial.

Al Gobernador Regional le corresponde además la presidencia del Consejo Regional.

Una ley orgánica constitucional determinará la forma en que el Gobernador Regional ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.”.

- La indicación número 18, fue retirada por su autor.

Inciso primero

Este inciso dispone lo siguiente:

“Art. 112.- El gobernador regional será elegido por sufragio universal, en votación directa, por simple mayoría, y durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y podrá ser reelegido por una sola vez.”.

La indicación número 19, del Honorable Senador señor Navarro, plantea reemplazar la expresión “gobernador regional” por “intendente”.

- La indicación número 19 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

La indicación número 20, del Honorable Senador señor Quinteros, es para suprimir la expresión “por simple mayoría,”.

- La indicación número 20, fue retirada por su autor.

La indicación número 21, del Honorable Senador señor Navarro, propone eliminar la locución “por una sola vez”.

- Sometida a votación, la indicación número 21 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

Inciso segundo

Su texto es el siguiente:

“El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, y le corresponderá presidir el consejo regional, y ejercer las funciones de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional o se relacionen con éste, en su caso.”.

La indicación número 22, del Honorable Senador señor Navarro, es para reemplazar la expresión “gobernador regional” por “intendente”.

La indicación número 23, del Honorable Senador señor Horvath, propone agregar después de la expresión “en su caso”, lo siguiente: “, y promover la participación ciudadana en todos los asuntos de interés público regional, especialmente en la planificación territorial y marítima”.

- Sometidas a votación, las indicaciones números 22 y 23 fueron rechazadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

Número 7

Este numeral modifica el artículo 113 de la Carta Fundamental, referido al consejo regional.

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Inciso primero

Su texto es el siguiente:

“Art. 113. El consejo regional será un órgano de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio de competencia del gobierno regional, encargado de hacer efectiva la participación de la ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley orgánica constitucional respectiva le encomiende.”.

La indicación número 24, del Honorable Senador señor Guillier, es para agregar en el inciso primero del artículo 113 la siguiente oración final: "La Potestad Resolutiva del Consejo Regional será indelegable en todas las materias de competencia del gobierno regional.".

-La indicación número 24, fue retirada por su autor.

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El inciso segundo es del siguiente tenor:

“El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados.”.

La indicación número 25, de los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Pérez Varela, propone reemplazar el inciso segundo del artículo 113 por el siguiente:

"El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, la cual además deberá entregar las herramientas que permitan el ejercicio de las facultades fiscalizadoras a cada uno de los consejeros regionales, especialmente frente al gobernador regional respectivo. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados.".

La Honorable Senadora señora Von Baer, señaló que el objetivo de la indicación es aumentar la capacidad fiscalizadora de los consejeros regionales, pues sus facultades actuales son colegiadas a diferencia de la de los Diputados que, por ejemplo, si tienen la posibilidad de ejercer dichas facultades de manera individual.

El señor Ministro dijo que desde su perspectiva, con la instalación de gobiernos relativamente nuevos, habida cuenta que ya existe una facultad colegiada de fiscalización, darla en forma individual puede significar un trabajo de respuesta y atención que actualmente, el Estado es capaz de resolver frente a cada Diputado, pero para un Gobierno Regional dijo que podría resultar un poco excesivo en su inicio.

Por su parte, el Honorable Senador señor Bianchi estimó que esta es una indicación absolutamente necesaria ya que efectivamente permite que al inicio de esta nueva figura permita tener un mayor control, lo que a su juicio, en nada afecta sino que transparenta mucho más y permite un mayor empoderamiento para los Consejeros regionales.

- Sometida a votación la indicación número 25, fue aprobada por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina y Zaldívar. Por su rechazo votó el Honorable Senador señor Quinteros.

Fundamentando su voto, el Honorable Senador señor Espina señaló que efectivamente los Core no tienen facultades de fiscalización y destacó que las herramientas necesarias quedan entregadas a la ley respectiva para que allí queden claramente establecidas.

El Honorable Senador señor Quinteros, fundamentando su voto en contra señaló que esta norma recarga innecesariamente a la administración regional.

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar dijo que se estaría agregando que en la ley orgánica se establezca algún sistema de fiscalización individual, y señaló que en ese aspecto se debería buscar un símil con la Cámara de Diputados en cuanto a que ella cuenta con acciones de fiscalización de mayor y menor rango.

Así, indicó que en la ley orgánica se debe establecer el mecanismo de diferenciación entre lo que es la fiscalización de mayor rango y la de menor rango, estableciendo una clara reglamentación entre lo que es colectivo y lo que es individual.

Fundamentando su votación, la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que mientras más fuerte sea el sistema de fiscalización, tiene que estar bien reglamentado pero entregar también la facultad de fiscalización en forma individual a los Consejeros Regionales.

Número 8

Introduce, modificaciones al artículo 114 de la Carta Fundamental el cual se refiere a la transferencia de competencias a los gobiernos regionales, agregando un párrafo final al inciso primero e incorporando un inciso segundo, nuevo. Su texto, en lo pertinente, se transcribirá a continuación de las modificaciones que se proponen.

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El texto del artículo en estudio es el siguiente:

“Art. 114. La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República podrá transferir a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.”.

La indicación número 26, del Honorable Senador señor Horvath, es para reemplazar en el artículo 114 la locución “podrá transferir” por “podrá o deberá transferir”.

El Honorable Senador señor Horvath hizo presente que no todas las atribuciones pueden ser facultativas del Presidente de la República y la ley deberá establecer una diferenciación a ese respecto, de modo que esta indicación, según explicó, abre una mejor posibilidad de empoderar los Gobiernos Regionales con las gradualidades y todo lo que ya se ha planteado.

La Honorable Senadora señora Von Baer hizo presente que en su oportunidad plantearon que en la reforma debía considerarse un piso mínimo y que a partir de allí las regiones crecieran de acuerdo a sus propios intereses. La indicación entonces propone que ese piso mínimo lo establezca la ley orgánica.

El Honorable Senador señor Horvath señaló que evidentemente lo ideal sería que quedara en la constitución, pero como se trata de gradualidad sujeta a una ley orgánica, lo lógico es que en ella se establezca el piso, tanto lo que deberá y lo que será facultativo caso a caso.

Enseguida el Honorable Senador señor Espina propuso que se utilice el término “transferirá” ya que ello es más genérico, y agregó que utilizar las palabras deberá o podrá es redundante. Señaló que entiende que hay algunas que se deben transferir siempre y habrá otras competencias que son facultativas y que van a depender de lo que soliciten los gobiernos regionales o porque el Gobierno central las quiere transferir, lo que a su juicio, debiese ser el régimen permanente.

El Honorable Senador señor Zaldívar indicó que la propuesta es buena, en orden a establecer en la constitución que se “transferirá”.

En consecuencia, de aprobarse la indicación con la modificación señalada, quedaría de la siguiente forma:

“La ley orgánica constitucional respectiva determinará la forma y el modo en que el Presidente de la República transferirá, a uno o más gobiernos regionales, en carácter temporal o definitivo, una o más competencias de los ministerios y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.”.

- Puesta en votación la indicación número 26, fue aprobada con la modificación señalada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

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La indicación número 27, del Honorable Senador señor Horvath, propone agregar al artículo 114 la siguiente oración final: “Dicha ley establecerá, la participación vinculante de la comunidad local, en materia de ordenamiento territorial y marítimo.”.

El Honorable Senador señor Horvath indicó que esto tiende a la buena administración regional del territorio terrestre y marítimo y una buena forma de hacerlo es que exista participación ciudadana vinculante, es una gobernanza que efectivamente integra a las comunidades porque la participación hasta le fecha sólo ha sido formal.

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo que entendiendo la intención se debe tener claro que una norma de este tenor llevaría casi a un sistema de plebiscito permanente, de modo que apoyó la participación, pero sin que sea vinculante.

Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Ricardo Cifuentes, hizo presente que el fondo es compartido pero esta norma implica un riesgo en el sentido que se parece mucho al Convenio N° 169 de la OIT que obliga a una consulta en casos calificados en temas indígenas, y en ese caso, se regula hasta el procedimiento de consulta, de modo que habría que regular también este procedimiento. Agregó que la norma es poco clara al referirse al ordenamiento marítimo.

El Honorable Senador señor Espina enfatizó que la participación ciudadana es relevante y muy importante, y al mismo tiempo señaló que la palabra vinculante no debe ir en la Constitución. Por ello, propuso que esta norma se deje en la ley orgánica para que en ella se establezcan los mecanismos de participación ciudadana.

El Honorable Senador señor Bianchi estuvo de acuerdo en dejar pendiente la materia para la ley orgánica, para así evitar las dudas o las posibles situaciones de judicialización frente a las distintas interpretaciones que la norma genera.

- La indicación número 27, fue retirada por su autor.

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El numeral 8 que propone el presente proyecto de reforma constitucional es del siguiente tenor:

“8) Agrégase en el artículo 114, luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Con todo, se privilegiará la radicación de competencias en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; buscando un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común.

Toda transferencia de competencias desde el Presidente de la República a los gobiernos regionales irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de los gobiernos regionales irá acompañada de los recursos determinados por la ley.”.

La indicación número 28, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para sustituir el numeral 8) por el que sigue:

“…) Agrégase en el artículo 114, a continuación de la expresión luego del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “El procedimiento de transferencia de competencias contemplado en la referida ley deberá propender que éstas se realicen hacia los órganos más cercanos a la ciudadanía, buscando un desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios de la región, resguardando los principios de eficiencia y eficacia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3°.

Toda transferencia de competencias a los gobiernos regionales deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo.”.

- Sometida a votación, la indicación número 28 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi y Espina, por su aprobación el Honorable Senador señor Quinteros, y se abstuvo el Honorable Senador señor Zaldívar.

La indicación número 29, del Honorable Senador señor Navarro, plantea agregar después del vocablo “ciudadano” la siguiente expresión: “otorgando valor a la diversidad social y cultural del país”.

- Sometida a votación, la indicación número 29 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Espina, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Bianchi.

La indicación número 30, del Honorable Senador señor Navarro, es para eliminar el inciso segundo propuesto.

- Puesta en votación, la indicación número 30 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

La indicación número 31, del Honorable Senador señor Guillier, propone agregar después de la frase “Toda transferencia de” la expresión “servicios o”.

- La indicación número 31, fue retirada por su autor.

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El artículo 115 de la Constitución Política de la República establece como principio básico para el gobierno y la administración interior del Estado, la búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo.

La indicación número 32, del Honorable Senador señor Horvath, propone introducir un nuevo numeral, del tenor que se señala:

“…) Intercálase en el inciso primero del artículo 115, después de la palabra “equitativo”, lo siguiente: “, con participación efectiva y vinculante de la comunidad local en la planificación territorial o marítima”.”.

- Vuestra Comisión rechazó la indicación número 32, por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

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La indicación número 33, del Ejecutivo, es para consultar en seguida el siguiente numeral, nuevo:

“…) Intercálase a continuación del artículo 115, el siguiente artículo 115 bis:

“Artículo 115 bis.- En cada región existirá una secretaría regional presidencial, a cargo de un secretario regional presidencial, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la Región, en conformidad a la ley. El secretario regional presidencial será el representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El secretario regional presidencial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República.

Al secretario regional presidencial le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer reiteró que de acuerdo a esta norma el Gobernador Regional tendrá a su cargo los servicios que dependan del gobierno regional, lo que actualmente no existe, y que esta norma además plantea que es el representante del Presidente en la región quien cumplirá las tareas de coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley, lo que significa que los que existen al día de hoy no dependerán del gobierno regional de modo que la nueva autoridad no tendrá capacidad alguna para ejecutar las facultades que se le entregan, requiriendo de la voluntad de esos servicios públicos que siguen dependiendo de una autoridad central.

El señor Ministro Eyzaguirre enfatizó que los Gobiernos Regionales son un servicio público, y que en consecuencia la ley de transferencia de competencias les dotará de la facultad de ejecución, de modo que en su opinión esta indicación es casi una obviedad en el sentido que aquellas facultades de ejecución que no estén en el gobierno regional continuarán dependiendo del Delegado Presidencial Regional, porque no puede haber un vacío en ese tema.

La Honorable Senadora señora Von Baer destacó que si los Gore son servicios que pueden ejecutar existirá duplicidad de funciones, porque si no se le quitan al servicio público central y se la entregan al Gore ese será el resultado.

Por otra parte, dijo que no es que se produzca un vacío sino que se cambia el nombre a lo que hoy en día le corresponde al intendente que supervigila todos los servicios públicos, y nada se deja en manos del Gobernador Regional.

El señor Subsecretario insistió en que su punto de vista es totalmente distinto y que existe una diferencia técnica, ya que efectivamente los Gore tienen capacidad de ejecución a través de sus nuevas divisiones pudiendo ejecutar los programas que define. Agregó que en la actualidad los gobiernos regionales lo que normalmente hacen es transferir recursos a otros servicios públicos, en cambio las nuevas divisiones que se crean tendrán capacidad de ejecución, por sí o a través de un tercero.

El Honorable Senador señor Zaldívar destacó que esta norma es esencialmente declarativa y que como ya no habrá un intendente como representante del Presidente de la República en la región y existirá un Gobernador Regional electo, se nombra un Delegado, pero estimó que debe ser la ley de transferencia de competencias la que determine cuáles son las atribuciones de uno y otro, y la tarea es fijarlas claramente para que no se produzca una confusión.

La Comisión tuvo presente armonizar la norma con otras indicaciones ya aprobadas en cuanto al nombre de las autoridades y, por tanto, el texto sería el siguiente:

“En cada región existirá una Delegación Presidencial Regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la Región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República.

Al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.”.

- La indicación número 33 fue aprobada con las modificaciones señaladas, por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Al fundamentar su voto la Honorable Senadora señora Von Baer señaló que esta norma es más que declarativa debido a que los servicios públicos creados por ley son los que existen actualmente, de modo que el problema es que no se está creando un servicio público regional, y es claro que el poder que hoy tiene el intendente para supervigilar todos los servicios públicos se le entrega al representante del Presidente de la República en la región.

En cuanto a convenir para ejecutar con otros servicios, reiteró que no funcionará bien porque el convenir ejecutar a través de servicios centralizados funciona bajo la lógica de que el intendente es designado por el gobierno central.

En la misma línea el Honorable Senador señor Espina fundamentó su abstención expresando que esta norma es la más palpable demostración que no hay cambio de atribuciones respecto de las que actualmente tiene el intendente. Enfatizó que en materia de competencias, la diferencia radica en que es necesario fijar en primer lugar, las competencias y definir su forma de transferencia, de tal manera que lo lógico es concentrarse en tramitar ese proyecto.

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Número 9

Este numeral reemplaza el actual artículo 116 de la Constitución Política de la República, el cual se refiere gobierno y la administración provincial. Su texto, en lo pertinente, se transcribirá a continuación de las modificaciones que se proponen.

Para este número se presentaron dos indicaciones.

El inciso primero y segundo de la propuesta corresponden a los siguientes:

“Art. 116. En cada provincia existirá una delegación provincial que será un órgano territorialmente desconcentrado del Presidente de la República y de su exclusiva confianza. El delegado provincial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato.

El delegado provincial ejercerá las funciones de supervigilancia y coordinación de los servicios públicos existentes en la provincia que no dependan del Gobierno Regional.”.

La indicación número 34, de Su Excelencia la señora Presidente de la República, es para reemplazarlo por el siguiente:

“9) Modifícase el artículo 116 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 116.- En cada provincia, existirá una secretaría provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del secretario regional presidencial, y estará a cargo de un secretario provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. En la provincia asiento de la capital regional, el secretario regional presidencial ejercerá las funciones y atribuciones del secretario provincial.”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la palabra “gobernador” por la expresión “secretario provincial”.

ii. Reemplázase la palabra “intendente” por la expresión “secretario regional presidencial” las dos veces que aparece.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer llamó la atención sobre el hecho que el texto tal como se está aprobando ahora parte de la base de que los servicios públicos dependen todos del nivel central, a diferencia del texto aprobado en general en que se partía del supuesto de la existencia de una mayoría de servicios regionales y que la excepción sería que el servicio público fuera nacional.

Por otra parte, la Comisión tuvo presente que su texto debe armonizarse de acuerdo a las indicaciones previamente aprobadas, en lo que dice relación con la denominación de las autoridades, y por tanto el texto sería el siguiente:

“En cada provincia, existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional, y estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. En la provincia asiento de la capital regional, el delegado presidencial regional ejercerá las funciones y atribuciones del delegado presidencial provincial.”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la palabra “gobernador” por la expresión “delegado presidencial provincial”.

ii. Reemplázase la palabra “intendente” por la expresión “delegado presidencial regional” las dos veces que aparece.”."

- Puesta en votación la indicación número 34, con las modificaciones señaladas, fue aprobada por mayoría de votos. Por su aprobación votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar, y se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Inciso primero

La indicación número 35, de los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Pérez Varela, es para sustituir el inciso primero por el siguiente:

"Art. 116. En cada provincia existirá una delegación provincial que será un órgano territorialmente desconcentrado del Presidente de la República la cual estará a cargo de un delegado provincial de su exclusiva confianza. El delegado provincial ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente, de quien es su representante natural e inmediato.".

- La indicación número 35, fue retirada por uno de sus autores.

Número 10

El artículo 117 de la Carta Fundamental señala lo siguiente:

“Art. 117.- Los gobernadores, en los casos y forma que determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.”.

Mediante este numeral se modifica el artículo antes transcrito reemplazando la palabra “gobernadores” por la expresión “delegados provinciales”.

La indicación número 36, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, plantea sustituirlo por el que sigue:

“10) Modifícase el artículo 117 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “gobernadores” por “secretario provinciales”;

b) Sustitúyese la palabra “delegados” por la expresión “encargados”.”.

Para armonizar la norma con otras previamente aprobadas, respecto de la denominación de las autoridades, su texto sería el siguiente:

“Modifícase el artículo 117 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “gobernadores” por “delegados presidenciales provinciales”;

b) Sustitúyese la palabra “delegados” por la expresión “encargados”.”.

- Vuestra Comisión aprobó la indicación número 36 con la modificación antes señalada, por mayoría de votos. Por la afirmativa votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvieron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

La indicación número 37, del Honorable Senador señor Guillier, es para reemplazarlo por el siguiente:

“10) Suprímese el artículo 117.”.

- La indicación número 37 fue retirada por su autor.

Número 11

Mediante este numeral se agrega un inciso final al artículo 118 de la Constitución Política de la República referido a la administración local de cada comuna o agrupaciones de comunas, bajo el Título “Administración Comunal”.

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La indicación número 38, de los Honorables Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, es para reemplazar el Título “Administración Comunal”, que precede al artículo 118, por otro denominado “Gobierno y Administración Comunal”.

- Sometida a votación, la indicación número 38 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

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La indicación número 39, de los Honorables Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, propone sustituir en el inciso primero del artículo 118 la frase inicial “La administración local” por “El gobierno y la administración local”.

- Puesta en votación, la indicación número 39 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

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El inciso cuarto del artículo 118 es del siguiente tenor:

“Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna.”.

La indicación número 40, de los Honorables Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, es para agregar en el inciso cuarto del artículo 118, después de la expresión “cuya finalidad”, la locución “, en cuanto gobiernos locales,”.

- Sometida a votación, la indicación número 40 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

El texto del presente numeral es el siguiente:

11) Agrégase en el inciso final del artículo 118, después del punto final que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Toda transferencia de competencias a las municipalidades irá acompañada de la atribución de recursos equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que aumente los gastos de las municipalidades irá acompañada de los recursos determinados por la ley.”.

La indicación número 41, de Su Excelencia la señora Presidenta de la República, es para reemplazar el numeral 11) por el siguiente:

“11) Agrégase en el inciso final del artículo 118, después del punto final que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Toda transferencia de competencias a las municipalidades deberá señalar la fuente de los recursos necesarios para su desarrollo.”.”.

El Honorable Senador señor Espina indicó que aquí la diferencia es de fondo, pues lo que se aprobó en forma unánime en su oportunidad es que no se aceptaría que al transferir competencias a las municipalidades éstas no fueran acompañadas de los recursos equivalentes a los consagrados en su ejercicio, ya que es eso lo que permite verdaderamente descentralizar.

Así, la diferencia es dramática en comparación con lo que ahora propone el Gobierno que sólo señala que se debe indicar la fuente de los recursos, lo que en ningún caso significa que transferirán los recursos, de modo que no se resolverá el tema de fondo de la descentralización, lo que es contradictorio con lo que se acordó en su momento.

El Honorable Senador señor Quinteros dijo que esta reforma es trascendental y que la misma limitación sólo existía en el rango legal. Sin embargo al tener hoy rango constitucional pasa a ser obligatoria para el legislador, de modo que de aquí en adelante habrá que justificar los recursos que financien las nuevas competencias asignadas a los municipios, lo que es una sentida demanda de estos últimos.

En su opinión, los municipios están mejor asegurados porque antes una ley podía dejar sin efecto otra, lo que ya no será posible al tener la norma rango constitucional.

El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Nicolás Eyzaguirre, señaló que lo que fue aprobado por la Comisión fue una fusión de mociones y no lo que exactamente propuso el Ejecutivo.

Desde el punto de vista de la administración financiera, dijo que el empleo del término “equivalentes” en materia de recursos establece una rigidez absoluta, por cuanto al transferirlo al municipio puede que se soliciten más recursos que los destinados originalmente y también es posible que se produzcan ahorros por eficiencia, en cuyo caso se requerirían menos recursos, de modo que la transferencia de competencia puede estar asociada a un financiamiento distinto del original, por lo que corresponde desde el punto de vista de la transparencia presupuestaria identificar los recursos que se necesitan y su fuente, lo que es propio de una administración financiera moderna.

El Honorable Senador señor Zaldívar consideró que la norma propuesta por el Ejecutivo es mucho más precisa y entendible que la norma aprobada originalmente que se refería a la atribución de recursos, la que a su juicio es una expresión bastante más equívoca. Agregó que en ese entendido la expresión equivalente debe definirse, en tanto que la norma propuesta es mucho más precisa al disponer que debe señalarse la fuente de los recursos, lo que desde el punto de vista del manejo de hacienda es claro y al mismo tiempo resguarda los intereses municipales.

Enseguida, el Honorable Senador señor Espina indicó que el argumento del Ministro le parece equivocado desde el punto de vista de la interpretación de la norma constitucional, porque la expresión recursos equivalentes necesariamente debe entenderse como recursos que tengan la misma potencia o eficacia como fluye de su propio tenor literal, ya que la idea era que al transferir la competencia ésta no estuviera desfinanciada todo lo cual no dice relación con el origen de ls recursos.

El Honorable Senador señor Bianchi dijo que no respaldaría al Ejecutivo en esta materia pues se trata de resolver un problema muy serio para los municipios, en el sentido de que se le traspasan responsabilidades sin los recursos necesarios para atenderlos y se les genera un enorme daño, razón por la cual anunció su voto en contra.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que en esta materia la indicación del Gobierno significa un retroceso con respecto a lo que se aprobó en general por el Senado, ya que se entregan tareas a las municipalidades pero no los recursos necesarios, de modo que consideró indispensable que la norma obligue al Gobierno a transferir los mismos recursos que se tenían presupuestados para determinada competencia a la hora de hacer el traspaso de la misma a los municipios.

- Sometida a votación, la indicación número 41 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi y Espina. Por la aprobación votaron los Honorables Senadores señores Quinteros y Zaldívar.

Fundamentando su voto el Honorable Senador señor Quinteros señaló que le parece una muy buena disposición para los alcaldes porque ella asegura que las competencias que se traspasan irán acompañadas de los respectivos recursos.

El Honorable Senador señor Zaldívar insistió en que la indicación del Ejecutivo resulta más precisa y señaló que si se pretendiese establecer que no se debe indicar la fuente de recursos sino que determinar la cantidad de recursos para la respectiva competencia se estaría infringiendo la norma constitucional y suprimiendo las facultades del Ejecutivo en la materia.

La Honorable Senadora señora Von Baer al fundamentar su voto indicó que es necesario asegurar que exista una obligación de atribuir estos recursos a la municipalidad más que solo señalar su fuente o el origen de los mismos, y que también debe asegurarse que ellos sean de la misma entidad de los que se tenían destinados para cumplir con la competencia respectiva.

El señor Ministro lamentó que por las desconfianzas existentes no se haya logrado un acuerdo en un tema que es netamente técnico, toda vez que la indicación corregía algo técnicamente incorrecto, de modo que con el rechazo de esta norma sólo se rigidiza y se incrementan los gastos de una forma completamente innecesaria.

La indicación número 42, del Honorable Senador señor Horvath, propone sustituir la locución “recursos determinados por la ley” por “recursos determinados en la misma ley”.

- La indicación número 42 fue retirada por su autor.

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El artículo 120 de la Carta Fundamental es del siguiente tenor:

“Artículo 120.- La ley orgánica constitucional respectiva regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas.

Asimismo, la ley orgánica constitucional de municipalidades establecerá los procedimientos que deberán observarse en caso de supresión o fusión de una o más comunas.”.

La indicación número 43, de los Honorables Senadores señores Ossandón, Guillier y Quinteros, es para consultar un nuevo numeral, del siguiente tenor:

“…) Reemplázase en el inciso primero del artículo 120 la frase “regulará la administración transitoria de las comunas” por “regulará el gobierno y la administración transitoria de las comunas”.

- Sometida a votación, la indicación número 43 fue rechazada por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

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Número 12

Este numeral sustituye el actual artículo 124 de la Constitución Política de la República, el cual se refiere a los requisitos para ser designado intendente o gobernador y para ser elegido consejero regional, alcalde o concejal. Su texto, en lo pertinente, se transcribirá a continuación de las modificaciones que se proponen.

El texto de este numeral es el siguiente:

12) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Art. 124. Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado delegado provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal y delegado provincial, serán incompatibles entre sí.

Los delegados provinciales estarán inhabilitados para ser candidatos a gobernador regional dentro del año inmediatamente anterior a la elección respectiva.

El cargo de gobernador regional es incompatible con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley.

Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica al cargo de Presidente de la República; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional o delegado provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional o delegado provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional o delegado provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.

La indicación número 44, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para sustituirlo por el que sigue:

“12) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Artículo 124.- Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado secretario regional presidencial o secretario provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

No podrán ser candidatos a gobernador regional los secretarios regionales presidenciales y los secretarios provinciales que se hayan desempeñado como en el cargo dentro de los doce meses anteriores a la elección referida.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, secretario regional presidencial y secretario provincial, serán incompatibles entre sí.

El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional, secretario regional presidencial o secretario provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional, secretario regional presidencial o secretario provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional, secretario regional presidencial o secretario provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.”.

- La indicación número 44, fue retirada por Su Excelencia la señora Presidente de la República.

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Dentro del nuevo plazo de indicaciones que dispuso la Sala del Senado con fecha 7 de septiembre del presente, el Ejecutivo presentó la siguiente nueva indicación:

La indicación número 44 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, propone sustituir el número 12) por el siguiente:

“12) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Artículo 124.- Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado delegado regional presidencial o delegado provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, delegado regional presidencial y delegado provincial, serán incompatibles entre sí.

El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semi-fiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semi-fiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional electo cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional, delegado regional presidencial o delegado provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional, delegado regional presidencial o delegado provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional, delegado regional presidencial o delegado provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.”.

Para armonizar la norma con las previamente aprobadas en cuanto a la denominación de las autoridades, su texto diría:

“Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado delegado presidencial regional o provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, delegado presidencial regional o provincial, serán incompatibles entre sí.

El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semi-fiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semi-fiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional electo cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional, delegado presidencial regional o provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.”.

- Sometida a votación la indicación número 44 bis fue aprobada con las modificaciones antes destacadas, por mayoría de votos. Por la afirmativa se pronunciaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina. Votó en contra la Honorable Senadora señora Von Baer.

La indicación número 45, del Honorable Senador señor Navarro, propone sustituir, todas las veces que aparece, la expresión “gobernador regional” por “intendente”.

- La indicación numero 45 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

Inciso tercero

La indicación número 46, del Honorable Senador señor Espina, es para reemplazarlo por los siguientes:

“No pueden ser candidatos a Gobernador Regional:

1) Los diputados y senadores;

2) Los Ministros de Estado;

3) Los delegados provinciales, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios;

4) Los miembros del Consejo del Banco Central;

5) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras;

6) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales regionales;

7) El Contralor General de la Republica;

8) Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal;

9) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado;

10) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Publico, y

11) Los Comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Área, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Las Inhabilidades establecidas en este inciso serán aplicables a quienes hubieren tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección; excepto respecto a las personas mencionadas en los números 8) y 9), las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 10), respecto de las cuales el plazo de inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.”.

- Sometida a votación, la indicación número 46 fue rechazada por mayoría de votos. Por la negativa se pronunciaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina. Votó por su aprobación la Honorable Senadora señora Von Baer.

Inciso cuarto

La indicación número 47, del Honorable Senador señor Navarro, propone sustituirlo por otro del siguiente tenor:

“El cargo de intendente y el de delegado presidencial serán de dedicación exclusiva. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley.”.

- Sometida a votación, la indicación número 47 fue rechazada por mayoría de votos. Por su rechazo se pronunciaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina. Votó por su aprobación la Honorable Senadora señora Von Baer.

Inciso quinto

La indicación número 48, del Honorable Senador señor Navarro, plantea reemplazarlo por el que sigue:

“Asimismo, el cargo de intendente y el de delegado presidencial es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades privadas o fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.”.

- Puesta en votación, la indicación numero 48 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo el Honorable Senador señor Espina y votó por su aprobación la Honorable Senadora señora Von Baer.

Inciso octavo

La indicación número 49, del Honorable Senador señor Espina, para suprimir la expresión “o delegado provincial”.

Inciso noveno

La indicación número 50, del Honorable Senador señor Espina, propone eliminar las palabras “o delegado provincial”.

Inciso décimo

La indicación número 51, del Honorable Senador señor Espina, es para suprimir la locución “o delegado provincial”.

- Puestas en votación las indicaciones números 49, 50 y 51 fueron rechazadas por mayoría de votos. Por el rechazo se pronunciaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar, y por su aprobación la Honorable Senadora señora Von Baer.

Número 13

Mediante este numeral se introduce un artículo 124 bis, nuevo, del siguiente tenor:

13) Agrégase como artículo 124 bis, nuevo, el siguiente:

“Art. 124 bis. El gobernador regional cesará en su cargo en los siguientes casos:

a) Pérdida de la calidad de ciudadano;

b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;

c) Remoción por impedimento grave, por contravención de igual carácter a las normas sobre probidad administrativa, o notable abandono de sus deberes de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica constitucional respectiva.

d) Haber infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral.

e) Renuncia en caso que le afecte una enfermedad grave que le impida desempeñarlo y así lo califique el Tribunal Constitucional.

Quien perdiere el cargo de gobernador regional por contravención de la norma sobre probidad administrativa o sobre notable abandono de deberes, no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Ahora bien, el gobernador regional que perdiere el cargo en virtud de la causal señalada en la letra d), no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.

Las causales establecidas en las letras b), c) y d) serán declaradas por el Tribunal Calificador de Elecciones de acuerdo al procedimiento que se establezca en la una ley orgánica constitucional. La causal establecida en la letra d) sólo podrá ser declarada a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y será una ley orgánica constitucional la que señale los casos en que existe una infracción grave.

El gobernador regional, en caso de ausencia o incapacidad temporal, deberá ser reemplazado conforme a los incisos siguientes.

En caso de ausencia o impedimento no superior a cuarenta y cinco días, será subrogado en sus funciones administrativas por el funcionario en ejercicio que le siga en orden de jerarquía dentro del gobierno regional. Sin embargo, previa consulta al consejo regional, el gobernador regional podrá designar como subrogante a un funcionario que no corresponda a dicho orden.

La subrogación no se extenderá a la atribución de convocar y presidir el consejo regional ni a la representación protocolar del gobierno regional, la que deberá ser ejercida en todo caso por un consejero regional, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta los consejeros regionales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al efecto.

Cuando el gobernador regional se encuentre afecto a una incapacidad temporal superior a cuarenta y cinco días, el consejo regional designará, de entre sus miembros, un gobernador regional suplente, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio y en sesión especialmente convocada al efecto.

En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en las reglas de los incisos siguientes.

Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección de gobernador regional, el consejo regional deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo gobernador regional que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio. La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante.

Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección de gobernador regional, el consejo regional convocará a los ciudadanos a elección para un nuevo gobernador regional para ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El gobernador regional que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.

El gobernador regional elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección siguiente.”.

La indicación número 52, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para reemplazarlo por el siguiente:

“13) Modifícase el artículo 125 por el siguiente:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre las expresiones “cargos de” y “alcalde”, la expresión “gobernador regional,”.

b) Intercálase, en el inciso tercero, entre las expresiones “cargo de” y “alcalde”, la frase “gobernador regional,”.”.

- Puesta en votación, la indicación número 52 fue aprobada por mayoría de votos. Por la aprobación votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar, y por su rechazo votó la Honorable Senadora señora Von Baer.

La indicación número 53, del Honorable Senador señor Navarro, es para reemplazar, todas las veces que aparece, la expresión “gobernador regional” por “intendente”.

- Sometida a votación, la indicación numero 53 fue rechazada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señores Bianchi, Espina, Quinteros y Zaldívar.

Inciso primero

Letra d)

La indicación número 54, del Honorable Senador señor Navarro, propone suprimir el vocablo “gravemente”.

- Sometida a votación, la indicación número 54 fue rechazada por mayoría de votos. En contra se pronunciaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. A favor votó la Honorable Senadora señora Von Baer.

Incisos octavo, noveno, décimo y undécimo

La indicación número 55, de los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Pérez Varela, es para reemplazarlos por el siguiente:

"En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, el consejo regional deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo gobernador regional que lo reemplace, elegido por los dos tercios los consejeros regionales en ejercicio. La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante. Si en dos sesiones extraordinarias sucesivas no se lograre la mayoría de dos tercios requerida, se elegirá al nuevo gobernador regional por mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio, y en caso que no se produjere acuerdo, se citará a una nueva sesión extraordinaria donde el nuevo gobernador regional será la simple mayoría de los consejeros regionales en ejercicio.".

- Puesta en votación, la indicación número 55 fue rechazada por mayoría de votos. Por su rechazo votaron los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Por su aprobación la Honorable Senadora señora Von Baer.

La indicación número 56, del Honorable Senador señor Horvath, plantea sustituirlos por los que siguen:

“En caso de vacancia del cargo de gobernador regional, el consejo regional deberá nombrar, de entre sus miembros, a un nuevo gobernador regional que lo reemplace, elegido por la mayoría absoluta de los consejeros regionales en ejercicio. La elección se efectuará en sesión extraordinaria que se celebrará dentro de los días siguientes a la fecha en que se hubiere producido la vacante.

El gobernador regional elegido conforme al inciso precedente durará en el cargo hasta completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección siguiente.”.

- Puesta en votación la indicación número 56 fue rechazada por mayoría de votos. Votan por su rechazo los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar, y por su aprobación la Honorable Senadora señora Von Baer

o o o

La indicación número 57, del Honorable Senador señor Guillier, es para consultar un numeral nuevo, del tenor que se indica:

“…) Incorporase un artículo 125 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Art. 125 bis. En cumplimiento del mandato del artículo 3 de esta Constitución, los órganos del Estado actuarán siempre respetando y promoviendo la autonomía de los gobiernos regionales y de las municipalidades en el ámbito de sus respectivas funciones, competencias y atribuciones. La ley, además, privilegiará la radicación de potestades públicas en los órganos más cercanos al ciudadano, prefiriendo el nivel local sobre el regional, y éste sobre el nacional; promoverá la solidaridad interterritorial, buscando el desarrollo armónico y equitativo de todos los territorios del país; y posibilitará, cuando el ejercicio de una competencia requiera de la acción concertada de los gobiernos regionales y de las municipalidades, que éstas organicen las modalidades de su acción común. El gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto de las atribuciones de los gobiernos regionales ni de las municipalidades, ni los gobiernos regionales podrán hacerlo respecto de las municipalidades; y deberá, cada vez que cree, transfiera o extienda las competencias de gobiernos regionales o municipalidades, atribuirles presupuestariamente los recursos necesarios para su correcto ejercicio, y en el caso de las transferencias, a lo menos los equivalentes a los que estaban consagrados a su ejercicio.”.”.

- Esta indicación fue retirada por su autor.

o o o

El artículo 126 de la Constitución Política de la República dispone lo siguiente:

“Artículo 126.- La ley determinará la forma de resolver las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales.

Asimismo, establecerá el modo de dirimir las discrepancias que se produzcan entre el intendente y el consejo regional, así como entre el alcalde y el concejo.”.

La indicación número 58, del Honorable Senador señor Horvath, propone incorporar un nuevo numeral, del tenor siguiente:

“…) Modifícase el inciso segundo del artículo126 de la siguiente manera:

a) Sustitúyese la expresión “intendente y” por “gobernador regional, sea con”.

b) Agrégase después de las palabras “consejo regional” lo siguiente: “o el delegado presidencial”.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que esta indicación se pone en la hipótesis que exista una discrepancia entre el Gobernador electo y la autoridad que represente al Presidente de la República en la respectiva región.

El señor Ministro indicó que no hay problema en que una ley resuelva problemas entre el consejo y el alcalde, pero subrayó que no se puede incluir al Delegado Presidencial en la misma norma por que ya se ha establecido que el proceso de traspaso de competencias no se puede llevar a un conflicto legal porque es una facultad del Ejecutivo, de modo que esta indicación propone una extraña forma de resolver eventuales discrepancias.

El Honorable Senador señor Zaldívar, señaló que en caso que se produzca un conflicto entre ambas autoridades es necesario establecer quién va a resolver.

El señor Ministro Eyzaguirre manifestó que toda la lógica de transferencia de competencia está elaborada sobre la base de que es una facultad que le pertenece al Presidente de la República y es él quien decide si delegar o no esa competencia, lo que no puede ser objeto de una litis entre la autoridad regional elegida y la autoridad presidencial, pues lo contrario, explicó, seria cambiar completamente la lógica de transferencia de competencia.

La Honorable Senadora señora Von Baer señaló que la indicación está hecha sobre la base que no sea el Presidente de la República quien resuelva sino que otra instancia. Además, dijo que tal como está estructurado este proyecto, lo más probable es que efectivamente exista un conflicto entre las autoridades regionales, tanto la electa como la designada.

La Comisión acordó votar separadamente las letras de esta indicación.

- Sometida a votación, la letra a) de la indicación número 58 fue aprobada por mayoría de votos. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Quinteros y Zaldívar. Se abstiene la Honorable Senadora señora Von Baer.

- En votación, la letra b) de la indicación número 58 fue rechazada por mayoría de votos. Por su rechazo votaron los Honorables Senadores señores Quinteros y Zaldívar. Se abstuvo la Honorable Senadora señora Von Baer.

o o o

El artículo 126 bis de la Carta Fundamental establece lo siguiente:

“Artículo 126 bis.- Son territorios especiales los correspondientes a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández. El Gobierno y Administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes orgánicas constitucionales respectivas.

Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en el numeral 7º del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de quórum calificado.”.

La indicación número 59, del Honorable Senador señor Guillier, es para agregar el siguiente numeral, nuevo:

“…) Intercálase en el inciso primero del artículo 126 bis, a continuación de la frase “Son territorios especiales los correspondientes a” la locución “región de La Araucanía”.

- La indicación número 59, fue retirada por su autor.

o o o

Número 14

Mediante este numeral se agrega a la Constitución Política de la República una disposición transitoria, nueva, del siguiente tenor:

14) Agréguese la siguiente disposición transitoria:

“VIGÉSIMOCTAVA. Las modificaciones introducidas a los artículos 111, 112 y 116 entrarán en vigencia una vez publicada la ley orgánica constitucional que fije las atribuciones entregadas a los nuevos gobernadores regionales. Esta ley deberá además determinar un cronograma que fije expresamente la oportunidad y forma en que se transferirán las competencias que les deban corresponder a los gobiernos regionales.

Una vez que asuman los gobernadores regionales conforme las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, cesarán de pleno derecho en sus funciones los presidentes de los consejos regionales. Asimismo, desde que asuman estas autoridades electas, las normas legales que atribuyan funciones al intendente se entenderán referidas al delegado provincial que corresponda, salvo aquéllas que, expresamente, le otorguen al intendente funciones en cuanto órgano ejecutivo del gobierno regional, las que se entenderán referidas al gobernador regional.

Mientras no ocurra esta asunción, las competencias ejecutivas de los gobiernos regionales serán desempeñadas por los intendentes designados por el Presidente de la República. Durante el mismo período el Presidente del Consejo Regional permanecerá en funciones.

Igualmente, mientras no ocurra la asunción de los gobernadores regionales, los intendentes designados por el Presidente de la República seguirán sujetos a las normas de los artículos 32, 52 y 57 de esta Constitución.”.”.

La indicación número 60, de Su Excelencia la Presidenta de la República, es para sustituirlo por el que sigue:

“14) Agréganse las siguientes disposiciones transitorias:

“VIGÉSIMOOCTAVA. La primera elección por sufragio universal en votación directa de gobernadores regionales se realizará en la oportunidad que determine la ley orgánica constitucional que establece el inciso cuarto del artículo 112.

Una vez que asuman los gobernadores regionales conforme las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, dejará de existir el cargo de presidente del consejo regional. Asimismo, desde que asuman estas autoridades electas, las normas legales que atribuyan funciones al intendente se entenderán referidas al secretario regional presidencial, salvo aquéllas que, expresamente, le otorguen al intendente funciones en cuanto órgano ejecutivo del gobierno regional, las que se entenderán referidas al gobernador regional.

Mientras no ocurra esta asunción, las competencias ejecutivas de los gobiernos regionales serán desempeñadas por los intendentes designados por el Presidente de la República, los que pasarán a llamarse secretarios regionales presidenciales. Durante el mismo período el Presidente del Consejo Regional permanecerá en funciones.

VIGÉSIMONOVENA. Durante los diez años siguientes a la publicación de la reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional, la autorización dispuesta en el artículo 64 podrá otorgarse por un plazo máximo de cuatro años sólo con el fin de disponer las normas que sean necesarias para la efectiva transferencia, a los gobiernos regionales, de la dependencia de uno o más servicios públicos determinados que funcionen a nivel regional y que dependen o se relacionan con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.”.

- La indicación número 60 fue retirada, por S.E. la señora Presidenta de la República.

o o o

En el nuevo plazo de indicaciones que se consideró para este proyecto, el Ejecutivo presentó la siguiente indicación, nueva:

La indicación número 60 bis, de Su Excelencia la Presidenta de la República, para sustituir el número 15) por el siguiente:

“15) Agrégase la siguiente disposición transitoria:

“VIGÉSIMOOCTAVA. La reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional producirá todos sus efectos a partir de la asunción de los gobernadores regionales electos.

La primera elección por sufragio universal en votación directa de gobernadores regionales se realizará en la oportunidad que determine la ley orgánica constitucional que establece el artículo 111.

Una vez que asuman los gobernadores regionales conforme a las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, cesarán de pleno derecho en sus funciones los presidentes de los consejos regionales, asumiendo dichas funciones el respectivo gobernador regional.

Desde que asuman los gobernadores regionales electos, tendrán éstos las funciones y atribuciones que la constitución y las leyes otorguen expresamente al intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y atribuciones que la constitución y las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado regional presidencial que corresponda. Asimismo, se entenderán atribuidas al delegado provincial las funciones y atribuciones que la constitución y las leyes entregan al gobernador.”.”.

La Honorable Senadora señora Von Baer indicó que si se quiere elegir al Gobernador el año 2017 se debe tener la real obligación de tramitar la ley sobre transferencia de competencias con facultades de ejecución y un cronograma real. Dicho esto, indicó que si el Ejecutivo estuviese realmente dispuesto a hacer una transferencia de competencias que le entregue a los gobernadores facultades con capacidad de ejecución no debiese tener problemas con la fórmula aprobada en general para esta norma. Sin embargo el Gobierno propone eliminar ese acuerdo.

El señor Ministro señaló que el Gobierno está muy lejos de querer un sistema en que los Gobernadores Regionales sean elegidos sin que las competencias sean debidamente asignadas, de modo que la nueva autoridad electa no puede asumir el cargo sin que sus atribuciones estén debidamente aclaradas.

Agregó que el problema es de índole práctico pues el período de insinuación de candidaturas conforme a la ley electoral, es una fecha bastante próxima, de tal manera que aun cuando ya se ha puesto urgencia al proyecto de transferencia de competencias, si por cualquier razón se retrasa la reforma de nada sirve todo el esfuerzo que se ha hecho.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que el texto de la norma en discusión no tiene relación con lo que se ha discutido ni con lo que ha mencionado el señor Ministro, porque una cosa es la ley de transferencia de competencias y otra muy distinta es el tema electoral, por lo que indicó que no se está condicionando la elección del Gobernador al traspaso de competencias. Agregó que tampoco es efectivo que no quede tiempo para terminar de tramitar el proyecto de transferencia de competencias.

El Honorable Senador señor Zaldívar dijo que efectivamente ambos proyectos no están ligados porque existen dos visiones distintas, y en ese sentido, dijo que se puede aprobar el proyecto de transferencia de competencias habiendo aprobado previamente el proyecto de reforma constitucional. Dijo que entendía que algunos Parlamentarios querían que no se aprobara este proyecto de reforma mientras no estuviese despachado el de transferencia, lo que es legítimo, pero manifestó que el problema es que no se puede llegar a un acuerdo mientras no se tenga confianza en el Gobierno en cuanto a que tendrá la voluntad de hacer transferencia de competencias.

Enseguida, el Honorable Senador señor Bianchi señaló que efectivamente siempre tuvo la postura de tener tramitado el proyecto de transferencia de competencias antes de aprobar la reforma, pero que sin embargo ello no ocurrió así dada la incertidumbre que se tuvo con respecto a la forma de elegir a la autoridad regional. Indicó que a futuro se debe trabajar en mejorar el proyecto de transferencia de competencias y así empoderar a la futura autoridad electa.

El Honorable Senador señor Espina hizo presente que siempre el Ejecutivo sostuvo que la aprobación de la elección del Gobernador Regional estaba ligada al proyecto de transferencia de competencias, pero que ello no se condice con el texto que ha presentado.

En cuanto a los plazos, enfatizó que basta con que el Ejecutivo ponga urgencia simple al proyecto de transferencia para que se tenga aprobada mucho antes de la insinuación de candidaturas, de modo que esos argumentos no se sostienen. Manifestó que no puede ocurrir que se haga una elección de intendente, llamado ahora Gobernador, sin la ley de transferencia de competencias, tal como ocurrió con los Core.

El inciso final de la indicación, debe armonizarse con otras normas previamente aprobadas en relación a la denominación de las autoridades de la región, por lo que su tenor es el siguiente:

“Desde que asuman los gobernadores regionales electos, tendrán éstos las funciones y atribuciones que la constitución y las leyes otorguen expresamente al intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y atribuciones que la constitución y las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda. Asimismo, se entenderán atribuidas al delegado presidencial provincial las funciones y atribuciones que la constitución y las leyes entregan al gobernador.”.

- Puesta en votación, la indicación número 60 bis fue aprobada con las modificaciones antes señaladas, por mayoría de votos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

Disposición vigésimo octava

Inciso primero

La indicación número 61, del Honorable Senador señor Guillier, propone agregar después de la palabra “transferirán” la expresión “los servicios y/o”.

- La indicación número 61 fue retirada por su autor.

° ° °

La indicación número 62, del Honorable Senador señor Espina, es para introducir una disposición transitoria nueva, del tenor siguiente:

“…Los intendentes deberán dejar su cargo un año antes de la primera elección por sufragio universal del gobernador regional para poder presentarse a candidatos al referido cargo.”.

- Puesta en votación, la indicación número 62 fue rechazada por mayoría de votos. Votaron por su rechazo los Honorables Senadores señores Bianchi, Quinteros y Zaldívar. Por su aprobación votaron los Honorables Senadores señora Von Baer y señor Espina.

- - -

MODIFICACIONES

En conformidad a los acuerdos adoptados, vuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado:

Artículo Único

Número 1

Reemplazarlo por el siguiente:

“1) Sustitúyese, en el numeral 7° del artículo 32, la expresión “intendentes y gobernadores;”, por la siguiente: “delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales;”.”.

(Mayoría 4x1. Indicación número 2, con modificaciones)

Número 2

Sustituirlo por el que sigue:

“2) Reemplázase, en el literal e) del número 2) del artículo 52, la expresión “intendentes, gobernadores” por “delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales”.”.

(Mayoría 4x1. Indicación número 3, con modificaciones)

Número 3

Reemplazarlo por el siguiente:

“3) Sustitúyese, en el numeral 2) del artículo 57, la expresión “Los intendentes, los gobernadores”, por “Los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales,”.”.

(Mayoría 4x1. Indicación número 4, con modificaciones)

Número 4

Sustituirlo por el siguiente:

"4) Reemplázase los numerales 14° y 15° del artículo 93, por los siguientes:

"14°. Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios y gobernadores regionales;

15°. Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60, o por un gobernador regional, y pronunciarse sobre la renuncia al cargo respectivo, y".".

(Unanimidad 5x0. Indicación número 9, con modificaciones)

Número 5

Reemplazarlo por el que sigue:

“5) Sustitúyese el artículo 111 por el siguiente:

“Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región.

El gobierno regional estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional. Para el ejercicio de sus funciones, el gobierno regional gozará de personalidad jurídica de derecho público y tendrá patrimonio propio.

El gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Gobierno Regional.

El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, a un cuarenta por ciento más uno de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente.

Si a la elección del gobernador regional se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere al menos un cuarenta por ciento más uno de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley.

Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.

La ley orgánica constitucional respectiva establecerá las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo de gobernador regional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125.”.”.

(Indicación número 14 bis. Incisos primero, segundo y tercero por mayoría de votos 3x2 abstenciones; incisos cuarto, quinto y sexto por mayoría de votos 3x1 y 1 abstención; inciso séptimo por mayoría de votos 3x2)

Número 6

Sustituirlo por el siguiente:

“6) Derógase el artículo 112.”.

(Mayoría 3x2 abstenciones. Indicación número 17)

Número 7

Reemplazarlo por el que sigue:

“7) Modifícase el artículo 113 en la siguiente forma:

a) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:

"El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, la cual además deberá entregar las herramientas que permitan el ejercicio de las facultades fiscalizadoras a cada uno de los consejeros regionales, especialmente frente al gobernador regional respectivo. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados.".

(Mayoría 4x1. Indicación número 25)

b) Suprímese su inciso quinto.

(Unanimidad 5x0. Artículo 121 del reglamento del Senado)

Número 8

Sustituir su encabezado por el siguiente:

“8) En el artículo 114 introdúcense las siguientes modificaciones:

a) Reemplazar la expresión “podrá transferir” por “transferirá.”.”.

(Unanimidad 5x0, Indicación número 26, con modificaciones)

Considerar el texto del número 8) como letra b), eliminado las palabras “en el artículo 114” y la coma (,) que le sigue.

(Unanimidad, 5x0. Artículo 121 del reglamento del Senado)

o o o

Número 9, nuevo

Ha incorporado el siguiente número 9), nuevo:

“9) Intercálase a continuación del artículo 115, el siguiente artículo 115 bis:

“Artículo 115 bis.- En cada región existirá una delegación presidencial regional, a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del Presidente de la República en la Región, en conformidad a la ley. El delegado presidencial regional será el representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción del Presidente de la República y será nombrado y removido libremente por él. El delegado presidencial regional ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República.

Al delegado presidencial regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región que dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un Ministerio.”.”.

(Mayoría 3x2 abstenciones. Indicación número 33, con modificaciones)

o o o

Número 9

Ha pasado a ser número 10), reemplazado por el que sigue:

“10) Modifícase el artículo 116 en el siguiente sentido:

a) Sustitúyese su inciso primero por el siguiente:

“Artículo 116.- En cada provincia, existirá una delegación presidencial provincial, que será un órgano territorialmente desconcentrado del delegado presidencial regional, y estará a cargo de un delegado presidencial provincial, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. En la provincia asiento de la capital regional, el delegado presidencial regional ejercerá las funciones y atribuciones del delegado presidencial provincial.”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i. Sustitúyese la palabra “gobernador” por la expresión “delegado presidencial provincial”.

ii. Reemplázase la palabra “intendente” por la expresión “delegado presidencial regional”, las dos veces que aparece.”.

(Mayoría 3x2 abstenciones. Indicación número 34, con modificaciones)

Número 10

Ha pasado a ser número 11), sustituido por el siguiente:

“11) Modifícase el artículo 117 en el siguiente sentido:

a) Reemplázase la expresión “gobernadores” por “delegados presidenciales provinciales”;

b) Sustitúyese la palabra “delegados” por la expresión “encargados”.”.

(Mayoría 3x2 abstenciones. Indicación número 36, con modificaciones)

Número 11

Ha pasado a ser número 12), sin enmiendas.

Número 12

Ha pasado a ser número 13), reemplazado por el que sigue:

“13) Sustitúyese el artículo 124 por el siguiente:

“Artículo 124.- Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale, en su caso, y residir en la región a lo menos en los últimos dos años anteriores a su designación o elección.

Los cargos de gobernador regional, consejero regional, alcalde, concejal, delegado presidencial regional y delegado presidencial provincial, serán incompatibles entre sí.

El cargo de gobernador regional es incompatible con todo otro empleo o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial, dentro de los límites que fije la ley. Asimismo, el cargo de gobernador regional es incompatible con las funciones de directores o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.

Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el gobernador regional electo cesará en todo otro cargo, empleo o comisión que desempeñe.

Ningún gobernador regional, desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en los incisos precedentes. Sin perjuicio de lo anterior, esta disposición no rige en caso de guerra exterior; pero sólo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de gobernador regional.

Ningún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial, desde el día de su elección o designación, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema.

En caso de ser arrestado algún gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.

Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional, delegado presidencial regional o delegado presidencial provincial imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.”.”.

(Mayoría 3x1 y 1 abstención. Indicación 44 bis, con modificaciones)

Número 13

Ha pasado a ser número 14, reemplazado por el siguiente:

“14) Introdúcense en el artículo 125 las siguientes modificaciones:

a) Sustitúyese, en el inciso primero la expresión “los cargos de alcalde” por “los cargos de gobernador regional, de alcalde”.

b) Reemplázase en el inciso tercero la locución “el cargo de alcalde” por “el cargo de gobernador regional, de alcalde”.”.

(Mayoría 3x1. Indicación número 52)

o o o

Número 15, nuevo

Consultar como número 15, nuevo, el siguiente:

“15) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 126 la palabra “intendente” por “gobernador regional”.”.

(Mayoría 2x1 abstención. Indicación número 58, letra a), con modificaciones)

o o o

Número 14

Ha pasado a ser número 16).

Sustituir el texto de la disposición transitoria propuesta por el que sigue:

“VIGÉSIMO OCTAVA.- La reforma constitucional que dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional producirá todos sus efectos a partir de la asunción de los gobernadores regionales electos.

La primera elección por sufragio universal en votación directa de gobernadores regionales se realizará en la oportunidad que determine la ley orgánica constitucional que establece el artículo 111.

Una vez que asuman los gobernadores regionales conforme a las elecciones reguladas en esta disposición transitoria, cesarán de pleno derecho en sus funciones los presidentes de los consejos regionales, asumiendo dichas funciones el respectivo gobernador regional.

Desde que asuman los gobernadores regionales electos, tendrán éstos las funciones y atribuciones que la constitución y las leyes otorguen expresamente al intendente como órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y atribuciones que la constitución y las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponda. Asimismo, se entenderán atribuidas al delegado presidencial provincial las funciones y atribuciones que la constitución y las leyes entregan al gobernador.”.”.

(Mayoría 3x2. Indicación número 60 bis, con modificaciones)

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TEXTO DEL PROYECTO:

En virtud de las modificaciones anteriores, el proyecto queda como sigue:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

1) Sustitúyese, en el numeral 7° del artículo 32, la expresión “intendentes y gobernadores;”, por la siguiente: “delegados presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales;”.

2) Reemplázase, en el literal e) del número 2) del artículo 52, la expresión “intendentes, gobernadores” por “delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales”.

3) Sustitúyese, en el numeral 2) del artículo 57, la expresión “Los intendentes, los gobernadores”, por “Los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales,”.

4) Reemplázase los numerales 14° y 15° del artículo 93, por los siguientes:

"14°. Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios y gobernadores regionales;

15°. Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60, o por un gobernador regional, y pronunciarse sobre la renuncia al cargo respectivo, y".

5) Sustitúyese el artículo 111 por el siguiente:

“Artículo 111.- La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por